INICIATIVAS Y PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO

«Comunicación de la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, por la que informa el turno que corresponde a las iniciativas con proyecto de decreto y a las proposiciones con punto de acuerdo registradas en el orden del día del miércoles 25 de enero de 2017, que no alcanzaron a ser abordadas.

Se informa a la Comisión Permanente los turnos dictados a las iniciativas con proyecto de decreto y a las proposiciones con punto de acuerdo, registradas en el orden del día del 25 de enero de 2017 y que no fueron abordadas.(*)

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de enero de 2017.— Diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar (rúbrica), Presidente.»

«Iniciativas con proyecto de decreto

1. Que reforma diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, a cargo del diputado Víctor Manuel Giorgana Jiménez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno:Comisión de Comunicaciones, de la Cámara de Diputados.

2. Que adiciona los artículos 69 y 81 de la Ley de Aeropuertos, suscrita por el diputado Alfredo Javier Rodríguez Dávila, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Turno:Comisión de Transportes, de la Cámara de Diputados.

3. Que reforma el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Cristina Ismene Gaytán Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Turno:Comisión de Puntos Constitucionales, de la Cámara de Diputados.

4. Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 Constitucional, y de la Ley Federal del Trabajo, suscrita por el diputado Jesús Sesma Suárez, el senador Carlos Alberto Puente Salas e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Turno:Comisiones Unidas de Gobernación, y de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de la Cámara de Diputados.

5. Que adiciona el artículo 27 de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2017, a cargo de la diputada María Candelaria Ochoa Ávalos, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Turno:Comisión de Hacienda y Crédito Público, de la Cámara de Diputados.

6. Que reforma y adiciona los artículos 73, 89 y 129 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por el senador Manuel Cárdenas Fonseca.

Turno:Comisión de Puntos Constitucionales, de la Cámara de Senadores.

7. Que reforma los artículos 201 y 205 de la Ley del Seguro Social y 196 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, suscrita por la senadora Cristina Díaz Salazar, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno:Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social, y de Seguridad Social, de la Cámara de Senadores.

8. Que adiciona el artículo 28 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, suscrita por los senadores Gabriela Cuevas Barron, Juan Carlos Romero Hicks, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional y Armando Ríos Piter, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Turno:Comisión de Gobernación, de la Cámara de Senadores.

9. Que adiciona una fracción VI al artículo 420 del Código Penal Federal, suscrita por el diputado Jesús Sesma Suárez, el senador Carlos Alberto Puente Salas e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Turno:Comisión de Justicia, de la Cámara de Diputados.

10. Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, suscrita por el diputado Jorge Álvarez Máynez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Turno:Comisiones Unidas de Gobernación, y de Justicia, de la Cámara de Diputados.

11. Que reforma y deroga los artículos 52, 53, 54 y 56 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Laura Nereida Plascencia Pacheco, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno:Comisión de Puntos Constitucionales, de la Cámara de Diputados.

12. Que adiciona el artículo 233 Bis de la Ley General de Salud, a cargo del diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Turno:Comisión de Salud, de la Cámara de Diputados.

13. Que reforma el artículo 37 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a cargo de la diputada Cristina Ismene Gaytán Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Turno:Comisión de Gobernación, de la Cámara de Diputados.

14. Que reforma el artículo 52 de la Ley de Aviación Civil, suscrita por la diputada Mirza Flores Gómez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Turno:Comisión de Transportes, de la Cámara de Diputados.

15. Que reforma diversas disposiciones de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, suscrita por la senadora Cristina Díaz Salazar, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno:Comisión de Trabajo y Previsión Social, de la Cámara de Senadores.

16. Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para reducir el número de comisiones ordinarias y especiales, suscrita por el senador Fernando Torres Galindo y los diputados Miguel Ángel Salim Alle, Mayra Angélica Enríquez Vanderkam, Francisco Ricardo Sheffield Padilla y Alejandra Gutiérrez Campos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Turno:Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, de la Cámara de Diputados.

17. Que adiciona el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por los diputados Héctor Javier García Chávez, Guadalupe Acosta Naranjo y Cristina Ismene Gaytán Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Turno:Comisión de Puntos Constitucionales, de la Cámara de Diputados.

18. Que adiciona un Capítulo V Bis al Título Sexto del Código Penal Federal, suscrita por la diputada Edith Anabel Alvarado Varela, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno:Comisión de Justicia, de la Cámara de Diputados.

19. Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal de Trabajo, suscrita por la diputada María Verónica Agundis Estrada, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Turno:Comisión de Trabajo y Previsión Social, de la Cámara de Diputados.

20. Que reforma el artículo 7 de la Ley General de Educación, a cargo de la diputada Cristina Ismene Gaytán Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Turno:Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, de la Cámara de Diputados.

21. Que adiciona el artículo 20 de la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia, suscrita por la diputada Anabel Alvarado Varela, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno:Comisión de Hacienda y Crédito Público, de la Cámara de Diputados.

22. Que reforma y deroga los artículos 52, 53, 54 y 56 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por el senador Fernando Torres Galindo y los diputados Miguel Ángel Salim Alle, Mayra Angélica Enríquez Vanderkam, Francisco Ricardo Sheffield Padilla y Alejandra Gutiérrez Campos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Turno:Comisión de Puntos Constitucionales, de la Cámara de Diputados.

23. Que adiciona los artículos 239 y 240 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, suscrita por el diputado Julio Saldaña Morán, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Turno:Comisión de Hacienda y Crédito Público, de la Cámara de Diputados.

24. Que reforma y adiciona los artículos 2o., 5o. y 11 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, suscrita por la diputada Edith Anabel Alvarado Varela, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno:Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de la Cámara de Diputados.

25. Que reforma el párrafo octavo del artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por el diputado Santiago Taboada Cortina, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Turno:Comisión de Puntos Constitucionales, de la Cámara de Diputados.

26. Que reforma y adiciona el artículo 6 del Reglamento de la Cámara de Diputados, suscrita por el diputado Julio Saldaña Morán, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Turno:Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, de la Cámara de Diputados.

27. Que reforma el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por los diputados Adriana del Pilar Ortiz Lanz, Miguel Ángel Sulub Caamal, María Del Rocío Rebollo Mendoza y los senadores Raúl Aarón Pozos Lanz y Óscar Román Rosas González, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno:Comisión de Puntos Constitucionales, de la Cámara de Diputados.

28. Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Derecho de Autor y del Código Penal Federal, suscrita por el diputado Santiago Taboada Cortina, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Turno:Comisiones Unidas de Cultura y Cinematografía, y de Justicia, de la Cámara de Diputados.

29. Que reforma el artículo 5o., fracción VIII de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, suscrita por el diputado Julio Saldaña Morán, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Turno:Comisión de Transportes, de la Cámara de Diputados.

30. Que reforma el artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Laura Nereida Plascencia Pacheco, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno:Comisión de Puntos Constitucionales, de la Cámara de Diputados.

31. Que adiciona los artículos 189 y 190 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, suscrita por el diputado Santiago Taboada Cortina, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Turno:Comisión de Hacienda y Crédito Público, de la Cámara de Diputados.

32. Que reforma los artículos 15, 154 y 163 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, suscrita por el diputado Norberto Antonio Martínez Soto, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Turno:Comisión de Desarrollo Rural, de la Cámara de Diputados.

33. Que reforma los artículos 16, 17 y 18 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 152 y 153 del Reglamento de la Cámara de Diputados, a cargo de la diputada Laura Nereida Plascencia Pacheco, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno:Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, de la Cámara de Diputados.

34. Que reforma y adiciona el artículo 50 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, suscrita por el diputado Arturo Santana Alfaro, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Turno:Comisión de Transportes, de la Cámara de Diputados.

35. Que reforma el artículo 112 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Jorge Carlos Ramírez Marín, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno:Comisión de Puntos Constitucionales, de la Cámara de Diputados.

Proposiciones con punto de acuerdo

1. Con punto de acuerdo, por el que se solicita la creación de la Comisión Especial que investigue el proceso de compra-venta de terrenos en Apaseo el Grande, Guanajuato, que fueron donados a la empresa Toyota, suscrito por los diputados María Bárbara Botello Santibáñez y Jorge Carlos Ramírez Marín, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional

Turno:Junta de Coordinación Política, de la Cámara de Diputados.

2. Con punto de acuerdo, relativo al asesinato del líder ambientalista, Isidro Baldenegro López sucedido en el estado de Chihuahua el pasado 15 de enero, a cargo de la diputada Cristina Ismene Gaytán Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Turno:Comisión de Justicia, de la Cámara de Diputados.

3. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la PGR, a efecto de que conozca e investigue los hechos manifestados por el C. Miguel Ángel Yunes Linares, respecto el supuesto suministro de medicamentos falsos a niños enfermos de cáncer en el estado de Veracruz, suscrito por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Turno:Comisión de Justicia, de la Cámara de Diputados.

4. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la PGR, atraiga el caso de las inhumaciones clandestinas realizadas por la Fiscalía General del Estado de Morelos, en el poblado de Tetelcingo, municipio de Cuautla, en dicha entidad, suscrito por los diputados Blanca Margarita Cuata Domínguez y Mario Ariel Juárez Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Morena.

Turno:Comisión de Justicia, de la Cámara de Diputados.

5. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a todas las instancias que reciban recursos públicos, a que en el ejercicio de sus facultades rescindan todo contrato actual o previsto para la adquisición de productos o servicios de las empresas Ford Motor Company y General Motors Company, suscrito por los diputados Clemente Castañeda Hoeflich y Jorge Álvarez Máynez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Turno:Comisión de Economía, de la Cámara de Diputados.

6. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SEP y a las autoridades educativas de las entidades federativas, a establecer acciones a favor de los hijos de aquellas familias que eventualmente sean deportadas de los Estados Unidos de América, ante las medidas discriminatorias de su nuevo gobierno, suscrito por el diputado Alfredo Valles Mendoza, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.

Turno:Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, de la Cámara de Diputados.

7. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SRE, a reforzar el apoyo legal que en materia migratoria ofrecen a los connacionales, los consulados mexicanos en los Estados Unidos de América, suscrito por el diputado Gonzalo Guizar Valladares, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.

Turno:Comisión de Relaciones Exteriores, de la Cámara de Diputados.

8. Con punto de acuerdo, para que se respete la libertad de expresión así como el derecho de asociación en el contexto de las legítimas muestras de inconformidad ciudadana, en contra de los incrementos en los precios de los combustibles, suscrito por el senador Marco Antonio Blásquez Salinas, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Turno:Comisión de Derechos Humanos, de la Cámara de Senadores.

9. Con punto de acuerdo, por el que se lamenta la tragedia ocurrida el pasado 18 de enero en el Colegio Americano del Noreste, ubicada en la ciudad de Monterrey, en donde cuatro personas resultaron heridas y una más perdió la vida; asimismo se exhorta al gobierno del estado de Nuevo León a que informe a esta soberanía sobre las acciones emprendidas para erradicar la violencia escolar en la entidad, suscrito por senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno:Comisión de Educación, de la Cámara de Senadores.

10. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SRE, a redoblar los esfuerzos de protección a nuestros connacionales en Estados Unidos y a la SHCP, a que garantice la disponibilidad de recursos para la asistencia y protección de éstos, suscrita por los senadores Gabriela Cuevas Barron, Juan Carlos Romero Hicks, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional y Armando Ríos Piter, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Turno:Comisión de Relaciones Exteriores América del Norte, de la Cámara de Senadores.

11. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno del estado de Chiapas, a garantizar el Estado de Derecho y a establecer una mesa de diálogo con la finalidad de resolver la problemática que prevalece en el municipio de Teopisca, suscrito por el senador Zoé Robledo Aburto, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Turno:Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenación Territorial, de la Cámara de Senadores.

12. Con punto de acuerdo, relativo a la práctica de cesáreas en el país, suscrito por el diputado Jesús Sesma Suárez e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Turno:Comisión de Salud, de la Cámara de Diputados.

13. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la PGR, para que inicie una investigación por presuntas violaciones a la Ley General en Materia de Delitos Electorales, cometidas por la C. Aida Arregui Guerrero, al postularse como candidata a diputada a la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, suscrito por el diputado Juan Romero Tenorio, del Grupo Parlamentario de Morena.

Turno:Comisión de Gobernación, de la Cámara de Diputados.

14. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la titular de la Comisión Nacional de Pueblos Indígenas, a que difunda medidas y acciones de mejora que deba establecer para transparentar el ejercicio de su presupuesto y cumplir con las obligaciones de rendición de cuentas que señala la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, suscrito por el diputado Gustavo Adolfo Cárdenas Gutiérrez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Turno:Comisión de Transparencia y Anticorrupción, de la Cámara de Diputados.

15. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SEP y a autoridades de salud y de seguridad pública, a implementar estrategias junto con los padres de familia, que prevengan situaciones de violencia en los planteles escolares, suscrito por la diputada Mirna Isabel Saldívar Paz, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.

Turno:Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, de la Cámara de Diputados.

16. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a diversas autoridades, a fin de intensificar los protocolos para prevenir, controlar y erradicar la plaga de mosco en la zona de la presa Manuel Ávila Camacho, en el estado de Puebla, a cargo del diputado Víctor Manuel Giorgana Jiménez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno:Comisión de Salud, de la Cámara de Diputados.

17. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta respetuosamente a las y los titulares de los Ejecutivos de las entidades federativas a incorporar un anexo específico y transversal para la igualdad entre mujeres y hombres en sus próximos Presupuestos de Egresos, que contengan los recursos suficientes y necesarios para realizar políticas eficientes encaminadas a incorporar la igualdad, suscrito por la diputada Guadalupe González Suástegui, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Turno:Comisión de Igualdad de Género, de la Cámara de Diputados.

18. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, a poner en marcha el Plan de Austeridad 2017, a cargo de la diputada Cristina Ismene Gaytán Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Turno:Junta de Coordinación Política, de la Cámara de Diputados.

19. Con punto de acuerdo, relativo a la implementación de un Programa Emergente para el desarrollo económico en el estado de Chiapas, suscrito por el diputado Enrique Zamora Morlet e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Turno:Comisión de Economía, de la Cámara de Diputados.

20. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud del estado de Chiapas, a establecer con autoridades federales y los trabajadores del ramo salud de la citada entidad, una mesa de trabajo para abordar el tema de retenciones injustificadas de salarios y malversación de fondos de jubilación y vivienda, suscrito por el diputado Guillermo Rafael Santiago Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Morena.

Turno:Comisión de Salud de la Cámara de Diputados.

21. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Comisionado del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, a que difunda las medidas y acciones de mejora que deba establecer para garantizar y minimizar el riesgo de operación, seguridad, continuidad y monitoreo de la Plataforma Nacional de Transparencia que incluyan la actualización del plan de continuidad del negocio y de los planes de contingencia, suscrito por el diputado Gustavo Adolfo Cárdenas Gutiérrez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Turno:Comisión de Transparencia y Anticorrupción, de la Cámara de Diputados.

22. Con punto de acuerdo, en relación con el homicidio de tres menores de edad en el municipio de San Miguel de Allende, Guanajuato, el día 14 de enero de 2017, suscrito por el senador Miguel Ángel Chico Herrera, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno:Comisión de Justicia, de la Cámara de Senadores.

23. Con punto de acuerdo, por el que se saluda la integración de la nueva Mesa Directiva de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela y hace votos para que sus trabajos se traduzcan en acciones que permitan que sea superada la crisis económica, humanitaria y social que atraviesa, suscrita por las senadoras Mariana Gómez del Campo Gurza y Laura Angélica Rojas Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Turno:Comisión de Relaciones Exteriores América Latina y el Caribe, de Cámara de Senadores.

24. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Gobierno del estado de Chiapas, a considerar la expansión de los programas Abrigando a Chiapas y Adiós al Frío con el fin de contrarrestar los frentes fríos venideros, suscrito por el senador Zoé Robledo Aburto, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Turno:Comisión de Protección Civil, de la Cámara de Senadores.

25. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la PGR atraiga las investigaciones sobre el caso del asesinato de Isidro Baldenegro López, activista ambiental y defensor de los derechos humanos de la comunidad Rarámuri, suscrito por los diputados María Chávez García y Mario Ariel Juárez Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Morena.

Turno:Comisión de Justicia, de la Cámara de Diputados.

26. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales y a la titular de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales de la Fiscalía General de Oaxaca, a investigar a brevedad los sucesos por los que se violentaron los derechos políticos de Gabriela Maldonado, Rosa Aguilar, y Mariana Díaz, mujeres indígenas del Municipio de Miguel Peras, Oaxaca, suscrito por la diputada Claudia Sofía Corichi García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Turno:Comisión de Igualdad de Género, de la Cámara de Diputados.

27. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los tres órdenes de gobierno, a fin de atender de manera prioritaria los hechos de violencia ocurridos en el estado de Quintana Roo, suscrito por el diputado José Luis Toledo Medina, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno:Comisión de Gobernación, de la Cámara de Diputados.

28. Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta a la Secretaría de Cultura, a que en el ámbito de sus facultades y competencias realice las acciones necesarias para que se reconozca a la gallística mexicana como elemento del Patrimonio Cultural Inmaterial de México y de la Humanidad, suscrito por la diputada Karla Karina Osuna Carranco, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional y el diputado Christian Joaquín Sánchez Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno:Comisión de Cultura y Cinematografía, de la Cámara de Diputados.

29. Con punto de acuerdo, por el que se condena todo acto de violencia política ejercido hacia las mujeres y se exhorta a Inmujeres, a realizar un estudio a nivel nacional de dicho tipo de violencia, suscrito por el diputado Omar Ortega Álvarez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Turno:Comisión de Igualdad de Género, de la Cámara de Diputados.

30. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la titular de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas (CDHEZ) y a la Directora General del Sistema Estatal de Desarrollo Integral de la Familia, a realizar una revisión entre los menores de edad que habitan en la Casa Hogar para Jóvenes de Zacatecas, con la finalidad de verificar su integridad física y emocional, y garantizar el goce de sus derechos humanos, suscrito por la diputada Claudia Sofía Corichi García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Turno:Comisión de Derechos de la Niñez de la Cámara de Diputados.

31. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los Congresos de las entidades federativas a que armonicen su legislación local, con el objeto de establecer los 18 años de edad mínima para contraer matrimonio, suscrito por la senadora Lucero Saldaña Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno:Comisión de Juventud y Deporte, de la Cámara de Senadores.

32. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud para que en el ámbito de sus competencias colabore con el gobierno del estado de Veracruz a fin de facilitar las investigaciones con respecto a la aplicación de quimioterapias con agua destilada a niñas y niños enfermos de cáncer en el estado y en su caso, colabore para brindar atención oportuna e inmediata bajo el derecho de prioridad que tienen niñas, niños y adolescentes, suscrito por senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional y del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno:Comisión de Justicia, de la Cámara de Senadores.

33. Con punto de acuerdo, relativo a la realización de una investigación exhaustiva sobre la supuesta compra de medicamentos apócrifos suministrados a niñas, niños y adolescentes enfermos de cáncer, así como pruebas de laboratorio falsos de VIH en las administraciones del gobierno del estado de Veracruz encabezados por Fidel Herrera Beltrán y Javier Duarte de Ochoa, suscrito por la senadora Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Turno:Comisión de Justicia, de la Cámara de Senadores.

34. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud y a la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios, a fin de verificar la calidad de los medicamentos que fabrican las diversas farmacéuticas del país, así como a la Fiscalía General del estado de Veracruz para investigar la posible comisión del delito de homicidio en el caso de los niños fallecidos en el centro de cancerología de esa entidad federativa, suscrito por la diputada Rosa Alba Ramírez Nachis, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Turno:Comisión de Justicia, de la Cámara de Diputados.

35. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Sistema Nacional de Cultura Física y Deporte, a efecto de reconsiderar la decisión de retirarle al estado de Jalisco la sede de la Olimpiada Nacional 2017, a cargo de la diputada Laura Nereida Plascencia Pacheco, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno:Comisión de Deporte, de la Cámara de Diputados.

36. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la titular de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas para que con la debida oportunidad atienda y vigile la operación y el funcionamiento del Programa de Apoyo a la Educación Indígena en el país, con especial atención a los ubicados en el estado de Oaxaca, suscrito por el diputado Luis de León Martínez Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Turno:Comisión de Asuntos Indígenas, de la Cámara de Diputados.

37. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las dependencias de la APF, a que hagan reducción del gasto corriente de sueldos de altos funcionarios, y preparen programas de austeridad, como respuesta al aumento en el precio de las gasolinas, suscrito por los diputados María Cristina García Bravo y Omar Ortega Alvárez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Turno:Comisión de Hacienda y Crédito Público, de la Cámara de Diputados.

38. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al presidente del Consejo de la Judicatura Federal, a fin que haga públicas las medidas y acciones de mejora que deba establecer para transparentar el ejercicio de su presupuesto y cumplir con las obligaciones de rendición de cuentas que señala la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, a cargo del diputado Víctor Manuel Sánchez Orozco, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Turno:Comisión de Transparencia y Anticorrupción, de la Cámara de Diputados.

39. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Semarnat, a que presente un informe detallado de los resultados de implementación de la NOM-EM-167, así como los datos y consideraciones con base en los cuales se tomó la decisión de prorrogar su aplicación, suscrita por el senador Raúl Aarón Pozos Lanz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno:Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de la Cámara de Senadores.

40. Con punto de acuerdo, por el que se cita a comparecer al titular de la SCT para que explique las razones y las implicaciones que tendrá el posible cambio de la técnica de construcción de las pistas 2 y 3 del proyecto del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, suscrito por senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Turno:Comisión de Comunicaciones y Transportes, de la Cámara de Senadores.

41. Con punto de acuerdo, relativo a las múltiples irregularidades en la construcción del hangar presidencial, suscrito por el senador Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Turno:Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana, de la Cámara de Senadores.

42. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la STPS, para que en conjunto con la SRE y la Secretaría de Salud, impulse y suscriba el convenio 187 de la Organización Internacional del Trabajo, sobre el Marco Promocional para la Seguridad y Salud en el Trabajo, suscrito por el diputado Rafael Yerena Zambrano, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno:Comisión de la de Trabajo y Previsión Social, de la Cámara de Diputados.

43. Con punto de acuerdo, por el que se solicita al titular del Ejecutivo federal a que instruya al titular de la PGR, para que atraiga la averiguación de los hechos ocurridos el pasado 14 de enero en el municipio de San Miguel de Allende, donde fueron asesinados tres menores de edad, suscrito por la diputada Mayra Angélica Enríquez Vanderkam, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Turno:Comisión de Justicia, de la Cámara de Diputados.

44. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Segob, a brindar el apoyo necesario al gobierno del estado de Quintana Roo, para el resguardo de sus instituciones y garantice la seguridad de la ciudadanía y de los visitantes nacionales y extranjeros en los establecimientos mercantiles y playas turísticas de Cancún, suscrito por los diputados María Cristina García Bravo y Omar Ortega Alvárez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Turno:Comisión de Gobernación, de la Cámara de Diputados.

45. Con punto de acuerdo, por el que se felicita al C. César Aguirre Sánchez, oriundo del estado de Oaxaca, por ser el primer vice-alcalde mexicano en la ciudad de Passaic, en Nueva Jersey, Estados Unidos de América, suscrito por el senador Jorge Toledo Luis, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno:Comisión de Relaciones Exteriores América del Norte, de la Cámara de Senadores.

46. Con punto de acuerdo, por el que exhorta a diversas autoridades a reforzar y agilizar las investigaciones en el caso de los medicamentos falsos para niños con cáncer en el estado de Veracruz, suscrito por los senadores Adriana Dávila Fernández y Fernando Yunes Márquez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Turno:Comisión de Justicia, de la Cámara de Senadores.

47. Con punto de acuerdo, relativo a la implementación de medidas que contribuyan a la prevención y erradicación la contaminación que existe en los ríos del estado de Chiapas, suscrito por el senador Zoé Robledo Aburto, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Turno:Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de la Cámara de Senadores.

48. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Gobierno de la CDMX, a reforzar e implementar nuevas medidas de seguridad para garantizar la protección de los peatones y ciclistas, suscrito por la diputada Edith Anabel Alvarado Varela, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno:Comisión de Ciudad de México, de la Cámara de Diputados.

49. Con punto de acuerdo, por el que se solicita al titular del Ejecutivo federal a que instruya al titular de la PGR, para que atraiga la averiguación de los hechos ocurridos en Veracruz sobre las falsas quimioterapias que se aplicaron a niños que padecen cáncer y que perdieron la vida a causa de la aplicación de las mismas, a efecto de que se realicen las investigaciones correspondientes, así como las denuncias penales en contra de quién o quienes resulten responsables, suscrito por la diputada Mayra Angélica Enríquez Vanderkam, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Turno:Comisión de Justicia, de la Cámara de Diputados.

50. Con punto de acuerdo, relativo a la vigilancia y control de precios del kilogramo de la masa y la tortilla, suscrito por la diputada Natalia Karina Barón Ortiz, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Turno:Comisión de Economía, de la Cámara de Diputados.

51. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno municipal de Zapopan, Jalisco, a dar marcha atrás al incremento en el pago del impuesto predial aplicado a partir de 2017, a cargo del senador Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno:Comisión de Hacienda y Crédito Público, de la Cámara de Senadores.

52. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la PGR y a la Fiscalía General del estado de Veracruz, así como a las diversas autoridades a atender en el ámbito de sus respectivas competencias, las investigaciones y realizar de manera rápida y eficaz, las acciones correspondientes para que se esclarezca y se determine lo antes posible, el sujeto pasivo de la presunta comisión de delitos, como la adquisición de medicamentos falsificados, y el conocimiento de la aplicación de medicamentos apócrifos, suscrito por la senadora Sonia Rocha Acosta, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Turno:Comisión de Justicia, de la Cámara de Senadores.

53. Con punto de acuerdo relativo a la reapertura de la calera Cales y Morteros del Grijalva SA de CV ubicada dentro del parque nacional Cañón del Sumidero, suscrito por el senador Zoé Robledo Aburto, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Turno:Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de la Cámara de Senadores.

54. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Semarnat, para que, a través de la Conafor, se fortalezcan e impulsen acciones para garantizar que, a partir del ejercicio fiscal 2017, los recursos recaudados por el cambio de uso de suelo en terrenos forestales, sean destinados a los programas de reforestación, restauración y mantenimiento de los ecosistemas de cada una de las entidades federativas que hayan solicitado el cambio de uso de suelo, suscrito por la diputada Ruth Noemí Tiscareño Agoitia, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno:Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de la Cámara de Diputados.

55. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sagarpa, al Instituto Nacional de Pesca y a la Semarnat, a que den cumplimiento en forma inmediata para emitir las zonas de seguridad y áreas fuera de éstas, a que se refiere el artículo tercero transitorio del acuerdo por el que se establecen zonas de seguridad para la navegación y sobrevuelo en las inmediaciones de las instalaciones petroleras y para el aprovechamiento integral y sustentable de los recursos pesqueros y acuícolas en zonas marinas mexicanas, suscrito por la diputada Nelly del Carmen Márquez Zapata, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Turno:Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de la Cámara de Diputados.

56. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Profeco, para que realice operativos de verificación de precios de los productos de la canasta básica y la tortilla, esto para combatir cualquier aumento injustificado, por el incremento de los precios de la gasolina en la República Mexicana, suscrito por el diputado Victoriano Wences Real, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Turno:Comisión de Economía, de la Cámara de Diputados.

57. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud, para que, en coordinación con sus homólogas en las entidades federativa y en el marco de sus atribuciones, promuevan campañas informativas e implementen acciones de prevención y atención de enfermedades relacionadas con la depresión en el país, suscrito por senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno:Comisión de Salud, de la Cámara de Senadores.

58. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta respetuosamente al Gobierno de la CDMX que en observancia de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes se cumpla cabalmente con el nombramiento del Secretario Ejecutivo del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad, diferente al Director del DIF de la CDMX, suscrito por la senadora Martha Elena García Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Turno:Comisión de Distrito Federal, de la Cámara de Senadores.

59. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Segob, para que proponga una nueva estrategia de seguridad que atienda el trastocamiento de la seguridad pública en todo el país para lo que resta del sexenio, suscrito por la diputada María Cristina García Bravo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Turno:Comisión de Gobernación, de la Cámara de Diputados.

60. Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la PGR, ejerza su facultad de atracción para investigar, conocer y resolver el homicidio de tres menores de edad en el municipio de San Miguel Allende, Guanajuato, ocurrido la madrugada del sábado 14 de enero, a cargo de la diputada María Bárbara Botello Santibáñez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno:Comisión de Justicia, de la Cámara de Diputados.

61. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Poder Ejecutivo federal para que en el contexto de la depreciación del peso mexicano, el excesivo aumento del precio de los combustibles y el cambio la Presidencia de los Estados Unidos de América, se intensifique la puesta en marcha de acciones determinantes en favor de las micro y pequeñas empresas, a cargo de la diputada Martha Cristina Jiménez Márquez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional y suscrita por integrantes la Comisión Especial de Apoyo a Comerciantes en Pequeño y Microempresarios para Fomentar la Economía Familiar.

Turno:Comisión de Competitividad, con opinión de la Comisión Especial de Apoyo a comerciantes en pequeño y microempresas para fomentar la economía familiar, de la Cámara de Diputados.

62. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, a instruir a la SHCP y a la Sagarpa, para reactivar y fortalecer de inmediato los programas de apoyo al diésel agropecuario y pesquero, suscrito por la diputada Natalia Karina Barón Ortiz, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Turno:Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego, de la Cámara de Diputados.

63. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Semarnat y a la Profepa, para que, en el ámbito de sus atribuciones y de manera coordinada, fortalezcan las acciones para proteger los ecosistemas donde hiberna la mariposa monarca, a fin de preservar esta especie, suscrito por senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno:Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de la Cámara de Senadores.

64. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares de la Secretaría de Salud y de la PGR a esclarecer los hechos lamentables que ocurrieron en el estado de Veracruz donde presuntamente se administraron medicamentos apócrifos para combatir el cáncer infantil; así como también la aplicación de pruebas falsas para la detección del VIH durante la pasada administración estatal, suscrito por los senadores Francisco Salvador López Brito, Martha Elena García Gómez y Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Turno:Comisión de Justicia, de la Cámara de Senadores.

65. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno del estado de México, a que refuerce las estrategias, acciones y políticas públicas que logren erradicar la violencia feminicida contra las mujeres mexiquenses, suscrito por la diputada María Cristina García Bravo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Turno:Comisión de Igualdad de Género, de la Cámara de Diputados.

66. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, para que, en coordinación con el Inmujeres, la Comisión Nacional de Seguridad y los gobiernos de las entidades federativas, promueva y realice cursos de defensa personal dirigidos a mujeres, a efecto de prevenir y enfrentar la violencia de género, suscrito por la diputada Ana Georgina Zapata Lucero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno:Comisión de Igualdad de Género, de la Cámara de Diputados.

67. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la SHCP para que considere oportunamente las provisiones presupuestales del ejercicio fiscal 2017, a objeto de atender los programas de subsidio del ramo 20, desarrollo social, vinculadas al Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras, suscrito por el diputado Luis de León Martínez Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Turno:Comisión de Hacienda y Crédito Público, de la Cámara de Diputados.

68. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, para que a través de la Segob, implemente de manera inmediata con el apoyo de la Comisión Nacional de Seguridad Pública, los cuerpos policíacos federales y el ejército mexicano, una estrategia que garantice la seguridad del sector turístico en nuestro país, principalmente para los municipios de Solidaridad y de Benito Juárez en Quintana Roo, suscrito por los diputados Isaura Ivanova Pool Pech y Omar Ortega Álvarez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Turno:Comisión de Gobernación, de la Cámara de Diputados.

69. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Congreso del estado de Guanajuato para que a través de la Auditoría Superior de la entidad, lleve a cabo una investigación exhaustiva sobre la presuntas irregularidades en la compra de medicamentos y material médico, así como en la adquisición de tabletas en el marco del Programa de Inclusión Digital, y presente un informe pormenorizado a esta soberanía sobre los avances de las mismas, suscrito por senadores Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno:Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana, de la Cámara de Senadores.

70. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares de la Semarnat, de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, la Sedatu, la Sagarpa, así como la Profepa, a publicar el programa de manejo del área de protección de flora y fauna Chan-Kin, así como realizar diversas acciones respecto a su protección, a cargo de la senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Turno:Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de la Cámara de Senadores.

71. Con punto de acuerdo, relativo a la difusión de la información que permita el conocimiento y divulgación del alcance y avances logrados para garantizar los derechos de las mujeres, su ejercicio pleno y la erradicación de la violencia de género en las entidades federativas donde se ha decretado la declaratoria de alerta de violencia de género, suscrito por la diputada María Cristina García Bravo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Turno:Comisión de Igualdad de Género, de la Cámara de Diputados.

72. Con punto de acuerdo, relativo al fortalecimiento de distintos mecanismos enfocados en la prevención de la violencia, a fin de garantizar el derecho de las niñas, niños y adolescentes a una vida libre de violencia, suscrito por la diputada Alicia Guadalupe Gamboa Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno:Comisión de Derechos de la Niñez, de la Cámara de Diputados.

73. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta respetuosamente a los Congresos locales y a la Asamblea Legislativa de la CDMX a implementar medidas de austeridad y disciplina presupuestaria bajo los principios de transparencia y rendición de cuentas, ante la actual crisis económica que atraviesa el país, suscrito por la diputada María Eloísa Talavera Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Turno:Comisión de Transparencia y Anticorrupción, de la Cámara de Diputados.

74. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a diversas autoridades del Estado mexicano, a hacer efectivos los derechos político-electorales de las mujeres en el estado de Oaxaca, particularmente, en los casos de San Miguel de las Peras, Oaxaca, suscrito por la diputada Cristina Ismene Gaytán Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Turno:Comisión de Igualdad de Género, de la Cámara de Diputados.

75. Con punto de acuerdo, por el que se solicita al gobierno de la Ciudad de México, un informe pormenorizado sobre los criterios utilizados para calcular el cobro del impuesto predial y el incremento promedio de las actualizaciones programadas para el ejercicio fiscal 2017, asimismo, para que transparente el destino de los recursos adicionales derivados del aumento de los impuestos, suscrito por senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno:Comisión del Distrito Federal, de la Cámara de Senadores.

76. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la PGR, para que en el ámbito de sus atribuciones, y con el fin de esclarecer los hechos, atraiga los casos relativos a la presunta aplicación de medicamentos falsos en el estado de Veracruz, dados a conocer por el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares, suscrito por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno:Comisión de Justicia, de la Cámara de Diputados.

77. Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Procuraduría General de Justicia del estado de San Luis Potosí, para que, en el marco de sus atribuciones, deslinde las responsabilidades correspondientes sobre las investigaciones que obran respecto a la denuncia realizada por Greta Ximena Perogordo Corral, por los presuntos delitos de abuso sexual, violencia física y amenazas por parte del C. Eduardo Víctor del Sagrado Corazón Perogordo Oliva, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno:Comisión para la Igualdad de Género, de la Cámara de Senadores.

78. Con punto de acuerdo, en relación a salud mental de jóvenes, suscrito por la senadora Yolanda de la Torres Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno:Comisión de Salud, de la Cámara de Senadores.

79. Con punto de acuerdo, en relación a los hechos acontecidos en la ciudad de Monterrey, suscrito por la senadora Yolanda de la Torres Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno:Comisión de Educación, de la Cámara de Senadores.

80. Con punto de acuerdo, en relación con hechos acontecidos en el estado de Veracruz, suscrito por la senadora Yolanda de la Torres Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno:Comisión de Justicia, de la Cámara de Senadores.»

INICIATIVAS

LEY FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES Y RADIODIFUSIÓN

«Iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, a cargo del diputado Víctor Manuel Giorgana Jiménez, del Grupo Parlamentario del PRI

Quien suscribe, Víctor Manuel Giorgana Jiménez, diputado federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIII Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, en ejercicio de las facultades que confieren los artículos 71, fracción II, y 73, fracciones XVII y XXX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de este honorable pleno la presente iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones a la Ley Federal de Telecomunicaciones, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La reforma en materia de Telecomunicaciones, proporcionó innumerables beneficios para los mexicanos, reconociendo el derecho de acceso a las tecnologías de la información y la comunicación; y en particular al servicio de Internet de banda ancha, de tal forma que cualquiera pueda tener libre acceso a información, contenidos y aplicaciones y a difundir ideas de toda índole por cualquier medio de expresión, sin más límites que los que la propia Constitución establece.

La reforma refrenda la importancia de las telecomunicaciones como un servicio público de interés general y reafirma la rectoría del Estado mexicano para garantizar que los servicios se presten en condiciones adecuadas de competencia, cobertura, calidad y precio.

Sin embargo, tal como sucede con todas las leyes de nuestro derecho positivo, son perfectibles y la Ley Federal de Telecomunicaciones no es la excepción. Se trata de apostar por la protección a las y los mexicanos usuarios de la telefonía celular.

El límite en la práctica del redondeo en cuanto al cobro por minutos y segundos fue un gran avance de la reforma en Telecomunicaciones, sin embargo, está pendiente el redondeo que los concesionarios realizan al momento del cobro de tarifas en las facturas de los planes que ofrecen, ya que no existe justificación alguna para realizar tal cargo y por si fuera poco, en todas las ocasiones el redondeo va a la cantidad inmediata siguiente y nunca a la inferior.

Es esta la preocupación del que suscribe y un gran reto que esta Legislatura tiene por delante, la protección de los usuarios de los servicios de telecomunicación.

La Ley Federal de Protección al Consumidor establece en el artículo 1o., fracción VII, la protección contra prácticas y cláusulas abusivas:

Artículo 1. La presente ley es de orden público e interés social y de observancia en toda la República. Sus disposiciones son irrenunciables y contra su observancia no podrán alegarse costumbres, usos, prácticas, convenios o estipulaciones en contrario.

El objeto de esta ley es promover y proteger los derechos y cultura del consumidor y procurar la equidad, certeza y seguridad jurídica en las relaciones entre proveedores y consumidores.

Son principios básicos en las relaciones de consumo:

I. a VI....

VII. La protección contra la publicidad engañosa y abusiva, métodos comerciales coercitivos y desleales, así como contra prácticas y cláusulas abusivas o impuestas en el abastecimiento de productos y servicios.

VIII. a XI.......

En el mismo sentido, el artículo 10 de la Ley referida prohíbe expresamente a los proveedores, aplicar métodos o prácticas comerciales coercitivas y desleales, ni cláusulas o condiciones abusivas o impuestas en el abastecimiento de productos o servicios. Cuyas prácticas son recurrentes en la celebración de contratos de adhesión como lo es el que se celebra con las empresas de telecomunicaciones.

Tratándose de los contratos de adhesión, la Ley Federal de Protección al Consumidor lo define en el artículo 85 como el documento elaborado unilateralmente por el proveedor, para establecer en formatos uniformes los términos y condiciones aplicables a la adquisición de un producto o la prestación de un servicio, aun cuando dicho documento no contenga todas las cláusulas ordinarias de un contrato. Establece además la prohibición de implicar prestaciones desproporcionadas a cargo de los consumidores, obligaciones inequitativas o abusivas, o cualquier otra cláusula o texto que viole las disposiciones de la ley, supuesto en el que encontramos el cargo por redondeo aplicado en las facturas telefónicas.

El objeto primordial de la Ley Federal de Protección al Consumidor es promover y proteger los derechos y cultura del consumidor y procurar la equidad, certeza y seguridad jurídica en las relaciones entre proveedores y consumidores, lo que queda manifiesto expresamente en su artículo 90:

Artículo 90. No serán válidas y se tendrán por no puestas las siguientes cláusulas de los contratos de adhesión ni se inscribirán en el registro cuando:

I. Permitan al proveedor modificar unilateralmente el contenido del contrato, o sustraerse unilateralmente de sus obligaciones;

II. Liberen al proveedor de su responsabilidad civil, excepto cuando el consumidor incumpla el contrato;

III. Trasladen al consumidor o a un tercero que no sea parte del contrato la responsabilidad civil del proveedor;

IV.Prevengan términos de prescripción inferiores a los legales;

V.Prescriban el cumplimiento de ciertas formalidades para la procedencia de las acciones que se promuevan contra el proveedor; y

VI. Obliguen al consumidor a renunciar a la protección de esta ley o lo sometan a la competencia de tribunales extranjeros.

Es indudable que la legislación protege los intereses económicos de los consumidores ante publicidad engañosa y contratos con cláusulas ventajosas; calidad y seguridad en el servicio, son los retos que tienen las empresas mexicanas frente a sus consumidores.

Ya en materia, es la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión quien determina al Instituto de Telecomunicaciones como el encargado de fijar y regular las tarifas en telecomunicaciones:

Artículo 7. El Instituto es un órgano público autónomo, independiente en sus decisiones y funcionamiento, con personalidad jurídica y patrimonio propios, que tiene por objeto regular y promover la competencia y el desarrollo eficiente de las telecomunicaciones y la radiodifusión en el ámbito de las atribuciones que le confieren la Constitución y en los términos que fijan esta Ley y demás disposiciones legales aplicables.

El Instituto Federal de Telecomunicaciones tiene a su cargo la regulación, promoción y supervisión del uso, aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico, los recursos orbitales, los servicios satelitales, las redes públicas de telecomunicaciones y la prestación de los servicios de radiodifusión y de telecomunicaciones, así como del acceso a la infraestructura activa y pasiva y otros insumos esenciales, sin perjuicio de las atribuciones que corresponden a otras autoridades en los términos de la legislación correspondiente.

Asimismo, el Instituto es la autoridad en materia de competencia económica de los sectores de radiodifusión y telecomunicaciones, por lo que en éstos ejercerá en forma exclusiva las facultades que establecen el artículo 28 de la Constitución, esta Ley y la Ley Federal de Competencia Económica.

......

En el mismo sentido, el artículo 15 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión establece:

Artículo 15. Para el ejercicio de sus atribuciones corresponde al Instituto:

I. a XXIII....

XXIV. Autorizar, registrar y publicar las tarifas de los servicios de telecomunicaciones y de radiodifusión en los términos de esta Ley, y cuando los títulos de concesión lo prevean, así como cuando se tratede medidas establecidas a los agentes económicos preponderantes ocon poder sustancial;

XXV y XXVI....

XXVII. Vigilar el cumplimiento a lo dispuesto en los títulos de concesión otorgados en materia de telecomunicaciones y radiodifusión y ejercer facultades de supervisión y verificación, a fin de garantizar que la prestación de los servicios se realice con apego a esta Ley y a las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas aplicables, a los títulos de concesión y a las resoluciones expedidas por el propio Instituto;

XXVIII. a LXIII....

Ahora bien, hablando de los concesionarios, la ley los define como aquella persona física o moral, titular de una concesión de las previstas en la ley y el artículo 118 establece obligaciones para aquellos que operen redes públicas de telecomunicaciones:

Artículo 118. Los concesionarios que operen redes públicas de telecomunicaciones deberán:

I. a VI....

VII. Prestar sobre bases tarifarias y de calidad los servicios de telecomunicaciones contratados por los usuarios y demás condiciones establecidas en términos de esta Ley y la Ley Federal de Protección al Consumidor;

VIII. y IX. ...

Si bien el artículo referido obliga a los concesionarios a observar los derechos del consumidor en la fijación de las tarifas por los servicios que brinda, el artículo 204 de la misma Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión otorga “libertad tarifaria” a los concesionarios, es decir, encontramos aquí una contradicción legal que afecta principalmente a los usuarios. Cito el artículo:

Artículo 204.Los concesionarios del servicio de telecomunicaciones para uso comercial o para uso social fijarán libremente las tarifas a los usuarios de los servicios que presten.

Por otra parte, el artículo 208 señala que la libertad tarifaria a que se refiere el artículo 204, así como lo previsto en los artículos 205 y 207, no aplicará a los concesionarios de telecomunicaciones que sean declarados como agentes económicos preponderantes en el sector de las telecomunicaciones o con poder sustancial, en cuyo caso, deberán cumplir con la regulación específica que en materia de tarifas le imponga el Instituto. Estas tarifas deberán ser aprobadas por el Instituto, el cual deberá llevar un registro de las mismas, a efecto de darles publicidad.Lo que nos llevaría a revisar las tarifas que el Instituto ha establecido mediante Acuerdo, sin embargo quedaría sin resolver los motivos o fundamento legal por el que realizan los cargos por redondeo mes a mes.

Es preocupante la cuantiosa cifra que mes a mes cobran las empresas que prestan servicios de telecomunicaciones por concepto de cargo por redondeo. Suponiendo que a cada usuario le cobraran 0.40 centavos mes a mes y multiplicado por los 71.2 millones de usuarios que tiene reportados Telcel, sólo por citar una empresa, el resultado mensual es exorbitante.

Como señalamos con anterioridad, derivado de la reforma en Telecomunicaciones, se hizo obligatorio, con el fin de dotar al consumidor de mayor control sobre su saldo, que las compañías ofrezcan un esquema de cobro por segundo para evitar el llamado redondeo de minutos, sin embargo, especialistas coinciden en que puede resultar más caro que pagar por minuto.

Los expertos coincidieron en que un esquema de cobro por segundo busca darle a los millones de usuarios de telefonía móvil, la posibilidad de elegir el plan que más les ajuste, es decir, si la persona realiza llamadas de larga duración, le conviene contratar por minuto o por llamada, de lo contrario, si sus llamadas son breves le convendría el cobro por segundo.

La desventaja de optar por este tipo de cobro, es que ello no significa que el precio por segundo vaya a ser el valor del minuto dividido entre 60, ya que la Ley permite al operador poner otra tarifa. Es por ello que el que suscribe considera que el beneficio se dará únicamente si el segundo equivale a la sexagésima parte del precio del minuto, por lo que se pretende reformar el artículo 207 de la Ley para evitar estas prácticas.

La compañía Telefónica Móvil Telcel, ocupa cerca del 70% del mercado en telecomunicaciones, nombrado agente económico preponderante por el Instituto Federal de Telecomunicaciones, razón que le ha valido para que se abrieran las puertas a nuevos cambios en el sector de la telefonía móvil del país.

Por lo anterior, es de suma importancia modificar la legislación a fin de limitar la libertad tarifaria y prohibir el cargo por redondeo para poder brindar protección a las y los mexicanos; que es la razón que motivó la presentación de esta iniciativa.

En virtud de todos los argumentos esgrimidos y en ejercicio de las facultades que confieren los artículos 71, fracción II y 73, fracciones XIII y XXX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión

Artículo Único.Se reforman los artículos 15, 118 y 204 y 207 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión para quedar como sigue:

Artículo 15. Para el ejercicio de sus atribuciones corresponde al Instituto:

I. a XXVII....

XXVIII. Vigilar que los concesionarios no realicen cargos por redondeo en las facturas telefónicas de plan tarifario.

XXIX. a LXIII. ...

Artículo 118. Los concesionarios que operen redes públicas de telecomunicaciones deberán:

I. a VI....

VII.Prestar sobre bases tarifarias y de calidad los servicios de telecomunicaciones contratados por los usuarios y demás condiciones establecidas en términos de esta Ley y la Ley Federal de Protección al Consumidor, absteniéndose de realizar cargos por redondeo en los cobros que realicen.

Artículo 204.Los concesionarios del servicio de telecomunicaciones para uso comercial o para uso social fijarán libremente las tarifas a los usuarios de los servicios que presten, respetando siempre el cobro exacto de la cantidad que resulte de la prestación de los servicios de telecomunicación, sin importar que dicha cantidad sean fracciones del peso, quedando prohibido el cobro por redondeo.

Artículo 207.En el caso de servicios de telecomunicaciones que se ofrecen al público consumidor con cargos por concepto de la duración de las comunicaciones, los concesionarios y los autorizados deberán incluir dentro de su oferta comercial, planes y tarifas, y el cobro por segundo, cuyo monto deberá ser exactamente proporcional al costo del minuto, lo anterior sinperjuicio de otros planes que se basen en el cobro por minuto, por evento, por capacidad o cualquier otra modalidad.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de enero de 2017.— Diputado Víctor Giorgana Jiménez (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Comunicaciones, de la Cámara de Diputados.

LEY DE AEROPUERTOS

«Iniciativa que adiciona los artículos 69 y 81 de la Ley de Aeropuertos, suscrita por el diputado Alfredo Javier Rodríguez Dávila, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, Alfredo Javier Rodríguez Dávila, diputado integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, y con fundamento en los artículos 71, fracción II, y 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el 122 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos somete a consideración del pleno de esta asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 69 y 81 de la Ley de Aeropuertos, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

En México operan 58 aeropuertos comerciales a través de los cuales se transportaron más de 65 millones de personas tan sólo en el año 2014, de acuerdo a cifras de la Dirección de Aeronáutica Civil. La expansión en el mercado aéreo ha permitido también crecimiento del tráfico en las terminales, lo que se ha traducido en mayores ganancias para sus concesionarios a través de los ingresos que generan los diversos servicios que en los aeropuertos se ofrecen, así como los derechos que cobran por el uso de sus instalaciones.

Entre estas tarifas destaca la que pagan los usuarios de vuelos comerciales por hacer uso del aeropuerto. De acuerdo al artículo 51 del Acuerdo que autoriza las tarifas y su aplicación por los servicios aeroportuarios y complementarios que presta el organismo descentralizado Aeropuertos y Servicios Auxiliares y las empresas de participación estatal mayoritaria, concesionarias de los aeropuertos que forman parte del Sistema Aeroportuario Mexicano, esta tarifa “se aplicará a las personas que en calidad de pasajeros nacionales o internacionales en vuelos de salida usen las instalaciones de los edificios terminales de pasajeros”.

La Tarifa de Uso de Aeropuerto (TUA por sus siglas) es aplicada al usuario dependiendo su destino, es decir, TUA nacional si se trata de un vuelo dentro de la República Mexicana y TUA internacional si el destino final es el extranjero. Es posible ver una muestra de cómo se emplea esta tarifa utilizando los valores vigentes del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Esta terminal, la cual se concentra la tercera parte del tránsito aéreo del país, la TUA nacional es de $22.37 y la internacional es de $34.78, ambas cifras expresadas en dólares americano.

A pesar de que estas cifras pueden representar una parte importante del costo del vuelo, no existen obligaciones directas del concesionario al usuario, lo que hace que en muchas ocasiones el servicio prestado por el aeropuerto sea deficiente y cause molestias a los pasajeros.

Planteamiento del problema

La Ley de Aeropuertos en su capítulo VIII De las tarifas y precios,señala únicamente la obligación de los concesionarios de registrar sus tarifas ante la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) previo al inicio de su vigencia, sin embargo, no se especifica qué conceptos cubrirán esas tarifas ni quiénes serán los encargados de pagarlas, lo cual permite que los concesionarios fijen sus tarifas con cierta libertad. En lo referente a la Tarifa de Uso de Aeropuerto, la Organización de Aviación Civil internacional en sus Políticas sobre derechos aeroportuarios y por servicios de navegación aérea, recomienda que se realicen consultas a los usuarios sobre los derechos que se les cobran, particularmente cuando se trate de aumentos a los mismos:

17. Es importante consultar a los usuarios de los aeropuertos y de los servicios de navegación aérea antes de introducir cambios en los sistemas de imposición de derechos o en los niveles de los derechos.

18. El propósito de la consulta es asegurar que el proveedor proporcione a los usuarios información adecuada relativa a los cambios propuestos y considere debidamente los puntos de vista de los usuarios y las consecuencia que los derechos tendrán para ellos. Es deseable que los proveedores y los usuarios estén de acuerdo. Sin embargo, si no se llega a un acuerdo, el proveedor puede imponer los derechos de que se trate, sujeto al derecho de apelación o a la determinación de un órgano independiente del proveedor, si lo hubiere. Si no hay un mecanismo de apelación, es aún más importante que proveedores y usuarios hagan lo posible por alcanzar un acuerdo sobre todo cambio en los sistemas de imposición de derechos o niveles de los mismos antes de su introducción.

Sin embargo en los aeropuertos del país esto no ocurre, los concesionarios incrementan sus tarifas sin tener en cuenta la opinión del usuario. Muestra de esto puede verse en el aumento que tuvo el TUA del Aeropuerto de la Ciudad de México durante el año 2014, en el que esta tarifa para vuelos nacionales pasó de 206.97 pesos a 285.67 pesos lo que representa un aumento de 38 por ciento, mientras que la tarifa para vuelos internacionales pasó de 254.84 pesos a 444.35 pesos o que significa un incremento de 74 por ciento. Este aumento es solamente un ejemplo de los que se han dado durante los últimos años en todos los aeropuertos del país, en los que no se ha tomado en cuenta la opinión del usuario, que es quien utiliza la terminal para realizar viajes.

La Tarifa de Uso de Aeropuerto colocan al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, como uno de los más caros del mundo, superando las cobradas en los aeropuertos de ciudades como París, Madrid, Buenos Aires, Dubái, Londres, Shanghái, Tokio, Lisboa y Ámsterdam, por mencionar algunos.

Por una parte se tienen tarifas que aumentan regularmente, y por otra un servicio que constantemente presenta problemas en su operación, lo cual produce en muchas ocasiones retrasos y cancelaciones de vuelos comerciales, afectando a un importante número de pasajeros.

La Ley de Aeropuertos en su artículo 46, es clara al señalar que la atención prestada al usuario debe mantener los principios de seguridad, eficiencia y calidad:

“Corresponderá a los concesionarios o permisionarios, conforme a las disposiciones aplicables y con base en el título de concesión o permiso respectivo, asegurar que los aeródromos civiles cuenten con la infraestructura, instalaciones, equipo, señalización, módulo de primeros auxilios y emergencias médicas, servicios y sistemas de organización, adecuados y suficientes para que la operación y atención al usuario se lleve a cabo sobre bases de seguridad, eficiencia y calidad”.

Sin embargo, no se contempla ningún mecanismo para que los usuarios del servicio de transporte aéreo regular sean compensados en caso de sufrir afectaciones debido a negligencias en el servicio prestado por la terminal.

La mayor parte de los pasajeros desconoce totalmente qué es el TUA y para qué se utiliza, a pesar de que es un cargo que la aerolínea traslada directamente al costo de sus boletos, lo cual puede representar hasta 42 por ciento del valor de los mismos. Si los usuarios pagan está tarifa por el uso del aeropuerto, lo más justo es que se le otorgue el derecho a exigir un buen servicio. Al hacer responsables a los aeropuertos por las molestias causadas a los usuarios injustificadamente, y utilizar el reembolso de esta tarifa como mecanismo de compensación, los concesionarios se verán obligados a mejorar sus niveles operativos, minimizando situaciones que puedan perjudicar el correcto trabajo de las aerolíneas y por lo tanto al pasajero.

Los aeropuertos son monopólicos por naturaleza, los pasajeros no pueden elegir entre alternativas para realizar su viaje, escogen su aeropuerto de salida de acuerdo a la cercanía que tiene este con su lugar de origen. Ya que no existe competencia, los concesionarios no se esfuerzan por atraer usurarios, pues independientemente de que brinden un servicio de calidad o no, su uso es una necesidad. Por lo tanto, la única forma de obligar a los concesionarios a cumplir con su objetivo de operar de forma eficiente, es haciéndolos responsable por sus actos.

Por otra parte es necesario que los aeropuertos operen con transparencia, para que el usuario conozca en todo momento si existen problemas en las operaciones de la terminal y cuáles son las causas que los generan. Sólo de esta manera se podrán crear mecanismos claros y eficientes que permitan mejorar las condiciones de los aeropuertos en el país.

La presente iniciativa propone que en caso de que el usuario se vea afectado con retrasos o cancelaciones en la salida de su vuelo, por causas atribuibles a la administración u operaciones del aeropuerto, el pasajero sea compensado con la devolución de lo que pagó como Tarifa de Uso de Aeropuerto, independientemente de que haya realizado o no el traslado. Esto sin perjuicio a las sanciones que pudiera aplicar si se da el caso, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de conformidad con la Ley de Aviación Civil.

Por lo anteriormente expuesto se somete a consideración de la honorable Cámara de Diputados la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto que reforma los artículos 69 y 81 de la Ley de Aeropuertos

Artículo Único.Se adiciona un segundo párrafo al artículo 69 y una fracción XVIII al artículo 81 de la Ley de Aeropuertos, para quedar como sigue:

Artículo 69.Las tarifas correspondientes a los servicios aeroportuarios y complementarios en los aeródromos civiles de servicio al público, deberán registrarse ante la secretaría de manera previa al inicio de su vigencia, y deberán hacerse del conocimiento de los usuarios.

Las tarifas correspondientes al uso del aeropuerto para los usuarios de los concesionarios o permisionarios del servicio de transporte aéreo regular serán susceptibles a ser devueltas al usuario cuando se acredite que éste se vio afectado con retrasos o cancelaciones del transporte, si la causa de ello fuera imputable a la administración u operaciones del aeropuerto, excepto cuando se deba a condiciones meteorológicas o de seguridad. También deberán ser devueltas al usuario dichas tarifas en caso de que éste no realice el trayecto programado. El usuario podrá realizar el trámite de la devolución de la tarifa de uso del aeropuerto, a través del concesionario o permisionario del servicio de transporte aéreo regular con el que contrató el servicio, quien a su vez deberá realizar las gestiones necesarias ante el concesionario administrador del aeropuerto. La devolución será realizada al usuario a través del mismo medio en que se haya efectuado el pago, dentro de un periodo máximo de diez días naturales posteriores a su reclamación.

La secretaría determinará si la responsabilidad del retraso o de la cancelación corresponde al concesionario administrador del aeropuerto, o al permisionario o concesionario del servicio de transporte aéreo regular y hará públicas sus resoluciones.

Artículo 81.Las infracciones a lo dispuesto en la presente ley, serán sancionadas por la Secretaría de acuerdo con lo siguiente:

[...]

XVIII. No reintegrar oportunamente las tarifas correspondientes al uso del aeropuerto al usuario que se haya visto afectado por retrasos o cancelaciones cuya responsabilidad haya sido atribuida por la Secretaría al concesionario, multa de tres mil a cinco mil Unidades de Medida y Actualización.

[...]

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. El Ejecutivo federal y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes contarán con un plazo de 90 días hábiles, contados a partir de la entrada en vigor del presente decreto, para realizar en el ámbito de sus respectivas competencias, las adecuaciones y modificaciones a los reglamentos y a las demás disposiciones administrativas que posibiliten la materialización del mismo.

Tercero.Los concesionarios de aeródromos civiles de servicio al público contaráncon un plazo de 90 días hábiles, contados a partir de la entrada en vigor del presente decreto, para adecuar sus procedimientos con el fin de dar cumplimiento a las disposiciones señaladas el mismo.

Notas

1 Tarifas del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Consultado el 07 de mayo de 2016. Disponible en

http://www.aicm.com.mx/negocios/tarifas

2 Políticas de la OACI sobre derechos aeroportuarios y por servicios de navegación aérea, Sección I-3.

3 El Universal, Entra en vigor aumento de 74% del TUA en el AICM. Consultado el 4 de mayo de 2016. Disponible en

http://archivo.eluniversal.com.mx/finanzas-cartera/2014/tua-aum ento-980043.html

4 Valadez, Roberto, “El AICM es más caro que los aeropuertos de Londres, París y Madrid”, en Milenio. Consultado del 8 de mayo de 2016. Disponible en

http://www.milenio.com/negocios/AICM-caro-Londres-Paris-Madrid_ 0_655134490.html

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 25 de enero de 2017.— Diputado Alfredo Javier Rodríguez Dávila (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Transportes, de la Cámara de Diputados.

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

«Iniciativa que reforma el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Cristina Ismene Gaytán Hernández, del Grupo Parlamentario del PRD

La suscrita, diputada Cristina Ismene Gaytán Hernández, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, 78 y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del honorable pleno de la Comisión Permanente la siguiente iniciativa con proyecto de decreto.

Exposición de Motivos

A lo largo de la historia, las mujeres y los hombres hemos ocupado roles distintos, así, hemos participado de forma diferenciada dentro de la vida pública, social y privada. En el entorno laboral las mujeres hemos estado en espacios que se han asignado considerando roles que nos discriminan de la realización de diversas tareas y encargos.

La discriminación es un fenómeno social que vulnera la dignidad, los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas. Ésta se genera en los usos y las prácticas sociales entre las personas y con las autoridades, en ocasiones de manera no consciente.

Los derechos de las mujeres son derechos humanos e incluyen la salud, la educación, la participación política, el bienestar económico, el no ser objeto de violencia, el trabajo, la vivienda, entre otros. Las mujeres tenemos derecho al disfrute pleno y en condiciones de igualdad de todos nuestros derechos humanos, lo que abarca el derecho a vivir libres de todas las formas de discriminación, siendo esto último indispensable para el logro de los derechos humanos, la paz, la seguridad y el desarrollo sostenible.

El trabajo está reconocido como un derecho humano, inherente a las personas por lo cual el Estado está obligado a garantizar las mejores condiciones, a fin de que todas las personas puedan ejercerlo en igualdad de condiciones y libre de discriminación.

Las mujeres actualmente nos encontramos inmersas en el mercado laboral, participando dentro de la población económicamente activa (PEA) como jefas de familia e incluso como único sostén económico del entorno familiar; no obstante, las condiciones son desiguales con respecto de los hombres.

En México el marco jurídico se reconoce el derecho al trabajo y dentro de este los derechos laborales de las mujeres, en este sentido el artículo 123 constitucional dispone: “Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil, al efecto se promoverán la creación de empleos y la organización social para el trabajo conforme a la ley.”

Así, considerando el derecho de las mujeres al trabajo durante el embarazo, la fracción V del artículo constitucional antes referido textualmente dispone:

V.Las mujeres durante el embarazo no realizarán trabajos que exijan un esfuerzo considerable y signifiquen un peligro para su salud en relación con la gestación; gozarán forzosamente de un descanso de seis semanas anteriores a la fecha fijada aproximadamente para el parto y seis semanas posteriores al mismo, debiendo percibir su salario íntegro y conservar su empleo y los derechos que hubieren adquirido por la relación de trabajo. En el período de lactancia tendrán dos descansos extraordinarios por día, de media hora cada uno para alimentar a sus hijos;

Y, contemplando el derecho a la igualdad en nuestro máximo cuerpo normativo, la fracción VII del artículo 123 constitucional dispone:

VII.Para trabajo igual debe corresponder salario igual, sin tener en cuenta sexo ni nacionalidad.

Por su parte, la Ley Federal del Trabajo y la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, contemplan también este reconocimiento a los derechos laborales de las mujeres, asimismo en el ámbito internacional el Estado mexicano ha ratificado entre otros, el Convenio 100 sobre Igualdad de Remuneración, el Convenio 111 sobre la Discriminación para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujeres (CEDAW).

No obstante, persiste la discriminación laboral contra las mujeres y aún son prácticas comunes, que las mujeres recibamos una remuneración menor a la que reciben los hombres por el mismo trabajo, la exigencia a las aspirantes a un puesto de un certificado de no gravidez para ocupar una plaza laboral, e incluso a ser despedidas por estar embarazadas, aun somos discriminadas para realizar ciertas actividades o desempeñar encargos por el hecho de ser mujeres.

Consideraciones

Para hacer efectivo el goce de los derechos laborales de las mujeres es necesaria la implementación de acciones afirmativas que obliguen a la designación de personal, a la contratación en condiciones de igualdad dentro de la esfera laboral.

Cabe resaltar que la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, obliga a los estados parte a adoptar todas las medidas adecuadas, incluso de carácter legislativo, para modificar o derogar leyes, reglamentos, usos y prácticas que constituyan discriminación contra la mujer 5.

Es por ello, que se considera impostergable armonizar lo dispuesto por el artículo 123 de nuestra Constitución en su apartado B y fracción VII en lo referente a considerar la inclusión de la palabra trabajadoras dentro del apartado B y de la palabra paridad dentro de la fracción VII, para garantizar la no discriminación, la no asignación de roles o estereotipos de género que vulneren la esfera económica de las mujeres, afectando inequitativamente nuestras oportunidades en el mercado laboral. Como se expone en el siguiente cuadro comparativo:

Dados los estereotipos de género, las expectativas de la sociedad, la infravaloración de las calificaciones tradicionalmente femeninas y unas medidas inadecuadas para conciliar la vida laboral y familiar limitan las posibilidades de que las mujeres superen la segregación y participen en igualdad de condiciones en la vida política, social y económica y ostenten cargos de alto nivel y sean vistas en trabajos considerados no tradicionales 6, se considera necesaria la aplicación de políticas de acción afirmativa que resulten obligatorias para los Poderes de la Unión en la búsqueda de contribuir a remediar la situación laboral de las mujeres de nuestro país.

Por lo expuesto, someto a la consideración de esta soberanía, la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforma el apartado B y su fracción VII del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos

Artículo Único.Se reforma el apartado B y su fracción VII del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 123. Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social de trabajo, conforme a la ley.

El Congreso de la Unión, sin contravenir a las bases siguientes deberá expedir leyes sobre el trabajo, las cuales regirán:

A. ...

B.Entre los Poderes de la Unión ,y sus trabajadores y trabajadoras:

I. al VI. ...

VII.La designación del personal será paritariasemediante sistemas que permitan apreciar los conocimientos y aptitudes de las y los aspirantes. El estado organizará escuelas de administración pública;

IX. al XIV. ...

Transitorio

Único.El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 La Discriminación y el Derecho a la No Discriminación. Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Documento disponible en:

http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/cartillas/2_Cartilla_Discr iminacion.pdf

2 Se puede encontrar más información en:

http://beijing20.unwomen.org/es/in-focus/human-rights visto el 17 de enero de 2017.

3 Mujeres y Trabajos no convencionales en México. Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género. Cámara de Diputados LXIII Legislatura. Documento puede verse en:

http://www3.diputados.gob.mx/camara/content/download/334573/119 2813/file/Trabajos%20no%20convencionales.pdf

4 Ídem

5 Inciso f) del artículo 2, de la Parte 1 De la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. El documento completo puede verse en:

http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/cedaw25years/content/spa nish/Convention-CEDAW-Spanish.pdf

6 Mujeres y trabajos no convencionales. CEAMEG. Documento puede verse en:

http://www3.diputados.gob.mx/camara/content/download/334573/119 2813/file/Trabajos%20no%20convencionales.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 25 de enero de 2017.— Diputada Cristina Ismene Gaytán Hernández (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, de la Cámara de Diputados.

LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE; LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL; LEY FEDERAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO, REGLAMENTARIA DEL APARTADO B) DEL ARTÍCULO 123 CONSTITUCIONAL Y LEY FEDERAL DEL TRABAJO

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de las leyes General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente; Orgánica de la Administración Pública Federal; Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B del Artículo 123 Constitucional; y Federal del Trabajo, suscrita por el diputado Jesús Sesma Suárez, el senador Carlos Alberto Puente Salas e integrantes del Grupo Parlamentario del PVEM

Quienes suscriben, diputado Jesús Sesma Suárez y senador Carlos Alberto Puente Salas, en nombre de los diputados y senadores integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 55, fracción II, y 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de esta asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, de la Ley Federal del Trabajo y de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B del Artículo 123 Constitucional, en materia de un día de trabajo en casa y horarios escalonados, la cual solicitamos se turne a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados, para su análisis, discusión y dictamen, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El crecimiento exponencial de la concentración poblacional en torno a los polos de desarrollo como son la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, y que en muchos aspectos se desempeña de forma caótica y desordenada, sin duda son el reflejo de las crecientes necesidades de trabajo y vivienda, lo que trae como consecuencia una alarmante afectación del medio ambiente provocando que la calidad de vida haya descendido notablemente en las últimas décadas.

En este contexto, el secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en meses pasados ante la situación de contingencia por la que atravesó la zona metropolitana de nuestro país, refirió que indudablemente la concentración masiva de automóviles es un factor que hace que la contaminación incremente.

La velocidad promedio en la ciudad es 17 kilómetros por hora, pero ante un congestionamiento vehicular, la velocidad de los automotores se reduce a sólo 4 kilómetros por hora, velocidad comparable a estar estacionado con el motor encendido, por lo que es en esta situación cuando se generan las mayores cantidades de emisiones de contaminantes.

Asimismo, refirió que cuando un vehículo queda atrapado en un congestionamiento vial, en el caso de compuestos orgánicos volátiles (COV), las emisiones pasan de 1.6 gramos por kilómetro (g/km) a 7.8 g/km, lo que significa un incremento de 79 por ciento; el monóxido de carbono (CO) se eleva 53 por ciento y los óxidos de nitrógeno (NOx) aumentan 31 por ciento, según datos obtenidos de los estudios elaborados por dicha secretaría.

En este sentido se cree conveniente implementar, mayor flexibilidad en los horarios de los trabajadores de estas zonas metropolitanas, ya que como ha demostrado el índice internacional de congestionamiento vial, medido por la empresa holandesa de tecnología TomTom, la Ciudad de México se ubica como la más saturada a nivel mundial. La posibilidad de que un habitante se enfrente con un embotellamiento durante las horas pico de la mañana es de 97 por ciento, mientras que por la tarde es de 94 por ciento, esto debido a que la mayoría de las empresas comparten, los mismos días laborables, así como las mismas horas de entrada y de salida de su personal.

Por otro lado, está el nivel de competitividad que presenta el país, el estudio mundial anual en esta materia, en donde se evalúan a 144 países, incluyendo México, tuvo los siguientes resultados:

• En el índice de competitividad global obtuvo 4.3 descendiendo al lugar 55 siendo Suiza el primer lugar con un ranking de 5.7.

• En el sector de eficiencia del mercado laboral se ubicó en el 121.

• En flexibilidad se posicionó en el 102.

• En la eficiencia de uso del talento se localizó en el 116 y

• En la participación de la mujer en la fuerza de trabajo se encontró en el 120.

Estos números son expresión de la poca flexibilidad laboral que presenta el país, debido a las regulaciones actuales del mercado laboral, la ineficiente capacidad para innovar, la corrupción y la ineficiente burocracia gubernamental.

Es por ello que el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México considera conveniente implementar las propuestas de un día de trabajo en casa, y horarios escalonados, como parte de una estrategia para reducir el uso de transporte e incrementar la productividad, el bienestar en los trabajadores, y además de ser una medida idónea para mitigar la contaminación, mejorar la calidad medioambiental y contribuir al objetivo de un medio ambiente sano del artículo 4 constitucional, pues al eliminar los traslados de la casa a la oficina, el tiempo que regularmente se dedica a éste, puede ser utilizado para el desarrollo de la propia actividad laboral, y cambiar los horarios de entrada y salida de personal, aportaran una mayor fluidez en el tránsito vehicular, y una disminución en el uso del sistema de transporte público, para evitar su saturación, beneficiando la movilidad en las ciudades.

Un ejemplo de esto es Secretaría del medio ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), quien argumenta que el crecimiento económico y poblacional del país en las últimas décadas, ha generado un aumento significativo del parque vehicular, lo que a su vez ha provocado un incremento en la emisión de contaminantes a la atmosfera por el uso de combustibles fósiles. Por tal motivo, estableció un día a la semana de trabajo en casa y el escalonamiento de horarios distribuyendo la entrada y salida del personal adscrito a la misma, lo cual ha ocasionado la reducción de emisiones generadas por el personal de dicha dependencia en 20 por ciento, evitándose 75 mil viajes en vehículo al año, así como 185 mil viajes totales al año.

El implementar el día de trabajo en casa, reduciría tiempos y costos, para lograr mayor productividad, las empresas contratan servicios de terceros, que permiten administrar su negocio por medio de aplicaciones o programas, que facilitan la integración de toda la información de sus empresas.

Los trabajadores del gobierno de la Ciudad de México, tienen la posibilidad de implementar un día de trabajo en casa así como horarios flexibles que ayude a mejorar el clima laboral, la productividad y la su calidad de vida, siempre y cuando se cumpla con las actividades laborales que se le solicite por su jefe inmediato. De acuerdo a lo estipulado en las Condiciones Generales de Trabajo del Gobierno del Distrito Federal establecido en los siguientes artículos:

Artículo 59. La hora de inicio y término de las jornadas podrá ser modificada por necesidades del servicio debidamente comprobadas, con la intervención del sindicato, en lo que se estará a lo que dispone el artículo 4o. de estas condiciones.

Esta misma disposición se observará cuando se trate de horarios alternados, por turnos o jornadas acumuladas.

Artículo 66.El registro de asistencia es obligatorio para todos los trabajadores y se realizará mediante sistema digitalizado y/o tarjetas.

La Dirección General de Administración y Desarrollo de Personal podrá, en atención a circunstancias especiales, eximir a determinado trabajador o grupo de trabajadores del cumplimiento de dicho registro.

Artículo 75.Los trabajadores prestan un servicio público que por lo mismo debe ser de la más alta calidad y eficiencia, para ello el gobierno proporcionará:

Fracción I. Implementos necesarios y adecuados a la función encomendada ,los cuales serán de la más alta calidad;

Fracción II. Capacitación y adiestramiento, con intervención de la Comisión de Capacitación;

Fracción III. El gobierno deberá revisar periódicamente y con la intervención del sindicato, la planeación, distribución y reestructuración de las actividades laborales, con la finalidad de evitar el trabajo obsoleto, tedioso y burocratizado, creando nuevas técnicas de trabajo que motiven y despierten el interés al trabajador en sus funciones encomendadas.

A nivel mundial, sirven de ejemplo los siguientes países que han reducido su jornada laboral, teniendo beneficios directos en la población:

Nota: Las horas laborales con asterisco es el promedio nacional, no significa que sea la jornada estándar en todo el país, pero por ley hay un límite de horas para laborar por semana.

La propuesta que presentamos es producto de un ejercicio de armonización con los trabajos ya implementados y probados a nivel internacional, ejercicios que han permitido a dichas naciones obtener beneficios tangibles a su productividad y medio ambiente.

De acuerdo con Jesús Álvarez Barrios, de la Asociación Mexicana de Empresas de Capital Humano, los trabajadores que ejercen labores desde casa son más productivos porque toman menos descansos, le prestan más atención a sus tareas, casi no se enferman y presumen un mayor grado de satisfacción con su empleo. Con el trabajo a distancia, las empresas “podrían estar preparadas para sortear los problemas que implican el endurecimiento de programas” como la restricción de usar el auto una o dos veces por semana, dependiendo del Índice Metropolitano de la Calidad del Aire.

En este contexto consideramos que estas acciones generarán beneficios inmediatos, ya que la propuesta establece una semana laboral que contemple un día de trabajo en el domicilio, de por lo menos 20 por ciento del personal de las instituciones correspondientes, y la opción de la consideración de los horarios escalonados para flexibilizar la jornada laboral.

Por todo ello, resulta necesario generar nuevas estrategias legislativas en las cuales se permitan atender problemáticas que afectan derechos tan elementales como la movilidad, la salud, un medio ambiente sano y el trabajo de las personas en las zonas metropolitanas.

En este sentido, el Partido Verde Ecologista de México busca con esta propuesta de reformas, mejorar las condiciones de vida de los trabajadores que hoy en día se ven severamente afectados por diversos factores relacionados principalmente con la congestión vehicular, la cual trae como consecuencia daños al ambiente y la salud pública, así como afectación al estado de ánimo de las personas.

Para ello, se busca:

1. Facultar a la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a identificar la correlación del aumento de la contaminación con los traslados de los trabajadores a sus centros laborales.

2. Se modifique la Ley Federal del Trabajo, para que dentro de las condiciones generales de trabajo, se precisen cláusulas que permitan de manera opcional establecer un día de trabajo en casa.

3. Se establezca, dentro de las condiciones generales de trabajo, y siempre que la naturaleza de la labor lo permita y así lo acuerden los empleadores y los trabajadores, la ejecución de horarios escalonados óptimos de entrada y salida al centro de trabajo para la reducción de los daños medioambientales y el favorecimiento de la movilidad.

4. De igual modo, se proponen reformar la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Proteccón al Ambiente y la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, para facultar a la Semarnat a indicar el óptimo de horarios escalonados de ingreso y salida laboral para la disminución de contaminantes en las actividades industriales, empresariales y de gestión pública.

5. Por último se reforma la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B del Artículo 123 Constitucional, para que los trabajadores tengan horarios escalonados de entrada y salida, así como un día de trabajo en casa.

La Ley Federal del Trabajo contempla en su artículo 320 que los patronos están obligados a llevar un libro de registro de trabajadores a domicilio, el cual debe estar autorizado por la inspección del trabajo, en el que debe contar con una serie de requisitos como es el nombre nacionalidad, edad, sexo, estado civil del trabajador y domicilio o local donde se ejecute el trabajo, así como los días y el horario para la entrega y recepción del trabajo y para el pago de los salarios, por lo que consideramos que el promover un día de trabajo en casa conlleva al bienestar del trabajador.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de este honorable pleno la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto

Artículo Primero.Se adiciona la fracción XV del artículo 111 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, para quedar como sigue:

Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente

Artículo 111. Para controlar, reducir, o evitar la contaminación de la atmosfera, la secretaría tendrá las siguientes facultades:

I. a la XIV. ...

XV. Diseñar y proponer a las instituciones públicas y asesorar a las empresas del sector privado que así lo solicite, la implementación de horarios escalonados de entrada y salida de trabajadores para favorecer la movilidad.

Artículo Segundo.Se reforma la fracción XLI del artículo 32 Bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, para quedar como sigue:

Ley Orgánica de la Administración Pública Federal

Artículo 32 Bis. A la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, corresponde el despacho de los siguientes asuntos:

I. a la XL. ...

XLI. Diseñar, ejecutar, con la participación de la Secretaría del Trabajo, las mediciones ambientales para la implementación obligatoria de horarios escalonados de entrada y salida de trabajadores en las instituciones públicas, así como en aquellas empresas del sector privado que así lo soliciten;

LXII. ...

Artículo Tercero.Se reforman; las fracciones IV del artículo 15; los artículos 22 y 27, las fracciones III y IV del artículo 132; se adiciona una fracción V del artículo 15 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 Constitucional, para quedar como sigue:

Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 Constitucional

Artículo 15.Los nombramientos deberán contener:

I. a la III. ...

IV. La duración de la jornada laboral en el centro de trabajo y en el hogar del trabajador;

V. En caso de que así esté acordado entre las partes, el reconocimiento de un día de trabajo en casa, cada semana laboral, siempre y cuando la naturaleza de la labor lo permita.

V. a la VI. ...

Artículo 22. La duración máxima de la jornada diurna de trabajo será de ocho horas , misma que deberá considerar un horario escalonado de entrada y salidas entre los trabajadores en las áreas laborales que así lo permitan.

Artículo 27. Los trabajadores, por cada seis días de trabajo, incluida la jornada en el domicilio del trabajador, en caso de que estén en este supuesto, disfrutarán, cuando menos, de un día de descanso, con goce de salario íntegro.

Título CuartoDerechos y Obligaciones de los Trabajadores y de los Patrones

Capítulo IObligaciones de los Patrones

Artículo 132.Son obligaciones de los patrones:

I. a la II. ...

III. Proporcionar oportunamente a los trabajadores la tecnología de la computación y el software adecuado para la protección y seguridad de la información,los útiles, instrumentos y materiales necesarios para la ejecución del trabajo, debiendo darlos de buena calidad, en buen estado y reponerlos tan luego como dejen de ser eficientes, siempre que aquéllos no se hayan comprometido a usar herramienta propia. El patrón no podrá exigir indemnización alguna por el desgaste natural que sufran los útiles, instrumentos y materiales de trabajo.

IV. Proporcionar local seguro para la guarda de los instrumentos y útiles de trabajo pertenecientes al trabajador, permitir utilizarlos en domicilio opermanecer en el lugar en que prestan los servicios, sin que sea lícito al patrón retenerlos a título de indemnización, garantía o cualquier otro. El registro de instrumentos o útiles de trabajo deberá hacerse siempre que el trabajador lo solicite;

V. a la XXVIII. ...

Artículo Cuarto.Se reforman la fracción IX del artículo 25; fracciones III y IV del artículo 132; fracciones IV y V del artículo 391; se adicionan las fracciones XXIX y XXX del artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo, para quedar como sigue:

Ley Federal del Trabajo

Artículo 25. El escrito en que consten las condiciones de trabajo deberá contener:

I. a la VIII. ...

IX. Otras condiciones de trabajo, tales como días de descanso, jornada laboral en el domicilio del trabajador,vacaciones y demás que convengan el trabajador y el patrón.

Artículo 132. Son obligaciones de los patrones.

I. a la II. ...

III. Proporcionar oportunamente a los trabajadores la tecnología de la computación y el software adecuado para la protección y seguridad de la información,los útiles, instrumentos y materiales necesarios para la ejecución del trabajo, debiendo darlos de buena calidad, en buen estado y reponerlos tan luego como dejen de ser eficientes, siempre que aquéllos no se hayan comprometido a usar herramienta propia. El patrón no podrá exigir indemnización alguna por el desgaste natural que sufran los útiles, instrumentos y materiales de trabajo.

IV. Proporcionar local seguro para la guarda de los instrumentos y útiles de trabajo pertenecientes al trabajador, permitir utilizarlos en domicilio opermanecer en el lugar en que prestan los servicios, sin que sea lícito al patrón retenerlos a título de indemnización, garantía o cualquier otro. El registro de instrumentos o útiles de trabajo deberá hacerse siempre que el trabajador lo solicite.

V. a la XXVIII. ...

XXIX. Implementar opcionalmente una jornada laboral en el domicilio del trabajador, por lo menos un día de su semana laboral. Quedan exentos aquellos trabajos que por la naturaleza de su actividad no puedan desempeñarse en el domicilio del trabajador;

XXX. Opcionalmente podrá implementar horarios escalonados de entrada y salida entre los trabajadores, en los centros laborales.

Los empleadores remitirán a la secretaría semestralmente los horarios y los porcentajes de su planta laboral que trabajará desde su domicilio.

Artículo 391.El contrato colectivo contendrá:

I. a la III. ...

IV. Las jornadas de trabajo, las cuales podrán considerar un horario escalonado de entrada y salida de los trabajadores en los centros laborales;

V. Si es que así se ha acordado, los días de jornada en el domicilio del trabajador,descanso y vacaciones;

VI. a la X. ...

Transitorios

Primero.El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Para establecer las directrices de implementación de la reforma, la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, en un plazo de doce meses llevará a cabo el análisis de reducción de contaminantes; igualmente, en el mismo lapso, la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales implementará programas piloto en las entidades federativas que así lo considere pertinente, de los horarios escalonados y el día de trabajo en casa, por cada dependencia con la finalidad de obtener indicadores para la mejor efectividad de la reforma.

Tercero.Las empresas del sector privado que opten por conceder a sus trabajadores en sus contratos colectivos de trabajo un día de labor en el domicilio del trabajador contarán con un plazo de un año a efecto de que adecuen sus condiciones de trabajo en concordancia al presente decreto, debiendo considerar los lineamientos que al efecto publique la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Si una vez ejecutado el día laboral en domicilio no cubre el rendimiento del trabajador podrá éste de manera automática regresar a sus condiciones de trabajo que indique el patrón.

Notas

1 Grupo de Mexicanos Parlamentarios para el Hábitat, 2014; Reporte Nacional de Movilidad Urbana en México 2014-2015; ONU – Hábitat por un mejor futuro urbano

2 Entrevista con José Cárdenas, en UNO TV, el 7 de junio de 2016. En:

https://youtu.be/O6S7LJypoms

3 Consultado en: Chávez Lara, Gustavo. (2016)Distribución Urbana.16. México

http://www.antp.org.mx/revista/82/rev_digital82.pdf

4 Consultado en: Chávez Lara, Gustavo. (2016)Distribución Urbana.16. México

http://www.antp.org.mx/revista/82/rev_digital82.pdf

5 “TomTom Traffic Index. Measuring Congestion Word Wide”, en TomTom, s/f, consultado el 22 de junio de 2016,

https://www.tomtom.com/es_mx/trafficindex/list.

6 Consultado en: http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2014-2015/rankings/

7 Consultado en:

http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2014-2 015/economies/#indexId=GCI&economy=MEX

8 Consultado en:

http://www3.weforum.org/docs/GCR2014-15/MEX.pdf

9 Información obtenida por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

10 Información obtenida por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Es un ejercicio piloto para la “Reducción de Emisiones de Empleados de SEMARNAT, mediante la disminución de demandas de viajes en SEMARNAT”

11 Consulta en: http://documents.mx/download/link/propuesta-trabajo-flexible-resumen-ejecutivo- la-implementacion-de-tu. 08 de noviembre de 2016

12 Consúltese:

http://www.urrea.com/home/urrea-noticias-detalle.php?detalle=31

13 http://www.gt.computrabajo.com/ofertas-de-trabajo/oferta-de-trabajo-de-banquero -persona-experto-en-guatemala-ciudad-AEF813A586EE490F y

http://www.estrategiaynegocios.net/empresasymanagement/lanzamie ntos/894039-330/banco-gt-continental-mantiene-su-programa-de-inserci%C3%B3n-lab oral

14 Consúltese

https://www.microsoft.com/spain/prensa/noticia.aspx?infoid=/201 1/06/n014-microsoft-dia-oficina-casa

15 Consúltese Condiciones Generales de Trabajo del Gobierno del Distrito Federal

16 http://www.wipo.int/wipolex/es/profile.jsp?code=NL,

https://labourrights.vrijebond.org/2014/12/04/derechos-laborale s-en-los-paises-bajos-version-larga/

17 http://uk.bm.dk

https://www.nyidanmark.dk/en-us/coming_to_dk/work/work.htm

http://spanien.um.dk/es/conoce-dinamarca/informacion-sobre-dina marca/politica/flexiguridad-educacion-y-el-estado-de-bienestar-en-dinamarca

18 http://www.noruega.org.mx/

19 http://www.mexiko.diplo.de/

http://moncat.gencat.cat/es/alemanya/informacio-sobre-tramits/i nformacio-laboral-basica/jornada-vacances-i-permisos

20 http://www.infosuiza.com/condiciones-laborales-en-suiza/

21 http://www.portaloceania.com/au-work-law-esp.htm

22 Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, 2016, En Contexto, Horarios escalonados en la Ciudad de México: de la viabilidad a la necesidad.

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 25 de enero de 2017.— Diputado Jesús Sesma Suárez (rúbrica).»

Se turna a la Comisiones Unidas de Gobernación, y de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de la Cámara de Diputados.

LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2017

«Iniciativa que adiciona el artículo 27 de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2017, a cargo de la diputada María Candelaria Ochoa Avalos, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Quien suscribe, María Candelaria Ochoa Avalos, diputada federal de la LXIII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta asamblea, iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 27 de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2017 , al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El desarrollo de las sociedades modernas no puede ser entendido sin el uso de combustibles.

Uno de los más importantes es el gas, tanto licuado de petróleo (LP) como natural. De éste dependen actividades como la industria, la movilidad, la electricidad, y una gran cantidad de actividades domésticas.

Por ello, el tener gas a precios acordes a las condiciones económicas de la nación es un imperativo de desarrollo.

Esto cobra mayor importancia considerando la importancia que tiene para el uso doméstico y en ese sentido para el bolsillo de las familias mexicanas.

El mercado de gas sigue siendo dominado por el licuado de petróleo, el cual tiene una participación de aproximadamente el 80 por ciento del mercado, principalmente el doméstico, mientras que el de gas natural tiene una participación del 20 por ciento restante.

Esta diferencia se debe principalmente a la diferencia en la infraestructura de distribución, pues en el caso del gas LP se realiza mediante cilindros, pipas surtidoras a tanques estacionarios y en terminales de distribución para automotores, mientras que el gas natural se distribuye a través de tubería fija conectada al consumidor final, lo que implica una mayor inversión en instalación y por tanto su penetración ha sido menor.

Por ello el comportamiento del mercado del gas LP tiene una mayor afectación a las finanzas de las familias mexicanas.

México cuenta con 2 mil 789 estaciones de gas LP para carburación que atienden a 221 mil vehículos; además es utilizado por 80 por ciento de la población a nivel nacional para satisfacer sus necesidades energéticas, es decir 7 de cada 10 hogares (cerca de 20 millones de casas) utilizan gas LP, lo que permite un consumo de 64 kilogramos per cápita, esto convierte a México en uno de los primeros lugares en el mundo como consumidor doméstico de gas LP.

El gasto promedio mensual en el combustible es de más de un 5 por ciento del ingreso familiar. Tomando los datos de 2016, el precio del kilogramo de gas licuado de petróleo fue a final de año de 13.08 pesos y el salario mínimo se estableció en 73.04 pesos al día. Con estos datos, tenemos que el precio del gas LP corresponde al 17.9 por ciento del salario mínimo diario.

Ahora bien, comparando el aumento al precio del gas en inicio de 2017 que ha fluctuado entre el 15 y el 30 por ciento de incremento con respecto a 2016, contra el incremento realizado al salario mínimo de este año, que fue de 3.4 por ciento, la desproporción es evidente en contra del ingreso de las familias.

El aumento en el gas impacta nos sólo a las familias, también a la cadena de valor de la industria pues muchas máquinas y procesos productivos dependen de él. En particular, el sector servicios es uno de los principales usuarios de gas LP, pues el 60 por ciento de las empresas del sector lo utilizan como insumo.

Éste impacto se suma al que está teniendo el aumento en el precio de la gasolina y sin duda se verán reflejados en los precios de los productos de consumo, principalmente los de la canasta básica.

Por ello, se requiere establecer controles sobre el precio del gas LP en función del salario mínimo vigente en el país, a fin de proteger las finanzas de las familias mexicanas y a las cadenas de valor.

Actualmente existe la posibilidad de establecer controles de precios en el mercado de gas LP si las condiciones de competencia de este mercado no son óptimas, sin embargo esta consideración es insuficiente, pues debido al impacto que este combustible tiene en los hogares mexicanos y en la cadena de valor nacional, principalmente de los servicios, se requiere también poder establecer controles de precios en caso de amenazar la economía de las familias.

De no hacerlo así, existe la posibilidad de que el aumento de este energético disminuye el ritmo y dinámica económica del país, pues disminuiría la demanda de productos básicos, aumentaría los precios de los productos y servicios y en casos extremos podrían presionar a la pequeñas y medianas empresas hacia el cierre, lo que redundaría en pérdidas de empleos, aunque sea de manera temporal.

Por ello, proponemos el siguiente proyecto de

Decreto

Artículo Único: Se adiciona un segundo párrafo al artículo 27 de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2017, para quedar como sigue:

Artículo 27. ...

La Comisión Reguladora de Energía podrá establecer la regulación de precios máximos sobre gas licuado de petróleo cuando el precio del energético ponga en riesgo manifiesto la economía familiar o cuando la proporción del precio kg del energético sea superior al 20 por ciento del salario mínimo vigente

Transitorio

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 http://eleconomista.com.mx/industrias/2016/08/23/mercado-gas-lp-vale-us8000-mil lones

2 http://cidac.org/wp-content/uploads/2015/08/EsPosible-gas-lp-ago7.pdf

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de enero de 2017.— Diputada María Candelaria Ochoa Avalos (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, de la Cámara de Diputados.

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

«Iniciativa que reforma y adiciona los artículos 73, 89 y 129 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por el senador Manuel Cárdenas Fonseca

El suscrito, Manuel Cárdenas Fonseca, senador de la república sin filiación partidista en la LXIII Legislatura, en ejercicio de la facultad que confieren los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 8o., párrafo 1, fracción I, 164, numerales 1 y 2, 169, numerales 1 y 4, y 172, numerales 1 y 2, del Reglamento del Senado de la República, y demás disposiciones aplicables, somete a consideración de esta asamblea iniciativa con proyecto de decreto por el cual se adiciona la fracción XXIX-X al artículo 73, se reforma la fracción VI del artículo 89 y se reforma y adiciona el artículo 129 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el propósito de definir el concepto y los alcances de la seguridad interior, facultar al Congreso de la Unión para legislar en la materia y delimitar la participación extraordinaria de las Fuerzas Armadas en estas tareas.

Exposición de Motivos

La seguridad es una de las principales preocupaciones en los Estados nacionales. Pero su concepto y sus diferentes modalidades varían de país en país y también con el paso del tiempo y el surgimiento de nuevas amenazas de diferente índole para las naciones. En ese sentido el concepto de seguridad no es algo universal y permanente, sino que responde y las condiciones específicas y necesidades de cada país.

En un sentido amplio, la seguridad implica la ausencia de peligro o riesgo, pero en un sentido estricto más estricto estos riesgos se expresan en cuál es su origen y hacia quiénes van dirigidos. Si las amenazas son exteriores y ponen en riesgo el Estado, si provienen del interior y van dirigidas a las instituciones del Estado o si ponen en riesgo la seguridad de los individuos.

Por eso hoy se habla de seguridad nacional, seguridad pública, seguridad interior, seguridad humana, seguridad democrática, seguridad ambiental y seguridad alimentaria, entre otros.

En última instancia y más allá de cómo interprete cada país sus conceptos de seguridad, está la preocupación de las instituciones que participan en estas tareas y de las garantías que existan de absoluto respeto a los derechos de las personas protegidos en sus leyes. La preocupación es que la búsqueda de la seguridad se dé con apego a la ley y que no se convierta en pretexto para violentar garantías de las personas.

En México, la creciente participación, en las últimas décadas, de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad que se consideran no corresponden a su naturaleza, ni a las atribuciones que le confiere la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano, ha abierto un amplio debate sobre la creación de un marco jurídico que regule su participación en las tareas de seguridad del país.

Pero la realidad es que el marco jurídico para la participación de las Fuerzas Armadas ya está determinado en diversos artículos de la CPEUM, como el 13, el 16, el 29, el 89 fracción VI y el 129. Lo que realmente ha dado pie a confusiones e interpretaciones diversas es la falta de definición de los conceptos de seguridad que se establecen en la propia Carta Magna y de las instituciones que deben participar en cada una de ellas: seguridad nacional, seguridad pública y seguridad interior.

Esto ha hecho que en la realidad México viva en un estado de excepción en donde la Defensa, la Armada y la Fuerza Aérea participan en funciones de seguridad pública y sustituyen en sus labores (que no auxilian) a los cuerpos policiacos de los tres órdenes de gobierno, sin que hayan sido declarados los estados de excepción consagrados en el artículo 29 constitucional.

Ante una legalidad confusa prevalece una realidad fundada en la discrecionalidad y la interpretación y no en la certeza jurídica y el estado de derecho, ni para los ciudadanos ni para las instituciones participantes.

Coincido con que debemos regular el marco de actuación de las Fuerzas Armadas en tiempos de paz, pero antes, es necesario dar claridad y rumbo a los conceptos de seguridad que operan en nuestro país y que hoy son sujeto a diferentes y a veces contradictorias interpretaciones entre estudiosos y aún en leyes secundarias, reglamentos, planes nacionales y en resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Seguridad pública

Ciertamente, el artículo 21 constitucional da una definición precisa de la seguridad pública en México, de sus alcances, de las autoridades responsables y de sus formas de coordinación y del carácter civil que la acompaña:

Artículo 21. Seguridad pública. La seguridad pública es una función a cargo de la federación, el Distrito Federal, los estados y los municipios, que comprende la prevención de los delitos; la investigación y persecución para hacerla efectiva, así como la sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las respectivas competencias que esta Constitución señala. La actuación de las instituciones de seguridad pública se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en esta Constitución.

Las instituciones de seguridad pública serán de carácter civil, disciplinado y profesional.El Ministerio Público y las instituciones policiales de los tres órdenes de gobierno deberán coordinarse entre sí para cumplir los objetivos de la seguridad pública y conformarán el Sistema Nacional de Seguridad Pública, que estará sujeto a las siguientes bases mínimas...

Los mismos preceptos se repiten en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública (LGSSP):

Artículo 2.La seguridad pública es una función a cargo de la federación, el Distrito Federal, los estados y los municipios, que tiene como fines salvaguardar la integridad y derechos de las personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz públicos y comprende la prevención especial y general de los delitos, la investigación para hacerla efectiva, la sanción de las infracciones administrativas, así como la investigación y la persecución de los delitos y la reinserción social del individuo, en términos de esta ley, en las respectivas competencias establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El Estado desarrollará políticas en materia de prevención social del delito con carácter integral, sobre las causas que generan la comisión de delitos y conductas antisociales, así como programas y acciones para fomentar en la sociedad valores culturales y cívicos, que induzcan el respeto a la legalidad y a la protección de las víctimas.

Artículo 6. Las instituciones de seguridad pública serán de carácter civil, disciplinado y profesional, su actuación se regirá además, por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, honradez, y respeto a los derechos humanos reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Deberán fomentar la participación ciudadana y rendir cuentas en términos de ley.

Estas disposiciones legales nos dejan claro que la seguridad pública en México corresponde solamente a las autoridades de naturaleza civil y no a autoridades militares. Esto es así no solamente porque está expresamente consignado en el artículo 21 constitucional, sino porque las labores de prevención, persecución, investigación y sanción de delitos, así como de faltas administrativas son competencia de los ministerios públicos y de las policías y no de las Fuerzas Armadas.

La CPEUM de igual forma faculta al Congreso de la Unión en el artículo 73, fracción XXIII, “para expedir leyes que establezcan las bases de coordinación entre la federación, el Distrito Federal, los estados y los municipios, así como para establecer y organizar a las instituciones de seguridad pública en materia federal, de conformidad con lo establecido en el artículo 21 de esta Constitución”. De esa forma se establecen controles y contrapesos de poderes en los alcances de la materia y en la integración de los cuerpos de seguridad públicos, que para efectos de la ley deben ser civiles.

En resumen, la seguridad pública de trata de una responsabilidad del Estado compartida por la federación, los estados y los municipios; las autoridades que participan son de naturaleza civil y su objetivo salvaguardar y proteger los derechos de las personas, así como preservar las libertades, orden y paz públicos. El individuo es el sujeto principal de la seguridad pública, por lo que busca resolver problemas entre quienes conforman la sociedad, a través de la impartición de justicia.

Seguridad nacional

La seguridad nacional se encuentra referida en el texto constitucional en diversos artículos, como el 89, fracción VI, que señala como facultad del Presidente de México para preservar; y el 73, fracción XXIX-M, que faculta al Congreso de la Unión para legislar en la materia:

Artículo 89. VI.Preservar la seguridad nacional, en los términos de la ley respectiva, y disponer de la totalidad de la Fuerza Armada permanente o sea del Ejército, de la Armada y de la Fuerza Aérea para la seguridad interior y defensa exterior de la federación.

Artículo 73. XXIX-M.Para expedir leyes en materia de seguridad nacional, estableciendo los requisitos y límites a las investigaciones correspondientes.

Pero la definición del concepto mexicano de seguridad nacional no está dada en el texto constitucional, sino en la Ley de Seguridad Nacional (LSN), de 2005:

Artículo 2. Corresponde al titular del Ejecutivo federal la determinación de la política en la materia y dictar los lineamientos que permitan articular las acciones de las dependencias que integran el Consejo de Seguridad Nacional.

Artículo 3. Para efectos de esta ley, por seguridad nacionalse entienden las acciones destinadas de manera inmediata y directa a mantener la integridad, estabilidad y permanencia del Estado Mexicano, que conlleven a

I. La protección de la nación mexicana frente a las amenazas y riesgos que enfrente nuestro país;

II. La preservación de la soberanía e independencia nacionales y la defensa del territorio;

III. El mantenimiento del orden constitucional y el fortalecimiento de las instituciones democráticas de gobierno;

IV. El mantenimiento de la unidad de las partes integrantes de la Federación señaladas en el artículo 43 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

V. La defensa legítima del Estado Mexicano respecto de otros Estados o sujetos de derecho internacional; y

VI. La preservación de la democracia, fundada en el desarrollo económico social y político del país y sus habitantes.

Artículo 5. Para los efectos de la presente ley, son amenazas a la seguridad nacional

I. Actos tendentes a consumar espionaje, sabotaje, terrorismo, rebelión, traición a la patria, genocidio, en contra de los Estados Unidos Mexicanos dentro del territorio nacional;

II. Actos de interferencia extranjera en los asuntos nacionales que puedan implicar una afectación al Estado mexicano;

III. Actos que impidan a las autoridades actuar contra la delincuencia organizada;

IV. Actos tendentes a quebrantar la unidad de las partes integrantes de la federación, señaladas en el artículo 43 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

V. Actos tendentes a obstaculizar o bloquear operaciones militares o navales contra la delincuencia organizada;

VI. Actos en contra de la seguridad de la aviación;

VII. Actos que atenten en contra del personal diplomático;

VIII. Todo acto tendente a consumar el tráfico ilegal de materiales nucleares, de armas químicas, biológicas y convencionales de destrucción masiva;

IX. Actos ilícitos en contra de la navegación marítima;

X. Todo acto de financiamiento de acciones y organizaciones terroristas;

XI. Actos tendentes a obstaculizar o bloquear actividades de inteligencia o contrainteligencia; y

XII. Actos tendentes a destruir o inhabilitar la infraestructura de carácter estratégico o indispensable para la provisión de bienes o servicios públicos.

Así, la seguridad nacional tiene un enfoque distinto a la de la seguridad pública. Se entiende como una facultad del Ejecutivo federal (no participan directamente otros órdenes de gobierno), su objetivo es mantener la integridad, estabilidad y permanencia del Estado mexicano (que no del gobierno) y son varias instituciones las que participan en un Consejo de Seguridad Nacional entre las que se encuentran la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de Gobernación (Segob) y el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), pero no participan los gobiernos subnacionales. El objetivo primordial de la seguridad nacional es el Estado no el individuo.

Resulta contrastante el artículo 5 de la LSN, que incorpora como parte de las amenazas a la seguridad nacional algunos aspectos que están más bien vinculados a la seguridad interior como la delincuencia organizada. En este sentido, tal parece que se interpreta a la seguridad interior como una especie de seguridad nacional y que por lo tanto es facultad del titular del Ejecutivo Federal y hace susceptible la participación de las Fuerzas Armadas en esas labores de acuerdo con la fracción VI del artículo 89 constitucional.

Esta posición se refuerza en el contenido del Programa para la Seguridad Nacional 2014- 2018, donde claramente se expresa: “Conforme a la visión del Ejecutivo federal, la política de seguridad nacional es multidimensional en la medida en que presta atención integral a las vulnerabilidades, los riesgos y las amenazas que impactan directamente sobre el desarrollo del Estado mexicano y la calidad de vida de su población, estableciendo un vínculo entre la seguridad, la defensa y el desarrollo en tres vertientes: humana, político-militar y económico-ambiental”.

Este programa, conforme a la visión multidimensional de la seguridad nacional y aprovechando los vacíos legales, incorpora a la seguridad interior como parte de la seguridad nacional y va más allá al reclasificar delitos y pasarlos de la seguridad pública a una seguridad interior cuya definición no existe legalmente en México: “la actuación del crimen organizado en ciertas regiones de nuestro país dejó de ser un fenómeno vinculado con el mantenimiento de la seguridad pública, para convertirse en un tema de seguridad interior. Esta circunstancia demandó la intervención decidida del gobierno de la república en los estados y municipios donde la población y las instituciones de seguridad pública locales corrían el riesgo de quedar a merced de los actores armados vinculados con el crimen organizado.

Este programa resulta aún más preocupante cuando hace extensivo su concepto de seguridad interior a otras amenazas que son parte de la seguridad pública como los homicidios. Asimismo, incurre en contradicciones ya que por un lado señala que: “La seguridad interior y la seguridad pública se encuentran ampliamente interrelacionadas y exigen un uso diferenciado del poder del Estado. En el primer caso, para hacer frente a riesgos y amenazas que vulneran el orden constitucional y sus instituciones fundamentales; en el segundo, para velar por la observancia del estado de derecho y la seguridad de los ciudadanos y sus bienes.” Y, por otro lado, define como seguridad interior la “condición que proporciona el Estado mexicano para salvaguardar la seguridad de sus ciudadanos y el desarrollo nacional mediante el mantenimiento del Estado de Derecho y la gobernabilidad democrática en todo el territorio nacional”.

El programa insiste en la necesidad de que las Fuerzas Armadas participen en tareas de seguridad pública y seguridad interior: “Nuestras Fuerzas Armadas poseen características que hacen necesaria e indispensable su participación en las operaciones para reducir la violencia y garantizar la paz social en regiones específicas del país”.

Con estos criterios se ampliaría el riesgo de seguir utilizando a las Fuerzas Armadas en tareas que hasta hoy no tienen conferidas legalmente, amparados en la interpretación de la fracción VI del artículo 89 constitucional que permite al Presidente de la República, sin ningún contrapeso ni freno, hacer uso de las Fuerzas Armadas para la defensa exterior y la seguridad interior del país.

Sin embargo, parece ser que la Suprema Corte de Justicia al resolver sobre la constitucionalidad de la participación de las Fuerzas Armadas en la seguridad pública, adoptó un criterio distinto a los de los programas de gobierno, ya que vio a la seguridad interior como parte de la seguridad pública, al resolver que la fracción VI del artículo 89 constitucional facultaba al presidente para hacer uso de las Fuerzas Armadas en la seguridad interior sin necesidad de suspensión de garantías.

Ejército, Armada y Fuerza Aérea. Su participación en auxilio de las autoridades civiles es constitucional (interpretación del artículo 129 de la Constitución). La interpretación histórica, armónica y lógica del artículo 129 constitucional, autoriza considerar que las Fuerzas Armadas pueden actuar en auxilio de las autoridades civiles, cuando éstas soliciten el apoyo de la fuerza con la que disponen. Por esta razón, el instituto armado está constitucionalmente facultado para actuar en materias de seguridad pública en auxilio de las autoridades competentes y la participación en el Consejo Nacional de Seguridad Pública de los titulares de las Secretarías de la Defensa Nacional y de Marina, quienes por disposición de los artículos 29, fracción I, y 30, fracción I, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, tienen a su mando al Ejército, Armada y Fuerza Aérea, no atenta contra el numeral señalado del código supremo. Además, la fracción VI del artículo 89 constitucional faculta al presidente de la República a disponer de dichas fuerzas para la seguridad interior. Por estas razones, no es indispensable la declaratoria de suspensión de garantías individuales, prevista para situaciones extremas en el artículo 29 constitucional, para que el Ejército, Armada y Fuerza Aérea intervengan, ya que la realidad puede generar un sinnúmero de situaciones que no justifiquen el estado de emergencia, pero que ante el peligro de que se agudicen, sea necesario disponer de la fuerza con que cuenta el Estado mexicano sujetándose a las disposiciones constitucionales y legales aplicables.

Ejército, Fuerza Aérea y Armada. Si bien pueden participar en acciones civiles en favor de la seguridad pública, en situaciones en que no se requiera suspender las garantías, ello debe obedecer a la solicitud expresa de las autoridades civiles a las que deberán estar sujetos, con estricto acatamiento a la Constitución y a las leyes. Del estudio relacionado de los artículos 16, 29, 89, fracción VI, y 129, de la Constitución, así como de los antecedentes de este último dispositivo, se deduce que al utilizarse la expresión “disciplina militar” no se pretendió determinar que las fuerzas militares sólo pudieran actuar, en tiempos de paz, dentro de sus cuarteles y en tiempos de guerra, perturbación grave de la paz pública o de cualquier situación que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto, fuera de ellos, realizando acciones para superar la situación de emergencia, en los términos de la ley que al efecto se emita. Es constitucionalmente posible que el Ejército, Fuerza Aérea y Armada en tiempos en que no se haya decretado suspensión de garantías, puedan actuar en apoyo de las autoridades civiles en tareas diversas de seguridad pública. Pero ello, de ningún modo pueden hacerlo “por sí y ante sí”, sino que es imprescindible que lo realicen a solicitud expresa, fundada y motivada, de las autoridades civiles y de que en sus labores de apoyo se encuentren subordinados a ellas y, de modo fundamental, al orden jurídico previsto en la Constitución, en las leyes que de ella emanen y en los tratados que estén de acuerdo con la misma, atento a lo previsto en su artículo 133.

Seguridad pública. Su realización presupone el respeto al derecho y en especial de las garantías individuales. Del análisis sistemático de los artículos 16, 21, 29, 89, fracción VI, 129 y 133, de la Constitución, así como 2o., 3o., 5o., 9o., 10, 13 y 15, de la Ley General que establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública; 1o., 2o., 3o., 10 y 11, de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, y 1o., 2o., 9o. y 10, de la Ley Orgánica de la Armada de México, se deduce que el Estado mexicano, a través de sus tres niveles de gobierno y de todas las autoridades que tengan atribuciones relacionadas, directa o indirectamente, con la seguridad pública, deben coadyuvar a lograr los objetivos de ésta, traducidos en libertad, orden y paz pública, como condiciones imprescindibles para gozar de las garantías que la Constitución reconoce a los gobernados. El examen de los diferentes preceptos citados, con los demás elementos que permiten fijar su alcance, lleva a concluir que, jurídicamente, los conceptos de garantías individuales y seguridad pública no sólo no se oponen sino se condicionan recíprocamente. No tendría razón de ser la seguridad pública si no se buscara con ella crear condiciones adecuadas para que los gobernados gocen de sus garantías; de ahí que el Constituyente originario y el poder reformador de la Constitución, hayan dado las bases para que equilibradamente y siempre en el estricto marco del derecho se puedan prevenir, remediar y eliminar o, al menos disminuir, significativamente, situaciones de violencia que como hechos notorios se ejercen en contra de las personas en su vida, libertad, posesiones, propiedades y derechos. Por ello sería inadmisible en el contexto jurídico constitucional interpretar la seguridad pública como posibilidad de afectar a los individuos en sus garantías, lo que daría lugar a acudir a los medios de defensa que la propia Constitución prevé para corregir esas desviaciones. Consecuentemente, por el bien de la comunidad a la que se debe otorgar la seguridad pública, debe concluirse que resulta inadmisible constitucionalmente un criterio que propicie la proliferación y fortalecimiento de fenómenos que atenten gravemente contra los integrantes del cuerpo social, así como de cualquier otro que favoreciera la arbitrariedad de los órganos del Estado que, so pretexto de la seguridad pública, pudieran vulnerar las garantías individuales consagradas en el código supremo. Por tanto, debe establecerse el equilibrio entre ambos objetivos: defensa plena de las garantías individuales y seguridad pública al servicio de aquéllas. Ello implica el rechazo a interpretaciones ajenas al estudio integral del texto constitucional que se traduzca en mayor inseguridad para los gobernados o en multiplicación de las arbitrariedades de los gobernantes, en detrimento de la esfera de derecho de los gobernados.

De estas tesis se desprende que, a diferencia de los programas de gobierno, la SCJN consideró a la seguridad interior como una suerte de seguridad pública, si hubieran considerado a la seguridad interior como parte de la seguridad nacional, seguramente la resolución hubiese sido que como es facultad del titular del Ejecutivo federal esa materia y como puede hacer uso de las Fuerzas Armadas, no sería inconstitucional.

Pese a eso y a que consideró que la falta de definición del concepto de seguridad interior llevó a la SCJN a emitir esa jurisprudencia, creo que esta resolución generó un problema mayor para nuestro país en varios sentidos:

Primero, dejó con mayor incertidumbre jurídica sobre la participación de las Fuerzas Armadas en tareas no sólo de seguridad interior sino también de seguridad pública.

Segundo, la interpretación del artículo 129 constitucional contraviene lo que de manera precisa y explícita establece el artículo 21 de la misma Carta Magna, en relación a que la seguridad pública es una función de los tres órdenes de gobierno llevada a cabo por instituciones civiles. Conforme a esta premisa, se rompería con el carácter civil de la seguridad pública y se podría afectar la participación de los tres órdenes de gobierno al imponerse, a través de las Fuerzas Armadas, uno de ellos.

Tercero, la jurisprudencia genera un estado de excepción permanente en el país, sin controles ni sin frenos. La facultad del presidente de disponer de las Fuerzas Armadas para la seguridad interior, es la única que no está sujeta al control legislativa y puede ser usada, como lo ha venido siendo en la historia del país, de manera discrecional para combatir cualquier movimiento o actividad que moleste al gobierno y sin tener que suspender garantías.

De hecho, se ha documentado el uso de las Fuerzas Armadas en distintos periodos presidenciales, para finalizar huelgas o someter movimientos sociales y sin declarar suspensión de garantías. Curiosamente, la suspensión de garantías consignada en el artículo 29 constitucional, sólo ha sido utilizada dos veces desde la promulgación de la constitución en 1917. Como ha señalado Jorge Luis Sierra:

El uso primordial del Ejército lo reducía a ser el último recurso para combatir crisis políticas y sociales que, a los ojos del gobierno, amenazaban la seguridad interna del país. Este desarrollo del sistema político mexicano fortaleció el control del Ejecutivo federal sobre las Fuerzas Armadas pero debilitó en cambio los mecanismos de control legislativo.

Cuarto. La jurisprudencia ha contribuido al desmantelamiento de policías locales y municipales que han sido sustituidas por las Fuerzas Armadas y por tiempo indefinido, como en el caso de Tamaulipas, Veracruz y otros estados. Aunque la jurisprudencia establece que las Fuerzas Armadas actuarán como auxiliares de las autoridades civiles competentes y a petición expreso, los hechos nos muestran que esto no ha sucedió de esta manera y que las Fuerzas Armadas no han actuado bajo el mando de autoridades civiles locales, si más bien las ha sustituido en sus tareas y sin tener plazos de término.

Esta facultad conferida al presidente de México en la fracción VI del artículo 89 constitucional y la interpretación que se ha dado de él, ha permitido que no se haga uso del artículo 29 constitucional sobre suspensión de garantías (que tiene controles) y se utilice de manera discrecional para intervenir sin restricciones en seguridad interior, en seguridad pública y en cualquier materia que le interese al gobierno en turno.

En estricto sentido, la CPEUM señala de tres tipos de seguridad en el país, que, si bien se encuentran vinculadas, son diferentes entre sí, responden a dinámicas distintas, persiguen propósitos distintos y cuentan con autoridades responsables específicas. Si esto no fuera así, no habría certidumbre jurídica para los habitantes del país.

En México, la seguridad nacional es de competencia federal y tiene como propósito fundamental la protección del Estado y sus instituciones. En diversas leyes y documentos oficiales se extiende la cobertura de la seguridad nacional a los temas de seguridad interior y aun a los de seguridad pública. Esto ha dado lugar a debates e interpretaciones sobre los límites legales de la participación de las Fuerzas Armadas en la seguridad.

Seguridad Interior

Aunque la seguridad interior está presente en la CPEUM sólo se encuentra enunciada en la fracción VI del artículo 89 que faculta al titular del Ejecutivo federal para “disponer de la totalidad de la Fuerza Armada permanente o sea del Ejército, de la Armada y de la Fuerza Aérea para la seguridad interior”. Por lo tanto, no se cuenta con una definición del concepto de seguridad interior, ni existe facultad del Congreso de la Unión para legislar en la materia.

Esa facultad establecida en el artículo 89 constitucional ha estado presente en las constitucionales nacionales desde la de 1824 y se ha repetido de manera textual hasta la de 1917. Esto es entendible tomando en cuenta que México se abría a la vida independiente y durante prácticamente todo el siglo XIX y principios del XX estuvo convulsionado por movimientos internos y por invasiones del exterior.

La seguridad interior era entendida como la posibilidad de que el presidente del país usara las Fuerzas Armadas para combatir asonadas, golpes de estado y movimientos contra el Estado o sus instituciones.

En el mundo actual, los Estados tienen que responder a amenazas inéditas hasta hace pocos años, y que obligan a cambiar tanto los conceptos que se tienen de seguridad como las formas de operación. La aparición y el crecimiento de fenómenos como el crimen organizado, el terrorismo, lo delitos cibernéticos, así como los desastres naturales, que tienen gran efecto local y que influyen en la seguridad pública y en la seguridad nacional, han hecho necesario plantearse a fondo el concepto de seguridad interior.

Si bien algunos países como los miembros de la Unión Europea han avanzado hacia una política de seguridad integral, mantienen la identificación de las materias que corresponden a cada tipo de seguridad y privilegian la participación civil en sus operaciones. En particular, la Estrategia de Seguridad Interior de la Unión Europea establece cinco objetivos estratégicos con acciones específicas que buscar superar los más urgentes retos que enfrentan y estos son: desarticular las redes de la delincuencia organizada, prevenir y combatir el terrorismo, aumentar los niveles de los ciudadano y las empresas en el ciberespacio; reforzar seguridad a través de gestión de fronteras y atención de crisis y catástrofes naturales.

Otros países, como Argentina, han conceptualizado la noción de seguridad interior conjuntándola con la de seguridad pública. Por ello, la Ley de Seguridad Interior de Argentina señala en el artículo 2o.: “A los fines de la presente ley se define como seguridad interior a la situación de hecho basada en el derecho en la cual se encuentran resguardadas la libertad, la vida y el patrimonio de los habitantes, sus derechos y garantías y la plena vigencia de las instituciones del sistema representativo, republicano y federal que establece la Constitución nacional”.

Esta ley también considera la participación de las Fuerzas Armadas en las tareas de seguridad interior, pero sólo en casos excepcionales y una vez declarado el estado de sitio, es decir, es un estado de excepción como establece el artículo 29 constitucional de México.

Artículo 31. Sin perjuicio del apoyo establecido en el artículo 27, las Fuerzas Armadas serán empleadas en el restablecimiento de la seguridad interior dentro del territorio nacional, en aquellos casos excepcionales en que el sistema de seguridad interior descrito en esta ley resulte insuficiente a criterio del presidente de la nación para el cumplimiento de los objetivos establecidos en el artículo 2o.

Artículo 32. A los efectos del artículo anterior el presidente de la nación, en uso de las atribuciones contenidas en el artículo 86, inciso 17, de la Constitución nacional, dispondrá el empleo de elementos de combate de las Fuerzas Armadas para el restablecimiento de la normal situación de seguridad interior, previa declaración del estado de sitio.

En México son pocas las referencias legales a la seguridad interior, y como hemos señalado algunas la identifican como seguridad nacional y otras como seguridad pública. La principal referencia al respecto se encuentra en el Código de Justicia Militar que contiene el título séptimo. “Delitos contra la seguridad interior de la nación”,entre los que considera la rebelión y la sedición.

También la referencia a la seguridad interior se encuentra la fracción II del artículo 1 de la Ley Orgánica del Ejército y la Fuerza Aérea Mexicanos se establece como una de sus misiones “garantizar la seguridad interior”, al igual que en el artículo 1 de la Ley Orgánica de la Armada de México que señala: “La Armada de México es una institución militar nacional, de carácter permanente, cuya misión es emplear el poder naval de la Federación para la defensa exterior y coadyuvar en la seguridad interior del país; en los términos que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las leyes que de ella derivan y los tratados internacionales,” Sin embargo, no existe en México ninguna disposición legal que establezca lo que es la seguridad interior y la forma en que las Fuerzas Armadas podrían participar en estas tareas para cumplir sus objetivos.

Pero el Programa para la Seguridad Nacional 2014-218 se aventura a dar una definición de seguridad interior vinculándola directamente al concepto de seguridad nacional, pero sin determinar sus alcances, las materias que contiene y las autoridades responsables:

De este modo, la seguridad interior debe ser entendida como una función política que, al garantizar el orden constitucional y la gobernabilidad democrática, sienta las bases para el desarrollo económico, social y cultural de nuestro país, permitiendo así el mejoramiento de las condiciones de vida de su población.

El programa ve como eje de sus acciones a las Fuerzas Armadas: “Nuestras Fuerzas Armadas poseen características que hacen necesaria e indispensable su participación en las operaciones para reducir la violencia y garantizar la paz social en regiones específicas del país”.

Por el contrario de lo que manifiesta el Programa de Seguridad Nacional, yo consideró que México debe avanzar, como todas las naciones democráticas modernas, en la desmilitarización de los cuerpos de seguridad y regular de manera precisa la participación extraordinaria y por tiempo limitado de las Fuerzas Armadas en las tareas de seguridad. Las Fuerzas Armadas no deben ser el eje de las acciones de seguridad, sino una excepción que entre en operación cuando han sido superadas las fuerzas civiles de seguridad y que debe hacerlo por un tiempo limitado por la ley. En estas excepciones, distintas a las establecidas en el artículo 29 constitucional, deben actuar como coadyuvantes de las instituciones civiles y no como sustitutos y deben hacerlo por un tiempo determinado en la ley, nunca de manera permanente.

Se debe acabar con interpretaciones y ambigüedades definir claramente los límites y los alcances de la seguridad nacional, la seguridad interior y la seguridad pública. Es a partir de ahí, de resolver estas insuficiencias que dan lugar a múltiples interpretaciones, que nos podemos plantear el definir cuál es el papel de las Fuerzas Armadas en la seguridad.

Sobre el tema, Jorge Carrillo Olea ha señalado:

Legislar sin resolver antes la ambigüedad conceptual en que operan las Fuerzas Armadas puede ser nacionalmente peligroso, al no saberse a ciencia cierta qué tipo de tropas demanda el país ni cuál sería el alcance de su misión en el ámbito de la seguridad interior. El riesgo es hacer más rígido, irrevocable, su carácter actual de policía suplente. Ya no habría paso atrás; la función policiaca como responsabilidad civil se habría extinguido. Los gobernadores aplaudirían. Hacer leyes sin saber hacia dónde nos conducen al final sería un paso peligroso. La ambigüedad sobre las Fuerzas Armadas debe erradicarse. En el pasado esa indeterminación ha sido cómoda para los presidentes. Las han empleado en todo aquello que el poder civil es impotente o insuficiente: actividades de protección civil, perseguir guerrillas, reprimir violencia social, enfrentar al narco y ahora someter a la criminalidad general que nos ahoga. Los costos para ellas han sido enormes y seguirán creciendo.

Para mí, la CPEUM es muy clara y señala de tres tipos de seguridad en el país, que, si bien se encuentran vinculadas, son diferentes entre sí, responden a dinámicas distintas, persiguen propósitos distintos y cuentan con autoridades responsables específicas. Si esto no fuera así, no habría certidumbre jurídica para los habitantes del país.

La seguridad nacional se refiere a la defensa del Estado y sus instituciones (que no la de los gobiernos) y es responsabilidad del titular del Poder Ejecutivo Federal. La seguridad pública se refiere al mantenimiento de la paz, la ley y el orden público a través de la impartición de justicia, es responsabilidad de los tres órdenes de gobierno y sus instituciones son de carácter civil y profesional.

En cuanto a la seguridad interior, en donde no contamos con una definición legal, sino simplemente con un enunciado, debemos avanzar en la construcción de un concepto moderno que no la identifique con seguridad nacional(que daría lugar a una intervención permanente de la federación en las entidades federativas y al uso discrecional de facultades del ejecutivo federal) pero tampoco con seguridad pública (que restringiría la atención de problemas que su complejidad rebasen la capacidad de los cuerpos policiacos locales y municipales, y que podrían tener un impacto negativo sobre las instituciones del Estado y la población en general).

El concepto de seguridad interior debe mantener independencia frente a otros tipos de seguridad, pero también reconocer que comprende aspectos de seguridad nacional, y también se conforma de materias de seguridad pública vinculadas a delitos.

La seguridad interior debe ser vista como una función del Estado orientada a identificar, investigar, perseguir y sancionar riesgos y amenazas provenientes del interior del país, tales como delincuencia organizada, actividades terroristas, problemas migratorios y ataques cibernéticos, entre otros, que por las características que adquieran pongan en riesgo la seguridad de la población del país o de una zona específica, la sana convivencia democrática y las instituciones de cualquiera de los tres órdenes de gobierno. La seguridad interior estará a cargo del titular del Poder Ejecutivo federal, quien se coordinará con instituciones locales y municipales para la atención inmediata de amenazas. Los cuerpos encargados de la seguridad nacional serán prioritariamente civiles y, en casos de excepción y por tiempo limitado, las Fuerzas Armadas podrán participar de manera coadyuvante, en los términos que establezca la ley en la materia.

Las Fuerzas Armadas deben dedicarse a tareas distintas de las de la seguridad pública y la seguridad interior. Pero estoy claro que rebasa todas las ideas preconcebidas y nos obliga a actuar en lo inmediato. La realidad de México nos dice que tenemos cuerpos policiacos desarticulados en muchas partes del país, corrompidos, infiltrados y sin capacidad suficiente para enfrentar amenazas internas de gran calado. Nuestra realidad nos dice que nos tomará un tiempo reorganizar y restructurar a las policías en México y lograr que operen las reformas de mando mixto policial. Nuestra realidad nos dice, que con lo que contamos actualmente para enfrentar estas amenazas a la población y al estado de derecho, son las Fuerzas Armadas más allá de los resultados obtenidos en más de una década de su presencia en las calles.

Considero por ello que aprobar una definición clara de la seguridad interior, permitirá normar la participación de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad, implantar medidas para el fortalecimiento de las instituciones civiles de seguridad en los tres órdenes de gobierno y promover el regreso ordenado de las Fuerzas Armadas a los cuarteles.

De igual forma, al normarse el concepto de seguridad interior se podrán incluir temas que vayan surgiendo y que hoy no forman parte de la agenda de seguridad nacional y de seguridad pública.

Con la definición del concepto de seguridad interior, los gobiernos de las entidades federativas tendrán que asumir sin pretextos sus responsabilidades en materia de seguridad pública e implementar las medidas necesarias en la seguridad interior.

Pero esta definición de seguridad interior debe atender al menos a tres razones: primero a avanzar hacia la desmilitarización de los cuerpos de seguridad en el país; segundo fundarse en la cooperación interinstitucional y entre los tres niveles de gobierno aun cuando sea conducida por el Ejecutivo federal, y tercero, especificar que las materias que se incluyan no configuran ninguna de las tres hipótesis que prevé el artículo 29 constitucional a saber: invasión, perturbación grave de la paz pública o cualquier otro que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto.

Se debe dejar claro que la seguridad pública está a cargo de instituciones exclusivamente civiles como lo señala el artículo 21 constitucional.

Se debe basar en la cooperación interinstitucional y de los tres órdenes de gobierno, ya que aunque sea competencia federal, es en las entidades federativas donde se dan las amenazas y se pueden prevenir más fácilmente, garantiza un mejor flujo de información y compromete a las entidades federativas en el desarrollo de políticas locales de seguridad interior.

Es necesario también clarificar los límites de la seguridad interior para que no se confunda con los estados de excepción establecidos en el artículo 29 constitucional, particularmente en lo que se refiere a poner en grave peligro o conflicto a la sociedad.

Muchos estudiosos y organismos internacionales de derechos humanos consideran que la actuación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad sólo sería justificable si se decretara la suspensión de garantías, y eso daría mayor certidumbre jurídica a toda la sociedad porque se sabría qué derechos y garantías se suspenden en qué lugar y por cuanto tiempo. Quizás eso evitaría el uso discrecional que se da a la fracción VI del artículo 89 constitucional, que, si bien no suspende garantías, si puede ser usado con criterios nada transparentes.

El artículo 29 constitucional tan temido por los gobernantes y la sociedad, sigue aún sin ser reglamentado a pesar de que en 2007 como diputado federal presente una iniciativa al respecto y a pesar de que la reforma constitucional de 2011 en materia de derechos humanos estableció la obligación de expedir una ley en la materia. Estoy de acuerdo que el proyecto de ley reglamentaria es perfectible, pero considero que ya es hora que la Cámara de Diputados dictamine el proyecto aprobado por el Senado de la República y haga los cambios que considere pertinente.

Lo importante es salir de la indefinición que existe en México en materia de seguridad, que crea un claro distanciamiento entre lo que establecen las leyes y una realidad que se funda débilmente en los recovecos legales o lagunas jurídicas o en las lagunas legales. Más allá de las opiniones personales, debemos ser capaces de fortalecer el estado de derecho y crear normatividades en materia de seguridad que den certidumbre jurídica tanto a todos los ciudadanos como a las instituciones que participen.

Propuestas

Las propuestas de esta iniciativa con proyecto de decreto parten de cuatro consideraciones fundamentales:

1. México no cuenta con un concepto de seguridad interior que delimite las nuevas amenazas que debe enfrentar el país, que establezca autoridades responsables, mecanismos de operación y coordinación interinstitucional y de los niveles de gobierno. Un concepto de seguridad nacional que señale claramente los asuntos que serán materia de la seguridad interior y que limite la participación de las Fuerzas Armadas a casos excepcionales y por tiempo limitado y que sean distintos a los que requieren estados de excepción establecidos en el artículo 129 constitucional.

Con ese propósito se propone adicionar al artículo 129 constitucional con un segundo párrafo para definir a la seguridad interior como una función del Estado coordinada por el Ejecutivo federal, con la participación de los tres órdenes de gobierno que busca atender las amenazas a la seguridad que afecten al país, a sus instituciones y su población.

2. No hay facultad constitucional para que el Congreso de la Unión expida leyes en materia de seguridad interior.

Con ese propósito se pretende adicionar el artículo 73 constitucional con una nueva fracción XXIX-X, que faculte al poder legislativa para expedir la ley en la materia estableciendo sus alcances, autoridades responsables y los mecanismos de participación, de manera extraordinaria y temporal, de las Fuerzas Armadas en esta tarea.

En concordancia se propone un segundo transitorio para señalar que el Congreso de la Unión tendrá 180 días para expedir la Ley de Seguridad Interior, que deberá contener entre otros aspectos la organización del Consejo de Seguridad Interior, los mecanismos de coordinación interinstitucional y entre los tres órdenes de gobierno y un programa de retorno de las Fuerzas Armadas a sus cuarteles.

3. No hay limitación a la facultad del titular del ejecutivo federal de disponer de la totalidad de las Fuerzas Armadas para la seguridad interior del país. Eso da paso a un uso discrecional de la facultad y sin límites y de manera extraña no está sujeta a controles del legislativa, cuando si las hay para suspender garantías, para declarar la guerra y hasta para nombrar integrantes de las Fuerzas Armadas.

Con ese propósito se propone reformar la fracción VI del artículo 89 constitucional para establecer controles en la ley a las facultades del ejecutivo en materia de seguridad interior.

Desde 1998, en el foro legislativo Constitución y Fuerzas Armadas,realizado en la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo señalaba:

Se trata de definir con toda precisión el marco de actuación del ejército en tiempos de paz. No es posible que la fracción VI del artículo 89, que es empleada con una increíble laxitud, permita al poder civil, en cualquier momento y bajo cualquier circunstancia, emplear a las Fuerzas Armadas en actividades que no corresponden a su naturaleza.

Es absolutamente indispensable que el empleo que se ha hecho de las Fuerzas Armadas para operaciones contra el narcotráfico, para operaciones de seguridad interna, bajo distintas formas de control del territorio y la población, bajo las vías de las instituciones civiles, tenga una clara legislación constitucional.

4. No hay certidumbre jurídica en la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interior y seguridad pública. Su actuación se funda en una jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que contraviene el contenido del artículo 21 constitucional, derivado de la falta de definición de seguridad nacional, seguridad pública y seguridad interior.

Con este propósito se propone reformar el artículo 129 constitucional para establecer que las Fuerzas Armadas en tiempos de paz podrán participar de manera extraordinaria, por tiempo limitado y de acuerdo a lo que establezca la ley en la materia en tareas de seguridad interior, así como en labores de protección civil que ya se consideran en leyes secundarias.

Para mayor comprensión y para fines comparativos se presentan en cuadro las reformas planteadas respecto a diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:

Por todo lo expuesto, y con fundamento en las disposiciones invocadas en el proemio, someto a consideración de esta asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el cual se reforman y adicionan diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el propósito de definir el concepto y los alcances de la seguridad interior, facultar al Congreso de la Unión para legislar en la materia y delimitar la participación extraordinaria de las Fuerzas Armadas en estas tareas

Único. Se adiciona una fracción XXIX-X al artículo 73, se reforma la fracción VI del artículo 89, se reforma el primer párrafo y se adicionan dos párrafos al artículo 129 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 73. El Congreso tiene facultad

I. a XXIX-W (...)

XXIX-X. Para expedir leyes en materia de seguridad interior, estableciendo sus alcances, autoridades responsables y los mecanismos de participación, de manera extraordinaria y temporal, de las Fuerzas Armadas en esta tarea;

XXX. (...)

Artículo 89.Las facultades y obligaciones del presidente son las siguientes:

I. a V. (...)

VI. Preservar la seguridad nacional, en los términos de la ley respectiva, y disponer de la totalidad de la Fuerza Armada permanente o sea del Ejército, de la Armada y de la Fuerza Aérea para la seguridad interior y defensa exterior de la Federación , de acuerdo a las leyes en la materia.

VII. a XX. (...)

Artículo 129.En tiempo de paz, ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar ; las que realicen de manera temporal en auxilio de la población civil ante emergencias y desastres naturales y las que lleven a cabo de manera extraordinaria y por tiempo limitado para la seguridad interior del país, de acuerdo con lo que establezca la ley en la materia. Solamente habrá Comandancias Militares fijas y permanentes en los castillos, fortalezas y almacenes que dependan inmediatamente del Gobierno de la Unión; o en los campamentos, cuarteles o depósitos que, fuera de las poblaciones, estableciere para la estación de las tropas.

La seguridad interior es la función del Estado orientada a identificar, investigar, perseguir y sancionar riesgos y amenazas provenientes del interior del país, tales como delincuencia organizada, actividades terroristas, problemas migratorios y ataques cibernéticos, entre otros, que por sus características y los alcances que tengan, pongan en riesgo la seguridad de la población del país o de una zona específica, la sana convivencia democrática y las instituciones de cualquiera de los tres órdenes de gobierno.

La seguridad interior estará a cargo del titular del Poder Ejecutivo federal, quien se coordinará con instituciones locales y municipales para la atención inmediata de amenazas. Los cuerpos encargados de la seguridad nacional serán prioritariamente civiles y, en casos de excepción y por tiempo limitado, las Fuerzas Armadas podrán participar de manera coadyuvante, en los términos que establezca la ley en la materia.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.El Congreso de la Unión deberá expedir la Ley de Seguridad Interior a más tardar 180 días después de la publicación de este decreto en el Diario Oficial de la Federación. Esta ley deberá contener entre otros aspectos la organización del Consejo de Seguridad Interior, los mecanismos de coordinación interinstitucional y entre los tres órdenes de gobierno y un programa de retorno de las Fuerzas Armadas a sus cuarteles.

Notas

1 Acción de inconstitucionalidad 1/96. Leonel Godoy Rangel y otros, 5 de marzo de 1996. Once votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: Mercedes Rodarte Magdaleno. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XI, abril de 2000, tesis P./J. 38/2000, página 549.

2 Acción de inconstitucionalidad 1/96. Leonel Godoy Rangel y otros, 5 de marzo de 1996. Once votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: Mercedes Rodarte Magdaleno. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XI, abril de 2000, tesis P./J. 36/2000, página 552.

3 Acción de inconstitucionalidad 1/96. Leonel Godoy Rangel y otros, 5 de marzo de 1996. Once votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: Mercedes Rodarte Magdaleno. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XI, abril de 2000, tesis P./J., 35/2000, página 557.

4 Sierra Guzmán, Jorge Luis, y otros. El Ejército y la Constitución mexicana, México, Plaza y Valdés, 1999, página 10.

5 Carrillo Olea, Jorge (2015). “La legislación militar reclamada”, en La Jornada, Opinión, México, viernes 31 de julio de 2015.

6 Muñoz Ledo, Porfirio. “Hacia un marco constitucional de la actuación del Ejército en tiempos de paz”,en El Ejército y la Constitución mexicana, México, Plaza y Valdés, 1999, páginas 21 y 22.

Sede de la Comisión Permanente, a 25 de enero de 2017.— Senador Manuel Cárdenas Fonseca (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, de la Cámara de Senadores.

LEY DEL SEGURO SOCIAL Y LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO

«Iniciativa que reforma los artículos 201 y 205 de la Ley del Seguro Social y 196 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, suscrita por la senadora María Cristina Díaz Salazar, del Grupo Parlamentario del PRI

Quien suscribe, Cristina Díaz Salazar, senadora de la República, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 8, numeral 1, fracción I; 164, numerales 1 y 2; 169 y demás relativos del Reglamento del Senado de la República, somete a la consideración de esta asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 201 y 205 de la Ley del Seguro Social y la fracción IV del artículo 196 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, para garantizar la igualdad entre hombres y mujeres en el acceso al servicio de guarderías infantiles. Esto, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Las guarderías o estancias infantiles son servicios de seguridad social para los trabajadores que tienen como propósito atender, cuidar y garantizar el desarrollo integral de los hijos del trabajador durante el tiempo de su ocupación laboral. Su principal objetivo “es completar adecuadamente los cuidados que el niño recibe en el medio familiar”. Asimismo, las guarderías o estancias son espacios que históricamente han facilitado –y aún facilitan– el proceso de inclusión laboral de las mujeres.

Su importancia es tal, que dicho beneficio social se ha consagrado expresamente en los Apartados A y B del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Para los efectos de la presente Iniciativa solo se analiza lo referente al Apartado A, las disposiciones constitucionales en referencia establecen lo siguiente:

Artículo 123. ...

El Congreso de la Unión, sin contravenir a las bases siguientes deberá expedir leyes sobre el trabajo, las cuales regirán:

A. Entre los obreros, jornaleros, empleados domésticos, artesanos y de una manera general, todo contrato de trabajo:

...

XXIX. Es utilidad pública la Ley del Seguro Social, y ella comprenderá seguros de invalidez, de vejez, de vida, de cesación involuntaria del trabajo, de enfermedades y accidentes, de servicios de guardería y cualquier otro encaminado a la protección y bienestar de los trabajadores, campesinos, no asalariados y otros sectores sociales y sus familiares.

...

En este sentido, tenemos que las guarderías infantiles están contempladas constitucionalmente en el régimen de seguridad social de nuestro país y, además de ello, el servicio de guarderías es tan esencial para el desarrollo infantil y para las esferas familiar, social y económica, que en el Artículo 18, numeral 3, de la Convención sobre los Derechos del Niño se prescribió que “Los Estados Partes (entre ellos el Estado mexicano) adoptarán todas las medidas apropiadas para que los niños cuyos padres trabajan tengan derecho a beneficiarse de los servicios e instalaciones de guarda de niños para los que reúnan las condiciones requeridas”. En esta misma sintonía, el Congreso de la Unión ha emitido legislaciones que, inclusive fuera del ámbito de seguridad social, tienen estrecha relación con la protección de niños privados de cuidado parental o familiar por parte de instituciones públicas, privadas y mixtas; ejemplo de ello es la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, y la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes que contempla un capítulo completo sobre este tópico (De los Centros de Asistencia Social).

Teniendo clara la importancia que, tanto a nivel internacional como nacional, se le ha dado a los servicios de guardería y cuidado de niños, volvemos al ámbito de seguridad social con el fin de especificar el marco jurídico en relación con las personas que son beneficiarias a la prestación social de guarderías.

Para ello, el artículo 171 de la Ley Federal de Trabajo se establece que los “servicios de guardería infantil se prestarán por el Instituto Mexicano del Seguro Social, de conformidad con su Ley y disposiciones reglamentarias”. En ese sentido, nos remitimos a la Ley del Seguro Social en donde se regula específicamente el servicio de guarderías y, entre otras disposiciones, se establecen las siguientes:

Artículo 201. El ramo de guarderías cubre el riesgo de no poder proporcionar cuidados durante la jornada de trabajo a sus hijos en la primera infancia, de la mujer trabajadora, del trabajador viudo o divorciado o de aquél al que judicialmente se le hubiera confiado la custodia de sus hijos, mediante el otorgamiento de las prestaciones establecidas en este capítulo.

Este beneficio se podrá extender a los asegurados que por resolución judicial ejerzan la patria potestad y la custodia de un menor, siempre y cuando estén vigentes en sus derechos ante el Instituto y no puedan proporcionar la atención y cuidados al menor.

El servicio de guardería se proporcionará en el turno matutino y vespertino pudiendo tener acceso a alguno de estos turnos, el hijo del trabajador cuya jornada de labores sea nocturna.

Artículo 205. Las madres aseguradas, los viudos, divorciados o los que judicialmente conserven la custodia de sus hijos, mientras no contraigan nuevamente matrimonio o se unan en concubinato, tendrán derecho a los servicios de guardería, durante las horas de su jornada de trabajo, en la forma y términos establecidos en esta ley y en el reglamento relativo.

El servicio de guarderías se proporcionará en el turno matutino y vespertino, pudiendo tener acceso a alguno de estos turnos, el hijo del trabajador cuya jornada de labores sea nocturna.

Con base en las disposiciones transcritas, es claro que el servicio de guardería que presta el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) está enfocado en las mujeres trabajadoras aseguradas en general y, de manera reduccionista, se presta a los hombres, pero siempre y cuando actualicen las hipótesis normativas ahí descritas y que no se les pide a las mujeres, como el ser viudo o estar divorciado. Así pues, se deduce una diferenciación legal entre hombres y mujeres aseguradas para ser beneficiarios del servicio de guarderías, que se explica por una asignación de roles, basada en estereotipos de género, en la que se asigna a la mujer predeterminadamente un rol de cuidado en el hogar y de los hijos, mientras que al hombre se le otorga un rol de proveedor económico.

Ante esta situación, la suscrita considera absolutamente injustificada la diferenciación legal que hay entre hombres y mujeres para el otorgamiento del servicio de guarderías, pues no se encuentra una causa razonable para ello y, por el contrario:

a) Se discrimina y perjudica sistemáticamente a los hombres en el ejercicio de sus derechos a la seguridad social, a la igualdad y a la no discriminación, y se les asigna erróneamente un rol exclusivo como proveedores económicos del hogar. Así pues, las disposiciones de la Ley del Seguro Social antes citadas son incompatibles con el marco garantista dispuesto en los artículos 1 y 2 de la Constitución Federal en el sentido de que no puede haber discriminaciones motivadas por el género, y que el varón y la mujer deben ser iguales ante la ley. Esto, relacionado con el hecho de que no se actualiza ninguna justificación que amerite acciones afirmativas o medidas especiales al respecto;

b) Se asigna erróneamente un estereotipo de que las mujeres asumen exclusivamente el rol de cuidadoras del hogar y de los hijos, lo que lejos de reivindicarlas positivamente en el ejercicio de derechos como la libertad de trabajo, las mantiene subyugadas en el ámbito económico y laboral. Esta asignación se expresa específicamente en el Artículo 205 al condicionar el acceso al servicio de guarderías a los hombres asegurados viudos, divorciados o con la custodia legal de los hijos, siempre y cuando “no contraigan nuevamente matrimonio o se unan en concubinato”, y

c) Se facilita la obstaculización del derecho de los niños a beneficiarse de los servicios de guarderías al haber hipótesis jurídicas no contempladas por la Ley para ciertos asegurados, como lo puede ser el de aquellos infantes cuyos padres son trabajadores asegurados y sus madres son trabajadoras informales.

Como sustento de los anteriores razonamientos, el 29 de mayo de 2016 la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió el amparo en revisión 59/2016 mediante el cual estimó la inconstitucionalidad de los artículos 201 y 205 de la Ley del Seguro Social y, entre otros argumentos, esgrimió los siguientes:

...el Estado está obligado garantizar, a través de la ley, igualdad de condiciones para que ambos padres (corresponsabilidad) puedan contribuir en el pleno desarrollo de la familia, velando siempre el interés superior del menor. Máxime, si se toma en cuenta que los niños tienen derecho humano a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral, en términos de lo que dispone el artículo 4o. constitucional.

Es por ello, que esta sala considera que el hombre, al igual que la mujer, tiene derecho a acceder al servicio de guardería que, en su carácter de aseguradas, el Instituto les presta en forma amplia a ellas; pues no existe ninguna justificación legal, constitucional ni convencional que los prive de obtenerlo en igualdad de condiciones, en la medida de que ambos son iguales ante la ley.

Si bien, de acuerdo a la exposición de motivos de la Ley del Seguro Social, el servicio de guarderías originalmente fue concebido con la finalidad de que la mujer pudiera acceder con facilidad a la vida económica y laboral, una vez que dieran a luz a sus hijos (otorgándoles dicha prestación a partir de los 43 días de nacimiento del menor); lo cierto es, en la actualidad los roles del cuidado y desarrollo del menor no son tarea exclusiva de éstas, en la medida de que el hombre también se encuentra vinculado al cuidado de sus hijos, razón por la que éste debe ser tratado en igualdad de circunstancias. Por tanto, no existe razón alguna para que se obstaculice o limite su derecho a obtener el beneficio de las guarderías en las mismas condiciones en las que se brinda a las mujeres.

...

Por lo anterior, no existe justificación constitucional para que al hombre asegurado por el Instituto Mexicano del Seguro Social le sea limitado el servicio de la guardería, a través de ciertos requisitos extraordinarios (viudez, divorcio y el ejercicio de la custodia y patria potestad judicial del menor), que no son exigidos a las mujeres; debido a que este beneficio no es exclusivo de ellas.

Finalmente, como consecuencia de lo anterior, se considera que se violan los derechos de la niñez y el interés superior del menor, al privarlos del acceso al servicio de guardería que otorga el Instituto Mexicano del Seguro Social a través de su padre y limitarlo en forma discriminatoria únicamente a las mujeres aseguradas.

Ello es así, puesto que los niños, en términos del artículo 4o. de la Constitución Federal tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Por su parte, el deber de protección de los menores corresponde a ambos padres por igual; es decir, en un ámbito de corresponsabilidad equitativa; lo cual, conlleva a la necesidad de que el hombre pueda ver satisfecho su interés de cuidado y desarrollo del menor, a través del beneficio de la guardería.

...

Ante esta situación, y convencida de que la familia es el grupo fundamental de la sociedad y el medio natural para el crecimiento y el bienestar de todos sus miembros (en particular de los niños), es sumamente importante que los padres de familia asegurados por el IMSS reciban la asistencia necesaria en materia de guarderías para poder asumir plenamente sus responsabilidades tanto dentro de su comunidad como en su núcleo familiar. Con este convencimiento, en la presente Iniciativa se pretende:

1. Reformar los artículos 201 y 205 de la Ley del Seguro Social para garantizar la igualdad formal entre hombres y mujeres asegurados en el IMSS, respecto al acceso del servicio de guarderías, de la siguiente forma:

Artículo 201. El ramo de guarderías cubre el riesgo de que los trabajadores y trabajadoras no puedan poder proporcionar cuidados durante la jornada de trabajo a sus hijos en la primera infancia, de la mujer trabajadora, del trabajador viudo o divorciado o de aquél al que judicialmente se le hubiera confiado la custodia de sus hijos, mediante el otorgamiento de las prestaciones establecidas en este capítulo.

Este beneficio se podrá extender a los asegurados que por resolución judicial ejerzan la patria potestad y la custodia de un menor, siempre y cuando estén vigentes en sus derechos ante el Instituto y no puedan proporcionar la atención y cuidados al menor.

El servicio de guardería se proporcionará en el turno matutino y vespertino pudiendo tener acceso a alguno de estos turnos, el hijo del trabajador cuya jornada de labores sea nocturna.

Artículo 205. Las madres y los padresasegurados, los viudos, divorciados o quienes los que judicialmente ejerzan la patria potestad y conserven la custodia de un menor sus hijos, mientras no contraigan nuevamente matrimonio o se unan en concubinato, tendrán derecho a los servicios de guardería, durante las horas de su jornada de trabajo, en la forma y términos establecidos en esta Ley y en el reglamento relativo.

El servicio de guarderías se proporcionará en el turno matutino y vespertino, pudiendo tener acceso a alguno de estos turnos, el hijo del trabajador cuya jornada de labores sea nocturna.

2. Ordenar al IMSS, mediante un artículo transitorio, que modifique el Reglamento para la Prestación de los Servicios de Guardería del IMSS, la Norma que establece las disposiciones para el Servicio de Guardería del Instituto Mexicano del Seguro Social, así como las demás disposiciones reglamentarias e internas que debieran ser modificadas en relación con los sujetos beneficiados del servicio de guardería en el marco de la Ley del Seguro Social.

3. Reformar la fracción IV del artículo 196 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, respecto a la prestación de servicio de guarderías, de la siguiente forma:

Artículo 196. Para los efectos del artículo anterior, el Instituto, de acuerdo con las posibilidades financieras del Fondo de servicios sociales y culturales, proporcionará a precios módicos los servicios sociales siguientes:

...

IV. Servicio de atención para el bienestar y desarrollo infantil.

Este servicio se prestará a las madres y padres trabajadores, en los términos del reglamento respectivo.

4. Ordenar al ISSSTE, mediante un artículo transitorio, que modifique el Reglamento de los Servicios de Atención para el Bienestar y Desarrollo Infantil, la Norma que establece las disposiciones para el Servicio de Guardería, así como las demás disposiciones reglamentarias e internas que debieran ser modificadas con relación a los sujetos beneficiados del servicio de guardería en el marco de esta ley.

Por lo expuesto, con el propósito de que el Congreso de la Unión garantice la igualdad entre hombres y mujeres en el acceso al servicio de guarderías infantiles y, con ello, proteger los derechos de seguridad social de los hombres y fortalecer el derecho de los niños a beneficiarse de los servicios de guarderías, se presenta ante esta H. Soberanía, el siguiente proyecto de

Decreto

Artículo Primero. Se reforman los artículos 201 y 205 de la Ley del Seguro Social, para quedar como sigue:

Artículo 201. El ramo de guarderías cubre el riesgo de que los trabajadores no puedan proporcionar cuidados durante la jornada de trabajo a sus hijos en la primera infancia, mediante el otorgamiento de las prestaciones establecidas en este capítulo.

Este beneficio se podrá extender a los asegurados que por resolución judicial ejerzan la patria potestad y la custodia de un menor, siempre y cuando estén vigentes en sus derechos ante el Instituto y no puedan proporcionar la atención y cuidados al menor.

El servicio de guardería se proporcionará en el turno matutino y vespertino pudiendo tener acceso a alguno de estos turnos, el hijo del trabajador cuya jornada de labores sea nocturna.

Artículo 205. Las madres y los padres asegurados o quienes judicialmente ejerzan la patria potestad y la custodia de un menor, tendrán derecho a los servicios de guardería, durante las horas de su jornada de trabajo, en la forma y términos establecidos en esta Ley y en el reglamento relativo.

El servicio de guarderías se proporcionará en el turno matutino y vespertino, pudiendo tener acceso a alguno de estos turnos, el hijo del trabajador cuya jornada de labores sea nocturna.

Transitorios

Artículo Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo Segundo. En un plazo que no excederá los noventa días a partir de la entrada en vigor de este decreto, y de conformidad con las atribuciones señaladas en la Ley del Seguro Social y en el Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, el Instituto Mexicano del Seguro Social deberá modificar el Reglamento para la Prestación de los Servicios de Guardería del IMSS, la Norma que Establece las Disposiciones para el Servicio de Guardería del Instituto Mexicano del Seguro Social, y todas las demás disposiciones generales que impidan el acceso al servicio de guarderías en el marco de igualdad que establece el presente Decreto.

Artículo Tercero.Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente decreto.

Artículo Segundo. Se reforma la fracción IV del artículo 196 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, para quedar como sigue:

...

IV. Servicios de atención para el bienestar y desarrollo infantil.

Este servicio se prestará a las madres y padres trabajadores, en los términos del reglamento respectivo.

Transitorios

Artículo Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo Segundo. En un plazo que no excederá los noventa días a partir de la entrada en vigor de este decreto, y de conformidad con las atribuciones señaladas en la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y del Reglamento de los Servicios de Atención para el Bienestar y Desarrollo Infantil, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado deberá modificar su reglamento y todas las demás disposiciones generales que impidan el acceso al servicio de guarderías en el marco de igualdad que establece el presente decreto.

Artículo Tercero. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente decreto.

Notas

1 Organización Mundial de la Salud (OMS). El cuidado del niño en las guarderías,en Cuadernos de Salud Pública número 24.Suiza, (1965), pág. 9. Disponible en:

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/41458/1/WHO_PHP_24_(pa rt1)_spa.pdf.

2 Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Amparo en revisión 59/2016. Ministra ponente Margarita B. Luna Ramos, secretaria Guadalupe M. Ortiz Blanco. Disponible en:

https://www.scjn.gob.mx/segundasala/asuntos%20lista%20oficial/A R-592016.pdf.

Para su información sintetizada, véase el comunicado de prensa No. 122/2016, Segunda Sala declara inconstitucionales artículos de la Ley del Seguro Social y del Reglamento para la Prestación de los Servicios de Guardería del IMMS,del 29 de junio de 2016, disponible en:

http://www.internet2.scjn.gob.mx/red2/comunicados/.

Dado en el salón de pleno de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, a 25 de enero de 2017.— Senadora Cristina Díaz Salazar (rúbrica).»

Se turna a la Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social, y de Seguridad Social, de la Cámara de Senadores.

LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL

«Iniciativa que adiciona el artículo 28 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, suscrita por los senadores Gabriela Cuevas Barron y Juan Carlos Romero Hicks, del Grupo Parlamentario del PAN, así como Armando Ríos Piter, del Grupo Parlamentario del PRD

Los suscritos, senadores Gabriela Cuevas Barron y Juan Carlos Romero Hicks, integrantes del Grupo Parlamentario Acción Nacional, así como el senador Armando Ríos Piter, integrante del Partido de la Revolución Democrática de la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 8, fracción I, 164 y 169 del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción II C al artículo 28 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, de conformidad con la siguiente

Exposición de Motivos

El artículo 28, fracción II de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal establece que son atribuciones de la Secretaria de Relaciones Exteriores la impartición de protección a mexicanos en el exterior, así como el cobro de derechos consulares. En ese sentido, la red consular de México en Estados Unidos es la más grande que tiene un país dentro de otro. México cuenta con 50 consulados en ese país que ofrecen servicios a una comunidad de 34 millones personas de origen mexicano. De esos 34 millones, 11 millones son nacidos en México. Pese a que esta comunidad está dispersa a lo largo y ancho del territorio estadounidense, una gran parte de los migrantes nacidos en México viven en el sur y suroeste del país.

Los estados con mayor número de connacionales de este grupo son: California (4.3 millones) –en donde vive la comunidad de mexicanos más grande fuera de México (12 millones de personas de origen mexicano)–, Texas (2.5 millones), Illinois (696 mil), Arizona (515 mil) y Georgia (272 mil). Más de un cuarto del total de los migrantes nacidos en México que vive en Estados Unidos se concentra en tres ciudades: Los Ángeles (1.7 millones), Chicago (684 mil) y Dallas (610 mil).

Estos mexicanos, sin importar su condición migratoria, contribuyen todos los días al desarrollo social y económico de Estados Unidos a través de su trabajo. El 93 por ciento de la población económicamente activa está empleada. Pese a que las personas de origen mexicano representan el 11 por ciento de la población de Estados Unidos, este grupo representa 16 por ciento de la fuerza laboral de ese país. Los mexicanos en Estados Unidos contribuyen con 8 por ciento del PIE de ese país. Actualmente son el grupo de migrantes que más empresas abren en Estados Unidos, 1 de cada 25 empresas ahí son propiedad de migrantes mexicanos.

Tras el cambio de administración en Washington, el Estado mexicano se encontrará ante un nuevo paradigma en materia migratoria. El plan de deportar a entre dos y tres millones de indocumentados en los primeros años de la futura administración significaría aumentar el nivel de deportaciones por lo menos al doble del número registrado durante el gobierno del presidente Barak Obama, quien en los primeros siete años de su administración deportó a alrededor de 2.8 millones de personas (no hay cifras aún del octavo año).

Ese elevado nivel de deportaciones podría implicar la erosión de los derechos constitucionales y las libertades civiles tanto de migrantes indocumentados como de ciudadanos estadounidenses, ya que ocasionaría que se recurriera sistemáticamente a prácticas de discriminación racial. La razón principal es que no se puede identificar a migrantes indocumentados a menos que entren en contacto con el sistema de justicia criminal o sean detenidos al cruzar la frontera sin autorización.

Ante esta nueva coyuntura se registrará invariablemente un incremento en la demanda de servicios consulares por parte de aquellos connacionales que requieren desde recibir información oportuna, hasta tramitar algún documento de identidad o ser protegidos ante posibles violaciones a sus derechos humanos o ante la amenaza de ser deportados y el temor de abandonar a sus familias y sus pertenencias, así como la incertidumbre sobre lo que su futuro les depara.

La recién concluida campaña electoral en Estados Unidos, con sus fuertes secuelas anti­inmigrantes, ha hecho imperiosa la necesidad de enfocar la labor de las representaciones consulares de México en la búsqueda de nuevos mecanismos para contrarrestar los ataques a nuestra comunidad y defender sus derechos.

En ese sentido, de manera adicional a las numerosas medidas instituidas recientemente por la cancillería mexicana en el programa “Estamos Contigo”. Aunque muchas de esas acciones son ya realizadas por la cancillería, es cierto que esa institución deberá diseñar una verdadera estrategia que busque fortalecer sus esfuerzos en materia de protección y asistencia consular. Para ello, será necesario de dotar de recursos suficientes a la red diplomática y consular en ese país .que le permitan cumplir con esa labor.

En consonancia con lo anterior, se destaca la situación que actualmente prevalece en la red diplomática y consular en Estados Unidos en torno a los prestadores de servicios profesionales adscritos a cada una de las representaciones en ese país. En 2016, en las representaciones de México en Estados Unidos laboraban mil 713 empleados locales, de los cuales el 69.17 por ciento tienen una antigüedad de 1 a 5 años de servicios, con una edad que oscila de 20 a 35 años. Del total de empleados locales, el 62 por ciento son mexicanos con visa de trabajo A2 y el 38 por ciento tienen ciudadanía, residencia estadounidense o permiso de trabajo no tramitado por la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Desde agosto 2015, los empleados locales en la red diplomática y consular en Estados Unidos han demandado de manera constante el incremento a su salario, así como mejores condiciones laborales que incluyen el otorgamiento de determinadas prestaciones para ellos y sus familias. Sus exigencias han llegado a traducirse en algunos paros de actividades laborales, así como en la amenaza de cerrar las representaciones consulares, lo que provocaría el colapso de la red consular, a pesar del incremento salarial del 4 por ciento otorgado por la Secretaria de Relaciones Exteriores, y la promesa de revisar el esquema vigente de contratación.

Por otro lado, durante 2016, el propio Departamento de Estado de Estados Unidos anunció restricciones a la contratación de empleados locales de representaciones extranjeras. México es el país más afectado por tales medidas, que incluyen, entre otras, la imposibilidad de que los cónyuges de los nacionales mexicanos con Visa A2 puedan contar con un permiso para trabajar en ese país, y la limitación en la temporci1idad de contratación de empleados locales que cuenten con ese tipo de visa.

Todo 10 anterior, demanda, sin duda, el diseño de una nueva estrategia de largo plazo que permita a la Secretaría de Relaciones Exteriores garantizar que la Embajada en Washington y las representaciones consulares en Estados Unidos, cuenten con suficientes capacidades financieras y profesionales que les permitan brindar a nuestros connacionales una eficiente atención en la prestación de servicios consulares.

A partir de todo lo anterior, se tiene que el artículo 2, fracción II, de la Ley del Servicio Exterior Mexicano prevé que:

Artículo 2. Corresponde al Servicio Exterior:

[...]

Destinar los ingresos recibidos por los servicios establecidos en los artículos 20, 22 y 23 de la Ley Federal de Derechos, prestados por cualquier representación consular en el extranjero para integrar un fondo cuyo objeto sea cubrir, previa autorización de la Secretaría de Relaciones Exteriores, los gastos relativos a las actividades y programas que a continuación se mencionan, en términos del Reglamento de la Ley del Servicio Exterior Mexicano: Programa de repatriación de personas vulnerables; atención y asesoría jurídica y de protección consulares; visitas a cárceles y centros de detención; atención telefónica; campaña de seguridad al migrante; servicios de consulados móviles; prestación de servicios consulares en general, y atención al público.

Los gastos a sufragar de conformidad al párrafo anterior, se realizarán de acuerdo a las reglas generales de operación que al efecto establezca la Secretaría de Relaciones Exteriores, contando con la aprobación de la Secretaría de la Función Pública, y

[...]

De acuerdo con el último informe de labores de la Secretaría de Relaciones Exteriores 2015­2016, las representaciones consulares de México en Estados Unidos constituyen el 94 por ciento del total general. Del 1 de septiembre de 2015 al31 de mayo de 2016, la red consular de México en todo el mundo expidió 3 millones 221 mil 734 servicios consulares, de los cuales 629 mil 404 fueron matrículas consulares y 821 mil 398 pasaportes.

Por otro lado, entre el l de septiembre de 2015 y el 31 de agosto de 2016, se atendieron más de 139 mil 492 casos de protección y asistencia consular en los ámbitos de derechos humanos, penal, migratorio, civil, laboral y administrativo. Del total de los casos registrados, hasta mayo del presente año, 139 mil 501 fueron reportados por la red consular de México en Estados Unidos y 2 mil 991 por las representaciones de México en el exterior (RME) en el resto del mundo.

De acuerdo con el mismo informe de labores de la Secretaría de Relaciones Exteriores, del 1 de septiembre de 2014 al 31 de mayo de 2015, la red consular en Estados Unidos recaudó 129 millones 270 mil 723 dólares estadounidenses, mientras que del 1 de septiembre de 2015 al 31 de mayo de 2016 generó un total de 100 millones 104 mil 772 dólares.

La producción de matrículas consulares en las representaciones de México en Estados Unidos disminuyó en 30.5 por ciento entre los mismos periodos; la de Pasaportes, en 22.0 por ciento. Esto derivó también en una disminución del 22.6 por ciento en el monto recaudado a través de dichas representaciones, y que en consecuencia, genera un notable detrimento a las capacidades financieras de la Secretaría de Relaciones Exteriores para dar cumplimiento a su más noble tarea: proteger los derechos de los nacionales mexicanos que residen en el exterior, particularmente aquellos que se encuentran en Estados Unidos.

En ese contexto, destaca el impacto que tuvo la decisión de la Corte Federal del Quinto Circuito de mantener suspendida la aplicación de los programas que forman parte de las Acciones Ejecutivas anunciadas por el Presidente Obama el 20 de noviembre de 2014, con los que se buscaría beneficiar a 3.2 millones de nacionales mexicanos indocumentados residentes en ese país, de acuerdo con cifras del Migration Policy Institute, así como al posicionamiento del hoy Presidente de los Estados Unidos de América, Donald Trump, en materia migratoria, desde el anuncio de su interés para ocupar la presidencia de ese país, el 16 de junio de 2015. Este efecto es contrario al incremento en la demanda de servicios de documentación en la red consular a partir del anuncio de las Acciones Ejecutivas anunciadas por el presidente Obama en 2012 (Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, DACA por sus siglas en inglés).

Aunado a lo anterior, se subraya la situación presupuestal que enfrentará la Secretaría de Relaciones Exteriores durante 2017. Si bien es cierto que en materia de protección, asistencia y servicios consulares, el Presupuesto de Egresos de la Federación autorizado a la Cancillería para este año, registra un incremento del 18.22 por ciento desde 2015, éste es claramente insuficiente. Al respecto, se señala que todos los recursos que en este rubro se erogan en Estados Unidos son en dólares. Por lo tanto, la drástica depreciación del peso frente a esa moneda, equivalente al 47 por ciento, de enero de 2015 a enero de 2017, tiene un impacto directo en los recursos con los que cuentan las representaciones consulares de México en Estados Unidos, y por ende, en la manera en que se diseñan e instrumentan las políticas de asistencia y protección consular.

A lo anterior se añade, el hecho de que a pesar de que el artículo 2, fracción II de la Ley del Servicio Exterior Mexicano prevé que el Servicio Exterior podrá destinar los ingresos recibidos por los servicios establecidos en los artículos 20, 22 y 23 de la Ley Federal de Derechos para: programa de repatriación de personas vulnerables; atención y asesoría jurídica y de protección consulares; visitas a cárceles y centros de detención; atención telefónica; campaña de seguridad al migrante; servicios de consulados móviles; prestación de servicios consulares en general, y atención al público, estos ingresos no son reintegrados en su totalidad al presupuesto de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Ello significa que, a pesar de ser la instancia que genera los ingresos, ésta no tiene certidumbre ni control sobre el monto de recursos que se le regresarán, y por ende, se obstaculiza la planeación a mediano y largo plazo.

A fin de mostrar la adición propuesta se presenta el siguiente cuadro comparativo:

Por lo anteriormente expuesto, y con objeto de garantizar que la Secretaría de Relaciones Exteriores, a través de la red diplomática y consular en Estados Unidos de América, cuente con los recursos necesarios que le permitan llevar a cabo una efectiva labor en materia de asistencia y protección consular en ese país, se pone a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto

Único. Se adiciona una fracción II C., al artículo 28 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal para quedar como sigue:

Artículo 28. A la Secretaría de Relaciones Exteriores corresponde el despacho de los siguientes asuntos:

I. a II B. ...

II C. Administrar la totalidad de los ingresos recaudados por cualquier representación consular, en los términos establecidos en la Ley del Servicio Exterior Mexicano.

III. a XII. ...

Artículo Transitorio

Único. El presente decreto entrara en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 Del 1 de septiembre de 2014 a131 de mayo de 2015, la red consular recaudó

2 MPI: As Many as 3.7 Million Unauthorized Immigrants Could Get Relief from Deportation under Anticipated New Deferred Action Program, a través de

http:///www.migrationpolicy.org/news/mpi-manv-37 -million-unauthorized­immigrants-could-get-relief-deoortation-under-anticioated -new (último acceso 11 de enero de 2017)

3 De acuerdo con el Banco de México, el tipo de cambio del dólar estadounidense el 2 de enero de 2015 fue de 14.82 pesos por dólar, mientras que el correspondiente al 11 de enero de 2017 es de 21.90 pesos por dólar.

Ciudad de México, a 25 de enero de 2017.— Senadores: Gabriela Cuevas Barron, Juan Carlos Romero Hicks, Armando Ríos Piter (rúbricas).»

Se turna a la Comisión de Gobernación, de la Cámara de Senadores.

CÓDIGO PENAL FEDERAL

«Iniciativa que adiciona una fracción VI al artículo 420 del Código Penal Federal, suscrita por el diputado Jesús Sesma Suárez, el senador Carlos Alberto Puente Salas e integrantes del Grupo Parlamentario del PVEM

Quienes suscriben, diputado Jesús Sesma Suárez y senador Carlos Alberto Puente Salas, en nombre de los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, y 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de esta asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto, por el que se adiciona la fracción VI al artículo 420 del Código Penal Federal, la cual solicitamos que se turne a la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, para su análisis, discusión y dictamen, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

I. Aspectos generales

La conservación de la vida silvestre, se refiere a la protección de animales y plantas salvajes de forma que permita su continuidad como un recurso natural. El término conservación se refiere al manejo y uso de los recursos naturales por las generaciones presentes y futuras. En este concepto hay implicaciones sobre el uso estético, deportivo, económico y ético de paisajes, minerales, animales (incluyendo los que son cazados), plantas, suelos y agua.

El término conservación de la vida silvestre se ha usado para incluir un grupo cada vez más amplio de animales como son los mamíferos, aves, peces, reptiles, anfibios, artrópodos (como las langostas), y moluscos (como la ostra) e igualmente incluye plantas. La lista ha tenido una tendencia a ser dominada por ciertos grupos de animales de importancia estética o económica; pero se está expandiendo a medida que los valores se ensanchan, aumenta el interés por la ciencia y se llegan a conocer las relaciones sutiles con frecuencia pero siempre importantes, entre animales y plantas.

Los problemas de conservación animal varían ampliamente dependiendo del tipo de animal (si por ejemplo, es explotado principalmente por razones comerciales o recreacionales, si es libre o no de cruzar fronteras nacionales) y de las condiciones sociales y económicas de los diferentes países.

En muchos países, algunos animales son cazados por deportistas, tanto en terrenos privados como en públicos; por tanto, en estas regiones un factor importante en la conservación de la vida silvestre es el control de las licencias y la supervisión de los cazadores.

Las aves y los mamíferos de caza que migran a través de fronteras nacionales requieren de un esfuerzo internacional para su conservación. Los mamíferos marinos y peces también presentan la necesidad de acuerdos y legislaciones internacionales debido a que viven en aguas que no conocen de fronteras nacionales y son explotados comercialmente por pescadores de muchos países. Los pequeños mamíferos que son atrapados por su piel deben ser protegidos por las leyes domésticas. Los peces marinos, explotados principalmente por razones comerciales, son protegidos por acuerdo internacional; pero los que explotan los peces de agua dulce, principalmente pescadores que pescan recreacionalmente (excepto en algunos cuerpos grandes de agua dulce, como los Grandes Lagos de Norteamérica), reciben localmente sus licencias y son controlados domésticamente.

En México, en términos de la Ley General de Vida Silvestre, se denominan vida silvestre los organismos que subsisten sujetos a los procesos de evolución natural y que se desarrollan libremente en su hábitat, incluyendo sus poblaciones menores e individuos que entran bajo el control del hombre, así como los animales ferales.

En México, y a escala internacional, en la lucha por la conservación de la vida silvestre, la protección representa un elemento indispensable debido al alto grado de explotación de las diversas especies y el desequilibrio ecológico que representa su extracción del medio natural.

La fauna silvestre es un elemento fundamental para el sustento de los ecosistemas y su equilibrio ecológico, además de proveer de servicios ambientales indispensables para el bienestar humano.

Estimar el precio de los beneficios que obtenemos por los servicios ambientales puede ser directo si se conoce su costo; sin embargo los animales pueden producir otros bienes, como los de uso indirecto, que no tienen precio en el mercado; tales como la reducción de los insectos que puede ser una plaga o la cacería de autoconsumo, además, existen otros recursos más difíciles de valorar, puesto que son el producto del buen funcionamiento de todo el ecosistema, a los que se conoce como servicios ambientales de mantenimiento.

Algunos de ellos son la producción de aire limpio, la regulación atmosférica, climática e hidrológica, la conservación del ciclo de nutrientes, el control de plagas, la fotosíntesis, la polinización y la formación y el mantenimiento de los suelos. Cada uno de estos servicios resulta invaluable por la utilidad que tienen para el bienestar humano, sin embargo todos ellos están ligados al buen funcionamiento de las asociaciones vegetales en las que son indispensables los animales.

Se pueden señalar al menos tres grupos de mamíferos correspondientes a la fauna silvestre que son ampliamente relacionados con la estructura aérea de los bosques de coníferas de Norteamérica, que están estrechamente relacionados con la salud, el decaimiento o la muerte de los árboles, estos son, los murciélagos, roedores y carnívoros.

Los ecosistemas trabajan con una delicada estructura formada por la vegetación y los animales que viven en ella. Ambos grupos dependen unos de otros para mantener a los ecosistemas funcionales y sanos. Sus productos, no sólo son los que producen dinero sino aquellos que generan bienestar a las sociedades humanas, deberían tener un valor real en el presupuesto nacional y por tanto deberían de ser tomados en cuenta para saber el costo real de las inversiones que transforman a la naturaleza, con la finalidad de conocer si cada proyecto redituará una verdadera ganancia.

En el marco de la protección de la biodiversidad y –por ende– de la fauna silvestre, en el país la legislación aplicable establece diversas autorizaciones de aprovechamiento de la vida silvestre fuera de su hábitat natural, cuya finalidad es la preservación y la conservación, las cuales deben llevarse a cabo con arreglo a planes de manejo y otras disposiciones aplicables.

Los predios y las instalaciones que manejen vida silvestre en forma confinada, como zoológicos, espectáculos públicos y colecciones privadas, sólo pueden operar si cuentan con planes de manejo autorizados por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y además deberán registrarse y actualizar sus datos anualmente ante la autoridad correspondiente, en el padrón que para tal efecto se lleve, de conformidad con lo establecido en el reglamento.

En este tipo de autorizaciones de aprovechamiento para la exhibición se mantienen a los ejemplares de vida silvestre bajo el control del hombre, en cautiverio, semicautiverio o en procesos de domesticación; como lo es el caso de exhibición de animales en los espectáculos públicos, hoy en día los delfinarios y como lo fue en su momento los circos.

Durante el manejo intensivo en condiciones de cautiverio y confinamiento, el trato digno y respetuoso hacia los ejemplares de vida silvestre nunca ha sido el más adecuado y respetado, pues diversas notas periodísticas y estudios han mostrado que los animales son sometidos a privación, sufrimiento, crueldad o cualquier tipo de maltrato; asimismo, los propietarios no limitan las consecuencias de la introducción temporaria de especies silvestres para exhibición o espectáculos en el sentido de la protección de la población humana, del ambiente y de los bienes y recursos naturales.

Se encuentran en similar situación las autorizaciones de aprovechamiento para la comercialización, en las cuales también se centra la exhibición de animales, como son las tiendas de mascotas, y en las que la mayoría de ellas no tienen el debido cuidado de la bioética del manejo y el bienestar animal.

Por lo anterior, es de señalar que si bien ya contamos con un marco jurídico regulatorio para la protección y conservación de la vida silvestre en nuestro país, lo cierto es que la demanda de ejemplares de vida silvestre incentiva económicamente la sobreexplotación de los mismos; de ahí, la necesidad de fortalecer nuestra legislación en la materia, procurando su observancia y correcta aplicación.

II. Planteamiento del problema

Además de la problemática del trato digno y respetuoso de los ejemplares de vida silvestre utilizados en espectáculos públicos, por ejemplo en los delfinarios y lo fue en su momento en los circos; así como la poca sensibilidad en la bioética del manejo para el bienestar animal en la exhibición de animales para la comercialización, nos encontramos ante otra situación que no puede pasar desapercibida tanto para la sociedad, como para el Partido Verde Ecologista de México, esta se refiere al abandono en las calles de la diversos animales, dentro de ellos los ejemplares de fauna silvestre que alguna vez fueron utilizados en los diversos espectáculos públicos o de los animales que alguna vez fueron exhibidos en las tiendas de mascotas.

La obligación de los titulares de las diversas autorizaciones para realizar actividades de aprovechamiento en espectáculos públicos o comercialización es la de procurar en todo momento la conservación y preservación de las diversas especies de vida silvestre; no obstante ello, es común que cuando los animales han llegado a un edad adulta, en la que no les proporcionan las mismas ganancias, los abandonan.

En la comercialización, a pesar de que los animales viven en las vitrinas de exhibición víctimas del maltrato, una vez que son comprados y pasa la euforia inicial, son abandonados en las calles o en zonas suburbanas, exacerbando el problema de accidentes, higiene y salud pública. Y cuando nadie los quiere o se consideran una “molestia”, los métodos que se emplean para darles muerte no son humanitarios.

Aunado a lo anterior, resulta oportuno señalar que las recientes reformas a la legislación para desincentivar la sobreexplotación de la vida silvestre fuera de su hábitat natural, como la prohibición de animales en los circos, han provocado el aumento del abandono de diversos animales, entre ellos los ejemplares de fauna silvestre.

Tal es el caso de los diversos ejemplares de vida silvestre abandonados en jaulas de traslado y provisionales, sin alimento, ni agua durante el año 2015, presuntamente propiedad de circos.

Y es que no obstante que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente estuvo rescatando a la gran variedad de animales abandonados, lo cierto es que muchos de ellos murieron, como lo es el caso de un ejemplar de papión en el estado de Yucatán, o el oso negro invictus que fue rescatado después de ser mutilado de la mandíbula.

Progresivamente debemos entender que la fauna silvestre es una responsabilidad, no un juguete, y que por tanto tenemos la obligación de cuidarlos con la debida diligencia. El abandono es una forma de maltrato si consideramos que en la calle, carretera, terrenos baldíos y/o encerrados, los animales no pueden proveerse por sí mismos de comida, agua, abrigo y protección de su salud.

Abandonados a su suerte, sin asistencia alguna, los animales están expuestos a toda tipo de agresiones y violencia, como envenenamientos, atropellamientos y muerte.

La relación humano-animal es milenaria y son los animales quienes han brindado al hombre innumerables e invaluables beneficios físicos y psicológicos; sin embargo, lejos de retribuirles de la misma forma, se les ha tratado como objetos de consumo que se pueden adquirir y desechar indiscriminadamente.

Para algunos dueños irresponsables, los animales muchas veces se convierten en una molestia que bajo circunstancias como falta de capacidad económica, cambios de residencia, aparición de alergias, compra compulsiva o incompatibilidad, conducen a su abandono, olvidando que se trata de un ser vivo y que muchas de estas situaciones pueden solucionarse.

Esta circunstancia atiende principalmente al antropocentrismo con el que hemos manejado la relación con la naturaleza en general, lo cual ocasiona que veamos a los individuos de otras especies como recursos de explotación sin tomar en cuenta su bienestar, sus necesidades y su derecho a la vida digna.

III. De la iniciativa

Con la presente iniciativa, el Partido Verde Ecologista de México, consciente de la problemática expuesta, busca reducir el abandono de la fauna silvestre. Lo anterior, mediante la adición de un tipo penal de carácter ambiental al Código Penal Federal.

Al respecto, resulta oportuno señalar que el supuesto jurídico a que la doctrina penal ha dado el nombre de tipo. Constituye la parte de la norma que contiene, dentro de sí (y de manera tácita), el elemento deóntico (mandato o prohibición) que tanto en la dogmática de la teoría general del derecho, como en la penal, recibe el nombre de deber jurídico. Las órdenes jurídicas (prohibiciones o mandatos) se nos presentan en forma de prescripciones que designan con la expresión “normas”.

Un tipo penal es un deber jurídico cuyo contenido se refiere a una prohibición o mandato en el que se detalla claramente la conducta considerada ilícita y, por tanto, el destinatario de la norma puede saber con precisión qué está prohibido; de ahí que no deba existir una aplicación analógica de la norma, la cual debe cumplir con las exigencias constitucionales, pues no tiene que recurrirse a otros ordenamientos para definir el hecho como delictivo, sino que en la descripción legal se debe encontrar la esencia de lo que pretende evitarse.

La tutela penal del ambiente, que se inspira en la conservación del equilibrio de los ecosistemas, y que en el derecho positivo mexicano constituye un derecho humano fundamental, se encuentra tutelado en el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los términos siguientes:

Artículo 4o. ...

Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar.

Por ello resulta imprescindible articular de modo coherente la actuación del derecho penal, pues dado el carácter técnico que caracteriza el derecho ambiental, la descripción de los tipos penales deben contemplar todos los componentes de un ilícito ambiental punible.

La doctrina ha señalado que la creación de tipos penales debe responder a una problemática social que aqueja a la población de una país, es por ello que con la finalidad de generar una consciencia colectiva de respeto y compromiso por el cuidado del ambiente y, en consecuencia, por la vida silvestre y los diversos ecosistemas de nuestro país, para con ello contrarrestar el abandono de los diversos ejemplares de fauna silvestre el Partido Verde Ecologista de México propone que se imponga la pena correspondiente, a quien ilícitamente abandone algún ejemplar de fauna silvestre, posterior a haber realizado algún tipo de aprovechamiento que implicara un manejo intensivo en condiciones de cautiverio o confinamiento.

Lo anterior, no obstante que a pesar de que las conductas degradantes del ambiente se encuentran reguladas de una u otra manera a través de las responsabilidades administrativa, civil y penal, éstas no han alcanzado los fines y objetivos para los que fueron creadas, y menos aún la responsabilidad penal a una persona por el incumplimiento de la ley ambiental, la cual es percibida como un ejercicio jurídico excepcional, imperfecto y poco eficaz.

Resulta de vital trascendencia escalar en el incremento de los tipos penales ambientales, y ello no es más que una medida urgente para poner un alto a la creciente tasa de acciones que constituyen delitos en material ambiental, como son los cometidos contra la biodiversidad.

Conforme a esta lógica, la finalidad de incrementar los tipos penales ambientales, es generar la ejemplaridad en la sanción y con ello inhibir la realización de la conducta, como lo es el abandono de la fauna silvestre; de igual forma se busca seguir la tendencia internacional de penas alternativas, para con ello generar un beneficio directo a los ecosistemas que han sido afectados.

En virtud de lo expuesto sometemos a consideración de esta asamblea el siguiente proyecto de

Decreto por el que se adiciona la fracción VI al artículo 420 del Código Penal Federal

Único. Se adiciona la fracción VI al artículo 420 del Código Penal Federal, para quedar como sigue:

Artículo 420. Se impondrá pena de dos a dieciocho años de prisión y por el equivalente de trescientos a tres mil días multa, a quien ilícitamente:

I. a V. (...)

VI. Abandone algún ejemplar de las especies de fauna silvestre, posterior a haber realizado un aprovechamiento que implicara un manejo intensivo en condiciones de cautiverio o confinamiento.

(...)

Transitorio

Único.El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 http://www.jmarcano.com/biodiverso/wildlif3.html

2 Artículo 3o., fracción XLIX, de la Ley General de Vida Silvestre.

3 https://www.uaeh.edu.mx/scige/boletin/icbi/n3/e10.html

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de enero de 2017.— Diputado Jesús Sesma Suárez (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Justicia, de la Cámara de Diputados.

LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES Y LEY GENERAL DEL SISTEMA DE MEDIOS DE IMPUGNACIÓN

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de las leyes generales de Instituciones y Procedimientos Electorales, y del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, suscrita por el diputado Jorge Álvarez Maynez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

El suscrito Jorge Álvarez Maynez, diputado federal, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, y en apego a las facultades y atribuciones conferidas por el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y los artículos 6 numeral 1, fracción I, y artículos 77 y 78, del Reglamento de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, someten a la consideración de esta asamblea, la iniciativa con proyecto de decreto que reforman diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, bajo la siguiente

Exposición de Motivos

El artículo 39 de nuestra Carta Magna es uno de los artículos más importantes, debido a las implicaciones para el sistema político mexicano y la forma en que se organiza el país. En dicho artículo se determina que la soberanía nacional reside en el pueblo y que todo poder público proviene del mismo. Por otro lado, la forma de gobierno de nuestro país se encuentra establecida en el Artículo 40 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos “una República representativa, democrática, laica y federal, compuesta por Estados libres y soberanos”, y en el artículo 41 se determina la forma en que se renovarán los poderes legislativo y Ejecutivo: “mediante elecciones libres, auténticas y periódicas”. Por lo tanto, una de las maneras en que la sociedad ejerce o expresa la soberanía que le pertenece, es a través de su voto.

El derecho al voto se encuentra consagrado en el artículo 35 de nuestra Constitución, sin embargo, el sufragio, debido a su importancia, fue incluido en las primeras declaraciones de derechos: en el Bill of Rights (1689) en su artículo 8 establece, “la elección de los miembros del Parlamento debe ser libre”; así mismo, la Declaración de derechos hecha por los representantes del buen pueblo de Virginia de 1776 en artículo VI determinó que “Todas las elecciones de representantes del pueblo en la asamblea deben ser libres; y que todos los hombres que hayan probado suficientemente su adhesión a la comunidad y un interés permanente con ella tienen derecho de sufragio...” y en la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, en su artículo 6 señala que “La Ley es la expresión de la voluntad general. Todos los ciudadanos tienen el derecho de participar personalmente, o por medio de sus representantes, en su formación...”

Asimismo instrumentos internacionales en esta materia, de los que forma parte México, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en su artículo 1 determina que “Todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación”, que fortalece el artículo 40 de nuestra Constitución, sin embargo en su artículo 3 otorga la obligación de los Estados Partes a “garantizar a hombres y mujeres la igualdad en el goce de todos los derechos civiles y políticos enunciados en el presente Pacto.”, entre los derechos que deben ser garantizados se encuentra el derecho a votar, determinado en el artículo 25 del Pacto de mérito:

“Todos los ciudadanos gozarán, sin ninguna de la distinciones mencionadas en el artículo 2, y sin restricciones indebidas, de los siguientes derechos y oportunidades:

...

b) Votar y ser elegidos en elecciones periódicas, auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores;

...”

Por su parte, la Organización de los Estados Americanos (OEA), en La Carta Democrática Interamericana, en su artículo 2 resalta la importancia de la participación permanente, pues ésta fortalece la democracia representativa, así mismo, el artículo 3 del mismo documento establece como elemento esencial de la democracia representativa “la celebración de elecciones periódicas, libres, justas y basadas en el sufragio universal y secreto como expresión de la soberanía del pueblo”.

Por último, la Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo 21 establece que la voluntad del pueblo se expresa a través del sufragio universal, además se infiere que el procedimiento debe garantizar la libertad del voto.

En virtud de lo anterior, es clara la importancia del voto en el mundo y a su vez, en México. El ejercicio de los ciudadanos de su derecho al voto y después la materialización de su decisión es fundamental para la legitimidad de nuestro sistema de gobierno. Es por eso que estamos obligados a fortalecer la legalidad, la certeza y confiabilidad de los procesos electorales.

La evolución en nuestro país respecto a la protección del voto y la realización de los procesos electorales, ha sido paulatina. Existen en la historia de México capítulos con poca o casi nula confiabilidad y transparencia en la vida electoral, que impactaron de distintas maneras a la materia electoral. Uno de los sucesos que tuvo mayor impacto fue el fraude electoral de 1988, que trajo como consecuencia la creación del otrora Instituto Federal Electoral con la intención de contar con una institución imparcial que dé certeza, transparencia y legalidad de las elecciones federales.

Sin embargo, todo es perfectible, por ello se realizaron múltiples reformas en materia electoral, dando vida a un nuevo Instituto Nacional Electoral, que actualmente, es el organismo público autónomo encargado de organizar las elecciones federales y en coordinación con los organismos electorales de las entidades federativas, las elecciones locales en los estados de la República y la Ciudad de México.

Cada una de las reformas en materia político - electoral, tienen la intención de blindar los procesos electorales y así, garantizar a los ciudadanos que su derecho al voto es protegido en cada una de las etapas del proceso. Lo anterior, se respalda en la base V, apartado A, artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece los principios rectores que deben regir a la función electoral: la certeza, la legalidad, la independencia, la imparcialidad, la máxima publicidad y la objetividad.

Todos los principios son interdependientes y su observancia es fundamental para nuestra vida democrática. Así lo expresa el Lic. Germán Gabriel López Brun:

“... para que las contiendas electorales cubran la categoría de elecciones democráticas, deben de satisfacer principios fundamentales como: el sufragio libre, universal, secreto y directo;... la certeza, legalidad, independencia imparcialidad y objetividad como principios rectores del proceso electoral...”

Respecto al principio de certeza su definición de acuerdo al glosario del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es el siguiente:

“El significado de este principio radica en que la acción o acciones que se efectúen, serán del todo veraces, reales y apegadas a los hechos, esto es, que el resultado de los procesos sean completamente verificables, fidedignos y confiables.”

Desde el punto de vista del licenciado Carlos Manuel Rosales, “la construcción de este principio se basa en el correcto desempeño de las autoridades electorales para garantizar que se respete la voluntad ciudadana. Entonces, podemos deducir que la certeza es contar con seguridad en el sistema electoral.”, y a su vez, si contamos con la seguridad en el sistema electoral podemos confiar en los resultados electorales.

Para conseguir lo anterior, cada una de las acciones que se realicen durante cada una de las etapas del proceso electoral deben contar con certeza. Nuestra reforma tiene como objeto fortalecer estas actividades como el escrutinio y cómputo que efectúan los integrantes de la mesa directiva respecto a cada casilla, así como el cómputo distrital. La razón es por la existencia de casos en los que como resultado del escrutinio y cómputo de la casilla, se tienen más votos emitidos que electores registrados en la casilla.

La reforma que se presenta tiene por objeto que en aquéllos casos donde existan más votos emitidos que electores registrados en la casilla, se realice nuevamente el escrutinio y cómputo de esa casilla, además, de actualizarse este supuesto, será causal de nulidad de la casilla.

Lo anterior, toda vez que como señala el otrora Magistrado electoral, Marco Antonio Zavala, al relatar la decisión tomada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el 5 de agosto de 2006, al estudiar la petición de recuento de votos -de la elección a Presidente de la República, del proceso electoral federal 2005-2006-, y a raíz de los juicios de inconformidad promovidos por la Coalición Por el Bien de Todos, exclusivamente en relación a las casillas precisadas en dicho juicios, a fin de determinar si en ellos se expresaban razones específicas para evidenciar la pertinencia del recuento, “[e]llo porque conforme a los lineamientos previstos en la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral (LGSMIME), los cómputos de la elección presidencial deben impugnarse distrito por distrito, ya sea por nulidad de votación o por error aritmético”.

Como consecuencia, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, tuvo que dilucidar “para cada casilla si se acreditaba la existencia de un “error evidente” en términos del artículo 247 de la ley electoral [vigente en aquél momento]”. Para ello, la “Sala Superior [...] interpretó que un error evidente en las actas de escrutinio y cómputo es cualquier inconsistencia que se advierta de la simple comparación entre los rubros relacionados con los sufragios (boletas depositadas en la urna, electores conforme listado nominal y resultados de la votación) o de boletas (recibidas o sobrantes), y que no sea susceptible de ser subsanada con alguno de los documentos existentes en el paquete electoral, como por ejemplo el listado nominal de electores utilizado el día de la elección, para corregir el apartado respectivo que estuviere en blanco o reportara una cifra desproporcionada o inverosímil”.

Por tanto, “[e]l error evidente puede advertirse en la información relativa a los votos o a las boletas, empero, la SSTEPJF precisó que únicamente cuando el error recae en los sufragios el consejo distrital está obligado a realizar nuevo recuento, por incidir directamente en la confección del cómputo distrital, en tanto que si la inconsistencia radica en los rubros de boletas, es indispensable que medie solicitud de apertura por los representantes de los partidos políticos, en la que se precise el posible error”,por lo que, en algunos casos la pretensión de un nuevo escrutinio y cómputo fue desestimada, cuando “no se identificaron las casillas, no existían o pertenecían a otro distrito, cuando no se advertían inconsistencias de ningún tipo o las existentes estaban referidas a boletas y el representante de la Coalición no solicitó la apertura durante la sesión de cómputo, o bien, en aquellos casos en los cuales la casilla fue objeto de nuevo escrutinio y cómputo en dicha sesión”.

Sin embargo, en otro casos, el “recuento por razones específicas fue procedente, total o parcialmente, [...] y el universo de casillas comprendido en este supuesto ascendió a 11,839, de un total de 21,786 casillas combatidas”, dando como resultado -posterior al respectivo análisis- “que existieron errores en el cómputo de los sufragios por parte de los integrantes de las mesas directivas de casilla”, por lo que, y con “motivo del nuevo escrutinio y cómputo, resintieron pérdida de sufragios el Partido Acción Nacional (2,756), la Alianza por México (2,206) y Nueva Alianza (1,574), en tanto que la Coalición Por el Bien de Todos y Alternativa Socialdemócrata y Campesina resultaron beneficiadas (con 2,101 y 1,286 votos, respectivamente). También tuvieron incrementos los rubros de candidatos no registrados (2,072) y los votos nulos (1,759), así como la votación total, que reportó 682 sufragios no contabilizados en los cómputos originales”.

Como consecuencia, “en las casillas donde el Tribunal ordenó el recuento, es decir, aquellas impugnadas y en las que existieron “errores evidentes”, hubo una variación de 13,754 votos sobre un total aproximado de tres millones y medio de votos recontados, es decir, por cada 10 mil sufragios sólo 39 no se habían contado inicialmente de manera correcta”.

Lo anterior, como señala Marco Antonio Zavala Arredondo, deriva en que “[l]a finalidad de todo recuento es preservar la certeza de la votación, pues con su realización existe la posibilidad de corregir la inconsistencia advertida, y de esta forma conjurar el error en el escrutinio y cómputo que podría acarrear la nulidad de la votación”.

Por otra parte, de los datos recabados del Sistema de Información de las Elecciones Federales, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, cabe señalar que en 2015 se impugnaron 60,604 casillas, de las cuales, en 8,681 casillas se solicitó el recuento de estas; las autoridades electorales ordenaron el recuento de 695 casillas; y, se determinó anular la votación de 994 casillas. De igual manera, en 2015 se impugnaron 975 casillas por permitir a ciudadanos sufragar sin Credencial para Votar o cuyo nombre no aparecía en la lista nominal de electores; y, se impugnaron 22,273 casillas por (entre otras causales genéricas) inconsistencias en los resultados.

Asimismo, hubo 26 resultados con porcentajes de voto mayor al 100% por entidad federativa: En Guerrero hubo 6 casillas con porcentaje de voto mayor al 100%; en Campeche, Oaxaca, San Luis Potosí, Sinaloa, Veracruz y Yucatán hubo 2, respectivamente; y, en Baja California, Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México, Guanajuato, Jalisco, Estado de México y Nuevo León, hubo 1 ganador respectivamente. Es decir, se trata de 26 resultados, en los que el porcentaje de votos depositados en casillas, superó el 100% de los electores registrados en la lista nominal de dichas casillas.

Por tanto, la presente iniciativa tenga la intención de garantizar principios rectores, los procesos electorales y proteger el derecho al voto de los ciudadanos, mediante el fortalecimiento de actividades como el escrutinio y cómputo que efectúan los integrantes de la mesa directiva respecto a cada casilla, así como el cómputo distrital, a fin de dar solución a los casos que se presenten en cualquier elección, en los que como resultado del escrutinio y cómputo de la casilla, se tengan más votos emitidos que electores registrados en la casilla.

En virtud de lo anteriormente expuesto, es que someto a su consideración el siguiente

Decreto que reforma y adiciona distintas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación, para regular la implementación de una nueva causal para que el Consejo Distrital realice nuevamente el escrutinio y cómputo de una casilla, así mismo una nueva causal de nulidad de una casilla

Artículo Primero.Se reforma el inciso b del numeral 1 del artículo 311; se adicionan el inciso d) y se recorren los subsecuentes del artículo 273; el inciso e) y se recorren los subsecuentes del artículo 293; y la fracción IV del inciso d del numeral 1 del artículo 311 todos de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Artículo 273.

1. ... 4.

5.[...]:

a)... c)

d) El número de electores registrados en la lista nominal de la sección correspondiente;

e)[...];

f)[...], y

g)[...].

6 [...]

7 [...]

Artículo 293.

1[...]

a) ... d)

e) Boletas depositadas en la urna y electores conforme listado nominal. Hacer constar si se permitió votar a algún elector conforme a lo estipulado por el artículo 278, numeral 1;

f)[...], y

g)[...].

2. ... 4.

Artículo 311.

1 [...]

a) [...]

b)Si los resultados de las actas no coinciden, o el número de votos emitidos sea mayor al número de electores registrados en la lista nominal de la correspondiente sección, sin que en el acta conste justificación de dicha irregularidad y sea conforme a lo estipulado por el artículo 278, numeral 1, o se detectaren alteraciones evidentes en las actas que generen duda fundada sobre el resultado de la elección en la casilla, o no existiere el acta de escrutinio y cómputo en el expediente de la casilla ni obrare en poder del presidente del consejo, se procederá a realizar nuevamente el escrutinio y cómputo de la casilla, levantándose el acta correspondiente. Para llevar a cabo lo anterior, el secretario del consejo, abrirá el paquete en cuestión y cerciorado de su contenido, contabilizará en voz alta, las boletas no utilizadas, los votos nulos y los votos válidos, asentando la cantidad que resulte en el espacio del acta correspondiente. Al momento de contabilizar la votación nula y válida, los representantes de los partidos políticos que así lo deseen y un consejero electoral, verificarán que se haya determinado correctamente la validez o nulidad del voto emitido, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 291 de esta Ley. Los resultados se anotarán en la forma establecida para ello dejándose constancia en el acta circunstanciada correspondiente; de igual manera, se harán constar en dicha acta las objeciones que hubiese manifestado cualquiera de los representantes ante el consejo, quedando a salvo sus derechos para impugnar ante el Tribunal Electoral el cómputo de que se trate. En ningún caso se podrá interrumpir u obstaculizar la realización de los cómputos;

c) [...]

d)[...]:

I.[...]

II.[...] ;

III.[...] , y

IV. El número de votos emitidos sea mayor al número de electores registrados en la lista nominal de la sección correspondiente sin que en actas conste justificación de dicha irregularidad y sea conforme a lo estipulado por el artículo 278, numeral 1.

Artículo Segundo.Se adiciona el inciso l) del numeral 1 del artículo 75, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

Artículo 75

1.La votación recibida en una casilla será nula cuando se acredite cualesquiera de las siguientes causales:

a)... i)

j)Impedir, sin causa justificada, el ejercicio del derecho de voto a los ciudadanos y esto sea determinante para el resultado de la votación ;

k)Existir irregularidades graves, plenamente acreditadas y no reparables durante la jornada electoral o en las actas de escrutinio y cómputo que, en forma evidente, pongan en duda la certeza de la votación y sean determinantes para el resultado de la misma , y

l) El número de votos emitidos sea mayor al número de electores registrados en la lista nominal de la sección correspondiente y que no sea susceptible de ser subsanada con alguno de los documentos existentes en el paquete electoral, y/o que no haya ninguna justificación válida conforme a lo dispuesto en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Transitorios

Primero.El presente decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. En un plazo de 60 días a partir de la entrada en vigor del presente decreto, el Instituto Nacional Electoral deberá homologar sus disposiciones de acuerdo a lo establecido en el presente decreto.

Notas

1 Instrumentos históricos sobre los derechos humanos, disponible en:

http://www.ccee.edu.uy/ensenian/catderpu/material/instrumentosD DHH.PDF, consultado el 10 de noviembre de 2016.

2 Declaración de Derechos del Buen Pueblo de Virginia, Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, disponible en:

https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/6/2698/21.pdf , consultado el 10 de noviembre de 2016.

3 Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, disponible en:

http://historico.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/derhum/co nt/22/pr/pr19.pdf, consultado el 10 de noviembre de 2016.

4 Organización de las Naciones Unidas, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, disponible en:

http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CCPR.aspx, consultado el 10 de noviembre de 2016.

5 Ibídem, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

6 Ibídem, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

7 Organización de los Estados Americanos, Carta Democrática Interamericana, disponible en:

https://www.oas.org/OASpage/esp/Publicaciones/CartaDemocratica_ spa.pdf, consultado el 10 de noviembre de 2016.

8 Ibídem, Carta Democrática Interamericana.

9 Organización de las Naciones Unidas, Declaración Universal de Derechos Humanos, disponible en:

http://www.un.org/es/documents/udhr/, consultado el 10 de noviembre de 2016.

10 López Brun, Germán Gabriel Alejandro, Legalidad y Transparencia en la Cultura Electoral, disponible en:

http://www.ordenjuridico.gob.mx/Congreso/pdf/20.pdf, consultado el 9 de noviembre de 2016.

11 Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Glosario, disponible en:

http://www.trife.gob.mx/glossary/3/letterc, consultado el 8 de noviembre de 2016.

12 Rosales, Carlos Manuel, Principios rectores en materia electoral en Latinoamérica, disponible en:

http://www.corteidh.or.cr/tablas/r24583.pdf, consultado el 8 de noviembre de 2016.

13 Zavala Arredondo, Marco Antonio, Cuándo cuenta un voto, Nexos, disponible en: http://www.nexos.com.mx/?p=12041

14 Ibídem.

15 Ibídem.

16 Ibídem.

17 Ibídem.

18 Ibídem.

19 Ibídem.

20 Ibídem.

21 Ibídem.

22 Ibídem.

23 Ibídem.

24 Elección Federal 2015, Sistema de Información de las Elecciones Federales, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, disponible en:

http://portal.te.gob.mx/consulta2015/

25 Datos proporcionados por un estudio realizado por Morant Consultores.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de enero de 2017.— Diputado Jorge Álvarez Maynez (rúbrica).»

Se turna a la Comisiones Unidas de Gobernación, y de Justicia, de la Cámara de Diputados.

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

«Iniciativa que reforma y deroga los artículos 52 a 54 y 56 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Laura Nereida Plascencia Pacheco, del Grupo Parlamentario del PRI

La que suscribe, Laura Nereida Plascencia Pacheco, diputada federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión; con fundamento en los artículos 67, 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 55, fracción II, 56 y demás relativos y aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta Comisión Permanente del Congreso de la Unión la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor del siguiente

Planteamiento del problema

Derivado de las situación que prevalece en nuestro país en los ámbitos económico, político y social, de la que sobresale el encono de la sociedad hacia la clase política-gobernante, dado que por una parte se pide que nos ajustemos el cinturón, toda vez que los precios de los productos de la canasta básica y en general la producción y comercialización de bienes y servicios, se verán sumamente afectados por el alza en las tasas de intereses, la volatilidad de nuestra moneda frente al dólar y su competitividad en el mercado internacional, fenómenos económicos que propiciaran una inflación que los expertos prevén entre el 4 y 5%, lo cual nos obliga como poder legislativo a tomar medidas emergentes que satisfagan el interés colectivo de la sociedad en seguir creyendo en nosotros y verse identificados y legítimamente representados como lo establece nuestro marco legal basado en la voluntad del pueblo mexicano para constituirse en una República representativa, democrática, laica y federal.

Por lo que en cumplimiento al mandato establecido en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo referente a que los diputadas y diputados, somos en quienes recae la representación popular del pueblo, relacionado con lo dispuesto por el mismo marco constitucional, en lo concerniente a la integración del poder legislativo, el cual establece la conformación de una Cámara de Diputados integrada por 300 diputados electos según el principio de votación mayoritaria relativa, mediante el sistema de distritos electorales uninominales, y 200 diputados que serán electos según el principio de representación proporcional, mediante el Sistema de Listas Regionales, votadas en circunscripciones plurinominales. Y una cámara de Senadores integrada por ciento veintiocho senadores, de los cuales, en cada Estado y en la Ciudad de México, dos serán elegidos según el principio de votación mayoritaria relativa y uno será asignado a la primera minoría. Para estos efectos, los partidos políticos deberán registrar una lista con dos fórmulas de candidatos. La senaduría de primera minoría le será asignada a la fórmula de candidatos que encabece la lista del partido político que, por sí mismo, haya ocupado el segundo lugar en número de votos en la entidad de que se trate.

Los treinta y dos senadores restantes serán elegidos según el principio de representación proporcional, mediante el sistema de listas votadas en una sola circunscripción plurinominal nacional. La ley establecerá las reglas y fórmulas para estos efectos.

Luego entonces, si tomamos en consideración que el objeto para la conformación tanto de diputados y senadores plurinominales es la representación de los grupos minoritarios, lo cual considero es un argumento sumamente necesario; sin embargo para efectos de la iniciativa que hoy presento a esta soberanía, tenemos que la presente propuesta no busca eliminar sino reducir de 200 a 100 diputados elegidos bajo el principio de representación proporcional, mediante el Sistema de Listas Regionales, votadas en circunscripciones plurinominales, y de 64 a 32 senadores elegidos bajo el mismo principio, sustentada en argumentos de economía y finanzas para eficientar tanto la actuación del órgano legislativo, como para economizar el gasto que implica tanto salario y prestaciones de cada representante plurinominal, así como de su equipo de trabajo, generando un ahorro considerable, que refleje el sentir de la población en atender el reclamo de que por un lado se dé viabilidad al trabajo legislativo haciendo más ágil y por ende eficaz y consecuentemente generar un ahorro derivado de una sub representación.

Exposición de Motivos

Primera.Para establecer un marco teórico respecto al objeto de la presente iniciativa comenzare por referir los antecedentes históricos que dan origen en nuestro país al establecimiento de la representación sustentada en el principio de representación proporcional:

• En el año 1963 por vez primera se introdujeron los diputados de partido en la Cámara de Diputados.

• Fue en el año de 1977cuando se incorporó el principio de representación proporcional para la integración de la Cámara de Diputados para elegir 100 legisladores a través de dicho principio.

• Posteriormente en el año 1986 se amplió a 200 el número de representantes populares.

• Es así que en 1993 se estableció que ningún partido que tenga el 60% o más de la votación nacional podrá contar con más de 300 diputados.

• Pero fue hasta el año 1996 cuandoSe incluyó la representación proporcional en la Cámara de Senadores, para elegir treinta y dos miembros, mediante el sistema de listas votadas en una sola circunscripción plurinominal nacional; así mismo en ese mismo año para la distribución de curules por representación proporcional cada partido debía obtener como mínimo un dos por ciento de la votación.

• Consecuentemente en el año 2014, Con la reforma política aumentó al tres por ciento del total de la votación válida emitida.

Segunda.En la actualidad la Cámara de Diputados se integra de 500 diputados propietarios y sus respectivos suplentes. Trescientos de ellos son electos por el principio de mayoría relativa en distritos uninominales y los 200 restantes son electos por el principio de representación proporcional, mediante el sistema de listas regionales, votadas por circunscripciones plurinominales. Esta composición del Congreso de la Unión se debió a la reforma introducida por el Estado Mexicano en el año de 1977, con el fin de resolver el problema de legitimidad, para ello se creó la Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales. Con esta reforma se introdujo la representación proporcional en donde los partidos políticos tienen su representación en cada uno de las Cámaras.

Salvo la última reforma electoral de 1996 sobre la integración de la Cámara de Senadores, cuando se incrementó de 64 a 128 Senadores, de los cuales 64 son elegidos por el principio de mayoría relativa, 32 se eligen por el principio de primera minoría, y los 32 restantes son electos por el principio de representación proporcional, mediante un sistema de lista votadas en una sola circunscripción plurinominal nacional. Con esta reforma se logró obtener una pluralidad ideológica y que la cámara fuese pluripartidista.

Tercera.En cifras somos uno de los países con más legisladores a nivel internacional, con un total de 628, incluso superando a naciones como Brasil (524) y Estados Unidos (535), que poseen una cantidad mayor de población y estados federados. Lamentablemente nuestra percepción ante la sociedad es calificada según la encuestadora Mitofsky, la cual por séptimo año consecutivo la tendencia promedio de confianza en las instituciones mexicanas es a la baja, sufriendo en 2016 su mayor disminución y por primera vez son calificadas debajo de 6 en promedio (escala de 0 a 10) por lo que puede clasificarse en el nivel de “confianza baja”.

Refleja que 16 de las 17 instituciones medidas bajan su confianza ante los ciudadanos, salvo el INE (en un año electoral de alternancias estatales). Las que sufren mayores disminuciones son la presidencia de la República (-0.6 puntos) la SCJN (-0.5 puntos) y los sindicatos (-0.5 puntos) todas ellas con asuntos que los enfrentaron a la opinión pública en 2016.

Las instituciones con mayor confianza ciudadana siguen siendo “las universidades” seguidas de “la iglesia” y “el ejército” aunque las tres sufren una disminución de 0.2 puntos, lo que las coloca en su peor nivel histórico.

Por el contrario las peores instituciones medidas de confianza son los “partidos políticos” (4.8), los “sindicatos” (4.9), los “diputados” (5.0) y la “policía” (5.0).

En dicho contexto si considero que el espíritu del legislador para plasmar la representación proporcional en ambas cámaras, fue el garantizar la participación de las minorías como parte del sistema democrático de nuestro país con una composición pluripartidista, en el que se legitime el actuar en favor de sus representados, máxime si observamos que dichos representantes no son electos por voto directo, sino a través de una formula aritmética de la que deriva su designación, a ello obedece el sentir social que a través de la historia ha pedido su desaparición. Sin embargo el objeto de la presente iniciativa no es su eliminación sino su reducción, para lo cual a continuación se establecerá la argumentación económica-financiera con la que se sustentará el ahorro que traería aparejado la aprobación de la misma.

Cuarta. Es importante hacer mención que reducir el número de legisladores que son elegidos bajo el principio de representación proporcional favorecería un mejor funcionamiento de las tareas parlamentarias y traería un ahorro económico significativo al Estado mexicano al reducirse la carga burocrática, lo cual contribuirá para fomentar el ahorro del gasto público, al facilitar los acuerdos, al trabajar con mayor eficiencia y, sobre todas las cosas, al responder a una demanda que por años ha expresado la ciudanía sobre el extenso número de legisladores.

Lo anterior en razón de que aun mayor número de legisladores:

•Retrasa la toma de decisiones y limita los consensos entre las diferentes fuerzas políticas;

•La dieta de cada legislador tiene un alto costo en dietas, prestaciones, gastos de representación, personal, entre otras.

Quinta. Aunado a lo anterior y tomando en consideración que en la actualidad tenemos partidos políticos fuertes, altamente competitivos y con una gran fuerza electoral, que no necesitan de estas fórmulas para representar a la sociedad; la reducción de diputados y senadores ayudaría a la consolidación democrática del país. Su reducción permitiría realizar un trabajo más eficiente y eficaz entre ambas cámaras, evitando el estancamiento del proceso legislativo, además de hacer un Congreso de la Unión menos oneroso y comprometido con la austeridad republicana, pero también que facilite el debate responsable, un trabajo en comisiones más ordenado, mayor agilidad en la asignación de responsabilidades de los legisladores, así como la definición de prioridades del Congreso de la Unión.

Por lo que la presente propuesta no tiene como objetivo eliminar la representación proporcional, sino únicamente reducirla y hacerla consecuentemente eficiente optimizando recursos materiales, financieros y personales, dando como consecuencia eficacia legislativa en la función del poder a quien compete la elaboración, reforma, adición derogación y abrogación de las leyes.

Fundamento legal

Por las consideraciones expuestas, con fundamento en los artículos 67, 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 55 fracción II, 56 y demás relativos y aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en mi calidad de integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, someto a la consideración de esta honorable soberanía la siguiente iniciativa ,para lo cual a continuación se realiza el siguiente cuadro comparativo:

Propuesta de modificación

En virtud y en razón de lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de

Decreto

Único. Se reforman los artículos 52; párrafo segundo del 53; párrafo primero del 54; párrafo primero del 56; asimismo, se deroga el segundo párrafo del artículo 56, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 52.La Cámara de Diputados estará integrada por 300 diputados electos según el principio de votación mayoritaria relativa, mediante el sistema de distritos electorales uninominales, y 100 diputados que serán electos según el principio de representación proporcional, mediante el Sistema de Listas Regionales, votadas en circunscripcionales (sic DOF 15-12-1986) plurinominales.

Artículo 53. La demarcación territorial de los 300 distritos electorales uninominales será la que resulte de dividir la población total del país entre los distritos señalados. La distribución de los distritos electorales uninominales entre las entidades federativas se hará teniendo en cuenta el último censo general de población, sin que en ningún caso la representación de una entidad federativa pueda ser menor de dos diputados de mayoría.

Para la elección de los 100 diputados según el principio de representación proporcional y el Sistema de Listas Regionales, se constituirán cinco circunscripciones electorales plurinominales en el país. La Ley determinará la forma de establecer la demarcación territorial de estas circunscripciones.

Artículo 54. La elección de los 100 diputados según el principio de representación proporcional y el sistema de asignación por listas regionales, se sujetará a las siguientes bases y a lo que disponga la ley:

I.Un partido político, para obtener el registro de sus listas regionales, deberá acreditar que participa con candidatos a diputados por mayoría relativa en por lo menos doscientos distritos uninominales;

II.Todo partido político que alcance por lo menos el tres por ciento del total de la votación válida emitida para las listas regionales de las circunscripciones plurinominales, tendrá derecho a que le sean atribuidos diputados según el principio de representación proporcional;

III.Al partido político que cumpla con las dos bases anteriores, independiente y adicionalmente a las constancias de mayoría relativa que hubiesen obtenido sus candidatos, le serán asignados por el principio de representación proporcional, de acuerdo con su votación nacional emitida, el número de diputados de su lista regional que le corresponda en cada circunscripción plurinominal. En la asignación se seguirá el orden que tuviesen los candidatos en las listas correspondientes.

IV.Ningún partido político podrá contar con más de 300 diputados por ambos principios.

V.En ningún caso, un partido político podrá contar con un número de diputados por ambos principios que representen un porcentaje del total de la Cámara que exceda en ocho puntos a su porcentaje de votación nacional emitida. Esta base no se aplicará al partido político que, por sus triunfos en distritos uninominales, obtenga un porcentaje de curules del total de la Cámara, superior a la suma del porcentaje de su votación nacional emitida más el ocho por ciento; y

VI.En los términos de lo establecido en las fracciones III, IV y V anteriores, las diputaciones de representación proporcional que resten después de asignar las que correspondan al partido político que se halle en los supuestos de las fracciones IV o V, se adjudicarán a los demás partidos políticos con derecho a ello en cada una de las circunscripciones plurinominales, en proporción directa con las respectivas votaciones nacionales efectivas de estos últimos. La ley desarrollará las reglas y fórmulas para estos efectos.

Artículo 56. La Cámara de Senadores se integrará por noventa y seis senadores, de los cuales, en cada Estado y en la Ciudad de México, dos serán elegidos según el principio de votación mayoritaria relativa y uno será asignado a la primera minoría. Para estos efectos, los partidos políticos deberán registrar una lista con dos fórmulas de candidatos. La senaduría de primera minoría le será asignada a la fórmula de candidatos que encabece la lista del partido político que, por sí mismo, haya ocupado el segundo lugar en número de votos en la entidad de que se trate.

La Cámara de Senadores se renovará en su totalidad cada seis años.

Transitorios

Artículo Primero.El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo Segundo.El Congreso de la Unión dentro de los 90 días posteriores a la publicación del presente decreto en el Diario Oficial de la Federación, deberá llevar a cabo las adecuaciones necesarias a la legislación secundaria correspondiente.

Artículo Tercero.Se derogan todas aquellas disposiciones que contravengan el presente decreto.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 17 de enero de 2017.— Diputada Laura Nereida Plascencia Pacheco (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, de la Cámara de Diputados.

LEY GENERAL DE SALUD

«Iniciativa que adiciona el artículo 233 Bis de la Ley General de Salud, a cargo del diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar, del Grupo Parlamentario del PAN

Quien suscribe, Edmundo Javier Bolaños Aguilar, diputado federal, integrante de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 6o., fracción I, 65, numeral 1, fracciones II y III, 76, numeral 1, 78, numeral 1, y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados, que presenta esta iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 233 de la Ley General de Salud, al tenor del siguiente

Planteamiento

1.En la resolución WHA51.17 de la 51 Asamblea Mundial de la Salud de la Organización Mundial de la Salud (OMS),de fecha 1998,se exhorta a los Estados miembros a adoptar medidas encaminadas a promover el uso de los antimicrobianos de manera apropiada y eficaz con relación al costo; a prohibir su dispensación sin la prescripción o receta de un profesional de la salud calificado; a mejorar las prácticas para prevenir la propagación de las infecciones y la consiguiente transmisión de agentes patógenos resistentes; a reforzar la legislación para impedir la fabricación, venta y distribución de antimicrobianos falsificados y la venta de antibióticos en el mercado negro y a reducir el uso de estos antibióticos en la cría de animales destinados al consumo humano.

Desde el año 2001, la OMS publicó La estrategia mundial para contener la resistencia a los antimicrobianos. En dicha publicación se estudia el problema que existe a nivel mundial, en cuanto a la resistencia de los agentes infecciosos respectivos a los medicamentos de primera línea, el cual se va agudizado, desde cero hasta casi 100 por ciento y, en algunos casos, la resistencia a los fármacos de segunda y tercera línea que afecta significativamente el resultado del tratamiento.

A esto se agrega la importante carga de enfermedad que representan en todo el mundo las infecciones nosocomiales resistentes, los nuevos problemas que plantea la resistencia a los fármacos antivirales y los problemas crecientes de resistencia a los medicamentos entre las enfermedades parasitarias olvidadas que afectan a las poblaciones pobres y marginadas.

“La estrategia mundial” de la OMS define como usanza apropiada de los antimicrobianos el uso eficaz en relación con el costo de estos medicamentos con el cual se obtiene el máximo efecto clínico-terapéutico y simultáneamente se minimiza la toxicidad del medicamento y el desarrollo de resistencia microbiana.

“La estrategia mundial” de la OMS para contener la resistencia a los antimicrobianos proporciona un marco de medidas destinadas a reducir la aparición y la propagación de microorganismos resistentes medidas, entre las cuales, destacan:

• reducción de la carga de número y propagación de las infecciones;

• mejora del acceso a los antimicrobianos;

• mejora del uso de los antimicrobianos; y

• mejora del control de los antimicrobianos.

Aunque es difícil calcular cuantitativamente el impacto total de la resistencia en la salud, hay datos que señalan que la morbilidad y la mortalidad aumentan cuando se retrasa la administración de tratamientos eficaces para las infecciones causadas por agentes patógenos resistentes. También puede haber consecuencias económicas para el paciente debido a pérdida de productividad. Por lo demás, la resistencia a los antimicrobianos desvía recursos financieros que podrían usarse para mejorar la salud; asimismo, atenta contra el éxito de las acciones emprendidas mundialmente para combatir las enfermedades infecciosas más importantes relacionadas con la pobreza. En vista de lo anterior, el poner en marcha “la estrategia mundial” de la OMS podría considerarse una forma apropiada de gestión de riesgo para proteger las iniciativas sanitarias actuales y la disponibilidad de tratamientos para las generaciones futuras.

De acuerdo a la publicación Conocimiento sobre el uso de antibióticos por personal médico del servicio urgencias, la OMS explica el uso inadecuado de los antibióticos. De acuerdo a las siguientes características.

a) Prescripción en exceso (cuando se prescriben y no son necesarias);

b) Omisión de la prescripción (cuando son necesarias y no se prescriben);

c) Dosis inadecuada (en exceso o defecto);

d) Duración inapropiada (tratamiento prolongado o muy corto);

e) Selección inadecuada (cuando no hay concordancia con la etiología y espectro en cobertura de la droga);

f) Gasto innecesario (cuando se seleccionan drogas más antiguas baratas y clínicamente no efectivas);

g) Riesgo innecesario (al elegir las vías endovenosa o intramuscular, cuando la vía oral es adecuada Riesgo innecesario).

2. En México, la Ley General de Saluddefine los servicios que debe de proveer el Sistema de Salud. En cuanto a los servicios, entendemos que son aquellos que se dirigen especialmente a los pacientes, generando una reducción externa de riesgos, es decir, la Prestación del Servicio genera un beneficio no solo para quienes lo reciben, sino que el beneficio se extiende al resto de la comunidad. Dadas las características de estos servicios es fundamental garantizar su financiamiento de manera independiente.

3.En materia de salubridad general , la Ley General de Saludotorga la protección social de salud, es decir, el Estado deberá de garantizar a todos los ciudadanos la protección social en materia de salud, eliminando o reduciendo al máximo las desigualdades evitables en la cobertura, el acceso y la utilización de los servicios y asegurando que cada uno reciba atención según sus necesidades.

La Ley arriba mencionada enuncia los derechos a la protección de la salud, entre los que destacan la prolongación y mejoramiento de la calidad de la vida humana, para ello, se requiere utilizar medicamentos específicos, para el tratamiento de ciertas enfermedades, es decir, los médicos tienen la obligación de justificar la prescripción médica, por la cual, se deberá de lograr el mayor beneficio posible para los pacientes.

Tal es el caso, de la enfermedad del según la cual, se presenta en la mayoría de las infecciones abdominales y es resistente a seis tipos de antibióticos. Es decir, las bacterias se vuelven resistentes a los fármacos antivirales, por lo que, cuando se adquiera una infección causada por una bacteria, el antibiótico ya no tendrá efecto sobre esta y, por lo tanto, no podrá curar la infección. Y como las bacterias pueden transmitirse de unas personas a otras, el uso irresponsable de los antibióticos también puede incrementar el número y la gravedad de las infecciones, que pueden resultar muy difíciles de controlar.

4.En virtud de ello, se requiere que los Servicios de Salud a la Persona, que se brindan a los enfermos, cuando se presenten en la unidad de atención médica, solicitando la prestación del servicio, sean los más adecuados, para el paciente como para la institución, es decir, los hospitales, también deberán de diseñar una estrategia con base en el lugar en que se encuentren, el tipo de enfermedades y los pacientes que reciben. La atención médica comprende servicios otorgados principalmente mediante la interacción directa del médico con el paciente. En este acto se deberán de incluir servicios como prevención, diagnóstico, rehabilitación y tratamiento adecuado de los antibióticos.

Argumentación

En México, los antibióticos se encuentran entre los medicamentos que más se consumen. La prescripción injustificada de los antibióticos y la laxitud en la regulación sobre la venta de medicamentos que permite la automedicación con antibióticos, son algunos de los factores que se han relacionado con este alto consumo. Dadas las limitaciones de la literatura publicada al respecto, y la actual falta de indicadores nacionales para monitorear la utilización de los antibióticos, es imposible evaluar de forma integral la situación del uso de los antibióticos en el país. A pesar de que existen variados informes sobre resistencia bacteriana en el país, esta información no ha sido sistematizada y publicada de tal forma que permita caracterizar la situación en el país y guiar la toma de decisiones. Por otra parte, es poca la información publicada sobre los gastos y los daños a la salud asociados al uso inapropiado de antibióticos.

Las iniciativas para mejorar el control, gestión y uso de antibióticos se debe centrar en intervenciones educativas y gerenciales para médicos en el sector público, así como en estrategias para vigilar y contener la resistencia bacteriana, generalmente circunscritas al control de las infecciones nosocomiales.

Sin duda, el desarrollo e implementación de estrategias orientadas a racionalizar el uso de los antibióticos no es fácil. Algunas de las barreras son: complejidad en la regulación del sector privado; otras prioridades nacionales, como el acceso a medicamentos en el sector público; falta de recursos para instrumentar intervenciones complejas intersectoriales; intereses económicos del sector farmacéutico, e intereses gremiales. Sin embargo, el tema del control, gestión y uso de antibióticos y resistencia bacteriana ha sido capaz de llegar a la agenda política de varios países cuyos parlamentos han discutido y aprobado medidas al respecto, como es el caso del Reino Unidoy de Chile.El problema de la escasa regulación sobre el uso de antibióticos en México también tiene implicaciones para las naciones vecinas: las bacterias resistentes no reconocen límites territoriales. La frontera de México con Estados Unidos de América (EUA) es particularmente importante, dada su porosidad para el movimiento de personas y medicamentos.Ambos países podrían beneficiarse con el trabajo conjunto sobre estrategias para mejorar el uso de antibióticos.

Los antibióticos se consideran y se perciben, sin lugar a dudas, como medicamentos y ello se manifiesta en la legislación de varios países de América Latina.

El actual marco normativo y las políticas farmacéuticas y de salud de nuestro país, no incorporan estrategias sobre el control, gestión y uso apropiado de antibióticos ni la contención de la resistencia bacteriana, como se recomienda internacionalmente.

Para ello, las normas que regulan la producción, comercialización, publicidad, importación, exportación, uso racional, prescripción, dispensación, distribución, registro sanitario y vigilancia sanitaria, entre otras cuestiones pertinentes a medicamentos, se deben de aplicar también a los antibióticos.

En varios países de América Latina, la legislación incorpora el principio obligatorio de que la prescripción y el despacho de antibióticos sean realizados por profesionales legalmente habilitados para ello. Este principio queda establecido explícitamente en algunas legislaciones y en otras es implícito pues se considera que la venta directa o libre sin receta constituye una situación excepcional que la autoridad sanitaria debe determinar en cada caso. El acto de prescribir está considerado legalmente como un acto privativo del ejercicio de la medicina y solo pueden recetar medicamentos los facultativos u otras personas legalmente autorizadas.

En nuestra legislación no se halla ningún texto legal, que se refiera específicamente a la regulación de los antibióticos, similar a los que reglamentan el uso de estupefacientes y psicotrópicos.

Así mismo, deberá de existir una vigilancia especial para el control de los antibióticos, ya que este dirigida a lograr la utilización racional y especifica de los antibióticos. Esta, permitirá que las autoridades, apoyadas por datos científicos, modifiquen los requisitos para el registro, control, gestión y uso de los antibióticos. Incluso pueden ordenar su retiro del mercado si fuera necesario.

Esta vigilancia obligara a las autoridades, a comprobar la eficacia del antibiótico y a detectar los efectos adversos o tóxicos que puedan resultar de su consumo. Los establecimientos de salud, médicos, laboratorios y otros tienen que dar cuenta de ello a las autoridades sanitarias. Esas competencias y atribuciones aparecen ya, como función especializada, en leyes, reglamentos y resoluciones de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Guatemala, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela.

Con base en lo anterior, en nuestro país, las autoridades de salud, deben de tomar en consideración las siguientes recomendaciones:

• Que la Secretaria de Salud simplifiquen el sistema normativo y promuevan su consolidación anual para evitar la proliferación de textos reglamentarios y normas técnico-administrativas.

• Que la Secretaria de Salud Incluya en el expediente para el registro sanitario de cada antibiótico los datos relevantes respecto de cualquier característica distintiva que obligue a vigilar su gestión, control y uso en especial, sin tener que recurrir a una nueva reglamentación.

• Que la Secretaria de Salud promueva una amplia difusión de las normas legales y reglamentarias sobre el uso de antibióticos, especialmente entre los profesionales y otras personas que realizan actividades con ellos relacionadas, e involucrar a las escuelas universitarias y tecnológicas de medicina.

• Que la Secretaria de Salud establezca requisitos especiales para las personas que se desempeñan en farmacias y otros establecimientos del ramo y realizar un empadronamiento —como se ha hecho en algunos países— y someter a todo ese personal a un programa de educación, no solo técnica, sino de responsabilidad legal.

• Que la Secretaria de Salud acentué el uso de la televisión y otros medios de comunicación para llevar a cabo campañas de educación en la materia, para equilibrar el peso de los programas de publicidad y promoción comerciales, así como restringir el sistema de venta de antibióticos por internet.

• Que la Secretaria de Salud promueva la aplicación de sanciones por infracciones o delitos comprobados, esas deben tener un carácter ejemplificador y recibir la debida publicidad para conocimiento de la población.

Las sanciones citadas anteriormente deberán ser aplicadas por la Secretaria de Salud, de acuerdo con los procedimientos que se deberán de establecer en un Reglamento del Control, Gestión y Uso de los antibióticos y sin perjuicio de las responsabilidades civiles o penales que pueda haber.

Fundamento Legal

Quien suscribe, Edmundo Javier Bolaños Aguilar, diputado federal, integrante de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;los artículos 6o. fracción I, 65, numeral 1, fracciones II y III, 76, numeral 1, 78, numeral 1 y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados, que presenta esta iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 233 de la Ley General de Salud, somete a consideración del pleno de esta soberanía la iniciativa con proyecto de

Decreto que adiciona el artículo 233 Bis de la Ley General de Salud

Artículo Primero:Se adiciona el artículo 233 Bis. Para quedar como sigue

Artículo 233 Bis. En cuanto al control, gestión y uso de los antibióticos, las siguientes actividades se consideran delitos contra la salud pública:

I. Expender o despachar antibióticos deteriorados o caducados que incumplan los requisitos relativos a su composición, estabilidad y eficacia poniendo así en peligro la salud de las personas, se castigará con penas de prisión de seis meses a dos años, multas en el monto que indica la ley e inhabilitación especial para ejercer la profesión u oficio de seis meses a dos años.

II. Alterar en cualquiera instancia la cantidad, dosis o composición genuina de los antibióticos según lo autorizado, privándolos total o parcialmente de su eficacia terapéutica y con ello poniendo en peligro la salud o vida de las personas.

III. El que con ánimo de expender o de utilizar imite, simule o genero sin previa autorización de las autoridades de salud, el contenido de un antibiótico, dándole la apariencia de verdaderos y poniendo con ello en peligro la salud o la vida de las personas.

IV. El que conociendo la alteración del antibiótico y con el propósito de expenderlo o destinarlo al uso de otras personas que tuviere en depósito, haga publicidad, ofrezca, exhiba, venda, facilite en cualquier forma esos antibióticos poniendo en peligro la salud o la vida de las personas será castigado, al igual que los responsables de los dos apartados anteriores, con las penas de prisión de seis meses a tres años, multas en el monto que indica la ley e inhabilitación para ejercer su profesión u oficio de uno a tres años.

V. En el caso de que se produzca efectivamente daño a la salud o a la vida de las personas por las acciones señaladas en los apartados anteriores, se aplicará la inhabilitación para ejercer su profesión u oficio de uno a tres años.

VI. Las penas de inhabilitación previstas serán de tres a seis años cuando los hechos sean cometidos por técnicos, médicos, farmacéuticos o por directores de laboratorios autorizados en cuyo nombre y representación actúen.

Artículo Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de enero de 2017.— Diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Salud, de la Cámara de Diputados.

LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL

«Iniciativa que reforma el artículo 37 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a cargo de la diputada Cristina Ismene Gaytán Hernández, del Grupo Parlamentario del PRD

La suscrita, diputada Cristina Ismene Gaytán Hernández, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, y 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración del Honorable Pleno de la Comisión Permanente la siguiente iniciativa con proyecto de decreto:

Exposición de Motivos

En congruencia con la iniciativa presentada previamente, mediante la cual se propone reformar el apartado B y su fracción VII del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y, en la búsqueda de armonizar nuestro cuerpo normativo en la tutela de los derechos humanos, les propongo incorporar un lenguaje incluyente y acciones afirmativas, que impidan la discriminación hacia las mujeres en el ámbito laboral.

De acuerdo con la Enciclopedia Jurídica Mexicana, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, la discriminaciónes un “término que ha venido aplicándose para calificar aquel tratamiento diferencial por el cual se priva de ciertos derechos o prerrogativas a un determinado número de personas”,

En nuestro país las mujeres hemos ocupado espacios dentro del ámbito laboral que se han asignado considerando roles que nos discriminan de la realización de diversas tareas y encargos.

La discriminación es un fenómeno social que vulnera la dignidad, los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas. Ésta se genera en los usos y las prácticas sociales entre las personas y con las autoridades, en ocasiones de manera no consciente.

Así, la antigua Corte Permanente de Justicia Internacional señaló que la igualdad en derecho excluye toda discriminación, al contrario de la igualdad de hecho, la cual puede hacer necesario un tratamiento diferencial con objeto de alcanzar un resultado que establezca un equilibrio entre situaciones diferentes.

Las mujeres tenemos derecho al disfrute pleno y en condiciones de igualdad de todos nuestros derechos humanos, lo que abarca el derecho a vivir libres de todas las formas de discriminación, siendo esto último indispensable para el logro de los derechos humanos, la paz, la seguridad y el desarrollo sostenible.

El trabajo está reconocido como un derecho humano, inherente a las personas por lo cual el Estado está obligado a garantizar las mejores condiciones, a fin de que todas las personas puedan ejercerlo en igualdad de condiciones y libre de discriminación.

El marco normativo en nuestro país reconoce el derecho al trabajo y dentro de este los derechos laborales de las mujeres. Así, el artículo 123 constitucional dispone:

“Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil, al efecto se promoverán la creación de empleos y la organización social para el trabajo conforme a la ley.”.

No obstante, en México, las mujeres seguimos encontrando un trato desigual en el ámbito laboral. Lo cual constituye un problema social, económico y cultural ya que actualmente nos encontramos inmersas en el mercado laboral, participando dentro de la población económicamente activa, como jefas de familia e incluso como único sostén económico del entorno familiar, viviendo discriminación laboral, encontrando como práctica común, que las mujeres recibamos una remuneración menor a la que reciben los hombres por el mismo trabajo, la exigencia a las aspirantes a un puesto de un certificado de no gravidez para ocupar una plaza laboral, e incluso a ser despedidas por estar embarazadas, aun somos discriminadas para realizar ciertas actividades o desempeñar encargos por el hecho de ser mujeres.

Consideraciones

Cabe resaltar que la Ley Federal del Trabajo y la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, contemplan el reconocimiento a los derechos laborales de las mujeres, y que en el ámbito internacional el Estado mexicano ha ratificado entre otros, el Convenio 100 sobre Igualdad de Remuneración, el Convenio 111 sobre la Discriminación para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujeres (CEDAW).

Sin embargo, para hacer efectivo el goce de los derechos laborales de las mujeres es necesaria la implementación de acciones afirmativas que obliguen a la designación paritaria de personal, a la contratación en condiciones de igualdad dentro de la esfera laboral.

Apoyamos esta propuesta en el dictado de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, la cual obliga a los Estados Partes a adoptar todas las medidas adecuadas, incluso de carácter legislativo, para modificar o derogar leyes, reglamentos, usos y prácticas que constituyan discriminación contra la mujer.

Es por ello, que en congruencia con nuestra propuesta de reformar el artículo 123 de nuestra Constitución en su apartado B y fracción VII en lo referente a considerar la inclusión de la palabra trabajadoras dentro del apartado B y de la palabra paridad dentro de la fracción VII, para garantizar la no discriminación, la no asignación de roles o estereotipos de género que vulneren la esfera económica de las mujeres, afectando inequitativamente nuestras oportunidades en el mercado laboral.

Asimismo, se propone reformar de la fracción VII del artículo 37 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a efecto de que la Secretaría de la Función Pública, conduzca las políticas, establezca las normas y emita las autorizaciones para la contratación paritaria del personal, servicio profesional de carrera en la administración pública federal, estructuras orgánicas y ocupacionales.

En los términos que se señalan en el siguiente cuadro comparativo:

Texto actual

Artículo 37. A la Secretaría de la Función Pública corresponde el despacho de los siguientes asuntos:

I. al VI. ...

VII. Conducir las políticas, establecer las normas y emitir las autorizaciones y criterios correspondientes en materia de planeación y administración de recursos humanos, contratación del personal, Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, estructuras orgánicas y ocupacionales, de conformidad con las respectivas normas de control de gasto en materia de servicios personales;

VIII. al XXIX. ......

Texto propuesto

Artículo 37. A la Secretaría de la Función Pública corresponde el despacho de los siguientes asuntos:

I. al VI. ...

VII. Conducir las políticas, establecer las normas y emitir las autorizaciones y criterios correspondientes en materia de planeación y administración de recursos humanos, contratación paritaria del personal, Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, estructuras orgánicas y ocupacionales, de conformidad con las respectivas normas de control de gasto en materia de servicios personales;

VIII. al XXIX. ...

Por lo expuesto, someto a la consideración de esta soberanía, la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforma la fracción VII del artículo 37 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal

Artículo Único. Se reforma la fracción VII del artículo 37 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, para quedar como sigue:

Artículo 37. A la Secretaría de la Función Pública corresponde el despacho de los siguientes asuntos:

I. al VI. ...

VII. Conducir las políticas, establecer las normas y emitir las autorizaciones y criterios correspondientes en materia de planeación y administración de recursos humanos, contratación paritariadel personal, Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, estructuras orgánicas y ocupacionales, de conformidad con las respectivas normas de control de gasto en materia de servicios personales;

VIII. al XXIX. ...

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 Gómez- Robledo Verduzco, Alonso. (2012). Discriminación. Ed. Instituto de Investigaciones Jurídicas. Porrúa-UNAM. Enciclopedia Jurídica Mexicana. (Tercera edición, Tomo III, D-E, pp. 553-554). México. Porrúa-UNAM.

2 La Discriminación y el Derecho a la No Discriminación. Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Documento disponible en:

http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/cartillas/2_Cartilla_Discr iminacion.pdf

3 Corte Permanente de Justicia Internacional, Serie A/B, número 64, p. 19.

4 Se puede encontrar más información en:

http://beijing20.unwomen.org/es/in-focus/human-rights visto el 17 de enero de 2017.

5 Mujeres y Trabajos no convencionales en México. Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género. Cámara de Diputados LXIII Legislatura. Documento puede verse en:

http://www3.diputados.gob.mx/camara/content/download/334573/119 2813/file/Trabajos%20no%20convencionales.pdf

6 Ídem.

7 Inciso f) del artículo 2, de la Parte 1 De la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. El documento completo puede verse en:

http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/cedaw25years/content/spa nish/Convention-CEDAW-Spanish.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, Sede de la Comisión Permanente, a 25 de enero de 2017.— Diputada Cristina Ismene Gaytán Hernández (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Gobernación, de la Cámara de Diputados.

LEY DE AVIACIÓN CIVIL

«Iniciativa que reforma el artículo 52 de la Ley de Aviación Civil, suscrita por la diputada Mirza Flores Gómez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

La que suscribe, Mirza Flores Gómez, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, y con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 77, numerales I y II, del Reglamento Interior de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La presente iniciativa tiene como objeto regular la sobreventa de boletos de las aerolíneas que operan en el territorio mexicano.

Da acuerdo con declaraciones del procurador federal del Consumidor (Profeco), Ernesto Nemer Álvarez, de enero a julio del año pasado la dependencia recibió mil 200 quejas en contra de las aerolíneas que operan en el país. Aeroméxico, Interjet, Volaris y VivaAerobús fueron las más denunciadas.

Entre los perjuicios ocasionados por las aerolíneas a los usuarios se encuentran principalmente las sobreventas de los vuelos, retrasos, cancelaciones, cobros extras o no respetar los precios anunciados (la Profeco falló a favor de usuarios en 90 por ciento de quejas contra aerolíneas). El titular de la Profeco informó que en el periodo del 12 de julio al 21 de agosto, se pudieron recuperar más de 8 millones de pesos en retribuciones que las aerolíneas pagaron a los afectados.

Actualmente, la Ley de Aviación Civil establece en el artículo 52 la obligación para los concesionarios o permisionarios –aerolíneas comerciales– que en caso de expedir boletos en exceso a la capacidad disponible de la aeronave y en consecuencia, se le niegue el servicio de transportación a un pasajero, las aerolíneas –a elección del pasajero– deberá

• Reintegrarle el precio del boleto o billete de pasaje o la proporción que corresponda a la parte no realizada del viaje;

• Ofrecerle, con todos los medios a su alcance, transporte sustituto en el primer vuelo disponible y proporcionarle, como mínimo y sin cargo, los servicios de comunicación telefónica o cablegráfica al punto de destino; alimentos de conformidad con el tiempo de espera que medie hasta el embarque en otro vuelo; alojamiento en hotel del aeropuerto o de la ciudad cuando se requiera pernocta y, en este último caso, transporte terrestre desde y hacia el aeropuerto; o

• Transportarlo en la fecha posterior que convenga al mismo pasajero hacia el destino respecto del cual se denegó el embarque.

En caso de que el pasajero elija alguna de las primeras dos opciones, el concesionario o permisionario deberá cubrir, además, una indemnización al pasajero afectado que no será inferior al veinticinco por ciento del precio del boleto o billete de pasaje o de la parte no realizada del viaje.

La sobreventa o exceso de reservas (más conocido por el inglés overselling u overbooking) es un término usado por las compañías para referirse al exceso de venta de un servicio sobre la capacidad real de la empresa. La sobreventa de vuelos en México es una práctica legal y común. Los prestadores de servicios aéreos argumentan que esta estrategia asegura que el vuelo vaya al despegue con una ocupación del 100% de los lugares disponibles, obteniendo con ello, mayores ganancias.

La naturaleza jurídica del contrato de servicio de transporte aéreo es totalmente distinto al de un contrato de compraventa de carácter civil; pero es pertinente hacer una analogía respecto de los principios de seguridad jurídica establecidos en el código civil para la adquisición de un bien o de un derecho.

Antes de citar los principios básicos, y para dar sustento a la analogía que presento, es necesario traer al presente texto lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley de Aviación Civil:

El contrato de transporte de pasajeros es el acuerdo entre un concesionario o permisionario y un pasajero, por el cual el primero se obliga a trasladar al segundo, de un punto de origen a uno de destino, contra el pago de un precio. El contrato deberá constar en un billete de pasaje o boleto, cuyo formato se sujetará a lo especificado en la norma oficial mexicana correspondiente.

Para efectos de la construcción del siguiente argumento se considerará la expedición del boleto, como el contrato de compraventa respecto al derecho de traslado de un punto de origen a otro.

Los artículos 2269 y 2270 del Código Civil establecen de manera muy clara como uno de los principios fundamentales para dar certeza jurídica a los particulares la prohibición de venta de cosa ajena.

Artículo 2269. Ninguno puede vender sino lo que es de su propiedad.

Artículo 2270. La venta de cosa ajena es nula, y el vendedor es responsable de los daños y perjuicios si procede con dolo o mala fe; debiendo tenerse en cuenta lo que se dispone en el título relativo al Registro Público para los adquirentes de buena fe.

Si este principio es universal y aplicable para todos los mexicanos y todas las mexicanas, ¿por qué debemos hacer una excepción con las aerolíneas? Cuando una aerolínea expide un boleto de avión –acto que materializa la voluntad de las partes– donde se establecen fecha, hora, número de vuelo y precio del viaje, el concesionario se obliga –en virtud de los principios que rigen un contrato de compraventa– a respetar el lugar comprado por el usuario, en los términos y las condiciones que se indican en el boleto.

Es inaceptable que en un estado de derecho haya disposiciones legales que beneficien a un sector de empresarios en detrimento de los derechos de los ciudadanos, en el caso concreto, de los usuarios de las aerolíneas. Si el Estado no es capaz de garantizar certeza jurídica a sus gobernados en una pequeña transacción como lo es, el contrato de transporte, queda de manifiesto entonces, la imparcialidad de éste frente a los poderes fácticos.

Respecto a los retrasos y las cancelaciones, las aerolíneas se justifican en la mayoría de los casos, aduciendo al excesivo tráfico aéreo en los principales aeropuertos del país –el de la Ciudad de México es el más mencionado–o aducen a cuestiones meteorológicas como causantes de la cancelación o el retraso.

Si bien ante ambos argumentos –que, por cierto, son causas inimputables a la aerolínea y, por tanto, los derechos contenidos en el artículo 52 de la Ley de Aviación Civil no operan– los usuarios no tenemos manera de corroborar dicha información más que creer en la palabra y buena fe de las operadoras, pero de acuerdo con las cifras de quejas y denuncias mencionadas, la credibilidad de las empresas que proporcionan servicios de transportación área se debilita.

Otra de las actuaciones de las aerolíneas que repercuten directamente en el bolsillo de los mexicanos son los cobros extra y la falta de seriedad para respetar los precios promocionados en los sitios de internet.

El artículo 7 Bis de la Ley Federal de Protección al Consumidor fija de forma clara y precisa que el proveedor está obligado a exhibir de forma notoria y visible el monto total a pagar por los bienes, productos o servicios que ofrezca al consumidor, dicho monto deberá incluir impuestos, comisiones, intereses, seguros y cualquier otro costo, cargo, gasto o erogación adicional que se requiera cubrir con motivo de la adquisición o contratación respectiva, sea ésta al contado o a crédito.

Las aerolíneas violentan este precepto legal, basta con intentar adquirir un boleto a través de las páginas de las aerolíneas, al seleccionar las fechas probables de viaje, inmediatamente se despega una ventana con el precio total –sea éste redondo o sencillo–; cuando se selecciona el viaje que por precio o por horario se ajuste al itinerario y conforme uno va avanzando en el llenado de los formularios para poder adquirirlo, poco a poco se va uno percatando que el precio mostrado en la primera búsqueda va incrementando; esto se debe a que las aerolíneas incluyen –sin previa consulta y autorización del consumidor– servicios extra para asignación de asientos, aumento de tarifas por equipaje extra y diversos tipos de seguros, entre otros.

Así, en cada compra los consumidores deben estar al pendiente de qué cargos extra se les cobran sin su consentimiento y deshabilitarlos en los formularios. Aerolíneas como VivaAerobús, en ocasiones, no permiten eliminar el cargo extra por asignación de asientos, por citar un ejemplo.

Es hora de frenar el abuso que cometen las aerolíneas; debemos de desdibujar las líneas partidistas y defender la economía de los mexicanos; de hecho, en la LXIII Legislatura los compañeros legisladores han manifestado su preocupación para poner un alto a ésta práctica que debería ser ilegal.

La defensa de los consumidores es uno de los temas clave de la sociedad moderna e industrial en que vivimos, calificadas precisamente como “sociedad de consumo”, y el Estado debe ser el principal garante y responsable por la efectiva protección de los consumidores ante los abusos cometidos por las empresas que tienen en sus manos, la concesión del transporte aéreo.

Una política que pretenda amparar a una clase de sujetos débiles jurídicamente, necesariamente debe ser impulsada desde el propio Estado. No debemos de minimizar los esfuerzos hechos por la Profeco en la defensa de los derechos de los usuarios del transporte aéreo, pero mientras en la ley sigan existiendo las prerrogativas concedidas a las aerolíneas de expedir boletos en exceso a su capacidad, éstas seguirán abusando e incrementando sus ganancias amparados en la legislación.

Por lo expuesto solicito al pleno la aprobación de la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforma el artículo 52 de la Ley de Aviación Civil

Único. Se reforma el artículo 52 de la Ley de Aviación Civil.

Artículo 52.Cuando se cancele el vuelo por causas imputables al concesionario o permisionario, que tengan por consecuencia la denegación del embarque, el propio concesionario o permisionario, a elección del pasajero, deberá

I. Reintegrarle el precio del boleto o billete de pasaje o la proporción que corresponda a la parte no realizada del viaje;

II. Ofrecerle, con todos los medios a su alcance, transporte sustituto en el primer vuelo disponible y proporcionarle, como mínimo y sin cargo, los servicios de comunicación telefónica o cablegráfica al punto de destino; alimentos de conformidad con el tiempo de espera que medie hasta el embarque en otro vuelo; alojamiento en hotel del aeropuerto o de la ciudad cuando se requiera pernocta y, en este último caso, transporte terrestre desde y hacia el aeropuerto; o

III. Transportarle en la fecha posterior que convenga al mismo pasajero hacia el destino respecto del cual se denegó el embarque.

Por ningún motivo los concesionarios o permisionarios expedirán boletos en exceso de la capacidad disponible de la aeronave.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de enero de 2017.— Diputada Mirza Flores Gómez (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Transportes, de la Cámara de Diputados.

LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO

«Iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, suscrita por la senadora María Cristina Díaz Salazar, del Grupo Parlamentario del PRI

Quien suscribe, María Cristina Díaz Salazar, senadora del Partido Revolucionario Institucional en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 8, numeral 1, fracción I, 164, numerales 1 y 2, 169 y demás relativos del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración de esta asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto, por el que se reforman diversos artículos de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, para garantizar el trato igualitario de las parejas del mismo sexo en relación con la seguridad social. Esto, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La afiliación al esquema de protección del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), garantiza la seguridad social por medio de la protección y el acceso a la asistencia médica y a la seguridad del ingreso en casos de vejez, desempleo, enfermedad, invalidez, accidentes de trabajo, maternidad o pérdida del sostén de la familia.

La seguridad social encuentra fundamento jurídico tanto en el ámbito nacional, esencialmente en el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (específicamente en el apartado B, fracción XI, tratándose de la seguridad social para los trabajadores del Estado), comoen el plano internacional, en el cual se reconoce como un derecho humano en diversos instrumentos, como el Convenio sobre la Seguridad Social (norma mínima) de la Organización Internacional del Trabajo, y la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el artículo 22.

Considerando la importancia de proteger la seguridad social de todas las personas, se pretende garantizar los derechos fundamentales tanto de los trabajadores como de sus familiares o beneficiarios, inhibiendo los actos discriminatorios que deriven de la aplicación de la normatividad establecida en la Ley del ISSSTE, específicamente en torno a la diversidad sexual.

Con relación a lo anterior, es preciso considerar los principios de igualdad y de no discriminación, derechos fundamentales que se encuentran garantizados en la Constitución en el artículo 1o. con relación al 4o., en los cuales se establece la prohibición a todo tipo de discriminación que impida o anule el reconocimiento o ejercicio de los derechos de las personas.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado al respecto señalando que el principio de igualdad y no discriminación permea todo el ordenamiento jurídico, por lo que cualquier tratamiento que resulte discriminatorio respecto del ejercicio de cualquiera de los derechos reconocidos en la Constitución, es incompatible con ésta.

En el ámbito internacional, también se encuadran los principios de igualdad y no discriminación en diversos instrumentos, como en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, de los cuales se desprende la obligación de los Estados Partes, entre ellos el nuestro, de garantizar a las personas la igualdad en el goce de los derechos reconocidos en ellos.

Pero no obstante la trascendencia de los principios de igualdad y no discriminación en la seguridad social para el desarrollo de las personas, la normatividad vigente en la materia avala la discriminación sistemática por parte del ISSSTE a personas homosexuales, vulnerando la seguridad social de parejas del mismo sexo.

Esto es así en virtud de que, de una lectura íntegra de los artículos 6, 41 y 131 de la ley, se deduce claramente una asignación predeterminada de que todas las parejas son heterosexuales, lo que se traduce en una discriminación a las parejas del mismo sexo en lo que respecta al goce de los beneficios de seguridad social transmitidos vía matrimonial o por concubinato.

Esta asignación predeterminada se encuentra de manera expresa en los tres artículos referidos. Respecto a los artículos 6 y 41, encontramos la siguiente redacción literal:

El cónyuge o, a falta de éste, el varón o la mujer con quien, la Trabajadora o la Pensionada con relación al primero, o el Trabajador o el Pensionado, con relación a la segunda,ha vivido como si fuera su cónyuge durante los cinco años anteriores (...)

En el artículo 131 podemos encontrar una discriminación en este mismo sentido al determinarse que

A falta de cónyuge, la concubina o concubinario solo o en concurrencia con los hijos o éstos solos cuando reúnan las condiciones señaladas en la fracción anterior, siempre que la concubina hubiere tenido hijos con el trabajador o pensionado o el concubinario con la trabajadora o pensionada, o vivido en su compañía durante los cinco años que precedieron a su muerte y ambos hayan permanecido libres de matrimonio durante el concubinato. Si al morir el trabajador o pensionado tuviere varias concubinas o la trabajadora o pensionada tuviere varios concubinarios, ninguno tendrá derecho a pensión.

En relación con la discriminación legal señalada, el 6 de julio de 2011, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación expresó por medio de la resolución 2/2011 que los actos del ISSSTE de negar a los trabajadores la inscripción como beneficiarios a parejas del mismo sexo era discriminatorio, por lo que debían subsanar a la brevedad dicha situación.

La resolución en comento tiene como eje fundamental la reforma constitucional en materia de derechos humanos que entró en vigor el 10 de junio de 2011, estableciendo en el artículo 1o. el principio pro persona, el cual refiere que las normas relativas a derechos humanos se interpretarán favoreciendo en todo momento a las personas otorgándoles la protección más amplia, esto es, que cuando existan varias interpretaciones distintas de una misma norma jurídica o en el caso concreto de aplicación de dos o más normas, se deberá elegir la norma que más proteja al titular del derecho.

Además, se prohíbe explícitamente la discriminación por causas de preferencias sexuales, las cuales no deben ser tomadas en cuenta para un trato distinto hacia las personas o la negación de algún derecho.

Por lo expuesto, circunscritos en el marco constitucional de igualdad jurídica y no discriminación, y considerando que no hay justificación constitucional que amerite un trato diferenciado, es imperativo erradicar la discriminación hacia las parejas del mismo sexo encontrada en diversos artículos de la Ley del ISSSTE, con el propósito de que el Congreso de la Unión garantice a todas las parejas, sean homosexuales o heterosexuales, un acceso igualitario a la seguridad social para los trabajadores del Estado. Con esta convicción, se presenta ante esta soberanía el siguiente proyecto de

Decreto

Único. Se reforman los artículos 6, 41 y 131 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, para quedar como sigue:

Artículo 6. Para los efectos de esta ley se entenderá por

I. a XI.(...)

XII. Familiares derechohabientes a

a) El cónyuge o, a falta de éste, la persona con quien el trabajador o pensionado ha vivido como si fuera su cónyuge durante los cinco años anteriores o con quien tuviese uno o más hijos(as), siempre que ambos permanezcan libres de matrimonio. Si el trabajador o el pensionado, tiene varias concubinas o concubinarios, ninguno de estos dos últimos sujetos tendrá derecho a los seguros, prestaciones y servicios previstos en esta ley;

b) a d) (...)

(...)

XIII. a XXIX. (...)

Artículo 41. (...)

I.Elcónyuge o, a falta de éste, la persona con quien el trabajador o pensionado ha vivido como si fuera su cónyuge durante los cinco años anteriores a la enfermedad o con quien tuviese uno o más hijos(as), siempre que ambos permanezcan libres de matrimonio. Si el trabajador o pensionado tiene varias concubinas o concubinarios, ninguno de estos dos últimos sujetos tendrá derecho a recibir la prestación;

II. a V. (...)

(...)

Artículo 131. El orden para gozar de las pensiones a que se refiere este artículo por los familiares derechohabientes será el siguiente:

I. (...)

II. A falta de cónyuge, la concubina o concubinario solo o en concurrencia con los hijos o éstos solos cuando reúnan las condiciones señaladas en la fracción anterior, siempre que la concubina o el concubinariohubiere tenido hijos con el trabajador o pensionado, o vivido en su compañía durante los cinco años que precedieron a su muerte y ambos hayan permanecido libres de matrimonio durante el concubinato. Si al morir el trabajador o pensionado tuviere varias concubinas o concubinarios, ninguno tendrá derecho a pensión.

(...)

III. A falta de cónyuge, hijos, concubina o concubinario la pensión se entregará a los ascendientes en primer grado conjunta o separadamente y, a falta de éstos, a los demás ascendientes, en caso de que hubiesen dependido económicamente del trabajador o pensionado;

IV. a V. (...)

Transitorios

Primero.El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.En un plazo que no excederá de noventa días, a partir de la entrada en vigor de este decreto, y de conformidad con las atribuciones señaladas en la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, éste deberá modificar su normativa reglamentaria y todas las demás disposiciones que contravengan el marco de igualdad establecido en el presente decreto.

Tercero.Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente decreto.

Notas

1 Semanario Judicial de la Federación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (2016). Tesis P./J. 9/2016 (10a.), Pleno, registro: 2012594, tesis jurisprudencial en materia constitucional, 23 de septiembre.

2 Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (2011). “Resolución por disposición: 2/2011”, relativa al expediente CONAPRED/ DGAQR/215/10/DR/II/JAL/R102, del 6 de julio. Disponible en

http://www.conapred.org.mx/userfiles/files/RPD_IMSS_ISSSTE_2011 _Accss.pdf Consultado en noviembre de 2016.

Dado en el salón de pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 25 de enero de 2017.— Senadora María Cristina Díaz Salazar (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, de la Cámara de Senadores.

LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para reducir el número de comisiones ordinarias y especiales, suscrita por el senador Fernando Torres Galindo y los diputados Miguel Ángel Salim Alle, Mayra Angélica Enríquez Vanderkam, Francisco Ricardo Sheffield Padilla y Alejandra Gutiérrez Campos, del Grupo Parlamentario del PAN

Quienes suscriben senador Fernando Torres Graciano y diputados Miguel Ángel Salim Alle, Mayra Angélica Enríquez Vanderkam, Francisco Ricardo Sheffield Padilla y Alejandra Gutiérrez Campos, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la República en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión con fundamento en los artículos 71, fracción II, y 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 55, fracción II, 171, 176 y 179 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos someten a consideración de ésta honorable Comisión Permanente la siguiente: iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 39, numerales 2 y 3; 85, numeral 1; 90, numeral 1; 95, numeral 1 y; se adicionan los numerales 4 y 5 al artículo 39; un artículo 42 Bis con un numeral 1; los numerales 2 y 3 al artículo 90 y; un artículo 103 Bis con un numeral 1, todos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, conforme a lo siguiente:

I. Exposición de Motivos

A. Contexto jurídico

La Constitución, establece que el Supremo Poder de la Federación se divide para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial. A su vez, el poder legislativo de los Estados Unidos Mexicanos se deposita en un Congreso General, dividido en dos Cámaras, una de diputados y otra de senadores.

El Congreso tiene dos periodos ordinarios de sesiones. En estos periodos ordinarios se ocupa del estudio, discusión y votación de las Iniciativas de Ley que se le presenten y de la resolución de los demás asuntos que le correspondan conforme a la misma Constitución.

Asimismo, el Congreso o una de las Cámaras se pueden reunir en sesiones extraordinarias cada vez que los convoque para ese objeto la Comisión Permanente. En este caso, sólo se ocuparán de los asuntos que la propia comisión sometiese a su conocimiento.

Las resoluciones que emite el Congreso tienen el carácter de ley o decreto. Para su emisión se siguen una serie de pasos, lo que se conoce como “procedimiento legislativo”. A través de él se discute sucesivamente en ambas Cámaras todo proyecto de ley o decreto, si su resolución no es exclusiva de alguna de ellas.

Dentro de este procedimiento, que inicia con la presentación de una iniciativa y culmina con una ley o decreto, existen dos órganos de producción legislativa: el pleno y las comisiones.

El primero es el órgano máximo de las Cámaras, es quien discute y, en su caso, aprueba el trabajo legislativo.

Las segundas son las comisiones legislativas. son órganos constituidos por el pleno, que a través de la elaboración de dictámenes, informes, opiniones o resoluciones, contribuyen a que cada Cámara cumpla sus atribuciones constitucionales y legales, es decir, auxilian a las Cámaras en el cumplimiento de sus funciones.

De entre las comisiones legislativas destacan las ordinarias o permanentes. Estas analizan y dictaminan las iniciativas de ley o decreto que les son turnadas, así como los asuntos del ramo o área de su competencia, la cual corresponde en lo general con las otorgadas a las dependencias y entidades de la administración pública federal.

Esa correspondencia llevaría a pensar que el número de comisiones legislativas ordinarias o permanentes debería coincidir con el número de dependencias o Secretarías de Estado de la administración pública federal, las cuales abarcan todas las materias o funciones del Estado.

Serían suficientes para ejercer sus funciones de control hacia el Poder Ejecutivo. Control basado en el principio de separación de funciones, con el que el Legislativo inspecciona, fiscaliza, comprueba, revisa o examina todas las actividades que realiza el Ejecutivo, además de colaborar con éste.

No sólo existen comisiones ordinarias. También encontramos comisiones especiales. Los Plenos de las Cámaras constituyen comisiones especiales para hacerse cargo de un asunto específico. Se les otorga un plazo para efectuar sus tareas y se extinguen cuando cumplen su objeto.

Sin embargo, en la actualidad nos encontramos con demasiadas comisiones y como resultado de ello, una mayor erogación presupuestal para que las mismas puedan operar y llevar a cabo sus funciones.

El Informe Parlamentario Mundial, elaborado por la Unión Interparlamentaria y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, en abril de 2012, y con datos vigentes al 30 de septiembre de 2011, nos aporta datos muy significativos sobre las comisiones que tienen los parlamentos:

• Promedio de comisiones por cámara: 17.17.

• Porcentaje de cámaras con menos de 20 comisiones: 70.24 por ciento.

• La gran mayoría de las cámaras tienen entre 5 y 20 comisiones.

• El 41.86 por ciento de las cámaras altas tienen menos de 10 comisiones.

• El promedio regional del número de comisiones es de 19.73 en América y 20.16 en la región Asia-Pacífico, que es el más alto.

En México, los números están muy por encima del promedio mundial: En la presente LXIII Legislatura, la Cámara de Senadores cuenta con 64 comisiones ordinarias convirtiéndola en la cámara alta con el mayor número de comisiones a nivel mundial. Además de las comisiones ordinarias, el Senado cuenta con 17 comisiones especiales.

Por su parte, la Cámara de Diputados en esta LXIII Legislatura tiene 56 comisiones, lo que la llevó a ocupar el tercer lugar por las mismas razones. Además de ello, cuenta también con 45 comisiones especiales.

Otro tema que nos lleva a la reflexión es el buen funcionamiento de las comisiones. Es fundamental que las comisiones, como auxiliares delos plenos de las Cámaras, contribuyan a la distribución del trabajo de producción legislativa y a orientar el sentido de éstos. Es necesario que cumplan con sus obligaciones legales y reglamentarias:

Durante la LXII Legislatura, se tuvieron las siguientes estadísticas de las comisiones ordinarias:

Atribución de las comisiones: Entrega de 3 programas anuales de trabajo.

Atribución de las comisiones del Senado: Informe anual de actividades.

Atribución de las comisiones de la Cámara de Diputados: Rendir un informe semestral de sus actividades.

El número de reuniones de las comisiones legislativas en ambas Cámaras varía mucho, y en ocasiones, demasiado. En la Cámara de Senadores, durante la LXII Legislatura, mientras que la Comisión Jurisdiccional sólo tuvo una reunión, la de Estudios Legislativos, Segunda, tuvo 71. Por su parte, en la Cámara de Diputados, mientras la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación tuvo 40 reuniones, la de Población no se reunió ni una sola ocasión.

La carga de trabajo también es muy diferente. Mientras hay comisiones a las que se les turnan un número considerable de iniciativas y minutas, a otras, no se les turnó alguna. Esta situación se presenta tanto en la Cámara de Senadores, como en la de Diputados.

Tenemos el caso de la Comisión de Gobernación en el Senado, a la cual durante la LXII Legislatura se le turnaron 199 iniciativas, mientras que a 8 comisiones no se les turnó alguna. En la Cámara de Diputados, mientras que a la Comisión de Hacienda y Crédito Público se le turnaron 491 iniciativas y 16 minutas, a 13 comisiones no se les turnó alguna minuta y a 2 alguna iniciativa.

Las comisiones especiales tienen una realidad similar. Durante la LXII Legislatura hubo 13 en el Senado y 37 en la Cámara de Diputados. En el Senado, hubo comisiones que no entregaron planes de trabajo o informes o no se reunieron alguna vez. En la Cámara de Diputados, hubo ocho comisiones que, a pesar de que funcionaron entre 23 y 25 meses, sólo se reunieron entre 1 y 4 veces; y tres comisiones que durante dos años en que existieron no presentaron al menos un informe de labores.

En cuanto al costo, para el primer año de ejercicio legislativo de la LXIII Legislatura, cada comisión de la Cámara de Diputados representó un gasto de 4.4 millones de pesos anuales. Lo que se traduce en que la operación de las 56 comisiones ordinarias tuvo un costo de 246.4 millones de pesos anuales.

Cada presidente de comisión contará con un “techo financiero” mensual de 38 mil pesos, un vehículo, un teléfono celular, un secretario técnico, dos asesores, un auxiliar administrativo y tres secretarias de base, cinco banquetes al año y cuatro boletos de avión viaje redondo, anuales. También reciben vales de despensa, papelería impresa, oficina con servicios de fotocopiado y teléfono fijo, así como un chofer.

Por su parte, en la Cámara de Senadores, en el periodo enero-junio de 2014, a los grupos parlamentarios se les asignaron por comisiones y apoyo legislativo un total de 322 millones 248 mil pesos. Por lo que cada una de las 78 comisiones, entre ordinarias y especiales, tuvo un costo promedio de 688 mil 564 pesos mensuales.

B. Contexto social

Hoy en día el país se mantiene con un bajo crecimiento económico, el Fondo Monetario Internacional, por ejemplo, proyectó un crecimiento para este año de tan sólo 1.7 por ciento. Más aún, el sistema económico mexicano se encuentra en incertidumbre ante la llegada de Donald Trump a la Presidencia de los Estados Unidos de Norteamérica, la subida de los precios de los combustibles, la depreciación del peso frente al dólar, tendrán un gran impacto en la inflación y una constante alza en los precios de los alimentos, por encima de los salarios; provocando que los índices de pobreza se mantengan o incluso se incrementen.

Asimismo, el dispendio de dinero que se destina a prestaciones onerosas, como vales de gasolina, celulares, viáticos en vuelos de 1ª clase, entre otros muchos más, son solo algunas de las causas de que la sociedad en general no tenga una buena percepción de muchos de los servidores públicos.

Ante el encarecimiento de los productos y servicios, la disminución del poder adquisitivo de la población, la sociedad cada vez más está pidiendo seriedad y congruencia de quienes laboramos en el servicio público, pero sobre todo de quienes hemos sido electos por el voto popular.

Entre las medidas que la sociedad sigue exigiendo, se encuentran la de hacer verdaderos ejercicios de austeridad, mayor transparencia y rendición de cuentas claras en el uso de los recursos, mayor efectividad en las labores encomendadas, medidas que se considera que en parte, se pueden lograr con la propuesta de la presente iniciativa de reforma.

II. Contenido de la propuesta

Con base a los argumentos antes expuestos y con el propósito de optimizar los recursos asignados al Congreso de la Unión, se propone disminuir y limitar el número de las Comisiones, tanto ordinarias como especiales, en ambas Cámaras del Congreso de la Unión.

En primer lugar, propongo disminuir el número de comisiones ordinarias en ambas Cámaras del Congreso de la Unión. Que dichas comisiones correspondan en número y competencia a las Secretarías de Estado del Poder Ejecutivo federal, sumándose a éstas las comisiones ordinarias que actualmente tienen una tarea específica.

Asimismo, dada la importancia de la relación de México con Estados Unidos y Canadá, con quienes nuestro país comparte una amplia agenda, se considera necesario que, en el Senado, la Comisión de Relaciones Exteriores América del Norte se mantenga por separado de la Comisión de Relaciones Exteriores.

En segundo lugar, que las comisiones especiales no excedan en número a la mitad de las comisiones ordinarias. Se considera que se debe aplicar en ambas Cámaras, la norma establecida en el artículo 205 del Reglamento de la Cámara de Diputados que establece el citado límite.

En cuanto a las normas transitorias, se plantean varios artículos que permitan la aplicación de las modificaciones propuestas al articulado de la ley en cuestión, con el propósito de que las nuevas comisiones comiencen a funcionar a partir del inicio del periodo ordinario de sesiones inmediato siguiente del Congreso de la Unión.

Por lo expuesto y con fundamento en los artículos citados en el proemio de la presente iniciativa, se somete a consideración de ésta honorable Comisión Permanente el siguiente proyecto de

Decreto por el que se reforman los artículos 39, numerales 2 y 3; 85, numeral 1; 90, numeral 1; 95, numeral 1 y; se adicionan los numerales 4 y 5 al artículo 39; un artículo 42 Bis con un numeral 1; los numerales 2 y 3 al artículo 90 y; un artículo 103 Bis con un numeral 1, todos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo Único. Se reforman los artículos 39, numerales 2 y 3; 85, numeral 1; 90, numeral 1; 95, numeral 1 y; se adicionan los numerales 4 y 5 al artículo 39; un artículo 42 Bis con un numeral 1; los numerales 2 y 3 al artículo 90 y; un artículo 103 Bis con un numeral 1, todos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 39.

1. ...

2. La Cámara de Diputados contará con las comisiones ordinarias y especiales que requiera para el cumplimiento de sus funciones, de conformidad con lo establecido en el presente Capítulo.

3. Habrá tantas comisiones ordinarias, como secretarías de Estado del Poder Ejecutivo de la Unión. Cuando exista modificación en número o materia de las secretarías de Estado del Poder Ejecutivo, se modificará en los mismos términos las comisiones ordinarias.

4. A las comisiones ordinarias que se mencionan en el numeral anterior, se sumarán las que se mencionan en el artículo 40 de esta ley.

5. Las comisiones ordinarias tienen a su cargo tareas de dictamen legislativo, de información y de control evaluatorio conforme a lo dispuesto por el párrafo primero del artículo 93 constitucional, y su competencia se corresponde en lo general con las otorgadas a las secretarías de Estado del Poder Ejecutivo de la Unión, salvo las adicionales a que se refiere el numeral 4, que tendrán una tarea específica.

Artículo 42 Bis.

1. Las comisiones especiales no podrán exceder en número a la mitad de las comisiones ordinarias.

Artículo 85.

1. La Cámara de Senadores contará con el número de comisiones ordinarias y especiales que requiera para el cumplimiento de sus funciones, de conformidad con lo establecido en el presente capítulo.

2. ...

Artículo 90.

1. La Cámara de Senadores tendrá tantas comisiones ordinarias, como Secretarías de Estado tiene el Poder Ejecutivo de la Unión, además de las que se mencionan en este Capítulo. Cuando se modifiquen en número o materia las Secretarías de Estado del Poder Ejecutivo, se modificará en los mismos términos las comisiones ordinarias.

2. A las comisiones ordinarias que se mencionan en el numeral anterior, se sumarán las que desarrollan las tareas específicas que se mencionan en los artículos 99, 100, 101 y 102 de la presente Ley, así como la de Relaciones Exteriores América del Norte.

3. La competencia de las comisiones ordinarias se corresponde en lo general con las otorgadas a las Secretarías de Estado del Poder Ejecutivo de la Unión, salvo la de las comisiones adicionales que se mencionan en el numeral anterior, que tendrán una tarea específica.

Artículo 95.

1. La Cámara podrá subdividir las comisiones en secciones según lo crea conveniente o lo exija el despacho de los negocios.

Artículo 103 Bis.

1. Las comisiones especiales no podrán exceder en número a la mitad de las comisiones ordinarias.

Transitorios

Artículo Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, sin perjuicio de lo previsto en los artículos transitorios siguientes.

Artículo Segundo. Las Cámaras de Diputados y Senadores deberán realizar sus adecuaciones normativas a sus reglamentos y aprobar su normatividad en materia de entrega y recepción para efectos del presente decreto, dentro de los 90 días siguientes a partir de su entrada en vigor.

Las normas a que se refiere el párrafo anterior entrarán en vigor a partir del inicio del periodo ordinario de sesiones inmediato siguiente del Congreso de la Unión al que fueran aprobadas en su totalidad.

En tanto entran en vigor las adecuaciones referidas en el párrafo primero, continuarán aplicándose las normas vigentes hasta el momento de entrada en vigor del presente decreto.

Artículo Tercero. Las comisiones ordinarias que se constituyan con base en el presente decreto, iniciarán funciones a partir de que entren en vigor las normas a que se refiere el párrafo primero del artículo transitorio segundo.

Dichas comisiones se integrarán e instalarán del mismo modo, en lo conducente, a lo que dispone la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los reglamentos de las Cámaras y demás normas aplicables, para integrar e instalar las comisiones durante el primer mes de ejercicio de cada legislatura.

En el momento de la instalación de las comisiones ordinarias que se constituyen con motivo del presente decreto, las comisiones ordinarias que serán absorbidas por otra, de conformidad con el criterio establecido en la tabla contenida al final del presente artículo, rendirán cuenta por escrito del estado que guardan los asuntos que fueron de su competencia y harán la entrega de los recursos humanos, materiales y financieros y cualquier otra información que pertenezca a dichas comisiones, a las nuevas comisiones competentes, de conformidad con la respectiva normatividad en materia de entrega y recepción que emita cada Cámara para efectos de la aplicación del presente decreto.

En el caso de las comisiones ordinarias que, con la entrada en vigor del presente decreto, sólo absorben a otra u otras comisiones vigentes de conformidad con el criterio establecido en la tabla contenida al final del presente artículo, no realizarán el trámite señalado en el párrafo anterior.

Las nuevas comisiones ordinarias resolverán los asuntos que hayan quedado pendientes de resolución, bajo el siguiente criterio:

Artículo Cuarto. Antes del inicio del periodo ordinario de sesiones inmediato siguiente del Congreso de la Unión a la entrada en vigor del presente decreto, se reducirá el número de las comisiones especiales de cada Cámara, para ajustarse a lo dispuesto en el presente decreto.

En caso de ser necesario, se aplicará, en lo conducente, lo dispuesto en el artículo transitorio tercero.

Nota

1 Power, G. (2012). Informe Parlamentario Mundial. La naturaleza cambiante de la representación parlamentaria. PNUD y UIP. Dinamarca. Recuperado de

http://www.secretariagrulacuip.org/web/attachments/article/29/G lobal%20Parliament%20Report%20Spanish%20WebReady.pdf

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a los 25 días de enero de 2017.— Legisladores: senador Fernando Torres Graciano y diputados Miguel Ángel Salim Alle, Mayra Angélica Enríquez Vanderkam, Francisco Ricardo Sheffield Padilla, Alejandra Gutiérrez Campos (rúbricas).»

Se turna a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, de la Cámara de Diputados.

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

«Iniciativa que adiciona el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por los diputados Héctor Javier García Chávez, Guadalupe Acosta Naranjo y Cristina Ismene Gaytán Hernández, del Grupo Parlamentario del PRD

Planteamiento del Problema

En años recientes y forzados por la profundización del fenómeno de la globalización, los Estados han debido apostar hacia el exterior en su búsqueda por defender los intereses nacionales, fortalecer su posición en el concierto internacional y contribuir con soluciones multilaterales a las nuevas problemáticas globales. Para ello se han valido de diversas estrategias de vinculación transnacional, que se traducen en la negociación de distintos niveles de acuerdos o tratados internacionales.

Es necesario distinguir entre los instrumentos internacionales que el Poder Ejecutivo puede negociar en el exterior. De un primer lado tendríamos aquellos que se refieren a cuestiones sobre problemáticas específicas de la agenda global, como pueden ser las convenciones sobre cambio climático, biodiversidad, desarme, entre otras. México ha sido un distinguido participante en el marco de la Organización de Naciones Unidas y se ha comprometido con las mejores causas multilaterales.

Del otro lado estarían aquellos instrumentos internacionales cuyo contenido es eminentemente económico. En años recientes, una gran variedad de acuerdos comerciales han sido utilizados por los países. Ejemplo de ellos son los tratados de libre comercio, los acuerdos para la promoción y protección recíproca de inversiones (APPRIS), los convenios suscritos para evitar la doble imposición o la evasión fiscal, por mencionar algunos.

La característica de este tipo de acuerdos y tratados internacionales en materia económica es que impactan cada vez con mayor profundidad en sectores amplios y muy representativos de la población, repercutiendo directamente en los ingresos y en el bienestar de la gente. No obstante, la participación popular en la confección de estos acuerdos ha sido frecuentemente negada o menospreciada en favor de grupos de interés que se benefician mayormente de los arreglos.

Durante las últimas dos décadas, el Ejecutivo Federal en México ha utilizado acuerdos y/o con tratados internacionales en materia económica con enorme frecuencia, tanto en el ámbito bilateral como en el multilateral.

Desde nuestra perspectiva, los resultados para México de esta estrategia de inserción en la dinámica global han sido contraproducentes para la mayoría de los ciudadanos, pues al privilegiar los intereses minoritarios de grupos elitistas, se ha abandonado la ruta del crecimiento económico sostenido y la equidad en el reparto de los beneficios del desarrollo, dejando un saldo negativo para el interés nacional.

Esta situación ha sido en parte resultado del diseño histórico del modelo de división de poderes vigente el sistema político mexicano, el cual confeccionó un mecanismo para la negociación y aprobación de los tratados y convenciones diplomáticas internacionales en donde el Ejecutivo tiene preminencia y donde la representación popular del Congreso de la Unión participa con mucha menor relevancia.

Así, esta falta de representatividad del interés nacional en la negociación de este tipo de acuerdos internacionales nos lleva a sostener que es preciso revisar algunas de las facultades de las que disponen las dos Cámaras del Congreso de la Unión en materia de política exterior y, particularmente, en lo relativo a la negociación de acuerdos y tratados internacionales en materia económica.

Argumentos

Facultades constitucionales en materia de política exterior

El marco normativo que regula la celebración y la aprobación de tratados internacionales está contenido en diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La fracción primera del artículo 76 del mismo ordenamiento prevé como facultad exclusiva de la Cámara de Senadores, “aprobar los tratados internacionales y convenciones diplomáticas que el Ejecutivo de la Unión suscriba...”.

De la misma manera, la fracción décima del artículo 89 de la Carta Magna establece dentro de las facultades y obligaciones del Presidente, “dirigir la política exterior y celebrar tratados internacionales... sometiéndolos a la aprobación del Senado”.

El artículo 133 constitucional, por su parte, consagra que “... todos los tratados que estén de acuerdo con la [Constitución], celebrados y que se celebren por el Presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión...”

Por otra parte, en 1992 se publicó la Ley sobre la Celebración de Tratados, la cual contempla que los tratados, “sólo podrán ser celebrados entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y uno o varios sujetos de Derecho Internacional Público”.

En el mismo sentido, en 2004 entró en vigor la Ley sobre la Aprobación de Tratados Internacionales en Materia Económica, que tienen por objeto reglamentar el artículo 93 de la Constitución para “requerir información a los funcionarios públicos facultados en materia de negociación, celebración y aprobación de tratados relacionados con el comercio de mercancías, servicios, inversiones...”.

Históricamente, aprobar tratados internacionales y convenciones diplomáticas no ha sido siempre una facultad exclusiva del Senado de la República; en algún momento de la historia de México ésta fue una prerrogativa del Congreso de la Unión en su conjunto. Por si fuera poco, en la época de desaparición de la Cámara de Senadores, la ratificación de los instrumentos internacionales se convirtió en potestad única de la Cámara de Diputados.

La reglamentación constitucional para la celebración y aprobación de tratados internacionales se encuentra considerada desde la Constitución de Apatzingán de 1814. A lo largo de los años, las facultades en esta materia han variado. En 1814, correspondía al Supremo Congreso, integrado exclusivamente por Diputados “aprobar, antes de su ratificación... los tratados de alianza y comercio con las demás naciones...”.

Al surgir México como nación independiente, su primera Constitución federal adoptó el sistema de división de poderes así como la partición del Poder Legislativo en dos Cámaras: la de Senadores y la de Diputados. La Carta Magna de 1824 otorgó como facultad al Congreso General “aprobar los tratados de paz, de alianza, de amistad...y cualesquiera otros que celebre el Presidente con potencias extranjeras”, criterio que fue ratificado en las Constituciones de 1836 y 1843.

En virtud de la supresión del Senado de la República por la Constitución de 1857 y hasta su reinstauración en 1874, la facultad de aprobar los tratados internacionales correspondió a la Cámara de Diputados. A partir del 13 de noviembre de 1874, fecha en que entraron en vigor las reformas a la Constitución del 1857, la Cámara de Senadores recibió la facultad de anuencia exclusiva, ratificándose dicha prerrogativa en la fracción primera del Artículo 76 de la Carta Magna de 1917.

Posteriormente, en 1934, se reformó el artículo 133 de la Constitución, sustituyendo la facultad del Congreso para aprobar los tratados, que preveía el texto original de la Constitución de 1917, por la facultad exclusiva del Senado para “aprobar todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la República”, eliminando así la contradicción que existía entre la fracción l, del artículo 76, y la disposición contenida en el artículo 133.

Como puede observarse, el equilibrio de poderes y las facultades que se otorgan al Congreso de la Unión en materia de política exterior han variado dependiendo de las circunstancias particulares de los diversos momentos históricos en el México contemporáneo.

Adicionalmente, desde nuestro punto de vista, este régimen de competencias presenta hoy en día distintas inconsistencias que es preciso subsanar.

En primer lugar, la evolución del derecho internacional y la diversificación de los instrumentos jurídicos contemporáneos en el ámbito internacional, hacen cada vez más difícil la homologación y clasificación de los distintos tipos de compromisos adquiridos en el nivel transnacional.

Como decíamos en un inicio, existen algunos instrumentos jurídicos internacionales, multilaterales o bilaterales, signados por nuestro país para hacer frente a problemáticas específicas y globales como la no proliferación de armas nucleares, el combate a la delincuencia organizada y el tráfico de armas, el cambio climático o las distintas facetas de la cooperación judicial, educativa, de salud, científicas y tecnológicas.

Al mismo tiempo, existen otros tipos de instrumentos jurídicos internacionales, también bilaterales o multilaterales, que en razón de su contenido eminentemente económico afectan a amplios sectores o a la población en su conjunto, como los tratados de libre comercio, los acuerdos relativos a inversiones, los convenios sobre doble tributación, entre otros.

Por sus características económicas, estos últimos son instrumentos sustancialmente distintos en alcance y contenido a las convenciones diplomáticas, políticas o especializadas en temas de seguridad colectiva o similares.

Los acuerdos y tratados internacionales en el marco de la profundización de la globalización

La iniciativa que ponemos a consideración de las y los legisladores parte de la base de que en un contexto de profundización del fenómeno de la globalización, caracterizado por la crecientemente complejidad e incertidumbre de la dinámica internacional, se hace necesaria la reconfiguración de las principales facultades con las que cuentan los distintos Poderes del Estado mexicano en materia de política exterior, particularmente en lo relativo a la negociación de acuerdos y tratados internacionales en materia económica.

A finales de la década de los años setenta del siglo pasado dio comienzo el proceso de globalización, esto es, la transformación de un conjunto de economías nacionales interdependientes, en una sola economía global, con procesos de producción y comercialización distribuidos por todo el mundo, en función de ventajas comparativas y competitivas a nivel mundial, y en un marco de avance inusitado avances tecno-eléctricos.

La globalización no sólo redefinió la tendencia y el sentido de los intercambios comerciales, financieros y tecnológicos, sino que modificó la naturaleza de los recursos que determinan el poder económico relativo de los Estados nacionales y, por ende, su capacidad real para ejercer su soberanía formal. El resultado de estos procesos fue una nueva relación de dependencia entre los países desarrollados del centro y las naciones en vías de desarrollo de la periferia y semi-periferia.

De manera paralela, en los años ochenta del siglo pasado, los países desarrollados, encabezados por Estados Unidos y Gran Bretaña, iniciaron la transformación de sus economías basándose en la doctrina neoliberal de preeminencia del mercado. El llamado “Consenso de Washington” incluyó una serie de reformas estructurales como la reducción de la intervención estatal en la economía y el adelgazamiento del mismo; la apertura comercial; la disciplina en las finanzas públicas; la apertura a la inversión extranjera, entre otras.

Para la economía capitalista global es necesario emprender la integración económica para asegurar el abastecimiento mundial de fuerza de trabajo, recursos, servicios y mercados. Así, el capital transnacional garantiza su hegemonía, con los acuerdos regionales de libre comercio.

Así, durante todos estos años las diversas regiones en el mundo experimentaron enormes presiones para adoptar el proyecto político neoliberal, de mercados auto-regulados, como el único modelo de desarrollo y en prácticamente todo el globo se han introducido, en mayor o menor medida, políticas neoliberales de diferente índole.

De estas manera, los acuerdos y tratados internacionales en materia económica que abrieron las economías al libre comercio se expandieron por todo el mundo y fueron utilizados justamente para empujar las reformas neoliberales mediante la promoción anglosajona de capitalismo, logrando fortalecer las fuerzas centrífugas, profundizando la desintegración nacional y debilitando a los Estados más vulnerables que se involucran en el acuerdo.

Estados Unidos fue el propagador del neoliberalismo como doctrina económica global cuya misión fue abrir, desregular y privatizar, a la par que afianzaba la ideología de un mundo sin fronteras para las corporaciones y el capital trasnacional, ideal que todos los países debían replicar. Los países en vías de desarrollo como México fueron forzados a reorientar sus economías hacia el exterior, como un intento por tener acceso a la inversión y a la tecnología necesaria para su crecimiento y desarrollo económico.

Así, los países del centro forzaron la negociación de estos instrumentos internacionales de libre comercio para enfrentar la pérdida de competitividad de sus empresas en la economía global y en su propio mercado interno.

En el caso de Norteamérica, la influencia y el poder de Estados Unidos y de los intereses de sus corporaciones transnacionales y grupos de presión son determinantes y en muchos casos han condicionado las decisiones de política interna de México. Este fue el caso de la negociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) que logró sellar las reformas estructurales neoliberales en México a través de hacer depender el desarrollo nacional del mercado, la apertura económica, la inversión privada extranjera y en una notable reducción de la participación del Estado en la economía.

Las principales contradicciones de estas políticas impulsadas desde hace más de veinte años por las élites económicas y políticas más poderosas al nivel transnacional han quedado a la vista con la reciente elección de Donald Trump en Estados Unidos. En todo el mundo pero particularmente en Norteamérica, el proceso de liberalización comercial e integración económica, ha polarizado las desigualdades sociales, duplicando las percepciones de los sectores de mayor ingreso. El afán por reducir costos y maximizar ganancias condujo también a la precarización de los salarios y a la concentración de los ingresos por parte de las élites.

Desde nuestra perspectiva, esto ha podido ser así en parte debido a que en la negociación de los acuerdos y tratados internacionales en materia económica, que instituyeron las reformas estructurales neoliberales en nuestro país, solo participaron representantes de los grupos y sectores privilegiados que han venido ocupando la titularidad del Poder Ejecutivo federal durante los últimos 25 años.

En los procesos de negociación de estos instrumentos internacionales la representación popular ha sido menospreciada. Los acuerdos han sido confeccionados por funcionarios que designa el Poder Ejecutivo Federal y que en buena medida representan las demandas de grupos de interés que buscan capturar la regulación y hacer a un lado el interés público. La participación del Congreso de la Unión es reducida a la participación testimonial de algunos sectores y a la ratificación apresurada del contenido de los acuerdos previamente avalados y firmados por el Presidente de la República.

En este escenario, el Congreso de la Unión, pero particularmente la Cámara de Diputados, se ve privada de la posibilidad de pronunciarse respecto de instrumentos jurídicos internacionales que tienen que ver con facultades que expresamente le han sido conferidas por la Constitución General de la República, como son los impuestos, la doble imposición, las inversiones, los aranceles y el comercio exterior en general. Resulta inexplicable que el órgano que establece la representación popular no tenga voz en la negociación de tratados, los cuales tienen profundos impactos en la economía nacional y en el desarrollo de los distintos sectores productivos y el bienestar directo de la población.

Es un hecho innegable que la mayor interrelación con el exterior tienen un impacto creciente en el bienestar de la gente. En un contexto de transición democrática como el que hoy vive México, en donde la demanda por profundizar los mecanismos de participación ciudadana y de rendición de cuentas por parte de los órganos del Estado se ha vuelto una exigencia popular, se debe alentar la confluencia y la incidencia de las y los ciudadanos con relación al diseño, la conducción y la ratificación de los diversos instrumentos de la política exterior.

En este sentido, desde la perspectiva del Grupo Parlamentario del PRD, tanto las y los diputados, representantes por excelencia de los intereses populares, como los senadores de la República, deben jugar un papel más activo en materia de política exterior, mediante mecanismos republicanos que garanticen una mayor participación y transparencia en la toma de decisiones que afecten los intereses nacionales y que impacten directamente en el bienestar de la población.

En este contexto, la propuesta que hoy ponemos a consideración de esta honorable Asamblea está dirigida específicamente a uno de las fases en que la política exterior se consagra en deberes y derechos para el Estado mexicano en su conjunto: la negociación de acuerdos y tratados en materia económica.

Así, se propone actualizar el marco constitucional a efecto de incorporar un nuevo esquema de participación en la negociación de los acuerdos y tratados internacionales en materia económica que nos permita enfrentar, en mejores condiciones, la vertiginosa evolución de la dinámica internacional.

Desde nuestra perspectiva, ampliar al Congreso de la Unión en su conjunto la facultad para acompañar la negociación de los tratados internacionales y las convenciones diplomáticas abonaría sin duda en el fortalecimiento de las capacidades institucionales del Estado mexicano en la toma de decisiones públicas a nivel internacional, en un marco de crecientes desafíos globales que amenazan la viabilidad de México como nación soberana e independiente.

Ante los crecientes impactos en la población de este tipo de instrumentos internacionales, nuestra propuesta otorga la facultad para que tres representantes de la Cámara de Diputados y del Senado de la República cuenten con la prerrogativa de acompañar al Ejecutivo Federal a lo largo del proceso de negociación de los acuerdos y tratados internacionales en materia económica.

Así se ampliaría la posibilidad para que los distintos intereses de la sociedad estuvieran representados en la negociación de estos acuerdos y tratados en materia económica. Además, permitiría una discusión previa e informada, con la que participaran todos los intereses involucrados en el acuerdo, y no posterior al someterse solo a la ratificación en conjunto del mismo.

En estos días tienen lugar en el Senado de la República el proceso de consultas para la ratificación del Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP), uno de los tratados internacionales en materia económica más ambiciones en la historia de la humanidad.

Una vez que fue firmado en su conjunto por el Ejecutivo Federal, tiene lugar en el Senado de la República una serie de sesiones de trabajo de las distintas comisiones involucradas con el fin de sopesar la aprobación de dicho Acuerdo. Durante todas las discusiones ha sido recurrente la disfuncionalidad institucional que representa el que este tipo de instrumentos internacionales en materia económica no sea previamente conocido y analizado antes de ser sometido a su aprobación.

Se ha destacado también la necesidad de evitar que las negociaciones de estos acuerdos y/o tratados tan importantes sean secreta, como fue en el caso del TPP, donde el interés público y los derechos sociales no fueron defendidos correctamente en la construcción de la versión final del acuerdo.

Por tanto, sostenemos que es fundamental avanzar en el fortalecimiento de la participación popular en la defensa de los intereses nacionales al tiempo de asegurar la transparencia en los contenidos de sus eventuales efectos para las y los mexicanos, antes de llevar a cabo el proceso de ratificación de dichos instrumentos internacionales, de conformidad con los estipulado por la Carta Magna.

Así, se pretende que, al mismo tiempo que mantengan los senadores su facultad de ratificar todos los tratados bilaterales y multilaterales, el Senado y la Cámara de Diputados, por medio de representantes nombrados para el efecto, participen activamente durante la negociación de los acuerdos y tratados internacionales en materia económica que afecten a sectores o a la población en general.

La experiencia en los resultados de la negociación a más de veinte años de suscrito el TLCAN nos hace ver los impactos severos que causaron a diversos sectores de la sociedad mexicana. La desigualdad se profundizó en México y tanto los trabajadores como las clases medias perdieron progresivamente su poder adquisitivo, al tiempo que se ha duplicado la riqueza de los grupos de mayor ingreso.

Un caso paradigmático tiene que ver con la situación de los agricultores en México. Con la suscripción del TLCAN, México perdió su soberanía alimentaria, porque dejó de producir los alimentos básicos que requiere su población para comprarlos en las mejores condiciones del mercado, o peor, a las empresas que controlan la comercialización de alimentos a nivel mundial.

De muy poco ha servido a México que el comercio bilateral con Estados Unidos haya aumentado exponencialmente, si durante estos 25 años no ha mejorado el ingreso de las familias y no se ha reducido la pobreza; solo las élites económicas y políticas se han beneficiado de acuerdos como el TLCAN. Así, es claro que el proceso de integración en Norteamérica solo ha beneficiado a una pequeña élite transnacional vinculada al sector exportador, dejando al margen a la amplia mayoría de la gente.

Este modelo ha condenado al país a un crecimiento económico mediocre y a la profundización de nuestra dependencia con respecto al exterior, la cual se extiende ahora al sector energético, en donde se amplían dramáticamente las importaciones de todos los hidrocarburos y se configura una nueva relación dependencia, lo que en los hechos se traduce en la pérdida de nuestra seguridad energética en un contexto geopolítico cada vez más complejo.

En el caso de la TPP arriba señalado, cuya implementación podría traer profundas repercusiones para amplísimos sectores de la economía y la sociedad mexicana, todas las rondas de negociaciones en las que participó nuestro país se realizaron en el más obscuro secreto, a pesar que desde un primer momento existieron numerosas razones y argumentos para llevar a cabo una profunda revisión de su contenido.

Durante las consultas que se llevan a cabo actualmente en el Senado de la República, se han hecho señalamientos a las importantísimas implicaciones que tendrá el Acuerdo en materia de derechos humanos, salud, empleo, medio ambiente y democracia. Pero como el TPP ha sido ya firmado por el Ejecutivo Federal, poco se puede ahora hacer para modificar dicho contenido.

Así, se requiere mecanismos que garanticen una revisión profunda e independiente para asegurar que los acuerdos y tratados internacionales en materia económica como el TPP respondan realmente al interés nacional de nuestro país, y no solo a los intereses de las corporaciones transnacionales. Sostenemos que este tipo de tratados no puede ser ratificado sin el consentimiento de la mayoría de los ciudadanos o cuando menos de sus representantes populares.

Nuestra propuesta tiene como objetivo particular reconocer la existencia de distintos instrumentos jurídicos internacionales que ameritan, desde su negociación, no solo la participación activa de la Cámara de Senadores, sino también la intervención directa de la Cámara de Diputados en tanto órgano constitucional que por excelencia representa la voz y los intereses de los ciudadanos y del pueblo mexicano en su conjunto.

Las y los legisladores del GPPRD consideramos que el acompañamiento del Congreso de la Unión en las negociaciones de acuerdos y tratados internacionales sin duda abonará para obtener beneficios tangibles para la economía mexicana y que su impacto pueda ser positivo para la soberanía alimentaria, la productividad, la recuperación de la economía familiar y la superación de la grave brecha de desigualdad que persiste en México.

Así, las y los legisladores del PRD seguiremos impulsando iniciativas legislativas tendientes a ampliar la participación de la Cámara de Diputados en materia de política exterior, en congruencia con la necesidad de fortalecer la democracia participativa como una herramienta útil para hacer frente a los crecientes desafíos de la globalización.

Fundamento Legal

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo estipulado en los Artículos 71, Fracción II, y 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6º, Numeral 1, Fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, los suscritos, Diputados Héctor Javier García Chávez y Guadalupe Acosta Naranjo, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentan la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se adiciona una fracción XXIX-Y al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo Único.Se adiciona una fracción XXIX-Y al Artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 73.

I. a XXIX-X...

XXIX-Y. Para acompañar al Ejecutivo de la Federación durante todas las negociaciones de tratados internacionales en materia económica, bilaterales o multilaterales, relacionados con el comercio de mercancías, servicios, inversiones, transferencia de tecnología, propiedad intelectual, doble tributación y cooperación económica. Para tal efecto serán electos, por mayoría calificada, tres representantes por la Cámara de Senadores y tres representantes por la Cámara de Diputados.

XXX....

Transitorio

Único.El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de enero de 2017.— Diputados: Héctor Javier García Chávez, Guadalupe Acosta Naranjo (rúbricas).»

Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, de la Cámara de Diputados.

CÓDIGO PENAL FEDERAL

«Iniciativa que adiciona el capítulo V Bis al Título Sexto del Código Penal Federal, suscrita por la diputada Edith Anabel Alvarado Varela, del Grupo Parlamentario del PRI

Edith Anabel Alvarado Varela, diputada federal de la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento a lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 55, 56 y 57 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta honorable asamblea, la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el Capítulo V Bis, denominado delitos cometidos contra las Fuerzas Armadas, al título Sexto del Código Penal Federal, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

“En un sentido antropológico, el trabajo justifica humanamente a las personas ante sí, ante su familia y ante la sociedad, dando una dimensión de dignidad y respeto”.

Es ampliamente conocido el papel fundamental de las Fuerzas Armadas como institución del Estado mexicano para salvaguardar la integridad del territorio, asegurar la independencia de la República, garantizar la soberanía, la seguridad y contribuir al desarrollo de la nación.

La fracción VI del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, faculta al Presidente de la República a disponer de las Fuerzas Armadas para la seguridad interior. Por esta razón, el instituto armado está constitucionalmente facultado para actuar en materia de seguridad pública y en auxilio de las autoridades civiles, tal y como lo ha señalado el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis jurisprudencial P./J. 38/2000.

Las Fuerzas Armadas de nuestro país, con valor y patriotismo, han hecho frente a quienes actúan al margen de la ley, atentan contra la salud de niños y jóvenes y ponen en riesgo el tejido social. El personal de estas instituciones, ha llevado a cabo sus altos deberes con templanza, exigencia, entrega, lealtad, honor, deber y profesionalismo.

No es erróneo afirmar que una de las principales fortalezas del Ejército, Fuerza Aérea y de la Marina Armada de México, es su capital humano, motivo por el cual el Estado mexicano está obligado a reconocer su esfuerzo y dedicación, para retribuir de la misma manera a los hombres y mujeres que con su sacrificio, ayudan a construir una patria más justa y más segura.

En los últimos años los criminales no sólo han perturbado gravemente la paz pública y puesto a la sociedad en grave peligro o conflicto, también han actuado con barbarie desmedida contra las autoridades, particularmente contra las instituciones militares cada vez con mayor sadismo.

Datos de la Secretaría de la Defensa Nacional señalan que entre 2010 y 2012 se reportaron 2 mil 133 ataques a elementos de las Fuerzas Armadas y cuyo saldo fue 118 soldados muertos y 762 heridos.

En 2013 se registraron 482 ataques cuyo resultado fue 23 efectivos caídos y 153 lesionados. En 2014 las agresiones contra el personal militar fueron 276, dejando como saldo 17 muertos y 82 heridos. Durante el primer trimestre de 2015 se tuvo registro de 166 enfrentamientos con 17 militares muertos y 281 heridos.

De manera reciente fue una trágica noticia el hecho de que un grupo fuertemente armado del crimen organizado en Culiacán, Sinaloa, haya emboscado a militares y asesinado a cinco soldados. Asimismo, también de manera reciente, fue lamentable conocer que dos militares hayan sido privados de su libertad y encontrados sin vida en Acapulco, Guerrero.

A su vez, datos de la Secretaría de Marina Armada de México, refieren que de 2006 a diciembre del 2012, perdieron la vida 50 marinos en el marco del combate a la delincuencia organizada, el 42 por ciento de estos efectivos fue asesinado en Tamaulipas.

La labor irremplazable de estos mexicanos patriotas caídos en el cumplimiento de su deber, debe ser justamente valorada. Bien lo señaló Adam Smith: “sabido es lo que se expone a perder un soldado”.

Uno de los elementos definitorios de nuestras Fuerzas Armadas, es la disciplina militar. Se trata del principio organizativo esencial, si bien es cierto que la disciplina es común a todos los sectores de la administración pública, en las Fuerzas Armadas goza de una especial importancia ya que permite la cohesión y mantenimiento del orden, indispensables para que la milicia lleve a cabo su misión constitucional. Es por ello que la disciplina en el ámbito militar debe ser entendida en relación a la naturaleza y función que la Constitución le encomienda a las Fuerzas Armadas, es decir, la eficaz defensa del Estado mexicano.

Las agresiones, los secuestros, la tortura y los asesinatos en contra de algún elemento de las Fuerzas Armadas, es un asunto al que se le tiene que dar la debida importancia. Las escasas garantías legales para los militares en nuestro país, dista mucho de las demandadas por el personal de las Fuerzas Armadas, lo cual ha derivado en perjuicio del instituto armado.

Por eso, el objeto de esta iniciativa es que en el Título Sexto del Código Penal Federal, denominado Delitos Contra la Autoridad ,se adicione el Capítulo V Bis con el tipo penal “Delitos cometidos contra las Fuerzas Armadas”, para que a quien cometa los delitos de lesiones y homicidio en contra de algún integrante de las Fuerzas Armadas en el momento de estar en servicio o con motivo de los actos del mismo, se le aumente la pena hasta el doble de la que corresponda.

Esta propuesta es acorde con el marco de control constitucional y convencional al cual está obligado el Estado mexicano. El artículo 13 de la Carta Magna dispone que la jurisdicción militar está acotada única y exclusivamente a los delitos y faltas cometidos contra la disciplina militar y que en ningún caso y por ningún motivo podrá extenderse sobre persona que no pertenezca al Ejército, ya que si bien es cierto que la especificación y el alcance de la expresión “disciplina militar” corresponden al legislador ordinario, quien debe precisar cuáles son esas faltas y delitos, también lo es que el mandato constitucional establece dos restricciones que no permiten una libre configuración legislativa: 1) está prohibida la jurisdicción militar sobre personas que no pertenezcan al Ejército; y 2) cuando en un delito o falta del orden militar estuviese complicado un civil (paisano), conocerá del caso la autoridad civil que corresponda.

Luego entonces, tal y como lo ha establecido el Pleno del máximo tribunal constitucional en nuestro país a través de la tesis P. II/2013 (10a.), la primera restricción constitucional es contundente en determinar que la justicia militar en ningún caso podrá juzgar penalmente a un civil, cuando éste tenga el carácter de sujeto activo de un hecho ilícito, mientras la segunda implica que cuando un miembro de las fuerzas armadas cometa un delito en perjuicio de un civil, invariablemente, debe conocer de la causa penal correspondiente un juez civil.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos, al resolver el caso “Radilla Pacheco vs. Estados Unidos Mexicanos”, con base en los artículos 2 y 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, determinó que las conductas cometidas por militares que puedan vulnerar derechos humanos de civiles no pueden ser competencia de la jurisdicción militar, porque en ese supuesto los tribunales militares ejercen jurisdicción no solamente respecto del imputado, sino también sobre la víctima civil, quien tiene derecho a participar en el proceso penal tanto para efectos de la reparación del daño, como para hacer efectivos sus derechos a la verdad y a la justicia.

Por eso, el tipo penal que se propone, va dirigido a que los jueces del orden civil sean quienes conozcan y juzguen los delitos que los propios civiles, como sujetos activos de los hechos ilícitos, pudieran cometer en contra de los miembros de las Fuerzas Armadas.

Por las razones expuestas y en ejercicio de la facultad que me confieren los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 55, 56 y 57 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se adiciona el Capítulo V Bis, denominado Delitos cometidos contra las Fuerzas Armadas, al Título Sexto del Código Penal Federal

Único. Se adiciona el Capítulo V Bis, denominado delitos cometidos contra las Fuerzas Armadas, al título Sexto del Código Penal Federal, para quedar como sigue:

Título Sexto Delitos Contra la Autoridad

...

Capítulo V BisDelitos cometidos contra las Fuerzas Armadas

Artículo 192 Bis. A quien cometa los delitos previstos en los artículos 289, 290, 291, 292, 293 y 302 de este Código en contra de algún integrante de las Fuerzas Armadas en el momento de estar en servicio o con motivo de los actos del mismo, se aumentará la pena hasta el doble de la que corresponda.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 Vargas Morgado, Jorge. “La relación jurídica de los miembros de las fuerzas armadas con el Estado”, en Régimen Jurídico de las Fuerzas Armadas, Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, México, 2011, p. 252.

2 Ibídem.

3 Ibídem.

4 “Matan a cinco militares en emboscada en Culiacán”, PROCESO, 30 de septiembre de 2016. Disponible en:

http://www.proceso.com.mx/456984/matan-a-seis-militares-en-embo scada-en-culiacan (Última consulta)

5 “Levantan y asesinan a dos militares en Acapulco”, MILENIO, 31 de octubre de 2016. Disponible en:

http://www.milenio.com/policia/muerte_militares-acapulco-violen cia_guerrero-levantan_soldados-milenio_noticias_0_839316214.html (Última consulta: 2 de noviembre de 2016)

6 “Murieron 50 marinos por guerra contra el narco”, ANIMAL POLÍTICO, 6 de diciembre de 2012. Disponible en:

http://www.animalpolitico.com/2012/12/murieron-50-marinos-por-g uerra-contra-el-narco/ (Última consulta: 2 de noviembre de 2016)

7 Smith, Adam. “Investigación sobre la naturaleza y causas de la riqueza de las naciones”, Fondo de Cultura Económica, México, 2002, p. 106.

8 “Disciplina en el ámbito militar. Su función y alcance constitucional como principio organizativo de las Fuerzas Armadas”, 1a. CXCI/2011, Tesis Asilada, Décima Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro I, octubre de 2011, Tomo II, página 1085.

9 “Fuero militar. El artículo 57, fracción ii, inciso a), del Código de Justicia Militar viola el artículo 13 constitucional”. Tesis: P. II/2013 (10a.), tesis aislada, instancia: pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, materia constitucional, décima época, registro: 2003048, fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVIII, marzo de 2013, Tomo 1, página: 366.

10 “Fuero militar. El artículo 57, fracción II, inciso a), del Código de Justicia Militar contraviene la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Tesis: P. VI/2013 (10a.), tesis: aislada, materia constitucional, décima época, pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro: 2003047, fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVIII, Marzo de 2013, Tomo 1, página: 364.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de enero de 2017.— Diputada Edith Anabel Alvarado Varela (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Justicia, de la Cámara de Diputados.

LEY FEDERAL DE TRABAJO

«Iniciativa que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal de Trabajo, suscrita por la diputada María Verónica Agundis Estrada, del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, María Verónica Agundis Estrada, diputada a la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Federal de Trabajo.

Objetivo

Atendiendo una petición ciudadana que expresa la necesidad de garantizar y proteger los derechos laborales de las personas que trabajan como extras-figurantes en el cine, la televisión, el teatro, la publicidad entre otras muchas actividades relacionadas, procurando la igualdad de condiciones laborales a actividades similares e incorporándolas al marco normativo de la Ley Federal del Trabajo, teniendo como finalidad otorgar certeza jurídica establecer bajo contratos, reglas claras que marquen las condiciones de contratación, tipo de trabajo o actividad a realizar y horarios establecidos conforme a derecho.

Exposición de Motivos

Sin caras conocidas, sin nombre ni apellidos en los títulos de crédito, sin frases de guión y sin convenio. Así es el marginado pero imprescindible trabajo de figuración en el sector audiovisual. Son los personajes que pasan desapercibidos pero indispensables para dar credibilidad a una historia.

En México los extras y figurantes de cine, televisión, teatro, etcétera, carecen de prestaciones sociales y de condiciones laborales equitativas, pues trabajan por participación o tiempo determinado, se les clasifica como empleados eventuales y en muchas ocasiones con contratos de palabra o firmados en blanco.

Ser extra o figurante de una película, novela, obra de teatro o comercial de televisión, es un trabajo en donde la exigencia de “ser natural” no es una tarea fácil, hay que practicar una y otra y otra vez, que hace que el tiempo para lograr una toma sea largo para concluir con el clic de la pizarra con “corte y queda.”

Esta profesión se ha convertido en un modus vivendi para muchas personas y cada vez se incorporan más, siendo sus actividades muy diversas; desde ser comensal en un restaurante, barrendero, chofer o un simple transeúnte que pasa por detrás de los actores, hasta policía, granadero, manifestante, personaje de acción o paramédico, a veces implicando riesgos.

El abuso laboral del que son objeto los extras-figurantes por parte de algunas agencias y sindicatos, se ha convertido en el gran problema al que se enfrenta este gremio. Un ejemplo de ello fue el rodaje de la película James Bond que pagó 1.5 millones de pesos a mil 500 extras” en la que le pagaron mil pesos diarios a los extras, esto por aguantar el frío y la lluvia. Actuaron diez horas en la recreación de un desfile del Día de Muertos en México. (Según nota periodística)

Asimismo y sin el ánimo de generalizar, dichas empresas se aprovechan de la necesidad de los extras-figurantes imponiendo el tipo de trabajo, los horarios laborales, el salario y todas las condicionantes que más les convengan como contratantes; un ejemplo de ello, citando algunos testimonios se enuncia lo siguiente:

El día de un extra-figurante comienza temprano. Suelen citarles a eso de las siete de la mañana y a esperar. Esperar es una de las ocupaciones principales del extra-figurante, porque por delante tienen una jornada hasta de once o doce horas, sin dejar del lado que las locaciones pueden ser diversas; al aire libre, sets o bodegas, edificios o bosques, entre muchos más en las cuales a veces no se cuenta con las instalaciones adecuadas de higiene.

Otro inconveniente que se debe considerar son los “llamados de madrugada o nocturnos” en los que los contratantes suelen exigirles estar presentes mucho tiempo antes del comienzo del rodaje y generalmente tienen que esperar parados durante horas porque no se les proporcionan lugares para sentarse o descansar entre turnos durante las grabaciones, además de que tienen que mantenerse alertas a pesar del cansancio hasta que la producción les avise cuándo les toca aparecer en una escena.

Lo anteriormente expuesto no se refiere a que la producción o los contratantes deben otorgar camerinos o confort excesivo para ellos, hablamos de proporcionarles las condiciones básicas de higiene y comodidad en donde puedan permanecer durante su estancia.

Otra práctica recurrente que señalan los extras-figurantes es que a la hora de concluir el rodaje y tener que abandonar los sets los contratantes no les proporcionan medios confiables de transporte, dejándolos a la deriva sin importar que las locaciones sean lejanas, que el término de la grabación haya sido a altas horas de la noche o que sean lugares inseguros o de alto riesgo.

Y por último, el reclamo mayúsculo es la carencia de contratos, todo es de palabra y cuando existe un documento, además de la ausencia de la especificación contractual en cuanto a condiciones laborales, horarios extendidos, montos por salarios y cuando afrontan jornadas laborales mayores a las 8 horas, no tienen acceso a solicitar el pago por horas extras, tienen que firmar en blanco y si se atreven a hacer algún reclamo son boletinados por las agencias y no les vuelven a llamar.

En el contexto contractual los extras-figurantes no cuentan con una figura jurídica en ninguna ley y por esa razón se les clasifica como trabajadores eventuales y son contratados por medio de un sindicato o de agencias y castings; cabe mencionar que también son excluidos de la Ley Federal del Derecho de Autor, pese a la continua explotación de su imagen.

Las llamadas agencias de contratación de extras o castings sólo sirven como mediadoras entre las productoras y los extras-figurantes y el trabajo que ofrecen es esporádico.

Los contratan sin que exista documento alguno y bajo esquemas conocidos como honorarios o como prestadores de servicios profesionales independientes con el régimen de salarios asimilados, especificado en el artículo 84 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

La situación laboral de este grupo va en aumento y suma entre 10 mil y 30 mil tan sólo en la Ciudad de México, ciertamente encierra una ambivalencia por la forma que viven entre el anonimato y la fama, por lo que implica ser o no considerados actores, marcados por el contraste al ser etiquetados como prestadores de servicios profesionales independientes.

Conclusiones

Partiendo del propósito de la Ley Federal de Trabajo de regir las relaciones de trabajo comprendidas en el artículo 123, apartado A, de la Constitución, y lo relativo al artículo 2o. de la misma ley sobre conseguir el equilibrio entre los factores de la producción y la justicia social, así como propiciar el trabajo digno o decente en todas las relaciones laborales, que se entiende por trabajo digno o decente aquél en el que se respeta plenamente la dignidad humana del trabajador.

Por lo anteriormente expuesto y citando nuevamente el artículo 123 en su primer párrafo de nuestra Carta Magna que mandata textualmente:

Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social de trabajo, conforme a la ley.

Finalmente y en el ejercicio de las facultades otorgadas por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados; someto a la consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de:

Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo

Único. Se reforma el capítulo XI, así como los artículos 304, 307, 308, 309 y 310 para quedar como sigue:

Artículo 304. Las disposiciones de este capítulo se aplican a los trabajadores actores, músicos y extras-figurantes que actúen en teatros, cines, centros nocturnos o de variedades, circos, radio y televisión, salas de doblaje y grabación, o en cualquier otro local donde se transmita o fotografíe la imagen del actor, del músico, extra-figuranteo se transmita o quede grabada la voz o la música, cualquiera que sea el procedimiento que se use.

Artículo 305. ...

Artículo 306. ...

Artículo 307. No es violatoria del principio de igualdad de salario, la disposición que estipule salarios distintos para trabajos iguales, por razón de la categoría de las funciones, representaciones o actuaciones, o de la de los trabajadores actores, músicos, extras-figurantes.

Artículo 308. Para la prestación de servicios de los trabajadores actores, músicos o extras-figurantes fuera de la República, se observarán, además de las normas contenidas en el artículo 28, las disposiciones siguientes:

I. ...

II. ...

Artículo 309. La prestación de servicios dentro de la República, en lugar diverso de la residencia del trabajador actor, músico o extra-figurante, se regirá por las disposiciones contenidas en el artículo anterior, en lo que sean aplicables.

Artículo 310. Cuando la naturaleza del trabajo lo requiera, los patrones estarán obligados a proporcionar a los trabajadores extras-figurantes espacios adecuados e higiénicos, así como para los actores y músicos, camerinos cómodos, higiénicos y seguros, y en el local donde se preste el servicio.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 https://www.diagonalperiodico.net/culturas/29211-figurantes-cine-television-den uncian-condiciones-laborales-convenio.html

2 http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/james-bond-paga-mdp-a-mil-500-extras.ht ml

3 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LISR_181115.pdf

4 http://expansion.mx/economia/2010/03/11/extras-no-reciben-pago-de-horas-extras

5 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/125_120615.pdf

6 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/htm/1.htm

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 25 de enero de 2017.— Diputada María Verónica Agundis Estrada (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, de la Cámara de Diputados.

LEY GENERAL DE EDUCACIÓN

«Iniciativa que reforma el artículo 7o. de la Ley General de Educación, a cargo de la diputada Cristina Ismene Gaytán Hernández, del Grupo Parlamentario del PRD

La suscrita, Cristina Ismene Gaytán Hernández, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, y 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del pleno de la Comisión Permanente la siguiente iniciativa con proyecto de decreto:

Exposición de Motivos

En México nos distinguimos por nuestra diversidad cultural, por la riqueza que encontramos en cada uno de los rincones de nuestro país. Somos un país que conserva vestigios históricos de grandes civilizaciones; sin embargo, en nuestra historia conservamos una dualidad, ya que somos herederos de dos culturas, una que fue derrotada y otra, enteramente diferente, la vencedora, que edificó nuestra historia sobre las ruinas de la primera.

Por ello, “los valores de las dos culturas contrapuestas coexistieron en función obligada de que la cultura que conquistó impondría las condiciones más importantes, dejando sólo pequeñas concesiones culturales de la sociedad sojuzgada”. En estas concesiones el lenguaje estuvo ausente, “la conquista y la colonización de tierras americanas sepultaron las formas culturales indígenas, sustituyéndolas por otras que no reconocían en la manifestación cultural primitiva, lo que no fuera base de utilidad y acrecentamiento de las riquezas personales”.

Así, el lenguaje indígena, al carecer de valor para los conquistadores fue dejado en el olvido. No obstante, el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (Inali) publicó una colección de 150 mapas elaborados a partir de la información censal levantada en 2000 por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, en los que se consignan, con respecto al territorio histórico de cada pueblo indígena del país, las localidades donde un determinado porcentaje de su población habla la respectiva lengua nacional originaria.

De acuerdo con la página web del Inali, “la realidad lingüística del país es mucho más compleja de lo que en términos generales se ha creído hasta ahora. Además, ha resultado impreciso, al parecer desde siempre, el uso que se le ha dado al concepto lengua en torno a la diversidad lingüística mexicana; por ejemplo, a partir de la época virreinal, o quizá desde antes, se difunde la creencia de que los pueblos indígenas hablan ‘una sola lengua’ –sumamente uniforme en todos sus componentes–, sin advertir, las más de las veces, la existencia de distintas clases de variantes lingüísticas, explicables bien sea por razones geográficas, genealógicas o sociales, como ocurre en todo el mundo... Las variantes lingüísticas representan uno de los indicadores más fehacientes de la enorme diversidad lingüística y cultural de México. De conformidad con el estado que guardan los estudios sobre la realidad lingüística de nuestro país y con el propósito de evitar la discriminación lingüística, el Inali considera que las variantes lingüísticas deben ser tratadas como lenguas, al menos en las áreas educativas, de la impartición y la administración de justicia, de la salud, así como en los asuntos o trámites de carácter público y en el acceso pleno a la gestión, servicios e información pública”.

Por su parte, la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas dispone:

Artículo 1o.La presente ley es de orden público e interés social, de observancia general en los Estados Unidos Mexicanos y tiene por objeto regular el reconocimiento y protección de los derechos lingüísticos, individuales y colectivos de los pueblos y comunidades indígenas, así como la promoción del uso cotidiano y desarrollo de las lenguas indígenas, bajo un contexto de respeto a sus derechos.

En dicho ordenamiento se reconoce que “las lenguas indígenas y el español son lenguas nacionales por su origen histórico y tendrán la misma validez”, de donde se desprende, en congruencia, que ameritan de armonización normativa aquellas disposiciones que contravengan dicho mandato, más aún cuando se trata de normas que convergen con el respeto a los derechos humanos y que garantizan la no discriminación.

El lenguaje es el primer mecanismo para facilitar la evolución de la humanidad hacia la no discriminación, “término que ha venido aplicándose para calificar el tratamiento diferencial por el cual se priva de ciertos derechos o prerrogativas a un determinado número de personas”.

La discriminación es un fenómeno social que vulnera la dignidad, los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas. Ésta se genera en los usos y las prácticas sociales entre las personas y con las autoridades, en ocasiones de manera no consciente.

Respecto al lenguaje de conformidad con lo dispuesto por el artículo 5 del ordenamiento supracitado, “el Estado, a través de sus tres órdenes de gobierno –federación, entidades federativas y municipios–, en los ámbitos de sus respectivas competencias, reconocerá, protegerá y promoverá la preservación, desarrollo y uso de las lenguas indígenas nacionales”.Luego entonces, cabe incorporar disposiciones normativas que homologuen las lenguas indígenas y el español como lenguas nacionales en el ámbito educativo.

Consideraciones

Por lo enunciado, considerando la importancia de reconocer la riqueza cultural que priva en las variantes lingüísticas que existen en nuestro país, valorando la importancia de su protección y preservación, y la obligación del Estado mexicano al respecto, es que se propone reformar el artículo 7o. de la Ley General de Educación, en la búsqueda de garantizar la no discriminación y ante todo hacer efectivo el reconocimiento como lengua nacional, de las lenguas indígenas; así como, su protección, preservación, desarrollo y uso.

En los términos que se señalan en el siguiente cuadro comparativo:

Por lo expuesto someto a consideración de esta asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforma la fracción IV del artículo 7o. de la Ley General de Educación

Único. Se reforma la fracción IV del artículo 7o. de la Ley General de Educación, para quedar como sigue:

Artículo 7o. La educación que impartan el Estado, sus organismos descentralizados y los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios tendrá, además de los fines establecidos en el segundo párrafo del artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los siguientes:

I. a III. ...

IV.Promover mediante la enseñanza el conocimiento de la pluralidad lingüística de la Nación y el respeto a los derechos lingüísticos de los pueblos indígenas.

Los hablantes de lenguas indígenas tendrán acceso a la educación obligatoria en su propia lengua y en español.

Los hablantes de español tendrán acceso a la educación obligatoria en español y en la lengua originaria del lugar en que se encuentren realizando sus estudios.

V. a XVI. ...

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 Gálvez González, Luis Adolfo. El patrimonio cultural. Las zonas de monumentos históricos.El documento completo puede verse en

http://biblioteca.diputados.gob.mx/janium/bv/ce/scpd/LX/patri_c ultu_lx.pdf

2 Ídem.

3 Disponible en

http://www.inali.gob.mx/clin-inali/

4 Artículo 4o. de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas.

5 Gómez-Robledo Verduzco, Alonso (2012). Discriminación, Instituto de Investigaciones Jurídicas. Porrúa-UNAM. Enciclopedia Jurídica Mexicana (tercera edición, tomo III, D-E, páginas 553-554), México, Porrúa-UNAM.

6 La discriminación y el derecho a la no discriminación. Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Documento disponible en

http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/cartillas/2_Cartilla_Discr iminacion.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 25 de enero de 2017.— Diputada Cristina Ismene Gaytán Hernández (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, de la Cámara de Diputados.

LEY PARA REGULAR LAS SOCIEDADES DE INFORMACIÓN CREDITICIA

«Iniciativa que adiciona el artículo 20 de la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia, suscrita por la diputada Anabel Alvarado Varela, del Grupo Parlamentario del PRI

Edith Anabel Alvarado Varela, diputada de la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 55, 56 y 57 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea, la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el séptimo párrafo al artículo 20 de la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

El artículo 123, apartado A, fracción XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos “establece el derecho de los trabajadores a obtener, por parte del patrón, habitaciones cómodas e higiénicas, lo que se considera una garantía de previsión social que debe cumplirse mediante las aportaciones efectuadas por las empresas al fondo nacional de la vivienda y que constituyen depósitos en favor de sus trabajadores, y también dispone un sistema de financiamiento que permita otorgar a éstos crédito barato y suficiente para adquirir en propiedad tales habitaciones”.

La Segunda Sala del máximo tribunal constitucional en nuestro país, ha confirmado ese criterio al señalar que “el Constituyente Permanente, con el propósito de poner a disposición de los trabajadores créditos baratos para adquirir vivienda digna y decorosa, ideó un sistema solidario en el que interviene el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), cuya función es administrar los recursos del Fondo Nacional de la Vivienda, patrimonio de aquéllos”.

En cambio, las sociedades de información crediticia, de conformidad con lo que establecen los artículos 5 y 6 de la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia, son instituciones financieras autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, previa opinión del Banco de México y de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que prestan servicios relativos a la información de historiales crediticios de las personas físicas o morales, que deberán verter toda la información en una base primaria de datos, la cual opera por medio de un conjunto de registros de información, propiedad de los otorgantes de crédito, que comprenden a las entidades financieras, empresas comerciales y las Sofomes, en la cual se archiva el comportamiento crediticio de las personas.

Por tanto, la información proporcionada por alguna entidad financiera o empresa comercial relativa a una persona física o moral, se integra en expedientes electrónicos de todas y cada una de las personas que han tenido o tienen un crédito, por lo que dichos expedientes reflejarán el historial crediticio que podrá ser en sentido positivo o negativo dependiendo del cumplimiento o no de las obligaciones y de la oportunidad con que el deudor realice sus pagos.

Como se puede apreciar, el Infonavit cumple una función de carácter social, nunca actúa como un banco o una instancia privada; ni en su funcionamiento ni en su finalidad. Por consecuencia, aquellos trabajadores que solicitan un crédito para la adquisición en propiedad de habitaciones cómodas e higiénicas; la construcción, reparación, ampliación o mejoramiento de sus habitaciones; y el pago de pasivos contraídos por los conceptos anteriores, de conformidad con el artículo 3o. de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, no debieran ser tratados como clientes, mucho menos deben ser incluidos en la base de datos que integra la información de cartera vencida.

Datos del propio Infonavit, hasta junio de 2016, señalan que el monto por cartera vencida de dicho instituto era de 91 millones 13 mil 159 pesos. A partir de marzo de éste año, el Infonavit comenzó a reportar al Buró de Crédito la puntualidad o retraso con que los trabajadores están pagando sus créditos.

El buró de crédito frena el consumo interno y el Infonavit es una de las más nobles instituciones que estimula el sector económico de la vivienda y constituye una importante prestación social. Enviar a los trabajadores al buró de crédito, no sólo lesiona su economía en momentos difíciles para el país, sino que va contra los principios por los que fue creado el propio Infonavit.

Por eso propongo adicionar el párrafo séptimo al artículo 20 de la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia, para que el historial crediticio de un trabajador que recibió del Infonavit un financiamiento para obtener un crédito a los que se refiere la fracción II del artículo 3o. de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, no sea incluido en la base primaria de datos por ninguna sociedad de información crediticia ni por el Infonavit.

Además, en un transitorio también propongo que, a partir de la entrada en vigor del presente decreto, las sociedades de información crediticia tendrán 90 días hábiles para borrar de la base primaria de datos el historial crediticio de un trabajador que recibió del Infonavit un financiamiento para obtener un crédito.

Por las razones expuestas y en ejercicio de la facultad que me confiere el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 55, 56 y 57 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se adiciona el séptimo párrafo al artículo 20 de la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia

Único. Se adiciona el séptimo párrafo al artículo 20 de la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia, para quedar como sigue:

Artículo 20. ..

..

..

..

..

...

El historial crediticio de un trabajador que recibió del Infonavit un financiamiento para obtener un crédito a los que se refiere la fracción II del artículo 3o. de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, no será incluido en la base primaria de datos por ninguna sociedad de información crediticia ni por el Infonavit.

Transitorios

Primero. Para conocimiento general, se publicará el presente decreto en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Tercero. A partir de la entrada en vigor del presente decreto, las sociedades de información crediticia tendrán 90 días hábiles para borrar de la base primaria de datos el historial crediticio de los trabajadores que recibieron del Infonavit un financiamiento para obtener un crédito.

Notas

1 “Sociedades cooperativas. Deben cubrir al Infonavit las aportaciones de sus trabajadores, no así de sus socios cooperativistas”. Tesis 2a./J. 178/2007, Segunda Sala, Novena Época, Registro: 171286, Jurisprudencia, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVI, Septiembre de 2007, Materia Constitucional-Laboral, Página 555.

2 “Infonavit. Significado de la expresión “Crédito Barato”, prevista en la fracción XII del apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”. Tesis: 2a. XC/2010, Segunda Sala, Novena Época, Registro 163803, Tesis Aislada, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXII, Septiembre de 2010, Materia Constitucional y Administrativa, Página 197.

3 “Sociedades de información crediticia. Su naturaleza y objeto (artículos 5o. y 6o. de la ley que las regula)”. Tesis: I.3o.C.132 C (10a.), Tribunales Colegiados de Circuito, Registro 2005781, Tesis Aislada, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 3, Febrero de 2014, Tomo III, Materia Administrativa, Página 2636.

4 “Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. Información Financiera al 30 de junio de 2016”, Infonavit, junio de 2016, México, p. 2. Disponible en:

http://portal.infonavit.org.mx/wps/wcm/connect/d7939232-94ec-46 88-8630-e51041661662/Estados_financieros_del_ultimo_trimestre.pdf?MOD=AJPERES&CONVERT_TO=url&CACHEID=ROOTWORKSPACE-d7939232-94ec-4688-8630-e5104166166 2-lw7HYGW

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 25 de enero de 2017.— Diputada Edith Anabel Alvarado Varela (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, de la Cámara de Diputados.

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

«Iniciativa que reforma y deroga los artículos 52 a 54 y 56 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por el senador Fernando Torres Galindo y los diputados Miguel Ángel Salim Alle, Mayra Angélica Enríquez Vanderkam, Francisco Ricardo Sheffield Padilla y Alejandra Gutiérrez Campos, del Grupo Parlamentario del PAN

Quienes suscriben, senador Fernando Torres Graciano y diputados Miguel Ángel Salim Alle, Mayra Angélica Enríquez Vanderkam, Francisco Ricardo Sheffield Padilla y Alejandra Gutiérrez Campos, todos del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II y 78 , fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 55 fracción II, 171, 176, 179 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y en los artículos 8, numeral 1, fracción I, 164 y 169 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de ésta honorable Comisión Permanente la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 52, 53, 54 y 56 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, conforme a la siguiente

I. Exposición de Motivos

Antecedentes

El 9 de agosto de 2012, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia política. La concreción de la llamada “reforma política” se basó en diversas iniciativas de los diferentes grupos parlamentarios y en la iniciativa que presentó el Ejecutivo federal el 15 de diciembre de 2009.

A pesar de que la aprobación de dicha reforma fue considerada como un logro, la realidad es que el texto de la reforma que fue aprobado finalmente dejó fuera una diversidad de temas que desde el punto de vista de Acción Nacional y por supuesto de un servidor, resultaban torales para el mejor funcionamiento de nuestro sistema político y sobre todo para conseguir un ejercicio más eficiente de la democracia, y reflejar en el texto constitucional las justificadas demandas que la ciudadanía ha manifestado a quienes integramos la clase política.

Entre los temas que se priorizaban dentro de la iniciativa del Ejecutivo se encontraba la necesaria reducción del número de legisladores.

La evolución del sistema político en nuestro país ha sido paulatina, así, las instituciones electorales se han adaptado a un nuevo orden y a las necesidades de la sociedad. De este modo fue hasta 1963 cuando se incluyó la figura de los llamados “diputados de partido”; con ello se permitía a los partidos de oposición tener una representación en la Cámara de Diputados.

Posteriormente, en la reforma política de 1977, se dio una transformación más profunda, al aumentar a 300 el número de distritos electorales y se inició la aplicación del principio de representación proporcional, destinando 100 escaños en la Cámara de Diputados que se integrarían bajo dicho principio.

El 15 de diciembre de 1986 se publicó una nueva reforma constitucional en el Diario Oficial de la Federación; en este caso, se establecieron cambios fundamentales; se aumentó el número de legisladores electos bajo el principio de representación proporcional, llegando a 200 curules para los diputados y se instauró un límite para que ningún partido pudiese obtener un porcentaje mayor al 70 por ciento del total de los escaños.

Otro cambio trascendental fue la llamada cláusula de gobernabilidad, misma que consistía en garantizar al partido mayoritario, los escaños necesarios para alcanzar la mayoría absoluta en la Cámara.

Dicha cláusula fue modificada en 1990, dando al partido que obtuviera por lo menos el 35 por ciento de la votación nacional los diputados necesarios para alcanzar mayoría absoluta y 2 escaños más por cada punto porcentual por encima de esa base porcentual y hasta un 60 por ciento. En caso de que ningún partido alcanzara dicho porcentaje, la asignación del porcentaje de cada partido se orientaría a igualar en la Cámara de Diputados el porcentaje que cada partido hubiera obtenido en la votación nacional.

La llamada cláusula de gobernabilidad fue eliminada en la reforma de septiembre de 1993, así la asignación de escaños por representación proporcional en la Cámara de Diputados se realizaría conforme a la votación nacional emitida, disminuyéndose el límite de representación a un 63 por ciento. Con la nueva reforma ningún partido podría obtener más de 315 escaños con ambos principios.

La Cámara de Senadores también vio modificada su composición ya que fue en esta reforma donde se incluyó el principio de la primera minoría, duplicándose el número de senadores. De este modo ya no serían dos senadores por entidad federativa; sino cuatro, 3 por mayoría relativa y uno para aquel partido que hubiera obtenido mayor número de votos, y que no hubiese ganado; reforma que no fue aplicada después de ser revisada a profundidad.

El 22 de agosto de 1996 fue publicada una reforma más ambiciosa; misma que sentó las bases de nuestro actual sistema electoral. En esta ocasión se requirió un 2 por ciento para acceder al reparto de escaños de representación proporcional; ningún partido podrá obtener más de 60 por ciento de curules en la Cámara de Diputados y el tope de sobre representación que un partido debe tener se modificó a 8 puntos porcentuales sobre el porcentaje de la votación nacional.

En esta misma reforma se estableció que una cuarta parte del Senado de la República se integraría bajo el principio de representación proporcional, eligiéndose dos senadores por mayoría relativa, uno a la primera minoría, por entidad federativa y los 32 restantes basándose en la votación nacional obtenida por cada partido político en una circunscripción nacional.

Las circunstancias del país han cambiado, aunque sin duda las razones aducidas en su momento por Acción Nacional para la reducción del número de diputados y senadores electos por el principio de representación proporcional permanecen, la eficiencia, la concreción de acuerdos políticos y sobre todo la austeridad se siguen imponiendo como razones para disminuir el número de legisladores.

Si bien, es evidente que se debe privilegiar la representatividad de la ciudadanía dentro de la Cámara de Diputados, también lo es que dicha representatividad se conservaría idéntica al permanecer en 300 el número de diputados electos por el principio de mayoría relativa.

En cuanto a la Cámara de Senadores, la propuesta plantea eliminar los 32 senadores electos por el principio de representación proporcional, conservándose a los senadores de la primera minoría. Lo anterior tiene sentido, ya que con el modelo actual existen entidades federativas que se encuentran sobre representadas, situación que se subsanaría con la aprobación de esta propuesta.

Afortunadamente, las circunstancias que forzaron la inclusión del sistema de representación proporcional ya no prevalecen en el país, el poder no es hegemónico y la representación de todas la fuerzas políticas en el Congreso está garantizada.

Resulta paradójico que, a pesar de que este tema se ha presentado por integrantes de diversos grupos parlamentarios y que la ciudadanía exige una mayor eficiencia en sus legisladores, la reducción de legisladores de representación proporcional sigue siendo una propuesta sin atender.

Es entonces evidente que la idea de reducir el número de diputados y senadores de representación proporcional ha sido considerada por varios compañeros legisladores de diversas fuerzas políticas como una forma de hacer más eficiente al Congreso.

Acción Nacional es congruente con su postura en la reforma política y sostiene que aun cuando muchas de las inquietudes de la misma fueron atendidas en el Decreto publicado el 9 de agosto, las partes torales y probablemente más trascendentes quedaron sin consenso y por ello fuera de la reforma.

II. Objetivo de la reforma

Se retoma el tema de la disminución de legisladores, toda vez que considero que es una forma de lograr 2 objetivos primordiales:

a) Mayor eficiencia, ya que evidentemente la disminución del número de legisladores favorecerá la concreción de acuerdos debido a que en un grupo menor es más sencillo unificar criterios y llegar a posturas negociadas, lo cual resulta indispensable para construcción del diálogo con las diferentes fuerzas políticas, y de este modo constituir mayorías parlamentarias que otorgarán una mayor legitimidad a las decisiones del Poder Legislativo, y

b) Disminución en las erogaciones del poder legislativo, una sentida demanda de la sociedad que exige una mayor productividad de sus legisladores sin la ominosa afrenta que le significa a la opinión pública el monto de los recursos que se gasta para el ejercicio de dicha función.

III. Contenido de la reforma

Por los motivos antes señalados pongo a consideración de esta honorable asamblea el presente proyecto de

Decreto por el que se reforman los artículos 52, 53, 54 y 56 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo Único. Se reforman el artículo 52, el segundo párrafo del artículo 53, el primer párrafo y la fracción IV del artículo 54, el primer párrafo del artículo 56 y se deroga el segundo párrafo del mismo artículo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 52. La Cámara de Diputados estará integrada por 300 diputados electos según el principio de votación mayoritaria relativa, mediante el sistema de distritos electorales uninominales, y 100 diputados que serán electos según el principio de representación proporcional, mediante el sistema de listas regionales, votadas en circunscripciones plurinominales.

Artículo 53. ...

Para la elección de los 100 diputados según el principio de representación proporcional y el sistema de listas regionales, se constituirán cinco circunscripciones electorales plurinominales en el país. La ley determinará la forma de establecer la demarcación territorial de estas circunscripciones.

Artículo 54. La elección de los 100 diputados electos según el principio de representación proporcional y el sistema de asignación por listas regionales se sujetará a las siguientes bases y a lo que disponga la ley:

I. a III. ...

IV. Ningún partido político podrá contar con más de 240 diputados por ambos principios;

V. a VI. ...

Artículo 56. La Cámara de Senadores se integrará por noventa y seis, de los cuales, en cada estado y en la Ciudad de México, dos serán elegidos según el principio de votación mayoritaria relativa y uno será asignado a la primera minoría. Para estos efectos, los partidos políticos deberán registrar una lista con dos fórmulas de candidatos. La senaduría de primera minoría le será asignada a la fórmula de candidatos que encabece la lista del partido político que, por sí mismo, haya ocupado el segundo lugar en número de votos en la entidad de que se trate.

Derogado

....

Transitorios

Artículo Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo Segundo. El Congreso de la Unión, contará con un plazo de 180 días hábiles, a partir de la entrada en vigor del presente decreto, para adaptar la legislación correspondiente para el cumplimiento del mismo.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, a 25 de enero de 2017.— Senador Fernando Torres Graciano, diputados Miguel Ángel Salim Alle, Mayra Angélica Enríquez Vanderkam, Francisco Ricardo Sheffield Padilla y Alejandra Gutiérrez Campos (rúbricas).»

Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, de la Cámara de Diputados.

LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

«Iniciativa que adiciona los artículos 239 y 240 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, suscrita por el diputado Julio Saldaña Morán, del Grupo Parlamentario del PRD

Planteamiento del problema

Las oportunidades de empleo para personas mayores de 40 años o más edad son mínimas, se van disminuyendo las ofertas conforme avanza la edad. Se puede percibir claramente que existe discriminación en la contratación, en el ascenso y el acceso a un empleo.

Argumentos

Pese a la implementación de instrumentos que promueven el empleo para adultos mayores (a partir de los 60 años), la discriminación continúa, y los más afectados son adultos de 40 años o más, pues es a partir de esa edad en la que comienza la discriminación en la contratación y, en el caso, ascenso.

Las ofertas de trabajo son dirigidas a sectores de la población de menor edad, dejando de lado la experiencia adquirida por trabajadores de mayor edad.

Sin embargo, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala que todas las personas tienen derecho a un trabajo digno sin importar la edad, discapacidades, género, condición social, etcétera.

De igual manera se han reformado la Ley Federal del Trabajo (2012) donde se incluye la no discriminación por edad, la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió a finales de 2013 y 2015 sobre la discriminación laboral principalmente por edad.

Es decir, el problema de la discriminación laboral por edad debe ir más allá de la modificación de leyes, se debe propiciar que las empresas y las fuentes de empleo decidan integrar a su plantilla personas de más de 40 años.

Motivo por el cual la presente iniciativa promueve la contratación de adultos de más de 40 años, dado que las oportunidades de trabajo para estas personas son cada vez más escasas.

Son las empresas las que tienen preferencia por contratar a trabajadores de edades entre 20 y treinta años, sin tomar en cuenta las experiencias y habilidades que han adquirido trabajadores de más edad.

Una de las consecuencias de la crisis económica en la que estamos inmersos es que más personas salen de su hogar para ingresar al mercado laboral, pero es doblemente difícil la inserción de adultos mayores de 40 años, porque son las empresas las que manejan criterios de edades.

Es por ello que nos basamos en la medida establecida por el Ejecutivo federal para otorgar beneficios fiscales a contribuyentes y empresas que empleen a adulos mayores de 65 años o más. Toda vez que esta estrategia promueve la contratación de un sector de la población que carece de oportunidades.

La propuesta de la presente es que se otorguen beneficios fiscales a empresas y contribuyentes que contraten a trabajadores de 40 años o más. Toda vez que la discriminación laboral por edad se comienza a registrar desde este sector de la población.

Aunado a que las condiciones económicas por las que atraviesa nuestro país son adversas y son más las personas que salen de sus hogares con la intención de incorporarse al mercado laboral.

Es necesario que se haga una modificación para que este sector de la población pueda acceder a un empleo digno sin importar la edad.

Pues sólo con empleo digno y oportunidades podremos contrarrestar la brecha de la desigualdad social.

Fundamento legal

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 77, numeral 1, y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración de esta soberanía, la presente iniciativa con proyecto de

Decreto

Artículo Único. Se adiciona el capítulo IX denominado De la inclusión al mercado laboral de personas mayores de 40 años, se adicionan los artículos 239 y 240 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Capítulo IX

Artículo 239. Las disposiciones de este capítulo tienen por objeto incentivar la contratación permanente en territorio nacional de personas mayores de 40 Años.

Artículo 240. Se otorga un estímulo fiscal a los contribuyentes, personas físicas o morales del impuesto sobre la renta, que emplee a personas que tengan más de 40 años de edad.

El estímulo fiscal consiste en poder deducir de los ingresos acumulables del contribuyente, para los efectos del impuesto sobre la renta por el ejercicio fiscal correspondiente, un monto adicional equivalente a 25 por ciento del salario efectivamente pagado a las personas señaladas en el presente artículo. Para estos efectos, se deberá considerar el total del salario que sirva de base para calcular, en el ejercicio que corresponda, las retenciones del impuesto sobre la renta del trabajador de que se trate, en los términos del artículo 113 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 25 de enero de 2017.— Diputado Julio Saldaña Morán (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, de la Cámara de Diputados.

LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE

«Iniciativa que reforma y adiciona los artículos 2o., 5o. y 11 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, suscrita por la diputada Edith Anabel Alvarado Varela, del Grupo Parlamentario del PRI

Edith Anabel Alvarado Varela, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55 a 57 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto, por el que se adicionan las fracciones VI al artículo 2o., V Bis al artículo 5o y X al artículo 11 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El derecho humano a un ambiente sano para el desarrollo y bienestar de las personas, es un derecho fundamental consagrado en el primer párrafo del artículo 1º y en el quinto párrafo del artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

Atenta contra la eficacia horizontal de los derechos humanos, la obligación correlativa del principio de responsabilidad en materia de justicia ambiental, implica la tutela efectiva del ambiente para evitar cualquier daño o deterioro.

Los utensilios desechables fabricados con polietileno representan un gran problema para el cuidado y la protección del ambiente. A diferencia de la madera, el papel, el cartón, las fibras naturales, el vidrio e incluso el metal, los utensilios desechables fabricados con base de polietileno de baja o de alta densidad –debido a que están integrados por sustancias derivadas del petróleo–, no se oxidan ni se degradan tan fácilmente, pudiendo tardar hasta medio siglo.

Los efectos de este tipo de materiales van desde el consumo de recursos naturales y el uso de grandes cantidades de energía utilizada para su producción, pasando por las grandes emisiones de gases de efecto invernadero que genera el proceso de producción, distribución y consumo, hasta llegar a la generación de enormes toneladas de basura.

Este tipo de materiales usados principalmente en el plástico para envasar, empaquetar y embalar, pueden contener residuos tóxicos, los cuales si son incinerados no sólo contribuyen a la contaminación atmosférica emitiendo dioxinas, cadmio y plomo, entre otros, sino que representan un peligro para la salud de la población.

La producción de plástico ha mantenido un crecimiento constante desde 1950. En dicho año se registró una producción de 1.7 millones de toneladas. Luego tuvo un incremento de 13.6 por ciento promedio anual durante 26 años. A partir de 1976, el crecimiento ha sido más moderado, pero aún muestra tasas interanuales relativamente altas. En 2012, la producción alcanzó de nuevo un máximo histórico: 288 millones de toneladas.

En cuanto a la producción por región, los datos arrojan una elevada competitividad internacional, donde China se mantiene como el máximo productor, con 24 por ciento del total mundial. Europa y América del Norte con 20 por ciento del total de la producción cada una, lo que representa 40 por ciento del total mundial.

En el caso de México, la industria del plástico ha mantenido un ritmo de crecimiento en los últimos 10 años de 3.03 por ciento en promedio. Este ritmo ha permitido a la industria del plástico aumentar su valor 20.4 entre 2003 y 2013, al pasar de 44 mil 925 millones de pesos a 54 mil 117 millones.

Estudios en materia de impacto ambiental señalan que en 2010 se vertieron al mar aproximadamente 8 millones de toneladas de plástico. Lo más alarmante es que se calcula que, de no hacer nada, en 2025 se habrán vertido al océano unos 155 millones de toneladas de plástico, con todo el riesgo e impacto ambiental que ello conlleva.

En el país, de acuerdo con la Asociación Nacional de Industrias del Plástico, anualmente se consumen 6 millones de toneladas de plástico, de las cuales sólo se recicla 15 por ciento.

En materia de derecho comparado, diversos países han tomado ya cartas en el asunto y han expedido leyes para prohibir o restringir la producción, distribución, venta y uso del plástico, ya sea que éstas sean de aplicación a nivel federal o nacional, estatal o regional, o bien en el ámbito municipal.

La normativa en esta materia establece varias medidas para lograr reducir y, paulatinamente, eliminar el consumo de plástico las cuales van desde aquellas que prohíben total o parcialmente el uso de bolsas de plástico como en Argentina, Australia y Canadá. La prohibición va acompañada de otras medidas como el cobro por el suministro o la implementación de programas de manejo como el reciclaje y reutilización. No obstante, la aplicación de este tipo de ordenamiento jurídico se circunscribe a estados o provincias determinadas de dichos países.

También hay leyes que establecen un impuesto con cargo a las empresas que fabrican materiales plásticos, como el caso de Dinamarca, que cuenta con un gravamen, ya sea a nivel de comercio minorista o como importadores y manufactureros.

Otro tipo de legislación es la que establece una tasa con cargo a los clientes de los establecimientos que consumen productos fabricados con plástico, como ocurre en Reino Unido.

Países como China, España y Estados Unidos de América, han optado por leyes con prohibición o imposición parcial. China, por ejemplo, tiene una legislación nacional que contempla ambas opciones. En España, la legislación aplicable a nivel nacional contempla la sustitución progresiva en el uso de los materiales plásticos por otros más compatibles con el ambiente, además de considerar la respectiva imposición. En Estados Unidos de América, particularmente en California, se estableció la prohibición total.

México no puede rezagarse en esta materia, sobre todo cuando el derecho humano a un medio ambiente es una obligación internacional y nacional ineludible. “El medio ambiente sano, como elemento indispensable para la conservación de la especie humana y para el disfrute de otros derechos fundamentales, tiene carácter colectivo, porque constituye un bien público cuyo disfrute o daños no sólo afectan a una persona, sino a la población en general; por esa razón, el Estado debe implementar políticas públicas que permitan prevenir y mitigar la degradación ambiental, las cuales deben cumplir estándares constitucionales y convencionales, además de contar con la participación solidaria de la comunidad”.

La eficacia en el goce del nivel más alto de este derecho humanos, “conlleva obligaciones para el Estado, hasta el máximo de los recursos de que disponga; sin embargo, esa finalidad no sólo impone deberes a los poderes públicos, sino también a los particulares, pues la actuación unilateral del Estado resulta insuficiente cuando no se acompaña de conductas sociales dirigidas a la consecución de los valores que subyacen tras esos derechos, lo que implica que su protección sea una responsabilidad compartida entre autoridades y gobernados”.

Por eso, el objetivo de esta iniciativa es adicionar diversas disposiciones a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, que es el instrumento jurídico que busca la preservación y restauración del equilibrio ecológico y la protección al ambiente en el territorio nacional y las zonas sobre las que la nación ejerce su soberanía y jurisdicción, además de que sus disposiciones son de orden público e interés social para propiciar el desarrollo sustentable, a fin de hacer frente a este grave pero silencioso problema que representa la producción, distribución y consumo de los utensilios desechables fabricados a base de polietileno.

La adición de la fracción VI al artículo 2o. es para considerar de utilidad pública las prohibiciones para la producción, distribución y uso de utensilios desechables que son de único uso, resultan inútiles o no reutilizables.

La adición de la fracción V Bis al artículo 5o. es para establecer que la Federación tendrá la facultad de expedir normas oficiales encaminadas al desmontaje paulatino en la producción, distribución y uso de materiales o productos, envases, empaques y embalajes de plásticos y poliestireno expandido que al desecharse se convierten en residuos que generan graves perjuicios al ambiente.

La adición de la fracción X al artículo 11 establece que la federación, por conducto de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, podrá suscribir convenios o acuerdos de coordinación, con las autoridades de las entidades federativas y de los municipios, para realizar acciones nacionales tendientes al desmantelamiento paulatino de la producción, distribución o consumo de utensilios desechables de único uso, inútiles o no reutilizables, hasta lograr su eliminación. En este tipo de medidas, serán incluidos los sectores público y privado, en éste último se consideran productores, distribuidores, supermercados, empresas, restaurantes, vendedores de tiendas y consumidores.

Por último, en el tercero y cuarto artículo transitorios se establece que el objetivo de este decreto, al cual se deberá dar pleno cumplimiento, es reducir los materiales o productos, envases, empaques y embalajes de plásticos y poliestireno expandido desechables que son de único uso, resultan inútiles o no reutilizables, en 85 por ciento en 2019 y para 2021 su completa eliminación.

Por las razones expuestas y en ejercicio de la facultad que me confieren los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55 a 57 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se adicionan las fracciones VI al artículo 2o., V Bis al artículo 5o. y X al artículo 11 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente

Único. Se adicionan las fracciones VI al artículo 2o., V Bis al artículo 5o y X al artículo 11 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, para quedar como sigue:

Artículo 2o. Se consideran de utilidad pública

I. a V. ...

VI. Las prohibiciones para la producción, distribución y uso de utensilios desechables que son de único uso, resultan inútiles o no reutilizables.

Artículo 5o. Son facultades de la federación

I. a V. ...

V Bis. La expedición de normas oficiales encaminadas al desmontaje paulatino en la producción, distribución y uso de materiales o productos, envases, empaques y embalajes de plásticos y poliestireno expandido que al desecharse se convierten en residuos que generan graves perjuicios al medio ambiente.

VI. a XXII. ...

Artículo 11. La federación, por conducto de la secretaría, podrá suscribir convenios o acuerdos de coordinación, con el objeto de que los gobiernos del Distrito Federal o de los estados, con la participación, en su caso, de sus municipios, asuman las siguientes facultades, en el ámbito de su jurisdicción territorial:

I. a IX. ...

X. La realización de acciones nacionales para el desmantelamiento paulatino de la producción, distribución o consumo de utensilios desechables de único uso, inútiles o no reutilizables, hasta lograr su eliminación. En este tipo de medidas, serán incluidos los sectores público y privado; productores, distribuidores, supermercados, empresas, restaurantes, vendedores de tiendas y consumidores.

...

...

Transitorios

Primero.El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.Se derogan todas las disposiciones de igual o menor rango que se opongan al presente decreto.

Tercero.El objetivo de este decreto, al cual se deberá dar pleno cumplimiento, es reducir los materiales o productos, envases, empaques y embalajes de plásticos y poliestireno expandido desechables que son de único uso, resultan inútiles o no reutilizables, en 85 por ciento en 2019 y para 2021 su completa eliminación.

Notas

1 “Derecho humano a un medio ambiente sano para el desarrollo y bienestar de la persona. La obligación correlativa de su respeto no sólo se dirige a las autoridades, sino también a los gobernados”. Tesis I.7o.A.1 CS (10a.), décima época, registro 2012846, tribunales colegiados de circuito, tesis aislada, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 35, octubre de 2016, tomo IV, materia constitucional, página 2866.

2 Góngora Pérez, Juan Pablo. “La industria del plástico en México y el mundo”, en Comercio Exterior, volumen 64, número 5, septiembre y octubre de 2014, página 7. Disponible en

http://revistas.bancomext.gob.mx/rce/magazines/761/3/la_industria_del_plastico. pdf (Última consulta: 3 de enero de 2017.)

3 Ídem.

4 Ibídem, página 8.

5 “El mundo tira 8 millones de toneladas de plástico al mar cada año”, en El País, 12 de febrero de 2015. Disponible en

http://elpais.com/elpais/2015/02/12/ciencia/1423754724_622856.h tml (Última consulta: 3 de enero de 2017.)

6 “México recicla 15 por ciento de los 6 millones de toneladas de plástico que genera”, en Iresiduo, 1 de agosto de 2016. Disponible en

http://www.iresiduo.com/noticias/mexico/iaguatv/16/08/01/mexico -recicla-15-6-millones-toneladas-plastico-que-genera (Última consulta: 4 de enero de 2017.)

7 Paola Álvarez y Christine Weidenslaufer. Restricciones o prohibiciones en el uso de bolsas plásticas, Biblioteca del Congreso Nacional de Chile.

8 Ídem.

9 Ídem.

10 Ídem.

11 “Derechos humanos a la salud y a un medio ambiente sano. La eficacia en el goce de su nivel más alto implica obligaciones para el Estado y deberes para todos los miembros de la comunidad”. Tesis I.7o.A. J/7 (10a.), décima época, registro 2012127, tribunales colegiados de circuito, tesis jurisprudencial, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 32, julio de 2016, tomo III, materia constitucional, página 1802.

12 Ibídem.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de enero de 2017.— Diputada Edith Anabel Alvarado Varela (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de la Cámara de Diputados.

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

«Iniciativa que reforma el párrafo octavo del artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por el diputado Santiago Taboada Cortina, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, diputado federal Santiago Taboada Cortina, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión y con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 62, numeral 2, y 77, numeral 1, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta honorable asamblea, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforma el párrafo octavo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El 17 de julio de 1998, en Roma, 160 países decidieron establecer una corte penal internacional permanente para juzgar a los individuos responsables de los más graves delitos que afectan al mundo entero, tales como genocidio, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. Muchos sintieron que este acuerdo tenía tanta importancia como la aprobación de la carta de las Naciones Unidas y el secretario general, Kofi Annan, la considero como “un paso gigantesco en favor de los derechos humanos universales y del imperio de la ley”.

Esta iniciativa hace mención de dos artículos del Estatuto de Roma junto con los preámbulos de éste, con la finalidad de dar certeza de la soberanía con la que México decidió libre y voluntariamente convertirse en parte del Estatuto de Roma reconociendo la competencia de la Corte Penal Internacional.

Preámbulo

Los Estados Parte en el presente Estatuto.

Conscientes de que todos los pueblos están unidos por estrechos lazos y sus culturas configuran un patrimonio común y observando con preocupación que este delicado mosaico puede romperse en cualquier momento.

Teniendo presente que, en este siglo, millones de niños, mujeres y hombres han sido víctimas de atrocidades que desafían la imaginación y conmueven profundamente la conciencia de la humanidad.

Reconociendo que esos graves crímenes constituyen una amenaza para la paz, la seguridad y el bienestar de la humanidad.

Afirmando que los crímenes más graves de trascendencia para la comunidad internacional en su conjunto no deben quedar sin castigo y que, a tal fin, hay que adoptar medidas en el plano nacional e intensificar la cooperación internacional para asegurar que sean efectivamente sometidos a la acción de la justicia.

Decididos a poner fin a la impunidad de los autores de esos crímenes y a contribuir así a la prevención de nuevos crímenes.

Recordando que es deber de todo Estado ejercer su jurisdicción penal contra los responsables de crímenes internacionales.

Reafirmando los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas y, en particular, que los Estados se abstendrán de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado o en cualquier otra forma incompatible con los propósitos de las Naciones Unidas.

Destacando, en este contexto, que nada de lo dispuesto en el presente estatuto deberá entenderse en el sentido de que autorice a un Estado parte a intervenir en una situación de conflicto armado o en los asuntos internos de otro Estado,

Decididos, a los efectos de la consecución de esos fines y en interés de las generaciones presentes y futuras, a establecer una Corte Penal Internacional de carácter permanente, independiente y vinculada con el sistema de las Naciones Unidas que tenga competencia sobre los crímenes más graves de trascendencia para la comunidad internacional en su conjunto.

Destacando que la Corte Penal Internacional establecida en virtud del presente Estatuto será complementaria de las jurisdicciones penales nacionales.

Decididos a garantizar que la justicia internacional sea respetada y puesta en práctica en forma duradera.

Han convenido en lo siguiente:

Artículo 1

La Corte

Se instituye por el presente una Corte Penal Internacional (“la Corte”). La Corte será una institución permanente, estará facultada para ejercer su jurisdicción sobre personas respecto de los crímenes más graves de trascendencia internacional de conformidad con el presente Estatuto y tendrá carácter complementario de las jurisdicciones penales nacionales. La competencia y el funcionamiento de la Corte se regirán por las disposiciones del presente Estatuto.

Artículo 5

Crímenes de la competencia de la Corte

1. La competencia de la Corte se limitará a los crímenes más graves de trascendencia para la comunidad internacional en su conjunto. La Corte tendrá competencia, de conformidad con el presente Estatuto, respecto de los siguientes crímenes:

a) El crimen de genocidio;

b) Los crímenes de lesa humanidad;

c) Los crímenes de guerra;

d) El crimen de agresión.

2. La Corte ejercerá competencia respecto del crimen de agresión una vez que se apruebe una disposición de conformidad con los artículos 121 y 123 en que se defina el crimen y se enuncien las condiciones en las cuales lo hará. Esa disposición será compatible con las disposiciones pertinentes de la Carta de las Naciones Unidas.

Los fundamentos anteriores del Estatuto de Roma hablan de la capacidad de la Corte Penal Internacional, donde señala en el artículo primero el motivo por que se crea la Corte y en el artículo quinto los crímenes que abarcará.

La Corte Penal Internacional no será un reemplazo sino un complemento para la jurisdicción nacional. Las cortes nacionales seguirán teniendo prioridad en la investigación y enjuiciamiento de los crímenes en su jurisdicción.

De conformidad con el principio de complementariedad, la Corte Penal Internacional actuará sólo cuando las cortes nacionales sean incapaces de ejercer su jurisdicción o se muestren renuentes a hacerlo. Si una corte nacional está dispuesta a ejercer su jurisdicción y es capaz de hacerlo, la Corte Penal Internacional no puede intervenir y ningún ciudadano de ese Estado puede ser llevado ante ella, a no ser en los casos que le remita el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas de conformidad con el capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas.

El estatuto especifica los motivos para que la Corte admita un caso y las circunstancias que determinan la incapacidad o renuencia están escrupulosamente definidos con el fin de evitar decisiones arbitrarias. Además, el acusado y los Estados implicados, sean o no partes del Estatuto, pueden impugnar la jurisdicción de la Corte o la admisibilidad del caso. Tienen así mismo el derecho de apelar cualquier decisión pertinente.

Tomando en consideración lo expuesto y con la intención de adaptar a las exigencias del Estatuto de Roma, es que me permito presentar esta iniciativa que además otorgaría un sentido libre de soberanía también reconoce la competencia de la Corte Penal Internacional.

La presente iniciativa se fundamenta en los artículos 71 fracción II, 73 fracción XXIX, inciso Ñ de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 6o., numeral 1, fracción I, 77, numeral 1, y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

Con base en lo expuesto, someto a la consideración de esta honorable soberanía, el siguiente proyecto de

Decreto por el que se modifica el párrafo octavo del artículo 21 constitucional para reconocer plenamente la competencia de la Corte Penal Internacional

Artículo Único. Se modifica el párrafo octavo del artículo 21 constitucional para quedar como sigue:

Artículo 21. ...

...

...

...

...

...

...

El Estado mexicano reconoce la jurisdicción de la Corte Penal Internacional.

...

...

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 25 de enero de 2017.— Diputado Santiago Taboada Cortina (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, de la Cámara de Diputados.

REGLAMENTO DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS

«Iniciativa que reforma y adiciona el artículo 6 del Reglamento de la Cámara de Diputados, suscrita por el diputado Julio Saldaña Morán, del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, diputado Julio Saldaña Morán, integrante del Grupo Parlamentario del PRD de la Cámara de Diputados, con fundamento en los artículos 71, fracción II, y 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 55, fracción II, y 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; pone a consideración de esta asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 6, fracción VI, del Reglamento de la Cámara de Diputados.

Planteamiento del problema

La Cámara de Diputados es la institución democrática sede de la representación popular de la nación, sus integrantes reflejan la pluralidad de los distritos, entidades federativas y regiones del país. El sólo hecho de ser representantes ya es un honor que les confieren sus conciudadanos; la ley les asigna un ingreso que les permite desempeñar el cargo con eficiencia y dignidad. Sin embargo, se han asumido prácticas respecto de los ingresos que perciben o de las prestaciones que reciben que ofenden a las y los ciudadanos mexicanos.

Argumento

Ha sido común que diferentes Legislaturas de la Cámara de Diputados se hayan visto involucradas en escándalos relativos al uso discrecional y opaco de recursos, no menos a finales del año 2016 se volvió a presentar un nuevo escándalo relativo al reparto de un “Bono Navideño”, por el que cada legislador recibiría 150 mil pesos adicionales de manera extraordinaria. Todavía después de ello se dio a conocer en los medios de comunicación que adicional a esa cantidad extraordinaria, se aprobaron el último día de sesiones ordinarias del primer periodo legislativo del segundo año de la presente legislatura, un bono adicional de109 mil 400 pesos.

Se trata de una partida extra por54.6 millones de pesos -adicional a los 75 millones de pesos que fueron recibidos para el bono navideño-, la cual fue repartida por los grupos parlamentarios para gastos de fin de año.

Los54.6 millones de pesos tuvieron que destinarse a la adquisición de servicios y/o compra de bienes, y debieron que ser gastados y justificados al 31 de diciembre de 2016.

La Legislatura anterior, no dejó de ser señalada por la asignación discrecional y poco clara de subvenciones extraordinarias.

Es también un tema de inequidad y de privilegio que de manera institucional se asigne a cada integrante de la Cámara una póliza de gastos médicos mayores, con cargo a recursos públicos.

Hoy ante la realidad de la liberación del precio de las gasolinas y combustibles automotrices, a la llegada del señor Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos, con escenarios de un cambio en la política comercial, migratoria y de seguridad, que han ocasionado efectos adversos en la economía de México se han anunciado medidas de austeridad por parte de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados.

Las medidas anunciadas consisten en aplicar acciones de austeridad y solidarizarse así con la sociedad que se está viendo afectada por el gasolinazo, por la inestabilidad cambiaria y el consecuente incremento de precios en bienes y servicios.

En materia de bonos se aseguró que no habrá apoyos adicionales para los diputados por sus actividades parlamentarias con motivo de fin de año. El presidente del órgano de gobierno afirmó que se determinó terminar la política de entregar partidas extraordinarias.

Respecto de la dieta y apoyo para sus distritos, se dijo que cuando se le sumen otros recursos éstos deberán ser plenamente justificados; de lo contrario los recursos deberán reintegrarse a la Cámara de Diputados.

Tampoco se entregarán más vales de combustible a los 500 diputados, que implicaban 5 millones de pesos ya presupuestados en San Lázaro

Además, la cancelación todos los viajes internacionales, salvo aquellos estrictamente indispensables que deberán ser autorizados por la Junta de Coordinación Política, siempre en clase económica.”

El conjunto de medidas incluye también que los diputados tampoco tendrán la prestación del servicio de telefonía celular como una de sus prestaciones y se disminuirá en 25% el gasto en alimentos.

A pesar de los acuerdos anunciados, es lamentable que sean medidas reactivas estrictamente coyunturales. Es necesario que los principios de austeridad y transparencia sean algo que permee al marco normativo.

La pretensión de esta iniciativa es introducir en el Reglamento de la Cámara de Diputados medidas normativas que transparenten y hagan pública la dieta de los diputados y su composición, que al tiempo establezca la prohibición de modificarla en el transcurso del ejercicio aprobado, quedando prohibidos los bonos, sobresueldos, o compensaciones extraordinarias, sea por razón de remanentes presupuestales, o en razón de la posición que determinado legislador ocupe o la función que desempeñe, sea coordinador de Grupo Parlamentario, integrante o presidente de la Mesa Directiva, Junta de Coordinación Política, Comisiones y/o Comités.

Por lo anteriormente expuesto se pone a consideración de esta Soberanía el proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción VI y se adiciona un segundo párrafo al artículo 6 del Reglamento de la Cámara de Diputados, para quedar como sigue:

Decreto

Artículo Único. Se reforma la fracción VI y se adiciona un segundo párrafo al artículo 6 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

Artículo 6.

1. Serán derechos de los diputados y diputadas:

I. a V. ...

VI. Percibir una dieta, que será igual para todos, el monto y composición de la misma será pública y transparente, deberá ser publicada en el presupuesto de Egresos de la Federación y no podrá modificarse en el transcurso del ejercicio anual de que se trate. La dieta permitirá desempeñar con eficacia y dignidad el cargo; la seguridad social y los servicios médicos que reciban serán las que presten las instituciones públicas de seguridad social; y las instituciones del Sistema Nacional de Ahorro para el retiro.

Quedan prohibidos los sobresueldos, bonos o compensaciones extraordinarias no contemplados en la normatividad y los tabuladores aprobados; así como los seguros de gastos médicos privados con cargo al presupuesto de la Cámara.

...

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, a 25 de enero de 2017.— Diputado Julio Saldaña Morán (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, de la Cámara de Diputados.

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

«Iniciativa que reforma el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por los diputados Adriana del Pilar Ortiz Lanz, Miguel Ángel Sulub Caamal y María del Rocío Rebollo Mendoza, así como por los senadores Raúl Aarón Pozos Lanz y Óscar Román Rosas González, del Grupo Parlamentario del PRI

Los suscritos, diputados Adriana del Pilar Ortiz Lanz y Miguel Ángel Sulub Caamal y los senadores Raúl Aarón Pozos Lanz y Óscar Román Rosas González, todos de Campeche e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1o., 3o. y 122 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 8, numeral 1, fracción I, del Reglamento del Senado de la República; y 6, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a la consideración de esta asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 41, fracción II, inciso a) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de financiamiento de los partidos políticos nacionales, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El fortalecimiento de la democracia en nuestro país ha sido un proceso complejo, ha tomado tiempo y en esa medida el marco jurídico en materia electoral, y en específico lo relacionado al financiamiento de los partidos políticos, ha sufrido diversas transformaciones que han acompañado y sumado a la madurez democrática del sistema mexicano, el cual continúa en constante debate y discusión.

Dentro de los grandes cambios se incluye la creación de mecanismos autónomos como el hoy denominado Instituto Nacional Electoral (antes Instituto Federal Electoral) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, cuyos principios predominantes han sido la certeza jurídica, la objetividad, la legalidad y la imparcialidad.

Uno de los cambios más significativos durante este proceso ha sido la forma en la que los partidos políticos obtienen recursos, así como la fiscalización y la transparencia en el ejercicio de éstos. Es pertinente recordar que anteriormente estos provenían únicamente de recursos privados, sin embargo, a partir de la reforma electoral de 1994, con la finalidad de generar contiendas más equitativas, por primera vez en la historia del país se consideró viable la entrega de recursos públicos a los partidos políticos, privilegiándolos por encima de los recursos privados. Cabe mencionar que en la mayoría de los países democráticos alrededor del mundo el estado provee los recursos ya sea por vía directa o mediante subsidios.

La ley establecía los montos a entregar a los partidos políticos, mismos que se calcularían con base en el número de partidos con registro. Adicionalmente se establecía que en años electorales se otorgaría el doble de recursos y la posibilidad de obtener hasta un peso más de recursos públicos que de recursos privados. Cabe mencionar que la regulación en materia de fiscalización tanto del gasto de los recursos otorgados por estado como de los recursos privados era escasa.

La reforma electoral de 2007 planteó un nuevo tipo de financiamiento público a los partidos políticos, que se caracterizó con una significativa reducción de los recursos asignados y de gasto en campañas electorales con periodos más cortos.

En cuanto al acceso de los partidos a los medios se estableció un nuevo modelo de comunicación política, que permitiría a los partidos políticos con representación en el Congreso acceder de manera gratuita a los tiempos oficiales asignados al Estado en Radio y Televisión, con lo cual se esperaba bajaran los recursos de los partidos hasta el 70 por ciento de sus prerrogativas.

La fórmula desde ese entonces ha sido la misma, el resultado de multiplicar el número total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral por el 65 por ciento del salario mínimo diario vigente para el Distrito Federal (a partir de la reformas Unidad de Medida de Actualización y Ciudad de México, respectivamente). Sin embargo, se ha demostrado con el paso del tiempo que esta fórmula ha generado un importante incremento de los recursos asignados a los partidos políticos.

Como ejemplo del incremento que ha tenido el financiamiento de los partidos políticos se presentan los siguientes cuadros relativos a cifras del financiamiento público de 1997 a 2017 de los partidos políticos nacionales, elaborados por el Instituto Nacional Electoral, consultables en su página de Internet.

Como se puede observar, en el proceso electoral de 2015, el Instituto Nacional Electoral (INE) tiene registrado que los partidos políticos recibieron por concepto de presupuesto ordinario, en número redondos, 5 mil 200 millones de pesos, más 1 millón setecientos de pesos por distrito electoral. Si consideramos que existen 300 distritos a nivel nacional, los partidos políticos recibieron cuando menos 5 mil 700 millones de pesos para la elección de diputados; y que, cuando se coincide con la elección de presidente de la República, tienen derecho a un 20 por ciento más, cifras que se pueden apreciar con claridad en los cuadros siguientes:

En ese sentido y como se aprecia en la siguiente gráfica el incremento al financiamiento de los Partidos Políticos se ha duplicado a lo largo de 20 años, y aunque si bien es cierto que el incremento en parte está relacionado al propio paso del tiempo, al cambio en el valor del dinero así como al incremento en el padrón electoral, también se debe reconocer que esto ha impactado directamente la economía del Estado mexicano y por ende en la de sus ciudadanos quienes, a través de sus impuestos, fondean no solo a los partidos sino también a todo el sistema electoral.

Así las cosas, para el presente año, los nueve partidos políticos nacionales en su conjunto, recibirán 4 mil 59 millones de pesos. Esto equivale al costo de 12 mil automóviles compactos o a pagar casi 700 mil salarios mínimos de trabajadores durante un mes o a todo el presupuesto federal asignado para combatir adicciones.

Conscientes de que la ciudadanía exige respuestas que impliquen que la clase política se apriete el cinturón es que la iniciativa que presentamos, busca una disminución en los montos que se dan a los partidos políticos para que de esta manera los recursos puedan emplearse en beneficios directos para la ciudadanía como son el mejoramiento de la infraestructura, programas sociales para los menos favorecidos y programas encaminados a la educación y la salud, por mencionar algunos.

En adición a lo anterior, es pertinente destacar que, en la reciente reunión de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) realizada el 9 de enero del año en curso, el Gobernador de Campeche, Lic. Alejandro Moreno Cárdenas, consciente de la necesidad de promover reducciones importantes al gasto general de los tres Poderes del Estado (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) así como en los tres niveles de gobierno (federal, estatal y municipal), y en lo particular de los partidos políticos y los organismos autónomos, se pronunció a favor de promover diversas iniciativas, entre las que destaca la que hoy estamos presentando relativa a reducir el 50 por ciento al financiamiento de los partidos políticos, por convicción y compromiso con la sociedad.

Por lo expuesto y dadas las circunstancias actuales que vive el país en materia económica y en razón de que resulta necesario afrontar de la mejor manera esta situación, es que consideramos pertinente y necesario llevar a cabo una reducción a los financiamientos otorgados a los partidos políticos, a fin de que sean canalizados para atender las necesidades más apremiantes de los mexicanos, lo que se convierte en una medida necesaria para apoyar al país en esta época de nuevos retos y desafíos que se vive en la actualidad.

Así, considerando que todos debemos contribuir a la estabilidad económica de nuestro país, la reforma que sometemos a la consideración de esta soberanía consiste en modificar a la baja el porcentaje de financiamiento público que se otorga a los partidos políticos, de 65 por ciento actual, al treinta y dos por ciento, como se aprecia en el cuadro comparativo siguiente:

Por lo expuesto y fundado sometemos a la consideración de esta soberanía la iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforma el artículo 41 fracción segunda inciso a) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo Único. Se reforma el artículo 41, fracción II, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 41. ...

I. ...

II. ...

a) El financiamiento público para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes se fijará anualmente, multiplicando el número total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral por el treinta y dos por ciento del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización. El treinta por ciento de la cantidad que resulte de acuerdo a lo señalado anteriormente, se distribuirá entre los partidos políticos en forma igualitaria y el setenta por ciento restante de acuerdo con el porcentaje de votos que hubieren obtenido en la elección de diputados inmediata intermedia anterior.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. La reducción surtirá efectos de inmediato durante el ejercicio fiscal correspondiente al de la entrada en vigor del presente decreto.

Dado en la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, a 25 de enero de 2017.— Legisladores: diputados Adriana del Pilar Ortiz Lanz, Miguel Ángel Sulub Caamal, María del Rocío Rebollo Mendoza; senadores Raúl Aarón Pozos Lanz, Óscar Román Rosas González (rúbricas).»

Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, de la Cámara de Diputados.

LEY FEDERAL DEL DERECHO DE AUTOR Y DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Derecho de Autor y del Código Penal Federal, suscrita por el diputado Santiago Taboada Cortina, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, Santiago Taboada Cortina, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión y con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6, numeral 1, fracción I, 62, numeral 2, y 77, numeral 1, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta asamblea iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley Federal del Derecho de Autor y del Código Penal Federal, con objeto de sancionar la falsificación de obras de arte, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La expresión artística es la canalización de ideas y sensaciones intelectuales hacia el exterior y hacia los demás mediante una disciplina artística que es identificada por la forma que adquiere y el medio por el cual es materializada a través de obras de carácter artístico que en su conjunto y con el paso del tiempo conforman una parte importante de la cultura.

El término que se atribuye a la expresión obra de arte y obra artística, es producto de la creación en el campo del arte, creación a la que se le atribuye una función estética, histórica o social, y es a partir de la función que se le asigna a dicha expresión artística que adquiere su valor. El valor de una obra de arte es impreciso establecerlo, ya que se le atribuye a diversos factores como el contexto histórico en el que fue creada, el reconocimiento social del autor, la técnica de su elaboración, los materiales utilizados, entre otros.

Las artes plásticas son las que utilizan materiales capaces de ser modificados o moldeados por el artista para crear una obra. Son las manifestaciones que reflejan, con recursos plásticos, algún producto de su imaginación o su visión de la realidad. El término se refiere de manera más amplia a las artes visuales para diferenciarlas del arte musical, de la danza, la literatura o del teatro.

Incluido entre las bellas artes, el término artes plásticas apareció a principios del siglo XIX para referirse a la pintura, la escultura, el dibujo, la arquitectura, el grabado, la cerámica, la orfebrería, la artesanía y la pintura mural.

En virtud del amplio reconocimiento que han adquirido las expresiones artísticas a partir de su materialización, difusión y divulgación a través de la historia, se han consolidado como bienes susceptibles de comercialización, otorgando al autor de las obras artísticas la posibilidad de obtener una retribución económica por su creación.

Ante dicha situación, el derecho como regulador de la conducta humana reconoce y protege los derechos de los autores, de los artistas intérpretes o ejecutantes, así como de los editores y de los productores en relación con sus obras artísticas en todas sus manifestaciones, interpretaciones o ejecuciones, la legislación mexicana vigente reconoce dichos derechos, otorgándoles el carácter de orden público, de interés social y de observancia general en todo el territorio nacional mediante la Ley Federal del Derecho de Autor.

La Ley Federal del Derecho de Autor establece en el artículo 13 el reconocimiento de los derechos de autor respecto a las obras de las siguientes ramas:

1. Literaria;

2. Musical, con letra o sin ella;

3. Dramática;

4. Danza;

5. Pictórica o de dibujo;

6. Escultórica y de carácter plástico;

7. Caricatura e historieta;

8. Arquitectónica;

9. Cinematográfica y demás obras audiovisuales;

10. Programas de radio y televisión;

11. Programas de cómputo;

12. Fotográfica;

13. Obras de arte aplicado que incluyen el diseño gráfico o textil; y

14. De compilación, integrada por las colecciones de obras, tales como las enciclopedias, las antologías, y de obras u otros elementos como las bases de datos, siempre que dichas colecciones, por su selección o la disposición de su contenido o materias, constituyan una creación intelectual.

Sin embargo, ante la omisión de alguna expresión artística en dicho listado, el mismo artículo señala que “las demás obras que por analogía puedan considerarse obras literarias o artísticas se incluirán en la rama que les sea más afín a su naturaleza”.

Es claro que las disposiciones de la Ley Federal de Derechos de Autor contienen el reconocimiento de diversas manifestaciones culturales y prevé las diferentes situaciones que trae el ejercicio de los derechos que reconoce, por ello, el título XII, “De los procedimientos administrativos”, capítulos I y II, consideran las infracciones en materia de derechos de autor y comercio respectivamente, exponiendo las transgresiones que pueden originarse ante la vulneración de los derechos del autor y es bajo esta tesitura que la acción tendiente falsificar una obra de arte, actualmente es uno de los actos que vulnera los derechos concedidos al autor de una obra escultórica y de carácter plástico, y la Ley Federal del Derecho de autor no contempla una sanción para este infame acto.

Ante la creación de una obra de arte ejecutada con la intención de inducir a error de hacerla pasar como una creación de una mano diferente nos encontramos ante el supuesto de falsificación de una obra de arte, supuesto que la Ley Federal de Derecho de Autor ni el Código Penal Federal consideran.

Inverso a lo establecido en el Código Civil del Distrito Federal y Territorio de la Baja California, expedido por ley del Congreso de la Unión el 08 de diciembre de 1870, la legislación mexicana vigente no contempla la falsificación de obras literarias, musicales, dramáticas y artísticas fue definida en todas sus modalidades junto a las reglas para ser declarada, las sanciones, multas y obligaciones de pago al propietario de la obra que tendría que hacer el falsificador.

Contrario a lo que hoy pasa, en el Código Civil del Distrito Federal y Territorio de la Baja California de 1870, la falsificación de obras literarias, musicales, dramáticas y artísticas fue definida en todas sus modalidades junto a las reglas para ser declarada, las sanciones, multas y obligaciones de pago al propietario de la obra que tendría que hacer el falsificador. Capítulo aparte ocupaba el tema del “derecho legítimo” a la reproducción, quién lo tenía, en qué casos y cuándo no se podía hacer.

Definía en el artículo 1316: “Hay falsificación cuando falta el consentimiento del legítimo propietario: Para publicar y reproducir las (obras) artísticas, sea por igual o por distinto procedimiento del que se empleó en la obra original”. Y en el artículo 1319: “Lo es también (falsificación) el comercio de obras falsificadas, ya en la república, ya en cualquiera otra parte”.

La falsificación también fue materia de varios artículos en el Código Civil para el Distrito y Territorios Federales, de 1928, con algunos cambios con relación al anterior. A partir de la primera ley sobre Derecho de Autor en México –data de 1947 aunque se publicó en enero de 1948– ya no se habló más de falsificación; esa ley y la de 1956 utilizaron la expresión “reproducción ilegal”. La actual, de 1996, no habla de falsificación ni de reproducción ilegal.

Ante la búsqueda de la posible regulación que la falsificación de obras de arte pueda tener en la legislación mexicana vigente, nos encontramos con las siguientes disposiciones que derivado de una excelente interpretación de la ley pudieran sancionar dicho acto:

En el ámbito penal, es decir, en el Código Penal Federal, reprime la conducta contraria al orden social bajo la noción de tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad. Observa pues la violación de los derechos de autor como una conducta contraria, no sólo a la esfera de la víctima, sino del orden social en el título vigésimo sexto, “De los delitos en materia de derechos de autor”, artículo 424 Bis, fracción I, que a la letra señala:

Título Vigésimo SextoDe los Delitos en materia de Derechos de Autor

Artículo 424. ...

Artículo 424 Bis. Se impondrá prisión de tres a diez años y de dos mil a veinte mil días multa:

I. A quien produzca, reproduzca, introduzca al país, almacene, transporte, distribuya, venda o arriende copias de obras, fonogramas, videogramas o libros, protegidos por la Ley Federal del Derecho de Autor, en forma dolosa, con fin de especulación comercial y sin la autorización que en los términos de la citada ley deba otorgar el titular de los derechos de autor o de los derechos conexos...

De lo anterior se desprende que el Código Penal Federal reconoce como conducta antijurídica, culpable y punible el acto de producir, reproducir, introducir al país, almacenar, transportar, distribuir, vender o arrendar copias de obras, fonogramas, videogramas o libros, protegidos por la Ley Federal del Derecho de Autor, en forma dolosa, con fin de especulación comercial y sin la autorización que este ordenamiento reconoce, más no así la creación de la obra que de manera dolosa pretende inducir a error de hacerla pasar como una creación de una mano diferente.

También el artículo 386 del Código Penal Federal prevé la acción de engañar a una persona o aprovechándose del error en que ésta se halle y se hace ilícitamente de alguna cosa o alcanza un lucro indebido bajo el tipo penal de fraude, señalando las diversas modalidades en que puede ser ejecutado, señalando en el artículo 387, fracción XI, lo siguiente:

Artículo 387. Las mismas penas señaladas en el artículo anterior se impondrán

I. a X. ...

XI. Al que por sorteos, rifas, loterías, promesas de venta o por cualquiera otro medio, se quede en todo o en parte con las cantidades recibidas, sin entregar la mercancía u objeto ofrecido.

La Ley Federal del Derecho de Autor establece en el artículo 229 las infracciones que se comenten en materia de derechos de autor, señalando las siguientes:

Capítulo IDe las Infracciones en materia de Derechos de Autor

Artículo 229. Son infracciones en materia de derecho de autor

I. Celebrar el editor, empresario, productor, empleador, organismo de radiodifusión o licenciatario un contrato que tenga por objeto la transmisión de derechos de autor en contravención de lo dispuesto en la presente ley;

II. Infringir el licenciatario los términos de la licencia obligatoria que se hubiese declarado conforme al artículo 146 la presente ley;

III. Ostentarse como sociedad de gestión colectiva sin haber obtenido el registro correspondiente ante el instituto;

IV. No proporcionar, sin causa justificada, al Instituto, siendo administrador de una sociedad de gestión colectiva los informes y documentos a que se refieren los artículos 204 fracción IV y 207 de la presente ley;

V. No insertar en una obra publicada las menciones a que se refiere el artículo 17 de la presente ley;

VI. Omitir o insertar con falsedad en una edición los datos a que se refiere el artículo 53 de la presente ley;

VII. Omitir o insertar con falsedad las menciones a que se refiere el artículo 54 de la presente ley;

VIII. No insertar en un fonograma las menciones a que se refiere el artículo 132 de la presente ley;

IX. Publicar una obra, estando autorizado para ello, sin mencionar en los ejemplares de ella el nombre del autor, traductor, compilador, adaptador o arreglista;

X. Publicar una obra, estando autorizado para ello, con menoscabo de la reputación del autor como tal y, en su caso, del traductor, compilador, arreglista o adaptador;

XI. Publicar antes que la federación, los estados o los municipios y sin autorización las obras hechas en el servicio oficial;

XII. Emplear dolosamente en una obra un título que induzca a confusión con otra publicada con anterioridad;

XIII. Fijar, representar, publicar, efectuar alguna comunicación o utilizar en cualquier forma una obra literaria y artística, protegida conforme al capítulo III del título VII de la presente ley, sin mencionar la comunidad o etnia, o en su caso la región de la República Mexicana de la que es propia; y

XIV. Las demás que se deriven de la interpretación de la presente ley y sus reglamentos.

Por lo anterior, puede deducirse que en ninguna de las fracciones citadas se considera una infracción en materia de derechos de autor el hecho de falsificar una obra de arte, pero la fracción XIV otorga la posibilidad de concebir a la falsificación de una obra de arte como una infracción que vulnera los derechos de autor derivado de la interpretación de la Ley Federal del Derecho de Autor, por contravenir ésta, mas no señala expresamente el acto de realizar una obra de arte con la intención de especular comercialmente con ella haciéndola pasar por una realizada por otro autor.

El artículo 231 de la Ley Federal del Derecho de Autor señala las conductas que constituyen infracciones en materia de comercio al realizarlas con fines de lucro directo o indirecto, y en la fracción III establece que fijar, producir, reproducir, almacenar, distribuir, transportar o comercializar copias de obras, obras cinematográficas y demás obras audiovisuales, fonogramas, videogramas o libros, protegidos por los derechos de autor o por los derechos conexos, sin la autorización de los respectivo titulares en los términos de ese ordenamiento constituyen un supuesto que atenta contra los derechos de los autores de la obra correspondiente, pero no señala la creación de una obra con el ánimo de falsificar otra y especular comercialmente con ella al intentar obtener un lucro indebido a base de engaños argumentando que es una obra de arte elaborada por un autor distinto del que realmente la creó.

Del análisis anterior se desprende el objetivo de la presente iniciativa; establecer en la Ley Federal del Derecho de Autor y en el Código Penal Federal, el acto tendiente acrear de manera dolosa con el ánimo de especular comercialmente, una obra de arte con la intención de inducir a error de hacerla pasar como una creación de un autor diferente, es decir, la falsificación de una obra de arte, homologando a dicho acto la pena establecida en el Código Penal Federal estipulada para la producción, reproducción, introducción al país, almacenamiento, transportación, distribución, venta o arrendamiento de copias de obras, protegidas por la Ley Federal del Derecho de Autor, en forma dolosa, con fin de especulación comercial y sin la autorización que en los términos de la Ley Federal del Derecho de Autor otorga al titular de los derechos sobre la obra.

Finalmente, acorde con el decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, de fecha 27 de enero de 2016, se incorpora en el cuerpo del presente decreto la armonización normativa correspondiente en materia de desindexación del salario mínimo.

Por lo anterior se pone a consideración de esta asamblea el siguiente proyecto de

Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Derecho de Autor y modifica la fracción I del artículo 424 Bis del Código Penal Federal

Primero. Se reforman la fracción III del artículo 218, la fracción XIII del artículo 229, la fracciones I y II y último párrafo del artículo 230, las fracciones I a III y último párrafo del artículo 232 y el artículo 236; y se adiciona una fracción XIV, recorriéndose la siguiente en su orden, del artículo 229 de la Ley Federal del Derecho de Autor, para quedar como sigue:

Artículo 218. ...

I. y II. ...

III. Se citará a las partes a una junta de avenencia, apercibiéndolas que de no asistir, se impondrá una multa de cien a ciento cincuenta unidades de medida y actualización. Dicha junta se llevará a cabo dentro de los veinte días siguientes a la presentación de la queja;

IV. a VI. ...

...

Artículo 229. Son infracciones en materia de derecho de autor

I. a XII. ...

XIII. Fijar, representar, publicar, efectuar alguna comunicación o utilizar en cualquier forma una obra literaria y artística, protegida conforme al capítulo III, del título VII, de la presente ley, sin mencionar la comunidad o etnia, o en su caso la región mexicana de que es propia.

XIV. Crear, producir, reproducir, introducir al país, almacenar, transportar, distribuir, vender o arrendar obras pictóricas o de dibujo, escultoras y de carácter plástico, arquitectónicas y fotográficas protegidas por la Ley Federal del Derecho de Autor; con ánimo de especulación comercial o con la intención de inducir a error de hacerla pasar como una creación de un autor diferente del que la creó;y

XV. Las demás que se deriven de la interpretación de la presente ley y sus reglamentos.

Artículo 230. ...

I. De cinco mil hasta quince mil días de unidades de medida y actualización en los casos previstos en las fracciones I, II, III, IV, XI, XII, XIII y XIV del artículo anterior; y

II. De mil hasta cinco mil días de unidades de medida y actualizaciónen los demás casos previstos en el artículo anterior; y

III. De quinientos hasta mil días de unidades de medida y actualización en los demás casos a que se refiere la fracción X del artículo anterior.

Se aplicará multa adicional de hasta quinientos días de unidades de medida y actualización general vigente por día, a quien persista en la infracción.

Artículo 232. ...

I. De cinco mil hasta cuarenta mil días de Unidades de Medida y Actualización en los casos previstos en las fracciones I, III, IV, V, VII, VIII y IX del artículo anterior;

II. De mil hasta cinco mil días de unidades de medida y actualización en los casos previstos en las fracciones II y VI del artículo anterior; y

III. De quinientos hasta mil días de unidades de medida y actualización general vigente por día, a quien persista en la infracción.

Artículo 236. Para la aplicación de las sanciones a que se refiere esta Ley, las obligaciones y supuestos denominados en unidades de medida y actualización se considerarán de monto determinado y se solventarán entregando su equivalente en moneda nacional. Al efecto, deberá multiplicarse el monto de la obligación o supuesto, expresando en las citadas unidades, por el valor de dicha unidad a la fecha correspondiente, según determine el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

Segundo. Se reforma la fracción I del artículo 424 Bis del Código Penal Federal para quedar como sigue:

Artículo 424 Bis. ...

I. A quien fije, produzca, reproduzca, introduzca en el país, almacene, transporte, distribuya, venda o arriende copias de obras, fonogramas, videogramas, libros u obras protegidos por la Ley Federal del Derecho de Autor, en forma dolosa, con el fin de especulación comercial y sin la autorización que en los términos de la citada Ley deba otorgar el titular de los derechos de autor o de los derechos conexos; así como la creación de obras en forma dolosa, con fin de especulación comercial, con la intención de inducir a error de hacerla pasar como una creación de un autor diferente del que la creó.

...

II. ...

Transitorio

Único.El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Sede de la Comisión Permanente, a 25 de enero de 2017.— Diputado Santiago Taboada Cortina (rúbrica).»

Se turna a la Comisiones Unidas de Cultura y Cinematografía, y de Justicia, de la Cámara de Diputados.

LEY DE CAMINOS, PUENTES Y AUTOTRANSPORTE FEDERAL

«Iniciativa que reforma el artículo 5o., fracción VIII, de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, suscrita por el diputado Julio Saldaña Morán, del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, diputado Julio Saldaña Morán, integrante del Grupo Parlamentario del PRD de la Cámara de Diputados, con fundamento en los artículos 71, fracción II, y 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 55, fracción II, y 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; pone a consideración de esta asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 5o., fracción VIII, de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal.

Planteamiento del problema

El motociclismo es una práctica que va en aumento en México, sea como la adopción de medio de transporte alternativo al uso del automóvil, o como la práctica de una actividad que proporciona a sus usuarios sensaciones de libertad y emoción que permite dar a la actividad turística un enfoque distinto a través de una interacción distinta con los caminos nacionales.

Con todo y que ya en el año 2012 se dio un paso importante en el reconocimiento a quienes han optado por la motocicleta como el vehículo para recorrer el país, considero que aún es posible ir más lejos en medidas de trato equitativo para los motociclistas que usan la red federal de carreteras y puentes de peaje, así como las carreteras federales concesionadas. Por lo que, el que suscribe de la mano del Grupo Parlamentario del PRD de la Cámara de Diputados promueve la presente iniciativa con proyecto de decreto bajo el siguiente:

Argumento

El 18 de mayo de 2012, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto que adiciona un segundo párrafo a la fracción VIII del artículo 5o. de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, en decreto se debió a sendas iniciativas de los entonces diputados María de la Paz Quiñones Cornejo, y Alejandro del Mazo Maza.

El decreto establece que “las motocicletas deberán pagar el 50 por ciento del peaje que paguen los automóviles; y”

De acuerdo con información anual completa de Inegi, el parque vehicular motorizado registrado en México al cierre de 2014 fue de 38 millones 025 mil 389 unidades, que incluye automóviles, camiones de pasajeros, camiones de carga y motocicletas, en particular en ese periodo el número de motocicletas registradas llegó a 2 millones 270 mil 959 unidades.

Del total de motocicletas registradas, 1 millón 816 mil 767 unidades corresponde a motocicletas con cilindrada de 250 c.c. y menores, con peso que no supera los 150 kilogramos, vehículos de trabajo y para traslados fundamentalmente urbanos.

El resto 454 mil 192 son las motocicletas con cilindrada mayor a 250 c.c., y son las de mayor peso, y las que recorren las carreteras de cuota con fines recreacionales y turísticos con trayectos superiores a los 100 kilómetros.

De suerte que el impacto económico de los peajes pagados por las motocicletas es relativamente marginal respecto de los que representa el peaje de los otros tipos de vehículos que hacen uso de manera intensiva y extensiva la red nacional de carreteras de cuota.

El cobro de un peaje diferenciado a los motociclistas respecto de lo que pagan los automóviles obedece al impacto que las motocicletas producen sobre la superficie de rodamiento de las carreteras federales.

Como bien se indica en las iniciativas presentadas durante la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados por los diputados antes mencionados, las motocicletas que usan las carreteras con pago de peaje tienen un peso promedio de 300 kg., cinco veces inferior al peso promedio de un automóvil que es de 1,500 kg., aunque cabe hacer notar que el rango de los vehículos que pagan tarifa de automóvil, incluye también vehículos como las camionetas pick up, vans, SUV’s, y vehículos con dos ejes con un peso inferior a 3,500 kg.

También es correcto que el impacto a los pavimentos o concretos hidráulicos de las carreteras, en función del área de contacto de las llantas es mucho menor en el caso de las motos, no sólo porque por principio de cuentas son dos llantas contra cuatro de los automóviles y camionetas, sino que además las dos llantas de las motos tienen un área de contacto menor al área de cada una de las llantas de un automóvil, y por si fuera poco, los compuestos de las llantas de las motos son más suaves provocando un menor desgaste en la superficie de rodamiento de las carreteras de cuota.

En consecuencia, el impacto de las motocicletas sobre los pavimentos es 200% menor que el que ocasiona un automóvil.

De acuerdo con la Asociación Mexicana del Comercio y la Industria de las Motocicletas (AMCIM), en materia del uso eficiente del espacio, las motocicletas representan sólo un 25% del espacio que ocupa un automóvil compacto, y por lo que se refiere al impacto ambiental, las motocicletas consumen hasta 30 veces menos gasolina que un automóvil.

Al respecto es conveniente recordar que la Comisión Ambiental de la Megalópolis exentó a las motocicletas de las medidas emergentes al programa Hoy No Circula, para la temporada primaveral del año 2016, al considerar que las emisiones de las motocicletas en la Zona Metropolitana del Valle de México representan sólo el 2% del total de las emisiones contaminantes emitidas en la zona.

Por último cabe hacer referencia al impacto del gasolinazo que como resultado de la liberación de los combustibles automotores tiene sobre el conjunto de personas que usan vehículos motorizados, incluyendo a los motociclistas, y que ha causado el malestar en amplios sectores sociales al inicio de este 2017.

En atención a los argumentos anteriores, el suscrito considera que es factible atender la propuesta de avanzar hacia un esquema más equitativo y proporcional en el pago de peajes por parte de las motocicletas para que el monto de los peajes de estos vehículos represente un tercio de lo que pagan los automóviles.

La medida propuesta, a parte de la justa proporcionalidad que representa, implica también el incentivar el crecimiento de este sector, así como el impulso y estímulo a la actividad turística llevada a cabo por este sector de la sociedad mexicana que ve en el motociclismo una forma y estilo de vida que tiene un importante potencial de crecimiento y desarrollo, que contribuya al desarrollo conjunto de México.

Por último, la implementación de esta propuesta no requiere mayores esfuerzos técnicos, toda vez que la tarifa diferenciada para motocicletas ya está operando.

Por lo anteriormente expuesto se pone a consideración de esta soberanía el proyecto de

Decreto por el que se reforma el segundo párrafo de la fracción VIII del artículo 5o. de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, para quedar como sigue:

Artículo Único.Se reforma el segundo párrafo de la fracción VIII del artículo 5o. de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal

Artículo 5o. ...

I. a VII. ...

VIII. ...

Las motocicletas deberán pagar el 33 por ciento del peaje que paguen los automóviles, y

...

Transitorio

Único.El presente decreto entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, a 25 de enero de 2017.— Diputado Julio Saldaña Morán (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Transportes, de la Cámara de Diputados.

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

«Iniciativa que reforma el artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Laura Nereida Plascencia Pacheco, del Grupo Parlamentario del PRI

La que suscribe, diputada federal Laura Nereida Plascencia Pacheco, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la Sexagésima Tercera Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 6 numeral 1, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

Como sabemos y como lo han demostrado diversos estudios en materia de género y, en general de las ciencias sociales, la diferencia entre mujeres y hombres ha estado anclada en una construcción social que privilegia lo masculino y que, en consecuencia, menosprecia lo femenino. De esta forma, el mundo occidental en el que vivimos ha sido construido por y para varones, lo que ha dado como resultado una sumisión histórica y social de las mujeres. Así, por ejemplo; en el reparto de los espacios se confinó a la mujer al doméstico-privado, y al hombre al público; es decir, el espacio de toma de decisiones fue asignado únicamente a hombres.

Lo anterior refuerza la construcción de pares categoriales, binarios, dicotómicos, donde se es lo uno o lo otro, con la consecuencia de que se impide ver o concebir la construcción de un mundo con espacio para todas y todos. Derivado de tal construcción social, el gobierno que es también, otra construcción masculinizada, fue ocupada por varones, relegando a las mujeres a otras actividades ajenas a la toma de decisiones sobre la vida pública del país.

De esta manera, la masculinización de la vida política hace que las reglas institucionales de competencia y participación política no tengan efecto igualitario entre hombres y mujeres, siendo la desigual representación de mujeres en cargos de elección popular su mejor ejemplo.

En este contexto de desigualdad, tuvieron su origen las luchas feministas por el reconocimiento de todos sus derechos, pasando por los económicos, civiles, sociales, laborales, culturales y políticos. Esta última generación de derechos humanos, ha cobrado especial relevancia en el México actual, puesto que hemos pasado de la asignación de las llamadas cuotas de género, a tener formado el Congreso de la Unión mediante el principio de paridad (50/50).

Ahora bien, el reconocimiento de tales derechos no hubiera sido posible de no contar con instrumentos jurídicos internacionales en esta materia, así desde la fundación de la Organización de las Naciones Unidas quedó prohibida la discriminación en función del sexo, y posteriormente en la Carta de las Naciones Unidas quedó consagrado el principio de igualdad de derechos entre hombres y mujeres en junio de 1945.

En la Declaración Universal de los Derechos del Hombre de 1948, se reafirma el principio de igualdad y no discriminación en función del sexo, y establece el derecho de las personas a participar, en condiciones de igualdad, en la toma de decisiones políticas y acceder a las funciones de los asuntos públicos.

Mientras que en la Convención de los Derechos Políticos de las Mujeres de 1954, se propone poner en práctica el principio de igualdad de derechos de mujeres y hombres, enunciado en la Carta de las Naciones Unidas.

Mientras que en el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos de 1966, así como en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Políticos y Sociales del mismo año, los Estados partes se comprometen a respetar y garantizar a todos los individuos en su territorio y sujetos a su jurisdicción los derechos reconocidos en dichos instrumentos, sin distinción alguna de raza, idioma, sexo, nacionalidad, religión, lengua, opinión política, entre otras.

Por otra parte, la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), establece una serie de disposiciones que los Estados deben observar a partir de las siguientes obligaciones:

a) Consagrar, si aún no lo han hecho, en sus constituciones nacionales y en cualquier otra legislación apropiada el principio de la igualdad del hombre y de la mujer y asegurar por ley u otros medios apropiados la realización práctica de ese principio;

b) Adoptar medidas adecuadas, legislativas y de otro carácter, con las sanciones correspondientes, que prohíban toda discriminación contra la mujer;

c) Establecer la protección jurídica de los derechos de la mujer sobre una base de igualdad con los del hombre y garantizar, por conducto de los tribunales nacionales o competentes y de otras instituciones públicas, la protección efectiva de la mujer contra todo acto de discriminación;

d) Abstenerse de incurrir en todo acto a práctica de discriminación contra la mujer y velar porque las autoridades e instituciones públicas actúen de conformidad con esta obligación;

e) Tomar todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer practicada por cualesquiera personas, organizaciones o empresas;

f) Adaptar todas las medidas adecuadas, incluso de carácter legislativo, para modificar o derogar leyes, reglamentos, usos y prácticas que constituyan discriminación contra la mujer;

g) Derogar todas las disposiciones penales nacionales que constituyan discriminación contra la mujer.

Asimismo, el 25 agosto de 2006 el Comité de la CEDAW recomendó en la observación 11 de las “Observaciones finales del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer: México”, que se pongan en marcha mecanismos de coordinación y seguimiento destinados a lograr la armonización y aplicación efectivas de los programas y políticas relativos a la igualdad de género, así como la aplicación de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres a nivel federal, estatal y municipal.

Además México forma parte de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, (Convención de Belem do Pará). Esta Convención plasma en su artículo 4 el derecho de las mujeres a la igualdad de protección ante la ley y a la igualdad de acceso a las funciones públicas de su país y a participar en los asuntos públicos, incluyendo la toma de decisiones, por lo cual el Estado mexicano se comprometió a tomar las medidas necesarias, entre ellas las de carácter legislativo, para modificar o abolir leyes y reglamentos vigentes, o para modificar practicas jurídicas o consuetudinarias que respalden la persistencia o la tolerancia de la violencia contra la mujer o la violación de sus derechos.

Durante las últimas seis décadas, la comunidad internacional ha contraído fuertes compromisos referidos a la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres, tanto desde una perspectiva global, como en el nivel interno de cada uno de los Estados que la componen, como se constata en el marco de los Objetivos de Desarrollo del Milenio adoptados por la Organización de las Naciones Unidas en el año 2000, cuando se señala como uno de estos objetivos, la igualdad entre los géneros.

En agosto de 2015, la referida ONU presentó el documento “Transformando nuestro mundo: la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible”, que busca erradicar la pobreza, combatir las desigualdades y promover la prosperidad, mediante 169 metas y 17 objetivos. En dicha Agenda se señala como objetivo 5: “Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas”, con lo que queda constatado el interés mundial por lograr la igualdad de la mujer y el hombre.

Por lo que respecta a nuestra zona geográfica y tal como se señala en la exposición de motivos de la Norma Marco para la Democracia Paritaria, América Latina ha sido pionera en establecer acuerdos y un marco normativo para la aceleración de políticas públicas que promuevan los derechos de las mujeres y la igualdad de género, donde se destaca la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belem Do Para), y las Conferencias Regionales de la Mujer en América Latina y el Caribe, Quito (2007), Brasilia (2010), Republica Dominicana (2014), así como la Conferencia de Población y Desarrollo de Montevideo (2013), que han contribuido a lograr avances normativos muy significativos plasmados en los llamados Consensos regionales. El Consenso de Quito supuso un gran avance en la región al reconocer que:

“(...) la paridad es uno de los propulsores determinantes de la democracia, cuyo fin es alcanzar la igualdad en el ejercicio del poder, en la toma de decisiones, en los mecanismos de participación y representación social y política, y en las relaciones familiares al interior de los diversos tipos de familias, las relaciones sociales, económicas, políticas y culturales, y que constituye una meta para erradicar la exclusión estructural de las de las mujeres”.

De esta forma tiene su origen la referida Norma Marco para la Democracia Paritaria, que exige reformas en tres grandes capítulos:

I. En primer lugar, la Norma Marco identifica como elemento vertebrador del cambio un modelo de Estado inclusivo que debe asumir su responsabilidad con la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres y generar todas las garantías necesarias para que mujeres y hombres disfruten de las mismas oportunidades y condiciones de igualdad en el ámbito político, económico, social, cultural y civil. Atendiendo a la diversidad de los seres humanos y a la discriminación histórica de las mujeres, se dirige a los Estados el exhorto de remover, mediante la adopción de medidas especiales, todos aquellos elementos que se traducen en flagrante desigualdad de hecho a pesar del reconocimiento formal del principio de igualdad.

II. El segundo eje vertebrador es la Paridad en todos los poderes del Estado, legislativo, judicial y ejecutivo, en toda la estructura del Estado, así como su paulatino traslado a toda la sociedad. La paridad constituye una meta de los Estados inclusivos como reconocimiento expreso del hecho de que la humanidad está integrada por una representación 50/50 de mujeres y hombres.

III. El tercer eje, es una verdadera transformación hacia un modelo paritario en las relaciones y dinámica del poder de los partidos y organizaciones políticas. Los partidos políticos, movimientos políticos y las candidaturas independientes son instrumentos determinantes de un sistema democrático para promover transformaciones en la sociedad, así como para garantizar la paridad representativa y la efectiva consolidación del principio de igualdad sustantiva.

Deben establecer condiciones en sus tres dimensiones, organizacional, electoral y programática, pero también en la financiera, para que el entorno político deje de ser el cuello de botella del empoderamiento político de las mujeres y pase a ser la plataforma que lo impulse y defienda.

En virtud de lo anterior y en cumplimiento de la obligación establecida en el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, donde se establece que la Constitución será Ley Suprema de la Unión, junto con las Leyes del Congreso de la Unión que de ella emanen y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la República con aprobación del Senado, el Estado mexicano se ha dado a la tarea de incorporar los contenidos de dichos instrumentos internacionales en su legislación nacional.

Un ejemplo de lo anterior lo constituye la reforma político-electoral de 2014, con la que se garantizó que los congresos locales y el Congreso de la Unión se integrarán bajo el principio de paridad, sin embargo, las mujeres seguimos relegadas de los espacios de la toma de decisiones, continuamos sin ocupar los espacios públicos en un país donde somos el 50 por ciento de su población.

Ahora bien, en el ámbito nacional la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce en sus artículos 1 y 4 el principio de igualdad para el ejercicio de los derechos político-electorales contenidos en su artículo 35. Además, establece como principios rectores del ejercicio de la función electoral la certeza, la legalidad, la independencia, la imparcialidad, la máxima publicidad y la objetividad. Además, y por tratarse de derechos humanos, a estos principios se deben sumar el pro persona, el de no discriminación, universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.

Estos principios y mandatos, tanto nacionales como internacionales, no deben ser sólo enunciativos, ya que ello nos lleva a reproducir los esquemas de subordinación de las mujeres, por lo que deben encontrar su factibilidad en la adecuación normativa, para que, consecuentemente, todos los espacios de toma de decisiones públicas sean integrados bajo el principio de paridad de género (50/50), porque esto nos conllevará a lograr la igualdad entre mujeres y hombres, a la construcción de un Estado más justo e incluyente, donde todos sus ciudadanos se encuentren debidamente representados.

Porque, aunque ha habido avances muy importantes, los puestos públicos, sobre todo los de mayor responsabilidad, siguen ocupados mayoritariamente por varones. Estadísticamente sólo dos mujeres ocupan un lugar en el gabinete actual: María Cristina García Cepeda (Secretaría de Cultura) y Rosario Robles Berlanga (Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano). Y en el gabinete ampliado sólo se agregan Nuvia Mayorga (Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas), Lorena Cruz Sánchez (Inmujeres) y Laura Vargas Carrillo (Titular del Sistema Integral para el Desarrollo de la Familia).

En la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dominan también los hombres: con nueve ministros, sólo hay dos ministras: Margarita Beatriz Luna Ramos y Norma Lucía Piña Hernández.

Es en este contexto que se inscribe la presente iniciativa, para El caso planteado en esta iniciativa se refiere a la conformación del llamado gabinete presidencial, que como sabemos constituye uno de los principales elementos del Poder Ejecutivo y, en consecuencia, del gobierno, por ello debe responder a las necesidades de la democracia, del país, de sus ciudadanas y ciudadanos. Cada Secretaría de Estado tiene a su cargo un ramo de la Administración Pública Federal y su importancia radica principalmente, en que son los encargados de operar el Plan Nacional de Desarrollo. Por ello es importante, como lo señala Rodríguez Santibáñez, no perder de vista el quehacer de estos funcionarios que ocupan, sin un voto electoral, sino de confianza del presidente, las secretarías de Estado, que operan con recursos del erario público para la realización de los asuntos político-administrativos del país.

Dada la importancia de dichas instancias de gobierno y, para garantizar que las mujeres estemos representadas paritariamente en los referidos asuntos político-administrativos del país, es necesario reformar nuestra Carta Magna para que las Secretarias de Estado se integren con el principio de paridad de género y, de esta forma, las mujeres podamos ocupar estos espacios históricamente masculinizados.

Estamos convencidas que al integrar paritariamente, 50 por ciento mujeres y 50 por ciento hombres, el gabinete presidencial estará representando más integralmente los intereses de sus habitantes, por lo que su eficacia administrativa y operación política se verá favorecida, ya que se velarán por los interés de la igualdad de género. Es necesario mencionar que, además, estaremos dando cumplimiento a los diversos compromisos y convenciones internacionales en materia de paridad, a los que el Estado mexicano se ha sujetado, como la Norma Marco para la Democracia Paritaria, ya referida anteriormente, así como a la CEDAW y la Belém Do Pará, ejes jurídicos internacionales de la igualdad entre mujeres y hombres.

En este sentido y con el objetivo de lograr la paridad en los espacios de decisión pública gubernamental y con la convicción de que estas acciones nos llevarán a la creación de un Estado con democracia paritaria, se somete a consideración de esta H. Cámara de Diputados, la siguiente iniciativa con proyecto de:

Decreto por el que se reforma la fracción II del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo Primero.Se reforma el artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 89.

I.

II. Nombrar y remover libremente , bajo el principio de paridad de género, que se refiere a la integración cuantitativa igualitaria entre mujeres y hombres; a los Secretarios de Estado, remover a los embajadores, cónsules generales y empleados superiores de Hacienda, y nombrar y remover libremente a los demás empleados de la Unión, cuyo nombramiento o remoción no esté determinado de otro modo en la Constitución o en las leyes;

Transitorios

Primero.El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, sin perjuicio de lo dispuesto en el transitorio siguiente.

Segundo:El presente decreto será aplicable a partir del siguiente periodo inmediato del gobierno federal.

Tercero:El presente decreto no será aplicable en la designación de los titulares de las actuales Secretarías de Estado.

Notas

1 Moreira, Constanza. ¿Democracia restringida en Paraguay? La participación política de las mujeres (1985-2000), en varios autores, Seducción y desilusión en la política latinoamericana. Montevideo, Ediciones de la Banda Oriental, 2001.

2 Carta de las Naciones Unida. Disponible en

http://www.un.org/es/charter-united-nations/index.html.

3 Declaración Universal de los Derechos del Hombre. Disponible en

http://www.un.org/es/documents/udhr/

4 Comisión Nacional de Derechos Humanos, Rodríguez y Rodríguez Jesús, compilador, Instrumentos Internacionales sobre derechos humanos. ONU-OEA, Tomo II, pp. 1157.

5 Comisión Nacional de Derechos Humanos, Op. Cit.

6 Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. Disponible en:

http://www.inmujeres.gob.mx/index.php/ambito-internacional/ceda w

7 Disponible en:

file:///C:/Users/Usuario/Downloads/CEDAW_2006.pdf

8 Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, (Convención Belem do Pará). Disponible en

http://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/a-61.html

9 Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible. Organización de las Naciones Unidas. 2015, disponible en

http://www.socialwatch.org/sites/default/files/Agenda-2030-esp. pdf.

10 Norma Marco para la Democracia Paritaria, disponible en:

http://www.parlatino.org/pdf/leyes_marcos/leyes/consolidar-demo cracia-paritaria-pma-27-nov-2015.pdf

11 Ibídem.

12 Op. Cit. Pág. 6 y 7.

13 Especialmente a partir del reconocimiento de la obligatoriedad de los tratados internacionales, con la reforma en derechos humanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011.

14 Disponible en:

http://www.itesm.mx/wps/wcm/connect/snc/portal+informativo/opin ion+y+analisis/firmas/dra.+iliana+rodriguez+santibanez/op(9jul12)ilianarodrigue z3

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de enero de 2017.— Diputada Laura Nereida Plascencia Pacheco (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, de la Cámara de Diputados.

LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

«Iniciativa que adiciona los artículos 189 y 190 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, suscrita por el diputado Santiago Taboada Cortina, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, diputado federal Santiago Taboada Cortina, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión y con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 62, numeral 2, y 77, numeral 1 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que adiciona una fracción VI al párrafo quinto del artículo 189 y la fracción V al párrafo cuarto del artículo 190 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, con el objeto de favorecer la reactivación de las industrias creativas mexicanas a través de los estímulos fiscales contemplados en la referida Ley, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Sin lugar a dudas, la responsabilidad del Estado mexicano de impulsar el desarrollo del sector cultural nacional, se ha intentado cubrir por diversas vías, y sin duda uno de los caminos por los que el gobierno mexicano ha optado para apoyar ciertas actividades es la creación de estímulos fiscales como los incluidos en la Ley del Impuesto sobre la Renta para la Producción Cinematográfica y Teatral Nacional.

En 2004 fue creado el Estímulo Fiscal a Proyectos de Producción Cinematográfica (Eficine) en el artículo 226 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta (LISR), aunque comenzó a funcionar hasta el 2006, creado como un estímulo fiscal del 10 por ciento del impuesto sobre la renta a los contribuyentes que apoyaran a proyectos de inversión en la producción cinematográfica nacional. El monto a otorgar fue de 500 millones de pesos anuales, hasta 2013, el cual a partir de 2014 es contemplado en la fracción II del artículo 189 de la misma ley con un monto de 650 millones de pesos para producción y 50 millones de pesos para distribución en un ejercicio fiscal.

Posteriormente, ante la solicitud realizada por la comunidad teatral en el 2010 al Congreso de la Unión con el objeto de establecer un estímulo fiscal al teatro mexicano, para que los contribuyentes se encontraran en posibilidad de destinar hasta un 10 por ciento de su pago por concepto de impuesto sobre la renta a la producción de una obra teatral, creándose en consecuencia el Estímulo Fiscal a la Producción Cinematográfica Nacional (Efiteatro) en 2011; consistente en aplicar un crédito fiscal por el monto aportado a un proyecto de inversión por un contribuyente del impuesto.

El Efiteatro permite a los particulares (personas físicas y morales) aportar recursos a un proyecto de inversión teatral y disminuir el monto de su aportación del pago de su impuesto sobre la renta. El monto de la aportación al proyecto de inversión que corresponda no puede ser mayor de 2 millones de pesos por contribuyente aportante y proyecto de inversión, ni del 10% del ISR del contribuyente aportante en el ejercicio anterior.

Dichos estímulos han generado resultados satisfactorios, basta con mencionar que en para el periodo comprendido entre 2013 y 2015 se han apoyado 165 proyectos cinematográficos y 98 proyectos de producción teatral con un monto de 1 mil 897.5 millones de pesos, por lo cual no queda duda de que ha sido una vía para fortalecer el la industria cultural nacional.

Con ese antecedente, la comunidad artística (específicamente de danza, música, literatura y artes plásticas) y funcionarios del antes Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, tuvieron acercamientos con los integrantes de la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados de la LXI Legislatura, con el objeto de solicitar que el artículo 226 Bis de LISR, que contemplaba el estímulo fiscal al teatro, fuera reformado y adicionado para incluir también a los proyectos de inversión para la producción de artes plásticas, danza, obras literarias y música, sin embargo no se logró concretar en la ley.

La propuesta fue retomada en la actual Legislatura y en la discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017 fue aprobada la modificación del artículo 190 de la LISR para incluir dentro del estímulo fiscal contemplado para el teatro; las artes visuales; danza; música en los campos específicos de dirección de orquesta, ejecución instrumental y vocal de la música de concierto, y jazz, decreto publicado el día 30 de noviembre de 2016 en el Diario Oficial de la Federación; con lo cual se favorece el impulso a la pluralidad de expresiones artísticas mediante estímulos fiscales.

A pesar de los grandes pasos que se han dado en el apoyo a las industrias creativas nacionales mediante estímulos fiscales, participantes del sector artístico nacional han manifestado que a pesar de la naturaleza del estímulo y su buena intención, debe estimularse la participación mayoritaria de artistas, creadores, profesionales, técnicos y colaboradores mexicanos, con el objeto de fortalecer las economías creativas nacionales, factor que a pesar de encontrarse considerado en las reglas generales de operación para la aplicación de dichos estímulos fiscales, ya que se contemplan porcentajes de integración de personal en los proyectos de entre 60 y 70 porciento, para que estos puedan ser considerados producciones nacionales, es necesario incentivar la integración de mexicanos en los proyectos derivados de dichos estímulos.

Tomando en consideración lo anteriormente expuesto y considerando la necesidad actual de robustecer las políticas gubernamentales destinadas al fortalecimiento de las industrias culturales nacionales, es que me permito presentar esta iniciativa con la intención de que sea un factor para la selección de proyectos por parte del comité interinstitucional.

La presente iniciativa se fundamenta en los artículos 71 fracción II, 73 fracción XXIX, inciso Ñ de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 6º numeral 1, fracción I, 77 numeral 1 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

Con base en lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta honorable soberanía, la siguiente iniciativa

Se adiciona una fracción VI al párrafo quinto del artículo 189 y una fracción V al párrafo cuarto del artículo 190 de la Ley del Impuesto sobre la Renta

Único. Se adiciona la fracción VI al párrafo quinto del artículo 189 y una fracción V al párrafo cuarto del artículo 190 de la Ley del Impuesto sobre la Renta para quedar como sigue:

Artículo 189.

...

Para la aplicación del estímulo fiscal a que se refiere el presente artículo, se estará a lo siguiente:

...

VI. Para la realización de los proyectos de inversión, el Comité Interinstitucional considerará como un factor para el otorgamiento del beneficio, proyectos que incluyan en su mayoría a artistas, creadores y trabajadores nacionales, con el objeto de fortalecer las industrias creativas nacionales.

Artículo 190.

...

Para la aplicación del estímulo fiscal a que se refiere el presente artículo, se estará a lo siguiente:

...

V. Para la realización de los proyectos de inversión, el Comité Interinstitucional considerará como un factor para el otorgamiento del beneficio, proyectos que incluyan en su mayoría a artistas, creadores y trabajadores nacionales, con el objeto de fortalecer las industrias creativas nacionales.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de enero de 2017.— Diputado Santiago Taboada Cortina (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, de la Cámara de Diputados.

LEY DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE

«Iniciativa que reforma los artículos 15, 154 y 163 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, suscrita por el diputado Norberto Antonio Martínez Soto, del Grupo Parlamentario del PRD

Planteamiento del Problema

Existen profundas raíces estructurales sobre la migración de mexicanas y mexicanos hacia los Estados Unidos de América (EUA), sin embargo, actualmente la política migratoria se ha convertido en uno de los temas más controvertidos y de mayor tensión de la relación bilateral.

La posición geopolítica subordinada que México ha mantenido respecto de la economía norteamericana, lo convierte en un país exportador de fuerza de trabajo, con la amenaza constante de deportaciones masivas generalizadas, sin considerar que la mayor parte de los mexicanos que residen y trabajan en los EUA tienen derechos adquiridos y contribuyen al desarrollo de la economía de ese país.

En la historia bilateral contemporánea, se debe considerar que durante la administración de Barack Obama (2008-2016) se deportaron 2.8 millones de mexicanos1 y 500 mil ciudadanos norteamericanos sufren el desplazamiento forzado a nuestro país debido a que sus padres mexicanos fueron deportados. durante su gobierno

No obstante, nuestro país jamás había estado ante un temor tan fundado de una deportación masiva de connacionales, ya que el martes 8 de noviembre de 2016, las cadenas de noticias de todo el mundo, anunciaron que el señor Donald Trump, resultó electo en la contienda electoral presidencial de los EUA.

Es imperante recordar, que desde el inicio de su campaña, Donald Trump utilizó un discurso y una postura claramente antimexicana, xenófoba, amenazante y de menosprecio a la relación y vecindad que ha mantenido México y los EUA. Sus reiteradas manifestaciones han incitado al odio y desprecio a las personas migrantes mexicanas, al exacerbar un ánimo y ambiente discriminatorio y racista.

El propio Barack Obama, todavía como Presidente de los EUA, durante la campaña electoral en mención, enfatizó sobre el peligro que representa el arribo de Donald Trump a la Casa Blanca, en razón de su discurso y convicción ofensiva particularmente en contra de los migrantes.

Para la materia de la presente propuesta legislativa, existen dos propuestas de Donald Trump que no pueden pasar inadvertidas, a saber:

1. Deportar a 11 millones de personas de Estados Unidos, de los cuales según el centro de investigaciones Pew Research Center, 5 millones 850 mil son mexicanos.

2. Construir un enorme muro en la frontera con México. Con esto busca que desde el sur no pueda entrar ningún indocumentado a su país.

Para dimensionar la magnitud del problema, debemos remitirnos a las cifras aportados por el Anuario de Migración y Remesas 2016, las cuales señalan que en 2014 alrededor de la mitad de la población de connacionales aún radicaba en EUA sin los documentos migratorios adecuados, factor que origina una situación de alta vulnerabilidad e inserción diferenciada en aquella nación, aunado al elevado volumen de repatriaciones. De 2010 a 2015 el flujo de mexicanos repatriados ascendió a casi 2 millones de personas.

Estados Unidos es el principal destino de los emigrantes mexicanos, 98% de la migración de connacionales se dirige a ese país, representando más de 12 millones de personas en 2015, cabe resaltar, que siete de cada diez mujeres que ingresan a EUA lo hacen con documentos, en cambio, cerca de cinco de cada diez hombres lo hace sin éstos.

En 2015 alrededor de 37 millones de residentes en EUA son de origen mexicano: casi una tercera parte son inmigrantes nacidos en México, otro tercio son mexicanos de segunda generación (estadounidenses con padre y/o madre mexicana), y el último tercio descendientes de mexicanos. En ese mismo año los migrantes mexicanos en Estados Unidos alcanzan un máximo histórico al llegar a 12.2 millones.

En los últimos cinco años (2010-2015) se estima que las autoridades migratorias estadounidenses registraron casi 2 millones de mexicanos repatriados. Entre 2000- 2013, el total de mexicanos repatriados bajo una orden de expulsión (removidos) se incrementó 108%, en cambio los que regresaron sin una orden (retornados) disminuyó 95%.

Argumento

Para atender el problema descrito, se requiere reconocer la realidad económica dependiente de nuestro país en relación al desarrollo norteamericano. Vemos como para EUA, la demanda de fuerza de trabajo supera la capacidad sociodemográfica de la población, que favorece el establecimiento de una relación bilateral subordinada, a partir de la cual, obtienen la fuerza laboral que necesitan, convirtiendo la frontera con México, en un sistema de ingreso-deportación selectiva de la fuerza de trabajo.

En esta tesitura, los trabajadores mexicanos han aportado fuerza laboral indispensable para diversos sectores económicos de EUA, entre ellos, y siendo uno de los más importantes, el sector rural.

Los trabajadores migrantes del sector rural viajan de un lugar a otro para trabajar en la agricultura, por lo general son contratados por los dueños de las granjas o por contratistas que desempeñan la función de intermediarios entre los agricultores y los trabajadores.

Algunos programas como el denominado H2A, permite que trabajadores extranjeros (guestworkers) laboren en la agricultura en los Estados Unidos con una visa de trabajo temporal, sin embargo, son un mínimo porcentaje.

Datos publicados por la Organización Estudiantes en Acción con Campesinos (Student Action with Farmworkers - SAF), en los Estados Unidos, hay más de 2 millones de trabajadores agrícolas.

Los estados con el mayor número de trabajadores agrícolas son California, Texas, Washington, Florida, Oregón y Carolina del Norte.Casi el 80 por ciento de los trabajadores agrícolas son hombres y la mayoría son menores de 31 años de edad. El 75 por ciento de los trabajadores agrícolas en los Estados Unidos nació en México.

Luego entonces, ante la inminente repatriación de connacionales, el problema sobre el que se centra la presente iniciativa, es que en México no tenemos un marco jurídico que impulse una adecuada integración de los factores del bienestar social en el campo respecto de los jornaleros agrícolas repatriados, ni existen programas especiales para el campo que apoyen a la población migrante y repatriada.

Así, la inclusión de la población repatriada en el sector rural mexicano, es el argumento central de la presente propuesta legislativa, que se antepone a la afectación en el modelo y sistema económico de nuestro país, así como el problema de índole social que sufre México por el efecto Donald Trump.

Por tanto, se propone reformar la Ley de Desarrollo Rural Sustentable en materia de jornaleros repatriados, ya que no consta en dicha Ley un mandato que obligue a la Administración Pública Federal a generar la estructura institucional suficiente que se concrete en un programa adecuado para recibir a los miles o millones de jornaleros agrícolas repatriados.

En caso de no legislar en dicha materia, es inminente la crisis de empleos que enfrentaría México con la población de deportados desempleados que incluso podrían engrosar las filas de la delincuencia, lo que generaría un conflicto interno de niveles catastróficos.

En la especificidad, se propone reformar la fracción XV, del artículo 15 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, para que el Programa Especial Concurrente fomenté acciones en materia de protección a los trabajadores rurales en general, a los jornaleros agrícolas, migratorios y repatriados en particular.

Así como también, la reforma al artículo 154 de la Ley en comento, con la finalidad de que los programas del Gobierno Federal, impulsen una adecuada integración de los factores del bienestar social como son la salud, la seguridad social, la educación, la alimentación, la vivienda, la equidad de género, la atención, el acceso a la cultura y la recreación para jornaleros agrícolas, migrantes y repatriados; mismos que deberán aplicarse con criterios de equidad.

Por último, la reforma al artículo 163, para que la Comisión Intersecretarial con la participación del Consejo Mexicano, a los que se refiere el ordenamiento legal en cita,propongan programas especiales para la defensa de los derechos humanos y el apoyo a la población migrante y repatriada, así como medidas tendientes a su arraigo en su lugar de origen.

Para mejor referencia se contrasta a continuación el texto vigente y la propuesta de esta iniciativa, de acuerdo a lo siguiente:

Fundamento legal

Con fundamento en los artículos 71, fracción II; y 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo 55, fracción II; del Reglamento para el Gobierno Interior de los Estados Unidos Mexicano, someto a la consideración de este pleno el siguiente:

Proyecto de decreto

Único.Se reformanlos artículos 15, fracción XV; 154 y 163; de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, para quedar como sigue:

Artículo 15. El Programa Especial Concurrente al que se refiere el artículo anterior, fomentará acciones en las siguientes materias:

I. al XIV....

XV. Protección a los trabajadores rurales en general , a los jornaleros agrícolas, migratorios y repatriados en particular;

XVI. al XIX....

Artículo 154. Los programas del Gobierno Federal, impulsarán una adecuada integración de los factores del bienestar social como son la salud, la seguridad social, la educación, la alimentación, la vivienda, la equidad de género, la atención a los jóvenes, personas de la tercera edad, grupos vulnerables, jornaleros agrícolas, migrantes y repatriados, los derechos de los pueblos indígenas, la cultura y la recreación; mismos que deberán aplicarse con criterios de equidad.

Artículo 163.La Comisión Intersecretarial, con la participación del Consejo Mexicano y la Secretaría del Migrante, propondrá programas especiales para la defensa de los derechos humanos y el apoyo a la población migrante y repatriada, así como medidas tendientes a su arraigo en su lugar de origen.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en la sede de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, a 25 de enero de 2017.— Diputado Norberto Antonio Martínez Soto (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Desarrollo Rural, de la Cámara de Diputados.

LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y REGLAMENTO DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS

«Iniciativa que reforma los artículos 16 a 18 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 152 y 153 del Reglamento de la Cámara de Diputados, a cargo de la diputada Laura Nereida Plascencia Pacheco, del Grupo Parlamentario del PRI

La que suscribe, diputada federal Laura Nereida Plascencia Pacheco, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la Sexagésima Tercera Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 6, numeral 1, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente Iniciativa con Proyecto de Decreto por la que se reforman diversos artículos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y del Reglamento de la Cámara de Diputados, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Como sabemos y como lo han demostrado diversos estudios en materia de género y, en general de las ciencias sociales, la diferencia entre mujeres y hombres ha estado anclada en una construcción social que privilegia lo masculino y que, en consecuencia, menosprecia lo femenino. De esta forma, el mundo occidental en el que vivimos ha sido construido por y para varones, lo que ha dado como resultado una sumisión histórica y social de las mujeres. Así, por ejemplo; en el reparto de los espacios se confinó a la mujer al doméstico-privado, y al hombre al público; es decir, el espacio de toma de decisiones fue asignado únicamente a hombres.

Lo anterior refuerza la construcción de pares categoriales, binarios, dicotómicos, donde se es lo uno o lo otro, con la consecuencia de que se impide ver o concebir la construcción de un mundo con espacio para todas y todos. Derivado de tal construcción social, el gobierno que es también, otra construcción masculinizada, fue ocupada por varones, relegando a las mujeres a otras actividades ajenas a la toma de decisiones sobre la vida pública del país.

De esta manera, la masculinización de la vida política hace que las reglas institucionales de competencia y participación política no tengan efecto igualitario entre hombres y mujeres, siendo la desigual representación de mujeres en cargos de elección popular su mejor ejemplo.

En este contexto de desigualdad, tuvieron su origen las luchas feministas por el reconocimiento de todos sus derechos, pasando por los económicos, civiles, sociales, laborales, culturales y políticos. Esta última generación de derechos humanos, ha cobrado especial relevancia en el México actual, puesto que hemos pasado de la asignación de las llamadas cuotas de género, a tener formado el Congreso de la Unión mediante el principio de paridad (50/50).

Ahora bien, el reconocimiento de tales derechos no hubiera sido posible de no contar con instrumentos jurídicos internacionales en esta materia, así desde la fundación de la Organización de las Naciones Unidas quedó prohibida la discriminación en función del sexo, y posteriormente en la Carta de las Naciones Unidas quedó consagrado el principio de igualdad de derechos entre hombres y mujeres en junio de 1945.

En la Declaración Universal de los Derechos del Hombre de 1948, se reafirma el principio de igualdad y no discriminación en función del sexo, y establece el derecho de las personas a participar, en condiciones de igualdad, en la toma de decisiones políticas y acceder a las funciones de los asuntos públicos.

Mientras que en la Convención de los Derechos Políticos de las Mujeres de 1954, se propone poner en práctica el principio de igualdad de derechos de mujeres y hombres, enunciado en la Carta de las Naciones Unidas.

Además en el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos de 1966, así como en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Políticos y Sociales del mismo año, los Estados partes se comprometen a respetar y garantizar a todos los individuos en su territorio y sujetos a su jurisdicción los derechos reconocidos en dichos instrumentos, sin distinción alguna de raza, idioma, sexo, nacionalidad, religión, lengua, opinión política, entre otras.

Por otra parte, la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), establece una serie de disposiciones que los Estados deben observar a partir de las siguientes obligaciones:

a) Consagrar, si aún no lo han hecho, en sus constituciones nacionales y en cualquier otra legislación apropiada el principio de la igualdad del hombre y de la mujer y asegurar por ley u otros medios apropiados la realización práctica de ese principio;

b) Adoptar medidas adecuadas, legislativas y de otro carácter, con las sanciones correspondientes, que prohíban toda discriminación contra la mujer;

c) Establecer la protección jurídica de los derechos de la mujer sobre una base de igualdad con los del hombre y garantizar, por conducto de los tribunales nacionales o competentes y de otras instituciones públicas, la protección efectiva de la mujer contra todo acto de discriminación;

d) Abstenerse de incurrir en todo acto a práctica de discriminación contra la mujer y velar porque las autoridades e instituciones públicas actúen de conformidad con esta obligación;

e) Tomar todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer practicada por cualesquiera personas, organizaciones o empresas;

f) Adaptar todas las medidas adecuadas, incluso de carácter legislativo, para modificar o derogar leyes, reglamentos, usos y prácticas que constituyan discriminación contra la mujer;

g) Derogar todas las disposiciones penales nacionales que constituyan discriminación contra la mujer.

Asimismo, el 25 agosto de 2006 el Comité de la CEDAW recomendó en la observación 11 de las “Observaciones finales del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer: México”, que se pongan en marcha mecanismos de coordinación y seguimiento destinados a lograr la armonización y aplicación efectivas de los programas y políticas relativos a la igualdad de género, así como la aplicación de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres a nivel federal, estatal y municipal.

Además México forma parte de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, (Convención de Belem do Pará). Esta Convención plasma en su artículo 4 el derecho de las mujeres a la igualdad de protección ante la ley y a la igualdad de acceso a las funciones públicas de su país y a participar en los asuntos públicos, incluyendo la toma de decisiones, por lo cual el Estado mexicano se comprometió a tomar las medidas necesarias, entre ellas las de carácter legislativo, para modificar o abolir leyes y reglamentos vigentes, o para modificar practicas jurídicas o consuetudinarias que respalden la persistencia o la tolerancia de la violencia contra la mujer o la violación de sus derechos.

Durante las últimas seis décadas, la comunidad internacional ha contraído fuertes compromisos referidos a la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres, tanto desde una perspectiva global, como en el nivel interno de cada uno de los Estados que la componen, como se constata en el marco de los Objetivos de Desarrollo del Milenio adoptados por la Organización de las Naciones Unidas en el año 2000, cuando se señala como uno de estos objetivos, la igualdad entre los géneros.

En agosto de 2015, la referida ONU presentó el documento “Transformando nuestro mundo: la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible”, que busca erradicar la pobreza, combatir las desigualdades y promover la prosperidad, mediante 169 metas y 17 objetivos. En dicha Agenda se señala como objetivo 5: “Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas”, con lo que queda constatado el interés mundial por lograr la igualdad de la mujer y el hombre.

Por lo que respecta a nuestra zona geográfica y tal como se señala en la exposición de motivos de la Norma Marco para la Democracia Paritaria, América Latina ha sido pionera en establecer acuerdos y un marco normativo para la aceleración de políticas públicas que promuevan los derechos de las mujeres y la igualdad de género, donde se destaca la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belem Do Para), y las Conferencias Regionales de la Mujer en América Latina y el Caribe, Quito (2007), Brasilia (2010), Republica Dominicana (2014), así como la Conferencia de Población y Desarrollo de Montevideo (2013), que han contribuido a lograr avances normativos muy significativos plasmados en los llamados Consensos regionales. El Consenso de Quito supuso un gran avance en la región al reconocer que:

“(...) la paridad es uno de los propulsores determinantes de la democracia, cuyo fin es alcanzar la igualdad en el ejercicio del poder, en la toma de decisiones, en los mecanismos de participación y representación social y política, y en las relaciones familiares al interior de los diversos tipos de familias, las relaciones sociales, económicas, políticas y culturales, y que constituye una meta para erradicar la exclusión estructural de las mujeres”.

De esta forma tiene su origen la referida Norma Marco para la Democracia Paritaria, que exige reformas en tres grandes capítulos:

I. En primer lugar, la Norma Marco identifica como elemento vertebrador del cambio un modelo de Estado inclusivo que debe asumir su responsabilidad con la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres y generar todas las garantías necesarias para que mujeres y hombres disfruten de las mismas oportunidades y condiciones de igualdad en el ámbito político, económico, social, cultural y civil. Atendiendo a la diversidad de los seres humanos y a la discriminación histórica de las mujeres, se dirige a los Estados el exhorto de remover, mediante la adopción de medidas especiales, todos aquellos elementos que se traducen en flagrante desigualdad de hecho a pesar del reconocimiento formal del principio de igualdad.

II. El segundo eje vertebrador es la Paridad en todos los poderes del Estado, legislativo, judicial y ejecutivo, en toda la estructura del Estado, así como su paulatino traslado a toda la sociedad. La paridad constituye una meta de los Estados inclusivos como reconocimiento expreso del hecho de que la humanidad está integrada por una representación 50/50 de mujeres y hombres.

III. El tercer eje, es una verdadera transformación hacia un modelo paritario en las relaciones y dinámica del poder de los partidos y organizaciones políticas. Los partidos políticos, movimientos políticos y las candidaturas independientes son instrumentos determinantes de un sistema democrático para promover transformaciones en la sociedad, así como para garantizar la paridad representativa y la efectiva consolidación del principio de igualdad sustantiva.

Deben establecer condiciones en sus tres dimensiones, organizacional, electoral y programática, pero también en la financiera, para que el entorno político deje de ser el cuello de botella del empoderamiento político de las mujeres y pase a ser la plataforma que lo impulse y defienda.

En virtud de lo anterior y en cumplimiento de la obligación establecida en el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, donde se establece que la Constitución será Ley Suprema de la Unión, junto con las Leyes del Congreso de la Unión que de ella emanen y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la República con aprobación del Senado, el Estado mexicano se ha dado a la tarea de incorporar los contenidos de dichos instrumentos internacionales en su legislación nacional.

Un ejemplo de lo anterior lo constituye la reforma político-electoral de 2014, con la que se garantizó que los congresos locales y el Congreso de la Unión se integrarán bajo el principio de paridad, sin embargo, las mujeres seguimos relegadas de los espacios de la toma de decisiones, continuamos sin ocupar los espacios públicos en un país donde somos el 50 por ciento de su población.

Ahora bien, en el ámbito nacional la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce en sus artículos 1 y 4 el principio de igualdad para el ejercicio de los derechos político-electorales contenidos en su artículo 35. Además, establece como principios rectores del ejercicio de la función electoral la certeza, la legalidad, la independencia, la imparcialidad, la máxima publicidad y la objetividad. Además, y por tratarse de derechos humanos, a estos principios se deben sumar el pro persona, el de no discriminación, universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.

Estos principios y mandatos, tanto nacionales como internacionales, no deben ser sólo enunciativos, ya que ello nos lleva a reproducir los esquemas de subordinación de las mujeres, por lo que deben encontrar su factibilidad en la adecuación normativa, para que, consecuentemente, todos los espacios de toma de decisiones públicas sean integrados bajo el principio de paridad de género (50/50), porque esto nos conllevará a lograr la igualdad entre mujeres y hombres, a la construcción de un Estado más justo e incluyente, donde todos sus ciudadanos se encuentren debidamente representados.

Porque, aunque ha habido avances muy importantes, los puestos públicos, sobre todo los de mayor responsabilidad, siguen ocupados mayoritariamente por varones. Estadísticamente sólo dos mujeres ocupan un lugar en el gabinete actual: María Cristina García Cepeda (Secretaría de Cultura) y Rosario Robles Berlanga (Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano). Y en el gabinete ampliado sólo se agregan Nuvia Mayorga (Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas), Lorena Cruz Sánchez (Inmujeres) y Laura Vargas Carrillo (Titular del Sistema Integral para el Desarrollo de la Familia).

En la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dominan también los hombres con nueve ministros, sólo hay dos ministras: Margarita Beatriz Luna Ramos y Norma Lucía Piña Hernández.

Es en este contexto que se inscribe la presente iniciativa en materia de paridad de género para la conformación de los Órganos de Gobierno, Comisiones, Comités y Órganos Administrativos de la Cámara de Diputados, en el entendido de que no basta la conformación 50/50 entre mujeres y hombres, sino que es necesario que dichas mujeres ocupen de manera paritaria los espacios dentro de dicha Cámara, ya que la paridad de género también implica garantizar la participación equilibrada de las mujeres y los hombres en puestos de poder político y toma de decisiones al interior de la referida Cámara de Diputados.

En este sentido debe garantizarse que las presidencias de Comités y Comisiones estén distribuidas bajo el principio de paridad entre mujeres y hombres y que su integración responda también a este principio, asimismo para los Órganos de Gobierno y Administrativos.

Por lo anteriormente argumentado, es necesario reformar el Reglamento de la Cámara de Diputados y la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para que al interior de la Cámara de Diputados se conformen sus diferentes órganos con el principio de paridad de género y, de esta forma, diputadas y diputados podamos ocupar estos espacios equilibradamente.

Estamos convencidas que esta reforma de ley, propiciará que tanto las mujeres como los hombres estemos representando más integralmente los intereses de las ciudadanas y ciudadanos, ya que se velarán por los interés de la igualdad de género. Es necesario mencionar que, además, estaremos dando cumplimiento a los diversos compromisos y convenciones internacionales en materia de paridad, a los que el Estado mexicano se ha sujetado, como la Norma Marco para la Democracia Paritaria, ya referida anteriormente, así como a la CEDAW y a la Convención Belém Do Pará, ejes jurídicos internacionales de la igualdad entre mujeres y hombres.

Coincidimos con un estudio publicado por el CEAMEG, cuando señala que “Avanzar hacia la paridad implica considerar que, más que un concepto cuantitativo, se trata de la expresión de la redistribución del poder en todas las esferas de la vida. Este es el motivo por el cual su implementación supone una trasformación radical de las instituciones y de la vida social que, en última instancia, apela al reconocimiento pleno de la conjunción entre la vida pública y la vida privada”.

En este sentido y con el objetivo de lograr la paridad en los espacios de decisión dentro de la Cámara de Diputados y con la convicción de que estas acciones nos llevarán a la creación de un Estado con democracia paritaria, se somete a consideración de esta honorable Cámara de Diputados, la siguiente iniciativa con proyecto de:

Decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y del Reglamento de la Cámara de Diputados.

Artículo Primero.Se reforma el numeral 3 del artículo 16; el numeral 1 del artículo 17; y el artículo 18; de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 16.

1. a 2.

3. A su vez, hará la designación de las comisiones de cortesía que estime procedentes para el ceremonial de la sesión de Congreso General, tomando en cuenta el criterio de proporcionalidad y el principio de paridad de género que se refiere a la integración cuantitativa igualitaria entre mujeres y hombres, en función de la integración del Pleno.

Artículo 17.

I. La Mesa Directiva de la Cámara de Diputados será electa por el Pleno; se integrará con un presidente, tres vicepresidentes y un secretario propuesto por cada Grupo Parlamentario, pudiendo optar éste último por no ejercer dicho derecho. Los integrantes de la Mesa Directiva durarán en sus funciones un año y podrán ser reelectos. La integración a la que se refiere este artículo deberá observar el principio de paridad de género que se refiere a la integración cuantitativa igualitaria entre mujeres y hombres.

Artículo 18.

1. En la formulación de la lista para la elección de los integrantes de la Mesa Directiva los Grupos Parlamentarios cuidarán que los candidatos cuenten con una trayectoria y comportamiento que acrediten prudencia, tolerancia y respeto en la convivencia, así como experiencia en la conducción de asambleas. La formulación de la lista a la que se refiere este artículo deberá observar el principio de paridad de género que se refiere a la integración cuantitativa igualitaria entre mujeres y hombres.

Artículo Segundo.Se reforma la fracción III del numeral 2, así como los numerales 3 y 4 del artículo 152; y las fracciones II y III del numeral 1 del artículo 153 del Reglamento de la Cámara de Diputados, para quedar como sigue:

Artículo 152.

1...

2...

I. a II.

III. En la integración de las subcomisiones se procurará reflejar la misma representación plural que exista en el Pleno, el principio de paridad de género que se refiere a la integración cuantitativa igualitaria entre mujeres y hombres, y

IV...

3. La Junta Directiva designará a los integrantes de las subcomisiones, observando el principio de paridad de género que se refiere a la integración cuantitativa igualitaria entre mujeres y hombres.

4. Los coordinadores de las subcomisiones serán designados por la mayoría simple en Reunión de la comisión, dando preferencia a los diputados y diputadas que tengan mayor experiencia en el tema objeto de la subcomisión , atendiendo la pluralidad representada en el Pleno y observando el principio de paridad de género que se refiere a la integración cuantitativa igualitaria entre mujeres y hombres.

Artículo 153.

I...

II. Los coordinadores de los grupos de trabajo se designarán por mayoría simple en Reunión de la comisión, dando preferencia a los diputados y diputadas que tengan mayor experiencia en el tema objeto del grupo de trabajo , atendiendo la pluralidad representada en la Cámara y observando el principio de paridad de género que se refiere a la integración cuantitativa igualitaria entre mujeres y hombres;

III. La Junta Directiva determinará su integración por acuerdo, procurando representar la pluralidad de los grupos, observando el principio de paridad de género que se refiere a la integración cuantitativa igualitaria entre mujeres y hombres, y

IV...

Transitorios

Primero.El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, sin perjuicio de lo dispuesto en el transitorio siguiente.

Segundo:El presente decreto será aplicable a partir de la siguiente legislatura inmediata de la Cámara de Diputados.

Tercero:El presente decreto no será aplicable en la integración actual de la Cámara de Diputados.

Notas

1 Moreira, Constanza. ¿Democracia restringida en Paraguay? La participación política de las mujeres (1985-2000), en varios autores, Seducción y desilusión en la política latinoamericana.Montevideo, Ediciones de la Banda Oriental, 2001.

2 Carta de las Naciones Unida. Disponible en

http://www.un.org/es/charter-united-nations/index.html.

3 Declaración Universal de los Derechos del Hombre. Disponible en

http://www.un.org/es/documents/udhr/

4 Comisión Nacional de Derechos Humanos, Rodríguez y Rodríguez Jesús, compilador, Instrumentos Internacionales sobre derechos humanos. ONU-OEA, Tomo II, pp. 1157.

5 Comisión Nacional de Derechos Humanos, Op. Cit.

6 Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. Disponible en:

http://www.inmujeres.gob.mx/index.php/ambito-internacional/ceda w

7 Disponible en:

file:///C:/Users/Usuario/Downloads/CEDAW_2006.pdf

8 Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, (Convención Belem do Pará). Disponible en

http://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/a-61.html

9 Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible. Organización de las Naciones Unidas. 2015, disponible en

http://www.socialwatch.org/sites/default/files/Agenda-2030-esp. pdf.

10 Norma Marco para la Democracia Paritaria, disponible en:

http://www.parlatino.org/pdf/leyes_marcos/leyes/consolidar-demo cracia-paritaria-pma-27-nov-2015.pdf

11 Ibídem.

12 Op. Cit. Pág. 6 y 7.

13 Especialmente a partir del reconocimiento de la obligatoriedad de los tratados internacionales, con la reforma en derechos humanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011.

14 Medina Espino Adriana, La participación política de las mujeres. De las cuotas de género a la paridad,CEAMEG, 2010, Cámara de Diputados, P. 133.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de enero de 2017.— Diputada Laura Nereida Plascencia Pacheco (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, de la Cámara de Diputados.

LEY DE CAMINOS, PUENTES Y AUTOTRANSPORTE FEDERAL

«Iniciativa que reforma y adiciona el artículo 50 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, suscrita por el diputado Arturo Santana Alfaro, del Grupo Parlamentario del PRD

El incremento acelerado de las cifras de accidentes carreteros a consecuencia de los tráileres de doble remolque o “fulles”, son alarmantes, perdiéndose año con año miles de vidas, por la falta de pericia o de prudencia para manejar los vehículos de carga de referencia.

Argumentos

En las ciudades modernas y en gran parte de los países desarrollados de todo el mundo, las necesidades de consumo de bienes y servicios son muy altas. El transporte de carga, permite el traslado de éstos, los cuales cumplen la función de satisfacer las necesidades de la población, para su desarrollo.

Las ciudades no pueden sobrevivir sin un sistema eficiente de transporte de carga urbana. La salud de la economía de la ciudad depende de su capacidad para adaptarse al movimiento y entrega de mercancías. La calidad de vida que la mayoría de las ciudades se están esforzando por alcanzar, se ve directamente afectada por la congestión, los impactos ambientales que provocan, y los accidentes donde se ven involucrados camiones tanto en las ciudades como en las carreteras federales. Con este fin, las ciudades ya no pueden permitirse el lujo de ignorar la carga y la forma en que esta interactúa con el entorno.

De acuerdo con estadísticas del Autotransporte Federal 2015, en México circulan por nuestras carreteras alrededor de 685 mil 109 autotransportes de carga general y 121 mil autotransporte de carga especializada.

Por su parte, el Instituto Mexicano del Transporte señala que los camiones más representativos para el movimiento de carga en los últimos 17 años de estudio, son los camiones unitarios de dos y tres ejes (C2 y C3), los tractocamiones de tres ejes, semirremolques de dos o tres ejes (T3-S2 y T3-S3), los camiones doblemente articulados con semirremolque de dos ejes y remolque de cuatro ejes (T3-S2-R4); estos últimos representaron 98 por ciento total registrado.

Conforme al porcentaje de vehículos que circularon vacíos, equivalen a 42 por ciento, esto se puede atribuir a la dinámica económica de nuestro país, entre otras cuestiones como: la distribución de las estaciones de conteo y el número de automotores registrados.

El porcentaje de unidades con exceso de peso respecto a los vehículos en estudio y conforme al peso bruto señalado por el reglamento vigente es de 6.1 por ciento, cuyo valor es mayor al registrado en el año 2005 que fue de 5.1 por ciento, este dato resultó menor al del año anterior. En cuanto al tipo de combinaciones motrices que muestran los más altos porcentajes de vehículos excedidos en el peso bruto vehicular son el camión articulado (T3-S3) y el camión doblemente articulado (T3-S2-R4).

En México hay un promedio de cuatro muertos por día causados por unidades de doble remolque. De acuerdo con diversos estudios en lo que va de estos diez meses en el año han ocurrido mil 50 accidentes, dejando víctimas mortales.

Los tráileres de doble remolque y tractocamiones han ocasionado múltiples accidentes, debido a que los choferes no están preparados y capacitados para actuar cuando se presentan diversos hechos y en ocasiones las cajas en las curvas se colean provocando que haya puntos ciegos y por el peso que trasladan es imposible un frenado rápido por la carga. La imprudencia de los choferes que los manejan, los años de vida que tienen los vehículos y por responsabilidad de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) que no cuenta con módulos en las carreteras para medir y pesar a los camiones de referencia. Asimismo, día a día es notorio el daño que le están produciendo a la infraestructura de comunicaciones por el peso que trasladan, provocando severos daños para los automovilistas que transitan en las carreteras siendo obligación de la SCT la preservación de las carreteras.

De acuerdo con Elías Dip Ramé, presidente de la Confederación Nacional de Transportistas Mexicanos (Conatram), a diario se registran entre tres o cuatro accidentes en diferentes carreteras, por lo que hay más de mil accidentes al año. Refirió que deben salir de las carreteras los camiones de doble remolque principalmente por el respeto a la vida ya que atentan contra la seguridad. Fijó que no es posible que por darle preferencia a lo económico estemos sacrificando vidas todos los días. La vida es primero que cualquier utilidad. Las autoridades se preocupan por el desabasto que se daría si se retiran, pero actualmente el 30 o 40 por ciento de los tráileres que van a descargar a alguna ciudad se regresan vacíos al lugar de origen porque no hay trabajo. Es decir, sobra fuerza motriz. También hablan de que México debe ser competitivo, pero lo somos porque 6 millones de tráileres sencillos cruzan a Estados Unidos con un máximo de 23 toneladas, que es lo permitido en la mayor parte del mundo.

Asimismo, reveló que México es el único país que permite circular con doble remolque triplicando el peso y excediendo las dimensiones de los vehículos, además de que por esa vía se transportan materiales peligrosos. Que las autoridades han autorizado que los tráileres lleven 80 toneladas de peso y midan 31 metros, que también pone en riesgo la vida de las personas y la pérdida de bienes materiales.

En Estados Unidos, Canadá y en la Unión Europea hay restricciones a estas unidades dependiendo de su tamaño y peso. En las entidades estadounidenses donde permiten circular con más de 23 toneladas, los choferes son capacitados y cuidados (no pueden manejar más de ocho horas seguidas). Por su parte, en Europa, cuando circulan con sobrepeso, se solicita un permiso, se asigna una ruta especial y la unidad va abanderada para advertir a los demás autos. Por su parte, en Canadá se permite como límite 50 toneladas y 25 metros de longitud máximo y en países de centro y sur América, Costa Rica, Guatemala, Colombia, Brasil, Chile, Perú, Venezuela, el límite son 43 toneladas, lo mismo sucede en países de la Unión Europea como Alemania, Bélgica, España, Finlandia, Italia, y Suiza, que además no rebasan los 20 metros de dimensión, con lo que se demuestra que al permitir 80 toneladas de peso en la carga se ponen en peligro vidas y bienes materiales.

Los dobles remolques han causado muchísimos accidentes en México, ya que son difíciles de controlar y de maniobrar, no es respetado el límite de velocidad ni el peso máximo que señala la norma NOM-012 toneladas y la falta de módulos de la Secretaría de Comunicaciones en las carreteras para pesar los tráileres que circulan. Las unidades que transitan en mal estado y la carga de trabajo, obliga a los choferes a drogarse o tomar medicamentos para mantenerse despiertos y aguantar los tramos tan largos que les son asignados. Dejando una ganancia económica a los empresarios, pero daños irreparables a la vida de las víctimas fatales.

Es de reconocer que de acuerdo con el programa de transporte transfronterizo no se permite el acceso a Estados Unidos y Canadá de este tipo de unidades de doble remolque, sólo se permiten unidades con un máximo de 23 toneladas.

Es importante hacer referencia a algunos accidentes lamentables que han ocurrido, hace aproximadamente cuatro años sucedió un lamentable accidente en donde un tráiler de doble remolque en exceso de velocidad sobre la autopista México-Toluca envistió un autobús donde viajaban estudiantes y profesores de la UNAM que salieron de práctica, dejando un saldo de seis muertos y 33 heridos.

El pasado 9 de julio de 2016, el joven Patricio Floresmeyer Caballero de 22 años, sufrió un accidente que le quito la vida por un accidente de tránsito que ocasionó un camión de doble remolque. En el percance también fallecieron dos personas más y una resultó herida de gravedad. Con base en las averiguaciones, el vehículo donde viajaba Floresmeyer Caballero con sus amigos, tuvo que hacer alto total porque un área de la carretera, ya casi por llegar a Cuernavaca, estaba en obra. Por la falta de señalizaciones frenaron y acto seguido un tráiler de doble remolque les impactó, indicando que el camión dio el volantazo, por lo que la segunda caja del tráiler fue lo que impactó al auto que les quitó la vida.

Otro incidente fue lo ocurrido el pasado 2 de octubre de 2016, un choque entre un autobús de pasajeros de la línea ADO Platino y un tráiler de doble remolque en la autopista México-Veracruz a la altura del kilómetro 300, en el municipio de Amatlán de los Reyes, dejó un saldo de 13 personas calcinadas. La tragedia ocurrió cuando la unidad se impactó en la parte posterior del segundo remolque, que transportaba madera y se comenzó a incendiar al instante, dejando esta lamentable cifra.

El pasado 12 de septiembre de este año, se registró un choque de un “full” y un tren en la Ciudad de México a la altura de avenida clave en la zona de La Raza, cuando el chofer del “full” al ver la luz roja que marcaba el alto total por el paso del tren, quiso detener el camión, pero las 100 toneladas de peso bruto vehicular impidieron que lo consiguiera. El tren impactó el segundo remolque destrozándolo y esparciendo los sacos de azúcar en un radio de 80 metros, dejando daños millonarios al tracto camión y a la máquina de ferrocarril.

Sin lugar a duda, este tipo de accidentes demuestra la inseguridad que significa la circulación de los dobles remolques o “fulles”. Siendo lamentable la realidad que vivimos día a día, en donde se registra un incremento del número de muertos como consecuencia de la circulación de los vehículos de referencia. Los camiones que circulan en todas las carreteras del país son un arma mortal que cada vez cobra más vidas.

Conforme con la Organización de las Naciones Unidas (ONU), México es el séptimo país en accidentes viales con 500 mil, de esos accidentes 28 mil son derivados de los dobles remolques. Debido a que es violentada la Norma Oficial Mexicana número 12, de pesos y dimensiones, que obliga los dobles remolque a medir 31 metros de longitud a no más de 65 a 70 toneladas de carga, actualmente este tonelaje no se respeta, ya que la SCT puede otorgar permisos especiales y extensiones para que se aumenten las dimensiones a diversos transportes.

Por su parte el Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes, los percances donde participan vehículos pesados son recurrentes, en donde destaca la Autopista México-Puebla, considerada la más riesgosa al registrar el mayor número de incidentes por vehículos de doble remolque, ya que cada año se reportan un total de mil 683 accidentes, es decir un promedio de 4.6 por día.

En días pasados, el secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruíz Esparza, declaró que los vehículos de carga de doble remolque, que por sus dimensiones, peso y exceso de velocidad con que son conducidos, provocan 28 mil accidentes y más de mil muertos al año en carreteras. Refirió que en México circulan más de 23 mil unidades de doble remolque que exceden por mucho los estándares de carga permitidos por la ley.

El presidente de la Alianza Mexicana de Organizaciones de Transportistas (AMOTAC), Rafael Ortiz Pacheco, dijo en una entrevista con Ciro Gómez Leyva que desde hace 13 años solicitaron fueran retirados de la circulación los vehículos doblemente articulados.

Por su parte, la Asociación Mexicana de Ingeniería del Transporte ha dicho que es determinante suspender a los camiones con doble remolque porque son 32 veces más peligrosos que un tráiler con un solo remolque.

Es necesario y urgente que se busquen los medios que garanticen la seguridad de los automovilistas en el tránsito de carreteras federales para que se preserve la vida y que los empresarios y la misma Secretaría de Comunicaciones y Transportes deje de estar más preocupado con que la economía se vea afectada.

En el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática estamos conscientes de la necesidad que existe para que se muevan las mercancías en nuestro país, pero sin lugar a dudas es necesario que se hagan las reformas correspondientes para que se pueda preservar la vida de las personas, ya que año con año las muertes ocasionadas por los tráileres de doble remolque van en aumento, dañando la calidad de vida.

Fundamento legal

El que suscribe, Arturo Santana Alfaro, diputado del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II y 73 fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6, numeral 1, fracción 1; 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo al artículo 50 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal

Denominación del proyecto de decreto

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo al artículo 50 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal.

Ordenamientos a modificar

Artículo 50 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal.

Texto normativo propuesto y artículos transitorios

Artículo Único: Se reforma el artículo 50 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, para quedar de la siguiente manera:

Artículo 50. El permiso de autotransporte de carga autoriza a sus titulares para realizar el autotransporte de cualquier tipo de bienes en todos los caminos de jurisdicción federal.

La secretaría regulará el autotransporte de materiales, residuos, remanentes y desechos peligrosos que circulen en vías generales de comunicación, sin perjuicio de las atribuciones que la ley otorga a otras dependencias del Ejecutivo federal. Los términos y condiciones a que se sujetará este servicio, se precisarán en los reglamentos respectivos.

Tratándose de objetos voluminosos o de gran peso, se requiere de permiso especial que otorgue la secretaría, en los términos de esta ley y los reglamentos respectivos.

Queda totalmente prohibida la circulación en las carreteras federales de autotransporte de carga de doble remolque o fulles que excedan 23 metros de largo y 38 toneladas de peso total.

Asimismo, la Secretaria de Comunicaciones y Transportes no podrá otorgar permisos especiales para que puedan circular.

Transitorio

Único. Las reformas y adiciones contenidas en el presente decreto entrarán en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 25 de enero de 2017.— Diputado Arturo Santana Alfaro (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Transportes, de la Cámara de Diputados.

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

«Iniciativa que reforma el artículo 112 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Jorge Carlos Ramírez Marín, del Grupo Parlamentario del PRI

El que suscribe diputado Jorge Carlos Ramírez Marín, diputado integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55, fracción II, 176 y 179 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por la que se adiciona un párrafo tercero al artículo 112 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

I. Antecedentes

El Estado mexicano contempla dentro de su marco normativo, la figura del “fuero constitucional”, que está reglamentada por los artículos 61, 110, 111, 112 y 114 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Es menester mencionar, que el concepto de “fuero constitucional” puede ser entendido en dos sentidos, sentido amplio y sentido estricto. En sentido amplio, la figura del fuero constitucional comprende diversas acepciones.

El ministro Sergio Armando Valls, establece que el fuero constitucional abarca tres rubros. El primero, que se entiende como una inmunidad dirigida a altos funcionarios, la cual consiste en que éstos no pueden ser procesados penalmente hasta en tanto el órgano parlamentario, la Cámara de Diputados en el caso de México, otorgue su aprobación para hacerlo, es decir, previamente debe decidir si quitar o no el fuero (declaración de procedencia, artículo 111); el segundo, es la protección con la que cuentan los diputados y senadores para no ser responsables por las opiniones que manifiesten en el desempeño de sus cargos (fuero parlamentario, artículo 61); y el tercero, constituye una inmunidad relativa otorgada al presidente de la República, pues sólo podrá ser acusado penalmente por ciertos supuestos específicos (fuero presidencial, párrafo 2, artículo 108).

De igual forma, el doctor en derecho Jorge Cerdio, analiza el fuero en un sentido amplio, equiparando el concepto con el de régimen de inmunidades legislativas y distinguiendo dos tipos:

i) Inmunidades de no exigibilidad: Se funda en el principio de la falta de exigibilidad u obligación del individuo de rendir cuentas de sus actos frente a ciertas autoridades. Este tipo de inmunidad, está asociada a la libertad de expresión de ideas y debate parlamentario, de la que gozan los miembros del poder legislativo.

ii) Inmunidades de no sancionabilidad: se funda en el principio de integridad. Bajo este principio se prohíbe el arresto o inicio de procesos penales.

En sentido estricto, el fuero constitucional está acotado a un sólo rubro. El Sistema de Información Legislativa lo define como: “aquella prerrogativa de senadores y diputados –así como de otros servidores públicos contemplados en la Constitución– que los exime de ser detenidos o presos, excepto en los casos que determinan las leyes, o procesados y juzgados sin previa autorización del órgano legislativo al que pertenecen: parlamento, congreso o asamblea.”

Dentro de la terminología legislativa de la Cámara de Diputados, el fuero está definido de la siguiente manera: “Constituye una garantía a favor de personas que desempeñan determinados empleos o se ocupan en determinadas actividades, en virtud de la cual su enjuiciamiento se halla sometido a jueces especiales. Garantía de que gozan determinados servidores públicos en virtud del cargo que ostentan”.

Finalmente, Juventino Víctor Castro y Castro, en su obra El sistema constitucional en las declaratorias de procedencia (desafueros), resume el concepto de fuero constitucional como “un privilegio procesal – o requisito de procedibilidad – reconocido a ciertas funciones públicas, pero que se materializa en los titulares de ellas”.

Es importante precisar que sin distinción alguna, la función principal del fuero es la misma que señala el ministro Valls cuando establecía que: “el fuero no protege a la persona en sí misma, sino al cargo que desempeña.”

El fuero como figura jurídica, surge en Inglaterra durante el siglo XVII y se le denominaba Freedom from arrest. Esta figura consistía en que los parlamentarios ingleses no podían ser arrestados por la comisión de un delito civil. La finalidad de la misma consistía en permitir y garantizar la asistencia del parlamentario a las sesiones. De igual forma, en Francia surge en la época de la Revolución Francesa de 1789 y en España en 1810.

En nuestro país la figura del fuero tiene su antecedente en distintas disposiciones fundamentales anteriores a la Constitución de 1917.

En la Constitución de Cádiz de 1812, estaba contemplado en el capítulo VI, artículo 128: “Los diputados serán inviolables por sus opiniones, y en ninguna autoridad, podrán ser reconvenidos por ellas. En las causas criminales, que contra ellos se intentaren, no podrán ser juzgados sino por el tribunal de Cortes, en el modo y forma que se prescriba en el reglamento del gobierno interior de las mismas. Durante las sesiones de las Cortes, y un mes después, los diputados no podrán ser demandados civilmente, ni ejecutados por deudas”.

La Constitución de Apatzingán de 1814 hacía alusión al fuero en su capítulo III, artículo 59: “Los diputados serán inviolables por sus opiniones, y en ningún tiempo ni caso podrá? hacérseles cargo de ellas; pero se sujetarán al juicio de residencia por la parte que les toca en la administración pública, y además, podrán ser acusados durante el tiempo de su diputación, y en la forma que previene este reglamento por los delitos de herejía y por los de apostasía, y por los de Estado, señaladamente por los de infidencia, concusión y dilapidación de los caudales públicos”.

Dentro de la Constitución de 1824 se refería al fuero en sus artículos 43 y 44: “Artículo 43. En las causas criminales que se intentaren contra los senadores o diputados, desde el día de su elección hasta dos meses después de haber cumplido su encargo, no podrán ser aquellos acusados sino ante la Cámara de éstos, ni éstos sino ante la de senadores, constituyéndose cada Cámara a su vez en gran jurado, para declarar si ha o no lugar a la formación de causa.

Artículo 44. Si la Cámara que haga de gran jurado en los casos del artículo anterior, declarare, por el voto de los dos tercios de sus miembros presentes, haber lugar a la formación de causa, quedara? el acusado suspenso de su encargo, y puesto a disposición del tribunal competente”

La Constitución de 1836 establecía dentro de su artículo 47 lo siguiente: “En los delitos comunes, no se podrá intentar acusación criminal contra el presidente de la república, desde el día de su nombramiento hasta un año después determinada su presidencia, ni contra los senadores, desde el día de su elección hasta que pasen dos meses de terminar su encargo, ni contra los ministros de la alta Corte de Justicia y la marcial, secretarios del despacho, consejeros y gobernadores de los departamentos, sino ante la Cámara de Diputados. Si el acusado fuere diputado, en el tiempo de su diputación y dos meses después, o el Congreso estuviere en receso, se hará la acusación ante el Senado”.

Finalmente, la Constitución de 1857 hacía referencia al fuero, en sus artículos 59, 103 y 104:

Artículo 59. Los diputados y senadores son inviolables por sus opiniones manifestadas en el desempeño de sus encargos, y jamás podrán ser reconvenidos por ellos.

Artículo 103. Los diputados al Congreso de la Unión, los individuos de la Suprema Corte de Justicia y los secretarios del despacho, son responsables por los delitos comunes que cometan durante el tiempo de su encargo, y por los delitos, faltas u omisiones en que incurran en el ejercicio de ese mismo encargo. Los gobernadores de los estados los son igualmente por infracción de la Constitución y leyes federales. Lo es también el presidente de la república; pero durante el tiempo de su encargo, sólo podrá ser acusado por delitos de traición a la patria, violación expresa de la Constitución, ataque a la libertad electoral y delitos graves del orden común.

Artículo 104. Si el delito fuere común, el Congreso, erigido en gran jurado, declarará, a mayoría absoluta de votos, si ha o no lugar a proceder contra el acusado. En caso negativo no habrá lugar a ningún procedimiento ulterior. En el afirmativo, el acusado queda por el mismo hecho separado de su encargo y sujeto a la acción de los tribunales comunes.”

II. Exposición de Motivos

En nuestro país, la figura del fuero surge como respuesta a un contexto histórico específico, marcado por una inestabilidad política y social presente en la época post independentista y post revolucionaria. Nace para fortalecer el equilibrio de los poderes de la Unión y para prevenir actos violentos y unilaterales hacia los integrantes del Congreso.

Actualmente, en nuestra Constitución existen cuatro preceptos que regulan la protección para diputados y senadores:

A. Artículo 61: Los diputados y senadores son inviolables por las opiniones que manifiesten en el desempeño de sus cargos, y jamás podrán ser reconvenidos por ellas.

El presidente de cada Cámara velará por el respeto al fuero constitucional de los miembros de la misma y por la inviolabilidad del recinto donde se reúnan a sesionar.

Este precepto legal comprende la inviolabilidad y la inmunidad parlamentaria de la que gozan los legisladores para poder expresar con libertad su opinión en el desempeño de su cargo, sin poder ser reconvenidos por ello.

Lo anterior de ninguna manera da lugar para que los legisladores violenten el marco normativo de nuestro país, sino que establece una protección especial para que la expresión de sus ideas emitidas durante el desempeño de su cargo como legisladores, no sea limitada ni restringida.

Es importante precisar que la libertad de expresión y la protección de la misma, sigue siendo fundamental e imprescindible en el ejercicio democrático. Por ello, con el objeto de proteger la total y absoluta libertad de palabra de los legisladores, no como un derecho subjetivo otorgado a quien desempeña la función legislativa, sino como un instrumento que tiende a salvaguardar la integridad de la corporación legislativa, se mantiene vigente la inviolabilidad parlamentaria.

B. Artículo 111: Para proceder penalmente contra los diputados y senadores al Congreso de la Unión, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral, los consejeros de la Judicatura Federal, los secretarios de despacho, el fiscal general de la República, así como el consejero presidente y los consejeros electorales del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por la comisión de delitos durante el tiempo de su encargo, la Cámara de Diputados declarará por mayoría absoluta de sus miembros presentes en sesión, si ha o no lugar a proceder contra el inculpado.

Si la resolución de la Cámara fuese negativa se suspenderá todo procedimiento ulterior, pero ello no será obstáculo para que la imputación por la comisión del delito continúe su curso cuando el inculpado haya concluido el ejercicio de su encargo, pues la misma no prejuzga los fundamentos de la imputación.

Si la Cámara declara que ha lugar a proceder, el sujeto quedará a disposición de las autoridades competentes para que actúen con arreglo a la ley.

Por lo que toca al presidente de la República, sólo habrá lugar a acusarlo ante la Cámara de Senadores en los términos del artículo 110. En este supuesto, la Cámara de Senadores resolverá con base en la legislación penal aplicable.

Para poder proceder penalmente por delitos federales contra los Ejecutivos de las entidades federativas, diputados locales, magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia de las entidades federativas, en su caso los miembros de los Consejos de las Judicaturas Locales, y los miembros de los organismos a los que las Constituciones locales les otorgue autonomía se seguirá el mismo procedimiento establecido en este artículo, pero en este supuesto, la declaración de procedencia será para el efecto de que se comunique a las Legislaturas Locales, para que en ejercicio de sus atribuciones procedan como corresponda.

Las declaraciones y resoluciones de la (sic DOF 28-12-1982) Cámaras de Diputados (sic DOF 28-12- 1982) Senadores son inatacables.

El efecto de la declaración de que ha lugar a proceder contra el inculpado será separarlo de su encargo en tanto esté sujeto a proceso penal. Si éste culmina en sentencia absolutoria el inculpado podrá reasumir su función. Si la sentencia fuese condenatoria y se trata de un delito cometido durante el ejercicio de su encargo, no se concederá al reo la gracia del indulto.

En demandas del orden civil que se entablen contra cualquier servidor público no se requerirá declaración de procedencia.

Las sanciones penales se aplicarán de acuerdo con lo dispuesto en la legislación penal, y tratándose de delitos por cuya comisión el autor obtenga un beneficio económico o cause daños o perjuicios patrimoniales, deberán graduarse de acuerdo con el lucro obtenido y con la necesidad de satisfacer los daños y perjuicios causados por su conducta ilícita.

Las sanciones económicas no podrán exceder de tres tantos de los beneficios obtenidos o de los daños o perjuicios causados.

Como se desprende del anterior texto, el artículo 111 constituye un procedimiento especial del que gozan diversos servidores públicos, entre los que se encuentran los senadores y diputados federales y locales, por el que, para poder proceder penalmente en su contra por la comisión de delitos durante el tiempo de su encargo, se debe obtener previamente la declaración que haga la mayoría absoluta de la Cámara de Diputados de los miembros presentes en sesión.

Sin embargo, la decisión de la Cámara de Diputados no prejuzga los fundamentos de la imputación, es decir, no emite pronunciamiento alguno sobre la imputación a un servidor público por la comisión de un delito.

De lo anterior se desprende lo siguiente:

• Este procedimiento especial debe aplicarse únicamente a los servidores públicos que de manera limitativa señala el precepto constitucional.

• En principio, debe aplicarse a dichos servidores públicos únicamente respecto a la comisión de delitos durante el tiempo de su encargo.

• La Cámara de Diputados debe declarar por mayoría absoluta de los miembros presentes en sesión si ha o no lugar a proceder contra el inculpado.

• A pesar de que decidiera no proceder contra el servidor público inculpado, una vez que éste haya concluido el ejercicio de su encargo, se puede continuar el procedimiento correspondiente en su contra.

• El procedimiento especial se hace extensivo a diversos servidores públicos locales, dentro de los que se encuentran los diputados locales, para proceder penalmente contra éstos por delitos federales, sin embargo, la declaración de procedencia será para el efecto de que se comunique a las legislaturas locales y éstas procedan como corresponda.

• Si se declara ha lugar a proceder contra el inculpado, el efecto será separarlo del encargo en tanto se agota el proceso penal, pudiendo reasumir su función si la sentencia es absolutoria.

• Si se tratara de un delito cometido durante el ejercicio de su encargo no cabe la gracia del indulto.

Con este artículo se busca garantizar la continuidad en el desempeño de las funciones de los órganos esenciales del Estado mexicano, mientras se lleva a cabo sin restricciones, un proceso judicial contra un servidor público, por lo que este precepto no está diseñado para otorgarles a éstos inmunidad, sino permitir el desempeño de la función pública de forma eficiente.

Por lo anterior, no debe entenderse como un obstáculo para que la autoridad proceda en contra de quien presuntamente actuó fuera de la ley y cometió un delito, sino se trata de una medida que protege la función de quienes desarrollan los cargos limitativamente señalados. Es decir, lo que se busca proteger es el cargo más no a la persona que lo desempeña.

C. Artículo 112: No se requerirá declaración de procedencia de la Cámara de Diputados cuando alguno de los servidores públicos a que hace referencia el párrafo primero del artículo 111 cometa un delito durante el tiempo en que se encuentre separado de su encargo.

Si el servidor público ha vuelto a desempeñar sus funciones propias o ha sido nombrado o electo para desempeñar otro cargo distinto, pero de los enumerados por el artículo 111, se procederá de acuerdo con lo dispuesto en dicho precepto.

De lo anterior se desprende lo siguiente:

• No se aplicará el procedimiento establecido en el artículo 111 constitucional cuando un servidor público de los señalados en éste, cometa el delito que se le imputa durante el tiempo que se haya encontrado separado de su cargo.

• Por otro lado, si se procederá conforme a lo dispuesto por el artículo 111 constitucional cuando el servidor público ha vuelto a desempeñar sus funciones propias o ha sido nombrado o electo para desempeñar otro cargo distinto, pero de los enumerados en el propio artículo 111.

D. Artículo 114: El procedimiento de juicio político sólo podrá iniciarse durante el período en el que el servidor público desempeñe su cargo y dentro de un año después. Las sanciones correspondientes se aplicarán en un período no mayor de un año a partir de iniciado el procedimiento.

La responsabilidad por delitos cometidos durante el tiempo del encargo por cualquier servidor público, será exigible de acuerdo con los plazos de prescripción consignados en la ley penal, que nunca serán inferiores a tres años. Los plazos de prescripción se interrumpen en tanto el servidor público desempeña alguno de los encargos a que hace referencia el artículo 111.

La ley señalará los casos de prescripción de la responsabilidad administrativa tomando en cuenta la naturaleza y consecuencia de los actos y omisiones a que hace referencia la fracción III del artículo 109. Cuando dichos actos u omisiones fuesen graves los plazos de prescripción no serán inferiores a siete años.

Es decir:

• Los plazos de prescripción de los delitos se interrumpen en tanto el servidor público desempeña algunos de los encargos a que hace referencia el artículo 111 constitucional.

• La responsabilidad por delitos cometidos durante el tiempo del encargo por cualquier servidor público, será exigible de acuerdo con los plazos de prescripción consignados en la Ley penal, que nunca serán inferiores a tres años.

Del análisis integral a los preceptos legales que establecen una protección a los legisladores, se desprende que éstos cuentan, para el desempeño de su encargo, con la libertad para expresar sus opiniones y no pueden ser reconvenidos por ello.

Independientemente de esa inviolabilidad e inmunidad parlamentaria consignada en el artículo 61, el artículo 111 contempla un procedimiento especial para que, cuando a algunos limitados servidores públicos, incluyendo a los diputados y senadores, se les impute la comisión de algún delito, debe obtenerse la declaración de procedencia que emita la mayoría absoluta de la Cámara de Diputados, para poder proceder penalmente en su contra.

Con ello, se busca garantizar la continuidad en el desempeño de las funciones de los órganos esenciales del Estado mexicano, mientras se lleva a cabo sin restricciones, un proceso judicial contra un servidor público, por lo que dicho precepto está diseñado para permitir el desempeño de la función pública de forma eficiente, en este caso a los legisladores.

Sin embargo, el párrafo segundo del artículo 112, establece que se debe proceder de acuerdo a lo establecido en el artículo 111, es decir, que se requerirá la declaración de procedencia que haga la Cámara de Diputados para proceder penalmente en su contra, si un servidor público ha vuelto a desempeñar sus funciones o ha sido nombrado o electo para desempeñar un cargo distinto del anterior.

Lo que significa que diversos servidores públicos pudieren acogerse a la aplicación de este procedimiento especial por ocupar un nuevo encargo de los contemplados en el artículo 111, como los de senadores y diputados federales y locales, con la finalidad de obstaculizar o dilatar un proceso penal al que se les deba de sujetar por imputárseles la comisión de un delito durante un cargo anterior como servidor público.

Lo anterior atenta en contra de los principios que deben regir el servicio público, establecidos dentro de la Ley General del Sistema Anticorrupción, y también promueve una cultura de corrupción e impunidad, al mantener en el poder a personas que deben rendir cuentas ante la justicia; y esto, es lo que se pretende evitar con la presente iniciativa.

III. Contenido de la iniciativa

Hoy en día, nuestro país ha logrado superar aquellas épocas marcadas por la inestabilidad y se ha conformado como una nación democrática, que fomenta una cultura de transparencia y rendición de cuentas a través de transiciones políticas pacíficas.

Sin embargo, no ha estado exento de diversos servidores públicos que haciendo uso de distintos cargos e investiduras, se han escudado bajo los beneficios brindados por los multicitados artículos, a fin de evitar responder y rendir cuentas respecto de actos que hayan llevado a cabo con anterioridad al puesto que actualmente ejercen. En consecuencia, se presenta la presente iniciativa, cuyo objeto es:

1. Cumplir con la función fundamental del fuero, consistente en proteger el cargo y no a la persona que lo desempeña como un privilegio adscrito a la misma;

2. Acatar e impulsar los principios que rigen el servicio público, establecidos en el capítulo II, artículo 5 de la Ley General del Sistema Anticorrupción: la Legalidad, equidad, transparencia, integridad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, economía y competencia por mérito.

3. Atender a las demandas de la sociedad, de contar con legisladores íntegros comprometidos con la transparencia y el combate a la impunidad;

4. Tomar medidas dirigidas al fortalecimiento institucional y prevención de hechos de corrupción; y

5. Evitar que los servidores públicos que deban rendir cuentas por actos presuntamente constitutivos de delitos, se escuden en la investidura de legislador, a efecto de no ser procesados o detenidos.

La presente iniciativa busca:

i) Agregar un tercer párrafo al artículo 112 constitucional, a fin de especificar los casos bajo los cuales senadores y diputados federales y locales no gozarán de un procedimiento penal especial cuando cometan un delito en el ejercicio de funciones de otro cargo al que se encuentren ejerciendo.

Por lo expuesto, se ponen a consideración del pleno de ésta honorable Cámara de Diputados la presente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se adiciona un párrafo tercero al artículo 112 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo Primero. Se adiciona un párrafo tercero al artículo 112 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 112. No se requerirá declaración de procedencia de la Cámara de Diputados cuando alguno de los servidores públicos a que hace referencia el párrafo primero del artículo 111 cometa un delito durante el tiempo en que se encuentre separado de su encargo.

Si el servidor público ha vuelto a desempeñar sus funciones propias o ha sido nombrado o electo para desempeñar otro cargo distinto, pero de los enumerados por el artículo 111, se procederá de acuerdo con lo dispuesto en dicho precepto.

Tampoco se requerirá la declaración de procedencia de la Cámara de Diputados, cuando senadores y diputados federales y locales hayan cometido un delito durante el ejercicio de las funciones de otro cargo distinto al que se encuentran ejerciendo, inclusive si se tratare de alguno de los enumerados por el artículo 111.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 Valls Hernández, S. (2013, March 14). El fuero constitucional y la imparcialidad de las autoridades penales, Organización Editorial Mexicana. Consultado en

http://www2.scjn.gob.mx/ministros/ministrovalls/publicaciones/2 013/10.pdf

2 Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, “Por mis Fueros” Las implicaciones del fuero y desafuero (declaración de procedencia) constitucional en México.Junio 2016, p. 7-8.

3 Sistema de Información Legislativa,

http://sil.gobernacion.gob.mx/Glosario/definicionpop.php?ID=106 , consultada el 14 de septiembre de 2016.

4 Cuadernos de Apoyo: Terminología Legislativa.

Consultado en

http://www.diputados.gob.mx/sedia/biblio/doclegis/cuaderno_term inolegis.pdf, el 15/09/2016.

5 Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, obra citada, página 8.

6 Valls Hernández, S. (2013, March 14). El fuero constitucional y la imparcialidad de las autoridades penales , Organización Editorial Mexicana.

Retrieved from http://www2.scjn.gob.mx/ministros/ministrovalls/publicaciones/2013/10.pdf

7 Gamboa Montejano, y Gutiérrez Sánchez, (2011, October). Inmunidad parlamentaria y/o fuero constitucional de los legisladores. Estudio teórico conceptual, antecedentes, jurisprudencia, iniciativas presentadas en la LIX y LXI Legislatura, (Primera Parte). (PDF). Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis, página 5.

http://www.diputados.gob.mx/sedia/sia/spi/SAPI-ISS-20-11.pdf

8 Ibídem, página 17.

9 Ibídem.

10 Ibídem, páginas 17-18.

11 Ibídem, página 18.

12 Constitución de 1857, con sus adiciones y reformas hasta 1901. Consultada en

http://www.diputados.gob.mx/biblioteca/bibdig/const_mex/const_1 857.pdf, el jueves 15 de septiembre de 2016.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de enero de 2017.— Diputado Jorge Carlos Ramírez Marín (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, de la Cámara de Diputados.

APÉNDICE

CONTINUACIÓN DE LA SESIÓN 6 DEL 25 DE ENERO DE 2017

PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO

INVESTIGAR EL PROCESO DE COMPRA-VENTA DE TERRENOS EN APASEO EL GRANDE, GUANAJUATO, QUE FUERON DONADOS A LA EMPRESA TOYOTA

«Proposición con punto de acuerdo, por el cual se solicita crear la comisión especial que investigue el proceso de compraventa de terrenos en Apaseo el Grande, Guanajuato, donados a la empresa Toyota, suscrita por los diputados María Bárbara Botello Santibáñez y Jorge Carlos Ramírez Marín, del Grupo Parlamentario del PRI

Los suscritos, diputados María Bárbara Botello Santibáñez y Jorge Carlos Ramírez Marín, integrantes del Grupo Parlamentario del PRI a la LXIII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de esta asamblea proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguiente:

Exposición de Motivos

La posición geográfica que tiene el estado de Guanajuato en el territorio nacional ha permitido que el desarrollo de la industria automotriz sea un fuerte motor de crecimiento en la economía del país.

Guanajuato es la única entidad que cuenta con cinco armadoras automotrices, las cuales en los últimos diez años, han generado 204 proyectos de inversión con empresas complementarias, un monto de inversión estimada de 11 mil 409 millones dólares y la generación de 73 mil 263 empleos aproximadamente.

En este sentido se hizo del conocimiento público los probables vicios en la adquisición y posterior enajenación de 600 hectáreas en el municipio de Apaseo el Grande, Guanajuato, en los cuales, desde el mes de noviembre de 2016, han comenzado los trabajos de instalación de la empresa Toyota.

Ejidatarios de la comunidad de Caleras de Ameche han denunciado que el gobierno estatal compró a sobreprecio terrenos adquiridos previamente por la empresa JAOS & SGB de Grupo Gurza de Monterrey. Dicha empresa es propiedad José Antonio Ortega Serrano y Santiago Germán Bordes, ambos ex servidores públicos de la que fue la Secretaría de la Reforma Agraria.

En 2014 JAOS & SGB compró 260 hectáreas a los ejidatarios, pagando 300 mil pesos por cada hectárea, pero luego ésta misma las revendió a la administración estatal en 2015 arriba de un millón 700 mil pesos por hectárea.

De las 600 hectáreas en las que se está instalando la empresa Toyota, éstas fueron donadas por la administración estatal, que fueron compradas a ejidatarios por debajo de su precio, a través de presiones.

El problema de fondo es que desde el Congreso del Estado de Guanajuato se ha denunciado opacidad, tráfico de influencias y manejo de información confidencial para que la empresa JAOS & SGB comprara en 2014 los terrenos a los ejidatarios, la cual fue constituida el 13 de junio de 2014 y en octubre de 2015 ya estaba vendiendo 260 hectáreas al gobierno estatal.

Uno de los problemas que enfrenta el estado de Guanajuato es la falta de regulación que inhiba la especulación de los precios de predios, terrenos, suelo y construcciones, y en general en los inmuebles que son susceptibles de contribución del impuesto predial.

Sin duda, generar las mejores condiciones de inversión implica ofrecer entornos óptimos de negocio para las inversiones nacionales y extranjeras, pues de ello depende seguir impulsando mayores oportunidades de empleo.

Sin embargo, las condiciones de inversión que ofrecen los tres niveles de gobierno desde sus respectivos ámbitos de competencia, requieren estar apegadas estrictamente a la legislación aplicable en aras de ofrecer certidumbre jurídica a las inversiones.

Durante la Comisión Permanente del segundo receso del primer año de la LXIII Legislatura, se solicitó al gobierno del estado de Guanajuato entregara un informe para deslindar las irregularidades en la adquisición y enajenación de dichos predios de propiedad privada y propiedad ejidal, a fin de esclarecer las especulaciones y cuestionamientos a los procedimientos, sin embargo, hasta el momento no se ha recibido ninguna información.

Por ello, al no existir claridad e información pública y transparente al respecto por parte del gobierno estatal, es necesario crear una comisión especial para que indague y aclare las supuestas irregularidades en este proceso de compra-venta, que ha culminado en una donación de 600 hectáreas.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta asamblea, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único.Se solicita respetuosamente la creación de la Comisión Especial que investigue el proceso de compra-venta de terrenos en Apaseo el Grande, Guanajuato, que fueron donados a la empresa Toyota.

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 25 de enero de 2017.— Diputados: María Bárbara Botello Santibáñez, Jorge Carlos Ramírez Marín (rúbricas).»

Se turna a la Junta de Coordinación Política, de la Cámara de Diputados.

ASESINATO DEL LÍDER AMBIENTALISTA, ISIDRO BALDENEGRO LÓPEZ SUCEDIDO EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA

«Proposición con punto de acuerdo, relativo al asesinato del líder ambientalista Isidro Baldenegro López, sucedido en Chihuahua el pasado 15 de enero, a cargo de la diputada Cristina Ismene Gaytán Hernández, del Grupo Parlamentario del PRD

La suscrita, diputada Cristina Ismene Gaytán Hernández, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 58, 59 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo de urgente resolución, al tenor de las siguientes

Consideraciones

A Isidro Baldenegro lo mataron igual que a su padre: a balazos, inicia una nota de la redacción de BBC Mundo. La mala noticia recorrió el planeta.

Isidro Baldenegro López, indígena rarámuri (tarahumara) fue un reconocido defensor de los bosques y de los derechos de los pueblos originarios.

La muerte del activista ambiental, ganador del prestigioso premio ambiental Goldman 2005, sucedió el domingo 15 de enero de este año en la comunidad de Coloradas de la Virgen, municipio de Guadalupe y Calvo Chihuahua.

Los detalles que rodean su muerte todavía no están claros, y aún no sabemos los motivos detrás del ataque. Durante su larga lucha, Isidro Baldenegro fue encarcelado injustamente y posteriormente amenazado de muerte en diversas ocasiones. Las amenazas lo llevaron a abandonar varias veces su comunidad. Las versiones periodísticas señalan que su asesinato ocurrió en la casa de un tío suyo. Su cuerpo fue encontrado con heridas de bala en el tórax y en una pierna. Esta última vez, que regreso fue balaceado en su domicilio y por la ausencia de servicios médicos en el área, falleció.

Pero hay causas posibles. Él siguió el ejemplo de su padre, Julio Baldenegro, quien fuera asesinado en 1986 por defender el bosque. Isidro lideraba acciones que buscaban detener la tala ilegal del bosque y recuperar los derechos agrarios usurpados a la población indígena.

Isidro Baldenegro denunció los cacicazgos y las implicaciones del narcotráfico en la zona, por ello, seguramente se había convertido en un hombre incomodo a quienes lo asesinaron. Isidro creía profundamente en la resistencia pacífica y no violenta. Su trabajo férreo de organizar protestas pacíficas contra la tala ilegal en las montañas de Sierra Madre ayudó a proteger esos bosques, y los derechos de su pueblo.

En 1993, Baldenegro desarrolló un movimiento no violento de resistencia de base para luchar contra la tala, obteniendo el apoyo de ONG locales e internacionales. En 2002, organizó sentadas y marchas no violentas, lo que llevó al gobierno a suspender temporalmente la tala en la zona. Al año siguiente, movilizó un bloqueo humano masivo de la mayoría de las mujeres cuyos maridos habían sido asesinados, lo que resultó en una orden especial del tribunal prohibiendo la tala en la zona.

Después del bloqueo de 2003, Baldenegro fue encarcelado por lo que luego resultaría ser falsas acusaciones de posesión de armas y drogas. Su detención generó solidaridad internacional de importantes ONG ambientales y de derechos humanos, y Amnistía Internacional declaró a Baldenegro preso de conciencia. Liberado en junio de 2004 después de 15 meses de prisión, salió aún más decidido, alentado por el inmenso apoyo internacional. Poco después, él y sus partidarios ganaron otras dos suspensiones de tala del gobierno. Motivado por su éxito, estableció una organización de justicia ambiental.

Isidro Baldenegro fue un líder sin miedo y una fuente de inspiración para tantas personas que luchan por proteger nuestro medio ambiente y los derechos de los pueblos indígenas. Por ello, se debe exigir que pare esa violencia. Defender desde este Congreso a las ciudadanas y los ciudadanos comprometidos con la defensa de sus comunidades y el medio ambiente. Contribuyendo con ello, a que algún día, México sea un sitio seguro para las personas que disientan y organicen movilizaciones por sus derechos, y no como ahora sean asesinadas o perseguidas.

Damos nuestras condolencias más sentidas a la familia, amigos y colegas de Isidro Baldenegro en México y el resto del planeta por estos momentos difíciles.

Por lo anteriormente expuesto se somete a la consideración de esta honorable Comisión Permanente, la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión condena y manifiesta su indignación por el asesinato del líder ambientalista, Isidro Baldenegro López.

Segundo.La Comisión Permanente exhorta respetuosamente al gobernador constitucional del estado de Chihuahua, Javier Corral Jurado, a que instruya al Procurador de Justicia en el estado, para que de manera independiente, pronta y expedita lleve a cabo las investigaciones pertinentes para procesar a los autores materiales e intelectuales del homicidio del líder ambientalista, Isidro Baldenegro López, y así garantizar el derecho de acceso a la justicia de las víctimas directas e indirectas.

Nota

Matan en México a Isidro Baldenegro, el conocido activista ambiental ganador del prestigioso premio Goldman. <Disponible en: http://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-38672959 > [Fecha de consulta: 23 de enero de 2017.]

Dado en la sede de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 25 de enero de 2017.— Diputada Cristina Ismene Gaytán Hernández (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Justicia, de la Cámara de Diputados.

SUPUESTO SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS FALSOS A NIÑOS ENFERMOS DE CÁNCER EN EL ESTADO DE VERACRUZ

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la PGR a conocer e investigar lo manifestado por el ciudadano Miguel Ángel Yunes Linares respecto al supuesto suministro de medicamentos falsos a niños con cáncer en Veracruz, suscrita por diputados del Grupo Parlamentario del PVEM

Quienes suscriben, diputados federales del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, de la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

En conferencia de prensa, el pasado 17 de enero, el gobernador del estado de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, afirmó que durante el gobierno de sus homólogos antecesores, la Secretaría de Salud aplicaba “quimioterapias falsas” a niños enfermos de cáncer, manifestando:

“Tenemos ya resultados de un laboratorio que señaló que una quimioterapia que se administraba a niños, no era realmente un medicamento, sino que era un compuesto inerte, era agua prácticamente destilada”.

Asimismo, refirió que a pacientes con cáncer, incluyendo niños, se les aplicó un medicamento denominado Bevacizumab, asegurando que el mismo era falso y que por esa razón al menos 8 niños perdieron la vida, sin señalar los nombres de los afectados por la supuesta aplicación de sustancias falsas.

Ante dichas manifestaciones, el 18 de enero del presente año, ROCHE, empresa internacional dedicada a la investigación y el desarrollo de medicamentos y productos para diagnóstico, externó su postura al respecto, resaltando lo siguiente:

Con motivo de las notas periodísticas publicadas el 17 de enero de 2016 sobre la supuesta aplicación de quimioterapias falsas a niños con cáncer en el estado de Veracruz, en las que se menciona a nuestro medicamento Bevacizumab (Avastin), informamos que:

De acuerdo a una investigación realizada en mayo de 2011, la muestra recibida no correspondió a un producto original Roche. La muestra no contenía el principio activo y no cumplía con los estándares de calidad de los productos elaborados y comercializados por nuestra compañía.

Bevacizumab no es una quimioterapia sino un producto biológico conocido como anticuerpo monoclonal. Su uso no está indicado en pacientes pediátricos.

Es importante aclarar que Bevacizumab es un medicamento que está indicado en pacientes adultos mayores de 18 años para el tratamiento de cáncer colorrectal metastásico, cáncer cervicouterino, cáncer epitelial de ovario, cáncer de mama triple negativo, cáncer renal avanzado, glioblastoma multiforme y cáncer de pulmón de células no pequeñas, como parte de un régimen de quimioterapia combinada profesionales de salud, autoridades regulatorias, servicios de atención al cliente y sus canales de distribución para combatir el mercado de medicamentos falsificados.

Lo anterior, dejando claro que las declaraciones del actual Gobernador son falsas y mal interpretadas, generando un estado de incertidumbre y psicosis ante la sociedad y principalmente, ante los usuarios de los servicios de salud de dicho Estado.

Si bien, es cierto la existencia de un reporte emitido por la referida empresa, lo cierto es que en ninguna de sus manifestaciones hace referencia o aceptación alguna sobre la veracidad de la suministración de la sustancia respecto de la cual emitió su opinión, reiterando que no le consta que medicamentos falsos hayan sido suministrados a pacientes del Centro Estatal de Cancerología (Cecan) en el Estado de Veracruz.

La gravedad de las acusaciones, que hasta el día de hoy no tienen sustento alguno, provocaron que el pasado 20 de enero la Secretaría de Salud Federal interviniera, enviando una comisión de al menos 10 personas de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) al Cecan en Xalapa, para iniciar una investigación acerca de las supuestas quimioterapias falsas; calificando de antemano como una irresponsabilidad del actual Gobernador, haber hecho declaraciones de las que aún no se había llevado una investigación.

Al respecto, resulta indispensable esclarecer la situación que dio origen a la investigación de una sustancia y cuyo resultado ha sido sujeto a diversas interpretaciones, generando temor y descontento entre la población nacional.

Los hechos reales tienen origen en el año 2010, cuando la Química Fármaco Bióloga, Idalia Dávila González, adscrita en ese entonces al Cecan, encargada de farmacia, reportó un medicamento extraño, dando aviso inmediato al Director de la Institución, Doctor Enrique Guzmán García, quien activó el protocolo ordenado por la Secretaría de Salud del Estado de Veracruz (Sesver).

Dicho medicamento, que se pretendía utilizar para una paciente adulta femenina, nunca fue aplicado, ni a ella ni a ningún otro paciente, según las investigaciones que surgieron del protocolo que señala laSesver y que obra fehacientemente en documentos susceptibles de ser verificados.

Siguiendo dicho protocolo, el área jurídica de laSesver envió a Grupo Roche una muestra del producto sospechoso para que fuera analizado por la farmacéutica, emitiendo el reporte referido por el actual Gobernador del Estado de Veracruz, en donde efectivamente se señala que “no contenía el principio activo y no cumplía con los estándares de calidad de los productos elaborados y comercializados por Roche”.

No obstante, de dicho reporte no se desprende alguna afirmación respecto de que el referido medicamento haya sido suministrado a ningún paciente, menos aún a niños como lo ha venido asegurando el Gobernador Yunes Linares.

Como legisladores coincidimos en la gravedad que implica la situación, pues dentro de la cadena de mando en la atención de un paciente en el sistema hospitalario de la Secretaría de Salud en el Estado de Veracruz se cuenta con: enfermeras registradas de turno, médico de tratamiento, jefe de farmacia, directora de oncopediatría, Director del Cecan, Director de Hospitales, Subsecretario de Salud, Secretario de Salud y una Comisión de Calidad de Medicamentos, sin omitir a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris); autoridades que deberán abonar y participar en la investigación y deslinde de responsabilidades.

Hoy más que nunca es de suma importancia obtener resultados de una investigación seria e imparcial que lleve a esclarecer la situación y sobre todo que otorgue certeza y tranquilidad a los pacientes de dicha institución de salud, sobre la calidad de los medicamentos, procedimientos y personal que han venido trabajando en favor de un sector tan sensible como lo son los niños enfermos de cáncer.

Cifras oficiales demuestran que entre 2005 y 2015, se lograron 200 casos exitosos de sobrevivencia de pacientes pediátricos de cáncer, hechos que son demostrados a través de los expedientes clínicos de dichos pacientes.

Como legisladores y representantes de la sociedad, no podemos hacer eco de notas y manifestaciones sin que exista de por medio una investigación oficial que nos permita emitir una opinión objetiva, misma que al día de hoy no existe y que no podemos permitir se siga dispersando, pues no sólo se ataca a un ex Gobernador o ex Gobernadores, se ataca directamente al profesionalismo de enfermeras, médicos, y en general a quienes laboran en Secretaría de Salud del Estado de Veracruz, generando reclamos, insultos y reacciones furiosas en general por parte de pacientes y familiares hacia ellos.

Ante las manifestaciones del actuar Gobernador de Veracruz, se ha generado un estado de crisis y psicosis entre la sociedad y pacientes, provocando el primer caso de abandono de tratamiento el día 19 de enero, por parte de una familia que decidió que su hijo (Gael de Jesús Blasquez Pedraza) abandonara el tratamiento oncológico, solicitando el alta voluntaria, argumentando desconfianza hacia el personal médico.

Al percatarse de ésta crisis de credibilidad de la sociedad, el 18 de enero el Gobernador Yunes Linares nuevamente en conferencia de prensa expresó que “médicos y enfermeras no tenían nada que ver”; manifestación que lejos de brindar seguridad y tranquilidad a los pacientes, viene a generar mayor duda sobre si sus declaraciones son ciertas o una estrategia política como lo han referido diversos medios.

Por todo ello, y ante la evidente inexistencia de claridad y sobre todo, ante la notoriedad del caso, los integrantes de la Junta de Coordinación Política consideramos necesario y urgente solicitar a la Procuraduría General de la República, conozca e investigue los hechos referidos en el presente punto de acuerdo.

Lo anterior, con fundamento en el artículo 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que establece que los jueces federales penales conocerán de los delitos del orden federal, entendiendo por ellos, aquellos que se encuentren previstos en las leyes federales; consecuentemente los delitos tipificados en el Título Décimo Octavo, Capítulo VI de la Ley General de Salud, son competencia de la federación en términos del precepto jurídico antes citado y cuya investigación corresponde al Misterio Público de la Federación, el cual en términos de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República se encuentra dentro de la estructura de dicha Procuraduría.

Lo anterior, además porque se trata de medicamentos que fueron adquiridos y definidos por el Consejo de Salubridad General, en el marco del Fondo de Protección contra Gatos Catastróficos del Seguro Popular, en términos de los artículos 29 y 77 Bis de la Ley General de Salud y su supervisión y regulación en toda la cadena se encuentra a cargo de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), en términos del artículo 3 fracción I, inciso b del Reglamento de la Cofepris.

Por todo lo manifestado, ponemos a consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único.La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al titular de la Procuraduría General de la República, a efecto de que conozca e investigue los hechos manifestados por el ciudadano Miguel Ángel Yunes Linares, respecto el supuesto suministro de medicamentos falsos a niños enfermos de cáncer en el estado de Veracruz.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, a los 25 días del mes de enero de 2017.— Diputado Jesús Sesma Suárez (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Justicia, de la Cámara de Diputados.

INHUMACIONES CLANDESTINAS REALIZADAS POR LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE MORELOS

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la PGR a atraer el caso de las inhumaciones clandestinas realizadas por la Fiscalía General de Morelos en Tetelcingo, Cuautla, suscrita por los diputados Blanca Margarita Cuata Domínguez y Mario Ariel Juárez Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Morena

Mario Ariel Juárez Rodríguez, en nombre de Blanca Margarita Cuata Domínguez, en nuestra calidad de integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Regeneración Nacional en la LXIII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 42 de la Ley Orgánica del Congreso, y 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Primera.El 9 de diciembre de 2014, trabajadores de la Fiscalía General del Estado de Morelos abrieron dos fosas comunes, de donde se encontraron 119 cadáveres, y se exhumaron sólo 2 que habían sido previamente reclamados, en un predio utilizado como cementerio clandestino en el poblado de Tetelcingo, de Cuautla, Morelos.

En el predio, el 28 de marzo de 2014, la Fiscalía General del Estado de Morelos había inhumado de manera clandestina 119 cadáveres en Tetelcingo, Morelos.

Los otros 117 cuerpos fueron exhumados por la Fiscalía General del Estado de Morelos, en diligencias que se llevaron a cabo entre el 23 de mayo y el 3 de junio de 2016 e inhumados en gavetas individuales en el panteón Jardines del Recuerdo en Cuautla, Morelos.

Desde entonces, familiares de víctimas de desaparecidos han luchado para que la Fiscalía General del Estado de Morelos informe del ¿por qué se enterraron cuerpos que ya habían sido reclamados?, y ¿por qué se utilizan dos fosas clandestinas para deshacerse de restos cuando existen miles de familias buscando parientes desaparecidos en el país?

La exhumación de los 2 primeros cadáveres de estas fosas clandestinas, se realizó por el reclamo realizado por la familia de una víctima para la entrega de su familiar quien había sido plenamente identificado mediante exámenes periciales 9 meses y 4 días antes de que se le informará que había sido inhumando junto con otros cadáveres aparentemente en calidad de desconocidos.

Ante estos hechos, los familiares de personas exhumadas solicitaron la intervención de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Morelos mediante la interposición de una queja en contra de la Fiscalía General del Estado de Morelos y el gobierno del estado, en la que se demanda se castigue a las autoridades y trabajadores implicados en la inhumación clandestina, se investigue la responsabilidad de la Fiscalía General del Estado y del propio gobernador.

Segunda. El 30 de diciembre de 2015 se publicó en el periódico Tierra y Libertad el acuerdo número 15/2015 del fiscal general del Estado de Morelos, por el que se crea la Unidad de Investigación del Ministerio Público Encargada de Conocer el Caso Tetelcingo, donde el 28 de marzo de 2014 fueron inhumados presuntamente de manera irregular más de una centena de cuerpos de personas no identificadas.

En esta averiguación ha quedado establecido que para inhumar en estas condiciones el cadáver de 118, hubo falsificación de firmas y otros delitos, además de que no se contó nunca con la anuencia de los afectados.

Todo esto fue realizado en un predio que no cuenta con permiso sanitario correspondiente para la inhumación de cadáveres y sin enviar oficios de aviso o solicitud de esos permisos. De hecho, el ayuntamiento de Cuautla ha expresado que no existe ni aviso ni solicitud de algún tipo para este tipo de inhumaciones. El ayuntamiento de Cuautla; Morelos sostiene que no tenía conocimiento ni oficial ni extraoficial de que se hubieran inhumado 119 cuerpos en ese predio de Tetelcingo.

El 27 de enero de 2015, el director de Salud de Cuautla, Gonzalo Sánchez Hernández, informó al edil, mediante el oficio número DSM/013/15: “En mi archivo no se cuenta con el documento” en el que la Fiscalía o alguna otra autoridad le pondría “en conocimiento en relación con la inhumación realizada el día 28 de marzo de 2014 de 150 cuerpos en el panteón de Tetelcingo”. Pero además, “no hay acuerdo de inhumación ni oficio que lo ordene, no existe autorización del oficial del Registro Civil para la inhumación y tampoco la expedición del certificado de defunción, permitiendo asegurar que la inhumación resulta ilegal” según lo señalado en el escrito de queja ante el ombudsman estatal por familiares de la víctima.

Por ello, la familia se quejó ante un tribunal por dilación de la justicia. Luego de ello, la juez de control, juicio oral y ejecución Gabriela Acosta Ortega, determinó que existía “omisión dolosa” de las autoridades, así que ordenó al agente del MP que procediera a la investigación de los hechos relacionados con la inhumación ilegal del cadáver.

Con base en esta investigación se puede suponer que los 119 cadáveres fueron inhumados de manera clandestina e ilegal por la ahora fiscalía, pues nunca se notificó al oficial del Registro Civil de Cuautla, y es más, éste nunca dio su autorización ni expidió los certificados de defunción de los cuerpos.

Ahora se conoce de la falsificación de la firma del Ministerio Público a cargo de la carpeta de investigación, Carlos Alberto Flores García. En otras palabras, alguna otra autoridad o personal de la propia fiscalía habría falsificado la firma de Flores García en un oficio que supuestamente autoriza la inhumación del cadáver, pues se afirma en el documento del 28 de marzo de 2014 que la víctima “se encontraba en calidad de desconocido”.

El vocero de la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos, José Martínez Cruz, demandó investigar a fondo estos hechos y castigar a los responsables, porque es evidente que el caso representa una violación a la dignidad humana y una revictimización. Pero, además, Martínez Cruz señala que se han documentado 83 casos de desaparición de personas, sólo en lo que va del sexenio de Graco Ramírez, y hasta el momento la Fiscalía carece de protocolos y bases de datos que permitan a las familias de estos desaparecidos averiguar o comprobar que sus ausentes se encuentran en los anfiteatros, o en este caso, en las fosas clandestinas de la fiscalía.

Tercera. El 25 de noviembre de 2015 la Comisión Nacional de los Derechos Humanos atrajo la investigación, y al solicitar información a la Fiscalía General del Estado de Morelos sobre los 119 cuerpos inhumados en 2014, la dependencia le entregó 99 carpetas de investigación.

Casi un año después de haber atraído esta indagatoria, el 30 de septiembre de 2016 la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió la recomendación 144/148 sobre el caso de la violación al derecho de acceso a la justicia en la modalidad de inadecuada procuración de justicia y la violación al derecho a la verdad, relacionado con la irregular inhumación de 119 cadáveres en la comunidad de Tetelcingo, de Cuautla, Morelos, en las que las cuales dos están dirigidas al gobernador, seis al fiscal general del Estado de Morelos y tres al ayuntamiento de Cuautla.

En estas recomendaciones, al gobernador Graco Ramírez indicó:

Primera. Girar instrucciones a quien corresponda, en concordancia a la Recomendación emitida por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos a efecto de que de manera coordinada con la Fiscalía General del Estado se brinde una reparación integral del daño que contemple atención médica y psicológica a los familiares de VI1, VI2, V9 y V58, en calidad de víctimas indirectas, afectados por la inadecuada procuración de justicia e irregular inhumación, así como una compensación o indemnización justa tomando en cuenta la gravedad de los hechos conforme a los lineamientos de la Ley de Atención y Reparación a Víctimas del Delito y de Violaciones a los Derechos Humanos para el Estado de Morelos y se remitan a la comisión nacional las constancias con que se acredite su cumplimiento.

Segunda. Girar instrucciones a quien corresponda para que en coordinación con los municipios correspondientes, en un plazo de seis meses contado a partir de la aceptación de la presente Recomendación, se recabe la información respecto de los terrenos en donde se advierta o presuma que están siendo utilizados como panteones de manera irregular y, en caso de existir, resguardar el lugar para su preservación y elaborar un calendario en coordinación con la FGE en el que se apeguen al Protocolo para el Tratamiento e Identificación Forense que se homologó mediante acuerdos 02/2016, 03/2016 y 04/2016 de la FGE, para que se realicen las acciones para la exhumación y recolección de datos que hagan posible la identificación de cadáveres hallados en fosas comunes que tengan la calidad de no identificados y remitir las pruebas de su cumplimiento a esta comisión nacional.

Por su parte, a la Fiscalía General del Estado indicó:

Primera. Girar instrucciones a quien corresponda para que en concordancia a la recomendación emitida por la comisión estatal, solicite a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas en el Estado de Morelos la inscripción de los familiares directos de los cadáveres identificados, VI1, VI2, V9 y V58, que fueron inhumados en las fosas comunes del poblado de Tetelcingo, en el Registro Único de Víctimas del Estado de Morelos, para que tengan acceso al fondo destinado a la reparación del daño y remita a la comisión nacional las pruebas de su cumplimiento.

Segunda. En concordancia con la recomendación emitida por la comisión estatal, ofrecer una disculpa pública institucional a las víctimas y sus familiares por las violaciones a derechos humanos cometidas en su agravio y en el de la sociedad siguiendo los estándares internacionales y se remitan a la comisión nacional las pruebas de su cumplimiento.

Tercera. Colaborar ampliamente con este organismo nacional con la queja que se presente ante la instancia competente, así como con la denuncia que formule por las responsabilidades administrativas o los delitos en que pudiese haber incurrido el personal que ordenó, y participó en la inhumación irregular de los cadáveres del 28 de marzo de 2014, del personal ministerial que actuó de forma irregular en las carpetas de investigación de las 119 víctimas inhumadas, así como de los superiores que hayan ordenado y autorizado o tolerado las acciones descritas en la presente; de igual manera se investigue la procedencia de los oficios firmados por los agentes del Ministerio Público en los que se ordenó la inhumacióny se remitan a esta comisión nacional las constancias de su cumplimiento. 146/148.

Cuarta. Determinar conforme a derecho y a la brevedad, las carpetas de investigación que se encuentran abiertas y en integración por los hechos que motivaron la presente recomendación y se remitan a esta comisión nacional las pruebas de su cumplimiento.

Quinta. Diseñar e impartir cursos de capacitación dirigido a los agentes del Ministerio Púbico y peritos de la FGE de Morelos sobre identificación, manejo y conservación de cadáveres, así como sobre procesamiento de indicios, cadena de custodia, preservación y conservación del lugar de los hechos, apegados al Protocolo para el Tratamiento e Identificación Forense, a efecto de que esos servidores públicos reciban la capacitación necesaria para que en la integración de carpetas de investigación en las que participen se actúe con apego a la legalidad y respeto a los derechos humanos y se garanticen los derechos de las víctimas del delito, según los estándares internacionales de protección de derechos humanos, hecho lo cual se remitan a este organismo nacional las constancias con que se acredite su cumplimiento.

Sexta. Girar instrucciones a quien corresponda para que se realicen todas las diligencias necesarias para lograr la acumulación de las nuevas carpetas de investigación que se iniciaron por lo ilegible de los números adheridos a las bolsas de los cadáveres durante la exhumación de 23 de mayo a 3 de junio de 2016, a las carpetas de investigación anteriores que ya contenían diligencias respecto de cada uno de los cadáveres, con la finalidad de que no se pierdan datos que hagan posible dar con los probables responsables de la comisión de los homicidios y en lo sucesivo se le agreguen chapas (metálicas) de identificación a los cadáveres que se inhumen en calidad de desconocidos y se remita a esta comisión nacional las pruebas de su cumplimiento.

Cuarta. La Asociación de Abogados Penalistas de Morelos ha solicitado que “para garantizar la autonomía de los investigadores, es necesaria la creación de una fiscalía especializada e independiente de la propia Fiscalía General, en la que debieran participar abogados penalistas y en la que participara el propio Congreso local”, advirtiendo que de las pruebas existentes se pueden desprender delitos como obstrucción de la justicia y violación a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, más los que se acumulen, es claro que hasta el momento ha existido protección a las autoridades de la Fiscalía General de Morelos, particularmente hacia el hoy ex fiscal general Rodrigo Dorantes Salgado, actual delegado de la Procuraduría General de la República en Durango, además de la coordinadora general de Servicios Periciales, Ana Lilia Guerrero Moreira, y del fiscal regional oriente José Manuel Serrano Salmerón, a través de prácticas dilatorias que entorpecen, obstruyen y ocultan información en relación con los hechos, resulta imposible que la misma Fiscalía General del Estado de Morelos realice una indagatoria imparcial y expedita en contra de su propios funcionarios.

Resulta imprescindible que se realice una investigación de manera inmediata, eficiente, exhaustiva, profesional e imparcial, libre de estereotipos y discriminación política o ideológica, orientada a explorar todas las líneas de investigación posibles que permitan allegarse de datos para el esclarecimiento del hecho que la ley señala como delito, así como la identificación de quien lo cometió o participó en su comisión. Una investigación de estas características no puede ser realizada por una autoridad que es señalada como responsable de cometer los ilícitos, que para el caso concreto es la propia Fiscalía General del estado de Morelos, por el evidente conflicto de interés existente por la flexibilización en que puede incurrir en la investigación y persecución de autoridades que integran o integraron esta institución.

Por ello, la Procuraduría General de la República debe hacerse cargo de las indagatorias, para recobrar la confianza pública, garantizar el conocimiento pleno de la Verdad y que se haga Justicia, y por ser la única instancia adecuada para garantizar que la investigación se realice de manera inmediata, eficiente, exhaustiva, profesional e imparcial, libre de estereotipos y discriminación política o ideológica, orientada a explorar todas las líneas de investigación posibles que permitan allegarse de datos para el esclarecimiento del hecho que la ley señala como delito, así como la identificación de quien lo cometió o participó en su comisión.

La Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República señala la facultad de atracción que puede ejercer el órgano ministerial federal.

Artículo 14. El reglamento de esta ley establecerá las unidades y órganos técnicos y administrativos, centrales y desconcentrados, de la Procuraduría General de la República, así como sus atribuciones.

El procurador general de la República, de conformidad con las disposiciones presupuestales, podrá crear unidades administrativas especializadas distintas a las previstas en el reglamento de esta ley, para la investigación y persecución de géneros de delitos y para el ejercicio de la función ministerial, policial y pericial, atendiendo a las necesidades del servicio, así como fiscalías especiales para el conocimiento, atención y persecución de delitos específicos que por su trascendencia, interés y características así lo ameriten.

El Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República establece:

Artículo 13. Son facultades genéricas de los titulares de las unidades especializadas previstas en el artículo 3 de este Reglamento y las fiscalías, así como de las creadas por acuerdo del procurador, en términos de lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 14 de la Ley Orgánica, adicionalmente a las contempladas en el artículo anterior, las siguientes:

I. a V. ...

VI. Ejercer la facultad de atracción para la investigación y persecución de delitos del fuero común que tengan conexidad con delitos federales materia de su competencia;

...

Por tanto, y con fundamento en lo expresado, así como en las disposiciones invocadas en el proemio, se propone el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Procuraduría General de la República para que en uso de sus facultades atraiga el caso de las inhumaciones clandestinas realizadas por la Fiscalía General del Estado de Morelos, en un predio utilizado como cementerio clandestino en el poblado de Tetelcingo, de Cuautla, Morelos, para garantizar que se realice una investigación eficiente, exhaustiva, profesional e imparcial.

Notas

1 Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Recomendación no. 48 /2016 sobre el caso de la violación al derecho de acceso a la justicia en la modalidad de inadecuada procuración de justicia y la violación al derecho a la verdad, relacionado con la irregular inhumación de 119 cadáveres en la comunidad de Tetelcingo, de Cuautla, Morelos.

https://www.google.com.mx/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiD_bGgg9bPAhWE8YM KHR65B6YQFggmMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.cndh.org.mx%2Fsites%2Fall%2Fdoc%2FRec omendaciones%2F2016%2FRec_2016_048.pdf&usg=AFQjCNHjfCBmajZF6-iWhOLRZFkt_jwM 9A

2 Acuerdo 15/2015 del Fiscal General del Estado de Morelos por el que se crea la Unidad de Investigación del Ministerio Público Encargada de Conocer el Caso Tetelcingo.

https://www.google.com.mx/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiQ5_rsdbPAhVLeD4KHXC1DvMQFggbMAA&url=http%3A%2F%2Fmarcojuridico.morelos.gob.mx%2Farchivos%2Facuerdos_estatales%2Fpdf%2FATETELCINGOFGMO.pdf&usg=AFQjCNGup4LeExph5Z4fbeokZK30P2cHAQ

3 Ídem.

https://www.google.com.mx/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjU4JbHx9bPAhXHej4KHSmUBA0QFggdMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.proceso.com.mx%2F420052%2Flas-fosas-clandestinas-de-la-fiscalia-de-morelos&usg=AFQjCNFLzUaKzBvzMrwmGXd8BTzVdGHwgQ

4 “Las fosas clandestinas de la Fiscalía de Morelos”, en Proceso.

https://www.google.com.mx/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj05sabxtbPAhWIoD4KHV0lBs4QFggbMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.proceso.com.mx%2F420052%2Flas-fosas-clandestinas-de-la-fiscalia-de-morelos&usg=AFQjCNFLzUaKzBvzMrwmGXd8BTzVdGHwgQ

Recinto de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 25 de enero de 2017.— Diputada Blanca Margarita Cuata Domínguez (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Justicia, de la Cámara de Diputados.

RESCINDIR TODO CONTRATO ACTUAL O PREVISTO PARA LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS O SERVICIOS DE LAS EMPRESAS FORD MOTOR COMPANY Y GENERAL MOTORS COMPANY

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las instancias receptoras de recursos públicos a rescindir en ejercicio de sus facultades todo contrato vigente o previsto para adquirir productos o servicios de Ford Motor Company y General Motors Company, suscrita por los diputados Clemente Castañeda Hoeflich y Jorge Álvarez Maynez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Los suscritos, Clemente Castañeda Hoeflich y Jorge Álvarez Maynez, diputados del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo señalado en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79 numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, somete a consideración la siguiente proposición de con punto de acuerdo mediante el cual se exhorta a la administración pública federal, al Poder Judicial de la Federación, al Senado de la República, a los gobiernos de las entidades federativas, a los gobiernos municipales, a los órganos constitucionales autónomos, a las universidades públicas y a todas las instancias que reciban recursos públicos, a que rescindan todo contrato actual o previsto para la adquisición de productos o servicios de las empresas Ford Motor Company y General Motors Company o de cualquier otra que decida retirar sus inversiones de México debido a las presiones derivadas directa o indirectamente de las actuaciones, amenazas o dichos del presidente de los Estados Unidos de América, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

“A los tiranos no se les apacigua, se les enfrenta”

Enrique Krauze

I.Desde la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), nuestro país se ha convertido en un líder internacional en la fabricación de automóviles, con lo que a los largo de 22 años ha pasado a convertirse en el principal exportador de autos a los Estados Unidos de América, el mercado más grande del mundo en la materia.

Sin embargo, desde el inicio de su campaña presidencial, el actual presidente de los Estados Unidos de América (EE. UU), Donald Trump, ha amenazado constantemente no sólo el estatus cultural y migratorio de los mexicanos residentes en aquel país, sino que ha manifestado estar en contra de la relación comercial que actualmente existe entre los Estados Unidos y México, poniendo especial énfasis en las plantas automotrices.

Ante el embate trumpista del otro lado de la frontera, que recién comienza y que amenaza con descarrilar la relación comercial que desde el TLCAN mantienen armoniosamente los tres países de América del Norte, las más diversas voces de la intelectualidad mexicana, han urgido porque el Estado mexicano dé muestras de una clara voluntad para enfrentar con firmeza los intentos por atentar contra la economía de los mexicanos y con desincentivar las inversiones internacionales en nuestro país. Así, Enrique Krauze ha señalado que “México necesitó cambiar la fórmula de apaciguamiento empleada hasta ahora” en su relación con los EE. UU.

Cabe señalar en tal sentido, que la relación comercial entre México y Estado Unidos, particularmente en el área automotriz, implicó para nuestro país triplicar la producción de automóviles, para llegar a 3.4 millones de unidades en 2015, siendo los EE. UU. y Canadá los destinatarios de 82 por ciento de las exportaciones del país en ese rubro, es decir, 2.7 millones de autos Lo anterior ha colocado a nuestro país como el séptimo productor automotriz a nivel mundial.

Sin embargo, dicha relación comercial ha resultado también en importantísimos ahorros en términos fiscales y de recursos humanos para las empresas automotrices extranjeras asentadas en México, que desean en lo fundamental exportar al mercado norteamericano, ya que los salarios en México llegan a ser hasta diez veces menores que los recibidos por un trabajador promedio en los EE. UU.

Uno de los efectos de los últimos embates de Trump a la economía mexicana fue la reciente cancelación de la planta automotriz que la empresa Ford Motor Company tenía planeada en San Luis Potosí con una inversión de hasta mil 600 millones de dólares.

Asimismo, General Motors Company, indicó en días recientes que trasladaría hasta 550 empleos de sus filiales en México hacia los EE. UU., y anunció la inversión de hasta mil millones de dólares en aquel país, todo ellos días después de que el presidente Donald Trump amenazara al fabricante automotriz con cobrar altísimos aranceles a sus autos producidos en México.

En Movimiento Ciudadano consideramos que el Congreso de la Unión debe ser un baluarte inquebrantable en la defensa de la dignidad y la economía de los mexicanos, y es por ello que este 19 de enero presentamos una petición ante el Comité de Administración en la Cámara de Diputados para la adopción de acuerdo formal que vete la adquisición de vehículos de la marca Ford.

Y es en el mismo sentido que mediante el presente punto de acuerdo se exhorta a todas las instancias del Estado mexicano a adoptar políticas similares en relación con la adquisición de productos o servicios de empresas que hayan adoptado una actitud hostil hacia México derivada de los chantajes y amenazas del presidente Trump y su administración.

Frente a un contexto cada vez más adverso hacia nuestro país, en Movimiento Ciudadano consideramos que todas las instituciones públicas nacionales tienen la responsabilidad de defender los intereses nacionales y de demostrar que México no tolerará las amenazas como método de negociación.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración el siguiente

Punto de Acuerdo

Único.Se exhorta a la administración pública federal, al Poder Judicial de la Federación, al Senado de la República, a los gobiernos de las entidades federativas, a los gobiernos municipales, a los órganos constitucionales autónomos, a las universidades públicas, y a todas las instancias que reciban recursos públicos, a que en el ejercicio de sus facultades rescindan todo contrato actual o previsto para la adquisición de productos o servicios de las empresas Ford Motor Company y General Motors Company, así como a que se emprendan similares acciones respecto de toda empresa que teniendo filiales o cualquier clase de inversión en México, decida retirarlas debido a las presiones derivadas directa o indirectamente de las actuaciones, amenazas o dichos del presidente de los Estados Unidos de América, Donald John Trump, o de su administración.

Notas

1 Krauze, Enrique, “Trump amenaza a un buen vecino”, The New York Times, 18 de enero de 2017,

http://www.nytimes.com/es/2017/01/18/como-debe-responder-mexico -a-las-amenazas-de-trump/

2 “Trump sacude los autos en México”, Milenio, 9 de enero de 2017,

http://www.milenio.com/financial_times/ford-planta_en_mexico-do nald_trump-ftmercados-negocios_0_880712086.html

3 “El anuncio de Ford va más allá de una planta automotriz”, El Financiero, 4 de enero de 2017,

http://www.elfinanciero.com.mx/economia/mexico-en-la-mira-de-la -administracion-de-trump-tras-el-anuncio-de-ford.html

4 “General Motors le da gusto a Trump: la automotriz saca empleos de México para llevarlos a EU”, Animal Político, 17 de enero de 2017,

http://www.animalpolitico.com/2017/01/general-motors-trump-empl eos-mexico/

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 25 de enero de 2017.— Diputado Clemente Castañeda Hoeflich (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Economía, de la Cámara de Diputados.

ESTABLECER ACCIONES A FAVOR DE LOS HIJOS DE AQUELLAS FAMILIAS QUE EVENTUALMENTE SEAN DEPORTADAS DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

«Proposición con punto de acuerdo, por el cual se exhorta a la SEP y sus homólogas locales a establecer acciones en pro de los hijos de las familias que sean deportadas de Estados Unidos, ante las medidas discriminatorias de su nuevo gobierno, suscrita por el diputado Alfredo Valles Mendoza, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza

Quien suscribe, Luis Alfredo Valles Mendoza, coordinador del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en establecido en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y demás aplicables, somete a consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, con base en las siguientes

Consideraciones

La educación es un derecho humano fundamental que posibilita el ejercicio de los demás derechos humanos. En México se ha asumido el compromiso de brindar educación obligatoria desde preescolar hasta el nivel medio superior, lo que significa atender a la población de entre 3 y 17 años de acuerdo con la normativa de la educación obligatoria.

Luego de las pasadas elecciones presidenciales en el vecino país del Norte, en donde resultó ganador el Candidato Republicano Donald Trump, surge la necesidad de analizar el efecto social que tendrá el nuevo gobierno estadounidense en los distintos sectores de nuestra sociedad.

El balance político estadounidense con una inclinación hacia una extrema derecha conservadora sugiere que hay la posibilidad real de que millones de indocumentados de origen mexicano sean deportados en los siguientes cuatro años, estableciéndose de manera interna mecanismos para dificultar y frenar la migración a Estados Unidos.

En Nueva Alianza, como partido político comprometido y preocupado por los temas sociales, manifestamos nuestro apoyo y total respaldo a las miles de familias mexicanas que radican en Estados Unidos y que, en este contexto, corren el riesgo de ser deportados ante las medidas discriminatorias que pudieran suscitarse como resultado de esta nueva visión de la política exterior.

Sabemos que ante la falta de oportunidades, nuestros compatriotas de todo el país cruzan por nuestras fronteras en busca de un mejor futuro que traiga a sus familias bienestar y tranquilidad. La migración, con el paso de los años, ha ido en aumento y, al día de hoy, ya no son solamente las cabezas de familia quienes emigran, también lo hacen familias completas como una medida para permanecer unidos.

Mientras que la atención mediática se encuentra enfocada en la deportación de millones de trabajadores indocumentados, no se ha prestado la debida atención al efecto colateral que sufrirán los hijos de estas familias en el aspecto educativo.

En Nueva Alianza consideramos que ante este escenario se deben de analizar los eventuales sucesos y su posterior impacto para nuestro Estado; en el caso particular, el que se deporten familias mexicanas en los próximos meses.

Siendo éste el caso, nos veríamos ante la necesidad de recibir a cientos de miles de niñas, niños y adolescentes, cuyos padres no cuentan con los documentos requeridos que avalen los estudios que sus hijos han realizado en Estados Unidos de América.

Nos encontraríamos en una coyuntura de incremento en la matrícula en los centros escolares de educación básica y superior, y con grupos con un número excesivo de alumnos, donde la intervención pedagógica se dificultaría.

En Nueva Alianza nos preocupa de manera particular los menores que se encuentran en edad de cursar algún grado escolar, y su posible pérdida del periodo en el mejor de los casos, ya que sabemos que existen otros supuestos donde se podría perder un grado completo o se llegaría a casos extremos de abandono, de manera definitiva, de los estudios.

De acuerdo con el artículo 1o. de la Constitución, “en los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de que el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. [...] Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad”.

Ante esa premisa, es nuestro deber, como representantes de la sociedad, velar porque el derecho humano a la educación de los hijos de familias mexicanas que sean deportadas no sea transgredido y que no abandonen o se les niegue, por ninguna circunstancia, el acceso a la continuidad de sus estudios.

La educación es un proceso permanente que contribuye al desarrollo integral del individuo, así como a la transformación de la sociedad. Asimismo, es factor determinante, como se dijo, para ejercitar todos los demás derechos, ya que promueve la libertad y la autonomía personal.

En el país, de acuerdo con el artículo 3o. constitucional, la educación está garantizada a todos los individuos, quienes deben contar con las mismas oportunidades de acceso al sistema educativo, sin discriminación ni exclusión.

Todas las autoridades educativas quedan obligadas a privilegiar acciones afirmativas con base en la Constitución y las leyes reglamentarias en la materia, así como en los tratados internacionales de que el Estado mexicano sea parte.

No debemos olvidar que antes de ser migrantes, los niños y los adolescentes son personas que gozan de los derechos humanos reconocidos en la Carta Magna, por lo que deben ser respetados, sin importar su situación migratoria.

Es nuestra obligación proteger y cumplir el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos; en específico, el de la educación.

Estos menores de edad tienen sueños, quieren estudiar y tener una vida plena, y necesitan de todo nuestro apoyo para lograr vivir la vida a la que tienen derecho, con educación y oportunidades iguales.

Instamos a las autoridades educativas a establecer acciones afirmativas en favor de los hijos de aquellas familias que sean eventualmente deportadas de Estados Unidos de América ante las medidas discriminatorias que se susciten por el próximo gobierno de aquel país, a fin de que no se suspenda bajo ningún motivo el ciclo escolar de las niñas, niños y adolescentes que cursen algún grado de estudio.

Por último, se sugieren líneas de atención en las que las autoridades educativas deberán de centrarse:

• Considerar el incremento de libros de texto gratuitos de educación básica para la población que ingresa o se incorpora a los grados por ubicación pedagógica;

• Prever la posible restructuración de turnos vespertinos para atender la demanda educativa de alumnos provenientes de Estados Unidos de América;

• Analizar la aplicación de la norma educativa para revalidación de estudios y ubicación del grado correspondiente con el apoyo del documento de transferencia del estudiante migrante binacional México-EUA, el cual se expide en el marco del memorándum de entendimiento sobre educación entre los gobiernos mexicano y de Estados Unidos de América, y que tiene como objetivo otorgar reconocimiento oficial a los estudios de educación primaria o secundaria que realiza la población migrante que viaja con frecuencia entre México y Estados Unidos, y viceversa, facilitando a los menores su ubicación en la escuela receptora, de acuerdo con el grado que les corresponda. Igualmente, mediante este documento se promueve el registro de calificaciones de los estudiantes, así como la educación continua de esta población; y

• Considerar el problema del idioma.

Por lo expuesto y fundado, someto respetuosamente a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único.La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al secretario de Educación Pública y a las autoridades educativas de las entidades federativas a establecer las acciones afirmativas necesarias en favor de los hijos de las familias que sean eventualmente deportadas de Estados Unidos de América ante las medidas discriminatorias que se susciten por el próximo gobierno de aquel país, a fin de que no se suspenda por ningún motivo el ciclo escolar de las niñas, los niños y los adolescentes que cursen algún grado de estudio.

Notas

1 Skoog, Christian, representante del UNICEF en México. Niñas y niños fuera de la escuela en México, Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, México, 2016.

2 Hirschfield, Julie (2016). “What Donald Trump’s vow to deport up to 3 million immigrants would mean”, en The New York Times (nytimes.com). Publicado el 14 de noviembre de 2016. Consultado el 25 de noviembre de 2016.

3 Véase http://www.mexterior.sep.gob.mx/2_dtemb.htm

Sede de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 25 de enero de 2017.— Diputado Luis Alfredo Valles Mendoza (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, de la Cámara de Diputados.

REFORZAR EL APOYO LEGAL QUE EN MATERIA MIGRATORIA OFRECEN A LOS CONNACIONALES LOS CONSULADOS MEXICANOS EN LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SRE a reforzar el apoyo legal en materia migratoria ofrecido a los connacionales por los consulados mexicanos en Estados Unidos, suscrita por el diputado Gonzalo Guízar Valladares, del Grupo Parlamentario del PES

El suscrito, Gonzalo Guízar Valladares, diputado federal a la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea, a fin de exhortar respetuosamente al titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Lo anterior, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

México es un país con una larga tradición migratoria internacional, la cual muestra características muy exclusivas, ya que su vecindad con una de las potencias económicas más importantes del mundo, Estados Unidos, ha propiciado un constante flujo de personas hacia ese país en busca de mejores oportunidades.

Cifras de Naciones Unidas muestran que México el segundo país con más emigrantes en el mundo con 12.3 millones de personas. Asimismo, de acuerdo con las estimaciones del BBVA Research basadas en la Current Population Survey (CPS) en 2015 había una población de alrededor de 36.9 millones de personas de origen mexicano en Estados Unidos, de los cuales 12.2 son migrantes, mientras el resto son de segunda y tercera generación, es decir descendientes de migrantes mexicanos. Lo anterior, significa que alrededor de 10 por ciento de la población nacida en México vive en aquel país.

A partir del anuncio oficial de la aspiración de Donald Trump en junio del 2016 el postulante lanzó su campaña para obtener la candidatura presidencial del Partido Republicano en Estados Unidos con un mensaje antiinmigrante centrado en la identificación de la población de origen mexicano con el crimen y la violencia.

En un inicio, las primeras declaraciones, del entonces pre candidato resultaban poco creíbles, sin embargo, el 21 de julio de 2016, el magnate se convirtió en el candidato oficial del Partido Republicano, afirmando que de convertirse en el titular del Ejecutivo estadounidense, pondría en marcha un Plan migratorio que incluiría, además de la construcción de un muro en la frontera con México y la deportación generalizada, la triplicación de los agentes fronterizos y el incremento en los costos de visas para mexicanos.

A pesar de todo pronóstico, refutando a la mayoría de las encuestas electorales, el 18 de noviembre de 2016, el empresario Donald Trump se convirtió en el presidente electo de Estados Unidos de América, reiterando su propuesta de campaña en la cual estableció realizar deportaciones masivas de todos los migrantes indocumentados de Estados Unidos, declarando que entre dos y tres millones de inmigrantes indocumentados serán deportados o encarcelados en los primeros días de su gobierno.

La postura intransigente del candidato republicano en temas migratorios ha atraído el apoyo de grupos “nacionalistas blancos” incluyendo a varios líderes neo-nazis y supremacistas quienes expresaron su apoyo a partir de la candidatura del ahora presidente.

Es preciso recordar el movimiento migratorio ha sido una constante en las relaciones entre México y Estados Unidos desde el siglo pasado. En las últimas décadas, dicho fenómeno ha prevalecido como uno de los asuntos más difíciles, preocupantes y conflictivos dentro de la agenta bilateral.

A partir del viernes 20 de enero ha tomado posesión de la Casa Blanca el empresario Donald Trump, por lo que ha comenzado un periodo tan incierto como peligroso a nivel internacional, por su rechazo a diversas políticas entre ellas la migratoria.

Una de las formas con las que Trump ha generado nerviosismo en México es con la amenaza de bloquear el envío de remesas hasta que el gobierno pague por el muro que el republicado quiere construir en la frontera.

En este sentido, resulta indispensable destacar que México recibe anualmente más de 24 mil millones de dólares en remesas enviadas por inmigrantes en Estados Unidos, más dinero de lo que ingresa por sus exportaciones petroleras. Tan solo en 2015 nuestro País recibió el cuarto mayor registro de remesas familiares en su historia con 24 mil 771 millones de dólares, creciendo a una tasa anual de 4.8 por ciento.

Datos del 2015 del BBVA Research indican que México es el principal receptor de remesas en América Latina y el Caribe con un 37.6 por ciento del total. Guatemala (9.4) y República Dominicana (7.3) ocupan el segundo y tercer lugar respectivamente. Cabe resaltar que el monto de remesas recibido por estos dos países (11 mil 394 millones de dólares) es menor que la mitad de lo recibido por el Estado mexicano.

Lo anterior, nos indica que el panorama no es alentador para nuestro país, Estados Unidos tiene una nueva visión para su política exterior, ante esta realidad México está obligado a tomar acciones para defender sus intereses nacionales, contemplando seriamente la posibilidad de que millones de migrantes mexicanos pudieran ser deportados.

En razón de lo anteriormente expuesto, someto a consideración del pleno de la Comisión Permanente el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Uniónexhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a que instruya reforzar a los consulados en Estados Unidos de América el apoyo legal en materia migratoria a nuestros connacionales que no acepten su salida voluntaria, dando cumplimiento concreto a las obligaciones legales que guarde su situación migratoria.

Nota

1 https://www.bbvaresearch.com/wp-content/uploads/2016/06/1606_ Mexico_AnuarioMigra2016_Remesas.pdf

Recinto de la Comisión Permanente, a 25 de enero de 2017.— Diputado Gonzalo Guízar Valladares (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Relaciones Exteriores, de la Cámara de Diputados.

SE RESPETE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN EN CONTRA DE LOS INCREMENTOS EN LOS PRECIOS DE LOS COMBUSTIBLES

«Proposición con punto de acuerdo, para que se respeten la libertad de expresión y el derecho de asociación en el contexto de las legítimas muestras de inconformidad ciudadana por las alzas de los combustibles, suscrita por el senador Marco Antonio Blásquez Salinas, del Grupo Parlamentario del PT

El senador Marco Antonio Blásquez Salinas, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en la LXIII Legislatura, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 179 del Reglamento para el Gobierno Interior de los Estados Unidos Mexicanos, somete con carácter de urgente resolución a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se requiere, con toda atención, a los titulares de diversos Poderes y dependencias que respeten la libertad de expresión así como el derecho de asociación en el contexto de las legítimas muestras de inconformidad ciudadana en contra de los incrementos en los precios de los combustibles, con base en las siguientes

Consideraciones

La indignación nacional

En cualquier país del mundo existe una resistencia natural a los impuestos y sus incrementos. La existencia misma de las Constituciones Políticas en los Estados Nacionales se debe a la exigencia de rendición de cuentas de los habitantes frente a los tributos. La Carta Magna surgió precisamente en una airada reacción de los nobles en contra del rey de Inglaterra que trataba de establecer y cobrar mayores impuestos. En nuestro país, el poder tributario del Estado se encuentra sujeto a reglas claras para evitar abusos en perjuicio de la población. En la fracción IV del artículo 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se establece que las contribuciones deberán reunir los requisitos de ser proporcionales, equitativas y contribuir al gasto nacional. La larga historia de casos de corrupción en nuestro país ha generado la percepción de que, además de los elementos anteriores, los impuestos se deben recaudar y aplicar en un ejercicio permanente de transparencia y rendición de cuentas.

Por otro lado, grandes sectores de la población esperaban que con la alternancia política vendrían cambios significativos en la República, entre los cuales destacaba la conducción y administración honesta de la principal empresa del país: Petróleos Mexicanos Pemex. Se esperaba que se erradicara la corrupción en las numerosas contrataciones que llevaba a cabo la entonces empresa pública, que se contuviera y ajustara a dimensiones razonables la enorme deuda contraída por la empresa principalmente por las desmesuradas pensiones producto de negociaciones con sesgo electoral con el sindicato de sus trabajadores y, finalmente, que se metiera en cintura a la red de distribuidores que expenden cantidades menores de combustibles con la complacencia de los organismos encargados de la defensa de los consumidores. Todo ello en un contexto de precios bajos en un país que se encuentra entre los primeros productores de hidrocarburos con los yacimientos de más alto volumen en el planeta.

Sin embargo, contrario a lo esperado, a pesar de haber gozado de un largo periodo de casi una década de altos precios del petróleo, en lugar de consolidar a Pemex y construir las refinerías que se requieren para asegurar la satisfacción de la demanda creciente principalmente de gasolinas, se optó por distribuir los excedentes petroleros entre los gobiernos de los Estados y el entonces Distrito Federal, con lo cual se puso en riesgo a la empresa que ahora finalmente al haberse seguido la misma línea de administración, agudizada por la reforma energética, hace crisis y se muestra incapaz de dotar de combustibles abundantes y baratos a las y los mexicanos. Al verse obligado a importar cada vez más gasolina, el gobierno federal aprovechó la oportunidad e incrementó el impuesto que se aplica a los combustibles y que ha pasado a ser el principal componente del precio al usuario final. La administración pasada decidió aplicar incrementos mes con mes que los habitantes del país denominaron “gasolinazo”y la irritación social creció en la misma medida.

Las libertades civiles

Desde que México emergió en el concierto de las naciones como un país independiente, nuestras leyes fundamentales han reconocido las libertades civiles. A partir de la frustrada entrada en vigor de la Constitución de 1857 se reconoce en toda su intensidad a la libertad de expresión, al derecho a la manifestación de las ideas y al derecho de asociación. Son consideradas como las principales entre las libertades y derechos políticos y vistas como el piso mínimo para poder calificar a la organización de un Estado como democrática. La Ley Fundamental de 1917, corolario de un gran movimiento social que tuvo como saldo un millón de muertos, tuvo especial cuidado de reconocer y ampliar las libertades políticas mencionadas en natural reacción hacia la dictadura que por espacio de más de treinta años se había padecido.

En la larga lucha por la ampliación de nuestra vida democrática, han sido las y los periodistas así como los medios de comunicación los protagonistas principales de la libertad de expresión ganando día con día nuevos espacios para el ejercicio de estos derechos. Con la alternancia política y la consecuente efervescencia ciudadana, se consolidaron los avances en el ámbito de la libertad de expresión y desde luego de las restantes libertades civiles y políticas que se han venido mencionando. Es así que a lo largo y ancho del territorio nacional pero principalmente en la capital de la República por ser el asiento de los Poderes Federales se registran a diario docenas de muestras de inconformidad en contra de los más variados temas. A partir de la masacre del 2 de octubre de 1968, los gobiernos subsecuentes se han mostrado reticentes al empleo de los cuerpos de policía para contener los desórdenes que llegan a registrarse durante marchas, mítines y concentraciones. Sin embargo, tratándose del impulso a las llamadas reformas estructurales producto de la anquilosada visión neoliberal, los gobiernos de la alternancia no han dudado en lanzar a las instituciones de seguridad pública en contra de la ciudadanía en lo que ha sido ampliamente documentado como la criminalización de la protesta social.

La natural predisposición contraria al alza de los impuestos aunada a la irritación social acumulada por efecto de la aplicación permanente mensual y ahora anual de los incrementos en los precios de los combustibles, pero principalmente por los hechos de corrupción extendidos en todos los niveles de gobierno, ha provocado que se desborde la indignación nacional en ocasión de los últimos gasolinazos. La mayoría del país ha estado siempre en contra de que la Nación se desprenda de sus recursos naturales en general y del petróleo en particular. Las contadas personas que llegaron a estar en su momento a favor de la reforma energética, tuvieron esa simpatía impulsados por un resorte único: la baja en los precios de las gasolinas. Numerosos personeros de las fuerzas políticas que desde siempre han impulsado la transferencia a particulares del petróleo de la Nación adujeron en distintos tonos que la bondad principal de la reforma energética sería la baja en los precios de los combustibles. Por eso, a la irritación natural en contra de los impuestos y de los precios de la gasolina se suma el desencanto y la frustración de la gran mayoría de la población que se siente engañada y traicionada con motivo de la discusión, aprobación y entrada en vigor de la reforma energética.

La criminalización de la inconformidad social

La gente no ha dudado en salir a las calles a protestar. En toda la geografía nacional se han registrado muestras de inconformidad en contra del último y peor gasolinazo. Los incrementos desmesurados han provocado que la irritación devenga en la auténtica indignación que se manifiesta en marchas en las avenidas principales, mítines en las plazas públicas y bloqueos a las instalaciones y depósitos de combustibles. Desde sus inicios, la espontánea organización ciudadana ha proclamado y venido reiterando que se trata de un movimiento pacífico con el único objetivo de que se dé marcha atrás en la imposición de los altos precios de las gasolinas que afectan sustancialmente a la economía de las familias, que se ven forzadas a distraer una parte importante de sus ingresos para destinarla a la transportación ya sea a las escuelas y al trabajo en vehículos propios o recurriendo al transporte público que de manera inminente sufrirá también alzas en las tarifas.

Las manifestaciones en contra de los altos precios de la gasolina y consecuentemente de la reforma energética que los trajo consigo se venían realizando, tal y como lo proclamaban sus participantes, de manera pacífica. Sin embargo, súbitamente se comenzaron a registrar incidentes contra el orden público. Con la pretensión de viciar el origen legítimo y democrático de las protestas, surgieron sujetos desconocidos que se dieron a la tarea de llevar a cabo saqueos principalmente en tiendas de autoservicio y departamentales. A pesar de la infiltración de estos grupos de desestabilización en las movilizaciones ciudadanas, la población no ha dejado de manifestar su ira en contra de lo que considera un despojo de sus precarios ingresos a través del nuevo esquema de precios de los combustibles y en un contexto de impunidad por hechos de corrupción en el país.

El gobierno federal, cuestionado aún por su propio partido, no dudó en sacar a la calle a los contingentes de granaderos esperando que con el transcurso del tiempo las protestas se diluyeran. No obstante, lejos de disminuir, las muestras de inconformidad en contra de los altos precios de la gasolina se han intensificado y extendido. En este contexto, en el municipio de Playas de Rosarito, Baja California con fecha 8 de enero del año en curso tuvo lugar un bloqueo en los almacenes de combustible de Pemex que surten a dicho municipio y el de Tijuana. Como es natural, los medios de comunicación locales y los nacionales enviaron respectivamente a sus reporteros y corresponsales a cubrir un hecho que resulta desde luego de interés informativo pues se refiere a la cadena de eventos que se ha colocado en primer lugar en el interés de la ciudadanía.

La Policía Federal en lugar de hacer un uso racional de la fuerza y de observar escrupulosamente el respeto a que están obligados de las libertades civiles tanto de expresión como de asociación, optó por la utilización indiscriminada de la fuerza. En efecto, los agentes federales agredieron a Laura Sánchez Ley, corresponsal de El Universal, a Luis Alonso Pérez, colaborador de Animal Político y Univisión y a Jesús Bustamante, fotógrafo del periódico Frontera. A los tres comunicadores se les impidió llevar a cabo su labor informativa y además fueron víctimas de violencia por parte de miembros de instituciones de seguridad pública en las que durante casi quince años se ha hecho una cuantiosa inversión de miles de millones de pesos precisamente para capacitarlos para que lleven a cabo su función dentro de los cauces del Estado de Derecho.

Este tipo de atropellos en contra de la ciudadanía en su legítima protesta y de las y los periodistas que en ejercicio de la libertad de expresión cubren estos acontecimientos que muchos consideran ya de carácter histórico, deben ser puntualmente sancionados aplicando las leyes de orden penal y de responsabilidad administrativa de los servidores públicos a quienes resulten responsables producto de una investigación profunda y exhaustiva de la Fiscalía General de la República.

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión requiere con toda atención al titular de la Fiscalía General de la República para que, de conformidad con la preceptiva en la materia, asuma, lleve a cabo y agote la investigación de los hechos en que las y los periodistas mencionados en el cuerpo de esta proposición fueron agredidos para efectos de que se aplique la ley en todas sus consecuencias a los responsables.

Segundo. Se requiera con respeto al titular de la Secretaría de Gobernación para que gire instrucciones a los altos mandos de la Policía Federal a fin de que garanticen que su intervención en ocasión de las muestras de inconformidad de la ciudadanía en contra de los incrementos en los precios de los combustibles se hagan con absoluta observancia y respeto de las libertades civiles de la población.

Tercero. A los titulares de la rama ejecutiva de los tres órdenes de gobierno se les requiere, con toda atención, para que se abstengan de criminalizar la protesta social en ocasión del incremento de los precios de los combustibles y otorguen la garantía de no repetición de agresiones en contra de periodistas que desempeñan su labor informativa en torno a dichos acontecimientos.

En el recinto del Senado de la República, en la Ciudad de México, a 10 de enero de 2017.— Senador Marco Antonio Blásquez Salinas (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Derechos Humanos, de la Cámara de Senadores.

TRAGEDIA OCURRIDA EL PASADO 18 DE ENERO EN EL COLEGIO AMERICANO DEL NORESTE, UBICADO EN LA CIUDAD DE MONTERREY

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se lamenta la tragedia ocurrida el pasado 18 de enero en el Colegio Americano del Noreste, en Monterrey, donde cuatro personas resultaron heridas y una perdió la vida; y se exhorta al gobierno de Nuevo León a informar a esta soberanía sobre las acciones emprendidas para erradicar la violencia escolar en la entidad, suscrita por senadores del Grupo Parlamentario del PRI

Los suscritos, senadores de la República integrantes del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a la consideración de esta honorable Comisión Permanente la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El pasado 18 de enero, en la ciudad de Monterrey, específicamente en el Colegio Americano del Noreste, se presentó la mayor tragedia de la que se tenga conocimiento en una escuela. Por desgracia, un alumno ingreso a las instalaciones con un arma de fuego e inmediatamente disparó en contra de su maestra y tres alumnos más, para posteriormente dispararse a sí mismo con el propósito de quitarse la vida.

De acuerdo con información difundida por el gobierno de Nuevo León, tres de las cuatro víctimas resultaron con heridas graves, una se encuentra fuera de peligro y el agresor murió por las heridas de bala que se auto infringió.

Si bien en las escuelas de educación básica, media superior y superior se habían presentado casos de violencia, éstos nunca habían escalado a una situación tan grave como la presentada en días pasados en Nuevo León. El ingreso de un arma de fuego a las instalaciones y la intención del alumno de asesinar a sus compañeros y maestra, marca un antes y un después de la violencia escolar en nuestro país.

En el Grupo Parlamentario del PRI mostramos nuestra consternación y preocupación por los sucesos ocurridos en la escuela de Nuevo León. Expresamos nuestra más profunda solidaridad con los alumnos y la maestra que resultaron heridos, así como con toda la comunidad escolar que se ha visto afectada por esta tragedia. Las senadoras y senadores del PRI hacemos votos por su pronta recuperación y que sean atendidos de manera integral y profesional por las instancias correspondientes.

Reiteramos nuestra preocupación por la violencia escolar que se vive en las escuelas de todo el país. Sin duda, esta es una fuerte llamada de atención a las autoridades educativas –sean federales, estatales o municipales– para fortalecer las acciones que ayuden a erradicar las conductas violentas que pongan en peligro la integridad física y emocional de todos los integrantes de la comunidad escolar.

Una situación que debe preocuparnos es que la propia Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos, OCDE, ubica a México como el país con el ambiente escolar más violento de las naciones miembro, específicamente en el nivel de secundaría. El organismo internacional destaca que 6 de cada 10 alumnos sufre intimidación, abusos físicos y agresiones verbales.

Sin embargo, aún estamos a tiempo de poder hacer algo en contra de la violencia escolar, más aún, si pensamos que de ninguna manera queremos que en nuestro país se presenten tragedias mayores como las observadas en las escuelas de Columbine y Connecticut, Estados Unidos, o en Sau Paolo, Brasil, en donde los actos de violencia y manejo de armas cobraron la vida de muchos alumnos y profesores.

En México de ninguna manera podemos acostumbrarnos a ver estos tipos de sucesos. Por ello, es momento de tomar medidas inmediatas para prevenir que los alumnos tengan acceso a las armas e ingresen a las escuelas a causar daños y, sobre todas las cosas, que se permita continúen las agresiones entre alumnos, profesores y directivos.

Sin duda, el gobierno de Nuevo León tendrá la enorme responsabilidad de investigar, con pleno respeto a los derechos humanos y secrecía de las víctimas, las causas que obligaron al alumno agresor a tomar esta decisión equivocada. También de informar a toda la sociedad las acciones se vienen instrumentando para erradicar la violencia en las escuelas.

Asimismo, la Secretaría de Educación Pública, en coordinación con sus homologas en los estados, deberá asumir el compromiso de revisar, actualizar y robustecer los protocolos para combatir la violencia en las escuelas, tal y como se establece en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 y el Plan Sectorial de Educación vigente, a efecto de evitar futuras tragedias.

Hacemos un llamado a la sociedad, en especial a los padres de familia, directivos de las escuelas y maestros, a poner especial atención en los alumnos que presentan conductas antisociales o problemas evidentes, a efecto de que puedan ser canalizados de manera oportuna para ser ayudados profesionalmente.

Los recientes acontecimientos en el Colegio Americano del Noreste, de Nuevo León, hacen evidente que las autoridades educativas tienen el enorme compromiso de fortalecer los programas de prevención y atención de la violencia escolar con el objetivo de atender de manera integral –con la participación de los sectores salud, seguridad pública, prevención de adicciones, el magisterio, padres de familia y organizaciones de la sociedad civil– la violencia escolar.

Reiteramos nuestro profundo sentir por el doloroso suceso del Colegio Americano del Noreste. A todas las víctimas, a la comunidad escolar de Nuevo León, expresamos la solidaridad de esta institución fundamental del Estado mexicano.

Por lo expuesto, es que acudimos a esta honorable asamblea a proponer los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión lamenta la tragedia ocurrida en el Colegio Americano del Noreste el pasado 18 de enero y expresa su más profunda solidaridad con las víctimas de la tragedia.

Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al gobierno de Nuevo León, a que informe a esta soberanía sobre los avances en la instrumentación de acciones para prevenir, erradicar y atender la violencia escolar en la entidad, asimismo, a realizar una investigación transparente, exhaustiva y expedita para conocer las causas de la tragedia.

Tercero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Educación Pública, en coordinación con sus homologas en las 32 entidades federativas, a reforzar las acciones encaminadas para evitar que los alumnos ingresen con armas de fuego o punzocortantes en las escuelas de todo el país, a fin de evitar futuras agresiones en el interior de las escuelas.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, a 25 de enero de 2017.— (Rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Educación, de la Cámara de Senadores.

REDOBLAR ESFUERZOS DE PROTECCIÓN A NUESTROS CONNACIONALES EN ESTADOS UNIDOS

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SRE a redoblar los esfuerzos de protección de los connacionales en Estados Unidos; y a la SHCP, a garantizar la disponibilidad de recursos para asistirlos y protegerlos, suscrita por los senadores Gabriela Cuevas Barrón y Juan Carlos Romero Hicks, del Grupo Parlamentario del PAN, así como Armando Ríos Piter, del Grupo Parlamentario del PRD

Los suscritos, senadores Gabriela Cuevas Barrón y Juan Carlos Romero Hicks, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de Acción Nacional, así como el senador Armando Ríos Piter, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXIII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 117, 118, 121, 122, 123 y 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 8, numeral 1, fracción II, y 276, fracción I, del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración del pleno de la Comisión Permanente proposición con punto de acuerdo, bajo las siguientes

Consideraciones

Primera. La red consular de México en Estados Unidos es la más grande que tiene un país dentro de otro. México cuenta con 50 consulados en ese país que ofrecen servicios a una comunidad de 34 millones personas de origen mexicano. De esos 34 millones, 11 millones son nacidos en México. Pese a que esta comunidad está dispersa a lo largo y ancho del territorio estadounidense, una gran parte de los migrantes nacidos en México viven en el sur y suroeste del país. Los estados con mayor número de connacionales de este grupo son: California (4.3 millones) –en donde vive la comunidad de mexicanos más grande fuera de México (12 millones de personas de origen mexicano)–, Texas (2.5 millones), Illinois (696 mil), Arizona (515 mil), Georgia (272 mil). Más de un cuarto del total de los migrantes nacidos en México que vive en Estados Unidos se concentra en tres ciudades: Los Ángeles (1.7 millones), Chicago (684 mil) y Dallas (610 mil).

Estos mexicanos, sin importar su condición migratoria, contribuyen todos los días al desarrollo social y económico de Estados Unidos a través de su trabajo. El 93% de la población económicamente activa está empleada. Las personas de origen mexicano representan cerca del 11% de la población de Estados Unidos. Los mexicanos en Estados Unidos contribuyen con 8% del PIB de ese país. Actualmente son el grupo de migrantes que más empresas abren en Estados Unidos. 1 de cada 25 empresas ahí son propiedad de migrantes mexicanos.

Segunda. Desde inicios de su campaña presidencial, Donald Trump declaró que deportaría hasta tres millones de migrantes irregulares con antecedentes criminales. El gobierno federal mexicano calcula que esta repatriación podría afectar como máximo a un millón de mexicanos indocumentado s con antecedentes penales. Reiteradamente, Trump ha asegurado que eliminará el Programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia o DACA con el que 2.1 millones de jóvenes que ingresaron de manera irregular a Estados Unidos antes de la edad de 16 años quedaron protegidos con permisos de trabajo o estudios con la orden del presidente Obama en 2012. La revocación de este programa dejaría vulnerables a alrededor de 585 mil jóvenes o dreamers mexicanos a la repatriación.

Si Trump instrumenta esta política, sería la segunda deportación de esta magnitud en lo que va del siglo. Durante su administración, el presidente Obama deportó 2.8 millones de personas entre 2009 y 2016. Los mexicanos encabezan la lista de nacionalidades de los deportados. Aun así, no estamos preparados para dar la atención y protección que esta comunidad necesita y merece. Es imperante redoblar los esfuerzos de la Cancillería, en conjunto con los tres niveles del gobierno, para ampliar el marco institucional y las líneas de acción existentes para la protección de los mexicanos en el exterior. Particularmente en este momento, México debe promover el empoderamiento de la comunidad migrante que reside en Estados Unidos para proveer una protección real y efectiva frente a las amenazas de expulsión.

En los últimos años, el servicio consular se ha profesionalizado, desempeñando una tarea esencial en materia de la protección de los derechos de nuestros connacionales en el exterior, principalmente en Estados Unidos, donde se concentra la mayor proporción de nuestra diáspora. La Secretaria de Relaciones Exteriores, de acuerdo con la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal en su artículo 28, ejerce facultades de protección consular. La fracción II del mismo artículo le confiere específicamente a la SRE la capacidad de dirigir el Servicio Exterior en los ámbitos diplomático y consular. Además de su facultad de dirección, es su labor proporcionar protección a los mexicanos, cobrar derechos consulares y otros impuestos; ejercer funciones notariales, de Registro Civil, de auxilio judicial y otras funciones federales señaladas en las leyes.

De acuerdo con datos del cuarto informe de labores de la Secretaria de Relaciones Exteriores, entre el l de septiembre de 2015 y el 31 de agosto de 2016, se atendieron 139,501 casos de protección y asistencia consular en materia de derechos humanos, penal, migratoria, civil, laboral y administrativa, mismos que fueron reportados por la Red Consular de México en Estados Unidos. Además, el Centro de Información y Asistencia a Mexicanos atendió 90,494 llamadas en atención a dudas e inquietudes sobre las reformas migratorias en ese país.

En términos generales, esta asistencia podrá mejorar sustantivamente en cuanto se tenga un registro más completo de los connacionales y de su situación migratoria, económica, penal, educativa, familiar e incluso de salud. El Estado mexicano debe tener muy claro que la comunidad migrante se compone de grupos con distintas características que requieren de un seguimiento especializado a sus condiciones: indocumentados, menores, dreamers, mexicanos de segunda y tercera generación, migrantes temporales o de larga estancia, etcétera. Una base de datos ampliada permitirá ofrecer una atención consular pertinente y oportuna, con énfasis en las poblaciones más vulnerables.

Ante las declaraciones del presidente electo de Estados Unidos, el grupo migratorio más expuesto lo componen los mexicanos con antecedentes penales. De acuerdo con la Universidad de Syracuse, en noviembre de 2016 había 127,020 casos de pendientes de recibir una sentencia en Estados Unidos. Mediante Asesorías Legales Externas en los Estados Unidos de América, dentro del Programa de Asistencia Jurídica a Mexicanos, los Consulados de nuestro país suscribieron 349 contratos nuevos con abogados, firmas legales y Organizaciones No Gubernamentales, logrando atender 3,400 casos entre ello de septiembre de 2015 y el 31 de agosto de 2016. De igual forma, a través del Programa de Asistencia Jurídica a Casos de Pena Capital en Estados Unidos, se atendieron a 185 casos, de los cuales se logrando evitar sentencia de pena de muerte a 32 connacionales durante el mismo periodo. Aun así, los consulados deben ofrecer un mayor acompañamiento legal, con servicios profesionales de abogados y un seguimiento que garantice el debido proceso y el ejercicio de los derechos de nuestros connacionales.

En el ámbito educativo, en noviembre de 2015 se aportaron 19 millones de pesos a becas para el programa IME-Becas. Además, se destinaron 40 millones de pesos al programa de Plazas Comunitarias. Con ello, y con la colaboración de 200 organizaciones educativas y fundaciones estadounidenses, se otorgaron 12 mil becas. Además, al 31 de agosto de 2016, había 359 plazas’ comunitarias operando en 40 estados de la Unión Americana. El Estado mexicano debe garantizar que el acceso a la educación de los mexicanos en Estados Unidos no quede truncado si se levantan apoyos del gobierno local a los migrantes. Para ello, los consulados pueden, promover programas de educación informal, así como la enseñanza del idioma inglés, que debe ser prioritaria.

Asimismo, debe ampliar los fondos de becas, especialmente en el nivel de educación superior. Esto es particularmente relevante ante la posible suspensión del Programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (Deferred Action for Children Arrivals - DACA) con la llegada de Trump. Cabe destacar que la Cancillería mexicana destinó $1,133,319.48 dólares para dar apoyo a trámites de DACA a 24,071 jóvenes, entre junio de 2012 y el 31 de mayo de 2016. Aunado a eso está la suspensión de la instrumentación de la ampliación del Programa DACA y del Programa de Acción Diferida para los Padres de Ciudadanos (Deferred Action form Parental Arrivals-DAPA), programas que buscan evitar la deportación de un segmento de la población indocumentada en Estados Unidos y les permitan el acceso a múltiples servicios, como la educación.

En cuanto a las amenazas de gravación de las remesas de nuestros connacionales-que en 2015 alcanzaron los 23,683 millones de dólares–, el Estado mexicano debe promover mecanismos para proteger el valor integral de los envíos. Cabe destacar que la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro recientemente posibilitó la apertura de cuentas de ahorro vía telefónica, Jo cual podría blindar parte del capital de los migrantes. Asimismo, a través del Programa 3x1 para Migrantes, el gobierno federal, estatal y municipal aportan una suma complementaria al dinero que envían los migrantes a sus familias. Además de esto, pueden instrumentarse esquemas de microcrédito e inversión, así como ampliarse los programas de educación financiera en beneficio de los connacionales y sus familias en México.

Asimismo, en casos de repatriación, deberá garantizarse el acompañamiento legal a los migrantes mexicanos que tengan patrimonio en Estados Unidos, para que no lo pierdan tras su repatriación. Cabe destacar que la Secretaria de Gobernación ha hecho difusión sobre las recomendaciones que los migrantes en peligro de deportación pueden seguir para proteger sus bienes.

Alrededor de 300 jurisdicciones en Estados Unidos cuentan con políticas de amparo a los inmigrantes irregulares. Es decir que, en muchas ciudades “santuario” los connacionales gozan de protección legal especial. Trump ha amenazado con retirar fondos federales a los estados que no cooperen con su campaña de deportación, lo que podría provocar el levantamiento del amparo con el que cuentan los migrantes. Pese a esta amenaza, ciudades como Nueva York, Chicago y Los Ángeles han declarado que continuarán con sus políticas santuario. Aun así, para prevenir la criminalización y repatriación de los que podrán verse afectados, los consulados deberán divulgar no sólo los derechos de los migrantes, sino las leyes y reglamentos locales para que sean debidamente cumplidos y evitar así detenciones.

A nivel general, las políticas de protección consular deben estar focalizadas a las familias susceptibles de sufrir rupturas con las repatriaciones. Se debe centrar la atención en los menores estadounidenses hijos de mexicanos, para evitar la separación de sus padres si éstos son repatriados. Los consulados, si bien ya desempeñan labores en materia de reintegración familiar y de apoyo a personas en situación vulnerable, como en estos casos, es fundamental que se garantice la existencia de elementos y recursos suficientes para que esta labor se mantenga efectiva. Asimismo, cabe mencionar que se requerirá la conjugación de las acciones de los tres niveles de gobierno y de otros actores de la sociedad civil, quienes también se desempeñan en el ámbito de apoyo legal, para atender y dar respuesta a los casos que requieran la re unificación de las familias.

Aunado a todas estas acciones que la Secretaria de Relaciones Exteriores ha adoptado en los últimos años para aumentar la protección de los mexicanos en el exterior, como respuesta específica a las declaraciones de Trump en contra de nuestros connacionales, esta dependencia difundió el pasado 16 de noviembre una lista de 11 medidas. Los ejes de las acciones se enfocan principalmente en la rama consular, propiciando la cercanía de los consulados a la población. Los puntos son los siguientes:

1. Difundir entre la comunidad mexicana el Centro de Información de Atención a Mexicanos (CIAM). Este número telefónico desde EUA sin costo: 185 54 63 63 95 ofrece un primer punto de contacto con el gobierno de México para quien requiera asistencia, información y protección consular.

2. Activar una línea directa (1800), disponible 24 horas, para atender cualquier duda sobre medidas migratorias o reportar incidentes.

3. Fomentar entre la comunidad mexicana el uso de la aplicación gratuita para dispositivos móviles MiConsulmex, que contiene información relevante sobre actualidad migratoria, así como datos de contacto de los consulados y prestadores de servicios migratorios.

24 SRE (noviembre 2016). Estamos Contigo: Acciones Inmediatas. Consultado el 12 de enero de 2017. Revisado en hllps:/Iwww.gob.mxlsre/prensa/estamos-contigo-acciones-inmediatas

4. Aumentar la presencia de consulados móviles y sobre ruedas, él fin de ofrecer servicios integrales de protección y documentación a un mayor número de personas en sus comunidades.

5. Con la intención de promover que todos los mexicanos cuenten con documentos de identidad, se aumentará el número de citas para realizar para realizar trámites de matrícula consular, pasaportes y actas de nacimiento.

6. Intensificar la promoción del registro y expedición de actas de nacimiento, de hijos de nacionales mexicanos nacidos en Estados Unidos.

7. Extender el horario de los departamentos de protección de los consulados con el propósito de atender un mayor número de casos.

8. Acelerar la apertura de Ventanillas de Asesoría Financiera y fortalecer la campaña de bancarización en toda la red consular.

9. Reforzar el diálogo con autoridades estatales y locales, en el entendido que las políticas locales determinan, en buena medida, la vida diaria de los mexicanos en EUA.

10. Estrechar la relación con organizaciones de derechos civiles.

11. Hacer un llamado a las comunidades a evitar toda situación de conflicto y a no incurrir en acciones que puedan derivar en sanciones administrativas o penales.

A todos los esfuerzos administrativos de los consulados deben sumarse campañas de sensibilización que promuevan el entendimiento mutuo, el diálogo y el respeto entre diferentes culturas, para combatir la criminalización, la discriminación y la exclusión generadas por el desconocimiento y la desconfianza. En concreto, esto permitirá prevenir crímenes de odio, los cuales incrementaron en 14% entre 2014 y 2015 contra hispanos, y 35% en California (de 60 en 2014 a 81 en 2015). Al mismo tiempo, son fundamentales las acciones de la Cancillería para impulsar la integración de una comunidad cuya cohesión y organización no es muy fuerte. Por eso es necesario que se fortalezcan las redes entre la Embajada y los consulados, y la población.

A efecto de que la protección consular pueda seguir profesionalizándose y mejorando para el beneficio de nuestros connacionales, particularmente en la incertidumbre que está generando un discurso xenófobo y agresivo del próximo Presidente de Estados Unidos, es indispensable aumentar las capacidades y los recursos de la Cancillería.

Tercera. De acuerdo con el Presupuesto de Egresos de la Federación, el ejercicio fiscal correspondiente a 2017 contempla una reducción del presupuesto para la Secretaría de Relaciones Exteriores del 0.29%, con relación al año anterior. No obstante, los recursos destinados a atención, protección, servicios y asistencia consular aumentaron en un 16.5%, lo que significa un incremento de más de 77 mil millones de pesos.

En ese sentido, es importante destacar que en el presupuesto de los últimos dos años destinados a la Cancillería, los fondos asignados a la protección consular han aumentado en promedio 11.7%, en contraste con una reducción promedio del 1.7% del presupuesto total de la dependencia, como se puede ver en la tabla 1.

No obstante, entre enero de 2016 y enero de 2017, el peso se devaluó frente al dólar en 17.7%, pasando de 18.6 a 21.9 unidades por dólar. Así, en términos reales, el presupuesto de la Cancillería y de los consulados se ha contraído. Por ello, resulta imperante dotar a los consulados de recursos suficientes, proporcionales al tamaño de sus servicios y de la comunidad migrante a la que atienden.

En razón de lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración del Pleno de la Comisión Permanente el siguiente

Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al Ejecutivo Federal para que fortalezca la red diplomática y consular en Estados Unidos de América, con la finalidad de brindar asistencia y protección consular a los nacionales mexicanos que residen en ese país.

Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al Instituto Nacional del Migrante para que coordine una estrategia integral de atención a migrantes y sus familias. Misma que deberá incluir convenios con las entidades federativas, así como con organismos públicos y privados para promover acciones que conlleven al mejoramiento de las condiciones de vida de los migrantes.

Tercero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Gobernación para elaborar protocolos de actuación que respondan a la normativa nacional e internacional, para la atención de a la población migrante en retorno, tránsito y destino en situación de vulnerabilidad.

Cuarto. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al Ejecutivo federal para que, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, garantice la disponibilidad de los recursos necesarios que permitan asegurar la oportuna asistencia y protección consular a los nacionales mexicanos que residen Estados Unidos de América.

Notas

1 MPI, Frequently Requested Statistics on Immigrants and Immigration in the United States, a través de

http://www.migrationpolicy.org/article/frequently-requested-sta tistics-immigrants-and-immigration-united-states#Mexican Immigrants (último acceso 12 de enero de 2017).

2 MPI. U.S. Immigrant Population by State and County con datos del US Census Bureau’s pooled 2010-2014 American Community Surveys, a través de

http://www.migrationpolicy. org/programs/data-hub/charts/us-immigrant-population-state-and-county?wid-h=100 0&height=850&frame=true (último acceso 12 de enero de 2017).

3 MPI, Mexican Immigrants in the United States, a través de

http://www.migrationpolicy.org/article/mexican-immigrants-unite d-states-3#3 (último acceso 12 de enero de 2017).

4 Pew Research Center. (2016). Origen de hispanos en Estados Unidos. Visto en BBC Mundo. (15 de Marzo 2016). Las verdaderas cifras de los hispanos en EEUU y cuánto poder tienen. Revisado el 13 de enero de 2017. Consultado en

http://www.bbc.com/mundo/noticias/2016/03/160304_intemacional_e lecciones_eeuu_2016_cifras_latinos_lf

5 BBVA Research, Situación. Migración México, a través de

https://www.fundacionbbvabancomer.org/imagenes/docs/SitMig_2012 Jul.pdf (último acceso 12 de enero de 2017).

6 Partnership for a New American Economy, Open for Business, a través de

http://www.renewoureconomy.org/sites/aIUthemes/pnae/openforbusi ness.pdf (último acceso

7 Así lo afirmó el subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación, Felipe Solís Acero, en noviembre de 2016. Ver Cámara de Diputados (22 de noviembre de 2016), Nota No. 5048,

htlp://www5.diputados.oob.mxlindex.php/esIlComunicacion/Aoencia ¬de-Noticias/2016/11-Noviembre/22/5048-Estima-oobierno-de-Mexico-oue-Donald- Trump-podria-deportar-al-pais-menos-de-un-millon¬de-inmiorantes-indocumentados- afirma-Solis-Acero

8 Rodríguez, M. (2016) “Quiénes son los dreamers y cuál es su situación migratoria”. Revisado el 12 de enero en:

http://inmigracion.about.com/od/preguntasfrecuentes/a/Qui-Enes- Son-Los-Dreamers-lnformaci-On-De-La-Dream-Act.htm

9 Estimación calculada a partir de datos del Pew Research Center. Del total de poseedores del apoyo DACA, 78% aproximadamente son mexicanos. Krogstad, J.M. (5 de enero de 2017). “Unauthorized immigrants covered by DACA face uncertain future”. En Pew Research Center. Consultado en

http://www.pewresearch.org/fact-tank/2017/01/05/unauthorized-im migrants-covered-by-daca-face-uncertain-Murel

10 Clemente, A. (2016) “Con 2.8 millones, Obama es el que más ha deportado indocumentados”. El Financiero. Revisado el 12 de enero de 2017 en:

http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/con-millones-obama-es-e l-que-mas-ha-deportado-indocumentados.html

11 Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. (1976). Consultado el 12 de enero de 2017. Revisado en

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/153_191216.pdf

12 SRE (septiembre 2016). “Atención Ciudadana a Connacionales en el Exterior” 4to Informe de labores 2015-2016. p 189-218. Consultado el 12 de enero de 2017.

13 Ibídem. P. 190.

14 Ibídem. P. 199.

15 Universidad de Syracuse. (2016). Immigration Court Backlog Tool: Pending Cases and Length of Wait in Immigration Courts. Consultado el12 de enero de 2017. Revisado en

http://trac.syr.edulphptools/immigration/court_backlog/

16 SRE (septiembre 2016). Op. Cit.

17 Ibídem. P. 191.

16 Ibídem. P. 211

19 Ibídem. P.199

20 En noviembre de 2014, el presidente Obama decretó la ampliación de la medida ejecutiva migratoria DACA. Dicha ampliación ofrecía un amparo a aquellos jóvenes que han vivido en Estados Unidos desde el1 de enero de 2010 y que llegaron al país antes de los 16 años de edad de solicitar los beneficios de la acción diferida. Además, ampliaba el periodo de la acción diferida y la autorización de empleo a tres años; el DACA original lo hacía por dos años y limitaba las condiciones a aquellos llegados a los 16 años, nacidos en o después de 1981 y que entraron a EEUU antes de junio de 2007. No obstante, fue suspendido temporalmente por el Juez. Federal del Distrito Sur de Texas. Consultado en

https:/Iconsulmex.sre.gob.mxldouglas/images/stories/BOLETINES/2 015/dou-bp-006-15%20¬%20suspensin%2Otemporal% 20de%20dapa%20y%20daca%20ampliada.pdf

21 En 2014, el presidente Obama anunció la creación de la Acción Diferida para Padres de Americanos y Residentes Legales, programa con el que los inmigrantes irregulares padres de ciudadanos americanos y residentes permanentes podrían ser protegidos contra deportaciones y elegidos para solicitar permisos de trabajo si cumplen ciertas condiciones (febrero 2016). “Deferred Action for Unauthorized Immigrant Parents: Analysis of DAPA’s Potential Effects on Families and Children”. En Migration Policy Institute.

Consultadoenhttp://www.mig rationpolicy.org/research/deferred-action-unauthorized-immigrant-parents-analys is-dapas-potential¬effects-families

22 SRE, (2016) “Numeralia México-Estados Unidos”.

23 Center for Immigration Studies, (Diciembre 2016). “Sanctuary Cities Continue to Obstruct Enforcement, Threaten Public Safety”. Consultado el 13 de enero de 2017 en:

http://cis. org/Sanctuary-Cities-Map

24 SRE (noviembre 2016). Estamos Contigo: Acciones Inmediatas. Consultado el 12 de enero de 2017. Revisado en

https://www.gob.mxlsre/prensa/estamos-contigo-acciones-inmediat as

25 MCPhate, M. (2016) “Law Center Finds Surge in Extremist Groups in U.S. Last Year”. New York Times. Revisado el12 de enero de 2017 en: https://www.nytimes.com/2016/02/18/us/law-center-finds-surge-in-extremist-group s-in-us-last_year.html

26 State of California, Department of Justice. (2016). “Attorney General Kamala D. Harris Releases 2015 California Crime Reports”. Revisado el 12 de enero de 2016 en:

https://oag.ca.gov/news/press-releases/attorney-general-kamala- d-harris-releases-2015¬california-crime-reports

27 Valores máximos de enero de 2016 y enero de 2017 de acuerdo con datos de Banxico 2017.

Ciudad de México, a 25 de enero de 2017.— Senadores: Gabriela Cuevas Barrón, Juan Carlos Romero Hicks, Armando Ríos Piter (rúbricas).»

Se turna a la Comisión de Relaciones Exteriores América del Norte, de la Cámara de Senadores.

GARANTIZAR EL ESTADO DE DERECHO Y A ESTABLECER UNA MESA DE DIÁLOGO CON LA FINALIDAD DE RESOLVER LA PROBLEMÁTICA QUE PREVALECE EN EL MUNICIPIO DE TEOPISCA, EN EL ESTADO DE CHIAPAS

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno de Chiapas a garantizar el estado de derecho y establecer una mesa de diálogo para resolver la problemática prevaleciente en Teopisca, suscrita por el senador Zoé Robledo Aburto, del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, senador Zoé Robledo Aburto, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 a 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que se refiere al funcionamiento de la Comisión Permanente, somete a consideración del pleno la presente proposición con puntos de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Desde principios de año, diversos ejidatarios de Teopisca, Chiapas, han denunciado que el alcalde, Luis Alberto Valdez Díaz, no ha cumplido la construcción de 297 viviendas que se comprometió a realizar con el carácter de prioritario en una reunión con los ejidatarios el 12 de enero de 2016. El 13 de mayo se entregaron 2 millones 430 mil pesos a la constructora Nucamendi García y Asociados, SA de CV, en calidad de “anticipo para acciones de vivienda”.

A mediados de 2016, los beneficiarios comenzaron a percibir el retraso de las obras. Por ello, el 2 de agosto se celebró una reunión de trabajo entre el presidente municipal, el representante de la empresa constructora y los representantes de los ejidatarios beneficiarios de la obra, debido a los atrasos en los trabajos de construcción de las viviendas. En esta reunión se acordó que la empresa constructora reiniciaría el suministro de materiales y tendría mayor comunicación con el Comité de Vivienda, el Comisariado Ejidal y la Dirección de Obras Públicas.

El 26 de septiembre del mismo año, la empresa en comento se comprometió ante las autoridades municipales y los representantes del ejido de Teopisca a entregar 99 viviendas en condiciones óptimas el 26 de diciembre de dicho año. Por su parte, el ayuntamiento se comprometió a realizar gestiones ante los gobiernos estatal y municipal para lograr la gestión de 50 viviendas más y completar 149 para 2016, lo que representaba la mitad más uno de las 297 viviendas prometidas. Asimismo, el ayuntamiento de comprometió a completar las 148 viviendas restantes en 2017.

No obstante lo anterior, el retraso de las obras fue evidente, y el 7 de noviembre de 2016 se celebró una reunión en la Subsecretaría de Atención Municipal de la Secretaría de Gobierno y del estado, entre los representantes de las localidades, el subsecretario de Atención Municipal, representantes de la Secretaría de Desarrollo y Empoderamiento para las Mujeres, el presidente municipal de Teopisca y el representante de la empresa constructora Nucamendi García y Asociados, SA de CV. En dicha reunión se acordó un calendario, para que la empresa cumpliera en tres meses sus obligaciones, señalándole que en caso de incumplimiento sería sancionada administrativa y judicialmente, y sería requerida para ejecutar de inmediato los trabajos.

Sin embargo, según reportan los beneficiarios, hasta la fecha únicamente se han construido 7 viviendas. Por ello, el pasado lunes 16 de enero de 2017, un grupo de ejidatarios de la cabecera municipal decidieron suspender el servicio de agua potable y cerraron el edificio de la presidencia municipal, colocando candados en la puerta, para presionar y exigir que el presidente municipal cumpla con sus compromisos. Consecuentemente, otros servicios municipales se han suspendido y las calles lucen llenas de basura provocando un foco de infección para la población.

Desde el pasado viernes 20 de enero, ejidatarios exigen la renuncia de Valdez Díaz y que el Congreso local instale un concejo municipal, donde estén representadas todas las fuerzas del municipio. Ante estos hechos, los agentes rurales, jueces y demás representantes de las 48 comunidades de ese municipio acordaron que el presidente municipal y los directores de las diversas áreas administrativas, despacharán de manera provisional en el ejido Betania.

Acto seguido, se trasladaron los poderes municipales a la comunidad de Betania, en los límites con San Cristóbal de las Casas, donde sesiona el cabildo desde el pasado lunes 23 de enero. Pero, ese mismo día los ejidatarios instalaron el bloqueo en el kilómetro 116, en la Vía Panamericana, tramo San Cristóbal de las Casas-Comitán de Domínguez (en las cercanías de Betania) en demanda de la renuncia del presidente municipal, porque desde octubre del 2015, no ha realizado las obras a que se comprometió en su campaña, ni en la cabecera municipal ni en las comunidades del municipio.

Por lo expuesto propongo los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al gobierno de Chiapas, con absoluto respeto de su soberanía, para que por conducto de las autoridades competentes, en ejercicio de sus respectivas atribuciones legales, se garanticen la seguridad y el estado de derecho en Teopisca.

Segundo.La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al gobierno de Chiapas, con absoluto respeto de su soberanía, para que por conducto de las autoridades competentes, en ejercicio de sus respectivas atribuciones legales, de manera conjunta y coordinada con el ayuntamiento de Teopisca, se restituyan los servicios públicos del municipio.

Tercero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al gobierno de Chiapas y al ayuntamiento de Teopisca, con absoluto respeto de su soberanía y autonomía, respectivamente, a establecer una mesa de diálogo entre los ejidatarios afectados, el presidente municipal de Teopisca, la Secretaría de Desarrollo y Empoderamiento para las Mujeres y la Subsecretaría de Atención Municipal de la Secretaría de Gobierno y del estado, que garantice la ejecución de los acuerdos realizados entre estas autoridades y la empresa constructora Nucamendi García y Asociados, SA de CV, en favor de los beneficiarios, a fin de resolver la problemática prevaleciente en el municipio.

Cuarto. Se solicita a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión que tenga a bien considerar esta proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución.

Dado en la sede de la Comisión Permanente, a 25 de enero de 2017.— Senador Zoé Robledo Aburto (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenación Territorial, de la Cámara de Senadores.

PRÁCTICA DE CESÁREAS EN EL PAÍS

«Proposición con punto de acuerdo, relativo a la práctica de cesáreas en el país, suscrita por el diputado Jesús Sesma Suárez e integrantes del Grupo Parlamentario del PVEM

Quien suscribe, diputado Jesús Sesma Suárez, en nombre de los diputados federales del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, de la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Los derechos de las mujeres y las niñas son derechos humanos y abarcan todos los aspectos de la vida, como: la salud, la educación, la participación política, el bienestar económico, el no ser objeto de violencia, entre otros.

La Declaración y Plataforma de Acción de Beijing confirma que la protección y promoción de los derechos humanos es la primera responsabilidad de los gobiernos y está en el centro del trabajo de las Naciones Unidas.

A pesar de lo anterior, siguen existiendo diversas formas de violencia dirigidas explícitamente hacia las mujeres, por ejemplo, en algunas regiones sigue habiendo niveles demasiados altos de mortalidad materna.

Por lo anterior, la protección de los derechos de las mujeres y las niñas debe estar consagrada en leyes y políticas nacionales firmemente enraizadas en las normas internacionales de derechos humanos.

En el ámbito internacional, una serie de conferencias internacionales realizadas en el marco del alcance de los derechos humanos, como la Convención Sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer, la Declaración de las Naciones Unidas sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, han alertado sobre la importancia del respeto de los derechos sexuales y reproductivos, definiendo a la salud sexual y reproductiva como una parte inalienable, integral e indivisible de los derechos humanos universales.

En nuestro país, el derecho a la protección a la salud se señala en el párrafo cuarto del artículo 4° de la Constitución Política que dispone:

“Toda persona tiene derecho a la protección de la salud, la ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades Federativas en materia de salubridad general...”

Habiendo dicho lo anterior, reconocemos que las ciencias de la salud tienen como principal objetivo el control de los procesos naturales para mejorar la salud humana y es innegable reconocer los incuantificables beneficios que en este campo han logrado conquistar, sin embargo, en lo referente al parto, se han venido utilizando prácticas de forma sistemática, mecánica y medicada, las cuales muchas veces derivan en situaciones de riesgo y violencia para las mujeres.

“Entendemos por violencia obstétrica toda conducta, acción u omisión, realizada por personal de la salud que de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público como en el privado, afecte el cuerpo y los procesos reproductivos de las mujeres, expresada en un trato deshumanizado, un abuso de medicalización y patologización de los procesos naturales”, esto según la definición de Graciela Medina, quien es Abogada y Doctora en Ciencias Jurídicas y Sociales por la Universidad de Mendoza en Argentina.

Y según el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), la violencia obstétrica es una violación a los derechos humanos y reproductivos de las mujeres, que incluye los derechos a la igualdad, a la no discriminación, a la información, a la integridad, a la salud y a la autonomía reproductiva y la cual se genera en el ámbito de la atención del embarazo, parto y después del parto en los servicios de salud.

Asimismo la Doctora Graciela Medina ubica dos modalidades de violencia obstétrica:

• Física: Es cuando se realiza en la mujer prácticas invasivas y suministros de medicación que no estén justificados por el estado de salud de la persona que va a parir, o cuando no se respeten los tiempos ni las posibilidades de parto biológico.

• Psicológica: Es el trato deshumanizado, grosero, discriminativo y humillante que recibe la mujer cuando va a pedir asesoramiento, comprende de igual modo la omisión de información sobre la evolución de su parto.

Como ya mencionamos anteriormente, prácticas de la ciencia de la salud como la cesárea pueden salvar vidas pero también las arriesga cuando es innecesario. En nuestro país, miles de mujeres son sometidas a una cirugía que no necesitan y compromete su salud y la de sus bebés. Casi la mitad de los partos en México son realizados por cesárea, tres veces más del límite recomendado por la Organización Mundial de la Salud, y los motivos señalados por la Organizaciones no Gubernamentales son preocupantes: dinero y comodidad.

De 2010 a 2015, el 45 por ciento de los nacimientos en nuestro país fueron mediante cesáreas, lo anterior, según cifras de la Secretaria de Salud, cuando la OMS recomienda que la tasa no exceda el 15 por ciento. Este aumento no ha producido ningún beneficio sustantivo para la madre o el recién nacido.

Los médicos que aplican la cesárea explican que esta reduce los riesgos del parto natural, sin embargo, el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), considera que en realidad tiene que ver con los beneficios económicos y la facilidad para los médicos.

“En general es un tema de horarios, pues la espera por un parto natural puede tardarse muchas horas, en ese caso los médicos prefieren inducirlo con oxitocina o programar una cesárea”, lo anterior según Regina Tamés, Directora de GIRE.

Pero el problema no radica en las cesáreas, sino que se abusa de ellas. “Nueve de cada diez bebes pueden nacer por ellos mismos, solo entre 13% y el 16%, aproximadamente, requieren de ayuda directa del ginecobstetra, lo anterior según Norberto Reyes Paredes, subdirector del servicio de ginecología del Instituto Nacional de Perinatología.

La falta de información sobre las opciones de partos naturales, el interés económico de hospitales privados y doctores por obtener altas ganancias y el poco personal médico en el sector salud causan que un alto porcentaje de los partos sean por cesárea.

De 2010 a 2015 ocho de cada diez nacimientos en hospitales privados (2 millones 51 mil) y cuatro de cada diez en hospitales públicos (3 millones 504 mil) fueron por cesárea, según datos brindados por la Secretaria de Salud.

En el sector público hay un gran problema entre el número de médicos y pacientes, por tal motivo muchos médico del sector público prefieren practicar la cesárea, para reducir el tiempo de espera y brindar atención rápida, mas no de calidad, al gran número de pacientes.

En el caso de los hospitales privados, los motivos para practicar cesáreas son diametralmente distintos y obedecen a un factor económico.

A pesar de lo anterior, no puede apelarse a estas situaciones como justificación para violentar los derechos de las mujeres que hacen uso de los servicios de salud y no puede constituir un obstáculo para la adecuada provisión de una atención de calidad, respetuosa y atenta a los derechos humanos.

En cada situación de violencia obstétrica se puede observar la vulneración de más de un derecho, es por ello que urgimos a promover la reflexión y sensibilización del personal de salud sobre este tema en particular para lograr cambiar aquellas prácticas violatorias de los derechos de las mujeres.

En virtud de lo aquí expuesto pongo a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a las autoridades de Salud de los tres niveles de gobierno para que, en el ámbito de sus respectivas competencias, vigilen de manera puntual que el procedimiento quirúrgico conocido como “cesárea” se lleve a cabo de manera responsable y no sea impuesto por el personal médico de los hospitales públicos y privados.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 25 días del mes de enero de 2017.— Diputado Jesús Sesma Suárez (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Salud, de la Cámara de Diputados.

INVESTIGAR POR PRESUNTAS VIOLACIONES A LA LEY GENERAL EN MATERIA DE DELITOS ELECTORALES, COMETIDAS POR LA CIUDADANA AIDA ARREGUI GUERRERO

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la PGR a iniciar una investigación por presuntas violaciones de la Ley General en materia de Delitos Electorales por la ciudadana Aída Arregui Guerrero cuando se postuló como candidata a diputada a la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, suscrita por el diputado Juan Romero Tenorio, del Grupo Parlamentario de Morena

El suscrito, Juan Romero Tenorio, en mi calidad de diputado federal de la LXIII Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario Morena, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 42 de la Ley Orgánica del Congreso, en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración del pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Primera. El 29 de enero de 2016, se publicó en el Diario Oficial de la Federación decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones de los artículos 2o., 3o., 5o., 6o., 17, 18, 21, 26, 27, 28, 31, 36, 40, 41, 43, 44, 53, 55, 56, 62, 71, 73, 76, 79, 82, 89, 95, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 110, 111, 115, 117, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 127, 130, 131, 133, 134 y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de la reforma política de la Ciudad de México.

Como puntos fundamentales de esta reforma se encuentran:

1) La creación de la Ciudad de México como una entidad federativa con autonomía en todo lo concerniente a su régimen interior y a su organización política y administrativa, en los términos que establezca la Constitución Política de la Ciudad de México; 2) Que el ejercicio del Poder Legislativo se deposita en la Legislatura de la Ciudad de México; 3) El titular del Poder Ejecutivo se denominará jefe de gobierno de la Ciudad de México; 4) El ejercicio del Poder Judicial se deposita en el Tribunal Superior de Justicia, el Consejo de la Judicatura y los juzgados y tribunales que establezca la Constitución Política de la Ciudad de México; 5) El gobierno de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México estará a cargo de las alcaldías, que son órganos político administrativos que se integrarán por un alcalde y por un concejo electos para un periodo de tres años; 6) Se establece el régimen transitorio para la composición de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, encargada de aprobar y expedir la Constitución Política de la Ciudad de México.

A fin de conformar la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, la fracción VI del artículo séptimo transitorio de esta reforma Constitucional estableció, entre otras cosas, los requisitos y prohibiciones para ser electo como diputado a la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, entre los que se indica, en su inciso n) una prohibición expresa para “No ser ministro de algún culto religioso”, y a la letra señala:

“VI. Para ser electo diputado constituyente en los términos del presente apartado, se observarán los siguientes requisitos:

...

n) No ser ministro de algún culto religioso; y

...”

Segunda. El Constituyente Permanente determinó el procedimiento para la elección de las diputaciones que integrarán la Asamblea Constituyente, con el fin de que los poderes constituidos puedan llevar a cabo sus atribuciones con base en un marco constitucional propio de la Ciudad de México, por lo que el poder revisor de la Constitución otorgó al Instituto Nacional Electoral la potestad de llevar a cabo el procedimiento electoral, el cual, por mandato constitucional debió ajustarse a las reglas generales aprobadas por la autoridad administrativa electoral a través de su Consejo General.

En este orden de ideas el Instituto Nacional Electoral emitió convocatoria respectiva para que los partidos políticos nacionales pudieran participar en la elección de sesenta diputados para integrar la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, registrando listas con fórmulas integradas por propietarios y suplentes, conforme a las reglas establecidas en el artículo séptimo transitorio, Apartado A, fracción I, del decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de reforma política de la Ciudad de México, así como en las previstas en los Lineamientos que para tal efecto emitió el Consejo General del Instituto, la cual dentro en su Base Segunda señalaba los requisitos necesarios para aspirar al cargo de diputado electo a la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México y a la letra dicen:

“ Bases

Primera. El domingo 5 de junio de 2016, se llevará a cabo la elección de sesenta diputados y diputadas para integrar la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México.

Segunda. Podrán participar como candidatos para integrar la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, las y los ciudadanos que cumplan con los siguientes requisitos:

a) Ser ciudadano mexicano, por nacimiento, en el ejercicio de sus derechos.

b) Tener veintiún años cumplidos el día de la elección;

c) Ser originario de la Ciudad de México o vecino de ella con residencia efectiva de más de seis meses anteriores a la fecha de la elección;

d) Estar inscrito en el Registro Federal de Electores y contar con credencial para votar vigente;

e) No estar en servicio activo en el Ejército federal ni tener mando de policía en el Distrito Federal, cuando menos sesenta días antes de la elección;

f) No ser titular de alguno de los organismos a los que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos otorga autonomía, salvo que se separen de sus cargos sesenta días antes del día de la elección;

g) No ser secretario o subsecretario de Estado, ni titular de alguno de los organismos descentralizados o desconcentrados de la administración pública federal, salvo que se separen de sus cargos sesenta días antes del día de la elección;

h) No ser ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o miembro del Consejo de la Judicatura Federal, salvo que se separen de sus cargos sesenta días antes del día de la elección;

i) No ser magistrado, ni secretario del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación o del Tribunal Electoral del Distrito Federal, ni consejero presidente o consejero electoral de los consejos General, locales, distritales o de demarcación territorial del Instituto Nacional Electoral o del Instituto Electoral del Distrito Federal, ni Secretario Ejecutivo, director ejecutivo o personal profesional directivo de dichos institutos, ni pertenecer al servicio profesional electoral nacional, salvo que se separen definitivamente de sus cargos, tres años antes del día de la elección;

j) No ser legislador federal, ni diputado a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, ni Jefe Delegacional, salvo que se separen de sus cargos sesenta días antes del día de la elección; resultando aplicable en cualquier caso lo previsto en el artículo 125 de la Constitución;

k) No ser magistrado del Tribunal Superior de Justicia o del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, ni miembro del Consejo de la Judicatura del Distrito Federal, ni magistrado o juez federal en el Distrito Federal, salvo que se separen de sus cargos sesenta días antes del día de la elección;

l) No ser titular de alguno de los organismos con autonomía constitucional del Distrito Federal, salvo que se separen de sus cargos sesenta días antes del día de la elección;

m) No ser secretario en el gobierno del Distrito Federal, ni titular de alguno de los organismos descentralizados o desconcentrados de la administración pública local, salvo que se separen de sus cargos sesenta días antes del día de la elección;

n) No ser ministro de algún culto religioso;

o) En el caso de candidatos independientes, no estar registrados en los padrones de afiliados de los partidos políticos, con fecha de corte al 1º de marzo de 2016, ni haber participado como precandidatos o candidatos a cargos de elección popular postulados por algún partido político o coalición, en las elecciones federales o locales inmediatas anteriores a la elección de la Asamblea Constituyente”.

Sin embargo, a pesar de existir prohibición exprofeso sobre “No ser ministro de algún culto religioso” para poder aspirar al cargo de diputado electo de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, ha salido a la luz pública información respecto de que la ciudadana Aída Arregui Guerrero, postulada por el Partido Encuentro Social, es ministro de un culto religioso y ocupa el cargo de secretaria de la asociación religiosa denominada “Comunidad Cristina Río Poderoso”, tal y como se desprende de la publicación del Diario Oficial de la Federación de fecha 12 de octubre de 2010 en el que se señala:

“ Diario Oficial de la Federación: 12 de octubre de 2010.

Extracto de la solicitud de registro de la agrupación denominada Comunidad Cristiana Río Poderoso, para constituirse en asociación religiosa.

En cumplimiento a lo dispuesto por el último párrafo del artículo 7o. de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público y 10 de su Reglamento, se publica el correspondiente extracto de la solicitud de registro de la agrupación denominada: Comunidad Cristiana Río Poderoso, para constituirse en asociación religiosa? solicitud presentada en la Dirección General de Asociaciones Religiosas, para su trámite respectivo? cuyos datos principales son los que a continuación se señalan:...

III. Estatutos: Presentó estatutos, los que contienen las bases fundamentales de su doctrina, la determinación de los asociados, ministros de culto y representantes, mismos que señalan como objeto, el siguiente: Predicar la palabra de Dios a toda persona y hacer de Jesús el Mesías un tema ineludible para todo el mundo. Realizar actos de culto público religioso, así como propagar nuestra doctrina. Participar por si misma o asociada con personas físicas o morales en la constitución, administración, sostenimiento y funcionamiento de instituciones de asistencia privada, planteles educativos e instituciones médicas y de salud, sin fines de lucro.

...

VIII. Órgano de gobierno: De conformidad con los estatutos exhibidos, se denomina “Comité Ejecutivo Nacional”, que se encuentra integrado por las personas y cargos siguientes: Efrén Ruiz Cabral, Presidente, Aida Arregui Guerrero, secretaria y Pablo César López Valle, tesorero.

...

Expedido en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los veinte días del mes de septiembre de dos mil diez. El director general de Asociaciones Religiosas de la Secretaría de Gobernación, Paulo Tort Ortega. Rúbrica”.

La diputada constituyente Aida Arregui fue pastora de una iglesia cristiana, según el registro que aparece en la página que habilitó la Comisión del Distrito Federal de la Cámara de Diputados la cual para el Partido Encuentro Social señala:

“Grupo Parlamentario Encuentro Social

Integrante

Aída Arregui Guerrero

Relaciones públicas

Fue pastora de una Iglesia cristiana

El contenido de esta página es sólo de carácter informativo

Comisión Distrito Federal / Ciudad de México

Av. Congreso de la Unión, Nº 66 Edificio D 4to. piso Col. El Parque

Delegación Venustiano Carranza CP15960 Ciudad de México

Teléfono: 5036-0000 Ext. 57071 y 57075”

Asimismo la Secretaría de Gobernación mediante oficio número AR-02-R/13969/2015, relativo al expediente SGAR/3503/2010, con número de referencia 10889/2015, de fecha 3 de diciembre de 2015, emitido por la Subsecretaría de Población, Migración y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación, dirigida al C. Efrén Ruíz Cabral, representante legal de la “Comunidad Cristiana Río Poderoso A.R.” da cuenta a la baja de Aida Arregui Guerrerocomo ministro de culto religioso ocurrida en septiembre de 2015,donde se asienta que se separa del cargo como ministro de un culto religioso con solo unos meses de antelación al proceso electoral para la elección de Diputados a la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México. Es decir que no cumple con el requisito de haberse separado del cargo cinco años antes tal y como marca la ley para ser electo a un cargo de representación popular.

Por otra parte, se ha presentado una queja electoral ante el Instituto Nacional Electoral, la que se encuentra radicada ante la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral bajo el número de expediente UT/SCG/Q/JRT/CG/64/2016por presuntaslas violaciones cometidas por la C. Aida Arregui Guerrero al postularse y ser electa como Diputada al Constituyente de la Ciudad de México sin haberse separado de su cargo como ministro de culto religioso cinco años antes como mandata la Ley.

Es decir, existe evidencia documental, basta y suficiente, de carácter oficial, la cual es prueba plena, de que la C. Aida Arregui Guerrero violentó la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en sus artículos 40 primer párrafo, 115 primer párrafo, 122 inciso A) fracción I; 130 párrafo primero incisos d) y e); así como la fracción VI del artículo séptimo transitorio inciso n) de la reforma Constitucional en materia de reforma política de la Ciudad de México de 2016.

Igualmente con su postulación y posterior elección la C. Aida Arregui Guerrero transgredió la Base Segunda inciso n) de los Lineamientos que emitió el Consejo General del Instituto Federal Electoral, que señalaba los requisitos necesarios para aspirar al cargo de diputado electo a la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México; Los artículos 4 y 16 de la Ley General en Materia de Delitos Electorales; el artículo 25 de la Ley General de Partidos Políticos incisos i) y m); los artículos 380 inciso d) y 442 inciso l) Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; y el artículo 14 de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público.

Todo en razón de haberse registrado para contender como candidata a Diputada a la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, a sabiendas de:

1) Que no cumplía con los requisitos de elegibilidad en razón de NO haberse separado de ejercer como ministro de culto religioso cuando menos cinco años antes de haberse registrado como candidata a diputada para la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México por el Partido Encuentro Social;

2) Por haber declarado bajo protesta de decir verdad ante esta autoridad electoral que sí cubría con los requisitos Constitucionales y legales para contender por el mencionado cargo;

3) Por haber realizado campaña al efecto, estando prohibido por ley;

4) Por haber tomado protesta del cargo una vez electa.

Tercera. La separación Iglesia-Estado es el concepto legal y político por el cual las instituciones del Estado y religiosas (Iglesia) se mantienen separadas teniendo cada parte una autonomía para tratar los temas relacionados con sus esferas de influencia. Es una de las medidas por las cuales se busca el establecimiento de un Estado Laico. La separación Iglesia-Estado está íntimamente relacionada con la extensión de la libertad de culto a todos los ciudadanos; y, se condiciona a partir de este derecho la relación entre el Estado y la Iglesia.

El principio de separación Iglesia Estado y el sostén del Estado laico mexicano se encuentra consagrado en los artículos 40, 115 párrafo primero, 122 inciso A fracción I párrafo primero y 130 de nuestro Código Político fundamental y que a la letra señalan:

“ Artículo 40. Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República representativa, democrática, laica y federal, compuesta por Estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior, y por la Ciudad de México, unidos en una federación establecida según los principios de esta ley fundamental.”

“Artículo 115. Los estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, democrático, laico y popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización política y administrativa, el municipio libre, conforme a las bases siguientes:

...”

“Artículo 122. La Ciudad de México es una entidad federativa que goza de autonomía en todo lo concerniente a su régimen interior y a su organización política y administrativa.

A. El gobierno de la Ciudad de México está a cargo de sus poderes locales, en los términos establecidos en la Constitución Política de la Ciudad de México, la cual se ajustará a lo dispuesto en la presente Constitución y a las bases siguientes:

I. La Ciudad de México adoptará para su régimen interior la forma de gobierno republicano, representativo, democrático y laico. El poder público de la Ciudad de México se dividirá para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial. No podrán reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o corporación ni depositarse el Legislativo en un solo individuo.

La Constitución Política de la Ciudad de México establecerá las normas y las garantías para el goce y la protección de los derechos humanos en los ámbitos de su competencia, conforme a lo dispuesto por el artículo 1o. de esta Constitución.

...”

“Artículo 130. El principio histórico de la separación del Estado y las iglesias orienta las normas contenidas en el presente artículo. Las iglesias y demás agrupaciones religiosas se sujetarán a la ley.

Corresponde exclusivamente al Congreso de la Unión legislar en materia de culto público y de iglesias y agrupaciones religiosas. La ley reglamentaria respectiva, que será de orden público, desarrollará y concretará las disposiciones siguientes:

a) Las iglesias y las agrupaciones religiosas tendrán personalidad jurídica como asociaciones religiosas una vez que obtengan su correspondiente registro. La ley regulará dichas asociaciones y determinará las condiciones y requisitos para el registro constitutivo de las mismas.

b) Las autoridades no intervendrán en la vida interna de las asociaciones religiosas;

c) Los mexicanos podrán ejercer el ministerio de cualquier culto. Los mexicanos así como los extranjeros deberán, para ello, satisfacer los requisitos que señale la ley;

d) En los términos de la ley reglamentaria, los ministros de cultos no podrán desempeñar cargos públicos. Como ciudadanos tendrán derecho a votar, pero no a ser votados. Quienes hubieren dejado de ser ministros de cultos con la anticipación y en la forma que establezca la ley, podrán ser votados.

e) Los ministros no podrán asociarse con fines políticos ni realizar proselitismo a favor o en contra de candidato, partido o asociación política alguna. Tampoco podrán en reunión pública, en actos del culto o de propaganda religiosa, ni en publicaciones de carácter religioso, oponerse a las leyes del país o a sus instituciones, ni agraviar, de cualquier forma, los símbolos patrios.

Queda estrictamente prohibida la formación de toda clase de agrupaciones políticas cuyo título tenga alguna palabra o indicación cualquiera que la relacione con alguna confesión religiosa. No podrán celebrarse en los templos reuniones de carácter político.

La simple promesa de decir verdad y de cumplir las obligaciones que se contraen, sujeta al que la hace, en caso de que faltare a ella, a las penas que con tal motivo establece la ley.

Los ministros de cultos, sus ascendientes, descendientes, hermanos y cónyuges, así como las asociaciones religiosas a que aquellos pertenezcan, serán incapaces para heredar por testamento, de las personas a quienes los propios ministros hayan dirigido o auxiliado espiritualmente y no tengan parentesco dentro del cuarto grado.

Los actos del estado civil de las personas son de la exclusiva competencia de las autoridades administrativas en los términos que establezcan las leyes, y tendrán la fuerza y validez que las mismas les atribuyan.

Las autoridades federales, de las entidades federativas, de los Municipios y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, tendrán en esta materia las facultades y responsabilidades que determine la ley”.

Cuarta. Cabe señalar que la Ley General en Materia de Delitos Electorales, reglamentaria del artículo 73, fracción XXI, inciso a) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual es de orden público y de observancia general en toda la República y tiene por objeto, en materia de delitos electorales, establecer los tipos penales, las sanciones, la distribución de competencias y las formas de coordinación entre los órdenes de gobierno, y que tiene como finalidad, proteger el adecuado desarrollo de la función pública electoral establece:

“ Artículo 4. El Ministerio Público, en todos los casos, procederá de oficio con el inicio de las investigaciones por los delitos previstos en esta ley.

Artículo 16. Se impondrán de cien hasta quinientos días multa a los ministros de culto religioso que, en el desarrollo de actos propios de su ministerio, o a quien en el ejercicio del culto religioso, presionen el sentido del voto o induzcan expresamente al electorado a votar o abstenerse de votar por un candidato, partido político o coalición”.

Asimismo, la Ley General de Partidos Políticos establece:

“ Artículo 25. ...

i) Rechazar toda clase de apoyo económico, político o propagandístico proveniente de extranjeros o de ministros de culto de cualquier religión, así como de las asociaciones y organizaciones religiosas e iglesias y de cualquiera de las personas a las que las leyes prohíban financiar a los partidos políticos;

...

m) Actuar y conducirse sin ligas de dependencia o subordinación con partidos políticos, personas físicas o morales extranjeras, organismos o entidades internacionales y de ministros de culto de cualquier religión;”

Por su parte, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales a la letra dice:

“ Artículo 380.

1. Son obligaciones de los aspirantes:

a) Conducirse con respeto irrestricto a lo dispuesto en la Constitución y en la presente Ley;

...

d) Rechazar toda clase de apoyo económico, político o propagandístico proveniente de extranjeros o de ministros de culto de cualquier religión, así como de las asociaciones y organizaciones religiosas e iglesias. Tampoco podrán aceptar aportaciones o donativos, en dinero o en especie, por sí o por interpósita persona y bajo ninguna circunstancia de:

...”

“Artículo 442.

1. Son sujetos de responsabilidad por infracciones cometidas a las disposiciones electorales contenidas en esta ley:

a) Los partidos políticos;

b) Las agrupaciones políticas;

c) Los aspirantes, precandidatos, candidatos y Candidatos Independientes a cargos de elección popular;

d) Los ciudadanos, o cualquier persona física o moral;

...

l) Los ministros de culto, asociaciones, iglesias o agrupaciones de cualquier religión, y

...”

“Artículo 458.

...

4. Cuando el instituto o los organismos públicos locales tengan conocimiento de la comisión de una infracción por parte de los ministros de culto, asociaciones, iglesias o agrupaciones de cualquier religión, informará a la Secretaría de Gobernación para los efectos legales conducentes.

...”

Asimismo, la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público indica:

“Artículo 14.

Los ciudadanos mexicanos que ejerzan el ministerio de cualquier culto, tienen derecho al voto en los términos de la legislación electoral aplicable. No podrán ser votados para puestos de elección popular, ni podrán desempeñar cargos públicos superiores, a menos que se separen formal, material y definitivamente de su ministerio cuando menos cinco años en el primero de los casos, y tres en el segundo, antes del día de la elección de que se trate o de la aceptación del cargo respectivo. Por lo que toca a los demás cargos, bastarán seis meses.”

Con base en las disposiciones legales vigentes y a la información existente, no se debió haber aceptado el registro de la Aida Arregui Guerrero para contender al cargo de diputada a la Asamblea Constituyente por el Partido Encuentro Social, ni por ningún otro partido, y mucho menos que ocupe una curul como diputada constituyente, toda vez que no cumple con lo establecido en la Constitución y en las leyes que de ella emanan.

Por las razones arriba expuestas, ponemos a consideración de esta Soberanía, como de urgente u obvia resolución, la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión de manera respetuosa exhorta a la Procuraduría General de la República para que inicie una investigación de oficio por las presuntas violaciones a la Ley General en Materia de Delitos Electorales cometidas por Aida Arregui Guerrero, al postularse como candidata a diputada a la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México través del Partido Encuentro Social a sabiendas de que no cumplía con los requisitos de elegibilidad en razón de no haberse separado de ejercer como ministro de culto religioso cuando menos cinco años antes, de haberse registrado como candidata a diputada, haber declarado bajo protesta de decir verdad ante la autoridad electoral que sí cubría con los requisitos Constitucionales y legales para contender, por realizar campaña al efecto, estando prohibido por ley y tomar el cargo una vez electa.

Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión de manera respetuosa exhorta a la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México para que en plena autonomía de su mandato Constitucional haga un llamado a la C. Aida Arregui Guerrero, a fin de que solicite licencia definitiva a fin de no contaminar y alterarla votación de la Primera Constitución de la Ciudad de México, por violaciones a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en sus artículos 40 primer párrafo, 115 primer párrafo, 122 inciso A) fracción I; 130 párrafo primero incisos d) y e); así como la fracción VI del artículo séptimo transitorio inciso n) de la reforma Constitucional en materia de reforma política de la Ciudad de México de 2016 y a la Base Segunda inciso n) de los Lineamientos que emitió el Consejo General del Instituto Federal Electoral, que señalaba los requisitos necesarios para aspirar al cargo de diputado electo a la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México; y a los artículos 4 y 16 de la Ley General en Materia de Delitos Electorales; 25 de la Ley General de Partidos Políticos incisos i) y m); 380 inciso d) y 442 inciso l) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; y 14 de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público.

Notas

1 Convocatoria para la elección de sesenta diputadas y diputados para integrar la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México.

http://www.ine.mx/archivos3/portal/historico/contenido/Estados/ rsc/docs/Convocatoria_AC_CDMX_2016.pdf

2 Diario Oficial de la Federación, 12 de octubre de 2010. Extracto de la solicitud de registro constitutivo como asociación religiosa de la agrupación denominada Comunidad Cristiana Río Poderoso

http://r.search.yahoo.com/_ylt=A0LEV2qoy3xYexAAoPrD8Qt.;_ylu=X3 oDMTByOHZyb21tBGNvbG8DYmYxBHBvcwMxBHZ0aWQDBHNlYwNzcg/RV=2/RE=1484602409/RO=10/R U=http%3a%2f%2fdof.gob.mx%2fnota_detalle.php%3fcodigo%3d5162801%26fecha%3d12%2f 10%2f2010/RK=0/RS=SU3Jaf0fUXhSlyjyc2CnG82bgA4-

3 Página habilitada por la Comisión de la Ciudad de México en la Cámara de Diputados LXIII Legislatura.

http://constitucioncdmexico.com/encuentro-social.html

4 Artículo reformado Diario Oficial de la Federación, 27 de junio de 2014.

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lgmde.htm

Recinto de la Comisión Permanente, Palacio Legislativo, a 25 de enero de 2017.— Diputado Juan Romero Tenorio (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Gobernación, de la Cámara de Diputados.

DIFUNDIR MEDIDAS Y ACCIONES DE MEJORA QUE DEBA ESTABLECER PARA TRANSPARENTAR EL EJERCICIO DE SU PRESUPUESTO TITULAR DE LA COMISIÓN NACIONAL DE PUEBLOS INDÍGENAS

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la titular de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas a difundir medidas y acciones de mejora por establecer a fin de transparentar el ejercicio de su presupuesto y cumplir las obligaciones de rendición de cuentas señaladas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, suscrita por el diputado Gustavo Adolfo Cárdenas Gutiérrez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

El que suscribe, Gustavo Adolfo Cárdenas Gutiérrez, diputado de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta asamblea el siguiente punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

En México la población indígena conforma el grupo de los pueblos originarios que dada su cultura, historia y lengua dan sentido de pertenencia e identidad al país.

Por tal motivo, el gobierno federal estableció en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, la meta nacional México Incluyente con el objetivo de transitar hacia una sociedad equitativa e incluyente.

Para lograrlo se emitió el Programa Especial de los Pueblos Indígenas 2014-2018, el cual estaría a cargo de la Comisión Nacional de los Pueblos Indígenas.

Dentro de las problemáticas que busca el programa en comento se encuentra el desarrollo social de esta población reconociendo que la mayor parte de la población indígena no cuenta con el acceso a la alimentación, la salud, la educación, la vivienda digna y sus servicios de agua potable, drenaje y electrificación a los que tiene derecho todo mexicano.

Para tal motivo, en dicho programa se estableció, el Objetivo 2. “Incrementar el acceso a la alimentación, la salud y la educación a los pueblos indígenas” a fin de dar atención a la Meta Nacional México Incluyente, en lo que respecta a su objetivo 2.2. “Transitar hacia una sociedad equitativa e incluyente” y la Estrategia 2.2.3. “Fomentar el bienestar de los pueblos y comunidades indígenas, fortaleciendo su proceso de desarrollo social y económico, respetando las manifestaciones de su cultura y el ejercicio de sus derechos”.

No obstante lo anterior, según los resultados de la Encuesta Nacional de Indígenas, elaborada por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) en 2015, se describía la situación de la población indígena bajo discriminación, marginación y pobreza, exclusión y analfabetismo.

Lo anterior, refleja que en México se considera a los indígenas como la población más marginada y excluida, la que no tiene ningún tipo de representación política propia, y son precisamente los pueblos originarios, donde la pobreza es cíclica.

A su vez, de acuerdo a la Encuesta Intercensal 2015 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en México:

• Había 7 millones 382 mil 785 personas de tres años y más de edad que hablaban alguna lengua indígena, cifra que representa 6.5 por ciento del total nacional; de las cuales 51.3 por ciento son mujeres y 48.7 por ciento hombres.

• 45.3 por ciento de la población que hablaba lengua indígena tenía menos de 30 años, esto es, el segmento de la población de 3 a 14 años, representaban 20.4 por ciento y los jóvenes de 15 a 29 años, 24.9 por ciento.

• 23 por ciento de los hablantes de lengua indígena eran analfabetas.

• El porcentaje de niños hablantes de lengua indígena que no asistían a la escuela, en edad preescolar (de 3 a 5 años) era de 64.4 por ciento.

• La escolaridad acumulada de la población mayor de 15 años de edad era de 5.7 años.

Estos resultados confirmaban que aún no se había generado igualdad entre los mexicanos ni mucho menos el impulso al desarrollo individual y colectivo de este segmento de la población.

Para atender esta situación, el gobierno federal dio continuidad al Programa de Apoyo a la Educación Indígena (S178) a cargo de la Comisión Nacional de Pueblos Indígenas mismo que ha tenido por objeto apoyar la permanencia escolar de estudiantes indígenas en todos los niveles.

Dicho programa opera en cuatro modelos de atención:

• Casas del Niño Indígena, en las que se brinda diariamente alimentación, hospedaje y actividades complementarias a estudiantes indígenas que no cuentan con servicios educativos.

• Comedores del Niño Indígena, en los que se otorga diariamente alimentación y se realizan actividades complementarias.

• Apoyos a Instancias Comunitarias y Organizaciones de la Sociedad Civil que operan espacios comunitarios dirigidos a estudiantes indígenas de nivel básico y medio superior; y

• Becas de Educación Superior que se otorgan mensualmente y apoyo a titulación para estudiantes indígenas que cursan estudios de nivel licenciatura.

En 2016 se identificó la asignación presupuestal de este programa en mil 233.04 millones de pesos, siendo ajustado a mil 025.60 millones de pesos (presupuesto modificado).

De la revisión del Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública al tercer trimestre de 2016, se identificó que sólo se habían erogado 661.21 millones de pesos, lo que igual a 64.5 por ciento del presupuesto modificado.

Estos resultados no permiten conocer la cantidad de estudiantes indígenas en las casas y comedores del niño indígena y en las casas y comedores comunitarios del niño indígena que son atendidos, ni mucho menos la población estudiante indígena por grado de estudios que es apoyada con una beca.

En otras palabras, no es posible conocer de manera particular el impacto del programa en la población objetivo, ni conocer la oportunidad y la calidad de los bienes y servicios, ni si éstos cumplen con los criterios mínimos de calidad e higiene o, en su caso, si los apoyos económicos que se otorgan son oportunos; todo lo anterior en gran medida por un monitoreo insuficiente lo que provoca que no se generé información que alimente los posibles acciones de mejora en dicho programa.

Con los datos públicos no es posible conocer el impacto que tiene sobre la permanencia, deserción y aprendizaje de la población indígena que se busca apoyar.

Por igual, no es permisible conocer las localidades de los municipios que da cobertura el programa, ni aquellas en las que el programa aún no opera, situación que no permite conocer si éste evoluciona al ritmo y crecimiento de la población indígena en México, y en consecuencia, saber con precisión si los recursos dispuestos en este programa han sido suficientes o por el contrario escasos y en su caso, deban ser incrementados.

En ese sentido, el Programa de Apoyo a la Educación Indígena presenta aspectos susceptibles de mejora siendo la principal la del diseño para mejorar las definiciones y métodos de cálculo de la población potencial, objetivo y atendida, cuyo avance no fue posible consultar ni identificar alguna fecha compromiso presumible para su atención.

Por lo anterior y a modo de conclusión, es prioritario exhortar a la directora general de la Comisión Nacional de los Pueblos Indígenas a que haga públicas las medidas y acciones de mejora que deba establecer para transparentar el ejercicio de su presupuesto y cumplir con las obligaciones de rendición de cuentas que señala la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental a fin de que se permita conocer la efectividad, eficiencia y calidad en su utilización y garantice con ello apoyar la permanencia escolar de estudiantes indígenas de todos los niveles educativos, el otorgar servicios de alimentación y hospedaje, así como becas y apoyos económicos para la titulación de estudiantes indígenas de nivel superior y contribuir así a hacer efectivo el derecho a la educación de las comunidades indígenas a nivel nacional.

En virtud de lo aquí expuesto, pongo a consideración de la Comisión Permanente la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la directora general de la Comisión Nacional de Pueblos Indígenas a que haga públicas las medidas y acciones de mejora que deba establecer para transparentar el ejercicio de su presupuesto y cumplir con las obligaciones de rendición de cuentas que señala la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental a fin de que se permita conocer la efectividad, eficiencia y calidad en su utilización y cumpla con el objetivo de garantizar la permanencia escolar de estudiantes indígenas de todos los niveles educativos, el otorgar servicios de alimentación y hospedaje, así como becas y apoyos económicos para la titulación de estudiantes indígenas de nivel superior y contribuir así a hacer efectivo el derecho a la educación de las comunidades indígenas a nivel nacional.

Notas

1. Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, disponible en

http://pnd.gob.mx/, consultado el 16 de enero de 2017.

2. Programa Especial de los Pueblos Indígenas 2014-2018, disponible en

http://www.cdi.gob.mx/programas/2014/programa-especial-de-los-p ueblos-indigenas-2014-2018.pdf, consultado el 16 de enero de 2017.

3. Encuesta Nacional de Indígenas - UNAM en 2015, disponible en

http://www.losmexicanos.unam.mx/indigenas/index.html, consultada el 16 enero de 2017.

4. Encuesta Intercensal 2015 – INEGI, disponible en

http://www.beta.inegi.org.mx/proyectos/enchogares/especiales/in tercensal/, consultada el 16 de enero de 2017.

5. Programa de Apoyo a la Educación Indígena (S178), disponible en

http://nptp.hacienda.gob.mx/programas/jsp/programas/fichaProgra ma.jsp?id=47S178, consultado el 16 de enero de 2017.

6. Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública al tercer trimestre de 2016, disponible en

http://finanzaspublicas.hacienda.gob.mx/es/Finanzas_Publicas/In formes_al_Congreso_de_la_Union, consultado el 16 de enero de 2017.

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 25 de enero de 2017.— Diputado Gustavo Adolfo Cárdenas Gutiérrez (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, de la Cámara de Diputados.

IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS QUE PREVENGAN SITUACIONES DE VIOLENCIA EN LOS PLANTELES ESCOLARES

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SEP y autoridades de salud y de seguridad pública a implantar con los padres de familia estrategias para prevenir la violencia en las escuelas, suscrita por la diputada Mirna Isabel Saldívar Paz, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza

La que suscribe, diputada Mirna Isabel Saldívar Paz, integrante del Grupo Parlamentario Nueva Alianza de la LXIII Legislatura, con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El pasado 18 de enero un joven de 15 años, alumno del Colegio Americano del Noreste, ubicado en Monterrey, ingresó al plantel con un arma de fuego, disparó contra varios de sus compañeros y su maestra, para después amenazar al resto y, por último intentar suicidarse.

Esta terrible situación tuvo lugar minutos después de las ocho de la mañana. El agresor, estando dentro del salón de clases, hizo el primer disparo e hirió en la cabeza a uno de sus compañeros que se encontraba a poco más de un metro de distancia. El atacante disparó también en contra de su maestra, quien se encontraba repartiendo hojas a los demás estudiantes. Después del segundo disparo, el resto de los jóvenes intentaron resguardarse bajo sus pupitres. No obstante, el atacante de nueva cuenta utilizó su arma en contra de un compañero que estaba arrinconado y contra dos estudiantes que estaban recargadas sobre la mesa.

Segundos después de haber empezado el tiroteo, de acuerdo a un vídeo filtrado por las autoridades encargadas de la investigación, el joven estudiante hizo una pausa y se llevó la pistola calibre .22 a la cabeza para quitarse la vida; sin embargo, el primer intento no fue exitoso por lo que se encaminó a recargar el arma, la apuntó en su boca y la detonó. Éste cayó de inmediato al suelo, en ese momento, sus compañeros salieron corriendo del aula

El saldo oficial hasta el momento de este lamentable hecho, de acuerdo al Secretario de Gobierno del Nuevo León, Manuel González, es el fallecimiento del agresor en las inmediaciones del hospital donde estaba siendo atendido. Además, permanecen en estado de gravedad tres menores de edad que resultaron heridos durante el tiroteo. Entre ellos se encuentran una alumna de 14 años, un estudiante de 15 y la maestra, quien presenta lesiones en el cráneo. Otro estudiante más de 14 años está fuera de peligro porque solo tuvo heridas de bala en un brazo.

De acuerdo a las evidencias expuestas hasta el momento por las autoridades encargadas y medios de comunicación extraoficiales, los hechos sucedidos en Monterrey tienen características muy similares a los ocurridos en otras partes del mundo, en específico en escuelas de Estados Unidos y Europa.

Se trata siempre de un agresor armado que dispara contra sus compañeros y maestros; que lo hace con precisión y casi siempre a la cabeza y que finalmente se suicida. Los perpetradores suelen padecer problemas emocionales como depresión, que de acuerdo a declaraciones de los padres del agresor, el joven estudiante sufría, por lo que recibía terapia.

En la actualidad son muchos los aspectos que pudieron intervenir, no solo podemos señalar lo personal como el detonante principal para que una persona decida llevar a cabo tales actos, nuestra sociedad está familiarizada con la violencia, la cual en los últimos 20 años se ha recrudecido.

En muchas ocasiones y, sin intención alguna, desde casa se educa a los menores de edad en un ambiente familiarizado con la violencia. No basta con vivir en zonas de alto impacto para ser testigos de la violencia que asola a nuestro país, las tecnologías nos han acercado potencialmente. Resulta sencillo prender la televisión para encontrarnos con la violencia que se genera en las calles, o bien, podemos cambiar de canal y ahí descubriremos que nos ofrecen diversos productos de entretenimiento con alto contenido explícito y violento.

La situación no termina ahí, donde quiera que enfoquemos nuestra atención encontraremos violencia, en la música, en el cine, en los videojuegos, en las redes sociales, en la casa, etc. Dichos aspectos intervienen de manera directa en la formación de personalidad de las niñas, niños y adolescentes.

Es importante que se tomen acciones transversales donde intervengan los sectores de educación, salud, y de seguridad pública, y los padres de familia, con la intención de prevenir situaciones como las acontecidas en días pasados.

No es la primera vez que la violencia alcanza a un plantel educativo, recordemos que en 2014 un estudiante de secundaria asesinó a balazos a un compañero en una escuela ubicada en el municipio de Atizapán de Zaragoza, en el Estado de México.

Si bien en los últimos años se han tomado las precauciones pertinentes en materia de seguridad, como el programa mochila segura, hoy más que nunca necesitamos ya no solo de acciones reactivas que intenten subsanar los daños, es momento de ser proactivos al resolver problemáticas, más aun cuando se trata de nuestras niñas, niños y jóvenes que, por su condición, resultan más vulnerables.

No dejemos que la violencia nos rebase, si bien en momentos como el que hoy vivimos nos sentimos alcanzados, estamos a tiempo de poder revertir posibles situaciones en el futuro.

Nueva Alianza se proclama en contra de la violencia, en esta ocasión en lo que se refiere a los planteles educativos. Por ello, instamos a las autoridades en materia educativa, de salud, seguridad pública y, en especial, a los padres de familia, a generar los espacios y aspectos propicios que den paso a una formación socioemocional para una sana convivencia. Pugnamos porque en cada centro educativo del país se generen estrategias que involucren a los actores que intervienen en la educación y formación de nuestros jóvenes con la intención de informar, orientar, identificar y prevenir situaciones que puedan ser potencialmente causantes de violencia en los planteles escolares.

Nuestra Constitución Política nos conmina, en su artículo 4°, a garantizar de manera plena sus derechos humanos,

“[...] En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez. [...]”

En la actualidad, una de las principales problemáticas con las que se encuentran los educadores es que los padres han delegado su responsabilidad de primeros educadores, lo cual de a poco pero cada vez más frecuente ha tenido altos costos sociales, morales, afectivos y emocionales.

Por ello, invitamos a los padres de familia, a través de este exhorto, toda vez que ellos son los principales responsables de trasmitir valores.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto respetuosamente a la consideración de esta honorable Comisión Permanente la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero.La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Educación Pública para que, en coordinación con las autoridades de Salud y Seguridad Pública, lleve a cabo mesas de diálogo orientadas a identificar y generar estrategias para prevenir situaciones que puedan ser potencialmente causantes de violencia en los planteles escolares.

Segundo. La Comisión Permanente del honorable congreso de la unión exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Educación Pública para que, en coordinación con las autoridades de Salud y Seguridad Pública, implemente las estrategias provenientes de las mesas de diálogo, con la intención de involucrar a los padres de familia a fin de prevenir situaciones que puedan ser potencialmente causantes de violencia en los planteles escolares.

Cámara de Diputados, Sede de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, a los 25 días del mes de enero de 2017.— Diputada Mirna Isabel Saldívar Paz (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, de la Cámara de Diputados.

INTENSIFICAR LOS PROTOCOLOS PARA PREVENIR, CONTROLAR Y ERRADICAR LA PLAGA DE MOSCO EN LA ZONA DE LA PRESA MANUEL ÁVILA CAMACHO, EN EL ESTADO DE PUEBLA

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a diversas autoridades a intensificar los protocolos para prevenir, controlar y erradicar la plaga de mosco en la zona de la presa Manuel Ávila Camacho, en Puebla, a cargo del diputado Víctor Manuel Giorgana Jiménez, del Grupo Parlamentario del PRI

Quien suscribe, Víctor Manuel Giorgana Jiménez, diputado por el estado de Puebla, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en la LXIII Legislatura de la Honorable Cámara de Diputados, con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La presa de Valsequillo, formalmente llamada como Presa Manuel Ávila Camacho, es una presa de México construida en 1946, que ha formado el cuerpo de agua más grande de Puebla, comprende el área del lago de Valsequillo, en el que confluyen los ríos Atoyac –el río Balsas en el estado de Puebla– y Alseseca.

La presa lleva a cabo el servicio ambiental de depuración y retención de sólidos suspendidos para las cuencas del río Atoyac y río Alseseca en los estados de Puebla y Tlaxcala. La contaminación en la presa de Valsequillo es generada por los desechos acarreados en los cauces de los ríos Zahuapan, Atoyac y Alseseca, que a lo largo de su recorrido atraviesan parques industriales y empresas dedicadas principalmente a los sectores: textil, químico, construcción, electromecánica automotriz y petroquímica; de igual forma recibe colectores industriales y municipales.

A lo largo de los años se han observado altos niveles de contaminación dentro de la presa, el agua no es potable y el consumirla presenta altos grados de riesgo para la salud. En la población conocida como José Tejaluca, contigua a la presa, se detectan niños que presentan niveles elevados de concentración de plomo en la sangre, deficiencias congénitas en manos, pies así como labio leporino y paladar hendido, todo esto a consecuencia de la contaminación del agua dentro de la presa. A pesar de la contaminación del lago, las personas que habitan alrededor del mismo, continúan utilizando el agua provocando daños irreversibles a su salud.

La plaga de mosquitos, producto de la contaminación del agua de Valsequillo, es el problema más urgente que deben atender las autoridades a nivel federal y estatal, ya que los habitantes de los pueblos y comunidades que habitan alrededor, están obligados a soportar no sólo el fétido olor, sino la plaga que está afectando la vida económica y social de la población, ya que deben destinar un recurso de sus ingresos para ahuyentar a los mosquitos, lo que repercute en su economía y en la calidad de vida. Se presenta también dificultad de emprender proyectos turísticos en la zona, sin el previo saneamiento del embalse y la erradicación de la plaga de mosquitos; se entorpecen actividades como la navegación y la pesca y como consecuencia, la muerte de peces (carpas y tilapias) por las condiciones del agua del embalse, así como de ganado vacuno que se alimentaba de las malezas acuáticas contaminadas.

Los afectados por la plaga de mosquitos son miles de habitantes, cuyos hogares se encuentran a las orillas de la laguna de Valsequillo en las localidades de San Baltazar Tetela, los Ángeles Tetela, San Andrés Azumiatla, San Francisco Totimehuacán, San José del Rincón, San José Tejaluca, Santa María Guadalupe Tecola y San Pedro Zacachimalpa.

En cuanto a la salud de la población, es notablemente mermada con enfermedades asociadas a la contaminación del río Atoyac como leucemia, déficit de atención, alta concentración de plomo en la sangre en menores de 15 años, enfermedades bacterianas y renales, deficiencia en el desarrollo del tubo neural y afectación de la médula ósea, con independencia de aquéllas que propiamente los mosquitos pueden transmitir.

Es lamentable que las y los poblanos padezcamos permanentemente los embates de la plaga de mosco, ya que desde 2006, hay evidencia hemerográfica, primero de la relación que establecen los pobladores entre la existencia del lirio, la contaminación de la presa y la plaga de moscos, segundo, de lo prioritario para la población de éstos como un problema urgente, así como de la petición por parte de los pobladores a las autoridades para que se retirara esta vegetación acuática, desafortunadamente sin éxito.

Para 2007, las quejas de la población continuaban, como al parecer, la renuencia de la autoridad para retirar el lirio.

Posteriormente, en 2015 nuevamente se presentó la petición de la intervención de a la autoridad para controlar o erradicar a los moscos, mediante medios químicos, sin perderse de vista la necesidad del saneamiento del embalse.

Es de suma importancia dadas las afectaciones económicas, en la salud de los habitantes, el daño al medio ambiente, y la alteración en el modus vivendi, que las autoridades de los tres niveles de gobierno actúen en coordinación para dar solución a la problemática de la presa Manuel Ávila Camacho.

Sobre el relativo, organizaciones civiles y académicos han realizado un diagnostico poco alentador sin la participación, coordinación y destino de recursos públicos para menguar y mejor aún, poner fin a la plaga de mosco. Entre las posiciones de académicos, destacan los distintos retos a enfrentar:

1. Habría que controlar a las industrias que descargan sus desechos en el río Atoyac.

2. El grado de contaminación que presenta.

3. Inaplicación de las leyes ambientales, ya que han demostrado incapacidad para garantizar el mantenimiento y evitar el daño ecológico, han demostrado ser caducas e inoperantes para los fines establecidos.

4. Carencia de coordinación entre instancias que atienden al sector hídrico/hidráulico y las instituciones responsables de la salud.

5. Necesidad de impulsar políticas públicas para la recuperación ambiental de Puebla que incluya el tratamiento de aguas residuales, restauración ecológica, la bio remediación y la conservación y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales.

6. Implementación de una solución integral que permita revertir los graves niveles de contaminación de la presa que incluya:

a. Reforestación con plantas nativas en la ribera de la presa.

b. Tratamiento real y eficaz de las aguas que llegan al embalse.

c. Implementación de plantas de tratamiento primario y secundario.

d. Ejecución de medidas de restauración ecológica.

e. Desazolve de la presa, retiro de sedimentos tóxicos.

Es una prioridad del que suscribe atender las múltiples demandas ciudadanas al respecto, quienes de igual forma lo han hecho ante el gobierno del estado sin obtener la atención requerida, restando importancia a lo que es evidentemente urgente. Es momento de comprometernos con las y los poblanos en todos los sectores para que, desde nuestra trinchera, demos solución a tan sensible petición.

Como representantes populares, es nuestra obligación atender las problemáticas que aquejan a los ciudadanos de nuestros distritos, por lo que, en virtud de lo expuesto, someto a consideración de la asamblea los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero.La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta al gobierno del estado de Puebla, atienda las demandas ciudadanas con relación a la plaga de mosco en la presa Manuel Ávila Camacho.

Segundo.La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta al gobierno del estado de Puebla, a la Secretaría de Salud, a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la Comisión Nacional del Agua, para que en coordinación con la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, el Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades y el gobierno municipal de Puebla, intensifiquen los protocolos para prevenir, controlar y erradicar la plaga de mosco en la zona de la presa Manuel Ávila Camacho, en el estado de Puebla.

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 25 de enero de 2017.— Diputado Víctor Manuel Giorgana Jiménez (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Salud, de la Cámara de Diputados.

INCORPORAR UN ANEXO ESPECÍFICO Y TRANSVERSAL PARA LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los gobernadores a incorporar un anexo específico y transversal para la igualdad entre mujeres y hombres en sus próximos Presupuestos de Egresos, que contengan recursos a fin de realizar políticas eficientes encaminadas a incorporar la igualdad, suscrita por la diputada Guadalupe González Suástegui, del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, Guadalupe González Suástegui, diputada integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución por el que se exhorta respetuosamente a las y los titulares de los Ejecutivos de las entidades federativas a incorporar un anexo específico y transversal para la igualdad entre mujeres y hombres en sus Presupuestos de Egresos, bajo las siguientes:

Consideraciones

Recientemente en Naciones Unidas se aprobaron los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), 17 objetivos que van encaminados a la búsqueda de la igualdad entre la mujer y el hombre, de hecho el objetivo 5 es Lograr la igualdad entre los Géneros y el empoderamiento de todas las mujeres y las niñas.

Las metas son altas pero los Estados parte que suscribieron los ODS tienen que trabajar para poder lograr la agenda 2030. El empoderamiento de la mujer se observa en las siguientes metas, todas ellas emanadas del objetivo 5:

• Velar por la participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de oportunidades de liderazgo a todos los niveles de la adopción de decisiones en la vida política, económica y pública.

• Mejorar el uso de la tecnología instrumental, en particular la tecnología de la información y las comunicaciones para promover el empoderamiento de la mujer.

• Aprobar y fortalecer políticas acertadas y leyes aplicables para promover la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de las mujeres y las niñas a todos los niveles.

Dentro de nuestro andamiaje legal encontramos la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, que en el 2012 el Congreso de la Unión realizó una reforma al artículo 15 para que los Gobiernos de los Estados incorporen en sus presupuestos de egresos la asignación de recursos para el cumplimiento de la política local en materia de igualdad.

No obstante este mandato, algunas Entidades Federativas no lo han realizado y ello lo observamos con los siguientes datos obtenidos en el documento de trabajo de Inmujeres y ONU Mujeres, La Igualdad entre Mujeres y hombres en la información presupuestaria: Diagnóstico de la información presupuestaria a nivel estatal:

• De los decretos de presupuesto de las 32 entidades federativas solo 16 incluyen algún artículo o capitulo relacionado con la perspectiva de género.

• Sólo 7 de las 32 entidades federativas publican un anexo de género como parte de su decreto de presupuesto.

El presupuesto que se destina para la política de igualdad, sirve para realizar acciones que promover y fortalecer la incorporación de la perspectiva de género en las políticas públicas. Sin embargo, con estos datos estamos muy lejos de cumplir las metas comprometidas en la agenda 2030.

A nivel federal, desde el 2008 se realiza en el Presupuesto de Egresos de la Federación la etiquetación de un anexo de manera transversal para la igualdad entre mujeres y hombres.

De esta forma es mucho más fácil identificar, reforzar y evaluar el presupuesto etiquetado para el fortalecimiento de la igualdad entre mujeres y hombres.

Tan sólo para este 2017, la Cámara de Diputados aprobó en el Presupuesto de Egresos en el anexo 13. Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres la cantidad de $27,424,643,718.00 millones de pesos, pero es necesario replicar este tipo de acciones a los estados para que sea contundente y acelerar la igualdad sustantiva.

Por lo que este punto de acuerdo propone exhortar a las y los titulares de los Ejecutivos de las Entidades Federativas para que dentro de su próximo presupuesto de egresos cumplan con lo mandatado en el artículo 15 de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, e incluyan un anexo especifico con recursos para la política de igualdad de género.

Por lo anteriormente expuesto, solicito que esta soberanía apruebe de urgente u obvia resolución el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a las y los Titulares de los Ejecutivos de las Entidades Federativas a incorporar un anexo específico y transversal para la igualdad entre mujeres y hombres en sus próximos Presupuestos de Egresos, que contengan los recursos suficientes y necesarios para realizar políticas eficientes encaminadas a incorporar la igualdad.

Palacio Legislativo, a 25 de enero de 2017.— Diputada Guadalupe González Suástegui (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Igualdad de Género, de la Cámara de Diputados.

PONER EN MARCHA EL PLAN DE AUSTERIDAD 2017

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados a poner en marcha el plan de austeridad de 2017, a cargo de la diputada Cristina Ismene Gaytán Hernández, del Grupo Parlamentario del PRD

La suscrita, diputada Cristina Gaytán Hernández, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta honorable Comisión Permanente la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de los siguientes

Considerandos

Que en términos de lo dispuesto por los artículos 50, 51, 74 y 77, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Cámara de Diputados se compone de representantes de la Nación y tiene facultad, para dictar resoluciones económicas relativas a su régimen interior.

Que en el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2017, se asignó a la Cámara de Diputados la cantidad de 7 mil 629 millones, 432 mil,185 pesos. Sin embargo, para cumplir con las mismas disposiciones presupuestarias, es necesario definir acciones específicas de ahorro con la finalidad de mitigar la incertidumbre económica por la que se encuentra la economía mexicana.

Que el presupuesto asignado a la Cámara de Diputados para el ejercicio fiscal 2017, debe ser ejercido con criterios de racionalidad, eficacia y eficiencia; los Diputados Federales en un acto de congruencia y transparencia ante la sociedad mexicana, mandata al Comité de Administración para que aplique lo siguiente:

Por lo anteriormente expuesto y fundado, les pongo a consideración la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Único.La Comisión Permanente exhorta a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados a adoptar el siguiente Plan de Austeridad Presupuestaria para el Ejercicio Fiscal 2017 de la Cámara de Diputados:

Plan de Austeridad Presupuestaria para el Ejercicio Fiscal 2017 de la Cámara de Diputados

1. El Plan de austeridad presupuestaria deberá garantizar que los recursos generados por las economías y ahorros, se reintegren a la Hacienda Pública Federal.

2. Son sujetos del presente Acuerdo, las áreas parlamentarias, administrativas y técnicas de la Cámara, el Canal del Congreso, la Coordinación de Comunicación Social y la Contraloría Interna. No deberán afectar las actividades relativas a la seguridad de los legisladores, servidores públicos y personas que asistan a las instalaciones de la Cámara de Diputados.

3. La Cámara de Diputados deberá atender lo estipulado en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2017, artículo 16, fracción VIII, párrafo cuarto, en relación a las disposiciones de austeridad, ajuste del gasto corriente, mejora y modernización de la gestión pública.

Adicionalmente se deberán tomar las siguientes medidas:

4. En materia de Servicios Personales:

• Reducir el monto por contrataciones de prestadores de servicios, bajo el régimen de honorarios profesionales , hasta alcanzar una reducción presupuestal por este concepto en un 15%, para el 2017, hasta llegar al 20% en el ejercicio fiscal 2018.

• Reducir en 10% los salarios de los Diputados y funcionarios de alto mando.

• Las estructuras orgánicas no deberán reportar crecimientos, salvo en los casos de excepción que se justifiquen derivado de la labor legislativa y sean previamente autorizados por los Órganos de Gobierno.

• Realizar un análisis organizacional, con la finalidad de generar estructuras eficaces y eficientes, compactar áreas de trabajo administrativas y legislativas.

• Con base en el artículo Décimo Tercero Transitorio de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se aplique el correspondiente Programa de Reorganización Administrativa, con la finalidad de cumplir con lo estipulado en el referido precepto.

5. En materia de Recursos Materiales y Servicios Generales:

• No adquirir durante el ejercicio fiscal 2017 nuevo parque vehicular.

• Las erogaciones por concepto de materiales y suministros deberán reducirse al mínimo indispensable en el caso de papelería, útiles de escritorio, fotocopiado, y utensilios en general hasta alcanzar un 30% de reducción sobre el presupuesto asignado para tal efecto.

• El uso del fotocopiado deberá restringirse exclusivamente a asuntos de carácter oficial, incentivando el uso de los medios electrónicos para comunicación y conservación de documentos.

• Reducir los servicios de alimentación en las reuniones de Comisiones Legislativas, hasta alcanzar en un 25% del presupuesto asignado en este concepto de gasto.

• Eliminar el concepto de erogaciones por servicios de telefonía celular.

• No podrán efectuarse nuevos arrendamientos de bienes inmuebles para oficinas.

• Eliminar el concepto de erogaciones por combustibles, lubricantes y aditivos de vehículos.

• Eliminar el concepto de erogaciones por peajes de carreteras.

• Las adquisiciones de mobiliario y equipo de oficina se ajustarán al mínimo indispensable para el apoyo a la tarea legislativa.

6. En materia de viáticos y pasajes a Diputados Federales

• Reducir los gastos destinados a las comisiones, representaciones, misiones legislativas, reuniones interparlamentarias, mecanismos de cooperación, foros o viajes de trabajos nacionales e internacionales, hasta cuando menos en un 30% del presupuesto asignado para este rubro. Prohibir la compra de boletos de avión de primera clase. Lo anterior también es aplicable en la participación de asesores, secretarios técnicos de comisiones y personal técnico y administrativo.

7. En materia de servicios oficiales

• Los gastos de ceremonial y de orden social, no se incrementan y se limitarán a lo estrictamente necesario para el trabajo legislativo.

• Los congresos, convenciones, foros y seminarios, se realizarán en instalaciones de la Cámara de Diputados y con los recursos humanos y materiales disponibles de las áreas responsables de los mismos.

8. En materia del ejercicio presupuestario:

• El ejercicio del gasto se hará con estricto apego a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y a la Normatividad Administrativa de la Cámara de Diputados, así como a los principios de transparencia, racionalidad y rendición de cuentas.

• Se debe garantizar que las reducciones y eliminaciones de conceptos de gastos, tengan el carácter de regularizable para los subsiguientes ejercicios fiscales.

• Los nuevos proyectos legislativos quedarán sujetos a la disponibilidad presupuestaria, conforme al Acuerdo correspondiente de los Órganos de Gobierno.

9. Reducción de un 15% de las subvenciones parlamentarias:

10. La Contraloría Interna, en el ámbito de su competencia, verificará el cumplimiento de las medidas y obligaciones del presente Acuerdo e informar a los Órganos de Gobierno correspondientes, el avance de las medidas aplicadas al cierre del ejercicio presupuestario 2017.

11. Los titulares de las unidades administrativas serán responsables de llevar a cabo, dentro de sus respectivas áreas y atribuciones, las acciones que se requieran para la debida observancia de las disposiciones de este Acuerdo.

Dado en la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, a 25 de enero de 2017.— Diputada Cristina Gaytán Hernández (rúbrica).»

Se turna a la Junta de Coordinación Política, de la Cámara de Diputados.

IMPLEMENTAR UN PROGRAMA EMERGENTE PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO EN EL ESTADO DE CHIAPAS

«Proposición con punto de acuerdo, relativo a la implantación de un programa urgente para el desarrollo económico de Chiapas, suscrita por el diputado Enrique Zamora Morlet e integrantes del Grupo Parlamentario del PVEM

Quien suscribe, diputado Enrique Zamora Morlet, en nombre de los diputados del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México de la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

México enfrenta grandes desafíos en el año que comienza, tanto de orden interno como externo. En lo interno, no obstante el carácter positiva y necesario de la apertura del mercado de combustibles en el país, ésta ha ocasionado molestias e inconformidades entre la población, lo cual es más que entendible.

Las contingencias, al igual que las provisiones, responden al tratamiento contable de situaciones de incertidumbre. Se trata de problemáticas que se tratan al unísono, pues tienen relación con la ocurrencia o no ocurrencia de ciertos eventos inciertos en el futuro, en esta ocasión se acentúan los eventos nocivos que recién han arremetido contra la tranquilidad social en algunas entidades al interior de la República Mexicana. Actualmente, la ciudadanía mexicana manifiesta su descontento contra el alza en los precios de los combustibles.

Los inconformes han llevado a cabo numerosas protestas en diversas partes de México contra el aumento en el precio de la gasolina que entró en vigor el primer día del año 2017. Lamentablemente, la inconformidad ha devenido en actos de violencia, como los saqueos registrados en algunos estados, afectando de manera directa a micro, pequeñas, medianas y grandes empresas por igual, toda vez que no sólo se ocasionaron saqueos, sino también daños materiales a los bienes inmuebles de diversos negocios.

No obstante, con concentraciones que varían en el número de manifestantes, específicamente ciudadanos del estado de Chiapas, han salido a las calles a protestar y expresar su descontento, algunos incluso adoptando un carácter agresivo usando como pretexto el aumento al precio de los combustibles.

Varios miles de personas, entre maestros, estudiantes, transportistas y sociedad en general, marcharon en diversas ciudades del Estado para protestar en contra del alza a los combustibles y exigiendo la derogación de las reformas estructurales que lesionan los intereses del pueblo mexicano.

Se han registrado manifestaciones masivas en los municipios de Tuxtla Gutiérrez y Tapachula, donde más de 20 mil personas marcharon en los puntos centrales de estas ciudades, ocasionando graves disturbios como el saqueo de tiendas y establecimientos comerciales, generándoles enormes pérdidas.

En San Cristóbal de las Casas, más de 700 manifestantes protestaron en contra, no sólo del aumento del precio de la gasolina sino en contra de otras acciones gubernamentales. Asimismo, los manifestantes señalan que los aumentos en los combustibles ya provocaron una cascada de incrementos en otros productos de la canasta básica y del transporte público en el estado, donde las líneas de transportistas han subido el precio unilateralmente.

Por lo anterior, se hace necesario la creación de un programa emergente con la intención de aminorar la contingencia económica actual en Chiapas, atendiendo a su vez las necesidades específicas de la sociedad chiapaneca respecto a las demandas que se han presentado recientemente en la región.

La estrategia central del programa deberá conciliar la austeridad presupuestal con un plan de acciones para tratar de salir a flote de la actual crisis que se vive en Chiapas. Es evidente que cada zona tiene su problemática particular y cada una requiere de atención inmediata, por ello es necesario que se trabaje en conjunto con los sectores empresariales de la entidad para asegurar la satisfacción de sus demandas y complementar el plan de desarrollo, de esta forma se fortalecería el mercado interno del estado, retomando la ruta del crecimiento.

Como antecedente a esta propuesta, el año pasado el gobierno federal a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Secretaría de Economía (SE), diseñaron el Programa de Reactivación Económica y Desarrollo Productivo para los estados de Campeche y Tabasco, pues en ese momento eran las entidades más afectadas por la crisis petrolera.

El plan pretendía reactivar de manera inmediata la actividad económica que impacta sobre poco más de tres millones de habitantes entre ambas entidades, tanto en la industria petrolera como en sectores clave: turismo, comercial, de alimentos, servicios de empleo y de contabilidad. Dicho programa implicaba la participación también de Nacional Financiera (Nafinsa), pues sería pieza clave para la reactivación económica de los estados petroleros, dado que se contemplaba una inversión de hasta 450 millones de pesos para las Mipyme, agilizando así el pago a proveedores locales de Pemex.

Asimismo, tenemos el caso que se presentó durante 2012, en diciembre, cuando se causaron daños al Hemiciclo a Juárez, dichas anomalías ascendían a mil millones de pesos en daños por robo y destrucción de locales y mercancía, de acuerdo con la Confederación de las Cámaras de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco). En consecuencia, el gobierno del Distrito Federal (GDF) brindó apoyos económicos a los comercios y empresas que se vieron afectados por el vandalismo, a quienes tenían póliza de seguro, les brindó apoyo con las gestiones jurídicas para agilizar el cobro del mismo y a los que no contaban con él les brindó apoyo económico para que reanudaran sus actividades comerciales.

De igual forma también es necesario poner en marcha el despliegue de otras acciones favorecedoras para las empresas, así como para la nación, pues con ello se impulsa a su vez la generación de empleos e inversión pública. Se reitera que la conservación de dichos puestos de trabajo, depende también en gran medida de las autoridades federales conjuntamente con Chiapas, pues al otorgar estímulos fiscales a las empresas afectadas, éstas compensarán por su parte las mermas, deduciéndolas inmediatamente de los impuestos generados en el ejercicio fiscal de 2016, con independencia de que se debe actuar con todo el peso de la ley en contra los responsables de saqueos y actos vandálicos.

Asimismo, consideramos prudente exhortar a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) a implementar medidas de solidaridad con las empresas en Chiapas, debido a las afectaciones que han tenido por las movilizaciones de los primeros días de enero.

Por lo anterior, se convoca a las autoridades de la CFE a otorgar descuentos en el cobro de energía eléctrica a empresas dañadas por los recientes acontecimientos en el estado en pro de construir conjuntamente una solución, por la vía de los acuerdos y la conciliación, asumiendo un compromiso social, para evitar que esta problemática siga creciendo y se vuelva más compleja.

De la misma forma se solicita la intervención de Sectur para que establezca un programa de difusión de los grandes atractivos turísticos que tiene el estado como lo son las ruinas arqueológicas, los parques eco turísticos, la ruta del cacao, la piedra de Huixtla, por solo mencionar algunas de sus riquezas naturales, que sin duda alguna impulsará de manera positiva una derrama económica en toda la región que tanto lo necesita y lo demanda por ser una de las regiones más pobres del país.

En atención a lo aquí expuesto, se somete a consideración de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Economía (SE), a la Secretaría de Turismo (Sectur) y a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) a implementar un programa emergente para impulsar el desarrollo de la economía en el estado de Chiapas que contemple acciones enfocadas a reactivar las actividades productivas de las empresas más afectadas por las manifestaciones y saqueos que se realizaron durante los primeros días de enero.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de enero de 2017.— Diputado Jesús Sesma Suárez (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Economía, de la Cámara de Diputados.

ESTABLECER CON AUTORIDADES FEDERALES Y LOS TRABAJADORES DEL RAMO SALUD UNA MESA DE TRABAJO PARA ABORDAR EL TEMA DE RETENCIONES INJUSTIFICADAS DE SALARIOS Y MALVERSACIÓN DE FONDOS DE JUBILACIÓN Y VIVIENDA EN EL ESTADO DE CHIAPAS

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Ssa de Chiapas a establecer con autoridades federales y los trabajadores del ramo de salud de la entidad una mesa de trabajo para abordar el tema de retenciones injustificadas de salarios y malversación de fondos de jubilación y vivienda, suscrita por el diputado Guillermo Rafael Santiago Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Morena

El que suscribe, Guillermo Rafael Santiago Rodríguez, diputado ante la LXIII Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, de conformidad con lo establecido en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La salud es un derecho humano, íntimamente ligado a la calidad de vida. Su reconocimiento internacional está expreso principalmente en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH) y del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En México, la protección a la salud es considerada un derecho fundamental, garantizado por el párrafo cuarto del artículo 4o. de la Carta Magna. Se trata de un derecho complejo que se despliega en una amplia serie de compromisos jurídicos fundamentales para el Estado y con los particulares. Su incumplimiento, sea por carencia del servicio, omisión o acción, resulta en una falta grave tanto a la responsabilidad del propio Estado como de los profesionales de la salud.

No obstante, para dar cumplimiento efectivo al derecho, los hospitales y unidades de salud administrados por el Estado deben garantizar el abastecimiento suficiente de materiales y medicamentos, así como la infraestructura y equipamiento médico necesarios para el buen desempeño de los servicios de atención a la salud. En México, esta responsabilidad recae principalmente en la Secretaría de Salud, entidad del Gobierno Federal encargada de “proporcionar a los trabajadores los útiles, instrumentos, materiales de buena calidad y en suficiente cantidad, para el desarrollo de las funciones que tengan asignadas”, tal y como lo señalan la fracción IV del artículo 130 de las Condiciones Generales de Trabajo de la misma secretaría.

Sin embargo, a pesar de ser considerada una garantía fundamental del dogma constitucional mexicano, en el estado de Chiapas el derecho a la salud ha sido sistemáticamente vulnerado, a menudo con el beneplácito, complicidad o indolencia del gobierno en turno. Esta crisis, denunciada en múltiples ocasiones por trabajadores del sector y ciudadanía en general, es producto, entre otras cosas, de:

– La insuficiencia y desabasto de medicamentos, materiales y reactivos en hospitales, centros de salud, casas de salud y jurisdicciones, que su vez repercute en el funcionamiento de las unidades y precariza la oferta de servicios médicos disponibles para la población.

– La asignación de presupuestos raquíticos e insuficientes para cubrir con las necesidades de los hospitales básicos comunitarios,

– La utilización de equipo de diagnóstico médico obsoleto o en pésimas condiciones, así como falta de capacitación permanente para sus operarios,

– La excesiva centralización de las partidas presupuestales destinadas a la compra de materiales para el mantenimiento de las unidades de salud,

– Hospitales y unidades de salud inconclusas, así como obras que a pesar de haberse concluido siguen careciendo del equipamiento y recursos humanos indispensables para su operación,

– La radicación irregular de los presupuestos de pasivos correspondientes a jurisdicciones y hospitales, etcétera.

Por otro lado, el derecho al trabajo, igualmente reconocido en la DUDH y el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, constituye el derecho fundamental por el cual toda persona tiene derecho al trabajo, a condiciones laborales equitativas y satisfactorias, a la protección contra el desempleo, la igualdad salarial, la remuneración digna, la protección social y el derecho de sindicación. Entre las situaciones que se encarga de reglamentar se encuentran la prestación subordinada de servicios personales, la asociación entre trabajadores y patrones y la regulación justa del trabajo. En México, el derecho al trabajo está plasmando en el artículo 123 constitucional, la Ley Federal del Trabajo y, para el caso de los trabajadores de la administración pública federal, la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado “B” del Artículo 123 Constitucional, que su artículo 43 establece:

“Serán obligaciones de los titulares a que se refiere el Artículo 1º de esta Ley:

...

VI. Cubrir las aportaciones que fijen las leyes especiales, para que los trabajadores reciban los beneficios de la seguridad y servicios sociales comprendidos en los conceptos siguientes:

...

c) Jubilación y pensión por invalidez, vejez o muerte.

...

h) Constitución de depósitos en favor de los trabajadores con aportaciones sobre sus sueldos básicos o salarios, para integrar un fondo de la vivienda a fin de establecer sistemas de financiamiento que permitan otorgar a éstos, crédito barato y suficiente para que adquieran en propiedad o condominio, habitaciones cómodas e higiénicas; para construirlas, repararlas o mejorarlas o para el pago de pasivos adquiridos por dichos conceptos.”

Al igual que el derecho a la salud, en Chiapas el derecho al trabajo ha sido objeto de serias violaciones perpetradas con el conocimiento y consentimiento del Gobierno del Estado, comprometiendo la economía y certeza laboral de miles de familias que dependen de su ocupación en empleos gubernamentales para sostenerse. La situación ha sido especialmente perniciosa para los trabajadores del sector salud, que han enfrentado la retención injustificada e incumplimiento en los pagos de sus prestaciones sociales, el impago de sueltos por la prestación de servicios de servicios a personal eventual (una deuda que asciende a 18 millones de pesos), la opacidad en la conducción de los programas de profesionalización que les corresponden e incluso la represión contra la organización sindical a través de despidos selectivos y arbitrarios.

Para entender el calado de la problemática del que hoy son objeto los trabajadores al servicio del Instituto de Salud en el Estado de Chiapas (ISECH), conviene tener presente que éstos devengan un salario quincenal que, al igual que con cualquier otro empleado de gobierno, es objeto de una serie de descuentos destinados a cubrir las prestaciones sociales que corresponden por derecho. Entre los conceptos descontados a los trabajadores destacan los siguientes:

– Fondo para el retiro de los trabajadores de la salud y/o jubilación (SAR),

– Fondo para la vivienda del trabajador (Fovissste),

– Seguros de vida (institucionales y privados),

– Préstamos individuales

– Pagos a terceros (descuentos al trabajador por deudas a empresas privadas).

Por años, estos conceptos, que el ISECH descuenta quincenalmente del salario de su personal, han aparecido en el talón de pago de los trabajadores como efectivamente descontados. Sin embargo, para sorpresa de éstos, se ha descubierto que la dependencia ha incumplido por casi diez años con el depósito de tales retenciones en las cuentas respectivas. Como consecuencia, todos los trabajadores adscritos al ISECH poseen menos fondos de los que resultaría del cálculo del monto descontando y el periodo de tiempo transcurrido.

Además han debido enfrentar la pérdida de la vigencia de sus seguros privados e institucionales, así como la cancelación del pago de dividendos. La situación incluso ha escalado al grado de que algunos trabajadores han sido demandados por casas de préstamos por el supuesto incumplimiento de sus pagos, amén del aumento por intereses moratorios, sin que ésta situación haya resultado en ningún caso de la irresponsabilidad del trabajador.

Más allá del grave agravio contra el salario de los trabajadores de la salud en Chiapas cometido por el ISECH, la conclusión más preocupante que se desprende de esta situación es que desde hace 10 años el Gobierno del Estado ha ejercido recursos procedentes de las prestaciones de sus trabajadores para fines distintos a los que establece la Ley. En este sentido, cabe señalar que una de las características más importantes del sueldo de un trabajador es su carácter de inviolable, revocable sólo a reserva de la existencia de una orden del Poder Judicial. Por tanto, la disposición del salario de los trabajadores, sea cual sea la institución a la que pertenezcan, sin consentimiento expreso de ellos u orden judicial en forma, constituye un delito, en este caso perpetrado por el ISECH.

Ante el desconocimiento de sus derechos y la preocupación por el estado que guardan los servicios de salud en la entidad, trabajadores del sector salud en Chiapas han dirigido oficios y sostenido reuniones con autoridades estatales a fin de manifestar su inconformidad con la situación y denunciar las anomalías y atropellos cometidos contra su seguridad laboral. Estas acciones han servido también para informar con detalle a la autoridad competente de las dimensiones de la crisis, exhortándola a emprender acciones urgentes que permitan frenar su recrudecimiento y devolver a la sociedad chiapaneca el acceso a los servicios de salud que garantiza la ley. Entre estas comunicaciones destacan las siguientes:

– 11 de mayo de 2016: se hace entrega del pliego petitorio que contiende las principales demandas de los trabajadores del sector al titular de la Secretaría de Salud del Estado de Chiapas, doctor Francisco Javier Paniagua Morgan.

– 16 de junio de 2016: es celebrada una reunión de trabajo con la participación del licenciado Salvador Ruiz García, secretario técnico de la Secretaría de Salud del Estado de Chiapas junto con autoridades de la Dirección de Administración y Finanzas, Dirección de Atención Ciudadana, Dirección de Infraestructura y Subdirección de Atención Hospitalaria de la misma dependencia. A la reunión también asiste el secretario de la Subsección 04 del Sindicato de Trabajadores de la Salud (SNTSA), licenciado Gabriel Vázquez Castillo, así como otros representantes sindicales. De la reunión deriva la suscripción conjunta de una minuta de acuerdos que compromete, entre otras cosas: a) la anulación de todo tipo de recorte de personal; b) un nuevo surtimiento de medicamentos controlados para las unidades médicas; c) la entrega de recursos extraordinarios para la radicación de combustible; d) la regularización del pago de los adeudos de los trabajadores concernientes a sus aportaciones del SAR y Fovissste; e) el pago del adeudo de pasivos o intereses moratorios a cargo del Instituto de Salud; f) el pago puntual del pasivo de sueldos caídos de los trabajadores; g) la liquidación de pagos vencidos de servicios básicos de hospitales y jurisdicciones.

– 19 de julio de 2016: se entrega oficio de deslinde de responsabilidades al Secretario de Salud y Director General del ISECH, suscrita por la Secretaría General de la Subsección 04 del SNTSA, a propósito del incumplimiento de las minutas firmadas por la Secretaría de Salud para subsanar las precarias condiciones laborales en las que se encuentran los trabajadores.

– 20 de septiembre de 2016: luego de desdeñar sus solicitudes y negárseles audiencia con el titular de la Secretaría de Salud en Chiapas, miles de trabajadores del sector, aglutinados en la forma asamblea permanente, deciden tomar las instalaciones del ISECH en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, resguardándolas hasta el 28 de octubre del mismo año, fecha en que se firma una minuta de acuerdos con el Ejecutivo Estatal para la atención de sus demandas. En la misma fecha se, los trabajadores realizan la entrega del edificio administrativo (por la que consta acta circunstancia de hechos) para así replegar el movimiento a la ciudad de Comitán de Domínguez, Chiapas.

– 20 de octubre de 2016: se entrega denuncia por violaciones perpetradas en contra de los derechos laborales de tres mil trabajadores adscritos a la Subsección IV de la Sección 50 del SNTSA del estado de Chiapas en las oficinas centrales de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

– 21 de octubre de 2016: se hace de conocimiento el entonces Secretario de la Función Pública, licenciado Javier Vargas Zempoaltécatl, una denuncia por los actos perpetrados en contra de los derechos laborales de tres mil trabajadores adscritos a la Subsección IV de la Sección 50 del SNTSA del estado de Chiapas.

– 28 de octubre de 2016: es celebrada una reunión de trabajo entre los representantes de los trabajadores agremiados a la Subsección 04 del SNTSA sección 50 y autoridades estatales, destacando la presencia del doctor Francisco Ortega Farrera, secretario de Salud de Chiapas; el contador público Humberto Pedrero Moreno, secretario de Hacienda del Estado; el licenciado Jairo Cesar Guillén Ramírez, director de Administración y Finanzas; y el licenciado José Luis Gómez Domínguez, subdirector de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Salud. De la reunión deriva también la suscripción conjunta de una minuta de acuerdos por la cual el gobierno del estado se compromete, entre otras cosas, a cubrir con el adeudo derivado de las aportaciones pendientes del SAR y Fovissste, a garantizar el abastecimiento de medicamentos, insumos y material de curación en todas las unidades de salud y a realizar todos los depósitos que correspondan a los conceptos retenidos a cada trabajador, manteniendo al corriente en el futuro todas las cuentas del SAR, Fovissste, ISSSTE y empresas crediticias y aseguradoras. Finalmente, el Secretario de Salud se compromete a garantizar que no habrá sanción alguna contra los trabajadores que hayan participado en manifestaciones o asambleas, salvaguardando sus derechos laborales.

El descuento vía nómina relativo a los fondos de vivienda, jubilaciones y seguros institucionales de miles de trabajadores del sector salud en Chiapas y la falta en la entrega de dichos recursos a las instituciones respectivas revela no sólo la existencia serios problemas en la forma en que se realizan cotidianamente las operaciones contables, administrativas y jurídicas en el ISECH y la Secretaría de Salud en Chiapas, sino que estas se están llevando a cabo en el marco de la más ignominiosa ilegalidad.

Los hechos que aquí se presentan constituyen evidentes violaciones a los derechos humanos y laborales de los trabajadores. Su atención requiere del esfuerzo conjunto del gobierno federal y estatal para que, por un lado, se dé ofrezcan soluciones viables para salir de la crisis en que actualmente se encuentra sumergido el sistema de salud pública en Chiapas y, por otro, se reintegren a las cuentas respectivas los fondos sustraídos al salario de todos los trabajadores y se imputen responsabilidades jurídicas contra quienes resulten responsables del saqueo.

Por todo lo expuesto y fundando, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único: La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta al titular de la Secretaría de Salud e Instituto de Salud en el Estado de Chiapas, doctor Francisco Ortega Farrera, para que establezca, en coadyuvancia con las instituciones del gobierno federal, una mesa de trabajo con los trabajadores de la salud en la entidad afectados por la retención injustificada de sus salarios y la malversación de los fondos de jubilación, vivienda y demás prestaciones sociales que por derecho y legítimo esfuerzo les corresponden.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de enero de 2017.— Diputados: Mario Ariel Juárez Rodríguez, Guillermo Rafael Santiago Rodríguez (rúbricas).»

Se turna a la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados.

DIFUNDIR MEDIDAS Y ACCIONES DE MEJORA QUE DEBA ESTABLECER PARA GARANTIZAR Y MINIMIZAR EL RIESGO DE OPERACIÓN, SEGURIDAD, CONTINUIDAD Y MONITOREO DE LA PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA

«Proposición con punto de acuerdo, por el cual se exhorta al comisionado del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales a difundir las medidas y acciones de mejora por establecer para garantizar y minimizar el riesgo de operación, seguridad, continuidad y monitoreo de la Plataforma Nacional de Transparencia que incluyan la actualización del plan de continuidad del negocio y de los planes de contingencia, suscrita por el diputado Gustavo Adolfo Cárdenas Gutiérrez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

El que suscribe, Gustavo Adolfo Cárdenas Gutiérrez, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta asamblea proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El país vive una época en la cual los ciudadanos está comprometidos con el conocimiento de lo que se hace y sucede en el ámbito gubernamental; es decir, nos importa cada vez más lo que se realiza o se deja de hacer en la gestión gubernamental.

Hoy, los ciudadanos mexicanos nos involucramos más en temas que antes estaban en secreto.

Los mexicanos entendemos que un gobierno abierto debe ser entendido como un nuevo modelo de gestión en el que todos colaboren a fin de producir políticas públicas y acciones encaminadas a construir soluciones colaborativas a problemas públicos, donde la participación y la transparencia sean los principales elementos que atiendan cada una de las demandas sociales, y contribuyan a la rendición de cuentas e innovación social. En resumen, participando todos, se generará valor en el accionar público.

Una de las herramientas que está al alcance de todos es la denominada Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), que propicia el aprovechamiento de las tecnologías de la información y las comunicaciones a fin de impulsar lo que hemos descrito en párrafos anteriores: la transparencia y el ejercicio del derecho de acceso a la información.

Un segmento de la población todavía no tiene la posibilidad de acceder a internet pero esta plataforma ayuda a facilitar y agilizar las peticiones y conocer información de su interés, todo en el ámbito gubernamental.

La PNT está normada en el capítulo único, “De la Plataforma Nacional de Transparencia”, título tercero, “Plataforma Nacional de Transparencia”, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP).

En el artículo 50 de la ley en comento se indica que la PNT incluirá un sistema de gestión de medios de impugnación, que permitiría a cualquier ciudadano emitir una queja ante una respuesta no otorgada, una respuesta ofrecida en términos ajenos a lo solicitado, o simplemente denunciar que el ente obligado a quien se haya solicitado información no haya dado respuesta a la petición original.

Este procedimiento de impugnación está regulado por el título octavo, “De los procedimientos de impugnación en materia de acceso a la información pública”, de la LGTAIP y permitiría facilitar la impugnación vía electrónica, abonando así al proceso de transparencia gubernamental tan anhelado en el país.

Desde el 1 de enero de 2017, la PNT no permite registrar recursos de impugnación impidiendo el uso de esta herramienta tecnología lo cual impide cubrir la expectativa funcional de almacenar datos de forma integral que faciliten su procesamiento digital, y permitan el acceso sin restricción de uso por los usuarios.

Lo relevante es que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) no ha emitido a la fecha ningún comunicado a la población mexicana que explique los motivos funcionales o técnicos que impiden inscribir una impugnación por la Plataforma Nacional de Transparencia, ni como medida de gobierno abierto, ofrecer bajo fundamento legal alternativas para su inscripción hasta la atención de la falla señalada.

Lo sucedido no es nuevo, ya que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) emitió el 17 de febrero de 2016 un estudio general sobre las tecnologías de la información y comunicaciones en la administración pública, en cumplimiento del mandato constitucional que le obliga entregar a la Cámara de Diputados el Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública, en este caso de 2014, en el que cita la problemática hoy identificada.

En dicho estudio, la ASF concluyó que todos los procesos evaluados en el INAI “presentaron bajos niveles de madurez siendo los de mayor riesgo el de operación, seguridad, continuidad y Monitoreo de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC), lo que en resumen reflejaría dificultades en los procesos que permiten gobernar, administrar, dar soporte, continuidad de la operación, seguridad en el manejo de la información de forma efectiva y eficiente a las TIC, lo que puede propiciar, entre otros, los riesgos siguientes:

- Falta de alineación de las TIC con las estrategias de la entidad.

- Elevados costos en la operación y en el desarrollo de proyectos.

- Deficiencia en la segregación de funciones y asignación de los roles y responsabilidades del personal.

- Pérdida de información sensible e indisponibilidad de servicios críticos.

- Deficiente entrega de servicios e incumplimiento de programas de trabajo”.

Por lo anterior y a modo de conclusión, el INAI en el uso y administración de la Plataforma Nacional de Transparencia no refleja haber implementado procesos efectivos lo que le imposibilita lograr la totalidad de sus objetivos ligados a la transparencia y rendición de cuentas. Por tal motivo es necesario exhortar al comisionado presidente de este instituto a hacer públicas las medidas y acciones de mejora que deba establecer para garantizar y minimizar el riesgo de operación, seguridad, continuidad y monitoreo de la Plataforma Nacional de Transparencia que incluyan la actualización del plan de continuidad del negocio y de los planes de contingencia, a fin de que los aplicativos sustantivos, en los que se incluya la impugnación, se garanticen para el uso de todos los usuarios y cumplan con el fin para el que fueron creados, abonando así a la preservación del derecho de acceso a la información pública en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad de la federación, las entidades federativas y los municipios.

En virtud de lo aquí expuesto pongo a consideración de la Comisión Permanente la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al comisionado presidente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales a hacer públicas las medidas y acciones de mejora que deba establecer para garantizar y minimizar el riesgo de operación, seguridad, continuidad y monitoreo de la Plataforma Nacional de Transparencia que incluyan la actualización del plan de continuidad del negocio y de los planes de contingencia, a fin de que los aplicativos sustantivos, como lo es el del procedimiento de impugnación en materia de acceso a la información pública, se garanticen para el uso de todos los usuarios y cumplan el fin para el que fueron creados, abonando así a la preservación del derecho de acceso a la información pública.

Notas

1 Plataforma Nacional de Transparencia, disponible en

http://www.plataformadetransparencia.org.mx/ Consultada el 16 de enero de 2017.

2 Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, disponible en

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm Consultada el 16 de enero de 2017.

3 Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, disponible en

http://inicio.ifai.org.mx/SitePages/ifai.aspx Consultado el 16 de enero de 2017.

4 Estudio general sobre las tecnologías de la información y comunicaciones en la administración pública, disponible

http://www.asf.gob.mx/uploads/56_Informes_especiales_de_auditor ia/Estudio_General_de_TIC.pdf consultado el 16 de enero de 2017.

Sede de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.— Ciudad de México, a 25 de enero de 2017.— Diputado Gustavo Adolfo Cárdenas Gutiérrez (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, de la Cámara de Diputados.

HOMICIDIO DE TRES MENORES DE EDAD EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GUANAJUATO

«Proposición con punto de acuerdo, sobre el homicidio de tres menores de edad ocurrido el 14 de enero de 2017 en San Miguel de Allende, Guanajuato, suscrita por el senador Miguel Ángel Chico Herrera, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, senador Miguel Ángel Chico Herrera, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, párrafo 1, fracción II; 95, párrafo 2; 108, párrafos 1 y 2; 276, párrafos 1, fracción I, y 2; y demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración del pleno de la Comisión Permanente, la presente proposición con punto de acuerdo, de urgente resolución, en relación con el homicidio de tres menores de edad en el municipio de San Miguel de Allende, Guanajuato el día 14 de enero de 2017, al tenor de las siguientes

Consideraciones

A primeras horas del sábado 14 de enero de 2017, aproximadamente a la 1:00 de la madrugada, en el municipio de San Miguel de Allende, Guanajuato, diversos medios locales informaban que habitantes de sobre un intenso tiroteo de armas de fuego que duró más de una hora, situación que provocó el cierre de la carretera Dolores Hidalgo-San Miguel de Allende hasta pasadas las 5 de la mañana. Hasta ese momento no había algún reporte oficial sobre los hechos.

No obstante, los medios de comunicación informaron que fuentes al interior de Procuraduría General de Justicia del estado manifestaron que sí hubo un enfrentamiento y habrían avisado concentrar a decenas de elementos en la zona alrededor de las tres de la mañana, sin embargo, oficialmente ni autoridades municipales ni la Subprocuraduría habían emitido información alguna.

Otros medios de comunicación informaron sobre este enfrentamiento y de la muerte de tres menores durante el mismo en un inmueble ubicado en la carretera San Miguel de Allende–Dolores Hidalgo, a la altura de la comunidad La Cieneguita.

De manera increíble, un día y medio después de ocurridos los hechos y de que versiones extraoficiales se hicieron públicas en múltiples medios de comunicación, la Procuraduría General de Justicia del estado de Guanajuato (PGJE) y la Secretaría de Seguridad Pública del estado de Guanajuato (SSPE), con fecha 17 de enero, emitieron un comunicado mediante el cual informaron que, como consecuencia de un enfrentamiento armado en un inmueble ubicado a la entrada de la comunidad Ampliación Cieneguita en San Miguel de Allende, Guanajuato, se verificó la muerte de tres menores de edad de nombres Juan Adrián, Mateo y Gabriel de 4, 8 y 11 años, siendo la madre de éstos, de nombre Juana Luna, quien informó a las autoridades que su esposo de nombre Antonio Luna, padre de los menores y velador de la finca donde ocurrieron los hechos, fue quien les quitó la vida y que a ella también intentó privarla de la vida.

El Comunicado oficial es el siguiente:

“La PGJE y la SSPE informan sobre la detención de multihomicida y el aseguramiento de una casa de seguridad, armas y droga.

La PGJE y la SSPE informan sobre la detención de multihomicida y el aseguramiento de una casa de seguridad, armas y droga. San Miguel Allende, Guanajuato. 15 de enero de 2017. La Procuraduría General de Justicia del estado y la Secretaría de Seguridad Pública del estado informan sobre la intervención en un inmueble ubicado a la entrada de la comunidad Ampliación Cieneguita y la captura de un multihomicida. El día de ayer alrededor de las 2:00 de la mañana, mediante un reporte a la Procuraduría General de Justicia del estado se informaba que en la comunidad Ampliación Cieneguita se encontraba un grupo de hombres armados, y el reporte señalaba también que había detonaciones de armas de fuego. Cuando los elementos policiacos arribaron al lugar del reporte fueron recibidos con disparos de armas de fuego, ante ello se solicitó apoyo por parte de los grupos tácticos; ahora se sabe que parte de los que conformaban el grupo delictivo se dispersó por el patio trasero del inmueble; al arribo de los elementos de los grupos tácticos lograron asegurar primeramente el perímetro del lugar y a la postre incursionaron en el inmueble toda vez que había aún detonaciones del interior de este hacia los elementos, y ya asegurado el inmueble lograron detener a la persona que accionaba una de las armas de fuego que fueron aseguradas y junto con él se encontraba una persona del sexo femenino quien dijo ser su esposa y señalaba a los elementos que también iba a ser privada de la vida por parte de quien refirió como su esposo y que era él quien había privado de la vida a sus tres menores hijos, siendo tres menores de 11, 8 y 4 años de edad. La carpeta de investigación se encuentra en su etapa de integración por diversos delitos entre ellos homicidio en grado de parentesco y posesión de armas de fuego y sustancias prohibidas (drogas), y se ha podido establecer que una de las armas recuperadas, precisamente la que le fue asegurada al ahora detenido es el arma que dio hoy positivo con los elementos balísticos que fueron sustraídos de la corporeidad de los tres menores al momento de la necropsia. El ahora detenido será puesto a disposición del juez de control para la definición de su situación jurídica donde se le imputarán los lamentables hechos de los tres menores privados de la vida, entre otros delitos. Se aseguraron armas largas de grueso calibre, armas cortas y droga. El seguimiento del caso, se realiza conforme a las reglas del sistema de justicia penal acusatorio, lo que exige ceñimiento a las disposiciones sobre publicidad y reserva de datos de asuntos en trámite contenidas en el Código Nacional de Procedimientos Penales.”

Sin embargo, la señora Juana Luna ha desmentido la versión oficial emitida por la Procuraduría General de Justicia del estado de Guanajuato y la Secretaría de Seguridad Pública estatal. Ante el diario local A.M., Juana Luna manifestó que:

“Como cada fin de semana pasarían la noche toda la familia en la finca donde él trabajaba como velador, cuando dormían comenzaron a escuchar las detonaciones y momentos después hombres armados ingresaron al domicilio sin identificarse como elementos policiacos.

La familia completa se escondió en un baño en la planta alta, al percatarse de que los hombres armados subían por las escaleras, Antonio Luna que portaba un arma, comenzó a realizar detonaciones hacia las escaleras, bombas de gas fueron lanzadas al baño, por lo que se lanzaron al suelo.

Cuando los hombres armados ingresaron al sanitario, colocaron a todos boca abajo, de acuerdo con la declaración de Juana, escuchó cuando los agentes arrebataron el arma a Antonio Luna para después realizar unas detonaciones, luego de los disparos pudo escuchar que le regresaron el arma y lo obligaron a sostenerla.

“Le dijeron “entréganos esa arma”, y entonces a mí me jalaron y me voltearon, después escuché disparos, pero yo no sabía de quien y mi esposo estaba volteado conmigo, en eso le dijeron, “¡Ten cabrón, agárrala!, entonces mi esposo se quedó con ella”, después de esto Juana no volvería a ver a sus hijos pues fue llevada a otra parte de la finca junto con su esposo.

En el lugar dijo ser interrogada por elementos que le aseguraban que fue su marido quien había matado a los niños cuando se encontraban en el baño, que incluso era grabada con un aparato telefónico.”

Juana Luna también ha manifestado ante los medios de comunicación locales que en el Ministerio Público se dieron muchas irregularidades al momento de recabarle su declaración asegurando que no se asentó lo que ella estaba narrando y que la hicieron firmas hojas en blanco. Esta narración puede encontrarse en el canal oficial de Youtube del medio de comunicación Zona Franca en el siguiente vínculo electrónico: https://youtu.be/PIf0uK_XPQg

Estos trágicos hechos dieron origen a la causa penal 1p3417-5 en la que a Antonio Luna, en un primer momento, se le imputaron los delitos de homicidio en grado de parentesco, posesión de armas de fuego y sustancias prohibidas así como el de tentativa de homicidio en contra de varios agentes ministeriales.

Sin embargo, el viernes 20 de enero, el órgano jurisdiccional vinculó a proceso, de forma provisional, a Antonio Luna por los delitos de homicidio calificado con agravio de parentesco contra sus tres hijos, además de la tentativa de homicidio en contra de su esposa Juana, el cual fue incluido por la fiscalía de último momento.

Cabe mencionar que en principio el abogado defensor de Antonio Luna fue un defensor de oficio, sin embargo, lo removió de su cargo por considerar que no estaba realizando una adecuada defensa tomando el caso un abogado particular.

Ante estos hechos, la Procuraduría de los Derechos Humanos del estado de Guanajuato ha intervenido y ha solicitado a múltiples instancias y dependencias estatales sus informes oficiales para integrar su investigación marcada con el número de expediente 04/17-D. Entre sus diligencias se encuentra la citación de los cinco agentes ministeriales y los 8 elementos de las fuerzas de seguridad pública que intervinieron en el operativo del 14 de enero de 2017 en San Miguel de Allende, quienes, al día de hoy, no han comparecido ante este organismo.

En un gesto de solidaridad, familiares, amigos y ciudadanos de San Miguel de Allende, han realizado marchas en apoyo de Antonio Luna, quienes aseguran que él no pudo ser culpable del homicidio de sus hijos, hecho que ha puesto sensible a la sociedad y cuestionan la credibilidad de las Procuraduría General de Justicia de Guanajuato y de la Secretaría de Seguridad Pública estatal.

Es innegable que el estado de Guanajuato se ha convertido en uno de los más violentos del país, toda vez que diario observamos que se registran homicidios, robos, entre muchos delitos más, en varios de sus municipios, situación que desde hace un tiempo mantiene en permanente nerviosismo, alerta y con sensación de inseguridad a la población guanajuatense.

Esto da pie a hacer un enérgico llamado a nuestras autoridades estatales para que asuman, de una vez por todas, con responsabilidad su obligación de preservar la seguridad e integridad de todos y cada uno de los guanajuatenses. (Ley de Guaridas Pública de Guanajuato)

Los indignantes hechos ocurridos en San Miguel de Allende el pasado sábado 14 de enero, deja ver que la labor de la Procuraduría General de Justicia de Guanajuato, en este asunto, ha sido deficiente y desaseada, con muchas irregularidades y ha generado que la opinión pública cuestione y ponga en entredicho el actuar de esta institución así como el de la Secretaría de Seguridad Pública estatal.

Resulta imperante que las autoridades de procuración de justicia y jurisdiccionales en Guanajuato esclarezcan estos hechos que indignan a la sociedad guanajuatense, se llegue a la verdad de los mismos, que la investigación verdaderamente se apegue a derecho y se garantice el debido proceso para determinar la responsabilidad de los ya implicados y de los que aún no lo están para hacer justicia a los tres menores fallecidos Juan Adrián, Mateo y Gabriel.

Estamos ciertos de que una exhaustiva y eficaz investigación sobre lo acontecido en San Miguel de Allende, así como una debida valoración por parte de la autoridad jurisdiccional, con estricto apego y respeto al debido proceso, podrá lograr el arribo a la verdad para determinar la responsabilidad en el lamentable triple homicidio de los menores de edad.

Ante todas las contradicciones que, hasta el día de hoy, se verifican en la investigación de estos hechos, resulta necesario hacer un llamado a las autoridades guanajuatenses para que actúen con estricto apego a derecho y probidad para determinar la responsabilidad de los implicados y de los culpables.

Más aún, es menester solicitar a la Procuraduría General de la República que valore la posibilidad de intervenir y ejercitar su facultad de atracción para conocer del asunto debido a la relevancia que el caso amerita, esto ante las notorias deficiencias y cuestionamientos sobre la pulcritud en el desarrollo de la investigación.

En el mismo sentido, cabe también solicitar a la Comisión Nacional de Derechos Humanos valorar su intervención en estos trágicos acontecimientos y determinar la existencia de violaciones a derechos humanos.

Por lo expuesto, la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión emite la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero.La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión expresa su indignación y se solidariza con los habitantes del estado de Guanajuato por el homicidio de los tres menores de edad de nombres Juan Adrián, Mateo y Gabriel Luna, de 4, 8 y 11 años, derivado de un enfrentamiento con armas de fuego entre un grupo armado y elementos de la Secretaría de Seguridad Publica y de la Policía Ministerial de la Procuraduría General de Justicia de Guanajuato en el interior de un inmueble de la comunidad Ampliación Cieneguita en el municipio de San Miguel de Allende el pasado 14 de enero de 2017.

Segundo.La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Gobierno del estado de Guanajuato para que, en coordinación con los cuarenta y seis municipios de la entidad, realice las acciones necesarias y urgentes tendientes a abatir la inseguridad que afecta los guanajuatenses.

Tercero.La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular de la Procuraduría General de Justicia de Guanajuato así como al Poder Judicial de la entidad para que, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, la investigación de los hechos y la valoración de los medios probatorios se realicen con estricto apego a derecho y respeto al debido proceso con la finalidad de esclarecer el lamentable homicidio de los tres menores de edad de nombres Juan Adrián, Mateo y Gabriel Luna, de 4, 8 y 11 años, ocurrido en el municipio de San Miguel de Allende, Guanajuato el 14 de enero de 2017.

Cuarto. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión solicita respetuosamente al titular de la Procuraduría General de la República, de ser viable acorde a las facultades, atribuciones y ámbito de competencia de esa institución, ejercite la facultad de atracción para que ésta continúe la investigación de los hechos relacionados con el homicidio de los tres menores de edad de nombres Juan Adrián, Mateo y Gabriel Luna, de 4, 8 y 11 años, ocurrido en el municipio de San Miguel de Allende, Guanajuato el 14 de enero de 2017, derivado de las aparentes irregularidades y carencia de pulcritud en la investigación por parte de las autoridades del estado de Guanajuato.

Quinto.La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión solicita respetuosamente al titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, de ser viable acorde a las facultades, atribuciones y ámbito de competencia de esa institución, intervenga en para determinar la existencia de violaciones a derechos humanos derivado de la investigación de los hechos relacionados con el homicidio de los tres menores de edad de nombres Juan Adrián, Mateo y Gabriel Luna, de 4, 8 y 11 años, ocurrido en el municipio de San Miguel de Allende, Guanajuato el 14 de enero de 2017.

Notas

1 http://periodicocorreo.com.mx/balacera-sma-provoca-cierre-carretera/

2 http://zonafranca.mx/registran-balacera-en-dolores-hidalgo-cierran-por-cuatro-h oras-carretera-a-san-miguel/

3 http://periodicocorreo.com.mx/encuentran-cuerpos-ninos-tras-balacera-ministeria les/

4 https://portal.pgjguanajuato.gob.mx/PortalWebEstatal/Comunicacion/Formularios/V erNoticia.aspx

5 https://www.am.com.mx/2017/01/16/sucesos/desmiente-a-pgje-en-caso-de-3-menores- muertos-en-balacera-339812

6 http://zonafranca.mx/ahora-la-pgje-acusa-a-antonio-luna-de-intentar-asesinar-a- su-esposa-definen-hoy-mismo-si-se-le-vincula-a-proceso/

7 http://www.am.com.mx/2017/01/21/local/vinculan-a-proceso-a-antonio-luna-340932

8 http://zonafranca.mx/desatienden-pgje-y-ssg-la-peticion-de-pdheg-para-que-decla ren-policias-que-participaron-en-operacion-san-miguel/

9 http://zonafranca.mx/en-san-miguel-de-allende-realizan-manifestacion-de-apoyo-a -la-familia-de-los-ninos-muertos/

Dado en el pleno de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, a 25 de enero de 2017.— Senador Miguel Ángel Chico Herrera (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Justicia, de la Cámara de Senadores.

INTEGRACIÓN DE LA NUEVA MESA DIRECTIVA DE LA ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

«Proposición con punto de acuerdo, por el cual se saluda la integración de la nueva Mesa Directiva de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela y se formulan votos para que sus trabajos se traduzcan en acciones que permitan superar su crisis económica, humanitaria y social, suscrita por las senadoras Mariana Gómez del Campo Gurza y Laura Angélica Rojas Hernández, del Grupo Parlamentario del PAN

Las suscritas, senadoras Mariana Gómez del Campo Gurza y Laura Angélica Rojas Hernández, legisladoras integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58, 59, 171 y 179 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración del pleno de esta Comisión Permanente del Congreso de la Unión, la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión saluda la integración de la nueva Mesa Directiva de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela y hace votos para que sus trabajos se traduzcan en acciones que permitan que sea superada la crisis económica, humanitaria y social que atraviesa la hermana república sudamericana, al tenor de los siguientes

Antecedentes

I. Las elecciones de diciembre de 2015, que le otorgaron a la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), que agrupa a diversos partidos políticos de la oposición con 112 escaños frente a 55 del oficialismo, sin embargo, el Tribunal Supremo desincorporó a 3 diputados opositores por una supuesta impugnación en sus procesos. La Asamblea Nacional de la República de Venezuela tomó protesta a dichos diputados y el Tribunal declaró a la Asamblea en desacato, por lo que ninguno de sus actos tenía nivel oficial. Finalmente, la directiva del Parlamento venezolano separó a los tres diputados de sus cargos para poder desarrollar sus actividades.

II. El pasado 5 de enero del año en curso, en la apertura de sesiones de la Asamblea Nacional, fueron electos para la Junta Directiva como presidente el diputado Julio Borges, coordinador nacional del Partido Primero Justicia; como vicepresidentes, los diputados Freddy Guevara Cortez, coordinador nacional encargado del Partido Voluntad Popular, y Dennis Fernández Solórzano, del Partido Acción Democrática; como secretario, el diputado José Ignacio Guedez, secretario general del Partido La Causa R, y como subsecretario, el diputado José Luis Cartaya.

Una de las primeras acciones de la Asamblea Nacional en el nuevo periodo de sesiones fue declarar el pasado 9 de enero que Nicolás Maduro abandonó el cargo de presidente de la República; la declaratoria señala que no implica un abandono físico, sino un incumplimiento de deberes constitucionales. Inmediatamente, el Tribunal Superior, mediante nota de prensa, señaló que el Poder Legislativo no tiene facultades para destituir al jefe de Estado, lo cual es muestra del constante conflicto de los Poderes Ejecutivo y Judicial contra el Poder Legislativo, electo por sufragio directo del pueblo venezolano.

III. El pasado domingo 15 de enero, el presidente Maduro presentó su informe anual de gestión al Tribunal Supremo de Justicia en lugar de hacerlo ante la Asamblea Nacional, en un hecho que atenta contra la Constitución. Maduro señaló que el país enfrenta una “circunstancia excepcional” y acusó a la Asamblea Nacional de estar legislando “fuera de la constitución” y en “desacato” de las sentencias de la Corte.

Durante su discurso, que fue transmitido en cadena nacional de radio y televisión, el mandatario acusó a la mayoría opositora en el Parlamento de promover una acción golpista por el supuesto incumplimiento de sus funciones constitucionales.

Por otra parte, Maduro dijo que durante el año pasado los ingresos en divisas del país alcanzaron los 5 mil 291 millones de dólares, lo que representó una caída de más del doble en comparación con 2015, cuando se lograron entradas por 13 mil millones de dólares, en mayor parte generadas por las exportaciones petroleras.

Maduro admitió que la abrupta caída de los ingresos llevó al país a una situación económica “difícil” y “compleja” que aún se está superando, y dijo que a pesar de ello se dio un “milagro de Dios, milagro de la revolución”, porque no cerraron centros educativos ni se despidieron empleados públicos.

Maduro aprovechó el momento para anunciar que, para continuar “cabalgando la crisis”, entrará en vigor el lunes el primer decreto de emergencia económica de 2017, con el que gobernó durante todo el 2016. Además, prometió dar un giro al modelo económico socialista, con la ampliación del sistema de distribución de bolsas de comida a sectores populares y aumentando la productividad, por lo que el gobierno empezará el 20 de enero una entrega masiva del llamado “carné de la Patria”, necesario para comprar las bolsas de alimentos subsidiadas y beneficiarse de misiones sociales.

Sin embargo, las proyecciones económicas de analistas u organismos internacionales para Venezuela no son esperanzadores; el Fondo Monetario Internacional proyecta en mil 660 por ciento la inflación para 2017, pues en este año habrá continuidad de la política de intervenir en la economía, más regulaciones, inspecciones a empresas, control de precios y del tipo de cambio, lo que se traducirá en más inflación y contracción económica.

Nicolás Maduro se dijo dispuesto a ir a una “lucha armada continental” si se intenta un golpe de Estado o se trata de “quebrar” a Venezuela y afirmó que de suceder, “se acabaría la paz en este continente”.

Además, decidió extender hasta el 20 de febrero la vigencia de los billetes de 100 bolívares, que temporalmente sacó de circulación el mes pasado y luego retornó a la economía tras protestas callejeras violentas. En su momento, reiteró que a partir del lunes comenzarán a circular otras nuevas denominaciones de papel moneda, que incluyen los billetes de 500, 5 mil y 20 mil bolívares.

Como otra medida económica para proteger a los trabajadores, Maduro anunció que se exonerará del pago del impuesto sobre la renta a las personas que reciban ingresos anuales por debajo de 6 mil unidades tributarias.

Por su parte, el diputado Julio Borges, presidente de la Asamblea Nacional, reiteró que Maduro está actuando fuera de la Constitución y los magistrados del máximo tribunal, al avalar la anulación de la Carta Magna, podrían ser juzgados en un futuro en instancias internacionales por “delitos de lesa humanidad”.

Borges exigió a Maduro rendir cuentas por los asesinatos de 100 mil venezolanos que han ocurrido durante su gestión y le pidió explicar cómo es posible que la economía esté “tan destrozada”. Además, opinó que la única solución a la crisis del país es el voto.

Consideraciones

Que con fundamento en el numeral 1 del artículo 117 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 276 del Reglamento del Senado de la República, los senadores y los grupos parlamentarios presentan proposiciones con punto de acuerdo con el objeto de atender asuntos que no constituyen iniciativas de ley o decreto.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta soberanía, los presentes

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión saluda la integración de la nueva Junta Directiva de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela deseándole éxito en su trabajo parlamentario, reconociendo su importante papel en el equilibrio de poderes y en la democracia de la hermana república sudamericana.

Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión hace votos para que las instituciones de la República Bolivariana de Venezuela contribuyan a generar soluciones para que sean respetados el orden constitucional, el estado de derecho y los derechos humanos, mismos que deriven en la superación de la crisis política, económica, humanitaria y social por la que atraviesa el pueblo venezolano.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, a 25 de enero de 2017.— Senadoras: Mariana Gómez del Campo Gurza, Laura Angélica Rojas Hernández (rúbricas).»

Se turna a la Comisión de Relaciones Exteriores de América Latina y el Caribe, de la Cámara de Senadores.

CONSIDERAR LA EXPANSIÓN DE LOS PROGRAMAS “ABRIGANDO A CHIAPAS” Y “ADIOS AL FRíO”

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno de Chiapas a considerar la expansión de los programas Abrigando a Chiapas y Adios al Frío para contrarrestar los frentes fríos venideros, suscrita por el senador Zoé Robledo Aburto, del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, senador Zoé Robledo Aburto, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en esta LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que se refiere al funcionamiento de la Comisión Permanente, someto a la consideración del pleno, la presente proposición conpunto de acuerdo,al tenor de las siguientes

Consideraciones

En ésta temporada invernal el Gobierno del Estado de Chiapas ha implementado programas como “Adios al Frío” y “Abrigando a Chiapas”, para apoyar a las familias de escasos recursos económicos y proteger su integridad física en tiempos de frío, se han dedicado a entregar cobijas a todas aquellas familias que más lo ocupan debido a las inclemencias del temporal en los municipios de San Cristóbal de las Casas, San Juan Chamula y Amatenango del Valle, San Andrés Larráinzar y Zinacantán; Chiapas.

Sin embargo, las familias de escasos recursos no solo se encuentran en dichos municipios, si bien son los más fríos de Chiapas, comunidades que habitan en El Porvenir, Comitán de Domínguez, Venustiano Carranza, Huixtán, Coapilla; padecen bajas temperaturas menores a los 10 centígrados por las noches y por las mañanas, en algunas ocasiones se presentan puntos de congelamiento.

Por ende, la importancia de extender el apoyo a otros municipios es con el fin de cuidar a los niños, personas de la tercera edad y evitar enfermedades respiratorias. En este sentido, es transcendental que la dirección de este apoyo social, este correctamente especificado.

Ya que cifras reportadas por la prensa y la falta de un reporte verídico por parte del Gobierno del Estado, nos conlleva a observar divergencias tanto en cuestión de los municipios beneficiados, como en la cuantía de cobertores entregados. De modo tal que es importante generar certeza en las mismas, para brindar el apoyo a aquellas comunidades que padecerán las bajas temperaturas de la temporada.

Aunado a lo anterior, y adentrándonos en las características necesarias para brindar el apoyo, estudios de la Secretaría de Protección Civil del Estado, se encargaron de realizar un estudio coordinado con la Presidenta del DIF Chiapas para determinar aquellos municipios a los que se les debe brindar el apoyo pertinente para contrarrestar los frentes fríos, determinando que los municipios de San Cristóbal de las Casas, San Juan Chamula y Amatenango del Valle, serían los beneficiados.

Finalmente, y con el objetivo de contextualizar la necesidad de fomentar y expandir tales programas, recientes estudios del Sistema Meteorológico Nacional se registrarán temperaturas de cero a cinco grados centígrados en regiones serranas dentro de las cuales destaca el estado de Chiapas, donde se presentará cielo nublado, probabilidad de lluvias puntuales intensas de 80 por ciento y ambiente frío, con evento de norte con rachas superiores a 90 kilómetros por hora, este último fenómeno hace referencia a contar con temperaturas menores a 5 grados centígrados.

Es por lo anteriormente expuesto que propongo los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta al gobierno de Chiapas a informar a esta soberanía sobre la cobertura real de los programas “Abrigando a Chiapas” y “Adios al Frío”, tanto en la cantidad de cobertores otorgados, así como en los municipios beneficiados.

Segundo. Se exhorta al gobierno del estado para que a través de sus dependencias, amplié la cobertura de los programas sociales “Adios al Frío” y “Abrigando a Chiapas” a los municipios de El Porvenir, Comitán de Domínguez, Venustiano Carranza, Huixtán, Coapilla y, difunda entre los habitantes del estado, las indicaciones para tomar medidas de seguridad durante la temporada invernal.

Dado en la sede de la Comisión Permanente, el día 25 de enero de 2017.— Senador Zoé Robledo Aburto (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Protección Civil, de la Cámara de Senadores.

INVESTIGAR SOBRE EL CASO DEL ASESINATO DE ISIDRO BALDENEGRO LÓPEZ, ACTIVISTA AMBIENTAL Y DEFENSOR DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LA COMUNIDAD RARÁMURI

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la PGR a atraer las investigaciones sobre el asesinato de Isidro Baldenegro López, activista ambiental y defensor de los derechos humanos de la comunidad rarámuri, suscrita por los diputados María Chávez García y Mario Ariel Juárez Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Morena

Los que suscriben, Norma Rocío Nahle García, Mario Ariel Juárez Rodríguez y María Chávez García, Diputados Federales a la LXIII Legislatura, integrantes del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de la Unión, sometemos a consideración de la Comisión Permanente la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, bajo las siguientes

Consideraciones

El domingo 15 de enero del año en curso, en la comunidad de Coloradas de la Virgen, municipio de Guadalupe y Calvo, perteneciente al estado de Chihuahua, fue asesinado de manera artera Isidro Baldenegro López, indígena rarámuri que se destacó por ser un luchador social y defensor de los bosques de la Sierra Tarahumara.

Isidro Baldenegro pasó gran parte de sus 51 años su vida protegiendo el bosque contra los caciques y mafiosos que de forma ilegal los explotan. Tras la muerte de su padre, Julio Baldenegro, quien también fuera asesinado en 1986 por los traficantes de madera, Isidro tomo el liderazgo en el movimiento por la defensa del territorio que por siglos su comunidad ha habitado.

En 1993, Baldenegro funda la organización no gubernamental Fuerza Ambiental, AC (FA), dedicada al combate de la tala ilegal de pinos y robles que se encuentra en territorio de los rarámuris, dentro de la Sierra Madre Occidental.

En el 2002 FA de forma pacífica, por medio de marchas y plantones, consiguió la suspensión definitiva de la tala del bosque de su ejido, Coloradas de la Virgen, lo que dese entonces le ocasionó a Isidro Baldenegro amenazas y ataques.

Pero, la defensa legitima de los bosques en la sierra tarahumara y de los derechos humanos de la comunidad rarámuri que los habitan no tan solo le ocasionó agresiones por parte de los talamontes, sino también, por parte del estado corrupto que en varias ocasiones utiliza a las instituciones que deberían de velar por la justicia como arma contra los luchadores sociales.

En el 2003 Baldenegro fue detenido por la Policía Judicial de Chihuahua, estando en su propiedad y sin que mediara orden de aprensión. Siendo encarcelado injustamente, con pruebas fabricadas se le acusó por los supuestos ilícitos de narcotráfico y posesión de armas de uso exclusivo del ejército.

En su momento la injusta privación de su libertad ocasionó el repudio internacional y severas crítica contra México por su corrupto sistema policiaco, siendo liberado 15 meses después, cuando un tribunal resolvió que las pruebas aportadas por la policía se contradecían.

En el año 2005, la Fundación Goldman reconoció la lucha de Isidro Baldenegro en defensa del territorio indígena y el bosque amenazado por los taladores, otorgándole a Baldenegro el premio ambiental Goldman, considerado a nivel internacional como el Nobel en protección ambiental, sumándose a un exclusivo grupo de mexicanos que han logrado esa distinción, Edwin Bustillos, Rodolfo Montiel Flores y Jesús León Santos.

En octubre de 2010, por medio de un punto de acuerdo la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, extendió un reconocimiento por su invaluable labor a favor del medio ambiente y del desarrollo comunitario de nuestro país a los mexicanos galardonados con el premio Goldman, entre los que se encontraba Isidro Baldenegro.

La lucha de Baldenegro continuó, pero, pese a los reconocimientos que merecidamente obtuvo y que lo convirtieron a nivel internacional en una figura respetada, en un héroe ambiental, las amenazas y persecuciones contra él no cesaron. Obligado por las amenazas de muerte que por parte de las mafias de taladores clandestinos pesaban en su contra y de su familia, continuamente fue obligado a desplazarse hacia otras poblaciones de la sierra Tarahumara, hasta que el domingo ya señalado, pocos días después de su regresó a Coloradas de la Virgen, fue asesinado.

La Organización de las Naciones Unidas ya condenó este artero crimen, en un comunicado expresó la indignación causada por la trágica muerte de este destacado activista ambientalista. En palabras de Michel Forst, relator especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los defensores de derechos humanos, “La muerte de Isidro deja un doloroso vacío no solo en su comunidad, sino en el movimiento global de los derechos humanos.”

El Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, también se ha sumado a la condena por el asesinato del reconocido luchador social y pidió castigar a los responsables. Al igual que Amnistía Internacional, organización que ha pedido al gobierno mexicano la investigación inmediata de los hechos, a decir de su directora para América, Erika Guevara Rosas, el asesinato de Isidro Baldenegro “es una trágica ilustración de los muchos peligros que enfrentan quienes dedican sus vidas a defender los derechos humanos en América Latina, una de las regiones más peligrosas para los activistas.”

Si bien la Fiscalía General del estado de Chihuahua ha declarado que ya tiene identificado al autor material del asesinato y que para su cobarde acto utilizó un arma de uso exclusivo del ejército. Pese a lo anterior, este despreciable individuo hasta el momento se encuentra prófugo, lo que una vez más a nivel internacional pone en entredicho al sistema de justicia mexicano.

Por otra parte, si recordemos, en el 2003 Baldenegro fue acusado y encarcelado injustamente, con “pruebas” sembradas por la misma policía que hoy supuestamente busca a su asesino, bajo este antecedente, se abre la siguiente interrogante, ¿cómo vamos a esperar ahora que la misma institución que de manera injusta y arbitraria le privó de libertad, realmente ponga interés en resolver el caso hasta sus últimas consecuencias?

Resulta imprescindible que se realice una investigación de manera inmediata, eficiente, exhaustiva, profesional e imparcial, libre de estereotipos y discriminación política o ideológica, orientada a explorar todas las líneas de investigación posibles que permitan allegarse de datos para el esclarecimiento del hecho que la ley señala como delito, así como la identificación de quien lo cometió o participó en su comisión.

Por ello la Procuraduría General de la República debe hacerse cargo de las indagatorias, para recobrar la confianza pública, garantizar el conocimiento pleno de la Verdad y que se haga Justicia, y por ser la única instancia adecuada para garantizar que la investigación se realice de manera inmediata, eficiente, exhaustiva, profesional e imparcial, libre de estereotipos y discriminación política o ideológica, orientada a explorar todas las líneas de investigación posibles que permitan allegarse de datos para el esclarecimiento del hecho que la ley señala como delito, así como la identificación de quien lo cometió o participó en su comisión.

La Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República señala la facultad de atracción que puede ejercer el órgano ministerial federal.

“Artículo 14. El reglamento de esta ley establecerá las unidades y órganos técnicos y administrativos, centrales y desconcentrados, de la Procuraduría General de la República, así como sus atribuciones.

El procurador general de la República, de conformidad con las disposiciones presupuestales, podrá crear unidades administrativas especializadas distintas a las previstas en el reglamento de esta ley, para la investigación y persecución de géneros de delitos y para el ejercicio de la función ministerial, policial y pericial, atendiendo a las necesidades del servicio, así como fiscalías especiales para el conocimiento, atención y persecución de delitos específicos que por su trascendencia, interés y características así lo ameriten.”

Por su parte el reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República establece que:

“Artículo 13. Son facultades genéricas de los titulares de las unidades especializadas previstas en el artículo 3 de este Reglamento y las fiscalías, así como de las creadas por acuerdo del procurador, en términos de lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 14 de la Ley Orgánica, adicionalmente a las contempladas en el artículo anterior, las siguientes:

I. a V....

VI. Ejercer la facultad de atracción para la investigación y persecución de delitos del fuero común que tengan conexidad con delitos federales materia de su competencia;

...”

En Morena estamos convencidos de que el Congreso de la Unión debe unirse a estas voces de repudio ante este cobarde crimen y enviar nuestras condolencias a los deudos de Isidro Baldenegro, pero también, exigir el esclarecimiento del caso, el que se castigue al autor material y al o a los autores intelectuales, y exhortar a la Procuraduría General de la República que atraiga el caso.

Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en las disposiciones invocadas en el proemio, sometemos a consideración del pleno la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, condena el asesinato del activista ambiental y defensor de los derechos humanos, Isidro Baldenegro López. Así mismos, envía sus más sentidas condolencias a sus familiares, amigos y a la comunidad rarámuri por su irreparable pérdida.

Segundo. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, exhorta a la Procuraduría General de la República, a que en el ámbito de sus facultades atraiga las investigaciones sobre el caso del asesinato del activista por los derechos humanos Isidro Baldenegro López.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, a 25 de enero de 2017.— Diputado Mario Ariel Juárez Rodríguez (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Justicia, de la Cámara de Diputados

INVESTIGAR LOS SUCESOS POR LOS QUE SE VIOLENTARON LOS DERECHOS POLÍTICOS DE GABRIELA MALDONADO, ROSA AGUILAR Y MARIANA DÍAZ, MUJERES INDÍGENAS DEL MUNICIPIO DE MIGUEL PERAS, OAXACA

«Proposición con punto de acuerdo, por el cual se exhorta a los fiscales especializados para la Atención de Delitos Electorales, y en Delitos Electorales de la Fiscalía General de Oaxaca a investigar con la mayor brevedad los sucesos por los que se violentaron los derechos políticos de Gabriela Maldonado, Rosa Aguilar y Mariana Díaz, indígenas del municipio de Miguel Peras, suscrita por la diputada Claudia Sofía Corichi García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

La suscrita Claudia Sofía Corichi García, Diputada Federal integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en esta LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 2, fracción III del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta soberanía el presente Punto de Acuerdo por el que la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta a la titular de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales de la Fiscalía General de Oaxaca, Claudia Romo Rodríguez, a investigar a la brevedad los sucesos por los que se violentaron los derechos políticos de Gabriela Maldonado, Rosa Aguilar, y Mariana Díaz, indígenas del municipio de Miguel Peras, Oaxaca, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

I. A pesar de las múltiples medidas tomadas por el Estado mexicano, y de los significativos impulsos de la sociedad civil por hacer visible la violencia política hacia las mujeres, ésta continúa manifestándose de manera preocupante en nuestro país, como una más de las violencias sistémicas que padecen las mujeres en México.

II. Diversos medios hicieron pública la situación de agravio en contra de tres mujeres que fueron agredidas a latigazos en el municipio de San Miguel Peras en Oaxaca el pasado 21 de enero de 2017: Rosa Aguilar, Mariana Díaz y Gabriela Maldonado. Ésta última fue golpeada hasta quedar inconsciente con su hijo en brazos, agredida por su propio abuelo, quien fue obligado por el Presidente Municipal y el síndico de la localidad.

Todo comenzó cuando Rosa, Mariana y Gabriela externaron en las pasadas elecciones de 2016 su interés en participar en la elección local municipal y recibieron comentarios como “aquí no se permiten faldas” y “no pueden entrar porque son mujeres”.

Rosa, Mariana y Gabriela buscaron después de la elección del 7 y 8 de mayo de 2016, ser integradas en la autoridad y tener el derecho de participar en la asamblea. Para eso, acudieron al Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPO) y a la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca y la Fiscalía General de Justicia de Santiago Juxchitlahuaca, a interponer su queja logrando que el órgano mandatara la reposición de la elección realizada por Sistemas Normativos Internos. Sin embargo, subrayan las afectadas que en ningún momento la autoridad repuso la elección.

Diversos testimonios han dejado evidencia del constante acoso, amenazas y asedio que vivían estas tres mujeres producto de la queja que interpusieron ante las autoridades electorales estales.

III. De acuerdo con la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém Do Pará), la Convención de los Derechos Políticos de la Mujer y la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés); las mujeres tienen derecho al acceso igualitario a las funciones públicas de su país y a participar en los asuntos públicos, incluyendo la toma de decisiones.

IV. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, reconoce el principio de igualdad, el derecho de todas las y los, ciudadanos de participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes libremente elegidos; votar y ser electas en elecciones periódicas, auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los y las electoras, así como de tener acceso, en condiciones de igualdad, a las funciones públicas de su país.

V. La Constitución reconoce el principio de igualdad para el ejercicio de los derechos político-electorales contenidos en su artículo 35, mientras que establece como principios rectores del ejercicio de la función electoral la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad. En su artículo 2, la Constitución “reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y las comunidades indígenas a la libre determinación y, en consecuencia, a la autonomía para [...] decidir sus formas internas de convivencia y organización social, económica, política y cultural”. En la fracción III, protege su derecho a: “elegir de acuerdo con sus normas, procedimientos y prácticas tradicionales, a las autoridades o representantes para el ejercicio de sus formas propias de gobierno interno, garantizando que las mujeres y los hombres indígenas disfrutarán y ejercerán su derecho de votar y ser votados en condiciones de igualdad; así como a acceder y desempeñar los cargos públicos y de elección popular para los que hayan sido electos o designados, en un marco que respete el pacto federal y la soberanía de los estados.” Además, agrega que “en ningún caso las prácticas comunitarias podrán limitar los derechos político-electorales de los y las ciudadanas en la elección de sus autoridades municipales.”

VI. De acuerdo con la solicitud de acceso a la información 0001700228915, hecha por el Programa de Investigación del Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir, de las 3 mil 419 denuncias que incluyen a 24 mil 977 personas por presuntos delitos electorales durante el proceso electoral 2015: 70 por ciento de los delitos fueron cometidos por hombres, mientras que un 30 por ciento por mujeres, destaca que de las 70 órdenes de aprehensión por delitos electorales sólo se abrieron 3 averiguaciones previas relacionadas con violencia política hacia mujeres candidatas, situación que pone en evidencia la complejidad para iniciar un proceso de este tipo aun cuando el año pasado en conjunto con diversas autoridades se expidió el Protocolo para Atender la Violencia Política Contra las Mujeres.

Señala dicho Protocolo que, la violencia política impacta en el derecho humano de las mujeres a ejercer el voto y a ser electas en los procesos electorales; a su desarrollo en la escena política o pública, ya sea como militantes en los partidos políticos, aspirantes a candidatas a un cargo de elección popular, a puestos de dirigencia al interior de sus partidos políticos o en el propio ejercicio del cargo público.

VII. La FEPADE, como órgano encargado de la procuración de justicia en materia electoral, tiene la obligación constitucional de promover, garantizar y proteger, el ejercicio de los derechos humanos de las personas víctimas y ofendidas en casos de violencia política de género, por lo que es necesario que en cumplimiento de sus deberes y en coordinación con las instancias locales busquen la justicia en los agravios que han padecido estas tres mujeres mixtecas.

La violencia en contra de estas mujeres indígenas se inscribe en ola de violencia política que vive México y que permanece intacta ante la grave inacción de las autoridades. La múltiple discriminación de la que han sido víctimas estas mujeres, tanto por su condición de género, su identidad cultural y su rol social han generado un escenario que demanda la urgente atención de las autoridades. Por todo lo anteriormente expuesto, es que presento a esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de los siguientes

Resolutivos

Primero. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, condena las agresiones contra las mujeres indígenas: Gabriela Maldonado, Rosa Aguilar, y Mariana Díaz.

Segundo.La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión,exhorta respetuosamente al titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales doctor Santiago Nieto Castillo, y a la titular de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales de la Fiscalía General de Oaxaca, licenciada Claudia Romo Rodríguez a investigar a la brevedad los sucesos por los que se violentaron los derechos políticos de Gabriela Maldonado, Rosa Aguilar, y Mariana Díaz, indígenas del municipio de Miguel Peras, Oaxaca.

Tercero. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión,exhorta al titular de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, Arturo Peimbert Calvo, a vigilar que las autoridades estatales brinden justicia pronta y expedita a las agraviadas, con respeto y garantía de sus Derechos Humanos.

Cuarto. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión,exhorta al Consejero Presidente del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, a intensificar su labor en la sensibilización y promoción de los derechos políticos de las mujeres, especialmente entre las comunidades indígenas y en sus diversas lenguas, mediante programas y materiales específicos.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 25 días del mes de enero de 2016.— Diputada Claudia Sofía Corichi García (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Igualdad de Género, de la Cámara de Diputados.

ATENDER DE MANERA PRIORITARIA LOS HECHOS DE VIOLENCIA OCURRIDOS EN EL ESTADO DE QUINTANA ROO

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los tres órdenes de gobierno a atender de manera prioritaria los hechos de violencia ocurridos en Quintana Roo, suscrita por el diputado José Luis Toledo Medina, del Grupo Parlamentario del PRI

José Luis Toledo Medina, diputado integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y demás disposiciones aplicables, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, con carácter de urgente y obvia resolución, por el que se exhorta a los tres órdenes de gobierno a atender de manera prioritaria los hechos de violencia ocurridos en el estado de Quintana Roo.

Consideraciones

A. Exposición de los hechos

1. Durante la madrugada del 16 de enero de 2017, se desarrolló la clausura del evento The BPM Festival, en el municipio de Solidaridad, Quintana Roo. Lamentablemente, en el mismo se desarrollaron eventos de violencia que ocasionaron el fallecimiento o lesiones de diversas personas.

2. The BPM Festivalcomunicó lo siguiente en su cuenta oficial de facebook:

“Es con mucha tristeza que compartimos los reportes confirmados de la policía que las acciones de un sujeto solitario en Blue Parrot hace unas horas, resultaron en sucesos fatales con cuatro fallecidos y doce heridos. Este acto de violencia inició en Calle 12 frente al club y tres miembros del equipo de seguridad de BPM están entre esas vidas que perdimos, mientras trataban de proteger a los asistentes en el interior de la sede.

The BPM Festival ha estado trabajando en estrecha colaboración con las autoridades locales (Seguridad Pública/Policía Turística) durante el festival, para asegurar el bienestar de todos los asistentes. Estamos conmovidos con el dolor de este acto de violencia sin sentido, y cooperando plenamente con la policía local y funcionarios del gobierno a medida que continúan su investigación.

Nuestros pensamientos y oraciones están con todas las víctimas y sus familias y todos aquellos afectados por estos trágicos acontecimientos.

La familia The BPM Festival”

3. Diversos medios de comunicación han replicado la información publicada por The BPM Festivalsin la aportación de elementos adicionales sustantivos que comuniquen a la sociedad sobre las medidas gubernamentales para atender la situación.

4. El pasado 17 de enero de 2017, se registró una balacera en instalaciones de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo, ubicadas el municipio de Benito Juárez. El resultado fue la pérdida de la vida de cuatro personas.

5. A través de la cuenta de facebook del gobierno del estado de Quintana Roo, el gobernador ha declarado que los hechos ocurridos el pasado 16 de enero revelan que grupos de delincuencia organizada afrontan a un gobierno que no otorga ningún tipo de concesiones hacia los mismos. En sus palabras “el ataque a las instituciones de justicia lo único que revela es que vamos en el camino correcto”; de igual forma, declaró que “ he hablado con el secretario de Gobernación con quien he convenido el apoyo del gobierno de la República mediante el envío de fuerzas federales, mismas que ya se encuentran en camino y cuyo objetivo será reforzar el mantenimiento del orden y la seguridad de todos los ciudadanos”, finalmente, afirma que “el estado está bajo control y en orden”.

6. El 18 de enero de 2017, el periodista Carlos Loret de Mola entrevistó al secretario general de Gobierno del Estado de Quintana Roo y le cuestionó si “¿Está fuera de control el tema de seguridad en Quintana Roo?”; el secretario respondió lo siguiente: “De ninguna manera, Carlos. Yo creo que es muy claro que el ataque armado que grupos criminales hicieron ayer a la fiscalía de nuestro estado pues se marca en un contexto de combate a la corrupción”. De igual forma, se le cuestionaron las causas que originaron el ataque a la fiscalía, a lo que el secretario respondió “nosotros tenemos muy claro que desde luego es un acto del crimen organizado, es muy probable que precisamente pues se dé como una respuesta a todas las acciones que este gobierno ha implementado”.

B. Prevención social del delito

1. A partir de las declaraciones de los servidores públicos estatales citados, podría concluirse que la problemática atiende a cuestiones regionales y, en cierta medida, aisladas de la dinámica nacional.

2. No obstante, el Estado mexicano afronta desde hace diez años procesos de combate a la delincuencia organizada a nivel nacional que han obligado a coordinar a los tres órdenes de gobierno para compartir inteligencia, capacitación, recursos y estrategias.

3. Más allá del debate sobre la estrategia de seguridad interna y seguridad nacional, existen investigaciones de instituciones como el Centro de Investigación y Docencia Económicas, AC, (en adelante CIDE) que alertan sobre fenómenos nacionales visibles alrededor del territorio nacional. Uno de los más importantes es el de la normalización de la violencia.

4. A propósito de lo anterior, Andreas Schedler, investigador del CIDE, argumenta lo siguiente:

“A nivel individual, también hay muchos signos de normalización de la violencia. Con rapidez osmótica y una ligereza que a veces pareciera festejar la transgresión de todos los límites civilizatorios, el lenguaje cotidiano ha sido un lugar privilegiado de normalización de la violencia. (...) Absorbiendo este universo de eufemismos y falsos tecnicismos, hemos creado un mundo donde la violencia es un fenómeno delimitado, comprensible, esperable. La normalización simbólica ha sido reforzada por múltiples estrategias de adaptación individual. Quizá la más importante ha sido el autoconfinamiento. En la medida en que el espacio público ha aparecido como territorio violento, los ciudadanos se han refugiado en sus espacios privados. (...) A nivel colectivo, hemos visto un abandono análogo del espacio público. Ha imperado la pasividad ciudadana, puntuada por breves olas de protesta masiva”

5. A lo largo del trabajo de Schedler, se acompañan cifras a nivel nacional sobre victimización, violencia y tasa de comisión de delitos que hacen evidente la necesidad del diseño de políticas públicas integrales, transversales y focalizadas. Sin lugar a dudas, los dos hechos ocurridos en Quintana Roo no pueden considerarse aislados o resultados de una estrategia del gobierno local en turno, sino que deben entenderse como parte de un fenómeno dinámico de alcances nacionales.

6. Sin embargo, los datos y las investigaciones no pueden dar como resultado la inmovilización gubernamental o el reparto plural de responsabilidades. En nuestro régimen democrático, deben ejecutarse acciones tendientes a fortalecer las redes de solidaridad política, entendida como “la disposición de socorrer a conciudadanos que sufren injusticias graves”, que resulte en la atención prioritaria de las necesidades emocionales de la comunidad política: fortalecer el tejido social.

7. Por eso, es relevante que el estado de Quintana Roo, en coordinación con los dos órdenes de gobierno restantes, diseñe políticas públicas con enfoques democráticos para prevenir la comisión de nuevos hechos de violencia. Sin lugar a dudas, el modelo garantista de seguridad pública no puede visualizar como prioritario la ejecución de sanciones, sino esquemas comunitarios de prevención.

8. Así, Carlos Vilalta y Gustavo Fondevila, investigadores del CIDE, aportan elementos fundamentales en el debate académico de seguridad pública para el diseño de nuevos enfoques de prevención social del delito. En sus palabras:

“Las políticas en esta materia son las que se dirigen a influir en la motivación criminal (...) La bibliografía divide estas políticas en dos tipos generales (...): políticas de prevención del desarrollo del delito y políticas de prevención comunitaria del delito. (...) las segundas buscan cambiar condiciones sociales de las comunidades para prevenir la comisión de delitos [por ejemplo, deporte, cultura, etcétera]. En México, si bien hay un grave déficit en el desarrollo de ambas, las políticas de prevención social del primer tipo son mucha más deficitarias y esto explica de forma parcial la alta tasa de reincidencia delictiva. (...) Una política contemporánea para prevenir el delito debe incorporar no sólo a los agentes tradicionales del sistema de seguridad y justicia criminar (policías, jueves y custodios), sino también a agentes de la sociedad civil (académicos y organizaciones de la sociedad civil –OSC-)”

9. El diseño y ejecución de políticas públicas de prevención social del delito deben atender a realidades diferencias. Particularmente, lo sucedido el pasado 16 de enero obliga a adecuar las acciones hacia la protección de la dignidad de las personas jóvenes: las medidas no pueden coartar el libre desarrollo de su personalidad, sino promoverlo. Por eso, este punto de acuerdo exhorta a distintas instancias ejecutivas a generar nuevos esquemas de protección a la población y, especialmente, a las juventudes, para la realización de eventos de entretenimiento masivo.

10. México cuenta con la ingeniería legislativa suficiente para el diseño de políticas públicas que puedan entender las características regionales, inscritas en una dinámica nacional, para la atención comunitaria de hechos de violencia. En este sentido, resulta prioritario que la Cámara de Diputados, órgano de representación popular, supervise que las acciones ejecutivas para la prevención de la violencia se ajusten a criterios normativos y democráticos. La violencia no puede entenderse desde la arena electoral, sino que debe estudiarse desde las comunidades: las implicaciones sociales de estos fenómenos provocan la exclusión y la pérdida de empatía entre conciudadanos, lo que resulta profundamente antidemocrático.

C. Esquema normativo

1. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que la seguridad pública es una función concurrente entre los tres órdenes de gobierno en los siguientes términos:

“ Artículo 21. ...

...

...

...

...

...

...

...

La seguridad pública es una función a cargo de la federación, las entidades federativas y los municipios, que comprende la prevención de los delitos; la investigación y persecución para hacerla efectiva, así como la sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las respectivas competencias que esta Constitución señala. La actuación de las instituciones de seguridad pública se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en esta Constitución.

Las instituciones de seguridad pública serán de carácter civil, disciplinado y profesional. El Ministerio Público y las instituciones policiales de los tres órdenes de gobierno deberán coordinarse entre sí para cumplir los objetivos de la seguridad pública y conformarán el Sistema Nacional de Seguridad Pública, que estará sujeto a las siguientes bases mínimas:

a)a b) ...

c) La formulación de políticas públicas tendientes a prevenir la comisión de delitos.

d) Se determinará la participación de la comunidad que coadyuvará, entre otros, en los procesos de evaluación de las políticas de prevención del delito así como de las instituciones de seguridad pública.

e) Los fondos de ayuda federal para la seguridad pública, a nivel nacional serán aportados a las entidades federativas y municipios para ser destinados exclusivamente a estos fines”

2. A partir de la lectura del artículo 21 constitucional, puede resolverse que la seguridad pública en el Estado mexicano cuenta con una base mínima compartida para el diseño y ejecución de políticas públicas en la materia. Resalta que la Constitución es enfática en la necesidad de contar con acciones de prevención del delito.

3. El artículo 73 constitucional faculta al Congreso de la Unión para “expedir leyes que establezcan las bases de coordinación entre la federación, las entidades federativas y los municipios”. De esta forma, el Congreso expidió la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública que instituye la creación y el funcionamiento del Consejo Nacional de Seguridad Pública: organismo que cuenta con atribuciones en materia de información, certificación y acreditación, así como de prevención del delito y participación ciudadana.

4. Como parte del diseño garantista del modelo penal constitucional mexicano, la Carta Magna reconoce el derecho de las víctimas u ofendidos a que se les repare el daño. En este sentido, el Congreso de la Unión ha expedido la Ley General de Víctimas, misma que establece el diseño de instituciones especializadas para la atención inmediata de víctimas y la reparación integral del daño.

5. Las anteriores normas generan las condiciones de operatividad de los tres órdenes de gobierno para coordinarse y atender de manera prioritaria los hechos ocurridos durante los últimos días en Quintana Roo.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero.Se exhorta al gobierno del estado de Quintana Roo y a los gobiernos municipales de Benito Juárez y Solidaridad a ejercer, en el ámbito de sus atribuciones, las acciones necesarias para la investigación de los hechos criminales sucedidos durante el 16 y el 17 de enero de 2017.

Segundo.Se exhorta al Consejo Nacional de Seguridad Pública y al gobierno del estado de Quintana Roo a establecer políticas públicas de prevención del delito focalizadas a la realización de eventos de entretenimiento masivo con perspectiva de juventud.

Tercero.Se exhorta al Consejo Nacional de Seguridad Pública y al gobierno del estado de Quintana Roo a establecer políticas públicas de prevención social del delito que acompañen a las acciones de combate a la delincuencia organizada.

Cuarto.Se exhorta a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del gobierno federal, así como a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Quintana Roo a coordinarse y ejercer sus atribuciones para garantizar la reparación integral del daño de las víctimas de los hechos criminales sucedidos durante el 16 y el 17 de enero del 2017.

Notas

1 Cuenta de Facebook de The BPM Festival, disponible en:

https://www.facebook.com/thebpmfestival/?fref=ts (Fecha de consulta: 16 de enero de 2017).

2 Animal Político, Atacan a balazos la Fiscalía de Quintana Roo en Cancún; hay cuatro muertos, dice el gobernador, disponible en

http://www.animalpolitico.com/2017/01/fiscalia-cancun-ataque/ (Fecha de consulta: 18 de enero de 2017).

3 Cuenta de Facebook del Gobierno del Estado de Quintana Roo, video titulado Gobernador Carlos Joaquín informa los pormenores de los acontecimientos de esta tarde en Cancún;, disponible en:

https://www.facebook.com/GobQuintanaRoo/?hc_ref=NEWSFEED&fr ef=nf (Fecha de consulta: 18 de enero de 2017).

4 Op. cit.

5 Op. cit.

6 Cuenta de Noticieros Televisa en Youtube, video titulado Quintana Roo no es un narcoestado: Secretario de Gobierno - Despierta con Loret, disponible en

https://www.youtube.com/watch?v=LvMIj7ymcXY (Fecha de consulta: 18 de enero de 2017).

7 Op. cit.

8 Op. cit.

9 Héctor de Mauleón, La guerra de diez años, disponible en

http://www.nexos.com.mx/?p=30935 (Fecha de consulta: 16 de enero de 2017).

10. Andreas Schedler, En la niebla de la guerra. Los ciudadanos ante la violencia criminal organizada, (México: Centro de Investigación y Docencia Económicas, 2015), pp. 15 – 16.

11 Ibíd., p. 219.

12 Carlos Vilalta y Gustavo Fondevila, Perfiles criminales I: Frecuencias y descriptivos, (México: Centro de Investigación y Docencia Económicas, 2013), p. 17

13 Artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, disponible en

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_150816.pdf (Fecha de consulta: 16 de enero de 2017).

14 Artículo 73, fracción XXIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, disponible en Op. Cit.

15 Artículo 20, apartado C, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, disponible en Op. Cit.

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 25 de enero de 2017.— Diputado José Luis Toledo Medina (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Gobernación, de la Cámara de Diputados.

REALIZAR ACCIONES NECESARIAS PARA QUE SE RECONOZCA A LA GALLÍSTICA MEXICANA COMO ELEMENTO DEL PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL DE MÉXICO Y DE LA HUMANIDAD

«Proposición con punto de acuerdo, por el cual se exhorta a la Secretaría de Cultura a realizar en el ámbito de sus facultades y competencias acciones para que se reconozca la gallística como elemento del patrimonio cultural inmaterial de México y de la humanidad, suscrita por los diputados Karla Karina Osuna Carranco y Christian Joaquín Sánchez Sánchez, de los Grupos Parlamentarios del PAN y del PRI, respectivamente

Los que suscriben, diputados Karla Karina Osuna Carranco, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional y Chistian Joaquín Sánchez Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, integrantes de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción I, 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo por el cual se exhorta a la Secretaría de Cultura, a efecto de que en el ámbito de sus facultades y competencias, realice las acciones necesarias para que se reconozca a la gallística mexicana como elemento del patrimonio cultural inmaterial de México y de la humanidad, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La fiesta de gallos es parte inherente de nuestra cultura, que ha sido transmitida de generación en generación y que infunde a las comunidades y a los grupos un sentimiento de identidad y continuidad, contribuyendo así a promover el respeto a la diversidad cultural y la creatividad humana.

Resulta claro que la gallística cumple con los criterios establecidos por la Convención para la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial 2003, pues se manifiesta en las tradiciones y expresiones orales, en las artes del espectáculo, los usos sociales, rituales y actos festivos.

De acuerdo con el artículo 41 Bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal le compete a la Secretaría de Cultura elaborar y conducir la política nacional en materia de cultura con la participación que corresponda a otras dependencias y entidades de la administración pública federal, así como conservar, proteger y mantener el patrimonio cultural de la nación y es la principal dependencia que funge como vínculo con la UNESCO para gestionar el reconocimiento de los elementos que forman parte del patrimonio cultural inmaterial de México y de la humanidad.

La imagen del gallo de pelea, se ha relacionado culturalmente con valores como la valentía, gallardía, abnegación, entrega, respeto, honor, responsabilidad, lealtad todos ellos con la mexicanidad y con la defensa de nuestros ideales.

El gallo de pelea representa un acervo genético importante para el rescate de otras razas, puesto que su desarrollo se ha dado mediante una exhaustiva selección basada en los mejores atributos fenotípicos y genotípicos.

De acuerdo con la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial, Se entiende por patrimonio cultural inmaterial:

Los usos, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas -junto con los instrumentos, objetos, artefactos y espacios culturales que les son inherentes- que las comunidades, los grupos y en algunos casos los individuos reconozcan como parte integrante de su patrimonio cultural.

Este patrimonio cultural inmaterial, que se transmite de generación en generación, es recreado constantemente por las comunidades y grupos en función de su entorno, su interacción con la naturaleza y su historia, infundiéndoles un sentimiento de identidad y continuidad y contribuyendo así a promover el respeto de la diversidad cultural y la creatividad humana.

A los efectos de la presente Convención, se tendrá en cuenta únicamente el patrimonio cultural inmaterial que sea compatible con los instrumentos internacionales de derechos humanos existentes y con los imperativos de respeto mutuo entre comunidades, grupos e individuos y de desarrollo sostenible.

Algunos especialistas afirman que las peleas de gallos surgieron con la domesticación de esa ave hace ocho mil años en el sureste asiático. Otros afirman que surgieron entre los años 6000 y 1500 antes de Cristo.

En México las peleas de gallos aparecieron en el siglo XVI, décadas antes de que nuestro país fuera declarado independiente. Aunque no hay registros que señalen la fecha exacta de la introducción del gallo de pelea, se piensa que puedo haber sido de forma posterior a la llegada de Hernán Cortés a Cuba, en dónde se importó esta tradición de España.

Durante la colonia las peleas de gallos amenizaban cualquier acto político o festividad en la que participaban todas las clases sociales, desde el virrey, hasta las clases sociales menos privilegiadas.

Las peleas de gallos continuaron antes, durante y después de la Independencia de nuestro país. Durante todo el siglo XIX siguieron proliferando en todo el territorio nacional. En 1828, el ayuntamiento de la Ciudad de México concedió su autorización para que se llevaran a cabo peleas de gallos en esta entidad.

En la actualidad, se estima que se efectúan en nuestro país un promedio de 2 millones de peleas cada año y se calcula que se crían alrededor de 50 millones de aves de combate, de acuerdo con los datos de la Comisión Mexicana de Promoción Gallística.

Hoy en día las peleas de gallos se practican en todas las entidades de la República, aunque esta tradición sobresale en entidades como Aguascalientes, Campeche, Chihuahua, Estado de México, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Puebla, San Luis Potosí, Veracruz, Yucatán, Zacatecas. Ninguna ley estatal de protección animal establece una prohibición contundente para las peleas de gallos.

Asimismo, es importante citar que en Aguascalientes y Zacatecas han declarado las peleas de gallos como patrimonio cultural inmaterial y por lo menos, treinta y cinco municipios en Veracruz, Michoacán, Puebla, Hidalgo y estado de México están en la misma tesitura.

Con base en lo anterior, se somete a la consideración del pleno la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. El pleno de la Comisión Permanente exhorta respetuosamente a la Secretaría de Cultura a efecto de que en el ámbito de sus facultades y competencias realice las acciones necesarias para que se reconozca a la gallística mexicana como elemento del patrimonio cultural inmaterial de México y de la humanidad.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a los 25 días de enero de 2017.— (Rubrica).»

Se turna a la Comisión de Cultura y Cinematografía, de la Cámara de Diputados.

CONDENAR TODO ACTO DE VIOLENCIA POLÍTICA EJERCIDO HACIA LAS MUJERES

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se condena todo acto de violencia política ejercido contra las mujeres, y se exhorta al Inmujeres a conducir un estudio nacional sobre aquélla, suscrita por el diputado Omar Ortega Álvarez, del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito diputado, Omar Ortega Álvarez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo con base en las siguientes

Consideraciones

La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV), define a la violencia hacia las mujeres en su artículo 5º, fracción IV, como:

Cualquier acción u omisión, basada en su género, que les cause daño o sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual o la muerte tanto en el ámbito privado como en el público.

La violencia contra las mujeres, refleja un indicador de la democracia de toda sociedad ya que determina la capacidad de las autoridades para entender y establecer mecanismos con el fin de dar solución a esta problemática, así como para castigar a los responsables. Si los mecanismos fallan o no existen, el tejido social de cualquier comunidad, país o nación, se encuentra en un evidente deterioro.

Desgraciadamente en todo el territorio nacional han sido improductivos e insuficientes estos mecanismos, y peor aún, en algunas regiones su impacto es prácticamente nulo. Particularmente en el Estado de México. El acoso, hostigamiento, agresión y violencia en contra de las mujeres es mayor en esta entidad, pues los actos que atentan en contra de su persona, dignidad y seguridad escalan desmedidamente frente a un nulo e indiferente esfuerzo gubernamental.

Estudios cuantitativos comprueban lo anterior. Conforme a lo señalado por el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), entre los años de 2005 a 2013, aproximadamente mil 767 mujeres fueron asesinadas y otras mil 500 desaparecieron, en su mayoría adolescentes de entre 15 y 17 años. Tan sólo entre 2011 a 2013, se registraron 840 asesinatos de mujeres en el Estado de México. De ellos, sólo 145 fueron investigados como feminicidios y aunque en julio de 2015 se emitió la Alerta de Violencia de Género para 11 municipios mexiquenses, activistas y personas defensoras de los derechos humanos afirman que los asesinatos de mujeres contrariamente a disminuir, se han Incrementado, superado así, más de cien casos durante el 2016.

Sumado a esto, existe un sesgo de información institucional que impide conocer de manera precisa el problema de manera total, clara y precisa. Existen dos rostros ocultos que no dicen las estadísticas: los datos oficiales y la nula investigación de los hechos. Por un lado se encuentran las organizaciones civiles que registran un número diferente de feminicidios contrario al de las fuentes gubernamentales. Por otro, los escasos y en ocasiones nulos esfuerzos para investigar los casos de feminicidios que se presentan.

Durante el 2011, año en que se renovó la gubernatura en el Estado de México , los feminicidios alcanzaron su nivel más alto, 4.5 muertes ocurridas por cada 100 mil mujeres residentes en la entidad.

En el escenario general, la entidad mexiquense ha mostrado su incapacidad como autoridad para enfrentar la violencia que se suscita día a día contra las mujeres. Peor aún, la violencia ha aumentado y se ha expandido en escenarios más específicos y particulares, que ni aun las leyes ni los estudios han considerado: la violencia política hacia las mujeres.

El Protocolo para Atender la Violencia Política Contra las Mujeres señala:

“La violencia política contra las mujeres comprende todas aquellas acciones y omisiones —incluida la tolerancia— que, basadas en elementos de género y dadas en el marco del ejercicio de derechos político-electorales, tengan por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce y/o ejercicio de los derechos políticos o de las prerrogativas inherentes a un cargo público”.

Uno de los grandes problemas de este tipo de violencia es que aun cuando existen varias iniciativas propuestas en las Cámaras del Congreso, México no cuenta con un marco legal específico en materia de violencia política. Sin embargo, la violencia política contra las mujeres se ha hecho más visible en los últimos años, lo cual se demuestra mediante casos documentados o expuestos por los medios de comunicación y asociaciones civiles, casos que surgen mediante candidaturas simuladas hasta agresiones, amenazas y homicidios por razones de género.

La violencia política debe entenderse como un tipo de violencia que puede tener origen en cualquier esfera: política, económica, social, cultural, civil, dentro del seno familiar o unidad doméstica, en general en toda relación interpersonal, comunidad, partido o institución política. Es decir, incluye el ámbito público y el privado. Puede ser simbólica, verbal, patrimonial, económica, psicológica, física y sexual y puede efectuarse mediante cualquier medio de información (periódicos, radio y/o televisión), tecnologías de información y/o en el ciberespacio. Puede ser perpetrada por el Estado o sus agentes, por superiores jerárquicos, subordinados, colegas de trabajo, partidos políticos o representantes de los mismos; por medios de comunicación y sus integrantes.

Entre las expresiones de violencia hacia las mujeres, destacan los chismes como dispositivos de control sobre la vida privada, sexual, afectiva o sentimental de las mujeres, al igual que muestras explícitas de discriminación y violencia, que refieren la violación sistemática de sus derechos políticos en todos los ámbitos de participación política abarcando espacios comunitarios, municipales, estatales, regionales, incluso escenarios nacionales.

Muestra de lo descrito anteriormente, nos refiere a la contienda electoral 2014-2015 cuando la candidata a la alcaldía de Ecatepec por el Partido del Trabajo (PT), Jessica Salazar, denunció que haber sido víctima de agresiones y amenazas, así como de un intento de secuestro el 11 de mayo en la colonia Alboradas de Aragón, donde un comando armado de 13 sujetos la agredió de manera física y verbal, resultando heridos dos de sus colaboradores.

En abril del año 2016, se registraron dos casos de Violencia Política de Género en el municipio de Ixtapaluca, uno en contra de una funcionaria del Instituto Nacional Electoral (INE) y el otro en contra de una mujer en una casilla. En el primer caso, la funcionaria del INE fue presionada por parte de simpatizantes de un partido político, mientras que en el segundo, la mujer fue golpeada a las afueras de una casilla, impidiéndole que ejerciera su derecho al sufragio.

Estos son sólo algunos ejemplos de la manera sistemática en que las mujeres se enfrentan a situaciones de violencia política, como: acoso político y violencia de género que obstaculizan su designación y participación en puestos de representación popular y cargos de liderazgo.

En el 2015, Roselia Bustillo Marín, investigadora del Centro de Capacitación del Tribunal Judicial Electoral, afirmó que la Paridad de Género para el año 2015, en el Estado de México, se hizo visible la violencia política con la imposición de familiares femeninas en los cargos públicos, quienes al final no actuaron por voluntad, pues se impuso la voluntad de quien las obligo a asumir un cargo.

Estas acciones representan una seria amenaza para la democracia ya que se impide a las mujeres realizar sus campañas políticas o cumplir con las obligaciones de sus cargos. En este sentido, los procesos electorales son anulados mediante la intimidación y la coerción.

La presencia y participación política de las mujeres en México, es aún limitada. Esta realidad se refleja a través de la historia y la conformación de las esferas de poder que permiten hacer visible la desigual situación de género.

Específicamente, en la entidad del Estado de México, encabezada por Eruviel Ávila Villegas, existe una conformación desigual del gabinete. De las 18 Secretarías que lo componen, sólo tres mujeres son titulares: Ana Lilia Herrera en la Secretaría de Educación; Carolina Alanís Moreno en el DIF y Rosalinda Elizabeth Benítez González en la Secretaría de Turismo.

Actualmente, en la legislatura del Estado de México existe un amplio margen que se debe superar en materia de igualdad. Pues de los 78 escaños legislativos, sólo 28 son ocupados por mujeres. A nivel municipal, la participación de las mujeres como presidentas es heterogéneo en todo el país, es decir, en el entonces Distrito Federal (hoy en día Ciudad de México) se puede ver que 31.3 por ciento de las mujeres participan encabezando las delegaciones políticas; mientras que en contraste, en estados como Baja California y Estado de México, es escaso o nulo. Coahuila (12%) y el Estado de México (17%), son las entidades en las que existe una menor inclusión de mujeres en la toma de decisiones del gobierno local.

Las múltiples expresiones de violencia estructural contra las mujeres restringe el ejercicio de su derecho a ocupar cargos de toma de decisiones y poder político. Este tipo de violencia lastima a candidatas, dirigentes y militantes de todos los partidos en distintos estado de la República. No es justo, ni legal permitirlo más.

Para el anecdotario quedarán los registros mediáticos de las candidatas y los medios de comunicación. El no dar seguimiento a las denuncias públicas y sobre todo, el no haber brindado protección a las personas afectadas, lo que resulta a todas luces en impunidad. La impunidad sólo genera la repetición sistemática de estos delitos. La tardanza en la atención de éstos fomenta la inequidad en la participación electoral y en la vida democrática, y en muchos de los casos, obliga al abandono de una aspiración legítima a media contienda.

Se deben de conjuntar esfuerzos a favor de proteger el ejercicio de la participación política de las mujeres y salvaguardar a las candidatas de todo acto que atente contra su vida, su persona, su dignidad y su seguridad, con la finalidad de preservar su integridad y preservar el ejercicio democrático en igualdad de condiciones de mujeres y hombres y de los diferentes grupos de población que conforman su territorio.

Para contar con candidatas a los distintos puestos de carácter público, el cambio tiene que surgir al interior de los partidos políticos, a partir de las campañas internas y en la creación de mecanismos, pero sobre todo de una ley que regule no sólo la prevención y el castigo de dichos actos, también los sancione.

Por lo señalado, someto a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al Instituto Nacional de las Mujeres a realizar un estudio a nivel nacional de la violencia política que enfrentan las mujeres.

Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión condena todo acto de violencia política ejercido hacia las mujeres.

Tercero. La Comisión Permanente del Congreso de Unión exhorta a todos los gobiernos estatales y municipales de México a implementar políticas públicas de igualdad y equidad para combatir la violencia política hacia las mujeres.

Fuentes

-Álvarez, Erick. Fepade registra dos casos de violencia política en Ixtapaluca [en línea] Dirección de URL:

http://www.edomexaldia.com.mx/2016/04/fepade-registra-dos-casos -de-violencia-politica-en-ixtapaluca/. Consultado el 14 de diciembre de 2016.

- Bajo el microscopio. Basta de Violencia política hacia las mujeres. Fuente no disponible, Dirección de URL:

http://www.bajoelmicroscopio.org/basta-de-violencia-politica-ha cia-las-mujeres. Consultado el 13 de Diciembre de 2016.

- Casos de violencia política contra las mujeres. Bajo el microscopio: Basta de Violencia política hacia las mujeres. Registro de acontecimientos sobre violencia política [en línea], Dirección de URL:

http://www.piensoluegovoto.mx/wpcontent/uploads/2015/05/Timelin e_Colmex_ILSB_140515-1.pdf. Consultado el 14 de diciembre de 2016.

- Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género: Participación política de las mujeres 2014 [en línea], Dirección de URL:

file:///C:/Users/user/Downloads/PPD_LM14%20(1).pdf. Consultado el 12 de diciembre de 2016.

- Consulta de la Reforma constitucional en materia política-electoral 2014 [en línea], Dirección de URL:

http://portales.te.gob.mx/consultareforma2014/node/2898. Consultado el 13 de Diciembre de 2016.

- Cuotas de género en materia electoral [en línea] Dirección de URL:

http://genero.ife.org.mx/primera-reunion-consejeras_2011/m1.htm l. Consultado el 13 de Diciembre de 2016.

- Dalton, Margarita. Democracia e igualdad en conflicto: las presidentas municipales en Oaxaca [en línea], Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación: Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, 2012, Dirección de URL:

http://www.trife.gob.mx/sites/default/files/democracia_igualdad .pdf. Consultado el 14 de diciembre de 2016.

- Lamas, Marta; Azuela, Maite. Con la cultura en contra. Algunas consideraciones sobre los obstáculos que las mexicanas enfrentan para ejercer sus Derechos Político-Electorales, en Ansolabehere K. y Cerva D., Género y derechos políticos. La protección jurisdiccional de los derechos político-electorales de las mujeres en México [en línea], Dirección de URL:

http://portal.te.gob.mx/sites/default/files/publicaciones/file/ genero_y_dp.pdf. Consultado el 14 de diciembre de 2016.

- Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida libre de Violencia [en línea], Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. Última reforma publicada DOF 17-12-2015 Dirección de URL:

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGAMVLV_171215.pdf. Consultado el 11 de diciembre de 2016.

- Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (en línea), Dirección de URL:

http://observatoriofeminicidiomexico.org.mx/publicaciones/. Consultado el 12 de diciembre de 2016.

- Procuraduría General de la República. Registra FEPADE 141 casos de violencia política de género durante el 2015 y 2016. Comunicado 1252/16 [en línea] Dirección de URL:

https://www.gob.mx/pgr/prensa/registra-fepade-141-casos-de-viol encia-politica-de-genero-durante-el-2015-y-2016-comunicado-1252-16. Consultado el 13 de diciembre de 2016.

- S/a. Impera Violencia política en Edomex [en línea], Diario Atizapán, Dirección de URL: http://www.hola-atizapan.com/impera-violencia-politica-en-edomex/. Consultado el 13 de Diciembre de 2016.

- Talamás Salazar, Marcela; Lascurain Sánchez de Tagle, Sofía. Protocolo para Atender la Violencia Política Contra las Mujeres [en línea], Coordinación de Comunicación Social del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Dirección de URL:

http://www.fepade.gob.mx/actividades_ins/2016/marzo/ProtocoloVi olencia_140316.pdf. Consultado el 14 de diciembre de 2016.

Sede de la Comisión Permanente, a 25 de enero de 2017.— Diputado Omar Ortega Álvarez (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Igualdad de Género, de la Cámara de Diputados.

REALIZAR UNA REVISIÓN ENTRE LOS MENORES DE EDAD QUE HABITAN EN LA CASA HOGAR PARA JÓVENES EN EL ESTADO DE ZACATECAS

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de Zacatecas y la directora general del Sistema Estatal de Desarrollo Integral de la Familia a verificar la integridad física y emocional de los menores de edad de la Casa Hogar para Jóvenes de Zacatecas, y garantizar el goce de sus derechos humanos, suscrita por la diputada Claudia Sofía Corichi García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

La suscrita Claudia Sofía Corichi García, Diputada Federal integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en esta LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 2, fracción III del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta soberanía el presentepunto de acuerdo por el que la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, exhorta a la titular de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas (CDHEZ), doctora María de la Luz Domínguez Campos, y a la directora general del Sistema Estatal de Desarrollo Integral de la Familia, Yadira Galván Sánchez a realizar una revisión entre los menores de edad que habitan en la “Casa Hogar para Jóvenes de Zacatecas”, dependiente de la Coordinación de Casas Asistenciales de la Procuraduría de la Defensa del Menor, la Mujer y la Familia del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, con la finalidad de verificar su integridad física y emocional, y garantizar el goce de sus derechos humanos, al tenor de las siguientes

Consideraciones

I. Las niñas, niños y adolescentes víctimas de maltrato y abandono son aquellos que, de acuerdo con el Artículo 19 de la Convención sobre los Derechos del Niño “sufren (...) toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual”. En el Informe Mundial sobre Violencia contra los Niños y las Niñas, dice sobre el maltrato infantil que “las formas de violencia a las que estará expuesto un niño o una niña variarán según su edad y etapa de desarrollo, especialmente cuando comienzan a interactuar con el mundo fuera del hogar. En el entorno del hogar y la familia, los niños y niñas experimentan agresiones y otros actos de violencia física, sexual, así como prácticas tradicionales perjudiciales”.

II. Según el estudio “Los derechos de la infancia y la adolescencia en Zacatecas” realizado por UNICEF, la invisibilidad de la violencia dirigida hacia niñas, niños y adolescentes se refleja en una baja proporción de denuncias y, por lo mismo, en insuficiencias en la atención en relación con las dimensiones del problema. En cuanto a la violencia hacia niñas, niños y adolescentes hay que señalar que la pobreza, el trabajo infantil, uniones tempranas, consumo de drogas y alcohol, exclusión escolar y un ambiente hostil en la escuela, así como la violencia en la propia familia, son factores de riesgo que están impactando negativamente en la vida de miles de niños y jóvenes zacatecanos. Mientras que las autoridades no cuentan con sistemas de información concreta que permitan un registro sistemático de los casos y favorezcan la implementación de acciones adecuadas de prevención y seguimiento.

III. Cabe señalar, en lo que se refiere a quejas, ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos de un promedio de 82 quejas presentadas en los últimos años generalmente solo 1 deriva en recomendación, sobre todo cuando hay casos de gravedad, por ejemplo, los relacionados con el maltrato físico o emocional por parte de maestros, conserjes o prefectos, o de la violencia sexual. Destaca por igual que el Centro de Prevención y Atención a la Violencia Intrafamiliar según los resultados del citado estudio de UNICEF señalan que se encuentra lejos de cumplir con la adecuada aplicación de la norma oficial mexicana NOM-046-SSA2-2005, que detalla la atención integral que debería proporcionarse a las víctimas y obliga a dar “vista” al ministerio público de los casos donde las lesiones u otros signos sean presumiblemente vinculados a la violencia familiar o sexual.

IV. El pasado 20 de enero se filtró a través de redes sociales una grabación dónde se escucha de la directora de la Casa Hogar, Guadalupe Álvarez, quien solicita que a una niña la bañen con agua con hielos porque se orinó.

V. Dentro de sus atribuciones la Casa Hogar tiene según el Estatuto Orgánico del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, publicado en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado el 15 de junio de 2013, en su Fracción XXI, el: “Supervisar el buen trato y cuidado de los menores por parte del personal asignado en cada área”, situación que ha sido abiertamente cuestionada por los recientes acontecimientos.

Por esta razón, y ante la posible grave situación que viven de los llamados “niños institucionales”, los que viven en casas de asistencias, es que es urgente que se revise se esté cumpliendo con la normatividad vigente, y que los infantes se encuentren en óptimo estado de salud física y mental.

Por todo lo anteriormente expuesto, es que presento a esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor del siguiente

Resolutivo

Único. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, exhorta a la titular de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas (CDHEZ), doctora María de la Luz Domínguez Campos, y a la Directora General del Sistema Estatal de Desarrollo Integral de la Familia, Yadira Galván Sánchez a realizar una revisión entre los menores de edad que habitan en la “Casa Hogar para Jóvenes de Zacatecas”, dependiente de la Coordinación de Casas Asistenciales de la Procuraduría de la Defensa del Menor, la Mujer y la Familia del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, con la finalidad de verificar su integridad física y emocional, y garantizar el goce de sus derechos humanos.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 25 días del mes de enero de 2017.— Diputada Claudia Sofía Corichi García (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Derechos de la Niñez de la Cámara de Diputados.

ESTABLECER LOS 18 AÑOS DE EDAD MÍNIMA PARA CONTRAER MATRIMONIO

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los congresos locales a armonizar su legislación a fin de establecer la edad mínima de 18 años para contraer matrimonio, suscrita por la senadora Lucero Saldaña Pérez, del Grupo Parlamentario del PRI

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y Décimo Tercero del acuerdo parlamentario que establece los criterios generales para el desarrollo de las sesiones, la conformación del orden del día y los debates que se realicen en la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, durante el primer receso del segundo año de ejercicio de la LXIII Legislatura, tengo a bien someter a su consideración la presente; proposición con punto de acuerdo que presenta la senadora Lucero Saldaña Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, por el que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los Congresos de las diferentes entidades federativas a que armonicen su legislación local con el objeto de establecer los 18 años como edad mínima para contraer matrimonio, sin excepciones o dispensas.

Antecedentes

El matrimonio infantil, es decir, aquel en el que se involucra a personas menores de 18 años, de acuerdo con el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer y el Comité de los Derechos del Niño, forma parte del conjunto de prácticas nocivas que tienen su origen en la discriminación por razón de sexo, género y edad, principalmente.

Al reconocer lo anterior, obedece que de manera conjunta ambos comités adoptaran la recomendación general número 31 del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer y observación general número 18 del Comité de los Derechos del Niño sobre las prácticas nocivas, en donde se les define como:

...prácticas y formas de conducta persistentes que se fundamentan en la discriminación por razón de sexo, género y edad, entre otras cosas, además de formas múltiples o interrelacionadas de discriminación que a menudo conllevan violencia y causan sufrimientos o daños físicos o psíquicos. El daño que semejantes prácticas ocasionan a las víctimas sobrepasa las consecuencias físicas y mentales inmediatas y a menudo tiene el propósito o el efecto de menoscabar el reconocimiento, disfrute o ejercicio de los derechos humanos y las libertades fundamentales de las mujeres y los niños. Asimismo, tales prácticas repercuten negativamente en su dignidad, su integridad y desarrollo a nivel físico, psicosocial y moral, su participación, su salud, su educación y su situación económica y social (párrafo 15)

Ambos Comités reconocen que las prácticas nocivas de mayor prevalencia incluyen: la mutilación genital femenina, el matrimonio infantil o forzoso, la poligamia, los delitos cometidos por motivos de “honor” y la violencia por causa de la dote.

Asimismo, establecen el carácter multidimensional de sus causas, que incluyen: los papeles estereotipados asignados por razón de sexo o género, la supuesta superioridad o inferioridad de uno de los sexos, los intentos por ejercer control sobre los cuerpos y la sexualidad de las mujeres y las niñas, las desigualdades sociales y la prevalencia de estructuras de poder dominadas por el sexo masculino.

En esta recomendación/observación conjunta, se establece que el matrimonio infantil o también denominado matrimonio a edad temprana, es cualquier matrimonio en el que al menos uno de los contrayentes sea menor de 18 años (párrafo 20). Esta práctica, que afecta principalmente a las niñas, puede ser considerada una forma de matrimonio forzado, dado que una o ambas partes involucradas suelen no otorgar un consentimiento pleno, libre e informado.

En el marco jurídico nacional destaca, que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el párrafo noveno del artículo 4o., establece que es deber del Estado velar y cumplir en todas sus decisiones y actuaciones con el principio del interés superior de la niñez, mismo que deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez.

Por su parte, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (LGDNNA), reconoce a ese grupo de población como titulares de derechos, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, en los términos que establece el artículo 1o. constitucional. Esta ley establece los principios rectores y criterios que deben orientar a la política nacional en materia de derechos de niñas, niños y adolescentes.

Como parte del Derecho a Vivir en Condiciones de Bienestar y a un Sano Desarrollo Integral de niñas, niños y adolescentes, la LGDNNA establece:

Artículo 45. Las leyes federales y de las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, establecerán como edad mínima para contraer matrimonio los 18 años.

Es necesario recordar que como parte de las Observaciones finales del Comité de los Derechos del Niño, sobre los informes periódicos cuarto y quinto consolidados de México (2015), se incluye que:

A la luz de la observación general N°18. (2014) adoptada de manera conjunta con el Comité para la Eliminación de la Discriminación Contra la Mujer, el Comité recomienda al estado parte que asegure la efectiva implementación del artículo 45 de la LGDNNA asegurando que la edad mínima para contraer matrimonio por parte de niñas y niños sea establecida en 18 años en las leyes de todos los estados. El Estado parte debe también implementar programas integrales de sensibilización sobre las consecuencias negativas del matrimonio infantil en niñas, teniendo como población objetivo a los familiares, maestros y líderes indígenas.

Lo cierto es que hasta la fecha no se ha logrado esta armonización en la legislación de todas las entidades federativas del país. En la actualidad:

• En 1 entidad federativa se permite el matrimonio de menores de 18 años de edad: Aguascalientes.

• En 15 entidades se permite el matrimonio de menores de 18 año~ con dispensa, consentimiento o excepciones: Baja California, Campeche, Chihuahua, Ciudad de México, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Nuevo León, Oaxaca, Querétaro, Sonora, Tabasco, Tlaxcala y Zacatecas.

• En 16 entidades se establece puntualmente que no se permite el matrimonio de menores de 18 años: Baja California’ Sur, Chiapas, Coahuila, Colima, Estado de México, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Tamaulipas, Veracruz y Yucatán (ver cuadro 1)

Por otra parte, en nuestro país la Estrategia Nacional de Prevención del Embarazo Adolescente (ENAPEA), presentada en 2015 por el gobierno federal, señaló en su diagnóstico que el fenómeno de embrazo adolescente está aparejado con el de uniones tempranas. Siendo, al mismo tiempo, consecuencia y causa de las uniones matrimoniales de niñas y adolescentes. Uniones muchas veces impuestas o no deseadas. Estadísticamente, 60% de las 486, 000 mujeres adolescentes madres unidas, vivieron la unión y el primer parto en el mismo año de su vida.

La ENAPEA dio cuenta de que en nuestro país, casi tres cuartas partes de las niñas de 10 a 14 años de edad que tienen un hijo o hija, están casadas o vive en parejas, lo cual entraña riesgos psicológicos y sociales. Asimismo, el porcentaje de mujeres adolescentes de 15 a 19 años de edad casadas o unidas (16%) es casi tres veces mayor que la proporción de hombres de esta edad (6.2%) que reportan vivir en matrimonio o unión.

En otras palabras, las uniones no se dan en la misma medida entre adolescentes mujeres y sus contrapartes hombres. Por el contrario, la propia ENAPEA mostró que de acuerdo con el registro de nacimientos de la Secretaría de Salud en 60% de los registros de madres adolescentes, el padre es un hombre de 20 o más años, lo cual cuestionaría si las relaciones que llevaron al embarazo fueron consentidas o no. Entre menor es la edad de la adolescente que es madre, mayor es la proporción de hombres (los padres) 10 años o más, mayores que ellas. Es contundente el dato: mientras menor edad tiene la madre, mayor probabilidad de que la pareja sea mayor y que exista una mayor desigualdad de poder entre ellos.

La ENAPEA afirma que: el matrimonio u otro tipo de unión, así como el embarazo y el parto a edades muy tempranas, con grandes diferenciales de edades respecto de la pareja, aumentan la vulnerabilidad de estas adolescentes; al propiciar el desequilibrio de poder al interior de la pareja y las pone en un riesgo continuo de abuso y violencia sexual basado en la construcción social de un enfoque de género no equitativo ni de igualdad. Al mismo tiempo que hace evidente que este tipo de uniones suele tener mayor inestabilidad, ya que la literatura muestra que las uniones que se dan en la adolescencia tienen cuatro veces mayor riesgo de disolverse en pocos años.

En el análisis del marco jurídico para prevenir el embarazo adolescente, la ENAPEA, puso en evidencia que existe una falta de homogeneidad en los Códigos Civiles Federal y locales respecto de la edad mínima para contraer matrimonio, sugiriendo que: En este contexto se hace necesaria la revisión del marco jurídico que regula la edad mínima al matrimonio en cada una de las entidades federativas.

Por lo anterior y tomando en cuenta el marco internacional en materia de derechos de la niñez, la ENAPEA incluyó en el objetivo 2. Propiciar un entorno habilitante que favorezca las decisiones libres, responsables e informadas de las y los adolescentes sobre el ejercicio de su sexualidad y la prevención del embarazo, la siguiente línea de acción:

4. Promover acciones legislativas estatales para homologar los Códigos Penales estatales con la normatividad nacional e internacional en sus artículos relativos a violencia y abuso .sexuales de menores. Por ejemplo, modificar las leyes de estupro, rapto, violación equiparada, violación a menores y matrimonios forzados.

• Impulsar iniciativas en los congresos estatales que homologuen los códigos penales para eliminar la violencia, el abuso sexual y los matrimonios forzados en la población adolescente.

• Promover la búsqueda intencionada, la persecución de oficio y la sanción de delitos de violencia, abuso sexual y matrimonio forzado contra niñas, niños y adolescentes.

En el mismo año de 2015, las doce agencias del Sistema de las Naciones Unidas con representación en México, impulsaron la campaña “De la A (Aguascalientes) a la Z (Zacatecas), México sin unión temprana y matrimonio de niñas en la ley y en la práctica”.

La campaña constituía un llamado a gobiernos y congresos (a nivel federal y estatal), a la sociedad civil, a los medios de comunicación y a la ciudadanía para tomar acciones concretas para eliminar el matrimonio y la unión temprana de las niñas, tanto en la ley y en la práctica.

Para estas agencias: El matrimonio de niñas y las uniones tempranas constituyen una violación a los derechos humanos de las niñas y son consideradas por la ONU como prácticas nocivas que afectan gravemente la vida, la salud, la educación y la integridad de las niñas, impacta su desarrollo futuro y el de sus familias, e incrementa la discriminación y la violencia contra ellas.

Las agencias reconocían que la situación en México resulta preocupante, dado que al menos una de cada cinco mexicanas entra en unión conyugal antes de cumplir los 18 años de edad; observando que la tendencia de las uniones tempranas ha variado poco en las nuevas generaciones y hoy 6.8 millones de mujeres entre 15 y 54 años se unieron conyugalmente antes de los 18 años de edad.

La campaña propuso dos objetivos:

1. Generar conversación y acción para prevenir y poner fin al matrimonio y la unión de las niñas, ubicándolas como una práctica nociva, acorde a las realidades locales y nacionales.

2. Llamado a la acción: “De la A(guascalientes) a la Z(acatecas)”, para la armonización legal completa acorde a los textos internacionales para establecer la edad del matrimonio a los 18 años sin excepción.

Por otro lado, el pasado mes de agosto de 2016, el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes aprobó el instrumento de política pública denominado “25 al 25: Objetivos Nacionales de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes”, que constituye una ruta de mediano plazo para promover y garantizar los derechos de la niñez y adolescencia dando cumplimiento a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (LGDNNA), mediante la articulación de programas, estrategias y acciones, teniendo como fin que esta población alcance su máximo potencial y bienestar.

Los 25 objetivos propuestos responden a los derechos reconocidos en la LGDNNA, y están agrupados según 4 dimensiones utilizadas a nivel internacional por UNICEF (supervivencia, desarrollo, protección y participación). Además tienen una perspectiva de integralidad, es decir, busca que la acción conjunta del Estado tome en cuenta la interdependencia de los derechos.

Cabe reiterar que la LGDNNA, en su artículo 115, señala que es deber de todos los órdenes de gobierno el coadyuvar para el cumplimiento de los objetivos de la misma, de conformidad con las competencias previstas en el texto del mencionado ordenamiento y demás disposiciones legales aplicables.

En el dominio denominado “supervivencia”, se establece que niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la vida y como sujetos de derecho significa que el Estado debe garantizarle el acceso a los recursos que les permita conservarla a lo largo de su ciclo de vida, atendiendo las necesidades bio-psico-sociales de conformidad a las etapas del desarrollo.

En este dominio, el quinto objetivo es el relativo a Embarazo adolescente, incorporando lo relativo a las uniones tempranas, por lo que se propone:

Prevenir y reducir el número de embarazos en niñas y adolescentes, así como las uniones tempranas y asegurar apoyos para que las madres y los padres menores de 18 años y sus hijas e hijos puedan ejercer plenamente sus derechos.

Es por todo lo anterior y considerando que las condiciones jurídicas y socioculturales están dadas para asegurar que el matrimonio de personas menores de 18 años se elimine en todas las entidades federativas, sin excepciones o dispensas, es que someto a consideración de esta Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el siguiente punto de acuerdo:

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a los Congresos de las diferentes entidades federativas a que armonicen su legislación local con el objeto de establecer los 18 años como edad mínima para contraer matrimonio, sin excepciones o dispensas.

Notas

1 Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer/Comité de los Derechos del Niño, Recomendación general núm. 31 del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer y observación general núm. 18 del Comité de los Derechos del Niño sobre las prácticas nocivas, adoptadas de manera conjunta, 14 de noviembre de 2014

(CEDAW/C/GC/31/CRC/C/GC/18). En internet:

http://www.acnur.org/t3/fileadmin/Documentos/BDL/2014/9925.pdf

2 Cabe hacer mención, sin embargo, que este documento conjunto, admite la posibilidad del matrimonio entre personas menores de 18 años, al establecer: Como una cuestión de respeto a las capacidades en evolución del niño y a su autonomía a la hora de tomar decisiones que afectan a su vida, en circunstancias excepcionales se puede permitir el matrimonio de un niño maduro y capaz menor de 18 años, siempre y cuando el niño tenga como mínimo 16 años de edad y tales decisiones las adopte un juez basándose en motivos excepcionales legitimas definidos por la legislación y en pruebas de madurez, sin dejarse influir por la cultura ni la tradición.(párrafo 20) Cuestión que, en el marco de los avances jurídico y culturales de nuestro país, pretendemos sea superada.

3 https://www.gob.mx/segob/articulos/25al25-objetivos-de-mexico-para-garantizar -el-ejercicio-de-derechos-a-ninas-ninos-y-adolescentes

Ciudad de México, a 25 de enero de 2017.— Senadora: Lucero Saldaña Pérez (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Juventud y Deporte, de la Cámara de Senadores.

FACILITAR LAS INVESTIGACIONES CON RESPECTO A LA APLICACIÓN DE QUIMIOTERAPIAS CON AGUA DESTILADA A NIÑAS Y NIÑOS ENFERMOS DE CÁNCER EN EL ESTADO DE VERACRUZ

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Ssa a colaborar –en el ámbito de su competencia– con el gobierno de Veracruz a fin de facilitar las investigaciones respecto a la aplicación de quimioterapias con agua destilada a menores con cáncer en el estado; y, en su caso, colaborar para dar atención oportuna e inmediata conforme al derecho de prioridad que tienen los niños y los adolescentes, suscrita por senadores de los Grupos Parlamentarios del PAN y del PRI

Las y los suscritos senadores, Martha Elena García Gómez, Diva Hadamira Gastélum Bajo, Juan Carlos Romero Hicks; Martha Angélica Tagle Martínez, Yolanda de la Torre Valdez, Francisco Salvador López Brito, integrantes de diversos grupos parlamentarios de la LXIII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, numeral 1, fracción II, 95 numeral 1, 108 y 276 del Reglamento del Senado de la República, someten a la consideración de pleno de esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Salud para que en el ámbito de sus competencias colabore con el gobierno del estado de Veracruz a fin de facilitar las investigaciones con respecto a la aplicación de quimioterapias con agua destilada a niñas y niños enfermos de cáncer en el estado y en su caso, colabore para brindar atención oportuna e inmediata bajo el derecho de prioridad que tienen niñas, niños y adolescentes al tenor de las siguientes

Consideraciones

El cáncer inicia como una alteración celular que provoca un aumento descontrolado de células anormales que crecen de forma invasiva y se propagan a través de los tejidos, lo que perturba el funcionamiento normal del organismo. Cualquier parte del cuerpo es susceptible de ser afectada, de forma tal que existen más de 100 tipos de esta enfermedad. Es un padecimiento de alta incidencia en nuestro país y se ubica como la tercera causa de muerte. La morbilidad y mortalidad por cáncer en México son un problema de salud pública.

En la población de niñas, niños y adolescentes, se considera que el cáncer es una enfermedad poco frecuente con respecto a las personas adultas, sin embargo, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) constituye una de las principales causas de morbimortalidad entre la población que aún no cumple los 20 años de edad. El Inegi señala que en 2012, en la región de América Latina y el Caribe, aproximadamente 29 mil niños y adolescentes con menos de 15 años fueron diagnosticados con cáncer, siendo leucemia linfoblástica aguda, el tipo más común. No obstante, debido a los avances en su diagnóstico y tratamiento oportunos, la mayoría de los enfermos de este tipo de cáncer se curan.

De acuerdo con el Inegi, en México se estima que anualmente surgen entre 5000 y 6000 casos nuevos de cáncer en niñas, niños y adolescentes menores de 18 años de edad. Igual que en el contexto regional, destacan principalmente las leucemias, que representan el 52% de los casos, los linfomas representan el 10% y los tumores del sistema nervioso central el 10%. La sobrevida estimada en México es del 56% del diagnóstico y la razón de incidencia de casos de cáncer es de 9 casos por 100 mil menores de 18 años para la población no derechohabiente en la República Mexicana.

México tiene un promedio anual de 2,150 muertes por cáncer infantil y representa la primera causa de muerte por enfermedad en niñas, niños y adolescentes entre 5 y 14 años de edad, conforme a la cifras preliminares 2013 reportadas por el Sistema Estadístico Epidemiológico de las Defunciones (SEED).

El pasado 16 enero del presente, el Gobernador del Estado de Veracruz Miguel Ángel Yunes Linares, denunció que en la Administración del ex gobernador Javier Duarte en el estado de Veracruz, niñas y niños enfermos de cáncer recibieron agua destilada en lugar de las medicinas de sus quimioterapias, El Gobernador Yunes Linares señaló en conferencia de prensa: “Tenemos ya resultado de un laboratorio que señaló que el medicamento que se administraba a niños, una quimioterapia que se administraba a niños, no era realmente un medicamente, sino que era un compuesto inerte, era agua prácticamente destilada”

Al respecto, es importante destacar que lo anterior, constituye una flagrante violación de diversos derechos que han sido contemplados en nuestra Constitución Política, en diversos tratados internacionales suscritos por el Estado Mexicano así como en el marco jurídico local y nacional en materia de niñas, niños y adolescentes. Al respecto, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes establece en sus artículos 14 y 16 el derecho a la vida, a la supervivencia y el desarrollo, a fin de que niñas, niños y adolescentes vean preservado su derecho a la vida y a que no ser privados de ella bajo ninguna. Asimismo, el derecho de prioridad establece la protección y socorro de niñas, niños y adolescentes en cualquier circunstancia y con la oportunidad necesaria; que se les atienda antes que a las personas adultas en todos los servicios, en igualdad de condiciones, entre otras. Es también una violación al derecho a vivir en condiciones de bienestar y a un sano desarrollo integral, y al derecho de discriminación por condición de edad y porque discrimina a las niñas y niños cuya situación económica de sus familias les obligaba a solicitar este servicio público, pero sobre todo es una innegable violación a su derecho a la protección de la salud y a la seguridad social, para disfrutar del más alto nivel posible de la salud, así como a recibir la prestación de servicios de atención médica gratuita y de calidad de conformidad con la legislación en materia de salud, con el fin de prevenir, proteger y restaurar su salud.

La Ley número 573 de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave establece y salvaguarda también todos los derechos contemplados en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Y en específico relativo al derecho a la salud, el artículo 43 fracción XVI de esta ley establece la obligación de las autoridades estatales y municipales para asegurar asistencia médica y sanitaria de enfermedades y rehabilitación de salud, mediante programas de detección temprana y atención oportuna de enfermedades tanto curables como de carácter terminal.

Además contempla que el Sistema Estatal de Salud deberá garantizar el pleno cumplimiento del derecho a la salud atendiendo al derecho de prioridad, al interés superior de la niñez, la igualdad sustantiva y la no discriminación, así como establecer Acciones afirmativas a favor de niñas, niños y adolescentes. La información dada a conocer por el Gobernador Yunes Linares sobre niñas y niños que recibieron quimioterapia con agua destilada en el Estado de Veracruz debe investigarse por las autoridades a fin de que se finquen las responsabilidades correspondientes y se sancione conforme a la legislación aplicable, así como que se les repare el daño y se restituyan sus derechos de manera oportuna.

Por lo antes expuesto, de conformidad con los artículos 8, numeral 1, fracción II, 108 y 276 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a consideración y aprobación de este pleno, los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Salud para que en el ámbito de sus competencias colabore con el gobierno del Estado de Veracruz a fin de facilitar las investigaciones con respecto a la aplicación de quimioterapias con agua destilada a niñas y niños enfermos de cáncer en el Estado y en su caso, colabore para brindar atención oportuna e inmediata bajo el derecho de prioridad que tienen niñas, niños y adolescentes.

Segundo.La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta al Gobierno del Estado de Veracruz, para que en el ámbito de sus competencias continúe con las investigaciones y sancione las posibles conductas por parte de las autoridades de la pasada administración del Estado y el personal de la Secretaría de Salud por la aplicación de quimioterapias con agua destilada a niñas y niños enfermos de cáncer.

Tercero. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta a la Procuraduría Estatal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes a que determinen las medidas de protección integral y de restitución de los derechos de las niñas y los niños afectados por la aplicación de quimioterapias con agua destilada.

Notas

1 Inegi, 2016. “Estadísticas a propósito del Día Mundial Contra el Cáncer (4 de febrero)”, consultado el 17 enero de 2017 y disponible en:

http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2016/cancer2016 _0.pdf

2 Nota Periodística del Diario Animal Político, 2017. “Niños enfermos de cáncer recibieron quimios falsas durante el gobierno de Duarte en Veracruz”, disponible en:

http://www.animalpolitico.com/2017/01/yunes-veracruz-falsas-qui mioterapias/

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a 25 de enero de 2017.— Senadores: Yolanda de la Torre Valdez, Francisco Salvador López Brito, Martha Elena García Gómez, Juan Carlos Romero Hicks, Martha Angélica Tagle Martínez (rúbricas).»

Se turna a la Comisión de Justicia, de la Cámara de Senadores.

INVESTIGACIÓN SOBRE LA SUPUESTA COMPRA DE MEDICAMENTOS APÓCRIFOS SUMINISTRADOS A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES ENFERMOS DE CÁNCER, ASÍ COMO PRUEBAS DE LABORATORIO FALSOS DE VIH EN LAS ADMINISTRACIONES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ

«Proposición con punto de acuerdo, relativo a la realización de una pesquisa exhaustiva sobre la supuesta compra de medicamentos apócrifos suministrados a niños y adolescentes enfermos de cáncer, y pruebas de laboratorio de VIH falsas en las administraciones encabezadas en Veracruz por Fidel Herrera Beltrán y Javier Duarte de Ochoa, suscrita por la senadora Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del PRD

La que suscribe Angélica de la Peña Gómez, senadora de la República a la LXIII Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos vigente por lo que se refiere al funcionamiento de la Comisión Permanente, presenta a la consideración del pleno de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a la Procuraduría General de la República inicie una investigación formal y profunda a fin de fincar responsabilidades a las diversas autoridades de los gobiernos de los entonces gobernadores de Veracruz Fidel Herrera Beltrán y Javier Duarte de Ochoa, involucrados en la compra de medicamentos apócrifos suministrados a niñas, niños y adolescentes enfermos de cáncer, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Los tipos de cáncer más frecuente en los niños son: leucemias, linfomas, y tumores cerebrales.

En el tema del cáncer infantil no hay prevención, la oportunidad de supervivencia depende de un diagnóstico temprano. Se presentan casos de niños que a un día de vida son diagnosticados con cáncer.

En México:

• Cada 4 horas muere un niño por cáncer.

• 120 mil personas son diagnosticadas con cáncer al año.

• Más de 70 mil mexicanos mueren al año a causa del cáncer.

• 176 mexicanos mueren diariamente a causa del cáncer

• 7 mexicanos mueren cada hora a causa del cáncer

• Cada 2 horas muere una mujer por cáncer de mama

El cáncer es la segunda causa de muerte infantil en México y también puede generar una discapacidad. Se calcula que 15 por ciento de los niños con cáncer en México nunca reciben tratamiento especializado, de tal manera que la mortalidad de este grupo es absoluta. Aproximadamente 5 por ciento de los niños que mueren en México, mueren de cáncer.

No existe una total homologación de procedimientos por tipos de cáncer. Los protocolos empleados en México han sido superados por los estándares internacionales.

El 40 por ciento de los niños que se curan sufrirán secuelas importantes. Aun las instituciones más reconocidas carecen del equipo adecuado para brindar un tratamiento de calidad. Aun así, 70 por ciento del cáncer es curable cuando se detecta a tiempo y se brinda el tratamiento adecuado.

El pasado 16 enero del presente, el gobernador de Veracruz Miguel Ángel Yunes Linares, denunció que en la administración del ex gobernador Javier Duarte en Veracruz, niñas y niños enfermos de cáncer recibieron agua destilada en lugar de las medicinas de sus quimioterapias, el gobernador Yunes Linares señaló en conferencia de prensa: “Tenemos ya resultado de un laboratorio que señaló que el medicamento que se administraba a niños, una quimioterapia que se administraba a niños, no era realmente un medicamento, sino que era un compuesto inerte, era agua prácticamente destilada”.

Veracruz desvió recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) por más de mil millones de pesos, de la cuenta pública de 2014, y mil 472 millones de pesos más, de la Cuota Social y Aportación Social Solidaria del Seguro Popular.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) aseguró que México no ha generado mejoras en el sistema de salud a pesar de los recursos destinados en esta administración al sector.

En el reporte sobre los sistemas de Salud: México 2016, la OCDE dijo que el sistema está en estado crítico a 10 años de implementación del Seguro Popular. “Los costos administrativos, 8.9 por ciento del gasto total en salud, son los más altos de la OCDE y no bajaron en la década pasada. El gasto de bolsillo se ubica alrededor de 45 por ciento del gasto total en salud, también el más alto, arrojó el análisis.

Asimismo, se determinó que el sistema de salud mexicano no trabaja de manera eficiente, que la situación de crisis ha ocurrido a pesar de que entre 2003 y 2013 el presupuesto destinado al sector representó un incremento de 2.4 por ciento a 3.2°k del producto interno bruto (PIB) en México.

Una solicitud de información (0001200244315) obtenida en la plataforma Infomex arrojó que en el lapso comprendido entre 2013 y 2014 y el primer trimestre de 2015, el Centro Estatal de Cancerología Doctor Miguel Dorantes Mesa, con sede, en esta capital, registró 32 decesos de menores de edad, de acuerdo con los “cubos de defunciones” del Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia de la Secretaría de Salud federal.

En el caso de las mujeres, las cifras son más alarmantes, pues de cáncer cervicouterino y de mama fallecieron mil 719 en Veracruz en el periodo señalado, según la dependencia.

Otra solicitud de información (0001200244315) destaca que en el primer trimestre de 2015, 109 mujeres mayores de 25 años perdieron la vida por un tumor maligno cervicouterino, mientras que 107 fallecieron por cáncer de mama.

Otro oficio, el SIDSS/DGIS/001602/2015, detalla que en la numeralia de otros tipos de cáncer (colon y recto, vejiga, linfomas, leucemia, páncreas y otros), 45 personas (masculinas y femeninas) perdieron la vida en la entidad en los tres primeros meses de 2015.

Las escalofriantes cifras que aporta la Secretaría de Salud federal señalan que en promedio una de cada diez muertes por cáncer en el país ocurre en Veracruz.

El martes 17 de enero, el ex secretario de Salud de Veracruz, Antonio Nemi Dib, señaló que no fue el único engaño, sino que también se hicieron falsas pruebas de VIH. “Las que tuvieron que ver con las pruebas falsas de VIH y lo que he estado venido diciendo, lo de los medicamentos falsos, yo lo comenté y existen otros casos mucho más graves que el de los medicamentos de cáncer”, expresó.

De acuerdo con Nemi Dib, las irregularidades se realizaron antes del 15 de marzo de 2013, cuando el titular de la dependencia era Ricardo Sandoval Aguilar.

En mérito de lo expuesto se somete la consideración de esta Comisión Permanente la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión solicita a la Procuraduría General de la República inicie una investigación exhaustiva a fin de fincar responsabilidades a las diversas autoridades de los gobiernos de los entonces gobernadores del estado de Veracruz Fidel Herrera Beltrán y Javier Duarte de Ochoa, involucrados en la compra de medicamentos apócrifos suministrados a niñas, niños y adolescentes enfermos de cáncer, así como la realización de pruebas falsas de VIH.

Segundo. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta a la Procuraduría General de la República a intensificar las acciones a fin de hacer efectiva la orden de aprehensión del ex gobernador del estado de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa.

Tercero. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a fin de que inicie el trámite de destitución del ciudadano Fidel Herrera Beltrán, como cónsul del Consulado de Carrera de México en Barcelona España de acuerdo a la fracción IV, artículo 58 de la Ley del Servicio Exterior Mexicano.

Notas

1 http://www.canica.org.mx/cancer infantil.php

2 Nota Periodística del Diario Animal Político, 2017. “Niños enfermos de cáncer recibieron quimios falsas durante el gobierno de Duarte en Veracruz”, disponible en:

http://www.animalpolitico.com/2017 /Ol/yunes-veracruz-falsas-quimioterapias/

3 https://www.oecd.or/health/health-sistems OECD-Revíews-of-Health-Sistems-Mexico-2016-Assessment-and-recommendations-Spani sh. pdf

4 Ibídem.

5 https://www.infomex.gor.mx/gobiernofederal/moduloPublico/moduloPublico.action

6 https://www.infomex.gor.mx/gobiernofederal/moduloPublico/moduloPublico.action

7 https://tiempo.com.mx/noticia/68855-ademas de agua en quimios tamb/1

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 25 de enero de 2017.— Senadora Angélica de la Peña Gómez (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Justicia, de la Cámara de Senadores.

VERIFICAR LA CALIDAD DE LOS MEDICAMENTOS QUE FABRICAN LAS DIVERSAS FARMACÉUTICAS DEL PAÍS, E INVESTIGAR LA POSIBLE COMISIÓN DEL DELITO DE HOMICIDIO EN EL CASO DE LOS NIÑOS FALLECIDOS EN EL CENTRO DE CANCEROLOGÍA EN EL ESTADO DE VERACRUZ

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Ssa y a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios a verificar la calidad de los medicamentos fabricados por las farmacéuticas del país; y a la Fiscalía General de Veracruz, a investigar la posible comisión de homicidio en el caso de los niños fallecidos en el centro de cancerología de la entidad, suscrita por la diputada Rosa Alba Ramírez Nachis, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

La que suscribe, diputada federal Rosa Alba Ramírez Nachis, integrante de la LXIII Legislatura, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 3, numeral 1, fracción XIX; 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracciones I y II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

En conferencia de prensa el pasado 16 de enero de este año el gobernador de Veracruz Miguel Ángel Yunes Linares, hizo del conocimiento público acciones llevadas a cabo durante el gobierno de su antecesor Javier Duarte.

El gobernador en funciones señalo que “Niños enfermos con cáncer que eran atendidos en el Centro de Cancerología, recibieron agua destilada en vez de medicamentos usados en tratamientos de quimioterapias”.

“Derivado de esa aplicación indebida, nueve niños que padecían leucemia murieron al inicio de la administración de Javier Duarte. Las investigaciones llevadas a cabo en su momento por la Contraloría Interna condujeron a las empresas propiedad de empresarios veracruzanos supuestamente asociados con un diputado federal.”

Ante estos hechos que pueden constituir la posible comisión de ilícitos es necesario exhortar a la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios, para que en ejercicio de las facultades que le otorga la Ley General de Salud, en su artículo 17 bis fracción II el cual señala:

“Proponer al Secretario de Salud la política nacional de protección contra riesgos sanitarios así como su instrumentación en materia de: establecimientos de salud; medicamentos y otros insumos para la salud; disposición de órganos, tejidos, células de seres humanos y sus componentes...”

Y la fracción VI .

“Ejercer el control y vigilancia sanitarios de los productos señalados en la fracción II de este artículo, de las actividades relacionadas con los primeros, de su importación y exportación, así como de los establecimientos destinados al proceso de dichos productos y los establecimientos de salud ,con independencia de las facultades que en materia de procesos y prácticas aplicables en los establecimientos dedicados al sacrificio de animales y procesamiento primario de bienes de origen animal para consumo humano, tenga la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación en términos de lo dispuesto por la Ley Federal de Sanidad Animal;

Se realicen la acciones correspondientes para verificar que los medicamentos elaborados por las diversas empresas farmacéuticas del país, entre los que se encuentran los que se adquieren en el sector público para la atención de los millones de derechohabientes del IMSS, ISSSTE, así como hospitales y clínicas del sector salud que dependen de la federación o de cada una de las entidades federativas, se apeguen a las normas oficiales mexicanas establecidas por la propia Secretaría de Salud y normados por la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos.

Con ello se busca evitar acciones fraudulentas en perjuicio de la población, que no solo ponen en riesgo su salud, sino la vida misma de quien acude a las instituciones públicas a procurar el don más importante que puede tener el ser humano: su salud.

De igual manera es necesario dar certidumbre a la población en razón de que los medicamentos empleados en los tratamientos sean efectivamente aquellos que contienen las fórmulas adecuadas y verdaderas a fin de que tengan la confianza que al acudir a las instituciones públicas o privadas de salud, no se están empleando medicamentos sin efectividad, de baja calidad o hasta caducos.

Estas acciones de verificación y control que lleve a cabo la Cofepris deben conducir a la aplicación de sanciones correspondientes a empresas farmacéuticas y a quienes adquieran medicamentos que no cubran los estándares de calidad requeridos por la farmacopea mexicana.

De igual manera se exhorta de manera respetuosa a la Fiscalía General de Veracruz, a llevar a cabo las indagatorias correspondientes para verificar si en el caso que se refiere al inicio de esta proposición, se tienen los elementos necesarios para el fincamiento de responsabilidades por el presumible delito de homicidio en perjuicio de nueve infantes en el Centro de Cancerología de Veracruz, durante la administración del prófugo ex gobernador de Veracruz, acompaña a esta petición un esencial sentimiento de impartición justicia para quienes han sido víctimas de un presumible delito consecuencia de la corrupción e impunidad que durante tanto tiempo ha tenido el Estado de Veracruz.

Por lo anteriormente expuesto presento ante esta asamblea, el siguiente:

Puntos de Acuerdo

Primero.Se exhorta a la Secretaria de Salud y a la Comisión Federal Para la Protección contra Riesgos Sanitarios a fin de verificar los estándares de calidad establecidos en la Farmacopea Mexicana para los medicamentos que fabrican las diversas farmacéuticas del país,

Segundo. Se exhorta respetuosamente a la Fiscalía General del Estado de Veracruz para investigar la posible comisión del delito de homicidio en el caso de los niños fallecidos en el Centro de Cancerología de esa entidad federativa.

Notas

1 Dieron a niños con cáncer agua destilada.

http://www.razon.com.mx/ consultado el 17 de enero de 2017.

2 Ley General de Salud. Cámara de Diputados en

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/142_161216.pdf consultado el 18 de enero de 2017.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el 25 de enero de 2017.— Diputada Rosa Alba Ramírez Nachis (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Justicia, de la Cámara de Diputados.

RECONSIDERAR LA DECISIÓN DE RETIRARLE AL ESTADO DE JALISCO LA SEDE DE LA OLIMPIADA NACIONAL 2017

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Sistema Nacional de Cultura Física y Deporte a reconsiderar la decisión de retirar a Jalisco la sede de la Olimpiada Nacional de 2017, a cargo de la diputada Laura Nereida Plascencia Pacheco, del Grupo Parlamentario del PRI

La que suscribe, Laura Nereida Plascencia Pacheco, diputada federal, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 58 y 59, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

La actividad física y el deporte, como derecho humano, representan la forma más acabada de los fines del estado moderno, ya que uno de sus objetivos, conforme lo define el artículo 2º de la Ley General de Cultura Física y Deporte, es el de:

Elevar, por medio de la activación física, la cultura física y el deporte, el nivel de vida social y cultural de los habitantes en los Estados, el Distrito Federal y los Municipios;

De la misma forma, la activación física y el deporte tienen una relación estrecha con la preservación de la salud de las personas, conforme la misma ley, que señala como otro de sus objetivos el:

IV. Fomentar el desarrollo de la activación física, la cultura física y el deporte, como medio importante en la preservación de la salud y prevención de enfermedades;

México tiene una amplia tradición deportiva, ya que nuestro país ha sido sede de los más importantes eventos deportivos del mundo. Derivado de ello, el nivel de competitividad de nuestros deportistas se ha ido consolidando gracias a una política de estado que ha hecho posible lograr que el deporte y la actividad física se incorporen de forma gradual en el estilo de vida de nuestra sociedad.

A ello ha ayudado la difusión que se da de las competencias deportivas, tanto nacionales como internacionales. Estos eventos sirven, entre otras cosas, para mandar un mensaje social muy claro, como el de “mente sana en cuerpo sano”, la cual es una adaptación de la frase: Menss?na in corpore s?n?, que es una cita latina que proviene de las Sátiras de Juvenal, que a su vez sirve para alentar la actividad física y el deporte como una actividad que logran ese cometido. Calidad de vida al fin.

La olimpiada nacional, creada en 1996, funciona también en esa lógica, ya que es la justa deportiva más importante en nuestro país, donde compiten las y los deportistas más destacados.

Según diversas fuentes “... este certamen involucra cada año a más de 3.5 millones de niños y jóvenes, de entre 8 y 23 años, en todas sus etapas y se considera la principal cantera de talento para la conformación de selecciones nacionales”.

Es un evento de gran envergadura que sirve como plataforma de preparación para competencias internacionales como: los Juegos Centroamericanos, Juegos Panamericanos, los Campeonatos Mundiales e incluso, para los Juegos Olímpicos.

En diciembre de 2016, el Sistema Nacional de Cultura Física y Deporte (Sinade) y la Comisión Nacional del ramo (Conade), decidieron que Jalisco fuera la Sede la Olimpiada Nacional. Sin embargo, mediante reunión extraordinaria realizada la segunda semana de enero de este año, es decir hace apenas unos días, el Sinade en conjunto con la Conade, decidieron retirarle la sede de estos juegos a Jalisco, y entregársela a Nuevo León, toda vez que las autoridades de este estado realizaron una propuesta consistente en la aportación de 70 millones de pesos para esta justa deportiva, no importando que hace apenas menos de 2 años la sede de la Olimpiada fue precisamente en esta última entidad.

Tampoco importó, que Jalisco posee una de las infraestructuras deportivas más completas del país, derivado de que en 2011 se realizaron en nuestro estado los “Juegos Panamericanos de Guadalajara 2011”.

Consideramos que esta decisión representa una ofensa para las y los ciudadanos del estado de Jalisco, y en especial, para las y los deportistas de esta entidad, no obstante la competitividad y relevancia que nuestro estado tiene en relación con las competencias como la Olimpiada Nacional.

Jalisco ha sido 17 veces consecutivas campeón de esta justa deportiva. El deporte y la actividad física tienen un alto significado social para nuestra entidad. El trato dado por las autoridades deportivas de nuestro país nos parece grosero y ofensivo.

Exigimos que se reconsidere esta decisión y se le regrese a Jalisco la sede de esta Olimpiada Nacional.

El deporte y la actividad física no pueden estar supeditados al mejor postor, ni mercantilizada.

Consideramos que esa acción contraviene el espíritu que debe primar en las justas deportivas y en sus autoridades. Es decir el “juego limpio”.

Entendemos que el juego limpio significa “...mucho más que el simple respeto de las reglas: abarca los conceptos de amistad, de respeto del adversario y de espíritu deportivo. Es más que un comportamiento, un modo de pensar. El concepto se extiende a la lucha contra las trampas, contra el arte de engañar sin vulnerar las reglas, contra el dopaje, la violencia física y verbal, la desigualdad de oportunidades, la excesiva comercialización y la corrupción.”

Creemos que Jalisco merece un trato digno y que esta decisión es una actitud antideportiva que debe corregirse, por un sentido de elemental justicia.

El Sinade y la Conade, deben rectificar esta decisión y regresarle a nuestro estado la realización de la Olimpiada Nacional, conforme el acuerdo realizado en diciembre de 2016.

Por lo anterior, es por lo que elevo a la consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Único. De urgente y obvia resolución por el que la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, al Sistema Nacional de Cultura Física y Deporte y a la Comisión Nacional de la misma materia, a efecto de que reconsidere la decisión de retirarle a Jalisco la Sede de la Olimpiada Nacional 2017.

Notas

1 Versión legal disponible en http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm

2 Ibídem.

3 Décimo Junio Juvenal (en latín, Decimus Iunius Iuvenalis; Aquino, 60-Roma, 128) fue un poeta latino, activo a finales del siglo I y comienzos del siglo II, autor de dieciséis Sátiras. La información puede consultarse en

http://www.biografiasyvidas.com/biografia/j/juvenal.htm

4 Recuperado de https://es.wikipedia.org/wiki/Olimpiada_Nacional

5 Recuperado de https://educacionfisicaenpetrol.jimdo.com/publicaciones-y-art%C3%ADculos/dec%C3 %A1logo-del-deporte/

Referencias:

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs385/es/

http://es.slideshare.net/Saradelgadorb/el-deporte-y-la-actividad -fisica

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de enero de 2017.— Diputada Laura Nereida Plascencia Pacheco (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Deporte, de la Cámara de Diputados.

ATENDER Y VIGILAR LA OPERACIÓN Y EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE APOYO A LA EDUCACIÓN INDÍGENA EN EL PAÍS, CON ESPECIAL ATENCIÓN A LOS UBICADOS EN EL ESTADO DE OAXACA

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la titular de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas a atender con oportunidad y vigilar la operación del Programa de Apoyo a la Educación Indígena en el País, con especial énfasis en Oaxaca, suscrita por el diputado Luis de León Martínez Sánchez, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, Luis de León Martínez Sánchez, diputado federal, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, en la Cámara de Diputados de la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la titular de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas para que con debida oportunidad atienda y vigile la operación y el funcionamiento del Programa de Apoyo a la Educación Indígena en el país, con especial atención a los ubicados en el estado de Oaxaca.

Consideraciones

Las niñas, niños y adolescentes indígenas en México constituyen la población con mayores carencias y el menor grado de cumplimiento de sus derechos fundamentales. Los estados con mayor número de indígenas son los del sur y sureste del país, es decir, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Yucatán y Puebla, con un total de 7.3 millones. La mayoría de las casi 25,000 comunidades indígenas suelen ubicarse en zonas de difícil acceso, lo cual repercute en la exclusión escolar y en el incumplimiento de otros derechos de los niños indígenas.

En México aunque existe un marco normativo sólido que reconoce el derecho a la educación de la población indígena, los indicadores educativos demuestran que gran parte de ésta no puede ejercer este derecho. De acuerdo con datos del Censo de Población y Vivienda 2010, más de 550 mil niños y niñas que hablan alguna lengua originaria están excluidos del Sistema Educativo Nacional, lo que representa el 27.4% del total de esta población. Esta proporción es diez puntos más alta que la registrada a nivel nacional.

La educación dirigida a niños y jóvenes indígenas inscritos en escuelas públicas está enmarcado en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018,que cita en su denominada Estrategia 2.2.3:... “Fomentar el bienestar de los pueblos y comunidades indígenas, fortaleciendo su proceso de desarrollo social y económico, respetando las manifestaciones de su cultura y el ejercicio de sus derechos”. Teniendo como ejes de operación el garantizar los derechos de los pueblos y comunidades indígenas en términos de alimentación, salud, educación e infraestructura básica.

A su vez, la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), ha diseñado el Programa Especial de los Pueblos Indígenas 2014-2018, mismo que establece los objetivos, estrategias, líneas de acción, indicadores y metas para abatir las carencias y rezagos que afectan a los pueblos y comunidades indígenas, en aras de integrar una sociedad con equidad, cohesión social e igualdad de oportunidades.

En ese sentido, el Gobierno Federal, por conducto de la CDI ha instrumentado el “Programa de Apoyo a la Educación Indígena”, que tiene como objeto brindar hospedaje y alimentación a través de las Casas del Niño y comedores del niño indígena, así como fomentar la permanencia, continuidad, conclusión y titulación de la formación educativa profesional de los jóvenes indígenas, inscritos en escuelas públicas, priorizando aquellos que no tienen opciones educativas en su comunidad a objeto de superar la pobreza e inequidad. Para su operación, se coordina con la Secretaría de Educación Pública mediante Convenio de Colaboración SEP-CDI desde agosto de 2012.

El Programa considera, principalmente, las siguientes modalidades de atención.

• Casa del Niño Indígena. Brinda alimentación, hospedaje y actividades complementarias a la población beneficiaria, atendiendo preferentemente aquella que proviene de localidades que no cuentan con servicios de educación.

• Comedor del Niño Indígena. Brinda alimentación y actividades complementarias a la población beneficiaria que vive en la localidad donde se ubica el centro educativo al que asisten.

• Casa o Comedor Comunitario del Niño indígena. El programa otorga apoyo a través de instancias estatales, municipales y Organizaciones de la Sociedad Civil (OSCs) que operan espacios comunitarios para brindar servicio de alimentación y material de higiene a estudiantes indígenas.

• Becas de Educación Superior y Apoyo a Titulación, para estudiantes indígenas que cursen sus estudios de nivel licenciatura.

Ahora bien, el Acuerdo de Modificación de sus Reglas de Operación del denominado: Programa Albergues Escolares Indígenas (PAEI), en su Objetivo General estipula:

...Apoyar la permanencia en la educación de niñas, niños y jóvenes indígenas inscritos en escuelas públicas, a través de modelos diferenciados de atención, priorizando aquellos que no tienen opciones educativas en su comunidad.

En cuanto a sus objetivos específicos, señala como objetivos

• Brindar servicio de hospedaje a los beneficiarios que lo requieran, a través de las Casas del Niño Indígena, verificando que éstos se mantengan en condiciones de habitabilidad, equipamiento y uso adecuado.

• Brindar servicios de alimentación a los beneficiarios de las Casas y Comedores del Niño Indígena para contribuir a su sano crecimiento y desarrollo, procurando que se tengan las condiciones de equipamiento e infraestructura adecuadas.

• Apoyar con alimentación y artículos de higiene personal, a estudiantes indígenas que se encuentren integrados en espacios operados por instancias estatales, municipales y organizaciones de la sociedad civil, que su función sea el de promover o facilitar la permanencia en la escuela, de niños y jóvenes indígenas.

• Fomentar la permanencia, continuidad, conclusión y titulación de la formación educativa de nivel superior de los jóvenes indígenas.

No obstante lo anterior, distintos albergues escolares indígenas a lo largo del país están descuidados tanto en su componente de infraestructura como de asistencia social-médica especializada para atender debidamente a la población que alberga.

Tal es el caso de las instalaciones de las Casas del Niño Indígena, ubicada en Santo Domingo Tianguistengo, Agencia Municipal de Chazumba en el estado de Oaxaca, que presenta un déficit de profesionales en nutrición y psicología, más allá de sus notables carencias de mobiliario e infraestructura.

Virtud de lo antes expuesto, y con el objeto de generar las condiciones necesarias para el acceso equitativo en términos de disponibilidad, accesibilidad y calidad en las acciones que realiza el Programa de Apoyo a la Educación Indígena, me permito someter a consideración de esta asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único.La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, exhorta a la Titular de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas para que con debida oportunidad atienda y vigile la operación y el funcionamiento del Programa de Apoyo a la Educación Indígena en el país, con especial atención a los ubicados en el estado de Oaxaca.

Referencias:

1. Unicef México.- https://www.unicef.org/mexico.

2. Censo de Población y Vivienda 2010.-

www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/ccpv/cpv2010

3. Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018.- http://pnd.gob.mx

4. Programa de Apoyo a la Educación Indígena.-

http://www.gob.mx/cdi/.

5. Programa de Albergues Escolares Indígenas.- Reglas de Operación 2017.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de enero de 2017.— Diputado Luis de León Martínez Sánchez (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Asuntos Indígenas, de la Cámara de Diputados.

REDUCCIÓN DEL GASTO CORRIENTE DE SUELDOS DE ALTOS FUNCIONARIOS Y PREPAREN PROGRAMAS DE AUSTERIDAD, COMO RESPUESTA AL AUMENTO EN EL PRECIO DE LAS GASOLINAS

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las dependencias de la APF a reducir el gasto corriente en sueldos de altos funcionarios, y preparar programas de austeridad como respuesta al alza de las gasolinas, suscrita por los diputados María Cristina García Bravo y Omar Ortega Álvarez, del Grupo Parlamentario del PRD

Los suscritos, diputada federal María Cristina Teresa García Bravo y Omar Ortega Álvarez, integrantes del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta honorable Comisión Permanente la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El pasado 10 de enero, el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera Espinosa, como respuesta al aumento en el precio de las gasolinas, anunció una serie de medidas de austeridad para su gobierno las cuales permitirán un ahorro de 80 millones de pesos.

Dichas medidas incluyen reducción de 20 por ciento en el gasto de gasolina de vehículos oficiales de funcionarios administrativos, así como de su uso en los celulares y de radio en 18 por ciento, pero estas medidas no se aplicarán para unidades de seguridad, procuración de justicia y emergencias.

Además de que mil 500 vehículos dejarán de circular un día a la semana, de igual forma se buscará la conversión del mismo número de unidades de gasolina a gas natural con un esquema de financiamiento especial, lo que representa un ahorro de 4 por ciento.

Se buscará instalar 10 estaciones de carga de gas natural con diferentes modalidades en un periodo de 6 meses para abastecer a este parque vehicular, estas 3 estarán en los sistemas M1, en Venustiano Carranza, Álvaro Obregón y Central de Abasto, otras 4 con modificación de bombas.

También, el jefe de gobierno instruyó a que se amplíe el programa de conversión de calderas de gas LP y diésel a calderas de gas natural. El proyecto autorizado tiene un alcance de 25 calderas en el gobierno de las cuales en este momento, ya se prueban 6 con gas natural en Hospital Rubén Leñero, Hospital Infantil Peralvillo, Infantil de Iztacalco, Xoco, Martín Carrera y Xochimilco y se ampliará a otros lugares, como centros de reclusión preventiva.

Por su parte, el pasado 12 de enero, el gobierno del Estado de México anunció que para atenuar los efectos por la liberación del precio de la gasolina, aplicará una serie de acciones en los rubros de transporte, gasto social, incentivos fiscales y contención del gasto.

Anunció la eliminación del pago de servicios de representación, como comidas y servicio de telefonía celular y radiocomunicación de funcionarios, que no sean de las áreas de seguridad y salud, así como el no incremento a las tarifas del Mexicable y Mexibús.

Los funcionarios que tengan vehículos de asignación directa pagarán el combustible que utilicen, excepto ambulancias y patrullas; y se reducirán en un 50 por ciento los costos en trámites de certificación de actas en el Registro Civil.

Las empresas que generen empleos para adultos mayores o contraten a egresados de nivel técnico, tecnológico o profesional, no pagarán el impuesto sobre nómina, así como aquellas que inicien operaciones.

El gobierno del Edomex subsidiará la adquisición de 60 autobuses que funcionen con un combustible alternativo a la gasolina; y se otorgarán descuentos de hasta un 50 por ciento para la realización de trámites vehiculares a los transportistas.

Asimismo, se incrementará en 10 por ciento el monto de las becas que se otorgan en la entidad, y se exentará del pago del título profesional a egresados de las Escuelas Normales; también se brindará un apoyo directo de 12 pesos por litro de diésel a los productores agropecuarios que utilicen tractores o algún equipo motorizado.

Para disminuir costos de producción, incluyó en su plan destinar más de 180 millones de pesos para la adquisición de fertilizantes y semilla mejorada, así como 160 millones de pesos para apoyar la alta productividad de maíz con adquisición de fertilizante, maquinaria, mejoradores de suelo y semilla mejorada.

A través del programa de “Compras Solidarias” se destinarán 600 millones de pesos, para fortalecer a las micro, pequeñas y medianas empresas mexiquenses que pueden convertirse en proveedores del gobierno estatal.

En tanto que el Instituto Nacional Electoral (INE), declaró que ante la coyuntura histórica difícil y compleja que vive México, y que afecta al desempeño de la economía, al bienestar de la sociedad, a la credibilidad de sus instituciones públicas y que alimenta un extendido malestar social, por lo que el INE decide suspender la construcción de las instalaciones proyectadas en sus oficinas centrales en Viaducto Tlalpan.

El INE pone a disposición de las autoridades hacendarias de la federación ese dinero para que tenga el destino que sea determinado por las mismas y, en su caso, sea definida su nueva asignación en áreas prioritarias de gasto del Estado. El monto disponible en el Instituto para este fin ascienden a mil 70 millones de pesos.

Del mismo modo, el Senado de la República, emitió un acuerdo de austeridad y disciplina presupuestaria para el ejercicio fiscal 2017. Dicho acuerdo contendrá, por lo menos, 30 acciones para reducir el gasto de esta cámara, sin afectar el cumplimiento de las metas y objetivos de los trabajos legislativos. El acuerdo se sujetará a establecer una política de “crecimiento cero” respecto de la creación de plazas de estructura y de honorarios, además de que no se incrementará el parque vehicular y se congelarán las plazas que queden vacantes.

Se reducirá, en un 10 por ciento el gasto del Senado de la República respecto del ejercicio 2016 en viáticos y pasajes, materiales y suministros de oficina, servicios de alimentación y de telefonía, el consumo de combustibles, de asesorías, consultorías, estudios e investigaciones. Así como los gastos de comunicación social, de impresión digital y de fotocopiado, entre otros rubros.

Por todo lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta Honorable Asamblea el presente

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta a las dependencias de la Administración Pública Federal a que hagan reducción del gasto corriente de sueldos de altos funcionarios, y preparen programas de austeridad, como respuesta al aumento en el precio de las gasolinas.

Segundo. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión solicita Secretaría de la Función Pública y de la Auditoría Superior de la Federación, para que en el ámbito de sus respectivas competencias, verifiquen y den seguimiento a los programas de austeridad, y hagan pública la información trimestralmente.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, a 25 de enero de 2017.— Diputado Omar Ortega Álvarez (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, de la Cámara de Diputados.

HACER PÚBLICAS LAS MEDIDAS Y ACCIONES DE MEJORA QUE DEBA ESTABLECER PARA TRANSPARENTAR EL EJERCICIO DE SU PRESUPUESTO AL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al presidente del Consejo de la Judicatura Federal a hacer públicas las acciones de mejora por establecer para transparentar el ejercicio de su presupuesto y cumplir las obligaciones de rendición de cuentas señaladas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, a cargo del diputado Víctor Manuel Sánchez Orozco, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

El que suscribe, Víctor Manuel Sánchez Orozco, diputado a la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta asamblea el siguiente punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

Hablar de transparencia en México es referirnos a la necesidad de la sociedad por conocer las normas, reglas y procedimientos que se ocupan y los resultados principalmente del ejercicio del presupuesto y los logros y beneficios para la población.

Ser transparente hoy puede considerarse un privilegio, no todos están de acuerdo con asumir la responsabilidad de incorporar en sus funciones o encargos hábitos como lo son la confianza y la responsabilidad de dar máxima publicidad a sus actos.

A pesar de ello, la mejor herramienta que tiene el ciudadano es hacer valer el derecho al acceso de información, misma que se esperaría se tradujera en certeza y seguridad de que las funciones que se desempeñan son las adecuadas y que su resultado se tradujera en confianza.

No obstante, muchos servidores públicos en México aún no garantizan el acceso a la información pública, no se cumplen con las responsabilidades de transparencia que durante 2016 les obligó la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

Es importante destacar que México es miembro fundador de la Alianza para el Gobierno Abierto (AGA) creada en 2011, y a pesar de comprometerse a promover la transparencia de su gestión, la realidad que aún existen áreas de opacidad donde el escrutinio público no más no se puede dar.

Lo anterior sirve de antecedente para exponer la problemática que se presenta en el cumplimiento de las obligaciones de transparencia del Poder Judicial de la Federación, donde me enfocaré a presentar lo que sucede en el Consejo de la Judicatura Federal (El Consejo).

Deseo expresar que el Consejo de la Judicatura Federal es un órgano de administración que asegura los medios y elementos necesarios para la impartición de justicia en nuestro país.

En el portal electrónico de El Consejo, se señala que es el responsable de dar certeza en la atención de los servicios que brinda tanto a los tribunales y juzgados federales como a la sociedad, teniendo como premisa la eficiencia y eficacia, buscando así a contribuir a lograr una justicia que da respuesta y garantice la seguridad jurídica de los mexicanos.

Es importante destacar que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2016 publicado en el Diario Oficial de la Federación del 27 de noviembre de 2015, al Consejo de la Judicatura Federal le fue asignado 55,872,115,835.00 pesos, agrupado en el Ramo 03 considerado como autónomo.

Es el presidente de El Consejo quien autoriza el presupuesto y el responsable de dar transparencia a su ejecución y de conformidad con lo descrito en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

Bajo ese contexto, se identificó en el portal del Consejo de la Judicatura Federal, en el apartado de Transparencia, que el ejercicio presupuestal del ejercicio 2016 sólo se reportó hasta el mes de marzo (primer trimestre) en el que se habían ejercido 8,479,964,655.24 pesos, lo que representó 15.2 por ciento del total autorizado para ese año.

El resultado de la falta de transparencia en el ejercicio presupuestal deja incertidumbre en el ejercicio del mismo y en consecuencia, no permite conocer si las metas y objetivos ligados a las actividades sustantivas de ese Consejos se cumplieron y ofrecieron a la sociedad la garantía de recibir justicia pronta, completa, gratuita e imparcial.

En otras palabras, el desconocimiento de la evolución presupuestal de abril a diciembre 2016, no garantiza el adecuado funcionamiento de la carrera judicial y en consecuencia, el funcionamiento de juzgados de distrito y tribunales de circuito lo que pudo provocar contratiempos y de alguna medida afectar la autonomía, y la objetividad, honestidad, profesionalismo e independencia de sus integrantes.

A su vez, se identificó que en el Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública al tercer trimestre de 2016, no fue publicada la información de la evolución del gasto programable del ramo autónomo 03 Poder Judicial.

Finalmente, la Auditoría Superior de la Federación remarcó en su Estudio sobre las Estrategias para Enfrentar la Corrupción Establecidas en las Instituciones del Sector Público Federal, publicado en febrero de 2016, que en el Poder Judicial de la Federación se consideraba importante fortalecer el proceso de administración de riesgos, a fin de identificar los de corrupción al interior de cada institución, e implementar controles internos efectivos para prevenirlos, disuadirlos y, en su caso, detectarlos.

En conclusión, en el México de hoy, donde se vive una ola de violencia e inseguridad, misma que ha escalado como resultado de la lucha contra el crimen organizado, aún se identifica la falta de acceso a la justicia lo que provoca violaciones graves a los derechos humanos. Es por ello que la rendición de cuentas es fundamental para reportar a la sociedad que su actuar se realiza sin contratiempos y eliminar la idea que la procuración de justicia es una “simulación”.

Por ello, considero necesario exhortar al presidente del Consejo de la Judicatura Federal a fin que haga públicas las medidas y acciones de mejora que deba establecer para transparentar el ejercicio de su presupuesto y cumplir con las obligaciones de rendición de cuentas que señala la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental a fin de que se permita conocer la efectividad, eficiencia y calidad en su utilización y así, garantice el acceso a la justicia pronta, completa, gratuita e imparcial que exigen y claman todos los mexicanos, y privilegie el funcionamiento de juzgados de distrito y tribunales de circuito sin contratiempos, ni afectaciones a su autonomía.

En virtud de lo aquí expuesto, pongo a consideración de la Comisión Permanente la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al presidente del Consejo de la Judicatura Federal a fin que haga públicas las medidas y acciones de mejora que deba establecer para transparentar el ejercicio de su presupuesto y cumplir con las obligaciones de rendición de cuentas que señala la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental a fin de que se permita conocer la efectividad, eficiencia y calidad en su utilización y garantice con ello el acceso a la justicia pronta, completa, gratuita e imparcial que exigen y claman todos los mexicanos, sin contratiempos, ni afectaciones a su autonomía.

Notas

1 Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, disponible en

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index, consultado el 13 de enero de 2017.

2 Alianza para el Gobierno Abierto (AGA), disponible en

http://www.opengovpartnership.org/es, consultado el 13 de enero de 2017.

3. Consejo de la Judicatura Federal, disponible en

http://www.cjf.gob.mx/, consultado el 13 de enero de 2017.

4. Presupuesto de Egresos de la Federación para el 2016, disponible en

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5417699&fecha =27/11/2015, consultado el 13 de enero de 2017.

5 Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, disponible en http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index, consultado el 13 de enero de 2017.

6. Consejo de la Judicatura Federal – Transparencia, disponible en

http://www.cjf.gob.mx/transparencia/index.htm, consultado el 13 de enero de 2017.

7 Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública al tercer trimestre de 2016,disponible en

http://finanzaspublicas.hacienda.gob.mx/es/Finanzas_Publicas/In formes_al_Congreso_de_la_Union, consultado el 13 de enero de 2017.

8 Estudio sobre las Estrategias para Enfrentar la Corrupción Establecidas en las Instituciones del Sector Público Federal, disponible en

http://informe.asf.gob.mx/Documentos/Auditorias/2014_1642_a.pdf , consultado el 13 de enero de 2017.

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 25 de enero de 2017.— Diputado Víctor Manuel Sánchez Orozco (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, de la Cámara de Diputados.

PRESENTAR UN INFORME DETALLADO DE LOS RESULTADOS DE IMPLEMENTACIÓN DE LA NOM-EM-167

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Semarnat a presentar un informe detallado de los resultados de la implantación de la NOM-EM-167, y los datos y las consideraciones para haber prorrogado su aplicación, suscrita por el senador Raúl Aarón Pozos Lanz, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, senador Raúl Aarón Pozos Lanz, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en esta LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 8, numeral 1, fracciones II, VIII, X, 95, 103, numeral 2, fracción III, 108, 109, 276 y demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la República, somete a la consideración de esta soberanía, la presente proposición con punto de acuerdo con base en los siguientes

Antecedentes

En la pasada temporada de ozono de este año, la Megalópolis registró un aumento preocupante en lo que se refiere a la contaminación atmosférica, afectando mayormente al Valle de México. En consecuencia, el 7 de junio, la Semarnat publicó en el Diario Oficial de la Federación la Norma Oficial Mexicana de Emergencia NOM-EM-167, modificando los programas de contingencias ambientales y el programa Hoy no Circula.

El titular de la Semarnat, Rafael Pacciano, dio a conocer los objetivos y estrategias de la norma emergente para la implementación del nuevo sistema de verificación, implementando estándares más altos para aquellos vehículos que circulen en la Zona Metropolitana. Anunció también la asignación de recursos para modernizar el transporte público, la instalación de equipo y monitoreo de la calidad del aire y la homologación de verificación para el transporte federal.

La NOM-EM-167 comprende los estados de Hidalgo, Estado de México, Morelos, Puebla, Tlaxcala y la Ciudad de México y en la misma se establecieron los lineamientos específicos de circulación emergente, para disminuir la concentración de las emisiones de contaminantes.

La NOM, considera los diferentes cambios tecnológicos que ha tenido la flota vehicular, emitiendo límites máximos permisibles de emisión de gases contaminantes, así como los métodos de y los procedimientos de certificación a través del nuevo sistema de verificación. Se plantea que la revisión se haga por medio del Diagnóstico a Bordo – OBD2 por sus siglas en inglés-, y estipula que sólo aquellos automóviles que sean certificados por este nuevo sistema podrán circular todos los días. Además, contempla un listado de los vehículos obligados para la nueva certificación vehicular, entre ellos el transporte público federal y local.

Otra de las medidas tomadas por la Semarnat fue un mecanismo de vigilancia para el cumplimiento de la norma emergente que implica auditorías a los verificentros de la Megalópolis, estas se podrían llevar a cabo la Profepa, la misma Semarnat y/o autoridades locales. En este sentido la Profepa informó sobre su Programa de Inspecciónpara garantizar el cumplimiento de la norma, mismo que establece los aspectos a inspeccionar en los centros de verificación siendo algunos, la obligación de que cuenten con el equipo y especificaciones que estipula la norma para la aplicación de los métodos de prueba, así como los reportes de los vehículos verificados y los certificados de calibración del equipo.

El programa prevé realizar visitas a cada uno de los verificentros del Valle de México y de los demás Estados integrantes de la Came entre los meses de julio y diciembre de 2016, estas podrían llevarse a cabo durante toda la semana, incluyendo sábados y domingos, con la finalidad de garantizar el cumplimiento de la normatividad vigente.

El pasado 5 de diciembre, en el marco de la COP 13 celebrada en Cancún, el Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Rafael Pacciano Alamán, anunció la prórroga de la norma emergente por otros seis meses y la intención de que la misma se convierta en una norma permanente. En dicho anuncio se refirió a algunas cifras tales como la disminución de los vehículos con holograma cero y el número de verificentros sancionados por parte de la Profepa en la Came.

Sin embargo, hasta el momento la Semarnat no ha dado a conocer los objetivos alcanzados por la aplicación de la norma emergente y las posibles mejoras en la calidad del aire de los estados integrantes de la Megalópolis, principalmente en la Zona Metropolitana, ni de las acciones emitidas para su debida aplicación. La información que se tiene sobre los resultados de las medidas tomadas hace seis meses es escasa y es fundamental hacer una revisión de la misma para asegurarse de que el trabajo que se está realizando es el indicado o si es necesario hacer modificaciones a la regulación.

Estas son medidas de fundamentales ya que tienen impacto directo en la población, resguardan la salud de todas las personas y garantizan una buena calidad de vida para los ciudadanos por lo que deben ser prioridad para las autoridades federales y locales y debe hacerse una revisión constante de su aplicación y las áreas de oportunidad que puedan tener.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración del pleno de este Senado de la República, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, exhorta al titular de la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales a que, a seis meses de su entrada en vigor, presente un informe detallado de los resultadas de implementación de la NOM-EM-167, así como los datos y consideraciones con base en los cuales se tomó la decisión de prorrogar su aplicación.

Notas

1 Profepa. (2016). Presentación de la NOM-167-Semarnat. 29/11/16, de Semarnat Sitio web:

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/101008/Presentac ion_Norma_Emergente__7_de_junio_2016.pdf

2 Profepa. (2016). Programa de Inspección. 29/11/16, de Profepa Sitio web:

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/100919/Norma_de_ Emergencia_-_Evaluaci__n_Vehicular_-_Profepa.pdf

3 “Norma emergente de verificación se prorrogará seis meses”, Capital México, consultado 05/12/16:

http://www.capitalmexico.com.mx/sociedad/norma-emergente-de-ver ificacion-se-prorrogara-seis-meses/

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, a los 25 días del mes de enero de 2017.— Senador Raúl Aarón Pozos Lanz (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de la Cámara de Senadores.

IMPLICACIONES QUE TENDRÁ EL POSIBLE CAMBIO DE LA TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN DE LAS PISTAS 2 Y 3 DEL PROYECTO DEL NUEVO AEROPUERTO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

«Proposición con punto de acuerdo, por el cual se cita a comparecer al titular de la SCT para explicar las razones e implicaciones del posible cambio de la técnica de construcción de las pistas 2 y 3 del proyecto del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, suscrita por senadores del Grupo Parlamentario del PAN

Los suscritos, Víctor Hermosillo y Celada, Marcela Torres Peimbert, Francisco Búrquez Valenzuela, Juan Carlos Romero Hicks y Ernesto Ruffo Appel, senadores de la República de la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 8 numeral 1 fracción II, 108 y 276 del Reglamento del Senado de la República, así? como del artículo 179 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y demás aplicables, sometemos a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente resolución por el cual cita a que comparezca al Secretario de Comunicaciones y Transportes ante esta soberanía para que explique las razones y las implicaciones que tendrá el posible cambio de la técnica de construcción de las pistas 2 y 3 del proyecto del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México, lo anterior al tenor de las siguientes

Consideraciones

El proyecto ejecutivo del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, contempla pistas de 5 kilómetros de largo por 60 metros de ancho. La licitación para la construcción de las pistas 2 y 3 llevó varios meses y fueron adjudicados a los siguientes consorcios:

La pista 2 fue adjudicada al consorcio formado por las empresas Coconal y Pavimentaciones Vise, por un monto de 7,926 millones de pesos.

La pista 3 fue adjudicada al consorcio formado por las empresas CICSA, GIA, Prodemex y La Peninsular, por un monto de 7,359 millones de pesos.

Las adjudicaciones se dieron en septiembre y de acuerdo a la empresa Parson responsable de la gerencia del proyecto, los trabajos iniciarían a fines del mismo mes.

La decisión para la técnica de cimentación de las pistas debido a la alta dificultad que representa el tipo de suelo altamente deformable, requirió estudios durante dos años.

En un documento amplio del Instituto de Ingeniería de la UNAM, se describen con detalle las diferentes propuestas que se analizaron para lograr la mejor estabilidad y menor hundimiento en las pistas de aterrizaje en un suelo que presenta subsidencia de entre 20 y 40 centímetros por año.

La decisión adoptada por el Consorcio encargado del Proyecto Ejecutivo, encabezado por la empresa holandesa Netherlands Airport Consultants, fue la técnica conocida como “terraplén con precarga y drenes verticales”.

La técnica consiste en depositar varias capas de materiales en toda la superficie a lo largo de las pistas; primero se colocará una capa de tezontle que permitirá los trabajos de la maquinaria que va a hincar los tubos verticales para el drenaje de agua; enseguida viene una segunda de basalto; la tercera debe ser de un peso equivalente al concreto que cubrirá las pistas y finalmente la “sobrecarga” de una tonelada por metro cuadrado.

Esta “montaña” de materiales provocará un hundimiento acelerado con la extracción de agua que está asociada a las arcillas que conforman el suelo de esa zona. Se supone que la sobrecarga se mantendrá durante un año y al cabo de ese tiempo se procederá a retirar todo el material excedente para dejar las pistas al nivel de suelo y proceder entonces a la colocación del concreto.

Debido a las características de las pistas, la técnica de cimentación, generará a un movimiento de materiales del orden de los 10.0 millones de metros cúbicos por cada una de las pistas. Este volumen “astronómico” de materiales, primero se tiene que adquirir en diferentes bancos para luego transportarlo hasta la ubicación de cada pista y colocarlo de acuerdo al protocolo de la técnica de precarga. Posteriormente, habrá que retirar todo el material excedente y llevarlo a espacios de “tiro” para proceder finalmente a la construcción de las pistas. Esta técnica requiere de equipos de minería de gran capacidad ya que resulta imposible que se haga con los camiones materialistas que hemos visto en el sitio de trabajo.

No obstante, en los últimos días de diciembre del año pasado, el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM), organismo responsable de la construcción del proyecto del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM), dio a conocer que analizaba una técnica distinta para la cimentación de las pistas del aeropuerto.

El director del GACM Federico Patiño, anunció que se estaba estudiando la técnica de “vacío” como una alternativa al proceso de cimentación de las pistas.

Esta técnica según explicó, consiste en el hincado de cientos de tubos en el área que comprende la superficie de las pistas, seguido de la instalación de un sistema de bombeo para la extracción de grandes volúmenes de agua, con el objeto de provocar un hundimiento acelerado del suelo en esa área.

Se tomó la decisión de realizar una serie de pruebas experimentales para lo cual se contrató a un consorcio conformado por la empresa mexicana Pimosa y la brasileña Odebrecht.

Según el director del GACM, si estas pruebas tienen éxito, el tiempo para la construcción de las pistas 2 y 3, podrían reducirse en por lo menos dos meses; sin embargo no se conoce el impacto en el precio.

Por lo anterior, es necesario conocer la razón por la cual el GACM ordenó estas nuevas pruebas cuando se supone que los trabajos tanto del Instituto de Ingeniería de la UNAM, como de la empresa holandesa NACO, que llevaron varios meses, concluyeron que el método idóneo para la cimentación de las pistas era el de “terraplén con precarga y drenes verticales”. Asimismo, conocer la licitación, condiciones de contratación y costos de las pruebas que realizará el consorcio de Pimosa – Odebrecht. Además, por todo lo anterior es necesario saber los avances e inversiones realizados a la fecha por los consorcios que tienen a su cargo la construcción de las pistas 2 y 3.

Suponiendo que fueran exitosas las pruebas que realiza el consorcio de Odebrecht surgen los siguientes cuestionamientos:

-¿Cómo se procedería a una nueva licitación y que pasaría con los contratos adjudicados a los dos consorcios ganadores que ya iniciaron los procesos constructivos?

-¿Mantendrían los mismos consorcios los contratos?

-¿Qué implicaciones tendría esta técnica en materia de costos?, suponiendo que fuera un proceso más económico ¿cuál organismo haría la evaluación? Y ¿cómo se ajustarían los contratos ya adjudicados?

-¿Cuál es el volumen estimado de agua de extracción y que destino se le dará?

-¿Se justifica estudiar una nueva técnica solo para ganar dos o tres meses en la construcción de las pistas?

Es así que es necesario que el Secretario de Comunicaciones y Transportes acuda a esta soberanía para que explique las implicaciones que tendrá el posible cambio de la técnica de construcción de las pistas 2 y 3.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración de esta Comisión Permanente la siguiente proposición de urgente resolución con:

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión cita a que comparezca al Secretario de Comunicaciones y Transportes ante esta soberanía para que explique las razones y las implicaciones que tendrá el posible cambio de la técnica de construcción de las pistas 2 y 3 del proyecto del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México.

Segundo. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión cita a una reunión de trabajo al director del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México para que explique a esta soberanía las razones y los cambios propuestos a la técnica de cimentación de las pistas 2 y 3 del proyecto del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, a 25 de enero de 2017.— Senador: Víctor Hermosillo y Celada (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Comunicaciones y Transportes, de la Cámara de Senadores.

MÚLTIPLES IRREGULARIDADES EN LA CONSTRUCCIÓN DEL HANGAR PRESIDENCIAL

«Proposición con punto de acuerdo, relativo a las irregularidades en la construcción del hangar presidencial, suscrita por el senador Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del PRD

El que suscribe, senador Benjamín Robles Montoya, integrante de la LXIII Legislatura del Senado de la República, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

El pasado 16 de enero, la periodista Carmen Aristegui dio a conocer un reportaje en el que se da cuenta de una serie de irregularidades en la construcción del hangar presidencial.

Después de los reiterados escándalos de corrupción que han rodeado al titular del Ejecutivo federal, no es de sorprender que las irregularidades en la construcción del hangar involucren a personajes y empresas cercanas a él; sin embargo, no por ello el asunto deja de ser relevante, máxime cuando el costo del proyecto se incrementó en 70 por ciento.

Según la información dada a conocer, el diseño estuvo a cargo de la compañía SGS de México y Búnker Arquitectura, la primera de ellas fue contratada por el gobierno del estado de México durante la administración de Enrique Peña Nieto, para supervisar a OHL en la edificación del Viaducto Bicentenario, que como es sabido, fue objeto en su momento de otro escándalo.

Por otra parte, la construcción corrió a cargo de la compañía Concretos y Obra Civil del Pacífico, propiedad del tristemente célebre Juan Armando Hinojosa Cantú, quien también es dueño del Grupo Higa, protagonista central del mayor escándalo de corrupción de la familia presidencial: la Casa Blanca, así como de la casa de Malinalco, propiedad del entonces secretario de Hacienda, hoy de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray.

Entre las irregularidades descritas se encuentran el mal diseño del hangar, incorrecta ejecución de la obra, retrasos en la entrega de planos y de la propia construcción, mismos que ocasionaron el retraso y la modificación del proyecto, así como un incremento del costo, que pasó de 685 millones a más de mil 182 millones.

Según la bitácora de la obra dada a conocer por Aristegui Noticias, los planos llegaron tarde y en partes, por lo que Grupo Higa comenzó la construcción sin conocimiento pleno del proyecto y con planos incompletos y con inconsistencias, al grado que nadie podía identificar algunas indicaciones.

Sin embargo, Grupo Higa también cometió errores relacionados con la mala ejecución de la obra, el cambio y destrucción de estructuras ya edificadas, el entorpecimiento de la obra e incluso el incumplimiento de normas de higiene. Así también, la constructora pidió se modificara el techo para dejar una cubierta plana y a dos aguas, con el fin de ahorrar tiempo y dinero.

Se señala que un mes antes de la fecha de entrega y ante los retrasos y las consecuentes sanciones que resultarían aplicables, el contrato fue cambiado para estipular que Grupo Higa sólo sería sancionado si se demostraba que el retraso era su culpa.

Al final, el hangar tuvo un costo 70 por ciento mayor de lo originalmente pactado y sólo funcionará por tres años más, ya que se supone que en 2020 entrará en operación el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México.

Es claro que toda esta serie de irregularidades documentadas y hechas del conocimiento público, deben ser investigadas para deslindar responsabilidades e imponer sanciones. Resulta inaceptable que la actual administración federal, sin el menor rubor, vaya de escándalo en escándalo relacionados con actos de corrupción. Si algo ha caracterizado al gobierno de Enrique Peña Nieto, es el tráfico de influencias y el enriquecimiento ilícito propio y de sus más cercanos.

La experiencia con el asunto de la Casa Blanca nos demuestra que no podemos esperar mucho de una investigación llevada a cabo por instancias oficiales subordinadas jerárquicamente al presidente de la República; aun así, los hechos deben ser investigados.

Por lo antes expuesto, someto a la consideración de este pleno el presente punto de acuerdo en los siguientes términos:

Puntos de Acuerdo

Primero.La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión solicita al Ejecutivo federal, que a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y demás instancias competentes, envíe a esta soberanía un informe pormenorizado sobre el proceso de licitación y construcción del hangar presidencial.

Segundo.La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de la Función Pública a iniciar de oficio una investigación con motivo de las irregularidades y posibles actos de corrupción relacionados con la licitación y construcción del hangar presidencial y, en su caso, dar vista al Ministerio Público sobre la comisión de conductas probablemente constitutivas de delito.

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 25 de enero de 2017.— Senador Benjamín Robles Montoya (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana, de la Cámara de Senadores.

IMPULSAR Y SUSCRIBIR EL CONVENIO 187 DE LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO, SOBRE EL MARCO PROMOCIONAL PARA LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la STPS a impulsar y suscribir con la SRE y la Ssa el Convenio 187 de la OIT, sobre el marco promocional para la seguridad y salud en el trabajo, suscrita por el diputado Rafael Yerena Zambrano, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, diputado federal, Rafael Yerena Zambrano, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIII Legislatura, con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 122 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de la Comisión Permanente, la siguiente proposición con punto de acuerdo con base en la siguiente:

Exposición de Motivos

Las enfermedades profesionales y los accidentes de trabajo causan un profundo sufrimiento y la pérdida de gran número de vidas humanas, además de que su costo económico es elevado. El tema de seguridad y salud en el trabajo, ha constituido una parte esencial de la labor de la OIT desde su fundación en 1919, incluidas sus actividades normativas.

México es miembro de la Organización Internacional del Trabajo desde el 12 de septiembre de 1931, ha ratificado 79 Convenios de dicho organismo de los 189 convenios internacionales que ha formulado. Entre estos destacan aquellos que versan sobre la salud en el trabajo, particularmente el Convenio 155, Sobre la Seguridad y salud de los Trabajadores, el cual entro en vigor desde 1983.

En el artículo 3o. inciso e de dicho Convenio 155, se define que el término salud en relación con el trabajo, abarca no solamente la ausencia de afecciones o de enfermedad, sino también los elementos físicos y mentales que afectan a la salud y están directamente relacionados con la seguridad e higiene en el trabajo. En este sentido, el Estado Mexicano ha tenido a bien expedir reglamentos y normatividades para cumplir con los compromisos que ha suscrito con la OIT, y hace pocos años, como ejemplo de ello se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 13 de noviembre de 2014 el Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo publicado, en donde por vez primera se contempla como riesgos de trabajo a los factores psicosociales.

Por otra parte, es destacable la labor que ha realizado recientemente la Comisión Consultiva Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo con relación a la actualización de la Tabla de Enfermedades de Trabajo, la cual no se modifica desde hace 46 años. En dicha labor de la Comisión, se destaca la inclusión de las enfermedades de trabajo originadas por los factores de riesgo psicosocial y ergonómico, ya que en los últimos años se han aumentado los casos de estrés laboral, lo cual genera afectaciones a la salud de los trabajadores.

Sin embargo, pensamos que es necesario un compromiso nacional tripartito, así como la adopción de medidas en el plano nacional a fin de fomentar la prevención así como una promoción de la cultura de la seguridad y salud en el trabajo. En este tenor es precisamente “la cultura nacional de prevención en materia de seguridad y salud” uno de los punto más novedosos que trata el Convenio 187 de la OIT. Pero como se advierte en el Proemio de esta propuesta, nuestro país que siempre se ha caracterizado por ratificar convenios de la OIT en materia de salud, así como sus recomendaciones, al día de hoy no se ha impulsado la solicitud de firmar este importante instrumento.

Si bien, como se ha mencionado la labor del Ejecutivo Federal por medio de las autoridades del trabajo, en lo que se refiere a la regularización de la seguridad y salud en el trabajo ha sido encomiable, lo cierto es que la aplicación en la práctica adolece de todavía de una efectiva observancia a causa en buena parte de la falta de una cultura de la prevención.

No obstante, es de reconocerse también el despliegue laudable que ha tenido la función de inspección en los centros de trabajo por parte del personal de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, que con el propósito de verificar y vigilar el cumplimiento de los ordenamientos sobre seguridad, salud e higiene en el trabajo, se ha logrado disminuir la cifra de accidentes y muertes en los centros de trabajo. Entre 2008 y 2015 el número de accidentes laborales pasó de 411 mil 651 casos terminados a 385 mil 469, es decir, una baja de 6.36%, de acuerdo con reportes de la STPS, basados en información del Instituto Mexicano del Seguro Social y en lo que respecta a los asegurados, hace ocho años la cifra de trabajadores con seguro de riesgo de trabajo ascendía a 14.2 millones, en 2015 la cantidad era de 17.5 millones y que este año se ha incrementado a 18.6 millones.

Debido a que este tema cobra una especial importancia para la clase trabajadora, estimamos necesaria la posibilidad que México se involucre en la promoción constante para la seguridad y salud en el trabajo, pues pensamos que no se debe bajar la guardia y es responsabilidad tanto del gobierno como de los trabajadores y los patrones promover las medidas e iniciativas que tengan como fin preservar la seguridad y la salud en los centros de trabajo.

En este orden de ideas, solicitar que nuestro país suscriba y ratifique el Convenio 187 de la OIT, permitiría al Estado Mexicano contraer el compromiso de fortalecer su política en materia de Seguridad y Salud en el trabajo, máxime que en este sexenio se ha dado un importante paso en lo relativo a la formalización del empleo.

La ratificación de este Convenio permitiría una aplicación más efectiva de las normas que tienen que ver con la seguridad y salud, ya que se promovería el desarrollo de una cultura nacional en materia de prevención, que traería como resultado la reducción de los riesgos y las enfermedades de trabajo.

La adopción de una conciencia se puede dar a través de la cultura de la prevención que se difunda en los sectores de la población, ya que por medio de ella es posible cohesionar las acciones y los esfuerzos para que un cometido tan loable como es la protección de la integridad de los trabajadores, pueda lograrse efectivamente. En este sentido la “cultura nacional de prevención en materia de seguridad y salud” del Convenio 187 de la OIT, toma relevancia y se avoca a un aspecto que aunque pareciese básico y lógico, no se encuentra debidamente desarrollado en las sociedades modernas.

Por lo anteriormente expuesto, propongo a esta Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, dentro del marco de la respetuosa colaboración entre Poderes, exhorta a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para que, en conjunto con la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Secretaría de Salud, impulsen al Estado Mexicano a que suscriba el Convenio 187 de la Organización Internacional del Trabajo, sobre el Marco Promocional para la Seguridad y Salud en el Trabajo.

Notas

1 Estrategia global en materia de seguridad y salud en el trabajo, OIT, consultado en

http://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/2004/104B09_309_span.pdf

2 http://www.informador.com.mx/mexico/2016/692927/6/descienden-accidentes-laboral es-y-defunciones-relacionadas-con-el-trabajo.htm

3 Zavala Gamboa, Óscar. La naturaleza del Convenio 187 de la OIT y la protección de la salud de los trabajadores en México. Una agenda pendiente en Revista Latinoamericana de Derecho Social,número 11, Julio-Diciembre de 2010, UNAM-Instituto de Investigaciones Jurídicas, México, p. 269.

Dado en Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de enero de 2017.— Diputado Rafael Yerena Zambrano (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de la de Trabajo y Previsión Social, de la Cámara de Diputados.

AVERIGUACIÓN DE LOS HECHOS OCURRIDOS EL PASADO 14 DE ENERO EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, DONDE FUERON ASESINADOS TRES MENORES DE EDAD

«Proposición con punto de acuerdo, por el cual se solicita al titular del Ejecutivo federal que instruya al de la PGR para atraer la averiguación del asesinato de tres menores de edad ocurrido el pasado 14 de enero en San Miguel de Allende, suscrita por la diputada Mayra Angélica Enríquez Vanderkam, del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, Mayra Angélica Enríquez Vanderkam, diputada del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, integrante de la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6o., fracción I, y el artículo 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracciones I y III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del Pleno de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

El 14 de enero del año en curso, en un operativo de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guanajuato, en la comunidad Ampliación de Cieneguita del municipio de San Miguel Allende, resultaron muertos tres menores de edad, de 4, 8 y 11 años respectivamente.

De acuerdo con la información proporcionada por los diversos medios de comunicación, el procurador de justicia licenciado Carlos Zamarripa Aguirre, la muerte de los menores fue ejecutada por el señor Antonio Luna, padre de los mismos, basando su acusación en las declaraciones de la señora Juana Luna, esposa del ahora inculpado.

Es prudente precisar que, igualmente, en diversos medios de comunicación, la señora madre de los niños desmintió dicha declaración, señalando adicionalmente, que los agentes ministeriales le hicieron firmar hojas en blanco y después de ello la dejaron libre.

Las acusaciones de la Procuraduría General de Justicia del estado de Guanajuato contra el padre de los menores, ha despertado airadas reclamaciones y exigencias de los habitantes del municipio de San Miguel de Allende, (http://amqueretaro.com/mexico/2017/01/16) que no están conformes con el actuar del ministerio público y cuestionan las pruebas presentadas, aduciendo fabricación de delitos y siembra de evidencias.

Frente a estos cuestionamientos, la Procuraduría de los Derechos Humanos del estado de Guanajuato, ha iniciado también las investigaciones que son de su competencia.

Por la gravedad de los acontecimientos que suponen la participación de un grupo armado, según lo expuesto por la Procuraduría General de Justicia del estado de Guanajuato, así como por estar implicados en los hechos los mismos que se encargan de la procuración de justicia en Guanajuato, que la suscrita considera, pueden derivar en un delicado conflicto de intereses para la impartición de justicia, de conformidad con el artículo 21 de la Constitución y los aplicables del Código Nacional de Procedimientos Penales, de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República y del Reglamento Interior de la referida institución, solicito que dicha investigación sea atraída por esta instancia federal para que se garantice la imparcialidad, el respeto y cumplimiento al debido proceso, se deslinden las responsabilidades y se llegue al fondo del asunto.

Con el propósito de reforzar la solicitud que se formula, se consideró prudente incluir algunas informaciones aparecidas en distintos medios masivos de comunicación.

Transcripciones de notas periodísticas. Periódicos AM de León y los portales electrónicos de noticias zonafranca.mx, ODNNOTICIAS, contrapuntonews.com.mx

El pasado sábado 14 de enero, agentes ministeriales irrumpieron en una finca ubicada en la comunidad Ampliación Cieneguita, se registraron cuantiosas detonaciones, aparentemente del grupo táctico de la PGJE que se apersonó en el lugar, que implicaron el cierre de la carretera a Dolores Hidalgo.

Posteriormente se supo del fallecimiento de tres niños, de 4, 8 y 11 años, Juan Adrián, Mateo y Gabriel, hijos de Antonio y Juana.

Un día y medio después de que los hechos ocurrieran la PGJE informó en un comunicado que la muerte de tres menores de edad, como saldo de un enfrentamiento cuyo origen sigue siendo confuso, ocurrió a manos del propio padre de las víctimas, quien se desempeñaba como velador en la finca donde sucedieron los hechos.

En la versión oficial de la procuraduría, se aseveró que fue la madre de los menores quien señaló a su cónyuge, de haber asesinado a sus hijos.

No obstante, en declaraciones concedidas al periódico AM, Juana Luna aseveró que nunca declaró que su esposo trató de asesinarla y que tampoco ultimó a los tres menores.

La PGJE también aseveró que la balacera se originó cuando un grupo de hombres armados atacó a los elementos que atendían un reporte, los agresores escaparon y en el lugar solo quedaron el ahora detenido, su esposa y sus tres hijos.

Juana Luna aseguró que esas declaraciones nunca las dio a las autoridades. Presente en su domicilio donde ya velaban los cuerpos de sus hijos, señaló que su detención ocurrió con una gran serie de fallas en el debido proceso.

Indicó al diario que desde que fue trasladada al Ministerio Público, los agentes ministeriales nunca le proporcionaron un abogado de oficio, tampoco le permitieron realizar una llamada telefónica, la hicieron firmar hojas en blanco. Incluso aseveró que lo declarado por ella no concuerda con lo que se señaló en el expediente.

De acuerdo con Juan Luna, como cada fin de semana pasarían la noche en la finca donde su esposo trabajaba como velador. Cuando dormían comenzaron a. escuchar las detonaciones y momentos después hombres armados ingresaron al domicilio sin identificarse como elementos policiacos.

“La familia completa se escondió en un baño en la planta alta, al percatarse de que los hombres armados subían por las escaleras, Antonio Luna que portaba un arma, comenzó a realizar detonaciones hacia las escaleras, bombas de gas fueron lanzadas al baño, por lo que se lanzaron al suelo.”

Cuando los hombres armados ingresaron al sanitario, colocaron a todos boca abajo. Juana escuchó cuando los agentes arrebataron el arma a Antonio Luna para después realizar unas detonaciones, después pudo escuchar que se la regresaron y lo obligaron a sostenerla.

Le dijeron “entréganos esa arma” y entonces a mí me jalaron y me voltearon, después escuché disparos, pero yo no sabía de quien y mi esposo estaba volteado conmigo, en eso le dijeron, “ten cabrón agárrala”, entonces mi esposo se quedó con ella”, dijo Periódico AM.

En el lugar dijo ser interrogada por elementos que le aseguraban que fue su marido quien había matado a los niños cuando se encontraban en el baño, que incluso era grabada con un aparato telefónico.

La versión oficial de la procuraduría motivó que este lunes, alrededor de mil personas, entre familiares, vecinos y amigos de los tres menores de edad marcharan para exigir justicia y que se libere al padre de las víctimas.

En tanto, hoy mismo la jueza de control calificó de legal la detención de Antonio Luna. La audiencia del caso se desahogó con carácter de privada en la sala 2 de Oralidad del Poder Judicial con sede en San Miguel de Allende. La audiencia de vinculación se realizará mañana martes.

Como puede apreciarse, de la información periodística recogida, aparece una divergencia importante entre las declaraciones de la esposa del indiciado y la versión proporcionada por la autoridad, lo que implica la necesidad de conocer a fondo la verdad jurídica sobre el tema.

En este sentido, conviene resaltar y contrastar la versión oficial de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guanajuato, misma que se transcribe en seguida:

Versión oficial de la PGJE: muerte de menores en enfrentamiento de San Miguel ocurrió a manos de su propio padre.

Elementos de seguridad estatal y ministeriales acudieron ante reporte de detonaciones y grupo armado, pero este “se dispersó por un patio trasero”; pruebas de balística confirmarían responsabilidad del detenido.

San Miguel de Allende, Guanajuato. Un día y medio después de que ocurrieran y hasta que se hicieron públicas versiones extraoficiales en los medios, la PGJE informó en un comunicado que la muerte de tres menores de edad, como saldo de un enfrentamiento cuyo origen sigue siendo confuso, ocurrió a manos del propio padre de las víctimas, quien se desempeñaba como velador en la finca donde sucedieron los hechos.

Una observación inicial, el boletín fue emitido a las 22:30 de este domingo, cuando los hechos ocurrieron el sábado entre la una y las cinco de la mañana.

En la versión oficial de la Procuraduría, que contrasta con las rendidas por los vecinos de la zona, fue la madre de los menores, de nombre Juana, quien habría señalado a su cónyuge, Antonio, de haber asesinado a sus hijos. El boletín añade que las pruebas periciales confirmaron la versión al ser compatibles las balas disparadas sobre los tres niños, de 4, 8 y 11 años, con el arma que portaba Antonio.

La otra versión

Juan Adrián, Mateo y Gabriel eran los menores de 4, 8 y 11 años que fueron asesinados durante las primeras horas de este sábado 14 de enero tras un enfrentamiento entre policía ministerial y presuntos delincuentes. La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) tardó más de 40:00 horas en dar información oficial sobre este hecho.

La Procuraduría General de Justicia del Estado mantuvo total hermetismo sobre lo que pasó tras un enfrentamiento a balazos que tuvo lugar muy cerca de la carretera San Miguel de Allende-Dolores Hidalgo. Tuvieron que ser vecinos de los fraccionamientos La Paz y La Vista, quienes denunciaron públicamente el asesinato de tres menores de edad.

Las primeras versiones informaron que Antonio, su esposa Juana y sus hijos, Juan Adrián, Mateo y Gabriel se encontraban en una finca en la que el padre de familia trabajaba como velador, cuando un grupo de policías ministeriales inició la agresión en la que los menores fueron asesinados.

“El papá les gritaba a los policías que no dispararan, que tuvieran piedad porque había niños en el lugar. Con su cuerpo intentó protegerlos mientras estaban encerrados en el baño, hoy está detenido. Él no va a poder ver sepultar a sus hijos y ahora lo acusan de drogas y armas”, relató un familiar de los niños al medio local News San Miquel.

Aunque diversos medios de comunicación solicitaron información sobre lo ocurrido, no fue sino hasta que la noticia comenzó a circular a través de varios sitios y periódicos locales, cuando la Procuraduría General de Justicia del Estado emitió su versión este domingo 15 de enero a las 10:30 de la noche, en la que apunta la detención de un “multi-homicida”.

Durante el domingo, familiares de los menores señalaron que Antonio y Juana eran buenos padres con los menores de edad y descartaron que alguno de ellos haya podido herirlos.

Sin embargo en la información proporcionada por la PGJE, se menciona que fue Juana quien aseguró que Antonio había asesinado a los tres menores, justo cuando los elementos de la policía ministerial llegaron a la finca alertados por denuncias que advertían sobre un grupo delincuencial armado.

Aquí, nuevamente, surge una disparidad nueva, pues se cataloga de inmediato al padre de los menores como “multi-homicida”, lo que contrasta con las distintas declaraciones de vecinos que conocen a la pareja y a la familia de Antonio. La otra parte generadora de incertidumbre, radica en que la información proporcionada por la PGJE indica que sus elementos acudieron al domicilio, alertados por la presencia de un “grupo delincuencial armado”, lo cual resulta a todas luces inconsistente.

Más aún, conviene analizar con más detalle la versión de las autoridades que se presenta a continuación:

El comunicado íntegro de la PGJE y SSG

San Miguel Allende, Guanajuato, 15 de enero de 2017. La Procuraduría General de Justicia del Estado y la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, informan sobre la intervención en un inmueble ubicado a la entrada de la comunidad Ampliación Cieneguita y la captura de un multi-homicida.

El día de ayer alrededor de las 2:00 de la mañana, mediante un reporte a la Procuraduría General de Justicia del Estado se informaba que en la comunidad Ampliación Cieneguita se encontraba un grupo de hombres armados, y el reporte señalaba también que había detonaciones de armas de fuego.

Cuando los elementos policiacos arribaron al lugar del reporte, fueron recibidos con disparos de armas de fuego, ante ello se solicitó apoyo por parte de los grupos tácticos; ahora se sabe que parte de los que conformaban el grupo delictivo se dispersó por el patio trasero del inmueble; al arribo de los elementos de los grupos tácticos lograron asegurar primeramente el perímetro del lugar y a la postre incursionaron en el inmueble toda vez que había aún detonaciones del interior de este hacia los elementos, y ya asegurado el inmueble lograron detener a la persona que accionaba una de las armas de fuego que fueron aseguradas y junto con él se encontraba una persona del sexo femenino quien dijo ser su esposa y señalaba a los elementos que también iba a ser privada de la vida por parte de quien refirió como su esposo y que era él quien había privado de la vida a sus tres menores hijos, siendo tres menores de 11, 8 y 4 años de edad.

La carpeta de investigación se encuentra en su etapa de integración por diversos delitos entre ellos homicidio en grado de parentesco y posesión de armas de fuego y sustancias prohibidas (drogas), y se ha podido establecer que una de las armas recuperadas, precisamente la que le fue asegurada al ahora detenido es el arma que dio hoy positivo con los elementos balísticos que fueron sustraídos de la corporeidad de los tres menores al momento de la necropsia.

El ahora detenido será puesto a disposición del juez de control para la definición de su situación jurídica donde se le imputarán los lamentables hechos de los tres menores privados de la vida, entre otros delitos.

Se aseguraron armas largas de grueso calibre, armas cortas y droga.

El seguimiento del caso, se realiza conforme a las reglas del Sistema de Justicia Penal Acusatorio, lo que exige ceñimiento a las disposiciones sobre publicidad y reserva de datos de asuntos en trámite contenidas en el Código Nacional de Procedimientos Penales.

Resulta inconsistente la afirmación de la autoridad en el sentido de que se encontraron “armas de grueso calibre, armas cortas y droga”, lo cual nuevamente, genera serias controversias al respecto.

Aseguran familiares que Antonio no mató a sus tres hijos; culpan a los agentes de la PGJ.

Roberto López Arrieta

San Miguel de Allende.- La postura oficial del asesinato de los tres niños a manos de su padre, no es aceptada por familiares y amigos quienes aseguran que Antonio, el acusado de multi homicidio, es un padre cariñoso que nunca les hubiera hecho daño a sus hijos; su propia esposa asegura que él no los mató. Este lunes fueron despedidos e incluso en el camino del templo al camposanto, se manifestaron unas 500 personas afuera del Cereso para exigir la libertad del acusado y pedir que le dejaran despedirse de sus hijos. Las carrosas entraron a la cárcel.

Tras velar a Juan Adrián, Mateo y Gabriel, de 4, 8 y 11 años respectivamente, éste lunes familiares y amigos se despidieron de los hermanos. Primero se ofició una misa de cuerpo presente en el oratorio y posteriormente partieron al panteón municipal Luz Eterna.

A unos kilómetros de llegar, la comitiva se detuvo frente al Centro de Readaptación Social de San Miguel de Allende, donde se encuentra encerrado el padre de los tres niños. Ahí, unas 500 personas se manifestaron para exigir la liberación de Antonio, a quienes califican de inocente.

La manifestación provocó que el tráfico vehicular del bulevar de la Conspiración, se detuviera durante tres horas. En la puerta del Cereso, los manifestantes levantaron cartulinas con leyendas como “Liberen al papá”, “Queremos justicia para los tres niños”.

Juana, la madre de los tres niños permaneció sentada dentro de una de las carrozas que transportaba el cuerpo de sus hijos.

Los manifestantes pedían que dejaran salir a Antonio aunque fuera solo para despedirse de sus hijos y ante la insistencia, los directivos del Cereso accedieron dejar entrar las dos carrozas con la madre de los niños. En un momento, la turba impidió que entraran los dos vehículos; exigían que Antonio fuera llevado al patio para cerciorarse de que no estuviera golpeado. Al final, entraron las carrozas y la madre, nadie vio al detenido despedirse de sus hijos.

La propia madre de los niños dijo que a ella la voltearon cuando se escucharon las detonaciones que acabaron con la vida de sus hijos. Aseguró que su esposo no les disparó aunque no supo decir quién lo hizo. También dijo que para liberarla, la obligaron a firmar un documento en blanco.

La luz del día se acababa y eso apuró a los familiares para llegar al panteón. El cortejo llegó al camposanto cerca de las 6:00 de la tarde. Los tres espacios en la tierra, uno junto al otro, estaban listos para depositar los ataúdes con los cuerpos de los tres pequeños. Música, flores y un llanto que heló la piel de todos. La señora Juana despidió a sus tres hijos con un dolor difícil de describir.

Se actuó conforme al protocolo; las pruebas nos indican que el padre los privó de la vida: Procurador Carlos Zamarripa.

Entrevistado ayer poco después del medio día, el Procurador de Justicia de Guanajuato Carlos Zamarripa Aguirre declaró: “es importante establecer que lo sucedido es muy lamentable, el hallazgo de los tres menores... la evidencia es muy contundente de lo que nosotros afirmamos el día de ayer (domingo por la noche). Hubo quien me preguntaba que por qué hasta ayer en la noche se dio la postura, pues fue porque hasta ayer en la noche tuvimos una serie de datos objetivos en la parte forense y en la parte balística que me permitían hacer las afirmaciones que hicimos en el boletín.”

Zamarripa Aguirre dijo que los elementos de la procuraduría nunca han llegado a ningún lugar a abrir fuego, “nosotros somos recibidos con disparos de armas de fuego, los elementos tomaron distancia ante eso y aconteció lo que ya dimos a conocer. Por supuesto que también disparamos nosotros.”

En la primera parte de la entrevista, Carlos Zamarripa dijo que en ese momento se estaba llevando a cabo la audiencia pública donde la fiscalía de la PGJ estaba presentado las pruebas para sustentar las acusaciones en contra del supuesto multi- homicida.

“La audiencia es pública, una de las grandes bondades de éste nuevo sistema de justicia penal, es que las audiencias son públicas. Ahí, además de demostrar la teoría del caso, tenemos que demostrar y evidenciar los datos de prueba que nos sustentan la imputación que estamos llevando a cabo. Y para acabar con las dudas y las retóricas de unas y de otras que surjan por parte de quienes podamos opinar dentro de un caso”, dijo.

Sin embargo, dicha audiencia se llevó a cabo en forma privada, ningún medio de comunicación tuvo acceso a la sala y el único informe de ésta fue que quedó en receso hasta mañana martes.

Carlos Zamarripa detalló que existen protocolos que se llevaron de manera ordenada “y tan es así que se aseguró el inmueble para hacer todas las pruebas pertinentes. Aseguramos cuatro armas de fuego, dos de ellas de grueso calibre, dos largas y dos cortas, una de ellas es la que le encontramos al detenido.

También encontramos droga, no tengo ahorita el peritaje de laboratorio pero estaremos teniéndolo en breve”.

Cuestionado sobre si los agentes que participaron en el evento, serán investigados, el titular de la PGJ respondió “los agentes que participaron en el operativo llevaron a cabo su informe y estará siendo escrutinado. No hemos advertido ninguna falta o negligencia al respecto.”

La prensa también le cuestionó si los niños, entonces, murieron antes del tiroteo y dijo “Eso lo estableceremos en el crono... crono... -duda y cambia la respuesta- en el diagnóstico que será llevado a cabo por parte de la necropsia; lo que pasa es que un diagnóstico de ésta naturaleza puede estar de acuerdo a una serie de síntomas que encontremos en cada uno de los cuerpos y puede varias una o dos horas, pero esto va a ser difícil establecer por minutos, lo que sí tenemos muy claro es la hora del reporte y por supuesto la hora en que acontecieron los hechos en cuanto hubo intercambio de disparos de nuestros elementos con las personas que estaban dentro.”

Carlos Zamarripa reveló que el detenido se ha reservado su derecho a emitir alguna declaración y que es la madre quien contó que el inmueble era vigilado por su esposo, era el velador, que ya tenía cuidándolo desde tiempo atrás, que regresó de sus vacaciones y se encontró que había un grupo de personas armadas “y ella refirió que su esposo le comentó que el dueño le había comentado que les permitiera la estancia en el lugar.”

Insistió que “de acuerdo a lo que nosotros tenemos como evidencia de datos, que se están llevando a cabo en éste momento, es que las pruebas señalan que él los privó de la vida.”

Sobre la hoja en blanco que dijo la madre, le habrían hecho firmar, Zamarripa Aguirre dijo: “No conozco esa versión, lo que conozco y puedo dar cuenta es lo que se llevó a cabo en la parte ministerial, en la entrevista que se hizo delante de un defensor y que se dejó evidencia para tal efecto.”

Aseguró que la esposa hizo una serie de detalles circunstanciados, toda una reseña de lo acontecido.

Finalmente puntualizó que quienes se dieron a la fuga pertenecen a una célula criminal “y estaremos continuando la investigación respecto a eso.”

Interviene Derechos Humanos

Este domingo por la noche, la Procuraduría de los Derechos Humanos de Guanajuato, abrió de oficio un expediente de investigación, con el número 04/17, a través de la subprocuradora Margarita López Maciel, quien se puso en contacto con la familia de los niños.

Por lo expuesto, someto a la consideración de esta honorable Asamblea, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. Se solicita al titular del Ejecutivo federal a que instruya al titular de la Procuraduría General de la República (PGR), para que atraiga la averiguación de los hechos ocurridos el pasado 14 de enero, en el municipio de San Miguel de Allende, donde, fueron asesinados tres menores de edad.

Segundo. Solicitar la intervención de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Atentamente

Dado en Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de enero de 2017.— Diputada Mayra Angélica Enríquez Vanderkam (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Justicia, de la Cámara de Diputados.

RESGUARDO DE INSTITUCIONES Y GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE LA CIUDADANÍA Y DE LOS VISITANTES NACIONALES Y EXTRANJEROS EN LOS ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES Y PLAYAS TURÍSTICAS DE CANCÚN, EN EL ESTADO DE QUINTANA ROO

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Segob a apoyar al gobierno de Quintana Roo para resguardar sus instituciones y garantizar la seguridad de ciudadanos y de visitantes nacionales y extranjeros en los establecimientos mercantiles y las playas turísticas de Cancún, suscrita por los diputados María Cristina García Bravo y Omar Ortega Álvarez, del Grupo Parlamentario del PRD

Los suscritos, diputada federal María Cristina Teresa García Bravo y diputado Omar Ortega Álvarez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a esta Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, la siguiente proposición con punto de acuerdo con carácter de urgente y obvia resolución, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Cancún Quintana Roo es considerado un centro de esparcimiento y perla del Caribe mexicano por sus hermosas playas. Cancún, cuyo nombre en maya significa “Cuna o nido de serpientes”, fue sacudido por sendos hechos de violencia, ocurridos en recientes días.

Uno se dio la madrugada del lunes 16 a las 2:30 horas, en el emblemático club de playa Blue Parrot, donde al parecer un “sicario solitario” arremetió disparando contra una multitud que disfrutaba la clausura del “BPM festival” (con la actuación de varios representantes de la música electrónica), dejando a cinco personas muertas (tres de ellas extranjeras) y a otras 15 heridas.

Se trató del mayor ataque en contra de un establecimiento para turistas, no solo de la Riviera Maya sino del estado de Quintana Roo, cuyo móvil fue “por conflicto de intereses entre dos individuos”, según dicho del propio gobernador. Ahí perdieron la vida cuatro personas del staff del “BPM festival” quienes, en palabras del fiscal Pech Cen, “estaban armados”. Se trató de un canadiense, un italiano, dos veracruzanos y una estadounidense (esta última cayó y fue arrollada por el tumulto). Más los otros 15 lesionados, procedentes tanto del Estado de México, Estados Unidos, como de Canadá y Colombia.

El fiscal dijo no tener en claro que se tratara de una disputa por el mercado de drogas del Blue Parrot, tampoco de un “ataque terrorista” como se manejó en algunos medios de comunicación. Y será por las indagatorias que se determinará el móvil de la balacera. El hecho es que a diferencia de otros actos violentos, estos no ocurrieron en la periferia de Cancún (como en 2010 y en 2013), sino en el corazón del propio centro turístico.

La otra oleada de violencia se presentó un día después, el martes 17 contra las instituciones de seguridad pública del estado, cuando en esta ocasión, el centro vacacional sufrió el ataque a mano armada de varias personas, en las oficinas de la Fiscalía General y el “Centro de Control, Comando, Cómputo y Comunicaciones” (C4), ubicadas en la concurrida avenida Xcaret, donde el saldo fue el deceso de un policía y cuatro presuntos agresores.

Los hechos sucedieron al filo de las 15:30 horas y en ellos participaron unas “diez personas que circulaban a bordo de motocicletas, que dispararon armas de grueso calibre y lanzaron granadas contra los inmuebles”, según informó el gobernador del estado Carlos Joaquín González.

Los ataques contra las instituciones del estado, la Fiscalía y el C4, detectaron que se utilizaron armas de grueso calibre y granadas —y por ello se activó el “código rojo”.

Bajo este contexto, el gobierno mexicano debe revisar y/o modificar el programa de seguridad pública, porque así como Cancún, Acapulco y otros centros de destino turístico importantes para el país, la estrategia debe de cambiar en contra de la inseguridad pública, tal y como se desarrolla hasta la fecha desde el año 2006.

Por ejemplo, la “guerra contra el narcotráfico” sólo consiguió entre 2013 y 2015 detener a 1 mil 185 integrantes de carteles y células, de las reconocidas por la PGR. Pero esa captura resulta, a la postre, insuficiente si no se acompaña de otras acciones como la persecución de quienes lavan dinero, de la corrupción y la impunidad de aquellos cuerpos policiales que han sido alcanzados o infiltrados por las bandas del crimen organizado.

Por la experiencia de lo que sucede en las entidades federativas, incluyendo en aquellos 50 municipios focalizados y priorizados porque ahí se concentra el 42% de los homicidios del país, no basta la presencia de las Fuerzas Armadas para que la violencia cese y la seguridad pública llegue hasta la población en su conjunto.

Mientras tanto, y en lo que se reforman las policías de los tres niveles de gobierno, se adecua el nuevo modelo de justicia penal y el mando mixto, así como el gobierno federal se decide a emprender cambios de fondo a la estrategia de seguridad (que no militarizar al país), solo cabe esperar que a los gobiernos locales como el estatal de Cancún y el Municipal de Benito Juárez, reciban el apoyo que la propia federación le pueda proporcionar en bien de la seguridad tanto de los cancunenses como de los turistas extranjeros que gustan de asistir a tan bellas playas.

Sabemos, que el gobierno federal envió refuerzos con integrantes del cuerpo de la Gendarmería. Por su parte, la autoridad local ha dicho que realizará todas las investigaciones para castigar a los responsables. En esto es en lo que se debe profundizar para aclarar los hechos y castigar a los responsables con todo el peso de la ley.

Así, por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, para que en el ámbito de sus respectivas atribuciones y facultades, otorgue el apoyo necesario al gobierno del estado de Quintana Roo, para el resguardo de sus instituciones y garantice la seguridad de la ciudadanía y de los visitantes nacionales y extranjeros en los establecimientos mercantiles y playas turísticas de Cancún.

Dado en Palacio Legislativo de San Lázaro, a 24 de enero de 2017.— Diputado Omar Ortega Álvarez (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Gobernación, de la Cámara de Diputados.

PRIMER VICE-ALCALDE MEXICANO EN LA CIUDAD DE PASSAIC, EN NUEVA JERSEY, ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se felicita al ciudadano César Aguirre Sánchez, oriundo de Oaxaca, por ser el primer vicealcalde mexicano en Passaic, Nueva Jersey, Estados Unidos de América, suscrita por el senador Jorge Toledo Luis, del Grupo Parlamentario del PRI

El que suscribe senador Jorge Toledo Luis, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los artículos 8, numeral 1, fracción II, 58 y 276, numeral 1, del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración del pleno, la presente proposición con punto de acuerdo por el cual la Comisión Permanente del Congreso de la Unión se congratula y felicita al ciudadano César Aguirre Sánchez, oriundo del estado de Oaxaca, por ser el primer vicealcalde mexicano en la ciudad de Passaic, en Nueva Jersey, Estados Unidos de América, con base en las siguientes consideraciones

Consideraciones

César Aguirre Sánchez, oaxaqueño emigrado desde hace 22 años a Estados Unidos en búsqueda de oportunidades al igual que muchos hermanos mexicanos, ha logrado con gran perseverancia, empeño y ganas de trabajar ser el primer Vice Alcalde mexicano en la Ciudad de Paissac, demostrando lo que nuestros paisanos, si se pretenden lograr algo, lo pueden llegar a culminar con éxito. Es un gran ejemplo de éxito para la comunidad de latinos y para nuestros connacionales y latinos que viven en Estados Unidos de América, así como para los mexicanos que viven en nuestro país.

Es motivo de júbilo y orgullo tener este tipo de noticias, que ante el panorama y retos que se presentan ante nuestros connacionales que radican en el país del norte, existan personas y en específico, oaxaqueños que ponen en alto el nombre de México en el extranjero.

Nuestro compatriota, nacido en San Sebastián Zoquiapan, Oaxaca, llegó en el año de 1976 a la ciudad de Passaic a la edad de 18 años, donde logró establecer una comercializadora de productos mexicanos, la más importante del área tri-estatal, compuesta por los estados de Nueva York, Nueva Jersey y Connecticut, llamada Oaxaca Mexican Quality.

Posteriormente, logró materializar un sueño, dando como resultado “Mi Ranchito”, dedicado al procesamiento de alimentos de origen mexicano. Además con “Oaxaca Trucking Logistics” se dedicó a la importación y exportación de productos agrícolas del campo mexicano.

También fungió como presidente de la Federación Oaxaqueña del Noreste de Estados Unidos y de la Cámara de Comercio Mexicana en Passaic.

Ante los retos que viven los mexicanos en el extranjero, aunado a las nuevas políticas por implementar nuestro país vecino, el vicealcalde ha señalado que “Sea cual sea el escenario que se avecina con el gobierno del presidente Donald Trump mi compromiso es trabajar por los derechos de los inmigrantes y en especial de la gran comunidad mexicana”, con lo que resalta su gran compromiso con el país que lo vio nacer; y sobre todo, con el reconocimiento de la situación que se vive y se tiene en un difícil escenario que se presenta con en el gobierno entrante.

Con más de 70 mil habitantes, de los que unos 22 mil son de origen mexicano de primera, segunda y tercera generación, Passaic eligió a Aguirre, migrante originario de San Sebastián Zoquiapan, perteneciente al municipio de Silacayoapan, para ocupar el cargo de vicealcalde para asuntos comunitarios durante un año, con la posibilidad de competir en mayo por la alcaldía.

La toma de posesión se llevó a cabo el día jueves 5 de enero en la Alcaldía de Passaic, contó con la presencia del Alcalde de esa ciudad, Héctor Lora (de origen dominicano); el Presidente del Consejo de la Ciudad y Asambleísta Estatal, Gary Schaer; el Presidente de la Junta de Educación de la Ciudad, el México-americano Horacio Ray Carrera, integrante de la mesa directiva del Distrito Escolar de Passaic y líderes comunitarios del área tri-estatal; por parte del Consulado de México en Nueva York, en representación del Cónsul General Diego Gómez Pickering, asistió la cónsul adscrita, consejera Vívián Juárez.

Hoy el Honorable Congreso de la Unión a través de la Comisión Permanente se congratula por la llegada de nuestro hermano mixteco, como el primer vicealcalde de origen mexicano en la ciudad de Paissac.

Punto de Acuerdo

Único.La Comisión Permanente del Congreso de la Unión se congratula y felicita al ciudadano César Aguirre Sánchez, oriundo del estado de Oaxaca, por ser el primer vicealcalde mexicano en la ciudad de Passaic, en Nueva Jersey, Estados Unidos de América.

Notas

1 http://www.excelsior.com.mx/global/2017/01/05/1138114 Consultado el 16-01-2017

2 Ídem.

3 Conforme a cifras del censo estadounidense 2010, se calcula que en Passaic viven al menos 22, 000 mil mexicanos actualmente. Para mayor información consúltese en:

https://www.census.gov/newsroom/releases/archives/2010_census/c b11-cn146sp.html y http://diarioelmananero.com.mx/nacional/mexicanos-se-multiplican-en-estados-uni dos-nacimientos-alla-superan-a-migrantes Consultado el 16-01-2017.

4 https://consulmex2.sre.gob.mx/nuevayork/index.php/espanol/avisos/620-cesar-agui rre-vicealcalde-nj Consultado el 16-01-2017.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente a los 25 días del mes de enero de 2017.— Senador Jorge Toledo Luis (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Relaciones Exteriores América del Norte, de la Cámara de Senadores.

REFORZAR Y AGILIZAR LAS INVESTIGACIONES EN EL CASO DE LOS MEDICAMENTOS FALSOS PARA NIÑOS CON CÁNCER EN EL ESTADO DEVERACRUZ

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a diversas autoridades a reforzar y agilizar las investigaciones de los medicamentos falsos para niños con cáncer en Veracruz, suscrita por los senadores Adriana Dávila Fernández y Fernando Yunes Márquez, del Grupo Parlamentario del PAN

Adriana Dávila Fernández y Fernando Yunes Márquez, ambos senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIII Legislatura de la Cámara de Senadores, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente resolución al tenor de las siguientes

Consideraciones

En los últimos días se ha dado a conocer ante la opinión pública otro lamentable caso de corrupción cometido durante la administración de Javier Duarte en Veracruz y en el que también se encuentra involucrado el exgobernador y excónsul de México en Barcelona, Fidel Herrera Beltrán.

De acuerdo a distintos comunicados y conferencias de prensa brindadas por las autoridades de Veracruz, así como denuncias interpuestas ante las autoridades competentes, durante los gobiernos de estos mandatarios, se suministraron medicamentos donados a niños con cáncer, de acuerdo a los resultados de un informe de laboratorio, que arrojó que las quimioterapias que se suministraban a esos niños eran en realidad agua destilada.

Las investigaciones han establecido una complicidad entre empresas Especialidades Médicas del Sureste, Oncofarma y Bedus Grupo Farmacéutico, con esas administraciones estatales, cuando las primeras proveerán la falsa substancia a la Secretaría de Salud de la entidad.

De acuerdo a otros datos, esta situación podría no ser exclusiva de Veracruz, toda vez que algunos servidores públicos relacionados con tan deplorables hechos, han estado laborando en distintas áreas de salud en otras entidades federativas, lo que sin duda y dado su comportamiento cuestionado, incrementa la probabilidad de que estos casos se repitan en otros estados.

Advertimos sobre la participación de los doctores José Moisés Javier Guevara Arenas y Efrén Samuel Orrico Torres.

­Al respecto, es de señalarse que el doctor Moisés Javier Guevara fungió como jefe de prestaciones médicas en el IMSS del 2005 al 2009 en el estado de Yucatán; como subdirector de Atención hospitalaria y director de Servicios de Salud de 2009 a 2013 en la Secretaría de Salud de Veracruz; y como director de Servicios de Salud en la Secretaría de Salud de Tlaxcala de 2014 a 2016, en donde se le involucra con la desaparición de medicamentos caducos, con un costo aproximado de 9 millones de pesos, lo cual fue informado a su superior inmediato sin consecuencia alguna.

Por su parte, el doctor Efrén Samuel Orrico Torres fue delegado estatal del IMSS en Chiapas de 2004 a 2010, también fue delegado regional de la misma institución de 2010 al 2013; se desempeñó como asesor en la Secretaría de Salud de Veracruz de 2013 a 2015. Lo preocupante es que actualmente, este servidor público sea el director de Servicios de Salud en el estado de Tlaxcala a pesar de ser investigado por su probable responsabilidad en los hechos acontecidos en Veracruz.

Es preocupante que tanto los exgobernadores Fidel Herrera Beltrán y Javier Duarte de Ochoa de Veracruz, Mariano González Zarur de Tlaxcala, así como su sucesor Marco Antonio Mena Rodríguez, hayan establecido vínculos con tan cuestionados servidores públicos, que son investigados por tan deplorables actos de corrupción.

Estas acciones sólo pueden atribuirse a personas sin escrúpulos para conspirar en contra de la vida de niñas niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad, por lo que es urgente extender las investigaciones y la participación de estos personajes en otras entidades federativas. Reiteramos, no faltan las razones para pensar que estos hechos no son aislados o propios sólo de Veracruz, dados los vínculos políticos y de negocios de estos personajes.

­Por estos hechos, es necesario que las autoridades responsables hagan las investigaciones de forma eficaz y en su caso finquen responsabilidades a quienes son señalados como partícipes de estos lamentables hechos.

Los Grupos Parlamentarios del PAN en el Congreso de la Unión han manifestado la necesidad de que la Procuraduría General de la República acelere los procesos de captura del exgobernador Javier Duarte para que enfrente a la justicia por todos los desvíos multimillonarios, violaciones a los derechos humanos y por haber atentado en contra de la vida de las niñas y niños de Veracruz, así como investigue y evite la evasión de la justicia de Fidel Herrera Beltrán, así como de otros posibles mandatarios estatales involucrados..

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta honorable asamblea los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Procuraduría General de la República para que refuerce las acciones encaminadas a lograr la captura del exgobernador de Veracruz Javier Duarte de Ochoa, por haber atentado en contra de la vida de niñas, niños y adolescentes en esa entidad, así como el resto de los delitos que se le imputan en contra de los veracruzanos.

Segundo. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la Fiscalía General del Estado de Veracruz, para que emita y solicite a los órganos jurisdiccionales las medidas adecuadas para evitar que el ex Gobernador Fidel Herrera Beltrán se sustraiga de la acción de la justicia, como lo hizo su predecesor.

Tercero. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al gobernador de Tlaxcala, Marco Antonio Mena Rodríguez, para que instruya a las áreas de procuración de justicia de la entidad, a efecto de investigar a los servidores públicos de su administración que están relacionados con el uso y suministro de medicamentos falsos a niños y adolescentes con cáncer en el sector salud del estado de Veracruz y los posibles actos que en el mismo sentido pudieron cometerse durante el gobierno de Mariano González Zarur.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, a 25 de enero de 2017.— Senadora Adriana Dávila Fernández (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Justicia, de la Cámara de Senadores.

IMPLEMENTAR MEDIDAS QUE CONTRIBUYAN A LA PREVENCIÓN Y ERRADICACIÓN DE LA CONTAMINACIÓN QUE EXISTE EN LOS RÍOS DEL ESTADO DE CHIAPAS

«Proposición con punto de acuerdo, relativo a la implantación de medidas que contribuyan a prevenir y erradicar la contaminación en los ríos de Chiapas, suscrita por el senador Zoé Robledo Aburto, del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, senador Zoé Robledo Aburto, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en esta LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que se refiere al funcionamiento de la Comisión Permanente, someto a la consideración del pleno, la presente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

La contaminación, es toda alteración nociva del estado natural de un medio como consecuencia de la introducción de un agente totalmente ajeno a ese medio, causando inestabilidad, desorden o destrucción a los ecosistemas.

La contaminación de los ríos es una problemática más antigua que la contaminación ambiental, pero con el aumento de la población de las ciudades que han nacido a las orillas de los mismos, el volumen de desperdicios orgánicos e inorgánicos, producto de desagües cloacales, como químicos, que son consecuencias del desarrollo industrial, se incrementó de manera tal que las aguas del mismo se ven afectadas de tal forma que su composición deja de ser natural, afectando tanto a la fauna y flora que se alimenta de la misma como a los humanos que la beben.

El agua que bebemos y utilizamos diariamente proviene de los ríos, lagos, lagunas y presas. Es necesaria para las plantas, animales, para regar cultivos y para la cría de ganado. En Chiapas, algunos ríos se usan también como medio de transporte en las localidades rurales. Los ríos son corrientes de agua que nacen en las montañas y corren hacia las partes bajas del terreno.

Cuando se habla de Chiapas, se habla de una gran riqueza en muchos aspectos, cuenta con un gran patrimonio en arqueología, cultura y naturaleza, en particular, el agua.

En el estado se concentra el 30% del agua superficial del país; producto de los ríos Grijalva, Usumacinta, Lacantún, Jataté y Suchiate; las presas: Belisario Domínguez, Netzahualcóyotl, Peñitas y Chicoasén; y de los Lagos de Montebello, Colón y Miramar. Cabe destacarse que los ríos Grijalva y Usumacinta, son los más caudalosos del país.

Esta riqueza hídrica ha servido no sólo para la generación de energía sino para el cultivo de miles de hectáreas y en los últimos años para el establecimiento de proyectos de desarrollo turístico que ha impulsado la Comunidad Europea y que atraen cada vez más, a innumerables visitantes a pesar de su lejanía con respecto al centro del país. Ante la problemática mundial de la falta del agua, el que Chiapas cuente con ella, lo convierte en una zona estratégica de mayor importancia.

Históricamente sabemos que, los ríos han sido de vital importancia para el asentamiento y desarrollo de las poblaciones humanas, debido a que aseguran el suministro de agua para sus ocupantes.

En Chiapas actualmente, el 90 por ciento de los ríos están contaminados, situación que despierta mucha preocupación, pues la mayoría de estos, están contaminados por desechos industriales y humanos, en tanto no se realicen acciones para frenar la contaminación, la situación se agravará cada día más.

Esta situación que se presenta en toda la entidad, y se debe en gran medida, a la actividad agrícola, industrial y de servicios, en las que, desafortunadamente, persisten malas prácticas aún, especialmente en torno al reciclaje de los recipientes que contienen agroquímicos.

En Chiapas los principales contaminantes al agua son los hidrocarburos, plaguicidas y los solventes. Un ejemplo claro de contaminación es la región de los ríos Grijalva y Usumacinta, en el sureste de México, ya que es una de las zonas ecológicas con más alta diversidad biológica y cultural del territorio mexicano. Aunque estos dos ríos representan solamente el 4.7% de la masa continental del país, sus ecosistemas albergan el 64% de la biodiversidad nacional conocida.

En particular, el ejemplo del Río Grijalva, pues es este en donde las aguas residuales de los municipios de Tuxtla, Chiapa de Corzo y Acala, incrementan su nivel de contaminación al ser vertidos directamente a su cauce sin ningún tratamiento.

Otro ejemplo son, los ríos de San Cristóbal, que también son una prueba fehaciente de contaminación, el futuro de los recursos hidráulicos de este poblado, está en peligro debido al rápido crecimiento de la población, el cambio del uso de suelo, la sobre extracción del agua subterránea, una carencia de servicios de saneamiento y tratamiento de aguas residuales, así como la degradación de la calidad del agua superficial y subterránea.

En general, estos ríos se han convertido en los receptores de la descarga del agua sucia y por lo tanto se han contaminado de manera que ya no cumplen con los estándares de calidad de agua potable, y como resultado se generen enfermedades, dentro de la sociedad chiapaneca.

El grave problema de la contaminación que destruye a los ríos, se debe al crecimiento demográfico, desarrollo industrial y urbanización. Estos tres factores evolucionan rápidamente y se dan uno en función de otro. Es un problema que aqueja a nuestra sociedad y si no se toman las medidas pertinentes, evolucionara y causará un daño mayor e irreversible; es por ello que ante la preocupación se propone que se tomen las medidas pertinentes y adecuadas, para lograr frenar este problema que destruye al Estado.

Es por lo anteriormente expuesto que propongo el siguiente

Punto de Acuerdo

Único.La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y al Gobierno del estado de Chiapas para que de manera conjunta y coordinada, en los ámbitos de sus respectivas competencias, implementen medidas que contribuyan a la prevención y erradicación la contaminación que existe en los ríos del estado de Chiapas.

Dado en la sede de la Comisión Permanente, el día 25 de enero de 2017.— Senador Zoé Robledo Aburto (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de la Cámara de Senadores.

IMPLEMENTAR NUEVAS MEDIDAS DE SEGURIDAD PARA GARANTIZAR LA PROTECCIÓN DE LOS PEATONES Y CICLISTAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno de la Ciudad de México a reforzar e implantar nuevas medidas de seguridad para garantizar la protección de peatones y ciclistas, suscrita por la diputada Edith Anabel Alvarado Varela, del Grupo Parlamentario del PRI

Edith Anabel Alvarado Varela, diputada integrante de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El derecho humano a la movilidad está garantizado en el primer párrafo del artículo 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual señala que: “toda persona tiene derecho para entrar en la República, salir de ella, viajar por su territorio y mudar de residencia, sin necesidad de carta de seguridad, pasaporte, salvoconducto u otros requisitos semejantes. El ejercicio de este derecho estará subordinado a las facultades de la autoridad judicial, en los casos de responsabilidad criminal o civil, y a las de la autoridad administrativa, por lo que toca a las limitaciones que impongan las leyes sobre emigración, inmigración y salubridad general de la República, o sobre extranjeros perniciosos residentes en el país”.

El artículo 2, fracción I, del Reglamento de Tránsito del Distrito Federal, hoy Ciudad de México, señala que la circulación en condiciones de seguridad vial es un derecho, por lo que todas las autoridades, en el ámbito de su competencia, deben adoptar medidas para garantizar la protección de la vida e integridad física de las personas, sobre todo de los usuarios vulnerables de la vía.

En este sentido, cobran especial relevancia los hechos que se observan a diario referentes a los abusos y atropellos a los que son objeto los peatones o ciclistas en las vías públicas de la Ciudad de México, perpetrados por automovilistas particulares, operadores de unidades de transporte colectivo y de carga. En estos sucesos, se pone en riesgo la vida y la integridad física de quienes transitan diariamente por las calles y avenidas de esta urbe.

Hasta noviembre de 2015, se habían registrado 17 muertes de ciclistas. En un periodo que comprende de 2003 a 2015, en la Ciudad de México se incrementaron los accidentes entre automovilistas y ciclistas en un 133 por ciento, a pesar de que existe una infraestructura de 14 ciclovías distribuidas en las principales avenidas de la ciudad.

A su vez, el índice de peatones que mueren al año en la Ciudad de México es exponencial, datos del Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes, señalan que cada año fallecen poco más de 8 mil peatones por accidente vial.

La inexistencia de una adecuada cultura vial, la ineficiencia de las medidas preventivas y la enorme impunidad para quien violenta la ley en esta materia, son los principales factores que han ocasionado un agravio cada vez mayor a los peatones y ciclistas que a diario circulan en la Ciudad de México.

El año pasado, la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, declaró que alrededor de 8 mil percances viales se habían reportado, pero que en el 80 por ciento de los casos la culpa había sido de los peatones. El argumento de los peritos es que supuestamente, los transeúntes no respetaban los señalamientos viales. Sin embargo, es ampliamente conocido que buena parte de los automovilistas y choferes de transporte de carga o de pasajeros de la Ciudad, con frecuencia no atienden los señalamientos, no usan las luces intermitentes de sus vehículos, hacen giros sobre calles o avenidas en las que está expresamente prohibido hacerlo, e invaden carriles que no les corresponden. La situación tiene que ver con una percepción social de los automovilistas hacia ciclistas o transeúntes.

En la cultura vial imperante en la Ciudad de México, el automovilista supone la preferencia del uso de la vía pública. Si un vehículo automotor impacta a un ciclista o peatón, y éste fenece, se puede cubrir la perdida de la vida humana con indemnización económica.

Debido a los constantes abusos y agresiones de los que con objeto los ciclistas y peatones, en meses pasados éstos tuvieron que hacer uso de su derecho a la protesta y desfilaron desnudos alrededor de mil 500 personas.

También es ya común que en las redes sociales circulen videos en los que se documentan los abusos cometidos en contra de ciclistas y peatones por parte de automovilistas en la Ciudad de México, a los que se les etiqueta con el sobrenombre de “Lord” o “Lady”, dependiendo del agresor. Estos ataques usualmente se graban con los teléfonos celulares de ciudadanos que transitan cerca del percance. Es igualmente usual que los agresores hacen gala de sus influencias y su posición económica para insultar, agredir, amedrentar y salir impunes.

El Reglamento de Tránsito del Distrito Federal en el artículo 2, fracción IV incisos a) y b), es muy claro al señalar que se dará prioridad en la utilización del espacio vial de acuerdo a la siguiente jerarquía: a) Peatones, en especial personas con discapacidad y movilidad limitada; y b) Ciclistas...”.

Al no respetarse las disposiciones viales vigentes en la Ciudad de México, se pone en riesgo la integridad física de quienes tienen prioridad para transitar por las calles y avenidas de la urbe, por lo que es indispensable que las autoridades implementen nuevas medidas de seguridad encaminadas a garantizar la protección de los peatones y ciclistas de la Ciudad, y las ya existentes las refuerce. Asimismo, que la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, atienda puntualmente y dé cabal seguimiento a las denuncias que se hagan con motivo de alguna agresión o lesión contra los peatones o ciclistas.

Derivado de lo anterior, someto a consideración de esta honorable asamblea el presente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta al jefe de gobierno de la Ciudad de México a que implemente nuevas medidas de seguridad encaminadas a garantizar la protección de los peatones y ciclistas de la ciudad, y las ya existentes las refuerce, asimismo, para que instruya al procurador General de Justicia de la Ciudad de México, a que atienda puntualmente y dé cabal seguimiento a las denuncias que se hagan con motivo de alguna agresión o lesión contra los peatones o ciclistas.

Notas

1 “Se dispara el número de accidentes ciclistas: SSPDF”, El Universal, 28 de noviembre de 2015. Disponible en:

http://www.eluniversal.com.mx/articulo/periodismo-de-investigac ion/2015/11/28/se-dispara-el-numero-de-accidentes-ciclistas-sspdf (Última consulta: 24 de octubre de 2016)

2 “Accidentes viales son culpa de los peatones: PGJDF”, El Universal, 22 de enero de 2016. Disponible en:

http://www.eluniversal.com.mx/articulo/metropoli/df/2016/01/22/ accidentes-viales-son-culpa-de-los-peatones-pgjdf (Última consulta: 24 de octubre de 2016)

3 Ibídem.

4 “Ciclistas pedalean desnudos en México para pedir a automovilistas que les tengan respeto”, Animal Político, 11 de junio de 2016. Disponible en

http://www.animalpolitico.com/2016/06/ciclistas-pedalean-desnud os-en-mexico-para-pedir-a-automovilistas-que-les-tengan-respeto/ (Última consulta: 24 de octubre de 2016)

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de enero de 2017.— Diputada Edith Anabel Alvarado Varela (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Ciudad de México, de la Cámara de Diputados.

AVERIGUAR LOS HECHOS OCURRIDOS SOBRE LAS FALSAS QUIMIOTERAPIAS QUE SE APLICARON A NIÑOS QUE PADECEN CÁNCER Y QUE PERDIERON LA VIDA EN EL ESTADO DE VERACRUZ

«Proposición con punto de acuerdo, por el cual se solicita al titular del Ejecutivo federal a instruir al de la PGR para que atraiga la averiguación sobre las falsas quimioterapias aplicadas en Veracruz a niños con cáncer fallecidos a causa de ellas, a efecto de que se realicen las investigaciones correspondientes, así como las denuncias penales contra quienes resulten responsables, suscrita por la diputada Mayra Angélica Enríquez Vanderkam, del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, Mayra Angélica Enríquez Vanderkam, diputada del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, integrante de la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, fracción I, y el artículo 79, numerales I, fracción II, y 2, fracciones I y III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor del siguiente

Planteamiento

El pasado 16 de enero, en rueda de prensa, en la ciudad de Jalapa, Veracruz, y ante varios medios de comunicación, el gobernador de esa entidad, Miguel Ángel Yunes Linares, denunció públicamente que varios niños que padecen cáncer no recibieron el medicamento que les tenían que aplicar en sus quimioterapias, y que, en vez de éstos, sólo les fue aplicada “agua destilada”, en el entendido de que todo ello ocurrió, durante las administraciones de Fidel Herrera Beltrán y Javier Duarte Ochoa.

De suyo la gravedad de los acontecimientos asume características y riesgos diversos por estar implicadas en los hechos dados a conocer, la existencia y actuación de personas de partido político diferente al de los mandatarios veracruzanos que se señalaron, y que, por lo mismo, existe la presunción de que no se asuma persecución por la comisión de tales ilícitos, encubriendo bajo un manto de operaciones políticas y maquillajes, las denuncias en contra de quien o quienes resulten responsables, entorpeciendo y dando laxitud a la impartición de justicia.

De conformidad con el artículo 21 de la Constitución y los aplicables del Código Nacional de Procedimientos Penales, de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República (PGR) y del Reglamento Interior de la PGR, solicito que dicha investigación sea atraída por la Procuraduría General de la República para que se garantice la imparcialidad, certeza jurídica y, en su caso, se dictamine la reparación del daño, si es que la vida de los pequeños que supuestamente fueron atendidos pudiese recuperarse.

Antecedentes

De los reportajes, notas informativas y declaraciones diversas, se desprende que los niños con cáncer que supuestamente recibieron quimioterapia en el nosocomio de Veracruz, en realidad recibieron agua destilada. Ello representa si se comprueba, un delito grave, además de una acción criminal realizada, autorizada y manipulada por funcionarios con capacidad de decisión sobre la adquisición de los medicamentos y tratamientos catalogados al momento como de falsos.

El actual gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes, hizo del conocimiento de la opinión pública el engaño que sufrieron los pequeños y sus familias durante las administraciones de Fidel Herrera Beltrán y de Javier Duarte de Ochoa; uno, nombrado cónsul en España y el otro, hoy es prófugo de la justicia.

El tema representa un nivel de gravedad extrema. Entrecomillo las palabras del gobernador Yunes: “Tenemos ya el resultado de un laboratorio que señaló que el medicamento que se administraba a niños, una quimioterapia que se administraba a niños, no era realmente un medicamento, sino que era un compuesto inerte, era agua prácticamente destilada”.

Informaciones diversas

En diversas notas dadas a conocer a la opinión pública, se argumenta que: (Cfr: http://www.debate.com.mx/mexico/Desaparecen-expedientes-de-ninos-con-cancer-en- Veracruz-20170119-0029.html:)

1. Luego de darse a conocer que durante la administración de Javier Duarte se suministraron quimioterapias falsas a niños con cáncer, el Centro de Cancerología desapareció nueve expedientes de un número igual de niños que al parecer, murieron entre diciembre de 2014 y enero de 2015.

2. Miguel Ángel Yunes, actual gobernador de Veracruz, aseguró que se trata de los niños que fallecieron por los falsos tratamientos oncológicos, adicionando además que, dos niños más murieron en ese periodo ya que las autoridades de salud les negaron un trasplante de médula ósea que ya estaba autorizado y los regresaron a casa a morir, de acuerdo con la nota que público el diario Excélsior.

3. Lo anterior, así se desprende, fue señalado por Juan Antonio Nemi Dib, titular de la Secretaría de Salud, entre marzo de 2013 y agosto de 2014, quien señaló además, que la muerte de los niños que recibieron tratamientos falsos es un homicidio y no debe quedar impune.

4. El mismo funcionario Nemi Dib destacó que “Cuando se mueren nueve niños en el hospital, es una cifra muy alarmante. Los niños con cáncer tienen un alto riesgo de muerte, pero no tanto, no es lógico, no se corresponde con la estadística regular”.

5. En un plano de igual importancia, Nemi Dib, dijo que su salida en la Secretaría de Salud de Veracruz se dio tras denunciar esta y otras corruptelas del gobierno estatal cometidas por Ricardo Sandoval, que entonces ocupaba el cargo de administrador y cuyas decisiones fueron respaldadas por el propio Duarte de Ochoa.

6. En un bloque diverso de información ( Alerta Chiapas. 16 de enero, 2017) la nota recogida por el reportero sostiene que: “Durante los sexenios de los ex gobernadores Fidel Herrera Beltrán y Javier Duarte de Ochoa, la Secretaría de Salud de Veracruz suministró medicamentos clonados a niños con cáncer, aseguró el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares en la conferencia que ofreció este lunes en Xalapa”.

7. En la misma nota, al recoger las declaraciones del mandatario estatal se entrecomilla que “No ha concluido la investigación, pero tenemos el resultado de un laboratorio que señaló que un medicamento que se le suministraba a niños en una quimioterapia no era un medicamento, sino que era un compuesto inerte, era agua destilada. Esto me parece realmente un pecado brutal, un atentado contra la vida de los niños”.

8. Yunes Linares precisó que “Se está investigando no sólo para quimioterapias, sino para otros tratamientos. Un caso igual de lamentable es que se encontraron unas bodegas con medicamentos que ya habían superado la etapa de caducidad. No sabemos si los compraron así o dejaron que se caducaran”.

9. Es importante destacar que a mediados de diciembre de 2016 el secretario de Salud, Arturo Hirám Suárez Villa, señaló que la Contraloría del Estado tiene en su poder un documento en el que un fabricante desconoce un lote de medicamentos adquiridos por el gobierno estatal.

10. De la información recogida se sostiene que el lote de medicinas fue comprado por el gobierno estatal a principios de 2010 –cuando aún era gobernador Fidel Herrera Beltrán– y no fue reconocido por Grupo Roche Syntex de México SA de CV, y que en su momento, los medicamentos fueron enviados al Centro Estatal de Cancerología ubicado en Xalapa, en el que la mayoría de los pacientes son niños y adolescentes.

11. Conviene destacar la información en el sentido de que, tras descubrirse que la distribuidora Especialidades Médicas del Sureste SA de CV había vendido medicamentos falsos, se le retiró la adjudicación directa en mayo de 2011, durante el mandato de Javier Duarte, sin que existan referentes de que se procediera penalmente contra los responsables de la compañía, quienes están vinculados con el diputado federal Jorge Carvallo Delfín, ex colaborador de Duarte.

12. En la misma fecha, el diario El Debate recogió las declaraciones del gobernador Yunes, que agravan las circunstancias materia de la litis: Fueron gastados millones de pesos en estos medicamentos que nunca se utilizaron. “No sabemos si se compraron ya con la caducidad vencida o dejaron que se venciera”

Por lo expuesto, someto a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se solicita al titular del Ejecutivo federal a que instruya al titular de la Procuraduría General de la República para que atraiga la averiguación de los hechos ocurridos en Veracruz sobre las falsas quimioterapias que se aplicaron a niños que padecen cáncer y para que se realicen las investigaciones correspondientes así como las denuncias en contra de quien o quienes resulten responsables.

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 25 de enero de 2017.— Diputados: Mayra Angélica Enríquez Vanderkam, Jesús Antonio López Rodríguez (rúbricas).»

Se turna a la Comisión de Justicia, de la Cámara de Diputados.

VIGILANCIA Y CONTROL DE PRECIOS DEL KILOGRAMO DE LA MASA Y LA TORTILLA

«Proposición con punto de acuerdo, relativo a la vigilancia y el control de precios de la masa y la tortilla, suscrita por la diputada Natalia Karina Barón Ortiz, del Grupo Parlamentario del PRD

La suscrita, Natalia Karina Barón Ortiz, diputada federal de la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo con el carácter de urgente u obvia resolución, relativo a la vigilancia y control de precios del kilogramo de la masa y la tortilla al tenor de las siguientes

Consideraciones

El 28 de diciembre pasado, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Comisión Reguladora de Energía publicaron el Acuerdo por el que se dan a conocer los precios máximos de gasolinas y diésel para las 83 regiones del país (con vigencia del 1 de enero al 3 de febrero de 2017), las 7 regiones de frontera (válidos del 1 al 10 de enero), y los municipios que componen cada región.

La división del país en 90 zonas estableció precios diferenciados de las gasolinas aumentando hasta en un 20% la tarifa de los combustibles en orden a una liberación de los precios y considerando diversos factores como el pago del precio real, de impuestos y transportación y logística; no sólo la liberación de los precios de la gasolina y diésel ocurrió este inicio de año, también lo fue el de otros combustibles necesarios para el desarrollo de otras industrias, así aumentaron el gas propano y el butano.

Lo anterior comienza a impactar la producción de bienes y servicios lo que está generando una espiral inflacionaria que incide directamente en los salarios y bolsillos de las familias mexicana particularmente en los insumos de la canasta básica y en alimentos de primera necesidad como es el caso del precio de la masa y la tortilla.

Si bien las autoridades encargadas de la regulación y control de precios han afirmado que mantendrán una vigilancia sobre los aumentos no autorizados en alimentos, el pretexto del gasolinazo y la diferenciación del precio de los combustibles motivaron el aumento de precios sin control en la carne de pollo, frijol, huevo y tortilla.

Si bien el Sistema Nacional e Integración de Mercados de la Secretaría de Economía, al mes de enero de 2017, no registró variaciones importantes en el precio del kilogramo de tortillas, a través de las encuestas que realiza para las mediciones y variaciones de precios, la realidad es otra. De acuerdo con informaciones periodísticas y los reportes de la Procuraduría Federal del Consumidor entre el 2 y el 13 de enero, el precio de la tortilla se ha incrementado entre un 6 y 8 por ciento llegándose a vender en algunas entidades del país hasta en 19 pesos el kilogramo; en la Ciudad de México pasó de 11.20 a 11.38 pesos y en la zona metropolitana del Estado de México el precio pasó de 10.89 a 10.96 pesos.

En otras ciudades, de acuerdo con información de las asociaciones de la masa y la tortilla, el precio del alimento parece sin control variando de municipio a municipio. En Oaxaca, la tortilla se comercializó hasta en 18 pesos hasta el 15 de enero debido al incremento del gas y de la energía eléctrica.

Según la Secretaría de Economía, en un comunicado del 5 de enero de 2017, “existe preocupación en todo el país respecto al impacto que el incremento en el costo de los combustibles tendrá en los precios de los productos básicos”; sin embargo, ese comunicado 002/17, “las variaciones en los precios de los combustibles, sean al alza o a la baja, no tienen un efecto directo, de uno a uno, en los precios de los productos que los integran como insumos. Es decir, un incremento de 16.5% en el diésel, no implica un aumento igual o mayor en el costo de un kilo de tortillas o huevo o un litro de leche.

Por ejemplo, en la producción de un kilo de tortilla, el efecto del incremento en el precio del diésel es de no más de 5 centavos por kilo. Además, considerando que actualmente el precio del maíz en pesos es 20% más bajo que en diciembre de 2011, no hay evidencia que justifique un aumento desproporcionado el precio de la tortilla”.

El aumento de los precios en la canasta básica impacta a las familias con más bajos recursos aun cuando no tengan automóviles y consuman gasolina de manera directa; las familias mexicanas que ganan el salario mínimo invertirán más recursos de su economía para ser invertidos en la compra de alimentos, particularmente de los millones aún más a las personas con bajos recursos. Los mayormente afectados son millones de personas que se encuentran en pobreza alimentaria o extrema cuyos ingresos mensuales no ascienden a más de 700 pesos mensuales en las zonas urbanas siendo peor para las zonas rurales.

Así, este gasolinazo no midió las consecuencias sociales siendo particularmente insensible con los que menos tienen al no valorar y vislumbrar cuáles serían los impactos en la canasta básica. A esto se suma la especulación en la producción del alimento para realizar alzas injustificadas que perjudican a las familias mexicanas.

En este sentido, es urgente el exhorto a las autoridades de la Secretaría de Economía para que, en el ámbito de su competencia, realice las medidas que impidan el alza injustificada de precios en el kilogramo de la masa y tortilla y fortalezca el control de los precios para realizar las sanciones administrativas que correspondan contra los especuladores que se benefician en el aumento indiscriminado de precios de este alimento.

Por lo anterior expuesto, se pone a consideración del Pleno de esta Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo de urgente u obvia resolución.

Acuerdo

Primero.La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión,exhorta al secretario de Economía para que, en el ámbito de su competencia, refuercen las medidas que impidan el alza injustificada en el precio del kilogramo de la masa y tortilla de maíz por la liberación de las tarifas de los distintos combustibles.

Segundo.La Comisión Permanente exhorta al procurador federal del Consumidor para que, en el ámbito de su competencia, refuercen las medidas relativas a la vigilancia y control en el alza injustificada del precio del kilogramo de masa y tortilla de maíz por la liberación de las tarifas de los distintos combustibles.

Dado en la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, a 25 de enero de 2017.— Diputada Natalia Karina Barón Ortiz (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Economía, de la Cámara de Diputados.

DAR MARCHA ATRÁS AL INCREMENTO EN EL PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL APLICADO A PARTIR DE 2017 EN ZAPOPAN, JALISCO

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno de Zapopan, Jalisco, a dar marcha atrás al incremento del impuesto predial aplicado a partir de 2017, a cargo del senador Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, senador Jesús Casillas Romero, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 8, numeral 1, fracción II, y 276 del Reglamento del Senado de la República, somete a la consideración de esta honorable Comisión Permanente, la siguiente proposición con punto de acuerdo de obvia y urgente resolución, por el cual se exhorta respetuosamente el gobierno municipal de Zapopan, Jalisco, a dar marcha atrás al incremento en el pago del impuesto predial aplicado a partir de 2017, en favor de la economía de los habitantes de ese municipio; al tenor de las siguientes

Consideraciones

El año que comienza será sin duda, un año complicado y de grandes retos para los mexicanos.

Son muchos los factores que influyen, ya desde el enturbiamiento del clima económico en el que incide el triunfo del presidente electo de los Estados Unidos de América, Donald Trump, que con sus desenfrenadas propuestas ha logrado un ambiente de zozobra en nuestro país y hasta una grave depreciación del peso frente al dólar. Ello, además del panorama que se ha percibido por los mexicanos por la actualización en el precio de las gasolinas, con motivo de su alza en los precios internacionales y que a nuestro país impacta de manera acentuada en virtud de la referida devaluación monetaria.

Sabemos que todas las economías del mundo están viviendo un proceso de desaceleración y que lamentablemente nuestro país también resulta seriamente afectado, pues pese a no ser un problema privativo de México, sí resulta particularmente lastimado, además de la caída de los ingresos provenientes de la renta petrolera.

Ante esa situación, es necesario que todos los órdenes de gobiernos actuemos con la mayor responsabilidad posible.

Por ello, es necesario una serie de acciones, en las que por ejemplo, el presidente Enrique Peña Nieto presentó el Acuerdo por el Fortalecimiento Económico y la Protección de la Economía Familiar, con apoyos a través de prestaciones sociales, inversiones diversas y estímulos que incidan en cuatro objetivos fundamentales:

• Cuidar la economía de las familias mexicanas

• Impulsar y concretar los proyectos de inversión programados para 2017 y 2018

• Fomentar nuevas inversiones

• Mantener la creación de empleos, el crecimiento económico y la competitividad

La intención es contribuir a la estabilidad económica y social del país, la inversión, el empleo, el ingreso y bienestar de las familias.

Entre las acciones destacan:

- Evitar el incremento indiscriminado de precios de bienes y servicios, evitando repercusiones injustificadas o fenómenos de especulación, particularmente en el caso de los productos que forman parte de la canasta básica.

- Modernizar el transporte público y facilitar la movilidad urbana.

- Impulsar la inversión y el empleo a través de la Banca de Desarrollo, el Fondo Nacional de Infraestructura y las Asociaciones Público Privadas.

- Generar nuevos estímulos y procesos de simplificación que permitan más inversión, particularmente en favor de pequeñas y medianas empresas.

Para lograrlo se requiere de la participación coordinada además del gobierno federal, de los gobiernos locales y municipales, en las que se hace indispensable el lograr un buen balance en la política fiscal, en la que por ejemplo, en los gobiernos municipales, un incremento injustificado al impuesto predial no constituye la mejor forma de lograrlo.

En el estado de mi representación, Jalisco, es de destacar el caso del municipio de Zapopan, Jalisco, que al momento de aprobar su proyecto de Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal de 2017, también aprovechó la sesión para aprobar la modificación a los valores catastrales del municipio, lo que evidentemente está incidiendo en el pago del impuesto predial.

Como sabemos, el pago del impuesto predial está determinado por el valor del suelo y el valor de la construcción, por lo que aún en el caso de no variar la tasa del impuesto, su monto de pago claro que se ve incrementado, lo que es lo mismo para el contribuyente, pagar más con el impacto consecuente a su bolsillo.

En la sesión de ayuntamiento correspondiente se dijo que el incremento en la tablas de valores catastrales solo impactaría a grandes desarrolladores, más lo cierto es que se incluyeron colonias vulnerables y de situación precaria, faltando a la palabra dada, en la que se dijo a la ciudadanía zapopana que este concepto, el del predial, no sufriría incremento alguno.

Con ello, el pago del impuesto predial se incrementó desde el 5 al 72 por ciento en Zapopan, contrario a la promesa de su primer edil, quien impulsó desde su campaña el no incrementar este impuesto, entre otros. Evidentemente que incrementos de hasta 72 por ciento resultan además desproporcionados.

Esta situación está causando serias laceraciones económicas a sus habitantes, además del doble descontento al tratarse de una medida injustificada y hasta desproporcional, por tratarse también de un incumplimiento al compromiso del actual gobierno municipal de no incrementar este impuesto por el plazo de su periodo constitucional.

Cabe destacar, que ante la situación económica del país, el gobierno del estado también está haciendo lo propio, pues ha anunciado e implementado un plan de austeridad, con medidas como las siguientes:

• No incremento a la tarifa del transporte público.

• Ampliación del plazo de descuento en el pago del refrendo y holograma vehicular

• Recortar y hacer más eficiente el gasto público.

• La creación de un Fondo de Contingencia a la Economía Familiar.

• Promocionar a Jalisco como un Polo de Almacenamiento de Combustible para mejorar precios en este insumo.

De esta manera, los gobiernos federal y estatal están asumiendo acciones responsables en las que, de sumarse el gobierno municipal de Zapopan, se estaría logrando una coordinación entre los tres órdenes de gobierno en favor de los zapopanos.

Mientras que por el contrario, el incremento a las bases del pago del impuesto predial, se trata de una medida que no llega en el mejor momento.

Por ello, muy acertado sería que el gobierno municipal diera marcha atrás a este incremento, en favor de la economía de los habitantes de este apreciado municipio.

De ahí, que la sugerencia en concreto consistiría en la contenida en la siguiente proposición con punto concreto de...

Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, exhorta respetuosamente al gobierno municipal de Zapopan, Jalisco, a dar marcha atrás al incremento en el pago del impuesto predial aplicado a partir de 2017, presentando a la brevedad posible la iniciativa correspondiente ante el Congreso del estado de Jalisco, para revocar el incremento en los valores catastrales y conservar el pago de este impuesto sin incrementos; asimismo, a contemplar la ampliación del plazo de descuento por pronto pago, para que este transcurra a partir de la sugerida modificación en obviedad de consecuencia.

Dado en la Ciudad de México, en la sede de la Comisión Permanente, a 25 de enero de 2017.— Senador Jesús Casillas Romero (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, de la Cámara de Senadores.

PRESUNTA COMISIÓN DE DELITOS, COMO LA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS FALSIFICADOS Y EL CONOCIMIENTO DE LA APLICACIÓN DE MEDICAMENTOS APÓCRIFOS, EN EL ESTADO DE VERACRUZ

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la PGR, la Fiscalía General de Veracruz y las diversas autoridades a atender en el ámbito de sus competencias las investigaciones y realizar de manera rápida y eficaz las acciones conducentes a esclarecer y determinar cuanto antes el sujeto pasivo de la presunta comisión de delitos como la adquisición de medicamentos falsificados, y conocer la aplicación de fármacos apócrifos, suscrita por la senadora Sonia Rocha Acosta, del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, senadora Sonia Rocha Acosta, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional , en esta LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, 1, fracción II y 276, numeral 1, del Reglamento del Senado de la República, así como 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración del pleno, la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Procuraduría General de la República, a la Fiscalía General del Estado de Veracruz, a través del Poder Ejecutivo de la República, así como a las diversas autoridades a atender en el ámbito de sus respectivas competencias las investigaciones y realizar de manera rápida y eficaz las acciones correspondientes para que se esclarezca y se determine lo antes posible el sujeto pasivo de la presunta comisión de delitos, como la adquisición de medicamentos falsificados , y el conocimiento de la aplicación de medicamentos apócrifos al tenor de las siguientes

Consideraciones

Que en el estado de Veracruz existen 56 hospitales y más de 700 centros de Salud.

Que tras diversas investigaciones en el gobierno de Miguel Ángel Yunes se dio a conocer que en los sexenios de los CC. Fidel Herrera Beltrán y Javier Duarte se aplicaba a menores tratamientos de quimioterapia a menos con medicamento falso.

La farmacéutica Roche, confirmo con estudios aplicados a los medicamentos aplicados que el C Javier Duarte de Ochoa supo que el medicamento aplicado a niños con cáncer era falso y que, además, no correspondía a medicina pediátrica.

Es así que de igual forma la farmacia del Centro Estatal de Cancerología identificó medicamentos oncológicos con posibles alteraciones en su composición.

Que los CC. Fidel Herrera Beltrán y Javier Duarte de Ochoa ex gobernadores del Estado de Veracruz, hoy presentan una denuncia por parte de la Secretaria de Salud, por ser presuntos participes en delitos constituidos por la adquisición y aplicación de medicamentos apócrifos durante sus respectivas administraciones.

Que el día 22 de enero de 2017, la Secretaría de Relaciones Exteriores, realizo un comunicado donde se da a conocer la renuncia irrevocable del C. Fidel Herrera Beltrán, como cónsul de México en Barcelona.

Es de gran preocupación lo mencionado en el párrafo anterior ya que dicha renuncia la efectúo, justo después que se diera conocer que se realizaron quimioterapias falsas a niños, así como pruebas falsas de VIH en Veracruz durante las pasadas administraciones.

Como es bien sabido el ex Gobernador de Veracruz, Javier Duarte pidió y obtuvo licencia como gobernador el día 12 de octubre, 48 días antes de dar por concluido su cargo (2010-2016), según dijo para hacer frente a las acusaciones de corrupción en su contra, mismos argumentos que hoy en día está dando el ex Cónsul Fidel Herrera.

Ante este escenario no podemos dejar a un lado el derecho a la justicia que nos garantiza nuestro Máximo Ordenamiento en su numeral 17 para todos aquellos enfermos que injustamente fueron víctimas de la corrupción y medicamentos falsos.

Conforme al párrafo anterior al no actuar rápidamente estamos siendo participes de la violación no solo del artículo 17 sino también del no hacer nada ante el derecho a la salud que les fue transgredido a los menores y personas que fueron víctimas en tan lamentable hecho.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente propuesta con

Puntos de Acuerdo

Primero.Se exhorta a la Procuraduría General de la República, a la Fiscalía General del estado de Veracruz, a través del Poder Ejecutivo de la República, así como a las diversas autoridades a atender en el ámbito de sus respectivas competencias las investigaciones, y realizar de manera rápida y eficaz las acciones correspondientes para que se esclarezca y se determine lo antes posible el sujeto pasivo de la presunta comisión de delitos, como la adquisición de medicamentos falsificados, y el conocimiento de la aplicación de medicamentos apócrifos.

Segundo.Se solicita a esta honorable soberanía que tenga a bien considerar esta proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución.

Dado en la sede de la Comisión Permanente, el 25 de enero de 2017.— Senadora Sonia Rocha Acosta (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Justicia, de la Cámara de Senadores.

REAPERTURA DE LA CALERA CALES Y MORTEROS DEL GRIJALVA SA DE CV, UBICADA DENTRO DEL PARQUE NACIONAL CAÑÓN DEL SUMIDERO, EN EL ESTADO DE CHIAPAS

«Proposición con punto de acuerdo, relativo a la reapertura de Cales y Morteros del Grijalva, SA de CV, en el parque nacional Cañón del Sumidero, suscrita por el senador Zoé Robledo Aburto, del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, senador Zoé Robledo Aburto, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en esta LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que se refiere al funcionamiento de la Comisión Permanente, somete a la consideración del pleno la presente proposición con punto de acuerdo,al tenor de las siguientes

Consideraciones

El Parque Nacional Cañón del Sumidero es reconocido como un área natural protegida, además se encuentra legitimado como sitio “Ramsar”, lo que significa un humedal de importancia internacional por los beneficios ecológicos que aporta. Esta área protegida aporta beneficios al ambiente, tales como la regulación química de la atmosfera, regulación de la temperatura del clima, captación y saneamiento por filtraciones de aguas subterráneas, protección contra la erosión, generación de nutrientes indispensables para actividades productivas del ambiente, control ecológico de biodiversidad, entre otras.

De acuerdo a un estudio realizado por la Secretaria de Salud del Estado de Chiapas durante el 2010, las actividades mineras de esta empresa son las causantes de las afectaciones en las vías respiratorias del 40 por ciento de los habitantes de la colonia Rivera Cahuaré ubicada a pocos kilómetros de la empresa.

A cinco décadas de que “Cales y Morteros del Grijalva, SA de CV”, iniciara la extracción sobre lo que hoy es el Parque Nacional Cañón del Sumidero, la minera ha realizado detonaciones para extraer piedra para luego convertirla en cal, ambas actividades han sido las causas por la que los habitantes presentan daños a la salud principalmente en niños de 5 y entre 14 años. La Secretaria de Salud Estatal realizó un estudio en el cual mostró que el 26.2 por ciento de las personas tenía enfermedades como alergias, un 20 por ciento enfermedades infecciosas en la piel, las cuales podrían estar relacionadas a la extracción de cal de dicha empresa.

Con la permanencia de este tipo de mineras en un Área Natural Protegida como es el Parque Nacional Cañón del Sumidero la devastación de flora y fauna en peligro de extinción es peor por los explosivos utilizados al realizar sus operaciones a cielo abierto, en las que además los residuos que desembocan al Río Grijalva pueden ser altamente contaminantes.

Cales y Morteros del Grijalva, SA de CV, se construyó a mediados de la década de los 60, cuando no existía el decreto de la creación del Parque Nacional Cañón del Sumidero. El Cañón del Sumidero, es una formación geológica que fue declarado como Parque Nacional Cañón del Sumidero desde 1980. Las primeras consecuencias que se presentaron al inicio de las operaciones de la empresa estuvieron relacionadas con la deforestación de vegetación nativa del estado. Dentro de las especies de flora que se han visto afectadas por la deforestación causada por esta minera, es el Agave del Grijalva, que es una especie endémica de Chiapas, lo que vulnera aún más el balance ecológico de la región.

Desde los primeros años del 2000, la calera comenzó a ser cuestionada por emitir ruidos, ocasionados por la trituradora de piedra, por encima de los 20 decibeles permitidos en el campo ambiental, un factor que genera daños tanto a seres humanos como a la fauna silvestre del lugar.

En 2002, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y el Instituto de Historia Natural y Ecología del estado, dictaminaron irregularidades en las actividades de la fábrica, así como daños y contaminación ambiental, pero no se llegó a nada concreto.

En Julio de 2014, tras afectar de forma irreversible alrededor de 23 hectáreas del Parque Nacional, el Gobierno Federal a través de la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales y Gobierno Estatal a través de la Secretaria de Medio Ambiente e Historia Natural del Estado de Chiapas declararon clausurada la empresa “Cales y Morteros del Grijalva, SA de CV”.

Posteriormente, a pesar de que esta empresa había sido clausurada temporalmente en 2014 para impedir la extracción de materiales pétreos, ésta presuntamente violó los sellos de seguridad para seguir con mencionada actividad. En Mayo del 2016, el Procurador Ambiental de Chiapas, Francisco Gurgua Domínguez y su personal intentaron la clausura de forma definitiva a la empresa “Cales y Morteros del Grijalva” pero los trabajadores que se encontraba en ese momento no les permitió la entrada, por lo que se suspendió la clausura definitiva de la empresa.

La minera “Cales y Morteros del Grijalva, SA de CV,” ha hecho un hueco en el suelo de 30 hectáreas con una profundidad de 40 a 50 metros como parte de la extracción de piedra para convertirla en cal, es por eso que exhorto a las autoridades correspondientes a exigir a esta minera cumplir con la legislación ambiental requerida por organismos federales y locales y si no los cumple, sea cerrada permanentemente para evitar el daño ecológico y el daño a la salud de las personas que viven en ejidos cercanos a la minera.

La constante emanación de polvo blanco, resultado de la trituración de rocas, y otros contaminantes puede generar que algunos de los lugareños sufran cáncer en los pulmones en años futuros.

El pasado 10 de enero del presente año, la delegación de la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) en el estado de Chiapas, le renovó el permiso de operaciones a la empresa “Cales y Morteros del Grijalva, SA de CV,”; esta renovación puede vulnerar aún más el balance ecológico del parque.

Es por lo anteriormente expuesto que propongo el siguiente

Punto de Acuerdo

Único.La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas y al Gobierno del Estado de Chiapas, para que de manera conjunta y coordinada tomen las medidas necesarias para que la minera “Cales y Morteros del Grijalva, SA de CV”, cumpla los requisitos legales para poder llevar a cabo la explotación dentro de un área natural protegida así como para que dicha empresa garantice contar con los cuidados necesarios de protección al ambiente para no afectar el balance ecológico y a la salud de los habitantes de áreas cercanas.

Dado en la sede de la Comisión Permanente, el día 25 de enero de 2017.— Senador Zoé Robledo Aburto (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de la Cámara de Senadores.

PROGRAMAS DE REFORESTACIÓN, RESTAURACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS ECOSISTEMAS DE CADA UNA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS QUE HAYAN SOLICITADO EL CAMBIO DE USO DE SUELO

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Semarnat a fortalecer e impulsar por la Conafor acciones para garantizar que, a partir del ejercicio fiscal de 2017, los recursos recaudados por el cambio de uso de suelo en terrenos forestales se destinen a los programas de reforestación, restauración y mantenimiento de los ecosistemas de las entidades federativas solicitantes de ese cambio, suscrita por la diputada Ruth Noemí Tiscareño Agoitia, del Grupo Parlamentario del PRI

La suscrita, diputada Ruth Noemí Tiscareño Agoitia, integrante del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta Comisión Permanente, la presente proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para que a través de la Comisión Nacional Forestal, fortalezcan e impulsen las acciones necesarias para garantizar a partir del ejercicio fiscal 2017, que los recursos recaudados por el cambio de uso de suelo en terrenos forestales, sean destinados a los programas de reforestación, restauración y mantenimiento de los ecosistemas de cada una de las entidades federativas del país donde fue solicitado el respectivo cambio de uso de suelo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

En la actualidad se estima que el 30.6% de la superficie de la Tierra (aprox. 3,999 millones de ha) estaba conformado por bosques, mismos que ofrecen un sin fin de productos como son los alimentos, derivados de hojas, frutas, hongos, miel e insectos y sobre todo como pulmones de nuestro planeta por sus grandes producciones de oxígeno. Es claro que para el sustento y desarrollo de las ciudades de todos los países del mundo, han necesitado de los recursos forestales principalmente para el abastecimiento y suministro de agua. Y a su vez, para dar protección a las cuencas hidrográficas de donde se obtiene el 75% del agua dulce mundial, además, porque los bosques constituyen una fuente de ingreso y resguardo para millones de personas que viven en regiones rurales con casas elaboradas con madera o bambú por sus bajos costos, favoreciendo especialmente a las familias de más bajos recursos a quienes también constituyen su fuente de alimentos.

En el caso de México, la gran riqueza de los suelos que combinan importantes factores como son la diversidad de climas, la latitud geográfica, la altitud, condiciones atmosféricas variadas así como a la distribución de tierra y agua, han permitido que exista el 87% de los diferentes tipos de suelo que hay en el mundo. Derivado de lo anterior, México posee una enorme variedad de grupos de vegetación, de los cuales el 49.5% aún persiste en su estado original (no ha sido transformada.

Se estima que en nuestro país, cuenta con 138 millones de hectáreas (ha) con vegetación forestal, equivalentes al 70% del territorio nacional. Los principales ecosistemas que componen esta superficie son: los matorrales xerófilos (41.2%), los bosques templados (24.24%), las selvas (21.7%), manglares y otros tipos de asociaciones de vegetación forestal (1.06%) y otras áreas forestales (11.8%).

Los bosques mesófilos de montaña abarcan más de 1.7 millones de ha, los manglares ocupan una superficie de 887 mil ha y la vegetación comprendida en la categoría de otras asociaciones (palmares, sabana, selva de galería, entre otros) es de 575 mil ha de la superficie forestal del país. La extensión de estas formaciones vegetales, constituyen ecosistemas sumamente importantes desde el punto de vista de su biodiversidad, las altas tasas de captura de carbono y su capacidad de amortiguamiento ante eventos hidrometeorológicos, entre otros aspectos relevantes.

Cabe señalar, que durante la última década la gran extensión de recursos forestales existente en México, se han visto seriamente afectada principalmente por la deforestación desmedida, por el dinámica de cambio de uso de suelo (actividades como agricultura, ganadería, urbanización, entre otras), así como por incendios forestales, generando pérdidas incuantificables del hábitat, de la biodiversidad; emisión de Co2 a la atmósfera, la erosión del suelo, así como cambios trascendentales en el ciclo hidrológico que hoy atentan contra los ecosistemas forestales propiciando una disminución significativa en la calidad y cantidad de agua para uso humano.

En este orden de ideas, mediante un análisis de la dinámica de cambio de los recursos forestales realizado con datos del INEGI, se estimó que en el periodo 2000 a 2005, la deforestación neta anual fue de 235 mil ha por año, en tanto que para el periodo 2005 a 2010 fue de 155 mil ha por año, de las cuales nueve mil correspondieron a bosques templados y 146 mil a selvas.

Lamentablemente, el ritmo de deforestación que padece México es uno de los más intensos del planeta, mismos que de acuerdo con el Instituto de Geografía de la UNAM, cada año perdemos 500 mil hectáreas de bosques y selvas. Eso coloca en riesgo de extinción a una gran variedad de plantas y animales y también nos coloca en el quinto lugar de deforestación a nivel mundial.

Ante estas circunstancias, el Estado Mexicano ha impulsado acciones legislativas y una política nacional encaminadas a revertir los daños causados por el proceso de degradación de los recursos forestales, lo anterior en el marco de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable (LGDFS), dicha reglamentación, tiene como objeto regular y fomentar la conservación, protección, restauración, producción, ordenación, el cultivo, manejo y aprovechamiento de los ecosistemas forestales del país y sus recursos, así como distribuir las competencias que en materia forestal correspondan a la Federación, los Estados, y los Municipios con el fin de propiciar el desarrollo forestal sustentable.

Al respecto el artículo 16 del ordenamiento en comento, establece que corresponde a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) formular y conducir la política nacional de desarrollo forestal sustentable y asegurar su congruencia con la política ambiental y de recursos naturales, así como las relacionadas con el desarrollo rural.

La propia LGDFS en su artículo 22, ordena a la Comisión Nacional Forestal (Conafor) participar en la formulación y aplicación de la política nacional de desarrollo forestal sustentable, así como organizar y aplicar los instrumentos de política forestal previstos en dicha Ley.

Como ejemplo, es importante destacar que una de las acciones que hoy en día impulsa el Gobierno Federal para hacer frente a esta problemática, encontramos a través de “ La Compensación Ambiental por Cambio de Uso del Suelo en Terrenos Forestales”, uno de los diversos programas de Conafor, que permite llevar a cabo acciones de restauración de suelos, reforestación y mantenimiento de los ecosistemas forestales deteriorados, para que una vez lograda su rehabilitación, se compensen los servicios ambientales que prestaban los ecosistemas que fueron afectados por el cambio de uso del suelo; entre ellos, la restauración del ciclo hidrológico y los ciclos biogeoquímicos, la captura de carbono, la recuperación paulatina de la biodiversidad, la producción de oxígeno, entre otros.

Dicho programa, se encuentra sustentado en el artículo 117 de la LGDFS, y establece que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), sólo podrá autorizar el cambio de uso del suelo en terrenos forestales, por excepción, previa opinión técnica de los miembros del Consejo Estatal Forestal de que se trate y con base en los estudios técnicos justificativos que demuestren que no se compromete la biodiversidad, ni se provocará la erosión de los suelos, el deterioro de la calidad del agua o la disminución en su captación; y que los usos alternativos del suelo que se propongan sean más productivos a largo plazo.

En el mismo sentido y de acuerdo con el artículo 118 de Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable y en los artículos 123 de su Reglamento que los interesados en el cambio de uso de terrenos forestales, deberán acreditar que otorgaron depósito ante el Fondo Nacional Forestal, para impulsar su reforestación, restauración y mantenimiento.

Cabe hacer hincapié que en términos del artículo 124 del Reglamento de la LGDFS “los recursos que se obtengan por concepto de compensación ambiental serán destinados a actividades de reforestación o restauración y mantenimiento de los ecosistemas afectados, preferentemente en las entidades federativas en donde se haya autorizado el cambio de uso del suelo”.

Con lo anterior, podemos determinar que actualmente la Conafor debería destinar dichos recursos, considerando el principio de “preferencia” en aquellas entidades donde se solicitó el cambio de uso de suelo, no obstante a ello, la realidad tan lamentable es que en la praxis, no siempre los recursos compensatorios regresan o son destinados específicamente a la entidad donde se originó el deterioro ambiental.

En este contexto, resulta necesario que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a través de la Comisión Nacional Forestal fortalezcan e impulsen las acciones necesarias para garantizar a partir del ejercicio fiscal 2017, que los recursos recaudados dentro del Fondo Forestal Mexicano, por el cambio de uso de suelo en terrenos forestales del país, sean destinados a los diferente programas reforestación, restauración o mantenimiento de los ecosistemas de cada una de las entidades federativas donde fue solicitado el respectivo cambio de uso de suelo.

Debemos tomar en cuenta, que en el seno de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados, ya se analiza una minuta enviada por el Senado de la República encaminada a reformar la Ley General de Desarrollo Forestal para lograr este importante objetivo que reitero “busca que los recursos económicos que se obtengan por concepto de compensación ambiental sean destinados a las entidades federativas donde se haya autorizado el cambio de uso de suelo”, es unademanda queexigen nuestros representados al que se suman los diferentes gobiernos estatales y por supuesto se debe solidarizar el Congreso de la Unión.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta soberanía el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único: La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para que a través de la Comisión Nacional Forestal, fortalezcan e impulsen las acciones necesarias para garantizar a partir del ejercicio fiscal 2017, que los recursos recaudados por el Cambio de Uso de Suelo en Terrenos Forestales, sean destinados a los programas de reforestación, restauración y mantenimiento de los ecosistemas de cada una de las entidades federativas del país donde fue solicitado el respectivo cambio de uso de suelo.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de enero de 2017.— Diputada Ruth Noemí Tiscareño Agoitia (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de la Cámara de Diputados.

ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECEN ZONAS DE SEGURIDAD PARA LA NAVEGACIÓN Y SOBREVUELO EN LAS INMEDIACIONES DE LAS INSTALACIONES PETROLERAS Y PARA EL APROVECHAMIENTO INTEGRAL Y SUSTENTABLE DE LOS RECURSOS PESQUEROS Y ACUÍCOLAS EN ZONAS MARINAS MEXICANAS

«Proposición con punto de acuerdo, por el cual se exhorta a la Sagarpa, el Inapesca y la Semarnat a cumplir de inmediato a fin de especificar las zonas de seguridad y áreas fuera de éstas referidas en el artículo tercero transitorio del acuerdo que establece zonas de seguridad para la navegación y el sobrevuelo en las inmediaciones de las instalaciones petroleras y el aprovechamiento integral y sustentable de los recursos pesqueros y acuícolas en zonas marinas mexicanas, suscrita por la diputada Nelly del Carmen Márquez Zapata, del Grupo Parlamentario del PAN

Quien suscribe, diputada Nelly del Carmen Márquez Zapata del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, de la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 58 del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta honorable asamblea, la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de los siguientes:

Considerandos

La pesca y la acuacultura son asuntos de seguridad nacional y parte esencial del quehacer económico y social del país. Los estudios realizados por el Instituto Nacional de la Pesca muestran que del total de las pesquerías evaluadas, 27 por ciento se encuentra en deterioro, 53 por ciento en máximo aprovechamiento y, solamente, 20 por ciento tiene posibilidades de aumento de la producción.

El valor de la producción nacional pesquera y acuícola en nuestro país ascendió a 18 000 millones de pesos, con una participación de 67.3 por ciento de la pesca silvestre y con 32.7 por ciento por la acuacultura. Destaca por su importancia la captura de camarón, que representa el 50.5 por ciento (8 mil 756 millones de pesos) del total, contribuyendo la camaronicultura con 58.8 por ciento (5 mil 147 millones de pesos) y la pesca de camarón silvestre con 41.2 por ciento restante (3 mil 609 millones de pesos).

Sin perder de vista que de los 177 mil 180 puestos de trabajo reportados en 2008 en la actividad, la pesca silvestre participó con 154 mil 598 personas ocupadas que representan 87.3 por ciento del sector. En la última década en este rubro, la acuacultura ha mostrado un aumento importante, pasando de 5.3 por ciento con el que participaba en el sector en 1998 a 12.7 por ciento en 2008.

Este número de personas ocupadas de acuerdo al Instituto de Estadística, y Geografía (Inegi) de 2009, el personal no remunerado dependiente de la razón social participó con 56.7 por ciento; el personal remunerado, con 25.2 por ciento y el personal no dependiente de la razón social, con el 18.1 por ciento.

Siendo un factor fundamental para este sector que en México, la degradación ambiental y del agotamiento de los recursos naturales ha sido creciente. El Inegi ha estimado a través del Sistema de Cuentas Económicas y Ecológicas de México que la depreciación de los recursos naturales como porcentaje del producto interno bruto ha oscilado anualmente entre 11 por ciento y 14 por ciento, desde 1985 a 2011, por lo que es algo a lo que debiera dársele una mayor atención.

Si bien México cuenta con uno de los litorales más grandes del mundo (11 mil kilómetros de costas) y por ende con un enorme potencial pesquero; y en América Latina es el país con mayor extensión litoral, 40 por ciento el chileno y cuatro veces el peruano. Sin embargo, México se encuentra por debajo de su potencial productivo pesquero al producir la cuarta parte del volumen que Chile produce por kilómetro de playa y la décima parte del volumen que produce Perú. México ocupa el lugar 28 con 1 por ciento de las exportaciones a nivel mundial.

Parte de este fenómeno se explica porque las capturas pesqueras en el país se encuentran estancadas, tanto en términos absolutos como relativos, frente a la producción acuícola.

Por un lado, la pesca mantiene los mismos niveles de producción de hace más de 10 años, cerca de 1.4 millones de toneladas de peso desembarcado, y por otro, el país mantiene su posición en capturas marinas en el mundo.

Una estimación reciente (2012) de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), que estudió 54 pesquerías en México, arroja resultados similares a lo que muestra la Carta Nacional de Pesca: 20 por ciento de las pesquerías sobreexplotadas, 63 por ciento están a su máxima capacidad y 17 por ciento con cierto potencial de desarrollo.

En México, la pesca comercial se lleva a cabo en dos sectores: el industrial (o pesca de altura) y el artesanal (o ribereño). El sector industrial está compuesto por cerca de 2 mil 200 barcos, dedicados principalmente a la pesca de sardina, camarón y atún.

Se estima que este sector emplea a cerca de 47 mil personas de forma directa y genera otros 125 mil empleos indirectos. Mientras dicho sector representa apenas 20 por ciento de los pescadores, captura dos terceras partes del volumen total (68 por ciento) y representa cerca de la mitad del valor de la producción nacional.

Por otro lado, de acuerdo a cifras de Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, la flota ribereña representa cerca de 96 por ciento de las embarcaciones totales del país (78 mil barcos con capacidad menor a 3 toneladas) y emplea entre 110 mil y 190 mil pescadores. El contraste entre ambos es importante, ya que el número de pescadores ribereños es uno de los factores que vuelve la regulación del sector más complicada y por tanto al sector más vulnerable a la pesca irregular.

De ahí la importancia en que el marco jurídico debe estar vigente y aplicarse a cabalidad, toda vez que el acuerdo secretarial número 117 que durante años prohibió que los barcos camaroneros y pesqueros realicen sus actividades en las denominadas: “Áreas de prevención y áreas de exclusión”, para dedicarse únicamente a las actividades a embarcaciones involucradas con la exploración y producción petrolera, logró el pasado 11 de octubre se abriera a la explotación pesquera según se publicó en el Diario Oficial de la Federación.

Efectivamente, en dicho acuerdo se establecen zonas de seguridad para la navegación y sobrevuelo en las inmediaciones de las instalaciones petroleras y para el aprovechamiento integral y sustentable de los recursos pesqueros y acuícolas en zonas marinas mexicanas, tiene el propósito de apoyar a la industria pesquera-camaronera y a miles de familias que dependen de ésta actividad.

Sin embargo, es la fecha que no se publica las zonas de seguridad y áreas fuera de éstas, cuando la autoridad estaba obligada a que saliera para mediados del mes de noviembre del año pasado.

A la letra, el artículo Tercero Transitorio del acuerdo en comento, establece:

...Para los efectos de este acuerdo, las Secretarías de Marina; de Energía; de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; y de Comunicaciones y Transportes, con la intervención que corresponda a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, por conducto de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, darán a conocer mediante publicación en el Diario Oficial de la Federación las zonas de seguridad y áreas fuera de éstas, a que se refieren los artículos primero y segundo de este acuerdo, dentro de los 30 días naturales siguientes a su entrada en vigor. Las modificaciones posteriores a dichas zonas, se darán a conocer mediante publicación en el Diario Oficial de la Federación y a través de los medios electrónicos identificados en los portales oficiales de cada dependencia.

Por lo anterior expuesto, esta proposición busca exhortar a las autoridades correspondientes a dar cumplimiento a este artículo transitorio, ya que es fundamental despuntar una actividad primaria como lo es la pesca, para mejorar la situación económica de quienes la realizan, redundando en mejoría económica para nuestro país.

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, al Instituto Nacional de Pesca, y a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales por conducto de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos a que den cumplimiento en forma inmediata para emitir las zonas de seguridad y áreas fuera de éstas, a que se refiere el artículo tercero transitorio del acuerdo por el que se establecen zonas de seguridad para la navegación y sobrevuelo en las inmediaciones de las instalaciones petroleras y para el aprovechamiento integral y sustentable de los recursos pesqueros y acuícolas en zonas marinas mexicanas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de octubre de 2016.

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 25 de enero de 2017.— Diputada Nelly del Carmen Márquez Zapata (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de la Cámara de Diputados.

REALIZAR OPERATIVOS DE VERIFICACIÓN DE PRECIOS DE LOS PRODUCTOS DE LA CANASTA BÁSICA Y LA TORTILLA

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Profeco a realizar operativos de verificación de precios de los productos de la canasta básica y la tortilla para combatir cualquier aumento injustificado por el alza de la gasolina en la república, suscrita por el diputado Victoriano Wences Real, del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito diputado, Victoriano Wences Real, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo establecido por el artículo 58 del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo con base en las siguientes

Consideraciones

Que es una práctica recurrente a inicio de año, la escalada de precios, con lo cual se afecta la economía de los ciudadanos, sobre todo si tomamos en cuenta que en el aumento de precios, se afecta a los productos que forman parte de la canasta básica.

Aunado a lo anterior, también existen el incremento de servicios indispensables para la ciudadanía como es el caso de la energía eléctrica, lo que repercute directamente en la economía familiar.

Pero la inequidad en las relaciones entre proveedor y consumidor no se circunscribe al servicio de energía eléctrica, existen diversos servicios y productos que se proporcionan en el país, los cuales han generado mucho malestar entre la ciudadanía, quienes han manifestado que existen un aumento desproporcional de precios en productos y servicios, señalando que no les queda otra opción más que soportar estos incrementos, ya que no existe autoridad competente que regule estas relaciones entre proveedor y consumidor.

Que el artículo 20 de la Ley Federal de Protección al Consumidor establece:

Artículo 20. La Procuraduría Federal del Consumidor es un organismo descentralizado de servicio social con personalidad jurídica y patrimonio propio. Tiene funciones de autoridad administrativa y está encargada de promover y proteger los derechos e intereses del consumidor y procurar la equidad y seguridad jurídica en las relaciones entre proveedores y consumidores. Su funcionamiento se regirá por lo dispuesto en esta ley, los reglamentos de ésta y su estatuto.

En este contexto cabe señalar que cuando se anunció la reforma energética el gobierno federal pregonaba que ella, se garantizaría el abasto, a precios competitivos, de energéticos como el petróleo, la luz y el gas natural; al mismo tiempo, anunciaba que se modernizará este importante sector para detonar inversión, crecimiento económico y creación de empleos; mientras que con las reformas fiscal y hacendaria se enarbolaba como una condición apremiante para que el Estado pueda atender las necesidades prioritarias de la población como son la educación, la seguridad social y la infraestructura.

Hoy nos damos cuenta que tras la consolidación de estas “reformas estructurales”, como la vaticinaba el presidente, nuestro país ha cambiado su rumbo, o más bien no hay rumbo.

El año 2017 inició con un aumento a los combustibles fósiles, que ha tenido un mayor impacto en las gasolinas, elevando su valor comercial en la Magna en un 14.2 por ciento, en la Premium en un 20.1 por ciento y en el diésel en un 16.5 por ciento.

Estos aumentos traen aparejado consigo un impacto mucho mayor y más catastrófico para la economía de los mexicanos.

Para arribar a esto es importante tener en cuenta lo manifestado por el analista y doctor en economía por la Universidad de Harvard, Gerardo Esquivel, quien señala que:

A nivel individual habrá un aumento en el costo de vida y por lo tanto un menor nivel de bienestar, y eso es inevitable cuando hay un aumento de la gasolina.

Esta triste conclusión encuentra correspondencia con lo alertado por el Banco de México (Banxico), que estima para este año una inflación de 4.13 por ciento (superior al 3.9 por ciento con que cerró nuestro país en 2016); sin embargo, según estimaciones de analistas de Moody’s Analytics y Grupo Financiero Banorte, la tasa inflacionaria estimada por Banxico para este año podría romperse y alcanzar entre un 4.7 y 5 por cineto.

Por su parte, el presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur), Enrique Solana Sentíes, advirtió que: “El incremento de hasta 20 por ciento en las gasolinas provocará un aumento en los precios de la canasta básica, dado que afecta a toda la cadena productiva y el mayor impacto será en el precio final, el cual recae sobre el consumidor que verá reducida su capacidad de compra”.

Lo hasta ahora expuesto permite concluir que las reformas energéticas, hacendaría y fiscal, luego de su consolidación, han pulverizado la economía de los mexicanos, con un aumento injustificado en el precio de las gasolinas que representa uno de los golpes más funestos al bolsillo de los mexicanos, pero sobre todo, de los que menos tienen, pues si ya de por sí era imposible cubrir las necesidades básicas con el salario mínimo, tal y como lo denunció la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la escalada en los precios como consecuencia del aumento de los combustibles generara un escenario aún más lúgubre y desesperante.

En respuesta, la ciudadanía a todo lo largo y ancho del país ha salido a las calles a manifestarse en contra de lo que han llamado “el mega gasolinazo”, frente a esta presión, el gobierno federal a través de la figura presidencial y el secretario de Hacienda y Crédito Público, han defendido el aumento de la gasolina.

El impacto del aumento de la gasolina ya ha generado daños colaterales, sobre todo en la población de escasos recursos, como es el caso de los habitantes de la región de la Montaña del estado de Guerrero, en donde se encuentran los municipios más pobres del país y en donde el precio de los productos de la canasta básica empieza a incrementarse.

En muchas entidades de la República Mexicana el precio de la tortilla ya subió, siendo este producto un alimento indispensable para las y los mexicanos, tal parece que la espiral inflacionaria, traerá el incremento de productos y servicios, y desafortunadamente no existe un puntual control de la autoridad para inhibir la especulación comercial, ni tampoco el Gobierno Federal ha implementado acciones contundentes que mantengan la estabilidad económica.

Por lo expuesto, y en atención a nuestras obligaciones constitucionales y convencionales para favorecer la protección de los derechos, presento la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente, con pleno respeto a la división de Poderes y el federalismo, exhorta respetuosamente al titular de la Procuraduría Federal del Consumidor, para que el personal de dicha institución realice operativos de verificación de precios de los productos de la canasta básica y la tortilla, esto para combatir cualquier aumento injustificado, por el incremento de los precios de la gasolina en la República Mexicana, y en caso de existir irregularidades se inicien los procedimientos administrativos para aplicar las sanciones correspondientes.

Notas

1 Véase más en

http://www.presidencia.gob.mx/reformaenergetica/#!landing

2 Véase más en http://reformas.gob.mx/reforma-hacendaria/que-es

3 Gerardo Esquivel. BBC. Mundo. México: qué consecuencias traerá el “gasolinazo”, la abrupta subida del precio de la gasolina en 2017. 28 de diciembre de 2016.

4 Banco de México. Encuesta sobre las Expectativas de los Especialistas en Economía del Sector Privado: Diciembre de 2016. 16 de diciembre de 2016.

5 Yolanda Morales. El Economista. Inflación en 5 por ciento durante 2017, por gasolina, gas y tipo de cambio. 1 de enero de 2017.

6 Redacción. Excélsior. Gasolinazo provocará aumento en precios de canasta básica: Concanaco. 28 de diciembre de 2016.

Dado en la sede de la Comisión Permanente, el 25 de enero de 2017.— Diputado Victoriano Wences Real (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Economía, de la Cámara de Diputados.

PROMOVER CAMPAÑAS INFORMATIVAS E IMPLEMENTEN ACCIONES DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE ENFERMEDADES RELACIONADAS CON LA DEPRESIÓN EN EL PAÍS

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Ssa a promover con sus homólogas locales y en el marco de sus atribuciones campañas informativas e implantar acciones para prevenir y atender enfermedades asociadas a la depresión, suscrita por senadores del Grupo Parlamentario del PRI

Los suscritos, senadores de la República integrantes del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a la consideración de esta honorable Comisión Permanente la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Entre la gama de enfermedades que afectan a la población a nivel mundial, destaca la depresión, la cual limita las oportunidades económicas y sociales, en detrimento del bienestar y la calidad de vida de las personas.

Se trata de un problema grave de salud pública, que ha venido creciendo de manera exponencial. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), es un trastorno mental frecuente y la principal causa de discapacidad, que contribuye de forma significativa a la carga general de morbilidad.

Es producto de interacciones complejas entre factores sociales, económicos, psicológicos y biológicos. Las personas que han pasado por situaciones vitales adversas tienen mayores posibilidades de sufrir depresión la cual, a su vez, puede generar mayor estrés y disfunción, y empeorar el estado del paciente y, por ende, la propia depresión.

La relación entre las enfermedades mentales y físicas es muy reducida. De acuerdo con los especialistas, la depresión que tiene un vínculo nocivo con la salud, al asociarse con otros trastornos como la ansiedad, el consumo de sustancias, la diabetes y las enfermedades cardíacas, con costos económicos y sociales significativos para los sistemas de salud y las familias de los pacientes.

En general, los trastornos depresivos generan importantes niveles de discapacidad, afectan las funciones físicas, mentales y sociales, a la vez que provocan mayor riesgo de muerte prematura. Pueden dificultar la capacidad de las personas para llevar a cabo actividades cotidianas, propiciando un deterioro en el funcionamiento habitual y en la calidad de vida.

También, puede convertirse en un trastorno afectivo bipolar, caracterizado por episodios maníacos y depresivos separados por intervalos con un estado de ánimo normal.

Para dimensionar la magnitud y alcance de esta problemática, la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud, calculan que 25 por ciento de las personas padecen uno o más trastornos mentales o del comportamiento a lo largo de su vida; los trastornos mentales y neurológicos representan 14 por ciento de la carga en el mundo de enfermedades y 22 por ciento en América Latina y el Caribe; más de 350 millones de personas sufre depresión globalmente, mientras que en las Américas la padece 5 por ciento de la población adulta.

La depresión es, pues, el trastorno mental que más afecta a la población en el orbe. Cuando el problema es de larga duración y pasa de una intensidad moderada a grave, puede provocar gran sufrimiento y alterar las actividades laborales, escolares y familiares y, en el peor de los casos, conllevar al suicidio.

Sobre este último punto, cabe destacar que al año se suicidan un millón de personas en el mundo, colocándose como la decimoquinta causa de muerte y la segunda entre los jóvenes de 15 a 29 años de edad.

Si bien existen tratamientos eficaces para la depresión, más de la mitad de los pacientes (y más de 90 por ciento en muchos países) no los reciben, ya sea por falta de recursos y de personal sanitario capacitado, como por estigmatización de los trastornos mentales y la evaluación o diagnósticos erróneos.

México no escapa a esta problemática. Al igual que en el ámbito mundial, en nuestro país existe una alta prevalencia de padecimientos mentales, siendo la depresión uno de los más signifcativos. En contraparte, la agenda para la atención de este tipo de enfermedades es una de las que mayor rezago presenta en el sector salud.

De acuerdo con la Academia Nacional de Medicina, la depresión es la tercera causa de muerte de jóvenes entre 15 y 19 años de edad, y en su mayoría afecta a mujeres. Aunque no se cuenta con cifras recientes y precisas, se calcula que alrededor de 10 millones de personas sufren depresión.

Y, al igual que la tendencia en el mundo, el suicidio representa un problema de salud pública, con más de 6 mil 300 casos en 2014, ocupando la decimoquinta causa de muerte en el país, con una tasa de 5.2 decesos por cada 100 mil habitantes, siendo la causa principal la depresión.

Dado el impacto significativo que tiene la depresión en el bienestar, funcionamiento cotidiano y la calidad de vida de las personas, es necesario ubicarla como un problema fundamental en la agenda pública del sector salud.

Es urgente concientizar a la población sobre sus causas y consecuencias, que es un trastorno cada vez más frecuente y que afecta a personas de todas las edades, de diferentes condiciones socioeconómicas, que puede conllevar a situaciones trágicas.

En tal virtud, es imperativo fortalecer las acciones preventivas y de atención orientadas a reducir los graves efectos producidos por este padecimiento y, en esa medida, mejorar el bienestar y calidad de vida de los mexicanos.

Por lo expuesto, sometemos a la consideración de esta soberanía la siguiente propuesta

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud para que, en coordinación con sus homólogas en las entidades federativas y, en el marco de sus atribuciones, promuevan campañas informativas e implementen acciones de prevención y atención de enfermedades relacionadas con la depresión en el país.

Notas

1 http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0036-3634201300 0100011

2 http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=730 5%3A2012-dia-mundial-salud-mental-depresion-trastorno-mental-mas-frecuente& Itemid=1926&lang=es

3 http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2016/suicidio 2016_0.pdf

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, a 25 de enero de 2017.— (Rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Salud, de la Cámara de Senadores.

NOMBRAMIENTO DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta respetuosamente al gobierno de la Ciudad de México a cumplir a cabalidad, en observancia de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, el nombramiento del secretario ejecutivo del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes de la capital, diferente del director del DIF local, suscrita por la senadora Martha Elena García Gómez, del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, Martha Elena García Gómez, senadora del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, párrafo 1, fracción II, y el artículo 276, fracción I, del Reglamento del Senado de la República, somete a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Un avance trascendental para la niñez y la adolescencia de México es la entrada en vigor de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, la cual tras un proceso de análisis y discusión fue aprobada por ambas Cámaras el 6 de noviembre de 2014 y promulgada el 3 de diciembre del mismo año.

Gracias a esta Ley por primera vez el país cuenta con un Sistema Nacional de Protección Integral de las niñas, niños y adolescentes, que determina la rectoría en el tema de los derechos de la niñez y que se encarga de coordinar de manera efectiva a las instancias y mecanismos en los tres órdenes de gobierno, orientados a promover, proteger y garantizar sus derechos.

En ese sentido, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en adelante “LGDNNA”, en su artículo 1o. menciona como objeto de la Ley crear y regular la integración, organización y funcionamiento del Sistema Nacional de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a efecto de que el Estado cumpla con su responsabilidad de garantizar la protección, prevención y restitución integrales de los derechos de niñas, niños y adolescentes que hayan sido vulnerados.

En su Capítulo Tercero, “Del Sistema Nacional de Protección Integral”, en su artículo 125 establece que para asegurar una adecuada protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, se crea el Sistema Nacional de Protección Integral, como instancia encargada de establecer instrumentos, políticas, procedimientos, servicios y acciones de protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes.

Ahora bien, la LGDNNA establece en su artículo 127 la conformación del Sistema, el cual será presidido por el Presidente de la República. La presencia del Titular del Ejecutivo Federal resulta fundamental para alcanzar la adecuada coordinación entre las autoridades que lo conforman, y denota el carácter primordial que para el Estado mexicano tienen los derechos de niñas, niños y adolescentes.

Así también formarán parte del Sistema Nacional de Protección Integral, el Secretario de Gobernación, el Secretario de Relaciones Exteriores, Secretario de Hacienda y Crédito Público, el Secretario de Desarrollo Social, el Secretario de Educación Pública, el Secretario de Salud, el Secretario del Trabajo y Previsión Social, como el Titular del Sistema Nacional DIF, a los Gobernadores y al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, el Fiscal General de la República, al Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, al Comisionado Presidente del Instituto Federal de Telecomunicaciones, así como representantes de la sociedad civil que serán nombrados por el Sistema, en los términos del reglamento de esta Ley y la participación de niñas, niños y adolescentes.

L a coordinación operativa del Sistema estará a cargo de la Secretaría Ejecutiva,que será un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Gobernación y el cual coordinará las acciones entre las dependencias que integran el Sistema.

Sus atribuciones se encuentran reguladas en el artículo 130 de la LGDNNA que a continuación se enuncian:

Artículo 130.La coordinación operativa del Sistema Nacional de Protección Integral recaerá en un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, que ejercerá las funciones de Secretaría Ejecutiva.

La Secretaría Ejecutiva tendrá las atribuciones siguientes:

I. Coordinar las acciones entre las dependencias y las entidades competentes de la Administración Pública Federal que deriven de la presente Ley;

II. Elaborar el anteproyecto del Programa Nacional para someterlo a consideración de los miembros del Sistema;

III. Llevar a cabo el seguimiento y monitoreo de la ejecución del Programa Nacional;

IV. Elaborar y mantener actualizado el Manual de Organización y Operación del Sistema Nacional de Protección Integral;

V. Compilar los acuerdos que se tomen en el Sistema Nacional de Protección Integral, llevar el archivo de éstos y de los instrumentos jurídicos que deriven, y expedir constancia de los mismos;

VI. Apoyar al Sistema Nacional de Protección Integral en la ejecución y seguimiento de los acuerdos y resoluciones emitidos;

VII. Celebrar convenios de coordinación, colaboración y concertación con instancias públicas y privadas, nacionales e internacionales;

VIII. Administrar el sistema de información a nivel nacional a que se refiere la fracción XV del artículo 125;

IX. Realizar y promover estudios e investigaciones para fortalecer las acciones en favor de la atención, defensa y protección de niñas, niños y adolescentes con el fin de difundirlos a las autoridades competentes y a los sectores social y privado para su incorporación en los programas respectivos;

X. Difundir entre las autoridades correspondientes y la población en general los resultados de los trabajos que realice, así como toda aquella información pública que tienda a la generación, desarrollo y consolidación de perspectiva en la materia, desagregada por lo menos, en razón de edad, sexo, entidad federativa, escolaridad y discapacidad;

XI. Asesorar y apoyar a los gobiernos de las entidades federativas, así como a las autoridades federales que lo requieran para el ejercicio de sus atribuciones;

XII. Informar cada cuatro meses al Sistema Nacional de Protección Integral y a su Presidente, sobre sus actividades;

XIII. Proporcionar la información necesaria al CONEVAL, para la evaluación de las políticas de desarrollo social vinculadas con la protección de niñas, niños y adolescentes;

XIV. Fungir como instancia de interlocución con organizaciones de la sociedad civil, academia y demás instituciones de los sectores social y privado;

XV. Coordinar con las Secretarías Ejecutivas de los Sistemas de las Entidades la articulación de la política nacional, así como el intercambio de información necesaria a efecto de dar cumplimiento con el objeto de esta Ley, y

XVI. Las demás que le encomiende el Presidente o el Sistema Nacional de Protección Integral.

Cabe señalar que en cada entidad federativa se instalará un Sistema Local de Protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, que se organizarán y funcionarán de manera similar al Sistema Nacional de Protección Integral, y contarán con una Secretaría Ejecutiva garantizando la participación de los sectores social y privado, así como de niñas, niños y adolescentes.

Por otro lado, la LGDNNA en su Título Quinto “De la Protección y Restitución Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, considera en su Sección Segunda “Del Sistema Nacional DIF” las facultades e injerencia que tendrá dicho Sistema en materia de niñez y adolescencia que a continuación se señalan:

Artículo 120. Sin perjuicio de las atribuciones que establezcan las demás disposiciones aplicables, corresponde a la federación, a través del Sistema Nacional DIF:

I. Proteger los derechos de niñas, niños y adolescentes, cuando los mismos se encuentren restringidos o vulnerados, en términos de esta Ley y las demás disposiciones aplicables. La institucionalización procederá como último recurso y por el menor tiempo posible, priorizando las opciones de cuidado en un entorno familiar;

II. Impulsar la cooperación y coordinación de las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias en materia de protección y restitución de derechos de niñas, niños y adolescentes para establecer los mecanismos necesarios para ello;

III. Celebrar los convenios de colaboración con los Sistemas de las Entidades y los Sistemas Municipales, así como con organizaciones e instituciones de los sectores público, privado y social;

IV. Promover la formación, capacitación y profesionalización del personal de instituciones vinculadas con la protección y restitución de los derechos de niñas, niños y adolescentes, así como para realizar y apoyar estudios e investigaciones en la materia;

V. Prestar apoyo y colaboración técnica y administrativa en las materias reguladas en esta Ley, a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y

VI. Las demás que establezcan otras disposiciones en relación con la protección de niñas, niños y adolescentes que sean del ámbito de su competencia.

En ese tenor, dentro de la estructura del Sistema DIF, se encuentran las Procuradurías de Protección; la Federación contará con una Procuraduría de Protección que se encargará de dar una efectiva protección y restitución de los derechos de niñas, niños y adolescentes.De la misma manera las entidades federativas y los municipios tendrán Procuradurías de Protección locales.(Artículos 121 de la LGDNNA).

Las atribuciones de estas Procuradurías de Protección se encuentran contempladas en el artículo 122 de la Ley, así mismo el procedimiento para solicitar la protección y restitución integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes está regulado en el artículo 123.

En ese sentido, y del análisis de las funciones y facultades del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Protección Integral y de los Sistemas DIF, destaca que el Secretario Ejecutivo , coordina las acciones entre las dependencias y las entidades competentes de la Administración Pública Federal en materia de protección de los derechos de la niñez y la adolescencia, y por su parte el Sistema DIF se encarga de proteger los derechos de niñas, niños y adolescentes cuando los mismos se encuentren restringidos o vulnerados.

Además, una de las facultades primordiales del Secretario Ejecutivo es la de trasversalizar las políticas públicas de niñez en las dependencias integrantes del Sistema Nacional de Protección Integral.

Por su parte, el Sistema DIF tiene una función de restitución de derechos y establecer los mecanismos para ello.

En conclusión, es de suma relevancia tener una diferenciación de ambas figuras, en el entendido que uno de los avances de la Ley General es dejar la visión asistencialista para pasar a un enfoque garantista de derechos, para ello, se creó la figura del Sistema Nacional de Protección Integral, y se limitaron las facultades de los Sistemas DIF en materia de niñez y adolescencia.

Lo anterior, en virtud de que en la Ciudad de México el pasado 29 de junio, se llevó a cabo la instalación del Sistema local de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes en la cual se nombró a su Secretario Ejecutivo, siendo éste el actual Director General del Sistema DIF de la Ciudad de México.

Al respecto y como se ha mencionado, las funciones de la Secretaría Ejecutiva de los Sistemas de Protección Integral son diversas a las de los Sistemas DIF, puesto que la Ley es clara al diferenciar que el Sistema de Protección construye las políticas públicas en materia de niñez y adolescencia, y que los Sistemas DIF intervendrán en los casos que los derechos de este grupo poblacional hayan sido vulnerados.

Es menester señalar la importancia de diferenciar estas instancias, y que de la misma manera sean diversos funcionarios los que se encarguen de la coordinación del Sistema de Protección y de los Sistemas DIF.

El contar con la misma figura para la coordinación de políticas de niñez y la restitución de derechos sería un retroceso en la visión de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

Por lo expuesto, someto a consideración y aprobación de la honorable Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al Gobierno de la Ciudad de México que en observancia de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes se cumpla cabalmente con el nombramiento del Secretario Ejecutivo del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad, diferente al director del DIF de la Ciudad de México.

Nota

1 Artículo 1, fracción III, de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

Dado en la sede de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en la Sexagésima Tercera Legislatura, al día veinticinco del mes de enero del año dos mil diecisiete.— Senadora Martha Elena García Gómez (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Distrito Federal, de la Cámara de Senadores.

NUEVA ESTRATEGIA DE SEGURIDAD QUE ATIENDA EL TRASTOCAMIENTO DE LA SEGURIDAD PÚBLICA EN TODO EL PAÍS PARA LO QUE RESTA DEL SEXENIO

«Proposición con punto de acuerdo, por el cual se exhorta a la Segob a proponer una nueva estrategia de seguridad que atienda el trastrocamiento de la seguridad pública en el país para lo que resta del sexenio, suscrita por la diputada María Cristina García Bravo, del Grupo Parlamentario del PRD

La suscrita, diputada María Cristina Teresa García Bravo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a esta Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Terminó el año 2016 y con él los buenos propósitos de que el problema de la inseguridad estaría bajo control. Es decir, que el reto principal para el Estado de atender el trastocamiento de la seguridad pública —demanda primordial de la sociedad— no tiene soluciones reales, tangibles para las personas en todo el país, porque la violencia cada día se encamina al alza y las causas que la originan siguen activas como hace 10 años.

Entre las promesas y los discursos oficiales se perdieron las expectativas de solución, ya que las medidas se quedaron cortas y al paso del tiempo las acciones han mostrado su inutilidad o inviabilidad sin precedentes. Porque, lejos del cumplimiento de metas en materia de seguridad a cuatro años del actual gobierno, el 2016 resultó ser el más violento para el gobierno federal. Por ejemplo, sólo de enero a noviembre se registraron 18,915 homicidios dolosos, y ese es el saldo de los esfuerzos encaminados a resolver el problema de inseguridad.

Peor es que al término del cuarto año de gobierno, los retos para la presente administración federal en materia de seguridad pública siguen tan vigentes como en 2012, situación que delata la inconsistencia de la estrategia, no a cuatro sino a 10 años de vigencia. Y no hay visos de que las cosas mejoren hacia los últimos dos años del sexenio, toda vez que no hay una estrategia o replanteamiento del problema de la seguridad, y los planes, acciones y políticas no cambian hacia adelante. El último discurso presidencial sobre política de seguridad, no incluye acciones específicas para detener el fenómeno, mucho menos para aprender a los ex gobernadores acusados de corrupción y de robo al erario que gozan de plena libertad, como los de Veracruz, Quintana Roo, Chihuahua, Durango, Tamaulipas, Nuevo León, Sonora y Coahuila, que incrementaron la deuda en sus estados.

No obstante, el descabezamiento de carteles es solo una de las acciones que a final de cuentas resulta aislada, porque disgrega a los delincuentes y genera reacción hormiga, y desarticulada porque no se empata con otras medidas, como la prevención del delito. Los especialistas coindicen en que el choque frontal contra los grupos del crimen organizado terminó en una fragmentación que dispersó la violencia.

A lo anterior se suman los retos del propio sistema de justicia pendientes de resolver, aún con la entrada en vigor del nuevo sistema penal acusatorio que sigue con rezagos en su aplicación práctica; y todavía no muestra los resultados que de él se esperan. Basta preguntar, qué ha pasado con la capacitación de los cuerpos policiacos, ministerios públicos, defensores públicos y jueces, que no termina por reflejarse en investigaciones, persecuciones y enjuiciamientos efectivos contra aquellos criminales que azotan a la población en todo el territorio nacional, asesinando y trastocando la seguridad. Además, otros factores que impiden el avance de la justicia como es la corrupción, la falta de trasparencia y la rendición de cuentas, así como la impunidad que siguen latentes, y contra los que no se procede.

Ahí están los estados de Guerrero, México, Veracruz, Baja California, Colima, Sinaloa, Jalisco y Chihuahua, presentes a la cabeza en el registro de homicidios. Por lo que puede afirmarse que el problema de la inseguridad no cede. Por ejemplo, los 18 mil 915 homicidios registrados durante los primero de once meses del 2016, representaron un aumento del 21.5 por ciento respecto al 2015. Tan solo Guerrero y estado de México son las entidades con el mayor número de carpetas de investigación por homicidio doloso. Sólo entre enero y noviembre acumularon 2 mil 044 y mil 088, respectivamente. Y en cuanto a la tasa de homicidio, Colima ocupa el promedio más alto con 72 homicidios por cada cien mil habitantes; le siguen Guerrero con 57, Sinaloa con 35 y Chihuahua con 29.

A mayor abundamiento, los operativos de seguridad en los 50 municipios del país en donde se concentra el 42 por ciento de los homicidios del país, falló. Y eso coinciden los especialistas, de que la intervención del gobierno federal no se refleja en mejoría ni en el mediano ni a largo plazo, aún en esos 50 municipios en donde se concentra “porque la violencia no es generalizada”, según el propio gobierno federal, partiendo del diagnóstico que posee el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Sin embargo, no son solo los asesinatos, pues también se suman los desaparecidos (según los datos de Inegi), cuyo registro es de 29 mil 903 entre el fuero común y federal, conforme al Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED). Solo Tamaulipas, que ocupa el primer lugar registra 5 mil 704; también Estado de México con 3 mil 2 y Jalisco con 2 mil 541.

A lo anterior cabe agregar que las bandas del narcotráfico siguen amenazando a la población, pese a las acciones de persecución y prevención del delito resultan aplicadas, que a la postre resultan insuficientes.

Especialistas como Francisco Rivas Rodríguez, director del Observatorio Nacional Ciudadano (ONC), ha dicho que “la prevención es básica. La hemos pedido por 10 años. El problema es que el tipo de prevención que se destinó no fue la adecuada. Esto debido a que muchas de las acciones que se implementaron fueron ocurrencias...”. Pero los efectos en la incidencia delictiva que está a la orden del día.

Además, los focos de violencia no han podido ser atendidos ya que la corrupción trasciende las entidades federativas, y Veracruz del ex gobernador Javier Duarte es el mejor ejemplo. Los gobernadores han sido omisos en preparar y capacitar a los policías, así como en desarrollar el sistema de justicia de las entidades federativas.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Gobernación, para que en el marco de sus atribuciones y facultades, proponga una nueva estrategia de seguridad que atienda el trastocamiento de la seguridad pública en todo el país para lo que resta del sexenio, a fin de contener la ola de violencia que desde hace 10 años ha cobrado la vida de miles de personas.

Nota

1 Datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

Dado en Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de enero de 2017.— Diputada María Cristina García Bravo (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Gobernación, de la Cámara de Diputados.

INVESTIGAR, CONOCER Y RESOLVER EL HOMICIDIO DE TRES MENORES DE EDAD EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL ALLENDE, GUANAJUATO, OCURRIDO LA MADRUGADA DEL SÁBADO 14 DE ENERO

«Proposición con punto de acuerdo, por el cual se solicita a la PGR que ejerza su facultad de atracción para investigar, conocer y resolver el homicidio de tres menores de edad ocurrido la madrugada del sábado 14 de enero en San Miguel de Allende, Guanajuato, a cargo de la diputada María Bárbara Botello Santibáñez, del Grupo Parlamentario del PRI

La suscrita, diputada federal María Bárbara Botello Santibáñez, integrante del Grupo Parlamentario del PRI a la LXIII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta asamblea, proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguiente

Exposición de Motivos

La madrugada del sábado 14 de enero de este año, alrededor de la 1 de la madrugada, elementos de la policía estatal acudieron a una finca ubicada en la colonia Lomas de San José en el municipio de San Miguel de Allende con el objetivo de enfrentar a un supuesto grupo delictivo armado. El saldo arrojó únicamente el homicidio de 3 menores de 4, 8 y 11 años de edad, además del decomiso de armas y drogas.

Este hecho ha provocado una gran indignación en la entidad y sobre todo en San Miguel de Allende y los vecinos que conocen a los padres y familiares de las víctimas, a partir de que la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guanajuato señaló al padre de los menores asesinados como responsable de haberlos privado de la vida y lo vinculó a proceso.

El padre, quien responde al nombre de Antonio Luna, trabajaba en esta finca como velador y estaba allí con su familia el día de los hechos.

La acusación que ha hecho la Procuraduría del estado se pone en entredicho a partir de que la señora Juana Luna, madre de los menores asesinados, ha declarado que la acusación es falsa, pues refiere que estaban dormidos cuando escuchó un carro y muchos gritos, su esposo se levantó rápido y hubo muchos disparos.

Posteriormente, hombres que no se identificaron como policías irrumpieron en su casa, ingresaron al domicilio y les dijeron que los matarían, que se los iba a “cargar la chingada”.

Asimismo, ha relatado que estas personas pusieron un arma en las manos de su esposo, él la tomó en sus manos y uno de ellos con guantes se la volvió a quitar. En su desesperación por saber que sus hijos menores de edad se encontraban dentro del domicilio, pidió verlos, pero estos la cuestionaron preguntando quién había matado a los menores. En ese momento, acusaron a su esposo de haberlos privado de la vida.

Durante las declaraciones ante el Ministerio Público, la madre de los menores asesinados narró estos hechos, pero le dijeron que sus declaraciones ya no importaban porque se habían realizado los peritajes de balística que señalaban como culpable del homicidio a su esposo, amén de que él ya había confesado ser el responsable, sin haber tenido la defensa y asesoría jurídica adecuada e inmediata de un abogado durante su primer declaración, como parte de los derechos en el procedimiento previstos en el Código Nacional de Procedimientos Penales.

Está claro que como en muchas otras investigaciones de esta naturaleza, siguen existiendo fallas en el debido proceso por el abuso que comenten los elementos de las corporaciones policiales y muchos otros que constituyen una violación a los derechos humanos.

El estado de Guanajuato se ha convertido en los últimos años en una entidad insegura, en el que el número de homicidios dolosos ha crecido significativamente, de acuerdo a los datos mensuales del Sistema Nacional de Seguridad Pública, lo que obliga a que las corporaciones policiales del estado estén mejor preparadas y capacitadas para combatir el crimen organizado y los delitos del orden común, a fin de disminuir los homicidios dolosos en la entidad.

En este caso particular del homicidio de tres menores de edad, se refleja que no solo las corporaciones policiales de Guanajuato no sólo no están capacitadas para hacer su trabajo, sino que violentan los derechos humanos en complicidad con las autoridades del ministerio público al acusar y señalar de homicidio, al padre de los menores de edad.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta asamblea, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente de Honorable Congreso de la Unión solicita respetuosamente a la Procuraduría General de la República, ejerza su facultad de atracción para investigar, conocer y resolver el homicidio de tres menores de edad en el municipio de San Miguel Allende, Guanajuato, ocurrido la madrugada del sábado 14 de enero, en virtud de que existen irregularidades en la investigaciones que realiza la Procuraduría General del Estado de Guanajuato.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 25 días del mes de enero de 2017.— Diputada María Bárbara Botello Santibáñez (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Justicia, de la Cámara de Diputados.

INTENSIFICAR LA PUESTA EN MARCHA DE ACCIONES DETERMINANTES EN FAVOR DE LAS MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Poder Ejecutivo federal a intensificar la puesta en marcha de acciones determinantes en favor de las micro y pequeñas empresas, en el contexto de la depreciación del peso mexicano, el alza excesiva de los combustibles y el cambio de presidente en Estados Unidos, a cargo de la diputada Martha Cristina Jiménez Márquez, del Grupo Parlamentario del PAN, y suscrita por integrantes la Comisión Especial de apoyo a comerciantes en pequeño y microempresarios para fomentar la economía familiar

La suscrita, Martha Cristina Jiménez Márquez, diputada federal, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional y diversos legisladores integrantes la Comisión Especial de apoyo a comerciantes en pequeño y microempresarios para fomentar la economía familiar, todos ellos de la LXIII Legislatura de la honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por la fracción II del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de esta honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Poder Ejecutivo federal para que en el contexto de la depreciación del peso mexicano, el excesivo aumento del precio de los combustibles y el cambio la Presidencia de los Estados Unidos de América, se intensifique la puesta en marcha de acciones determinantes en favor de las micro y pequeñas empresas, conforme a las siguientes

Consideraciones

Primera. Una de las principales razones para la presentación de esta Proposición con Punto de acuerdo, tiene que ver con atender de manera responsable las diversas protestas referidas de manera urgente y reiterativa en las manifestaciones de consternación y desconcierto que se han llevado a cabo a lo largo y ancho del país, al darse a conocer en el arranque de este año 2017 los cambios en la realidad económica a los cuales tendrán que enfrentarse los ciudadanos para solventar su vida cotidiana y de manera paralela y no por eso menos importante, los retos que en este mismo sentido tendrán que enfrentar la mayor parte de los micro y pequeños negocios para poder brincar el cerco y lograr su sobrevivencia y desarrollo.

Segunda.De esta suerte tenemos, que con referencia a las micro y pequeñas empresas la Secretaría de Economía ha planteado una clasificación que bien nos podrá servir de base para analizarlas de acuerdo con su tamaño y conocer el por qué debemos prestarles atención prioritaria.

En esta idea de utilidad, sobresale que las microempresas serán todas aquellas que cuenten con hasta 10 trabajadores como máximo y que además sumen ventas anuales hasta por cuatro millones de pesos, considerando en este rubro a las empresas comerciales, industriales o de servicios.

En consecuencia, se consideran pequeñas empresas para el sector comercial, todas aquellas que tienen desde 11 hasta 50 trabajadores y que cuentan con ventas anuales desde cuatro mil diez pesos hasta cien millones de pesos y para las empresas industriales y de servicios se tiene como referente a aquellas que tienen un número trabajadores que va desde 11 hasta 50; con ventas anuales desde cuatro mil cien pesos hasta cien millones de pesos.

Podemos agregar también, que para efectos de mayor de comprensión de esta proposición, se pone en la mesa el dato meramente referencial -puesto que estamos dirigiendo esta propuesto a las unidades de menor tamaño- de que se consideran como medianas empresas a aquellas unidades comerciales que tienen desde 31 hasta 100 trabajadores, con ventas anuales desde cien mil diez pesos, hasta 250 millones de pesos.

Por otro lado, es de resaltarse que las empresas medianas de servicios serán todas aquellas que cuenten en sus haberes desde 51 hasta 100 trabajadores; con ventas anuales desde cien mil diez pesos hasta doscientos cincuenta millones de pesos. Complementariamente a esto podemos acotar que para el caso de las empresas industriales se puede considerar a aquellas que integren de 51 hasta 250 trabajadores, y que aunado a esto, desarrollen ventas anuales que fluctúen desde cien mil diez pesos, hasta doscientos cincuenta millones de pesos.

Tercera: Por lo que se refiere a la importancia de este tipo de organismos, destaca que las micro, pequeñas y también las medianas empresas, conocidas coloquialmente como Mipymes, son particularmente relevantes para las economías nacionales, debido al gran potencial de generación de empleos que poseen, así como para el desarrollo regional y local. Por lo tanto, representan un excelente medio para impulsar el desarrollo económico y para lograr una mejor distribución de la riqueza.

Cuarta. Paralelamente destaca también que dicha importancia,tiene que ver con que a nivel nacional su número es sumamente elevado. Y esto queda ampliamente demostrado, al considerar que el 99.6 de este tipo de organismos empresariales son de magnitud micro y pequeña.

Esta cifra es verificable en su totalidad, a partir de la presentación de los más recientes datos oficiales, en el más novedoso instrumento de vanguardia en el ámbito de la medición con el que contamos en México, denominado Encuesta Nacional sobre Productividad y Competitividad de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas –ENAPROCE-, que refiere en su versión 2015 puesta a la consideración del público en general el 13 de Julio del 2016 en la Ciudad de Aguascalientes, Aguascalientes, los datos que se detallan a continuación.

Dice la encuesta, que del total de empresas consideradas en ese relevante ejercicio estadístico, que el 97.6% son microempresas y concentran el 75.4% del personal ocupado total. Le siguen las empresas pequeñas, que representan 2% y tienen el 13.5% del personal ocupado.

Quinta. Otro referente de importancia destacado en la Encuesta que nos ocupa refleja en el rubro o clasificación de las Empresas Mexicanas, que según la tipificación del Número de Empresas, las cifras nos dicen que en México se cuenta con un total aproximado de 3 952 422 Microempresas; y como dato complementario se pueden definir como pequeñas a un total de aproximadamente 79 367.

Sexta. Otro dato adicional interesante, tiene que ver con el rubro de la capacitación que nos indica que de las microempresas, solo el 11.5% capacita a su personal. Una cifra más oportuna es el total de unidades pequeñas que sí se ocupa de este rubro, mismo que asciende a 55.8%, cifra que mejora considerablemente en las empresas medianas, puesto que es el 73.7% de ellas las que destinan tiempo y recursos para capacitación.

El elemento de capacitación es resaltar como de amplia relevancia para la presentación del punto de acuerdo, puesto que implica una de las capacidades gerenciales que debieran detonarse, considerando que una gran cantidad de microempresas no está utilizando esta importante herramienta de crecimiento y desarrollo, lo que lógicamente se traduce en mayores deficiencias en la producción de bienes y prestación de los servicios nacionales.

Esta deficiencia se hará aún más visible con la problemática económica actual, por lo que pudiera traducirse en una excelente área de oportunidad en el campo de la implementación de acciones contundentes en favor de las unidades de negocio que nos ocupan.

Séptima. En la condición anterior tenemos también el rubro de la instrumentación de procesos de mejora, donde destaca que de las microempresas, solamente el 9.8% los lleva a cabo, en tanto que es el 30.8 de las empresas pequeñas quienes los realizan, y es el 43.6% de las empresas medianas quienes ejecutan este tipo de acciones; además de aplicar en mayor medida las medidas de solución ante problemas que se presentan en el proceso de producción. Por otro lado también instrumentan procesos de mejora continua para evitar futuras eventualidades.

Octava. Otro de los aspectos que están influyendo en la situación adversa que estamos enfrentando, tiene que ver con que a tan solo unos cuantos días de haber comenzado el 2017, el peso mexicano ha acumulado ya una depreciación cada vez mayor que nos ubica cerca de los últimos lugares en la lista de las divisas comparadas con el dólar estadounidense.

Esto es así porque el peso mexicano se encuentra inmerso en un entorno internacional complicado debido a la volatilidad de los mercados internacionales aunado esto a otros factores como el cambio de la Presidencia de los Estados Unidos, a los vaivenes en la tasa de interés de la Reserva Federal de Estados Unidos, así como a la baja de la mezcla mexicana de crudo, etcétera.

Sin embargo los participantes de los mercados a nivel internacional están diferenciando a la moneda mexicana de una forma más negativa, ya que su depreciación es mucho mayor con respecto a otras, por lo que queda claro que también están influyendo de manera decisiva en este desafortunado acontecimiento, algunos factores internos; así es que el problema de fondo también puede estar en nuestro propio país.

A propósito de la inconveniente y reiterativa depreciación de nuestra moneda, algunos analistas económicos como lo es el director de Moody’s Analytics para América Latina, Alfredo Coutiño, han acotado que “Una moneda no está sujeta a la especulación si los fundamentos de la economía son sólidos”

Así pues, comentamos que entre esos factores internos del país, sobresalen los que subsisten a pesar de las recientes reformas estructurales, como los llamados desequilibrios fiscales.

Aunado a esto se suman las políticas que no cuentan con una rigurosa disciplina en su aplicación, entre las que pueden encontrarse la creciente deuda que ha contraído el gobierno federal, misma que está alcanzando niveles máximos históricos respecto del escaso producto interno bruto que está generando el propio país.

Adicionalmente se suman a estas políticas que pueden calificarse como no muy afortunadas en su diseño, la menor producción de petróleo en el país, así como el severo recorte presupuestal, entre otros indicadores.

Es menester mencionar que todos estos elementos vienen a colación, porque al depreciarse el peso mexicano, una consecuencia lógica y de gran impacto para las micro y pequeñas unidades de negocio, es que el costo relativo de los insumos se encarece, lo que presiona aún más al alza los costos de producción y los precios; afectando negativamente los niveles de inflación a nivel nacional.

Novena.Otroimportante factorque está incidiendo en este entorno desfavorable, es el que tiene que ver con el incremento en los precios de los combustibles, sobre todo por lo que se refiere al ya famoso “gasolinazo”, donde se están presentando importantes aumentos en el precio de gasolina y el diésel y donde se destaca una gran desproporción a la alza por cada litro de este vital recurso, de tal suerte que se perciben preocupantes incrementos para el 2017, que van desde 14.2 por ciento para gasolina magna, 20.1 por ciento para la gasolina Premium y 16.5 por ciento más para el diésel.

Con este desalentador panorama, nos encontramos adicionalmente con que se están llegando a cobrar hasta 6 pesos de impuestos: 2 pesos por concepto del Impuesto al Valor Agregado y 4 más por concepto de Impuesto Especial sobre Producción y Servicios IEPS.

Y eso no es todo, además existe ya una calendarización para la liberar los precios de los combustibles, donde a partir del 18 de febrero del 2017 se tendrá una constante actualización, por lo que se espera que pueden existir más escaladas en los precios en este rubro, impactando de manera negativa el costo de adquirir los productos de consumo básico para la subsistencia de la población y el desarrollo de las empresas.

Otro dato que ha mantenido en alerta a la población es el que se refiere al fenómeno del movimiento del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios –IEPS- que se considera como impuesto al consumo, porque está caracterizado porque el contribuyente lo puede trasladar a terceros, pero que de cualquier manera ese costo llegará de forma definitiva al consumidor final.

Décima.Y por si todo lo anteriorno fuera suficiente e importante por sí mismo, podemos citar otroacontecimiento que está impactando a la sociedad mexicana en su conjunto y se trata de la toma de protesta del nuevo Presidente de los Estados Unidos de América Donald Trump, quien arrancó su candidatura con el lema de “Hacer grande a América otra vez”, y que por otro lado ha señalado reiteradamente que la globalización y la deslocalización de empresas son las causas mayoritariamente responsables del empobrecimiento de las clases medias estadounidenses y además se ha declarado por un lado como partidario decidido de renegociar e inclusive cancelar algunos de los tratados de libre comercio, así como se ha pronunciado con la idea de imponer restricciones proteccionistas hacia todas aquellas empresas para que se establezcan de manera Unilateral en los Estados Unidos de América.

Aunado esto a la amenaza de deportar a miles de inmigrantes connacionales y de la construcción de un muro divisorio, que además -según su propia idea estaríamos pagando los propios mexicanos.

Así, nuestra débil moneda sigue siendo golpeada por la presión de Donald Trump, para que varias empresas sobre todo las automotrices, cancelen sus inversiones en México.

En este contexto, vuelve con toda su fuerza una frase que bien puede constituirse como una profecía autoconstruida no sólo por los Estados Unidos de América, sino por la actitud del resto del mundo en su relación con esa importante potencia y es la de que “Estados Unidos no tiene amigos, sino intereses”. Su autor fue John Foster Dulles, secretario de Estado del que fuera en la década de los cincuentas un notable político y militar norteamericano, Dwight Eisenhower.

Undécima. Por tanto, es de destacar que todos esos factores anteriores juntos, nos dan cuenta de la importancia de este tipo de organismos productivos, así como lo deseable de que estén en posibilidades de enfrentar la problemática que se presenta ante la eventualidad de que la falta de acciones determinantes y de fondo como lo es la de la adecuada capacitación y de instrumentación de procesos de mejora, se suman otros nuevos factores económicos adversos respecto de los cuales poseen una muy escasa capacidad de respuesta, esto debido en parte a la escasa información, por lo que no están lo suficientemente preparados y por ende no cuentan con las mismas oportunidades para tomar las provisiones necesarias para salir adelante exitosamente.

Es por todas las razones y argumentos anteriores que con la intención de atraer la atención respecto de la preocupante problemática detallada a lo largo de este ocurso, así como la decisión de contribuir a mitigar los embates de esta nueva realidad, que a nombre de los ciudadanos y de las distintas unidades de micro y pequeños empresarios, se somete a consideración del pleno de esta Comisión Permanente la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta al Poder Ejecutivo federal para que en el contexto de la depreciación del peso mexicano frente al dólar, el excesivo aumento en el precio de los combustibles y el cambio de la Presidencia de Estados Unidos de América, se intensifique la puesta en marcha de acciones determinantes en favor de las micro y pequeñas empresas, considerando la realización de las actividades siguientes:

a) Se lleven a cabo las reuniones y los análisis necesarios para lograr una ruta crítica perfectamente diseñada y consensuada con los expertos en la materia, direccionada específicamente para el sector de referencia.

b) Se informe a esta soberanía sobre los sectores consultados y sus propuestas.

c) Se estimen las metas, evaluaciones y los indicadores que permitan apreciar de forma global el resultado que se esperan obtener con la puesta en marcha de las acciones.

Segundo.Que la Secretaría de Economía instrumente los mecanismos más eficientes para que las Micro y Pequeñas empresas puedan realizar propuestas a través de una gran plataforma en sintonía con los instrumentos diseñados en el marco de las mejores prácticas de gobierno abierto.

Tercero. Que el Instituto Nacional del Emprendedor determine y ponga en marcha las herramientas más eficientes para el adecuado procesamiento de las quejas y denuncias que interponga el público en general, en caso de incumplimiento por parte de los funcionarios públicos relacionados con este rubro.

Notas

1 Jesús R. Sánchez, Factores de Éxito de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, Caso Chihuahua, ITESM Campus Chihuahua, 2013, Chihuahua, consultado el 15 de Noviembre del 2016 en:

http://www.chi.itesm.mx/investigacion/wp-content/uploads/2013/1 1/NEG30.pdf.

2 Cfr. Para mayor información véase el Boletín de Prensa No. 285/16, Presentado el 13 de Julio del 2016 en Aguascalientes, Ags. (Consultado el 16 de enero de 2017) en

http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/boletines/2016/especiales/ especiales2016_07_02.pdf

3 Ídem.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 25 días del mes de enero del año 2017.— Diputadas: Martha Cristina Jiménez Márquez, Claudia Edith Anaya Mota (rúbricas).»

Se turna a la Comisión de Competitividad, con opinión de la Comisión Especial de Apoyo a comerciantes en pequeño y microempresas para fomentar la economía familiar, de la Cámara de Diputados.

PROGRAMAS DE APOYO AL DIÉSEL AGROPECUARIO Y PESQUERO

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a instruir a la SHCP y a la Sagarpa para reactivar y fortalecer de inmediato los programas de apoyo del diésel agropecuario y pesquero, suscrita por la diputada Natalia Karina Barón Ortiz, del Grupo Parlamentario del PRD

La suscrita, Natalia Karina Barón Ortiz, diputada federal de la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo con el carácter de urgente u obvia resolución, por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal a que instruya a los secretarios de Hacienda y Crédito Público y de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación para reactivar y fortalecer de inmediato los programas de apoyo al diésel agropecuario y pesquero, flexibilizar el ingreso al Padrón de Beneficiarios de Energéticos Agropecuarios y estudie estatuir un fideicomiso de ahorro y financiamiento de combustibles para el sector pesquero y agropecuario.

Consideraciones

El aumento en los precios de las gasolinas ha causado uno de los mayores daños en la economía de la sociedad y no habrá una explicación que baste para resarcirlo. Al titular del gobierno federal parece ignorar que, si bien es cierto que el incremento de los combustibles afectará de manera directa y en lo inmediato a quienes más ingresos perciben por la lógica simplista de que son quienes más consumen gasolina, dicho incremento al precio de los combustibles inevitablemente derivará en un proceso inflacionario general el cual, como todos sabemos, repercutirá en la economía de millones de familias de menores ingresos.

Sin importar las razones o las explicaciones de estos incrementos, como nunca en nuestra historia el gobierno federal hundió a las y los mexicanos en una de las más graves crisis económicas y sociales con el incremento a las gasolinas, a la energía eléctrica y el gas al inicio del año. Crisis que pudo haberse evitado, porque esta situación se sabía desde que se aprobaron las nueve leyes que dieron marco a la reforma energética.

En tal sentido, el gobierno federal tuvo el tiempo suficiente para sensibilizar a la sociedad de lo que había de venir y no sólo eso, al monitorear el comportamiento de los precios internacionales del petróleo, idear las estrategias necesarias para que la liberalización de los precios de los combustibles no afectará de manera tan radical a la sociedad mexicana. Resulta inadmisible la irresponsabilidad de la autoridad el no haber previsto medidas para que el impacto no fuera tan negativo. Ahora, y como ha venido sucediendo a lo largo de este sexenio, ante la inconformidad generalizada de la población se tienen que buscar salidas rápidas que contrarresten el impacto de la escalada inflacionaria en los bolsillos de los mexicanos.

Las acciones que tendrá que emprender el gobierno de Peña Nieto tienen que ser inmediatas y contundentes si no queremos que el país se desborde; es decir, antes de que la tensión social escale a mayores niveles de rechazo, es necesario proponer soluciones que abonen en beneficio de las y los mexicanos.

Una de estas propuestas es la que oficialmente se presentó como el “Acuerdo para el Fortalecimiento Económico y la Protección de la Economía Familiar” que el gobierno federal y diversas organizaciones empresariales, sindicales y productores del campo han signado en el marco de la terrible situación que está viviendo el país, desgraciadamente, las propuestas concretas que propone dicho “acuerdo” no pasan de ser un cúmulo de buenas intenciones que nada resuelven y que en su mayoría ya son atribuciones y responsabilidades que nuestro marco normativo otorga al gobierno federal.

Así por ejemplo, en lo que se refiere al sector agropecuario, se hace el pronunciamiento de que “el sector del campo se compromete a trabajar en la mejora de la productividad del campo en beneficio de los pequeños y medianos productores y de la oferta nacional agroalimentaria”. Esta buena intención hacia los productoras y productores agropecuarios y pesqueros, la encontramos desde siempre como mandato en las leyes, los programas y las políticas públicas que tienen que ver con el sector, sin que por ello se haga nada efectivo hasta la fecha para remontar el rezago en que se encuentran las y los pequeños productores.

Por cierto, dentro de los elementos que menciona el Secretario de Hacienda para explicar el alza de las gasolinas se encuentra la devaluación del peso mexicano frente al dólar; sin embargo, Hacienda pretende ignorar que este mismo factor también le pega a la electricidad y al gas, así como a los insumos estratégicos agropecuarios, sobre todo los de importación como fertilizantes y agroquímicos. Estudios recientes publicados por CONEVAL nos hablan de que si bien la inflación en los precios al consumidor está por abajo del 4%, los precios de los insumos del productor promedian una inflación arriba del 8%, lo cual le resta competitividad al sector y merma sus ingresos.

No ignoramos el programa de estímulos fiscales del gobierno federal al consumo de gasolinas y diésel para el sector agropecuario y pesquero, pero además de selectivo y burocrático, dicho programa es insuficiente para la demanda de miles de productoras y productores del país, muchos de los cuales están fuera del padrón de beneficiarios confeccionado por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca.

Si queremos garantizar realmente la alimentación a las y los mexicanos, impulsar la productividad en el campo, fortalecer la oferta agroalimentaria y proteger a la economía familiar, los apoyos institucionales deben ser suficientes, concretos, inmediatos y urgentes. Por ello estoy proponiendo que se considere por el gobierno federal agilizar la entrega de los apoyos, flexibilizar los trámites burocráticos y ampliar recursos públicos para abaratar los combustibles que requieren millones de medianos y pequeños productores pesqueros y agropecuarios en todo el territorio nacional.

Por lo expuesto y fundado, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición de urgente u obvia resolución con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal a que instruya al secretario de Hacienda y Crédito Público y al secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación para reactivar y fortalecer de inmediato los programas de apoyo al diésel agropecuario y pesquero.

Segundo. La Comisión Permanente exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a que instruya al secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación para flexibilizar el ingreso al Padrón de Beneficiarios de Energéticos Agropecuarios y pesqueros, incluyendo a todas y todos quienes lo soliciten.

Tercero. La Comisión Permanente exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal a que instruya al secretario de Hacienda y Crédito Público y al secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación para estudiar la posibilidad de estatuir un fideicomiso para el ahorro en el uso de combustibles en el sector agropecuario y pesquero, financiar proyectos de modernización y fomentar el uso de tecnologías amigables con el medio ambiente.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de enero de 2017.— Diputada Natalia Karina Barón Ortiz (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego, de la Cámara de Diputados.

FORTALECER LAS ACCIONES PARA PROTEGER LOS ECOSISTEMAS DONDE HIBERNA LA MARIPOSA MONARCA, A FIN DE PRESERVAR ESTA ESPECIE

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Semarnat y a la Profepa a fortalecer en el ámbito de sus atribuciones y de manera coordinada las acciones para proteger los ecosistemas donde hiberna la mariposa monarca, a fin de preservarla, suscrita por senadores del Grupo Parlamentario del PRI

Los suscritos, senadores de la República integrantes del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a la consideración de esta Comisión Permanente la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La biodiversidad y los recursos naturales son fundamentales para el mantenimiento del bienestar humano, y el desarrollo económico y social. Siendo un valor primordial para la supervivencia de las futuras generaciones. Uno de los instrumentos de conservación de la biodiversidad han sido las áreas naturales protegidas, consideradas como lugares especiales en el mundo que son manejadas para la conservación y preservación del medio ambiente.

El Banco Mundial apunta que la pérdida de biodiversidad tiene efectos negativos sobre los medios de subsistencia, el abastecimiento de agua, la seguridad alimentaria y la resilencia a los desastres ambientales, afectando 78 por ciento a las personas en condición de pobreza extrema a nivel global.

En este sentido, dicho organismo, estima que los delitos o daños a los recursos naturales y el medio ambiente en países en desarrollo oscilan en 70 mil millones de dólares al año.

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), señala que México es uno de los 12 países considerados megadiversos y que albergan en conjunto entre 60 y 70 por ciento de la biodiversidad total del planeta junto con Brasil, Colombia e Indonesia.

Nos ubicamos en los primeros lugares de las listas de riqueza de especies en el planeta: En primero en número de especies de reptiles; el segundo en mamíferos; y el cuarto en anfibios y plantas. En nuestro país, se encuentra al menos 10 por ciento de la diversidad terrestre del orbe.

Cabe destacar que a través del decreto presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 9 de abril de 1986, se declaró como áreas naturales protegidas para los fines de la migración, la invernación y la reproducción de la mariposa monarca, así como la conservación de sus condiciones ambientales, ubicada en los municipios de Donato Guerra, Villa de Allende y Temascalcingo, en el estado de México y Angangueo, Zitácuaro en Michoacán.

La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), estimó que a finales del mes de noviembre del año pasado, comienzan a llegar las primeras mariposas monarcas a territorio mexicano y se registraron los primeros avistamientos en el norte del país, en el estado de Coahuila, dentro del área protegida de río Sabinas.

Asimismo, que la reserva de la Biosfera de la Mariposa entre las entidades de Michoacán y estado de México, cuenta con una extensión de 56 mil 259 hectáreas, divididas en tres zonas núcleo y dos zonas de amortiguamiento. Aquí millones de insectos se refugian y entran en su estado de inactividad o hibernación durante el invierno. Para marzo, las mariposas empiezan a despertar y emprenden el vuelo de regreso hasta Canadá y el noreste estadunidense.

Por su parte, diversos medios de comunicación apuntan que en diciembre de 2015, alrededor de 150 millones de mariposas Monarca poblaron cuatro hectáreas del santuario El Rosario, en Michoacán, el más grande del país y el principal refugio para su hibernación.

La Semarnat señala que la mariposa monarca viaja a más de 4 mil kilómetros en ruta migratoria desde el sur de Canadá, cruzando todo el territorio de los Estados Unidos, atravesando por 13 estados de la República Mexicana para llegar a su destino en las zonas de hibernación en el estado de México y Michoacán.

Tan sólo para la temporada 2015-2016 se registraron 9 colonias de mariposas monarca, –4 en Michoacán y 5 en el estado de México– que ocuparon un total de 4.01 hectáreas de bosque. Esta superficie representa un incremento con respecto a la temporada 2014-2015 (1.13 hectáreas) y podría ser una señal de la recuperación de esta mariposa después de llegar a su nivel más bajo en 2013-2014, cuando ocupó solo 0.67 hectáreas.

En este tenor, el 19 de febrero de 2014 en el marco de la Cumbre de Líderes de América del Norte, se acordó establecer un grupo de trabajo trilateral, México, Estados Unidos y Canadá, de alto nivel para la conservación del fenómeno migratorio de la mariposa monarca.

Dicha cumbre se propuso seguir colaborando en la protección de la biodiversidad y hacer frente a otros retos ambientales, como el tráfico de especies silvestres y los ecosistemas en riesgo y establecer un grupo de trabajo para garantizar la conservación de la mariposa monarca, una especie que simboliza transformación y evolución de la vida.

La Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, establece en su artículo 1o., fracciones IV y V “Garantizar el derecho de toda persona a vivir en un medio ambiente sano para su desarrollo, salud y bienestar”; y “Preservar y proteger la biodiversidad, así como el establecimiento y administración de las áreas naturales protegidas”.

Ante este panorama, el gobierno federal ha instrumentado diversas acciones como en el caso del año pasado, en que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) en un comunicado que culminó 26 operativos forestales, 184 recorridos de vigilancia, 49 visitas de inspección a centros de almacenamiento y transformación y madererías, así como 11 inspecciones a predios con autorización de aprovechamiento forestal. Pese a estos importantes avances, existen retos formidables por atender.

Por ello, resulta apremiante que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en coordinación con la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, fortalezcan las acciones para proteger los ecosistemas donde hiberna la Mariposa Monarca, a fin de preservar esta especie, el cual constituye un atractivo turístico que genera empleos e ingresos a las economías locales.

En el Grupo Parlamentario del PRI, legislamos a favor proteger y conservar los ecosistemas y la biodiversidad para que juntos podamos seguir transitando hacia un medio ambiente más sustentable.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente para que, en el ámbito de sus respectivas atribuciones y de manera coordinada, fortalezcan las acciones para proteger los ecosistemas donde hiberna la Mariposa Monarca, a fin de preservar esta especie.

Notas

1 http://www.bancomundial.org/es/topic/biodiversity/overview, consultado el 19 de enero de 2017.

2 http://www.gob.mx/semarnat/documentos/estudio-tecnico-justificativo-para-declar ar-area-de-refugio-a-la-bahia-de-akumal-quintana-roo, consultado el 19 de enero de 2017.

3 https://simec.conanp.gob.mx/pdf_decretos/40_decreto.pdf, consultado el 18 de enero de 2017.

4 http://saladeprensa.semarnat.gob.mx/index.php/noticias/2262-llegan-a-mexico-las -primeras-mariposas-monarcas, consultado el 18 de enero de 2017.

5 http://www.mientrastantoenmexico.mx/cifra-record-de-mariposas-monarca-llega-a-m ichoacan/, consultado el 18 de enero de 2017.

6 http://www.wwf.org.mx/?262370/Aumenta-superficie-ocupada-por-mariposa-monarca-e n-santuarios-mexicanos, consultado el 18 de enero de 2017.

7 https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/7096/Declaracion_Conjunta_CLAN.p df, consultado el 18 de enero de 2017.

8 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/148_130516.pdf, consultado

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 25 de enero de 2017.— (Rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de la Cámara de Senadores.

PRESUNTAMENTE ADMINISTRARON MEDICAMENTOS APÓCRIFOS PARA COMBATIR EL CÁNCER INFANTIL; ASÍ COMO LA APLICACIÓN DE PRUEBAS FALSAS PARA LA DETECCIÓN DEL VIH DURANTE LA PASADA ADMINISTRACIÓN ESTATAL EN EL ESTADO DE VERACUZ

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares de la Ssa y a la PGR a esclarecer los hechos ocurridos en Veracruz donde presuntamente se administraron medicamentos apócrifos para combatir el cáncer infantil, así como la aplicación de pruebas falsas para detectar el VIH durante la pasada administración estatal, suscrita por los senadores Francisco Salvador López Brito, Martha Elena García Gómez y Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del PAN

Francisco Salvador López Brito, Martha Elena García Gómez y Mariana Gómez del Campo Gurza, senadores de la República, de la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Salud y al titular de la Procuraduría General de la República a esclarecer los hechos lamentables que ocurrieron en el estado de Veracruz, donde presuntamente se administraron medicamentos apócrifos para combatir el cáncer infantil; así como también la aplicación de pruebas falsas para la detección de VIH durante la pasada administración estatal, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Después de culminada la administración de Javier Duarte en el estado de Veracruz, han salido a la luz graves irregularidades, pero las últimas noticias han evidenciado hechos que son totalmente reprobables e inadmisibles, tal como los casos de niños enfermos de cáncer que recibieron agua destilada en lugar de los medicamentos apropiados en quimioterapias.

Derivado de diversas investigaciones se evidenció que el medicamento que se administraba a niños no era realmente tal, sino que era un compuesto inerte, a base de agua destilada (justificando la aplicación de la misma, a desvíos de recursos e insuficiencia presupuestal); los cuales eran administradas en el Centro Estatal de Cancerología a niños con cáncer, de acuerdo a datos proporcionados por el actual gobernador del estado Miguel Ángel Yunes.

Adicional a estos hechos, se están investigando los casos relacionados con medicamentos que se encontraron en bodegas y que ya habían superado o pasado la etapa de caducidad y pruebas de detección de VIH falsas.

Los lamentables hechos se habrían conocido desde 2011 y en él estarían involucradas varias empresas distribuidoras de medicamentos oncológicos: Sociedad Comercializadora Especialidades Médicas del Sureste (empresa que facturó alrededor de 109 millones de pesos en contratos de 2007 a 2013), Oncopharma, LABBSA, Suministro MAXBEC y LlDMED, a las cuales es preciso investigar y que este asunto sea atendido directamente por la Procuraduría General de la República debido a su magnitud.

La primera vez que se detectaron irregularidades con el medicamento Avastin, fue el 6 de julio de 2010, cuando Fidel Herrera aún era gobernador y personal médico notificó que había un medicamento que era cualquier otra cosa menos quimioterapia, notificaciones que fueron ignoradas.

De acuerdo a datos revelados por Grupo Roche Syntex de México (quien posee la patente de Avastin, el medicamento que presuntamente se había administrado), concluyó que dicho lote no estaba en sus registros, tampoco correspondía a ellos la factura del pago hecho por el mismo y sobretodo, que no contenía principio activo; sucesos ocurridos entre el final de la administración de Fidel Herrera Beltrán y en el inicio del gobierno de Javier Duarte. Sin embargo, se hizo caso omiso de la advertencia de Grupo Roche y siguió surtiéndose de las compañías de Xalapa.

Desde el 5 de mayo de 2011, ya con Duarte en el poder, se reveló una nota que refiere que Iván López Fernández, contralor de la entidad, reconoce que “en la Secretaría de Salud se entregó medicamento clonado”, el entonces el contralor puntualizó que el distribuidor del medicamento serían quien respondería por la irregularidad detectada; así como también señala que durante el sexenio de Herrera Beltrán se llevó a cabo la compra y distribución entre pacientes del medicamento apócrifo.

Enrique Arredondo, director de Asuntos Jurídicos de la Servicios de Salud de Veracruz (Sesver) y Frank Zurita Duarte, subsecretario de adquisiciones de la misma dependencia, y otros funcionarios de la secretaría en su momento sólo determinaron suspender la adquisición directa a Especialidades Médicas del Sureste y hasta el día de hoy la investigación continúa, pero no se han dado a conocer los resultados definitivos.

Por su parte, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) indicó que iniciará una serie de investigaciones para corroborar las presuntas quimioterapias falsas, derivada de la instrucción que giró el secretario de Salud del gobierno federal, con el objetivo de analizar el caso e iniciar el procedimiento de verificación sanitaria y poner en marcha el protocolo de atención médica e identificar los fármacos caducos o que ya hayan sido utilizados con anterioridad.

Con estas investigaciones se deberá iniciar un proceso de verificación sanitaria que debe tener el propósito de identificar los protocolos de atención médica y la identificación de medicamentos que hubieran sido utilizados; así como también, de realizar un muestreo aleatorio de expedientes clínicos, la identificación del medicamento utilizado, la identificación del laboratorio responsable de la producción y de la comercialización y distribución; para finalmente, encontrar medicamentos vigentes que correspondan a los que hubieran sido utilizados tomar nuestra.

Antonio Nemi Dib, ex titular de la Secretaría de Salud, señaló que también se dieron pruebas falsas de VIH-Sida, para lo cual acusó que el ex administrador de la dependencia es el responsable de las omisiones en la compra de medicamentos caducos.

De acuerdo a una solicitud de información (0001200244315) obtenida en la plataforma Infomex arrojó que en el lapso comprendido entre 2013 y 2014 y el primer trimestre de 2015, el Centro Estatal de Cancerología Doctor Miguel Dorantes Mesa, con sede en esta capital, registró 32 decesos de menores de edad, de acuerdo con los “cubos de defunciones” del Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia de la Secretaría de Salud federal.

Mientras que en el caso de las mujeres, las cifras son más alarmantes, pues de cáncer cervicouterino y de mama fallecieron mil 719 en Veracruz en el periodo señalado. Otra solicitud de información (0001200244315) destaca que en el primer trimestre de 2015, 109 mujeres mayores de 25 años perdieron la vida por un tumor maligno cervicouterino, mientras que 107 fallecieron por cáncer de mama.

Otro oficio, el SIDSS/DGIS/001602/2015, detalla que en la numeralia de otros tipos de cáncer (colon y recto, vejiga, linfomas, leucemia, páncreas y otros), 45 personas (masculinas y femeninas) perdieron la vida en la entidad en los tres primeros meses de 2015.

De acuerdo a lo anterior, las escalofriantes cifras que aporta la Secretaría de Salud federal señalan que en promedio una de cada diez muertes por cáncer en el país ocurre en Veracruz.

El cáncer de boca, estómago, colon, hígado, páncreas, tráquea, pulmón, leucemia, ovarios, vejiga y linfomas ha ocasionado 324 decesos en Veracruz entre 2013, 2014 y el periodo de enero a marzo de 2015.

En 2013, por ejemplo, 78 personas murieron de leucemia en la entidad y 65 un año después. En lo que va de 2017, nadie ha fallecido de ese tipo de cáncer. En contraste, en 2014, nueve personas murieron de linfomas, y en lo que va de este año han perdido la vida 26, una cifra atípica.

Se tiene información que el hospital de Cancerología Miguel Dorantes Mesa, no tiene liquidez presupuestal, situación que se ve reflejada en las constantes cancelaciones de quimioterapias y la falta de reactivos para detectar la enfermedad, según familiares de personas que acuden constantemente a dicho nosocomio; pero nada justifica el uso de medicamentos apócrifos o caducos para engañar a las personas.

Asimismo, el fiscal general del estado de Veracruz, Jorge Winckler Ortiz, informó que algunas denuncias por el suministro de medicamentos y tratamientos falsos para pacientes de VIH-Sida y con cáncer fueron determinadas como “no ejercicio de la acción penal” en la pasada administración, hecho totalmente reprochable; ante ello, se aseguró que esas investigaciones no pueden reabrirse por ley, pero hay otras que continúan su curso y se les dará seguimiento para dar con los responsables de aplicar supuestamente agua salina a niños pacientes con cáncer.

Diversos abogados del Colegio del Foro de Abogados del Estado de Veracruz, señalaron que de comprobarse que los menores del Centro Estatal de Cancerología (Cecan) recibieron quimioterapias falsas, los culpables deberán recibir severas sanciones de acuerdo al Código Penal del Estado de Veracruz, ya que este hecho se trata de delincuencia organizada e intento de homicidio; además de destacar que con los niños, las personas discapacitadas y los adultos mayores, debe de haber mayores cuidados, esto de acuerdo al Pacto Internacional de Sanación.

De esta manera, en mi carácter de representante popular, y presidente de la Comisión de Salud del Senado de la Republica, condeno categóricamentelas acciones mencionadas anteriormente y exijo una investigación clara y precisa para conocer las presuntas irregularidades en la aplicación de tratamientos de quimioterapia y pruebas de detección de VIH.

Por lo anterior expuesto, me permito someter a la consideración de esta honorable soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. El Senado de la República exhorta al titular de la Secretaría de Salud y al titular de la Procuraduría General de la República a esclarecer los hechos inadmisibles que ocurrieron en el estado de Veracruz, donde presuntamente se administraron medicamentos apócrifos para combatir casos de niñas y niños con cáncer; así como también la supuesta utilización de pruebas falsas de detección de VIH, durante las dos últimas administraciones del gobierno estatal de la entidad antes mencionada y castigar severamente a quienes resulten coludidos y responsables en estos actos.

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 25 de enero de 2017.— Senadores: Francisco Salvador López Brito, Martha Elena García Gómez (rúbricas).»

Se turna a la Comisión de Justicia, de la Cámara de Senadores.

ERRADICAR LA VIOLENCIA FEMINICIDA CONTRA LAS MUJERES EN EL ESTADO DE MÉXICO

«Proposición con punto de acuerdo, por el cual se exhorta al gobierno del estado de México a reforzar las estrategias, acciones y políticas públicas que erradiquen la violencia feminicida en la entidad, suscrita por la diputada María Cristina García Bravo, del Grupo Parlamentario del PRD

La suscrita, diputada federal María Cristina Teresa García Bravo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a esta Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

En nuestro país, datos de 2014 emitidos por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), habla de una población total de 125.386.000 millones de personas en el país, donde la población femenina es mayoría, con 63.017.797 mujeres, lo que supone el 50.26% del total, frente a los 62.368.036 hombres que son el 49.74%.

Pese a ser la población mayoritaria de México, las mujeres, jóvenes y niñas, al igual que las mujeres del mundo, enfrentan cotidianamente la creciente violencia de género y su máxima y violenta representación: el feminicidio.

Sabemos que la violencia ejercida contra las mujeres es la más antigua, la más fuerte, variada y la más extendida en todo el planeta. Así entonces, la violencia contra las mujeres representa una violación a los derechos humanos, y constituye uno de los principales obstáculos para lograr una sociedad igualitaria y plenamente democrática.

El incremento de la violencia contra las mujeres ha propiciado que hoy nuestro país, además sea conocido en el mundo por el narcotráfico, el trabajo doméstico en servidumbre, la explotación laboral en las maquiladoras, la explotación sexual infantil, el tráfico de personas, la prostitución, la pornografía y el turismo sexual, la exacerbada violencia pública y privada, la institucional, conyugal y familiar, también por la extrema violencia contra las mujeres: el feminicidio.

El feminicidio es un concepto que pretende dar cuenta de su especificidad; el hecho de ser crímenes sexistas y de odio al género. Los feminicidios son la parte extrema y visible de la violencia dirigida contra las niñas y las mujeres, la conclusión de una situación recurrente y sistemática de la violación de sus derechos humanos, violentadas por el sólo hecho de ser mujeres, y asesinadas como resultado de la violencia pública o privada.

La violencia de género, constituye un problema de proporciones pandémicas. Se sabe que al menos una de cada tres mujeres de 15 a 49 años en el mundo ha sufrido maltrato, generalmente por parte de alguien conocido. Entre un 0.3% y un 11.5% referían haber sufrido violencia sexual perpetrada por alguien que no era su pareja.

La violencia contra las mujeres y las niñas y su expresión máxima el feminicidio, no respeta fronteras geográficas, culturales, económicas o edades, y pese al conocimiento de los altos índices de violencia contra ellas, aún no hay acciones efectivas para enfrentarla y por supuesto para erradicarla.

La nula reacción de las autoridades estatales ante la desaparición o muerte de las mujeres, la forma en la que se investigan los feminicidios y los insuficientes programas de protección para prevenirlos, exhiben un trato discriminatorio para este grupo poblacional. Además, en la mayoría de los casos, el origen humilde de las víctimas genera una discriminación de doble impacto: de género y de clase social.

Históricamente, Ciudad Juárez, Chihuahua ha sido el ominoso símbolo de tal fenómeno. La multiplicación de muertes femeninas aparentemente sin sentido, con graves rasgos de violencia y sin culpables. Sin embargo, en la actualidad, el Estado de México es el escenario de un gran número de crímenes con estas características y también es notoria la impunidad para quien comete este tipo de delitos, las constantes fallas en la procuración y administración de la justicia y -sobre todo- en la violación sistemática de los derechos humanos de las mujeres.

Actualmente, las mujeres que se encuentran más expuestas a la violencia de la pareja o de cualquier otro agresor son las jóvenes y de edades medias (entre 20 y 39 años). En particular las mujeres entre 30 a 39 años, 68 de cada 100 han enfrentado al menos un episodio de violencia o abuso, llegando al 78% en el Estado de México.

Cabe señalar que sobre estos casos de las mujeres muertas por violencia, el manejo de la información en los medios de comunicación, es cruel e ignominiosa en cualquier lugar de la República. Así como la actitud de las autoridades del Estado de México responsables de la impartición de justicia, ya que no sólo es de indiferencia, sino denigrante para las víctimas y para sus familias, como si las mujeres no fueran seres humanos con derechos para demandar el acceso a la justicia eficiente y eficaz. El mensaje es entonces; “Las mujeres no valen nada, puede matarlas cualquiera, además contará con impunidad”.

El Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), indicó en su último informe, “Estudio de la implementación del tipo penal de feminicidio en México: Causas y consecuencias 2012 y 2013”, al igual que el Observatorio Ciudadano Nacional del feminicidio (OCNF), que los estados con mayor incidencia en feminicidios son: Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México, Guerrero, Jalisco, Estado de México, Nuevo León, Oaxaca, Puebla y Sinaloa.

Se menciona que, 19. 6 mil 488 mujeres fueron asesinadas entre 2013 y 2015, de acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas. Así también se destaca que la mayoría de los feminicidios no se investigan como tal, pese a que en estas entidades cuentan con protocolos de actuación e investigación contra este delito.

El caso específico del Estado de México, donde entre 2005 y 2011, se certificaron mil 997 feminicidios intencionales, representando el 16% de estos asesinatos a nivel nacional. También se detalla que sólo en 9 de todos los municipios del Estado de México en el periodo de 2005 a 2011, la tasa de asesinatos cerró en cero. Lo que significa que en la mayoría de los municipios hubo feminicidios.

Entre los municipios de mayor riesgo, destaca el municipio de Ecatepec,donde habitan más de 849 mil mujeres y 806 mil hombres,el cual se convirtió en el municipio más mortífero para una mujer.

Cabe señalar que el Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República, advirtió que los feminicidios en nuestro país se han incrementado en los últimos años y afectan tanto a niñas como a mujeres de distintas edades, resaltando que entre los años 2000 y 2015, el Estado de México representa la entidad con el mayor número de víctimas de homicidio femenino, pues se registraron cinco mil 163 asesinatos de niñas y mujeres en tierras mexiquenses. Asimismo, de acuerdo con el Observatorio Ciudadano Nacional del feminicidio, indica que de enero de 2015 a junio de 2016, fueron asesinadas 550 mujeres en el Estado de México, pero sólo 18 por ciento de los casos son investigados como feminicidio.

Sin embargo, independiente de la implementación de la Alerta de Violencia de Género, establecida en los 11 municipios más poblados del Estado de México, como son: Ecatepec de Morelos, Nezahualcóyotl, Tlalnepantla de Baz, Toluca, Chimalhuacán, Naucalpan de Juárez, Tultitlán, Ixtapaluca, Valle de Chalco Solidaridad, Cuautitlán Izcalli y Chalco, sigue la creciente desaparición y muerte de mujeres.

Por lo tanto, el gobierno del Estado de México debe garantizar seguridad y el ejercicio pleno de los derechos humanos de la población en su conjunto y particularmente de las mujeres. Pues es lamentable y preocupante el índice de desapariciones y muerte que se han generado en el Estado de México, donde no sólo se secuestra, extorsiona, desapodera de sus pertenencias, viola, abusa sexualmente, tortura y asesina a sus mujeres, sino que también se muestra de manera palpable la más cruda descomposición del tejido social que vive cotidianamente nuestro país.

Por lo anteriormente expuesto es necesario que el Gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila Villegas, refuerce las estrategias, acciones y políticas públicas que logren erradicar este lacerante problema que enfrentan las mujeres de nuestro país y particularmente las mujeres mexiquenses; para ello, se requiere de toda la sensibilidad y el compromiso para lograr superar este gran reto. Y dar soluciones favorables a los innumerables delitos que afectan bienes jurídicos fundamentales, como son: la vida, la integridad física y psíquica, la libertad sexual y la inviolabilidad del cuerpo de las mujeres.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta soberanía, la aprobación de la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único.La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente algobernador del estado de México, Eruviel Ávila Villegas, para que en el marco de sus atribuciones y facultades refuerce las estrategias, acciones y políticas públicas que logren erradicarla violencia feminicida contra las mujeres mexiquenses.

Notas

1 Expansión, http://www.datosmacro.com/demografia/poblacion/mexico

2 Ibídem.

3 Excélsior, México es uno de los países que más violencia contra las mujeres, México, 25/04/2016

4 Ibídem.

5 http://www.animalpolitico.com/2014/05/ -las-muertas-del-estado/

6 Ibídem.

7 http://www.noticiasmvs.com/

8 http://observatoriofeminicidiomexico.org.mx/

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, a 25 de enero de 2017.— Diputada María Cristina Teresa García Bravo (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Igualdad de Género, de la Cámara de Diputados.

PROMOVER Y REALIZAR CURSOS DE DEFENSA PERSONAL DIRIGIDOS A MUJERES, A EFECTO DE PREVENIR Y ENFRENTAR LA VIOLENCIA DE GÉNERO

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte a promover y realizar con el Inmujeres, la Comisión Nacional de Seguridad y los gobiernos locales cursos de defensa personal dirigidos a mujeres, a efecto de prevenir y enfrentar la violencia de género, suscrita por la diputada Ana Georgina Zapata Lucero, del Grupo Parlamentario del PRI

La suscrita, Ana Georgina Zapata Lucero, diputada a la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el siguiente punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

La violencia de género en nuestro país se presenta de forma permanente y en toda la geografía, sin importar condición social, nivel educativo, creencias o edades tanto de perpetradores como de víctimas.

La multiplicidad de los agresores abarca desde las parejas hasta los compañeros de trabajo, pasando por familiares y desconocidos. La prevalencia de este fenómeno oprobioso, que revela el atraso en que aún se encuentra sumida una parte de nuestra sociedad, puede tener verificativo en los hogares, centros de trabajo, las instituciones educativas y en la vía pública, lo que demuestra la inseguridad en que se desarrollan las vidas de millones de mexicanas.

Las formas de violencia que se practican en contra de las mujeres incluyen desde comentarios despectivos y supuestos halagos callejeros, hasta formas mucho más graves como amenazas y agresiones que pueden provocar heridas de consideración o la muerte. La Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2011 (Endireh) señala que, de las 24 millones 569 mil 503 mujeres casadas o unidas en México, 11 millones 18 mil 415 han vivido algún episodio de maltrato o agresión en el transcurso de su vida conyugal, cifra que de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) es reveladora de un alto índice de violencia de género, al representar casi la mitad de las entrevistadas.

Si bien es cierto cualquier forma de violencia de género debe ser motivo de preocupación, independientemente de la forma en que se manifieste, no lo es menos que ésta adquiere mayor relevancia cuando es de naturaleza física, pues a través de ella se busca provocar un daño corporal que puede llegar a ser irreversible. Hablamos no sólo de bofetadas sino inclusive del uso de armas, de ataques que pueden llegar a ocasionar la pérdida de facultades físicas o de la vida misma.

La propia Endireh 2011 señala que las casadas o unidas del país agredidas físicamente por su pareja a lo largo de su relación ascienden a 2 millones 842 mil 309, es decir, 25.8 por ciento de todas las violentadas, por lo que es importante subrayar que la violencia física está principalmente circunscrita a las agresiones de la pareja, tanto así que las mujeres que se encuentran más expuestas a la violencia de pareja o de cualquier otro agresor son las jóvenes o de edades medias, de entre 20 y 39 años.

Aunque esta modalidad de violencia es la menos reportada en la Endireh 2011, llama la atención la cantidad de mujeres casadas o unidas que han sufrido estas experiencias en México, 1 millón 288 mil 793 en total, que representan 11.7 por ciento de todas las que han sufrido maltratos a lo largo de su relación conyugal, cifra no excluyente de otros tipos de violencia.

La violencia de género puede traducirse o escalarse en violencia feminicida, la expresión más brutal de este tipo de violencia, que tiene sus características especiales, pero que además tienen un elemento que debemos destacar: muchos homicidios que se cometen contra las mujeres no son investigados tomando en consideración que podrán tratarse de feminicidios.

Entre 1985 y 2014 se registraron 47 mil 178 defunciones femeninas con presunción de homicidio en la República Mexicana. En ese último año ocurrieron 2 mil 289 defunciones de este tipo, un promedio de 6.3 cada día, una tasa de 3.7 de estas defunciones por cada 100 mil habitantes; pero entre 2008 y 2012 tuvo lugar un incremento importante que alcanzó su cúspide en 2012 con 2 mil 761 defunciones femeninas, con una tasa de 4.6 por cada 100 mil habitantes.

No obstante la reducción a prácticamente la mitad en la tasa de defunciones femeninas con presunción de homicidio entre 1985 y 2007, entre este último año y 2012 hubo un repunte de 138 por ciento, es decir, no solamente se perdió el avance que se había alcanzado en los 23 años previos, sino que, además, se llegó a niveles nunca antes registrados.

A pesar de que existe la idea de que los feminicidios corresponden en su mayor parte a asesinatos de mujeres por parte de su pareja, lo cierto es que tal creencia carece de sustento pues es importante señalar que entre 2006 y 2013, el patrón de lugar donde ocurrió la lesión o agresión, que era mayoritariamente en la vivienda, se ha ido desplazando y en 2009 estaban casi en el mismo nivel, pero a partir de ese año más mujeres son asesinadas en la vía pública, como así ocurrió particularmente de 2010 a 2012, periodo durante el cual casi la mitad de las mujeres fue asesinada en espacios públicos, como áreas comerciales o de servicios, escuelas, oficinas y áreas deportivas, entre otros. Esta situación, a decir de algunas expertas, hace necesario trascender al enfoque de violencia familiar, ya que las mujeres son asesinadas en su mayoría en otros contextos fuera de ese ámbito.

Si la violencia feminicida presenta mayor prevalencia fuera del ámbito del hogar, resulta conveniente establecer una serie de medidas tendentes a proteger a las mujeres cuando se hallan en un espacio público. Evidentemente, la responsabilidad primigenia e inclaudicable de otorgar seguridad corresponde a las instituciones del estado, pero también es cierto que resulta sumamente complejo proporcionar tal garantía en todo tiempo y lugar, por lo que se vuelve entonces una necesidad fomentar la cultura de la prevención entre la población afectada, con el objetivo de disminuir riesgos o saber cómo enfrentarlos en caso de que éstos se vuelvan una realidad.

En este sentido es que deseamos retomar aquellas medidas que se han realizado, tanto dentro como fuera de México, a fin de proporcionar a las mujeres mayores herramientas prácticas para enfrentar la violencia a la que se ven sometidas en los espacios públicos, siendo una de ellas la capacitación en defensa personal.

En efecto, organizaciones de la sociedad civil como Casa Amiga, AC, la cual tiene su sede en Ciudad Juárez, ofrece cursos de defensa personal, los cuales son impartidos por elementos de una empresa de seguridad que ayuda a las mujeres a enfrentar la violencia cotidiana y extrema. El objetivo de tales cursos consiste en aprender a vigilar el entorno, de forma tal que se pueda detectar una situación de riesgo y qué hacer en caso de que ésta tenga verificativo. Dicha capacitación no sólo abarca la pelea física, sino el manejo del lenguaje frente al agresor y es ofrecida de manera gratuita por la referida organización de la sociedad civil. Algunas mujeres que han acudido a estos cursos fueron entrevistadas y aseguraron sentirse más preparadas para enfrentar situaciones de peligro.

No es esta la primera vez que se ofrecen esta clase de cursos en Ciudad Juárez. El entonces presidente del Concejo de Gobierno Municipal de Ciudad Juárez, José Reyes Ferriz, anunció en enero de 2002 que ese mismo mes comenzarían los cursos de autodefensa a mujeres, los cuales se impartirían en los gimnasios municipales con la ayuda de academias de artes marciales.

En marzo de 2003, el entonces presidente de la Asociación de Maquiladoras, Rubén Praga Terrazas, informó que en algunos establecimientos juarenses se daban cursos de artes marciales a las obreras. Tan sólo en uno de ellos se impartió defensa personal a cerca de 700 empleadas, aunque algunas los tomaron a espaldas a sus maridos, toda vez que ellos no estaban de acuerdo con la realización de tal actividad.

En octubre de 2012, el Consulado de Estados Unidos en aquella ciudad fronteriza ofreció cursos de defensa personal y prevención de la violencia en conjunto con tres organizaciones no gubernamentales, como la ya referida Casa Amiga Esther Chávez Cano, Crecimiento Humano y Educación para la Paz y Sembradores de Paz y Esperanza.

Otras experiencias similares se han registrado en diversos lugares de la geografía de España, país donde lamentablemente se ha recrudecido la violencia de género durante los últimos años. Organizaciones dedicadas a la defensa y protección de las mujeres, en coordinación con asociaciones de artes marciales, autoridades y elementos policiacos francos o en servicio, vienen ofreciendo desde hace tiempo cursos de defensa personal a las mujeres de regiones autonómicas y localidades como Aragón, Valencia, Zamora, Estepona, Fuenlabrada, El Escorial, Alhendín, Alcalá de Henares, Aranjuez y Elche, entre otras.

Se tiene noticia también de experiencias similares en lugares tan disímbolos y lejanos como la provincia de Misiones, en la República de Argentina, y en la ciudad de Nueva Delhi, capital de la India, lo que refleja que la inquietud por ofrecer mejores herramientas de defensa a las mujeres ha venido permeando en diferentes países y culturas, donde la constante es la violencia de género.

Derivado de lo anterior, y a efecto de hacer de una iniciativa de la sociedad civil sumamente focalizada una política de estado que redunde en una mayor seguridad de las mujeres, es que proponemos a través del presente punto de acuerdo exhortar a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, para que, en coordinación con el Instituto Nacional de las Mujeres, la Comisión Nacional de Seguridad y los gobiernos de las entidades federativas, promueva y realice cursos de defensa personal dirigidos a mujeres, a efecto de prevenir y enfrentar la violencia de género.

Creemos que tal proposición, si bien es cierto no suple la obligación del estado consistente en otorgar seguridad a las mujeres, de alguna manera puede resultar útil, en tanto que serviría para movilizar hacia un objetivo noble y compartido la participación de la sociedad civil y la actividad de las instituciones gubernamental, elevar la autoestima de muchas mexicanas y promover la actividad física.

Debemos destacar precisamente que la sociedad no ha sido indiferente ante los múltiples llamados que se hacen por garantizar el respeto y los derechos de las mujeres de nuestro país. Tratados, leyes, programas e instituciones han sido aprobados, construidos y puestos en marcha a fin de aprovechar las aptitudes de todas las mexicanas, combatir y erradicar la violencia que se ejerce en contra de ellas, por lo que una iniciativa más creemos abunda, abona y contribuye a disminuir la violencia de género.

La violencia que se ejerce en contra de las mexicanas corre el riesgo de perpetuarse si no se hace algo para prevenirla y sancionarla, esto en virtud de que los valores bajo los cuales han sido educados millones de personas dan por sentado que esta práctica es necesaria para mantener las jerarquías y los roles que hasta ahora se han venido ejecutando en muchos hogares. Si no hacemos algo al respecto, entonces este fenómeno corre el riesgo de reproducirse ad infinitum.

No hay, racionalmente hablando, motivo para suponer que la violencia de género, asesina o no, es un tema irresoluble o atribuible a la mala suerte, por ello es que se vuelve necesario idear nuevos mecanismos que protejan a las mujeres de la sevicia que se ejerce en su contra.

Por lo expuesto y fundado, se somete a la consideración de esta honorable soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único.La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, para que, en coordinación con el Instituto Nacional de las Mujeres, la Comisión Nacional de Seguridad y los gobiernos de las entidades federativas, promueva y realice cursos de defensa personal dirigidos a mujeres, a efecto de prevenir y enfrentar la violencia de género.

Notas

1 La Endireh es resultado del trabajo conjunto entre el Inmujeres y el Inegi, constituida con el objetivo de generar información estadística sobre la frecuencia y magnitud de la violencia de pareja, así como la que experimentan las mujeres en los ámbitos escolar, laboral y comunitario, con el propósito de coadyuvar en la conformación del Subsistema de Estadísticas sobre Violencia, dentro del Sistema Nacional de Información Estadística.

2 Panorama de violencia contra las mujeres en México 2011, Instituto Nacional de Estadística y Geografía, México, 2013, pág. 4. Visto en

http://internet.contenidos.inegi.org.mx/contenidos/productos//p rod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/estudios/sociodemografico/mujeres rural/2011/EUM/702825051266_1.pdf.

3 Ibídem.

4 Ibídem.

5 La violencia feminicida en México, aproximaciones y tendencias 1985-2014. Resumen ejecutivo. Informe realizado por la Secretaría de Gobernación, Instituto Nacional de las Mujeres y ONU Mujeres. Recuperado de

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/84740/La_Vilenci a_Feminicida_en_M_xico__aproximaciones_y_tendencias_1985_-2014.pdf

6 Ibídem

7 Ibídem.

8 Estadísticas a propósito del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer (noviembre de 2015). Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Recuperado de

http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2015/violencia0.pdf

9 Información vista en

http://noticieros.televisa.com/programas-primero-noticias/ 1603/ensenan-mujeres-defensa-personal-chihuahua/#.

10 Visto en http://archivo.eluniversal.com.mx/estados/42677.html.

11. Visto en

http://www.jornada.unam.mx/2003/03/08/052n1con.php.

12 Visto en

http://www.oem.com.mx/elmexicano/notas/n2722069.htm.

13 Visto en:

http://www.laopiniondezamora.es/zamora/2015/11/17/zamora-acoge- curso-defensa-personal/885350.html

http://www.diariosur.es/marbella-estepona/201602/18/comienza-es tepona-curso-defensa-20160218010608-v.html

http://igualdad.osta.es/web/vista/index.php?modulo=noticias&accion=des&id=5071&ssid=51

http://www.ayto-fuenlabrada.es/recursos/doc/SC/Mujer_juventud_i nfancia/Mujer/27301_8118112015173744.pdf

http://clavelocal.com/defensa-personal-y-minuto-de-silencio-en- el-escorial-contra-la-violencia-machista/

http://granadaesnoticia.com/los-alhendinenses-aprenden-tecnicas -de-defensa-personal/

http://agencias.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=2043987

http://nuevomas.com/2015/09/30/curso-de-defensa-personal-para-v ictimas-de-la-violencia-machista/

http://www.diariosur.es/marbella-estepona/201602/18/comienza-es tepona-curso-defensa-20160218010608-v.html

http://pasado.eldia.com/edis/20141014/Defensa-personal-para-muj eres-contra-violencia-genero-laciudad12.htm

http://www.diarioinformacion.com/elche/2015/11/10/curso-defensa -personal-mujeres-victimas/1694827.html

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/10/21/valencia/ 1382360518_519123.html

http://www.objetivodigital.com/noticia/11413/aranjuez/la-polici a-local-impartira-un-curso-de-defensa-personal-destinado-a-victimas-de-la-viole ncia-machista.html

14 Visto en http://www.clarin.com/sociedad/Ahora-quieren-darles-defensa-personal_0_10378962 71.html y

http://www.rtve.es/noticias/20150102/himmat-aplicacion-para-fre nar-violaciones-india/1077820.shtml.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de enero de 2017.— Diputada Ana Georgina Zapata Lucero (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Igualdad de Género, de la Cámara de Diputados.

PROGRAMAS DE SUBSIDIO DEL RAMO 20, DESARROLLO SOCIAL, VINCULADAS AL PROGRAMA DE ESTANCIAS INFANTILES PARA APOYAR A MADRES TRABAJADORAS

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la SHCP a considerar oportunamente las provisiones presupuestales del ejercicio fiscal de 2017 a fin de atender los programas de subsidio del ramo 20, “Desarrollo social”, vinculadas al Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras, suscrita por el diputado Luis de León Martínez Sánchez, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, Luis de León Martínez Sánchez, diputado federal, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la Cámara de Diputados de la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que considere oportunamente las provisiones presupuestales del ejercicio fiscal 2017, a objeto de atender con debida pertinencia los programas de subsidio del ramo 20, desarrollo social, vinculadas al denominado: “Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras”.

Consideraciones

Actualmente muchos países en todas las regiones del mundo cuentan con guarderías/estancias infantiles. El establecimiento de leyes y reglamentaciones sobre éstas implica que se integren a las estrategias y acciones instrumentadas en el marco de políticas públicas orientadas al desarrollo social. Los servicios de guarderías a través de las estancias y centros de desarrollo infantil, forman parte de una tarea del Estado relacionada con los derechos laborales, de la infancia, de las madres y/o los padres.

En México, tanto el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), como el Instituto de Seguridad Social y Servicios de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) fueron por décadas las entidades en las que descansaba la responsabilidad del Gobierno para atender el cuidado infantil en la particularidad de guarderías. Con ese contexto, para el año de 2007 se expide el decreto por el que se crea el Sistema Nacional de Guarderías y Estancias Infantiles, con la intención de proporcionar seguridad social a la población que no se encuentra cubierta por dichas instituciones.

Para atender esa demanda, hoy en día opera el Programa “Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras” que es un esquema direccionado a las madres que trabajan, buscan empleo o estudian y a los padres solos con hijas e hijos o niñas y niños bajo su cuidado de entre 1 y hasta 3 años 11 meses de edad (un día antes de cumplir los 4 años) y entre 1 y hasta 5 años 11 meses de edad (un día antes de cumplir los 6 años) en caso de niñas y niños con alguna discapacidad, a través de subsidios que les permitan acceder a los servicios de cuidado y atención infantil.

Marco normativo

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 4o. estipula;

En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez.

Por su parte la Ley General de Desarrollo Social, señala en su artículo 14 que se promoverán acciones en aras de superar la pobreza mediante la educación, la salud, la alimentación nutritiva y de calidad, la generación de empleo e ingreso, autoempleo y capacitación? protección social y programas asistenciales? y el fomento del sector social de la economía.

A su vez, la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, más allá de que contiene los principios con los que deberán operar las Estancias del país, sean públicos, privados o mixtos, cita en su artículo 1°, que tiene como objeto

... establecer la concurrencia entre la Federación, los Estados, los Municipios, el Distrito Federal y los órganos político-administrativos de sus demarcaciones territoriales, en materia de prestación de servicios para la atención, cuidado y desarrollo integral infantil a nivel nacional, estableciendo las bases para el acceso a los servicios garantizando el acceso de niñas y niños a dichos servicios en condiciones de igualdad, calidad, calidez, seguridad y protección adecuadas, que promuevan el ejercicio pleno de sus derechos.

Asimismo, el programa se inserta en la Meta Nacional “México Incluyente”, establecido en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013­-2018. Que tiene como propósito; “enfocar la acción del Estado, en garantizar el ejercicio de los derechos sociales y cerrar las brechas de desigualdad social que aún nos dividen. El objetivo es que el país se integre por una sociedad con equidad, cohesión social e igualdad sustantiva”.

Igualmente, se alinea al denominado Objetivo 3 del Programa Sectorial de Desarrollo Social, que tiene como propósito dotar de esquemas de seguridad social que protejan el bienestar socioeconómico de la población en situación de carencia o pobreza, así como a la Estrategia 3.1, que establece facilitar el acceso a servicios de cuidado y atención infantil a las madres y padres solos que buscan empleo, trabajan o estudian, para que puedan acceder y permanecer en el mercado laboral o continúen sus estudios.

Estadísticas

Datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), muestran que del año 2005 a 2016 la población femenina económicamente activa mayor a 14 años se incrementó en 27.6 por ciento. Es decir de 16.3 millones en el tercer trimestre de 2005 a 20.8 millones en el tercer trimestre de 2016. Asimismo, en 2016 la participación de las mujeres en el mercado laboral fue más alta en los grupos de menores ingresos que en los grupos de ingresos más elevados. Del total de mujeres ocupadas, para el tercer trimestre de 2016, 49.5 por ciento percibieron entre 1 y 2 salarios mínimos, mientras que sólo el 4.5 por ciento de ellas percibieron más de 5 salarios mínimos.

Cifras del mismo INEGI muestran que de las más de 29 millones de personas ocupadas que se tienen en cerca 5.7 millones de unidades económicas reportadas por los Censos Económicos 2014, las mujeres alcanzaron el 43.8 por ciento. En el sector privado y paraestatal laboraron cerca de 22 millones de personas, de las cuales 41.2% eran mujeres y 58.8% hombres. Los servicios financieros concentran el mayor porcentaje de personal ocupado femenino con el 49.5%, seguido del comercio con el 47.7 por ciento.

Como se puede observar, en la actualidad la inclusión de la mujer al mundo laboral se ha incrementado considerablemente y demanda a las instituciones gubernamentales mayor apoyo en las diversas actividades que actualmente desempeñan para con ello contribuir al sustento de sus hogares. Sin embargo, la decisión de las mujeres de incorporarse al mercado laboral en más de las ocasiones obedece a la suficiencia de lugares posibles para la atención adecuada de sus hijas e hijos que les permita tener el espacio y tiempo necesario para emplearse o capacitarse.

No obstante lo anterior, y de acuerdo al estudio “Guarderías/Estancias Infantiles en México”, elaborado por el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados. En el país 1,157 municipios no cuentan con estancias infantiles de la Secretaría de Desarrollo Social. De igual manera señala que de 2009 a 2014 las guarderías del IMSS han decrecido toda vez que pasaron de 1,568 unidades a 1,395.

Actualmente existen aproximadamente 10 mil responsables o dueñas de estancias que emplean a 52 mil personas de apoyo de manera directa. Las mujeres que laboran en las Estancias Infantiles, tienen un ingreso digno, cuidando a las niñas y a los niños de otras mujeres. Asimismo, hoy en día hay 278 mil madres que se han incorporado al mercado de trabajo y que no hubieran podido hacerlo sin la existencia de las Estancias Infantiles. Cabe hacer mención, que se calcula que actualmente dichas estancias brindan atención alrededor de 293 mil niñas y niños.

En el caso de Oaxaca se tienen registradas 225 Estancias Infantiles, mismas que atienden a un promedio de 40 infantes por estancia y cada una de ellas emplea a 6 asistentes. En dicha Entidad Federativa, es común denominador que mes con mes reciban el pago de subsidios de forma desfasada. Aun cuando las Reglas de Operación precisan que los subsidios deberán ministrarse dentro de los primeros 15 días naturales de cada mes, o en su caso el día hábil siguiente.

Esta situación se replica en otros estados del país, lo que ha generado que estos centros de atención infantil en muchas de las ocasiones no operen adecuadamente e incluso se encuentren en peligro de continuar con sus operaciones, dado su sustentabilidad financiera.

El presente exhorto merece la merece la sensibilidad de los órganos del Estado para resguardar su función, por lo que es necesario que la SHCP considere su objetivo social en apoyo a las madres trabajadoras y padres solteros.

Virtud de lo antes expuesto, me permito someter a consideración de esta asamblea los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero.La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que considere oportunamente las previsiones presupuestales del ejercicio fiscal 2017 a objeto de atender con debida pertinencia los programas de subsidio del ramo 20, desarrollo social, vinculadas al denominado “Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras”.

Segundo.La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como a la Secretaría de Desarrollo Social a fin de atender los retrasos en la entrega de los subsidios del “Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras” en el estado de Oaxaca.

Referencias

1. Guarderías/Estancias infantiles en México.- CESOP-IL-14-CI53GuarderiasEstanciasInfantiles-160608.pdf

2. Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras, para el ejercicio fiscal 2017.-

http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/178742/ROP_ESTANC IAS_INFANTILES_2017.pdf.

3-4. Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013¬-2018.-

http://pnd.gob.mx/wp-content/uploads/2013/05/PND.pdf.

5-6. Instituto Nacional de Estadística y Geografía: A propósito del Dia Internacional de las Mujeres”. www.inegi.org.mx.

7. Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados.- CESOP%20Guarderias%20Estancias%20infantiles% 20en%20Mexico%20(1).pdf

Otras fuentes consultadas:

1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- www.diputados.gob.mx

2. Ley General de Desarrollo Social.- www.diputados.gob.mx

3. Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil.- www.diputados.gob.mx

Palacio Legislativo de San Lázaro. enero 25 de 2017.— Diputado Luis de León Martínez Sánchez (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, de la Cámara de Diputados.

ESTRATEGIA QUE GARANTICE LA SEGURIDAD DEL SECTOR TURÍSTICO EN NUESTRO PAÍS, PRINCIPALMENTE PARA LOS MUNICIPIOS DE SOLIDARIDAD Y DE BENITO JUÁREZ EN QUINTANA ROO

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a implantar de inmediato por la Segob, con apoyo de la Comisión Nacional de Seguridad Pública, los cuerpos policiacos federales y el Ejército, una estrategia para garantizar la seguridad del sector turístico en el país, principalmente en Solidaridad y Benito Juárez, Quintana Roo, suscrita por los diputados Isaura Ivanova Pool Pech y Omar Ortega Álvarez, del Grupo Parlamentario del PRD

Los suscritos Isaura Ivanova Pool Pech y Omar Ortega Álvarez, diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 y 59 del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la atenta consideración de esta asamblea; la siguiente Proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes consideraciones:

1. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal fracciones XII, XIII Bis, XVII, XX y XXVIII, se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Gobernación para que establezca de manera urgente, los mecanismos de coordinación integral de las tareas y cuerpos de seguridad pública y policial, tendientes a la conformación de una estrategia que garantice la seguridad al sector turístico en nuestro país.

Es imprescindible por tanto instar a la cooperación de los diferentes órdenes de gobierno y sus dependencias, para que a través de la coordinación de esfuerzos se coadyuve a la prevención y combate de la comisión de delitos, a fin de salvaguardar la integridad y derechos de las personas y se realicen acciones y operativos mediante esquemas de inteligencia y tecnología de vanguardia, que brinden confianza y certidumbre a la sociedad que visite zonas turísticas.

2. La coordinación que exista sin duda es transcendental y dará muestra de las medidas que deben adoptarse para combatir eficazmente la inseguridad en todo el país. Sin embargo esta tarea en las zonas turísticas, debe contar con la coordinación y despliegue de los cuerpos policíacos federales que auxilien y den certidumbre sobre la permanente y constante protección de seguridad que requieren quienes visitan dichas zonas.

En estos momentos de incertidumbre económica, se debe incentivar al turismo y a la inversión, por ello las zonas turísticas requieren prioridad y especial atención a fin de fortalecer la divisas que generan y que hoy en día representan el 8.5% del PIB. La sociedad necesita tener una mejor precepción sobre la implementación de este tipo de estrategias y trabajos coordinados entre nuestras autoridades.

3. Desde esta tribuna se hace un exhorto respetuoso a las instituciones gubernamentales a nivel federal para que garanticen la realización, el diseño y la implementación de acciones coordinadas, las cuales permitan una adecuada procuración de justicia y seguridad en las entidades cuyas características están relacionadas directamente con la actividad turística.

El propósito del presente exhorto es que se continúen generando oportunidades de impulso económico y social para estas zonas del país y fundamentalmente asegurar un clima de estabilidad y salvaguarda de la integridad y derechos de las personas, sus libertades, el orden y la paz pública.

4.Lo que requiere la sociedad es que prevalezca el estado de derecho como un elemento necesario para el desarrollo, la debida procuración de justicia y de seguridad pública, así como la implementación inmediata de estrategias que garanticen tal propósito al sector turístico en particular.

Por último, en la relación entre la seguridad y el turismo, la Organización Mundial del Turismo ha definido la seguridad turística como la protección de la vida, de la salud, de la integridad física, psicológica y económica de los visitantes, prestadores de servicios y miembros de las comunidades receptoras.

Consecuentemente la seguridad turística debe ser analizada como parte de un sistema integral en el que la federación debe intervenir con sus propios ejes de trabajo, no podemos soslayar que la pautas principales de valoración en la elección de un destino turístico, es la recreación y esta será interpretada de acuerdo a la percepción de que nos desplazamos en un espacio exento de riesgos reales o potenciales.

Por lo antes expuesto, someto a la consideración de esta honorable asamblea, el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal para que a través de la Secretaría de Gobernación se implemente de manera inmediata con el apoyo de la Comisión Nacional de Seguridad Pública, los cuerpos policíacos Federales y el Ejército mexicano, una estrategia que garantice la seguridad del sector turístico en nuestro país, principalmente en estos momentos para los municipios de solidaridad y Benito Juárez; y en general para el Estado de Quintana Roo, realizando las acciones y operativos necesarios para tal propósito.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de enero de 2017.— Diputado Omar Ortega Álvarez (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Gobernación, de la Cámara de Diputados.

IRREGULARIDADES EN LA COMPRA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL MÉDICO, ASÍ COMO EN LA ADQUISICIÓN DE TABLETAS EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE INCLUSIÓN DIGITAL

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Congreso de Guanajuato a realizar por la Auditoría Superior local una investigación exhaustiva sobre las presuntas irregularidades en la compra de fármacos, material médico y tabletas en el marco del Programa de Inclusión Digital, y presentar a esta soberanía un informe pormenorizado de los respectivos avances, suscrita por senadores del Grupo Parlamentario del PRI

Los suscritos, senadores de la República integrantes del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de esta honorable Comisión Permanente la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El estado de Guanajuato presenta importantes rezagos y problemáticas en materia de salud y educación, derechos fundamentales de las personas para lograr su pleno desarrollo. Por ejemplo, no existe una cobertura universal de los servicios de salud, la cual alcanza 85 por ciento de la población; la tasa de mortalidad es de 5.3 por cada mil habitantes y la de mortalidad materna de 39.7 por cada 100 mil nacidos vivos, cifras que se ubican por arriba del promedio nacional.

En este panorama, de acuerdo con medios periodísticos, se han detectado presuntas irregularidades en la licitación de medicamentos. En noviembre de 2016 se presentaron ofertas económicas de la licitación número 40004001-033-16 para medicamentos y material médico del Sistema de Salud Pública de la entidad valuada en mil 200 millones de pesos, donde los proveedores favoritos del gobierno estatal, y que han suministrado esos productos en los últimos años, registraron ofertas prácticamente idénticas.

Sin embargo, se declaró desierta la licitación para la adquisición de medicamentos, material de curación y el servicio de administración y la dispensación de los mismos en modalidad de stock, farmacias y servicio de unidosis para las unidades médicas para el ejercicio 2017.— Cabe destacar que no es la primera vez que esto sucede en la entidad. A finales de 2015, la licitación para la adquisición de medicamentos destinados a hospitales y unidades médicas del Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato fue declarada desierta, debido a que las tres empresas participantes incumplieron con los requisitos establecidos.

El artículo 62 de la Ley de Contrataciones Públicas para el estado de Guanajuato, establece que

La convocatoria y las bases de la licitación deberán contener las mismas condiciones para todos los participantes. Todo aquél que satisfaga los requisitos de la convocatoria y de las bases tendrá derecho a presentar su oferta. El comité proporcionará a los interesados igual acceso a la información relacionada con la licitación de que se trate.

En este mismo sentido, el Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014, señala que “El ISAPEG adquirió con recursos de la Cuota Social y la Aportación Solidaria federal 2014, medicamentos que excedieron el precio de referencia autorizado por 683.4 miles pesos, y medicamentos no incorporados en el Catálogo Universal de Servicios de Salud (Causes) por 41,464.7 miles de pesos. Del Resultado se advierte su reincidencia, toda vez que fue observada por la Auditoría Superior de la Federación en la revisión de la Cuenta Pública 2013”.

En materia educativa, Guanajuato se encuentra entre los 10 estados con mayor rezago educativo del país -con 1.7 millones de personas-, cifra que representa 41.0 por ciento de la población de 15 años y más; en educación superior, las tasas de reprobación es de 15.1 por ciento; la de abandono escolar 15 por ciento y la de eficiencia terminal de 57.6 por ciento; mientras que las de abandono escolar y eficiencia terminal son de 7.3 por ciento y 75.9 por ciento en educación superior, respectivamente.

Como parte de su política educativa, el gobierno estatal ha implementado el “Programa de Inclusión Digital”, con el objeto de fortalecer la equidad y la integración de los alumnos, así como auxiliar a los docentes en el desempeño de sus labores educativas, para garantizar una educación integral y de calidad.

A través de dicho programa, se licitó más de 125 mil tablets para entregárselas a estudiantes y docentes de los niveles medio superior y superior, siendo la meta de 225 mil unidades. Con estas acciones se pretende favorecer el acceso a las tecnologías de la información y el conocimiento para disminuir la brecha digital, fortalecer la preparación profesional del alumnado y disminuir los índices de deserción escolar.

Pero, el gobierno estatal ha incurrido en prácticas irregulares en el proceso de licitación y respecto al uso de recursos, tales como la inflación del costo de adquisición, la falta de transparencia y la utilización de los artículos con tintes electorales favoreciendo a los candidatos del Partido Acción Nacional.

En las licitaciones se han encontrado ciertas anomalías que pueden ser indicativas de un conflicto de interés, como los vínculos entre el secretario de Educación Pública del estado con la empresas Dictema, SA de CV, desde el año 2010, mismas que ganaron el concurso para la venta de las tablets. Con dicha empresa se adjudicó un contrato por 19 millones 738 mil 913 dólares, con los cuales se adquirieron 125 mil tablets, siendo 2 mil 359 pesos el costo por unidad, lo que para otras empresas competidoras supone un sobrecosto de adquisición.

Además, los compromisos adquiridos por la mencionada empresa no han sido cumplidos en los plazos asignados, ya que se han entregado con meses de demora, constituyendo esto una falta al contrato. Existen indicios de que la compra de estos materiales fue hecha con recursos públicos durante las pasadas elecciones para beneficiar a los candidatos panistas.

Los dos casos señalados anteriormente, dan cuenta de presumibles ilícitos y la falta de transparencia que es indispensable investigar y, en su caso, sancionar, ya que atentan contra los principios elementales de una gestión administración pública responsable y de los derechos de los guanajuatenses.

El artículo 134 de la Constitución Política establece los principios para el uso de recursos públicos, los cuales se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez por parte de la federación, los estados, los municipios, el Distrito Federal y los órganos político-administrativos de sus demarcaciones territoriales.

En el Grupo Parlamentario del PRI, estamos convencidos de la necesidad de garantizar la transparencia y rendición de cuentas sobre el ejercicio responsable de los recursos públicos, en la medida que fortalecen la confianza y la credibilidad de los ciudadanos en las instituciones, las autoridades y los servidores públicos.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta soberanía la siguiente propuesta con

Puntos de Acuerdo

Primero.La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Congreso del estado de Guanajuato para que a través de la Auditoría Superior de la entidad y en el ámbito de sus atribuciones, realice un investigacion exhaustiva sobre las presuntas irregularidades en la compra de medicamentos y material médico; así como en la adquisición de tabletas en el marco del “Programa de Inclusión Digital”; asimismo, presente un informe pormenorizado a esta soberanía sobre el avance de las mismas.

Segundo.La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Congreso del estado de Guanajuato para que, a través de la Auditoría Superior de la entidad y en el ámbito de sus atribuciones, informe a esta Soberanía, sobre las sanciones administrativas y penales establecidas contra servidores públicos que por acción u omisión, causaron daños o perjuicios a la hacienda pública estatal por el ejercicio indebido de recursos públicos.

Notas

1 http://www.cronica.com.mx/notas/2016/995380.html

2 http://www.congresogto.gob.mx/uploads/ley/pdf/137/Ley_de_Contrataciones_Publ_RE F_PO_01JUL16.pdf

3 http://informe.asf.gob.mx/Documentos/Auditorias/2014_1528_a.pdf

4 http://www.planeacion.sep.gob.mx/Doc/informes/labores/2012_ 2018/4to_informe_de_labores.pdf

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, a 25 de enero de 2017.— (Rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana, de la Cámara de Senadores.

PROGRAMA DE MANEJO DEL ÁREA DE PROTECCIÓN DE FLORA Y FAUNA CHAN-KIN

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares de la Semarnat, la Conanp, la Sedatu, la Sagarpa y la Profepa a publicar el programa de manejo del área de protección de flora y fauna Chan-Kin, y realizar acciones para protegerla, a cargo de la senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, Silvia Guadalupe Garza Galván, senadora por el estado de Coahuila, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 8, numeral 1, fracción II, y 276 del Reglamento del Senado de la República, así como por el artículo 179 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a los titulares de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, la Secretaría de Ganadería, Agricultura y Pesca, así como la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, a publicar el Programa de Manejo del Área de Protección de Flora y Fauna Chan-Kin, así como realizar diversas acciones respecto a su protección, conforme al tenor de las siguientes

Consideraciones

El Área de Protección de Flora y Fauna Chan-Kin, se encuentra ubicada en el estado de Chiapas, municipio de Ocosingo, en la región conocida como Selva Lacandona.

Es importante destacar que la Selva Lacandona es el reducto de selva alta tropical perennifolia más importante de México, debido a que prevé diversos servicios ecosistémicos entre los que se encuentran: la producción de oxígeno, el control de la erosión del suelo, la producción de agua (siendo la producción de este recurso 30 por ciento del total nacional), asimismo, constituye el hábitat y refugio de diversas especies de flora y fauna, además de ser la región con mayor riqueza de especies de nuestro país.

El Área de Protección de Flora y Fauna Chan-Kin fue decretada el 21 de agosto de 1992, con una superficie de 12,184. 98 hectáreas, se encuentra ubicada junto al río Usumacinta y la frontera con Guatemala; fue creada como un intento por ampliar la superficie de protección de la Selva Lacandona y de esta manera, junto con las regiones de Calakmul en Campeche, el Petén en Guatemala y Belice forman el mayor macizo de selva tropical mesoamericana.

La conservación del Área de Protección de Flora y Fauna Chan-Kin se ve amenazada por diversas problemáticas, entre las que destacan: deforestación, tala de maderas preciosas, reducción del hábitat, extracción ilegal de flora, caza de especies de fauna amenazadas e incremento en la población, lo que genera asentamientos humanos irregulares en la zona.

De continuar con las alteraciones antropogénicas, se podría romper el equilibrio ecológico, así como provocar la reducción de los servicios ecosistémicos y la pérdida de biodiversidad.

Dentro de las especies de fauna representativas que se encuentran en el Área de Protección de Flora y Fauna Chan-Kin, hay muchas con algún nivel de riesgo según la Norma Oficial Mexicana NOM-59-SEMARNAT-2010, destacan las siguientes:

Cabe destacar que el tapir, el jaguar y el ocelote son algunas de las especies que se consideran indicadoras de la salud de los ecosistemas. De igual forma, Chan-Kin posee una especie microendémica: Bagre ( Lacantunia enigmatica) y dos endémicas: Chupaflor canelo ( Amazilia berillyna) y la piñuela ( Morinda yucatanensis).

Asimismo, en el Área de Protección de Flora y Fauna Chan-Kin se pueden encontrar especies de flora que son de importancia ecológica y comercial, como son:

La caoba ( Swietenia macrophylla), la ceiba ( Ceiba pentandra), el ramón ( Brosimum alicastrum), el palo de chombo ( Guatteria anomala), así como especies ornamentales de palmas, helechos y epífitas.

Resulta importante resaltar que el artículo 76 de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, indica que la Secretaría integrará el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (Sinap), con el propósito de incluir en el mismo las áreas que por su biodiversidad y características ecológicas sean consideradas de especial relevancia para el país.

El Área de Protección de Flora y Fauna Chan-Kin fue integrada al Sinap con el número de registro 026, en el año 2000.

Según información del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, en Chan-Kin existen más de 200 asentamientos humanos irregulares, así como otros problemas que han sido reportados desde 1996, tales como los relacionados al ordenamiento territorial, la vigilancia y protección de la zona, así como un inexistente plan de manejo adecuado, que incluya no sólo al Área Natural Protegida, sino a todas las áreas cercanas y sus zonas de influencia, así como el descontrol en el crecimiento de la ganadería y la agricultura.

De tal forma que en las últimas décadas, la Selva Lacandona ha perdido más de 70 por ciento de su extensión original, por la tala ilegal, la extracción de maderas preciosas y de especies de fauna, siendo afectadas todas las Áreas Naturales Protegidas que la comprenden, incluida el Área de Protección de Flora y Fauna Chan-Kin.

Por la riqueza e importancia ecológica que el Área de Protección de Flora y Fauna Chan-Kin representa, resaltando el compromiso que ha hecho México en los distintos acuerdos nacionales e internacionales, así como en la pasada Conferencia de las Partes del Convenio sobre Diversidad Biológica, celebrada en Cancún en diciembre de 2016 y tomando en consideración que, mientras no exista un programa de manejo adecuado que busque resolver los conflictos generados en esta área natural protegida (ANP), así como garantizar la protección de sus recursos naturales, solicito que las autoridades correspondientes realicen las acciones correspondientes para publicar el programa de manejo.

La senadora que suscribe, somete a la consideración de esta soberanía la proposición siguiente

Puntos de Acuerdo

Primero.La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a que remita a esta soberanía de manera urgente una respuesta sobre el estatus del proyecto para el Programa de Manejo del Área de Protección de Flora y Fauna Chan-Kin y que en el ámbito de sus facultades, publique de manera inmediata dicho programa, que permita tomar acciones de conservación y evite la extracción de especies de fauna, así como de maderas preciosas.

Segundo. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a que en el ámbito de sus facultades y en coordinación con la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, realicen los estudios ecológicos, poblacionales y de riqueza de especies necesarios para identificar las condiciones actuales en que se encuentran las especies de flora y fauna más representativas del Área de Protección de Flora y Fauna Chan-Kin, con la finalidad de evaluar el grado de perturbación del área, así como remitir a esta soberanía de manera urgente dicha información.

Tercero. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, a que se actualice y utilice como referente en la creación del programa de manejo, la información que permita considerar e integrar los criterios que se enlistan en el presente, por los cuales esta ANP fue integrada al Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas, dichos criterios son:

1. Riqueza de especies;

2. Presencia de endemismos;

3. Presencia de especies de distribución restringida;

4. Presencia de especies en riesgo;

5. Diferencia de especies con respecto a otras áreas protegidas previamente incorporadas al Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas;

6. Diversidad de ecosistemas presentes;

7. Presencia de ecosistemas relictuales;

8. Presencia de ecosistemas de distribución restringida;

9. Presencia de fenómenos naturales importantes o frágiles;

10. Integridad funcional de los ecosistemas;

11. Importancia de los servicios ambientales generados, y

12. Viabilidad social para su preservación.

Cuarto. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano a que remita a esta soberanía de manera urgente, información sobre los conflictos generados por asentamientos humanos irregulares, ausencia de un ordenamiento territorial y la tenencia de la tierra en el Área de Protección de Flora y Fauna Chan-Kin, así como presentar un plan de acción que resuelva los múltiples conflictos generados en esta zona.

Quinto. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, a que remita a esta soberanía de manera urgente, información sobre el desmonte acelerado para generar zonas de producción ganadera y agricultora, así como información del posible impacto que puede tener la reducción del hábitat por expansión de potreros y de zonas de siembra, en la pérdida de la biodiversidad, así como implementar diversas acciones, planes o programas que prohíban el incremento de zonas ganaderas y de agricultura dentro y fuera del Área de Protección de Flora y Fauna Chan-Kin.

Sexto. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, a que en coordinación con la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas y en el ámbito de sus facultades, implementen a la brevedad un Programa de Monitoreo y Vigilancia Ambiental, que garantice el estatus de protección del Área de Protección de Flora y Fauna Chan-Kin, detallando las acciones y compromisos que asumen ambas instituciones para garantizar la efectiva protección y conservación del Área Natural Protegida.

Asimismo, que remitan a esta soberanía de manera urgente, información sobre la tala y extracción de maderas preciosas en la zona, así como la tasa de cambio de uso de suelo y deforestación que ha sufrido en la última década.

Notas

1 Natura Mexicana, Alianza WWF-Telcel, 2015. Conservación y Desarrollo Sustentable en la Selva Lacandona. Consultado el 17 de enero del 2017 en:

http://www.biblotecanatura.org/conservacion-y-desarrollo-susten table-en-la-selva-lacandona/index.php/sec1.

2 DOF, 1992. Diario Oficial de la Federación. DECRETO por el que se declara área natural protegida con el carácter de área de protección de flora y fauna silvestres de la región Chan-Kin, con superficie de 12,184-98-75 hectáreas, ubicada en el Municipio de Ocosingo, Chis. (Segunda publicación). Consultado el 19 de enero del 2017 en:

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=4683551&fecha =24/08/1992.

3 CONANP, 2013. Borrador del Programa de Manejo del Área de Protección de Flora y Fauna Chan-Kin. Consultado el 17 de enero del 2017:

http://www.conanp.gob.mx/anp/consulta/PM%20CHAN%20KIN%2022ENE13 .pdf

4 Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010, Protección ambiental-Especies nativas de México de flora y fauna silvestres-Categorías de riesgo y especificaciones para su inclusión, exclusión o cambio-Lista de especies en riesgo. Consultado el 17 de enero del 2016 en:

http://www.profepa.gob.mx/innovaportal/file/435/1/NOM_059_SEMAR NAT_2010.pdf.

5 Natura Mexicana, 2015. Consultado el 17 de enero del 2017 en:

http://www.biblotecanatura.org/conservacion-y-desarrollo-susten table-en-la-selva-lacandona/index.php/sec1

6 SIMEC, 2010. Sistema de Información, Monitoreo y Evaluación para la Conservación. Consultado el 17 de enero del 2017 en:

https://simec.conanp.gob.mx/ficha.php?anp=175&=11

7 CONANP, 2013. Borrador del Programa de Manejo del Área de Protección de Flora y Fauna Chan-Kin. Consultado el 17 de enero:

http://www.conanp.gob.mx/anp/consulta/PM%20CHAN%20KIN%2022ENE13 .pdf

8 LGEEPA, 2016. Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, Sección IV Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas, art. 76. Consultado el 17 de enero del 2017 en:

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/148_130516.pdf.

9 Sistema de Información, Monitoreo y Evaluación para la Conservación. Consultado el 17 de enero del 2017 en:

https://simec.conanp.gob.mx/pdf_sinap/175_sinap.pdf

10 INECC. Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático. Consultado el 17 de enero del 2017 en:

http://www2.inecc.gob.mx/publicaciones2/libros/2/chankin.html

11 Sin Embargo, 2016. Consultado el 17 de enero de 2017 en:

http://www.sinembargo.mx/16-10-2016/3103500

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 25 de enero de 2017.— Senadora Silvia Garza Galván (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de la Cámara de Senadores.

GARANTIZAR LOS DERECHOS DE LAS MUJERES, SU EJERCICIO PLENO Y LA ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO

«Proposición con punto de acuerdo, relativo a la difusión de la información que permita conocer y divulgar el alcance y los avances logrados para garantizar los derechos de las mujeres, su ejercicio pleno y la erradicación de la violencia de género en las entidades donde se ha emitido la declaratoria de alerta de violencia de género, suscrita por la diputada María Cristina García Bravo, del Grupo Parlamentario del PRD

La suscrita, diputada federal María Cristina Teresa García Bravo,integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a esta Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

El feminicidio se entiende como la mayor expresión de violencia de un fenómeno social, cultural, político, tipificado, que atenta contra la vida de las mujeres. Los feminicidios son asesinatos motivados por la misoginia y resumen otras situaciones de violencia contra las mujeres y niñas de diversas formas: humillación, abandono, terror, maltrato físico y emocional, hostigamiento, abuso sexual, violación, incesto, entre otros.

El artículo siete de la Convención de Belém do Pará, obliga a todos los Estados parte y a México como firmante a “adoptar, por todos los medios y sin dilaciones, políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres”, incluyendo todas las conductas que afectan a su integridad y autonomía sexual, aun cuando no hayan implicado contacto físico y ocurran en el ámbito público o privado, incluso en el marco de relaciones de pareja.

La violencia contra las mujeres debe entenderse como una problemática compleja, enraizada tanto en los patrones socioculturales como en los comportamientos cotidianos. Por ende, garantizar el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia implica la acción conjunta, coordinada y transversal del gobierno con la responsabilidad compartida de la participación de la sociedad civil.

Con la promulgación de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida libre de Violencia, el primero de febrero del año 2007 y su reglamento del once de marzo de 2008, se instaló por primera vez el Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra Mujeres, donde se confirieron atribuciones sustantivas a la Secretaría de Gobernación, asignándole un papel sustancial en los temas de prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres como: presidir el Sistema; elaborar el Programa en coordinación con las demás autoridades integrantes del Sistema; fortalecer la vinculación con los poderes judiciales a fin de establecer programas y proyectos para sensibilizar, capacitar y profesionalizar al personal jurisdiccional y administrativo en temas de género y derechos humanos de las mujeres, con el objetivo de garantizar el acceso a la justicia de mujeres y hombres con igualdad y equidad; declarar la Alerta de Violencia de Género Contra las Mujeres (AVGM), entre otros.

Cabe resaltar que los instrumentos jurídicos nacionales e internacionales y a la suma de esfuerzos públicos, privados y de instituciones educativas, docentes y de investigación, han llevado a nuestro país a emprender acciones encaminadas a la protección de los derechos humanos de las mujeres, lo que ha dado como resultado a la implementación de un mecanismo de Alerta de Violencia de Género Contra las Mujeres única en el mundo. Empero nuestro país ha acumulado una gran cantidad de recomendaciones internacionales con relación al ejercicio de los derechos de las mujeres; la mayoría dirigidas a atender el feminicidio y los aspectos de procuración y administración de justicia, debido a que las acciones emprendidas por nuestro país siguen siendo insuficientes.

La AVGM se encuentra establecida en el artículo 22 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y su trámite para emitirla o concederla lo describen los artículos 30 al 38 Bis de su Reglamento, consiste en la aplicación de acciones de carácter gubernamental y de emergencia, para enfrentar y erradicar la violencia, la violencia feminicida, y/o la existencia de un agravio comparado contra las mujeres y niñas en un territorio determinado que impida el ejercicio pleno de sus derechos humanos, tiene como finalidad garantizar su vida, libertad, integridad y seguridad.

Datos duros y la justificación de los estados en donde se decretó la alerta de género

Conforme al sitio oficial www.gob.mx en la publicación de 15 de noviembre de 2016, donde el autor es el Instituto Nacional de las Mujeres, se determina que a la fecha se han declarado 6 AVGM, como sigue:

I. Estado de México: Se declaró el 31 de julio de 2015 en 11 municipios: Ecatepec de Morelos, Nezahualcóyotl, Tlalnepantla de Baz, Toluca de Lerdo, Chalco, Chimalhuacán, Naucalpan de Juárez, Tultitlán, Ixtapaluca, Valle de Chalco y Cuautitlán Izcallí.

II. Morelos: Se declaró el 10 de agosto de 2015 para ocho municipios: Cuautla, Cuernavaca, Emiliano Zapata, Jiutepec, Puente de Ixtla, Temixco, Xochitepec y Yautepec.

III. Michoacán: Se declaró el 27 de junio de 2016 para 14 municipios: Morelia, Uruapan, Lázaro Cárdenas, Zamora, Apatzingán, Zitácuaro, Los Reyes, Pátzcuaro, Tacámbaro, Hidalgo, Huétamo, La Piedad, Sahuayo y Maravatío.

IV. Chiapas: Se declaró el 18 de noviembre en 7 municipios del estado: Comitán de Domínguez, Chiapa de Corzo, San Cristóbal de las Casas, Tapachula, Tonalá, Tuxtla Gutiérrez y Villaflores. Asimismo, requiere acciones específicas para la región de los Altos de Chiapas, la cual incluye los municipios de Aldama, Amatenango del Valle, Chalchihuitán, Chamula, Shanal, Chenalhó, Huiztán, Larráinzar, Mitontic, Oxchuc, Pantelhó, San Cristóbal de las Casas, San Juan Cancuc, Santiago El Pinar, Tenejapa, Teopisca y Zinacantán.

V. Nuevo León: Se declaró el 18 de noviembre en 5 municipios del estado: Apodaca, Cadereyta Jiménez, Guadalupe, Juárez y Monterrey.

VI. Veracruz: Se declaró el 23 de noviembre de 2016 en 11 municipios: Boca del Río, Coatzacoalcos, Córdoba, Las Choapas, Martínez de la Torre, Minatitlán, Orizaba, Poza Rica de Hidalgo, Tuxpan, Veracruz y Xalapa.

Así como que al día de hoy, existen 15 procedimientos en trámite: Chiapas, Colima, Guerrero, Nayarit, Nuevo León, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tlaxcala y dos en Veracruz.

Sin embargo para el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la violencia contra las mujeres es una realidad que como sociedad no podemos tolerar ni mucho menos consentir, ya que son hechos que terminan día a día, con miles de vidas de niñas, adolescentes y mujeres y que destruye a familias enteras y fractura el tejido social base de nuestra sociedad. Para lograr hacer efectivo el principio de que cuando las mujeres se empoderan, nos empoderamos todos como sociedad.

Por ello, es necesario que sea de conocimiento publico el alcance y avances para garantizar los derechos humanos de las mujeres, su ejercicio pleno y la erradicación de la violencia de género en aquellas entidades federativas donde se ha decretado la declaratoria de alerta de violencia de género contra las mujeres, ya que del propio portal oficial que se cita, se aprecia que no existen datos que permitan observar los avances y resultados de las acciones aplicadas, sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer.

Punto de Acuerdo

Único.La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al Titularde la Secretaría de Gobernación, quien preside el Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, así como a la titular del Instituto Nacional de las Mujeres, para que en el ámbito de sus respectivas competencias hagan pública la información que permita el conocimiento y divulgación del alcance y avances logrados para garantizar los derechos de las mujeres, su ejercicio pleno y la erradicación de la violencia de género en las entidades federativas donde se ha decretado la declaratoria de alerta de violencia de género.

Notas

1 Es la forma extrema de violencia contra las mujeres por el sólo hecho de ser mujeres, ocasionada por la violación de sus derechos humanos, en los espacios público y privado; está integrada por las conductas de odio o rechazo hacia las mujeres, que pueden no ser sancionadas por la sociedad o por la autoridad encargada de hacerlo y puede terminar en homicidio y otras formas de muerte violenta de mujeres Artículo 21 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

2 Cuando un ordenamiento jurídico vigente o una política pública contengan alguno de los siguientes supuestos y éstos transgredan los Derechos Humanos de las Mujeres: distinciones, restricciones o derechos específicos diversos para una misma problemática o delito, en detrimento de las mujeres de esa entidad federativa o municipio; no se proporcione el mismo trato jurídico en igualdad de circunstancias, generando una discriminación y consecuente agravio; o se genere una aplicación desigual de la ley, lesionándose los Derechos Humanos de las Mujeres, así como los principios de igualdad y no discriminación.

http://www.gob.mx/inmujeres/acciones-y-programas/alerta-de-viol encia-de-genero-contra-las-mujeres-80739?idiom=es

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, enero 25 de 2017.— Diputada María Cristina Teresa García Bravo (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Igualdad de Género, de la Cámara de Diputados.

PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA, A FIN DE GARANTIZAR EL DERECHO DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA

«Proposición con punto de acuerdo, relativo al fortalecimiento de instrumentos centrados en la prevención de la violencia para garantizar el derecho de niños y de adolescentes a una vida libre de ella, suscrita por la diputada Alicia Guadalupe Gamboa Martínez, del Grupo Parlamentario del PRI

La suscrita, Alicia Guadalupe Gamboa Martínez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de la Comisión Permanente la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Ante el lamentable hecho que puso a nuestro país en duelo la semana pasada, es momento de reflexionar sobre lo que estamos haciendo y dejamos de hacer, como gobierno, como sociedad y como individuos; es necesario realizar acciones que nos permitan evitar que tragedias como la ocurrida en la ciudad de Monterrey se repitan.

Como gobierno, es indispensable mejorar la coordinación entre los tres niveles, así como reforzar las políticas públicas y programas de prevención que nos permitan hacer frente a escenarios que expongan a nuestras niñas, niños y adolescentes a situaciones de violencia. Es nuestra responsabilidad velar por el cumplimiento y reforzamiento de las normas que garantizan el derecho de nuestros infantes a tener una vida libre de violencia.

Nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece en su artículo cuarto que todas las decisiones y actuaciones del Estado cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, a fin de garantizar de manera plena sus derechos; este alto mandato constitucional, garantiza el derecho de nuestras niñas, niños y adolescentes a tener un óptimo desarrollo personal y a que disfruten mejores condiciones de bienestar.

Unos de los derechos de los infantes es el derecho al descanso y esparcimiento que se encuentra garantizado en la propia Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, el cual es fundamental para su desarrollo cognitivo y para el desarrollo de su propia personalidad, desde hace varias décadas a la fecha, la televisión y su programación se han convertido en unos de los principales formas de entretenimiento, e incluso de información, para los menores de edad.

La violencia, la sexualidad, estereotipos de raza y de género, entre otros temas sensibles son comúnmente retomados en los programas de televisión. Los menores de edad se encuentran en una etapa de desarrollo personal, de reconocimiento de su entorno y aprendizaje.

Recibir este tipo de mensajes, sin orientación y sin el conocimiento y contexto correspondiente pueden asumir que lo que ellos ven en televisión es lo normal, seguro y aceptable y por consecuencia, son expuesto a comportamientos y actitudes que pueden ser abrumadores y difíciles de comprender.

Según datos del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) de febrero de 2015, los niños mexicanos pasan en promedio 4 horas con 34 minutos diarios frente al televisor, pese a que esta cifra representa un ligero descenso frente a la tendencia de siete años atrás, el informe señala que los programas de televisión que ven los niños mexicanos de entre 4 y 12 años no están diseñados para ellos 1.

Los lineamientos de clasificación de contenidos audiovisuales de las transmisiones radiodifundías y del servicio de televisión y audio restringidos , señalan que la programación con clasificación B15 (apta para público mayor de 15 años de edad) debe tener una franja de horario entre las 19:00 horas a las 5:59 horas y la clasificación C (apta para público mayor de 18 años de edad) de las 21:00 a las 5:59 horas, cuestión que en ocasiones no es respetada por los concesionarios y programadores, principalmente en la televisión restringida.

Luego entonces, y debido a que parte de los contenidos de la barra programática de la televisión no es propia para la madurez emocional de las niñas, niños y adolescentes, se vuelve indispensable que las autoridades correspondientes vigilen y hagan valer las restricciones sobre los horarios específicos para la difusión de contenidos de acuerdo a su clasificación que establecen los lineamientos mencionados.

Asimismo, es indispensable señalar que en los últimos años, la violencia generada por grupos de la delincuencia organizada en nuestro país también ha permeado el desarrollo de la personalidad, el actuar e incluso la forma de pensar de nuestras niñas, niños y adolescentes.

Si bien el gobierno federal ha implementado acciones exitosas en contra de los grupos criminales y la promoción de la cultura de paz en la sociedad mexicana a través del impulso de la cultura y el deporte, también es importante promover acciones afirmativas para evitar que las armas de fuego lleguen a manos de nuestras niñas, niños y adolescentes y preservar su derecho a una vida libre de violencia.

La campaña de canje de armas de fuego impulsada por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en coordinación con las secretarías de seguridad de las entidades federativas ha demostrado efectividad y buena aceptación por parte de la sociedad. Datos de este instituto armado revelan que durante el primer semestre de 2013, la población entregó voluntariamente: 21 mil 38 armas de fuego, además de 467 mil 42 cartuchos y mil 559 granadas.

Sin lugar a dudas, este tipo de acciones que permiten generar un sentido de seguridad, armonía y tranquilidad dentro de las comunidades deberían ser relanzadas con mayor vigor, fortalecidas y con una difusión importante para que la sociedad civil se una y participe.

Generar un sentido de cooperación entre las fuerzas armadas y la sociedad mexicana para crear condiciones que permitan mantener la paz y la tranquilidad que requieren nuestras familias para realizar su actividad diaria con normalidad, es indispensable para fortalecer las acciones que realizan los tres niveles de gobierno para combatir a la delincuencia organizada y palear los índices de violencia en nuestro país.

Finalmente, y con la finalidad de redondear las acciones anteriormente propuestas para salvaguardar el derechos de nuestras niñas, niños y adolescentes una vida libre de violencia y a la integridad personal, valdría la pena reevaluar y actualizar un proyecto que fue interrumpido en algunas entidades federativas y que durante su implementación ayudó a prevenir la violencia en las escuelas y el entorno en el cual se desenvuelven nuestras niñas, niños y adolescentes.

El programa Mochila Segura, cuya implantación comenzó en 2007 y fue parte del programa Escuela Segura, de la Secretaría de Educación Pública, cuya principal objetivo era disminuir los factores de riesgo para evitar que adolescentes y jóvenes vivan situaciones de violencia.

Durante el inicio de su implementación se reportaron una serie de quejas y voces en contra debido a que existían negligencias al momento de su implantación por lo que grupos de padres de familia solicitaron a las escuelas detener la aplicación de este programa en algunas entidades federativas, lo que provocó que paulatinamente fuera desaparecido.

Sin embargo, en otras partes de la República se fue desarrollando de mejor manera, mejorando sus protocolos de aplicación por parte de las autoridades educativas y de seguridad, e incluyendo a los padres de familia. Mochila Segura es un programa de primera respuesta que implementado de forma correcta con protocolos óptimos podría otorgar resultados más satisfactorios.

Por lo anterior, valdría la pena sumar a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para que en conjunto con las autoridades educativas y de seguridad de las entidades federativas que así lo consideren optimicen los protocolos de aplicación del programa Mochila Segura, porque también es importante preservar los derechos fundamentales de los menores de edad al momento de realizar las revisiones.

Por lo anteriormente expuesto someto a la consideración de esta Comisión Permanente la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de la Gobernación para que, en el ámbito de sus competencias, realice las acciones necesarias para verificar el respeto de los horarios específicos de transmisión de los contenidos de televisión con base en los criterios de clasificación establecidos en los lineamientos de clasificación de contenidos audiovisuales de las transmisiones radiodifundidas y del servicio de televisión y audio restringidos.

Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de la Defensa Nacional y a las secretarías de seguridad de las entidades federativas a redoblar esfuerzos en la implementación y ejecución de la campaña canje de armas de fuego.

Tercero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a las secretarías de educación y de seguridad pública de las entidades federativas a colaborar en la implementación o reforzamiento, según sea el caso, de las estrategias de prevención de la violencia en las escuelas, particularmente el programa Mochila Segura, en los planteles educativos de su jurisdicción. Asimismo, se invita a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a colaborar con las entidades federativas en la implementación de protocolos para la ejecución de estos programas.

Notas

1 http://www.ift.org.mx/sites/default/files/contenidogeneral/comunicacion-y-medio s/estudiosninosfinalacc.pdf

2 https://www.gob.mx/sedena/prensa/el-ejercito-y-fuerza-aerea-mexicanos-han-recib ido-21-038-armas-de-fuego-canjeadas-por-la-sociedad

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 25 de enero de 2017.— Diputada Alicia Guadalupe Gamboa Martínez (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Derechos de la Niñez, de la Cámara de Diputados.

MEDIDAS DE AUSTERIDAD Y DISCIPLINA PRESUPUESTARIA BAJO LOS PRINCIPIOS DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los congresos locales y la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México a implantar medidas de austeridad y disciplina presupuestarias conforme a los principios de transparencia y rendición de cuentas por la actual crisis económica del país, suscrita por la diputada María Eloísa Talavera Hernández, del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, diputada María Eloísa Talavera Hernández, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a su consideración el presente punto de acuerdo, con base en la siguientes

Consideraciones

Actualmente México atraviesa una etapa de incertidumbre económica, derivado de factores como el aumento del tipo de cambio del dólar frente al peso, provocado la desconfianza de los mercados internacionales por el endeudamiento excesivo del gobierno de México y por la depreciación internacional del petróleo, además de los efectos causados por la política proteccionista del presidente de los Estados Unidos de América, que han generado abandonar inversiones importantes en México de empresas como Ford y General Motors.

El incremento del precio de las gasolinas ha resultado preocupante para la sociedad por el impacto que esto tendrá en cada una de los precios de la canasta básica así como de los bienes y los servicios que requieren los mexicanos. Por ello los ciudadanos han demostrado su inconformidad manifestándose en prácticamente todos los estados de la República.

Derivado de las muestras de inconformidad, el gobierno federal anunció el “Acuerdo para el fortalecimiento económico y la protección de la economía familiar”, medida que resultó cuestionable a la luz de los ciudadanos en virtud de que no se plasmó de manera cuantitativa una verdadera reducción presupuestal en el gasto federal, ni la reconducción de dicho gasto; además de que esta política fue diseñada de forma unilateral sin considerar un panorama transversal que también involucrara a los Poderes Legislativo y Judicial.

Las decisiones del Ejecutivo no abonaron en nada a tranquilizar la incertidumbre económica de los mexicanos, y es que los índices de desconfianza de las instituciones, demuestran que la mejor manera de gobernar es hacer y cumplir con la responsabilidad que nos ha sido delegada.

La desconfianza de la ciudadanía en las instituciones es muy alarmante ya que tanto Presidencia, diputados y senadores están reprobados por la ciudadanía, según la encuesta México: Confianza en Instituciones 2015realizada por Consulta Mitofsky.

Ante la pérdida de confianza de los mexicanos en sus instituciones, debemos mostrar de cara a la sociedad, el verdadero compromiso de los legisladores en conjunto con los demás Poderes y reinventar la democracia con instrumentos realmente eficaces con el propósito de impulsar una nueva cultura de la representación y alinear al poder público, con los principios de austeridad y eficiencia del gasto público e incentivar el cumplimiento de los principios establecidos para una digna representación.

En consecuencia de lo anterior, resulta indispensable que los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, de los ámbitos federal, estatal y municipal realicen acciones necesarias con el objetivo de establecer un gasto público eficiente, transparente, responsable y acorde al momento por el que atraviesa el país.

Si bien diversas instituciones y dependencias públicas ya se han pronunciado respecto a realizar medidas de ahorro, austeridad y ajuste del gasto corriente, tales como el Instituto Nacional Electoral (INE) las cuales contempla la suspensión de la construcción de dos nuevos edificios para este 2017, con lo que se ahorrará mil 70 millones de pesos autorizados para dichas obras, así como la reducción de 10 por ciento al salario de los consejeros electorales.

De la misma manera en el Congreso de la Unión, la Cámara de Diputados ha aprobado acciones como la eliminación de subvenciones extraordinarias, donde se contemplan los bonos de fin de año y apoyos para el trabajo legislativo. Además de la cancelación de viajes internacionales, no apoyo a vales de gasolina ni a telefonía celular, así como disminuir en 25 por ciento el gasto en alimentos.

Así como en la Cámara de Senadores también ha aprobado acciones que generan ahorros de más de 150 millones de pesos en donde se detiene el crecimiento del parque vehicular y la reducción de al menos 10 por ciento de los gastos de comisiones, misiones legislativas y viajes de trabajo a nivel nacional e internacional, entre otras.

Por otra parte el Poder Judicial de la Federación también se ha sumado a aplicar medidas de austeridad y optimización presupuestal por un monto de hasta por mil 900 millones de pesos.

Aunque diversas instituciones han mostrado apoyo al sensible entorno económico que enfrenta el país, es importante que este buen ánimo de aplicar medidas de austeridad también sean aplicadas en los congresos de todas las entidades federativas.

Lo anterior derivado de que datos del Informe Legislativo 2016 presentado por el Instituto Mexicano para la Competitividad AC, el cual analiza la composición, manejo de recursos y desempeño legislativo de los 32 congresos locales, señala que en el 2016, los congresos locales ejercieron 13 mil 66 millones de pesos (mdp), un presupuesto mayor al del estado de Baja California Sur (12 mil 647 mdp).

Por otra parte dicho informe muestra que en 2015, los 32 congresos locales ejercieron mil 399 mdp más de lo presupuestado, cinco de ellos incrementaron sus presupuestos en más de 25 por ciento, estos son: Hidalgo (55 por ciento), Guanajuato (40 por ciento), Sonora (31 por ciento), Ciudad de México (27 por ciento) y Guerrero (25 por ciento).

Abundando en los datos del informe se muestra que mientras que en 2016 en Puebla el presupuesto por diputado (presupuesto del Congreso entre número de diputados) es de 3.5 mdp, en la Ciudad de México es de 27.6 mdp, esto representa una diferencia de 24.1 mdp por diputado.

En este sentido, existe una gran asimetría presupuestal en los congresos estatales. Destacan cinco legislaturas locales: Baja California, Ciudad de México, estado de México, Jalisco y Sonora, en donde el presupuesto por diputado es incluso superior al presupuesto por diputado de la Cámara baja a nivel federal (15 mdp).

Destaca también el informe que los presupuestos de nuestros congresos son superiores a los presupuestos de las Cámaras bajas de Japón, Canadá, Alemania, Colombia y Chile.

Resulta indispensable a las legislaturas de los estados el apretarse el cinturón y tomar medidas de austeridad acorde a la crisis económica por la que atraviesa el país, además de hacer un uso racional y efectivo de los recursos públicos de los que dispone.

Este ejerciciode responsabilidad es imprescindible no sólo por la actual coyuntura económica sino por el compromiso que se tiene con la ciudadanía.

Estas medidas además ayudarán a mitigar la desconfianza que siente la ciudadanía frente a su Congreso, ya que solo 17 por ciento de los mexicanos se sienten representado por su Congreso de acuerdo con el Informe Latinobarómetro 2015.

Derivado de lo anterior resulta indispensable que ante los efectos de la crisis económica por la que atraviesa el país, los congresos de los estados y de la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México implementen medidas austeridad, vinculándolas a los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, exhorta a los gobiernos de los estados de Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Coahuila, Colima, Chiapas, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán, Zacatecas y a la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, el aplicar medidas de austeridad y disciplina presupuestaria, bajo los principios de transparencia y rendición de cuentas, ante la actual crisis económica que atraviesa el país.

Notas

1 Encuesta, México: Confianza en instituciones 2015; disponible en el sitio web.-

http://consulta.mx/index.php/estudios-e-investigaciones/mexico- opina/item/575-confianza-en-instituciones; consultada el 20-01-2017.

2 Boletín No. 005/2017 “Acuerda PJF medidas de austeridad y optimización presupuestal hasta por mil 900 millones de pesos” disponible en el sitio web.-

http://www.internet2.scjn.gob.mx/red2/comunicados/noticia.asp?i d=4449; consultado el 10- 01- 2017.

3 Informe Legislativo 2016; IMCO, disponible en el sitio web.-

http://imco.org.mx/politica_buen_gobierno/informe-legislativo-2 016/; consultado el 10- 01- 2017.

4 Informe Latinobarómetro 2015; disponible en el sitio web.-

http://www.latinobarometro.org/latNewsShow.jsp; consultado el 22-01-2017.

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 25 de enero de 2017.— Diputada María Eloísa Talavera Hernández (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, de la Cámara de Diputados.

HACER EFECTIVOS LOS DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES DE LAS MUJERES EN EL ESTADO DE OAXACA

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a diversas autoridades a hacer efectivos los derechos político-electorales de las mujeres en Oaxaca, particularmente en los casos de San Miguel de las Peras, suscrita por la diputada Cristina Ismene Gaytán Hernández, del Grupo Parlamentario del PRD

La suscrita, diputada Cristina Ismene Gaytán Hernández, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en la LXIII Legislatura de la de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por los artículos, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de la Comisión Permanente el punto de acuerdo, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

1. El 28 de abril de 1981 fue en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el decreto de promulgación por parte del Estado mexicano, de la Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer, en cuyo artículo II se establece que Las mujeres serán elegibles para todos los organismos públicos electivos establecidos por la legislación nacional, en condiciones de igualdad con los hombres, sin discriminación alguna.

2. El 12 de mayo de 1981 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el Decreto de Promulgación por parte del Estado Mexicano, de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. En ella se estipula:

“Artículo 7 Los Estados parte tomarán todas las medida apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en la vida política y pública del país y, en particular, garantizarán, en igualdad de condiciones con los hombres, el derecho a:

a) Votar en todas las elecciones y referéndums públicos y ser elegible para todos los organismos cuyos miembros sean objeto de elecciones públicas;

b) Participar en la formulación de las políticas gubernamentales y en la ejecución de éstas, y ocupar cargos públicos y ejercer todas las funciones públicas en todos los planos gubernamentales;

c) Participar en organizaciones y asociaciones no gubernamentales que se ocupen de la vida pública y política del país.”

3. El 19 de enero de 1999 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el decreto promulgatorio, por parte del Estado mexicano, de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer “Convención de Belém do Pará”; en la cual se contempla que todas las mujeres tienen el derecho a tener igualdad de acceso a las funciones públicas de su país y a participar en los asuntos públicos, incluyendo la toma de decisiones.

4. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos estipula que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en ella y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, prohibiendo todo tipo de discriminación, incluidas las motivadas por el género; reconoce la igualdad entre varones y mujeres; y establece los contenidos mínimos de los derechos político-electorales de sus ciudadanos.

5. La Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, establece en su artículo 7, que es derecho de los ciudadanos y obligación para los partidos políticos la igualdad de oportunidades y la paridad entre hombres y mujeres para tener acceso a cargos de elección popular.

6. En julio de 2016, la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación emitió la primera sentencia en la que se aplicó el Protocolo para Atender la Violencia Política contra las Mujeres, a través de la cual se ordenó la reinstalación de una regidora. Este Protocolo fue emitido por diversas instituciones del Estado, como un mecanismo para establecer las acciones frente a los casos de violencia política contra las mujeres y en él se indica que esta:

“...comprende todas aquellas acciones y omisiones —incluida la tolerancia— que, basadas en elementos de género y dadas en el marco del ejercicio de derechos político-electorales, tengan por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce y/o ejercicio de los derechos políticos o de las prerrogativas inherentes a un cargo público.”

7. En días pasados, tuvimos conocimiento público de los impedimentos, que han incluido el uso de medios violentos, que han sufrido mujeres en el estado de Oaxaca, para ejercer en condiciones de igualdad y seguridad, sus derechos político-electorales, particularmente, en los casos de Irma Aguilar Raymundo, Presidenta Municipal Electa en San Pedro Atoyac, Jamiltepec, Oaxaca, y de Yareli Cariño López, Síndica Electa del Municipio de Pinotepa Nacional, quienes han sido hostigadas y amenazadas, a fin de evitar que tomaran protesta, asumieran sus respectivos cargos y buscando que renuncien. Tal es la gravedad, urgencia y daño irreparable de los casos, que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos consideró necesario solicitar Medidas Cautelares a fin de salvaguardar los derechos humanos de estas mujeres.

8. El 17 de enero del presente, fue aprobado por el Pleno de la Comisión Permanente el punto de acuerdo, por el que se exhorta a diversas autoridades a hacer efectivos los derechos político-electorales de las mujeres en el estado de Oaxaca, particularmente en los casos de la Presidenta Municipal electa de San Pedro Atoyac, Jamiltepec, Oaxaca, y de la Síndica electa del municipio de Pinotepa Nacional.

9. El 22 enero del presente, fue dado a conocer por diversos medios de comunicación que Gabriela Maldonado, Rosa Aguilar y Marina Díaz intentaron formar parte del Cabildo de San Miguel Peras, Oaxaca; por este motivo, han sufrido agresiones y amenazas, hechos que reiteran que en el Estado de Oaxaca, las mujeres están constantemente sometidas a tratos que refieren existencia de violencia política.

10. Pese a que el Estado está obligado por instrumentos internacionales y por su legislación local a hacer efectivos los derechos político-electorales de las mujeres en condiciones de igualdad, estamos siendo continuamente testigos de las dificultades que enfrentan las mujeres de nuestro país para ejercer en cargos de elección popular y de la violencia política que enfrentan por razones de género. Debido a esto, es vital que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, lleven a cabo medidas tendientes a garantizar los derechos humanos de todas y todos.

Por lo anteriormente fundado y motivado, someto a consideración de esta Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión la presente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente, al Gobierno del Estado de Oaxaca, para que garantice los derechos político-electorales de las mujeres, particularmente de Gabriela Maldonado, Rosa Aguilar y Marina Díaz, en condiciones de igualdad, seguridad e integridad personales; asimismo, proceda de forma expedita contra los responsables de actos de violencia que están ejerciendo, quienes se oponen a la instalación de las mujeres en diversos municipios del Estado, investigando, sancionando y reparando a todas aquellas mujeres que resultaron violentadas en sus derechos político-electorales.

Segundo.La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente, al Instituto Nacional Electoral y al Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, a hacer un llamado a los partidos políticos nacionales y a los partidos políticos locales, para que tomen las medidas correspondientes contra aquellos militantes que están obstaculizando e incluso usando la violencia para evitar el libre ejercicio de los derechos político-electorales de las mujeres en el Estado.

Tercero.La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales y al Instituto Nacional Electoral, para que dentro de sus respectivas competencias, garanticen los derechos político-electorales de Gabriela Maldonado, Rosa Aguilar y Marina Díaz.

Cuarto. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente, a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a conocer e informar sobre los hechos de violencia a los que han sido sometidas Gabriela Maldonado, Rosa Aguilar y Marina Díaz.

Notas

1 http://www.dof.gob.mx/nota_to_imagen_fs.php?codnota=464369 &fecha=28/04/1981&cod_diario=199859

2 http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=4646605&fecha=12/ 05/1981

3 http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=4942730&fecha= 19/01/1999

4 Véase artículo 4 de la Convención de Belém do Pará.

5 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGIPE_130815.pdf

6 http://www.trife.gob.mx/noticias-opinion-y-eventos/boletin/5/24/ 2016

7 Protocolo para Atender la Violencia Política Contra las Mujeres, pág. 19, disponible en:

http://www.fepade.gob.mx/actividades_ins/2016/marzo/ProtocoloVi olencia_140316.pdf

8 http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Comunicados/2017/Com_ 2017_001.pdf

9 http://www.nvinoticias.com/nota/48884/latigazos-impiden-mujer-ser-parte-de-cabi ldo

http://regeneracion.mx/latiguean-a-mujer-hasta-el-desmayo-para- evitar-que-sea-parte-del-cabildo-en-oaxaca/

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 25 de enero de 2017.— Diputada Cristina Ismene Gaytán Hernández (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Igualdad de Género, de la Cámara de Diputados.

INFORME SOBRE LOS CRITERIOS UTILIZADOSPARA CALCULAR EL COBRO DEL IMPUESTO PREDIAL Y EL INCREMENTO PROMEDIO DE LAS ACTUALIZACIONES PROGRAMADAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita al gobierno de la Ciudad de México un informe pormenorizado sobre los criterios utilizados para calcular el cobro del impuesto predial y el incremento promedio de las actualizaciones programadas para el ejercicio fiscal de 2017, y a transparentar el destino de los recursos adicionales derivados del aumento de los gravámenes, suscrita por senadores del Grupo Parlamentario del PRI

Los suscritos, senadores de la República integrantes del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta honorable Comisión Permanente la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

En noviembre de 2016, el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México anunció que durante este año no habría aumentos en los impuestos; no obstante, diversos medios de comunicación documentaron las alzas excesivas en el cobro del impuesto predial superiores a la actualización del 3.9% que señala la Tesorería de la Ciudad de México.

No obstante lo anterior, un diario de circulación nacional dio a conocer que en un condominio de la colonia Del Valle, el cobro del impuesto predial paso de 392 pesos durante el primer bimestre de 2016 a 2 mil 767 pesos para el primer bimestre de 2017.

Existen situaciones en donde el alza no es homogénea incluso en el mismo edificio, tal como sucedió en un predio ubicado en la Colonia del Valle en el que el pago paso de 392 pesos en 2016 a 3 mil 56 pesos en 2017, que representa un incremento de 679%; mientras que en un departamento de las mismas características solo pago 96 pesos más con respecto al año anterior, que significó un aumento del 10% más que el año pasado.

El Gobierno de la Ciudad de México, lejos de transparentar los mecanismos y criterios que derivaron en un incremento exponencial del impuesto predial, ha recurrido a una serie de tecnicismos, como los cambios del rango en valor catastral.

Esta no es la primera ocasión que el gobierno de la Ciudad de México trata de recaudar recursos de manera poco transparente. En el caso del aumento de la tarifa del metro de 3 a 5 pesos, a partir de diciembre de 2013, se tuvo que recurrir a una encuesta para validar el aumento, la cual fue muy cuestionada.

Además, se argumentó que con dicho incremento se mejoraría el servicio del Metro, para lo cual se establecieron 11 compromisos. A pesar de ello, el servicio del Metro no ha mejorado.

La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, en la recomendación 14/2016, señalq que:

“...a casi tres años del aumento, las mejoras en el servicio no son aún perceptibles en el día a día de las personas usuarias”, ya que la gente sigue viajando en vagones saturados y sin ventilación, además de transbordar y transitar en espacios físicos deteriorados, sin mantenimiento, y con infraestructura vieja.”

Otro caso emblemático, es el cobro de foto multas y mayores costos en las sanciones derivadas del nuevo Reglamento de Tránsito.

Lejos de contribuir a una mejor cultura vial y a la disminución de los índices de accidentes, la actualización en los montos de las multas, mayores sanciones para retirar los inmovilizadores y las fotomultas derivadas del nuevo Reglamento, generaron que en el primer semestre de 2016, el Gobierno de la Ciudad de México recaudara por sanciones vehiculares un 39% más con respecto al mismo periodo de 2015 y por el que ingresaron 122 millones de pesos adicionales a la capital del país.

En el grupo parlamentario del PRI, estamos convencidos que los aumentos a las impuestos que pagan los capitalinos al gobierno de la Ciudad de México deben darse de forma transparente y no a través del uso diversos tecnicismos que en nada abonan a una efectiva rendición de cuentas.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta soberanía la siguiente propuesta:

Punto de Acuerdo

Único.La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión solicita al Gobierno de la Ciudad de México un informe pormenorizado sobre los criterios utilizados para calcular el cobro del impuesto predial y el incremento promedio de las actualizaciones programadas para el ejercicio fiscal 2017. Asimismo, para que en el ámbito de sus atribuciones, transparente el destino de los recursos adicionales derivados del aumento de los impuestos.

Notas

1 El aumento al predial, por cambio en el valor catastral, La Crónica, <http://www.cronica.com.mx/notas/2017/1005837.html> Consultado el 20 de enero de 2017.

2 http://www.excelsior.com.mx/comunidad/2017/01/12/1139427

3 El aumento al predial, por cambio en el valor catastral, Ibíd.

4 Recomendación 1472016, Comisión de Derechos de la Ciudad de México, <http://cdhdf.org.mx/wp-content/uploads/2016/12/reco_ 1416.pdf> Consultado el 20 de enero de 2017.

Dado en la sede de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a los 25 días del mes de enero de 2017.— (Rúbrica).»

Se turna a la Comisión del Distrito Federal, de la Cámara de Senadores.

PRESUNTA APLICACIÓN DE MEDICAMENTOS FALSOS EN EL ESTADO DE VERACRUZ

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la PGR a atraer en el ámbito de sus atribuciones, y para esclarecer los hechos, los casos relativos a la presunta aplicación de medicamentos falsos en Veracruz, dados a conocer por el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares, suscrita por diputados del Grupo Parlamentario del PRI

Los que suscriben, diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución:

Antecedentes

1. El 16 de enero de 2017, el gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, dio a conocer que durante la administración del exgobernador Javier Duarte de Ochoa, niños enfermos de cáncer recibieron agua destilada en lugar de las medicinas de sus quimioterapias.

2. A partir del 17 de enero, el gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, ha sostenido diversas declaraciones en medios de comunicación en los que señala lo siguiente:

• Que a pacientes con cáncer, incluyendo niños, se les aplicó un medicamento denominado Bevacizumab, que era falso razón por la cual al menos 8 niños perdieron la vida

• Las empresas señaladas por la clonación de dichos medicamentos son Especialidades Médicas del Sureste, Oncopharma y Berros Grupo Farmacéutico.

• El primer reporte oficial sobre medicamentos clonados sin propiedades de tratamiento de quimioterapia fue elaborado en 2010, cuando Fidel Herrera Beltrán aún se desempeñaba como gobernador.

• Que se solicitó a Grupo Roche un análisis de las muestras. A lo que Grupo Roche contestó que las muestras, no corresponde a un producto original y no contiene principio activo; es decir, no contiene las sales de un tratamiento de quimioterapia.

3. La investigación lanzada por el Gobierno Estatal de Veracruz tiene detectados al menos 109 millones de pesos facturados por Especialidades Médicas del Sureste entre 2007 y 2013.

4. Datos de la Secretaría de Salud de Veracruz muestran que entre 2008 y 2014 se presentaron 1.172 casos de cáncer en menores de 18 años y el 51 por ciento de los casos de cáncer ese estado fueron atendidos en el Centro Estatal de Cancerología.

5. Con fecha 18 de enero, la Secretaría de Salud federal, así como la Comisión para la Prevención de Riesgos Sanitarios (Cofepris), iniciaron una investigación en el estado de Veracruz respecto a este caso.

6. Grupo Roche México, mediante un comunicado de la Agencia de Relaciones Públicas BM, con fecha 19 de enero de 2017 informó que Bevacizumab, no es una quimioterapia sino un producto biológico conocido como anticuerpo monoclonal, y que su uso no está indicado en pacientes pediátricos.

7. De acuerdo al memorándum interno RM/Farmacia/197/2010, emitido por el Centro Estatal de Cancerología, “Dr. Miguel Dorantes Mesa” señala que una de las posibles víctimas era beneficiaria del Programa Federal Protección contra Gastos Catastróficos, el cual está considerado dentro de programas que integran el Sistema de Protección Social en Salud (Seguro Popular).

Consideraciones

1. Toda vez que en presente caso pudieran actualizarse algunos de los delitos establecidos en la Ley General de Salud o en el Código Penal Federal, y éstos son competencia de la federación, su investigación corresponde al Ministerio Público de la Federación, el cual en términos de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República se encuentra dentro de la estructura de dicha Procuraduría, es que se hace necesaria su intervención, máxime los medicamentos en cuestión pudieron ser haber sido comprados con recursos federales ejercidos por el gobierno estatal.

2. Que se hace necesaria la intervención la Procuraduría General de la República, para conocer de la investigación de la Secretaría de Salud de la administración pública federal en conjunto con la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios.

3. En consecuencia, y dado el interés nacional que reviste el caso, y con el afán de asegurar la máxima certeza de los hechos para los pacientes y familiares de las presuntas víctimas es que debe intervenir la Procuraduría General de la República.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Procuraduría General de la República, para que en el ámbito de sus atribuciones y con fin de esclarecer los hechos, atraiga los casos de la presunta aplicación de medicamentos falsos en el estado de Veracruz dada a conocer por el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares.

Notas

1 http://www.animalpolitico.com/2017/01/yunes-veracruz-falsas-quimioterapias/

2 (SDP Noticias, 17-01-2017,

http://www.sdpnoticias.com/local/veracruz/2017/01/17/facturo-em presa-109-mdp-con-quimioterapias-falsas-en-veracruz)

3 (El Universal, 18-01-2017, http://www.eluniversal.com.mx/articulo/estados/2017/01/18/medicamento-clonado-e n-veracruz-no-es-quimio-roche)

4 (SDP Noticias, 17-01-2017,

http://www.sdpnoticias.com/local/veracruz/2017/01/17/facturo-em presa-109-mdp-con-quimioterapias-falsas-en-veracruz)

5 (CNN en español, 18-01-2017,

http://cnnespanol.cnn.com/2017/01/18/el-estado-de-veracruz-inve stiga-falsas-quimioterapias-a-ninos-con-cancer/)

6 (El Universal, 19-01-2017,

http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/sociedad/2017/01/ 19/se-investiga-el-suministro-de-quimioterapias-falsas-ssa)

7 http://noreste.net/noticia/niega-cecan-quimioterapias-falsas-en-2010/

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de enero de 2017.— (Rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Justicia, de la Cámara de Diputados.

DENUNCIA REALIZADA POR GRETA XIMENA PEROGORDO CORRAL, POR LOS PRESUNTOS DELITOS DE ABUSO SEXUAL, VIOLENCIA FÍSICA Y AMENAZAS POR PARTE DEL CIUDADANO EDUARDO VÍCTOR DEL SAGRADO CORAZÓN PEROGORDO OLIVA

«Proposición con punto de acuerdo, por el cual se solicita a la Procuraduría General de Justicia de San Luis Potosí que, en el marco de sus atribuciones, deslinde responsabilidades sobre las investigaciones que obran respecto a la denuncia realizada por Greta Ximena Perogordo Corral por los presuntos delitos de abuso sexual, violencia física y amenazas por el ciudadano Eduardo Víctor del Sagrado Corazón Perogordo Oliva, suscrita por senadores del Grupo Parlamentario del PRI

Los suscritos, senadores de la República integrantes del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta honorable Comisión Permanente la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El maltrato infantil y el abuso sexual deben ser sancionados conforme a derecho sin excepción alguna, debido a que trasgreden vulneran la dignidad de las personas y ponen en riesgo el pleno desarrollo.

En este sentido, la Organización Mundial de la Salud, considera que los abusos de los que son objeto los menores de 18 años, se refiere a todos los tipos de maltrato físico o psicológico, abuso sexual, desatención, negligencia y explotación comercial o de otro tipo que causen o puedan causar un daño a la salud, desarrollo del niño, o pongan en peligro su supervivencia, en el contexto de una relación de responsabilidad, confianza o poder.

Lamentablemente, continúan dándose sucesos en el que se vulneran la integridad de los adolescentes, prueba de ello, es el caso de la joven Greta Ximena Perogordo Corral, quien denunció ante la Procuraduría General de Justicia del Estado de San Luis Potosí, que su padre Eduardo Víctor del Sagrado Corazón Perogordo Oliva, desde los seis años de edad abusaba sexualmente de ella, a cambio de viajes al extranjero, fuertes cantidades de dinero, carros y otro tipo de lujos.

A decir de la denunciante, fue por recomendación de sus amistades por las que se “atrevió” a imponer una denuncia contra su padre, el cual forma parte de una familia política prestigiada en el estado, muestra de ello, es que Guillermo Perogordo Oliva fue subsecretario de Gobierno durante la gestión de Marcelo de los Santos y Alejandro Zapata Perogordo tuvo la responsabilidad de ser senador de la República.

En particular, la denuncia penal presentada el pasado 12 de diciembre del año de 2016, enfatiza en la comisión de presuntos delitos como abuso sexual, violencia física y amenazas.

Durante sus primeras declaraciones a los medios de comunicación, Greta Ximena Perogordo Corral, dijo: “no se vale abusar de una menor y menos si es tu hija”... “sabe perfectamente lo que hizo (...) que la justicia y la ley lo van a perseguir, lo van a refundir en la cárcel”, además sostuvo que tiene temor por su vida, ya que “en una ocasión en la que pretendió revelarse fue sometida con un rifle por sus agresores”.

Diversos medios de circulación local y nacional, dieron a conocer que después de sus denuncias públicas y desde el 13 de enero de 2017, se desconocía de su paradero, sin embargo, Julio Ceballos Alonso, quien es un investigador policial asegura haber tenido contacto con la adolescente quien manifestó que está bien y segura.

Por su parte, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, además de recibir la queja por su desaparición, solicitó los videos de vigilancia del lugar en donde fue vista por última ocasión, con el objeto de dar con su paradero y garantizar el respeto a sus derechos como el de la salud y la seguridad.

Bajo estas directrices, los Legisladores del Grupo Parlamentario del PRI consideramos de vital importancia que la Procuraduría General de Justicia del Estado de San Luis Potosí, fortalezca sus investigaciones y deslinde las responsabilidades correspondientes a las investigaciones que obran respecto a la denuncia realizada por Greta Ximena Perogordo Corral, por los presuntos delitos de abuzo sexual, violencia física y amenazas.

El reconocimiento, respeto y protección de los humanos es uno de los ejes rectores del Estado mexicano, prueba de ello, es que en su marco normativo se garantiza las condiciones idóneas para el respeto irrestricto de los adolescentes.

En el párrafo noveno del artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, señala que: “En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez”.

Por si esto no fuera suficiente, el artículo 3 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, dispone a la letra que: Las políticas públicas deberán contribuir a la formación física, psicológica, económica, social, cultural, ambiental y cívica de niñas, niños y adolescentes.

El presente punto de acuerdo, busca garantizar el derecho del debido proceso en las investigaciones, asegurar el respeto a las garantías constitucionales y salvaguardar de manera universal y especializada en cada una de las materias relacionadas con los derechos humanos de los adolescentes, conforme con los principios de la Carta Magna y los tratados internacionales de los que nuestro país forma parte.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta Soberanía la siguiente propuesta:

Punto de Acuerdo

Único.La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la Procuraduría General de Justicia del estado de San Luis Potosí, para que en el marco de sus atribuciones, deslinde las responsabilidades correspondientes sobre las investigaciones que obran respecto a la denuncia realizada por Greta Ximena Perogordo Corral, por los presuntos delitos de abuzo sexual, violencia física y amenazas por parte de Eduardo Víctor del Sagrado Corazón Perogordo Oliva.

Notas

1 https://www.elsoldesanluis.com.mx/local/greta-perogordo-sostiene-denuncia-contr a-su-padre-me-violaba-mi-papa-desde-los-12-anos

2 https://elespectadordesanluispotosi.wordpress.com/2016/12/24/ eduardo-perogordo-viola-sexualmente-a-su-hija-greta-desde-que-ella-tena-6-aos/

3 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/htm/1.htm

Dado en la Cámara de Diputados, sede de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a los 25 días del mes de enero del año dos mil diecisiete.— (Rúbrica).»

Se turna a la Comisión para la Igualdad de Género, de la Cámara de Senadores.

SALUD MENTAL DE JÓVENES

«Proposición con punto de acuerdo, sobre salud mental de jóvenes, suscrita por la senadora Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del PRI

La suscrita Yolanda de la Torre Valdez, Senadora de la República e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta ante esta Soberanía, una proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El miércoles 18 de enero del presente, el país vivió una de sus mayores tragedias en materia de derechos de niñas, niños y adolescentes. En la ciudad de Monterrey, Nuevo León, un alumno de 15 años, disparó en contra de su profesora y tres compañeros de aula más, para posteriormente herirse mortalmente y por la tarde de aquel aciago día murió en un hospital.

Este trágico suceso conlleva a la reflexión de dos temas, que se pretenden abordar someramente en la exposición de motivos, por una parte, el acceso a un arma de fuego por parte de los hogares mexicanos y en segundo lugar el incremento alarmante en las tasas de suicidio de niñas, niños y adolescentes en nuestro país.

Para abordar el primer caso, se cita a continuación un estudio publicado por México Evalúa, en referencia al tema abordado. De acuerdo a estadísticas citadas del Sistema Nacional de Seguridad Pública, a partir de 1997, las lesiones y homicidios con arma de fuego se han incrementado progresivamente, según datos referidos por dicho medio, se registraron en 2014, 43 homicidios producidos por arma de fuego, una tendencia que a razón de la investigación se ha mantenido constante entre 2009 y 2015, mostrando un avance constante en la violencia armada en los centros metropolitanos, es decir el uso de armas de fuego para delinquir es mayor en las ciudades que en las comunidades rurales.

Más aún, de acuerdo con la Encuesta de las Pequeñas Armas, programa a cargo del Instituto de Estudios Internacionales y de Desarrollo de Ginebra, en 2011 México ocupó el lugar 42 del mundo de mayor número de armas por cada 100 mil habitantes. En números totales, se estimó que 15.5 millones de armas de fuego estaban en manos de la población civil. ...El número de hogares que compraron armas por miedo a la inseguridad pasó de 146 mil en 2010 a 232 mil hogares en 2015 (un aumento de casi 60 por ciento en 5 años), de acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Es decir, actualmente el acceso a un arma de fuego para la población civil es muy alto, lo que induce riesgos colaterales y directos sobre la comunidad y la familia, un caso particular asociado es precisamente la tragedia ocurrida en Monterrey, que motiva la proposición con punto de acuerdo. Es fundamental desincentivar la compra de armas de fuego por parte de los hogares, muchas de ellas adquiridas al margen de la ley, a través del mercado negro y el contrabando, lo que incrementa su tráfico.

Ahora bien, tal como lo citan los artículos anteriores, así como el trabajo de otros investigadores sobre los incidentes relacionados con el uso de arma en las escuelas por adolescentes en Estados Unidos, señalan una proporción directa entre la facilidad de obtener un arma y dichos incidentes, según los artículos anteriores 300 millones de armas de fuego, con un alto porcentaje concentrado en armas de alto poder letal, se encuentran en el mercado legal e ilegal, comprendido en Estados Unidos y México, teniendo como consecuencia en 2015 alrededor de 300 incidentes en escuelas norteamericanas relacionados con civiles usando armas de fuego en contra de la comunidad.

Citando nuevamente al investigador Antonio Rangel Bandeira, en su artículo “Armas pequeñas y campañas de desarme. Matar los mitos y salvar las vidas”, se reproducen a continuación las siguientes observaciones:

• Se cree que el porte de armas es un factor de protección que disminuye los riesgos de quienes las poseen. No obstante, las investigaciones demuestran que el porte de armas aumenta la posibilidad de muerte del portador, en tanto las armas tienen un carácter esencialmente violento, que puede llevar al malogro en la resolución de los conflictos y a la exposición a situaciones de riesgo.

• Se argumenta que la prohibición de las armas desprotege a la gente que las usa legalmente y favorece a los criminales, dado que promueve un mercado clandestino. Sin embargo, en tanto el grueso de la producción de armas pertenece a las industrias legales, las experiencias de control muestran éxito en la disminución del tráfico. Estas políticas de control generan dificultades para la consecución de armas por parte de los criminales.

• El lobby de las grandes empresas de armas ha difundido la creencia de que las políticas de regulación y desarme obedecen a que los estados quieren someter a sus ciudadanos. No obstante, en el marco del monopolio legítimo de la violencia, se puede demostrar que los estados democráticos buscan desarmar a su población para mejorar la eficiencia de sus instituciones y garantizar la libertad y la seguridad de sus ciudadanos.

• ...Su presencia en un escenario de conflicto interpersonal o de descontrol emocional puede transformar una discusión o una pelea en un asesinato, para desgracia de por lo rnenos dos familias. La presencia del arma convierte conflictos banales en tragedias irreversibles. El arma de fuego cambia la naturaleza de los conflictos personales, volviéndolos mortales.

Es por tanto que se considera fundamental que el Estado mexicano en su conjunto asuma como una política pública el desarme voluntario de los ciudadanos, destruyendo a través de información precisa los mitos que se han formado alrededor de la posesión de un arma de fuego, como un factor de defensa tanto de las personas como del patrimonio.

En segundo término, es importante abordar el tema del suicidio, de acuerdo con el portal de la publicación México Social se tiene que:

En los últimos 10 años se han registrado en México 51 mil 381 suicidios; de ellos, 41 mil 867 corresponden a casos de hombres y 9 mil 508 a mujeres. De acuerdo con las estadísticas oficiales, en tres de cada cuatro casos el método utilizado es el ahorcamiento, seguido del disparo con arma de fuego y en tercer sitio el envenenamiento.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) cuenta con una serie de documentos relativos a los suicidios y los intentos de suicidios, de la cual, la última publicación disponible en su sitio electrónico data de 2013, con información del año 2011.

En ese documento se destaca que en 2011 hubo 5 mil 718 suicidios, de los cuales 4 mil 621 correspondieron a hombres, y mil 95 casos correspondieron a mujeres. Del total de casos, 2 mil 532 personas se encontraban solteras al momento de su fallecimiento, mil 22 vivían en unión libre y mil 596 estaban casadas.

Por grupos de edad, el Inegi identifica que en 249 casos se trataba de niñas, niños y adolescentes de entre 10 y 14 años de edad; en mil 775 casos tenían entre 15 y 24 años de edad, mientras que en mil 275 casos se trataba de jóvenes de 25 a 34 años de edad. Estos datos implican que 58 por ciento de los suicidios se presentaron entre personas menores de 35 años.

Adicionalmente es pertinente destacar que, del total de los suicidios registrados, en mil 642 casos se trataba de personas sin empleo, en 826 casos se trataba de trabajadores agropecuarios, en 806 casos se trataba de artesanos, 668 personas más laboraban como auxiliares administrativos, 368 casos corresponden a personas dedicadas al comercio, y en 790 casos se tiene registro de otras ocupaciones.

Si se toman como referencia las profesiones señaladas, se trataba, en la inmensa mayoría de los casos, de personas que se encontraban en los promedios de ingresos más bajos del país, pero también en los sectores económicos con mayores porcentajes de personas en condiciones de informalidad laboral.

...

Sin embargo, en 2013 y 2014 las cifras se incrementaron de manera relevante, tanto en términos absolutos como relativos. En efecto, en los años señalados se registraron 5 mil 909 y 6 mil 337 casos, respectivamente, los cuales representaron 8.5 por ciento y 9.5 por ciento del total de la mortalidad accidental y violenta, respectivamente.

Por último, debe decirse que la mortalidad por suicidios sigue siendo predominantemente masculina: en efecto, de los 51 mil 384 suicidios cometidos entre 2005 y 2014, un total de 41 mil 867 han sido cometidos por hombres, y 9 mil 508 por mujeres, cifra que representa 18.5 por ciento del total.

Recordemos que en el incidente que motiva la proposición con punto de acuerdo, el adolescente que uso el arma de fuego en contra de su comunidad escolar, termino quitándose la vida, este acto debe ser puntualmente estudiado, debido a que la salud mental de las y los adolescentes mexicanos debe ser una prioridad para una mejor convivencia social, un hecho es claro, en México debemos utilizar este tipo de incidentes lamentables para generar las acciones que conlleven a que nunca más se repitan.

Por una parte, es claro que el acceso a las armas de fuego, debe reducirse, pero igualmente el deterioro de la salud mental que conlleva al suicidio tiene que ser atendida de manera emergente.

Utilizando nuevamente al portal de la publicación México Social, se lee:

En ese contexto, la Organización Panamericana de Salud (OPS) alerta que entre los jóvenes de 15 a 29 años de edad el suicidio se ha convertido en la segunda causa de muerte, sólo después de los accidentes. Para la región de las Américas, la OPS estima una tasa de 7.3 suicidios por cada 100 mil habitantes, indicador inferior a la media mundial, el cual se ubica en 11 suicidios por cada 100 mil personas.

Asumir al indicador del suicidio como una prioridad global tiene relevancia, sobre todo porque alerta en torno a las condiciones de malestar y sufrimiento en que se sitúan millones de personas, pues, de acuerdo con estimaciones de varios expertos, por cada suicidio cometido hay 20 intentos en los que afortunadamente no se logra el cometido.

...

Es interesante observar en ese sentido que hay una estricta correlación entre la edad y la presencia de casos de depresión, pues, a más años de vida, se registra una mayor incidencia. Así, para el grupo de edad de 1 a 4 años la tasa es de 0.8 casos por cada 100 000 en el grupo etario.

Entre quienes tienen de 5 a 9 años la tasa en 2014 fue de 7.1 casos por cada 100 mil, en el de 10 a 14 años, crece a 26.8 casos por cada 100mil, entre las y los jóvenes de 15 a 19 años el indicador crece a 40.1 casos por cada 100 mil, se incrementa a 44.5 en el grupo de 20 a 24 años, y se ubica en 60.9 en el grupo de 25 a 44 años de edad.

Es destacable que entre quienes tienen más de 45 años las tasas superan en más de 100 por ciento a la media nacional. Así, en el grupo de 45 a 49 años la tasa de incidencia de depresión es de 108.3 casos por cada 100 mil en el grupo de edad, es de 110.7 para el grupo de 50 a 59 años, de 145.2 para el grupo de 60 a 64 años y de 129.9 para quienes tienen 65 años y más.

Por lo que la proposición con punto de acuerdo exhorta que las políticas públicas encaminadas a la reducción de los suicidios consideren, la distribución geográfica, la perspectiva de género enfocadas al sexo masculino, la prevalencia de acuerdo a la etapa etaria de la población. En suma, podemos afirmar que los varones adolescentes de las ciudades, son un grupo prioritario que merece una atención dedicada, sobre todo porque de acuerdo lo expuesto sobre el acceso a armas de fuego, tienen una mayor posibilidad de estar en contacto con ellas, que sus pares en el medio rural.

Por lo expuesto y de acuerdo a los artículos señalados en el proemio, se presenta ante esta honorable soberanía los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a las Secretarías de Gobernación, y de la Defensa Nacional, para que, de acuerdo a sus atribuciones y ámbitos de competencia, en coordinación con las entidades federativas y los ayuntamientos del país, diseñen y ejecuten una campaña nacional de desarme voluntario, con la finalidad de reducir los riesgos por la portación y tenencia de armas de fuego entre la población civil.

Segundo. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretarías de Salud, y Educación Pública, para que, de acuerdo a sus atribuciones y ámbitos de competencia, en coordinación con las entidades federativas y el Instituto Mexicano de la Juventud, realicen campañas de prevención y atención del suicidio, con particular énfasis y de acuerdo a la perspectiva de género, en la población constituida por varones adolescentes de los centros urbanos del país, identificando su problemática particular, respecto a su salud mental y desarrollo social.

Notas

1 Disponible en:

http://mexicoevalua.org/2016/03/24/sobre-las-balas-derramadas-e n-el­suelo-mexicano/

2 Disponible en:

http//mexicoevalua.org/2016/10/09 legalizar-la-portacion-de-armas-de-fuego-puerta-a bierta-al-aumento-en-la-violenci/

3 Ibíd.

4 Disponible en:

http://www.letraslibres.com/mexico/cultura/mi-primera-arma

5 Disponible en:

http://larepublica.pe/mundo/america/709770-lo-que-calla-estados ­unidos-sobre-el-control-de-armas

6 Disponible en:

http://librarv.fes.de/pdf-files/bueros/la-seguridad/09105.pdf

7 Disponible en:

http: mexicosocial.org/index.php/mexico-social-en-excelsior/ítem/ 1194-suicidios-las-muertes-de-la-tristeza

8 Disponible en: http:

mexicosocial.org/index.php/secciones/especial/ítem/1280-salu-me ntal-dimensiones-y-retos

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, el 25 de enero de 2017.— Senadora Yolanda de la Torre Valdez (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Salud, de la Cámara de Senadores.

HECHOS ACONTECIDOS EN LA CIUDAD DE MONTERREY

«Proposición con punto de acuerdo, respecto a los hechos acontecidos en Monterrey, suscrita por la senadora Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del PRI

La suscrita, Yolanda de la Torre Valdez, senadora de la República, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta ante esta soberanía una proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El lamentable acontecimiento suscitado el pasado 18 de enero del año en curso en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, dentro de las instalaciones del Colegio Americano del Noreste, institución educativa privada ubicada en el norte de la ciudad de Monterrey, Nuevo León, en el que lamentablemente resultaron heridos de gravedad, una maestra y cuatro alumnos, dentro de los que se encontraba quien efectúo el atentado y que horas después de consumar el funesto evento, lamentablemente perdió la vida por la herida propiciada por el mismo.

Este incidente no es un hecho menor, nos obliga a voltear la mirada y reconsiderar qué estamos haciendo como sociedad y a qué debemos obligarnos para que este tipo de situaciones de violencia extrema no vuelvan a repetirse en lo futuro.

Hemos sido testigos involuntarios de un hecho que nunca debió ocurrir al haberse circulado a través de las redes sociales el video de los acontecimientos, escenas que lastiman a la sociedad y por supuesto a los familiares de los alumnos víctimas del hecho, tanto de aquellos que resultaron heridos por arma de fuego, como de igual forma de todos los que se encontraban en el aula y que requerirán de apoyo profesional para atender el daño emocional y psicológico de los 50 segundos de terror que vivieron desde el primer disparo hasta aquél en el que se infringió la herida en la cabeza el joven agresor.

Y no deja de alarmar que, al día siguiente, en el plantel Salvador Allende, ubicado en la colonia Valle Dorado, en Naucalpan, estado de México, una discusión entre dos alumnos de esa institución educativa, derivó en un ataque con arma blanca por parte de uno de ellos en contra del otro.

Estos hechos no podemos dejarlos pasar como eventos aislados, ambos son de igual naturaleza grave y de vital importancia atenderlos de manera inmediata.

Los factores de depresión, angustia, trastornos de conducta, violencia y suicidio, se dan tanto en la adolescencia, como en la parte adulta y los acontecimientos recientes así lo demuestran.

En México se cuenta con 64 hospitales psiquiátricos, 49 de ellos instituciones públicas y 15 instituciones privadas, sin embargo, de ellos sólo uno es dedicado a la atención psiquiátrica infantil, mismo que es el hospital psiquiátrico Juan N. Navarro, ubicado en la Ciudad de México.

El estudio realizado por los especialistas Gerhard Heinze, Gina del Carmen Chapa y Jaime Carmona-Huerta Los especialistas en psiquiatría en México: año 2016, arroja cifras que identifican que en todo el país se cuenta con 4 mil 393 psiquiatras que ejercen su profesión respecto de una población de 119 millones 530 mil 753 habitantes y el mismo estudio nos muestra que hay una tasa de 3.68 psiquiatras por cada cien mil habitantes.

El mismo estudio nos indica que la distribución de estos especialistas en nuestro país indica que un sesenta por ciento del total de los psiquiatras, ejercen su actividad profesional en las tres mayores ciudades de México, siendo estas las ciudades de Guadalajara, Monterrey y la propia Ciudad de México.

Estas cifras nos obligan a hacer reflexiones respecto de la necesidad de atender los problemas de nuestras niñas, niños y adolescentes.

Los datos referidos nos muestran una cruda realidad, que nunca serán suficientes los profesionales de la salud en esta materia para atender a la población infantil y juvenil en nuestro país, por ello debemos asumir un alto compromiso como padres de familia en estar más cerca de nuestras familias, particularmente de nuestros hijos.

Como padres de familia nos hemos ocupado por proveer a nuestras familias y a nuestros hijos de todo cuanto les es indispensable, lamentablemente en muchos casos no proveemos lo más importante como es la atención, cercanía y afecto.

Hoy nos mueve el inmenso dolor y angustia que sufren las familias de los jóvenes del Colegio Americano del Noreste, ubicado en el norte de Monterrey, Nuevo León, y para todos ellos, padres de familia, alumnos y maestros de ese plantel presento el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión para pronunciarse respecto a los acontecimientos acaecidos en la ciudad de Monterrey, Nuevo León y expresar a nombre de la Comisión Permanente nuestro profundo pesar y solidaridad a todos los alumnos, maestros y padres de familia del Colegio Americano del Noreste.

Notas

1 http://afoncJoedomex.COmlvafle-de-mexico/alumno-de-secundaria-apunala-a-su-comp anero-en-escuela-de-naucalpan/

2 Datos a localizar en la siguiente dirección.

http://www.inprf-cd.gob.mx/sitios/hospitales.html

3 Datos a localizar en la dirección:

http://www.scielo.org.mx/pdf/sm/v39n2l0185-3325_sm_39_02_00069. pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 25 de enero de 2017.— Senadora Yolanda de la Torre Valdez (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Educación, de la Cámara de Senadores.

HECHOS ACONTECIDOS EN EL ESTADO DE VERACRUZ

«Proposición con punto de acuerdo, en relación con hechos acontecidos en Veracruz, suscrita por la senadora Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del PRI

La suscrita, Yolanda de la Torre Valdez, senadora de la República e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, numeral 1, fracción II, 276 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, presenta ante esta soberanía, una proposición con punto de acuerdo, al tenor de lo siguiente:

Consideraciones

La salud es un derecho humano que se encuentra reconocido en el cuarto párrafo del artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual tiene entre sus finalidades: El bienestar físico y mental de la persona, para contribuir al ejercicio pleno de sus capacidades; la prolongación y mejoramiento de la calidad de la vida humana; y el disfrute de servicios de salud y de asistencia social que satisfagan eficaz y oportunamente las necesidades de la población.

Para la salvaguarda de este derecho humano, el artículo 4 de la Ley General de Salud dispone que son autoridades en materia sanitaria: el Presidente de la República; el Consejo de Salubridad General; la Secretaría de Salud, y los gobiernos de las entidades federativas.

La Ley en comento también establece en el apartado B de su artículo 13, que en materia de salubridad general, entre otras cuestiones, a los gobiernos de las entidades federativas y las autoridades estatales, les corresponde organizar, operar, supervisar y evaluar la prestación de los servicios de salubridad general.

En contravención a lo anterior, el16 de enero del año en curso, el Gobernador del estado de Veracruz, dio a conocer que durante la administración de su antecesor, niños enfermos de cáncer recibieron agua destilada en lugar de las medicinas que requerían para sus quimioterapias.

De acuerdo con información vertida en diversos medios de comunicación, el titular del ejecutivo estatal manifestó que se cuenta con resultados de un laboratorio, donde se señala que el supuesto medicamento que se administraba a los niños, en verdad era un compuesto inerte, precisando que era agua prácticamente destilada.

Por otro lado, se ha dado a conocer que existen otros casos como es el de medicamentos que se encontraron en las bodegas que ya habían superado o pasado la etapa de caducidad. Al respecto, el actual gobernador de la entidad señaló de manera textual que: “Millones de pesos de medicamentos embodegados que no sabemos si se compraron ya con la caducidad vencida o dejaron que se venciera la caducidad. [...]”.

En. relación a los hechos en comento, las distintas fuerzas políticas que conformamos el Congreso de la Unión, hemos hecho un pronunciamiento unánime en el que expresamos nuestra condena total y la necesidad de que se lleven a cabo las investigaciones correspondientes, para que en caso de corroborarse, se deslinden las responsabilidades que conforme a derecho procedan.

Bajo esta tesitura y a reserva de lo que determinen las autoridades conducentes, es oportuno tener en cuenta que con base al artículo 3 de la Ley de Salud del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, en materia de salubridad le corresponde al gobierno estatal: la atención médica, preferentemente en beneficio de grupos vulnerables; la información relativa a las condiciones; recursos y servicios de salud; la prevención y el control de enfermedades transmisibles; la Prevención de infecciones de transmisión sexual; y la asistencia social.

En atención a la gravedad de los hechos que motivan el presente punto de acuerdo y reiterando que en el Grupo Parlamentario del PRI rechazamos todo tipo de conducta que atente, límite o vulnere la protección de la salud de la población mexicana, estimamos imprescindible que los mismos sean esclarecidos.

Para ponderar la trascendencia del asunto, basta mencionar que además de ser un asunto que implica el probable uso indebido de recursos públicos, al mismo tiempo, está relacionado con el menoscabo de uno de los derechos más importantes del ser humano, la protección del derecho a la salud.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la Procuraduría General de la República y a la Fiscalía General del Estado de Veracruz para que en el marco de sus atribuciones lleven a cabo las investigaciones correspondientes en relación a la probable comisión de diversas irregularidades, como el suministro de medicamento falso para quimioterapias para niños con cáncer y pruebas para detectar VIH-sida en el estado de Veracruz, durante la administración 2010-2016, a fin de que se deslinden las responsabilidades que conforme a derecho procedan.

Segundo. La Comisión Permanente del Congreso del Unión, exhorta respetuosamente a la Auditoría Superior de la Federación y al Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz, para que en el marco de sus atribuciones, lleven a cabo las investigaciones correspondientes respecto a presuntas irregularidades en la compra de medicamentos destinados a quimioterapias para niños con cáncer y pruebas para detectar VIH-sida en el estado de Veracruz, durante la administración 2010-2016.

Notas

1 Fracciones I, II y V del artículo 2 de la Ley General de Salud.

2 http://www.animalpolitico.com/2017/01/yunes-veracruz-falsas-auimioterapias/

3 http://www.legisver.gob.mx/leves/LevesPDF/SALUD1602161.pdf

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a los 25 días del mes de enero del año dos mil diecisiete.— Senadora Yolanda de la Torre Valdez (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Justicia, de la Cámara de Senadores.