Presidencia del diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar

ASISTENCIA

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Pido a la Secretaría haga del conocimiento de esta Presidencia, el resultado del cómputo de asistencia de diputadas y diputados.

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 295 diputadas y diputados. Por lo tanto, hay quórum, presidente.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: (a las 11:48 horas): Se abre la sesión.

ORDEN DEL DÍA

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Consulte la Secretaría a la asamblea si se dispensa la lectura al orden del día.

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica, se consulta a la asamblea si se dispensa la lectura al orden del día. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Presidente, mayoría por la afirmativa. Se dispensa la lectura.

«Primer periodo de sesiones ordinarias del segundo año de ejercicio de la LXIII Legislatura.

Orden del día

Martes 13 de diciembre de 2016

Lectura del acta de la sesión anterior

Comunicaciones oficiales

De los diputados Rosa Alba Ramírez Nachis, Tarek Abdala Saad, Ingrid Krasopani Schemelensky Castro y Hortensia Aragón Castillo

Solicitan el retiro de iniciativas y proposiciones.

De la Secretaría de Gobernación

Remite cuatro contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados.

De la Cámara de Senadores

Devuelve para los efectos de la fracción D, el expediente que contiene proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Desarrollo Social.

Minutas

Con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 106 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.

Con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 61 y 73 de la Ley de Vivienda.

Con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción XXI del artículo 4o. de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentable.

Iniciativa de senador

Con proyecto de decreto por el que se derogan el inciso c), fracción II del artículo 2o.; fracciones XIV, XV y XVI del artículo 3o.; fracción IV del artículo 8o. y el artículo 18-A de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, presentada por el Sen. Raúl Aarón Pozos Lanz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Acuerdos de los órganos de gobierno

De la Junta de Coordinación Política.

Declaratoria de publicidad

De la Comisión de Energía, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Petróleos Mexicanos y de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad.

De la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos; y de la Ley de Puertos.

Dictámenes a discusión de leyes o decretos

De la Comisión de Justicia, con proyecto de decreto por el que se reforma el primer párrafo del artículo 420 del Código Penal Federal, y se adiciona una fracción X al artículo 2o. de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.

De la Comisión de Justicia, con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Víctimas.

De la Comisión de Justicia, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 24 y 366 Ter, y se adiciona el 209 Quáter al Código Penal Federal.

De la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, con proyecto de decreto por el que se Expide la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.

De la Comisión de Justicia, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 420 y 422 del Código Penal Federal. (tráfico de especies)

De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 176 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

De la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 6o. de la Ley General de Infraestructura Física Educativa.

De la Comisión de Salud, con proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 233 Bis a la Ley General de Salud.

De la Comisión de Salud, con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 310 de la Ley General de Salud.

De la Comisión de Salud, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 6o. de la Ley de los Institutos Nacionales de Salud.

De la Comisión de Salud, con proyecto de decreto por el que se reforma el primer párrafo del artículo 35 de la Ley General de Salud.

De la Comisión de Asuntos Indígenas, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 6o. de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.

De la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, con proyecto de decreto por el que se expide el Reglamento de la Medalla de Reconocimiento al Mérito Deportivo.

De las Comisiones Unidas de Vivienda y de Atención a Grupos Vulnerables, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Vivienda, de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores y de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad.

De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 7o. y 16 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable.

De la Comisión de Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo séptimo del artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental.

De la Comisión de Desarrollo Social, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 5o., 14, 24 y 31 de la Ley Federal de Fomento a las Actividades realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil.

De la Comisión de Derechos de la Niñez, con proyecto de decreto por el que se adicionan los artículos 12 y 19 de la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil.

De la Comisión de Derechos de la Niñez, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

De la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, con proyecto de decreto por el que se adiciona un inciso d) al artículo 106 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

De la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto por el que el Honorable Congreso de la Unión Declara el 9 de agosto de cada año “Día Nacional contra el Cáncer Cervicouterino”.

Iniciativas

Que adiciona diversas disposiciones a la Ley Federal de Protección al Consumidor, a cargo del diputado Miguel Ángel Salim Alle, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Seguridad Nacional, de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y de la Ley de Migración, suscrita por la diputada Adriana Sarur Torres y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Que reforma el artículo 32 de la Ley General de Turismo, suscrita por el diputado Jesús Sesma Suárez y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Que reforma el artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Claudia Sofía Corichi García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a cargo del diputado Evelio Plata Inzunza, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 110 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, a cargo del diputado Juan Carlos Ruiz García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que adiciona los artículos 9o. de la Ley General de Cultura Física y Deporte, y 7o. de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Isaura Ivanova Pool Pech, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma los artículos 40 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y 15-C y 540 de la Ley Federal del Trabajo, a cargo de la diputada Isaura Ivanova Pool Pech, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma los artículos 56, 57, 58 y 59 de la Ley General de Educación y 21 de la Ley Reglamentaria del artículo 5o. Constitucional, Relativo al Ejercicio de las Profesiones en el Distrito Federal, a cargo de la diputada Isaura Ivanova Pool Pech, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona los artículos 46 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y 61-Bis y 66-Bis de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Lucia Virginia Meza Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 51 de la Ley General de Desarrollo Social, a cargo de la diputada Lucia Virginia Meza Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que adiciona el artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado David Jiménez Rumbo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que adiciona el artículo 113 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, a cargo del diputado Christian Joaquín Sánchez Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 16 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, a cargo de la diputada Kathia María Bolio Pinelo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Benjamín Medrano Quezada, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 52 de la Ley de Aviación Civil, a cargo del diputado Francisco Saracho Navarro, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 43 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Santiago Torreblanca Engell, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 366 del Código Nacional de Procedimientos Penales, a cargo del diputado Santiago Torreblanca Engell, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 47 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, a cargo del diputado Christian Joaquín Sánchez Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que adiciona el artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Juan Carlos Ruiz García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 139 de la Ley de la Industria Eléctrica, a cargo del diputado Efraín Arellano Núñez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona los artículos 150 y 154 Bis a la Ley del Seguro Social, suscrita por el diputado César Alejandro Domínguez Domínguez y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 2o., 22 y 67 de la Ley General de Sociedades Cooperativas, a cargo del diputado Francisco Martínez Neri, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que adiciona el artículo 149 Quáter del Código Penal Federal, a cargo del diputado David Jiménez Rumbo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona los artículos 187 Bis y 420 de la Ley General de Salud, a cargo del diputado David Jiménez Rumbo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona los artículos 23, 26 y 30 de la Ley Agraria, a cargo de la diputada Ruth Noemí Tiscareño Agoitia, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona el artículo 5o. de la Ley de Asistencia Social, a cargo del diputado Juan Carlos Ruíz García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Adriana Terrazas Porras, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma diversas disposiciones de la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro y de la Ley General de Educación, a cargo del diputado Germán Escobar Manjarrez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma diversas disposiciones del Reglamento de la Cámara de Diputados, a cargo de la diputada Refugio Trinidad Garzón Canchola, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma el artículo 458 del Código Nacional de Procedimientos Penales, a cargo del diputado Ricardo Ramírez Nieto, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Ricardo Ramírez Nieto, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 60 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, a cargo de la diputada Gretel Culin Jaime, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que adiciona el artículo 15 de la Ley del Seguro Social, a cargo de Dip. Yerico Abramo Masso, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 45 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, a cargo del diputado Wenceslao Martínez Santos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 8o. de la Ley Federal de Derechos, suscrita por los diputados integrantes de la Comisión de Turismo.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, a cargo del diputado Carlos Alberto de la Fuente Flores, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que abroga la Ley en Favor de los Veteranos de la Revolución como Servidores del Estado, a cargo de la diputada Eloisa Chavarrias Barajas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 12 de la Ley de Ayuda Alimentaria para los Trabajadores, a cargo del diputado José Adrián González Navarro, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a cargo de la diputada María Candelaria Ochoa Avalos, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma el artículo 22 de la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, a cargo de la diputada Sofía del Sagrario de León Maza, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 6o. de la Ley General de Salud, a cargo del diputado Pedro Luis Noble Monterrubio, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 3o. de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Ma. Victoria Mercado Sánchez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que adiciona los artículos 132 de la Ley Federal del Trabajo y 196 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, a cargo de la diputada María Bárbara Botello Santibáñez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona el artículo 2o. de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, a cargo del diputado Germán Ernesto Ralis Cumplido, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que adiciona diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, a cargo del diputado Jorge Enrique Dávila Flores, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 2o. de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, a cargo del diputado René Cervera García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma los artículos 2 y 10 y deroga el artículo 2o.-C de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, a cargo del diputado René Cervera García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma y adiciona el artículo 171 de la Ley Federal del Trabajo, a cargo de la diputada María del Rocío Rebollo Mendoza, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 191 de la Ley Federal de Derechos, a cargo del diputado Jesús Antonio López Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que adiciona el artículo 79 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Armando Luna Canales, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona el artículo 17 Bis de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Claudia Sofía Corichi García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma y adiciona los artículos 3o. y 123 de la Ley de la Industria Eléctrica, a cargo del diputado Juan Carlos Ruiz García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona los artículos 3o., 78 y 85 del Reglamento de la Cámara de Diputados, a cargo de la diputada Erika Araceli Rodríguez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 159 Bis 3 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, a cargo del diputado Juan Carlos Ruiz García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que adiciona el artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que adiciona el artículo 17 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Ricardo Ramírez Nieto, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

De decreto por el que se declara el 30 de mayo como Día Nacional de las Personas Sobredotadas, a cargo del diputado Germán Ernesto Ralis Cumplido, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que adiciona el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por los diputados Ruth Noemí Tiscareño Agoitia, César Camacho Quiroz y Jorge Carlos Ramírez Marín, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que adiciona el artículo 107 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a cargo del diputado José Adrián González Navarro, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que adiciona el artículo 302 Bis del Código Penal Federal, a cargo de la diputada Ma. Victoria Mercado Sánchez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que adiciona el artículo 10 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, a cargo de la diputada Mónica Rodríguez Della Vecchia, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 10 de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, a cargo de la diputada Marbella Toledo Ibarra, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma los artículos 89, 94, 97, 99 y 100 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada María Eloísa Talavera Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona los artículos 52, 52 Bis, 52 Ter y 52 Quáter a la Ley de Aviación Civil, a cargo de la diputada Alicia Guadalupe Gamboa Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional

Que reforma el artículo 1o. de la Ley General de Víctimas, suscrita por los diputados Armando Luna Canales y Julieta Fernández Márquez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona los artículos 1o. y 9o. de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, a cargo de la diputada Gretel Culin Jaime, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 222 de la Ley del Seguro Social, a cargo de la diputada Mirza Flores Gómez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que adiciona el artículo 3o. de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Ricardo Ramírez Nieto, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional

Que expide la Ley General para la Atención de las Personas en Situación de Desplazamiento Interno, suscrita por el diputado Enrique Zamora Morlet y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Que reforma el artículo 10 de la Ley del Mercado de Valores, a cargo del diputado Salvador Zamora Zamora, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma los artículos 6o., 14, 15 y 154 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, suscrita por la diputada Martha Lorena Covarrubias Anaya y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que adiciona el artículo 20 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por las diputadas María Guadalupe Oyervides Valdez y Ana María Boone Godoy, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 15-A de la Ley Federal del Trabajo, a cargo del diputado Luis Ernesto Munguía González, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma los artículos 3o. y 10 de la Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo, a cargo de la diputada María Concepción Valdés Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que adiciona los artículos 287 Bis y 287 Ter al Código Penal Federal, a cargo del diputado Germán Ernesto Ralis Cumplido, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma los artículos 2o. y 4o. de la Ley Orgánica del Seminario de Cultura Mexicana, a cargo de la diputada Eloisa Chavarrias Barajas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma los artículos 14 Bis 5 y 14 Bis 6 de la Ley de Aguas Nacionales, a cargo de la diputada Guadalupe González Suástegui, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que adiciona el artículo 2-A de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, a cargo del diputado Alfredo Anaya Orozco, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona los artículos 13, 18, 19 y 60 de la Ley General de Cultura Física y Deporte, a cargo del diputado José Adrián González Navarro, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que adiciona el artículo 61 Bis de la Ley Federal del Trabajo, suscrita por los diputados Ma. Victoria Mercado Sánchez y Carlos Lomelí Bolaños, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que adiciona el artículo 27 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, a cargo de la diputada Angie Dennisse Hauffen Torres, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma los artículos 79 y 82 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, a cargo del diputado Braulio Mario Guerra Urbiola, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

De decreto que declara el 6 de noviembre de cada año como Día Nacional del Perro de Asistencia, a cargo de la diputada Kathia María Bolio Pinelo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que adiciona el artículo 42 Bis a la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, suscrita por los diputados Ma. Victoria Mercado Sánchez y Carlos Lomelí Bolaños, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que adiciona los artículos 12 de la Ley General de Educación y 7Bis de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, a cargo del diputado David Sánchez Isidoro, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

De decreto por el que se declara el 19 de abril de cada año, Día Nacional de la Bicicleta, a cargo del diputado Jonadab Martínez García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que adiciona un artículo 113 Bis a la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Adriana Terrazas Porras, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona los artículos 3o., 8o. y 11 de la Ley para Impulsar el Incremento Sostenido de la Productividad y la Competitividad de la Economía Nacional, a cargo de la diputada Azul Etcheverry Aranda, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que adiciona el artículo 6o. de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a cargo de la diputada Araceli Madrigal Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que expide la Ley Reglamentaria del artículo 88 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Cecilia Romero Castillo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma los artículos 108 del Código Nacional de Procedimientos Penales y 421 del Código Penal Federal, a cargo de la diputada Erika Araceli Rodríguez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que adiciona el artículo 60 Bis 3 a la Ley General de Vida Silvestre, a cargo de la diputada Erika Araceli Rodríguez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 65 de la Ley General de Educación, a cargo de la diputada Rocío Matesanz Santamaría, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona los artículos 2o., 13 y 68 de la Ley General del Servicio Profesional Docente, a cargo del diputado Francisco Martínez Neri, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que adiciona el artículo 49 de la Ley Agraria, a cargo del diputado Exaltación González Ceceña, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 38 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada María Gloria Hernández Madrid, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 3o. y 23 de la Ley de Asistencia Social, a cargo de la diputada Gretel Culin Jaime, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de los artículos 73, 76, 89 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Melissa Torres Sandoval, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.

Que adiciona el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por la diputada Edith Anabel Alvarado Varela y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 52 de la Ley de Aviación Civil, a cargo de la diputada Cynthia Gissel García Soberanes, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, a cargo del diputado Jorge Álvarez Máynez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma los artículos 114, 115, 216 y 421 Bis de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Beatriz Vélez Núñez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que adiciona el artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal, a cargo de la diputada María Verónica Agundis Estrada, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona los artículos 2o. y 58 de la Ley General de Turismo, a cargo de la diputada Isaura Ivanova Pool Pech, del Grupo Parlamentario del Partido Revolución Democrática.

Que expide la Ley General del Banco Nacional de Huellas Genéticas, a cargo del diputado Víctor Manuel Sánchez Orozco, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que expide la Ley General de Juventud y reforma el artículo 4o. de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, a cargo de la diputada Edith Anabel Alvarado Varela, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de responsabilidades de los servidores públicos, a cargo del diputado Erick Juárez Blanquet, del Grupo Parlamentario del Partido Revolución Democrática.

Por el que se declara el día 4 de noviembre de cada año, como el “Día Nacional de la Visión”, a cargo de la diputada Ma. Victoria Mercado Sánchez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma el artículo 36 de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Rosa Alba Ramírez Nachis, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que adiciona el artículo 9o. de la Ley de Cámaras Empresariales y sus Confederaciones, suscrita por los diputados Rosa Alba Ramírez Nachis y Carlos Lomelí Bolaños, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma y deroga los artículos 10 y 11 de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos, a cargo del diputado Gustavo Adolfo Cárdenas Gutiérrez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma el artículo 62 de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Noemí Zoila Guzmán Lagunes, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona los artículos 16 y 17 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a cargo de la diputada Mirza Flores Gómez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, a cargo de la diputada Martha Cristina Jiménez Márquez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y deroga diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y de la Ley General de Partidos Políticos, a cargo del diputado Ricardo Ángel Barrientos Ríos, del Grupo Parlamentario del Partido Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 31 de la Ley de la Policía Federal, suscrita por los diputados María Elena Orantes López, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano y Armando Luna Canales, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional

Que adiciona el artículo 8o. de la Ley Federal de Cinematografía, a cargo de la diputada Gretel Culin Jaime, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma los artículos 48 y 50 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a cargo de la diputada Claudia Sofía Corichi García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que adiciona el artículo 68 de la Ley General de Desarrollo Social, a cargo de la diputada Angie Dennisse Hauffen Torres, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

De decreto por el que se declara el 20 de Marzo de cada año como Día Nacional de las Áreas Naturales Protegidas de México, a cargo de la diputada Angie Dennisse Hauffen Torres, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma el artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Ricardo David García Portilla, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 36 de la Ley General de Ciencia y Tecnología, a cargo de la diputada Ana Guadalupe Perea Santos, del Grupo Parlamentario de Partido Encuentro Social.

Que reforma y deroga el artículo 47 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, a cargo del diputado Ricardo David García Portilla, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona los artículos 28 Bis y 43 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 Constitucional, a cargo de la diputada Patricia García García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma los artículos 5o. y 7o. de la Ley de los Institutos Nacionales de Salud, a cargo de la diputada Beatriz Vélez Núñez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 30 de la Ley de Aviación Civil, a cargo de la diputada Lorena del Carmen Alfaro García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que adiciona un segundo párrafo al artículo 127 Bis de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 Constitucional, a cargo de la diputada Marbella Toledo Ibarra, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Protección Civil, y de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, a cargo de la diputada Noemí Zoila Guzmán Lagunes, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que adiciona el artículo 61 de la Ley Aduanera, suscrita por diputados integrantes de Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y del Partido Verde Ecologista de México.

Que reforma el artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Otniel García Navarro, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por los diputados César Camacho Quiroz, Víctor Manuel Giorgana Jiménez y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona los artículos 73 y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Alejandro Armenta Mier, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que adiciona un artículo 82 Bis a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a cargo del diputado Waldo Fernández González, del Grupo Parlamentario del Partido Revolución Democrática.

Que adiciona el artículo 8o. de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, a cargo de la diputada María Elida Castelán Mondragón, del Grupo Parlamentario del Partido Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y deroga el Capítulo Cuarto del Título Segundo de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, a cargo del diputado Víctor Manuel Sánchez Orozco, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Que reforma y adiciona los artículos 2o., 22, 23 y 37 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, a cargo de la diputada Mirna Isabel Saldívar Paz, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.

Que reforma el artículo 61 de la Ley de Vivienda, suscrita por el diputado Javier Guerrero García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y diputados integrantes de diversos Grupos Parlamentarios.

Que reforma el artículo 159 de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Teresa de Jesús Lizárraga Figueroa, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que adiciona el artículo 198 de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Ma. Victoria Mercado Sánchez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que adiciona el artículo 30 de la Ley General de Desarrollo Social, suscrita por el diputado Javier Guerrero García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y diputados integrantes de diversos Grupos Parlamentarios.

Que reforma los artículos 20 y 45 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a cargo de la diputada Teresa de Jesús Lizárraga Figueroa, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que adiciona el artículo 309 Bis del Código Penal Federal, a cargo de la diputada Ma. Victoria Mercado Sánchez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que adiciona un artículo 95 Bis a la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Mirna Isabel Saldívar Paz, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.

Que adiciona el artículo 13 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, a cargo del diputado Rafael Yerena Zambrano, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que adiciona los artículos 5o. y 11 de la Ley General para el Control del Tabaco, a cargo de la diputada Ma. Victoria Mercado Sánchez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que adiciona el artículo 449 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, a cargo del diputado Armando Luna Canales, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que adiciona diversas disposiciones a la Ley de Comercio Exterior, a cargo del diputado José Adrián González Navarro, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que adiciona los artículos 18, 19 y 20 de la Ley Federal de Juegos y Sorteos, a cargo del diputado Germán Ernesto Ralis Cumplido, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que adiciona el artículo 9 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, a cargo del diputado Luis Alfredo Valles Mendoza, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.

Que reforma y adiciona los artículos 3o., 6o. y 152 de la Ley General de Salud, a cargo del diputado José Máximo García López, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que deroga la fracción XXX del artículo 28 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, a cargo del diputado Luis Alfredo Valles Mendoza, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.

Que reforma el artículo 4o. de la Ley Federal de Sanidad Animal, a cargo del diputado David Mercado Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 300 de la Ley del Seguro Social, cargo de la diputada Ma. Victoria Mercado Sánchez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma el artículo 79 de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Teresa de Jesús Lizárraga Figueroa, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 3o. de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Ma. Victoria Mercado Sánchez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma el artículo 22 Bis de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, a cargo de la diputada Ma. Victoria Mercado Sánchez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma y adiciona el artículo 60 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a cargo del diputado Germán Ernesto Ralis Cumplido, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que adiciona el artículo 170 de la Ley Federal del Trabajo, a cargo del diputado Germán Ernesto Ralis Cumplido, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que deroga diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de arraigo penal, a cargo del diputado Rodrigo Abdala Dartigues, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que adiciona un artículo 95 Bis a la Ley del Seguro Social, a cargo de la diputada Ana Georgina Zapata Lucero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que adiciona la fracción XII al artículo 103 de la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, a cargo de la diputada Kathia María Bolio Pinelo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que adiciona un párrafo al artículo 50 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, a cargo del diputado Arturo Santana Alfaro, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona los artículos 6o., 16 y 27 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, a cargo del diputado Carlos Lomelí Bolaños, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma el artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Liborio Vidal Aguilar, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que adiciona el inciso n) a la fracción II del artículo 6o. de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, a cargo del diputado Luis de León Martínez Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, a cargo del diputado Carlos Lomelí Bolaños, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma y adiciona el artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Liborio Vidal Aguilar, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 8o. y 18 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores, a cargo de la diputada Eloisa Chavarrias Barajas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma los artículos 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 6o. de la Ley de Planeación y 7o. de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Salvador Zamora Zamora, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma el artículo 28 de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, a cargo de la diputada Mirza Flores Gómez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma la fracción I del artículo Décimo Cuarto Transitorio de la Ley General de Salud, suscrita por los diputados Ma. Victoria Mercado Sánchez, Carlos Lomelí Bolaños y Rosa Alba Ramírez Nachis, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que adiciona una fracción XII Bis al artículo 3o. de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Ma. Victoria Mercado Sánchez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que adiciona los artículos 42 Ter, 43 y 45 de la Ley Federal del Trabajo, a cargo de la diputada Ma. Victoria Mercado Sánchez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, a cargo del diputado Ramón Bañales Arambula, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 2o. de la Ley de General de Turismo, a cargo del diputado Baltazar Martínez Montemayor, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que adiciona un Apartado C al artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por el diputado Alberto Martínez Urincho, y diputados integrantes de diversos Grupos Parlamentarios.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Productos Orgánicos, suscrita por diputados integrantes de los Grupos Parlamentarios del Partido Verde Ecologista de México y del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 1834 del Código Civil Federal, a cargo del diputado Roberto Alejandro Cañedo Jiménez, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que adiciona la fracción V al artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo, a cargo de la diputada Ma. Victoria Mercado Sánchez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que adiciona el artículo 61 de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Angélica Reyes Ávila, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.

Que reforma y adiciona los artículos 109 y 128 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado José Alfredo Ferreiro Velazco, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.

Que adiciona el artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado independiente Manuel Jesús Clouthier Carrillo.

Que reforma y adiciona el artículo 231 de la Ley Federal de Derechos, a cargo del diputado Miguel Ángel González Salum, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que adiciona el artículo 2o. de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, a cargo del diputado Carlos Alberto de la Fuente Flores, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que adiciona el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por los diputados Héctor Javier García Chávez y Guadalupe Acosta Naranjo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 53 de la Ley General del Servicio Profesional Docente, a cargo de la diputada Ma. Victoria Mercado Sánchez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que adiciona el artículo 9o. de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, a cargo del diputado Jesús Rafael Méndez Salas, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.

Que reforma diversas disposiciones de la Ley de Migracion, a cargo del diputado Gonzalo Guízar Valladares, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.

Que adiciona el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Laura Nereida Plascencia Pacheco, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Jisela Paes Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 3o. de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura, a cargo del diputado Waldo Fernández González, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que adiciona el artículo 341 Bis de la Ley General de Salud, suscrita por los diputados Rosa Alba Ramírez Nachis, Ma. Victoria Mercado Sánchez y Carlos Lomelí Bolaños, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma el artículo 5o. de la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil, a cargo de la diputada Norma Edith Martínez Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.

Por el que se crea el Reconocimiento “Hermila Galindo Acosta” y se reforman y adicionan diversas disposiciones del Reglamento de la Cámara de Diputados, suscrita por diputados integrantes de diversos Grupos Parlamentarios.

Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de Migración, a cargo del diputado Jorge López Martín, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que adiciona el artículo 30 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, a cargo de la diputada Isaura Ivanova Pool Pech, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que adiciona el artículo 380 de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Rosa Alba Ramírez Nachis, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma los artículos 19 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, y 54 del Código Civil Federal, a cargo de la diputada Laura Nereida Plascencia Pacheco, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que adiciona el artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo, a cargo de la diputada Kathia María Bolio Pinelo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que adiciona el artículo 350 Bis 4 de la Ley General de Salud, suscrita por los diputados Rosa Alba Ramírez Nachis, Ma. Victoria Mercado Sánchez y Carlos Lomelí Bolaños, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que adiciona los artículos 10 Quáter, 10 Quintus y 10 Sextus a la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, a cargo de la diputada Gloria Himelda Félix Niebla, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 87 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Luis de León Martínez Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que adiciona el artículo 15 de la Ley General de Turismo, suscrita por los diputados Rosa Alba Ramírez Nachis y Carlos Lomelí Bolaños, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Reglamento de la Cámara de Diputados, a cargo de la diputada Ruth Noemí Tiscareño Agoitia, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona los artículos 20, 21, y 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 23 de la Ley de Inversión Extranjera, suscrita por los diputados Rosa Alba Ramírez Nachis, Ma. Victoria Mercado Sánchez y Carlos Lomelí Bolaños, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma y adiciona los artículos 11 y 40 de la Ley Orgánica de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero, a cargo del diputado Antonio Tarek Abdala Saad, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que adiciona los artículos 37 y 52 de la Ley de Migración, a cargo de la diputada María Luisa Sánchez Meza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que adiciona el artículo 77 Bis 37 de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Rosa Alba Ramírez Nachis, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma los artículos 26, 27 y 28 de la Ley General para el Control del Tabaco, suscrita por los diputados Rosalina Mazari Espín y Jorge Carlos Ramírez Marín, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma, adiciona y deroga los artículos 85, 85 Bis y 86 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, a cargo de la diputada Martha Cristina Jiménez Márquez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que adiciona la fracción VIII al artículo 196 del Código Penal Federal, a cargo de la diputada Ma. Victoria Mercado Sánchez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma y adiciona los artículos 3o., 11 y 14 de la Ley General de Desarrollo Social, a cargo de la diputada Noemí Zoila Guzmán Lagunes, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 146 del Código Nacional de Procedimientos Penales, a cargo del diputado Juan Pablo Piña Kurczyn, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que adiciona un segundo párrafo al artículo 174 de la Ley Federal de Sanidad Animal, a cargo de la diputada Ma. Victoria Mercado Sánchez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma los artículos 104 y 105 del Reglamento de la Cámara de Diputados, a cargo del diputado Macedonio Salomón Támez Guajardo, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Proposiciones

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SEP, al Imjuve y a la CDI, a continuar promoviendo, a revisar y fortalecer las políticas públicas instauradas para implementar de manera conjunta las becas de transporte escolar en las entidades federativas, a cargo de la diputada Yarith Tannos Cruz, del Grupo Partido Parlamentario del Revolucionario Institucional.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión Estatal de Derechos Humanos del estado de Aguascalientes a que realice la solicitud de Declaratoria de Alerta de Violencia de Género a la Secretaría Ejecutiva a cargo del Instituto Nacional de las Mujeres, a cargo de la diputada Arlette Ivette Muñoz Cervantes, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SRE, para que emita un documento oficial en el que pronuncie una respuesta respecto de la participación de México en la “Exposición Internacional especializada EXPO 2017 Astana”, a realizarse en la República de Kazajstán durante el 10 de junio al 10 de septiembre de año 2017, suscrito por los diputados integrantes del Grupo de Amistad México–Kazajstán.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, a nombrar al titular del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, a cargo de la diputada Modesta Fuentes Alonso, del Grupo Parlamentario de Morena.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de la Contraloría y al Órgano Superior de Fiscalización, ambos del estado de México, a fin de realizar una auditoria en el municipio de Amecameca, respecto a la aplicación del Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal, a cargo de la diputada Angie Denisse Hauffen Torres, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la ASF, para que difunda los resultados de la Cuenta Pública 2013-2014, sobre las concesiones en materia de puertos, aeropuertos, helipuertos, carreteras y ferrocarriles; así como también a la SCT, a difundir la información de contratos y montos firmados de las concesiones otorgadas y los proyectos de mayor importancia durante el periodo 2013-2016, a cargo de la diputada Claudia Sánchez Juárez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a las entidades federativas, a establecer en sus respectivas jurisdicciones, fiscalías especializadas en la investigación y persecución del delito de secuestro, suscrito por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México .

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a los gobiernos municipales de la República Mexicana, a expedir y/o fortalecer su reglamento de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia o de combate, atención y erradicación de la violencia de género o sus equivalentes, a cargo de la diputada María Candelaria Ochoa Avalos, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Servicio Postal Mexicano, a emitir un timbre postal para conmemorar los 100 años de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en 2017, así mismo, se exhorta a la Lotería Nacional haga lo propio con un billete conmemorativo, a cargo del diputado Enrique Cambranis Torres, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a los organismos operadores de agua en el país, a fortalecer sus programas y acciones para garantizar el derecho constitucional de todas las personas al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico, especialmente en aquellas comunidades en donde el vital líquido no llega en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible, suscrito por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno de la CDMX, a remitir a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, la Ley de Vivienda aprobada por la misma, con el objetivo de revocar el artículo 94 en materia de plusvalía de vivienda, a cargo del diputado Héctor Barrera Marmolejo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a las autoridades ambientales correspondientes, a realizar las acciones conducentes para dar a conocer a la opinión pública el destino y las condiciones en las cuales se encuentran los animales utilizados en espectáculos circenses a partir de la entrada en vigor de la prohibición expresa señalada en el artículo 78 de la Ley General de Vida Silvestre, suscrito por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SRE y al Instituto para los Mexicanos en el Exterior, a emitir los lineamientos correspondientes a la evaluación de los programas que ejecutan las dependencias por los que se brinda apoyo y protección a los mexicanos en el exterior como parte de las labores de conducción de la política exterior del país, a cargo de la diputada Marisol Vargas Bárcena, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal y al gobierno del estado de Nuevo León, para que tomen medidas urgentes a efecto de evitar la pérdida de inversiones extranjeras y empleos, derivado de las negociaciones anunciadas por Donald J. Trump en el sentido de trasladar inversiones de su país fuera de México, a cargo de la diputada Ximena Tamariz García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.»

ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la sesión anterior. Pido a la Secretaría, consulte a la asamblea si se dispensa su lectura.

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se dispensa la lectura al acta de la sesión anterior. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Presidente, mayoría por la afirmativa. Se dispensa su lectura.

«Acta de la sesión de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, celebrada el jueves ocho de diciembre de dos mil dieciséis, correspondiente al Primer Periodo de Sesiones Ordinarias del Segundo Año de Ejercicio de la Sexagésima Tercera Legislatura.

Presidencia del diputadoEdmundo Javier Bolaños Aguilar

En el Palacio Legislativo de San Lázaro de la capital de los Estados Unidos Mexicanos, sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con una asistencia de trescientos dieciocho diputadas y diputados, a las once horas con cincuenta y ocho minutos del jueves ocho de diciembre de dos mil dieciséis, el Presidente declara abierta la sesión.

En votación económica se dispensa la lectura al Orden del Día, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria; del mismo modo se dispensa la lectura del acta de la sesión anterior, y no habiendo oradores registrados, en votación económica se aprueba.

Se da cuenta con Comunicaciones Oficiales:

a) De los diputados:

• Rosa Alba Ramírez Nachis, de Movimiento Ciudadano, por la que solicita que se retiren de los registros parlamentarios las proposiciones con puntos de acuerdo:

– Por el que se exhorta al gobierno del estado de Jalisco para implantar las acciones necesarias para disminuir la inseguridad pública en la entidad, presentada el seis de octubre de dos mil dieciséis.

– Por el que se exhorta al jefe delegacional en Cuauhtémoc, a fin de que cumpla con los acuerdos realizados con los habitantes de la colonia Hipódromo Condesa, presentada el veintidós de noviembre de dos mil dieciséis.

• Marco Antonio Gama Basarte, del Partido Acción Nacional, por la que solicita que se retiren de los registros parlamentarios la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Gobernación a declarar la alerta de violencia de género en el estado de San Luis Potosí, presentada el veinticuatro de noviembre de dos mil dieciséis.

Se tienen por retiradas, actualícense los registros parlamentarios.

b) De la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, por la que comunica la fórmula del Partido Acción Nacional que sigue en el orden de la lista regional, correspondiente a la Tercera Circunscripción Plurinominal. De enterado.

c) De la Secretaría de Gobernación, con la que remite contestación a Punto de Acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, para que a partir del ejercicio fiscal de dos mil diecisiete, se destinen recursos preferentes para la atención del cáncer infantil. Se remite a la Comisión de Salud, para su conocimiento.

Desde su curul la diputada Ximena Tamariz García, del Partido Acción Nacional, realiza diversos comentarios. El Presidente hace aclaraciones.

El Presidente informa a la Asamblea que se encuentra a las puertas del Salón de Sesiones el ciudadano Carlos Alberto Palomeque Archila, diputado federal electo en la Tercera Circunscripción. El Presidente designa una comisión que lo acompañe en su ingreso al Salón, acto seguido rinde protesta de Ley y entra en funciones.

El Presidente agradece la presencia en el Salón de Sesiones del excelentísimo señor Muftah Altayar embajador extraordinario y plenipotenciario del estado de Libia en México, quien asistió al acto de instalación del Grupo de Amistad México-Libia, que preside el diputado Jesús Emiliano Álvarez López, del Partido Verde Ecologista de México.

El siguiente punto del Orden del Día es el capítulo de proposiciones calificadas por el Pleno de urgente u obvia resolución, y se concede el uso de la palabra a los diputados:

• Pedro Luis Noble Monterrubio, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud, a instrumentar una política pública integral de prevención, detección oportuna y atención del cáncer de pulmón, así como coordinar los esfuerzos interinstitucionales necesarios para difundir los factores de riesgo como el tabaquismo y la exposición al humo de leña, en la salud de la población. En votación económica se considera de urgente resolución. Se concede el uso de la palabra para referirse al punto de acuerdo a los diputados: Angélica Reyes Ávila, de Nueva Alianza; Rosa Alba Ramírez Nachis, de Movimiento Ciudadano; Roberto Guzmán Jacobo, de Morena;

Presidencia de la diputadaGloria Himelda Félix Niebla

Sharon María Teresa Cuenca Ayala, del Partido Verde Ecologista de México; Erika Irazema Briones Pérez, del Partido de la Revolución Democrática; y Elías Octavio Iñiguez Mejía, del Partido Acción Nacional. No habiendo más oradores registrados en votación económica se considera suficientemente discutido, de la misma manera se aprueba el acuerdo. Comuníquese.

En su oportunidad y desde su curul la diputada Cynthia Gissel García Soberanes, del Partido de Encuentro Social, realiza comentarios con relación al punto de acuerdo anteriormente abordado. La Presidenta hace aclaraciones.

• Francisco Ricardo Sheffield Padilla, del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta a la Comisión Nacional del Agua, a que difunda la información sobre las condiciones y avances del proyecto de la Presa-Acueducto Zapotillo y vigile el plan de rescate financiero de la Empresa “Abengoa” a la que se le concesionó dicho proyecto para el cumplimiento de sus obligaciones. En votación económica se considera de urgente resolución. Se concede el uso de la palabra para referirse al punto de acuerdo a las diputadas y a los diputados: María Candelaria Ochoa Ávalos, de Movimiento Ciudadano; Ernestina Godoy Ramos, de Morena, quien entrega un documento a la Mesa Directiva, solicitando instruya a la Secretaría a darle lectura para su ilustración, la Presidenta obsequia dicha solicitud; en su oportunidad desde sus curules la diputada María Bárbara Botello Santibáñez, del Partido de la Revolución Democrática realiza moción de procedimiento y moción de ilustración, y la diputada María Candelaria Ochoa Ávalos, de Movimiento Ciudadano pide la palabra para referirse nuevamente al tema que se está discutiendo. Continua la lista de intervenciones con el diputado Cesáreo Jorge Márquez Alvarado, del Partido Verde Ecologista de México;

El Presidente agradece la presencia en el Salón de Sesiones del invitado del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, el senador en los Estados Unidos de América de origen mexicano Jesús García Montenegro, actual comisionado del Séptimo Distrito del Condado de Illinois, representante del ex precandidato demócrata Bernie Sanders.

En su oportunidad desde su curul realiza comentarios con relación al acuerdo, la diputada Ernestina Godoy Ramos, de Morena. Continúa la lista de oradores con el diputado Tomás Octaviano Félix, del Partido de la Revolución Democrática; en su oportunidad desde su curul realiza rectificación de hechos la diputada María Candelaria Ochoa Ávalos, de Movimiento Ciudadano. Finaliza la lista de oradores con la diputada Mayra Angélica Enríquez Vanderkam, del Partido Acción Nacional. Sin más oradores registrados en votación económica se considera suficientemente discutido, de la misma manera se aprueba el acuerdo. Comuníquese.

• Hugo Eric Flores Cervantes, del Partido Encuentro Social, por el que se exhorta a los gobiernos estatales y municipales de los estados de Chiapas, Hidalgo, Jalisco, Oaxaca, Guerrero y Nayarit, a atender los casos de intolerancia religiosa; y a la Secretaría de Desarrollo Social, a respetar los acuerdos con las comunidades.

Presidencia del diputadoEdmundo Javier Bolaños Aguilar

En su oportunidad y desde el diputado Jorge Carlos Ramírez Marín, del Partido Revolucionario Institucional, solicita a la Presidencia que el acuerdo se turne a la Junta de Coordinación Política, para su mejor análisis, el Presidente obsequia dicha solicitud autorizada por el promovente; desde sus respectivas curules la diputada Maricela Julián Contreras, del Partido de la Revolución Democrática; y el diputado Jonadab Martínez García, de Morena, realizan comentarios con relación al punto de acuerdo.

La Secretaría informa a la Asamblea que se recibieron dictámenes con proyecto de decreto de las Comisiones:

a) De Justicia, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Víctimas.

b) De Transparencia y Anticorrupción, por el que se expide la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión Sujetos Obligados.

c) De Justicia:

• Por el que se reforman los artículos cuatrocientos veinte, y cuatrocientos veintidós del Código Penal Federal.

• Por el que se reforman los artículos veinticuatro, y trescientos sesenta y seis ter, y se adiciona el doscientos nueve quáter al Código Penal Federal.

d) De Derechos de la Niñez, por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

e) De Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, por el que se adiciona un inciso d) al artículo ciento seis de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

f) De Gobernación, por el que el Honorable Congreso de la Unión Declara el nueve de agosto de cada año “Día Nacional contra el Cáncer Cervicouterino”.

De conformidad con lo que establece el artículo ochenta y siete del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple con la Declaratoria de Publicidad.

El siguiente punto del Orden del Día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Competencia Económica, de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, de la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; y de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de nombramiento de los titulares de los órganos internos de control de los organismos constitucionales autónomos. Se concede el uso de la palabra al diputado Jorge Triana Tena, para fundamentar el dictamen en nombre de la Comisión.

El Presidente agradece la presencia en el Salón de Sesiones del maestro Alex Mejía, director del Programa de Cooperación Descentralizada, del Instituto de las Naciones Unidas para la Formación y la Investigación, UNITAR.

Para fijar postura de sus respectivos grupos parlamentarios intervienen las diputadas y los diputados: José Alfredo Ferreiro Velazco, del Partido Encuentro Social; Jesús Rafael Méndez Salas, de Nueva Alianza; Macedonio Salomón Tamez Guajardo, de Movimiento Ciudadano; Rogerio Castro Vázquez, de Morena;

A las catorce horas con seis minutos, por instrucciones de la Presidencia, se cierra el sistema electrónico de asistencia con un registro de cuatrocientos ocho diputadas y diputados.

Sharon María Teresa Cuenca Ayala, del Partido Verde Ecologista de México;

El Presidente agradece la presencia en el Salón de Sesiones el excelentísimo señor Mohamed Chafiki, embajador extraordinario y plenipotenciario del reino de Marruecos en México, quien asistió al acto de instalación del Grupo de Amistad México-Marruecos, presidido por la diputada Adriana Sarur Torre, del Partido Verde Ecologista de México.

Francisco Martínez Neri, del Partido de la Revolución Democrática; Luis Gilberto Marrón Agustín, del Partido Acción Nacional; y Ruth Noemí Tiscareño Agoitia, del Partido Revolucionario Institucional. Se somete a discusión en lo general e intervienen en contra las diputadas Alicia Barrientos Pantoja, de Morena;

En su oportunidad y desde sus respectivas curules realizan moción de ilustración los diputados: Jorge Triana Tena del Partido Acción Nacional; Mario Ariel Juárez Rodríguez, de Morena, quien solicita a la Presidencia la lectura del artículo sesenta y uno de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; misma que se le concede, y Rogerio Castro Vásquez, de Morena.

Se continúa con la intervención en contra del dictamen las diputadas: Guadalupe Hernández Correa, y Blanca Margarita Cuata Domínguez, ambas de Morena. Sin más oradores registrados en votación económica se considera suficientemente discutido en lo general. El Presidente informa a la Asamblea que se han reservado para su discusión en lo particular los artículos: cuarenta y dos de la Ley Federal de Competencia Económica; setenta y dos bis de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos; treinta, treinta y dos, treinta y cinco, y treinta y siete, de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión; noventa y uno, y noventa y uno ter de la Ley del Sistema Nacional de Información, Estadística y Geografía; sesenta y dos ter de la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación; cincuenta y dos bis de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; y cincuenta y siete ter de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. En votación nominal por trescientos dieciséis votos a favor; tres en contra; y treinta y cinco abstenciones, se aprueba en lo general y en lo particular los artículos no reservados del proyecto de decreto.

A discusión en lo particular se concede el uso de la palabra para presentar propuestas de modificación a las diputadas y a los diputados:

Presidencia de la diputadaSharon María Teresa Cuenca Ayala

• Blanca Margarita Cuata Domínguez, de Morena, a los artículos: cuarenta y dos de la Ley Federal de Competencia Económica; setenta y dos bis de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos; treinta y siete, de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión; noventa y uno, y noventa y uno ter de la Ley del Sistema Nacional de Información, Estadística y Geografía; sesenta y dos ter de la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación; cincuenta y dos bis de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que en votación económica no se aceptan a discusión se desechan y se reservan para su votación en conjunto en términos del dictamen.

La presidencia informa que el diputado Rogerio Castro Vázquez, de Morena, ha retirado su propuesta de modificación al artículo 42 de la Ley Federal de Competencia Económica.

• Juan Fernando Rubio Quiroz, del Partido de la Revolución Democrática, a los artículos: treinta, treinta y dos, treinta y cinco, y treinta y siete, de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, que en votación económica no se admiten a discusión, se desechan y se reservan para su votación en conjunto en términos del dictamen.

• Rogerio Castro Vázquez, de Morena, al artículo cincuenta y siete ter de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, que en votación económica no se admite a discusión, se desecha, y se reserva para su votación en conjunto en términos del dictamen.

• Rafael Hernández Soriano, del Partido de la Revolución Democrática, al artículo cincuenta y siete ter, incisos H) e I), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, que en votación económica no se admite a discusión, se desecha y se reserva para su discusión en conjunto en términos del dictamen.

Presidencia del diputadoEdmundo Javier Bolaños Aguilar

Sin más oradores registrados en votación económica se considera suficientemente discutido en lo particular. En votación nominal por doscientos sesenta y cuatro votos a favor; y setenta y cuatro en contra, se aprueban en lo particular los artículos reservados en términos del dictamen. Se aprueba en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Competencia Económica, de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, de la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; y de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de nombramiento de los titulares de los órganos internos de control de los organismos constitucionales autónomos. Pasa al Senado, para sus efectos constitucionales. El Presidente informa a la Asamblea que, con fundamento en lo que dispone el artículo noventa y tres, numeral uno, del Reglamento de la Cámara de Diputados, se ordena que antes de que se remita al Senado, se realicen las correcciones que demandan el buen uso del lenguaje y la claridad de la Ley, sin modificar lo aprobado por el Pleno.

El siguiente punto del Orden del Día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto de la Comisión de Justicia, por el que se adiciona el artículo cuatrocientos diecinueve bis al Código Penal Federal. Se concede el uso de la palabra al diputado Álvaro Ibarra Hinojosa, para fundamentar el dictamen en nombre de la Comisión. Para fijar postura de sus respectivos grupos parlamentarios intervienen las diputadas y los diputados: Norma Edith Martínez Guzmán, del Partido Encuentro Social; Francisco Javier Pinto Torres, de Nueva Alianza; Verónica Delgadillo García, de Movimiento Ciudadano; Alfredo Basurto Román, de Morena; José Refugio Sandoval Rodríguez, del Partido Verde Ecologista de México; Arturo Santana Alfaro, del Partido de la Revolución Democrática; Patricia Sánchez Carrillo, del Partido Acción Nacional; y Pablo Elizondo García, del Partido Revolucionario Institucional. Sin más oradores registrados en votación económica se considera suficientemente discutido en lo general y en lo particular. En votación nominal por doscientos noventa y un votos a favor; y uno en contra, se aprueba en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo cuatrocientos diecinueve bis al Código Penal Federal. Pasa al Senado, para sus efectos constitucionales.

De la Junta de Coordinación Política:

• Por el que notifica cambios de integrantes y de juntas directivas de comisiones ordinarias, especiales, comité y grupos de amistad. En votación económica se aprueban. Comuníquense.

• Por el que se establece el procedimiento para informar al Pleno de la Cámara de Diputados los cambios en la integración de las comisiones ordinarias, bicamerales, especiales, grupos de trabajo, comités, organismos internacionales permanentes y grupos de amistad, durante el Primer Receso del Segundo Año de Ejercicio de la Sexagésima Tercera Legislatura. En votación económica se aprueban. Comuníquense.

• Por el que se integra el Comité de Ética de la Sexagésima Tercera Legislatura. En votación económica se aprueba. Comuníquese.

De conformidad con los artículos cien y ciento dos del Reglamento de la Cámara de Diputados, las iniciativas y las proposiciones registradas en el Orden del Día de esta sesión, serán turnadas a las comisiones que correspondan, publicándose el turno en la Gaceta Parlamentaria:

a) Iniciativas con proyecto de decreto:

• Laura Nereida Plascencia Pacheco y Erika Araceli Rodríguez Hernández, del Partido Revolucionario Institucional:

– Que reforma los artículos cincuenta y uno, y setenta y tres de la Ley General de Partidos Políticos. Se turna a la Comisión de Gobernación, para dictamen.

– Que reforma los artículos cuarenta y seis, cuarenta y nueve, y cincuenta de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Se turna a la Comisión de Igualdad de Género, para dictamen.

– Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres. Se turna a la Comisión de Igualdad de Género, para dictamen.

– Que reforma y deroga diversas disposiciones del Código Civil Federal. Se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen.

– Que reforma y adiciona los artículos sexto, once y sesenta y cuatro de la Ley General de Sociedades Cooperativas. Se turna a la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social, para dictamen.

• Marco Antonio Aguilar Yunes, del Partido Revolucionario Institucional:

– Que adiciona el artículo ciento sesenta y ocho del Código Civil Federal. Se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen.

– Que reforma y deroga los artículos cuatrocientos cincuenta y uno, y cuatrocientos cincuenta y nueve de la Ley Federal del Trabajo. Se turna a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, para dictamen.

b) Proposiciones con puntos de acuerdo:

• Alfredo Anaya Orozco, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores, a diseñar y llevar a cabo campañas de difusión e información en los estados de la unión americana, para difundir las ventajas y beneficios del Tratado de Libre Comercio de América del Norte para México y Estados Unidos de América. Se turna a la Comisión de Relaciones Exteriores, para dictamen.

• Alejandra Gutiérrez Campos, del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, para que establezca protocolos de verificación y cumplimiento de la normatividad aplicable para la adecuada transportación y salvaguarda de la integridad y bienestar animal para mascotas y animales de compañía dentro de las instalaciones aeroportuarias y auxiliares. Se turna a la Comisión de Transportes, para dictamen.

• Mirza Flores Gómez, de Movimiento Ciudadano, por el que se exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y al Instituto Nacional de las Mujeres, para que elaboren una base de datos con perspectiva de género respecto de las condiciones económicas y sociales de las mujeres rurales. Se turna a la Comisión de Igualdad de Género, para dictamen.

• María Victoria Mercado Sánchez, de Movimiento Ciudadano:

– Por el que se exhorta al Gobierno de la Ciudad de México y a la autoridad del espacio público (AEP), a fin de requerir a la empresa denominada Ecoparq, difundan información respecto al uso y destino de los recursos destinados al mejoramiento de espacios públicos que provienen de la recaudación de los parquímetros de la Ciudad de México. Se turna a la Comisión de la Ciudad de México, para dictamen.

– Por el que se exhorta a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, a implementar medidas mediáticas para la prevención de los efectos adversos en la salud de las personas, provocadas por el consumo de medicamentos falsos. Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.

Agotados los asuntos del orden del día, el Presidente cita para la próxima Sesión Ordinaria que tendrá lugar el día de martes trece de diciembre de dos mil dieciséis, a las once horas, y levanta la sesión a las dieciséis horas con veintisiete minutos.»

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Proceda la Secretaría a poner a discusión el acta.

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:Está a discusión el acta. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica, se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Aprobada el acta.

El diputado Ricardo del Rivero Martínez(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Permítame. Sonido en la curul del diputado Ricardo del Rivero Martínez. ¿Con qué objeto, diputado?

El diputado Ricardo Del Rivero Martínez (desde la curul): Gracias, señor presidente, por concederme el uso de la palabra. El pasado domingo la senadora Ana Gabriela Guevara fue agredida por cuatro individuos a la altura del municipio de Lerma, del estado de México, La senadora fue intervenida quirúrgicamente por la gravedad de sus lesiones.

Solicitamos que el Congreso de la Unión realice un enérgico exhorto al gobernador del estado de México, por la agresión a la senadora, que antes que legisladora, es una mujer. Exigimos esclarecimiento de los hechos y que todos los días y día a día están suscitándose en el estado de México. Muchas gracias, señor presidente.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputado Del Rivero, quedan sus expresiones asentadas en el Diario de los Debates.

El diputado Santiago Taboada Cortina(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Sonido en la curul del diputado Santiago Taboada Cortina. ¿Con qué objeto, diputado?

El diputado Santiago Taboada Cortina (desde la curul): Con el objeto, presidente, de pedir un minuto de silencio por el fallecimiento de nuestro secretario de Cultura, Rafael Tovar y de Teresa, quien fue un hombre apasionado y, sobre todo, el constructor de los últimos 30 años de las instituciones de cultura de este país.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Diputado, sin duda es de obsequiar su petición, en el momento adecuado, en el transcurso de la sesión procederemos con lo que usted nos solicita.

Continúe la Secretaría, por favor.

COMUNICACIONES OFICIALES

La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.

Diputado Javier Bolaños Aguilar, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

La que suscribe, diputada federal Rosa Alba Ramírez Nachis, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, por medio de la presente y con fundamento en el artículo 77, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, solicita el retiro de la siguiente iniciativa con proyecto de decreto:

• Que reforma el artículo 4o. de la Ley Federal de Deuda Pública

Turnada a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Sin más por el momento, agradezco sus atenciones.

Atentamente

Palacio Legislativo, a 6 de diciembre de 2016.— Diputada Rosa Alba Ramírez Nachis (rúbrica).»

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La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.

Diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en el artículo 77, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, solicito respetuosamente que sea retirada de los registros parlamentarios la iniciativa que adiciona y reforma el artículo 11 y reforma la fracción I del artículo 40 de la Ley Orgánica de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero, presentada por el suscrito el 20 de octubre de 2016 y turnada para dictamen a la Comisión de Hacienda y Crédito Público el 6 de diciembre de 2016.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de diciembre de 2016.— Diputado Tarek Abdala Saad (rúbrica).»

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La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.

Diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

La que suscribe, diputada federal Ingrid Krasopani Schemelensky Castro, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en el artículo 77, numeral 2, fracción VII, del Reglamento de la Cámara de Diputados, solicita respetuosamente el retiro de las siguientes proposiciones con punto de acuerdo, ambas turnadas a la Comisión de Infraestructura:

• Por el que se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que, en el marco de sus competencias, verifique los trabajos de construcción del tramo Atizapán-Atlacomulco, como parte de la carretera México-Guadalajara, a fin de que se concluyan con la mayor brevedad.

• Por el que se exhorta al gobierno del estado de México a que, en el marco de sus competencias, lleve a cabo la construcción del libramiento vial en la cabecera municipal de Atizapán con dirección a Nicolás Romero, en conexión con la autopista Atizapán-Atlacomulco.

Sin más por el momento, agradezco de antemano la atención brindada a la presente solicitud.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de diciembre de 2016.— Diputada Ingrid Krasopani Schemelensky Castro (rúbrica).»

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La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.

Diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

Sirva la presente para extenderle un cordial saludo y solicitarle respetuosamente que con fundamento en el artículo 79, numeral 2, fracción VII, del Reglamento de la Cámara de Diputados, se retire la siguiente proposición con punto de acuerdo, publicada en la Gaceta Parlamentaria el 29 de noviembre de 2016 y turnada a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos:

• Punto de acuerdo por el que se exhorta a la SEP, la Conaliteg y los directores de las escuelas de educación básica a desarrollar programas para reutilizar los libros de texto gratuitos.

Lo anterior, para los efectos y las acciones legislativas a que haya lugar.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para reiterarle la más alta y distinguida de mis consideraciones.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de diciembre de 2016.— Diputada Hortensia Aragón Castillo (rúbrica).»

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Se tienen por retiradas, actualícense los registros parlamentarios.

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La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla: Se recibieron de la Secretaría de Gobernación cuatro contestaciones a puntos de acuerdo, aprobados por la Cámara de Diputados:

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Integrantes de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número DGPL 63-II-8-1873, signado por la diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez, vicepresidenta de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número 200/SDT/149/2016, suscrito por el licenciado Rafael Adrián Avante Juárez, subsecretario del Trabajo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, mediante el cual informa sobre la atención brindada al punto de acuerdo relativo a la conmemoración del Día Mundial sin Automóvil.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

Ciudad de México, a 7 de diciembre de 2016.— Licenciado Felipe Solís Acero (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

Licenciado Felipe Solís Acero, subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

Me refiero a su oficio número SELAP/300/2083/16, mediante el cual remite punto de acuerdo aprobado por la Honorable Cámara de Diputados en sesión celebrada el 6 de septiembre del presente, que se transcribe a continuación, en su parte conducente:

Primero. ...

Segundo. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, exhorta al Senado de la República, al Poder Judicial de la Federación, así como a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, a la de las entidades federativas, así como a las municipales, a sumarse a la conmemoración del Día Mundial sin Automóvil, aconsejándose emitir disposiciones administrativas correspondientes para que los vehículos oficiales n circules el día 22 de septiembre, siempre y cuando no sean esenciales en atención ciudadana o de emergencia.

Al respecto, me permito informar1e que se tomó debido conocimiento del exhorto de mérito, mismo que se comunicó a la Oficialía Mayor de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) para difundir y promocionar el Día Mundial sin Automóvil, informando esta última que para promover la protección al medio ambiente del Ciudad de México y en apoyo a la economía de sus trabajadores, aunado a la difusión de ese día internacional se cuenta con 11 rutas de transporte para acercarlos a sus hogares y evitar, con ello, el uso desmedido del automóvil.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Ciudad de México, a 6 de diciembre de 2016.— Rafael Ardían Avante Juárez (rúbrica), subsecretario del Trabajo.»

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Se remite a la Junta de Coordinación Política, para su conocimiento.

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La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Integrantes de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número DGPL 63-II-8-1884 signado por la diputada Gloria Himelda Félix Niebla, vicepresidenta de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número CNPC/1503/2016 suscrito por el licenciado Luis Felipe Puente Espinosa, coordinador nacional de Protección Civil, mediante el cual responde el punto de acuerdo por el que se exhorta a esta secretaría a emitir la Declaratoria de Desastre Natural para efectos de las Reglas de Operación del Fondo de Desastres Naturales, en virtud de los daños provocados por las lluvias atípicas e impredecibles que se presentaron el 2 de septiembre de 2016, en el municipio de Uruapan, del estado de Michoacán de Ocampo.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

Atentamente

Ciudad de México, a 7 de diciembre de 2016.— Licenciado Felipe Solís Acero (rúbrica), subsecretario.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.— Coordinación Nacional de Protección Civil.

Licenciado Felipe Solís Acero, subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

Estimado Subsecretario,

Por este conducto me dirijo a usted en atención al oficio SELAP/300/2074/16, mediante el cual informa del punto de acuerdo presentado por la diputada Gloria Himelda Félix Niebla, vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados el Honorable Congreso de la Unión, mismo que a continuación se transcribe para pronta referencia:

“ Único. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Secretaría de Gobernación, a la Coordinación General de Protección Civil, para que en conjunto emitan la Declaratoria de Desastre Natural para efectos de las Reglas de Operación del Fondo de Desastres Naturales en virtud de los daños provocados por las lluvias atípicas e impredecibles que se presentaron el 2 de septiembre de 2016, en el municipio de Uruapan, Michoacán de Ocampo.”

Al respecto, hago de su conocimiento que en el marco del programa Fondo de Desastres Naturales (Fonden), la Secretaría de Gobernación (Segob) emite Declaratorias de Desastre Natural, mediante las cuales se autorizan recursos económicos, destinados a la restitución parcial o total de los daños ocasionados por la ocurrencia de fenómenos naturales perturbadores en la infraestructura pública de los sectores de competencia federal o de las entidades federativas, municipios u órganos político-administrativos en la Ciudad de México, así como también la mitigación de los daños a las viviendas de la población de bajos ingresos afectadas por tales fenómenos.

Ahora bien, para la emisión de las Declaratorias de Desastre Natural en comento –y por ende la autorización de recursos con cargo al Fonden–, el acuerdo por el que se emiten las Reglas Generales del Fondo de Desastres Naturalesen concordancia con los Lineamientos de Operación específicos del Fondo de Desastres Naturales, establecen que una vez corroborada la existencia del fenómeno natural perturbador por parte de la instancia técnica facultada (ITF) autorizada para ello, el gobierno de la entidad federativa afectada debe presentar, dentro de los tres primeros días hábiles siguientes a la ocurrencia del fenómeno en cuestión y en términos de las reglas generales, una solicitud de Declaratoria de Desastre Natural, suscrita por el titular Ejecutivo estatal, dirigida a la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) de la Secretaría de Gobernación (Segob), en la que deberá manifestar la descripción del fenómeno, la fecha de su ocurrencia, los municipios u órganos político-administrativos que hayan sido previamente corroborados por la ITF respectiva como afectados por el fenómeno, y la manifestación de que ha sido rebasada su capacidad financiera y operativa, para atender, por sí misma, la totalidad de los efectos producidos por el fenómeno natural en cuestión.

No se omite señalar que la competencia de esta Coordinación Nacional de Protección Civil a través de la Dirección General para la Gestión de Riesgos respecto a la operación del Fonden se circunscribe a coordinar el procedimiento de acceso a los recursos en mención, por lo cual no autoriza, ni tiene a su cargo la entrega o distribución de los recursos autorizados, y tampoco actúa como instancia ejecutora de obras y acciones de reconstrucción de lo dañado.

Visto lo anterior, se comunica atentamente que el gobierno del estado de Michoacán de Ocampo no solicitó la emisión de ninguna Declaratoria de Desastre Natural por el fenómeno natural perturbador que se detalla en el oficio que nos ocupa, motivo por el cual no se inició el procedimiento de acceso a los recursos con cargo al Fonden para la reconstrucción de la infraestructura y/o vivienda que, en su caso, hubiera resultado dañada en esa demarcación territorial por la ocurrencia del fenómeno natural perturbador de referencia.

Sin embargo, esta Coordinación Nacional de Protección Civil se encuentra atenta a brindar el apoyo inmediato a través del Fonden respecto de aquellos fenómenos naturales perturbadores que se pudieran registrar en el estado de Michoacán de Ocampo, previo cumplimiento de los requisitos y formalidades que para ello se disponen en la normativa aplicable.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Notas:

1 Publicado en Diario Oficial de la Federación el día 3 de diciembre de 2010.

2 Publicado en Diario Oficial de la Federación el día 31 de enero de 2011.

3 La Comisión Nacional del Agua (Conagua) para el caso de fenómenos meteorológicos e hidrometeorológicos, la Comisión Nacional Forestal (Conafor) para el caso de incendios forestales, o bien el Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred) para el caso de fenómenos geológicos.

Atentamente

Ciudad de México, a 2 de diciembre de 2016.— Luis Felipe Puente Espinosa (rúbrica), Coordinador Nacional.»

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Se turna a la Comisión de Protección Civil, para su conocimiento.

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La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Integrantes de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En alcance a mi oficio número SELAP/300/2547/16, me permito remitir para los fines procedentes copia del similar número CNPC/1506/2016 suscrito por el licenciado Luis Felipe Puente Espinosa, Coordinador Nacional de Protección Civil, mediante el cual complementa la información al punto de acuerdo por el que se exhorta a esa Coordinación a poner en marcha las acciones necesarias para salvaguardar la integridad física de los habitantes de Guerrero, Michoacán, Colima, Nayarit, Jalisco, Sinaloa, Sonora y Baja California Sur ante los riesgos de las inundaciones, deslaves, deslizamientos de laderas, desbordamiento de ríos y arroyos, así como afectaciones en caminos y tramos carreteros provocadas por el huracán Newton.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

Ciudad de México, a 7 de diciembre de 2016.— Licenciado Felipe Solís Acero (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.— Coordinación Nacional de Protección Civil.

Licenciado Felipe Solís Acero, subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos.— Presente.

Estimado subsecretario,

Por este conducto me dirijo a usted en atención al oficio SELAP/300/2111/16, mediante el cual informa del punto de acuerdo presentado por la diputada María Guadalupe Murguía, vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, mismo que a continuación se transcribe para pronta referencia:

“Primero. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Coordinación Nacional de Protección Civil ponga en marcha las acciones necesarias para salvaguardar la integridad física de los habitantes de dichas entidades federativas ante el inminente riesgo de inundaciones, deslaves, deslizamientos de laderas, desbordamiento de ríos y arroyos, así como afectaciones en caminos y tramos carreteros; e implementen una eficaz campaña de información con el propósito de que la población extreme precauciones.

”Segundo. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, inicie programas emergentes para atender carreteras y caminos rurales devastados en diversos municipios de los estados de Guerrero, Michoacán, Colima, Nayarit, Jalisco, Sinaloa, Sonora y Baja California Sur, que se han visto afectados por el huracán Newton.

”Tercero. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Secretaría de Desarrollo Social, garantice el abasto de alimentos a las familias damnificadas en diversos municipios de los Estados de Guerrero, Michoacán, Colima, Nayarit, Jalisco, Sinaloa, Sonora y Baja California Sur, que se han visto afectados por el huracán Newton.”

Al respecto, hago de su conocimiento que en atención al punto de acuerdo en mención se solicitó la intervención de los ciudadanos titulares estatales de Protección Civil de las entidades federativas de Guerrero, Michoacán, Colima, Nayarit, Jalisco, Sinaloa, Sonora y Baja California Sur, precisadas en el segundo y tercer punto del acuerdo que nos ocupa, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 17 de la Ley General de Protección Civil.

Como parte de sus actividades las Coordinaciones Estatales de Protección Civil ponen en marcha operativos especiales para cada temporal de lluvias y ciclones tropicales en la que se prevé la participación de funcionarios de los tres órdenes de gobierno y de instituciones privadas. Sin -olvidar que en conjunto desarrollan acciones encaminadas a salvaguardar la vida de las personas, sus bienes y su entorno, así como el funcionamiento de los servicios públicos y equipamiento estratégico ante cualquier evento destructivo de origen natural o generado por la actividad humana, a través de la prevención, el auxilio, la recuperación y el apoyo para el establecimiento de los servicios públicos vitales; en el marco de los objetivos nacionales y de acuerdo a las capacidades de cada una de los estados y sus municipios.

Por citar un ejemplo, en el estado de Jalisco durante el presente temporal de lluvias, se monitoreo la presencia de las precipitaciones al igual que los ciclones tropicales desde la formación de una depresión hasta un huracán, ante la amenaza del fenómeno se incrementa el patrullaje y la información de manera verbal, así como la entrega de trípticos en los municipios susceptibles de afectación, invitando a la población más vulnerable a evacuar sus viviendas e inmuebles o presencia de un evento destructivo como el caso que nos ocupa, en el que la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos realiza la difusión de acciones y recomendaciones preventivas ante la presencia de los fenómenos perturbadores que afectan al estado de Jalisco, mediante campañas a través de redes sociales, reuniones de trabajo para los operativos de coordinación institucional, entrega de trípticos informáticos, ruedas de prensa, emisión de boletines, y entrevistas, donde se da a conocer ¿Qué hacer en temporal de lluvias y ciclones tropicales?, recomendación para la prevención de muertes durante el temporal de lluvias, prevención de accidentes en cuerpos de agua, entre otras.

Cabe mencionar que ante la presencia del huracán Patricia categoría 5, que afectó las costas norte, sur y zonas serranas el pasado 23 de octubre de 2015, el ciudadano gobernador del estado de Jalisco encabezó el operativo antes, durante y después del impacto del fenómeno y donde gracias a la excelente coordinación interinstitucional se registró saldo blanco y no se tuvieron pérdidas humanas.

En el mismo sentido través del Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred), se han llevado a cabo las siguientes acciones que contribuyen mitigar el riesgo de inundación a nivel nacional:

• A través del Atlas Nacional de Riesgos (ANR), se ha logrado fortalecer la identificación de peligros, vulnerabilidades y riesgos.

• Se ha publicado información sobre la amenaza por inundaciones para diferentes zonas del país.

• Diseño y elaboración de 32 infomapas a nivel estatal, que incluyen recomendaciones específicas para las autoridades de diversos niveles de gobierno, así como información sobre lluvias, ciclones tropicales, deslizamiento de laderas y vulnerabilidad social.

• Implementación de una aplicación sobre los infomapas, bajo la plataforma del ANR, desarrollando una herramienta que permite la visualización del nivel de peligro a nivel municipal a través de dispositivos móviles, así como la enumeración de acciones preventivas.

• Desarrollo de una aplicación para la visualización de eventos, integrando el monitoreo de sismos, el volcán Popocatépetl y el seguimiento de la trayectoria de ciclones tropicales.

• Actualización de los aplicativos del ANR con la finalidad de integrar la perspectiva de género a los análisis de exposición. Asimismo, se ha segmentado a los grupos de población más vulnerables (menores de 12 años y mayores de 60 años).

• Con el fin de evaluar el impacto de la tormenta tropical Earl, se desplegó un equipo con un dron que documentó la extensión y la intensidad del impacto en varias comunidades de Huauchinango, Puebla, para poder determinar el nivel de peligro en predios destinados a la reubicación de vivienda ubicada en zonas de riesgo.

• El Cenapred cuenta con información documental sobre diferentes fenómenos naturales, tales como lluvias, inundaciones, ciclones tropicales y tormentas severas, la cual incluye medidas de prevención y autoprotección para la población en riesgo, disponible en el apartado “publicaciones” del portal de internet y se actualiza frecuentemente con nuevas publicaciones.

http:www.cenapred.gob.mx/PublicacionesWeb/busca_disponibles

• En los últimos años, se ha impulsado la producción de la serie “Infografías” que, además de estar disponibles para su consulta y descarga en el apartado de publicaciones, se difunden a través de las cuentas oficiales de la Coordinación Nacional de Protección Civil, así como de Sistema Nacional de Protección Civil y sus redes sociales.

• Entre los más de 40 títulos de infografías, están los relacionados con los riesgos hidrometeorológicos, que son altamente recomendables para que la población y autoridades estatales y municipales tomen en cuenta medidas preventivas y de autoprotección. Particularmente las de ciclones tropicales incluyen el Sistema de Alerta Temprana establecido para fines de alertamiento. Cabe mencionar que recientemente se han elaborado versiones traducidas a distintas lenguas nacionales, entre las que se puede mencionar: Mazateco de San José Independencia. Mixteco de San Juan Mixtepec. Mixteco de Santa Inés de Zaragoza, Mixteco de Santo Tomás Ocotepec. Náhuatl de Atlixtac. Náhuatl de Tehuipango y Tsotsil de Chenalhó.

• Los ejemplares más demandados se estarán distribuyendo entre las Coordinaciones y/o Secretarías Estatales de Protección Civil, dando prioridad a aquellas cuyas comunidades que se encuentren en mayor riesgo de inundaciones, deslaves, deslizamiento de laderas y/o desbordamiento de ríos.

Finalmente esta Coordinación Nacional de Protección Civil se encuentra atenta a brindar el apoyo inmediato a cualquier solicitud que se pudiera presentar previo cumplimiento de los requisitos y formalidades que para ello se disponen en la normativa aplicable, sumándose a la tarea imprescindible de fortalecer e impulsar las acciones del Sistema Nacional de Protección Civil.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Ciudad de México, a 2 de diciembre de 2016.— Luis Felipe Puente Espinosa (rúbrica), coordinador Nacional de Protección Civil.»

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Se remite a la Comisión de Protección Civil, para su conocimiento.

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La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Integrantes de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio D.G.P.L. 63-II-8-2336, signado por la diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez, vicepresidenta de la Mesa Directiva de ese Órgano Legislativo, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número DG.510.11/8026/2016 suscrito por el licenciado Antonio Musi Veyna, director general adjunto de Normatividad y Convenios de la Secretaría de Desarrollo Social, así como de su anexo, mediante los cuales responde el punto de acuerdo por el que se exhorta a esa dependencia para que dentro de los criterios y requisitos para elegir a las familias que ingresan o reingresan al Programa de Inclusión Social Prospera, en las reglas para tal propósito se priorice a las familias donde uno o más integrantes tenga algún tipo de discapacidad.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

Ciudad de México, a 7 de diciembre de 2016.— Maestro Valentín Martínez Garza (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Desarrollo Social.

Valentín Martínez Garza, titular de la Unidad de Enlace Legislativo de la Subsecretaría de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

Me refiero a su oficio número SELAP/UEL/311/2178/16, por el cual remitió el punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, en el que exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social, para que dentro de los criterios y requisitos para elegir a las familias que ingresan o reingresan al Programa Inclusión Social Prospera, en las reglas para tal propósito se priorice a las familias donde uno o más integrantes tenga algún tipo de discapacidad.

Al respecto, adjunto copia simple de oficio número CNP/l101/2016, signado por la ingeniera Paula Hernández Olmos, coordinadora nacional de Prospera, Programa de Inclusión Social, mediante el cual se da contestación al Punto de Acuerdo de referencia.

Aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Ciudad de México, a 6 de diciembre de 2016.— Licenciado Antonio Musi Veyna, (rúbrica), director General Adjunto de Normatividad y Convenios.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Desarrollo Social.

Licenciado Antonio Musi Veyna, Director General Adjunto de Normatividad y Convenios de la Secretaría de Desarrollo Social.— Presente.

En atención a su similar número DG.510.11/7043/2016, de fecha 9 de noviembre del año en curso, relativo al “acuerdo parlamentario que exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social para que dentro de los criterios y requisitos para elegir a las familias que ingresan o reingresan a Prospera, Programa de Inclusión Social, en las reglas para tal propósito, se priorice a las familias donde uno o más integrantes tenga algún tipo de discapacidad”, me permito adjuntar al presente los comentarios realizados al respecto por esta coordinación nacional.

Asimismo, amablemente le solicito que, a través de su conducto, pueda ser remitida esta información a la Secretaría de Gobernación, para los efectos conducentes.

Sin otro particular, aprovecho para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Ciudad de México, a 17 de noviembre de 2016.— Ingeniera Paula Hernández Olmos (rúbrica), Coordinadora Nacional de Prospera.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Desarrollo Social.

Anexo 1: Comentarios

Punto de acuerdo en el que exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social para que dentro de los criterios y requisitos para elegir a las familias que ingresan o reingresan a Prospera (Programa Inclusión Social), en las reglas para tal propósito se priorice a las familias donde uno o más integrantes tenga algún tipo de discapacidad.

En primer lugar, resulta pertinente destacar que Prospera reconoce el trato igualitario y está convencido que la promoción de mejores condiciones para el ejercicio efectivo de los derechos sociales es un elemento sustantivo que demanda la participación de todas las instituciones del Gobierno de la República.

Específicamente en el caso de las personas con algún tipo de discapacidad, se identifica la necesidad de promover políticas y acciones que mejoren la calidad de vida de este sector de la población.

En este sentido, en el marco de la Estrategia Nacional de Inclusión Social, Prospera está desarrollando un piloto de atención de personas con discapacidad en el estado de San Luis Potosí, con la finalidad de otorgar un apoyo monetario a los integrantes con discapacidad de las familias beneficiarias del Programa, dicho piloto se realiza de manera conjunta con Conadis, el DIF Nacional y DIF San Luis Potosí, por lo que en estos momento Prospera atiende e incluye a estas personas con discapacidad para el beneficio de las familias más vulnerables.

Prospera es instrumento de política pública orientado a las personas que se encuentran en situación de pobreza; sin embargo, en relación con los criterios de elegibilidad de las familias beneficiarias, la incorporación del criterio resulta positiva, fundamentalmente, de cara a la instalación, por parte presidente Enrique Peña Nieto, del Sistema Nacional para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, el pasado mes de mayo de 2016.

Por tanto, a partir de la publicación de las Reglas de Operación 2017 se incluye, en su numeral 3.2.1., un criterio para priorizar la incorporación de hogares con Personas con Discapacidad, quedando como sigue:

3.2.1. Criterios y Requisitos de Elegibilidad:

Las familias elegibles para ingresar o reingresar al Programa son aquellas cuyo ingreso mensual per cápita estimado es menor a la Línea de Bienestar Mínimo ajustada (LBMa).

Una vez identificadas las familias elegibles, el Programa dará prioridad para su atención, a las siguientes:

(...)

3) Hogares con integrantes con alguna discapacidad, de conformidad con lo señalado en la fracción XXI del artículo 2 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad.

Así, el criterio incluido en las Reglas de Operación de Prospera se refiere a la prioridad para incorporar al padrón a familias con integrantes con discapacidad, siempre que el hogar hubiese resultado elegible mediante la metodología de focalización de Prospera.

Con la incorporación de dicho criterio de prioridad, el Programa avanza en la perspectiva de discapacidad en programas sociales, tal como lo refiere la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en su artículo 28:

Artículo 28. Nivel de vida adecuado y protección social

(...) Los Estados Partes reconocen el derecho de las personas con discapacidad a la protección social y a gozar de ese derecho sin discriminación por motivos de discapacidad, y adoptarán las medidas pertinentes para proteger y promover el ejercicio de ese derecho, entre ellas:

(...) b) Asegurar el acceso de las personas con discapacidad, en particular las mujeres y niñas y las personas mayores con discapacidad, a programas de protección social y estrategias de reducción de la pobreza;

Lo anterior, con la finalidad de fortalecer la inclusión social de los beneficiarios con discapacidad, sin perder de vista el objetivo de Prospera, el cual es atender a familias cuyas condiciones socioeconómicas y de ingreso impiden desarrollar las capacidades de sus integrantes en materia de alimentación, salud y educación; por lo que el Programa incluye a todos los integrantes del hogar, incluyendo a niñas, niños, personas adultas mayores y personas con alguna discapacidad.»

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Se turna a la Comisión de Desarrollo Social, para su conocimiento.

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La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla:  «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que, en sesión celebrada en esta fecha, se aprobó dictamen de las Comisiones Unidas de Desarrollo Social y de Estudios Legislativos, por el que se desecha el proyecto de decreto para reformar diversas disposiciones de la Ley General de Desarrollo Social, aprobado por el Senado de la República en sesión celebrada en esta fecha.

En consecuencia, para los efectos de lo dispuesto por la fracción d) del artículo 72 constitucional, me permito devolver a ustedes el expediente respectivo.

Atentamente

Ciudad de México, a 6 de diciembre de 2016.— Senadora Blanca Alcalá Ruiz (rúbrica), vicepresidenta.»

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Túrnese a la Comisión de Desarrollo Social, para dictamen.

MINUTAS                                                                                                                                                    LEY DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE

La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla:  «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Para los efectos constitucionales, me permito remitir a ustedes expediente que contiene proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 106 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, aprobado por el Senado de la República, en sesión celebrada en esta fecha.

Atentamente

Ciudad de México, a 8 de diciembre de 2016.— Senadora Blanca Alcalá Ruiz (rúbrica), vicepresidenta.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

PROYECTO DE DECRETO

POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 106 DE LA LEY DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE.

Único.- Se adiciona un párrafo segundo al artículo 106 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, para quedar como sigue:

Artículo 106.- ...

Asimismo, incorporará al programa citado en el párrafo anterior, los mecanismos y componentes de los programas e incentivos fiscales que apoyen a la producción y al proceso de comercialización de productos agropecuarios que realicen los pequeños productores del sector social, con especial interés en los señalados en el artículo 179 de esta Ley.

TRANSITORIO

Único.- El presente decreto entrará en vigor al siguiente día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la Honorable Cámara de Senadores. Ciudad de México, a 8 de diciembre de 2016.— Senadora Blanca Alcalá Ruiz (rúbrica), vicepresidenta; senadora María Elena Barrera Tapia (rúbrica), secretaria.»

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Túrnese a la Comisión de Desarrollo Rural, para dictamen.

LEY DE VIVIENDA

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Para los efectos constitucionales, me permito remitir a ustedes el expediente que contiene proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 61 y 73 de la Ley de Vivienda, aprobado por el Senado de la República en sesión celebrada en esta fecha.

Atentamente

Ciudad de México, a 6 de diciembre de 2016.— Senadora Blanca Alcalá Ruiz (rúbrica), vicepresidenta.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Proyecto de Decreto

CS-LXIII-II-1P-122

Por el que se reforman los artículos 61 y 73 de la Ley de Vivienda

Artículo Único. Se reforman los artículos 61, segundo párrafo, y 73 de la Ley de Vivienda, para quedar como sigue:

Artículo 61. ...

La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Social, deberá elaborar anualmente una estimación fundamentada que determine el monto de recursos federales requeridos para cumplimentar la política de subsidios.

..

...

Artículo 73. Las acciones de suelo y vivienda financiadas con recursos federales, así como las de los organismos que financien vivienda para los trabajadores en cumplimiento a la obligación que consigna el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, deberán observar los lineamientos que en materia de equipamiento, infraestructura y vinculación con el entorno establezca la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, escuchando la opinión de la Comisión para cada grupo objetivo de la población, a fin de considerar los impactos de las mismas, de conformidad con lo establecido en la Ley General de Asentamientos Humanos y demás disposiciones aplicables.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores. Ciudad de México, a 8 de diciembre de 2016.— Senadora Blanca Alcalá Ruiz (rúbrica), vicepresidenta; senadora María Elena Barrera Tapia (rúbrica), secretaria.»

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Túrnese a la Comisión de Vivienda, para dictamen.

LEY GENERAL DE PESCA Y ACUACULTURA SUSTENTABLE

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Para los efectos constitucionales, me permito remitir a ustedes el expediente que contiene proyecto de decreto por el que se reforma la fracción XXI del artículo 4o. de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, aprobado por el Senado de la República en sesión celebrada en esta fecha.

Atentamente

Ciudad de México, a 6 de diciembre de 2016.— Senadora Blanca Alcalá Ruiz (rúbrica), vicepresidenta.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Proyecto de Decreto

CS-LXIII-II-1P-121

Por el que se reforma la fracción XXI del artículo 4o. de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables

Artículo Único. Se reforma la fracción XXI del artículo 4o. de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, para quedar como sigue:

Artículo 4o. ...

I. a XX. ...

XXI. Inapesca: Instituto Nacional de Pesca y Acuacultura, órgano público descentralizado sectorizado con la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.

XXII. a LI. ...

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Las menciones contenidas en otras leyes, reglamentos y, en general, en cualquier disposición respecto al Instituto Nacional de Pesca, cuyo nombre se modifica por virtud de este decreto, se entenderán referidas al Instituto Nacional de Pesca y Acuacultura.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores. Ciudad de México, a 8 de diciembre de 2016.— Senadora Blanca Alcalá Ruiz (rúbrica), vicepresidenta; senadora María Elena Barrera Tapia (rúbrica), secretaria.»

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Túrnese a la Comisión de Pesca, para dictamen.

INICIATIVA DE SENADOR                                                                                                                                LEY DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Comunico a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, el senador Raúl Aarón Pozos Lanz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se derogan el inciso c) fracción II del artículo 2o.; las fracciones XIV, XV y XVI del artículo 3o.; la fracción IV del artículo 8o. en todos sus incisos; y el artículo 18-A, todos de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios.

Con fundamento en los artículos 66, párrafo 1, inciso a) y 67, párrafo 1, inciso b) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 174, 175 párrafo 1, 176, 177, párrafo 1 y 178 del Reglamento del Senado, se dispuso que dicha Iniciativa, misma que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.

Atentamente

Ciudad de México, a 8 de diciembre de 2016.— Senadora Blanca Alcalá Ruiz (rúbrica), vicepresidenta.»

«El suscrito, senador Raúl Aarón Pozos Lanz, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 73, fracción XVII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y en los artículos 8, fracción I, 164, 169, 172 y demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la República, presentan ante esta honorable soberanía, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se derogan el inciso c) fracción II del artículo 2o.; fracciones XIV, XV, XVI del artículo 3o.; fracción IV del artículo 8o. en todos sus incisos y el artículo 18-A, todos de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Las telecomunicaciones constituyen un instrumento estratégico para impulsar el desarrollo económico, aumentar la productividad y competitividad del país, y contribuir a la equidad social.

Y este fue precisamente uno de los primeros sectores en el que se concretaron los cambios estructurales impulsados por el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, desde el inicio de la actual administración, para la transformación del país.

Indudablemente, se trata de un sector que registra una importante dinámica de crecimiento, y cuya participación en la economía supera 5 por ciento, con tasas de crecimiento superiores a las de la economía nacional.

Con todo, los retos de penetración, cobertura, brecha digital y competencia del sector son formidables. El acceso a servicios de telecomunicaciones en México es aún limitado para gran parte de la población. Nos encontramos en los últimos lugares en penetración de banda ancha entre los países de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE).

Ante tal escenario, el Poder Ejecutivo presentó la Reforma de Telecomunicaciones, aprobada por el Congreso de la Unión, la cual fue publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el 11 de junio de 2013.

Su propósito fundamental es incentivar la competencia efectiva en todos los sectores de las telecomunicaciones con el objetivo de asegurar la cobertura universal de los servicios de televisión, radio, telefonía y datos para todo el territorio nacional, así como contar con precios adecuados para mejorar el acceso a las tecnologías de la información y comunicación.

Son actividades económicas que, por un lado, producen insumos estratégicos para el incremento de la productividad de las empresas y, por el otro, son instrumentos que propician el fortalecimiento de los derechos fundamentales de las personas, el cual representa el eje rector de la reforma.

La reforma constitucional se basó en cuatro ejes centrales: incorporación de nuevos derechos a la Constitución; creación de nuevos órganos reguladores con autonomía constitucional; un nuevo modelo de organización industrial para las telecomunicaciones, la radio, la televisión y nuevas reglas para la procuración de la competencia económica; así como mandatos para emprender políticas públicas para el desarrollo del sector.

Derivado de la reforma, el Congreso de la Unión expidió un solo ordenamiento legal que regula de manera convergente el uso, aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico, las redes de telecomunicaciones, así como la prestación de servicios de radiodifusión y telecomunicaciones y demás adecuaciones legislativas complementarias, el cual fue publicado en el DOF por el Ejecutivo federal el 14 de julio de 2014.

Sin duda, se trata de una de las reformas más ambiciosas en esta nueva era y la que mayor impacto económico y social, que ya se está traduciendo en beneficios concretos en el bolsillo de las familias mexicanas.

A la distancia, los resultados de la reforma de telecomunicaciones han permitido sentar las bases para que nuestro país se integre plenamente a la sociedad de la información y el conocimiento; elevar la competencia e incrementar la inversión y el cabio tecnológico en el sector; disminuir los precios de los servicios y mejorar su calidad; incidir en los niveles de penetración del servicio de banda ancha inalámbrica, lo que significa que cada vez más mexicanos tengan acceso a Internet y aprovechen los beneficios que esta tecnología ofrece; entre otros...

Los esfuerzos y efectividad de las nuevas condiciones en el sector han sido reconocidas por la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos, al señalar a principios de 2015 que la regulación de México era significativamente menos restrictiva, lo que implica que nuestro país se sitúa por debajo del promedio de la OCDE, toda vez que el nuevo marco legal es más favorable para el desarrollo del sector.

En síntesis, nos encontramos inmersos en un proceso en el que se busca democratizar los servicios de telecomunicaciones, siempre en beneficio de la población, principalmente la que habita en las zonas más rezagadas del territorio nacional.

Ahora bien, cabe mencionar que en el Paquete Económico de 2010, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) propuso en la Ley del Impuesto Especial a Productos y Servicios (IEPS), un gravamen con una tasa de 3 por ciento a los servicios de telecomunicaciones (telefonía fija, móvil, Internet y tv de paga), por lo que este impuesto se cobra directamente a los usuarios y consumidores de dichos servicios.

El IEPS es un impuesto indirecto que tiene como objetivo gravar el consumo final de determinados bienes y servicios. En México, el IEPS se divide en petrolero que corresponde al aplicado a la gasolina y el diésel; y en no petrolero que corresponde al gravamen en tabaco, bebidas alcohólicas, bebidas energéticas y saborizadas, cervezas, sorteos, apuestas y servicios de telecomunicaciones, que son considerados como bienes y servicios suntuarios o de lujo.

Cabe mencionar que el IEPS en los servicios de telecomunicaciones, excluye a la telefonía rural, pública y servicios de interconexión, así como aquellos servicios empaquetados de internet, a través de redes fijas y móviles, siempre y cuando se determine la contraprestación correspondiente al servicio de acceso a Internet de manera separada a los demás servicios de telecomunicaciones en la factura y cuyo monto no exceda 30% del total de las contraprestaciones que se facturen en forma conjunta.

El IEPS a los servicios de telecomunicaciones no solo es costoso para la población, también ha sido un factor de freno a la penetración de los servicios y con una mínima capacidad recaudatoria. Durante el periodo 2010-2014, este impuesto ha permanecido con la misma tasa impositiva, con una recaudación que se presenta en la siguiente tabla:

Recaudación del IEPS en los Servicios de Telecomunicaciones

2010

Recaudación: 5 mil 885 millones de pesos

Porcentaje de ingresos tributarios: 0.47 por ciento

2011

Recaudación: 7 mil 966 millones de pesos

Porcentaje de ingresos tributarios: 0.37 por ciento

2012

Recaudación: 6 mil 37 millones de pesos

Porcentaje de ingresos tributarios: 0.37 por ciento

2013

Recaudación: 7 mil 589 millones de pesos

Porcentaje de ingresos tributarios: 0.26 por ciento

2014

Recaudación: 7 mil 198.0 millones de pesos

Porcentaje de ingresos tributarios: 0.30 por ciento

Se prevé que la recaudación deberá ser menor en años subsiguientes debido a las bondades de la reforma en telecomunicaciones, que ya son una realidad para la población mexicana, destacando las siguientes: i) La desaparición de los cargos por larga distancia nacional a partir de enero de 2015 y ii) la desaparición del roaming nacional en telefonía móvil.

Aunado a lo anterior, este impuesto genera un costo social dado que equivale a una tasa impositiva de 19.5 por ciento, al aplicarse el impuesto al valor agregado (IVA) del 16 por ciento al precio neto de IEPS de 3 por ciento a los servicios de telecomunicaciones (artículo 18 de la Ley del IVA), por lo que las telecomunicaciones tienen un gravamen de 3.48 puntos por arriba de la tasa general del IVA.

De igual forma, dicho impuesto grava el acceso a Internet dado que el IEPS se aplica a todo concepto de renta por línea de acceso a las diferentes redes de telecomunicaciones, por lo que el acceso a los servicios de banda ancha en efecto es gravado.

Considero que el IEPS a los Servicios de Telecomunicaciones es un impuesto regresivo, dada la actual tendencia de penetración de los servicios móviles y de acceso a Internet a estratos de cada vez menor nivel de ingresos. Sin embargo, es necesario destacar un dato relevante en torno a la proporción que representa la contribución de este impuesto sobre el ingreso de las familias mexicanas: un hogar en el quintil superior de la distribución del ingreso paga cerca de un décimo de lo que paga un hogar en quintiles en el extremo inferior de la distribución por los servicios de telecomunicaciones.

En este sentido, derogar el IEPS a las telecomunicaciones permitiría un mayor acceso a los mexicanos a las tecnologías de la información y comunicación, permitiendo de esta manera, continuar cerrando la brecha digital, tanto geográfica como de ingreso, con una política incluyente en el acceso general a los servicios de telecomunicaciones y que los nuevos servicios que aparezcan en el mercado no tengan obstáculos impositivos extraordinarios que desincentiven su uso.

La nueva legislación en materia de telecomunicaciones traerá esquemas novedosos de tarifas y precios en los servicios actuales y futuros, que solo deben estar sujetos al IVA, como único impuesto indirecto aplicable, de tal forma que permita democratizar el acceso a servicios de telecomunicaciones, uno de los objetivos fundamentales del Gobierno Federal en la materia.

Sumado a ello, cabe recordar que el artículo 6o., inciso b), de nuestra Constitución Política, establece que: I. “El Estado garantizará a la población su integración a la sociedad de la información y el conocimiento, mediante una política de inclusión digital universal con metas anuales y sexenales” y II. “Las telecomunicaciones son servicios públicos de interés general, por lo que el Estado garantizará que sean prestados en condiciones de competencia, claridad, pluralidad, cobertura universal, interconexión, convergencia, continuidad, acceso libre y sin injerencias arbitrarias”.

Es indispensable maximizar los beneficios sociales que brindan las redes de telecomunicaciones, a través de la ejecución de políticas públicas eficaces, que permitan aumentar la cobertura y la calidad de los servicios para un mayor número de mexicanos, que contribuya a mejorar su nivel de vida.

Por tal motivo, se propone derogar el inciso c) de la fracción III del artículo 2o. para derogar el impuesto a los servicios de telecomunicaciones y, por lo tanto, se derogan también las fracciones XIV, XV, XVI del artículo 3o.; la fracción IV del artículo 8o.; y el artículo 18-A.

En mérito de todo lo anterior, sometemos a la consideración de esta honorable asamblea, el siguiente proyecto de

Decreto

Único. Se derogan el inciso c) fracción II del artículo 2o.; fracciones XIV, XV, XVI del artículo 3o.; fracción IV del artículo 8o. en todos incisos y el artículo 18-A de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, para quedar como sigue:

Artículo 2o. Al valor de los actos o actividades que a continuación se señalan, se aplicarán las tasas y cuotas siguientes:

I. ...

II. En la prestación de los siguientes servicios:

A)...

B)...

C) Se deroga

Artículo 3o. Para los efectos de esta ley se entiende por:

I. a XIII. ...

XIV. Se deroga

XV. Se deroga

XVI. Se deroga

Artículo 8o. No se pagará el impuesto establecido en esta ley:

I. a III. ...

IV. (Se deroga.)

Artículo 18-A. (Se deroga.)

Artículo Transitorio

Único. El presente decreto entrara en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Nota:

1 Estudios económicos de la OCDE: México 2015.

Salón de sesiones del Senado de la República, a 8 de diciembre de 2016.— Senador Raúl Aarón Pozos Lanz (rúbrica).»

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

DECLARATORIA DE PUBLICIDAD DE DICTÁMENES DE LEY O DECRETO                                                                                                                                   LEY DE PETRÓLEOS MEXICANOS Y DE LA LEY DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:«Dictamen de la Comisión de Energía, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Petróleos Mexicanos y de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad

Honorable Asamblea:

La Comisión de Energía de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 80, 82 numeral 1, 85, 157, numeral 1, fracción 1, y 158, numeral 1, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás relativos de dicho ordenamiento, y habiendo analizado el contenido de la iniciativa de referencia, somete a la consideración de esta Honorable Asamblea el presente dictamen, al tenor de los siguientes:

I. ANTECEDENTES

1.- En fecha 08 de septiembre de 2016 y en el marco de la entrega del Paquete Económico para el Ejercicio Fiscal 2017, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados de la LXIII Legislatura, recibió de parte del titular del Ejecutivo Federal iniciativa con Proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de Petróleos Mexicanos y de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad.

2.- En esa misma fecha, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó el proyecto en comento a la Comisión de Energía, para su estudio y dictamen.

II. CONTENIDO DE LA INICIATIVA

La iniciativa tiene por objeto armonizar diversos artículos de las leyes de Petróleos Mexicanos y de la Comisión Federal de Electricidad, con la nueva regulación en materia de combate a la corrupción, particularmente con los requisitos e impedimentos para ser designado consejero independiente en las empresas productivas el Estado, así como con las disposiciones aplicables a las unidades de responsabilidad de dichas empresas.

Es por ello que la iniciativa describe el régimen especial de las empresas productivas del Estado, en cuanto a la integración de su órgano de gobierno y la participación de los consejeros independientes, así como de las atribuciones en materia de responsabilidades.

Al respecto, señala que las leyes de Petróleos Mexicanos (Pemex) y de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) prevén que estas empresas productivas del Estado cuentan con un órgano decisorio denominado “Consejo de Administración” que tiene la responsabilidad de determinar la política comercial y operativa, así como la de definir la organización y reglamentación de su estructura orgánica y corporativa.

Menciona que por la importancia que revisten los Consejos de Administración, en ambas leyes se establecieron garantías institucionales a fin de evitar intromisiones respecto a la toma de decisiones, como la incorporación de un conjunto de requisitos para ocupar el cargo de consejero, reduciendo la participación del Gobierno Federal y creando la figura de consejeros independientes.

La iniciativa aduce que en lo concerniente a las funciones de vigilancia y auditoría de las empresas productivas del Estado, las leyes de Pemex y de CFE buscan devolver al Consejo de Administración, a través de los consejeros independientes, la función primordial de vigilancia y evaluación del desempeño.

De ahí, que en concordancia con el mandato constitucional referente a que las empresas productivas del Estado contarán con un régimen especial en materia de responsabilidades administrativas, se dejaran las labores de vigilancia y auditoría bajo el mando del Consejo de Administración, a través de su Comité de Auditoría (integrado exclusivamente por consejeros independientes), y de una Auditoría Interna como su brazo ejecutor.

Por su parte, agrega la iniciativa, el Director General tiene a su cargo el sistema de control interno, que tiene por objeto la identificación, prevención y administración de riesgos y la observancia de las disposiciones jurídicas contables y financieras, entre otros.

Así, debido a la relevancia del cargo de consejero independiente, el fin último de la iniciativa es blindar a los consejeros de la influencia de entes privados y fortalecer su independencia, acercarlos al área académica y garantizar que sus actividades extraordinarias no impidan el correcto desempeño de sus funciones.

Asimismo, en aras de combatir la corrupción, la iniciativa propone diversas cláusulas que eliminen la desconfianza en cuanto a la relación comercial entre los consejeros y las empresas productivas, que adecuen la regulación en lo relativo al parentesco y armonicen el marco jurídico que rige a Pemex y CFE con los objetivos que persigue la Ley General de Responsabilidades Administrativas y demás leyes en materia de combate a la corrupción.

De esta forma, la iniciativa del Ejecutivo Federal plantea:

a) Modificaciones a las leyes de Pemex y CFE, con el propósito de:

Prohibir que los consejeros independientes tengan relación laboral con entes privados con los que tenga conflicto de interés.

- Autorizar a los consejeros independientes desempeñar actividades docentes en instituciones de educación y centros de investigación.

- Precisar la relación comercial con Pemex y CFE, subsidiarias o filiales, en cuanto a ventas y activos de los consejeros independientes. Así, se condiciona que no podrá ser nombrado consejero independiente si su relación comercial representa durante doce meses anteriores más del 10% de sus ventas totales o activos o en su caso, el 1 % de las ventas totales o activos de la empresa productiva del Estado de que se trate, subsidiaria o filial en cuestión.

- Especificar cuestiones en materia de parentesco.

- Establecer el requisito que las demás actividades profesionales que realicen los consejeros independientes les permitan contar con el tiempo suficiente para desempeñar su función.

b)Modificaciones con objeto de armonizar las leyes con lo previsto en la Ley General de Responsabilidades Administrativas y leyes relativas en materia de combate a la corrupción, por lo que propone:

- Sustituir la mención a la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos por la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

- Establecer que el Director General en las empresas productivas del Estado, implementará un sistema para prevenir, detectar y canalizar con las instancias y autoridades competentes los actos y omisiones que puedan constituir faltas administrativas o hechos de corrupción.

- Actualizar la denominación del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa por la de Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

- Sustituir la mención a la Ley Anticorrupción en Contrataciones Públicas en las Leyes de Pemex y de CFE, en virtud de que dicha ley fue abrogada con la entrada en vigor de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

- Actualizar las atribuciones de las unidades de responsabilidades de las empresas productivas del Estado, por lo que se hace una remisión a la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

- Derogar los artículos 93 de la Ley de Pemex y 95 de la Ley de CFE, en virtud de que su contenido ya quedó plasmado en el artículo 101 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

Por lo expuesto anteriormente la iniciativa presentada por el titular del Ejecutivo Federal propone la siguiente reforma:

Se REFORMAN los artículos 16, párrafos segundo y tercero; 21, fracciones III, IV, V y VI; 30; 56, fracción II; 81, fracción II; 86 y 90, párrafo primero; y se DEROGA el artículo 93 de la Ley de Petróleos Mexicanos, para quedar como sigue:

...

Los consejeros señalados en la fracción II del artículo 15 podrán desempeñar otros empleos, cargos o comisiones públicos o privados, salvo aquellos que impliquen un conflicto de interés en términos del Reglamento.

Los consejeros a que se refiere la fracción III del artículo 15 no podrán ocupar, durante el tiempo de su gestión, un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza, en los gobiernos federal, locales o municipales, ni en entes privados con los que tengan conflicto de interés.

...

I. y II. ...

III. No haber sido servidor público de cualquier nivel de gobierno, excepto cuando se trate de labores académicas o docentes en instituciones de educación pública o centros públicos de investigación; ni haber ocupado cargos de elección popular o directivos en partido político alguno, en los dos años inmediatos anteriores al día de la designación;

IV. No tener una relación comercial importante con Petróleos Mexicanos, o alguna de sus empresas productivas subsidiarias o empresas filiales, ya sea como cliente, prestador de servicios, proveedor, contratista, deudor o acreedor a título personal, o bien como accionista, consejero, administrador o directivo del nivel jerárquico inferior a dicho administrador, de una persona moral que tenga dicha relación comercial.

Se considera que un cliente, prestador de servicios, proveedor, contratista, deudor o acreedor, tiene una relación comercial importante con Petróleos Mexicanos, alguna de sus empresas productivas subsidiarias o empresas filiales, cuando sus ingresos derivados de dicha relaciónrepresenten, durante los doce meses anteriores a la fecha de la propuesta de nombramiento, más del diez por ciento de sus ventas totales o activos o, en su caso, el uno por ciento de las ventas totales o activos de Petróleos Mexicanos o de la empresa productiva subsidiaria o filial en cuestión;

V. No tener parentesco en línea recta sin limitación de grado, en la colateral por consanguinidad hasta el cuarto grado y en la colateral por afinidad hasta el tercero, así como no ser cónyuge, concubina o concubinario, de cualquiera de las personas físicas referidas en las fracciones I, II y IV de este artículo, y

VI. Acreditar que las demás actividades profesionales que realice le permita contar con el tiempo suficiente para desempeñar su encargo como consejero, así como no ejercer un empleo, cargo o comisión simultáneo que le impida el adecuado ejercicio de su función de consejero independiente.

- Los consejeros, con relación al ejercicio de sus funciones como miembros del Consejo de Administración, serán responsables exclusivamente en términos de lo dispuesto en esta Ley, por lo que no estarán sujetos al régimen de responsabilidades establecido en la Ley General de Responsabilidades Administrativas o en cualquier otro ordenamiento o disposición aplicable en general a los servidores públicos de carácter federal.

...

I. ...

II. Prevenir, detectar y canalizar con las instancias y autoridades competentes, los actos y omisiones que puedan constituir faltas administrativas o hechos de corrupción;

III. a VII. ...

...

I. ...

II. La acción jurisdiccional que corresponda ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

Las contrataciones que realicen Petróleos Mexicanos y sus empresas productivas subsidiarias estarán sujetas, en lo que no se oponga a esta Ley, a lo dispuesto en los artículos 43, 44, 45 y demás aplicables de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

La aplicación de la Ley General de Responsabilidades Administrativas al personal de Petróleos Mexicanos y de sus empresas productivas subsidiarias corresponderá a la Unidad de Responsabilidades, que contará con las atribuciones previstas en la fracción VI del artículo 9 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

...

Se REFORMAN los artículos 15, párrafos segundo y tercero; 20, fracciones III, IV, V y VI; 29; 54, fracción II; 83, fracción II; 88 y 92, párrafo primero; y se DEROGA el artículo 95 de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, para quedar como sigue:

...

Los consejeros señalados en las fracciones II y IV del artículo 14 podrán desempeñar otros empleos, cargos o comisiones públicos o privados, salvo aquellos que impliquen un conflicto de interés en términos del Reglamento.

Los consejeros a que se refiere la fracción III del artículo 14 no podrán ocupar, durante el tiempo de su gestión, un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza, en los gobiernos federal, locales o municipales, ni en entes privados con los que tengan conflicto de interés.

...

I. y II. ...

III. No haber sido servidor público de cualquier nivel de gobierno, excepto cuando se trate de labores académicas o docentes en instituciones de educación pública o centros públicos de investigación; ni haber ocupado cargos de elección popular o directivos en partido político alguno, en los dos años inmediatos anteriores al día de la designación;

IV. No tener una relación comercial importante con la Comisión Federal de Electricidad, o alguna de sus empresas productivas subsidiarias o empresas filiales, ya sea como cliente, prestador de servicios, proveedor, contratista, deudor o acreedor a título personal, o bien como accionista, consejero, administrador o directivo del nivel jerárquico inferior a dicho administrador, de una persona moral que tenga dicha relación comercial.

Se considera que un cliente, prestador de servicios, proveedor, contratista, deudor o acreedor, tiene una relación comercial importante con la Comisión Federal de Electricidad, alguna de sus empresas productivas subsidiarias o empresas filiales, cuando sus ingresos derivados de dicha relación representen, durante los doce meses anteriores a la fecha de la propuesta de nombramiento, más del diez por ciento de sus ventas totales o activos o, en su caso, el uno por ciento de las ventas totales o activos de la Comisión Federal de Electricidad o de la empresa productiva subsidiaria o filial en cuestión;

V. No tener parentesco en línea recta sin limitación de grado, en la colateral por consanguinidad hasta el cuarto grado y en la colateral por afinidad hasta el tercero, así como no ser cónyuge, concubina o concubinario, de cualquiera de las personas físicas referidas en las fracciones I, II y IV de este artículo, y

VI. Acreditar que las demás actividades profesionales que realice le permita contar con el tiempo suficiente para desempeñar su encargo como consejero, así como no ejercer empleo, cargo o comisión simultáneo que le impida el adecuado ejercicio de su función de consejero independiente.

Los consejeros, con relación al ejercicio de sus funciones como miembros del Consejo de Administración, serán responsables exclusivamente en términos de lo dispuesto en esta Ley, por lo que no estarán sujetos al régimen de responsabilidades establecido en la Ley General de Responsabilidades Administrativas o en cualquier otro ordenamiento o disposición aplicable en general a los servidores públicos de carácter federal.

...

I. ...

II. Prevenir, detectar y canalizar con las instancias y autoridades competentes, los actos y omisiones que puedan constituir faltas administrativas o hechos de corrupción;

III. a VII. ...

...

I. ...

II. La acción jurisdiccional que corresponda ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

Las contrataciones que realicen la Comisión Federal de Electricidad y sus empresas productivas subsidiarias estarán sujetas, en lo que no se oponga a esta Ley, a lo dispuesto en los artículos 43, 44, 45 y demás aplicables de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

La aplicación de la Ley General de Responsabilidades Administrativas al personal de la Comisión Federal de Electricidad y de sus empresas productivas subsidiarias corresponderá a sus unidades de responsabilidades, que contarán con las atribuciones previstas en la fracción VI del artículo 9 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, sin perjuicio de lo previsto en los transitorios siguientes.

Las reformas y adiciones a los artículos 30, 56, fracción II, 86 y 90, párrafo primero, así como la derogación del artículo 93, de la Ley de Petróleos Mexicanos, entrarán en vigor cuando la Ley General de Responsabilidades Administrativas se encuentre vigente, de conformidad con lo dispuesto en el Transitorio Tercero del Decreto por el que se expide la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción; la Ley General de Responsabilidades Administrativas, y la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, publicado en la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación del día 18 de julio de 2016.

Las reformas y adiciones a los artículos 29, 54, fracción II, 88 y 92, párrafo primero, así como la derogación del artículo 95, de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, entrarán en vigor cuando la Ley General de Responsabilidades Administrativas se encuentre vigente, de conformidad con lo dispuesto en el Transitorio Tercero del Decreto por el que se expide la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción; la Ley General de Responsabilidades Administrativas, y la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, publicado en la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación del día 18 de julio de 2016.

Una vez establecidos los antecedentes y el objetivo de la iniciativa, se elabora el dictamen correspondiente con base en las siguientes:

III. CONSIDERACIONES

A. La Comisión de Energía de la Cámara de Diputados, alude a la fracción X del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a través del cual se encuentra plenamente justificada su competencia y su facultad para conocer y resolver la materia del asunto que se analiza.

B. En términos de la Reforma Constitucional en Materia Energética, publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 20 de diciembre de 2013, y las leyes de Petróleos Mexicanos y de la Comisión Federal de Electricidad, publicadas en el DOF el 11 de agosto de 2014, las empresas productivas del Estado tienen por objeto la creación de valor económico e incrementar los ingresos de la Nación, con sentido de equidad y responsabilidad social y ambiental; su organización, administración y estructura corporativa son acordes con las mejores prácticas a nivel internacional, asegurando su autonomía técnica y de gestión, y sus órganos de gobierno cuentan con las facultades necesarias para determinar su arreglo institucional.

C. Las leyes de Pemex y de CFE señalan que dichas empresas productivas del Estado contarán con un órgano decisorio denominado Consejo de Administración y están facultados, entre otras cuestiones, para:

• Definir y aprobar las políticas y lineamientos generales en materias tales como inversión, deuda, contrataciones y recursos humanos.

• Aprobar anualmente el Plan de Negocios, así como definir las políticas y visión estratégica de la empresa y sus empresas subsidiarias y filiales.

• Emitir el Estatuto Orgánico, la vigilancia y desempeño de la propia empresa y de sus subsidiarias y filiales.

• Designar al titular de la Auditoría Interna; aprobar el dictamen de los auditores externos, así como del sistema de control interno.

D. Estos ordenamientos indican que los Consejos de Administración se integran por: i) los titulares de las Secretarías de Energía (quien los presidirá) y de Hacienda y Crédito Público; ii) tres consejeros del Gobierno Federal designados por el Ejecutivo Federal; iii) cinco consejeros independientes en el caso de Petróleos Mexicanos, y cuatro consejeros en el caso de la Comisión Federal de Electricidad; y iv) en lo que toca a la Comisión Federal de Electricidad, un consejero que es designado por los trabajadores de dicha empresa.

E. Los consejeros independientes, además de mostrada capacidad y experiencia, deben cumplir de acuerdo con los artículos 20 y 21 de los ordenamientos mencionados, con las siguientes exigencias:

a) Desempeñar sus funciones sin conflicto de interés y sin estar supeditados a intereses personales, patrimoniales o económicos;

b) No haber sido empleado de la empresa productiva del Estado de que se trate, o de alguna de sus subsidiarias o filiales en los dos años anteriores a la designación, ni removido con anterioridad del cargo de consejero, salvo que esto último hubiere sido por incapacidad física ya superada;

c) No haber desempeñado cargo de auditor externo de la empresa productiva del Estado de que se trate, o de alguna de sus subsidiarias o filiales, durante los doce meses inmediatos anteriores a la fecha del nombramiento;

d) No haber sido servidor público de cualquier nivel de gobierno ni haber ocupado cargos de elección popular o directivos en partido político alguno, en los dos años inmediatos anteriores al día de la designación;

e) No ser cliente, prestador de servicios, proveedor, contratista, deudor o acreedor importante, así como accionista, consejero, asesor o empleado de una persona moral que sea cliente, prestador de servicios, proveedor, contratista, deudor o acreedor importante de la empresa productiva del Estado de que se trate, o de alguna de sus subsidiarias o filiales. Se considera que cualquiera de estos desempeños son importantes, cuando los ingresos derivados de las relaciones comerciales con la empresa productiva del Estado de que se trate o con alguna de sus subsidiarias o filiales, representen más del diez por ciento de las ventas totales o activos, durante los doce meses anteriores a la fecha del nombramiento;

f) No tener parentesco por consanguinidad, afinidad o civil hasta el cuarto grado, así como no ser cónyuge, concubina o concubinario, de cualquiera de las personas físicas referidas en los incisos a), b) y d) anteriores, y

g) No pertenecer simultáneamente a más de cuatro juntas directivas u órganos de administración de distintas personas morales, públicas o privadas, incluida la de empresa productiva del Estado de que se trate; o ejercer un empleo, cargo o comisión simultáneo que le impida el adecuado ejercicio de su función de consejero independiente.

F. Por otra parte, la Reforma Constitucional en materia de Combate a la Corrupción, publicada en el DOF el 27 de mayo de 2015, y sus leyes reglamentarias publicadas el 18 de julio de 2016, tienen como principal objetivo establecer las bases del nuevo marco jurídico que le permitan al Estado Mexicano combatir de manera frontal la corrupción en el manejo de recursos públicos e incidir en decisiones que pretendan beneficiar intereses privados o deriven en pérdidas de competitividad.

La preocupación cada vez más extendida en la sociedad mexicana por los perjuicios causados por la corrupción, provocó que la discusión y aprobación de las leyes que integran el Sistema Nacional Anticorrupción y en materia de transparencia se dieran en un contexto de parlamento abierto, en el que autoridades, organizaciones de la sociedad civil, académicos, empresarios y población en general, contribuyeron en la construcción de un andamiaje jurídico para contener la corrupción y la impunidad.

En tal virtud, la Ley General de Responsabilidades Administrativas en su artículo 5 establece que no se considerarán servidores públicos los consejeros independientes de los órganos de gobierno de las empresas productivas del Estado y define varias condiciones para la contratación de consejeros independientes en entidades de la Administración Pública Federal que realicen actividades comerciales, a saber:

• No tengan una relación laboral con las entidades;

• No tengan un empleo, cargo o comisión en cualquier otro ente público, ni en entes privados con los que tenga conflicto de interés;

• Las demás actividades profesionales que realicen les permitan contar con el tiempo suficiente para desempeñar su encargo como consejero;

• El monto de los honorarios que se cubran por su participación en los órganos de gobierno no sean superiores a los que se paguen en empresas que realicen actividades similares en la República Mexicana, y

• Cuenten, al menos, con los mismos deberes de diligencia y lealtad aplicables a los consejeros independientes de las empresas productivas del Estado. En todo caso, serán responsables por los daños y perjuicios que llegaren a causar a la entidad, derivados de los actos, hechos u omisiones en que incurran, incluyendo el incumplimiento a dichos deberes.

Además, el nuevo ordenamiento prevé en su artículo 9, fracción VI, que las Unidades de Responsabilidades de las empresas productivas del Estado están facultadas exclusivamente con aquellas atribuciones relativas a la investigación, substanciación y resolución de faltas administrativas.

Como puede advertirse, la Ley General de Responsabilidades Administrativas contiene disposiciones que modifican la regulación aplicable a las empresas productivas del Estado en materia de consejeros independientes y de las unidades de responsabilidades, por consiguiente se coincide con la iniciativa del Ejecutivo Federal en la procedencia jurídica de ajustar las leyes de Pemex y CFE.

G. Consecuentemente, para esta Comisión Dictaminadora es primordial reformar el tema de conflicto de interés entre los consejeros independientes y los entes privados, ya que la reciente Ley General de Responsabilidades Administrativas define al conflicto de interés como la posible afectación del desempeño imparcial de las funciones de los Servidores Públicos en razón de intereses personales, familiares o de negocios; por lo tanto, la posible existencia de un vínculo entre los consejeros y los entes privados, eleva la probabilidad de incurrir en un conflicto de intereses y que los consejeros se desvíen de los objetivos que fundamentaron la creación de los cargos independientes.

La que Dictamina valora que esta modificación contribuye a minimizar el riesgo de una posible “captura” de los tomadores de decisiones, dado que la corrupción puede ir desde el uso de información privilegiada hasta casos extremos, como influir en la creación de barreras a la entrada para proteger intereses particulares, conceder privilegios, avalar monopolios o determinar precios y tarifas en privilegio de alguien.

Impedir que los consejeros independientes sean cooptados por los entes privados, no sólo reduce el riesgo de corrupción, sino que disminuye la posibilidad de que la información confidencial de las empresas productivas del Estado, sea utilizada para obtener beneficios particulares.

H. Excluir el desempeño de labores académicas o docentes en instituciones de educación pública o centros públicos de investigación del requisito de haber sido servidor público en los dos años inmediatos anteriores al día de su designación, es una medida apropiada ya que dichas actividades les permite a los consejeros independientes estar permanente actualizados, lo cual enriquece sus conocimientos y su participación en los Consejos de Administración.

I. Esta Comisión Dictaminadora avala la reforma propuesta en la iniciativa para establecer que no podrá ser nombrado como consejero independiente, aquel que tenga una relación comercial importante con la empresa productiva del Estado de que se trate, alguna de sus empresas productivas subsidiarias o empresas filiales, cuando sus ingresos derivados de dicha relación representen, durante los doce meses anteriores a la fecha de la propuesta del nombramiento, más del diez por ciento de sus ventas totales o activos o, en su caso, el uno por ciento de las ventas totales o activos de la empresa productiva del Estado de que se trate o de la empresa productiva subsidiaria o filial en cuestión.

Con ello, se garantiza que el impedimento para ser designado consejero independiente rija en ambas partes de la relación comercial: cuando el candidato a consejero antes de su designación, desempeñe funciones como prestador de servicios, proveedor, contratista, deudor o acreedor importante de la Empresa Productiva y cuando para la Empresa Productiva dicho candidato sea un cliente relevante.

J. Igualmente, se valida la pertinencia de esclarecer qué empleados de una empresa con una relación familiar o política importante con funcionarios de las empresas productivas del Estado, activan la prohibición por parentesco para ser designado consejero independiente. Al respecto, se concuerda con los argumentos de que dicho empleado debe poseer capacidad de decisión en la empresa, es decir, que sea el administrador, miembro del consejo de administración o un alto directivo de la misma.

K. Los integrantes de la Comisión de Energía convienen en reconfigurar el requisito de no tener parentesco con empleados, auditores externos, clientes, prestadores de servicios, proveedores, contratistas, deudores o acreedores importantes de las empresas productivas del Estado, a efecto de que se establezca el límite en la colateral por afinidad hasta el tercer grado.

Esta precisión busca evitar cualquier posible conflicto de interés, ya que se deja sin limitación de grado cualquier relación de parentesco en línea recta sin importar si se trata de parentesco por consanguinidad, es decir, padres, abuelos, bisabuelos, hijos, nietos, bisnietos, suegros, etc., y se mantiene sin cambios la limitación relativa al parentesco por consanguinidad.

Igualmente, se considera acertado reducir de cuarto a tercer grado, la limitante del parentesco por afinidad en la línea colateral.

El interés público requiere que sólo los mejores sirvan al Estado y el parentesco a ese grado no debe ser una barrera insuperable para que aquellos que sean candidatos idóneos se les descalifiquen irremediablemente. La que Dictamina considera que debe existir un equilibrio que garantice igualdad de oportunidad para los mejor calificados. En tal sentido, también es indicado quitar la mención al parentesco civil, ya que este ha dejado de existir en la legislación común.

L. Este cuerpo colegiado coincide en el propósito de ajustar la redacción vigente para que los consejeros independientes acrediten que las demás actividades profesionales que realicen no afectaran sus labores como consejeros y que contarán con el tiempo suficiente para desempeñar su encargo.

M. La Comisión de Energía acredita la pertinencia de derogar los artículos 93 de la Ley de Petróleos Mexicanos y 95 de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, en virtud de que conforme al artículo 73, fracción XXIX-V de la Constitución Federal, dicha leyes la normatividad aplicable en materia de responsabilidades administrativas.

N. También para esta Comisión Dictaminadora es menester armonizar las Leyes de Pemex y de CFE con lo que prevé la Ley General de Responsabilidades Administrativas y demás ordenamientos jurídicos, en materia de las atribuciones de las Unidades de Responsabilidades de las empresas productivas del Estado y en lo referente a la sustitución de términos y denominaciones.

O. La Comisión está de acuerdo en que el Director General en las empresas productivas del Estado, implemente un sistema de control interno para prevenir, detectar y canalizar con las instancias y autoridades competentes los actos y omisiones que puedan constituir faltas administrativas o hechos de corrupción.

P. La Comisión de Energía reconoce la existencia de decisiones que en ocasiones atienden intereses personales que afectan la manera de procesar la información, juzgar y decidir, ya que el conflicto de intereses está presente en casi todas las decisiones humanas. Visto así, el conflicto es inevitable y ante él es indispensable el perfeccionamiento de nuestro marco jurídico, para afrontar con más y mejores herramientas a uno de los problemas más sentidos en nuestra sociedad.

Justamente, el presente dictamen ofrece la actualización de diversos preceptos jurídicos en aras de contar con una regulación más eficaz en el combate a la corrupción.

Q. A partir de las consideraciones vertidas, los diputados integrantes de la Comisión de Energía, someten a la consideración del Pleno de esta Honorable Asamblea el siguiente:

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE PETRÓLEOS MEXICANOS Y DE LA LEY DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

ARTÍCULO PRIMERO.- Se REFORMAN los artículos 16, párrafos segundo y tercero; 21, fracciones III, IV, V y VI; 30; 56, fracción II; 81, fracción II; 86 y 90, párrafo primero; y se DEROGA el artículo 93 de la Ley de Petróleos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 16.- ...

Los consejeros señalados en la fracción II del artículo 15 podrán desempeñar otros empleos, cargos o comisiones públicos o privados, salvo aquellos que impliquen un conflicto de interés en términos del Reglamento.

Los consejeros a que se refiere la fracción III del artículo 15 no podrán ocupar, durante el tiempo de su gestión, un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza, en los gobiernos federal, locales o municipales, ni en entes privados con los que tengan conflicto de interés.

Artículo 21.- ...

I. y II. ...

III. No haber sido servidor público de cualquier nivel de gobierno, excepto cuando se trate de labores académicas o docentes en instituciones de educación pública o centros públicos de investigación; ni haber ocupado cargos de elección popular o directivos en partido político alguno, en los dos años inmediatos anteriores al día de la designación;

IV. No tener una relación comercial importante con Petróleos Mexicanos, o alguna de sus empresas productivas subsidiarias o empresas filiales, ya sea como cliente, prestador de servicios, proveedor, contratista, deudor o acreedor a título personal, o bien como accionista, consejero, administrador o directivo del nivel jerárquico inferior a dicho administrador, de una persona moral que tenga dicha relación comercial.

Se considera que un cliente, prestador de servicios, proveedor, contratista, deudor o acreedor, tiene una relación comercial importante con Petróleos Mexicanos, alguna de sus empresas productivas subsidiarias o empresas filiales, cuando sus ingresos derivados de dicha relación representen, durante los doce meses anteriores a la fecha de la propuesta de nombramiento, más del diez por ciento de sus ventas totales o activos o, en su caso, el uno por ciento de las ventas totales o activos de Petróleos Mexicanos o de la empresa productiva subsidiaria o filial en cuestión;

V. No tener parentesco en línea recta sin limitación de grado, en la colateral por consanguinidad hasta el cuarto grado y en la colateral por afinidad hasta el tercero, así como no ser cónyuge, concubina o concubinario, de cualquiera de las personas físicas referidas en las fracciones I, II y IV de este artículo, y

VI. Acreditar que las demás actividades profesionales que realice le permita contar con el tiempo suficiente para desempeñar su encargo como consejero, así como no ejercer un empleo, cargo o comisión simultáneo que le impida el adecuado ejercicio de su función de consejero independiente.

...

Artículo 30.- Los consejeros, con relación al ejercicio de sus funciones como miembros del Consejo de Administración, serán responsables exclusivamente en términos de lo dispuesto en esta Ley, por lo que no estarán sujetos al régimen de responsabilidades establecido en la Ley General de Responsabilidades Administrativas o en cualquier otro ordenamiento o disposición aplicable en general a los servidores públicos de carácter federal.

Artículo 56.- ...

I. ...

II. Prevenir, detectar y canalizar con las instancias y autoridades competentes, los actos y omisiones que puedan constituir faltas administrativas o hechos de corrupción;

III. a VII. ...

Artículo 81.- ... 1. ...

...

...

...

II. La acción jurisdiccional que corresponda ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

...

...

Artículo 86.- Las contrataciones que realicen Petróleos Mexicanos y sus empresas productivas subsidiarias estarán sujetas, en lo que no se oponga a esta Ley, a lo dispuesto en los artículos 43, 44, 45 y demás aplicables de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

Artículo 90.- La aplicación de la Ley General de Responsabilidades Administrativas al personal de Petróleos Mexicanos y de sus empresas productivas subsidiarias corresponderá a la Unidad de Responsabilidades, que contará con las atribuciones previstas en la fracción VI del artículo 9 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

...

Artículo 93.- (Se deroga)

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se REFORMAN los artículos 15, párrafos segundo y tercero; 20, fracciones III, IV, V y VI; 29; 54, fracción II; 83, fracción II; 88 y 92, párrafo primero; y se DEROGA el artículo 95 de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, para quedar como sigue:

Artículo 15.- ...

Los consejeros señalados en las fracciones 1I y IV del artículo 14 podrán desempeñar otros empleos, cargos o comisiones públicos o privados, salvo aquellos que impliquen un conflicto de interés en términos del Reglamento.

Los consejeros a que se refiere la fracción III del artículo 14 no podrán ocupar, durante el tiempo de su gestión, un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza, en los gobiernos federal, locales o municipales, ni en entes privados con los que tengan conflicto de interés.

Artículo 20.- ...

I. y II. ...

III. No haber sido servidor público de cualquier nivel de gobierno, excepto cuando se trate de labores académicas o docentes en instituciones de educación pública o centros públicos de investigación; ni haber ocupado cargos de elección popular o directivos en partido político alguno, en los dos años inmediatos anteriores al día de la designación;

IV. No tener una relación comercial importante con la Comisión Federal de Electricidad, o alguna de sus empresas productivas subsidiarias o empresas filiales, ya sea como cliente, prestador de servicios, proveedor, contratista, deudor o acreedor a título personal, o bien como accionista, consejero, administrador o directivo del nivel jerárquico inferior a dicho administrador, de una persona moral que tenga dicha relación comercial.

Se considera que un cliente, prestador de servicios, proveedor, contratista, deudor o acreedor, tiene una relación comercial importante con la Comisión Federal de Electricidad, alguna de sus empresas productivas subsidiarias o empresas filiales, cuando sus ingresos derivados de dicha relación representen, durante los doce meses anteriores a la fecha de la propuesta de nombramiento, más del diez por ciento de sus ventas totales o activos o, en su caso, el uno por ciento de las ventas totales o activos de la Comisión Federal de Electricidad o de la empresa productiva subsidiaria o filial en cuestión;

V. No tener parentesco en línea recta sin limitación de grado, en la colateral por consanguinidad hasta el cuarto grado y en la colateral por afinidad hasta el tercero, así como no ser cónyuge, concubina o concubinario, de cualquiera de las personas físicas referidas en las fracciones I, II y IV de este artículo, y

VI. Acreditar que las demás actividades profesionales que realice le permita contar con el tiempo suficiente para desempeñar su encargo como consejero, así como no ejercer empleo, cargo o comisión simultáneo que le impida el adecuado ejercicio de su función de consejero independiente.

...

Artículo 29.- Los consejeros, con relación al ejercicio de sus funciones como miembros del Consejo de Administración, serán responsables exclusivamente en términos de lo dispuesto en esta Ley, por lo que no estarán sujetos al régimen de responsabilidades establecido en la Ley General de Responsabilidades Administrativas o en cualquier otro ordenamiento o disposición aplicable en general a los servidores públicos de carácter federal.

Artículo 54.- ...

I. ...

II. Prevenir, detectar y canalizar con las instancias y autoridades competentes, los actos y omisiones que puedan constituir faltas administrativas o hechos de corrupción;

III. a VII. ...

...

...

...

Artículo 83.- ...

I. ...

II. La acción jurisdiccional que corresponda ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

...

...

Artículo 88.- Las contrataciones que realicen la Comisión Federal de Electricidad y sus empresas productivas subsidiarias estarán sujetas, en lo que no se oponga a esta Ley, a lo dispuesto en los artículos 43, 44, 45 y demás aplicables de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

Artículo 92.- La aplicación de la Ley General de Responsabilidades Administrativas al personal de la Comisión Federal de Electricidad y de sus empresas productivas subsidiarias corresponderá a sus unidades de responsabilidades, que contarán con las atribuciones previstas en la fracción VI del artículo 9 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

...

Artículo 95.- (Se deroga)

TRANSITORIOS

Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, sin perjuicio de lo previsto en los transitorios siguientes.

Segundo. Las reformas y adiciones a los artículos 30, 56, fracción II, 86 y 90, párrafo primero, así como la derogación del artículo 93, de la Ley de Petróleos Mexicanos, entrarán en vigor cuando la Ley General de Responsabilidades Administrativas se encuentre vigente, de conformidad con lo dispuesto en el Transitorio Tercero del Decreto por el que se expide la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción; la Ley General de Responsabilidades Administrativas, y la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, publicado en la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación del día 18 de julio de 2016.

Tercero. Las reformas y adiciones a los artículos 29, 54, fracción II, 88 y 92, párrafo primero, así como la derogación del artículo 95, de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, entrarán en vigor cuando la Ley General de Responsabilidades Administrativas se encuentre vigente, de conformidad con lo dispuesto en el Transitorio Tercero del Decreto por el que se expide la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción; la Ley General de Responsabilidades Administrativas, y la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, publicado en la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación del día 18 de julio de 2016.

Palacio Legislativo de San Lázaro, Ciudad de México, a 5 de octubre de 2016.

La Comisión de Energía, diputados: Georgina Trujillo Zentella (rúbrica), presidenta; Jerico Abramo Masso (rúbrica), Alfredo Anaya Orozco (rúbrica), Fernando Navarrete Pérez (rúbrica), Ricardo Taja Ramírez, Nelly del Carmen Márquez Zapata, César Augusto Rendón García (rúbrica en abstención), Juan Carlos Ruiz García (rúbrica), Elio Bocanegra Ruiz, Julio Saldaña Morán, Sofía González Torres (rúbrica), Norma Rocío Nahle García (rúbrica en contra), Macedonio Salomón Tamez Guajardo (rúbrica), secretarios; Leonardo Amador Rodríguez, José Antonio Arévalo González, Carlos Bello Otero (rúbrica), Juan Alberto Blanco Zaldívar (rúbrica en abstención), Juan Manuel Cavazos Balderas, Susana Corella Platt (rúbrica), José del Pilar Córdova Hernández (rúbrica), Daniela de los Santos Torres, Guadalupe Hernández Correa (rúbrica en contra), Luis Manuel Hernández de León, David Jiménez Rumbo, Érick Alejandro Lagos Hernández, Rocío Matesanz Santamaría (rúbrica en abstención), Fernando Quetzalcóatl Moctezuma Pereda (rúbrica), María de los Ángeles Rodríguez Aguirre, Esdras Romero Vega (rúbrica), Nancy Guadalupe Sánchez Arredondo.»

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple la declaratoria de publicidad.

LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL; DE LA LEY DE NAVEGACIÓN Y COMERCIO MARÍTIMOS Y DE LA LEY DE PUERTOS

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:Dictamen de la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos y de la Ley de Puertos.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple la declaratoria de publicidad.

El diputado César Alejandro Domínguez Domínguez(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Sonido en la curul del diputado César Alejandro Domínguez. ¿Con qué objeto, diputado?

El diputado César Alejandro Domínguez Domínguez (desde la curul): Muchas gracias, presidente. El objeto de la intervención, presidente, es solicitar en atención de los medios de comunicación y al Foro de Periodistas de Chihuahua, un minuto de silencio por el lamentable asesinato de un periodista en la ciudad de Chihuahua el pasado sábado, en donde las investigaciones según la Fiscalía General del estado, de las líneas de investigación, tienen que ver con la actividad periodística que desarrollaba.

Por lo cual, diputados del estado de Chihuahua que estamos aquí reunidos, el diputado Juan Blanco Zaldívar, del Partido de Acción Nacional; el diputado Tony Meléndez, del Partido Revolucionario Institucional; su servidor y estoy seguro que todos los diputados del estado de Chihuahua estarán de acuerdo en que procedamos de esta manera.

Hay 13 homicidios de periodistas en lo que va del año. En el caso particular de Chihuahua este es alrededor del número 10, desde 2007 para acá. Y a nuestra compañera presidenta de la comisión especial, de la cual soy integrante, desde luego el Foro de Periodistas de Chihuahua y el Colegio de Periodistas de Chihuahua me solicitan platicar con ella para, por el conducto de la comisión especial solicitar una reunión con el fiscal especializado de atención a agresiones a periodistas.

Ese sería el planteamiento, señor presidente, agradeciendo infinitamente la oportunidad que me brinda de hacer uso de la palabra.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputado Domínguez, sin duda es atendible su petición, acompañada de una condena enérgica a las agresiones e intimidaciones que están sufriendo diferentes comunicadores en diferentes estados de la república.

De la misma forma, la petición solicitada en el tema de la agresión de nuestra compañera senadora está siendo turnado a la Junta de Coordinación Política un pronunciamiento por parte de esta Cámara de Diputados para condenar esta cobarde agresión.

El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen de la Comisión de Justicia con proyecto de decreto por el que se reforma...

La diputada Brenda Velázquez Valdez(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: A ver, antes, sonido en la curul de la diputada Brenda Velázquez. Adelante, diputada.

La diputada Brenda Velázquez Valdez (desde la curul): Gracias, presidente. Como presidenta de la Comisión Especial para dar seguimiento a las agresiones a periodistas y medios de comunicación, nos sumamos a este posicionamiento de nuestro compañero y, efectivamente, estaremos citando a comisión en esta semana para ver ese lamentable suceso y otros que también han estado sucediendo aquí en el país de México. Muchas gracias.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputada.

DICTÁMENES A DISCUSIÓN DE LEY O DECRETO

CÓDIGO PENAL FEDERAL Y LEY FEDERAL CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen de la Comisión de Justicia, con proyecto de decreto por el que se reforma el primer párrafo del artículo 420 del Código Penal Federal, y se adiciona una fracción X al artículo 2 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:Dictamen de la Comisión de Justicia, con proyecto de decreto por el que se reforma el primer párrafo del artículo 420 del Código Penal Federal, y se adiciona una fracción X al artículo 2 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Para tal efecto y de conformidad con el artículo 104, numeral 1, fracción IV del Reglamento de la Cámara de Diputados, se han registrado para fijar la posición de su grupo parlamentario, las siguientes diputadas y diputados, quienes harán uso de la palabra hasta por cinco minutos cada uno.

La diputada Melissa Torres Sandoval, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social; el diputado Carlos Gutiérrez García, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza; el diputado Moisés Guerra Mota, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano; la diputada Delfina Gómez Álvarez, del Grupo Parlamentario de Morena; el diputado José Alberto Couttolenc Buentello, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; el diputado Arturo Santana Alfaro, del Grupo Parlamentario del PRD; el diputado Jesús Antonio López Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; y el diputado Jorge Carlos Ramírez Marín, del Grupo Parlamentario del PRI.

Tiene el uso de la tribuna, hasta por cinco minutos, la diputada Melissa Torres Sandoval, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social. Adelante, diputada.

La diputada Melissa Torres Sandoval: Con su venia, señor presidente. Honorable asamblea, en Encuentro Social reconocemos el incalculable valor que para la viabilidad del ser humano como especie lo constituye la estabilidad de los ecosistemas y los ciclos alimentarios de las otras.

Sabemos que al extinguirse una especie, el sistema que permitía su continuidad se distorsiona y se genera un efecto domino de devastación y destrucción y que a su vez impacta en el resto de los ecosistemas. Es obligación de todos los mexicanos, ya sea desde el sector público, privado o social proteger y conservar la inconmensurable biodiversidad con que México fue dotado.

De la misma manera nos corresponde desde el Congreso de la Unión procurare que las conductas que atentan contra el medio ambiente sean, no solo desestimuladas sino fuertemente castigadas. Cuando el derecho ambiental hace sinergia con el derecho penal y el administrativo, se generan círculos virtuosos que, desde todos los frentes del Estado mexicano debemos procurar que permanezcan y más aún evolucionen y crezcan.

En razón de lo anterior sabemos que toda violación a las vedas de captura de especies marinas, especialmente las amenazadas por riesgos de extinción, es una conducta antisocial y de alta peligrosidad. En este orden de ideas es de reconocerse el esfuerzo legislativo que esta Cámara está aportando a la conservación de las especies marinas y especialmente a las que por su sobre explotación se encuentran en peligro de extinción, como es el caso del abulón, el camarón y langosta o, con el mayor riesgo, la Totoaba endémica del Golfo de California o mar de Cortés.

Las y los representantes populares les cumplimos hoy a las generaciones que nos habrán de suceder protegiendo la sustentabilidad del planeta y de México. De esta manera en Encuentro Social votaremos en favor del dictamen de la Comisión de Justicia con proyecto de decreto por el que se reforma el primer párrafo del artículo 420 del Código Penal Federal y se adiciona una fracción X al artículo 2 de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, para sancionar con penas más severas a quien de manera dolosa capture, transforme, acopie, transporte, destruya o comercie con las especies acuáticas antes descritas dentro o fuera de los periodos de veda sin contar con una autorización que corresponda, en cantidad que exceda los 10 kilogramos de peso y cuando las conductas se cometan por una asociación delictuosa.

Finalmente, considerar a la Totoaba como sujeto de protección en materia de delincuencia organizada. Muchas gracias, es cuanto.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputada Torres Sandoval. Tiene el uso de la tribuna el diputado Carlos Gutiérrez García, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, hasta por cinco minutos.

El diputado Carlos Gutiérrez García:Muy buenos días. Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados. En esta ocasión nos convoca el dictamen con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 420 del Código Penal Federal y se adiciona una fracción X al artículo 2 de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada. Lo anterior, con la finalidad de proteger especies como la Totoaba y el camarón.

En Nueva Alianza somos conscientes de la importancia del camarón en la industria pesquera. De hecho, de acuerdo con el Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria, los tres principales productos de exportación de nuestro país son el atún, el camarón y la sardina.

Ahora bien, a nivel nacional, según el mismo centro de estudios, el 79.9 por ciento del volumen acuícola lo aportan tres especies. La mojarra, el camarón y el ostión. Eso nos da una idea de la trascendencia que tiene este producto y la cantidad de personas que dependen de él.

Lamentablemente hemos sido testigos de cómo se ha ido incrementando el robo en el océano y del persistente saqueo de embarcaciones de camarón. Dichos incidentes se presentan inclusive en los periodos de veda, lo que impide que se cumpla su ciclo de desarrollo. Esta situación afecta directamente a la población que vive de este producto y frena la eficiencia y efectividad de un sector primordial para la economía local y nacional.

No menos importante es el hecho de que es urgente robustecer las acciones para proteger a una especie endémica en peligro de extinción, como lo es la Totoaba, cuya captura y comercialización se han convertido en una forma de financiamiento ilícito dado su elevado valor en el mercado negó. Por este motivo en Nueva Alianza coincidimos en que es necesario ser más severo y consideramos que es preciso que se incluya al camarón en el texto de la fracción II Bis del artículo 420 del Código Penal Federal. Asimismo coincidimos, con que la captura de la Totoaba sea tipificada como delito para contribuir a su efectiva protección.

En Nueva Alianza estamos comprometidos con el respeto y la preservación de nuestros recursos naturales por el bien de México y de las siguientes generaciones. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputado Gutiérrez García. Tiene el uso de la tribuna el diputado Moisés Guerra Mota, a nombre del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, hasta por cinco minutos.

El diputado Moisés Guerra Mota:Con su venia, señor presidente. Diputados y diputadas, el tema de la Totoaba y el camarón parece menor, pero yo que soy del municipio de Bahía de Banderas, rico en turismo, rico en camarón y rico en la Totoaba, vengo a pedir su voto para Bahía de Banderas, para los pescadores, para Nayarit.

Bahía de Banderas cuenta con ustedes porque la sobrepesca es una grave amenaza a la biodiversidad marina y al equilibrio ecológico, pues esta diezma la capacidad de restablecimiento de las especies, poniendo en peligro su existencia y alterando de manera significativa el equilibrio sistemático.

La pesca sostenible es fundamental para el equilibrio del medio natural de muchas especies como lo es el camarón, por su inclusión dentro de la normatividad jurídica resulta un acierto, mismo que permitirá a la especie que no se vea reducida por el comercio ilegal, el cual afecta directamente a la economía acuícola de la que dependen miles de familias que obtienen ingresos derivados del sector camaronero. Tanto el aumento de las sanciones y la inserción del camarón dentro del Código Penal Federal, permiten desincentivar el mercado negro y proteger al pescador.

El comercio ilícito de pescas ilegales, uno de los principales problemas que afectan la preservación de las especies de nuestro país, pues éste es el encargado de suministrar flora y fauna, así como sus productos de éstos a personas que a través de criterios dogmáticos adquieren ejemplares o productos derivados de éstos.

La Totoaba, es una de las especies endémicas del país más amenazadas, esto debido a las atribuciones tanto afrodisiacas como medicinales que se le dan a la vejiga del espécimen por su alto contenido de colágeno.

El mercado negro de la Totoaba se ve fuertemente impulsado por consumidores asiáticos que atribuyen a la vejiga del espécimen propiedades poco fundamentadas que afectan la supervivencia de esta especie mexicana, misma que puede llegar a valer en el mercado negro por más de 20 mil dólares el kilo. El negocio millonario creado para la comercialización ilícita de la Totoaba ha traído consigo una problemática ecológica que continúa acrecentándose de manera desmedida y que pone en peligro el patrimonio natural de nuestra nación, por lo que debemos tomar medidas más rigurosas que ayuden a evitar el terrible daño que la avaricia le está haciendo a nuestros ecosistemas.

En Movimiento Ciudadano somos conscientes que para las y los mexicanos es relevante la subsistencia y el uso racional del sector pesquero y acuícola, pues éstos sólo son la base de la economía y el bienestar de las poblaciones que se encuentran en zonas costeras, sino también fungen unos de los principales papeles para mantener la seguridad alimentaria del país. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Muchas gracias diputado Guerra Mota. Tiene el uso de la tribuna la diputada Delfina Gómez Álvarez, del Grupo Parlamentario de Morena.

La diputada Delfina Gómez Álvarez:Buenos días, señor presidente. Buenos días, compañeros diputados, diputadas. Antes de iniciar con la iniciativa quiero aprovechar la oportunidad de estar en la tribuna para denunciar los hechos tan lamentables en donde salió afectada nuestra compañera, la senadora Ana Gabriela Guevara.

Quiero enviarle y manifestarle que, a nombre de Morena, le manifestamos el apoyo, la solidaridad. Y al mismo tiempo aprovecho para solicitarles a las autoridades que resuelvan en favor estos hechos que son inadmisibles y que no solamente por ser una autoridad, una senadora, sino que cualquier ciudadano puede estar viviendo esta situación en nuestro México.

Morena coincide con la imperante necesidad de adoptar medidas legislativas, tendientes a fortalecer la protección dl medio ambiente. Máxime cuando en nuestro país el gobierno federal continúa planteando una política ambiental que atenta contra los recursos naturales y que privilegia los intereses privados e ignore el bien común.

Así podemos mencionar que la lista de promesas sin cumplir se alarga en este gobierno, marcado por el deterioro ambiental y social para favorecer al sector privado. En lo que va del sexenio se ha legalizado la destrucción ambiental al impulsar un modelo de agricultura industrial que contamina el agua y los sueños por el uso excesivo de plaguicidas y fertilizantes.

Las reformas que contiene el dictamen que nos presenta la Comisión de Justicia no son suficientes para, desde el ámbito penal, proteger con efectividad y de manera más amplia el medio ambiente. Por una parte se propone modificar el artículo 420 del Código Penal Federal, para aumentar la penalidad de los delitos ambientales que se enumeran en dicho precepto. Y, si bien el aumento de la pena que se propone es considerable, la pena mínima de prisión continua siendo muy reducida, esto es dos años.

Por lo que respeta a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, se propone adicionar una fracción X a su artículo 2o., para que se considere y sancione como delincuencia organizada los delitos contra el ambiente, previstos en el artículo 420, fracciones II, IV y V del Código Penal Federal, pero limitándolo solamente cuando se trata de la especie Totoaba; cuando dicha limitante no tiene razón de ser, ya que bajo la modalidad de la delincuencia organizada se pueden cometer y se comenten de hecho prácticamente todos los delitos contra el ambiente, previstos en el artículo vigésimo quinto del Código Penal Federal.

De esta forma el dictamen de la Comisión de Justicia resulta notoriamente corto, limitado e insuficiente para buscar una verdadera protección al medio ambiente, por lo que en estos términos Morena, si bien votará a favor, solicitamos sean consideradas algunas reformas que vamos a presentar y que son tendientes a fortalecer dicha iniciativa.

De esta forma no podemos dejar de mencionar que en materia de bosques, por ejemplo, México permanece en el quinto lugar mundial en deforestación. Cada año perdemos alrededor de 600 mil hectáreas de bosques y selvas, lo que equivale a perder cada año una superficie equivalente a cuatro veces la Ciudad de México.

En cuanto al tráfico legal de fauna, se trata de una actividad clandestina que comprende la extracción, movilización, compra, venta y tenencia no autorizada especies silvestres o productos derivados. El comercio lícito se puede encontrar en mercados, en bazares, en tiendas de mascotas, en particulares, en puestos en carreteras, en internet o en anuncios en medios impresos.

Actualmente, en México el tráfico legal de la fauna silvestre en peligro de extinción desbancó al de las armas. Evidentemente todos estos ilícitos se cometen bajo la modalidad de delincuencia organizada y son ilícitos que merecen sanciones más severas.

El tema no es abordado con seriedad y no se tiene realmente la intención de favorecer una protección más amplia del medio ambiente, son reformas mínimas. Consideramos que hay que ir más allá y tener un marco legal que sancione de manera ejemplar a quienes cometan cualquier delito contra el ambiente.

En el discurso, el gobierno federal pregona que México es un ejemplo en la defensa del medio ambiente, pero en los hechos se propicia la destrucción sistemática de ecosistemas con políticas ambientales que no frenan la deforestación, que depredan los manglares, que no frenan el tráfico de fauna silvestre terrestre o acuática en peligro de extinción y que promueven la siembra de transgénicos en nuestro territorio.

Por todo ello no nos queda aún mucho por hacer para lograr que realmente sea una verdadera protección del medio ambiente, que tanto hace falta en nuestro país, porque día a día se ve cómo se van acabando los bosques, cómo se va depredando con nuestra fauna. Yo creo que es algo que tenemos que corregir no solamente como autoridades, sino como ciudadanos. Muchas gracias, presidente.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, compañera diputada. Tiene el uso de la tribuna el diputado José Alberto Couttolenc Buentello, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, hasta por cinco minutos. Adelante, diputado.

El diputado José Alberto Couttolenc Buentello:Con su venia, presidente. Compañeros y compañeras diputados. El Golfo de California constituye una región marítima que alberga una cantidad impactante de especies únicas. Y al decir únicas quiero decir que no se encuentran en ningún otro espacio geográfico en todo el planeta y las cuales se concentran en un área relativamente pequeña.

No en vano, el explotador francés Jacques Cousteau, llamó al Mar de Cortés el acuario natural del mundo, pues concentra cerca de la mitad de los mamíferos marinos conocidos en todo el planeta y cerca del 75 por ciento de los que habitan en las costas y mares mexicanos, además de 891 especies distintas de peces y 181 aves marinas.

Es importante resaltar que el 15 por ciento de las especies que se encuentran en el golfo de California son especies endémicas, una de ellas es la Totoaba, una de las variedades más grandes de peces y que llega a medir hasta 2 metros de largo y a pesar más de 100 kilogramos.

Lamentablemente, el hecho de que la Totoaba sea un ingrediente esencial para la preparación de diversos platillos de la gastronomía oriental y que además se le atribuyan propiedades afrodisiacas y curativas, ha convertido a los ejemplares de esta especie en un producto muy apreciado y aunque su pesca es ilegal desde 1975, a pesar de ello existe una red de traficantes que la siguen ejerciendo para abastecer la demanda del mercado, fundamentalmente el chino.

El tráfico y la venta ilegal de la Totoaba es un negocio muy lucrativo, que además de generar jugosas ganancias para los traficantes, también ha provocado un grave problema ecológico, que pone en riesgo la conservación de esta especie.

En los últimos años se ha observado una alarmante reducción en el número de individuos de Totoaba, la cual si bien pudiera explicarse por diversos factores, como lo son el largo proceso de maduración sexual de la especie, la degradación del hábitat y la pesca incidental, la presión más importante sobre su población es, sin duda, la pesca furtiva.

La situación descrita ha obligado a la generación de diversas políticas públicas para proteger mejor a la Totoaba y a otras especies acuáticas, cuya pesca está prohibida. No obstante, para el Partido Verde resulta indispensable contar con una norma que sancione de modo más severo la transgresión de la veda, pues no podemos soslayar que lo que está de por medio es la extinción de una especie que por ser endémica de nuestro país es nuestra responsabilidad, como mexicanos, salvaguardarla.

Por este motivo, consideramos oportuno aumentar las sanciones previstas en el artículo 420 del Código Penal Federal, para efectos de desincentivar las conductas previstas en dicha norma. Y paralelamente, planteamos adicionar la fracción X, del artículo 2o., de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, con la finalidad de incluir en el Catálogo de Delitos la pesca de Totoaba, lo cual fue aprobado ya por la Comisión de Justicia. Sin embargo, celebramos la adenda propuesta al dictamen, por la dictaminadora, en el sentido de que amplíe la protección a más especies en veda permanente.

No cabe duda que con estas acciones damos un paso adelante a la protección de las especies amenazadas por la ambición del hombre y cumplimos con nuestra responsabilidad de entregar a nuestros hijos un planeta en el cual todos podemos sentirnos orgullosos de vivir en él. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputado José Alberto Couttolenc. Tiene el turno de la tribuna el diputado Arturo Santana Alfaro, del Grupo Parlamentario del PRD, hasta por cinco minutos.

El diputado Arturo Santana Alfaro:Gracias, diputado presidente, con su venia. Hoy la pesca ilegal del camarón y la especie conocida como la Totoaba Macdonaldi, declaradas en veda, representan una de las actividades más peligrosas de los mares de nuestro país.

Según el Instituto Mexicano de la Competitividad, Imco, en su estudio La pesca ilegal e irregular en México: una barrera a la competitividad, concluyó que la pesca irregular podría representar entre el 17 por ciento al 92 por ciento de la producción total a nivel nacional.

Estudios como este y otros análisis oficiales afirman que en la pesca ilegal está la mano del narcotráfico y la delincuencia organizada. De ahí la importancia que para el Partido de la Revolución Democrática reviste el presente dictamen de reformas al Código Penal Federal y a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, para castigar severamente a quien incurra en este delito con una pena que va de los 2 a los 18 años de prisión, máxime cuando estamos hablando ante la presencia del crimen organizado, cuyos integrantes están comercializando ilegalmente en otros países el camarón y particularmente la Totoaba, especie que se encuentra, como todos sabemos, en grave peligro de extinción.

Somos conscientes de que este delito es una de las manifestaciones más importantes del crimen organizado por su forma de operar, por los recursos económicos que genera con motivo del robo, saqueó y, por supuesto, la venta ilegal, por la corrupción que propicia, así como por la violencia y las actividades delictivas que toda esta cadena implica.

Sin duda, en los últimos años se ha intensificado en nuestro país el robo y saqueo de camarón por los cárteles de la droga, quienes lo han etiquetado como el oro azul, lo que también podría explicar el aumento de este delito.

Asimismo, en 1975 se declaró a la Totoaba en veda permanente, lo cual no pudo detener su cruel exterminio, pues esta especie es conocida como la cocaína marina o el pez del narco.

A esta especie se le extrae la vejiga natatoria o buche, y después de someterla a un proceso de secado a base de sal, que la mantiene en buen estado, es traficada por las redes de contrabando.

En el mercado negro de Baja California el costo de la Totoaba oscila entre los 4 mil y 9 mil dólares por kilo. Sin embargo, su destino final, en la mayoría de los casos, es China u Hong Kong. Es decir, tiene una implicación de carácter internacional.

Lugares en los que su valor se incrementa entre los 45 mil y 60 mil dólares por kilo. Considerándolo como oro molido en los restaurantes de comidas exóticas en algunos países asiáticos cuyos comensales llegan a pagar hasta 25 mil dólares por estos platillos.

El mercado asiático le otorga de manera mítica un valor afrodisiaco y medicinal a esta vejiga de la Totoaba. Sin embargo, Greenpeace previene que el peligro de extinción en el que se encuentra esta especie ha generado otro mercado de carácter especulativo, ya que ante su posible extinción y desaparición su precio se puede hasta triplicar.

Por tanto, compañeros y compañeras legisladoras, es nuestra responsabilidad fortalecer el marco jurídico para generar mecanismos más eficientes que permitan sancionar ejemplarmente los ilícitos ambientales, y que por añadidura permitan contribuir a la preservación de nuestras especies en peligro de extinción.

Por eso, señoras y señores diputados, el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática votará a favor del presente decreto, cuyo origen es una iniciativa que presentó ante esta soberanía la diputada María Cristina García Bravo, integrante de nuestro grupo parlamentario el día 12 de octubre del presente año. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputado Santana Alfaro. Tiene el uso de la tribuna el compañero diputado, doctor Jesús Antonio López Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

El diputado Jesús Antonio López Rodríguez:Con su venia, presidente. Compañeras y compañeros diputados, hoy me presento ante ustedes para exponerles que su servidor y varios diputados de diferentes grupos parlamentarios propusimos las iniciativas que se someten a dictamen, con propuesta aprobatoria, para castigar la pesca ilegal del camarón y la Totoaba. Son dos los aspectos que cubren este dictamen.

En primer lugar, se incrementa la penalidad en el código sustantivo a quien atente en contra de la biodiversidad a través de la realización de las conductas ilícitas fortuitas, consistentes en capturar y realizar actos conexos respecto de especies en peligro de extinción o protegidas bajo ciertas modalidades.

Sabemos que el incremento de la penalidad no es necesariamente la medida de política criminal más eficaz, sin embargo, esta soberanía no puede permanecer incólume ante la gravedad de la incidencia de las prácticas ilícitas que atentan en contra de las especies que están protegidas por la ley.

Existen zonas del país en donde se ha desarrollado la captura de camarón, sin embargo, como en toda actividad que empezó a dar resultados prósperos, desgraciadamente se ha desarrollado una creciente problemática al presentarse cada vez con más frecuencia el robo y saqueo de camarón, incluso en los periodos de veda; por lo que se ve interrumpido el ciclo de desarrollo del camarón.

Es sumamente preocupante, pues el sector pesquero y acuícola han ido cayendo en un pozo muy profundo de marginación y empobrecimiento, y ahora afectado por la delincuencia.

Entre las principales propuestas presentadas mediante esta iniciativa está la oportuna aplicación de sanciones que desincentiven el robo del camarón y la explotación de la Totoaba, pues a pesar del aumento de operativos de vigilancia, ha sido insuficiente para contrarrestar esta actividad ilícita y sobre todo el gran impacto que genera.

Por lo anterior, es que dentro de las reformas propuestas al código sustantivo se adiciona al camarón como especie protegida por la fracción II Bis del propio artículo 420. Esta reforma pone al país a la vanguardia internacional de la protección a la biodiversidad y se amplía de manera muy importante el catálogo de delitos para proteger las especies que, encima de todo, son un apoyo económico y alimenticio para nuestros mexicanos.

Quiero felicitar a la Comisión de Pesca, que preside el diputado Próspero Ibarra y a todos los integrantes, porque a pesar del recorte presupuestal seguimos luchando para que se le proporcionen recursos a Inapesca para que nuestro barco BIPO pueda realizar las investigaciones necesarias y se nos brinde una explicación científica del por qué ha habido tanta disminución en la producción y en la talla del camarón y otras especies marinas, y el porqué del incremento de las enfermedades en la acuacultura, pero sobre todo que nos marque la conducta a seguir para revertir dicha situación. Es por esto que debemos pugnar por un adecuado ordenamiento pesquero, con un programa bien definido de los avances por entidad federativa.

Diputadas y diputados, se les pide su voto a favor, para que se tipifique como delito grave al robo de camarón, a embarcaciones grandes, pequeñas y a los acuacultores y a quien atente contra especies protegidas como la Totoaba, y además que no cumplan con las vedas establecidas por la ley. Es cuanto, señor presidente. Que tengan felices fiestas decembrinas, compañeros.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputado Jesús Antonio López Rodríguez. Tiene el uso de la tribuna, el diputado Jorge Carlos Ramírez Marín, a nombre del Grupo Parlamentario del PRI, hasta por cinco minutos.

El diputado Jorge Carlos Ramírez Marín:Con su permiso, señor presidente. Estimados diputados y estimadas diputadas. Decía Pascal que el menor movimiento es de importancia para la naturaleza, pues una sola piedra afecta el movimiento de todo el mar. Imagínense entonces, amigos, lo que significa, lo que ha significado a lo largo de los años el ver lentamente la desaparición de las especies marinas, no solamente se trata de un acto de irresponsabilidad, es más grave cuando sabemos que esta irresponsabilidad se debe a intereses que única y exclusivamente velan por sus ingresos monetarios.

Amigos, el tema que estamos tratando el día de hoy merece la mayor atención, y finalmente, la Comisión de Justicia se la otorga al proponernos estas obligaciones nuevas al endurecer estas penas, al hacer de la pesca furtiva efectivamente en los hechos y, no solamente en la letra, un delito grave.

¿Cuánto pierde México a causa de la pesca furtiva; cuánto nos va a significar, cuánto espacio en las noticias vamos a dedicarle cuando sepamos que ha dejado de existir una especie como la vaquita marina o la Totoaba?

Particularmente, amigos, agradezco que la comisión haya prestado atención a esta petición que en mi calidad de diputado yucateco le he formulado, para que además de la vaquita marina, de la Totoaba, del camarón, se integre a esta lista al pepino de mar.

Cuando decimos estas palabras al pleno parece que estamos hablando de cualquier cosa y para algunos así lo es; no es más que dinero. Todavía no sabemos cuáles pueden ser las consecuencias de la depredación de esta especie. No sabemos qué significa que el fondo del mar deje de limpiarse, que el agua del mar deje de oxigenarse. No sabemos qué significa.

A la mejor su solo aspecto y la promesa de sus beneficios nos resulta suficiente para acabarlo, para arrasarlo, como ha sucedido en otras latitudes de las costas mexicanas. Los yucatecos no queremos que pase esto.

El pepino de mar, estimados amigos, representa al día de hoy ganancias por 108 mil 962 millones de pesos. Es una especie formidable, de rendimientos extraordinarios, pero en su mayoría no para los pescadores mexicanos. ¿Qué es lo que están padeciendo los pescadores mexicanos? Están padeciendo que hayan aumentado más de un 30 por ciento los pescadores que se dedican en su mayoría a la pesca furtiva del pepino de mar.

Esta pesca furtiva representa una actividad ilícita que ha derivado incluso en una nueva forma de piratería, y si ustedes me lo permiten, en una nueva forma de esclavitud, porque quienes pescan esta especie la mayor parte de las veces impulsados por la promesa de beneficios por lo menos mínimos, lo hacen sin las medidas de seguridad necesarias.

Para nosotros esto es extraordinariamente grave. Se reportan más de 20 casos en cifras oficiales, de pescadores muertos a causa de la pesca furtiva de esta especie y la pesca sin posiciones de seguridad. Las cifras extraoficiales pudieran significar el doble; estamos hablando de una tarea que aquí tenemos que acometer de inmediato.

No es solamente por la especie, no la veamos como algo pequeño que no merece nuestra protección, no la veamos solamente como un ingreso, que finalmente no está llegando a nuestros municipios; veámoslo como es, una riqueza natural que se gasta, se malgasta, nos amenaza, acaba con nuestra sociedad y está significando uno de los mayores peligros en esta época para los habitantes de Yucatán. Gracias a la comisión, gracias, señores diputados.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputado Jorge Carlos Ramírez Marín.

Solicito a la Secretaría que dé lectura a las modificaciones propuestas y remitidas a nombre de la comisión.

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: modificaciones propuestas y remitidas a nombre de la comisión.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputada. Consulte la Secretaría a la asamblea si se aceptan las modificaciones presentadas.

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a la asamblea si se aprueban las modificaciones propuestas a nombre de la comisión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Aprobadas. En consecuencia está a discusión en lo general con las modificaciones propuestas por la comisión y aceptadas por la asamblea. No habiendo oradores registrados, consulte la Secretaría al Asamblea, en votación económica, si se encuentra suficientemente discutido en lo general.

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica, se consulta a la asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Suficientemente discutido en lo general.

Esta Presidencia informa que de conformidad con el artículo 109 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se ha reservado para su discusión en lo particular, el artículo 420 del Código Penal Federal con dos modificaciones propuestas por el diputado Jesús Emiliano Álvarez López, del Grupo Parlamentario de Morena. Se pide a la Secretaría abra el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular de los artículos no reservados.

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular de los artículos no reservados.

(Votación)

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Le recordamos a la asamblea que esta votación se está haciendo con las propuestas de modificación que ya fueron previamente aceptadas.

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: ¿Algún diputado o alguna diputada que falte de emitir su voto? Sigue abierto el sistema. Sigue abierto el sistema. ¿Algún diputado o alguna diputada que falte de emitir su voto? Está abierto el sistema. ¿Algún diputado o alguna diputada que falte de emitir su voto? Ciérrese el sistema electrónico de votación. Se emitieron 412 a favor y ninguno en contra, presidente.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Aprobado en lo general y en lo particular los artículos no reservados por 412 votos, unanimidad de los presentes.

De conformidad con el artículo 110 del Reglamento de la Cámara de Diputados, tiene la palabra el diputado Jesús Emiliano Álvarez López, para referirse al artículo 420 del Código Penal Federal, y la adición de una fracción X al artículo 2 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. Hasta por cuatro minutos.

El diputado Jesús Emiliano Álvarez López:Con el permiso de la Presidencia. La diversidad biológica de nuestro país es abundante, de hecho México se encuentra dentro de los cinco países del mundo con mayor diversidad biológica.

En la República Mexicana se encuentra el 10 por ciento de las especies existentes en el planeta, de las cuales alrededor del 50 por ciento son especies endémicas y su existencia se limita a una determinada zona. Sin embargo, esta biodiversidad se ha visto dañada y amenazada, por lo que muchas especies o poblaciones tanto de flora como de fauna se encuentran en las diferentes categorías de peligro de extinción.

Respecto de estas especies endémicas, se pueden enumerar ocho de invertebrados; cinco de anfibios; cinco de reptiles; 38 de aves; 17 de mamíferos y 62 de peces, entre los que se encuentra la Totoaba Macdonaldi.

El dictamen que nos presenta la Comisión de Justicia pretende que el delito que implica la captura, transportación o daño que se genera a esta especie sea el único caso que podría ser sancionado como delincuencia organizada, cuando existen otras decenas de especies de peces, invertebrados, mamíferos, aves y reptiles consideradas endémicas, amenazadas o en peligro de extinción, y que están sujetas a protección especial, cuya captura ilícita también podría ser considerada como delincuencia organizada cuando participen tres o más individuos.

Otra actividad ilícita que sin duda se realiza grupalmente de manera organizada, es la tala clandestina. De un año a otro se derriban 600 mil hectáreas de selvas, bosques y otro tipo de vegetación nativa en México, y esto equivale a la desaparición de un campo de futbol por minuto. Evidentemente la desaparición de estos hábitats trae como consecuencia la extinción de los animales residentes de la zona.

Por lo anterior, pongo a su consideración la reserva a la fracción X que se adiciona al artículo 2o de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, para que en general quienes cometan los delitos contra el ambiente previstos en los capítulos primero, segundo y tercero del Título Vigésimo Quinto del Código Penal Federal, puedan ser sancionados como miembros de la delincuencia organizada, y no solo quienes cometan los delitos ambientales que afecten a la Totoaba Macdonaldi.

De esta forma, por ejemplo, quienes desmonten o destruyan la vegetación natural, corten, arranquen o derriben alguno de los árboles, o quienes ilícitamente transporten estos, comercien, acopien, almacenen o transformen madera en rollo, astillas, carbón vegetal, así como cualquier otro recurso forestal maderable o tierra procedente de sus suelos forestales, puedan ser sancionados como miembros de la delincuencia organizada. Es innegable que en varias regiones del país operan bandas de talamontes, que incluso amenazan a los pobladores de las comunidades. Estas bandas operan en los estados de Michoacán, Puebla, Tlaxcala, Hidalgo, México, Morelos y también incluso en la capital del país. Por eso les estamos pidiendo que apoyen esta reserva, para que puedan ser sancionados todos los que estén atentando contra el hábitat.

Traía otra reserva en el artículo 420 del Código Federal, pero ya hoy pasó a la Comisión de Justicia una adenda, lo cual queda ya cubierta la reserva que había hecho, por lo tanto es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputado. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la reserva presentada.

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se admite a discusión la reserva presentada. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Presidente, mayoría por la negativa.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Se desechan.

Se pide a la Secretaría abra el sistema electrónico de votación, por tres minutos, para proceder a la votación del artículo 420 del Código Penal Federal, en términos del dictamen que fue modificado, así como el artículo 2o. de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, igualmente en los términos del dictamen que fue modificado.

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico, por tres minutos, para proceder a la votación nominal de los artículos reservados.

(Votación)

¿Algún diputado o diputada que falte de emitir su voto? Sigue abierto el sistema. ¿Algún diputado o diputada que falte de emitir su voto? ¿Algún diputado o diputada que falte de emitir su voto? De viva voz.

La diputada Yaret Adriana Guevara Jiménez (desde la curul): A favor.

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: Ciérrese el sistema electrónico de votación. Se emitieron 352 votos a favor, 2 abstenciones y 52 votos en contra, presidente.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Aprobados los artículos reservados en términos del dictamen modificado, por 352 votos. Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se reforma el primer párrafo del artículo 420 del Código Penal Federal y se adiciona una fracción X al artículo 2 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.

MINUTO DE SILENCIO

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Diputadas y diputados, los integrantes de la LXIII Legislatura lamentamos profundamente el deceso de don Rafael Tovar y de Teresa. La sociedad mexicana ha perdido un importante diplomático, escritor y servidor público.

Destacado autor de libros como Modernización y política cultura. En la pasada Feria Internacional del Libro, en Guadalajara, presentó la novela denominada De la paz al olvido. Porfirio Díaz y Al Final del mundo.

Expresamos nuestras más sinceras condolencias a sus familiares y a sus amigos. Y atendiendo la solicitud del diputado Santiago Taboada Cortina, a nombre de la Comisión de Cultura solicito a los presentes ponerse de pie para guardar un minuto de silencio en memoria de don Rafael Tovar y de Teresa.

(Minuto de silencio)

Muchas gracias. Descanse en paz.

Presidencia del diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano

DICTÁMENES A DISCUSIÓN DE LEY O DECRETO

CÓDIGO PENAL FEDERAL

El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen de la Comisión de Justicia, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 420 y 422 del Código Penal Federal. Está a discusión en lo general y en lo particular.

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:«Dictamen de la Comisión de Justicia, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 420 y 422 del Código Penal Federal

HONORABLE ASAMBLEA:

A la Comisión de Justicia de la LXIII Legislatura de la H. Cámara de Diputados, le fueron turnadas para su análisis y dictamen correspondiente la iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adicionan dos párrafos al artículo 422 del Código Penal Federal, presentada por el diputado Jesús Sesma Suárez e integrantes del Grupo Parlamentario del PVEM y la iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Penal Federal, de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y del Código Nacional de Procedimientos Penales, en materia de tráfico de especies, presentada por integrantes del Grupo Parlamentario del PVEM.

La Comisión de Justicia con fundamento en los artículos 39, numeral 1, numeral 2, fracción XXXIII y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 80, numeral 1, fracción II, 82, numeral 1, 157, numeral 1, fracción I, 158, numeral 1, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados, procedió al análisis de las iniciativas, presentando a la consideración de los integrantes de esta Honorable Asamblea el presente dictamen al tenor de la siguiente:

METODOLOGÍA

Esta Comisión, desarrolló los trabajos correspondientes conforme al procedimiento que a continuación se describe:

I. En el apartado “ANTECEDENTES” se indican las fechas de presentación ante el Pleno de la Cámara de Diputados y del recibo del turno en la Comisión para su análisis y dictaminación.

II. En el apartado denominado “CONTENIDO DE LAS INICIATIVAS” se resume el objetivo de las iniciativas que nos ocupan.

III.En el apartado “CONSIDERACIONES”, las y los integrantes de esta Comisión dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos con base en los cuales se sustenta el sentido del presente dictamen.

ANTECEDENTES

I.El día 14 de septiembre de 2016, el diputado Jesús Sesma Suarez e integrantes de la fracción parlamentaria del PVEM, presentaron ante la Cámara de Diputados de este Congreso de la Unión, la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan dos párrafos al artículo 422 del Código Penal Federal, dicha iniciativa fue turnada por la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados a esta Comisión de Justicia para su dictamen.

II.El día 24 de noviembre de 2016 el diputado Jesús Sesma Suarez e integrantes de la fracción parlamentaria del PVEM, presentaron la Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Penal Federal, de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y del Código Nacional de Procedimientos Penales, en materia de tráfico de especies, dicha iniciativa fue turnada por la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados a esta Comisión de Justicia para su dictamen.

II. CONTENIDO DE LAS INICIATIVAS

A) Iniciativa que adicionan dos párrafos al artículo 422 del Código Penal Federal:

Los iniciantes señalan la importancia de que a más de una década de la aparición de las primeras disposiciones legales en materia ambiental, el gobierno federal ha puesto especial atención al diseño e implementación de políticas públicas encaminadas a la protección de los recursos naturales existentes en nuestro país; y que dichas políticas están sustentadas en diferentes preceptos jurídicos que cada día se encuentran más especializados, tan es así que nuestra propia Constitución hoy señala nuestro derecho humano a un medio ambiente sano, lo que sin duda establece bases sólidas para conformación de nuevos cuerpos normativos que garanticen la adecuada protección y defensa de este derecho.

Continúan mencionando que el origen de dichas disposiciones legales siempre ha tenido un enfoque preventivo, cuyo objetivo claro es la preservación de nuestros recursos naturales, pero que sin embargo, ello no ha sido suficiente para lograr su adecuada protección.

Lo anterior mencionan ya que de acuerdo con el deterioro de los ecosistemas, mismo que sin duda se debe a la intervención negativa del hombre y afirman que  a ello debe ponerse un alto inmediato, y que desafortunadamente no se ha logrado generar una consciencia colectiva de respeto y compromiso por el cuidado al medio ambiente, seguimos observando la indiferencia y en el peor de los casos, la intencionalidad de las personas para dañar a nuestro medio natural.

De acuerdo con las razones anteriores sustentan que se ha hecho necesario escalar de las sanciones administrativas a la materia penal y ello no es más que una medida urgente para poner un alto a la creciente tasa de acciones que constituyen un delito en materia ambiental.

De la misma manera comentan que paralelo a lo anteriormente señalado, fue necesaria la creación de una unidad especializada en la investigación de delitos ambientales, adscrita a la propia Procuraduría General de la República, misma que a través de sus Agentes del Ministerio Público de la Federación se encarga de representar a la sociedad en la investigación y persecución de delitos del fuero federal en materia ambiental.

Continúan mencionando que para que esta institución y las diferentes autoridades ambientales puedan ejercer debidamente sus funciones, el marco legal ha tenido que ser modificado atendiendo a las crecientes necesidades respecto la protección de los recursos naturales.

También mencionan que dichas modificaciones son producto de un trabajo nada reciente, y que ejemplo de ello son las modificaciones del 6 de febrero del 2002, al Código Penal Federal en materia de delitos contra el ambiente, así como diversas adiciones al Código de Procedimiento Penales, con el objeto de calificar como delitos graves ciertas hipótesis de los delitos contra del ambiente contenidos en el Título Vigésimo Quinto del Código Penal Federal.

Por todo lo anterior los diputados promoventes consideran importante que se distingan aquellas conductas que deben tener un tratamiento especial frente a aquellas que constituyen la generalidad de los delitos contra el ambiente procesadas por el sistema penal de manera cotidiana.

No obstante aclaran que  dicha distinción se disuelve ante la entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos Penales, ya que la anterior calificación de delitos graves es sustituida por el listado de delitos que merecen prisión preventiva de oficio.

Por lo cual consideran  pertinente la conservación del referido listado, ya que  la intención de la iniciativa no es modificarla, sino recuperar y conservar la distinción de delitos graves mediante el incremento de la punibilidad en su parámetro inferior que actualmente establece un año de prisión, para elevarla en dos años de pena privativa de la libertad adicionales, sin que ello represente un aumento en la pena máxima de tres años vigente.

Lo anterior explican los legisladores,  atendiendo a que delitos como los relacionados a las actividades tecnológicas y peligrosas, así como los cometidos contra la biodiversidad van en aumento; por lo que se considera que el incremento a la pena mínima contemplada en el artículo 422 del Código Penal Federal, representa una vía idónea para desincentivar acciones dolosas que atentan en contra del equilibrio ecológico, al tiempo de lograr la preservación de los recursos naturales referidos y consecuentemente, la protección a nuestro derecho al medio ambiente sano.

Para dejar más claro la propuesta que versa en la iniciativa, nos permitimos presentar el siguiente cuadro comparativo:

B. Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Penal Federal, de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y del Código Nacional de Procedimientos Penales, en materia de tráfico de especies.

Comentan los promoventes que de acuerdo con la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio), México es uno de los 17 países mega diversos del mundo. En cuanto al número de especies ocupa el segundo lugar en reptiles, el tercero en mamíferos, el quinto en plantas y anfibios y el octavo en aves. Muchas de estas especies habitan únicamente en el territorio nacional, por lo cual se catalogan como endémicas, siendo sumamente valiosas en términos de biodiversidad.

De la misma manera mencionan que México también encabeza la lista de países con más zonas donde habitan especies en peligro de extinción. La Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) reconoce más de 2 mil 500 especies vegetales y animales en algún grado de amenaza. Mientras el país ocupa los primeros lugares en extinción, las políticas de conservación no frenan el fenómeno de defaunación.

Reportan que según datos de Defensores de la Vida Silvestre México (Defenders of Wildlife), en el país 40 por ciento de los vertebrados se encuentra en peligro de extinción: de los reptiles, 55; de los anfibios, 54; de los mamíferos, 39; de los peces, 38, y de las aves, 26.

Continúan mencionando que en las últimas décadas México ha enfocado sus políticas hacia la promoción de esquemas de aprovechamiento sostenible, con la finalidad de que los beneficios ecológicos y los beneficios socioeconómicos no se contrapongan. Estos esfuerzos se han reflejado en el desarrollo de marcos legales y estructuras gubernamentales que permiten la implementación de dichas políticas.

No obstante hacen del conocimiento que la riqueza biológica de México ha propiciado que el comercio ilegal y utilización de especies de flora y fauna haya sido una actividad cotidiana desde tiempos muy remotos y que lamentablemente continúe presente y sea cada vez más grave y difícil de controlar. Estas especies de flora y fauna son extraídas y comerciadas ilegalmente con fines que van desde el uso doméstico como mascotas exóticas, materia prima para la elaboración de productos, así como elementos para prácticas religiosas u otras tradiciones.

Así mismo informan que en el ámbito mundial el acuerdo internacional más relevante sobre tráfico ilegal de vida silvestre es la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre, firmado en 1975 y al que México se suma en 1991. Dicha convención tiene como finalidad regular el comercio internacional de especies de flora y fauna amenazadas, a efecto de que no constituya una amenaza para la supervivencia de las mismas.

Continúan mencionando que el funcionamiento de la CITES (por sus siglas en inglés) se basa en un sistema de concesión de autorizaciones y licencias necesarias para la importación, exportación e introducción de ejemplares de cualquiera de las 30 mil especies de vida silvestre reguladas por el convenio.

En razón de lo anterior manifiestan que en noviembre de 2009 varias organizaciones y organismos internacionales con atribuciones relacionadas con la aplicación efectiva de la ley y con la capacitación en materia de justicia penal –en lo que atañe a los delitos contra la vida silvestre y los bosques– decidieron unirse para trabajar en conjunto en la formación de un consorcio internacional. Representantes de la Secretaría de la CITES, la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol), la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), el Banco Mundial y la Organización Mundial de Aduanas (OMA) mantuvieron su primera reunión conjunta en Viena a fin de desarrollar una estrategia para prevenir y combatir el comercio ilícito de animales y plantas silvestres.

Dado lo anterior mencionan que el consorcio antes referido fue lanzado formalmente en noviembre de 2010 por el primer ministro Vladimir Putin durante el Foro Internacional sobre el Tigre, realizado en San Petersburgo, Federación de Rusia, oportunidad en que se procedió a la firma de la carta de entendimiento entre las cinco entidades.

Por otra parte mencionan que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) también explicó que el tráfico de especies genera una crisis ambiental que amenaza la biodiversidad a nivel mundial, pues el tráfico de especies es una de las actividades ilegales más lucrativas en el mundo, con una cifra que asciende a cerca de 20 mil millones de dólares al año. Es pues que tanto a nivel nacional como internacional existe una regulación amplia y nutrida en cuanto al tráfico de vida silvestre, pero aún no suficiente para inhibir la conducta, o establecer parámetros objetivos de sus alcances, dimensiones, perjuicios y daños irreversibles al medio ambiente global.

Por lo que hace a nuestro país, los legisladores comentan que en los últimos años el tráfico ilegal de vida silvestre ha aumentado de manera notable, probablemente como consecuencia de que representa un negocio ilícito atractivo por la disponibilidad de grandes ganancias y la naturaleza de bajo riesgo del delito. Este comercio ilegal se basa en una red de tráfico organizada, en donde existen diversos niveles de actuación y diferentes integrantes, cada uno de los cuales realiza actividades específicas que en conjunto forman toda una cadena. Esta especialización o división de trabajo comprende la extracción de los ejemplares de vida silvestre de su medio natural, el acopio, transporte y distribución de los mismos, y finalmente la venta.

Los legisladores refieren en su iniciativa que el principal factor que detona el tráfico ilegal de vida silvestre es la demanda de mercado, la cual a su vez es promovida por grupos de consumidores impulsados por diferentes valores sociales y culturales profundamente arraigados.

También informan que de entre las especies de fauna con un mayor tráfico destacan en México, el perico cabeza amarilla (Amazona oratrix), la guacamaya roja (Ara macao), la guacamaya verde (Ara militaris), el tucán pecho amarillo (Ramphastossulfuratus), el mono araña (Ateles geoffroyi), el mono aullador (Aulluatapalliata), la tarántula rodillas rojas (Brachypelmasmithi), la iguana negra (Ctenosaurapectinata), la iguana verde (Iguana iguana), las víboras de cascabel (Crotalussp.) y el halcón de Harris (Parabuteounicinctus), al igual que el águila real, el carpintero imperial y la vaquita marina, entre otras.

Y en el caso de la flora, especies de cactáceas del género Mammilaria, especies de palmas del género Chamaedora, así como un gran número de especies de la familia de las orquídeas, entre otras dependiendo mucho de la temporada y las modas de especies de compañía.

Un punto importante al que hacen referencia es que a pesar de que el tráfico de especies está prohibido por la ley, la escasa vigilancia y control por parte de las autoridades, permite que se incremente en diferentes puntos de la República Mexicana, tal es el caso en los estados de Yucatán, Chiapas, Veracruz, Campeche, Quintana Roo, Ciudad de México, Nuevo León y Baja California, entre otros.

Continúan mencionando que las consecuencias que produce el tráfico de animales, son muchas y diversas respecto de los sujetos vivos afectados, sin embargo en términos generales es necesario referir que la humanidad misma es afectada, en la medida que se modifican los ecosistemas, se ponen en peligro especies o bien pueden aun extinguirse y esto afecta a los entornos sociales y culturales de las poblaciones en general, aunado a considerar que por la forma en la cual se realizan este tipo de actividades, se generan focos de violencia y la promoción de otro tipo de delitos en las comunidades y entornos en los cuales se llevan a cabo o donde se comercializan.

Los suscribientes afirman que la principal consecuencia del tráfico ilegal sobre estos ecosistemas es la defaunación, es decir, la extracción masiva de la fauna silvestre. Lo anterior genera ecosistemas vacíos, aparentemente saludables, pero que no presentan un componente faunístico que realice las funciones ecológicas necesarias para su mantenimiento. Esta situación también ocurre en los mares por la sobreexplotación ilegal de los recursos marinos. La defaunación tiene el potencial de desencadenar una serie de efectos en cascada que se pueden reflejar, como consecuencia final, en la pérdida de biodiversidad, dando lugar a sistemas ecológicos simplificados y empobrecidos.

Insisten en que el objetivo de su iniciativa consiste en duplicar las sanciones impuestas en el Código Penal Federal a los que lleven a cabo la extracción, acopio, transporte, comercialización y posesión de especies de flora y/o fauna silvestre, mediante la captura caza y colecta, en contravención de las leyes y tratados nacionales e internacionales.

Sugieren que la finalidad es generar la ejemplaridad en la sanción y con ello inhibir la realización de la conducta; de igual forma se buscará seguir la tendencia internacional de penas alternativas para con ello generar un beneficio directo a las comunidades que fueron afectadas con el tráfico de especies.

En ese mismo orden de ideas manifiestan que al incrementar la severidad del tipo penal; se propone incorporar el tráfico de animales como delito grave tanto en el ámbito penal, como en el supuesto de que la conducta se lleve a cabo a través de la delincuencia organizada ya que por la cadena de actividades que deben de llevarse a cabo para poder llegar a la venta como tal de la especie se requiere de toda una cadena de sujetos u organizaciones para su realización.

III. CONSIDERACIONES

PRIMERA.- De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 39 y 45 numeral 6, incisos e), f) y g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 3, numeral 1, fracción IX, 79, 80, numeral 1, fracción II, 157, numeral 1, fracción I, 158, numeral 1, fracción IV, y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados, esta Comisión de Justicia resulta competente para dictaminar las Iniciativas con Proyecto de Decreto descritas en el apartado de antecedentes del presente dictamen.

SEGUNDA.– Los integrantes de esta Dictaminadora al  igual que los diputados iniciantes nos encontramos sumamente preocupados por los inmensos daños que se provocan al medio ambiente con la pesca y la caza furtiva, daños que son irreparables y que pueden culminar con la fatal extinción de alguna de las especies que son protegidas por las autoridades ambientales mexicanas, misma que han emitido sendas normas oficiales para proteger a la flora y fauna terrestre que se encuentra amenazada y como bien lo refirieren los proponentes sin éxito alguno.

De esta manera, con esta responsabilidad que tenemos de adecuar la legislación penal para otorgar mayores instrumentos jurídicos a las autoridades competentes que tiendan a disminuir la pesca, caza y captura ilegal, desde el ámbito penal,  para  que con ello se permita la estabilización y preservación de estas especies, nos permitimos realizar de manera oportuna, el presente dictamen.

TERCERA.-Derivado de la facultad que tiene esta Comisión de Justicia para la dictaminación de las iniciativas que se describen en el apartado de antecedentes del presente dictamen, así como la preocupación que se describe en el considerando anterior sobre la problemática central a nuestro medio ambiente es que podemos explicar la metodología que se llevará a cabo para determinar la viabilidad de las propuesta vertida en las iniciativas  que nos ocupan, dicha metodología se centra en tomar en cuenta el total de las disposiciones que se pretenden reformar y mediante el método deductivo con el apoyo del método analítico, verificar individualmente la pertinencia y viabilidad de las propuestas de reformas, es decir, la idea es realizará un análisis pormenorizado de las reformas propuestas en su conjunto, tratando de llegar a un punto particular en el que podamos determinar la viabilidad de la reforma propuesta y la pertinencia de cada una de sus partes.

CUARTA.-Entrando de lleno al análisis de los temas que nos competen, nos encontramos con la iniciativa por la que se adicionan dos párrafos al artículo 422 del Código penal, dichos párrafos dicen:

“

Como podemos observar la propuesta que se presenta en los párrafos antes descritos es concretamente la de aumentar la pena mínima de prisión cuando se vean realizados los supuestos descritos, en atención a esto, tomamos en cuenta el principio de proporcionalidad de la pena reflejado en  el artículo 22 de nuestra Constitución Política que dice:

“ Artículo 22. Quedan prohibidas las penas de muerte, de mutilación, de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales. Toda pena deberá ser proporcional al delito que sancione y al bien jurídico afectado.”

Con esto podemos entender que dicho principio refiere a que la gravedad de la pena debe ser directamente proporcional a la gravedad del acto cometido, en este sentido y evaluando la gravedad de los actos descritos en los artículos planteados por los proponentes en los párrafos propuestos, que su resultado sería el severo daño que se causa a los ecosistemas y con esto la alteración al  medio ambiente en el que todos vivimos, consideramos viable y pertinente la inclusión de los párrafos propuestos por los iniciantes que tienen como finalidad la prevención.

QUINTA.- Con respecto a la iniciativa que realiza diversas modificaciones al Código Penal Federal, a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y el Código Nacional de Procedimientos Penales, referimos que en este considerando realizaremos el análisis de la propuesta de reforma al artículo 420 del Código Penal Federal, que en concreto pretende aumentar las penas en lugar de 1 a 9 años a  de 9 a 18 años de prisión, así como los días multa, para las conductas establecidas en ese mismo artículo que son todas en contra del medio ambiente.

De acuerdo a lo anterior esta Comisión dictaminadora invocando lo descrito en el considerando anterior sobre el principio de proporcionalidad de la pena, consideramos que los daños contra el medio ambiente son irreparables, además de que afectan en gran medida a la sociedad en general y enriquecen a los que explotan los recursos naturales, por estas situaciones y de acuerdo a la correspondencia entre la gravedad de la conducta y la gravedad de la pena nos permitimos realizar la siguiente propuesta:

Como se puede observar la propuestas es cambiar la pena mínima, de nueve a dos años, toda vez que bajo el multicitado principio de proporcionalidad de la sanción penal y en razón de que el texto vigente contempla un mínimo de un año y un máximo de nueve para la pena privativa de libertad, se hace la modificación del doble proporcionalmente, aumentando de uno a dos años el mínimo y de 9 a 18 años de prisión, así como el aumento de la multa respectiva.

Dicha propuesta se realiza con el objetivo de buscar prevenir de alguna manera los delitos cometidos en contra del medio ambiente cualquiera que este sea, y de esta manera junto con las normas administrativas lograr un sano equilibrio jurídico que permita regular las situaciones en comento, todo esto tal y como lo ha establecido El Máximo Tribunal de nuestra Nación en la siguiente Jurisprudencia:

Época: Décima Época

Registro: 159908

Instancia: Primera Sala

Tipo de Tesis: Jurisprudencia

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

Libro XIV, Noviembre de 2012, Tomo 1

Materia(s): Administrativa, Penal

Tesis: 1a./J. 22/2012 (9a.)

Página: 609

La tutela penal del medio ambiente, que se inspira en la conservación del equilibrio de los ecosistemas, constituye un derecho fundamental previsto en el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; por su parte, la misma Norma Fundamental establece que corresponde al Estado proteger el medio ambiente. Ahora bien, para garantizar esa tutela debe existir una relación equilibrada entre el derecho penal y la normativa ambiental, sin que pueda ignorarse que ésta tiene un carácter eminentemente tecnológico y científico que escapa a toda posibilidad de una regulación jurídica. Es en ese tenor, en que en materia ecológica el órgano jurisdiccional tiene una función de delimitación del ilícito administrativo en relación con el ilícito penal, que nace de la imposibilidad del establecimiento, por parte del legislador, de dicha frontera, lo que lleva necesariamente a que el Juez asuma funciones regulativas que van más allá de la función que le es propia, que es únicamente aplicativa. Aunado a lo anterior, en el campo ambiental inciden constantemente cambios que incluso pueden ocurrir de momento a momento; de ahí el deber de plantear cómo puede establecerse el equilibrio entre las exigencias de seguridad jurídico-penal y la actualización del derecho penal. Tomando en cuenta la multiplicidad de formas de agresión a los ecosistemas, resulta inevitable recurrir a normas extrapenales para ejercitar una adecuada función preventiva y sancionadora, lo que implica renunciar a un derecho penal absolutamente autónomo, en favor de un derecho penal capaz de establecer una adecuada relación con otras ramas del ordenamiento jurídico, y que por ello se acaba, incluso, reforzando el principio de seguridad jurídica, siempre que la tipicidad penal tenga un bien jurídico de referencia claramente determinado. Es decir,que el núcleo de la conducta punible esté en ley y que esté precisamente descrita, al igual que la pena a imponer.

Amparo en revisión 828/2010. 19 de enero de 2011. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Jorge Roberto Ordóñez Escobar.

Amparo en revisión 815/2010. 2 de febrero de 2011. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretaria: Nínive Ileana Penagos Robles.

Amparo en revisión 582/2010. 9 de marzo de 2011. Cinco votos. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretaria: Carmina Cortés Rodríguez.

Amparo en revisión 455/2011. 29 de junio de 2011. Cinco votos. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretaria: Carmina Cortés Rodríguez.

Amparo en revisión 643/2011. 26 de octubre de 2011. Cinco votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretaria: Ana Carolina Cienfuegos Posada.

Tesis de jurisprudencia 22/2012 (9a.). Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada de diez de octubre de dos mil doce.”

“ Época: Décima Época

Registro: 159907

Instancia: Primera Sala

SEXTA.- Con respecto a la modificación que se pretende realizar al artículo segundo de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, específicamente la de agregar una fracción VI al artículo 2 de dicho cuerpo normativo, en el que se consideren como delincuencia organizada las conductas descritas en el artículo 420 del Código Penal Federal, al respecto nos permitimos mencionar que no se considera viable la propuesta en comento, esto en razón de que algunas de estas conductas no necesariamente tienen que llevarse a cabo por tres o más personas, ejemplo de ello son las siguientes fracciones del multireferido artículo 420 del Código Penal Federal que a continuación enlistamos:

I. Capture, dañe o prive de la vida a algún ejemplar de tortuga o mamífero marino, o recolecte o almacene de cualquier forma sus productos o subproductos;

II. Realice actividades de caza, pesca o captura con un medio no permitido, de algún ejemplar de una especie de fauna silvestre, o ponga en riesgo la viabilidad biológica de una población o especie silvestres;

V. Dañe algún ejemplar de las especies de flora o fauna silvestres, terrestres o acuáticas señaladas en la fracción anterior.

Como podemos observar dichas conductas no necesariamente tienen que llevarse a cabo por varias personas con una persona, es decir una sola persona puede caer en dicho supuesto lo cual no actualizaría la hipótesis de delincuencia organizada, por lo cual se considera injustificada la inserción dicho párrafo dentro del catálogo de las conductas que pueden considerarse como tal, a reserva de que compartimos el espíritu de los legisladores para buscar la protección del medio ambiente.

SÉPTIMA.- Por lo que respecta a la última reforma planteada por los proponentes de adicionar en el Código Nacional de Procedimientos Penales una fracción XII al artículo 167 de dicha disposición normativa, que pretende en específico que se consideren como delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa las conductas establecidas en el artículo 420 del Código Penal Federal, los miembros de esta Comisión dictaminadora, consideramos inviable dicha propuesta, toda vez que el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya establece un catálogo con las conductas que ameritan prisión preventiva oficiosa, para ilustrar mejor lo dicho, nos permitiremos transcribir dicho catálogo de la citada porción normativa:

“ El Ministerio Público sólo podrá solicitar al juez la prisión preventiva cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso. El juez ordenará la prisión preventiva, oficiosamente, en los casos de delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, así como delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud.”

En relación con lo anterior, podemos decir que en la dictaminación de la denominada “miscelánea penal” el Código Nacional de Procedimientos Penales ya fue armonizado con dicho catalogo constitucional, por lo que de realizar la modificación propuesta se contravendrían directamente los preceptos constitucionales.

Por lo anteriormente expuesto y fundado y al considerar procedente las iniciativas de mérito con los ajustes que se señalan, los integrantes de esta Comisión de Justicia, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea, el siguiente proyecto de

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 420 Y 422 DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL.

ARTÍCULO UNICO. Se reforma el primer párrafo del artículo 420 y se adicionan un segundo y tercer párrafos al artículo 422 del Código Penal Federal, para quedar como sigue:

Artículo 420. Se impondrá pena de dos a dieciocho años de prisión y por el equivalente de tres mil a seis mil días multa, a quien ilícitamente:

I. a V. ...

...

Artículo 422. ...

La pena mínima de prisión se aumentará en dos años cuando se trate de la comisión dolosa de los delitos previstos en los artículos 414 párrafo primero, 415 fracción I, así como 416 párrafo primero, cuando se trate de personas que realicen las actividades previstas en dichos preceptos en cantidades anuales iguales o superiores a 10 toneladas en peso bruto total o su equivalente en otra unidad de medida.

El incremento previsto en el párrafo anterior será aplicable para el caso de los delitos previstos en los artículos 418 fracciones I y III cuando se trate de remoción de vegetación en superficies superiores a mil metros cuadrados, 418 fracción II cuando se trate de asociación delictuosa y el volumen del derribo, de la extracción o de la tala exceda de dos metros cúbicos de madera, 419 cuando se transporten recursos forestales en cantidades superiores a quince metros cúbicos o su equivalente, 420 cuando se trate de asociación delictuosa, y 420 Bis fracción I cuando se trate de superficies superiores a mil metros cuadrados y fracción II cuando el daño sea superior a doscientos metros cuadrados de un arrecife.

TRANSITORIO

Primero. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de diciembre de 2016.

La Comisión de Justicia, diputados: Álvaro Ibarra Hinojosa (rúbrica), presidente; María Gloria Hernández Madrid (rúbrica), Ricardo Ramírez Nieto (rúbrica), José Hernán Cortés Berumen (rúbrica), Javier Antonio Neblina Vega (rúbrica), Patricia Sánchez Carrillo (rúbrica), Arturo Santana Alfaro (rúbrica), Lía Limón García (rúbrica), Víctor Manuel Sánchez Orozco, secretarios; Jesús Emiliano Álvarez López (rúbrica en abstención), Alfredo Basurto Román (rúbrica en abstención), Ramón Bañales Arámbula (rúbrica), Tristán Manuel Canales Najjar (rúbrica), Édgar Castillo Martínez, José Alberto Couttolenc Buentello, César Alejandro Domínguez Domínguez (rúbrica), Mayra Angélica Enríquez Vanderkam, Waldo Fernández González (rúbrica), José Adrián González Navarro, Sofía González Torres (rúbrica), Carlos Iriarte Mercado (rúbrica), Armando Luna Canales (rúbrica), Abel Murrieta Gutiérrez (rúbrica), Daniel Ordóñez Hernández (rúbrica), Ulises Ramírez Núñez (rúbrica), Édgar Romo García (rúbrica), Martha Sofía Tamayo Morales.»

El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: De conformidad con el artículo 104, numeral 1, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados, se han registrado para fijar posición de sus grupos parlamentarios los siguientes diputados y diputadas, quienes harán uso de la palabra hasta por cinco minutos cada uno: el diputado Jesús Rafael Méndez Salas, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza; la diputada Angie Dennisse Hauffen Torres, de Movimiento Ciudadano; la diputada María Chávez García, de Morena; la diputada Ana Guadalupe Perea, del Grupo Parlamentario de PES; la diputada Sofía González Torres, del Partido Verde Ecologista de México; el diputado Daniel Ordoñez Hernández, del PRD; la diputada Mónica Rodríguez Della Vecchia, del Grupo Parlamentario del Acción Nacional; el diputado Andrés Aguirre Romero, del PRI.

Tiene la palabra hasta por cinco minutos el diputado Jesús Rafael Méndez Salas, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.

El diputado Jesús Rafael Méndez Salas:Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores, amigos de los medios de comunicación. En esta ocasión me refiero al dictamen con proyecto de decreto que reforma los artículos 420 y 422 del Código Penal Federal, cuya finalidad es incrementar las penas a quienes cometan delitos contra el medio ambiente.

De acuerdo con el párrafo quinto del artículo 4o. de la Constitución, corresponde al Estado garantizar el respeto al derecho a un medio ambiente sano y establece que el daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque. En cumplimiento con dicho precepto, el Código Penal Federal cuenta con un título vigésimo quinto dedicado específicamente a los delitos contra el ambiente y la gestión ambiental, en cuyo capítulo segundo se encuentran los referentes a la biodiversidad.

La intención de esta reforma es de la más alta prioridad, toda vez que pretende incrementar las penas y de este modo desalentar la comisión de delitos ambientales que ponen en peligro nuestra biodiversidad.

La protección de los recursos naturales es para Nueva Alianza un tema fundamental, así lo hemos establecido en nuestra agenda legislativa. Es preciso entender que el daño al medio ambiente no es reparable, por lo tanto las sanciones para quienes cometan actos contra la biodiversidad de nuestra nación deben ser ejemplares y acordes con la gravedad del daño causado. Si bien es cierto que acciones como el tráfico de especies están prohibidos por la ley, la falta de vigilancia, de control y la debilidad de las sanciones propician que estos delitos se sigan cometiendo impunemente en todo el territorio nacional.

Para Nueva Alianza es preciso incidir de manera más efectiva en las sanciones para disuadir a quienes cometen actos que atentan contra nuestros recursos naturales. Compañeras y compañeros, el tráfico ilegal de especies, la extracción masiva de la fauna silvestre y la sobre explotación ilegal de especies, originan daños irreparables en los ecosistemas y están poniendo en grave riesgo el equilibrio ecológico y la biodiversidad de nuestro país.

Por eso, en Nueva Alianza estamos decididos a favorecer las acciones legislativas necesarias para vertir los delitos ambientales y una medida para conseguirlo es incrementar de forma sustancial las penas mínimas para quienes los cometen. Nueva Alianza es el primer y más entusiasta promotor de la defensa del medio ambiente. El futuro de las nuevas generaciones depende de ello. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto.

El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Gracias, diputado Méndez. Tiene el uso de la voz hasta por cinco minutos la diputada Angie Dennisse Hauffen Torres, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

La diputada Angie Dennisse Hauffen Torres:Muy buenas tardes a todas y a todos. Los desechos marinos dañan a más de 800 especies animales y generan grandes pérdidas económicas para los países costeros. Así lo pone de manifiesto el Convenio Sobre la Diversidad Biológica en un nuevo informe de la ONU dado a conocer en días pasados en el marco de la Cumbre Mundial de Biodiversidad que se celebró en la Conferencia de las Partes, COP número 13, celebrada en nuestro país en el estado de Quintana Roo.

No solo fuimos sede mundial, sino también tenemos un gran compromiso por ser considerados uno de los países más diversos, es decir una de las regiones en el planeta con mayor diversidad biológica, por lo que su esfuerzo en la protección de las especies y ecosistemas es crucial para el equilibrio terrestre.

Sobre los compromisos que adoptó México en relación al Plan 2011-2020, se han logrado ciertos avances. Nosotros como legisladores y legisladoras tenemos un papel fundamental y no obstante, también es deber de nosotros diseñar y ejecutar políticas eficientes junto con la participación ciudadana.

La opinión y aporte que brinda cada sector poblacional enriquecen los programas y leyes, por ello el día de hoy votaremos a favor de este dictamen. Movimiento Ciudadano está a favor de pasar de las penas administrativas a las penales en el caso de este dictamen.

Existen diversos antecedentes al respecto en los cuales nuestro país no ha parado el tráfico de estas especies. Esperamos que con este tipo de medidas de pasar a temas administrativos a penas penales, nosotros podamos dar un gran ejemplo muchísimas gracias.

El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Gracias, diputada Hauffen.

Queremos agradecer y saludar la presencia en este salón de sesiones, de la excelentísima señora Clare Ann Kelly, embajadora extraordinaria y plenipotenciaria de Nueva Zelanda en México, quien asistió al acta de instalación del Grupo de Amistad México Nueva Zelanda que preside la diputada María García Pérez. Sea usted muy bienvenida a esta Cámara de Diputados, y deseamos que el grupo de Amistad sea nuevo espacio para estrechar relaciones de amistad y cooperación entre nuestros países. Sea bienvenida.

Tiene el uso de la voz hasta por tres minutos la diputada María Chávez García, del Grupo Parlamentario de Morena.

La diputada María Chávez García:Buenas tardes; con su permiso, señor presidente. Señores diputados y diputadas, desde hace poco más de 10 años la administración federal ha hecho esfuerzos para establecer normas estrictas encaminadas a la protección del medio ambiente y recursos naturales en cumplimiento de los acuerdos internacionales, disposiciones normativas y la legislación que han emanado del congreso. Una parte considerable de estos recursos es patrimonio muy importante de nuestro país la cantidad de litorales, bosques y selvas, en donde podemos encontrar además de patrimonio acuático, vestigios de culturas milenarias; también son recursos importantes para que los mexicanos tengan una vida sana, son también atractivos de interés de una gran cantidad de turistas de todo el mundo que visitan nuestro país.

Su preservación es una forma en que el Estado cumpla con lo que dispone la Constitución, en su artículo 4o., en donde se señala “el derecho a un medio ambiente sano”

Por supuesto que no nos podemos oponer a que se establezcan los controles estrictos para la preservación del medio ambiente y las especies de fauna y flora que se encuentran en diferentes ecosistemas del país, mismos que integran la gran diversidad ecológica que caracteriza a México.

Nos preocupa el hecho de que se considere que con el simple hecho de subir las penas carcelarias y multas, es una forma de evitar el tráfico de especies, el saqueo, el deterioro y la comercialización ilícita. Es importante que las instancias responsables de la preservación del medio ambiente actúen de manera coordinada con las áreas competentes a las procuradurías y los gobiernos de los estados para establecer estrategias de detección y prevención antes de que se cometan los ilícitos, sobre todo porque la devastación del medio ambiente en muchos casos es irreversible.

Es momento de hacer también la observación que en este dictamen se incluye la reforma al primer párrafo al artículo 420, párrafo que ya ha sido modificado en otro dictamen elaborado por la misma Comisión de Justicia y que se votó hoy mismo en esta Cámara de Diputados.

Por esa razón podemos considerar que el presente dictamen se refiere sólo al artículo 422, solicito a la Mesa Directiva que se instruya lo conducente para que se haga la adecuación correspondiente.

Finalmente quiero que quede constancia de que no estamos en contra de este dictamen, pero en la comisión votamos en abstención porque los dictámenes se votaron en paquete, hacer los análisis pertinentes para esta problemática. Si bien el aumento de las penas puede inhibir a los infractores, no es la medida más idónea para evitar el deterioro ambiental.

Lo que se requiere es el cumplimiento de las normas ya establecidas, que los responsables de las áreas competentes cumplan con sus obligaciones y que los titulares de Semarnat y Profepa hagan los nombramientos de los responsables de las direcciones generales considerando a la gente con experiencia, formación y competencia en la materia, en lugar de nombrar a sus amigos más cercanos. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Gracias diputada Chávez. Tiene el uso de la voz, hasta por cinco minutos, la diputada Ana Guadalupe Perea Santos, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.

La diputada Ana Guadalupe Perea Santos:Con el permiso de la Presidencia, compañeras legisladoras y compañeros legisladores, medios que el día de hoy nos acompañan. Honorable asamblea, las y los diputados federales de Encuentro Social nos preocupa y ocupa la protección y recuperación del medio ambiente, particularmente la conservación de biodiversidad de los ecosistemas con los que cuenta nuestro país.

En tal sentido, estamos comprometidos en impulsar y garantizar un desarrollo económico y social sin descuidar la protección del medio ambiente y la sustentabilidad de las riquezas naturales de la nación, con la finalidad de que las futuras generaciones puedan seguir disfrutando de las mismas.

Como nación podemos presumir de una extensa mega diversidad biológica y estamos dentro de las 20 naciones con mayor diversidad a nivel mundial, y contamos con un número importante de especies endémicas; sin embargo, según datos de Semarnat, en nuestro país existen más de 2 mil 500 especies silvestres amenazadas, igualmente resulta alarmante saber que somos una de las naciones con un mayor número de especies en peligro de extinción.

En este sentido es que la reforma propuesta en el presente dictamen busca contribuir con las especies animales y vegetales, mediante la imposición de penas ejemplares; así como la reforma propuesta a artículo 420 del Código Penal Federal, se aumenta la penalidad de 2 a 18 años de prisión y de 3 mil a 6 mil días de multa a quien capture, dañe, almacene y transporte tortugas, mamíferos marinos, especies acuáticas en periodo de veda.

Serán acreedores a la misma pena quienes de manera dolosa capturen, transformen, acopien, transporten, destruyan o comercien abulón y langosta cuando lo hagan sin contar con la autorización correspondiente, en cantidades que excedan los 10 kilogramos de peso y se cometan mediante asociaciones delictuosas.

También tendrán igual penalidad quienes cacen, pesquen o capturen, con un medio no permitido, fauna silvestre, a quienes trafiquen especies animales y vegetales que se encuentren en veda, sean endémicas en peligro de extinción, sujeta a protección especial o regulada por algún tratado internacional del que México sea parte.

Por otra parte, con las adiciones al artículo 422 se eleva la pena mínima a 2 años de prisión a quienes ilícitamente o negligentemente realicen actividades con sustancias consideradas peligrosas y causen un daño a los recursos naturales; asimismo, a quienes autoricen u ordenen la emisión y descarga en la atmósfera de gases, humos, polvos o contaminantes que ocasionen daños a los recursos naturales. De igual manera, al que ilícitamente descargue aguas residuales, líquidos y químicos o bioquímicos en los suelos, aguas marinas, ríos y cuencas.

Asimismo, al que destruya la vegetación natural, tala de árboles o cambie el uso de suelo forestal, y al que ilícitamente transporte, comercie, acopie, almacene o transforme madera en rollo, astilla, carbón vegetal o cualquier otro recurso forestal maderable.

En vista de la urgente necesidad de proteger a nuestro país, las y los legisladores federales de Encuentro Social votaremos a favor del presente dictamen. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Gracias, diputada Perea. Tiene el uso de la voz hasta por cinco minutos, el diputado Arturo Álvarez Angli, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

El diputado Arturo Álvarez Angli:Gracias. Buenas tardes. Con la venia de la Presidencia. Hace poco más ya de dos décadas que aparecieron las primeras disposiciones legales en materia ambiental en nuestro país.

El gobierno federal ha puesto especial atención al diseño e implementación de políticas públicas encaminadas a la protección de los recursos naturales con los que contamos en nuestro país. Dichas políticas se han buscado siempre sustentar en diferentes preceptos jurídicos, cada día más especializados.

Tan es así que nuestra propia Constitución el día de hoy señala y reconoce el derecho humano a un medio ambiente sano, lo que sin duda establece bases sólidas para la conformación de nuevos cuerpos normativos que garanticen la adecuada protección y defensa de este derecho.

No obstante lo anterior, el constante deterioro de los ecosistemas, y por ende de los recursos naturales, principalmente a causa de la intervención negativa del ser humano, nos advierte que desafortunadamente no se ha logrado generar una conciencia colectiva de respeto y compromiso por el cuidado del medio ambiente.

A pesar de que las conductas degradantes de la naturaleza se encuentran reguladas de una u otra manera a través de las responsabilidades administrativas, civiles o penales, estas no han sido suficientes ni han alcanzado los objetivos para las que fueron creadas, y menos aún la responsabilidad penal a una persona por el cumplimiento de la ley ambiental, lo cual frecuentemente ha sido percibida como un ejercicio jurídico excepcional, imperfecto y poco eficaz.

En este sentido, nos parece que es absolutamente urgente escalar el incremento en la punibilidad de los delitos ambientales para poner un alto a la creciente tasa de acciones que constituyen un delito contra la biodiversidad y el equilibrio ecológico.

Aunado a lo anterior, resulta oportuno puntualizar, como muchas veces lo hemos dicho aquí, que México es uno de los países más mega diversos del planeta. Sin embargo, encabeza la lista de países con más zonas donde habitan especies en peligro de extinción.

Actualmente la Semarnat reconoce alrededor de 2 mil 500 especies, tanto vegetales como animales, que se encuentran con algún tipo de amenaza.

En ese contexto, mientras el país ocupa los primeros lugares en extinción de especies, las políticas de conservación no han logrado frenar los fenómenos de deforestación y defaunación. Es que la riqueza biológica de México ha propiciado que el comercio ilegal y la utilización de especies de flora y fauna hayan sido una actividad cotidiana altamente lucrativa desde tiempos muy remotos y que lamentablemente esto continúe y sea cada vez más grave y difícil de controlar.

Estas especies de flora y fauna son extraídas y comercializadas ilegalmente con diversos fines, que van desde el uso doméstico, como mascotas exóticas o materia prima para la elaboración de productos, hasta incluso su utilización en prácticas religiosas y de otro tipo de tradiciones.

El tráfico de especies genera una crisis ambiental que amenaza la biodiversidad a nivel mundial. No obstante, también representa una de las actividades ilegales más lucrativas en el mundo, lo cual dificulta por supuesto su erradicación, ya que en esta participa de manera demostrada el crimen organizado.

Si bien, tanto a nivel nacional como internacional existen cada vez más regulaciones en cuando al tráfico de vida silvestre, lo cierto es que la misma no ha sido suficiente para inhibir la conducta antisocial, o bien para establecer parámetros objetivos de sus alcances, dimensiones, perjuicios y los daños irreversibles que esto genera al medio ambiente de manera global.

La finalidad de incrementar las sanciones no es otra más que generar la ejemplaridad en la pena y, con ello, inhibir la realización de una conducta que aunque no lo parezca, nos termina afectando a todos de manera muy seria.

Por lo anterior y en concordancia con lo dictado en el artículo 4o. de nuestra Carta Magna, mismo que indica que le corresponde al Estado garantizar el derecho de toda persona a vivir en un ambiente sano, así como que el daño y deterioro ambiental genera responsabilidad para quien lo provoque, celebramos la aprobación del presente dictamen que tiene su origen en dos iniciativas presentadas por el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con objeto de inhibir las acciones dolosas contra el medio ambiente, incluyendo, por supuesto, el tráfico de especies. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Gracias, diputado Álvarez. Tiene el uso de la voz, hasta por tres minutos, el diputado Daniel Ordoñez Hernández, del Grupo Parlamentario del PRD.

El diputado Daniel Ordoñez Hernández:Con su permiso, diputado presidente. Compañeros y compañeras, diputados y diputadas, la fracción parlamentaria del PRD votará a favor estas reformas, que el día de hoy están a su consideración, al 420 y al 422 del Código Penal, en el entendido, fundamentalmente, de que sí compartimos el incremento de sanciones toda vez que la intención siempre ha sido inhibir que sigan ocurriendo ilícitos.

La intención de subir penas tiene que ir de la mano, desde la perspectiva y la óptica del PRD, de fortalecer la cultura de la prevención y en sí mismo la cultura social con relación a la protección del medio ambiente y de la biodiversidad.

Es un tema importantísimo, para nosotros queda claro. Nos sumamos a las manifestaciones de alegría de que vayamos a incrementar las penas, pero si no reforzamos los sistemas de justicia y sigue habiendo impunidad, no va a pasar nada, podemos seguir subiendo penas y penas y penas a todo, pero si en México sigue existiendo impunidad, no sirve de nada que se incrementen las penas.

Los delincuentes no les tienen miedo a las penas, les da riza cuando subimos una pena. Los delincuentes le tienen miedo cuando se aplica la ley, cuando nuestro sistema de justicia funciona, cuando son detenidos, cuando son encarcelados y no se les libera, ahí es cuando surte efecto lo que aquí trabajamos, lo que aquí hacemos.

Mientras, de veras, es una buena intención y hay que celebrarla y hay que decirlo, que estamos en pro de evitar que se siga depredando nuestro planeta y nuestro hermoso México, pero hay que hacer que los sistemas de justicia, de impartición y de procuración de justicia por fin hagan su tarea, no dejen salir a los delincuentes, no sean tan débiles en su estructura. Entonces sí, entonces sí les va a dar temor cometer cualquier infracción, aunque sea administrativa. Entonces sí le va a dar pánico a la delincuencia quererse seguir depredando a nuestra flora y a nuestra fauna.

Entonces, el PRD celebra, se suma y votará a favor de este dictamen, de estas reformas pero hacemos esa anotación, porque creo que vale y más ahora que se está realizando la implementación del nuevo sistema en todo el país, pues es el momento de decir, sí incrementamos penas pero que se haga algo porque si no es así de nada servirá que sigamos subiendo las penas en este Congreso. Es cuanto, diputado presidente, muchas gracias por su atención a todos.

El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Gracias, diputado Ordoñez.

La diputada Blanca Margarita Cuata Domínguez(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Sonido a la curul de la diputada Cuata Domínguez.

La diputada Blanca Margarita Cuata Domínguez (desde la curul): Para denunciar una violación a mis derechos humanos.

Como ustedes saben, como diputada de Morena renuncié al seguro de gastos médicos de esta Cámara de Diputados, por lo que, como he venido haciendo a lo largo de mi vida, acudí a mi cita mensual al Hospital de Zona número 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social, ubicado en Boulevard Plan de Ayala en Cuernavaca Morelos.

El día viernes 9 de diciembre de este año, la de la voz fui objeto de violencia física por el personal de vigilancia privada de dicho nosocomio, en razón de mi vestimenta y por estar platicando con los pacientes que esperábamos consulta.

Por ello, quiero hacer patente mi reclamo a las autoridades del IMSS que nunca hicieron acto de presencia para justificar el maltrato ni la intervención de la vigilancia, de los vigilantes privados. También un extrañamiento en contra de la violencia de la que fui objeto, no solo yo sino las personas que me defendieron del indignante trato de los cuatro guardias en mención, que me sacaron con lujo de fuerza hasta la calle, violentando mi condición de adulto mayor y ciudadana libre por vestir con logotipos de un partido político que no es afín al que está en el poder.

Quiero decir que el trato que muchos derechohabientes recibimos es humillante, es muy triste reconocerlo, en esa nuestra noble institución.

Este maltrato es por algunos jefes y auxiliares del piso en la consulta, en la sección de clínica del Seguro Social, en los consultorios. Es cuanto, presidente.

El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Sí, diputada Cuata Domínguez, sus expresiones han quedado registradas en el Diario de los Debates. Tiene la voz hasta por cinco minutos la diputada Mónica Rodríguez Della Vecchia, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional.

La diputada Mónica Rodríguez Della Vecchia:Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados. Hemos escuchado de la comisión dictaminadora las razones por las que modifican dos numerales del ordenamiento penal federal. En primer lugar, se agravan las sanciones para todos aquellos que incurran en conductas de tráfico ilícito de especies animales y vegetales protegidas, así como los hechos conexos relacionados, causa o efecto de aquellos.

El actual apartado del artículo 420 señala penalidades que van de 1 a 9 años de prisión y por el equivalente de 300 a 3 mil días-multa. La reforma incrementa la sanción de 2 a 18 años y por el equivalente de 3 mil a 6 mil días-multa.

Desde el punto de vista de la criminología sabemos que el simple incremento en las sanciones penales no tienen el efecto disuasivo en la criminalidad, lo que sí genera es un eficaz desarrollo en las tareas de prevención e investigación del delito que aminoren los preocupantes niveles de impunidad.

No obstante lo anterior, debido a las conductas de que se trata consideramos pertinente la enmienda que a continuación votaremos. Se trata de proteger a cualquier costo la biodiversidad y con ella la sustentabilidad y el medio ambiente.

Desafortunadamente, observamos cómo el clima de impunidad en esta y otras materias tiene como consecuencia el incremento en el riesgo de desaparición de diversas especies que son fundamentales para la sustentación de todas las especies, incluyendo la humana. Al votar a favor, igualmente exigimos a las autoridades mayor eficacia en las investigaciones y una actitud intolerante con la corrupción.

El segundo punto de la reforma consiste en la adición de párrafos al artículo 422. En dicho precepto se establecen agravantes para diversas modalidades de las conductas genéricamente conocidas como delitos contra el medio ambiente.

Se considera oportuno el establecimiento de dichas agravantes en virtud de diversas condiciones subjetivas, como es la gravedad de la infracción o la relación con el daño infringido a zonas forestales o marítimas, así como cuando la comisión implique un mecanismo de asociación delictuosa. En todos los casos, en Acción Nacional consideramos oportuna y correcta la conformación de las agravantes planteadas por lo que votaremos a favor del dictamen. Es cuanto, presidente. Gracias.

El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Gracias, diputada Rodríguez. Tiene el uso de la voz, hasta por cinco minutos, el diputado Andrés Aguirre Romero, del Grupo Parlamentario del PRI.

El diputado Andrés Aguirre Romero:Con su venia, señor presidente. En muchos sentidos México es sinónimo de diversidad, por su cultura que se manifiesta a través de todas las artes humanas y de incontables tradiciones, por su territorio que se extiende desde las lagunas de Montebello al desierto de Sonora, de la selva Lacandona al mar de Cortés, de las Barrancas del Cobre al Pico de Orizaba y de las playas de Tulum hasta las playas de El Pacífico.

Por su naturaleza que hace de nuestro país hogar del tucán, del quetzal, del águila real, que es tierra del jaguar y del puma, casa del cedro y del cactus y de la orquídea, santuario del mezquite y del Álamo. Todo esto conlleva una enorme responsabilidad, pues nos hace corresponsables de esta riqueza del legado que representa para las futuras generaciones para México y para el mundo.

En nuestro país habitan el 10 por ciento de todas las especies de flora y fauna que existen en el planeta, el segundo lugar con más reptiles, tercero en mamíferos, quinto en plantas y octavo en aves, entre muchos otros. México encabeza la lista de países con más zonas habitadas por especies en riesgo.

La Semarnat reconoce a dos mil 500 especies vegetales y animales que se encuentran en algún grado de amenaza. Desde 1991, México se sumó a la convención sobre el comercio internacional de especies amenazadas de fauna y flora silvestre para proteger la supervivencia de éstas, el tráfico ilícito de la vida silvestre ha aumentado y ha puesto en peligro a las especies y a los ecosistemas, afectando a la naturaleza en general y además genera más de 20 mil millones de dólares al año a los criminales. Se trata de un delito propiciado por delincuentes que lucran con el patrimonio natural de nuestros hijos, los de sus nietos, los de todos.

Como lo aprobamos en la asamblea de la transformación, los priistas nos comprometimos a trabajar para alcanzar un desarrollo ecológicamente sustentable, viable y sostenible. Por eso, ahora legislamos para proteger la biodiversidad del país y aprovechar mejor los recursos naturales de manera sustentable para estimular la gestión ambiental integral, para promover proyectos de inversiones sustentables. En suma, para cuidar el patrimonio natural de la nación a través de su conservación, restauración y aprovechamiento con responsabilidad ante el futuro.

Consciente de su responsabilidad, el gobierno federal que lidera Enrique Peña Nieto ha creado cinco áreas protegidas naturales más para sumar 181 en total; 91 millones de hectáreas, 70 de zonas marinas y 21 de zonas terrestres. Hoy somos el tercer país con más reservas de biósfera en el mundo, de acuerdo a la Unesco.

El gobierno de Enrique Peña ha impulsado programas de manejo ambiental en 107 áreas protegidas, 60 por ciento más que el sexenio anterior. Ha creado la Gendarmería Ambiental, encargada de salvaguardar las áreas naturales protegidas en 61 puntos de todo el país.

Desde la Cámara de Diputados las legisladoras, los legisladores hemos trabajado para defender nuestros recursos naturales y cuidar de la biodiversidad nacional, por eso hemos votado para aprobar la Ley de Transición Energética que garantice el aprovechamiento sustentable de la energía y las obligaciones en materia de energías limpias, sin restar competitividad a los sectores productivos.

Fomentar la protección, restauración, producción y aprovechamiento de los ecosistemas forestales del país. Prohibir el aprovechamiento extractivo con fines comerciales de varias especies de tiburones, peces, así como la comercialización del marfil. Asegurar la protección del suelo que ha sido incendiado para su recuperación e incrementar las sanciones a quienes realicen cacería ilegal.

Hoy, las y los diputados del PRI votaremos a favor del presente dictamen para incrementar el castigo a quien capture, posea, transporte, acopie, introduzca o extraiga del país algún ejemplar, producto o recursos genéticos de cualquier especie de flora o fauna silvestre, ya sea terrestre o acuática que se encuentren en veda o que sean consideradas endémicas, amenazadas o en peligro de extinción.

Nuestra civilización es natura y cultura. Nuestra civilización debe ser cultura que protege a la natura. Es sabido que todo lo que ocurra al ambiente ocurrirá a las personas, por eso apostarle a salvaguardar nuestra naturaleza que es patrimonio de todos nosotros, es apostarle a la vida futura.

Felicito a la Comisión de Justicia por este extraordinario dictamen. Asimismo, cabe señalar en estas fechas una felicitación al gobierno federal y en especial a la Semarnat por la COP 13 en materia de biodiversidad que se realiza en Cancún y que ha sido a nivel internacional todo un éxito.

No nos resta a los diputados del PRI más que, aprovechando este momento y con el tiempo que nos queda, felicitar en esta época navideña a todo el personal de la Cámara de Diputados, a todas las, los secretarios, los ayudantes parlamentarios, a los medios de comunicaciones quienes cubren esta fuente y que siempre están atentos de estas actividades; a todos los asesores legislativos, a todos los integrantes del personal de vigilancia y seguridad, a todos los integrantes de la Secretaría General y a todos quienes hacen posible el trabajo de esta Cámara, muchas felicidades, que tengan una gran navidad y un próspero 2017 en el que las y los mexicanos debeos estar por sobre todo, unidos. Muchísimas gracias, señor presidente.

El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Gracias, diputado Aguirre. Agotada la lista de oradores, consulte la Secretaría a la asamblea en votación económica, si se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular.

La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla: Por instrucciones de la Presidencia en votación económica se consulta a la asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Suficientemente discutido en lo general y en lo particular.

Se pide a la Secretaría que abra el sistema electrónico de votación por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular.

La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral dos, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular.

(Votación)

¿Algún compañero o compañera que falte de emitir su voto? Ciérrese el sistema electrónico de votación. Se emitieron 419 votos a favor y 1 voto en contra, señor presidente.

El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Aprobado en lo general y en lo particular por 419 votos el proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 420 y 422 del Código Penal Federal. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.

EXPIDE LA LEY GENERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE SUJETOS OBLIGADOS

El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.

La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla: dictamen de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados se cumple con la declaratoria de publicidad.

El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Discusión del dictamen de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.

Tiene la palabra hasta por cinco minutos el diputado Rogerio Castro Vázquez para fundamentar el dictamen, de conformidad con el artículo 104, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados.

El diputado Rogerio Castro Vázquez: Muy buenas tardes, compañeras diputadas y compañeros diputados. Hoy se inicia una nueva forma de mirar desde el Estado la protección de datos personales. Estas se encuentran en el artículo 16 de la Constitución, párrafo segundo, y establece que tanto en protección de datos personales, en posesión de particulares y también en posesión de sujetos obligados, en este caso el Estado.

Estos avances representan también y vienen a partir de la evolución en materia tecnológica a nivel mundial. Este derecho garantiza a la persona un poder de control y disposición sobre sus datos, el conocimiento sobre quién lo paseé y los objetivos de su tratamiento, en virtud de ello se otorga o no un consentimiento.

También está fundamentado en el segundo transitorio de la reforma constitucional, en materia de transparencia, de 2014, la cual mandató al Congreso de la Unión expedir o reformar diversas leyes, entre ellas la que hoy estamos presentando.

El pasado 28 de abril del presente año el Senado de la República aprobó este dictamen en Comisiones Unidas de Gobernación y Estudios Legislativos, y en ese proceso legislativo llega a esta Cámara de Diputados y a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción el 4 de mayo.

Esta ley consta de 168 artículos, divididos en 11 títulos, así como ocho artículos que conforman el régimen transitorio.

Dentro de los objetivos de esta propuesta se destacan los siguientes. Distribuye competencias entre los órganos garantes de la Federación y las entidades federativas, en materia de protección de datos personales en posesión de sujetos obligados. Establece las bases mínimas y condiciones homogéneas que regirán el tratamiento de los datos personales y el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición.

Regula la organización y la operación del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, en lo relativo a sus funciones para la protección de datos personales en posesión de sujetos obligados.

Por supuesto también protege los datos personales de los ciudadanos cuando van y acuden a hacer algún trámite ante alguna dependencia federal, estatal o municipal. Garantiza que toda persona pueda ejercer el derecho a esa protección de datos personales.

Promueve, fomenta y difunde una cultura de protección de datos personales. Establece también los mecanismos para garantizar el cumplimiento y la efectiva aplicación de las medidas de apremio que corresponden para aquellas conductas que contravengan las disposiciones en esta ley.

Son sujetos obligados de esta ley cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos en el ámbito federal, estatal y municipal. No son sujetos de esta ley los sindicatos y cualquier otra persona física o moral que reciba o ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en cualquiera de los tres órganos de gobierno. Éstos se regirán en la ley correspondiente, que es de Datos Personales de Posesión de Particulares.

De forma general esta propuesta resalta los principios y deberes de los responsables o en este caso sujetos obligados, para la protección de datos personales. Los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de los titulares y cómo podrán ejercerlo.

A partir de ahora el ciudadano tendrá desde el momento en que vaya a hacer un trámite en alguna dependencia, el aviso de privacidad, el cual podrá leer con tranquilidad antes de entregar sus datos personales a cualquier dependencia. También podrá hacer una solicitud a las dependencias, de acceso, rectificación u oponerse a la publicación de sus datos personales.

En caso de que la autoridad o la normativa no aplique, o el ciudadano no se sienta satisfecho con la respuesta de la dependencia podrá ante el INAI promover un recurso de revisión. Ahí es donde este proceso se vuelve un tanto burocrático, pero al fin de cuentas tendrá el ciudadano ese derecho.

También contempla sanciones administrativas desde la inhabilitación hasta la amonestación. Se establecen diversas disposiciones sobre la relación entre el responsable, sujeto y obligado y el encargado del manejo de la protección de datos personales; se regula la portabilidad, así como las comunicaciones, transferencias y remisiones de datos personales.

Por eso es que como presidente de esta comisión estoy convencido de la importancia de contar con una Ley de Protección de Datos Personales y en lograr un sistema nacional de transparencia que se armonice a la reforma constitucional mencionada. Por ello, reconozco las observaciones vertidas a la minuta en esta Cámara, tanto por integrantes...

El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Concluya, por favor, diputado.

El diputado Rogerio Castro Vázquez:... de la sociedad civil como del INAI, como por ejemplo la eliminación del consentimiento tácito, la eliminación de la alusión a la inviolabilidad de las comunicaciones, entre otras, como por ejemplo no limitar el ejercicio de los derechos arco.

En suma, tanto en el ámbito internacional y nacional, cobra relevancia contar con un marco jurídico...

El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Concluya, por favor, diputado.

El diputado Rogerio Castro Vázquez:... Es por eso que resaltamos la importancia de esta nueva Ley General de Protección de Datos Personales. Sin embargo, sí aclaramos que falta mucho por recorrer en el camino de la protección y garantizar el derecho de los ciudadanos. Es cuanto, presidente.

El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Gracias, diputado Castro.

Está a discusión en lo general. De conformidad con el artículo 104, numeral 1, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados, se han registrado para fijar la posición de su grupo parlamentario las siguientes diputadas y diputados, quienes harán uso de la voz por cinco minutos cada uno: el diputado José Alfredo Ferreiro Velazco, del Grupo Parlamentario de Encuentro Social; el diputado Luis Manuel Hernández León, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza; la diputada María Candelaria Ochoa Avalos, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano; la diputada Blanca Margarita Cuata Domínguez, del Grupo Parlamentario de Morena; la diputada Sharon Cuenca Ayala, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; el diputado Agustín Basave Benítez, del Grupo Parlamentario del PRD; la diputada Lorena del Carmen Alfaro García, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional; el diputado Pedro Luis Noble Monterrubio, del Grupo Parlamentario del PRI.

Tiene el uso de la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado José Alfredo Ferreiro Velazco, del Grupo Parlamentario de Encuentro Social.

El diputado José Alfredo Ferreiro Velazco:Con la venia, señor presidente. Diputadas y diputados, honorable asamblea, a nombre de los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social manifiesto nuestra posición respecto al dictamen de iniciativa con proyecto de decreto, por el cual se expide la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados.

Iniciativa sobre la que se ha venido trabajando desde el pasado jueves 28 de abril en 2016, cuando fue aprobada por el pleno del Senado de la República. Además, esta ley también viene a raíz de que el pasado 4 de mayo de 2015, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en cuyo artículo 68 establece que los sujetos obligados serán responsables de los datos personales en su respectiva posesión.

Derivado a lo anterior, corresponde ahora a esta Cámara la discusión de una ley que viene por objeto a establecer bases, principios y procedimientos para garantizar el derecho que tiene toda persona a la protección de datos personales, de ahí que los sujetos obligados deberán mantener medidas de seguridad adecuadas para proteger los datos personales que poseen.

La pretensión legislativa busca garantizar el no extravío, alteración, destrucción de la información, así como garantizar su confidencialidad, integridad y disponibilidad. Con la aprobación de esta ley se busca garantizar el derecho humano a la protección de todos los datos personales en posesión de sujetos obligados.

Y para Encuentro Social la aprobación de la misma es importante, ya que definen los tres Poderes los sujetos obligados. Es decir, a cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, los sindicatos y cualquier otra persona física o moral que reciba y ejerza recursos públicos o garantice actos de autoridad. Además, contribuye a las competencias entre los tres órdenes de gobierno en materia de protección de datos en posesión de sujetos obligados.

Asimismo, la mencionada ley diseña las bases mismas y condiciones homogéneas para que se trabaje en la cultura de la protección de datos personales, el cumplimiento y efectiva aplicación de medidas de apremio, medidas de impugnación y el ejercicio de los de los derechos de ARCO, acceso, rectificación, cancelación y oposición, mediante procedimientos sencillos y expeditos.

Además de regular la organización y operación del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, también se busca definir las reglas de creación, de actualización del Programa Nacional de Datos Personales.

Es por eso y por todo lo que hemos mencionado, que Encuentro Social votará a favor de esta gran iniciativa que viene a cerrar, bueno, a no cerrar pero sí a darle formalidad a la protección de los datos del Sistema Nacional Anticorrupción. Muchas gracias, enhorabuena.

Presidencia de la diputada Gloria Himelda Félix Niebla

La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Gracias, diputado. Para fijar el posicionamiento del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza tiene el uso de la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado Luis Manuel Hernández León.

El diputado Luis Manuel Hernández León:Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados, en esta ocasión nos convoca el dictamen que crea la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. El cual instaura las bases, principios y procedimientos que garantizan el derecho que tienen todas las personas para la protección de sus datos personales en posesión de sujetos obligados.

Es de subrayar la necesidad que tiene nuestro país por acelerar el paso en general en la ciudadanía, confianza y tranquilidad en cuanto a la custodia y privacidad de sus datos personales, con el único propósito de evitar el manejo irresponsable, y tal vez hasta delictivo de los mismos.

En un régimen democrático resulta indispensable controlar el ejercicio del poder y exigir cuentas a las autoridades, orientados a lograr el máximo beneficio social.

Por ello, me permitiré resaltar de forma muy breve las bondades por las que coincidimos con el presente dictamen. En primer término, quiero hacer hincapié en la prohibición que se establece a empresas, gobiernos federal, estatal y municipal, organismos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y sindicatos para que obtengan base de datos a través de medios engañosos o fraudulentos.

Estos anti-incumplimientos por parte de los partidos políticos, las potestades del Instituto Nacional de acceso a la Información y de los órganos garantes se fortalecerán; toda vez que estos deberán dar vista al Instituto Nacional Electoral o a los organismos públicos locales electorales de entidades federativas competentes para que resuelvan lo conducente, sin perjuicio de las sanciones establecidas para los partidos en las leyes aplicables.

También establecen como causas de sanción el usar, sustraer, divulgar, ocultar, alterar, mutilar, destruir o inutilizar total o parcialmente y de manera indebida datos personales que se encuentren bajo custodia de aquellos que tengan la calidad de servidor público.

En este entendido, el INAI y los organismos garantes podrán imponer amonestaciones públicas o multas por la violación a la ley, equivalentes a la cantidad de 150 hasta mil 500 veces el valor diario de la unidad de medida y actualización.

En Nueva Alianza creemos en la necesidad de proteger el derecho de la ciudadanía de acceder a la información pública y promovemos el uso responsable de la misma. Por ello, nos pronunciamos a favor de fortalecer el marco jurídico de todas aquellas propuestas provenientes de los actores responsables de cumplir con la meta de garantizar la transparencia.

Siendo congruentes con nuestros principios, aquellos que dan razón de ser a nuestro Partido Nueva Alianza concuerdan con ese nuevo ordenamiento jurídico, porque estamos ciertos que con acciones como esta no solo concretamos los cambios obligados que darán paso a fortalecer el marco normativo e institucional en cuanto a la garantía al derecho a la información pública que tienen todos los ciudadanos, sino también cumplimos con un mandato popular, que es el que la transparencia y la rendición de cuentas se encuentren por encima de todo interés particular. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, señora presidenta

La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Gracias, diputado Hernández León. Para fijar el posicionamiento del Grupo Parlamentario del Partido Movimiento Ciudadano, tiene el uso de la palabra hasta por cinco minutos la diputada María Candelaria Ochoa Avalos.

La diputada María Candelaria Ochoa Avalos:Compañeras, compañeros diputados, la Ley de Datos Personales es solo una de las tantas que forma parte del conjunto de la reforma de transparencia y anticorrupción, pero hoy discutimos este dictamen que está dedicado especialmente a los datos personales y esta ley daría contenido a los artículos 6o., apartado A y 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Su objetivo aparente es la protección de los datos personales que tiene la administración pública de todos los gobernados, teniendo en cuenta que en la realización de múltiples trámites ante la autoridad, el gobernado proporciona información. Cada vez que llegamos a una oficina, entregamos nuestro IFE y anotan los datos de registro de la misma. Así ocurre ante la Secretaría de Hacienda, también cuando un particular solicita su inscripción al padrón de contribuyentes, ante relaciones exteriores, en el trámite de pasaportes, entre muchos otros.

El tema medular es si los datos de los gobernados están debidamente salvaguardados o si esto es un pretexto, los datos de los gobernados para impedir el acceso a la información en los archivos públicos. Y quiero decirles que me reuní con la Asociación Nacional de Estudios Históricos y están preocupados por esta ley, porque finalmente tienen que tener vinculación con la Ley de Archivos.

En la ley general y en la federal, de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental establecimos el principio de la máxima publicidad en la información en poder de los sujetos obligados, que los archivos públicos donde se contiene la información deberán estar totalmente actualizados y en orden para poder atender las solicitudes de información que los particulares presenten.

Sin embargo, en el dictamen que hoy discutimos parecería que la protección de datos personas se convierte en una barrera para el acceso a la información pública, particularmente con la que tiene que ver con la información contenida en los archivos históricos, que de hecho todo archivo por sí mismo es histórico; y están preocupados los y las académicas historiadoras, porque pareciera que hoy se termina su materia de trabajo.

En el dictamen, en el artículo 21 se establece el consentimiento tácito para cuando el titular de los datos no da su consentimiento expreso. Sin embargo, no se establece un término dentro del cual el particular pueda o no decidir si da su consentimiento. Esto puede llevar a que el sujeto obligado pregunte, y si en 15 minutos no da el consentimiento expreso, entonces se entenderá por tácito. Esto es un exceso en esta ley.

En el artículo 58 y 59 se dispone que los sujetos obligados, en este caso responsables, pueden recurrir a un tercero llamado encargado para que en su nombre realice las actividades de salvaguardar la información. Sin embargo, se dispone que pueda ser mediante contrato o cualquier otro instrumento jurídico que decide el responsable.

Las y los diputados ciudadanos consideramos que el único instrumento jurídico para permitir la participación de particulares, debe ser el contrato en la especie que corresponda y no la discrecionalidad de cualquier otro instrumento jurídico, ya que el término es sumamente ambiguo. Además, se debe disponer que en esta materia no debe existir la adjudicación directa para evitar negocios de particulares al amparo del poder público.

En el artículo 81 se regula lo referente a la inviolabilidad de comunicaciones privadas soslayando que este tema está previsto en el artículo 16, párrafos 13 y 14 de la Constitución y en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radio Difusión en el artículo 190, último párrafo, por lo que no tiene por qué estar regulado en este ordenamiento.

Además, en el artículo transitorio séptimo se da un plazo de 18 meses para que los sujetos obligados deban modificar su normatividad interna, plazo que resulta excesivo cuando para los fines en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública establecimos 12 meses como un acuerdo de todas las fracciones parlamentarias.

Por otro lado, no se hace un adecuado tratamiento al manejo de los archivos históricos, cuyo contenido es fuente primaria de acceso a la información. Por lo tanto, no reservamos los artículos 3o, 5o, 21, 22, 59, 70 y transitorio séptimo del decreto que está sujeto y materia de esta discusión. Gracias.

La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Gracias, diputada Ochoa Avalos. Para fijar el posicionamiento del Grupo Parlamentario de Morena, tiene el uso de la palabra hasta por cinco minutos la diputada Blanca Margarita Cuata Domínguez.

La diputada Blanca Margarita Cuata Domínguez:Con su permiso, presidenta. En el debate público se ha reconocido que la transparencia es un componente fundamental en el combate a la corrupción. Esta última se ha convertido en uno de los principales problemas que aquejan a nuestro país. La corrupción ha generado la movilización y el repudio de todos los sectores de la sociedad, ya que no solamente afecta las inversiones en el mercado nacional, sino que impide el sano desarrollo del país y es una amenaza para nuestra incipiente democracia.

Como lo hemos sostenido en Morena, la presión de la sociedad obligó al Congreso de la Unión a legislar en materia de transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción. Podríamos decir que a partir de las reformas constitucionales en la materia, nuestro país cuenta con el Sistema Nacional de Transparencia, el Sistema Nacional Anticorrupción y el Sistema Nacional de Fiscalización, sistemas que conforman un entramado institucional, sin embargo si al día de hoy se les preguntar a los mexicanos ¿Qué pasó con la licitación fallida del tren México-Querétaro? ¿Qué pasó con la Casa Blanca, la casa de Malinalco, la casa de Osorio Chong? ¿Dónde están los ex gobernadores del PRI y del PAN? ¿Qué pasará con los endeudamientos que dejaron bajo sus administraciones en las entidades federativas? ¿Qué ha pasado con las empresas privilegiadas de esta administración Oceanografía OHL, Infra? ¿Quién será el responsable de la mala administración en las empresas productivas del Estado? Con plena seguridad podríamos afirmar que la respuesta en la mayoría de los casos sería que no pasó nada y que siguen en la impunidad.

Entonces es necesario preguntar ¿Qué le hace falta a México para erradicar la corrupción? Y la pregunta es erradicar primero la indiferencia e ineficiencia, más bien la respuesta es erradicar primero la indiferencia e ineficiencia de las autoridades responsables.

El problema de México no es la falta de leyes, sino la aplicación correcta de las mismas, o como el caso que hoy discutimos, la homologación, la transversalidad y la coordinación entre estas.

La minuta que estamos discutiendo en materia de protección de datos personales, no es un tema aislado, es una de las leyes que quedaron pendientes del Sistema Nacional de Transparencia, pero en opinión de Morena, tiene limitaciones, por ejemplo, no sólo cumple con el principio de seguridad, sino que contradice su contenido.

Como parte de la legislación secundaria de la reforma constitucional en materia de transparencia, se aprobaron la Ley General y la Ley Federal de Acceso a la Información Pública desde su publicación. Una de las premisas de estas leyes es que se aumentó el número de sujetos obligados, entre ellos los sindicatos, las personas físicas y morales y los fideicomisos. Sin embargo, la minuta que discutimos separa a éstos dejando a uno en lo público y a otros les da el privilegio de regularse por la normatividad de lo privado.

Respecto de la Ley de Datos Personales, las prácticas internacionales apuntan directrices que no se acogen en la presente minuta. Por otra parte, si bien el proyecto de ley que nos ofrece la comisión dictaminadora representa un avance en esta materia, desde nuestro punto de vista no cumple con el objetivo principal, proteger los datos de carácter personal en posesión de los sujetos obligados.

El derecho a la protección de los datos personales permite a los individuos tener control sobre su información personal, para ello, como en todo derecho, son necesarias herramientas concretas para su ejercicio.

Sobre el principio de la protección de datos personales en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, se estableció como confidencial aquella información que se otorga a sujetos obligados, así como los datos de carácter personal entregados con el pleno consentimiento del titular para su distribución, difusión y comercialización, sólo que no se estableció plazo de vencimiento.

La ley que se discute omite el establecimiento de mecanismos eficaces para evitar una divulgación indiscriminada o que el uso de los datos personales se utilice con un fin distinto para el que fueron recabados.

En pocas palabras, el principio de seguridad para el tratamiento de los datos personales no se incluye en la ley de los mecanismos necesarios para salvaguardar los datos de las personas que quedan en situación vulnerable.

Es claro que al Estado mexicano le corresponde proteger la individualidad, la intimidad, pero trazando líneas claras para que el interés general de acceder a la información no se vea menguado o choque con el derecho a la intimidad, pero seguir legislando de la misma manera que hasta el momento, hemos hecho confusa e insuficiente, con objetivos e interese diferentes no permitirá que el Sistema Nacional de Transparencia garantice el derecho a la información en la protección efectiva de los datos personales.

Así, el vínculo entre este sistema y el de combate a la corrupción irá en detrimento de un modelo que, según sus autores, busca que los mexicanos ejerzan a plenitud sus derechos humanos a informar...

La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Concluya, diputada, por favor.

La diputada Blanca Margarita Cuata Domínguez: Para que los mexicanos ejerzan a plenitud sus derechos humanos a informar y ser informados, al mismo tiempo que un entramado institucional busca prevenir, castigar y erradicar los hechos de corrupción. Para armonizar los dos propósitos se requiere mejorar el proyecto de ley enviado por el Senado...

La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Concluya, diputada, por favor.

La diputada Blanca Margarita Cuata Domínguez: Se necesita voluntad política para aprobar los cambios necesarios al dictamen –me falta un renglón, compañeros–, como lo propone el Grupo Parlamentario de Morena, quienes votaremos en abstención. Gracias.

La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Gracias, diputada Cuata Domínguez. Para fijar el posicionamiento del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, tiene el uso de la palabra hasta por cinco minutos la diputada Sharon Cuenca Ayala.

La diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala:Buenas tardes. Con el permiso de la Presidencia. Honorable asamblea, la protección de datos personales es un derecho humano reconocido en el artículo 16 de nuestra Constitución, es un derecho vinculado con la privacidad e intimidad de las personas.

Por lo tanto, es prioridad para los tres niveles de gobierno construir mecanismos eficaces para garantizar el uso seguro, adecuado y responsable de los datos personales, como: nombre, teléfono, domicilio, fotografías, huellas dactilares, información fiscal, cuentas bancarias, historial clínico, así como cualquier dato que pueda servir para identificar a una persona. Este uso estará en manos de los sujetos obligados, que son más de 800.

Por ello, era urgente implementar leyes y políticas públicas para actualizar y garantizar que los datos personales en posesión de autoridades y particulares fueran resguardados con altos estándares internacionales, reflejados en estrategias transversales, donde la prevención, la educación y la cultura tienen el papel relevante con la nueva forma de vigilar, proteger y utilizar los datos de las personas.

El presidente Enrique Peña Nieto, el Poder Legislativo, la sociedad civil, los académicos hemos mostrado nuevamente el compromiso social de fortalecer la seguridad jurídica de las personas. En este sentido, la ley que estamos discutiendo establece las bases, principios y procedimientos para garantizar el derecho que tiene toda persona a que sus datos sean protegidos. Con ello se define un marco jurídico claro y eficaz para que la actuación de la autoridad con respecto a los datos personales de los particulares sea con estricto apego a los procesos que determina la ley. En esta minuta también se establece el derecho de autodeterminación del particular sobre sus datos personales, a su derecho de acceder, rectificar, cancelar u oponerse al tratamiento de sus datos personales, mejor conocidos como ARCO por su acrónimo.

En este sentido, el responsable de los datos deberá informar sin demora al titular y al instituto u órgano garante que corresponda, de las probables faltas que puedan afectar los derechos prioritarios de los datos de las personas.

Si se confirmara que ocurrió alguna violación, el responsable tomará acciones encaminadas para iniciar un proceso de revisión exhaustiva para enterarse de la magnitud de la afectación, a fin de que el titular de los datos personales pueda tomar las medidas correspondientes para salvaguardar sus derechos.

Es importante mencionar que esta ley reconoce y transparenta la relación entre el responsable y encargado de los datos personales, ya que en todo momento el encargado debe de realizar las actividades de tratamiento de los datos personales, sin ostentar poder alguno de decisión sobre el alcance y contenido de los mismos.

La aprobación y expedición de esta ley general se vinculará con la Ley de Transparencia y Anticorrupción, como aquí ya se ha referido, pero sobre todo con el Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.

Es así de esta manera que coordinará y evaluará las acciones relativas a las políticas públicas trasversales en materia de protección de datos personales, así como establecer los lineamientos de los mismos. Además dará vida al Programa Nacional de Protección de Datos Personales, el cual diseñará, ejecutará y evaluará las políticas públicas sobre la materia.

En fin, el contenido es amplio, ya se ha referido aquí por los diputados que me antecedieron lo más relevante de esta minuta y es por ello que en mi grupo parlamentario, en el Partido Verde, estamos a favor de este dictamen y de que en esta ley se va a dar un paso más para consolidar el extenso e inacabado sistema normativo del Sistema de Transparencia. Es cuanto.

La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Gracias, diputada Cuenca Ayala. Para fijar el posicionamiento del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional tiene el uso de la palabra hasta por cinco minutos, la diputada Lorena del Carmen Alfaro García.

La diputada Lorena del Carmen Alfaro García:Con su venia, diputada presidenta. Compañeras y compañeros legisladores, la protección de datos personales es un derecho humano, reconocido en los artículos 6o. y 16 de nuestra Norma Fundamental.

Como todos sabemos, los datos personales proporcionan información sobre la identidad de una persona física identificada o identificable, como lo son el nombre, la dirección, el número telefónico, etcétera. Pero, además, también pueden informar sobre aspectos más sensibles, como lo es su ideología, origen étnico o su estado de salud.

Por ello es que debemos crear aquellos mecanismos que permitan a todas las personas tener la seguridad de que estos serán debidamente resguardados por las autoridades y que únicamente podrán ser utilizados para los fines con los que fueron recabados.

De ahí que con la expedición de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, avanzamos en la consecución de este derecho. Pero, además, se garantiza el libre ejercicio de las personas a utilizar sus datos específicamente en lo que se ha reconocido como los derechos arco. Es decir, su derecho de acceso, de rectificación, de cancelación y de oposición a los mismos.

El beneficio de contar con una ley específica de protección de datos personales que se encuentren en posesión de autoridades, órganos y organismos de gobierno, es que la misma dado su carácter de ley general establece las bases mínimas que deberán observar los sujetos obligados del orden federal, estatal y municipal, asegurando con ello la aplicación de los mismos estándares para su resguardo en todo el país.

De sus disposiciones destacamos su objeto, que es establecer bases, principios y procedimientos para garantizar el derecho que tiene toda persona a la protección de sus datos personales en posesión de las autoridades, órganos y organismos de gobierno.

Además, se establecen los procedimientos y condiciones homogéneas que regirán el ejercicio de las personas de sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante procedimientos sencillos y expeditos.

Se especifican atribuciones y obligaciones que tendrán los sujetos responsables en la materia, así como las que le corresponderán realizar al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos, como máxima autoridad encargada de velar por el cumplimiento de este derecho.

Con la expedición de este tipo de legislaciones ampliamos la protección de los derechos de los mexicanos, de manera semejante a como lo realizan en otros países. Por ejemplo, en los países europeos, mediante el Reglamento 2016/679 del Parlamento Europeo, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de los datos personales, así como al Convenio 108 de la Unión Europea, los cuales han servido de referente a muchos países para la elaboración de sus legislaciones.

Ante la trascendencia de la expedición de esta ley, es que Acción Nacional votará a favor del presente dictamen, reiterando nuestro compromiso para crear las condiciones necesarias que permitan hacer efectivos todos los derechos en cada uno de los habitantes de este país y, sobre todo, también asumimos el compromiso de hacerles saber a las y los mexicanos sus derechos en la materia y el cómo exigir el debido cumplimiento de esta ley, todo con la finalidad de garantizar la protección a la privacidad. Es cuanto, señora presidenta.

La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Gracias, diputada Alfaro García. Para fijar el posicionamiento del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, tiene el uso de la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado Agustín Basave Benítez.

El diputado Agustín Francisco de Asís Basave Benítez:Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados, vivimos en la era de la democratización del conocimiento, la información que antes estaba restringida a una élite de élites hoy gracias a Internet es accesible para prácticamente todos. Sin embargo, así como nos dan mucha información, también nos quitan información, nos roban información.

En países del primer mundo, en democracias consolidadas se han dado casos escandalosos de robo, no puedo usar otra palabra, otro verbo, de información.

Ha habido casos en Estados Unidos, en Europa, en donde estas grandes corporaciones digitales han tenido que entregar información de datos personales en aras del espionaje a los gobiernos de esos países. Y ha habido otros, más penosos aún, en México varios de ellos, de simples ventas de información, de datos personales.

Por todo eso, en México tenemos que ser extremadamente cuidadosos con los datos personales, y en este dictamen que hoy nos ocupa en la Ley de Datos Personales de los Sujetos, o en Posesión de Sujetos Obligados, tenemos que ser muy cuidadosos en proteger al ciudadano: No en proteger, como lo hacemos de alguna manera ya, a los particulares en la otra ley, o a los sujetos obligados en ésta.

Hay dos temas fundamentales que no incluye este dictamen. Uno es la diferenciación y el trato diferenciado, por lo tanto, entre datos personales y datos sensibles. Los datos sensibles tienen que especificarse y ser tratados de manera distinta. Datos sensibles pueden llevar, si se divulgan, a la discriminación. Estoy hablando de preferencias políticas, sexuales, posturas religiosas, pero también de datos biométricos. No se distingue en este dictamen entre datos personales y datos sensibles, y por lo tanto, se les trata igual.

Y el otro punto, también muy importante, en esta Ley de Datos Personales, es que se habla del consentimiento tácito. Una suerte de afirmativa ficta. Es decir, si el ciudadano no especifica que no quiere que se usen sus datos, se asume que se pueden usar. Eso no podemos validarlo. No podemos validarlo porque ya sabemos cómo se las gastan muchas de estas organizaciones, incluido, por cierto, el sector público, que nos ponen una serie de letritas pequeñas en donde se dicen una serie de cosas que no son benéficas para el usuario, que no protegen los datos personales del usuario, y que si nosotros no decimos explícitamente que no estamos de acuerdo en que se divulguen o en que se compartan, se pueden compartir.

Estos dos temas además del asunto ARCO, del cual seguramente se encargarán otros compañeros en esta tribuna, hacen imposible para el PRD votar a favor de este dictamen.

En la reunión de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción –dicho sea de paso– lo mencionamos, lo dijimos, pedimos tiempo, pedimos que se hicieran las adecuaciones y no hubo sensibilidad para hacerlo. Se negaron a hacerlo, se votó como estaba y, en consecuencia, nosotros tenemos que votar en contra. No hubo la apertura para hacer las modificaciones que habrían sido necesarias y que –dicho sea de paso también– serían convenientes y necesarias en la otra ley, en la Ley de Datos Personales en Posesión de Particulares.

Yo creo, entonces, que dada la protección que los legisladores estamos obligados a darle al ciudadano, no a las empresas privadas ni a las empresas públicas ni a los organismos ni a las entidades del sector público, dada esa obligación que tenemos y que no se está cumpliendo en este dictamen, no tenemos más remedio que votar en contra. Muchas gracias.

La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Gracias, diputado Basave. Para fijar el posicionamiento del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, tiene el uso de la palabra hasta por cinco minutos el diputado Pedro Luis Noble Monterrubio.

El diputado Pedro Luis Noble Monterrubio:Con su permiso, diputada presidenta. Compañeras y compañeros, en los años recientes los mexicanos hemos podido construir un nuevo orden jurídico nacional. Esta legislatura ha aprobado nuevas leyes que le han dado rumbo, orientación al país. Nuevas normas que rigen la conducta de los gobernantes y de quienes tienen bajo su responsabilidad los recursos públicos.

Hemos construido con la participación ciudadana disposiciones para sancionar, prevenir y combatir actos de corrupción. Hemos encontrado en los grupos parlamentarios, en las colegisladoras, en el Congreso de la Unión, coincidencias para los temas fundamentales.

Consolidamos un modelo de gobierno abierto, horizontal y de rendición de cuentas. Ese diseño igual aplica para el parlamento abierto, para la función pública el protagonista es y será el ciudadano.

La Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados es reglamentaria de los artículos 6o. y 16, segundo párrafo, de nuestra Constitución. Es la tercera pieza legislativa en esta estructura en materia de transparencia. Ya aprobamos las leyes general y federal de Transparencia. Ahora, nos ocupa la esfera privada de los particulares.

Es importante destacar que la minuta o dictamen de esta Cámara, deriva en una iniciativa de senadores de allá de nuestra colegisladora suscritas por el PRI, por el PAN, por PRD, por el Partido Verde, los trabajos de la Cámara de origen con amplio sentido plural dio como resultado allá en el Senado, una votación de 101 votos en favor y tres en contra de este producto legislativo.

La pluralidad parlamentaria en la comisión dictaminadora permitió conocer diversas apreciaciones en aspectos adjetivos y sí hay, hay disensos en criterio, pero coincidencias en la ratio legis, en el espíritu de la ley que hoy discutimos. Coincidimos en el superior jerárquico de tutelar el derecho humano de la protección de datos personales y también de los datos sensibles que por cierto sí se incluyen y se contienen en la minuta.

Hemos establecido el diseño institucional para garantía cuando estos se encuentran en posesión de sujetos obligados, entiéndase autoridades o todos si manejan recurso público. En la ley que pretendemos aprobar se ordena que el tratamiento de los datos personales deberá ser justificado por el responsable sujeto obligado, insisto, la autoridad, conforme a finalidades concretas, lícitas, explícitas y legítima y no podrá realizarse a través de medios engañosos o fraudulentos.

Queda establecido que el tratamiento de datos personales se sujetará al libre consentimiento, específico e informado del titular. Sí, claro que se establecen excepciones, el artículo 22 persigue proteger al interés público y su validez se determinará respecto al fin que persiga la idoneidad y la proporcionalidad de la medida.

El instrumento legislativo que el Senado somete como dictamen a esta consideración del pleno, fortalece al Sistema Nacional de Transparencia, a los órganos previamente contemplados en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y diseña el contenido del Programa Nacional de Protección de Datos Personales.

El dictamen es de forma congruente, establece que si los datos personales han sido vulnerados, se deberá informar sin dilación alguna al titular de esos derechos, a fin de que éste pueda tomar las medidas correspondientes para la defensa de sus derechos.

En la propia minuta se establecen los famosos derechos arco, consignados en la Constitución, los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición.

La ley propuesta es sólida y abundante respecto a su contenido normativo y clara totalmente al describir procedimientos muy sencillos y accesibles para hacer efectivos los llamados derechos arco.

Señoras y señores diputados, a quienes siguen este debate en diversos medios de comunicación, el Grupo Parlamentario del PRI nuevamente se pronuncia por la apertura, por la transparencia y la rendición de cuentas.

Coincidimos con César Camacho, nuestro coordinador. Tenemos claro el respeto irrestricto a la protección de datos, a la protección de datos personales en tanto derecho humano es de reciente cuño. Así lo dijo nuestro coordinador recientemente.

En el PRI actuamos de forma congruente conforme a las demandas sociales. Mi grupo parlamentario hace suyo el presente dictamen porque entendemos que aprobarlo es darle a México la ley para reducir los espacios del ejercicio arbitrario en el poder.

En el PRI estamos convencidos de que estamos transformando a México. Muchas gracias.

La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Gracias, diputado Noble Monterrubio. Se informa a la asamblea que con esta intervención, a su vez termina el plazo para la presentación de reservas al dictamen en discusión.

Tiene el uso de la palabra para hablar en contra del dictamen hasta por tres minutos el diputado Omar Ortega Álvarez.

El diputado Omar Ortega Álvarez:Con su venia, presidenta. Compañeros legisladores. Hoy vengo a esta tribuna a manifestar el sentido del voto del Partido de la Revolución Democrática que será de manera inevitable en contra del dictamen propuesto por la Comisión legislativa de Transparencia y Anticorrupción.

Los argumentos vertidos, muchos de ellos ya hizo comentario en su posicionamiento el compañero Agustín Basave, pero es importante señalar algunos aspectos importantes de este dictamen o modificación y reformas a la construcción de la Ley de Datos Personales para Sujetos Obligados.

Su nombre lo dice con toda precisión, son los datos personales que tendrá que vigilar o respetar o resguardar con los sujetos obligados de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información, que son más de 800 sujetos obligados, pero también esta ley tendrá que regular el objeto de los datos personales de las personas particulares que se vean afectados en el momento de esta información, a veces sensible y a veces solamente es del dominio o debe ser del dominio exclusivo del particular, y entonces cuando se habla de la facultad del arco, se habla con precisión que tiene la facultad de determinar en qué momento se cancela la información, cuándo se determina cambiar la misma o cuándo puede ser del conocimiento de la autoridad competente, pero dice que por materia de excepción en casi todos los casos no sería indispensable pedir la autorización del ciudadano para que de una manera u otra estos datos no sean del dominio público. O sea, hay contradicciones que hacen nugatoria de manera clara esta modificación.

Por otro lado se mete con el artículo 6o constitucional y de manera clara habla de los dos aspectos, del que recibe la transferencia y acceso a la información y protección de datos, y también la que se refiere a las telecomunicaciones y radiodifusión. Por lo cual obviamente no estamos de acuerdo, tendría que ser exclusivamente por lo que hace al apartad a) del artículo 6o., constitucional.

Porque miren, compañeros, aquí el problema es con la figura del consentimiento tácito estamos logrando que entonces refiere que la autoridad tiene acceso a toda la información y va a preguntarle al posible ciudadano si quiere este o no permitir el acceso a la misma, y si no le contesto en un tiempo determinable se entenderá como un consentimiento tácito; cuando el propio tribunal ha determinado de manera clara qué se entenderá al ciudadano se le pida la información y este no lo hace de manera expresa y clara, se entiende que es una negativa ficta y no una afirmativa ficta. Por ello es muy lamentable esta propuesta que no cuida los datos sensibles, que no cuida el derecho ni la voluntad del ciudadano y si protege de manera clara al gobierno federal. Es cuanto, señora presidenta.

La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Gracias, diputado Ortega. Para hablar en pro del dictamen tiene el uso de la palabra hasta por tres minutos el diputado Hugo Daniel Gaeta Esparza, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

El diputado Hugo Daniel Gaeta Esparza:Con el permiso del pleno. Los mexicanos, todos, demandamos vivir en un país en el que la seguridad sea elemento insustituible de estabilidad, de respeto a las personas, a los derechos humanos y con vigencia plena de un Estado de derecho como condiciones permanentes para la convivencia social. Una sociedad segura y de leyes en la necesidad mínima de toda sociedad para desarrollarse con plenitud y promover el crecimiento económico y el desarrollo social con sentido de pertenencia y sobre todo, con identidad nacional. Así, nuestra identidad es el sentido único por el que todos tenemos un lugar en el mundo y los datos personales son la expresión material.

En tal sentido, la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados que hoy nos convoca, es una respuesta práctica al derecho humano que todo mexicano tiene a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y cancelación de los mismos. Así como manifestar su oposición en los términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos, inclusive, por razones de seguridad nacional. Principios respetados y aplicados del año 2009 en el que se adicionó al artículo 16 constitucional la inclusión de los derechos ARCO.

Por ello, desde nuestro programa de acción, los priistas nos comprometimos a ser partícipes en la creación de un estado eficaz, sustentado en los principios democráticos que norman nuestra vida cotidiana y con la capacidad para que los derechos e ideales plasmados en la Constitución pasen del papel a la práctica, de la potencia al acto, ejercidos plenamente por todos los ciudadanos.

En pocas palabras, estamos comprometidos a garantizar todos los derechos plenos y para todos. Respecto a los datos personales nos comprometimos a difundir ampliamente el derecho a la protección de datos personales entre la población, para que junto con las autoridades pueda vigilar su debida observancia y evitar su mal uso, castigar con mayor rigor la venta de bases de datos, que viola el derecho a la protección de datos personales.

Tal visión permite alcanzar la progresividad del derecho humano de la protección de datos personales, evolución que va implícita sin duda en esta iniciativa., sobre todo porque este instrumento legal norma a los tres órdenes de gobierno y orienta el objetivo de tutelar tan importante derecho humano.

Es por ello que, comprometido con hacer de la protección de datos personales política de Estado, el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto instaló el Consejo del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales; dotó de autonomía al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales; instrumenta una política de inclusión financiera que contempla la protección de datos personales.

Desde la Cámara de Diputados aprobamos el Sistema Nacional Anticorrupción, que hace pública la información pública, incluyendo las declaraciones fiscal, patrimonial y de intereses de los servidores públicos, pero que garantiza la protección de datos personales de los particulares.

Avalamos que usuarios de servicios de salud puedan acceder a su expediente médico y sentamos las bases para el establecimiento de una clave única de identidad, para que todos los mexicanos podamos tener una identificación.

En la fracción parlamentaria del PRI votaremos a favor del presidente dictamen, para expedir una ley general en la materia que establezca normas comunes para los tres ámbitos de gobierno, salvaguarde el derecho humano de protección de datos personales y dote al Estado mexicano de un diseño institucional para garantizar su respeto.

Con dicha ley los sujetos obligados deberán poner en marcha medidas de seguridad que eviten cualquier daño, pérdida, alteración o destrucción e impidan el uso, acceso o tratamiento no autorizados de datos personales. Garantizar la protección de datos personales contribuye a la consolidación de un sistema de transparencia y rendición de cuentas, en el que se privilegia el respeto de los derechos humanos.

Así, compañeras y compañeros, el Partido Revolucionario Institucional refrenda el cumplimiento del gran propósito de esta ley, que es dar seguridad a los mexicanos. Mediante la protección de las leyes deben otorgar la administración institucional de los datos personales en armonía, con la transparencia a la que está comprometida nuestra fracción parlamentaria.

La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Concluya, diputado, por favor.

El diputado Hugo Daniel Gaeta Esparza: Y el actual gobierno federal. Bajo tal visión y compromiso, con una actitud legislativa activa, creativa y propositiva seguiremos aportando y sumando para que nuestra honrosa representación social y política siga al servicio del ciudadano.

Estamos convencidos de que es nuestra responsabilidad garantizar que cada mexicano tenga la certeza de que su identidad está salvaguardada, pues como lo dijo nuestro presidente, Enrique Peña Nieto, el derecho a la identidad es el primero de todos los derechos. Muchas gracias.

La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Gracias, diputado Gaeta. Agotada la lista de oradores, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se encuentra lo suficientemente discutido en lo general.

La Secretaria diputada Verónica Delgadillo García: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señora presidenta, mayoría por la afirmativa.

La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Suficientemente discutido en lo general. Esta Presidencia informa que de conformidad con lo que establece el artículo 109, del Reglamento de esta Cámara de Diputados, se han reservado para su discusión en lo particular, los siguientes artículos:

Artículo 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8. 16, 20, 21, 22, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 52, 55, 59, 60, 62, 67, 70, 71, 72, 81, 85, 138, 139, 146, 147, 151, 169, así como el segundo, cuarto y séptimo transitorios. El artículo 163, de igual forma se incluye en la reserva y se elimina el artículo 30.

Se pide a la Secretaría abra el sistema electrónico de votación, para proceder a la votación en lo general, y en lo particular de los artículos no reservados.

La Secretaria diputada Verónica Delgadillo García: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputado. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general, y en lo particular de los artículos no reservados.

(Votación)

¿Algún diputado o diputada falta de emitir su voto? El sistema electrónico sigue abierto. Se pregunta nuevamente, ¿Algún diputado o diputada falta de emitir su voto? El sistema sigue abierto.

¿Algún otro diputado o diputada? Ciérrese el sistema electrónico de votación. Presidente, se emitieron 318 votos a favor, 34 votos en abstención, 77 votos en contra, de un total de 429 diputados presentes.

Presidencia del diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Aprobado en lo general y en lo particular los artículos no reservados por 318 votos.

De conformidad con el artículo 110 del Reglamento de la Cámara de Diputados, tiene la palabra el diputado Rogerio Castro Vázquez, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar su propuesta de modificación a los artículos 1, 3, 20, 21, 26, 29, 31, 32, 59, 60, 62, 71, 146 y 151, hasta por tres minutos. Para la presentación de estas reservas, que son 14 artículos, su tiempo para exposición es hasta de 10 minutos.

El diputado Rogerio Castro Vázquez:Muy buenas tardes. Las reservas que presento en primera instancia son a los artículos 1, 3, 20, 21 y 26 del dictamen. Cuando se discutió la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Morena presentó varias reservas para incluir en el artículo 1 de dicha ley a las empresas productivas del Estado como sujetos obligados.

En ese momento, el argumento utilizado por otros grupos parlamentarios que no aceptaron esa reserva, fue que se establecieran obligaciones de transparencia para estas empresas en la ley y que dichas empresas se incluían dentro de las personas físicas y morales que reciben recursos públicos y, por lo tanto, ya eran sujetos obligados de transparencia.

Pero lo que no dijeron, es que para cumplir sus obligaciones de transparencia dichas personas físicas y morales deben seguir un proceso específico y hasta discrecional, pues se deja a interpretación de las mismas si cumple o no la ley y, además, sólo se proporcionarán informaciones de manera indirecta a través de la dependencia o ente público que le otorgue los recursos públicos, lo cual dará seguramente lugar a varios recursos de revisión en un futuro.

En el caso de la ley que hoy estamos discutiendo, la reserva al artículo 1 del dictamen propone incluir a las empresas productivas del Estado como sujetos obligados de esta ley. Recordemos que el derecho a la protección de datos personales limita, hasta cierto punto, el derecho de acceso a la información.

En ese sentido, si ya en la Ley de Transparencia dejamos varios cabos sueltos en este tema, aquí no debemos hacerlo, no debemos pretender enviar a la regulación de protección de datos en posesión de particulares estas empresas que siguen siendo propiedad exclusiva del Estado.

También se propone en esta reserva que cualquier persona física o moral que desempeñe servicios y funciones públicas por encargo, comisión, concesión o cualquier otro acto jurídico que implique la delegación o ejercicio del servicio o función, se convierta en sujeto obligado de esta ley.

Otro tema que es un tema muy delicado, es que en este dictamen se está abriendo la puerta a que las empresas privadas traten datos personales. En vez de procurar que los sujetos obligados de esta ley, en colaboración con universidades y otros organismos públicos, especialistas en aspectos técnicos y organizacionales realizados al tratamiento de datos, lo que se propone en este dictamen es seguir transfiriendo las responsabilidades públicas a los privados.

Cabe recordar un ejemplo. En 2006 vimos cómo en la campaña de Felipe Calderón se usaron ilegalmente los datos personales del padrón electoral y la empresa encargada del manejo en red de estos datos, y las que también manejó el software del PREP a través de Oracle México, fue nada más y nada menos que el cuñado del señor Calderón, Hildebrando Zavala Gómez del Campo, hermano de la hoy aspirante a la candidatura presidencial.

También en 2006 la empresa ganadora de la licitación para digitalizar todo el Registro Público de Propiedades en Yucatán, subcontrató una empresa también del Hildebrando Zavala. En ese periodo también se denunció entre 2002 y 2006, justo en el gobierno del PAN, que Hildebrando recibió 20 contratos del gobierno federal.

Esos son algunos de los ejemplos por qué es un riesgo entregar a particulares este encargo de los datos personales. Para eso se requiere incluir a los privados en la figura del encargado en este dictamen, para dar contratos a los amigos. Por eso lo están haciendo.

En ese sentido se propone modificar el artículo 3, fracción XV, en la cual se define la figura del encargado y establecer que solo podrá ser encargado la persona física o jurídica u organismo público que de manera individual o conjunta trate datos personales a nombre o por cuenta del responsable.

En las reservas a los artículos 3o., fracciones VIII, XX y XXI, se propone eliminar del dictamen cualquier alusión al consentimiento tácito. Una de las mayores novedades del Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea fue la eliminación del consentimiento tácito bajo el argumento siguiente: el consentimiento debe darse mediante un acto afirmativo que refleje una manifestación de voluntad libre, específica, informada e inequívoca del interesado de aceptar el tratamiento de datos de carácter personal que le conciernen.

Por tanto, el silencio en las casillas ya marcadas o la inacción no deben constituir consentimiento. Tomando en cuenta que uno de los principios enarbolados en esta minuta es el de licitud, incorporar en la misma el uso de consentimiento tácito es incongruente.

En la reserva al artículo 26 se propone que el aviso de privacidad sea puesto a disposición del titular de los datos personales de manera previa a la obtención de datos.

También se propone aclarar, para efectos de esta ley, cuándo se considera que el aviso de privacidad se da a conocer de manera directa, a fin de que queden bien definidos en los casos en los cuales los responsables deberán instrumentar medidas compensatorias de difusión masiva del aviso de privacidad.

Desde Morena denunciamos que este dictamen tiene claroscuros y vacíos que pueden ser aprovechados para atentar contra el derecho a la protección de datos personales de las mexicanas y los mexicanos.

También queremos presentar las reservas a los artículos 29, 31, 32, 59, 60, 62, 71, 146 y 151. En el dictamen se establece que el encargado, quien será el responsable de las actividades por el tratamiento de los datos personales, será una persona física o jurídica, pública o privada ajena a la organización del responsable y que además podrá subcontratar servicios que impliquen el tratamiento de datos personales a su encargo, con previa autorización del responsable.

También se establecen obligaciones y sanciones para los responsables, pero el proyecto de decreto que estamos discutiendo adolece de un proceso de monitoreo-verificación, así como mecanismo de rendición de cuentas sobre esta figura, que podrá ser alguna empresa privada que se encuentre en el país o fuera de él.

Mientras en el Reglamento Europeo para la Protección de Datos Personales, el cual se convierte en un referente internacional, se establecen mayores mecanismos para la rendición de cuentas de las actividades que realiza el encargado. Aquí en este dictamen se hace todo lo contrario, no hay mecanismos de transparencia para el encargado.

En el artículo 29 se propone adicionar un nuevo párrafo, en el cual se señale expresamente que el responsable no está exento de sus obligaciones y deberes, aun cuando contrate los servicios de un encargado o lleve a cabo transferencias de datos personales.

En la reserva al artículo 31 se propone incluir al encargado, para que en su caso éste establezca y mantenga las medidas de seguridad de carácter administrativo, físico y técnico para la protección de los datos personales, que permitan protegerlos contra daño, pérdida, alteración, destrucción o su uso, acceso o tratamiento no autorizado, así como garantizar su confidencialidad, integridad y disponibilidad.

En el dictamen éste es un deber que recae exclusivamente sobre el responsable, pero parte de esas tareas también las realiza el encargado, por lo que se considera pertinente homologar la redacción de este artículo con la redacción del artículo 57 del Reglamento de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posición de particulares, el cual regula exactamente lo mismo, solo que para el caso de los mencionados. Por lo que, si en el caso de los particulares lo incluimos, por qué en el caso de los sujetos obligados del sector público no se hace en este dictamen.

La reserva al artículo 32 va en el mismo sentido del anterior. En dicho artículo se establece que las medidas de seguridad adoptadas por el responsable, deberán considerar una lista de elementos, lo que se propone es que se establezca la obligación al encargado de considerar estos elementos al momento de adoptar medidas de seguridad.

En la reserva del artículo 59 se propone adicionar las cláusulas generales que deberá establecerse en el contrato entre el responsable y en el encargado. En la reserva al artículo 60 se precisa que cuando el encargado incumpla las instrucciones del responsable y decida por sí mismo sobre el tratamiento de datos, asumirá el carácter del responsable en los términos de la presente ley.

En el artículo 70 se establece que las remisiones nacionales o internacionales de datos personales entre el encargado y el responsable, no requerirán ser informadas al titular ni contar con su consentimiento. Esto nos parece un atentado contra el derecho de toda persona de conocer cómo se están tratando sus datos personales. Estas son las reservas que presentamos a continuación.

Y también queremos exponer, que desde Morena pedimos que sí se modifique y se envíe al Senado esta reforma, porque tiene serios errores que deberían ser revisados por esta Cámara de Diputados y no buscar soluciones fáciles que esperemos no ocurran como fe de erratas o alguna cosa así, que se intente con esta, para tratar de que no vaya al Senado.

La invitación desde Morena es que actuemos de manera responsable. Revisemos y modifiquemos este dictamen con las reservas que estoy presentando. Es cuanto, presidente.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputado. Consulte la Secretaría a la asamblea en votación económica si se admiten a discusión las propuestas de modificación de los artículos reservados por el diputado Rogerio Castro Vázquez.

La Secretaria diputada Verónica Delgadillo García: En votación económica se pregunta a la asamblea si se admiten a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la negativa.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: De desechan y se reservan para su votación nominal en conjunto en términos del dictamen.

Tiene el uso de la tribuna el diputado Rogerio Castro Vázquez, para presentar propuestas de modificación al segundo transitorio, son dos propuestas, hasta por tres minutos.

El diputado Rogerio Castro Vázquez:La reserva a continuación es al artículo segundo transitorio del dictamen. En dichas reservas se propone el plazo, para que las leyes federales y estatales en materia de transparencia y protección de datos personales, sea extendido a 12 meses.

Esta preocupación ya fue manifestada incluso por el órgano garante, el INAI, que considera que el plazo establecido de seis meses no es el pertinente sobre todo porque es necesario que se lleven a cabo cambios en la legislación de las entidades federativas de forma apresurada, lo cual no necesariamente se va a traducir en mejores leyes.

Cabe recordar que en el proceso de homologación de estas leyes de transparencia, les llevó más de seis meses y el mismo INAI tuvo que dar seguimiento a las propuestas de leyes en las 32 entidades federativas y todavía faltan muchas más que no están de acuerdo a la nueva Ley Federal de Transparencia.

Consideramos entonces que es pertinente que en este proceso de revisión tomemos en cuenta la carga que tiene el órgano garante, que van a tener los estados con esa nueva ley general y que tenemos que adecuar nuestras leyes, de tal manera que estén a la altura de las necesidades, y sobre todo que garanticen el derecho de los ciudadanos a la protección de sus datos personales. Esa es la reserva que presento a continuación, ampliar de seis como establece el dictamen, a 12 meses el tiempo que tienen para hacer los cambios legislativos necesarios. Es cuanto, presidente.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputado Rogerio Castro. Consulte la Secretaría a la asamblea en votación económica si se admiten a discusión las reservas presentadas.

La Secretaria diputada Verónica Delgadillo García: En votación económica se pregunta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la negativa.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Se desechan y se reservan para su votación nominal en conjunto en términos del dictamen.

Tiene el uso de la tribuna el diputado Juan Romero Tenorio, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar reserva al artículo 1o., hasta por tres minutos.

El diputado Juan Romero Tenorio:Con la venia de la Mesa Directiva; diputadas y diputados, tenemos una ley que urge para salvaguardar derechos humanos fundamentales. Esta ley en lo particular la voté en contra por la siguiente razón: no existen garantías establecidas en el artículo 6o, apartado a), párrafo segundo, la obligación del Estado mexicano de garantizar y proteger datos personales, entre ellos los datos sensibles de toda persona.

Para ello la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares determina que son datos personales sensibles, entre otros, los relativos a la salud, información genética, creencias religiosas, filosóficas y morales, afiliación sindical, opiniones políticas y preferencias sexuales.

Con el dictamen que hoy estamos votando, en el artículo 1 estamos excluyendo como sujetos responsables a los sindicatos; se excluye como sujetos responsables a otras personas física o moral que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal. Este párrafo del artículo 1o., permite hacer un fraude legislativo. Esta ley, lo establece en su artículo 2o., en el dictamen que discutimos, que su objeto es regular la organización y operación del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.

La Ley General y la Ley Federal de Datos Personales establece como sujetos obligados a los que se excluyen en el párrafo quinto del artículo 1o., sindicatos, personas físicas o morales que reciban datos personales.

Se excluye de esta ley como sujetos obligados y se le señala que la ley aplicable es la ley que regula los datos personales en posesión de particulares. Falta congruencia en la propuesta de los sujetos obligados. Esta incongruencia nos lleva a exponer datos sensibles como los genéticos, los relativos a la salud, que estarán en disposición de particulares.

Aún más, se permite una figura a través de la cual el sujeto obligado puede contratar estos servicios de almacenamiento, manejo y distribución de datos personales. Ponemos en riesgo a miles de ciudadanos al poner y exhibir estos datos personales, los genéticos y de salud, son datos sensibles que deben protegerse y al menos en esta ley, no se garantizan.

Los ciudadanos son sujetos de secuestro, trata de blancas, tráfico de órganos, la falta de protección de datos sensibles como el genético y los de salud, sin ninguna protección adecuada los hace sujetos del crimen organizado.

Esta ley no nos garantiza la garantía constitucional prevista en el artículo 6o., apartado A, fracción II. Por eso votamos en contra y esta ley será objeto de una solicitud de acción de inconstitucionalidad ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputado Juan Romero Tenorio. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la reserva presentada.

La Secretaria diputada Verónica Delgadillo García: En votación económica se pregunta a la asamblea si se admite a discusión. Los diputados y las diputadas que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la negativa.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Se desecha y se reserva para su votación nominal en conjunto en términos del dictamen.

Tiene el uso de la tribuna el diputado Omar Ortega Álvarez, del Grupo Parlamentario del PRD para presentar reservas al artículo 1o., 3o., 5o y 55, hasta por tres minutos.

El diputado Omar Ortega Álvarez:Con su venia. Trataré de ser muy puntual y trataré de darle lectura para tratar de precisar en qué consisten las modificaciones.

Primero, por lo que hace al artículo 1o. de la propuesta de modificación de esta reserva, se incluye la base B, relativa a la función del Ifetel y de los servicios de telecomunicaciones y radiodifusión, por lo tanto consideramos que debe precisarse en el dictamen que el alcance reglamentario de esta ley no abarca el tema de telecomunicaciones y radiodifusión, porque no es objeto de esta ley atraer este tema tan sensible y regularlo dándole un rango de aplicación general por encima de la Ley Federal de Telecomunicaciones.

Por tal motivo pongo a consideración de esta asamblea la siguiente propuesta:

Artículo 1o. La presente ley es de orden público y de observancia general en toda la república y reglamentaria del artículo 6o., base A y del artículo 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de protección de datos personales en posesión de sujetos obligados.

En el artículo 3o., que es el glosario, proponemos los siguientes cambios. En la definición de consentimiento proponemos incorporar el requisito de que el consentimiento sea verificable, el texto que proponemos para la definición es el siguiente: consentimiento, manifestación de la voluntad libre, escrita e informada, y verificable del titular de los datos, a través de la cual autoriza que sus datos personales puedan ser tratados por el responsable.

En la definición de datos sensibles quisiéramos incorporar la información biométrica y la información que eventualmente pudiera dar origen a un fraude, proponemos el siguiente texto: datos personales sensibles, aquellos que se refieran a la esfera más íntima de su titular o cuya autorización indebida pueda dar origen a discriminación, fraude o conlleve un riesgo grave para éste.

De manera enunciativa más no limitativa se considera sensible los datos personales que puedan revelar aspectos como origen racial o étnico, estado de salud presente o futuro, información genética, información biométrica, creencias religiosas, filosofía y morales, opiniones políticas y preferencias sexuales.

Finalmente proponemos suprimir las medidas compensatorias porque éstas forman parte del consentimiento que no es expreso o verificable. Las medidas compensatorias son una manera elegante para evitar que las personas decidan si otorgan o no su consentimiento.

En el artículo 5o. proponemos incluir el acervo de los archivos históricos como fuentes de acceso público. El artículo 55 del dictamen por el que se expide la Ley General de Protección de Datos Personales establece las causales de pérdida de los derechos ARCO, acceso, rectificación, cancelación y oposición del tratamiento de datos personales. La propuesta consiste en suprimir este artículo 55, porque no estamos de acuerdo en que una ley que debe proteger datos personales contemple tantas excepciones para no garantizarnos nuestro derecho a proteger nuestros datos. las excepciones para perder el derecho ARCO, están cuando se lesionan los derechos de un tercero, cuando el responsable no sea competente, cuando sea necesario para dar cumplimiento a obligaciones legalmente adquiridas por el titular, cuando en función de sus atribuciones legales el uso cotidiano, resguardo y manejo sean necesarios y proporcionales para mantener la integridad, estabilidad o permanencia del Estado mexicano o cuando los datos personales sean parte de la información que las entidades sujetan a la regulación y supervisión financiera del sujeto obligado hayan proporcionado a este en cumplimiento a los requerimientos de dicha información sobre sus operaciones y/o actividades.

Es cuanto, señor presidente, y espero que se aprueben todas en sus términos.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputado Ortega Álvarez. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admiten a discusión las reservas presentadas.

La Secretaria diputada Verónica Delgadillo García: En votación económica, se pregunta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Los diputados y las diputadas que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la negativa.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Se desechan y se reservan para su votación nominal en conjunto, en términos del dictamen.

Tiene el uso de la tribuna el diputado Ángel Antonio Hernández de la Piedra, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar reservas a los artículos 2, 5, 16, 22, 27, 28, 52, 70, 85, 147 y 163, hasta por 10 minutos.

El diputado Ángel Antonio Hernández de la Piedra:Diputadas y diputados, pueblo de México. Hoy, como hace un año, nos encontramos de nuevo en cuenta regresiva a solo unos días de que termine el periodo legislativo que estamos, discutiendo la aprobación de ordenamientos jurídicos completos. Discutiendo, entre comillas, porque pese a todas las observaciones y mejoras que se puedan hacer a esta minuta, es seguro que será aprobada.

En plena época de la información, la protección de datos personales es un tema sumamente relevante. Por medio de ellos podemos acceder a servicios, realizar operaciones de cualquier tipo utilizando nuestra identidad en todo momento.

Es por ello que es tan delicada su protección y tratamiento, para evitar que cualquiera pueda tener acceso a nuestros datos y los datos de todos, ya que esto puede facilitar actos delictivos, como raptos, robo de identidad, secuestros e incluso delitos electorales.

La Ley General de Protección de Datos en Posesión de Sujetos Obligados es una ley que definitivamente aporta mucho al sistema jurídico en materia de transparencia. Esta ley será el primer ordenamiento mexicano que a nivel nacional fije las bases para el efectivo ejercicio y tutela de este derecho fundamental.

Por supuesto que no nos oponemos a la expedición de cualquier ley que beneficie a la ciudadanía y les dé certeza jurídica. Sin embargo, tampoco podemos omitir que esta minuta puede mejorarse.

En Morena decretamos inconsistencias de fondo y forma, en relación con las Leyes General y Federal de Transparencia en el contexto del sistema nacional anticorrupción. Las reservas que estamos presentando rescatan las observaciones y planteamientos que realizaron académicos y representantes de las organizaciones de la sociedad civil.

También rescatamos propuestas realizadas por el órgano garante, el INAI y por la Coparmex, todas estas instituciones hicieron llegar sus propuestas a la dictaminadora para ser escuchadas y tomadas en serio, no para quedar solo como archivo. Asimismo la propia Comisión de Transparencia detectó deficiencias en la minuta, mismas que hizo del conocimiento a sus integrantes para discutir, pero todas esas observaciones fueron descartadas durante la votación.

A partir del análisis sistemático de la minuta, es necesario decir que existen muchos temas que deberían mejorarse en este dictamen para fortalecer la ley y encuadrarla con el marco jurídico existente antes de ser aprobada en este pleno.

Por ejemplo, en la minuta se abre la posibilidad de establecer procedimientos discrecionales para el ejercicio de los derechos arco y no se definen los principios que rigen el tratamiento de los datos. Además de ello, es curioso que estando el sistema nacional anticorrupción y el sistema nacional de transparencia tan relacionados, esta minuta no haga referencia alguna a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, en lo referente a las faltas graves. Eso solo habla de un trabajo legislativo no sistemático, que al momento de ser aplicado puede generar confusión y lagunas jurídicas.

Además de estas precisiones, también existen definiciones imprecisas, remisiones erróneas en los artículos, falta de armonización en el lenguaje, párrafos que hablan sobre lo mismo e inconsistencias en la redacción.

Por último, el texto de la minuta confunde los términos privacidad con el de protección de datos personales que, efectivamente, están vinculados, pero en sentido estricto el derecho a la privacidad tiene por objeto la no injerencia del Estado en la vida privada de una persona, mientras que la ley que nos encontramos discutiendo tiene por objeto regular el derecho a la protección de datos personales, que es la garantía que tiene toda persona física de disponer y controlar su información.

Todas estas observaciones redundan en la falta de técnica legislativa, la cual es indispensable para crear un ordenamiento claro, fuerte, que verdaderamente brinde seguridad jurídica a los ciudadanos sobre el tratamiento de los datos personales.

La existencia de todas estas inconsistencias en la minuta no dará certeza al ciudadano y al final del camino podríamos estar violentando sus derechos cuando la ley se aplique de manera particular.

No es posible que esta Cámara revisora renuncie de nuevo a su facultad como colegisladora y apruebe este dictamen en sus términos, cuando a todas luces podemos aprobar una Ley de Protección de Datos más fuerte y garante de este derecho.

Después de todas estas consideraciones y las realizadas por mis demás compañeros legisladores, es claro que la minuta admite una revisión minuciosa. Estamos aquí para legislar de la mejor manera posible, no para aprobar leyes al vapor, como sucedió con las leyes del sistema nacional anticorrupción que al final de cuentas el Ejecutivo regresó para ser modificada.

Por todas las consideraciones expuestas, es que pongo a consideración de esta asamblea las reservas a los artículos 2, 3, 5, 14, 27, 28, 52, 70, 85 y 147, con la finalidad de armonizar la minuta en cuanto a la inclusión y precisión de la definición de los principios del tratamiento de datos personales.

Excluir las revisiones erróneas, evitar la invasión de competencias en materia de medios de control constitucional, así como la homologación del lenguaje. Todas estas modificaciones para asegurar el derecho que tienen todos los mexicanos a la protección de sus datos personales. Es cuanto. Gracias.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputado Ángel Antonio Hernández de la Piedra. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admiten a discusión las reservas presentadas.

La Secretaria diputada Verónica Delgadillo García: En votación económica se pregunta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la negativa.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Se desechan y se reservan para su votación nominal en conjunto, en términos del dictamen.

Tiene el uso de la tribuna, para presentar reservas a los artículos 3, 5, 21, 22, 59, 70, 81 y séptimo transitorio, la diputada María Candelaria Ochoa Avalos, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. Hasta por diez minutos.

Antes, permítame diputada, esta Presidencia saluda a la Unión de Artes Plásticas, Asociación Civil, Barrio de Arista, Puebla Capital, invitados por la diputada Xitlalic Ceja García. Bienvenidas y bienvenidos. Adelante, diputada. Gracias.

La diputada María Candelaria Ochoa Avalos:Gracias, presidente. El conjunto de reservas que les presento tienen que ver, el primero, el artículo 3 con una redacción que contiene la fracción X del dictamen a discusión, en particular sobre los datos que estamos tratando de entender qué son los datos personales y qué son los datos sensibles.

Y quisiera decirles que hemos propuesto en esta reserva que con excepción de creencias religiosas, filosóficas y morales, así como opiniones políticas, el resto de los datos que se contienen en la fracción X que se nos presenta se mantenga, porque excluir las creencias religiosas, filosóficas y morales, así como las opiniones políticas, porque son éstas las que determinan la cultura y la conducta de un individuo en su conducta pública, por eso es muy importante que no confundamos datos personales con datos sensibles. Pero que, además, tenga que haber un periodo de tiempo suficiente para que los datos sensibles puedan ser consultados sin afectar al individuo.

En relación con la reserva a la fracción VI del artículo 5o., se hace con el propósito de que se considere como fuentes de acceso público a los archivos históricos. Yo dije hace un rato acá que la Asociación Nacional de Estudios Históricos nos dice que es muy importante que cualquier archivo se considere un archivo histórico, pero que además esa es su materia de trabajo.

Estamos seguros que cuando no aprendemos de la historia volvemos a repetirla, por eso les proponemos que no cometamos los mismos errores y que nos ocupemos de que la información en posesión de los sujetos obligados sea verdaderamente pública y accesible a todos los interesados.

Los archivos que hoy se generan en las dependencias públicas pueden contener hoy información trascendental para que el día de mañana podamos entender por qué y cómo se hicieron o dejaron de hacer algunas cosas.

En relación al artículo 21, proponemos que se elimine el consentimiento tácito. Es importante porque en el artículo 8o. constitucional ya se regula el derecho a la petición y se obliga a que la autoridad, por escrito, tiene la obligación de contestar al peticionario. En un sinnúmero de leyes se le da efectos al silencio administrativo y se establece de manera expresa en cada ley los efectos que produce de manera afirmativa ficta o negativa, según el caso. O sea, la afirmativa ficta ya está presente en la ley; ya está en otros elementos de la Constitución. Por eso en esta no debería estar presente como afirmativa tácita.

Por ejemplo, en materia fiscal se aplica la negativa ficta. ¿Por qué? Porque los efectos que se le dan al silencio administrativo, transcurrido cierto plazo sin que la autoridad conteste, se entiende en sentido negativo. Y así en distintas leyes existe, por eso creemos que en esta materia de datos personales no debe existir.

En el artículo 59 proponemos en el primer párrafo que la relación entre el responsable y el encargado sea únicamente mediante contrato, eliminando la palabra o cualquier otro instrumento jurídico que decida el responsable, con el propósito de evitar que se puedan hacer negocios ilícitos en este tema y otros.

En el transitorio séptimo se propone un término de 18 meses para que los sujetos obligados ajusten su normatividad. Éste es un plazo excesivo el que se está proponiendo, ya que cuando se discutió la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en el transitorio tercero que establecía también un plazo de 18 meses mediante reserva presentada por mí, y de acuerdo a todas las fracciones se establecieron solo 12 meses.

Por eso les hacemos hoy un llamado en éste, porque es una dificultad administrativa que en la Ley de Transparencia exista un plazo y que en la de Datos Personales exista otro, porque las ambas leyes son vinculantes. Muchas gracias, presidente.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputada Ochoa Avalos. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admiten a discusión las reservas presentadas.

La Secretaria diputada Verónica Delgadillo García: En votación económica, se pregunta a la asamblea si se aprueba a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la negativa.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Se desechan y se reservan para su votación nominal en conjunto en términos del dictamen.

Tiene el uso de la tribuna, el diputado Renato Josafat Molina Arias, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar reservas al artículo 6 y 8, hasta por cinco minutos.

El diputado Renato Josafat Molina Arias:Gracias, señor presidente. Buenas tardes diputadas y diputados. Presento la reserva a los artículos 6 y 8 del dictamen, toda vez que con su aprobación el Estado mexicano estará comprometiéndose como lo dice el artículo 6, a garantizar la privacidad de los individuos y con el artículo 8, a favorecer el derecho a la privacidad, la protección de datos personales y a la personas la protección más amplia.

Lo hago en ejercicio pleno de las facultades de revisión que tiene la Cámara de Diputados en este asunto y por la enorme responsabilidad que tenemos los representantes populares al emitir leyes.

La sociedad mexicana no se merece que renunciemos a esta atribución. No es posible que, como en otros casos, la mayoría primero acuerde cuál será la Cámara de origen para medio atender las demandas y presión de la sociedad, y que después que llega a la Cámara revisora, a la hora de hacer su trabajo renuncia a esta facultad argumentando que confía en lo hecho por el Senado y afirme que se escucharon todas las voces de los sectores de la sociedad y con esto propongan no hacer modificaciones.

Frente a estos acuerdos siempre escuchamos: Ya que se vaya sin cambios, porque si no, allá la van a detener. Es mejor que no tener nada. Es preferible porque es un avance. Ya en el camino la iremos modificando.

Así, esta tribuna ha dejado de ser en la mayoría de casos un lugar para debatir, argumentar, defender el contenido de una iniciativa o minuta sin importar su origen. Lo expuesto es el argumento político utilizado para que la Cámara renuncie a sus facultades conferidas en la Constitución.

Sí, así como lo escuchan. Esta tribuna ha dejado de ser el lugar para dar a conocer a la sociedad los argumentos que tienen los grupos parlamentarios a favor o en contra de una ley o decreto.

Para Morena los artículos 6 y 8 de la minuta, cuyo dictamen se discute, contravienen la Constitución. ¿Cómo podría establecerse en la Ley de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados que el Estado garantizará la privacidad de los individuos si no ha sido capaz, ni con las reformas estructurales, de garantizar la seguridad pública, la educación, la vivienda y la alimentación cuando éstos son derechos humanos claramente establecidos en la Carta Magna? ¿Cómo se pretende a través de esta minuta garantizar a las personas la protección más amplia?

Sólo por la mala redacción de estos dos artículos debería pedirse que el dictamen regresara a la comisión para realizar las modificaciones correspondientes. Solo basta leer el nombre para saber de qué estamos hablando: Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados. ¿De dónde salió que a través de esta ley el Estado garantizará la privacidad de los individuos y favorecerá a las personas la protección más amplia?

Hago una invitación a las y los legisladores a reflexionar sobre esta minuta y sobre los acuerdos que hace la mayoría de no moverle nada, por eso Morena propone que no renunciemos a la facultad de Cámara revisora.

La reserva que presento al artículo 6 busca incluir la palabra datos personales, y sustituir privacidad por protección para quedar como sigue: el Estado garantizará la protección de los datos personales de los individuos.

La reserva al artículo 8 persigue sustituir dos letras y eliminar dos palabras para quedar: favoreciendo en todo tiempo el derecho a la protección de datos personales de las personas.

Considerar y aceptar estos pequeños cambios, evitaría que pretendamos en esta ley que el Estado garantice la privacidad de los individuos y dar a las personas la protección más amplia, evitando una confusión entre el derecho a la protección de datos personales y el derecho a la privacidad.

A nivel internacional se ha reconocido que si bien existe una relación entre ambos derechos, los dos tienen objetos y funciones distintos, por tanto si el objeto de esta ley que se discute es garantizar la protección de datos personales, deben evitarse las alusiones al derecho de la privacidad en tanto esta no es la ley en esa materia. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputado Molina Arias. Consulte la Secretaría a la asamblea en votación económica si se admiten a discusión las reservas presentadas.

La Secretaria diputada Verónica Delgadillo García: En votación económica se pregunta a la asamblea si se admite a discusión. Los diputados y las diputadas que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Los diputados y las diputadas que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la negativa.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Se desechan y se reservan para su votación nominal en conjunto en términos del dictamen.

Tiene el uso de la tribuna el diputado Francisco Xavier Nava Palacios, del Grupo Parlamentario del PRD para presentar reservas a los artículos 7, 21 y 22, hasta por cinco minutos.

El diputado Francisco Xavier Nava Palacios:Gracias, diputado presidente. Compañeras y compañeros legisladores, las modificaciones que hoy proponemos y ponemos a consideración en esta Ley General de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, contienen elementos para los que debemos tener una mayor consideración en su análisis del que ya tuvimos en la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, ya que las consecuencias en el uso de los datos de todas y todos los mexicanos por parte de las instituciones del Estado, pueden ser de gravedad.

Se plantea en el artículo 7 el uso de los datos sensibles de cada individuo, las modificaciones que se proponen en esta reserva van en el sentido del trato de los denominados datos sensibles, ya que deben contar con un consentimiento previo, expreso, inequívoco y verificable por parte del o la titular.

La cautela y el énfasis que están a consideración, tienen el fin de proveer mayor protección a los datos sensibles, su acceso y sus posibles usos, esto es porque todos los datos denominados como sensibles pueden ser objeto de daño al propietario por mal uso de los mismos.

Ya se ha hablado mucho en esta tribuna el día de hoy de los términos que estamos proponiendo se analicen con cautela. Al parecer no vamos a tener mucho eco en la modificación de estos términos, pero sólo les quiero presentar lo que dice en el artículo 21, la propuesta de ley.

El artículo 21 señala que el consentimiento podrá manifestarse de forma expresa o tácita, se deberá entender que el consentimiento es expreso cuando la voluntad del titular se manifieste verbalmente por escrito, por medios electrónicos, ópticos, signos inequívocos o por cualquier otra tecnología.

Aquellos que no han estado involucrados en la discusión de esta ley, les pido que le echen un ojo a este artículo 21 para que nos digan qué significan todos estos términos y qué significa el calificativo de tácita al consentimiento que tiene que dar la persona que está viéndose involucrada en este tema.

Entonces, seguramente ustedes conocen muy bien y han leído la definición de la Real Academia Española, pero la verdad es que lo que estamos discutiendo aquí no tiene mucho sentido, incluso cuando en otros países lo que se ha buscado es precisamente quitar este adjetivo de tácito porque no encuentra una protección específica de los datos de los particulares. Tiene que ser el sujeto, tiene que ser el particular quien dé explícitamente su consentimiento.

No estamos hablando de cualquier dato, estamos hablando de datos sensibles, entonces no entiendo cuál es, en esta Cámara, el entendimiento de cada uno de nosotros hacia ése término, pero en fin, no debe ser opcional, debe de ser un consentimiento explícito. Y ahí queremos hacer el énfasis, se ha hecho ya por parte de otros legisladores. En otros países, como les digo, que son referentes en el buen uso de estos datos personales, la forma tácita ha sido eliminada para dar paso únicamente a la forma expresa. Ese es el camino que deberíamos seguir. Vamos copiando lo que no funciona y vamos desechando lo que sí funciona, y eso es un despropósito en materia legislativa.

Los datos, y sobre todo estos datos sensibles, mencionados en los artículos 7 y 22 no los podemos dejar a la buena intención de quien recabe los mismos y después determine su uso. Dichos datos contienen la información más privada y que puede poner en riesgo el desarrollo de la vida del titular, ya sea por cuestiones de discriminación o incluso por cuestiones médicas o sociales.

Si como legisladores queremos dar mayor fortaleza a nuestras instituciones, sobre todo de cara a la ciudadanía, no podemos estar aprobando leyes que puedan prestarse a abusos por parte de la autoridad hacia la sociedad mexicana.

Pero estamos viendo esto en esta y en muchas otras materias; las discusiones al vapor de la Ley de Seguridad Interior, el mismo tema en cuando a la Ley Reglamentaria del Artículo 29 Constitucional nos está exponiendo a esta Cámara y a este Congreso como Congresos que sesionan y que legislan al vapor. Y eso es muy lamentable a estas alturas del partido, diputadas y diputados.

Por tanto, los invito a discutir y a aprobar una mayor protección para los datos personales. Y les recuerdo que, antes de ser legisladores y legisladoras, somos ciudadanos y ciudadanas, que tenemos ahora la oportunidad de generar mejores condiciones y, en caso de no hacerlo, también la afectación podrá tener una repercusión negativa en nosotros mismos. Muchas gracias.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputado Nava Palacios. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admiten a discusión las reservas presentadas.

La Secretaria diputada Verónica Delgadillo García: En votación económica, se pregunta a la asamblea si se admiten a discusión. Los diputados y las diputadas que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Los diputados y las diputadas que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la negativa.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Se desechan y se reservan para su votación nominal en conjunto en términos del dictamen.

Tiene el uso de la tribuna la diputada Mayra Angélica Enríquez Vanderkam, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar reserva al artículo 21, hasta por tres minutos.

La diputada Mayra Angélica Enríquez Vanderkam:Gracias, diputado presidente. Al igual que otros grupos parlamentarios que han venido a presentar aquí sus argumentos y algunas reservas, subo a presentar una reserva en relación al artículo 21 del dictamen que estamos discutiendo.

Quiero hacer referencia a la relevancia de este artículo, puesto que es la base y el fundamento justamente del derecho a la protección de los datos personales. Una de las características fundamentales de este derecho es el referido al consentimiento expreso que haga el titular de esos datos, en relación a su tratamiento.

Los principios que rigen la protección de los datos personales versan en tres sentidos. El primero es que los datos personales deben ser tratados con el consentimiento de la persona interesada.

El segundo es que la prueba del consentimiento debe recaer en el responsable del tratamiento de los mismos. Y el tercero es que el consentimiento para ser libre debe permitir ser denegado o retirado sin perjuicio y sin que sea una mera aceptación de términos y condiciones.

Es ahí donde este dictamen a discusión adolece de pertinencia y eficacia, es por ello que hago la reserva a este artículo, porque no resulta admisible deducir el consentimiento incluyendo en uno de sus artículos el consentimiento tácito.

El solo hecho de considerar el consentimiento tácito violenta las características que a nivel internacional se consideran mínimas para proteger el derecho de cada persona en relación a sus datos. Esto porque el consentimiento debe de ser libre, es decir tener la posibilidad de decir sí o no. Debe ser específico, la persona debe saber para qué serán usados esos datos.

Debe ser informado, lo que implica a la vez que tenga que ser previo. Y debe ser inequívoco, lo que implica que no haya duda en la forma en que se dio ese consentimiento.

Por ello es que a nombre de los diputados integrantes de la Comisión de Transparencia, del Grupo Parlamentario del PAN, solicito se elimine del artículo 21 del cuerpo del dictamen la referencia al consentimiento tácito, para garantizar que dicho consentimiento sea previo, sea libre, sea otorgado con fines específicos, explícitamente recabado y expresamente concedido. Es cuanto.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputada Mayra Angélica Enríquez Vanderkam.

Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la reserva presentada.

La Secretaria diputada Verónica Delgadillo García: En votación económica, se pregunta a la asamblea si se admite a discusión. Los diputados y las diputadas que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Los diputados y las diputadas que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Por la afirmativa.

La Secretaria diputada Verónica Delgadillo García: Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Vamos a repetir la votación. Si persiste la duda abrimos el tablero. Adelante.

La Secretaria diputada Verónica Delgadillo García: Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Persiste la duda. Pido a la Secretaría abra el sistema electrónico de votación, por tres minutos.

La Secretaria diputada Verónica Delgadillo García: Háganse los avisos del artículo 144 y actívese el sistema electrónico de votación solo por tres minutos.

(Votación)

Ciérrese el sistema electrónico de votación. Señor presidente, se emitieron 164 votos a favor, 1 abstención, 185 votos en contra, de un total de 351 diputados presentes.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Se desecha y se reserva para su votación nominal en conjunto en términos del dictamen.

La diputada Mayra Angélica Enríquez Vanderkam(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: A ver, sonido en la curul de la diputada Mayra Enríquez. ¿Con qué objeto, diputada?

La diputada Mayra Angélica Enríquez Vanderkam (desde la curul): Lamentando mucho el resultado de esta votación, espero que no se lamente el resultado cuando vean que esta no aceptación para cambiar y que de verdad hubiera un consentimiento expreso puede dejar sin eficacia a una ley, a un dictamen que trabajamos mucho.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputada. Tiene el uso de la tribuna la...

La diputada Maricela Contreras Julián(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: A ver, sonido en la curul de la diputada Gisela Contreras y posteriormente el diputado. Perdón, Marcela Contreras, Maricela Contreras. Sonido, sonido de Cámara, por favor.

La diputada Maricela Contreras Julián (desde la curul): Presidente, yo le solicito a usted que nos atengamos a los artículos de la ley y que pida usted que se cancele la reunión de Comisiones Unidas que en este momento estamos llevando. Porque por eso es que varios diputados y diputadas no llegamos, lo hemos venido planteando desde hace un rato, estamos desde las nueve y media de la mañana discutiendo, o intentando discutir unos dictámenes, estamos vuelva y vuelta y ni atendemos a la sesión y aquí hay varias diputadas y diputados que no pudieron votar en esta iniciativa porque estamos metidas allá.

Yo le pido a usted que asuma ese llamado que se ha hecho en otros momentos para que no estemos cuando hay dictámenes en sesión. Es cuanto, muchas gracias.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Registro su comentario, diputada y se lo hacemos saber a los titulares de cada comisión.

El diputado Cuitláhuac García Jiménez(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: A ver, sonido en la curul del compañero diputado. Sí, ya está el sonido.

El diputado Cuitláhuac García Jiménez (desde la curul): Cuitláhuac. Diputado, es en el mismo sentido. No es posible, nos hicieron correr desde Comisiones Unidas, que estamos en otro recinto, hasta acá. Y no pudimos alcanzar esta votación tan importante.

No soy el único diputado. También está otra diputada. Y es que se está discutiendo, yo le pediría que se leyera el 167 del Reglamento.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputado. Quiero reiterar que esta votación se dio por la duda que había en la votación económica. Me pidieron dos minutos de tiempo para la votación y concedí tres minutos. Fue el Grupo Parlamentario de Morena que nos solicitó esas aperturas.

Tomo nota de las peticiones que están haciendo para suspender los trabajos de las comisiones. Le pido a la Junta de Coordinación Política haga lo propio y valoren estas peticiones.

Si no hay nadie más tiene el uso de la tribuna la diputada Alicia Barrientos Pantoja, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar reservas al artículo 67, 70, 71, 72, 138 y 139. Hasta por siete minutos.

La diputada Alicia Barrientos Pantoja:No cabe duda que así se trabaja en esta Honorable Cámara de Diputados, de votaciones de a dedazo. Con su venia, señor presidente.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Adelante.

La diputada Alicia Barrientos Pantoja: Compañeras y compañeros diputados, los datos personales se refieren a toda aquella información relativa al individuo, que lo identifica o lo hace identificable. Entre otras cosas, le dan identidad, lo describen, precisan su origen, edad, lugar de residencia, trayectoria académica, laboral o profesional. Además de ello, los datos personales también describen aspectos más sensibles o delicados sobre tal individuo, como es el caso de su forma de pensar, estado de salud, sus características físicas y biología o vida sexual, entre otros.

Estos son necesarios para que un individuo pueda interactuar con otros o con una o más organizaciones sin que sea confundido con el resto de la colectividad y para que pueda cumplir con lo que disponen las leyes. Asimismo, hacen posible la oferta y obtención de bienes y servicios.

Sin embargo, el uso extensivo de las tecnologías de la información y las telecomunicaciones ha permitido que en muchas ocasiones los datos personales sean tratados para fines distintos de los que originalmente fueron recabados, rebasando los límites de la esfera de privacidad de la persona y lesionando en ocasiones otros derechos y libertades. Todos debemos proteger los datos personales, es un esfuerzo en conjunto.

En la era de las comunicaciones el manejo o intercambio de datos se ha convertido en una práctica habitual, lo mismo para el sector público que para las empresas. Con la intención de robustecer este dictamen y de cerrar los vacíos legales que este contiene, venimos a presentar las reservas a los artículos 67, 70, 71, 72 y 138, y la adición de dos nuevos artículos: 71 y 139 al dictamen con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.

En lo relativo al artículo 138 de la presente Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, puntualizamos aspectos relevantes del mismo como el consejero jurídico, que se refiere al del Ejecutivo federal en específico y se precisa que el recurso de revisión se tramitará no solo de acuerdo a lo dispuesto en este dictamen, sino también para lo señalado en el Título Segundo, De las Controversias Constitucionales, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en todo lo que nos contravenga a los límites establecidos en los artículos 6, Apartado A, y 16, segundo párrafo de la misma. Esto, con el objetivo de dar mayor certeza jurídica y legalidad a dicho proceso, ya que las disposiciones establecidas en este dictamen son muy generales, lo cual puede abrir espacios para una mala interpretación del procedimiento.

También, se propone adicionar un artículo 139 al dictamen, recorriéndose la numeración a fin de señalar quienes serán partes en el recurso de revisión en materia de seguridad nacional, proponiendo que en dicho proceso no solo intervenga el consejero jurídico del Ejecutivo federal, sino que también se incluyan al instituto como autoridad responsable, al haber emitido la resolución y, en su caso, al tercero interesado pudiendo tener tal carácter el titular de los datos o el responsable de su manejo.

Otro tema muy relevante es el de las transferencias y remisiones de datos personales. En ese sentido, en la reserva al artículo 67, proponemos que las transferencias de datos personales, el receptor asuma el carácter de responsable de estos y que no solo se comprometa a garantizar su confidencialidad como lo señala el dictamen. Al establecer que el receptor de las transferencias adquiera el carácter de responsable, nos da plena garantía del manejo de los mismos en los términos en que esta ley lo marca. Adicionalmente, esto permitirá que el titular pueda defenderse en caso de que el receptor realice un mal tratamiento de sus datos personales.

En cuanto a las modificaciones al artículo 70 de la ley en cuestión, se propone precisar los supuestos bajo los cuales las transferencias de datos personales se podrían realizar sin el consentimiento del titular, ya que en su redacción se comentan faltas, errores e imprecisiones que pueden dar lugar a un mal uso de éstas excepciones en perjuicio de los titulares de los datos personales.

En el artículo 71 del dictamen, se establece que las remisiones nacionales e internacionales de datos personales, que se realicen entre el responsable y el encargado, no requieren ser informadas al titular ni contar con su consentimiento.

Desde Morena esto nos parece un asunto grave, ya que de por sí el dictamen abre la puerta para que empresas privadas puedan asumir el carácter del responsable del tratamiento de los datos personales que recaben los sujetos obligados de esta ley y con la redacción actual del artículo 71 se deja en estado de indefensión a los titulares de estos datos, al establecer que no se requerirá su consentimiento ni se les informará sobre las transferencias que se realicen de los mismos.

Es por ello, que en nuestra reserva proponemos que las remisiones de estos datos ya sea a nivel nacional o internacional, deben ser contempladas en el aviso de privacidad, en el cual se informará al titular de los datos. Asimismo, la modificación que se propone para la realización de las remisiones internacionales se necesitará el consentimiento del titular.

También, proponemos la adición de un nuevo artículo 71 con el objetivo de que el responsable pueda solicitar la opinión del organismo garante de que se trate, cuando pretenda efectuar transferencias internacionales de datos personales, con la finalidad de cumplir con las condiciones y requerimientos legales.

Es preocupante que en una ley que se supone debe proteger los datos personales de los mexicanos y las mexicanas se establezcan disposiciones confusas y laxas en el tema de transparencia.

Este es un tema delicado, más aun cuando recientemente se ha señalado que nuestro país es un paraíso para el mercado negro de datos personales. Según estudios internacionales, un expediente médico puede llegar a valer hasta 10 mil dólares, pues con esta información puede hacer transacciones para cobrar seguros, pensiones, suplantar la identidad y obtener servicios médicos.

En un país donde la impunidad es la regla y la corrupción es la ley, la poca regulación abre las puertas para que los privados se beneficien de los datos personales que obren en su poder.

Es nuestra responsabilidad, señoras y señores diputados, como legisladores, evitar que los datos sean utilizados para una finalidad distinta para lo cual fueron proporcionados, evitando con ello se afecten otros derechos y libertades. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputada Barrientos Pantoja. Consulte la Secretaría a la asamblea en votación económica si se admiten a discusión las reservas presentadas.

La Secretaria diputada Verónica Delgadillo García: En votación económica se pregunta a la asamblea si se admiten a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la negativa.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Se desechan y se reservan para su votación nominal en conjunto en términos del dictamen.

Tiene el uso de la tribuna la diputada Blanca Margarita Cuata Domínguez, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar reserva al artículo 81, eliminar el cuarto transitorio y recorriendo los subsecuentes, hasta por seis minutos.

La diputada Blanca Margarita Cuata Domínguez:Con su venia, presidente. La reserva que se somete a su consideración es consecuencia de las malas prácticas que no solo muchos parlamentarios acarrean, sino también de los que se titulan para su vida profesional.

Es como la tesis del titular del Ejecutivo federal, toda vez que el segundo párrafo es una mala copia textual de la fracción II del artículo 190 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión; pero peor aún resulta que la minuta en discusión tiene por objeto establecer las bases, principios y procedimientos para garantizar el derecho que tiene toda persona a la protección de sus datos personales en posesión de sujetos obligados, y este párrafo que se propone suprimir, se refiere a la materia de comunicaciones, misma que ya se encuentra legislada, no obstante que en el dictamen se desprende en el inciso k) del apartado por el cual desprenden los contenidos fundamentales de la minuta, señala que se desarrolla de forma explícita, que las comunicaciones privadas son inviolables, sin embargo no toman en cuenta que dicho artículo mal copiado fue impugnado ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y esta determinó en la tesis aislada número de registro 201 19 94, derivada del amparo en revisión 937/2007, que la solicitud de acceso al tráfico de datos retenidas por los concesionarios, que refiere el artículo 190, fracción II de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, debe ser en términos del artículo 16 constitucional, derecho que tampoco se desarrolla en la minuta ni mucho menos en el artículo, por lo tanto se propone suprimirlo ya que el mismo es violatorio del artículo 16 constitucional porque no toma en cuenta los derechos de legalidad, seguridad jurídica que todo gobernado tiene derecho.

La reserva al artículo cuarto transitorio de la minuta con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. La reserva que se somete a su consideración derivado de la clara contradicción que existe entre el artículo cuarto transitorio con el artículo 40 constitucional, ya que implica una intromisión a la soberanía de los estados en su régimen interior.

Lo anterior es así toda vez que el artículo cuarto transitorio señala que se derogan todas aquellas disposiciones en materia de protección de datos personales de carácter federal, estatal y municipal que contravengan lo dispuesto por la presente ley.

En este sentido es claramente contradictorio no sólo con el artículo 40 constitucional, sino con el segundo párrafo del artículo segundo transitorio de la ley que estamos discutiendo, que señala: en caso de que el Congreso de la Unión o las legislaturas de las entidades federativas omitan total o parcialmente realizar las adecuaciones legislativas a que haya lugar en el plazo establecido en el párrafo anterior.

Resulta aplicable de manera directa la presente ley con la posibilidad de seguir aplicando de manera supletoria las leyes preexistentes en todo aquello que no se oponga a la misma, hasta en tanto no se cumpla la condición impuesta en el presente artículo.

Por consiguiente, en Morena proponemos suprimir lo establecido en el cuarto transitorio recorriendo los subsecuentes en su orden, dado que en el segundo párrafo del artículo segundo transitorio se subsana dicho error, permitiéndose así la supremacía de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, no obstante que nosotros, como parte del Congreso de la Unión o las legislaturas de las entidades federativas, omitamos u omitan de manera total o parcial, realizar las adecuaciones legislativas necesarias en los tiempos y formas establecidos en los propios transitorios que quedaran vigentes. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputada Blanca Margarita Cuata Domínguez. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica si se admiten a discusión las reservas presentadas.

La Secretaria diputada Verónica Delgadillo García: En votación económica se pregunta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la negativa.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Se desechan, y se reservan para su votación nominal en conjunto en términos de dictamen.

Se pide a la Secretaría abra el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación de los artículos reservados en términos del dictamen.

La Secretaria diputada Verónica Delgadillo García: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación nominal de los artículos reservados en términos del dictamen.

(Votación)

¿Algún diputado o alguna diputada falta de emitir su voto? El sistema sigue abierto. Ciérrese el sistema electrónico de votación. Señor presidente, se emitieron 295 votos a favor, 0 votos en abstención, 113 en contra, de un total de 409 diputados presentes.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Aprobados los artículos reservados en términos del dictamen por 295 votos. Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se expide la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.

Esta Presidencia, con fundamento en lo que dispone el artículo 93, numeral 1, del Reglamento de la Cámara de Diputados, ordena que antes de que se remita el decreto al Ejecutivo se realicen las correcciones que demandan el buen uso del lenguaje y la claridad de la ley sin modificar lo aprobado por el pleno.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Proceda la Secretearía a dar lectura de las comunicaciones de la Junta de Coordinación Política.

ACUERDOS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.— Junta de Coordinación Política.

Diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar, Presidente de la Mesa Directiva de la Honorable Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le ruego someter a consideración del pleno, la modificación en la integración de las comisiones especiales solicitadas por el Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social:

• Que la diputada Cynthia Gissel García Soberanes cause baja como integrante de la Comisión Especial de Minería.

• Que la diputada Refugio Trinidad Garzón Canchola cause alta como integrante en la Comisión Especial de Minería.

• Que la diputada Cynthia Gissel García Soberanes cause alta como integrante en la Comisión Especial de seguimiento al programa especial concurrente anexo 11.1.

Sin otro particular, le reitero mi consideración distinguida.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro. Ciudad de México, a 12 de diciembre de 2016.— Diputado Francisco Martínez Neri (rúbrica), Presidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.— Junta de Coordinación Política.

Diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar, Presidente de la Mesa Directiva de la Honorable Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le ruego someter a consideración del pleno, la modificación en la integración de las comisiones solicitadas por el Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social:

• Que la diputada Refugio Trinidad Garzón Canchola cause alta como integrante en la Comisión de Asuntos Indígenas.

• Que la diputada Refugio Trinidad Garzón Canchola cause alta como integrante en la Comisión de Protección Civil.

Sin otro particular, le reitero mi consideración distinguida.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro. Ciudad de México, a 12 de diciembre de 2016.— Diputado Francisco Martínez Neri (rúbrica), Presidente.»

No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica, se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Aprobados. Comuníquense.

INICIATIVAS Y PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO

El presidente Edmundo Javier Bolaños Aguilar, remite en términos de lo dispuesto por los artículos 100 y 102 del Reglamento de la Cámara de Diputados, las proposiciones y las iniciativas que no se presentaron en tribuna serán turnadas a las comisiones que correspondan, publicándose el turno en la Gaceta Parlamentaria.(*)

( *) Las iniciativas y proposiciones se encuentran en el Apéndice de esta sesión.

CLAUSURA Y CITA

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: (a las 16:36 horas): A efecto de facilitar el trabajo de las comisiones, se levanta esta sesión y se cita para la próxima que tendrá lugar mañana miércoles 14 de diciembre a las 10 de la mañana; repito, a las 10 de la mañana.

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