ASISTENCIA

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Pido a la Secretaría haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia de diputadas y diputados.

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 332 diputadas y diputados, por lo tanto hay quórum, presidente.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar(a las 11:38 horas): Se abre la sesión.

ORDEN DEL DÍA

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Consulte la Secretaría a la asamblea si se dispensa la lectura al orden de día.

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se dispensa la lectura al orden del día. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa. Se dispensa la lectura.

«Primer periodo de sesiones ordinarias del segundo año de ejercicio de la LXIII Legislatura.

Orden del día

Miércoles 14 de diciembre de 2016

Lectura del acta de la sesión anterior

Comunicaciones oficiales

De los diputados Sara Latife Ruiz Chávez, Clemente Castañeda Hoeflich, Miguel Ángel Sulub Caamal y Timoteo Villa Ramírez

Solicitan el retiro de iniciativas y proposición.

Del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social

Informa que las evaluaciones integrales del Desempeño de los Programas Federales 2014-2015, se encuentran disponibles para su consulta en la página electrónica del Coneval.

De las universidades: Autónoma de Tamaulipas; Autónoma de Morelos; Autónoma de Querétaro; Autónoma de Hidalgo; Autónoma “Benito Juárez de Oaxaca”, Veracruzana, de Chihuahua y de Occidente

Remiten los informes de resultados de las auditorías externas a sus matriculas, correspondientes al segundo informe semestral 2016.

Del Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles

Con el que remite el informe semestral de labores del Instituto, correspondiente al periodo del 16 de mayo al 15 de noviembre de 2016.

Minutas

Con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud y del Código Penal Federal.

Con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 16, y se adicionan los artículos 17 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de justicia cotidiana. (Solución de fondo de conflicto y competencia legislativa sobre procedimientos civiles y familiares)

Con proyecto de decreto por el que se adicionan los párrafos 8o. y 9o. al inciso c) de la fracción IV del artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de autonomía de los órganos administrativos y jurisdiccionales electorales locales, y competencia de los tribunales electorales locales para resolver conflictos laborales entre dichos órganos y sus trabajadores.

Con proyecto de decreto por el que el Honorable Congreso de la Unión declara la primera semana del mes de abril de cada año, como la “Semana Nacional de la Cultura Física y el Deporte”, que devuelve para los efectos de la fracción E del artículo 72 Constitucional.

Iniciativas del Congreso del estado de Nuevo León

Con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el numeral 1 del artículo 156 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Con proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 49 Bis, y una fracción VI al artículo 70 de la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil.

Iniciativa del Congreso del estado de Veracruz

Con proyecto de decreto por el que se adiciona un tercer párrafo al artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Acuerdos de los órganos de gobierno

De la Junta de Coordinación Política.

Declaratoria de publicidad

De la Comisión de Justicia, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 211, la denominación del Capítulo I del Título Décimo Quinto, 259 Bis y se adicionan los artículos 210 Bis; 259 Ter; 259 Quáter y una fracción V al artículo 266 Bis del Código Penal Federal.

De las Comisiones Unidas de Gobernación y Derechos Humanos, con proyecto de decreto por el que se Expide la Ley Reglamentaria del artículo 29 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

De las Comisiones Unidas de Derechos Humanos, y de Justicia, con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes; y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Penal Federal; de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos; de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública; de la Ley de Extradición Internacional.

De las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables y de Salud, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud, de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad y de la Ley General de Población.

De la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Reglamento de la Cámara de Diputados.

De la Comisión de Salud, con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción V al artículo 119 de la Ley General de Salud, en Materia de Cambio Climático.

De la Comisión de Salud, con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción V del artículo 198 de la Ley General de Salud.

De la Comisión de Derechos de la Niñez con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción XXII al artículo 57 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

De la Comisión de Derechos de la Niñez, con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción VIII al artículo 47 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

De la Comisión de Ciencia y Tecnología, con proyecto de decreto que reforma el artículo 40 de la Ley de Ciencia y Tecnología.

De la Comisión de Justicia con proyecto de decreto que reforma el artículo 19 de la Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el artículo 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

De la Comisión de Transportes, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 46 de la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario.

De la Comisión de Trabajo y Previsión Social, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

De la Comisión de Defensa Nacional, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Ascensos y Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos.

De la Comisión Ciudad de México, con proyecto de decreto por el que se reforman veinticuatro ordenamientos en materia de reconocimiento de la Ciudad de México como entidad federativa, sustitución de nombre de Distrito Federal y definición, en su caso, de las facultades concurrentes para las demarcaciones territoriales.

De las Comisiones Unidas de Justicia y de Gobernación, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 149 Ter del Código Penal Federal, en materia de intolerancia religiosa.

Dictámenes a discusión de leyes o decretos

De la Comisión de Justicia, con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Víctimas.

De la Comisión de Justicia, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 24 y 366 Ter, y se adiciona el 209 Quáter al Código Penal Federal.

De la Comisión de Energía, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Petróleos Mexicanos y de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad.

De la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos; y de la Ley de Puertos.

De la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, con proyecto de decreto por el que se expide el Reglamento de la Medalla de Reconocimiento al Mérito Deportivo.

De la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 6o. de la Ley General de Infraestructura Física Educativa.

De la Comisión de Salud, con proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 233 Bis a la Ley General de Salud.

De la Comisión de Salud, con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 310 de la Ley General de Salud.

De la Comisión de Salud, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 6o. de la Ley de los Institutos Nacionales de Salud.

De la Comisión de Salud, con proyecto de decreto por el que se reforma el primer párrafo del artículo 35 de la Ley General de Salud.

De la Comisión de Asuntos Indígenas, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 6o. de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.

De la Comisión de Derechos de la Niñez, con proyecto de decreto por el que se adicionan los artículos 12 y 19 de la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil.

De la Comisión de Derechos de la Niñez, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

De las Comisiones Unidas de Vivienda y de Atención a Grupos Vulnerables, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Vivienda, de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores y de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad.

De la Comisión de Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo séptimo del artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 7o. y 16 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable.

De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental.

De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 176 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

De la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto por el que el Honorable Congreso de la Unión Declara el 9 de agosto de cada año “Día Nacional contra el Cáncer Cervicouterino”.

De la Comisión de Desarrollo Social, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 5o., 14, 24 y 31 de la Ley Federal de Fomento a las Actividades realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil.

De la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, con proyecto de decreto por el que se adiciona un inciso d) al artículo 106 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Iniciativas

Que reforma el artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Claudia Sofía Corichi García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a cargo del diputado Evelio Plata Inzunza, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 110 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, a cargo del diputado Juan Carlos Ruiz García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que adiciona los artículos 9o. de la Ley General de Cultura Física y Deporte, y 7o. de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Isaura Ivanova Pool Pech, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma los artículos 40 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y 15-C y 540 de la Ley Federal del Trabajo, a cargo de la diputada Isaura Ivanova Pool Pech, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma los artículos 56, 57, 58 y 59 de la Ley General de Educación y 21 de la Ley Reglamentaria del artículo 5o. Constitucional, Relativo al Ejercicio de las Profesiones en el Distrito Federal, a cargo de la diputada Isaura Ivanova Pool Pech, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona los artículos 46 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y 61-Bis y 66-Bis de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Lucia Virginia Meza Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 51 de la Ley General de Desarrollo Social, a cargo de la diputada Lucia Virginia Meza Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que adiciona el artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado David Jiménez Rumbo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que adiciona el artículo 113 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, a cargo del diputado Christian Joaquín Sánchez Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 16 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, a cargo de la diputada Kathia María Bolio Pinelo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Benjamín Medrano Quezada, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 52 de la Ley de Aviación Civil, a cargo del diputado Francisco Saracho Navarro, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 43 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Santiago Torreblanca Engell, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 366 del Código Nacional de Procedimientos Penales, a cargo del diputado Santiago Torreblanca Engell, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 47 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, a cargo del diputado Christian Joaquín Sánchez Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que adiciona el artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Juan Carlos Ruiz García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 139 de la Ley de la Industria Eléctrica, a cargo del diputado Efraín Arellano Núñez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona los artículos 150 y 154 Bis a la Ley del Seguro Social, suscrita por el diputado César Alejandro Domínguez Domínguez y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 2o., 22 y 67 de la Ley General de Sociedades Cooperativas, a cargo del diputado Francisco Martínez Neri, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que adiciona el artículo 149 Quáter del Código Penal Federal, a cargo del diputado David Jiménez Rumbo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona los artículos 187 Bis y 420 de la Ley General de Salud, a cargo del diputado David Jiménez Rumbo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona los artículos 23, 26 y 30 de la Ley Agraria, a cargo de la diputada Ruth Noemí Tiscareño Agoitia, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona el artículo 5o. de la Ley de Asistencia Social, a cargo del diputado Juan Carlos Ruíz García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Adriana Terrazas Porras, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma diversas disposiciones de la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro y de la Ley General de Educación, a cargo del diputado Germán Escobar Manjarrez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 458 del Código Nacional de Procedimientos Penales, a cargo del diputado Ricardo Ramírez Nieto, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Ricardo Ramírez Nieto, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 60 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, a cargo de la diputada Gretel Culin Jaime, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que adiciona el artículo 15 de la Ley del Seguro Social, a cargo de Dip. Yerico Abramo Masso, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 45 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, a cargo del diputado Wenceslao Martínez Santos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 8o. de la Ley Federal de Derechos, suscrita por los diputados integrantes de la Comisión de Turismo.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, a cargo del diputado Carlos Alberto de la Fuente Flores, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que abroga la Ley en Favor de los Veteranos de la Revolución como Servidores del Estado, a cargo de la diputada Eloisa Chavarrias Barajas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 12 de la Ley de Ayuda Alimentaria para los Trabajadores, a cargo del diputado José Adrián González Navarro, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a cargo de la diputada María Candelaria Ochoa Avalos, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma el artículo 22 de la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, a cargo de la diputada Sofía del Sagrario de León Maza, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 6o. de la Ley General de Salud, a cargo del diputado Pedro Luis Noble Monterrubio, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 3o. de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Ma. Victoria Mercado Sánchez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que adiciona los artículos 132 de la Ley Federal del Trabajo y 196 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, a cargo de la diputada María Bárbara Botello Santibáñez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona el artículo 2o. de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, a cargo del diputado Germán Ernesto Ralis Cumplido, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que adiciona diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, a cargo del diputado Jorge Enrique Dávila Flores, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 2o. de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, a cargo del diputado René Cervera García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma los artículos 2 y 10 y deroga el artículo 2o. -C de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, a cargo del diputado René Cervera García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma y adiciona el artículo 171 de la Ley Federal del Trabajo, a cargo de la diputada María del Rocío Rebollo Mendoza, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 191 de la Ley Federal de Derechos, a cargo del diputado Jesús Antonio López Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que adiciona el artículo 79 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Armando Luna Canales, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona el artículo 17 Bis de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Claudia Sofía Corichi García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma y adiciona los artículos 3o. y 123 de la Ley de la Industria Eléctrica, a cargo del diputado Juan Carlos Ruiz García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona los artículos 3o., 78 y 85 del Reglamento de la Cámara de Diputados, a cargo de la diputada Erika Araceli Rodríguez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 159 Bis 3 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, a cargo del diputado Juan Carlos Ruiz García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que adiciona el artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que adiciona el artículo 17 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Ricardo Ramírez Nieto, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

De decreto por el que se declara el 30 de mayo como Día Nacional de las Personas Sobredotadas, a cargo del diputado Germán Ernesto Ralis Cumplido, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que adiciona el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por los diputados Ruth Noemí Tiscareño Agoitia, César Camacho Quiroz y Jorge Carlos Ramírez Marín, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que adiciona el artículo 107 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a cargo del diputado José Adrián González Navarro, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que adiciona el artículo 302 Bis del Código Penal Federal, a cargo de la diputada Ma. Victoria Mercado Sánchez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que adiciona el artículo 10 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, a cargo de la diputada Mónica Rodríguez Della Vecchia, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 10 de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, a cargo de la diputada Marbella Toledo Ibarra, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma los artículos 89, 94, 97, 99 y 100 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada María Eloísa Talavera Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona los artículos 52, 52 Bis, 52 Ter y 52 Quáter a la Ley de Aviación Civil, a cargo de la diputada Alicia Guadalupe Gamboa Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional

Que reforma el artículo 1o. de la Ley General de Víctimas, suscrita por los diputados Armando Luna Canales y Julieta Fernández Márquez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona los artículos 1o. y 9o. de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, a cargo de la diputada Gretel Culin Jaime, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 222 de la Ley del Seguro Social, a cargo de la diputada Mirza Flores Gómez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que adiciona el artículo 3o. de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Ricardo Ramírez Nieto, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional

Que expide la Ley General para la Atención de las Personas en Situación de Desplazamiento Interno, suscrita por el diputado Enrique Zamora Morlet y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Que reforma el artículo 10 de la Ley del Mercado de Valores, a cargo del diputado Salvador Zamora Zamora, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma los artículos 6o., 14, 15 y 154 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, suscrita por la diputada Martha Lorena Covarrubias Anaya y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que adiciona el artículo 20 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por las diputadas María Guadalupe Oyervides Valdez y Ana María Boone Godoy, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 15-A de la Ley Federal del Trabajo, a cargo del diputado Luis Ernesto Munguía González, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma los artículos 3o. y 10 de la Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo, a cargo de la diputada María Concepción Valdés Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que adiciona los artículos 287 Bis y 287 Ter al Código Penal Federal, a cargo del diputado Germán Ernesto Ralis Cumplido, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma los artículos 2o. y 4o. de la Ley Orgánica del Seminario de Cultura Mexicana, a cargo de la diputada Eloisa Chavarrias Barajas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma los artículos 14 Bis 5 y 14 Bis 6 de la Ley de Aguas Nacionales, a cargo de la diputada Guadalupe González Suástegui, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que adiciona el artículo 2-A de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, a cargo del diputado Alfredo Anaya Orozco, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona los artículos 13, 18, 19 y 60 de la Ley General de Cultura Física y Deporte, a cargo del diputado José Adrián González Navarro, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que adiciona el artículo 61 Bis de la Ley Federal del Trabajo, suscrita por los diputados Ma. Victoria Mercado Sánchez y Carlos Lomelí Bolaños, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que adiciona el artículo 27 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, a cargo de la diputada Angie Dennisse Hauffen Torres, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma los artículos 79 y 82 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, a cargo del diputado Braulio Mario Guerra Urbiola, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

De decreto que declara el 6 de noviembre de cada año como Día Nacional del Perro de Asistencia, a cargo de la diputada Kathia María Bolio Pinelo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que adiciona el artículo 42 Bis a la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, suscrita por los diputados Ma. Victoria Mercado Sánchez y Carlos Lomelí Bolaños, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que adiciona los artículos 12 de la Ley General de Educación y 7Bis de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, a cargo del diputado David Sánchez Isidoro, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

De decreto por el que se declara el 19 de abril de cada año, Día Nacional de la Bicicleta, a cargo del diputado Jonadab Martínez García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que adiciona un artículo 113 Bis a la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Adriana Terrazas Porras, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona los artículos 3o., 8o. y 11 de la Ley para Impulsar el Incremento Sostenido de la Productividad y la Competitividad de la Economía Nacional, a cargo de la diputada Azul Etcheverry Aranda, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que adiciona el artículo 6 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a cargo de la diputada Araceli Madrigal Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que expide la Ley Reglamentaria del artículo 88 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Cecilia Romero Castillo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma los artículos 108 del Código Nacional de Procedimientos Penales y 421 del Código Penal Federal, a cargo de la diputada Erika Araceli Rodríguez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que adiciona el artículo 60 Bis 3 a la Ley General de Vida Silvestre, a cargo de la diputada Erika Araceli Rodríguez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 65 de la Ley General de Educación, a cargo de la diputada Rocío Matesanz Santamaría, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona los artículos 2, 13 y 68 de la Ley General del Servicio Profesional Docente, a cargo del diputado Francisco Martínez Neri, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que adiciona el artículo 49 de la Ley Agraria, a cargo del diputado Exaltación González Ceceña, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 38 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada María Gloria Hernández Madrid, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 3o. y 23 de la Ley de Asistencia Social, a cargo de la diputada Gretel Culin Jaime, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de los artículos 73, 76, 89 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Melissa Torres Sandoval, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.

Que adiciona el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por la diputada Edith Anabel Alvarado Varela y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 52 de la Ley de Aviación Civil, a cargo de la diputada Cynthia Gissel García Soberanes, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, a cargo del diputado Jorge Álvarez Máynez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma los artículos 114, 115, 216 y 421 Bis de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Beatriz Vélez Núñez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que adiciona el artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal, a cargo de la diputada María Verónica Agundis Estrada, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona los artículos 2o. y 58 de la Ley General de Turismo, a cargo de la diputada Isaura Ivanova Pool Pech, del Grupo Parlamentario del Partido Revolución Democrática.

Que expide la Ley General del Banco Nacional de Huellas Genéticas, a cargo del diputado Víctor Manuel Sánchez Orozco, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que expide la Ley General de Juventud y reforma el artículo 4o. de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, a cargo de la diputada Edith Anabel Alvarado Varela, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de responsabilidades de los servidores públicos, a cargo del diputado Erick Juárez Blanquet, del Grupo Parlamentario del Partido Revolución Democrática.

Por el que se declara el día 4 de noviembre de cada año, como el “Día Nacional de la Visión”, a cargo de la diputada Ma. Victoria Mercado Sánchez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma el artículo 36 de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Rosa Alba Ramírez Nachis, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que adiciona el artículo 9o. de la Ley de Cámaras Empresariales y sus Confederaciones, suscrita por los diputados Rosa Alba Ramírez Nachis y Carlos Lomelí Bolaños, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma y deroga los artículos 10 y 11 de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos, a cargo del diputado Gustavo Adolfo Cárdenas Gutiérrez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma el artículo 62 de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Noemí Zoila Guzmán Lagunes, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona los artículos 16 y 17 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a cargo de la diputada Mirza Flores Gómez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, a cargo de la diputada Martha Cristina Jiménez Márquez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y deroga diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y de la Ley General de Partidos Políticos, a cargo del diputado Ricardo Ángel Barrientos Ríos, del Grupo Parlamentario del Partido Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 31 de la Ley de la Policía Federal, suscrita por los diputados María Elena Orantes López, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano y Armando Luna Canales, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional

Que adiciona el artículo 8o. de la Ley Federal de Cinematografía, a cargo de la diputada Gretel Culin Jaime, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma los artículos 48 y 50 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a cargo de la diputada Claudia Sofía Corichi García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que adiciona el artículo 68 de la Ley General de Desarrollo Social, a cargo de la diputada Angie Dennisse Hauffen Torres, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

De decreto por el que se declara el 20 de Marzo de cada año como Día Nacional de las Áreas Naturales Protegidas de México, a cargo de la diputada Angie Dennisse Hauffen Torres, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma el artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Ricardo David García Portilla, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 36 de la Ley General de Ciencia y Tecnología, a cargo de la diputada Ana Guadalupe Perea Santos, del Grupo Parlamentario de Partido Encuentro Social.

Que reforma y deroga el artículo 47 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, a cargo del diputado Ricardo David García Portilla, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona los artículos 28 Bis y 43 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 Constitucional, a cargo de la diputada Patricia García García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma los artículos 5o. y 7o. de la Ley de los Institutos Nacionales de Salud, a cargo de la diputada Beatriz Vélez Núñez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que adiciona un segundo párrafo al artículo 127 Bis de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 Constitucional, a cargo de la diputada Marbella Toledo Ibarra, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Protección Civil, y de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, a cargo de la diputada Noemí Zoila Guzmán Lagunes, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que adiciona el artículo 61 de la Ley Aduanera, suscrita por diputados integrantes de Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y del Partido Verde Ecologista de México.

Que reforma el artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Otniel García Navarro, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por los diputados César Camacho Quiroz, Víctor Manuel Giorgana Jiménez y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona los artículos 73 y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Alejandro Armenta Mier, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que adiciona un artículo 82 Bis a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a cargo del diputado Waldo Fernández González, del Grupo Parlamentario del Partido Revolución Democrática.

Que adiciona el artículo 8o. de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, a cargo de la diputada María Elida Castelán Mondragón, del Grupo Parlamentario del Partido Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y deroga el Capítulo Cuarto del Título Segundo de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, a cargo del diputado Víctor Manuel Sánchez Orozco, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Que reforma y adiciona los artículos 2o., 22, 23 y 37 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, a cargo de la diputada Mirna Isabel Saldívar Paz, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.

Que reforma el artículo 61 de la Ley de Vivienda, suscrita por el diputado Javier Guerrero García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y diputados integrantes de diversos Grupos Parlamentarios.

Que reforma el artículo 159 de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Teresa de Jesús Lizárraga Figueroa, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que adiciona el artículo 198 de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Ma. Victoria Mercado Sánchez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que adiciona el artículo 30 de la Ley General de Desarrollo Social, suscrita por el diputado Javier Guerrero García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y diputados integrantes de diversos Grupos Parlamentarios.

Que reforma los artículos 20 y 45 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a cargo de la diputada Teresa de Jesús Lizárraga Figueroa, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que adiciona el artículo 309 Bis del Código Penal Federal, a cargo de la diputada Ma. Victoria Mercado Sánchez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que adiciona un artículo 95 Bis a la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Mirna Isabel Saldívar Paz, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.

Que adiciona el artículo 13 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, a cargo del diputado Rafael Yerena Zambrano, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que adiciona los artículos 5o. y 11 de la Ley General para el Control del Tabaco, a cargo de la diputada Ma. Victoria Mercado Sánchez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que adiciona el artículo 449 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, a cargo del diputado Armando Luna Canales, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que adiciona diversas disposiciones a la Ley de Comercio Exterior, a cargo del diputado José Adrián González Navarro, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que adiciona los artículos 18, 19 y 20 de la Ley Federal de Juegos y Sorteos, a cargo del diputado Germán Ernesto Ralis Cumplido, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que adiciona el artículo 9 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, a cargo del diputado Luis Alfredo Valles Mendoza, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.

Que reforma y adiciona los artículos 3o., 6o. y 152 de la Ley General de Salud, a cargo del diputado José Máximo García López, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que deroga la fracción XXX del artículo 28 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, a cargo del diputado Luis Alfredo Valles Mendoza, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.

Que reforma el artículo 4o. de la Ley Federal de Sanidad Animal, a cargo del diputado David Mercado Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 300 de la Ley del Seguro Social, cargo de la diputada Ma. Victoria Mercado Sánchez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma el artículo 79 de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Teresa de Jesús Lizárraga Figueroa, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 3o. de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Ma. Victoria Mercado Sánchez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma el artículo 22 Bis de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, a cargo de la diputada Ma. Victoria Mercado Sánchez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma y adiciona el artículo 60 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a cargo del diputado Germán Ernesto Ralis Cumplido, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que adiciona el artículo 170 de la Ley Federal del Trabajo, a cargo del diputado Germán Ernesto Ralis Cumplido, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que deroga diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de arraigo penal, a cargo del diputado Rodrigo Abdala Dartigues, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que adiciona un artículo 95 Bis a la Ley del Seguro Social, a cargo de la diputada Ana Georgina Zapata Lucero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que adiciona la fracción XII al artículo 103 de la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, a cargo de la diputada Kathia María Bolio Pinelo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que adiciona un párrafo al artículo 50 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, a cargo del diputado Arturo Santana Alfaro, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona los artículos 6o., 16 y 27 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, a cargo del diputado Carlos Lomelí Bolaños, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma el artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Liborio Vidal Aguilar, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que adiciona el inciso n) a la fracción II del artículo 6o. de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, a cargo del diputado Luis de León Martínez Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, a cargo del diputado Carlos Lomelí Bolaños, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma y adiciona el artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Liborio Vidal Aguilar, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 8o. y 18 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores, a cargo de la diputada Eloisa Chavarrias Barajas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma los artículos 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 6o. de la Ley de Planeación y 7o. de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Salvador Zamora Zamora, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma el artículo 28 de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, a cargo de la diputada Mirza Flores Gómez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma la fracción I del artículo décimo cuarto transitorio de la Ley General de Salud, suscrita por los diputados Ma. Victoria Mercado Sánchez, Carlos Lomelí Bolaños y Rosa Alba Ramírez Nachis, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que adiciona una fracción XII Bis al artículo 3o. de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Ma. Victoria Mercado Sánchez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que adiciona los artículos 42 Ter, 43 y 45 de la Ley Federal del Trabajo, a cargo de la diputada Ma. Victoria Mercado Sánchez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, a cargo del diputado Ramón Bañales Arambula, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 2o. de la Ley General de Turismo, a cargo del diputado Baltazar Martínez Montemayor, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que adiciona un Apartado C al artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por el diputado Alberto Martínez Urincho, y diputados integrantes de diversos Grupos Parlamentarios.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Productos Orgánicos, suscrita por diputados integrantes de los Grupos Parlamentarios del Partido Verde Ecologista de México y del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 1834 del Código Civil Federal, a cargo del diputado Roberto Alejandro Cañedo Jiménez, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que adiciona la fracción V al artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo, a cargo de la diputada Ma. Victoria Mercado Sánchez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que adiciona el artículo 61 de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Angélica Reyes Ávila, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.

Que reforma y adiciona los artículos 109 y 128 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado José Alfredo Ferreiro Velazco, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.

Que adiciona el artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado independiente Manuel Jesús Clouthier Carrillo.

Que reforma y adiciona el artículo 231 de la Ley Federal de Derechos, a cargo del diputado Miguel Ángel González Salum, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que adiciona el artículo 2o. de la Ley del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios, a cargo del diputado Carlos Alberto de la Fuente Flores, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que adiciona el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por los diputados Héctor Javier García Chávez y Guadalupe Acosta Naranjo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 53 de la Ley General del Servicio Profesional Docente, a cargo de la diputada Ma. Victoria Mercado Sánchez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que adiciona el artículo 9 de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, a cargo del diputado Jesús Rafael Méndez Salas, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.

Que reforma diversas disposiciones de la Ley de Migracion, a cargo del diputado Gonzalo Guízar Valladares, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.

Que adiciona el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Laura Nereida Plascencia Pacheco, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Jisela Paes Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 3o. de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura, a cargo del diputado Waldo Fernández González, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que adiciona el artículo 341 Bis de la Ley General de Salud, suscrita por los diputados Rosa Alba Ramírez Nachis, Ma. Victoria Mercado Sánchez y Carlos Lomelí Bolaños, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma el artículo 5o. de la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil, a cargo de la diputada Norma Edith Martínez Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.

Por el que se crea el Reconocimiento “Hermila Galindo Acosta” y se reforman y adicionan diversas disposiciones del Reglamento de la Cámara de Diputados, suscrita por diputados integrantes de diversos Grupos Parlamentarios.

Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de Migración, a cargo del diputado Jorge López Martín, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que adiciona el artículo 30 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, a cargo de la diputada Isaura Ivanova Pool Pech, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que adiciona el artículo 380 de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Rosa Alba Ramírez Nachis, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma los artículos 19 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, y 54 del Código Civil Federal, a cargo de la diputada Laura Nereida Plascencia Pacheco, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que adiciona el artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo, a cargo de la diputada Kathia María Bolio Pinelo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que adiciona el artículo 350 Bis 4 de la Ley General de Salud, suscrita por los diputados Rosa Alba Ramírez Nachis, Ma. Victoria Mercado Sánchez y Carlos Lomelí Bolaños, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que adiciona los artículos 10 Quáter, 10 Quintus y 10 Sextus a la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, a cargo de la diputada Gloria Himelda Félix Niebla, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 87 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Luis de León Martínez Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que adiciona el artículo 15 de la Ley General de Turismo, suscrita por los diputados Rosa Alba Ramírez Nachis y Carlos Lomelí Bolaños, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Reglamento de la Cámara de Diputados, a cargo de la diputada Ruth Noemí Tiscareño Agoitia, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona los artículos 20, 21, y 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 23 de la Ley de Inversión Extranjera, suscrita por los diputados Rosa Alba Ramírez Nachis, Ma. Victoria Mercado Sánchez y Carlos Lomelí Bolaños, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma y adiciona los artículos 11 y 40 de la Ley Orgánica de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero, a cargo del diputado Antonio Tarek Abdala Saad, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que adiciona los artículos 37 y 52 de la Ley de Migración, a cargo de la diputada María Luisa Sánchez Meza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que adiciona el artículo 77 Bis 37 de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Rosa Alba Ramírez Nachis, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma los artículos 26, 27 y 28 de la Ley General para el Control del Tabaco, suscrita por los diputados Rosalina Mazari Espín y Jorge Carlos Ramírez Marín, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma, adiciona y deroga los artículos 85, 85 Bis y 86 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, a cargo de la diputada Martha Cristina Jiménez Márquez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que adiciona la fracción VIII al artículo 196 del Código Penal Federal, a cargo de la diputada Ma. Victoria Mercado Sánchez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma y adiciona los artículos 3o., 11 y 14 de la Ley General de Desarrollo Social, a cargo de la diputada Noemí Zoila Guzmán Lagunes, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 146 del Código Nacional de Procedimientos Penales, a cargo del diputado Juan Pablo Piña Kurczyn, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que adiciona un segundo párrafo al artículo 174 de la Ley Federal de Sanidad Animal, a cargo de la diputada Ma. Victoria Mercado Sánchez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma los artículos 104 y 105 del Reglamento de la Cámara de Diputados, a cargo del diputado Macedonio Salomón Támez Guajardo, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que adiciona los artículos 27, 27 Bis y 31 de la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia, a cargo del diputado José Máximo García López, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales, a cargo de la diputada Ana Leticia Carrera Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 200 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas y adiciona el artículo 162 Bis de la Ley Sobre el Contrato de Seguro, a cargo del diputado Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma el artículo 78 de la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, a cargo de la diputada Ximena Tamariz García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona los artículos 17, 48, 52, 61 y 62 de la Ley de Aviación Civil, a cargo del diputado Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma el artículo 191 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, a cargo del diputado Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma los artículos 20 y 21 de la Ley de Migración, a cargo de la diputada Ma. Victoria Mercado Sánchez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Proposición

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud del estado de Oaxaca y a la SHCP, a difundir la situación actual que guardan las construcciones de los hospitales generales en dicho estado, así como las ministraciones o transferencias realizadas al gobierno de dicha entidad, a cargo del diputado Jorge Tello López, del Grupo Parlamentario de Morena.»

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Antes de poner a discusión el acta, sonido en la curul del diputado Cuitláhuac García. ¿Con qué objeto, diputado?

El diputado Cuitláhuac García Jiménez(desde la curul): Sobre el orden del día, diputado. Para manifestar nuestro voto en contra del orden del día de la sesión de hoy, puesto que se incluye para publicidad la Ley Reglamentaria del Artículo 29, y que en el día de ayer se violó el procedimiento pues fue mandato de la Mesa Directiva el 15 de diciembre del año pasado, que se sesionara en Comisiones Unidas de Gobernación, y Derechos Humanos.

No sucedió así el día de ayer, y violaron por lo tanto el artículo 174. Entonces que quede en acta asentado que nosotros nos oponemos a que el día de hoy se le dé publicidad a dicha ley.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputado. Quedan por supuesto sus expresiones asentadas en el Diario de los Debates. Informar a usted y a la asamblea que esta inclusión fue consensuada en la Junta de Coordinación Política y por eso se incluye en el apartado de publicidad, pero quedan asentadas sus expresiones. Adelante, diputado. Sonido en la curul del diputado. No veo si tiene sonido, ¿Ya tiene? Adelante.

El diputado Cuitláhuac García Jiménez (desde la curul): Solo para que quede asentado que estamos votando en contra en el pleno, la bancada de Morena contra la publicidad de esa ley.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Está registrada su expresión, diputado.

El diputado Cuitláhuac García Jiménez (desde la curul): Muchas gracias.

ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la sesión anterior. Pido a la Secretaría consulte a la asamblea si se dispensa su lectura.

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se dispensa la lectura del acta de la sesión anterior. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Presidente, mayoría por la afirmativa. Se dispensa la lectura.

«Acta de la sesión de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, celebrada el martes trece de diciembre de dos mil dieciséis, correspondiente al Primer Periodo de Sesiones Ordinarias del Segundo Año de Ejercicio de la Sexagésima Tercera Legislatura.

Presidencia del diputadoEdmundo Javier Bolaños Aguilar

En el Palacio Legislativo de San Lázaro de la capital de los Estados Unidos Mexicanos, sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con una asistencia de doscientos noventa y cinco diputadas y diputados, a las once horas con cuarenta y ocho minutos del martes trece de diciembre de dos mil dieciséis, el Presidente declara abierta la sesión.

En votación económica se dispensa la lectura al Orden del Día, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria; del mismo modo se dispensa la lectura del acta de la sesión anterior, y no habiendo oradores registrados, en votación económica se aprueba.

En su oportunidad y desde sus respectivas curules el diputado Ricardo del Rivero Martínez, del Partido Acción Nacional, realiza diversos comentarios; y el diputado Santiago Taboada Cortina, del Partido Acción Nacional, solicita a la Presidencia un minuto de silencio por el fallecimiento del titular de la Secretaría de Cultura, Rafael Tovar y de Teresa. El Presidente comenta que en su momento concederá dicha petición.

Se da cuenta con Comunicaciones Oficiales:

a) De los diputados:

• Rosa Alba Ramírez Nachis, de Movimiento Ciudadano, por la que solicita que se retire de los registros parlamentarios la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo cuarto de la Ley Federal de Deuda Pública, presentada el veintisiete de septiembre de dos mil dieciséis.

• Antonio Tarek Abdala Saad, del Partido Revolucionario Institucional, por la que solicita que se retire de los registros parlamentarios la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona y reforma el artículo once y reforma la fracción primera del artículo cuarenta de la Ley Orgánica de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero, presentada el veinte de octubre de dos mil dieciséis.

• Ingrid Krasopani Schemelensky Castro, del Partido Acción Nacional, por la que solicita que se retiren de los registros parlamentarios las proposiciones con puntos de acuerdo:

– Por el que se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que, en el marco de sus competencias, verifique los trabajos de construcción del tramo Atizapán-Atlacomulco, como parte de la carretera México-Guadalajara, a fin de que se concluyan con la mayor brevedad, presentada el once de octubre de dos mil dieciséis.

– Por el que se exhorta al gobierno del Estado de México a que, en el marco de sus competencias, lleve a cabo la construcción del libramiento vial en la cabecera municipal de Atizapán con dirección a Nicolás Romero, en conexión con la autopista Atizapán-Atlacomulco, presentada el tres de noviembre de dos mil dieciséis.

• Hortensia Aragón Castillo, del Partido de la Revolución Democrática, por la que solicita que se retire de los registros parlamentarios la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Educación Pública, la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos, y los directores de las escuelas de educación básica a desarrollar programas para reutilizar los libros de texto gratuitos, presentada el veintinueve de noviembre de dos mil dieciséis.

Se tienen por retiradas, actualícense los registros parlamentarios.

b) De la Secretaría de Gobernación, con la que remite cuatro contestaciones a Puntos de Acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados:

• Relativo a la conmemoración del Día Mundial sin Automóvil. Se remite a la Junta de Coordinación Política, para su conocimiento.

• Por el que se exhorta a la Secretaría de Gobernación a emitir la declaratoria de emergencia por los daños provocados por las lluvias atípicas e impredecibles que se presentaron el dos de septiembre de dos mil dieciséis, en el municipio de Uruapan del estado de Michoacán. Se remite a la Comisión de Protección Civil, para su conocimiento.

• Por el que se exhorta a la Comisión Nacional de Protección Civil, ante el inminente riesgo de deslaves y afectaciones de caminos con el propósito de que la población extreme precauciones. Se remite a la Comisión de Protección Civil, para su conocimiento.

• Por el que se exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social para que dentro de los criterios y requisitos para elegir a las familias que ingresan o reingresan al programa de inclusión social Prospera, en las reglas para tal propósito se priorice a las familias donde uno o más integrantes tengan algún tipo de discapacidad. Se remite a la Comisión de Desarrollo Social, para su conocimiento.

c) De la Cámara de Senadores:

• Con la que devuelve para los efectos de la fracción D, el expediente que contiene proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Desarrollo Social. Se turna a la Comisión de Desarrollo Social, para dictamen.

• Con la que remite minutas con proyecto de decreto:

– Por el que se adiciona el artículo ciento seis de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable. Se turna a la Comisión de Desarrollo Social, para dictamen.

– Por el que se reforman los artículos sesenta y uno, y setenta y tres de la Ley de Vivienda. Se turna a la Comisión de Vivienda, para dictamen.

– Por el que se reforma la fracción vigésima primera del artículo cuarto de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentable. Se turna a la Comisión de Pesca, para dictamen.

• Con la que remite iniciativa con proyecto de decreto por el que se derogan el inciso c), fracción segunda del artículo segundo; fracciones décima cuarta, décima quinta, y décima sexta del artículo tercero; fracción cuarta del artículo octavo, y el artículo dieciocho-A de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, presentada por el senador Raúl Aarón Pozos Lanz, del Partido Revolucionario Institucional. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

La Secretaría informa a la Asamblea que se recibieron dictámenes con proyecto de decreto de las Comisiones:

a) De Energía, por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Petróleos Mexicanos, y de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad.

b) De Gobernación, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos, y de la Ley de Puertos.

De conformidad con lo que establece el artículo ochenta y siete del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple con la Declaratoria de Publicidad.

Desde su curul, el diputado César Alejandro Domínguez Domínguez, del Partido Revolucionario Institucional, solicita a la Presidencia guardar un minuto de silencio en memoria de los trece periodistas asesinados en dos mil dieciséis en Chihuahua, así como una reunión con el fiscal en la materia; y la diputada Brenda Velázquez Valdez, del Partido Acción Nacional, como Presidenta de la Comisión de Comunicaciones, se une a la postura del diputado Domínguez Domínguez. El Presidente hace aclaraciones.

El siguiente punto del Orden del Día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto de la Comisión de Justicia, por el que se reforma el primer párrafo del artículo cuatrocientos veinte del Código Penal Federal, y se adiciona una fracción décima al artículo segundo de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. Para fijar postura de sus respectivos grupos parlamentarios intervienen las diputadas y los diputados: Melissa Torres Sandoval, del Partido Encuentro Social; Carlos Gutiérrez García, de Nueva Alianza; Moisés Guerra Mota, de Movimiento Ciudadano; Delfina Gómez Álvarez, de Morena; José Alberto Couttolenc Buentello, del Partido Verde Ecologista de México;

A las doce horas con veinticuatro minutos, por instrucciones de la Presidencia, se cierra el sistema electrónico de asistencia con un registro de cuatrocientos nueve diputadas y diputados.

Arturo Santana Alfaro, del Partido de la Revolución Democrática; Jesús Antonio López Rodríguez, del Partido Acción Nacional, y Jorge Carlos Ramírez Marín, del Partido Revolucionario Institucional. El Presidente instruye a la Secretaría dar lectura a las propuestas de modificación de la Comisión de Justicia a los artículos cuatrocientos veinte del Código Penal Federal, y segundo de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, que en votación económica se aceptan, y forman parte del dictamen. No habiendo oradores registrados, en votación económica se considera suficientemente discutido en lo general. El Presidente informa a la Asamblea que se han reservado para su discusión los artículos cuatrocientos veinte del Código Penal Federal, y segundo de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. En votación nominal por unanimidad por cuatrocientos doce votos, se aprueba en lo general y en lo particular los artículos no reservados con las modificaciones aceptadas por la Asamblea. Se concede el uso de la palabra al diputado Jesús Emiliano Álvarez López, de Morena, para presentar propuesta de modificación a los artículos cuatrocientos veinte del Código Penal Federal, y segundo de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, que en votación económica no se admiten a discusión, y se desechan. En votación nominal por trescientos cincuenta y dos votos a favor; cincuenta y dos en contra; y dos abstenciones, se aprueban en lo particular los artículos cuatrocientos veinte del Código Penal Federal, y segundo de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. Se aprueba en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se reforma el primer párrafo del artículo cuatrocientos veinte del Código Penal Federal, y se adiciona una fracción décima al artículo segundo de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. Pasa al Senado, para sus efectos constitucionales.

El Presidente, a nombre de los integrantes de la Sexagésima Tercera Legislatura, lamenta profundamente el fallecimiento de Rafael Tovar y de Teresa, Secretario de Cultura, y expresa que la sociedad mexicana ha perdido un importante diplomático, escritor y servidor público, acto seguido invita a la Asamblea ponerse de pie y guardar un minuto de silencio en su memoria.

Presidencia del diputadoJerónimo Alejandro Ojeda Anguiano

El siguiente punto del Orden del Día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto de la Comisión de Justicia, por el que se reforman los artículos cuatrocientos veinte, y cuatrocientos veintidós del Código Penal Federal. Para fijar postura de sus respectivos grupos parlamentarios intervienen las diputadas y los diputados: Jesús Rafael Méndez Salas, de Nueva Alianza; Angie Denisse Hauffen Torres, de Movimiento Ciudadano;

El Presidente agradece la presencia en el Salón de Sesiones de la excelentísima señora Clare Ann Kelly embajadora extraordinaria y plenipotenciaria de Nueva Zelanda, quien asistió al acto de instalación del Grupo de Amistad México-Nueva Zelanda, que preside la diputada María García Pérez, del Partido Acción Nacional.

María Chávez García, de Morena; Ana Guadalupe Perea Santos, del Partido Encuentro Social; Arturo Álvarez Angli, del Partido Verde Ecologista de México; Daniel Ordoñez Hernández, del Partido de la Revolución Democrática;

En su oportunidad y desde su curul realiza diversos comentarios la diputada Blanca Margarita Cuata Domínguez, de Morena. El Presidente hace aclaraciones.

Mónica Rodríguez Della Vecchia, del Partido Acción Nacional; y Andrés Aguirre Romero, del Partido Revolucionario Institucional. Sin más oradores registrados, en votación económica se considera suficientemente discutido en lo general y en lo particular. En votación nominal por cuatrocientos diecinueve votos a favor; y uno en contra, se aprueba en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se reforman los artículos cuatrocientos veinte, y cuatrocientos veintidós del Código Penal Federal. Pasa al Senado, para sus efectos constitucionales.

El siguiente punto del Orden del Día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, por el que se expide la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Se concede el uso de la palabra al diputado Rogerio Castro Vázquez, para fundamentar el dictamen en nombre de la Comisión. Para fijar postura de sus respectivos grupos parlamentarios intervienen las diputadas y los diputados: José Alfredo Ferreiro Velazco, del Partido de Encuentro Social;

Presidencia de la diputadaGloria Himelda Félix Niebla

Luis Manuel Hernández León, de Nueva Alianza; María Candelaria Ochoa Avalos, de Movimiento Ciudadano; Blanca Margarita Cuata Domínguez, de Morena; Sharon María Teresa Cuenca Ayala, del Partido Verde Ecologista de México; Lorena del Carmen Alfaro García, del Partido Acción Nacional; Agustín Basave Benítez, del Partido de la Revolución Democrática; y Pedro Luis Noble Monterrubio, del Partido Revolucionario Institucional. Se somete a discusión en lo general y en lo particular e intervienen los diputados: en contra Omar Ortega Álvarez, del Partido de la Revolución Democrática; y en pro Hugo Daniel Gaeta Esparza, del Partido Revolucionario Institucional. Sin más oradores registrados, en votación económica se considera suficientemente discutido en lo general. La Presidenta informa a la Asamblea que se han reservado para su discusión en lo particular los artículos: uno, dos, tres, cinco, seis, siete, ocho, dieciséis, veinte, veintiuno, veintidós, veintiséis, veintisiete, veintiocho, veintinueve, treinta y uno, treinta y dos, cincuenta y dos, cincuenta y cinco, cincuenta y nueve, sesenta, sesenta y dos, sesenta y siete, setenta, setenta y uno, ochenta y uno, ochenta y cinco, ciento treinta y ocho, ciento treinta y nueve, ciento cuarenta y seis, ciento cuarenta y siete, ciento cincuenta y uno, y ciento sesenta y tres, así como los artículos segundo, cuarto y séptimo transitorios, del dictamen.

Presidencia del diputadoEdmundo Javier Bolaños Aguilar

En votación nominal por trescientos dieciocho votos a favor; setenta y siete en contra; y treinta y cuatro abstenciones, se aprueba en lo general y en lo particular los artículos no reservados del proyecto de decreto.

A discusión en lo particular, se concede el uso de la palabra para presentar propuestas de modificación de los artículos reservados a las diputadas y a los diputados:

• Rogerio Castro Vázquez, de Morena, a los artículos: uno, tres, veinte, veintiuno, veintiséis, veintinueve, treinta y uno, treinta y dos, cincuenta y nueve, sesenta, sesenta y dos, setenta y uno, ciento cuarenta y seis, y ciento cincuenta y uno, del proyecto del decreto, que en votación económica no se admiten a discusión, se desechan y se reservan para su votación en conjunto en términos del dictamen.

• Rogerio Castro Vázquez, de Morena, al segundo transitorio, del proyecto del decreto, que en votación económica no se admite a discusión, se desecha y se reserva para su votación en conjunto en términos del dictamen.

• Juan Romero Tenorio, de Morena, al artículo uno, del proyecto del decreto, que en votación económica no se admite a discusión, se desecha y se reserva para su votación en conjunto en términos del dictamen.

• Omar Ortega Álvarez, del Partido de la Revolución Democrática, a los artículos: uno, tres, cinco, y cincuenta y cinco, del proyecto del decreto, que en votación económica no se admiten a discusión, se desechan y se reservan para su votación en conjunto en términos del dictamen.

• Ángel Antonio Hernández de la Piedra, de Morena, a los artículos: dos, cinco, dieciséis, veintidós, veintisiete, veintiocho, cincuenta y dos, setenta, ochenta y cinco, ciento cuarenta y siete, y ciento sesenta y tres, del proyecto del decreto, que en votación económica no se admiten a discusión, se desechan y se reservan para su votación en conjunto en términos del dictamen.

• María Candelaria Ochoa Avalos, de Movimiento Ciudadano, a los artículos: tres, cinco, veintiuno, veintidós, cincuenta y nueve, setenta, ochenta y uno, y séptimo transitorio, del proyecto del decreto, que en votación económica no se admiten a discusión, se desechan y se reservan para su votación en conjunto en términos del dictamen.

• Renato Josafat Molina Arias, de Morena, a los artículos: seis y ocho, del proyecto del decreto, que en votación económica no se admiten a discusión, se desechan y se reservan para su votación en conjunto en términos del dictamen.

• Francisco Xavier Nava Palacios, del Partido de la Revolución Democrática, a los artículos: siete, veintiuno, y veintidós, del proyecto del decreto, que en votación económica no se admiten a discusión, se desechan y se reservan para su votación en conjunto en términos del dictamen.

• Mayra Angélica Enríquez Vanderkam, del Partido Acción Nacional, al artículo veintiuno, del proyecto del decreto, no habiendo claridad en la votación económica, el Presidente instruye se abra el sistema electrónico para su votación nominal y con un resultado de ciento sesenta y cuatro votos a favor; ciento ochenta y cinco en contra, y una abstención, no se admite a discusión, se desecha y se reserva para su votación en conjunto en términos del dictamen.

Desde sus respectivas curules, realizan moción de procedimientos los diputados: Mayra Angélica Enríquez Vanderkam, del Partido Acción Nacional; Maricela Contreras Julián, del Partido de la Revolución Democrática; y Cuitláhuac García Jiménez, de Morena. El Presidente hace aclaraciones.

• Alicia Barrientos Pantoja, de Morena, a los artículos: sesenta y siete, setenta, setenta y uno, ciento treinta y ocho, y ciento treinta y nueve, del proyecto del decreto, que en votación económica no se admiten a discusión, se desechan y se reservan para su votación en conjunto en términos del dictamen.

• Blanca Margarita Cuata Domínguez, de Morena, al artículo ochenta y uno, y eliminar el cuarto transitorio recorriendo los subsecuentes, del proyecto del decreto, que en votación económica no se admiten a discusión, se desechan y se reservan para su votación en conjunto en términos del dictamen.

Sin más oradores registrados, en votación económica se considera suficientemente discutido en lo particular. En votación nominal por doscientos noventa y cinco votos a favor, y ciento trece en contra, se aprueban en lo particular los artículos reservados: uno, dos, tres, cinco, seis, siete, ocho, dieciséis, veinte, veintiuno, veintidós, veintiséis, veintisiete, veintiocho, veintinueve, treinta, treinta y uno, treinta y dos, cincuenta y dos, cincuenta y cinco, cincuenta y nueve, sesenta, sesenta y dos, sesenta y siete, setenta, setenta y uno, ochenta y uno, ochenta y cinco, ciento treinta y ocho, ciento treinta y nueve, ciento cuarenta y seis, ciento cuarenta y siete, ciento cincuenta y uno, y ciento sesenta y tres, y segundo, cuarto y séptimo transitorios, en términos del dictamen. Se aprueba en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se expide la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Pasa al Ejecutivo, para sus efectos constitucionales. El Presidente informa a la Asamblea que, con fundamento en lo que dispone el artículo noventa y tres, numeral uno, del Reglamento de la Cámara de Diputados, se ordena que antes de que se remita se realicen las correcciones que demandan el buen uso del lenguaje y la claridad de la Ley, sin modificar lo aprobado por el Pleno.

Se da cuenta con acuerdo de la Junta de Coordinación Política, en relación con cambio de integrantes y de juntas directivas de comisiones ordinarias y especiales. En votación económica se aprueban. Comuníquense.

De conformidad con los artículos cien y ciento dos del Reglamento de la Cámara de Diputados, las iniciativas y las proposiciones registradas en el Orden del Día de esta sesión, serán turnadas a las comisiones que correspondan, publicándose el turno en la Gaceta Parlamentaria:

a) Iniciativas con proyecto de decreto:

• Miguel Ángel Salim Alle, del Partido Acción Nacional, que adiciona diversas disposiciones a la Ley Federal de Protección al Consumidor. Se turna a la Comisión de Economía, para dictamen.

• Adriana Sarur Torres y diputados integrantes del Partido Verde Ecologista de México, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Seguridad Nacional, de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y de la Ley de Migración. Se turna a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Seguridad Pública, para dictamen.

• Jesús Sesma Suárez y diputados integrantes del Partido Verde Ecologista de México , que reforma el artículo treinta y dos de la Ley General de Turismo. Se turna a la Comisión de Turismo, para dictamen.

• Lorena del Carmen Alfaro García, del Partido Acción Nacional, que reforma el artículo treinta de la Ley de Aviación Civil. Se turna a la Comisión de Transportes, para dictamen.

b) Proposiciones con puntos de acuerdo:

• Yarith Tannos Cruz, Partido Parlamentario del Revolucionario Institucional, por el que se exhorta a la Secretaría de Educación Pública, al IMJUVE y a la CDI, a continuar promoviendo, a revisar y fortalecer las políticas públicas instauradas para implementar de manera conjunta las becas de transporte escolar en las entidades federativas. Se turna a la Comisión de Juventud, para dictamen.

• Arlette Ivette Muñoz Cervantes, del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta a la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Aguascalientes, a que realice la solicitud de Declaratoria de Alerta de Violencia de Género a la Secretaría Ejecutiva a cargo del Instituto Nacional de las Mujeres. Se turna a la Comisión de Igualdad de Género, para dictamen.

• Integrantes del Grupo de Amistad México–Kazajstán, por el que se exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores, para que emita un documento oficial en el que pronuncie una respuesta respecto de la participación de México en la “Exposición Internacional especializada EXPO dos mil diecisiete Astana”, a realizarse en la República de Kazajstán durante el diez de junio al diez de septiembre de año dos mil diecisiete. Se turna a la Comisión de Relaciones Exteriores, para dictamen.

• Modesta Fuentes Alonso, de Morena, por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, a nombrar al titular del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas. Se turna a la Comisión de Asuntos Indígenas, para dictamen.

• Angie Denisse Hauffen Torres, de Movimiento Ciudadano, por el que se exhorta a la Secretaría de la Contraloría y al Órgano Superior de Fiscalización, ambos del estado de México, a fin de realizar una auditoria en el municipio de Amecameca, respecto a la aplicación del Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal. Se turna a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, para dictamen.

• Claudia Sánchez Juárez, del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta a la Auditoría Superior de la Federación, para que difunda los resultados de la Cuenta Pública dosmil trece-dos mil catorce, sobre las concesiones en materia de puertos, aeropuertos, helipuertos, carreteras y ferrocarriles; así como también a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a difundir la información de contratos y montos firmados de las concesiones otorgadas y los proyectos de mayor importancia durante el periodo dos mil trece-dos mil dieciséis. Se turna a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, para dictamen.

• Integrantes del Partido Verde Ecologista de México, por el que se exhorta a las entidades federativas, a establecer en sus respectivas jurisdicciones, fiscalías especializadas en la investigación y persecución del delito de secuestro. Se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen.

• María Candelaria Ochoa Ávalos, de Movimiento Ciudadano, por el que se exhorta a los gobiernos municipales de la República Mexicana, a expedir y/o fortalecer su reglamento de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia o de combate, atención y erradicación de la violencia de género o sus equivalentes. Se turna a la Comisión de Igualdad de Género, para dictamen.

• Enrique Cambranis Torres, del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta al Servicio Postal Mexicano, a emitir un timbre postal para conmemorar los cien años de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en dos mil diecisiete, así mismo, se exhorta a la Lotería Nacional haga lo propio con un billete conmemorativo. Se turna a la Comisión de Cultura y Cinematografía, para dictamen.

• Integrantes del Partido Verde Ecologista de México, por el que se exhorta a los organismos operadores de agua en el país, a fortalecer sus programas y acciones para garantizar el derecho constitucional de todas las personas al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico, especialmente en aquellas comunidades en donde el vital líquido no llega en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. Se turna a la Comisión de Recursos Hidráulicos, para dictamen.

• Héctor Barrera Marmolejo, del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta al Gobierno de la Ciudad de México, a remitir a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, la Ley de Vivienda aprobada por la misma, con el objetivo de revocar el artículo 94 en materia de plusvalía de vivienda. Se turna a la Comisión de la Ciudad de México, para dictamen.

• Integrantes del Partido Verde Ecologista de México, por el que se exhorta a las autoridades ambientales correspondientes, a realizar las acciones conducentes para dar a conocer a la opinión pública el destino y las condiciones en las cuales se encuentran los animales utilizados en espectáculos circenses a partir de la entrada en vigor de la prohibición expresa señalada en el artículo setenta y ocho de la Ley General de Vida Silvestre. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen.

• Marisol Vargas Bárcena, del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores y al Instituto para los Mexicanos en el Exterior, a emitir los lineamientos correspondientes a la evaluación de los programas que ejecutan las dependencias por los que se brinda apoyo y protección a los mexicanos en el exterior como parte de las labores de conducción de la política exterior del país. Se turna a la Comisión de Relaciones Exteriores, para dictamen.

• Ximena Tamariz García, del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta al Ejecutivo Federal y al gobierno del estado de Nuevo León, para que tomen medidas urgentes a efecto de evitar la pérdida de inversiones extranjeras y empleos, derivado de las negociaciones anunciadas por Donald J. Trump en el sentido de trasladar inversiones de su país fuera de México. Se turna a la Comisión de Economía, para dictamen.

Agotados los asuntos del orden del día, el Presidente cita para la próxima Sesión Ordinaria que tendrá lugar el día de mañana miércoles catorce de diciembre de dos mil dieciséis, a las diez horas, y levanta la sesión a las dieciséis horas con treinta y siete minutos.»

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Proceda la Secretaría a poner a discusión el acta.

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:Está a discusión el acta. No habiendo quién haga uso de la palabra, en votación económica se consulta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Aprobada el acta.

Continúe la Secretaría.

COMUNICACIONES OFICIALES

La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.

Diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

Al tiempo que hago propicia la ocasión para enviarle un atento y cordial saludo, me permito solicitar respetuosamente, con fundamento en el artículo 77, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, sea retirada la iniciativa que reforma los artículos 2o., 4o. y 57, y adiciona el 63 Bis a la Ley General de Turismo, presentada por una servidora con fecha 8 de septiembre de 2016, la cual fue turnada a la Comisión de Turismo.

Lo anterior con el objeto de fortalecer su contenido y presentarla en el siguiente periodo ordinario de sesiones.

Sin otro particular, le reitero la seguridad de mi alta y distinguida consideración.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de diciembre de 2016.— Diputada Sara Latife Ruiz Chávez (rúbrica).»

———————— o ————————

La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.

Diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

Por medio de la presente y con fundamento en el artículo 77, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, solicito el retiro de las siguientes iniciativas con proyecto de decreto:

• Que reforma los artículos 17, 48, 52, 61 y 62 de la Ley de Aviación Civil, presentada el 27 de octubre de 2016.

• Que reforma el artículo 191 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, presentada el 27 de octubre de 2016.

• Que reforma el artículo 200 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas y adiciona el artículo 162 Bis de la Ley sobre el Contrato de Seguro, presentada el 27 de octubre de 2016.

Sin más por el momento, agradezco sus atenciones.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de diciembre de 2016.— Diputado Clemente Castañeda Hoeflich (rúbrica).»

———————— o ————————

La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.

Diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

Quien suscribe, diputado federal e integrante del Grupo Parlamentario del PRI, a través de la presente y con fundamento en el artículo 77, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, solicita a usted el retiro de la

Propuesta con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión Nacional del Agua a elaborar un estudio regional sobre los niveles de temperatura en el estado de Campeche para que se determine, con base en el mismo, una reclasificación tarifaria en el cobro del suministro de la energía eléctrica en las diferentes localidades y regiones del territorio campechano, presentada por el suscrito el 8 de septiembre del año en curso, y turnada a la Comisión de Recursos Hidráulicos.

Sin más por el momento, le reitero las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de diciembre de 2016.— Diputado Miguel Ángel Sulub Caamal (rúbrica).»

———————— o ————————

La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.

Diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

Por medio del presente le solicito que el proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Turismo que presenté el 20 de septiembre de 2016 se omita para dictamen por la Comisión de Turismo; esto, para enriquecerla aún más y no sólo se reconozcan rutas patrimoniales sino las demás vertientes del turismo nacional.

Estas modificaciones permitirán que al presentarla nuevamente impacte más el desarrollo económico de la sociedad.

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo, agradeciendo de antemano el interés a la presente.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de diciembre de 2016.— Diputado Timoteo Villa Ramírez (rúbrica).»

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Se tienen por retiradas. Actualícense los registros parlamentarios.

———————— o ————————

La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla:«Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.

Diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.— Presente.

El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), a fin de proporcionar a los tomadores de decisiones herramientas e insumos para la mejora de la política pública, envía a las dependencias y las entidades federales información que considera relevante.

Con fundamento en los artículos 72 y 81 de la Ley General de Desarrollo Social y el numeral 29 del Programa Anual de Evaluación (PAE) de 2016, el Coneval coordinó como parte de sus atribuciones la evaluación a 10 programas derivados del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, las cuales tienen como objetivo evaluar la congruencia lógica y la pertinencia, así como la alineación de los programas presupuestarios asociados a dicho plan con objeto de generar información útil para la toma de decisiones en materia de planeación estratégica, programación y presupuesto.

De acuerdo con el numeral 30 del PAE de 2015, el Coneval coordinó las evaluaciones específicas de desempeño. Como resultado de este ejercicio se elaboraron las evaluaciones integrales del desempeño de los programas federales 2014-2015, enviadas mediante el oficio número VQZ.SE.104/16. No obstante, hago de su conocimiento que la evaluación integral del desempeño de los programas federales de promoción y prevención en salud 2014-2015 ha sido aprobada por la Comisión Ejecutiva del Coneval.

Considerando que las evaluaciones en mención son insumos valiosos y de utilidad en el cumplimiento de sus importantes labores, le informamos que éstas pueden ser consultadas en las siguientes ligas:

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo.

Atentamente

Ciudad de México, a 5 de diciembre de 2016.— Gonzalo Hernández Licona (rúbrica), secretario ejecutivo.»

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Remítase a la Comisión de Desarrollo Social, para su conocimiento.

———————— o ————————

La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla:Se recibieron de las Universidades Autónoma de Tamaulipas, Autónoma de Morelos, Autónoma de Querétaro, Autónoma de Hidalgo, Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, Veracruzana, de Chihuahua y de Occidente, los informes de resultados de las auditorías externas a sus matrículas, correspondientes al segundo informe semestral 2016 (1)

(1) Los documentos solo será consultable en la versión electrónica del Diario de los Debates de esta fecha en el Anexo “A”.

«Universidad Autónoma de Tamaulipas.

Diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.— Presente.

De conformidad con el tercer párrafo del artículo 1 y la fracción III del artículo 40 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio de 2016, por este conducto envió a usted, en formato impreso y electrónico:

• Informe de resultados de la auditoría a la matrícula del segundo informe semestral de 2016 de nuestra universidad.

• Informe semestral específico sobre la ampliación de la matrícula del segundo semestre de 2016.

• Formato de informe de matrícula emitido por la DGESU/SEP del segundo semestre de 2016.

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo y reiterarle mis atentas consideraciones.

Atentamente

Ciudad Victoria, Tamaulipas, a 1o. de diciembre de 2016.— Contador Público Enrique Etienne Pérez del Río (rúbrica), rector.»

———————— o ————————

«Universidad Autónoma del Estado de Morelos.

Diputado Javier Bolaños Aguilar. Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

Por este conducto y de conformidad con lo establecido en el tercer párrafo del artículo 1 y la fracción III del artículo 41 del Presupuesto de Egresos de la Federación, me permito hacer llegar a usted el resultado de la práctica de Auditoría Externa a la Matrícula, del segundo informe semestral del año 2016, así como el informe semestral específico sobre la ampliación de la misma, considerando la variación de la matrícula con respecto al semestre anterior a nivel general, por campus, por Dependencia de Educación Superior (DES) y por Programa Educativo (PE) de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos.

Sin otro particular, me despido enviándole un cordial saludo y quedo de usted como su seguro servidor.

Atentamente

Ciudad Universitaria, a 7 de diciembre de 2016.— Doctor Jesús Alejandro Vera Jiménez (rúbrica), rector.»

———————— o ————————

«Universidad Autónoma de Querétaro.

Diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar, Presidente de la Mesa Directiva de la LXIII Legislatura Federal.— Presente.

Anticipándole un cordial saludo, enseguida por este conducto anexo al presente encontrará usted la siguiente documentación:

1. Informe semestral específico sobre la ampliación de la matricula con su ampliación.

2. Formato Informe SEP.

3. Informe de resultados de la auditoria externa a la matricula.

Cabe señalar que la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo fue designada como revisora de la Universidad Autónoma de Querétaro.

Sin otra particular, agradezca sus finas atenciones y me reitero a sus apreciables órdenes.

Atentamente

Educo en la Verdad y en el Honor

Ciudad Universitaria, a 7 de diciembre de 2016.— Doctor Gilberto Herrera Ruiz (rúbrica), rector.»

———————— o ————————

«Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo

Diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar, Presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la LXIII Legislatura.— Presente.

Estimado Señor Presidente:

Con fundamento en el capítulo III, Sección Séptima, artículos 101 y 102, del Estatuto General de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, que otorga a la Contraloría General las atribuciones correspondientes como órgano oficial de fiscalización interna de la institución, encargado de diseñar, preparar y procesar la información que permita vigilar, evaluar y confirmar el cumplimiento de las funciones sustantivas y adjetivas de la universidad, me permito hacer de su conocimiento que:

En cumplimiento de lo establecido en el tercer párrafo del artículo 1 y la fracción III del artículo 40 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2016, en el que dispone que las instituciones públicas de educación superior estarán obligadas a la práctica de auditoría externa de su matrícula, debiendo enviar los resultados de ésta, así como un informe semestral específico sobre la ampliación de la misma, tanto a la Cámara de Diputados como a la Secretaría de Educación Pública, entrego a usted: Informe de la Auditoría Externa a la Matrícula de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, informe semestral específico sobre su ampliación, correspondientes al segundo semestre del año 2016 y formato Informe de Matrícula emitido por la DGESU/SES/SEP.

Agradeciendo su decidido apoyo para el desarrollo de la cultura de transparencia y rendición de cuentas en la vida universitaria, esperamos las indicaciones y observaciones que considere pertinentes y, sin otro particular por el momento, reitero a usted las seguridades de mi consideración.

Atentamente

Amor, Orden y Progreso

Pachuca de Soto, Hidalgo, diciembre 13 de 2016.— Maestra Laura Elena Islas (rúbrica), contralora general.»

———————— o ————————

«Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca

Diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.— Presente.

En cumplimiento al artículo 40, fracción III, del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2016, envió a usted:

• Segundo Informe Semestral de Matricula 2016

• Informe de Variación de la Matricula

• Informe de Resultados de la Auditoria Externa

Lo anterior aplicado al informe en mención por la Asociación de Órganos de Control y Vigilancia en Instituciones de Educación Superior AC (AMOCVIES). Organismo autorizado para efectuar la presente auditoria.

Sin otro particular aprovecho para saludarle afectuosamente.

Atentamente

“Ciencia, Arte, Libertad”

Oaxaca de Juárez, a 12 de noviembre de 2016.— Contador Público Hilarino Aragón Matías (rúbrica), contralor general.»

———————— o ————————

«Universidad Veracruzana.

Diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar, Presidente de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.— Ciudad de México.

En cumplimiento del artículo 40, fracción III, del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2016, me permito enviar a usted, de manera impresa y electrónica el Informe de Resultados de la Auditoría Externa al Segundo Informe Semestral 2016 a la Matricula de la Universidad Veracruzana, realizada por la Asociación Mexicana de Órganos de Control y Vigilancia en Instituciones de Educación Superior, AC.

Se anexa el formato informe de la matricula desagregada por nivel y por programa educativo, correspondiente al segundo semestre de julio-diciembre 2016, con fecha de corte de información a1 30 de septiembre del año en curso.

Finalmente se envía Reporte de variación de la matrícula establecida respecto al mismo segundo semestre del año anterior.

Es pertinente hacer de su conocimiento que la información correspondiente se encuentra disponible en el portal de transparencia en nuestra página web: http://www.uv.mx/ transparencia/buscador-tematico/institucional-infpublicalauditorias/

Con mi reconocimiento, reciba saludos cordiales.

Atentamente

“Lis de Veracruz: Arte, Ciencia, Salud”

Xalapa, Veracruz, a 9 de diciembre de 2016.— Doctora Sara Ladrón de Guevara (rúbrica), rectora.»

———————— o ————————

«Universidad Autónoma de Chihuahua.

Diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar, Presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la LXIII Legislatura.— Presente.

Estimado Señor Presidente:

Con fundamento en el capítulo III, sección séptima, artículos 101 y 102 del Estatuto General de la Universidad Autónoma de Chihuahua, que otorga al auditor interno las atribuciones correspondientes como órgano oficial de fiscalización interna de la institución, encargado de diseñar, preparar y procesar la información que permita vigilar, evaluar y confirmar el cumplimiento de las funciones sustantivas y adjetivas de la universidad, me permito hacer su conocimiento que:

En cumplimiento a lo establecido en la fracción III del artículo 40 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fisca1 de 2016, en el que dispone que las instituciones públicas de educación superior estarán obligadas a la práctica de auditoría externa de su matrícula, debiendo enviar los resultados de ésta, así como un informe semestral específico sobre la ampliación de la misma, tanto a la Cámara de Diputados como a la Secretaría de Educación Pública, entrego a usted: Informe de la Auditoría Externa a la Matrícula de la Universidad Autónoma del Estado de Chihuahua, así como el Informe de Matrícula en informe DGESU y Variación de Matrícula, correspondientes al segundo semestre del año 2016.

Agradeciendo su decidido apoyo para el desarrollo de la cultura de transparencia y rendición de cuentas en la vida universitaria, esperamos las indicaciones y observaciones que considere pertinentes y, sin otro particular por el momento, reitero a usted las seguridades de mi consideración.

Sin más por el momento quedo de usted.

Atentamente

“Luchar para lugrar, lograr para dar”

Chihuahua, Chihuahua, a 9 de diciembre de 2016.— Contador Público Jesús Ignacio Rodríguez Bejarano (rúbrica), auditor interno.»

———————— o ————————

«Universidad de Occidente

Diputado Javier Bolaños Aguilar. Presidente de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.— Presente.

Por este medio me permito hacer de su conocimiento que con fundamento del artículo 40, fracción III, .que dicta “Las instituciones públicas de educación superior estarán obligadas a la práctica de auditoría externa de su matrícula, debiendo enviar los resultados de ésta, así como un informe semestral específico sobre la aplicación de la misma, tanto a la Cámara de Diputados, como a la Secretaría de Educación Pública”. Por lo anterior remito a usted, un ejemplar en original del Informe de Resultados de la Auditoría Externa al segundo Informe Semestral de Matrícula 2016 y su variación con respecto al año anterior, realizada por los miembros de la Asociación Mexicana de Órganos de Control y Vigilancia en Instituciones de Educación Superior, AC, a través del Órgano de Control Interno de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo.

Sin otro particular, le reitero mi atenta y distinguida consideración.

Atentamente

“Por la Cultura a la Libertad”

Culiacán, Sinaloa, a 9 de diciembre de 2016.— Maestro en Ciencias Guillermo Aarón Sánchez (rúbrica), rector de la Universidad de Occidente.»

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Remítanse a las Comisiones de Educación Pública y Servicios Educativos y de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento.

———————— o ————————

La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles

Diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.— Presente.

En cumplimiento a la fracción XV del artículo 311 de la Ley de Concursos Mercantiles, así como a la decisión tomada por el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el expediente 698/2000, notificada a este órgano por el Consejo de la Judicatura Federal, mediante oficio SEP/PLE/ 003/8422/ 2000 de fecha 25 de octubre de 2000, en mi carácter de directora general del Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles, presento a esa honorable asamblea, informe semestral de labores del instituto, del 16 de mayo al 15 de noviembre de 2016.

Atentamente

Ciudad de México, 12 de diciembre de. 2016.— Licenciada María Esther Sandoval Salgado (rúbrica), directora general.»

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Remítase a la Comisión de Economía, para su conocimiento.

MINUTA

LEY GENERAL DE SALUD Y CÓDIGO PENAL FEDERAL

La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla:Minuta con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud y del Código Penal Federal.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Túrnese a las Comisiones Unidas de Justicia y de Salud, para dictamen.

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Para los efectos constitucionales, me permito remitir a ustedes expediente que contiene proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 16, y se adicionan los artículos 17 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de justicia cotidiana (solución de fondo del conflicto y competencia legislativa sobre procedimientos civiles y familiares), aprobado por el senado de la república en sesión celebrada en esta fecha.

Atentamente

Ciudad de México, a 13 de diciembre de 2016.— Senador César Octavio Pedroza Gaitán (rúbrica), vicepresidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Proyecto de Decreto

CS-LXIII-II-1P-125

Por el que se reforma el artículo 16, y se adicionan los artículos 17 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de justicia cotidiana (solución de fondo del conflicto y competencia legislativa sobre procedimientos civiles y familiares).

Único. Se reforma el primer párrafo del artículo 16; y se adicionan un nuevo párrafo tercero, recorriéndose en su orden los actuales párrafos tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo y octavo, al artículo 17; y la fracción XXX, recorriéndose en su orden la actual XXX para quedar como XXXI al artículo 73, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 16.Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. En los juicios y procedimientos seguidos en forma de juicio en los que se establezca como regla la oralidad, bastará con que quede constancia de ellos en cualquier medio que dé certeza de su contenido y del cumplimiento de lo previsto en este párrafo.

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

Artículo 17. . . .

. . .

Siempre que no se afecte la igualdad entre las partes, el debido proceso u otros derechos en los juicios o procedimientos seguidos en forma de juicio, las autoridades deberán privilegiar la solución del conflicto sobre los formalismos procedimentales.

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

Artículo 73. . .

I. a XXIX-X. . . .

XXX.Para expedir la legislación única en materia procesal civil y familiar;

XXXI. Para expedir todas las leyes que sean necesarias, a objeto de hacer efectivas las facultades anteriores, y todas las otras concedidas por esta Constitución a los Poderes de la Unión.

Transitorios

Primero.El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, con excepción de lo dispuesto en el transitorio siguiente.

Segundo. La reforma del primer párrafo del artículo 16 y la adición de un nuevo tercer párrafo al artículo 17 constitucional entrarán en vigor a los ciento ochenta días naturales siguientes al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Para tal efecto, y en los casos en que se requiera, el Congreso de la Unión y las legislaturas de las entidades federativas deberán adecuar a las modificaciones en cuestión, respectivamente, las leyes generales y las leyes federales, así como las leyes de las entidades federativas.

Tercero. Las legislaturas de las entidades federativas deberán llevar a cabo las reformas a sus constituciones para adecuarlas al contenido del presente decreto en un plazo que no excederá de ciento ochenta días, contados a partir de la entrada en vigor del presente decreto.

Cuarto. El Congreso de la Unión deberá expedir la legislación procedimental a que hace referencia la fracción XXX del artículo 73 constitucional adicionado mediante el presente decreto, en un plazo que no excederá de ciento ochenta días contados a partir de la entrada en vigor del presente decreto.

Quinto. La legislación procesal civil y familiar de la Federación y de las entidades federativas continuará vigente hasta en tanto entre en vigor la legislación a que se refiere la fracción XXX del artículo 73 constitucional, adicionada mediante el presente decreto, y de conformidad con el régimen transitorio que la misma prevea. Los procedimientos iniciados y las sentencias emitidas con fundamento en la legislación procesal civil federal y la legislación procesal civil y familiar de las entidades federativas deberán concluirse y ejecutarse, respectivamente, conforme a la misma.

Salón de sesiones de la Honorable Cámara de Senadores. Ciudad de México, a 13 de diciembre de 2016.— Senador César O. Pedroza Gaitán (rúbrica), vicepresidente; senadora María E. Barrera Tapia (rúbrica), secretaria.»

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Para los efectos constitucionales, me permito remitir a ustedes expediente que contiene proyecto de decreto por el que se adicionan los párrafos 8o. y 9o. al inciso c) de la fracción IV del artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de autonomía de los órganos administrativos y jurisdiccionales electorales locales, y competencia de los tribunales electorales locales para resolver conflictos laborales entre dichos órganos y sus trabajadores, aprobado por el Senado de la República en sesión celebrada en esta fecha.

Atentamente

Ciudad de México, a 13 de diciembre de 2016.— Senador César Octavio Pedroza Gaitán (rúbrica), vicepresidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Proyecto de Decreto

CS-LXIII-II-1P-126

Por el que se adicionan los párrafos 8o. y 9o. al inciso c) de la fracción IV del artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de autonomía de los órganos administrativos y jurisdiccionales electorales locales, y competencia de los tribunales electorales locales para resolver conflictos laborales entre dichos órganos y sus trabajadores.

Artículo Único. Se adicionan los párrafos 8o. y 9o. al inciso c) de la fracción IV del artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 116. . . .

. . .

I. a III. ...

IV. ...

a) y b) ...

c) ...

1o. a 7o. ...

8o. Los organismos públicos locales electorales y las autoridades electorales jurisdiccionales, tendrán capacidad para decidir sobre el ejercicio de su presupuesto. Con base en las disposiciones en materia de responsabilidad hacendaria, las legislaturas locales garantizarán la suficiencia presupuestal a fin de permitirles el ejercicio eficaz y oportuno de sus competencias.

9o. Las autoridades electorales jurisdiccionales conocerán y resolverán de los conflictos o diferencias laborales que surjan con sus servidores públicos, así como de los que se presenten entre los órganos públicos electorales locales y sus trabajadores.

d ) a p ) . . .

V. a IX. . . .

Transitorios

Primero.El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Las legislaturas de las entidades federativas realizarán las adecuaciones al orden jurídico local dentro del periodo de un año contado a partir de la entrada en vigor del presente decreto.

Tercero. Con base en la entrada en vigor del presente decreto, las legislaturas y los titulares de los poderes u órganos ejecutivos de las entidades federativas adoptarán las medidas pertinentes en términos de las normas legales aplicables al presupuesto y la responsabilidad hacendaria, para hacer efectivo lo dispuesto en el párrafo 8o. del inciso c) de la fracción IV del artículo 116 constitucional durante el ejercicio fiscal en curso al momento de la entrada en vigor del presente decreto. El proyecto de Presupuesto de Egresos de las entidades federativas para el siguiente ejercicio fiscal, a partir de la entrada en vigor del presente decreto, contemplará lo previsto por el párrafo 8o. del inciso c) de la fracción IV del artículo 116 constitucional.

Cuarto.Los procedimientos derivados de conflictos y diferencias laborales entre los organismos públicos electorales locales y las autoridades jurisdiccionales electorales locales y sus respectivos servidores que se hubieren iniciado con anterioridad a la entrada en vigor de este decreto, continuarán conociéndose y se resolverán por los órganos competentes al momento de su inicio.

Salón de sesiones de la Honorable Cámara de Senadores. Ciudad de México, a 13 de diciembre de 2016.— Senador César O. Pedroza Gaitán (rúbrica), vicepresidente; senadora María E. Barrera Tapia (rúbrica), secretaria.»

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

DECLARA LA PRIMERA SEMANA DEL MES DE ABRIL DE CADA AÑO, COMO LA “SEMANA NACIONAL DE LA CULTURA FÍSICA Y EL DEPORTE”

La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Para los efectos de lo dispuesto en la fracción e) del artículo 72 constitucional, me permito devolver a ustedes el expediente que contiene proyecto de decreto por el que se declara la primera semana del mes de abril de cada año, como la “Semana Nacional de la Cultura Física y el Deporte”, aprobado por el Senado de la República en sesión celebrada en esta fecha.

Atentamente

Ciudad de México, a 8 de diciembre de 2016.— Senadora Blanca Alcalá Ruiz (rúbrica), vicepresidenta.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

PROYECTO DE DECRETO

CD-LXIII-II-1P-084

POR EL QUE SE DECLARA LA PRIMERA SEMANA DEL MES DE ABRIL DE CADA AÑO, COMO LA “SEMANA NACIONAL DE LA CULTURA FÍSICA Y EL DEPORTE”.

Artículo Primero. El Honorable Congreso de la Unión declara la primera semana del mes de abril de cada año como la “Semana Nacional de la Cultura Física y el Deporte”.

Artículo Segundo.La Secretaría de Educación Pública, con motivo de la “Semana Nacional de la Cultura Física y el Deporte” promoverá y difundirá en los sistemas de educación primaria, secundaria, media superior y superior, las bondades y sus beneficios mediante la realización de diversas actividades afines.

Artículo Tercero. La Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, con motivo de la “Semana Nacional de la Cultura Física y el Deporte” promoverá y difundirá a través del Sistema Nacional de Cultura Física y Deporte la realización de diversas actividades y eventos afines a dicha conmemoración.

TRANSITORIO

Único.El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la Honorable Cámara de Senadores. Ciudad de México, a 8 de diciembre de 2016.— Senadora Blanca Alcalá Ruiz (rúbrica), vicepresidenta; senadora María Elena Barrera Tapia (rúbrica), secretaria.»

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Con fundamento en el artículo 82, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, consulte la Secretaría a la asamblea si se le dispensan todos los trámites y se somete a discusión y votación de inmediato.

La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla:Con fundamento en el artículo 82, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, en votación económica, se consulta a la asamblea si se le dispensa todos los trámites y se somete a discusión y votación de inmediato. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Se le dispensan todos los trámites y se somete a discusión y votación de inmediato.

DECLARA LA PRIMERA SEMANA DEL MES DE ABRIL DE CADA AÑO, COMO LA “SEMANA NACIONAL DE LA CULTURA FÍSICA Y EL DEPORTE”

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: En consecuencia, el siguiente punto del orden del día es la discusión de la minuta con proyecto de decreto por el que el honorable Congreso de la Unión declara la primera semana del mes de abril de cada año como la Semana Nacional de la Cultura Física y el Deporte.

Está a discusión en lo general y en lo particular. No habiendo lista de oradores, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si la considera suficientemente discutida en lo general y en lo particular.

La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla:Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Suficientemente discutido en lo general y en lo particular. Se pide a la Secretaría abra el sistema electrónico, por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular.

La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico, por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular.

(Votación)

¿Algún compañero o compañera que falte de emitir su voto? Sigue abierto el sistema.

Diputado Ojeda, ¿El sentido de su voto? Sigue abierto el sistema electrónico, compañeras y compañeros.

El diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano (desde la curul): A favor.

La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla: Diputado Ojeda, a favor.

Ciérrese el sistema de votación electrónico. Se emitieron a favor 354 votos, cero abstenciones, cero en contra, de un total de 354 votos. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Aprobado en lo general y en lo particular, por 354 votos, el proyecto de decreto por el que el Honorable Congreso de la Unión declara la primera semana del mes de abril de cada año, como la Semana Nacional de la Cultura Física y el Deporte. Pasa al Ejecutivo, para sus efectos constitucionales.

La diputada Jacqueline Nava Mouett(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Sonido en la curul de la diputada Jacqui Nava. Adelante, diputada.

La diputada Jacqueline Nava Mouett (desde la curul): Gracias, presidente. Solo para agradecer a todas las diputadas y diputados en esta Cámara, a los senadores también, por aprobar esta iniciativa. Créanme, iniciar con la Semana Nacional del Deporte es un gran logro, pero como lo digo, es un inicio para que volteen a ver el deporte en todos los estados y en todos los municipios. Agradezco infinitamente. Y vienen muchas cosas buenas para el deporte. Gracias.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Quedan registradas sus expresiones en el Diario de los Debates, diputada.

Continúe la Secretaría con iniciativas de los Congresos de los estados.

INICIATIVAS DE LOS CONGRESOS ESTATALES

LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:«Congreso del Estado de Nuevo León.

Diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar, Presidente de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.— Presente.

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 63, fracción II, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, así como los artículos 71, fracción III, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la LXXIV Legislatura al Honorable Congreso del estado de Nuevo León, pone a consideración de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, iniciativa con proyecto de decreto que reforma por adición de un inciso j) a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Se acompaña al presente copia del dictamen emitido por las Comisiones Unidas de Legislación y Salud y Atención a Grupos Vulnerables, aprobado en la sesión del día de hoy, así como del acuerdo número 437, que contiene la iniciativa citada en el párrafo anterior para su conocimiento y efectos legales correspondientes, con la atenta súplica de que nos den a conocer el trámite legislativo que se le haya dado al presente.

Lo anterior para su conocimiento y efectos legales a que haya lugar.

Sin otro particular, nos permitimos enviarle por este conducto un cordial saludo.

Atentamente

Monterrey, Nuevo León, a 30 de noviembre de 2016.— Diputada Liliana Tijerina Cantú (rúbrica), primera secretaria por Ministerio de Ley; diputada Alicia Maribel Villalón González (rúbrica), segunda secretaria por Ministerio de Ley.»

«Congreso del Estado de Nuevo León.

El Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, LXXIV Legislatura, en uso de las facultades que le concede el artículo 63, de la Constitución Política local, expide el siguiente

Acuerdo número 437

Artículo Primero. La LXXIV Legislatura al Congreso del estado de Nuevo León, con fundamento en el artículo 63, fracción II, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, así como los artículos 71, fracción III, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solicita al Honorable Congreso de la Unión, la aprobación del siguiente proyecto de

Decreto

Artículo Único. Se reforma por adición de un inciso j) a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, para quedar como sigue:

Artículo 156.

1. La credencial para votar deberá contener, cuando menos, los siguientes datos del elector:

a) a g)...

h) Clave de registro;

i) Clave Única del Registro de Población; y

j) Si deseas ser donador de órganos.

2. ...

a) a e) ...

3. ...

4. ...

5. ...

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo Segundo. El presente decreto se remite para su aprobación a la Cámara de Diputados.

Por lo tanto envíese al Ejecutivo del Estado para su publicación en el Periódico Oficial del Estado.

Dado en el salón de sesiones del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, en Monterrey, su capital a los treinta días del mes de noviembre de dos mil dieciséis.— Diputado Andrés Mauricio Cantú Ramírez (rúbrica), Presidente; diputada Liliana Tijerina Cantú (rúbrica), primera secretaria por Ministerio de Ley; diputada Alicia Maribel Villalón González (rúbrica), segunda secretaria por Ministerio de Ley.»

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Túrnese a la Comisión de Gobernación, para dictamen.

LEY GENERAL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA ATENCIÓN, CUIDADO Y DESARROLLO INTEGRAL INFANTIL

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:«Congreso del Estado de Nuevo León.

Diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar, Presidente de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.— Presente.

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 63, fracción II, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, así como los artículos 71, fracción III, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la LXXIV Legislatura al Honorable Congreso del estado de Nuevo León, pone a consideración de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, iniciativa con proyecto de decreto que reforma por adición de artículo 49 Bis y adición de una fracción VI al artículo 70 de la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil.

Se acompaña al presente copia del dictamen emitido por la Comisión de Legislación, aprobado en la sesión del día de hoy, así como del acuerdo número 436 que contiene la iniciativa citada en el párrafo anterior para su conocimiento y efectos legales correspondientes, con la atenta súplica de que nos den a conocer el trámite legislativo que se le haya dado al presente.

Lo anterior para su conocimiento y efectos legales a que haya lugar.

Sin otro particular, nos permitimos enviarle por este conducto un cordial saludo.

Atentamente

Monterrey, Nuevo León, a 30 de noviembre de 2016.— Diputada Liliana Tijerina Cantú (rúbrica), primera secretaria por Ministerio de Ley; diputada Alicia Maribel Villalón González (rúbrica), segunda secretaria por Ministerio de Ley.»

«Congreso del Estado de Nuevo León.

El Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, LXXIV Legislatura, en uso de las facultades que le concede el artículo 63, de la Constitución Política local, expide el siguiente

Acuerdo número 436

Artículo Primero. La LXXIV Legislatura al Congreso del estado de Nuevo León, con fundamento en el artículo 63, fracción II, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, así como los artículos 71, fracción III, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solicita al Honorable Congreso de la Unión, la aprobación del siguiente proyecto de

Decreto

Artículo Único. Se reforma por adición de un artículo 49 Bis y adición de una fracción VI al artículo 70 de la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, para quedar como sigue:

Artículo 49 Bis. Los Centros de Atención de Tipo 3 y 4 deberán contar con un sistema de video vigilancia que registre las actividades del personal y los sujetos de atención en las áreas comunes y de esparcimiento. Los archivos del sistema de video vigilancia podrán ser facilitados a las autoridades por resolución judicial.

Artículo 70. La multa administrativa será impuesta, de conformidad con lo dispuesto en la normatividad aplicable y en los siguientes casos:

I. a V...

VI. Incumplir con las medidas de seguridad y protección civil previstas en el Capítulo VIII de esta Ley.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo Segundo. El presente decreto se remite para su aprobación a la Cámara de Diputados.

Por lo tanto envíese al Ejecutivo del Estado para su publicación en el Periódico Oficial del Estado.

Dado en el salón de sesiones del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, en Monterrey, su capital a los treinta días del mes de noviembre de dos mil dieciséis.— Diputado Andrés Mauricio Cantú Ramírez (rúbrica), Presidente; diputada Liliana Tijerina Cantú (rúbrica), primera secretaria por Ministerio de Ley; diputada Alicia Maribel Villalón González (rúbrica), segunda secretaria por Ministerio de Ley.»

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Túrnese a la Comisión de Derechos de la Niñez, para dictamen.

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:«Congreso del Estado de Veracruz.

Diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.— Presente.

La Sexagésima Tercera Legislatura del Honorable Congreso del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, en ejercicio de la atribución que le confiere el artículo 71, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción III, y 38 de la Constitución Política local, somete a la consideración de esa soberanía la iniciativa ante el Congreso de la Unión, de decreto por el que se adiciona un tercer párrafo, al artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, aprobada en sesión extraordinaria celebrada el día de hoy, por el pleno de esta potestad legislativa.

Sin otro particular, le reiteramos la seguridad de nuestras distinguidas consideraciones.

Atentamente

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Xalapa, Veracruz, octubre 31 de 2016.— Diputada Octavia Ortega Arteaga (rúbrica), Presidenta; diputada Ana Cristina Ledezma López (rúbrica), secretaria.»

«Congreso del Estado de Veracruz.

La Sexagésima Tercera Legislatura del Honorable Congreso del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, en uso de la facultad que le confieren los artículos 33, fracción III, de la Constitución Política del estado, 18, fracción III de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, y en nombre del pueblo, expide la siguiente:

Iniciativa ante el Congreso de la Unión de decreto que adiciona un tercer párrafo al artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo único. Preséntese ante la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, a nombre de la Sexagésima Tercera Legislatura del Honorable Congreso del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, la presente iniciativa de decreto que adiciona un tercer párrafo al artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los términos siguientes:

Ciudadanos Secretarios de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

La Sexagésima Tercera Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, en ejercicio de la atribución que le confiere el artículo 71, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción III, y 38 de la Constitución Política local; y 47, párrafo segundo, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del estado, somete a la consideración de esa soberanía la presente iniciativa de decreto por el que se adiciona un tercer párrafo al artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

En un Estado federal como el nuestro, la fijación de posturas políticas puestas en debate, resulta esencial en los acuerdos de transformación de los sistemas jurídico y político mexicanos; más aún, cuando en ejercicio de las atribuciones legislativas (formales y materiales), se busca reformar a la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o la legislación que encuentra concurrencia con las entidades federativas y que su entrada en vigor sea susceptible de armonización por parte de las Legislaturas de las entidades federativas.

Ahora bien, la diversidad de planteamientos y posturas al momento de discutirse las iniciativas de ley o reforma de los ordenamientos antes señalados, en las comisiones ordinarias de las Cámaras de Diputados y Senadores, permite un ejercicio de enriquecimiento ideológico que favorece a los miembros que integran los órganos dictaminadores, al momento de emitir sus opiniones respecto del proyecto a tratarse. Es precisamente en esta etapa del procedimiento legislativo, que las Legislaturas Estatal, pueden aportar diversos elementos, basados en la perspectiva de sus realidades, atendiendo a estrategias de desarrollo y agendas legislativas.

Dicha práctica, se lleva a cabo en tratándose de temas en la que son invitados al debate en comisiones, diversos grupos relaciones con los temas, de los cuales sus experiencias y aportaciones son susceptibles de fortalecer el panorama y contenido del proyecto legislativo en discusión.

Por lo anterior, resulta objetivo, desde una perspectiva de cooperación parlamentaria, abrir los espacios políticos del Congreso de la Unión, respecto de los temas que impactan el orden jurídico de las entidades federativas; para que en un ejercicio tangible de participación representativa, las comisiones ordinarias que integran la Cámara de Diputados o la Cámara de Senadores, según sea el caso, tengan la facultad de extender una atenta convocatoria a las Legislaturas de las entidades federativas, a fin de que éstas, a través de un previo acuerdo, designen representantes que hagan valer sus opiniones y expectativas, para de esa manera desplegar sus posicionamientos respecto a la diversidad de temas a tratar.

Por lo tanto, de consolidarse la pretensión que nos ocupa, se estaría fortaleciendo el procedimiento legislativo, y a su vez el sistema federal representativo, pues se amplía el espectro político, social y económico de los proyectos legislativos en beneficio de la sociedad mexicana, considerada desde diversos ángulos.

Es necesario señalar, que en vísperas de celebrarse los 100 años de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es preciso robustecer la participación política de las Legislaturas de las entidades federativas, en cuanto a ser escuchados antes de que se emitan los dictámenes que habrán de ser discutidos por el pleno de ambas Cámaras; de esta forma, el ejercicio que caracteriza al principio de rigidez de nuestra Constitución federal se verá fortalecido, toda vez que las Legislaturas locales conocerán de los temas y versarán su votación en su momento respecto de la minuta que se turne, en concordancia con las experiencias y el intercambio de opiniones que en el debate en comisiones se desarrolle.

Asimismo, con pleno respeto a las esferas competenciales, las legislaturas de las entidades federativas, únicamente aportarán sus experiencias a través de posicionamientos, por lo que, en ningún momento, participarán con voto en proyectos legislativos ajenos a su competencia, al tiempo en que el Honorable Congreso de la Unión, se posicionaría como un Poder incluyente e innovador.

Por lo expuesto, se somete a la consideración de esa soberanía la presente

Iniciativa de decreto que adiciona un tercer párrafo al artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo único. Se adiciona un tercer párrafo, recorriéndose los demás en su orden natural, al artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 71. El derecho de iniciar leyes o decretos compete:

I. a IV. ...

...

Cualquiera de las Cámaras a través de sus comisiones ordinarias, podrá convocar a las legislaturas de los estados, mediante la representación de los integrantes que éstas acuerden, cuando se discuta una iniciativa de reformas o adiciones a esta Constitución, o la ley que implique la armonización de la legislación local, con el objeto de conocer sus posicionamientos al respecto.

...

...

Transitorio

Artículo único. El presente decreto iniciará su vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Transitorios

Primero.El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial Estado.

Segundo. Remítase a la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, para los efectos procedentes.

Dada en el salón de sesiones de la LXIII Legislatura del Honorable Congreso del estado, en la ciudad de Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, a los treinta y un días del mes de octubre del año dos mil dieciséis.— Diputada Octavia Ortega Arteaga (rúbrica), Presidenta; diputada Ana Cristina Ledezma López (rúbrica), secretaria.»

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

DECLARATORIA DE PUBLICIDAD DE DICTÁMENES DE LEY O DECRETO

CÓDIGO PENAL FEDERAL

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:Dictamen de la Comisión de Justicia con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 211, la denominación del Capítulo I del Título Decimoquinto, 259 Bis y se adicionan los artículos 210 Bis, 259 Ter, 259 Quáter y una fracción V al artículo 266 Bis del Código Penal Federal.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple con la declaratoria de publicidad.

EXPIDE LA LEY REGLAMENTARIA DEL ARTÍCULO 29 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: Dictamen de las Comisiones Unidas de Gobernación y de Derechos Humanos con proyecto de decreto por el que se expide la Ley Reglamentaria del Artículo 29 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple con la declaratoria de publicidad.

EXPIDE LA LEY GENERAL PARA PREVENIR, INVESTIGAR Y SANCIONAR LA TORTURA Y OTROS TRATOS O PENAS CRUELES, INHUMANOS O DEGRADANTES, CÓDIGO PENAL FEDERAL, LEY DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS, LEY GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y LEY DE EXTRADICIÓN INTERNACIONAL

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:Dictamen de las Comisiones Unidas de Derechos Humanos y de Justicia con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Penal Federal, de la Ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y de la Ley de Extradición Internacional.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple con la declaratoria de publicidad.

LEY GENERAL PARA LA INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y DE LA LEY GENERAL DE POBLACIÓN

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:Dictamen de las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables y de Salud con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud, de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad y de la Ley General de Población.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple con la declaratoria de publicidad.

REGLAMENTO DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: Dictamen de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Reglamento de la Cámara de Diputados.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple con la declaratoria de publicidad.

LEY GENERAL DE SALUD, EN MATERIA DE CAMBIO CLIMÁTICO

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: Dictamen de la Comisión de Salud con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción V al artículo 119 de la Ley General de Salud en materia de cambio climático

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple con la declaratoria de publicidad.

LEY GENERAL DE SALUD

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: Dictamen de la Comisión de Salud con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción V del artículo 198 de la Ley General de Salud.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple con la declaratoria de publicidad.

LEY GENERAL DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: Dictamen de la Comisión de Derechos de la Niñez con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción XXII al artículo 57 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple con la declaratoria de publicidad.

LEY GENERAL DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: Dictamen de la Comisión de Derechos de la Niñez con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción VIII al artículo 47 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple con la declaratoria de publicidad.

LEY DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: Dictamen de la Comisión de Ciencia y Tecnología con proyecto de decreto que reforma el artículo 40 de la Ley de Ciencia y Tecnología.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple con la declaratoria de publicidad.

LEY DE AMPARO, REGLAMENTARIA DE LOS ARTÍCULOS 103 Y 107 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:Dictamen de la Comisión de Justicia con proyecto de decreto que reforma el artículo 19 de la Ley de Amparo Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el artículo 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple con la declaratoria de publicidad.

LEY REGLAMENTARIA DEL SERVICIO FERROVIARIO

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: Dictamen de la Comisión de Transportes, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 46 de la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple con la declaratoria de publicidad.

LEY FEDERAL DEL TRABAJO Y LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: Dictamen de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple con la declaratoria de publicidad.

LEY DE ASCENSOS Y RECOMPENSAS DEL EJÉRCITO Y FUERZA AÉREA MEXICANOS

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:Dictamen de la Comisión de Defensa Nacional, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Ascensos y Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple con la declaratoria de publicidad.

CIUDAD DE MÉXICO

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: Dictamen de la Comisión de la Ciudad de México, con proyecto de decreto por el que se reforman 24 ordenamientos en materia de reconocimiento de la ciudad de México como entidad federativa, sustitución de nombre de Distrito Federal y definición, en su caso, de las facultades concurrentes para las demarcaciones territoriales.

CÓDIGO PENAL FEDERAL

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: Dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia y de Gobernación, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 149 Ter del Código Penal Federal en materia de intolerancia religiosa.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple con la declaratoria de publicidad.

DICTÁMENES A DISCUSIÓN DE LEY O DECRETO

CÓDIGO PENAL FEDERAL

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen de la Comisión de Justicia, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 24 y 366 Ter, y se adiciona el 209 Quater al Código Penal Federal.

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:«Dictamen de la Comisión de Justicia, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 24 y 366 Ter, y se adiciona el 209 Quáter al Código Penal Federal

HONORABLE ASAMBLEA:

A la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión de la LXIII Legislatura, le fueron turnadas dos iniciativas con proyecto de decreto, la primera de ellas por la que se reforma el artículo 24; mientras que la segunda por la que se adiciona el artículo 209 quater y se reforma el 366 Ter todos los numerales correspondientes al Código Penal Federal, siendo presentadas ambas iniciativas por la Diputada Martha Cristina Jiménez Márquez del Partido Acción Nacional.

Con fundamento en los artículos 71 y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 39; 43, 44, y 45 numeral 6, incisos e) y f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 80, 81, 82, 84, 85 y 157 numeral 1, fracción I, 158 numeral 1, fracción IV y 167 del Reglamento de la Cámara de Diputados, los miembros de esta Comisión de Justicia sometemos a consideración del Pleno de esta Honorable Asamblea el presente dictamen al tenor de la siguiente:

METODOLOGÍA

Esta Comisión, desarrolló los trabajos correspondientes conforme al procedimiento que a continuación se describe:

I.En el apartado “ANTECEDENTES” se indica la fecha de recepción en el Pleno de la Cámara de Diputados y del recibo del turno en la Comisión de Justicia para su análisis y dictaminación de las tres iniciativas a estudio.

II.En el apartado denominado “CONTENIDO DE LAS INICIATIVAS”se resume el objetivo de las iniciativas que nos ocupa.

III.En el apartado “CONSIDERACIONES”, las y los integrantes de esta Comisión dictaminadora, expresamos los razonamientos y argumentos con base en los cuales se sustenta el sentido del presente dictamen.

I. ANTECEDENTES

1.- La primera iniciativa sujeta a análisis fue presentada ante el Pleno y publicada en la Gaceta Parlamentaria el 28 de abril de 2016, la cual fue turnada a esta Comisión el 29 de abril del presente año, para su estudio y dictamen correspondiente.

2.- Respecto de la segunda, fue publicada en Gaceta Parlamentaria el 14 de abril de 2016 y turnada a esta Comisión el 21 del mismo mes y año para su estudio y dictamen correspondiente.

3.- Derivado de lo anterior, esta Comisión de Justicia realizó el análisis y la dictaminación de ambas propuestas.

II. CONTENIDO DE LA INICIATIVA

Iniciativa que propone reformar el artículo 24 del Código Penal Federal.

En iniciativa que propone la Diputada Martha Cristina Jiménez Márquez, tiene por objeto según se refiere en ella, fortalecer el régimen legal en la comisión de delitos contra la libertad y el normal desarrollo psicosexual ya sea de menores de edad, incapaces y mayores de edad; en este sentido, además de las sanciones convencionales (prisión, multa, etcétera), por lo que a consideración de la proponente, es necesario reforzar el catálogo de penas y medidas de seguridad aplicables, previstas en el Código Penal Federal, a efecto de generar un registro de las personas que han sido sujetas a la publicación especial de sentencia o a la prohibición de ir a lugar determinado, ello en última instancia en beneficio de la sociedad.

Refiere la proponente que lo que origina la medida anterior es la gravedad del delito, por una parte; y por otra, la incidencia cada vez mayor de este tipo de ilícitos en países de América Latina, entre los que México se encuentra incluido. Dentro de los datos y cifras que sirven de sustento a dicha iniciativa destacan: El incremento de la pornografía infantil; fenómeno del que la propia ONU ha alertado;1 la explotación infantil se ha detonado en las ciudades fronterizas y el Área Metropolitana de la Ciudad de México;2 México forma parte de la lista de países más atractivos para el comercio sexual infantil.3

Por otro lado, la iniciante establece que la alta incidencia delictiva a nivel nacional en dónde los delitos sexuales de enero de 1997 a febrero de 2016, dan la cantidad oprobiosa de 29,245,685 (Veintinueve millones doscientos cuarenta y cinco mil seiscientos ochenta y cinco) delitos cometidos, en 2015 se cometieron 1,480,192 (un millón cuatrocientos ochenta mil ciento noventa y dos) delitos y a febrero de 2016 la cifra da 233,920 (doscientos treinta y tres mil novecientos veinte) delitos cometidos y para el mismo periodo en comparación con el año pasado, se ha dado un incremento del 2.05%, lo que representan 4,698 (cuatro mil seiscientos noventa y ocho) delitos más en los primeros dos meses del año, todo esto según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, ello según refiere son cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Asimismo, refiere que a nivel federal ya que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública no cuenta con dicha información, toda vez que su clasificador únicamente señala de manera genérica los delitos cometidos contra la integridad corporal de las personas, pero no especifica el tipo de delito.

Ahora bien, refiere la iniciante que derivado de dicha circunstancia y de la multitud de factores que en ella inciden, es que presentó esta iniciativa, ya que considera que es necesaria la creación de un Registro de las personas a las que se les ha impuesto la medida de seguridad consistente en la prohibición de ir a lugar determinado y la de publicación especial de sentencia, tratándose de cualquiera de los delitos señalados en el Titulo Decimoquinto Delitos contra la libertad y el normal desarrollo psicosexual del Código Penal Federal.

Lo anterior, según menciona, con dos objetivos primordiales, por un lado se le de publicidad a la medida de seguridad, a efecto de denunciar su posible incumplimiento y por otro lado, el proteger la integridad física y psicosexual de las personas ante una 7eventual reincidencia por parte del sentenciado; esto es, la iniciante pretende crear un mecanismo que garatice por parte del Estado el derecho a saber quién ha obtenido sentencia firme por la comisión de los delitos a que se refiere el Titulo Decimoquinto del Código Penal Federal, lo que indudablemente, posibilitará la protección de millones de mexicanos que potencialmente son víctimas de este tipo de delitos contra la libertad y el normal desarrollo psicosexual.

Al respecto formula las siguientes consideraciones: Naturaleza de la medida, su presunta inconstitucionalidad, el derecho comparado y la propuesta de reforma.

1. Naturaleza de la medida. En principio, establece la proponente que debe tenerse presente que: “Es mejor evitar los delitos que castigarlos”, aunque no existe consenso a la hora de definir las llamadas “medidas de seguridad” y ni siquiera existe acuerdo de qué es una medida de seguridad y cuáles son los perfiles que la distinguen de una pena; lo cierto, refiere la legisladora, es que existen algunas notas esenciales en las distintas definiciones, Antonio Beristaín las define como los “medios asistenciales, consecuentes a un hecho típicamente antijurídico, aplicados por los órganos jurisdiccionales a tenor de la ley, a las personas peligrosas para lograr la prevención especial”, sin embargo, refiere que también podrán ser “la consecuencia jurídica de la peligrosidad antedelictual o postdelictual, a diferencia de la pena, que es la consecuencia jurídica del delito”, según la opinión de Carlos García Valdés.

Por su parte, refiere a Raúl Carrancá y Trujillo quien coincide con este criterio: “Las penas se fundan en la culpabilidad, las medidas de seguridad en la peligrosidad”, por su parte Villalobos dice que son aquellas que “sin valerse de la intimidación y por tanto sin tener carácter definitivo, buscan el mismo fin de prevenir futuros atentados de parte de un sujeto que se ha manifestado propenso a incurrir en ellos”. Otros juristas, Rafael de Pina y Rafael de Pina Vara, las definen como “las prevenciones legales encaminadas a impedir la comisión de nuevos delitos”. A su vez, Cuello Calón las define como: “Las medidas de seguridad son especiales medios preventivos, privativos o limitativos de bienes jurídicos, impuestos por los órganos estatales competentes a determinados delincuentes”.

Refiere la proponente que para los efectos de esta iniciativa, las medidas de seguridad serán “los instrumentos por medio de los cuales el Estado en forma individualizada y singular, sanciona a los sujetos activos de un delito con el fin de evitar la comisión de nuevos delitos, sin que dicha sanción tenga carácter aflictivo o retributivo”.

2. Pretendida inconstitucionalidad. No es posible eludir hacer referencia a la inconstitucionalidad de las medidas de seguridad, en general; y de la propuesta, en particular. Algunos autores la han alegado, según refiere la iniciante, dado que no se hace mención expresa, en nuestro texto constitucional, a las medidas de seguridad, lo cual, considera la iniciante que es una discusión que carece de un fundamento sólido; en principio, la pena, con independencia de cualquier carácter que pretenda atribuírsele (de castigo, de enmienda, de retribución, etc.), posee, entre otras características, la de ser aplicable post delictum, siendo, a consideración de la proponente, un elemento o una consecuencia de él pero siempre, entendida en torno del mismo como algo inherente.

Así pues, la iniciante considera que aplicar una pena que no esté comprendida dentro del catálogo de las mismas a una conducta delictuosa, repugna a nuestro régimen constitucional. La proponente considera que la medida de seguridad no es una pena propiamente dicha, es precisamente una medida que se adopta para impedir la realización de una conducta ilícita, de ahí incluso, su indeterminación y también su levantamiento si desaparecen las razones que la justificaron, además, la medida de seguridad no sólo tiene por qué analizarse desde la óptica de una limitación o perjuicio a la esfera jurídica del particular, sino también como un medio que impide una afectación mayor a la que correspondería en un determinado caso; una interpretación similar adopta nuestro máximo Tribunal al expresar que “la facultad a que se refiere el artículo 55 del Código Penal Federal consistente en que el juez de oficio o a petición de parte prescinda de la imposición de una pena privativa o restrictiva de la libertad y la substituya por una medida de seguridad, debe considerarse como de ejercicio obligatorio y no potestativo cuando por la gravedad de la enfermedad que sufre el procesado pudiera ocasionar un perjuicio a la salud e intereses de terceros y de la sociedad misma.

Además, refiere la iniciante, tratándose de la protección de los menores, desde el texto constitucional existe un régimen especial. A este respecto, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece diversas garantías de orden personal y social a favor de los éstos en su artículo 4º, que en lo de interés dispone: “ En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez”.

Por otra parte, la Convención sobre los Derechos del Niño, la cual fue suscrita y ratificada por el Estado mexicano (por lo que en términos del artículo 133 Constitucional forma parte de nuestro sistema jurídico como una norma de derecho positivo vigente), establece que las autoridades administrativas, los tribunales o los órganos legislativos en todas las medidas que tomen concernientes a los niños, se atenderá primordialmente el interés superior del niño (artículo 3o.); asimismo, dicha convención estipula que tendrá derecho desde que nace a un nombre, a adquirir una nacionalidad y, en la medida de lo posible, a conocer a sus padres (artículo 7o.); que los Estados partes se comprometen a respetar el derecho del niño a preservar su identidad, incluidos la nacionalidad, el nombre y las relaciones familiares de conformidad con la ley, sin injerencias ilícitas; finalmente, agrega que cuando un niño sea privado ilegalmente de alguno de los elementos de su identidad o de todos ellos, los Estados partes deberán prestar la asistencia y protección debidas con miras a reestablecer rápidamente su identidad (artículo 8o.). Todo lo anterior permite concluir que no únicamente en nuestra Ley Fundamental, sino que en diversas normas internacionales y otras de derecho interno que la desarrollan, se consagra el principio del “interés superior de la niñez”. Sin que pueda soslayarse, por otro lado, que el propio ordenamiento prevé una figura que, al igual que la medida propuesta, también podría considerase constitucionalmente discutible, como es la publicación especial de sentencia; consiste en la inserción total o parcial de ella, en uno o dos periódicos que circulen en la localidad.

3. Derecho comparado. En otro orden de ideas, la iniciante refiere que el Registro de ofensores sexuales es un sistema que distintos países han creado para que la autoridad esté en posibilidades de dar seguimiento a las personas que mediante Sentencia firme fueron señalados como ofensores sexuales. En estos países, por ejemplo los Estados Unidos de Norteamérica, los datos del registro están al alcance de la población; principalmente a través de medios electrónicos, refiere que algunos de los países donde se ha implementado un registro de este tipo son Canadá, donde existe el Registro Nacional de Delincuentes Sexuales (National Sex Offender Registry); Estados Unidos de Norteamérica, donde existe desde 1994 la Wetterling Act y dese 2007 la Adam Walsh Child Protection and Safety Act; Inglaterra, donde está en vigor el Registro de Delincuentes Violentos y Sexuales (Violent and Sex Offender Register).

En América Latina, en Puerto Rico, existe el Registro de Personas Convictas por Delitos Sexuales y Abuso Contra Menores, mediante Ley Núm. 266 del 9 de septiembre de 2004. Y en Europa, países como España se han planteado con toda seriedad este asunto: “Desde hace ya unos años, el gobierno español viene planteando la creación de registros de delincuentes sexuales como forma de prevención de nuevos casos”, finaliza la proponente.

Es por lo anterior, que en esta Comisión dictaminadora al analizar la exposición de motivos realizada por el legislador proponente, nos permitimos realizar las siguientes:

III. CONSIDERACIONES

PRIMERA. – Esta dictaminadora es competente para dictaminar el presente asunto en términos de los artículos enunciados en el proemio del presente dictamen, por lo que una vez precisado lo anterior, los integrantes de esta Comisión dictaminadora, realizamos un análisis detallado y objetivo respecto a las iniciativa presentadas por la Diputada Martha Cristina Jiménez Márquez, las cuales tienen un noble propósito que de fondo, esta Comisión considera que es atendible, ya que denota una preocupación por la integridad y seguridad de un sector social que es considerado como vulnerable.

SEGUNDA.- La Diputada iniciante realiza tres propuestas en las dos iniciativas. La primera de ellas consiste en la reforma al artículo 24 del Código Penal Federal en el cual propone la creación del Registro de Personas con Sentencia Firme a las que se les ha impuesto la sanción consistente en la prohibición de ir a lugar determinado y la de publicación especial de la sentencia tratándose de cualquiera de los delitos contemplados en el Título Décimo Quinto de este mismo Código Penal; dicha propuesta se considera atendible realizando algunas modificaciones.

Al respecto, debe decirse que por sí mismo el registro no representa ningún problema, no siendo así el uso o manejo que se le pueda dar. Lo anterior se hace mención tomando en consideración que nuestra Carta Magna en su artículo 1° establece como derecho de toda persona, que no podrá ser discriminada por ninguna razón y el mal empleo de información como una sentencia condenatoria, pudiera representar actos discriminatorios, para una mayor claridad se transcribe la porción normativa de nuestra Carta Magna:

Artículo 1°. ...

...

...

...

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.

Derivado de lo anterior, esta dictaminadora considera que se encuentra justificada la propuesta de la legisladora iniciante, ya que busca proteger la integridad y seguridad de víctimas en potencia de delitos de naturaleza sexual, los cuales principalmente son menores de edad y en especial estado de vulnerabilidad.

Si realizamos una ponderación entre el derecho de los niños a un pleno desarrollo integral, como lo establece el artículo 4 de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual establece:

Artículo 4°. ...

...

...

...

...

...

...

...

En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez.

...

...

...

...

Atendiendo a lo anterior, el Estado debe velar por el respeto de los menores, tomando en consideración el interés superior de la niñez en todas sus actuaciones, sin embargo, también las personas adultas tienen derechos que deben ser respetados, como es el ya mencionado derecho a la no discriminación, el derecho a desempeñarse en cualquier actividad siempre y cuando sea lícita, el derecho a libre tránsito, el derecho a comunicarse, etcétera.

Esta dictaminadora considera viable la propuesta de la iniciante, sin embargo, también estima que se debe adicionar una porción normativa con el objeto de que la información que contenga este registro, sea empleada con el debido tratamiento que la misma ley establece, ya que para tal efecto existe en nuestro marco normativo las disposiciones normativas en materia de transparencia y acceso a la información pública, por lo cual se consideró correcto remitir a las disposiciones aplicables en la materia.

TERCERA.- Por cuanto hace a la reforma del artículo 366 Ter, del mismo cuerpo de leyes, con el objeto de que adicionalmente a la pena privativa de la libertad que sea impuesta por el Órgano jurisdiccional competente, se imponga también como parte integrante de su sentencia la prohibición de acudir a ciertos lugares por el tiempo que el juzgador determine, esta dictaminadora también considera que es atendible, sin embargo también se estima procedente ser más específicos, es decir, se considera oportuno adicionar que los lugares a que se refiere la iniciante en su propuesta, se establezca que sea en los que haya concurrencia de niñas, niños o adolescentes o bien que la persona quede sujeta a vigilancia por la autoridad policial, ya que con ello se brinda claridad a la propuesta y tiene un mejor entendimiento.

Cabe destacar que la Ley General de Víctimas en su artículo 5, décimo primer párrafo establece:

“ Las autoridades que deban aplicar esta Ley ofrecerán, en el ámbito de sus respectivas competencias, garantías especiales y medidas de protección a los grupos expuestos a un mayor riesgo de violación de sus derechos, como niñas y niños, jóvenes, mujeres, adultos mayores, personas en situación de discapacidad, migrantes, miembros de pueblos indígenas, personas defensoras de derechos humanos, periodistas y personas en situación de desplazamiento interno. En todo momento se reconocerá el interés superior del menor”.

Aunado a ello, se debe tomar en cuenta el interés superior del menor, el cual, se define en términos de los artículos 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño (ratificada por México y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de enero de 1991); y 3, 4, 6 y 7 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, los tribunales deben atender primordialmente al interés superior del niño, en todas las medidas que tomen concernientes a éstos, concepto interpretado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (cuya competencia aceptó el Estado Mexicano el 16 de diciembre de 1998 al ratificar la Convención Interamericana de Derechos Humanos) de la siguiente manera: “la expresión ‘interés superior del niño’ ... implica que el desarrollo de éste y el ejercicio pleno de sus derechos deben ser considerados como criterios rectores para la elaboración de normas y la aplicación de éstas en todos los órdenes relativos a la vida del niño”.

CUARTA.- Finalmente, la tercera propuesta consiste en la adición del artículo 209 quater, el cual tiene por objeto regular la sanción que pudiera imponer el Órgano jurisdiccional consistente en la prohibición de acudir a ciertos lugares como parte integral de la sentencia de que sea objeto.

De manera general, se puede mencionar que esta dictaminadora está de acuerdo con la propuesta básicamente por los argumentos ya expuestos, como se puede apreciar, las tres propuestas van encaminadas al mismo tema: la protección de menores de posibles agresiones de carácter sexual, lo cual evidentemente debe representar una prioridad para el Estado, ya que estas medidas deben ir aparejadas de medidas preventivas que sean tendientes a promover el cuidado y protección de este sector social.

Es menester precisar que esta Comisión como ya se ha referido, está de acuerdo con la propuesta de la legisladora iniciante, únicamente se realizó una precisión con el objeto de que la imposición de esta sanción no consista en una obligación, sino que dependiendo del caso el Órgano jurisdiccional lo valore.

En el Código Penal Federal existen ciertas reglas de aplicación punitiva optativas (concurso), sin embargo es cuando existe una decisión para acumular o no sanciones individualmente determinadas; en este caso, el fin que se persigue es el de una sanción adicional, que tiene qué ver con seguimiento a los sentenciados por delitos sexuales

Por lo antes expuesto, los diputados integrantes de la Comisión de Justicia LXIII Legislatura, sometemos a consideración del pleno de esta Honorable asamblea el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 24 Y 366 TER Y SE ADICIONA EL 209 QUÁTER AL CÓDIGO PENAL FEDERAL.

ARTÍCULO ÚNICO. Se reforman los artículos 24 y 366 Ter y se adiciona el 209 Quater al Código Penal Federal, para quedar como sigue:

Artículo 24.- Las penas y medidas de seguridad son:

1.- 19...

20.- Inscripción en el Registro de personas con Sentencia Firme a las que se les ha impuesto la sanción consistente en la prohibición de ir a lugar determinado y la de publicación especial de sentencia, tratándose de cualquiera de los delitos señalados en el Titulo Decimoquinto Delitos contra la libertad y el normal desarrollo psicosexual del Código Penal Federal. Dicho registro únicamente podrá ser consultado en términos de la ley en materia de transparencia y acceso a la información pública aplicable.

...

Articulo 366 Ter.-...

...

I – III. ...

A quienes cometan el delito a que se refiere el presente artículo se les podrá imponer una pena de tres a diez años de prisión y de cuatrocientos a mil días de multa. También podrá imponerse la prohibición de acudir a lugares donde haya concurrencia de niñas, niños o adolescentes, o algún otro para efectos de garantizar la seguridad de la víctima, o que quede sujeta a vigilancia por la autoridad policial hasta por un término igual al de la sanción privativa de libertad impuesta.

...

...

Artículo 209 Quáter. Cuando la víctima fuese menor de edad o una persona que no tuviera capacidad de comprender el significado del hecho, se podrá imponer a la persona que haya sido condenada por alguno de los delitos previstos en este Título, además de las penas previstas por el delito cometido, la prohibición de acudir a lugares donde haya concurrencia de niñas, niños o adolescentes, o algún otro para efectos de garantizar la seguridad de la víctima, o que quede sujeta a vigilancia por la autoridad policial hasta por un término igual al de la sanción privativa de la libertad.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO.- El Registro a que se refiere el numeral 20 del artículo 24 del Código Penal Federal, estará a cargo del Centro Nacional de Información, dependiente del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el cual deberá ser creado en un plazo no mayor un año a partir de la entrada en vigor del presente Decreto.

TERCERO.- El Ejecutivo Federal contará con un plazo de un año a partir de la entrada en vigor del presente Decreto para expedir la reglamentación necesaria para poner en funcionamiento el Registro a que se refiere el numeral 20 del artículo 24 del Código Penal Federal, en el cuál, en todo momento se respetarán los derechos humanos de los sentenciados; se establecerá el marco de coordinación entre las Policías, la Procuraduría o Fiscalía General de la República, la Comisión Nacional de Seguridad y demás Instituciones de Seguridad que correspondan, a efecto de estar en posibilidad de actualizar constantemente la información remitida al respecto.

CUARTO.- Las erogaciones que se generen con motivo de la entrada en vigor del presente Decreto, se cubrirán con cargo al presupuesto autorizado para el presente ejercicio fiscal, y los subsecuentes, al órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, por lo que no se requerirán de recursos adicionales para su cumplimiento.

Nota:

1 172003. 1a. CXLI/2007. Primera Sala. Novena Época. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXVI, Julio de 2007, Pág. 265.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de diciembre de 2016.

La Comisión de Justicia, diputados:Álvaro Ibarra Hinojosa (rúbrica), presidente; María Gloria Hernández Madrid (rúbrica), Ricardo Ramírez Nieto (rúbrica), José Hernán Cortés Berumen (rúbrica), Javier Antonio Neblina Vega (rúbrica), Patricia Sánchez Carrillo (rúbrica), Arturo Santana Alfaro (rúbrica), Lía Limón García (rúbrica), Víctor Manuel Sánchez Orozco, secretarios; Jesús Emiliano Álvarez López (rúbrica en abstención), Alfredo Basurto Román (rúbrica en abstención), Ramón Bañales Arámbula (rúbrica), Tristán Manuel Canales Najjar (rúbrica), Édgar Castillo Martínez, José Alberto Couttolenc Buentello, César Alejandro Domínguez Domínguez (rúbrica), Mayra Angélica Enríquez Vanderkam, Waldo Fernández González (rúbrica), José Adrián González Navarro, Sofía González Torres (rúbrica), Carlos Iriarte Mercado (rúbrica), Armando Luna Canales (rúbrica), Abel Murrieta Gutiérrez (rúbrica), Daniel Ordóñez Hernández (rúbrica), Ulises Ramírez Núñez (rúbrica), Édgar Romo García (rúbrica), Martha Sofía Tamayo Morales.»

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Tiene la palabra, hasta por seis minutos, el diputado Álvaro Ibarra Hinojosa, para fundamentar el dictamen de conformidad con el artículo 104, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Se informa a la asamblea que el diputado Ibarra Hinojosa igualmente habrá de fundamentar el dictamen de la Comisión de Justicia, con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan, derogan diversas disposiciones de la Ley General de Víctimas.

El diputado Álvaro Ibarra Hinojosa:Con su permiso señor presidente. Compañeras y compañeros diputados. Es un orgullo estar de nueva cuenta en la máxima tribuna de la nación representando a las diputadas y diputados que integramos la Comisión de Justicia, para fundamentar el dictamen de minuta con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley General de Víctimas, así como aquel que reforma los artículos 24 y 366 Ter y se adiciona el 209 Quáter al Código Penal Federal.

En días pasados, quienes integramos la Comisión de Justicia votamos a favor del dictamen a la minuta que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley General de Víctimas. Lo anterior, con el objetivo de modernizar esta legislación, permitiendo a las víctimas acceder a las medidas de apoyo y reparación de manera inmediata, estableciendo una estructura orgánica funcional para ello.

A continuación me permito enumerar algunos de los aspectos más relevantes contenidos en dicho dictamen. Establece las reglas de coordinación entre la comisión ejecutiva de atención a víctimas y los estados para brindar mayores posibilidades de reparación de daño a las víctimas.

Faculta a la Comisión Ejecutiva para ayudar a las víctimas de manera inmediata en cuestiones como alimentación, transporte de emergencia y alojamiento transitorio. Crea una nueva estructura orgánica de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, desapareciendo todos los comités, excepto el encargado en los proyectos de reparación a fin de continuar con la investigación y la generación de política pública en la materia. Se garantiza el interés superior a la niñez, así como los derechos de las víctimas. Se establece que puede contar de manera inmediata y prioritaria con atención médica y psicológica, trabajo social y demás que se consideren necesarias.

Por otro lado, el abuso sexual cometido en contra de un menor de edad por parte de un adulto, debe ser un hecho enérgicamente condenado por nuestra sociedad, ya que daña lo más valioso que puede tener una nación, que es su niñez, lastimando así el futuro de México.

Más de 26 mil niños de entre 10 y 13 años, manifestaron haber sufrido o sufrir violencia sexual en su casa, y más de 29mil señalaron haber sufrido agresiones sexuales en la escuela.

Por ello, el dictamen con proyecto de decreto que reforma los artículos 24 y 366 Ter, y se adiciona el 209 Quáter al Código Penal Federal, considera procedente prohibir a quien haya cometido un delito sexual en contra de un menor, asistir a lugares públicos donde se congregue dicho sector de la población y crear el registro de personas con sentencia firme a cargo del Centro Nacional de Información.

Compañeras diputadas y compañeros diputados, los temas de atención a víctimas y de protección a los menores –que nos quede bien claro– no son temas políticos, son temas de alto interés social que debemos atender y procurar. Respetuosamente los invito a votar unánimemente a favor de estos dictámenes, la causa que nos une, que es para un México más justo. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputado Ibarra Hinojosa. Está a discusión en lo general y en lo particular.

De conformidad con el artículo 104, numeral 1, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados, tiene el uso de la palabra la diputada Martha Cristina Jiménez Márquez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

La diputada Martha Cristina Jiménez Márquez: Con el permiso de la Presidencia. Compañeros y compañeras, hace algunos meses vine a esta tribuna a presentarles una iniciativa hablando de uno de los delitos más atroces, más escalofriantes: el abuso sexual infantil. Un delito además que es irreparable para sus víctimas y que en México más de 4.5 millones de niños y niñas han sido abusados sexualmente, de acuerdo a la OCDE.

El propósito de este dictamen es aumentar las penas a pederastas, pero sobre todo es dotar de información a padres de familia, a empleadores o a educadores de quiénes son la identidad, quiénes son estas personas que se dedican a hacer depredadores sexuales de menores.

Agradezco y reconozco la sensibilidad de los compañeros de la Comisión de Justicia, quienes con este dictamen se unen a la preocupación de miles de padres de familia para prevenir y desterrar los delitos que atentan en contra de la integridad de niños y niñas.

Este proyecto propone reformar en primer lugar el artículo 24 de Código Penal Federal. En virtud a esto se adiciona dentro de la lista de las penas y medidas de seguridad, la inscripción a lo que se llamará Registro de Personas con Sentencia Firma, a quienes se ha impuesto la sanción consistente en la prohibición de ir a un lugar determinado y tratándose de cualquiera de los delitos contra la libertad y el normal desarrollo psicosexual de los menores.

Como se hace en diversas jurisdicciones, lo anterior implica que en nuestro país funcionará un registro de personas que han cometido delitos en contra de menores en nuestro país, y que esta lista podrá ser conocida por padres de familia a efecto de que tomen las medidas prudenciales cuando alguna persona sancionada viva o se encuentre dentro del perímetro domiciliario.

En segundo lugar, este dictamen implica una enmienda específica en el artículo 366 Ter, precisamente para especificar la posibilidad de imponer una sanción o medida de seguridad de prohibir de acudir a lugares donde haya concurrencia de menores, o bien se imponga vigilancia policiaca a quienes hubiesen cometido el delito de tráfico de menores.

El tercer componente del dictamen que será votado favorablemente, será por el Grupo Parlamentario del PAN, es la adición al artículo 209 Quater, que dispone que quien cometa el delito de pederastia podrá ser sujeto de prohibición de acudir a lugares donde haya concurrencia de menores o cualquier otra medida que garantice la seguridad de la víctima, o vigilancia policial.

Como ustedes pueden observar, compañeros y compañeras, estas medidas implican hacer uso razonable de información criminalística que actualmente ya existe, a favor de las familias, los menores y la sociedad. Por tal razón en los artículos transitorios se dispone que quien administre los registros de ofensores contra menores será justamente el Centro Nacional de Información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Cabe destacar que para el Registro de Ofensores pueda contar con la información más completa posible de todo el país, sería muy importante que las medidas sustantivas en esta ocasión esperamos aprobar, fuera también replicadas por las legislaturas estatales, puesto que los delitos que lastiman a nuestra niñez son originalmente del fuero común.

La importancia del registro que se somete a su consideración es precisamente lo que podrá dar cobertura a los casos que se requiera, tanto del fuero federal como del fuero común.

Diputados y diputadas, cuando me presenté ante ustedes la ocasión pasada les relaté la historia de una niña que había sido abusada sexualmente.

Este dictamen justamente atiende una situación para muchas víctimas, para muchos menores que han sido agredidos en este sentido. Para Carla, para Jorge, para Silvia, para Raúl, y les proveerá de una justicia que nunca han tenido. Muchas gracias.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputada Jiménez Márquez. Agotada la lista de oradores, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular.

La diputada Norma Edith Martínez Guzmán(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Antes, sonido en la curul de la diputada Norma Edith López. Adelante, diputada.

La diputada Norma Edith Martínez Guzmán (desde la curul): Edith Martínez. Gracias, diputado presidente. Quiero decir que efectivamente votaré a favor de este dictamen, debido al interés que tenemos por proteger a nuestros niños. Sin embargo, quiero que conste la discriminación de la que he sido objeto en esta Cámara, debido a que el mismo día que se presentó esta iniciativa, el 14 de abril, yo presenté una iniciativa pidiendo el registro de agresores sexuales y no se tomó en cuenta mi iniciativa. Debió de haberse dictaminado en conjunto y aprobado.

Además de que esta iniciativa trae una situación que puede generar conflictos importantes en la vulneración de los derechos humanos de quienes ya han cumplido una sentencia. Pero, además, la dificultad de prohibir a una persona que ha vivido una sentencia de este tipo a estar en lugares en donde se encuentren niños abiertos.

¿Cómo le vas a prohibir que vaya a una plaza? ¿A un lugar? Que no es lo mismo que no permitir que esté en un lugar en donde se custodian niños. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputada, sus expresiones quedan registradas en el Diario de los Debates. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular.

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Suficientemente discutido en lo general y en lo particular.

Se pide a la Secretaría abra el sistema electrónico, por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular.

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico, por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular.

(Votación)

¿Algún diputado o diputada que falte de emitir su voto? Sigue abierto el sistema. ¿Algún diputado o diputada que falte de emitir su voto? Sigue abierto el sistema, diputada. Ciérrese el sistema de votación electrónico. Se han emitido 378 votos a favor, 2 abstenciones y 0 votos en contra, presidenta.

Presidencia de la diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Aprobado en lo general y en lo particular por 378 votos a favor el proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 24 y 366 Ter, y se adiciona el 209 Quáter al Código Penal Federal. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.

DECLARATORIA DE PUBLICIDAD DE DICTAMEN DE LEY O DECRETO

MEDALLA AL MÉRITO CÍVICO “EDUARDO NERI, LEGISLADORES DE 1913”

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: Dictamen de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, con proyecto de decreto por el que la Cámara de Diputados otorga la Medalla al Mérito Cívico “Eduardo Neri, Legisladores de 1913”, correspondiente al segundo año de ejercicio de la LXIII Legislatura, al ciudadano José Luis Solórzano Zavala.

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple con la declaratoria de publicidad.

La diputada Norma Rocío Nahle García(desde la curul): Presidenta.

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez:Sonido, por favor, en la curul de la diputada Nahle. ¿Con qué objeto, diputada?

La diputada Norma Rocío Nahle García (desde la curul): Con el propósito de hablar sobre la modificación del orden del día, sobre el tema de la medalla Eduardo Neri.

Efectivamente, ya lo comisión dictaminó. En la mañana en Jucopo hicimos un señalamiento y una invitación muy respetuosa para que se considerara compartir esta medalla con la propuesta de la señora Rosario Ibarra de Piedra. No entendemos en esta soberanía cómo pretendemos sacar una Ley de Víctimas y no reconocer a una persona histórica y promotora en este país sobre eso. Es nada más para ello.

Invitar a los demás compañeros, que seamos generosos. Si bien la persona que mencionan es un empresario, un inmigrante, creo que la señora Ibarra, podrían los dos recibir de esta soberanía el reconocimiento, porque es una vida. Gracias.

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez:Se registran sus observaciones, diputada Nahle. Y la asamblea procederá a la votación de esta propuesta. Consulte de la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se autoriza la discusión y votación de inmediato de este dictamen de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si autoriza, en votación económica si autoriza la discusión y votación de inmediato, del dictamen mencionado. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Presidenta, mayoría por la afirmativa.

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Se autoriza.

MEDALLA AL MÉRITO CÍVICO “EDUARDO NERI, LEGISLADORES DE 1913”

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez:El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto por el que se otorga la medalla al mérito cívico Eduardo Neri, legisladores de 1913, correspondiente al segundo año d ejercicio de la LXIII Legislatura.

Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, para fundamentar el dictamen, de conformidad con el artículo 104, numeral 1, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, el diputado Jorge Triana Tena.

El diputado Jorge Triana Tena:Con su permiso, diputada presidenta. Honorable asamblea, reconocer la trayectoria de una mexicana o un mexicano a través del otorgamiento de galardones institucionales es una de las muestras más importantes de gratitud y reconocimiento a quien se ha destacado en su ámbito de desarrollo social por encima del común denominador colectivo, forjando con sus acciones y ejemplo la solidez de la propia nación mexicana.

Al agradecer a quien con su trabajo y tenacidad por sus actos políticos, cívicos y de creación de ciudadanía, yendo más allá del cumplimiento del deber, esta Cámara de Diputados pretende no solamente condecorara un individuo sino a lo que por sí mismo representa.

Por esta razón existe la medalla al mérito cívico Eduardo Neri, Legisladores de 1913, instituida en reconocimiento a la ciudadana o ciudadano cuyos actos cívicos o políticos se distingan por servir a la colectividad nacional y a la república, con base en los más altos criterios para evaluar sus actos o en hechos políticos o de valor cívico en cualquier ámbito que tenga o hayan tenido repercusión a nivel nacional.

Es así que la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, por sus méritos, tenacidad, su esfuerzo y espíritu de lucha reconoce a un mexicano ejemplar que a los 15 años migró ilegalmente a Estados Unidos, donde trabajó de lavaplatos en una taquería y que por su esfuerzo, su capacidad y también por su espíritu prometedor inició un camino sinuoso como empresario en la exportación y comercio de textiles, de vestido y de calzado.

José Luis Solórzano Zavala es un empresario mayorista en este ramo, con presencia en Estados Unidos, beneficiando con empleo a mexicanos migrantes, así como en su comunidad de origen en nuestro país, al darles trabajo a más de 600 personas, en su mayoría afectadas por el abandono del fenómeno de la tragedia de la migración hacia Estados Unidos.

Es bien sabido que los hombres, mujeres y niños que migran de forma irregular al país del norte se enfrentan a una serie de problemas a lo largo de su trayecto, en donde padecen la violencia de la delincuencia, agresiones de carácter sexual, secuestros, por mencionar solo algunos, por parte de las autoridades. Discriminación o violación en sus derechos humanos.

Nuestro país se encuentra entre los que tiene mayor emigración, ocupando actualmente el segundo lugar con 12.3 millones, superado solo por la India, con 15.6 millones. De acuerdo con el anuario de migración y remesas, México 2016, en el año 2015 emigraron un total de 12.3 millones de mexicanos, de los cuales 6.6 correspondiente al 53 por ciento fueron hombres y 5.8 equivalente al 47 por ciento fueron mujeres. En todos los casos con el mismo sueño de José Luis Solórzano. De ellos, 98 por ciento lo hace Estados Unidos y el 1 por ciento a Canadá o a España.

Por otra parte, la presencia de hombres migrantes en Estados Unidos y Canadá es mayor al 77 por ciento, mientras que en España y otros países las mujeres representan el 40 y 48 por ciento, respectivamente. En este sentido, las personas entre 18 y 29 años representan el mayor porcentaje de migrantes correspondiendo en un 33 por ciento al sexo masculino y en 11.2 por ciento al sexo femenino. José Luis Solórzano lo hizo a una edad mucho más temprana.

Por otra parte, el dinero que los migrantes envían a sus familias ha colocado a México en el cuarto lugar de los principales países receptores de remesas, con un ingreso cercano a los 25 mil millones de dólares, es decir, el 4.4 por ciento de un total mundial en el año 2015 y en ello, personas como José Luis Solórzano ha colaborado de manera más que activa.

Asimismo, el principal receptor de remesas de América Latina y El Caribe, con 37.6 por ciento del total, México. José Luis Solórzano Zavala es, sin lugar a duda, ejemplo de ciudadano mexicano que con esfuerzo logró subsistir en un país donde las condiciones para quienes tienen la calidad de migrantes llegan a ser adversas, en algunos casos hasta infrahumanas. Es un ejemplo a seguir para el momento crítico que estamos viviendo por el relevo en la presidencia de Estados Unidos.

José Luis Solórzano, no es un político, no es un empresario con fama mediática o vínculos en las altas esferas del poder, es un mexicano migrante, es un mexicano ejemplar, un luchador, un hombre que se fue lejos de su familia para perseguir el sueño americano, pero también para construir el suyo, para fincar el éxito de manera generosa y compartirlo con sus paisanos. No se ha quedado en un rol de administrador de su propio bienestar, sino que ha buscado el bienestar de sus connacionales, de los migrantes, sobre todo de los que más lo necesitan.

Compañeras y compañeros legisladores, esta comisión dictaminadora se enorgullece en proponer la vida y trayectoria de quien es un digno referente y representante de las voces de más de una docena de millones de connacionales para quienes el reconocimiento a José Luis Solórzano es también por añadidura y un reconocimiento a cada uno de ellos y sus merecimientos. Con mucho respeto les solicito su voto a favor del presente dictamen a favor de José Luis Solórzano, para otorgarle en este año la medalla Eduardo Neri, Legisladores de 1913. Es cuanto, presidenta, muchas gracias.

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Gracias, diputado Triana.

Está a discusión en lo general y en lo particular. Para argumentar en contra, tiene el uso de la palabra hasta por tres minutos el diputado Rogerio Castro Vázquez, del Grupo Parlamentario de Morena.

El diputado Rogerio Castro Vázquez:Diputadas, diputados. Derivado de la convocatoria donde se precisa que dicha distinción se debe otorgar al ciudadano que se haya distinguido por servir al país a través de hechos políticos, legislativos o cívicos, la propuesta de Morena es que se incluya a la ciudadana Rosario Ibarra.

No únicamente Morena alza la voz en este tema, también está la Asociación Nacional de Abogados Democráticos, pues ella cumple cabalmente con todos y cada uno de estos elementos que propone la convocatoria que ya mencioné.

Esta ciudadana es una activista mexicana, senadora por el Partido del Trabajo. En 1077 funda el Comité Pro defensa de Presos Perseguidos, Desaparecidos y Exiliados Políticos que reúne a varias familias de personas desaparecidas o presas durante los sexenios de Gustavo Días Ordaz y Luis Echeverría.

También forma parte de la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares Detenidos, Desaparecidos. En 1982 fue la primera mujer candidata a la Presidencia de la República por el desaparecido Partido Revolucionario de los Trabajadores y fue también diputada de ese partido.

Se ha unido a las luchas sociales de otros lugares del país. Ha luchado a favor de los indígenas de Chiapas, al esclarecimiento de las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez y de las matanzas indígenas en Chiapas y Guerrero; ha participado en diversos foros y ha fundado comités en defensa de los derechos de las mujeres; también ha sido candidata al Premio Nobel de la Paz en los años de 1986, 87, 89 y 2006, y se ha presentado en la ONU 18 veces.

Para Morena el debate sobre quién debe ser acreedor a esta medalla, se debe de dar en un contexto donde exista la discusión y conocer, sobre todo, la trayectoria de aquellos personajes que serán merecedores de esta medalla.

Además de atender los requisitos que marca la convocatoria y que se vele en todo momento porque este sea una distinción que satisfaga a todos los mexicanos y no sea una presea con motivo de una negociación partidista.

Por eso Morena propone a la ciudadana Rosario Ibarra de Piedra, para la Medalla al Mérito Cívico Eduardo Neri y Legisladores de 1913.

Compañeros diputados y diputadas, tenemos que ir en congruencia con lo que hoy por ejemplo estamos votando. La Ley de Víctimas, la de Tortura. Estamos hablando de una mujer que ha luchado por defender a los ciudadanos; estamos hablando de una mujer que ha contribuido a construir la democracia en este país, estamos hablando de una mujer que se ha comportado como patriota, y tenemos que poner en esa medalla cívica a los patriotas de este país. Por eso les pido que actuemos en congruencia con todo eso que estamos votando hoy y seamos generosos con la historia y con la trayectoria de doña Rosario. Es cuanto, presidente.

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez:Gracias, diputado Castro. Para argumentar en contra, tiene el uso de la palabra hasta por tres minutos, la diputada Ariadna Montiel Reyes, del Grupo Parlamentario de Morena.

La diputada Ariadna Montiel Reyes:Con su venia, presidenta. El posicionamiento de Morena es en contra, pero no es en contra de quien ya ha sido aprobado en la Comisión de Régimen y Prácticas Parlamentarias.

Nosotros lo que hemos planteado en esta comisión y en la Junta de Coordinación Política, es que esta medalla pueda ser otorgada también a la señora Rosario Ibarra de Piedra. Hoy está enlista la Ley de Víctimas para ser discutida y aprobada en este pleno.

Y la principal luchadora y defensora de las víctimas en este país, ha sido la señora Rosario Ibarra de Piedra. Desde el 18 de abril de 1975, que desapareció su hijo, Jesús Piedra Ibarra, ha sido una activista incansable, independientemente de la persona lo que aquí se ha expuesto por parte del presidente de la comisión, es que no solamente es el reconocimiento a la persona, sino a lo que se representa.

Y la señora Rosario Ibarra de Piedra representa la lucha por la búsqueda de los desaparecidos, por la defensa y cabal cumplimiento de los derechos que tienen hoy las víctimas. Lo que hoy estamos discutiendo, lo que vamos a votar más tarde, entre otras, pero fundamentalmente se lo debemos a ella, a su lucha de décadas.

Una madre que perdió, porque está un hijo desaparecido, y que dejó la comodidad de su casa para salir a las calles a la lucha por la presentación con vida de su hijo y el de muchas madres que tienen a sus hijos desaparecidos, desde los setentas, en la guerra sucia que vivió este país.

Hagamos honor a quien honor merece. Nosotros planteamos que este reconocimiento pueda darse a ambos personajes. Rosario Ibarra de Piedra ha sido un ejemplo, no solamente en nuestro país, por lo cual ha sido nominada tres veces a recibir el Premio Nobel de la Paz, y representa la búsqueda de la verdad, de la justicia. Y hoy más que nunca, Acción Nacional nos debería de dar una muestra de que la militarización de este país desde hace 10 años y la lucha incansable de muchas familias por los desaparecidos, por la presentación con vida de los desaparecidos debe resarcirse.

Y me parece que el actuar con generosidad y darle este premio también a la señora Rosario Ibarra de Piedra, sería un gesto muy amable y muy sentido de las fuerzas políticas de esta Cámara de Diputados. Es cuanto, diputada presidenta.

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Gracias, diputada Montiel. Para argumentar a favor de esta propuesta, tiene el uso de la palabra hasta por tres minutos la diputada Alejandra Reynoso, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional.

La diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:Gracias, presidenta. Con su permiso. Hablar de don José Luis Solórzano es hablar a nombre de más de 20 millones de mexicanos. Hablar de don José Luis Solórzano es hablar de una cultura de esfuerzo, de perseverancia, de tenacidad.

Hablar de don José Luis Solórzano es hablar de Adelina Nicholls, del DF o la Ciudad de México. Hablar de don José Luis Solórzano es hablar de Elvia Torres, de Jalisco; de Jesús Cabrera, del mismo estado. Es hablar de José Luis, de Zorayda, de Michoacán. Es hablar también de don Berna, de Laura Vázquez, de Zacatecas. Es hablar de Fabián, de Guerrero. Es hablar de Erika Loredo, de Hidalgo. Es hablar de tantos líderes migrantes, que los vemos reflejados a través de don José Luis.

Hablar de don José Luis Solórzano es hablar de esos millones de mexicanos que por diferentes circunstancias han tenido que emigrar a Estados Unidos. Hablar de don José Luis Solórzano es hablar de esta cultura de esfuerzo, es mandarle un mensaje al mundo y a Estados Unidos que sepan quienes son nuestros migrantes mexicanos, aquellos que generan empleo en la Unión Americana, aquellos que generar empleo en sus comunidades de origen, aquellos que llevan a México en el alma, en el corazón, y no solamente –no solamente– en una fiesta patria, sino todos los días.

Hablar de don José Luis Solórzano es hablar de quien no se conforma con tener éxito, sino que ayuda cada día a que las familias tengan una mejor calidad de vida. Hablar de don José Luis Solórzano para recibir esta medalla es hablar de México, de los que nos encontramos residiendo en este país y de quienes han tenido que emigrar.

Y hablara de la migración es hablar también de que el próximo domingo es el Día Internacional del Migrante. Hablemos entonces de quienes, con su trabajo y su esfuerzo, mantienen gran parte de la economía de México. No olvidemos que más de 1 millón de hogares vine y sobreviven con las remesas que tantos millones de mexicanos envían, como don José Luis Solórzano, y que generan empleo también como él lo hace.

Hablar de don José Luis Solórzano es hablar de una permanente dedicación y un profundo amor a México, porque para don José Luis como para millones de mexicanos, nuestra patria no es únicamente la memoria de sus padres, sino también el legado para sus hijos.

Por eso yo les invito a votar a favor de este dictamen y votar a favor de que don José Luis reciba esta condecoración. Es darle la oportunidad de ser reconocido el que no tiene reflectores ni micrófonos, el que no tiene cargos públicos. Es hablar de aquellos héroes anónimos que día con día trabajan para dar una mejor calidad de vida a millones de mexicanos en las comunidades rurales.

Hablar de don José Luis Solórzano y pedirles su voto a favor es mandar un mensaje principalmente a la Unión Americana. Los mexicanos que residen en aquel país son parte importante de México, hablar de don José Luis Solórzano es hablar de México, de los migrantes a través de él, de esos héroes anónimos que no tienen reflectores, que no tienen micrófonos pero que tienen un profundo amor a su comunidad de origen, a su estado y a su patria. Es cuanto, presidenta.

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Gracias, diputada Reynoso. Para argumentar en contra del dictamen, tiene el uso de la palabra hasta por tres minutos la diputada Araceli Damián González, del Grupo Parlamentario de Morena.

La diputada Araceli Damián González:Gracias, señora presidenta. Morena invita a todos nuestros compañeros, compañeras diputadas y diputados, a que modifiquemos la forma en cómo se va a dar la Medalla al Mérito Cívico Eduardo Neri.

Nos parece fundamental el reconocimiento de los mexicanos en el extranjero, y más en esta coyuntura tan compleja que está por iniciar con la llegada de Trump a la Presidencia de los Estados Unidos.

Los mexicanos como el señor José Luis Solórzano, necesitan ser apoyados y reconocidos, pero tenemos una realidad dolorosa que también necesita ser reconocida, una realidad que ya tiene muchos años, tiene desde la Guerra Sucia y estamos precisamente en esta coyuntura, en donde el Ejército ha pedido que se regrese, por ejemplo, a sus cuarteles, a las actividades normales, porque las actividades policiacas y lo que ha hecho durante tanto tiempo también ha afectado a la población.

El Estado mexicano les debe a las víctimas este reconocimiento, a doña Rosario Ibarra de Piedra. Es la mujer más emblemática de la lucha a favor de las víctimas que han caído presa de los conflictos internos en nuestro país. Porque hay que reconocerlo, hemos tenido diferencias y se han arreglado de manera que han lastimado una parte importante de manera injustificada. Por todas esas víctimas de hoy, de ayer, el reconocimiento a Rosario también es importante.

Morena no está pidiendo, que quede muy claro, no está pidiendo que no se reconozca a José Luis Solórzano, los estamos invitando a que reconozcamos esas dos grandes problemáticas a las que nos estamos enfrentando como Congreso. El problema de las víctimas y el reconocimiento del Estado mexicano y su compromiso de solucionar el problema, que tanto nos está afectando. También que se reconozcan a los mexicanos en el extranjero.

No estamos pidiendo que se dé uno o que se dé el otro, estamos pidiendo también que se den dos y es un hombre y es una mujer y es por cuestión de género también. Podemos hacer esto como Congreso y poder caminar juntos al menos en una alternativa que reconozca el dolor de tanta gente y que se ponga a la altura de lo que necesita nuestra nación. Los invito a que tomen la propuesta de Morena. Es cuanto.

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez:Gracias, diputada Damián. Tiene el uso de la palabra, hasta por tres minutos, la diputada Ernestina Godoy, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar propuesta de modificación al dictamen.

La diputada Ernestina Godoy Ramos:Gracias, con su venia, presidenta. Efectivamente, como ha manifestado mi compañera Araceli Damián, Morena no está en contra de que se otorgue la medalla a un representante de migrantes, con todo lo que está sucediendo de manera dolorosa en Estados Unidos con todo ese sector.

Reconocemos cabalmente los méritos que tiene el señor Jesús Solórzano, desde luego que estamos de acuerdo. Lo que está planteando Morena, es que dada la situación que se presentó en la comisión, en el que solamente se presentaron dos propuestas para recibir esa Medalla al Mérito Cívico, por ser sensibles, pedimos sensibilidad, tanto de la comisión como de este pleno, para que de manera excepcional se otorgue el reconocimiento a las dos personas que fueron propuestas, esto dada la historia que ya remarcaron también los que me antecedieron, que también representa a un sector, miles de desaparecidos, miles de desplazados y esa lucha incansable de doña Rosario Ibarra de Piedra nos hace, al Grupo Parlamentario de Morena, presentar esta reserva para modificar el resolutivo primero del dictamen.

Entonces, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 109 y 110 del Reglamento de la Cámara de Diputados, el Grupo Parlamentario de Morena solicita sea entregada la Medalla al Mérito “Eduardo Neri y Legisladores de 1913” a ambos personajes, tanto a la señora Rosario Ibarra de Piedra y al señor José Luis Solórzano Zavala, en virtud de la trayectoria cívica, política y legislativa, presea distintiva por el reconocimiento y servicio a la colectividad nacional.

Es cuanto y solicito, señora presidenta, sea votada por este pleno la propuesta que hace el Grupo Parlamentario de Morena. Es cuanto.

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Gracias, diputada Godoy. Consulte la Secretaría a la asamblea si se admite a discusión la modificación propuesta por la diputada Ernestina Godoy, del Grupo Parlamentario de Morena.

La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla: En votación económica, se pregunta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señora presidenta, mayoría por la negativa.

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Se desecha la propuesta de modificación. Agotada la lista de oradores, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular.

La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica...

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Permítame, secretaria.

La diputada Rosa Alba Ramírez Nachis(desde la curul): Presidenta.

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez:Sí, por favor, sonido en la curul de la diputada Ramírez Nachis.

La diputada Rosa Alba Ramírez Nachis (desde la curul): Gracias, presidenta. Únicamente para unirme a la moción de los compañeros de Morena. En esta Cámara podemos tener la gracia de dar y de reconocer a dos personas, eso no nos cuesta nada, compañeros, estamos en Navidad, estamos en momento de dar y de reconocer. Por qué nos cerramos a la oportunidad de que sean dos y de que haya este acuerdo como Cámara de Diputados. Carajo, eso ni siquiera nos duele, ni siquiera nos cuesta a nosotros. Por qué esa cerrazón.

Les invito a que remembren y hagan un recuento de las actividades de la propuesta de la señora Rosario Ibarra. Vale la pena, compañeros, y estamos en momento de dar. Que no se diga que el PRI, que no se diga que el PES y que otros partidos obstruyeron y aniquilaron la oportunidad de reconocer a una persona que ha hecho grandes cosas por este país. Gracias, presidenta. Es cuanto.

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Gracias, diputada. Quiero recordar que ya fue votado este punto.

El diputado Manuel Jesús Clouthier Carrillo(desde la curul): Presidenta.

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Se concede el uso de la palabra al diputado Clouthier. Sonido, por favor, en la curul del diputado Clouthier. ¿Con qué objeto, diputado?

El diputado Manuel Jesús Clouthier Carrillo (desde la curul): Sí, gracias presidenta. Pues nada más sumarme al reconocimiento que se le hace a doña Rosario y un servidor estará votando precisamente en contra del dictamen para apoyar la iniciativa de reconocer a doña Rosario Ibarra de Piedra.

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Queda asentada su expresión y quiero recordar que ya fue votado, en votación económica, en sentido negativo.

La diputada Norma Rocío Nahle García (desde la curul): Fue votada la propuesta.

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: La propuesta fue la que se desechó, la de la diputada Ernestina Godoy. Así es. Se vota en lo nominal.

El diputado Jorge Triana Tena(desde la curul): Presidenta.

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Tiene el uso de la palabra el diputado Triana. ¿Con qué objeto, diputado?

El diputado Jorge Triana Tena (desde la curul): Gracias, diputada presidenta. Solamente para dejar en claro que respetamos profundamente la trayectoria, como luchadora social, de la señora Rosario Ibarra de Piedra. No podemos escatimar absolutamente ninguno de sus logros, sobre todo en el tema de su lucha personal por la aparición de los desaparecidos en el movimiento del 68 y cómo ha acompañado este movimiento desde la izquierda. La respetamos profundamente.

El reglamento, la normatividad interna de la Cámara de Diputados habla de una premiación, habla de una medalla que se va a obsequiar. Se acuñó en la Casa de Moneda específicamente para obsequiarse a una persona. Hay un premio que se otorga en lo económico y solamente está contemplada una ministración.

Yo a lo que quiero invitar a diputadas y diputados, legisladoras, legisladores, es que nos sumemos a presentar una iniciativa de cambio en el Reglamento de la Cámara de Diputados y al Reglamento de la Medalla Neri para que se les pueda dar a dos personas de distintos géneros, de distintos sexos para el año que viene y no tener este brete que estamos teniendo en este momento. Que, por cierto, el día de hoy, un día antes de que se entregue esta medalla se nos está haciendo este planteamiento de compartirla.

Pasaron meses, la convocatoria lleva un mes, pudimos haberlo platicado con mucho tiempo atrás para hacer la modificación reglamentaria. El día de hoy la conocemos, creo que el momento procesal ya pasó para ello y esto no quita el profundo respeto que tenemos por la señora Rosario Ibarra. Muchas gracias.

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Consulte la Secretaría a la asamblea si se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular. Se agotó la lista de oradores, se desechó en votación económica la propuesta. Procedemos a que la Secretaría consulte si se encuentra suficientemente discutido.

La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si el dictamen se encuentra suficiente discutido en lo general y en lo particular. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señora presidenta, mayoría por la afirmativa.

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Suficientemente discutido en lo general y en lo particular.

Se pide a la Secretaría que abra el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular.

La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla: Háganse los avisos a que refiere el artículo 144, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular.

(Votación)

¿Falta algún compañero o compañera que falte de emitir su voto? Sigue abierto el sistema electrónico. Ciérrese el sistema de votación electrónico. Se emitieron a favor 356 votos, 2 abstenciones y 34 votos en contra de un total de 392 diputados. Presentes. Es cuanto, presidenta.

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Aprobado en lo general y en lo particular por 356 votos el proyecto de decreto por el que la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión otorga la medalla al Mérito Cívico Eduardo Neri, Legisladores de 1913 correspondiente al segundo año de ejercicio de la LXIII Legislatura al ciudadano José Luis Solórzano Zavala. Publíquese en el Diario Oficial de la Federación.

DICTÁMENES A DISCUSIÓN DE LEY O DECRETO

LEY GENERAL DE VÍCTIMAS

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen de la Comisión de Justicia con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Víctimas.

La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla: Dictamen de la Comisión de Justicia con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Víctimas.

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Discusión del dictamen de la Comisión de Justicia, con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Víctimas. Toda vez que fue fundamentada ya esta iniciativa a discusión por el diputado Álvaro Ibarra Hinojosa, se somete a discusión en lo general.

De conformidad con el artículo 104, numeral 1, fracción IV del Reglamento de la Cámara de Diputados, se han registrado para fijar la posición de su grupo parlamentario las siguientes diputadas y diputados, quienes harán uso de la palabra hasta por tres cinco minutos; hasta por tres minutos, perdón.

La diputada Cynthia Gissel García Soberanes, del Grupo Parlamentario de Encuentro Social; la diputada Angélica Reyes Ávila, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza; la diputada María Candelaria Ochoa Avalos, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano; la diputada Ernestina Godoy Ramos, del Grupo Parlamentario de Morena; la diputada Lia Limón García, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; el diputado Arturo Santana Alfaro, del Grupo Parlamentario del PRD; el diputado Javier Antonio Neblina Vega, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional; y la diputada María Sofía Tamayo Morales, del Grupo Parlamentario del PRI.

Tiene el uso de la palabra, hasta por tres minutos, la diputada Cynthia Gissel García Soberanes, del Grupo Parlamentario de Encuentro Social.

La diputada Cynthia Gissel García Soberanes:Con su venia, diputada presidenta. Honorable asamblea, el dictamen a la minuta con proyecto de decreto que hoy se somete a nuestra consideración, plantea modificaciones de gran calado a un instrumento fundamental para la impartición de justicia plena en nuestro país.

Dentro de las múltiples bondades de esa minuta Encuentro Social saluda las siguientes: la flexibilidad de los mecanismos de acceso al fondo de ayuda, asistencia y reparación integral y esta que obliga a las entidades federativas a que cuenten con uno propio, una asesoría jurídica y con un registro de víctimas, lo cual se hace factible proporcionar recursos para ayuda; del mismo modo es digno de encomio la previsión de una compensación subsidiaria a víctimas del fuero común para garantizar sus derechos.

En segundo término consideramos de notable trascendencia la instauración de la facultad de la atracción en favor de la Comisión Ejecutiva de la Atención a Víctimas, lo cual evidentemente hará factible que los asuntos locales de especial relevancia sean atendidos por la comisión referida.

Otro avance que merece ser señalado es el importante proceso de la armonización y la actualización de la norma, así se modifica la fundamentación de la Ley General a Víctimas, atendiendo a la reforma constitucional que adiciona una ordinal décima a la fracción XXIX del artículo 73 constitucional que nos faculta ampliamente para legislar en la materia.

Un acierto más que manifiesta es la inclusión, la obligación a cargo de las autoridades de los tres niveles de gobierno de brindar atención inmediata en materia de salud, educación y asistencia social, bajo el apercibimiento no hacerlo, esto de no hacerlo quedará sujeto a responsabilidades administrativas, civiles o penales o a las que haya lugar.

Adicionalmente resultan sumamente acertadas las disposiciones que tienen por objeto la modificación de la estructura, la integración y la fundamentación de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, pues al transitar de un cuerpo colegiado a un comisionado ejecutivo con el amplio reconocimiento de la defensa y protección de los derechos humanos, se agiliza su fundamentación en beneficio de los usuarios.

Asimismo se abre la posibilidad para que la sociedad civil participe de manera activa y en la elaboración de las políticas públicas y en materia a través de la figura de la asamblea consultiva integrada por nueve representantes de colectivos de víctimas, organizaciones de la sociedad civil y académicos.

Con ello estamos ante una gran, y un gran aporte en favor del sector en que este acto a lo que buscamos proteger. Finalmente consideramos de toral importancia el avance realizado en materia de interés superior de la niñez, pues se garantiza a todo menor víctima de un delito de violación de sus derechos humanos, un desarrollo integral y una vida digna, así como las condiciones materiales y afectivas que les permitan vivir plenamente y alcanzar el máximo nivel de bienestar.

De este modo, en virtud de las múltiples luces del dictamen a discusión, las y los diputados de Encuentro Social, conscientes de los beneficios que la reforma traerá consigo, votaremos a favor. Es cuanto, presidente.

Presidencia de la diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala

La Presidenta diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala: Gracias, diputada. Tiene el uso de la palabra la diputada Angélica Reyes Ávila, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza, hasta por tres minutos.

La diputada Angélica Reyes Ávila: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores, les saludo con respeto.

En esta ocasión me refiero al dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Víctimas. Lo anterior, con la finalidad de robustecer las medidas de ayuda, asistencia, atención y rehabilitación para las víctimas.

La propuesta pretende hacer una reestructuración de los órganos operativos. Es un hecho lastimoso que la mayoría de los estados siguen sin cumplir con los mandatos que les impone la ley.

Por eso es preciso establecer la obligación de que las entidades federativas cuenten con un fondo de ayuda, asistencia y reparación integral, una asesoría jurídica y un registro de víctimas, con lo cual la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y las comisiones ejecutivas de los estados podrán, con cargo al fondo federal o a los fondos estatales, proporcionar recursos de ayuda.

Es preciso dotar a la Comisión Ejecutiva de directrices puntuales a fin de intervenir efectivamente en la atención a las víctimas y de ser el caso conseguir la reparación del daño.

No queremos dejar pasar un tema que nos parece fundamental y con el cual coincidimos plenamente, y es la inclusión del interés superior de la niñez como uno de los principios rectores de la ley.

En Nueva Alianza estamos decididos a no ser omisos con las obligaciones que tenemos para quienes han sufrido en su vida, su familia, su integridad física, psicológica o su patrimonio. Por eso coincidimos con el presente dictamen, confiando en que las acciones que se deriven de este decreto se conviertan en una atenuante del dolor de miles de mexicanas y mexicanos. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, presidenta.

La Presidenta diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala: Gracias, diputada. Tiene el uso de la palabra la diputada Candelaria Ochoa Avalos, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, hasta por tres minutos.

La diputada María Candelaria Ochoa Avalos:Muy buenas tardes, compañeras y compañeros diputados. La crisis de derechos humanos que atraviesa nuestro país requiere de un proceso de reconocimiento y aceptación. Nada gana en México ni las víctimas con la negación de esta crisis.

Han sido persistentes y constantes los reportes y recomendaciones por parte de los principales organismos de derechos humanos nacionales e internacionales a lo largo de este sexenio.

Esta crisis de derechos humanos ha llevado a organizaciones internacionales a señalar que en México se han cometido crímenes de lesa humanidad. Hemos atestiguado casos terribles, como: Tlatlaya, con 21 ejecuciones extrajudiciales por parte del Ejército, como el de Iguala, en el que 43 estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa fueron desaparecidos; como el de Tanhuato, en donde la policía federal ejecutó extrajudicialmente a por lo menos 22 personas; o como el de Nochixtlán, en que una decena de manifestantes fueron asesinados en un operativo de la policía.

La legislación en materia de víctimas es uno de los principales instrumentos que tiene el Estado mexicano para reconocer este problema, pero también para reparar el daño. Su aplicación no ha estado a salvo de obstáculos y resistencia, pero no por eso podemos perder de vista que esta legislación es uno de los principales instrumentos que tenemos para hacer frente a esta crisis de derechos humanos.

Decimos que una legislación en materia de víctimas es un instrumento idóneo para combatir la crisis de derechos humanos por la que atraviesa México, porque se reconoce la dimensión de un problema que lastima a la sociedad; porque se reconoce como sujetos de derecho a quienes no tienen voz; porque se restituye y repara el daño que en muchas ocasiones es cometido por el Estado en contra de sus ciudadanos.

Sin una Ley de Víctimas apropiada México no será capaz de salir de esta crisis. La actual Ley de Víctimas es resultado de la lucha de la sociedad civil y de los colectivos de víctimas, las violaciones a los derechos humanos se reconocen hoy como las víctimas que tienen rostro, tienen nombre y deben ser reconocidas y reparadas.

La reforma que estamos discutiendo hoy no es perfecta, pero intenta superar obstáculos, intenta ser más operativa y eficaz la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, darle viabilidad y suficiencia al Fondo de Asistencia, pero la reparación del daño no es la sustitución de recursos económicos por el castigo y sanción de los culpables.

Estamos convencidos como fracción ciudadana, que los derechos de las víctimas no se negocian ni se regatean, ni mucho menos se quitan. Por ello, conscientes de que este instrumento normativo, como cualquier otro, requiere ser probado en su aplicación, votaremos a favor con una reserva, que es el nombramiento del primer comisionado ejecutivo, porque el compromiso debe ser puntual seguimiento y aplicación a la norma, apreciar cómo funciona y corregir.

En beneficio de la ciudadanía está esta Ley de Víctimas, todo lo que puede ser mejorado lo tendremos que revisar. Muchas gracias.

La Presidenta diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala: Gracias, diputada. Tiene el uso de la palabra la diputada Ernestina Godoy Ramos, del Grupo Parlamentario de Morena, hasta por tres minutos.

La diputada Ernestina Godoy Ramos:Con su venia, presidenta. Compañeras y compañeros, a 10 años del inicio de la guerra declarada contra el narcotráfico, los resultados son desoladores, la derrota de una estrategia militar que nos cuesta a todos y se hace presente cada vez con más fuerza en nuestras vidas.

El parte de guerra de hoy: Más de 100 mil muertes, 30 mil desaparecidos. En ese lapso creció en más del doble la cifra de secuestros denunciados. Las denuncias por extorsión se triplicaron, las bandas criminales son más fuertes, están más armadas y mejor equipadas. Miles de niños y adolescentes armados como soldados del crimen. El dinero sucio se limpia, genera derrama económica y se transforma en puntos del PIB. Crecen las fortunas de algunos, la pobreza de incrementa y el tejido social se deteriora.

Lo más terrible es que la mayoría nos acostumbramos. Es mejor seguir de largo y asumir que estamos lejos de las balas. El país está carcomido en su espíritu. Pocas cosas cimbran y movilizan.

En los últimos años han sucedido en México los crímenes más atroces. En 10 años hemos sido incapaces de enfrentar el drama humano generado por esta absurda guerra de Calderón y Peña. Cuando al Estado no le preocupa la justicia ni la búsqueda de la verdad, invita a la repetición, garantiza la impunidad a los victimarios y olvida a las víctimas.

Diez años de contar víctimas y hasta hoy estamos discutiendo nuevamente esta ley. No es motivo de orgullo, sino de vergüenza para las instituciones de la República.

Creemos que este dictamen en lo inmediato resulta un pequeño avance. Pero en el fondo es una afrenta a los colectivos de víctimas y a las organizaciones de la sociedad civil. Un tema tan sensible y de gran trascendencia dejó fuera a las víctimas mismas.

El dictamen es resultado de un acuerdo político, para que el presidente designe al titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Se omitió la petición expresa de las organizaciones para excluir a los actuales comisionados.

Resulta necesario señalar la omisión deliberada de no reconocer una cuestión fáctica, que es el desplazamiento de miles de personas, desplazamiento forzado. Esta circunstancia implicó desconocer el desplazamiento interno forzado, lo cual en la especie implicará que persistan trabas burocráticas.

Es una vergüenza para esta Cámara la forma en que se procesó el dictamen, sin la consulta y el consenso de las víctimas y de las organizaciones. Además que en la Comisión de Justicia no se permitió la discusión.

Dese aquí decimos: Morena seguirá caminando al lado de las víctimas y sus familiares. Seguiremos denunciando las graves violaciones. Reconocemos los avances, pero ubicamos temas importantes que quedaron pendientes. La desdicha nacional que estamos viviendo merece una legislación que tenga a las víctimas como eje central de la reforma.

Los temas importantes que quedaron pendientes son, el tema de la autonomía de la comisión; la descripción, la definición de desplazamiento interno forzado; ubican el tema de los peritajes, le ponen un candado al tema de los peritajes internacionales e independientes; el nombramiento del titular de la comisión va a ser hecho por esta ocasión, por una primera vez, por el presidente de la república, vamos a presentar reservas; el tema del presupuesto, en lugar de ser acumulativo le pone que será hasta el 0.014, estamos en contra de eso. Reconocemos avances y por eso Morena, en consecuencia, votará en abstención. Es cuanto.

La Presidenta diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala: Gracias, diputada. Tiene el uso de la palabra la diputada Lia Limón García, del Grupo Parlamentario del Partido Verde, hasta por tres minutos.

La diputada Lia Limón García:Con su venia, presidenta. Las reformas que hoy estamos discutiendo a la Ley General de Víctimas buscan subsanar deficiencias de esta ley que han impedido la correcta operación y el funcionamiento de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, y también el correcto funcionamiento del Fondo para la Reparación a las Víctimas.

Esta serie de reformas yo las dividiría en dos rubros. Aquellas que tienen que ver con poder agilizar los recursos que se encuentran en el fondo, que es justamente la de fortalecer la ayuda provisional a las víctimas y crear un esquema más flexible para el uso y comprobación de los recursos. Y por otro lado, la que tiene que ver con la estructura de la propia Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas para hacerla más operativa.

El fondo lamentablemente, el fondo tiene una cantidad importante, Morena ahorita mencionaba, cuestionaba el tema de la definición del presupuesto del fondo. La ley establece que el fondo debe de ser de 0.014 por ciento de lo establecido en el Presupuesto de Egresos de la Federación, y eso se mantiene. Es decir, la reforma que se hace garantiza que cada año el fondo cuente con ese recurso.

El problema no ha sido la falta de fondos para la atención a víctimas, el problema ha sido la serie de trabas que existen en la propia ley para poder ejercer este fondo. Con estas reformas hoy las víctimas podrán recibir apoyo de manera adecuada, no solo como indemnización sino también apoyos para poder ejercer varios de los otros derechos establecidos en la propia ley.

También se fortalece la facultad de atracción de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Esto quiere decir que se da la posibilidad de que ante ciertas condiciones la comisión pueda atraer los casos que se encuentran en entidades federativas y que no han sido atendidos y pueden repetir contra las entidades federativas para que éstas cubran los recursos o el otro modo de hacerlo es ir directamente al presupuesto del siguiente año de la entidad federativa que debe de hacer este pago.

En cuanto a la restructuración de la comisión, aquí se cuestionaba y se decía que se dejó fuera a los colectivos y a las organizaciones de la sociedad civil. Eso es falso. Se está modificando la comisión para que en lugar de ser un cuerpo colegiado sea unipersonal, porque como ustedes bien saben, los cuerpos colegiados muchas veces son muy democráticos pero poco ágiles y lo que se requiere es una mayor agilidad de la comisión en beneficio de las víctimas.

Por ello se modifica y se hace unipersonal pero se establece una asamblea consultiva conformada justamente por nueve personas, miembros de colectivos de víctimas y de organizaciones de la sociedad civil y académicos que llevarán y seguirán llevando la voz de las víctimas.

Y trato de explicar un par de temas más. Se cuestionaba aquí también el tema de dejar de lado el tema del desplazamiento interno forzado. No se está dejando de lado, se está incluyendo desplazamiento interno.

No se incluye la palabra forzado porque si revisan los instrumentos internacionales, los instrumentos internacionales de derechos humanos se refieren a desplazamiento interno forzado en aquellos estados que están en guerra o en un conflicto interno armado, no es el caso de México, por eso se dejó específicamente el término de desplazamiento interno, agregando esta posibilidad de que se atienda ese grupo de personas, así como también a los migrantes.

Por último, en cuanto a peritajes independientes, se establece la posibilidad de que se puedan pagar peritajes independientes con cargo al fondo en aquellas materias donde no se contase con peritos expertos en México.

En esos casos se pueden traer peritos internacionales para atender esos temas. Esa es otra de las reformas importantes de esta ley y solo quiero decir que estoy convencida de que votar a favor de este dictamen es votar a favor de las víctimas. Votar a favor de que las víctimas puedan ejercer sus derechos, entre otros el de reparación, el de indemnización y todos los demás derechos establecidos en la Ley General de Víctimas. Y es votar a favor de que por fin pueda funcionar una ley que tiene elementos muy positivos pero que por ciertas trabas hasta hoy no hay podido funcionar.

Por ello, por lo anterior, el Partido Verde Ecologista de México daremos nuestro voto a favor. Es cuanto, diputada presidenta.

La Presidenta diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala: Gracias, diputada. Tiene el uso de la palabra el diputado Arturo Santana Alfaro, del Grupo Parlamentario del PRD, por tres minutos.

El diputado Arturo Santana Alfaro:Gracias, diputada presidenta. Con su venia. Compañeras y compañeros legisladores, el dictamen que hoy presenta la Comisión de Justicia, con la opinión de la Comisión de Derechos Humanos, tiene por objeto realizar múltiples ajustes a la Ley General de Víctimas, que derivan de su propia falta de funcionamiento.

En el Grupo Parlamentario de la Revolución Democrática hemos hecho un amplio análisis de esta propuesta de Ley General de Víctimas. Muchas voces en contra, otras a favor, hemos defendido este dictamen desde el momento en que fue turnado por parte del Senado.

Hemos defendido que sean incluidos aspectos trascendentales como lo son la facultad de atracción, que hoy adquiere esta nueva conformación de la Comisión Ejecutiva de Atención de Víctimas del Delito.

Hemos defendido la protección que en este dictamen se le da al interés superior de la niñez. Hemos defendido el hecho de que se haya plasmado en este dictamen que el apoyo económico por parte del fondo ya se otorgará de manera expedita, sin necesidad de una sentencia de carácter judicial.

Hemos defendido que la asamblea consultiva sea de una representación equilibrada, con participación de colectivos de víctimas y organizaciones de la sociedad civil, académicos, etcétera.

Hemos señalado también con mucha puntualidad una serie de omisiones y errores que se han detectado también en el cuerpo del presente dictamen.

Por ejemplo, el tratamiento que se le da al ofrecimiento de los peritos especializados en diversas materias, poniendo una barrera para que no se eche mano de peritos internacionales, de peritos extranjeros, hasta en tanto no se agoten los peritos especializados en la materia del país.

Hemos señalado nosotros de manera puntual, que es necesario que se plasme en el cuerpo de la ley o que se incluya el término de desplazamiento forzoso interno. Hemos propuesto que este organismo sea un organismo completamente autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio, lo cual no ha sucedido.

Pero hoy por hoy, también reconocemos en lo particular las bondades de este dictamen, porque con esto en lo particular estoy consciente de que se va a dar respuesta a más de 185 mil mexicanos que se desplazaron a otras entidades debido a la violencia y a la inseguridad. Por su parte la ONU también es de destacar que establece que hay un 1.7 millones de desplazados.

Entonces, compañeros y compañeras, no confundamos este dictamen y no tratemos de engañar, tiene bondades, pero como lo dije desde un principio y dado que me están acortando ya el tiempo, el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática votará en consciencia utilizando el libre albedrío de cada uno de los compañeros y compañeras que lo integramos.

En lo particular, anuncio mi voto a favor del presente dictamen, como lo van a hacer otros compañeros y compañeras, y tal y como lo hicimos en la comisión en congruencia. Y en congruencia, dándole respuesta a los miles de desplazados, a los miles de mexicanos que han sido víctimas de violación de sus derechos humanos.

Por ello, en lo particular, anuncio mi voto a favor y reitero la posición del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. Es cuanto, diputada presidenta.

La Presidenta diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala: Gracias, diputado. Tiene el uso de la palabra, el diputado Javier Antonio Neblina Vega, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, hasta por tres minutos.

El diputado Javier Antonio Neblina Vega:Con su permiso, diputada presidenta. Compañeras y compañeros diputados. La ola de violencia que vive nuestro país, desde hace varios años ha obligado al Estado mexicano a saldar una deuda histórica o en la figura de la víctima de los delitos.

Durante prácticamente toda la historia del procesamiento penal mexicano, la figura central fue el presunto delincuente. En torno a ella se desarrollaron leyes, normas, políticas públicas, enfoques y teorías. La figura de víctima estuvo relegada y se consideraba que la simple existencia del Ministerio Público como representante social colmaba todas las necesidades para el acceso y satisfacción de la justicia por parte de quien sufriera directa o indirectamente un delito.

A lo largo de las décadas, dentro de la evolución de la criminología latinoamericana se fue gestando un área de estudio relativa a este grupo vulnerable. Así nació la victimología.

Ha sido tan importante la conformación de un área que se dedique en exclusiva a las víctimas y ofendidos, que la victimología ya se debe considerar una rama de estudio independiente. En México se cuenta con dos hechos relevantes en este campo.

El primero fue la inclusión de un catálogo de derechos para la figura de víctima en la reforma constitucional de 2008. El segundo fue la creación de la Procuraduría de Atención a Víctimas en 2011.

Con posterioridad, fue emitida la Ley General de Víctimas en su primera versión, sin embargo dicho texto tuvo muchos errores, al grado que el Ejecutivo en turno remitió varias observaciones. Ya en este sexenio se tuvo que enmendar debido a los despropósitos que contenía.

Además de generar confusiones y una falsa competencia entre víctimas de delitos que son la razón de su existencia, y víctimas de derechos humanos, es que se han generado estructuras disfuncionales y una política errática.

La mayor muestra de lo anterior, es que en estos tres años la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas ha tenido un subejercicio de mil 500 millones de pesos respecto de los cuales no ha existido capacidad de gestionar una aplicación provechosa en los numerosos casos de víctimas de violencia.

Al votar a favor del presente dictamen, los diputados del PAN hacemos un enérgico llamado a las autoridades responsables para que de inmediato se desplieguen acciones de apoyo a las víctimas del delito.

Igualmente exigimos que los pagos a presuntas víctimas de violación a los derechos humanos, no se hagan en contextos que revictimicen a ofendidos de delitos graves como secuestros, extorsiones y homicidios.

Calificamos como favorable que en este proyecto se homologuen los derechos procesales con el nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio.

Otro de los rubros en los que queremos hacer patente nuestra atención, es que en la Asamblea Consultiva se observe una composición que privilegie la presencia de organismos de las dos categorías victímales que la ley prevé.

Los diputados del PAN votaremos a favor del dictamen advirtiendo de antemano que seremos muy escrupulosos vigilantes del desempeño de los órganos directivos y ejecutivos de las políticas que dispone tanto la ley como las reformas que se aprobarán. Compañeros diputados y diputadas, muchas gracias por su atención.

La Presidenta diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala: Gracias, diputado. Tiene el uso de la palabra la diputada Martha Sofía Tamayo Morales, del Grupo Parlamentario del PRI, hasta por tres minutos.

La diputada Martha Sofía Tamayo Morales:Muchas gracias, presidenta; con su autorización. Compañeras y compañeros diputados, el sufrimiento de las víctimas es el dolor de la nación toda; superarlo exige escuchar las voces de los agraviados, ser sensibles y proceder con base a la ley.

En la reforma constitucional en materia de justicia penal y seguridad, del año 2008, se estableció en el artículo 20 de nuestra Constitución la reparación del daño a la víctima.

Asimismo en el apartado b) de ese mismo artículo 20 se reconocen los derechos de la víctima u ofendido, entre ellos la impugnación ante autoridad jurisdiccional, el desistimiento de la acción penal o la suspensión del procedimiento, cuando sea reparado el daño ocasionado, el derecho a recibir asesoría jurídica gratuita, ser informado de los derechos que en su favor establece la Constitución y el procedimiento penal, coadyuvar con el ministerio público, que le reciban todos los datos y elementos de prueba con los que cuente tanto en la investigación como en el proceso, a que se desahoguen diligencias y pruebas en su favor, a intervenir en el juicio e interponer recursos en los términos establecidos por la ley.

Esta ley generó mecanismos efectivos, un adelanto en nuestra legislación de la mayor importancia y significó un perfil, se connotó por un perfil humanista y progresista, ya que se constituyó el Sistema Nacional de Atención a Víctimas, que se complementó con el establecimiento de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, que es la institución encargada de operar la política del estado en esa materia y de establecer un derecho para que resulte eficaz.

Los priistas queremos una sociedad segura y de leyes en la que éstas se apliquen con justicia, firmeza y sin distingos, sin perder de vista que contribuya a resarcir los daños para quienes se han visto afectados.

Consecuentemente consistentes con nuestra función-obligación como Poder Legislativo, el día de hoy realizamos importantes modificaciones a este instrumento legal. El documento que se somete a consideración de esta soberanía tiene entre otros, beneficios la eficacia y eficiencia de la oportunidad y acceso en los recursos al fondo de ayuda de asistencia y reparación integral, y está facultado esta comisión ejecutiva para poder no nada más atender, sino atraer los asuntos del fuero común.

Se incluye el principio de interés superior de la niñez; se fortalece la protección de los derechos vulnerados con motivo de los desplazamientos internos y se respetan de todos los principios establecidos en la ley en favor de las víctimas.

Diputadas y diputados, en palabras de Nelson Mandela, activista sudafricano, privar a las personas de sus derechos humanos es poner en tela de juicio su propia humanidad. Como legisladores no podemos permitir que la condición de víctima se agudice a causa de la ineficiencia de las leyes. Por eso pido de todos ustedes el voto a favor. Muchas gracias.

La Presidenta diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala: Gracias diputada. Con esta intervención se informa a la asamblea que termina el plazo para la presentación de reservas al dictamen a discusión.

Por lo tanto, de conformidad con el artículo 104, numeral 1, fracción V, esta Presidencia informa que se han registrado para la discusión en lo general los siguientes diputados:

Diputado Alfredo Basurto Román, del Grupo Parlamentario de Morena; diputado Cuitláhuac García Jiménez, del Grupo Parlamentario de Morena; diputado Omar Ortega Álvarez, del Grupo Parlamentario del PRD, para hablar en contra. En consecuencia tiene la palabra el diputado Alfredo Basurto Román, has por tres minutos.

El diputado Alfredo Basurto Román:Sí. Buenas tardes, compañeras legisladoras y compañeros legisladores. Con su venia, señora presidenta. Antes de hacer mi posicionamiento, creo que es pertinente y el momento procesal oportuno para hacer alguna apreciación.

Escuchando con atención a los legisladores que me antecedieron en el uso de la voz, como que veo que se confunde la reparación del daño con la atención e indemnización a víctimas. Compañeros, son dos cosas totalmente diferentes.

La reparación del daño proviene después de un procedimiento y de la comisión de un delito de por medio; y esta no se puede hacer si no existe de por medio una sentencia ejecutoriada, es decir, que se haya declarado la verdad legal e incontrovertible.

Totalmente diferente al dictamen que hoy en un momento se votará, que habla sobre la atención a víctimas. En este aspecto son sujetos totalmente diferentes por las razones que incluso en el mismo dictamen se están precisando.

En ese sentido, en Morena, vemos que, si bien es cierto el dictamen representa avances, más sin embargo, no obstante ello el gobierno federal queda mucho todavía que deberle a la sociedad civil. En ese aspecto podré comentar algunos aspectos.

La historia nos ha dicho que es más fácil que se corrompa una persona unipersonal cuando ejerce un cargo que un órgano colegiado, es decir, cuando se comparte la responsabilidad entre varios sujetos es más difícil que se pueda corromper a que una persona unipersonal pueda decidir, como es el caso.

Más sin embargo, si vemos el dictamen por primera vez y por única vez, a propuesta del Ejecutivo federal se va a designar por una terna en el Senado al comisionado. También ahí hacemos nuestra crítica porque no se define exactamente que este comisionado, por cierto que forma parte del consejo que viene fungiendo, no sea de una afiliación partidista.

Desde el momento que el presidente lo está proponiendo, sabemos que es afín al partido que gobierna en el poder y como historia ustedes dirán, pero va a ser una persona independiente, no dependiendo del Ejecutivo ni del Legislativo, yo tengo mis dudas, para ello los llevaría en unos meses atrás, unos días cómo se designaron a los magistrados electorales, cómo se designa a los consejeros del INE y entre comillas, compañeros, se supone que son órganos autónomos e independientes.

Pero falta mucho, miren, y podríamos hacer muchas críticas no obstante el tiempo que se nos otorga muy limitado, pero de los 2 mil millones de pesos que existían en el fondo, desafortunadamente nada más se ejerció el 3 por ciento. Es decir, 83 millones de pesos nada más se ejercieron de los 2 mil millones de pesos que existían en el Fondo para Atención a Víctimas, y que curiosamente, compañeros, a quién se le otorgó ese beneficio, exclusivamente a puros familiares de militares.

Es decir, el grosor de las víctimas de los de más de mil, de un millón 500 mil personas que el año próximo pasado sufrieron y fueron objeto de este estatus de víctimas, no se les atendió.

Yo concedo la duda de la razón al dictamen porque aquí veo que puras flores y que es muy buen dictamen, que una ley de avanzada, esperemos el tiempo que nos dé la razón, compañeros, pero estoy seguro que la ley, el dictamen como se presenta lleva varias deficiencias y también esos son los argumentos, la ley es perfeccionable, no es perfecta, pero creemos en Morena que se le quedó mucho a deber a la sociedad. Es por ello que en su momento vamos en contra del dictamen. Es cuanto, compañeros. Gracias, presidenta.

La Presidenta diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala: Gracias, diputado. Tiene el uso de la palabra el diputado Cuitláhuac García Jiménez, del Grupo Parlamentario de Morena, hasta por tres minutos.

El diputado Cuitláhuac García Jiménez:Gracias, presidenta. La Ley General de Víctimas tiene que ser abordada desde el punto de vista de las víctimas, y aquí a este recinto nos vinieron a decir familiares de alguna de estas víctimas, que señalan al Estado y al Ejecutivo federal del pesar de ellos.

Por eso con mucha razón desconfían de los peritajes nacionales. Cualquiera que se haga sobre los hechos delictivos que ellos señalan y redactada como está la ley, pues no podrían obtener otro tipo de peritajes ni siquiera los internacionales.

Por eso argumento nuestra postura, precisamente por detalles como este, y cito otro y aquí hemos sido reiterativos sobre ese. Sí estas familias que traen consigo la desaparición de un hijo y señalan como culpable al Estado y a su responsable, cómo es posible que le permitamos al Ejecutivo entonces intervenir en el órgano que va a producir, si es que existiera justicia cuando se padece la desaparición de un hijo o la muerte de un hijo, si es que se pudiera reparar ese daño, ¿Cómo es posible que le permitamos al culpable intervenir en la decisión del comisionado? Sea a través de una terna, aunque la vote el Senado, es la intervención directa del Ejecutivo en la aprobación del encargado de la Comisión Ejecutivo de Atención a Víctimas.

Ese es nuestro cuestionamiento a esta ley, y si la ley es perfectible, pues hagámoslo ahora. Les pido que escuchen con atención las reservas a las que tenemos y dejemos de una vez por todas, una ley que sea efectiva, expedita y que atienda el punto de vista de las víctimas. Es cuanto, presidente.

La Presidenta diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala: Gracias, diputado. Tiene el uso de la palabra el diputado Omar Ortega, del Grupo Parlamentario del PRD, hasta por tres minutos.

El diputado Omar Ortega Álvarez:Con la venia de la Presidencia. Compañeros, el Partido de la Revolución Democrática decidió, por plenaria de su grupo parlamentario, ir en contra de esta propuesta.

Por supuesto que en el PRD existe la libertad de conciencia. Ya dirán algunos diputados cuál será el sentir de su voto. Pero quiero precisar que el Partido de la Revolución Democrática irá en contra de este dictamen. ¿Y cuáles son las razones de fondo para que iríamos en contra del dictamen? Primero, recordar, compañeros, que estas modificaciones, reformas y adiciones nacen de la necesidad imperante de modificar la Ley de Víctimas, por los hechos lamentables ocurridos el 19 de junio en Oaxaca, en Nochixtlán.

En la comisión ex profesa se determinó, con la presencia de varias autoridades, entre ellas el subsecretario de Derechos Humanos, que era importante garantizar la reparación del daño a las víctimas o la reposición de la misma de manera inmediata, porque la ley traía que había que acreditarlo a través de la factura correspondiente y eso conllevaba un proceso largo, tortuoso y hacía imposible la indemnización.

Y por ello se tomó una medida de una reposición del daño, porque no es reparación, la reparación se da hasta el después, hasta después que determina los elementos del tipo y la probable responsabilidad.

Hoy esta propuesta viene en la ley, en las reformas a la Ley General de Víctimas, pero de paso deciden hacer otros elementos que hacen inviable estas reformas o que determinan un retroceso.

Uno. Hacer que sea unipersonal la Comisión Ejecutiva de Víctimas, ya no un colectivo y sí una sola persona, pero no sólo eso, también dicen ahora que sea el presidente de la república el que lo nombre. Juez y parte en un tema tan delicado como las víctimas

Dos. Desplazamiento interno forzado. En ninguna parte del dictamen dice, primero, qué se entiende por desplazamiento interno forzado, cómo se va a atender esta víctima tan importante.

No tengamos miedo, el Estado mexicano, a reconocer que hay violencia en el Estado mexicano, que hay delincuencia organizada, pero el problema no es reconocerlo, el tema fundamental es prevenirlo y poner en la ley que existe la figura de desplazamiento interno forzado, para cuando haya la necesidad se pueda tipificar y se pueda atender de manera adecuada. Por ello es un tema sustantivo y nosotros iremos en contra de la propuesta.

Un tema más, el tema de las periciales. Aquí no hay que ver si es mexicano o extranjero el que hace el peritaje, hay que garantizarle a la víctima la facultad irrestricta y el derecho de que él determine qué perito es más capaz, idóneo para su pericial a su prueba.

Son los temas por los cuales el PRD votará en contra este dictamen. Muchas gracias por su atención.

La Presidenta diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala: Gracias, diputado. Agotada la lista de oradores, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se encuentra suficientemente discutido en lo general.

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Presidenta, mayoría por la afirmativa.

La Presidenta diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala: Suficientemente discutido en lo general.

Esta Presidencia informa que de conformidad con el artículo 109 del Reglamento de la Cámara de Diputados se han reservado para su discusión en lo particular los siguientes artículos: 5, 6, 7, 8, 12, 15, 21, 28, 38, 45, 47, 79, 83, 84, 84 Ter, 85, 86, 87, 88, 90, 93, 96, 132, 135, 136, 179, 180, quinto, octavo y décimo quinto transitorios.

Se pide a la Secretaría abra el sistema electrónico de votación por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular de los artículos no reservados.

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico, por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general, de este dictamen.

(Votación)

¿Algún diputado o diputada que falte de emitir su voto? Sigue abierto el sistema. ¿Falta algún diputado o alguna diputada de emitir su voto? Ciérrese el sistema electrónico de votación. Se emitieron 323 votos a favor, 34 abstenciones y 41 votos en contra, presidenta.

La Presidenta diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala: Aprobado en lo general y en lo particular los artículos no reservados por 323 votos.

Una vez cerrado el sistema de votación, honorable asamblea, informo que el diputado presidente de esta Cámara, no estando presente en este momento por encontrarse en el informe de labores del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha solicitado que se registre su aprobación a la reforma actualmente en votación, solo para registro en el Diario de los Debates.

De conformidad con el artículo 110 del Reglamento de la Cámara de Diputados, tiene la palabra, el diputado Omar Ortega Álvarez, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar sus propuestas de modificaciones a los artículos 5, 7, 12, 15, 21, 38, 45, 47, 87 y 36, hasta por cinco minutos.

El diputado Omar Ortega Álvarez:Con el permiso de la Presidencia. Compañeros, creo que es importante señalar, particularmente me voy a referir primero al desplazamiento interno forzado en el contenido del dictamen.

En el dictamen en comento viene muy omiso el término, de hecho no se presenta salvo en una descripción que dice que no se contempla en el derecho mexicano la figura de desplazamiento forzado interno, por lo cual es importante que se considere en el contenido del mismo, pero lo cierto es que ya en el contenido de la misma norma o de la disposición que se está poniendo a consideración el día de hoy, no aparece ninguna parte, ni en el artículo 5, ni en el 7 que habla con toda precisión del edredario o del concepto que debe de tener el desplazamiento interno forzado, así como en el 38, 45 y 47.

Entonces es importante que aparezca en la ley, dado que señalan algunos compañeros que basta que se presente en la fundamentación y motivación del dictamen, partiendo de la base que el espíritu del legislador por supuesto que forma parte de la ley o de la norma. Pero lo cierto es, que si no aparece explícitamente en el contenido de la norma, pues no se puede aplicar norma alguna si no existe en sus disposiciones.

Por ello nosotros queremos agregar la definición de desplazamiento interno forzado, así como la necesidad de su reconocimiento y una figura jurídica. Por ello es parte de la propuesta que estamos presentando el día de hoy de las modificaciones.

Con más precisión el objeto es reconocer y garantizar los derechos de las víctimas del delito y de las violaciones a derechos humanos consagrados en nuestra Constitución y en los tratados internacionales de derechos humanos de los que nuestra República es parte, me parece una absoluta incongruencia que las personas que se encuentren en situación de desplazamiento forzado interno, no aparecen. Por ello esto es más que importante.

Por otro lado, lo señalaba también en mi participación anterior, se va a garantizar la reparación del daño y la reposición del mismo, pero se da un término finito o determinado para garantizar o comprobar el gasto de la indemnización; se da un mes para que las víctimas o los deudos puedan de manera clara acreditar el dinero que se gastaron en la reparación del daño. Lo que estamos pidiendo es muy simple, que se dé la facultad para que sea en 12 meses la comprobación del gasto. Es todo un viacrucis que le den la indemnización y después, en menos de un mes, tener que justificarlo. Creo que habría que ser ahí más laxo para darles más garantías a las víctimas.

Por último el tema de las periciales. Insisto de manera muy puntual que es importante que la víctima sea la que tenga la facultad de determinar si el perito es mexicano o internacional y si la prueba es idónea. Es cuanto, señora presidenta, y espero que sean a favor las propuestas.

La Presidenta diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala: Gracias, diputado. Consulte la Secretaría a la asamblea en votación económica si se admiten a discusión las propuestas de modificación.

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se aceptan las modificaciones presentadas. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Presidenta, mayoría por la negativa.

La Presidenta diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala: Se desechan. Se reservan para su votación nominal en conjunto en términos del dictamen.

Tiene el uso de la palabra la diputada Norma Xochitl Hernández Colín, del Grupo Parlamentario de Morena para presentar sus propuestas de modificaciones a los artículos 6, 12, 15, 21, 132 y quinto transitorio, hasta por 7 minutos.

La diputada Norma Xochitl Hernández Colín:Con su venia, diputada presidenta. Desde la promulgación de la Ley General de Víctimas esta ha sido severamente criticada por su corto alcance y por haber sido omisa al retomar las propuestas de las organizaciones de la sociedad civil.

Hasta el momento los familiares o quienes han sufrido alguna violación a sus derechos humanos, no han tenido acceso a los recursos contenidos en el Fondo de Apoyo a Víctimas.

La redacción original de la ley ha permitido que menos de 200 personas recibieran alguna compensación económica por padecer de la delincuencia o del mal funcionamiento de la administración pública, pese a que en 2015 se han denunciado más de 15 mil homicidios dolosos y se han presentado más de 45 mil quejas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

Por desgracia el dictamen que presenta la Comisión de Justicia muestra que de nueva cuenta se dilapidó la gran oportunidad de crear una legislación que dé un reflejo de esta realidad; se desperdició la oportunidad de adecuarla para convertirla en un instrumento real de apoyo de quienes padecen estas constantes violaciones.

El dictamen no aborda modificación alguna en contra del modelo de gastos de las víctimas de forma devengada, es decir, la víctima primero tiene que hacer el pago de la atención médica, psicológica, servicios funerarios o de cualquier otra índole, y posteriormente realizar un trámite para el reembolso del dinero gastado, lo cual muestra una gran insensibilidad ante la vulnerabilidad en la que se encuentran las víctimas con sus familiares.

De la misma manera se desatendieron peticiones realizadas por la propia Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Por ejemplo las facultadas para atraer y atender casos que sean competencia originaria de las entidades federativas, o de generar un concepto de reparación integral con cargo al fondo, ya que la restitución, rehabilitación, satisfacción y no repetición, también puede ser evaluables económicamente.

Se debió prever un esquema flexible de comprobación de gastos de los pagos con cargo al fondo, que este pueda llevar a cabo adquisiciones y contratación de servicios, además de agilizar la provisión de materiales que permitan la atención médica emergente. Por ello es que este dictamen se queda corto.

Además se adiciona un trámite totalmente innecesario que desatiende de nueva cuenta el estado de vulnerabilidad de las víctimas al obligarlas a solicitar asistencia legal si no se quiere o no se puede contratar con un abogado externo, cuando es obvio que el trámite puede llevarlo a cabo el Estado de manera oficiosa.

Se elimina la posibilidad de contratar servicios de expertos independientes o peritos internacionales sin que si quiera exista un razonamiento lógico que lo funde, a pesar de que en diversas ocasiones se ha demostrado que cuando el Estado lleva a cabo las indagatorias, lo hacen de manera parcial y sin obtener resultados concretos, ejemplos los tenemos en demasía.

Se condiciona la aportación federal para la constitución del fondo de ayuda para las víctimas a pesar de que en la actualidad es casi imposible acceder a él, aun así se pretende que el monto no sea fijo, en lugar de incrementarlo para una atención universal.

Por otro lado, el asunto más grave y peligroso a través de estas reformas, es que se atenta contra la comisión ejecutiva al inhibir la representatividad que debe tener un órgano de tal importancia, ya que de estar compuesta por siete comisionados, ahora se pretende que sea dirigida solo por uno, lo cual, si duda, representará discrecionalidad y falta de legitimidad en las decisiones.

De ninguna manera es buena idea la ausencia de órganos colegiados. Por ejemplo, el jefe de gobierno de la Ciudad de México es la única persona en quien recae la administración pública local y es quien de manera discrecional y sin escuchar las voces de reclamo se ha negado constantemente a declarar la alerta de género de violencia contra las mujeres en la Ciudad de México, a pesar del alto número de feminicidios que se han suscitado en la capital del país.

De lo anterior se desprende que al ser una sola persona encargada de conducir un órgano, ésta puede detentar las voces que no sean de su corriente ideológica como lo he mencionado en la Ciudad de México.

El desmantelamiento de un cuerpo colegiado de decisiones es retrógrado, trasgrede los principios democráticos de pluralidad, representatividad, que deben permear en la toma de decisiones, mucho más en un tema tan importante como la atención de las víctimas de delito o la violación de derechos humanos.

Compañeras, compañeros, esta es una reforma de gran calado que implica un verdadero cambio de atención a las víctimas. Necesitamos ser receptivos, sensibles. ¿Ustedes, les pregunto, han sido víctimas? Yo sí. Es cuanto.

La Presidenta diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala:Gracias, diputada. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admiten a discusión las propuestas de modificación.

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la asamblea si se admiten a discusión las propuestas de modificación planteadas. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Presidenta, mayoría por la negativa.

La Presidenta diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala: Se desechan. Se reservan para su votación nominal en conjunto en términos del dictamen.

Tiene el uso de la palabra la diputada Ernestina Godoy Ramos, para presentar propuestas de modificación a los artículos sexto y quinto transitorio, hasta por cuatro minutos.

La diputada Ernestina Godoy Ramos:Gracias. Voy a tratar de ser breve. Las reservas que estoy presentando al dictamen que se somete a consideración tiene por objeto lo siguiente: incluir una definición de lo que debe entenderse por desplazamiento interno forzado.

Y estamos proponiendo la definición aceptada internacionalmente, que es la siguiente: las personas o grupo de personas que se han visto forzadas u obligadas a escapar o huir de su hogar o de su lugar de residencia habitual, en particular como resultado o para evitar los efectos de un conflicto armado, de situaciones de violencia generalizada, de violaciones de los derechos humanos o de catástrofes naturales o provocadas por el ser humano, y que no han cruzado una frontera estatal internacionalmente reconocida.

El otro aspecto es eliminar la disposición que se encuentra en el quinto transitorio, que le permite al titular del Ejecutivo designar por única ocasión al comisionado ejecutivo de Atención a Víctimas, quien además durará en su encargo tres años.

Lo anterior es así ya que el dictamen no reconoce los derechos de las personas víctimas de desplazamiento interno forzado. Pese a lo que la diputada del Verde Ecologista dice, sí habla de desplazamiento interno, no de desplazamiento interno forzado, pero no definen qué se entiende por desplazamiento interno forzado. De modo que se quedará al arbitrio de la Comisión determinar cuándo se está en ese supuesto y tendrá derecho a los beneficios que se establecen en la propia ley.

La reforma que se propone entonces no establece la definición. Sin lugar a duda esto implica un desconocimiento de una realidad consistente en el hecho de que las personas sean desplazadas de su lugar de origen a otros lugares, como consecuencia del delito o de violaciones a derechos humanos, lo que de suyo implica una negativa a reconocerles derechos por ser afectados por dichas circunstancias.

Por otra parte, el dictamen deja de considerar un mecanismo que se establece en la ley, de designación del comisionado ejecutivo, para que sea propuesto en una terna por las organizaciones de la sociedad civil, y luego el presiente lo pase al Senado.

Para el primer periodo, esto es un acuerdo político, será propuesto por el Ejecutivo, además que no hay previsión expresa para que los comisionados de la actual Comisión y otros políticos y funcionarios, dejen de ser considerados para presidir lo que habrá de ser la nueva Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Por eso estoy presentando estas reservas para adicionar una fracción III Bis al artículo 6, y para eliminar el artículo quinto transitorio. Es cuanto.

La Presidenta diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala: Gracias, diputada. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admiten a discusión.

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta la asamblea si se admiten a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Presidenta, mayoría por la negativa.

La Presidenta diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala:Se desechan y se reservan para su votación nominal en conjunto, en términos del dictamen.

El diputado Alberto Martínez Urincho, del Grupo Parlamentario del PRD, ha retirado sus propuestas de modificación a los artículos 6, 12, 85, 93 y Quinto transitorio.

Tiene el uso de la palabra la diputada Araceli Damián González, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar propuestas de modificaciones a los artículos 7, 8, 28, 38, 45, 47, 79 y 86. Hasta por cinco minutos.

La diputada Araceli Damián González:Me da realmente pena estar en un Congreso en el que le aplaudan a quien no quiere presentar sus reservas para ya irse rápido, caramba, porque saben que está aquí la aplanadora. Pero bueno.

Vengo a presentar reservas a la Ley de Víctimas en todos los artículos que están relacionados también con la situación de desplazamiento interno forzado.

En marzo de 2011 comenzaron las acciones del primer movimiento social de víctimas, que reunió y movilizó a organizaciones e individuos de todo México. Tras meses de recorrer el norte y sur del país, lograron que los Poderes Ejecutivo y Legislativo comprendieran lo importante –cosa que no hicieron hoy– que era contar con una ley para proteger los derechos de las víctimas de la violencia, el abuso de poder y las violaciones de los derechos humanos, que la absurda guerra contra el narcotráfico iniciaba en el sexenio del panista Felipe Calderón provocó y sigue provocando.

Esa ley además era un reconocimiento de la deuda que el Estado mexicano tenía con decenas de miles de personas desde hacía ya décadas.

Como ocurre pocas veces en este recinto, se aprobó por unanimidad la legislación, pero el indolente Felipe Calderón, ¿Verdad? Provocó que se vetara esta ley, lo que a final de cuentas conllevó a una controversia constitucional.

En enero de 2013, se promulga la Ley de Víctimas, que hoy se busca reformar. La demanda de las víctimas es clara, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, que esta ley creó, no ha hecho su trabajo. Debemos cambiar su estructura para hacerla más eficiente, pero hagámoslo escuchando a las víctimas que sufren todos los días la insensibilidad de quienes pretenden sustituir su derecho a la verdad y a la justicia por dinero.

Por eso es que presento la reforma al artículo 86, además si quienes han estado a la cabeza de la Comisión Ejecutiva han sido omisos en su labor, no permitamos que puedan volver a ser designados.

Por casi tres años decenas de organizaciones sociales han exigido la renuncia de los comisionados que han dejado a las víctimas en el desamparo. No cometamos el error de permitir que esto se mantenga, por eso es que se adiciona este artículo o fracción V, el que además de no haber desempeñado cargo de dirección nacional o estatal en algún partido político dentro de los años, dos años previos a su designación, estos no puedan haber desempeñado el cargo de comisionado en la Comisión Ejecutiva, previamente.

De igual forma, reconozcamos que la guerra contra el narcotráfico en México ha provocado desplazamiento forzado, como ya lo han señalado mis compañeras. No sólo desplazamiento interno, como se pretende decir en esta ley, estamos en periodo muy grave en materia de violación de derechos humanos.

En cada rincón, en cada pueblo de nuestro país hay cientos de miles de asentamientos humanos que están vacíos por desplazamiento forzado. Hay que señalarlo, quedan cosas pendientes en esta reforma y Morena buscará que sean reconocidas en la Ley de Víctimas.

Necesitamos que la Comisión Ejecutiva sea autónoma y no cuente con una Junta de Gobierno, sino con un Consejo Directivo. Necesitamos que no haya designación directa de comisionados a modo, sino convocatorias amplias e incluyentes para encontrar a la persona con el perfil adecuado para dirigir la Comisión. Y por supuesto, necesitamos sanciones claras para funcionarios que revictimizan y tratan sin dignidad y con negligencia a las víctimas.

Sin estas modificaciones corremos el riesgo de que la Ley General de Víctimas siga sin funcionar a la altura de la crisis que existe en el país. Muchas gracias, presidenta.

La Presidenta diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala: Gracias, diputada. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admiten las propuestas de modificación.

La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla: En votación económica se pregunta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señora presidenta, mayoría por la negativa.

La Presidenta diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala: Se desechan. Se reservan para su votación nominal en conjunto, en términos del dictamen.

Tiene el uso de la palabra la diputada Cristina Ismene Gaytán Hernández, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar propuestas de modificación a los artículos 12, 15 y 21. Hasta por cinco minutos.

La diputada Cristina Ismene Gaytán Hernández:Con su venia, señora presidenta. Compañeras y compañeros diputados, las reservas que hoy presento tienen por objeto preservar un derecho adquirido ya por las víctimas de violaciones graves a los derechos humanos, el de nombrar a expertos o peritos independientes, sean nacionales o internacionales.

Según el artículo 1 de nuestra Constitución, todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Por lo que el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación ya se ha pronunciado sobre las exigencias del principio de progresividad. En sentido negativo impone una prohibición de regresividad. El legislador, como nosotros, tiene prohibido, en principio, emitir actos legislativos que limiten, restrinjan, eliminen o desconozcan el alcance y la tutela que en determinado momento ya se reconocía a los derechos.

La asistencia técnica ha estado presente en el panorama internacional y en los diversos mecanismos de protección de los derechos humanos. Hoy busco que México no retroceda al eliminar artificialmente los derechos de las víctimas. Asumamos el deber que como legisladores tenemos de cumplir con este principio de progresividad.

Las reservas que se presentan van dirigidas a los artículos que modifican de manera regresiva un derecho que las víctimas ya tenían, el poder solicitar la intervención de expertas o expertos y peritos internacionales, y que estos sean cubiertos por el fondo de atención a víctimas. Esto ya estaba en la ley, es un derecho ganado por las víctimas, pero parece que algunos legisladores legislan por consigna, para proteger o protegerse con ese halo de impunidad, más allá de buscar el derecho de las víctimas.

En tres ocasiones se señala lo siguiente en esa ley: “Solo se podrá contratar servicios de expertos independientes o de peritos internacionales cuando no se cuente con personal nacional capacitado en la materia”. Eso en los artículos 12, 15 y 21 de la ley.

¿Ya se nos olvidó, por ejemplo, lo que últimamente hemos padecido? ¿De los señalamientos que se hicieron en contra de servidores públicos y cómo un servidor público fue acorralado a tal punto de tener que demitir de su cargo por no haber querido acusar una investigación acorde a los intereses de la Presidencia? ¿Ya nos olvidamos de Tomás Zerón?

Pero no nos engañemos, compañeras diputadas y compañeros diputados, eso tiene una clara consigna política de la experiencia que tuvo el gobierno mexicano, la mala experiencia para el gobierno mexicano que resultó de ser confrontados y evidenciados por organismos internacionales en el tema de Ayotzinapa. Y quieren, obviamente, que esto no se repita.

Esta es una clara dedicatoria al Grupo de Expertos Internacionales, a los expertos en antropología forense que con sus argumentos, con sus peritajes y sus elementos debilitaron la verdad histórica construida por Murillo Karam.

Ayer apenas discutíamos la Ley contra la Tortura, y obvio fue que esos diputados, creando una mayoría irresponsable, votaron en contra; aun con una carta de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, el organismo internacional encargado de velar por los derechos humanos. Ignorada, desdeñada por parte de estos diputados.

Ahora también vamos en un acto regresivo, en un proceso legislativo regresivo e irresponsable que les quita a las víctimas el derecho que ya tienen. Esto, sin lugar a dudas es muy grave, pero deja clara una vez más la política implementada por Enrique Peña Nieto, de grave violación a los derechos humanos y que ha sido avalada por sus diputados aquí en esta Cámara de Diputados. Es cuanto, presidenta.

La Presidenta diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala: Gracias, diputada. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admiten las propuestas a discusión.

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se admiten a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Presidenta, mayoría por la negativa.

La Presidenta diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala: Se desechan y se reservan para su votación nominal en conjunto en términos del dictamen.

Tiene el uso de la palabra, el diputado Juan Romero Tenorio, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar propuestas de modificación a los artículos 79, 83, 84, 84 Ter, 85, 86, 88, 90, 96, 135 y quinto transitorio, hasta por ocho minutos.

El diputado Juan Romero Tenorio:Con la venia de la Mesa Directiva. Primero solicito que se inserte en el Diario de Debates las reservas que se presentan, de cada uno de los artículos. Ante un Estado fallido no queda más que establecer las condiciones para que los operadores políticos hagan inviable e inoperante esta Ley General de Víctimas.

El sexto transitorio de la Ley General de Víctimas, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 9 de enero de 3013, estableció la integración de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas con nueve integrantes. Una reforma posterior del 3 de mayo de 2013, determinó que esta comisión se integraría con siete integrantes.

El 9 de mayo de 2013, el Ejecutivo federal, a través del secretario de Gobernación, previa consulta a organizaciones vinculadas con víctimas y la defensa de sus derechos, presentó al Senado 61 propuestas de ciudadanos para ocupar el cargo de comisionados en esta Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.

El Senado de la República el 23 de septiembre establece el procedimiento de selección de estos comisionados y el 8 de octubre de 2013 aprueba siete comisionados, por cinco, tres y dos y un año del encargo. ¿Por qué modificar esta estructura de una comisión colegiada para cambiarla a un órgano unipersonal? ¿Qué justifica esta modificación legal para que un órgano colegiado que podría acceder a datos de víctimas de secuestro, de extorsión, de desaparición forzada, de desplazamiento interno, sea manejado por una sola persona? Se ha politizado el tema.

Un órgano colegiado no garantiza al Ejecutivo el manejo de esta información; información grave ante el anuncio de organismos internacionales de derechos humanos que el Estado mexicano ha fallado en la protección de derechos humanos.

Información grave de víctimas que de acuerdo a la Constitución tienen una garantía para la protección de sus bienes, de su persona, y esta ley se manipula para cercenar esa información de estas víctimas.

El artículo quinto transitorio, del cual presentamos una modificación, refiere en su segundo párrafo que los comisionados nombrados el 8 de octubre dejarán de ejercer el cargo que les fue conferido una vez entrado en vigor el decreto. Quedan sin efecto sus nombramientos. ¿Por qué la urgencia de quitar a este órgano colegiado? Porque no garantiza la secrecía, no garantiza la discrecionalidad en el manejo de las víctimas en nuestro país.

Más de 28 mil desaparecidos, más de 200 mil desplazados internos, más de 100 mil víctimas en el fuego cruzado de esta guerra fallida, de esta estrategia militar contra la delincuencia organizada que es lo que se quiere encubrir al cambiar a los operadores políticos de esta ley.

Un órgano unipersonal de un comisionado propuesto por el Ejecutivo para ser aprobado por el Senado en dos terceras partes de sus integrantes. ¿Por qué esta modificación al diseño institucional? Porque no queremos rendir cuentas, porque no queremos dar anuncios del Estado fallido que tenemos ante la violación reiterada y grave de derechos humanos. Eso es lo que justifica esta modificación a esta ley.

Esta ley no la modifica el interés primordial de la niñez; los operadores de esta ley la harán ineficiente. No modifica o no justifica esta modificación desplazados internos; los operadores de esta ley la harán ineficiente.

Un operador unipersonal, acompañado de una junta de gobierno donde intervienen cuatro secretarías que no se vinculan con la justicia; salud, educación no se vinculan con la justicia, pero integran un órgano colegiado que le quita autonomía a la operación de esta Comisión Nacional de Atención a Víctimas. Esto le resta fuerza y autonomía en sus decisiones. No tiene una autonomía.

Hay simulación en la participación ciudadana; se habla de una asamblea consultiva de nueve elementos electos por la Junta de Gobierno.

Los mismos secretarios que integran la Junta de Gobierno van a elegir a la parte que representa a la sociedad civil. Es un absurdo. Este organismo no tiene autonomía, no tiene una operación ni pesos ni contrapesos que efectivamente transparenten la información de las víctimas en nuestro país.

Ante un Estado fallido el Ejecutivo tiene una urgencia, en el mismo quinto transitorio, primer párrafo, determina que hará una propuesta al Senado a quien ocupe el cargo de este comisionado de este órgano unipersonal para que dure en el encargo tres años, tres años; al Ejecutivo le quedan dos años de gobierno, suficiente para acreditar que este organismo es inoperante y anima a la opacidad y a la falta de transparencia de las víctimas.

No hay datos oficiales de personas desaparecidas, no hay datos oficiales de desplazados internos; se oculta la verdad a todos los mexicanos, se oculta la gravedad de la violación de derechos humanos.

Esta ley será una ley inoperante porque así lo determina la mayoría en esta Cámara de Diputados.

Todas y cada una de las reservas que se han presentado al artículo 79, 83, 84, 84 Ter, 85, 86, 87, 88, 90, 96, 135, y el quinto transitorio, tienen la finalidad de otorgar autonomía plena a esta Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.

De no aprobarse las modificaciones que se presentan, estamos ante una ley inoperante. Esta Cámara de Diputados ha emitido leyes inoperantes que los operadores políticos las convierten en ineficientes y en demagogia legislativa. Es cuanto, señora presidenta.

La Presidenta diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala: Gracias, diputado. Consulte la Secretaría a la asamblea en votación económica si se admiten a discusión.

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: Por instrucciones de la Presidencia en votación económica se consulta a la asamblea si se admiten a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. Mayoría por la negativa.

La Presidenta diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala: Se desechan y se reservan para su votación nominal en conjunto en términos del dictamen.

Tiene el uso de la palabra el diputado Cuitláhuac García Jiménez, del Grupo Parlamentario Morena, para presentar propuestas de modificación a los artículos 84 y 85, por tres minutos.

El diputado Cuitláhuac García Jiménez:Gracias, presidenta. Las reservas que tenemos son para modificar los artículos 84 y 85, y tienen que ver con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.

Hemos señalado en varias ocasiones que fueron políticas de Estado las que generaron tantas víctimas. En el sexenio pasado se declaró una guerra contra el narcotráfico y como consecuencia tuvimos miles y miles de víctimas.

También, ahora en este sexenio se mantiene al Ejército en las calles y como resultado volvemos a obtener cientos y miles de víctimas, y algunas de estas señalaron directamente a los responsables del Estado mexicano como los culpables, y cómo es posible que siendo eso, en el artículo 85, permitamos que esos encargados sean los que disidan el Comisionado Ejecutivo para la Atención de Víctimas.

Eso no puede ser, por eso nosotros estamos proponiendo que en lugar de la terna enviada por el Ejecutivo sea el mismo Senado quien nombre a esa terna y que sean las dos terceras partes de ése órgano legislativo quien tome finalmente la decisión sobre el comisionado.

Desde luego mantener el texto donde debe consultarse a la sociedad civil sobre las propuestas. Y el artículo 84, que proponemos modificar, tiene también que ver con la autonomía plena que exigen las víctimas sobre la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.

En el texto solamente menciona una autonomía técnica y nuestra propuesta es llevarlo a un órgano que cuente con autonomía de gestión y presupuestaria, no solamente la personalidad jurídica y patrimonio propios con que se mantiene en el dictamen hasta ahora. Es cuanto, presidenta.

La Presidenta diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala: Gracias, diputado. Consulte la Secretaría, en votación económica, si se admiten a discusión.

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica, se consulta si se admiten a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Presidenta, mayoría por la negativa.

La Presidenta diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala: Se desechan y se reservan para su votación nominal en conjunto en términos del dictamen.

Tiene el uso de la palabra el diputado Roberto Cañedo Jiménez, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar propuestas de modificación a los artículos 179 y 180, por tres minutos.

El diputado Roberto Alejandro Cañedo Jiménez:Muy buenas tardes, compañeros diputados y compañeras diputadas; y pueblo de México que nos sintoniza a través del Canal del Congreso.

El dictamen que se nos presenta sobre la Ley General de Víctimas es omiso al no incluir un capítulo de sanciones, administrativas o penales, sobre un conjunto de supuestos de omisión, de negligencia y victimización secundaria que deben constituir faltas administrativas y delitos cuando de ellas se desprende daño a la vida, a la integridad, a la salud, la libertad y el acceso efectivo a la verdad, la justicia y la reparación del daño a las víctimas.

Esta omisión puede ser subsanada a través de estas reserva que en este momento les voy a presentar; y que consiste en adicional un Título Décimo, De sanciones, que contienen y crean dos artículos, que es el 180 y el 179.

El artículo 179 estipula a la letra: para lo no dispuesto en esta ley, se aplicará de manera supletoria la legislación en materia administrativa y el Código Nacional de Prendimientos Penales en los asuntos que sean de sus respectivas competencias.

Y el artículo 180 busca establecer una sanción al servidor público que actúe de manera omisa, de manera negligente o sin la debida diligencia en la prestación de un servicio o de una medida a una víctima a la que estuvieran obligados por virtud de la presente ley.

Y establece además, compañeros diputados y diputadas, que se les sancionará con una amonestación administrativa o en caso de reincidencia, la destitución del cargo.

También para que en caso de que, derivado de la omisión, falta de diligencia o negligencia en la prestación del servicio o medida, la víctima hubiere sufrido un nuevo daño o éste se hubiese empeorado, se le sancionará con multa o inhabilitación hasta por cinco años para ejercer cualquier cargo público, sin prejuicio de las responsabilidades.

Como puede observarse, con esta reserva lo que se intenta es perfeccionar el dictamen que se nos propone. Este dictamen ha reconocido que la legislación actual no ha funcionado y que a tres años de su puesta en marcha tiene serias deficiencias. Entre ellas está precisamente el que no existe un régimen de responsabilidades y sanciones, por lo que los funcionarios que cometan omisiones o cuya actuación sea negligente no han podido ser sancionados.

Es por eso, compañeros, que por favor tomen en cuenta esta reserva y la voten a favor. El pueblo, las víctimas necesitan que los funcionarios que sean omisos en sus obligaciones sean sancionados de acuerdo a la ley. Por su atención, muchas gracias. Que tengan una excelente tarde.

La Presidenta diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala: Gracias, diputado. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión.

La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla: En votación económica, se pregunta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señora presidenta, mayoría por la negativa.

La Presidenta diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala: Se desecha y se reserva para su votación nominal en conjunto, en términos del dictamen.

Tiene el uso de la palabra la diputada María Candelaria Ochoa Avalos, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, para presentar propuesta de modificación al artículo quinto transitorio. Hasta por dos minutos.

La diputada María Candelaria Ochoa Avalos:Gracias, diputada presidenta. La reserva que les presentamos es la del quinto transitorio, que tiene que ver con la elección del comisionado ejecutivo y su nombramiento.

Se ha dicho aquí ya antes por otras compañeras y compañeros diputados, que es muy importante que el comisionado sea nombrado por el Senado. Venimos a ratificar esta reserva, porque no es posible que estos tres años sea nombrado directamente por el presidente, porque se puede prestar no solo a confusión, sino a cuotas para no investigar a profundidad el tema y darle causa a los derechos de las víctimas.

Queremos que todos ustedes tomen conciencia de que las víctimas que están allá afuera necesitan la imparcialidad y necesitan que el comisionado ejecutivo sea alguien consciente de las demandas para que las víctimas sean reparadas, pero para que los delincuentes sean sancionados.

Por ello creemos que lo más importante es que sea el Senado el que nombre al comisionado, con la propuesta de terna, pero que se siga el procedimiento legal y normal al que se nombra a todos los comisionados. En este caso las víctimas lo demandan, las familias lo demandan. No les demos un albazo en una ley que hoy puede ser determinante para investigar y para sancionar estos delitos de la materia de ley. Muchas gracias.

La Presidenta diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala: Gracias, diputada. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión.

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría por la negativa.

La Presidenta diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala: Se desecha y se reserva para su votación nominal en conjunto, en términos del dictamen.

Tiene el uso de la palabra la diputada Maricela Contreras Julián, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar propuestas de modificación a los artículos Quinto transitorio y Décimo Quinto transitorio. Hasta por cinco minutos.

La diputada Maricela Contreras Julián:Con el permiso de la Presidencia. La congruencia debe ser el principal eje de nuestro actuar en esta Cámara de Diputados, no el doble discurso cuando se trata de respeto a los derechos humanos.

No nos confundamos, el Estado es el responsable de toda la serie de acciones y omisiones que han causado una larga lista de víctimas en nuestro país. El Estado es el responsable de la crisis de derechos humanos que vivimos actualmente en México, esta situación se ve reflejada en asesinatos, ejecuciones extrajudiciales, tortura, desapariciones forzadas, desplazamientos internos forzados y violaciones sexuales, entre muchas otras circunstancias que ha sumido a México en la peor crisis de los derechos humanos.

El Estado es el único responsable, nuestro deber es construir instancias que estén al frente y que hagan frente a estas arbitrariedades que tiene que ver con la discrecionalidad del uso del poder.

¿Quién viola los derechos humanos? El gobierno, sus funcionarios, quienes tienen alguna función pública y se cometen contra los ciudadanos y ciudadanas. ¿Quién atenderá los casos de violaciones a los derechos humanos? De acuerdo a como viene la minuta lo hará el propio gobierno, y en este caso no podemos ser juez y parte.

Nuestro deber es construir instancias que hagan frente a esta arbitrariedad y al uso discrecional del poder. Sin embargo, parece que eso se olvida en esta Cámara de Diputados.

Algunos todavía apuestan a elefantes blancos y a instituciones adorno que se conviertan en paladines de las atrocidades del gobierno y hay que decirlo, en rehenes de intereses que buscan lucrar con el dolor de las personas.

No podemos ser cómplices con el cinismo del Estado en su doble discurso en el respeto de los derechos humanos de las personas. El permitir que bajo un acuerdo político se pretenda imponer, por el presidente de la república, a la persona que ocupará la Comisión Ejecutiva. Es totalmente inaceptable y desvirtúa el origen de este tipo de instituciones.

Creo que debería haber habido un poco de sensibilidad y poder haber dejado y haber concedido que esta institución pueda tener autonomía e independencia. Lo que se necesita es una verdadera independencia y autonomía de esta Comisión, alejadas de tentaciones autoritarias de querer controlarlo todo.

El actual desastre y el fracaso de la comisión, y por lo que se han tenido que hacer estas reformas, hay que decirlo con todas sus palabras, este fracaso responde a la intromisión del gobierno al no dejar actuar a sus integrantes y pretender inmiscuirse en sus decisiones a través de organizaciones que protegen sus intereses.

El PRD ha sido el principal impulsor de cambios a la ley para hacerla operativa. Nuestro objetivo es que las personas víctimas de delitos o de violaciones de los derechos humanos encuentren un verdadero apoyo y no un cautiverio que las victimice de nueva cuenta.

Propusimos durante el proceso de discusión mejoras para que el Estado cumpla con sus obligaciones de reparar el daño cuando se ven afectados los derechos de las personas. No podemos aceptar una legislación que opaca las cosas buenas que se han logrado, pero que representa verdaderas regresiones con otras disposiciones que también se pretenden imponer.

Resulta mezquino escatimar derechos y más cuando se trata de víctimas. Resulta voraz que el Estado quiera ejercer el control de la comisión ejecutiva al nombrar su primer encargado y ejercer su influencia al controlar la Junta de Gobierno a través de la Secretaría de Gobernación.

Por eso proponemos que el Senado sea quien nombre al comisionado, así como lo hace con el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y que da buenos resultados.

El lucrar con el dolor ajeno y solapar el negocio de atención de víctimas solo profundiza la impunidad que tiene en hartazgo a la sociedad y es algo que no podemos tolerar. Pedimos voluntad política para que esta operación funcione, para que tenga independencia y dejemos de lado el doble discurso. Es cuanto, diputada presidenta.

La Presidenta diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala: Gracias, diputada. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admiten a discusión.

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta si se admiten a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría por la negativa.

La Presidenta diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala: Se desechan y se reservan para su votación nominal en conjunto, en términos del dictamen.

Tiene el uso de la palabra la diputada Olga Catalán Padilla, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar propuesta de modificación al artículo octavo transitorio, hasta por tres minutos.

La diputada Olga Catalán Padilla:“El político debe tener: amor apasionado por su causa; ética de su responsabilidad; mesura en sus actuaciones”. Max Weber.

Buenas tardes, compañeras y compañeros diputados. Durante el primer trimestre del ejercicio 2016, de acuerdo a datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el monto de los subejercicios alcanzó una cantidad cercana a los 12 mil millones de pesos.

Esta práctica, que se ha vuelto tan común, es contraria a lo estipulado en el decreto que establece las medidas para el uso eficiente, transparente y eficaz de los recursos públicos e incumple el compromiso asumido por esta administración en el sentido de reorientar los recursos públicos hacia programas que fomenten el desarrollo económico, la seguridad social, la educación y la atención integral de los problemas que más aquejan a nuestro país.

Los subejercicios, además, hablan de un mal proceso de planeación y de ejecución por parte del gobierno federal, reflejando una serie de problemas; desde la falta de capacidad para ejercer estos recursos, pasando porque los recursos llegan tarde y esto dificulta su ejercicio.

En este sentido, el manejo inadecuado de los recursos se debe principalmente a la falta de transparencia, dado que el presupuesto se asigna para un sector y es utilizado para otros fines. En ese sentido planteo que, a efecto de incrementar el Fondo de Asistencia y Reparación Integral para las Víctimas, se adicionen los recursos provenientes de los subejercicios al primer semestre del año. Con esta asignación corregimos diversos problemas.

En primera instancia, se atiende la asignatura pendiente con las víctimas de la violencia en el país, que son un espeluznante reflejo de la falta de capacidad del gobierno para salvaguardar los derechos humanos ante autoridades que atienden con absoluta indiferencia temas de seguridad pública y en algunos casos hasta con complicidad del crimen organizado. O en casos emblemáticos, como el caso del gobierno del estado de México, que considera la vida de sus habitantes, especialmente de sus mujeres, cosa de poca importancia.

Por otra parte, se da transparencia al uso de los recursos derivado de los subejercicios, tapando el gran hoyo negro en que se convierte su reasignación. Asimismo, se ataca de manera frontal la corrupción de autoridades federales en el uso indiscriminado y discrecional de los recursos públicos provenientes de estos subejercicios para asignarlos con fines electorales. Con su voto a favor de la modificación del artículo octavo transitorio de la Ley General de Víctimas, estaríamos cumpliendo estos objetivos al quedar en los siguientes términos:

Octavo transitorio. Las erogaciones que en el ámbito de la federación se generen con motivo de la entrada en vigor del presente decreto, se realizarán con cargo al presupuesto autorizado, adicionando además a estos fondos los recursos que reporte la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de los programas sujetos a reglas de operación como subejercicios y que al segundo trimestre del presente ejercicio fiscal no se encuentren asignados. Es cuanto.

La Presidenta diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala: Gracias, diputada. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión.

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica, se consulta si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría por la negativa, presidenta.

La Presidenta diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala: Se desecha y se reserva para su votación nominal en conjunto en los términos del dictamen.

Se pide a la Secretaría que abra el sistema electrónico por cinco minutos, para proceder a la votación de los artículos 5, 6, 7, 8, 12, 15, 21, 28, 38, 45, 47, 79, 83, 84, 84 Ter, 85, 86, 87, 88, 90, 93, 96, 132, 135, 136, 179, 180, quinto, octavo y décimo quinto transitorios, en los términos del dictamen.

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos, para proceder a la votación nominal de los artículos reservados en términos del dictamen.

(Votación)

¿Algún diputado o diputada que falte de emitir su voto? Sigue abierto el sistema. Sigue abierto el sistema. ¿Algún diputado o diputada que falte de emitir su voto? Ciérrese el sistema de votación electrónico. Se emitieron 302 votos a favor y 96 votos en contra, presidenta.

La Presidenta diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala: Aprobados los artículos reservados en términos del dictamen por 302 votos. Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Víctimas. Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.

LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL, LEY DE NAVEGACIÓN Y COMERCIO MARÍTIMOS Y LEY DE PUERTOS

La Presidenta diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala:El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen de la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos y de la Ley de Puertos.

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: Dictamen de la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos y de la Ley de Puertos.

La Presidenta diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala:discusión del dictamen de la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos y de la Ley de Puertos. Tiene la palabra por cinco minutos la diputada Mercedes Del Carmen Guillén Vicente, para fundamentar el dictamen de conformidad con el artículo 104, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados.

La diputada Mercedes Del Carmen Guillén Vicente:Gracias, diputada presidenta. Buenas tardes a todos; aprovecho para felicitar a mi amiga la diputada Adriana Ortiz Lanz, de Campeche, que cumple años el día de hoy.

El Poder Legislativo tiene una responsabilidad de enorme trascendencia para dar sentido y viabilidad a la transformación del país. Nos corresponde estar atentos a una coyuntura que no sólo cambia de manera rápida, sino que profundiza su complejidad y hace necesaria la adaptación permanente de nuestras políticas públicas. Por esa razón, compañeras y compañeros, estamos obligados a mejorar constantemente nuestros ordenamientos jurídicos, dar precisamente sentido, viabilidad y soporte legal, a las metas generales del desarrollo nacional. Este es el caso de la materia que hoy nos ocupa.

Esta Comisión de Gobernación dictaminó la minuta con proyecto de decreto por el que se reforma, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos, y de la Ley de Puertos, con el fin de que México defina una sola autoridad marítima nacional, que permita el cumplimiento de compromisos nacionales e internacionales adquiridos en la materia y permita delimitar con mayor precisión, atribuciones que hoy en día son ejercidas de manera ambigua por dos dependencias.

Al crearse la Secretaría de Marina hace 76 años, se convirtió en la autoridad marítima nacional; entonces concentró atribuciones relativas a la marina mercante, la operación portuaria, obras de infraestructura marítima, el dragado y la pesca.

Para cumplir con dichas atribuciones la capitanía de puertos quedó entonces apoyada en mandos navales, así la Armada de México desempeñó desde entonces tanto tareas militares y defensa de la soberanía nacional de salvaguarda de las vidas humanas en el mar y la vigilancia y protección de las costas y sus instalaciones estratégicas.

Como parte de la reformas de la administración pública federal, a mediados de la década de los setentas se decidió transferir y concentrar las actividades productivas marítimas y generadoras de recursos económicos en otras dependencias y organismos, se desincorpora entonces de la Semar lo relativo a marina mercante, puertos y pesca.

Estas medidas resultaron en una clara fractura de la autoridad marítima al compartir su ejercicio entre dos dependencias. La propia Secretaría de Marina y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Desde entonces las cosas han cambiado como resultado del libre comercio, el aumento de la actividad marítima y la intensificación del intercambio y el uso de los puertos. Han cambiado radicalmente también las exigencias de brindar orden y garantizar la seguridad nacional y pública debido a la mayor presencia de delincuencia organizada de corte internacional y conexo supranacional.

La iniciativa presentada por el presidente de la República, pretende responder a todo esto al fortalecer a esa autoridad marítima y concentrarla en una institución clave del Estado mexicano que cuenta con la capacidad, los medios operativos, la disciplina y la experiencia para garantizar a la nación el ejercicio cabal de esa autoridad.

En ese sentido el proyecto referido tiene en esencia la finalidad de concentrar la autoridad marítima nacional en la Secretaría de Marina, y transferirle de nueva cuenta la capitanía de puerto, pero no modifica el modelo de administración y desarrollo portuario, de fomento al desarrollo de la industria marítima y en general, toda la actividad económica y de negocios, el cual permanece bajo la supervisión y coordinación de la de Comunicaciones y Transportes.

Quienes suscribimos coincidimos en que tal reingeniería es positiva para México, porque permite que la Secretaría de Marina concentra el ejercicio, como hemos dicho de la autoridad marítima nacional. Es por eso que ponemos a su consideración este proyecto de decreto. Muchas gracias, señora presidenta.

La Presidenta diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala: Gracias, diputada. Está a discusión en lo general. De conformidad con el artículo 104, numeral 1, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados, se han registrado para fijar la posición de su grupo parlamentario las siguientes diputadas y diputados, quienes harán uso de la palabra por cinco minutos cada uno.

Diputado Ángel García Yáñez, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza; diputado Gustavo Cárdenas Gutiérrez, de Movimiento Ciudadano; diputada Sandra Luz Falcón Venegas, del Grupo Parlamentario de Morena; diputado Jesús Izquierdo Rojas, del Grupo Parlamentario del Partido Verde; diputado Rafael Hernández Soriano, del Grupo Parlamentario del PRD; diputado Francisco Gutiérrez de Velasco Urtaza, del Grupo Parlamentario Acción Nacional, y diputado Carlos Federico Quinto Guillén, del Grupo Parlamentario del PRI.

Tiene la palabra el diputado Ángel García Yáñez, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, hasta por tres minutos.

El diputado Ángel García Yáñez: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras diputadas y compañeros diputados, me refiero al dictamen con proyecto de decreto por el que se reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, de la Ley de Navegación y Comercio Marítimo, y de la Ley de Puertos.

Lo anterior con la intención de modificar las atribuciones de la Secretaría de Marina, y Comunicaciones y Transportes, en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley de Navegación y Comercio Marítimo, y la Ley de Puertos.

En Nueva Alianza estamos convencidos de que existe la necesidad de mejorar los aspectos de seguridad y protección de nuestros mares, lo cual requiere de una efectiva coordinación interinstitucional.

Por ello resulta imperativo clarificar las funciones que tanto la Secretaría de Marina como la de Comunicaciones y Transportes deben desempeñar en el texto de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

La reforma busca delimitar las atribuciones de las dependencias mencionadas y armonizar la legislación vigente en materia marítima y portuaria, contenida en las Leyes de Navegación y Comercio Marítimo, y de Puertos.

Entre otras cosas, la reforma faculta tanto a la Secretaría de Marina como a la de Comunicaciones y Transportes para representar al país en los ámbitos de competencia. También busca fortalecer las atribuciones de la Secretaría de Marina, estableciendo que le corresponderá ejercer la autoridad en las zonas marinas mexicanas.

Del mismo modo, se señala que podrá otorgar permisos para la presentación de servicios de transporte marítimo de pasajeros y de turismo náutico, con embarcaciones menores; autorizar arribos y despachos de las embarcaciones y artefactos navales e inspeccionar y certificar a las embarcaciones mexicanas y extranjeras.

Asimismo, le corresponderá el cumplimiento del orden jurídico en materia de seguridad y protección marítima y portuaria, la salvaguarda de la vida humana en la mar y prevención de la contaminación marina, la imposición de sanciones por infracciones, así como nombrar y remover a los capitanes de puerto, etcétera.

Por otro lado, la administración portuaria, el fomento y desarrollo portuario, el control y la capacitación de marina mercante, las obras marítimo-portuarias de dragado, el desarrollo de la industria marítima, las concesiones y permisos y sus tarifas, corresponderán a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

Finalmente, es necesario subrayar que el decreto propuesto establece la participación de ambas secretarías en lo que respecta a la seguridad y protección marítima y portuaria.

Para Nueva Alianza es fundamental garantizar la certeza jurídica y el cumplimiento del estado de derecho en todo el territorio, para ello es preciso adaptar a nuestro tiempo las leyes que rigen la seguridad marítima y lacustre de nuestra nación. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, diputada presidenta.

La Presidenta diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala: Gracias, diputado. Tiene el uso de la palabra el diputado Gustavo Cárdenas Gutiérrez, hasta por tres minutos.

El diputado Gustavo Adolfo Cárdenas Gutiérrez:Con su venia, presidenta. Compañeras y compañeros diputados, hoy subo a esta tribuna como miembro de la bancada de Movimiento Ciudadano y como presidente de la Comisión de Marina, en ambos casos se le ha dado visto bueno a la iniciativa presentada por el Ejecutivo y les quiero compartir el por qué.

México es miembro de la Organización Marítima Internacional, un organismo especializado de la Organización de las Naciones Unidas que obliga a sus integrantes a actualizar y fortalecer su legislación en materia marítima.

En este sentido, la iniciativa de reforma de los artículos 30 y 36 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal pretende evitar ambigüedades en la interpretación de la normativa en materia marítima y establecer competencias claras de las Secretarías de Marina y de Comunicaciones y Transportes.

El eje central es la transferencia de las Capitanías de Puerto a la Secretaría de Marina y redistribución de las atribuciones que actualmente ejercen tanto la Secretaría de Marina como la de Comunicaciones y Transportes.

En la Comisión de Marina, que presido, le dimos un visto bueno, ya que concluimos que era necesario establecer reglas claras en las funciones que garanticen un orden jurídico en las aguas nacionales.

En otras palabras, evitar confusiones, vacíos de autoridad y ante la comunidad marítima nacional e internacional era algo prioritario, y después de haber visitado varios puertos del país, en visitas de trabajo de la Comisión de Marina, he comprobado y hemos comprobado los compañeros de la comisión que los cambios a la legislación son necesarios, pero es importante mencionar también que los capitanes con los que pude hablar me externaron que están de acuerdo con la iniciativa, pero quieren certidumbre en su situación laboral y la de sus compañeros.

Por eso quiero exhortar a las Secretarías de Marina y de Comunicaciones y Transportes, a que se comprometan con la fuerza laboral y que les garanticen su permanencia y estabilidad y, de ser necesario, capacitar a su personal para lograr que estos cambios se realicen de manera ágil y en beneficio de todos.

Otro de los motivos por los que considero que esta propuesta sea positiva, es porque no requerirá de mayor presupuesto, ya que así lo ha externado la Secretaría de Marina, quienes han afirmado que cuentan con recursos humanos y materiales necesarios para cumplir con las modificaciones del presupuesto.

Como miembro de la bancada ciudadana les reitero nuestro compromiso con el país y siempre estaremos a favor de iniciativas que fortalezcan la seguridad de los mexicanos, y en este caso la protección marítima y portuaria en las aguas y puertos nacionales. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, señora presidenta.

La Presidenta diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala:Gracias, diputado. Tiene el uso de la palabra la diputada Sandra Luz Falcón Venegas, del Grupo Parlamentario de Morena, hasta por tres minutos.

La diputada Sandra Luz Falcón Venegas:Buenas tardes. Con su permiso, presidenta. El día de ayer, en la Comisión de Gobernación escuchábamos los argumentos de quienes defienden esta propuesta, nos dicen que con ella los puertos serán más modernos, eficientes y seguros, que no implica ninguna militarización toda vez que la Secretaría de Marina no es lo mismo que la Armada de México, por lo que los puertos serán atendidos de manera civil. Que la reforma es necesaria para cumplir con diversos acuerdos internacionales en la materia, y nos dicen que de ninguna manera se viole el artículo 129 de nuestra Carta Magna.

En atención a que existe una jurisprudencia del máximo tribunal de este país, que señala que las Fuerzas Armadas pueden participar en tareas de seguridad y por ahí con este argumento viene la Ley de Seguridad Interior. Sin embargo, hay que tener claro que dicho criterio jurisprudencial, efectivamente, señala que se menciona que las fuerzas militares pueden sustituir a las autoridades civiles en materia de seguridad pública, que es precisamente lo que se estaría dando con esta reforma.

Resulta importante señalar que la Secretaría de Marina tiene como función el organizar la Armada de México. Es una secretaría que administrativamente depende del Ejecutivo federal, quien es el comandante supremo de las Fuerzas Armadas.

Es una secretaría que tiene por titular a un militar, no es un civil. No es el civil el que encabeza esta dependencia, luego entonces, ¿cómo se atreven a decir que la Secretaría de Marina atenderá a los puertos como autoridad civil?

La imposición de una autoridad militar en actividades y gestiones administrativas de carácter civil y comercial, es contrario a uno de los principios rectores de la política exterior que México ha impulsado y defendido tradicionalmente, como es el de la proscripción de la amenaza o el uso de las fuerzas, establecido en el artículo 89, fracción X de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Dado el abordaje forzoso de embarcaciones por parte de personal militar.

Por ello, Morena considera que la Marina Mercante, con operación y administración en manos de personal civil debe mantenerse en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, ya que poner en manos de militares los puertos atenta contra el desarrollo económico nacional, puesto que las Fuerzas Armadas carecen de la experiencia administrativa para regular e instrumentar las políticas para apoyar la competitividad del comercio interior y exterior del país, o para fomentar la Marina Mercante nacional de conformidad con el marco regulatorio nacional e internacional aplicable.

Morena hace un amplio reconocimiento a la Secretaría de Marina por la importante labor que realiza. Consideramos que la Armada de México debe continuar concentrándose en esquemas de seguridad nacional y vigilancia de los litorales, y debe dejarse en manos de personal civil las actividades de la Marina Mercante.

Sin duda, estas reformas van encaminadas a militarizar el país con resultados catastróficos. Es cuanto, presidenta.

La Presidenta diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala: Gracias, diputada. Tiene el uso de la palabra el diputado Jesús Izquierdo Rojas, del Grupo Parlamentario del Partido Verde, hasta por tres minutos.

El diputado Jesús Gerardo Izquierdo Rojas:Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores, el tema de la seguridad ha sido uno de los más recurrentes que hace la sociedad. Las incursiones de los delincuentes se observan cada vez con mayor frecuencia en diversos ámbitos de la vida cotidiana de los mexicanos.

Espacios tan comunes para el tránsito de personas y mercancías, como lo son las carreteras, terminales aéreas y puertos han sido objeto de la ambición de los traficantes y asaltantes.

En nuestros puertos, hay que decirlo, existe tráfico de drogas, de armas, de personas, de especies protegidas, amenaza de cobro de piso, así como el asalto a mano armada, por mencionar algunos ilícitos no solo en embarcaciones sino al transporte terrestre de carga proveniente de los puertos.

También se han detectado fallas en materia de protección portuaria, toda vez que el porcentaje mínimo para revisión de embarcaciones debe ser de un 20 por ciento. Apenas se supervisa entre el 2.5 y 4 por ciento de los navíos extranjeros que arriban a aguas nacionales. En estas condiciones es necesario que respondamos bajo el amparo de la ley, utilizando los recursos a nuestro alcance; pero sobre todo confiando en la experiencia y capacidad de nuestra Secretaría de Marina.

El dictamen que estamos discutiendo hoy otorga atribuciones a la Secretaría de Marina en materia de seguridad de los puertos para aplicar sanciones y también para el cuidado del medio ambiente. El reto es grande, pero la Marina cuenta con los elementos técnicos y operativos necesarios para cumplir con esas tareas que ahora le serán asignadas y que retoman el espíritu original por el que fue creada el 31 de diciembre de 1940, sin que se resten tareas importantes a la Secretaria de Comunicaciones.

La Secretaría de la Marina tiene la obligación de vigilar los mares y costas nacionales, combatir la pesca ilícita y el narcotráfico. Es así que durante este año se realizaron casi 1.8 millones de inspecciones.

La Marina mantiene las atribuciones de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en temas tan importantes como la administración portuaria. El fomento y el desarrollo portuario seguirán a cargo de la Secretaría de Comunicaciones, y no lo anterior que aquí se dijo: militarizar el país. Es dar certeza a las dependencias de lo que pueden y les corresponde hacer, sin que se tengan que abarcar esferas de otra dependencia.

La Marina ejercerá la autoridad marítima nacional y la promoción, desarrollo económico y actividades económicas las seguirá promoviendo la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

En conclusión, entre los muchos beneficios que traerán estas reformas, las capitanías de puerto se fortalecen con los medios operativos para la supervisión, inspección, vigilancia y capacidad de sanción. Es por lo anteriormente expuesto que el Partido Verde votará a favor de esta iniciativa. Es cuanto.

La Presidenta diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala: Gracias, diputado. Tiene el uso de la palabra el diputado Rafael Hernández Soriano, del Grupo Parlamentario del PRD, hasta por tres minutos.

El diputado Rafael Hernández Soriano:Con la venia de la Presidencia. El Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática está en contra de cualquier intento de militarización de los puertos y del territorio nacional, desde luego. Por eso es importante remarcar que quienes vienen a esta tribuna a señalar que esta reforma, estas modificaciones significan una militarización, no tienen razón.

La Secretaría de Marina y Armada de México tiene dos brazos, un brazo civil que se encarga de cuestiones administrativas, de importantes labores de investigación en oceanografía, de conservación del medio ambiente y también de la construcción de naves, y desde luego la Armada de México que la vemos combatir al narcotráfico en varias partes de la República.

La propuesta que nos están presentando precisamente se ciñe al brazo civil de la Secretaría de Marina. Se está proponiendo que se adscriban los capitanes de puerto con todos los colaboradores, trabajadores de las empresas que están en estos a esta tarea que va encabezar desde luego, una dirección general que se está proponiendo en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal que se forme, ésa es la propuesta, incluso separarla orgánicamente de las tareas de combate a la delincuencia, es decir, del combate de la Armada de México.

Con ello también se garantiza que los derechos laborales de quienes se adscriban se conserven, y eso es algo muy importante y que se señaló en la discusión de esta propuesta.

Hay que señalar que la necesidad de hacer estos movimientos para adjudicar las tareas de comunicaciones y transportes está plenamente justificada. Hay ineficiencia, hay un 20 por ciento solamente de alrededor de las embarcaciones que tienen matricula.

No sabemos –como se ha dicho aquí también en anteriores intervenciones– cuántos barcos están entrando legalmente, cuántos ilícitamente, porque están a cargo, decía, de una secretaría y de un personal que ha resultado ser altamente ineficiente. Y por qué no decirlo también, como lo han demostrado o se ha actualizado en los puertos de Manzanillo y Lázaro Cárdenas, han sido cooptados por el crimen organizado.

Entonces se necesita garantizar orden, garantizar seguridad, garantizar certeza a las personas, a las empresas, a las poblaciones que están alrededor de los puertos.

Es por ello que motivados por el interés de la gente, el interés de las personas, el Grupo Parlamentario del PRD expresa su voto en pro en relación a las modificaciones que se nos están presentando con el fin de dar certeza y orden a estos puertos que están hasta ahora olvidados y que, por cierto –con esto termino, presidenta–, quienes señalan que no hay que trasladarlos a la Marina, son los que antes han señalado al titular de Comunicaciones y Transportes como corrupto, como opaco, como fraguador de algunos hechos nacionales de corrupción entre empresas y gobierno y ahora vienen a defenderlo.

Pero en fin, vamos en pro por las personas, por el desarrollo de México y por la seguridad de nuestro país. Es cuanto, presidenta.

La Presidenta diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala: Gracias, diputado. Tiene el uso de la palabra al diputado Francisco Gutiérrez de Velasco Urtaza, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, hasta por tres minutos.

El diputado Francisco José Gutiérrez de Velasco Urtaza:Con el permiso de la Presidencia. Compañeros diputadas y diputados. Quiero comenzar señalando que el Partido Acción Nacional cree firmemente en la necesidad de hacer una reingeniería en materia de navegación, comercio, marina mercante y puertos, y por ello estará a favor del presente dictamen.

No obstante lo anterior, acorde a los estándares internacionales no corresponde a las capitanía de puerto realizar funciones de policía. En el caso de México, a la Armada de México no le correspondería estar a cargo de tareas civiles, de transporte marítimo, comercio, comunicaciones, pesca a infraestructura.

Al plantear esta disyuntiva nos vimos en la necesidad de apoyar la dictaminación en positivo de esta iniciativa por el hecho de ser necesario el cambio de rumbo en la conducción y administración portuaria.

La mejor institución que podía afrontar la tarea encomendada es la Secretaría de Marina Armada de México, institución de alta estima para el pueblo de México y con un alto sentido de disciplina, lealtad y estabilidad institucional.

Las funciones y competencias que hoy se discuten, se distribuirán de una mejor manera acorde a los estándares internacionales, con lo cual se da un paso contundente hacia una mejor distribución de competencias; mejora la comunicación de autoridades y define sus responsabilidades frente a la sociedad y a los organismos internacionales.

Es bien sabido por todos en este recinto, que en los puertos y costas hay desorden e ilegalidad. A lo largo y ancho de toda la zona federal marítima terrestre se cometen delitos graves como el transporte ilegal de mercancías, así como el transporte de narcóticos. Frente a esto el Estado mexicano tiene que tomar acciones, poner orden, y eso es lo que se plante a través de esta reforma.

La Secretaría de Marina Armada de México se constituye en acciones y tareas civiles en beneficio de la población, así como de acciones militares para defender la soberanía de nuestro país.

Estoy seguro de que esta modificación en el control de puertos, será bien distribuido y bien instruido por la Secretaría de Marina, dándoles su lugar a los capitanes de puertos mercantes que con honor y transparencia en sus funciones han demostrado su eficiente capacidad.

Compañeros, Acción Nacional votará a favor del presente dictamen y estará atento al desarrollo de estas funciones por parte de las secretarías señaladas, con la finalidad de que México cuente con puertos más seguros. Es cuanto. Muchas gracias.

La Presidenta diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala: Gracias, diputado. Tiene el uso de la palabra el diputado Carlos Federico Quinto Guillén, del Grupo Parlamentario del PRI, hasta por tres minutos.

El diputado Carlos Federico Quinto Guillén:Con su venia, diputada presidenta; compañeros; compañeras diputadas, “nuestro mar es sinónimo de abundancia”, así lo expresó el presidente Enrique Peña Nieto, y por eso con la finalidad de fomentar y aprovechar los intereses económicos y sociales que ofrecen las costas y mares del país, su gobierno ha trabajado para modernizar, ampliar y fortalecer la infraestructura portuaria.

En el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, reconocemos que México necesita esta modernización, así como el funcionamiento de la misma, para consolidarse como un centro logístico a nivel mundial, en beneficio de la competitividad y productividad para generar bienestar.

Considerándose que la actividad económica de nuestro país se basa en gran medida en el transporte marítimo, pues concentra el 100 por ciento de la carga contenerizada y el 80 por ciento de la carga general.

Como hemos escuchado, a partir de 1976, como parte de las reformas a la administración pública federal, se transfirió la marina mercante de la Secretaría de Marina a la secretaría de Comunicaciones y Transportes y con ellas las capitanías de puerto con su autoridad marítima.

A la Secretaría de Marina le correspondieron otras tareas vinculadas con la salvaguarda de la vida humana en la mar, la oceanografía y otras funciones dentro del ámbito marítimo. En la práctica esto fue lo que significó la fractura de la autoridad marítima o el subejercicio operativo quedó dividido en dos dependencias del gobierno federal.

Hoy es importante señalar que esta reforma no modifica el actual modelo de administración portuaria pues mantiene bajo la coordinación y supervisión de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes el fomento y desarrollo portuario, el control de las administraciones portuarias integrales, y en general, toda actividad productiva de negocios y generadora de riqueza.

No crea duplicidad de funciones, sino que las evita, ya que transfiere y concentra las atribuciones de la autoridad marítima en una sola dependencia con medios y capacidades operativas, lo que la hará más eficiente en el empleo de los recursos del Estado.

En consecuencia se fortalecen las capacidades para que México cumpla cabalmente con sus obligaciones en materia de seguridad y socorro marítimos, derivada de los tratados internacionales que ha suscrito en materia.

Particularmente estas reformas garantizan los derechos laborales y contractuales del personal de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte, capitanías de puerto que se asimilará a las estructuras del personal civil de la Secretaría de Marina.

En suma, compañeras y compañeros diputados, esta reforma busca delimitar las atribuciones respecto a dicha materia brindando certeza jurídica no sólo a los mexicanos, sino a la comunidad internacional.

Con el gobierno de la república y nuestro presidente, Enrique Peña Nieto, los mexicanos tenemos timón y timonel, y tenemos rumbo. Sabemos hacia dónde vamos: a consolidar los intereses marítimos nacionales en busca de un México próspero, responsable y competitivo. Es cuanto, presidenta.

La Presidenta diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala: Gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Rodrigo Abdala Dartigues, del Grupo Parlamentario de Morena, para hablar en contra hasta por tres minutos.

El diputado Rodrigo Abdala Dartigues:Gracias, presidenta. Buenas tardes a todos, a los ciudadanos que nos ven a través del Canal del Congreso y de las redes sociales, pues el mensaje realmente está dirigido a ustedes, porque aquí son oídos sordos los que están tratando de disimular que están poniendo atención.

Es increíble, realmente increíble, cómo día con día nos demuestran que la responsabilidad y el compromiso con la ciudadanía no es parte de la agenda de esta Cámara. Este cambio demuestra no otra cosa más que un desconocimiento absoluto de las necesidades del país.

Por más que nos quieran seguir engañando con un supuesto conocimiento del tema tenemos que hacer énfasis en lo que es. Es la militarización de la nación. Pero, ¿por qué se opta por esta medida? Para todos aquellos que dicen haber leído el dictamen, le hecho de que la Marina asuma el control de los puertos obedece a una orden que proviene de Estados Unidos, se trata de garantizarle la seguridad a las inversiones de ellos en nuestro país.

Nos dicen acá que se trata de una reestructuración, que se trata de una reorganización, por favor, es el traslado de las funciones principales de los puertos de este país a la Marina y a la Armada. ¿Por qué insisten en querer engañarnos? ¿Por qué insisten en querer engañar a la ciudadanía?

Debemos repetirlo hasta el cansancio y hacer énfasis en ello: es la militarización de los puertos, es la militarización del país. Y a todos aquellos que dicen que no, bueno, ahí tenemos los antecedentes: tenemos la reforma de justicia militar, tenemos ya la portación de armas de fuego de los agentes extranjeros en el país, tenemos la iniciativa de seguridad interior y ahora tenemos esto.

Es claro, absolutamente claro y no nos engañen con que han escuchado a las voces que están interesadas en el tema. Es claro que no las han escuchado, no han escuchado las voces de los integrantes de los colegios, sindicatos y asociaciones de marinos, capitanes y pilotos oficiales. Ellos mismos han mencionado que esta iniciativa es oportuna y contradictoria.

Es más, han dicho incluso que desde que la Marina tiene el control de los puertos de Lázaro Cárdenas y de Manzanillo, desde hace dos años, la actividad económica de estos puertos se ha estancado, no como en Veracruz o en Tamaulipas, que sí ha crecido.

Yo pregunto, en realidad si saben lo que están haciendo. ¿Acaso realmente saben lo que es vivir en un estado militar? ¿Tienen idea de los peligros que eso conlleva? Se los dejo a su reflexión.

La Presidenta diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala: Gracias diputado. Tiene el uso de la palabra el diputado Virgilio Caballero Pedraza, del Grupo Parlamentario de Morena, para hablar en contra, hasta por tres minutos.

El diputado Virgilio Dante Caballero Pedraza:Gracias, presidenta. Diputadas, diputados, el 3 de marzo de 2016, Enrique Peña Nieto presentó ante la Cámara de Senadores una iniciativa de ley por la que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley de Navegación y Comercio Marítimo, y la Ley de Puertos.

Se propone en realidad en esencia, que la Secretaría de Marina asuma las principales facultades en materia de regulación marítima de buques y puertos, así como del control del tráfico marítimo en aguas mexicanas.

Se trata de una reforma regresiva que pretende volver al estado de cosas previo a la reforma administrativa emprendida por el gobierno federal en diciembre de 1976, por medio de la cual las funciones relativas a la Marina Mercante, la operación portuaria, la construcción de puertos y el señalamiento marítimo que tenía sin nada la Secretaría de Marina fueron reasignadas y adscritas a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

Al pretender que las Capitanías sean ocupadas por elementos de la Secretaría de Marina, no solamente se está hablando de ejercer un puesto, sino de ocupar las instalaciones civiles, en total contravención al artículo 129 constitucional.

La iniciativa propone que la Secretaría de Marina ejerza lo que denominan la administración marítima mexicana, argumentando que al asumir funciones que correspondían a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes evitaría confusiones y vacíos de autoridad ante la comunidad marítima nacional e internacional.

Ese argumento es un engaño, la iniciativa carece de motivación y justificación adecuadas, que permitan emprender la necesidad de realizar los cambios propuestos. Basta con leer el dictamen para ver claramente que lo que se pretende es ocupar militarmente los puestos. Es fácil entender que esto es como muchas otras aberraciones que se han aprobado, una instrucción de los Estados Unidos de Norteamérica, para garantizar sus inversiones y el manejo de sus negocios en nuestro país.

De aprobarse esta reforma, la Secretaría de Marina será la responsable de entre otras funciones otorgar los permisos para la prestación de servicios de transporte marítimo de pasajeros y de turismo náutico, abanderar y matricular las embarcaciones, administrar los registros nacionales de la gente del mar y de embarcaciones, inspeccionar y certificar a las embarcaciones mexicanas y extranjeras, cumplir con los tratados y leyes en materia de seguridad y protección marina y portuaria, imponer sanciones por infracciones, así como nombrar y remover a los capitanes de puerto.

Otorgarle estas atribuciones a la Secretaría de Marina equivaldría a otorgarle a la Fuerza Aérea Mexicana el control de los aeropuertos del país.

Por otra parte, de aprobarse esta iniciativa, al menos mil 500 integrantes de la Marina Mercante serían desplazados por las fuerzas militares, ejercerían sus funciones. No se debe perder de vista que al menos 12 organizaciones que integran el cuerpo consultivo marítimo mercante ha externado su rechazo a estas medidas.

–Termino–. Estamos claros que en un Estado democrático de derecho las autoridades civiles coadyuvan con las autoridades militares. Las modificaciones propuestas plantean lo contrario, que las autoridades civiles queden bajo el control y el arbitrio de las autoridades militares, siendo entonces claro que la participación de fuerzas militares en acciones de decisión y determinación de libertades civiles...

La Presidenta diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala: Concluya, diputado, por favor.

El diputado Virgilio Dante Caballero Pedraza: ...sólo puede recibir un nombre, esto es, militarización. Lo mismo que se está pretendiendo al dejar al Ejército en las calles con un nuevo marco regulatorio. Gracias.

La Presidenta diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala: Gracias, diputado. Tiene el uso de la palabra el diputado Vidal Llerenas Morales, del Grupo Parlamentario de Morena, hasta por tres minutos.

El diputado Vidal Llerenas Morales:Gracias, con el permiso, diputada presidenta. El elefante en el cuarto, efectivamente, es la ley que hoy no se va a votar, la reglamentaria al artículo 29 y las famosas iniciativas de seguridad interior y la discusión en torno de que hay algo que de manera eufemística se dice seguridad interior, cuando es seguridad pública, y cuál es el rol que las Fuerzas Armadas deben de tomar dado que, efectivamente, hemos sido incapaces de construir policías eficaces, hemos fallado en esa tarea.

Y el tema es que, efectivamente, sí hay militarización. ¿Por qué? Porque ahora bajo la autoridad militar, bajo la autoridad de la Secretaría de Marina se realizarán acciones, que antes hacían los civiles y que tendrían que hacer los civiles, de registro, de supervisión, de regulación de embarcaciones.

La política de transporte marítimo no tendría por qué ser parte de la Secretaría de Marina, no es una buena idea. En ese sentido, como decimos que ya no podemos garantizar la seguridad, que no podemos actuar de manera eficaz con el tipo de autoridad que sí da resultados, en estos casos los civiles, pues entonces recurrimos a la autoridad militar.

Al rato lo que va a pasar, es que la autoridad militar, la Marina, va a decir que no estaban preparados para esta función, porque efectivamente no tiene un entrenamiento para una labor, por ejemplo, de supervisión de las embarcaciones turísticas en el país. Ese es el fondo de la discusión.

Sí estamos militarizando los pueblos. Sí estamos renunciando a que sea la autoridad civil la que realice esta función, y estamos dando un paso inicial a una discusión que deberíamos entonces darla en otros términos.

Cómo la autoridad militar nos puede ayudar en este periodo tan grave de crisis de seguridad, cuando no hemos podido construir las instituciones civiles. En cambio, lo que estamos haciendo es permanente la participación de los militares en las actividades que los civiles tienen que realizar.

Ése es el problema del dictamen que hoy estamos votando, se nos dice que las personas que están en los puertos han tenido problemas de corrupción, que se han involucrado en el narcotráfico, pero que ellos van a participar también bajo el nuevo esquema, bajo la autoridad de la Marina. Entonces, ¿dónde va a estar la solución del problema?

Aquí no hay una reingeniería de cómo los puertos operan. Aquí no habrá un nuevo esquema de trabajo. Acá simplemente suponemos que como será la Marina la encargada, entonces mágicamente ya no habrá corrupción, mágicamente ya no habrá contrabando, mágicamente ya no habrá captura del crimen organizado.

Ése es el supuesto equivocado, pensar que cuando pasa de la autoridad civil a la autoridad militar las cosas van a mejorar. Lo que debemos hacer entonces, si hay acusaciones de corrupción y mal uso de los puertos, pues entonces señalarlas. ¿Dónde están, quienes fueron los responsables? ¿Y por qué bajo este esquema será distinto?

Éste es un paso equivocado, es un paso hacia la militarización que todos decimos que no queremos ir. Tiene que ser la autoridad civil, la capacitada, la que haga esa labor. No hay atajos a la seguridad. Cada quien se debe dedicar a lo que le corresponda. Y lo siento, la Marina no se tiene que dedicar a regular y administrar este tipo de embarcaciones. Gracias.

Presidencia del diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputado Vidal Llerenas. Está registrado un cuarto orador, el diputado Ángel Hernández de la Piedra. Sin embargo, al haberse agotado estos tres oradores, le pido a la Secretaría consulte a la asamblea, en votación económica, si se encuentra suficientemente discutido en lo general.

El Secretario diputado Raúl Domínguez Rex:Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Suficientemente discutido en lo general.

En virtud que de conformidad con el artículo 109 del Reglamento de la Cámara de Diputados no se ha reservado ningún artículo para discutirlo en lo particular, se pide a la Secretaría abra el sistema electrónico, por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular en un solo acto.

El Secretario diputado Raúl Domínguez Rex:Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular en un solo acto.

(Votación)

¿Falta algún diputado o diputada por emitir su voto? Ciérrese el sistema electrónico de votación. Se emitieron a favor 339 votos, 11 abstenciones y 38 votos en contra.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Aprobado en lo general y en lo particular por 339 votos, el proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, de la Ley de Navegación y Comercios Marítimos y de la Ley de Puertos. Pasa al Ejecutivo, para sus efectos constitucionales.

CÓDIGO PENAL

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen de la Comisión de Justicia, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 211, la denominación del Capítulo I, del Título Décimo Quinto, 259 Bis y se adicionan los artículos 210 Bis, 259 Ter, 259 Quáter y una fracción V al artículo 266 Bis del Código Penal.

De conformidad con el artículo 104, numeral 1, fracción IV del Reglamento de la Cámara de Diputados, tiene el uso de la tribuna... La diputada Patricia Elena Aceves Pastrana, del Grupo Parlamentario de Morena, declina su participación. El diputado Waldo Fernández, de la misma forma declina su participación.

Tiene el uso de la tribuna la diputada Mariana Arámbula, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, hasta por tres minutos.

La diputada Mariana Arámbula Meléndez:Con su venia, presidente. Compañeros y compañeras diputadas. El pasado mes de septiembre presenté iniciativa con proyecto de decreto donde nos referimos a un nuevo fenómeno llamado grooming, acoso sexual cibernético.

Agradezco a mi coordinador y compañeros del PAN por apoyarme, confiar en mí y sumarse al mismo, así como a los demás partidos políticos que coincidieron en este tema. Me da gusto saber que más allá de colores tengamos la misma visión sobre lo importante que es proteger a nuestros niños.

Hoy, la Comisión de Justicia presenta dictamen con gran trascendencia en la protección del libre desarrollo de la personalidad. Este conjunto de reformas al Código Penal Federal son una serie de iniciativas presentadas por mis compañeros de diferentes partidos políticos y por el Grupo de Acción Nacional.

Hoy se incluyen cuatro puntos importantes.

Primero. Se ajusta la redacción para actualizar la tipificación de una conducta que se facilita por el acceso a las tecnologías de la información. Hablemos de la cibervenganza.

Segundo. Se refiere al hostigamiento sexual por parte del superior jerárquico en órdenes laborales, docentes, domésticas o cualquier otro orden de subordinación.

Tercero. Se incorpora el delito de acoso sexual, quien es reiterado, asedio o conducta de naturaleza sexual indeseable y dañina hacia otra persona.

Cuarto. Proponemos incorporar al catálogo penal el delito denominado acoso sexual cibernético, conocido como grooming, mismo que presentó su servidora y el grupo Acción Nacional.

Hoy en día a nuestros niños se les considera como la nueva generación cibernauta, pues utilizan las redes sociales con frecuencia y facilidad, medio que están aprovechando los pedófilos y pederastas, quienes a través de perfiles falsos utilizan a nuestros niños que son vulnerables para tener contacto con ellos, para cortejarlos, envolverlos hasta que propicien un encuentro físico en el cual abren camino a la creación de delitos más graves que van desde abuso sexual infantil, trata, explotación, turismo infantil, y lo más fuerte, no volver a ver a nuestros niños.

Situaciones como estas, compañeros, tienen que parar. Exigimos políticas públicas, exigimos programas preventivos. Tenemos que tomar conciencia que cada quien desde nuestra trinchera protejamos nuestros niños.

Acción Nacional votará a favor de este dictamen, e invitamos a los demás grupos parlamentarios a votar también a favor estas propuestas en beneficio de amplias franjas de nuestra población, especialmente los más vulnerables, nuestros niños de México.

Seguiré levantando la voz por nuestros niños, pues ellos deben de ser protegidos, vivir sin violencia y con sano desarrollo. Felicidades a todos, pues nuevamente decimos desde esta tribuna sumando esfuerzos, ni un niño más abusado sexualmente. Es cuanto, presidente.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputada Mariana Arámbula Meléndez. Agotada la lista de oradores, consulte la Secretaria a la asamblea en votación económica si se encuentra suficientemente discutido en lo general.

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: Por instrucciones de la Presidencia en votación económica se consulta si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. Presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Suficientemente discutido en lo general.

En virtud que de conformidad con el artículo 109 del Reglamento de la Cámara de Diputados no se ha reservado artículo alguno para discutirlo en lo particular, se pide a la Secretaría que abra el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular en un solo acto.

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: Por instrucciones de la Presidencia, háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular en un solo acto.

(Votación)

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Informo a la asamblea que vamos a estar llevando a cabo votaciones electrónicas en períodos cortos de tiempo. Les pedimos permanecer aquí en el pleno para agilizar el procedimiento.

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: ¿Algún diputado o alguna diputada que falte de emitir su voto? ¿Alguna diputada o algún diputado que falte de emitir su voto? Ciérrese el sistema electrónico de votación. Se emitieron 381 votos a favor y ninguno en contra, presidente.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Aprobado en lo general y en lo particular, por 381 votos, unanimidad de los presentes, el proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 211, la denominación del capítulo 1 del Título Décimo Quinto, 259 Bis y se adicionan los artículos 210 Bis, 251 Ter, 251 Quáter y una fracción V al artículo 266 Bis, del Código Penal Federal. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.

EXPIDE EL REGLAMENTO DE LA MEDALLA DE RECONOCIMIENTO AL MÉRITO DEPORTIVO

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, con proyecto de decreto por el que se expide el Re-glamento de la Medalla de Reconocimiento al Mérito Deportivo.

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:dictamen de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, con proyecto de decreto por el que se expide el Reglamento de la Medalla de Reconocimiento al Mérito Deportivo.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Está a discusión en lo general y en lo particular. Sonido en la curul de la diputada Norme Edith Martínez Guzmán.

La diputada Norma Edith Martínez Guzmán(desde la curul): Gracias, diputado presidente. Con el objeto de agradecer profundamente a cada uno de mis compañeros legisladores, por la aprobación de este dictamen que incluye una iniciativa que presenté en el tema de acoso, y que definitivamente la aprobación unánime es esperanzadora.

Si trabajamos en el beneficio, protección, prevención y promoción de nuestros niños, definitivamente estamos creciendo y estamos asegurando que México tenga otro rostro. Gracias a cada uno y en nombre de México es este agradecimiento a cada uno de ustedes. México avanza con esta aprobación.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputada Martínez Guzmán. Sonido en la curul de la diputada Verónica Delgadillo. Adelante, diputada.

La diputada Verónica Delgadillo García(desde la curul): Gracias, presidente. En el mismo sentido. Para agradecer la votación a favor de este dictamen por parte del pleno, y reconocer que este es un tema de vital importancia cómo las nuevas tecnologías están impactando en la vida de las personas.

El reflejo de la importancia de esta agenda es a través de las ocho iniciativas que se presentaron por las diferentes fuerzas políticas, para que se pudiera contemplar con mucha mayor precisión los delitos relacionados con el acoso sexual.

La vida de la gente se está transformando, las nuevas tecnologías lo están haciendo y es nuestro deber estar a la altura de las necesidades de todos los mexicanos. Muchas gracias.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputada. Ambas expresiones quedan registradas en el Diario de los Debates.

Continuamos con la discusión del dictamen que expide el Reglamento de la Medalla de Reconocimiento al Mérito Deportivo. Antes sonido. Adelante, diputada Soraya Flores.

La diputada Evelyng Soraya Flores Carranza(desde la curul): Gracias, presidente. En el mismo sentido, agradecer el apoyo de todos los diputados que se unieron a esta iniciativa, que también refleja la participación de un punto de acuerdo y una iniciativa que presenté para seguir sancionando y calificar como delito el acoso y el hostigamiento sexual, sobre todo el exhorto que se hizo a los estados que no contemplan como delito, que no contemplan en sus códigos penales para que en este sentido se sumen a castigar esta pena y contener esta acción, ya que México ocupa los primeros lugares en abuso sexual. Es cuanto.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputada. Igualmente quedan registrados sus expresiones en el Diario de los Debates. ¿Nadie más?

Muy bien. No habiendo oradores registrados en la discusión del dictamen que expide el Reglamento de la Medalla de Reconocimiento al Mérito Deportivo, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular.

El Secretario diputado Raúl Domínguez Rex: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Suficientemente discutido en lo general y en lo particular.

Se pide a la Secretaría abra el sistema electrónico, por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular.

Vamos a dar cinco minutos en esta votación y las subsecuentes serán solo tres minutos. Les reiteramos permanecer en el salón de plenos.

El Secretario diputado Raúl Domínguez Rex: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico, por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular.

(Votación)

¿Falta alguna diputada o diputado por emitir su voto? Levante la mano. Ciérrese el sistema de votación... Van llegando. Sigue abierto el sistema, diputada. ¿Falta algún otro diputado o diputada por emitir su voto? Ciérrese el sistema de votación electrónico. Se emitieron a favor 374 votos, 0 abstenciones, 0 en contra.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Aprobado en lo general y en lo particular por 374 votos, unanimidad de los presentes, el proyecto de decreto por el que se expide el Reglamento de la Medalla de Reconocimiento al Mérito Deportivo. Publíquese en el Diario Oficial de la Federación.

El diputado Jorge Ramos Hernández(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Sonido en la curul del diputado Jorge Ramos. ¿Con qué objeto, diputado?

El diputado Jorge Ramos Hernández (desde la curul): Sí, presidente, muchas gracias. Para el efecto de, como iniciador de esta reforma, agradecer a todos los grupos parlamentarios, en virtud de que esta iniciativa sale unánime.

Vale la pena destacar, muy rápido, que esta iniciativa a diferencia de otros reconocimientos que en materia deportiva se le hacen a talentos mexicanos que destacan en el país o en el mundo, en esta ocasión, además de ellos, vamos a reconocer a promotores deportivos que han hecho grandes tareas, heroicas tareas en favor del deporte y la más importante de todas es, aquellos promotores que en el barrio, en la colonia, en los pequeños gimnasios en los municipios de país han formado campeones mundiales de boxeo, de atletismo.

Por primera ocasión esta tribuna va a honrar a los que verdaderamente desde la colonia y el barrio han hecho de este país un gran país y le han dado la mejor cara y el mejor rostro que México tiene, que son sus deportistas. Así es de que muchas gracias a todos. Es cuanto, presidente.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputado Jorge Ramos, quedan sus expresiones asentadas en el Diario de los Debates. Reitero, a la asamblea que estamos en votaciones consecutivas y el siguiente tiempo que daremos será de sólo tres minutos.

LEY GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 6 de la Ley General de Infraestructura Física y Educativa.

El Secretario diputado Raúl Domínguez Rex:«Dictamen de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 6o. de la Ley General de Infraestructura Física Educativa

HONORABLE ASAMBLEA

La Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, de conformidad con lo enunciado en los artículos 39 y 45 numeral 6, incisos e), f) y g) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como de los artículos 80, 82, 85 numeral 1, fracción X, XII y XIII, 176, 180, 182, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta Honorable Asamblea el presente:

DICTAMEN

I. ANTECEDENTES

1. En la sesión de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión celebrada el día 18 de mayo de 2016, el diputado Adolfo Mota Hernández del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIII Legislatura, presentó la Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma diversos artículos de la Ley General de Educación y la Ley General de Infraestructura Física Educativa.

2. La Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó la iniciativa en comento a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente.

3. La Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos dio trámite de recibo e inició el análisis de la iniciativa.

II.DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA

La iniciativa que presenta el Diputado Adolfo Mota muestra preocupación por la accesibilidad de las personas con discapacidad y el establecimiento de un lugar específico para realizar educación física y deporte. El Diputado alude que con la reforma educativa de 2013, uno de los objetivos principales es “convertir a la educación en la fuerza transformadora del país”. Asimismo, destaca que uno de los ejes estratégicos para llevar a cabo ésta transformación es el mejoramiento de las infraestructura física educativa, los materiales y el equipamiento de las escuelas.

Ante este reto, el Gobierno Federal “anunció que en los próximos tres años, se invertirán 50 mil millones de pesos para la mejora de las condiciones físicas de más de 33 mil planteles con lo que se beneficiará a más de 5 millones de alumnos y tan solo en 2016 se tiene previsto rehabilitar 16 mil 419 planteles educativos”.

El Proponente menciona que para lograr dicha meta, se requiere alinear los contenidos de la Ley General de Educación y de la Ley General de Infraestructura Física Educativa, para que se cumpla lo establecido en el artículo 4to. Constitucional sobre cumplir con el principio del interés superior de la niñez en las decisiones del Estado, garantizando los derechos de niñas, niños y adolescentes en la “alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral, sin importar sus condiciones de discapacidad”.

En lo que respecta a la práctica del deporte, se ha comprobado que es un aspecto importante para la salud: controla el sobrepeso, genera solidaridad y autoestima en los niños.

De acuerdo con datos del Fondo para la Infancia de las Naciones Unidas (UNICEF), México ocupa el primer lugar mundial de obesidad infantil y el segundo en adultos. “Según datos de la más reciente Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, uno de cada tres adolescentes de entre 12 y 19 años presenta un sobrepeso y obesidad”.

Por tanto, la iniciativa propone que se garantice la atención a las personas con discapacidad y las que padecen sobrepeso y obesidad.

III. CUADRO COMPARATIVO

Con base en los anteriores argumentos, el Diputado Adolfo Mota propone la siguiente iniciativa con Proyecto de Decreto:

IV. CONSIDERACIONES GENERALES

Los integrantes de la Comisión Dictaminadora comparten la preocupación del Diputado Adolfo Mota sobre los dos temas que aborda, el primero referente el índice de sobrepeso y obesidad que afecta de sobremanera a las niñas, niños y adolescentes del país; y el segundo relativo a la accesibilidad de las personas con discapacidad en los planteles escolares. Sin embargo, es importante destacar que en esta legislatura, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el 01 de junio de 2016, la reforma en materia de educación inclusiva, la cual tiene por objeto que las personas con discapacidad y las personas sobresalientes se desarrollen de manera plena en los planteles educativos del Sistema Educativo Nacional (SEN), eliminando o disminuyendo las brechas en equidad o igualdad de condiciones.

En lo que respecta a la práctica de educación física y deporte, también se han realizado diversas acciones y reformas para que toda la población goce del derecho a la salud. Una de estas reformas fue en el año 2011, cuando se eleva a rango constitucional el derecho a la práctica del deporte y de la cultura física; para ello, faculta al Estado para su “promoción, fomento y estímulo conforme a las leyes en la materia” (artículo 4to. Constitucional). Y es hasta junio de 2013 que se crea la Ley General de Cultura Física y Deporte. En dicha ley, se determina que la “cultura física y la práctica del deporte constituyen un elemento esencial de la educación” (fracción II, artículo 3); y que el fomento de la activación física es un “medio importante en la preservación de la salud y prevención de enfermedades” (fracción IV, artículo 2).

La Organización Mundial de la Salud (OMS), menciona que en el año 2014, más de 1900 millones de personas adultas de 18 años o más presentaban sobrepeso y más de 600 millones eran obesos a nivel mundial. En lo que concierne a los niños menores de 5 años, 41 millones tenían sobrepeso u obesos. En el documento que presenta la OMS sobre las Recomendaciones Mundiales sobre Actividad Física para la Salud subraya que el cuarto factor de riesgo de mortalidad mundial es la inactividad física en un 5%, “sólo la superan la hipertensión (13%), el consumo de tabaco (9%) y el exceso de glucosa en la sangre (6%)”. Por ello, es importante que los niños, adolescentes, jóvenes y adultos hagan ejercicio o deporte ya que esto se relaciona con buena salud.

El Fondo para la Infancia de las Naciones Unidas (UNICEF) indica que la obesidad infantil ha crecido de manera alarmante en los últimos años, siendo México el país que ocupa el primer lugar en obesidad infantil y el segundo en adultos. En la Convención sobre los Derechos del Niño, en su artículo 31, establece que los “Estados Partes reconocen el derecho del niño al descanso y el esparcimiento, al juego y a las actividades recreativas propias de su edad y a participar libremente en la vida cultural y en las artes”. En el estudio “Deporte para el desarrollo en América Latina y el Caribe” menciona que el deporte es un elemento esencial para que las niñas, los niños y adolescentes desarrollen valores como la cooperación y el respeto y además de que ayuda al bienestar bio-psico-social del menor. “El deporte en todas sus formas puede ser una forma poderosa de promover la paz y el desarrollo”.

En la meta nacional de un México con educación de calidad del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, se propone promover el deporte para fomentar una cultura de salud y de inclusión. Con esto, se debe aprovechar todos los espacios públicos para la actividad física, así como promover el trabajo en equipo, la disciplina y reconocer el esfuerzo individual y colectivo (objetivo 3.4).

En el Programa Sectorial de Educación 2013-2018, hace mención que el deporte y la actividad física es parte de una educación integral y un medio para lograr una vida sana. Uno de los objetivos es “promover la realización de actividades deportivas para niñas, niños y jóvenes en horarios extraescolares”, con ello, se trabajaría de manera conjunta la escuela o institución educativa con el gobierno local o estatal para el desarrollo y organización de acciones que motiven a la población a la práctica de actividades físicas y el deporte.

En lo que respecta al marco normativo, en el artículo 4to. Constitucional se instituye el derecho de toda persona a la práctica del deporte y la cultura física. En la Ley General de Educación se establece como un fin de la educación, el fomento a la educación física y la práctica del deporte. Además en la Ley General de Cultura Física y Deporte, se reconoce el derecho en mención, teniendo como base los siguientes principios:

I. “La cultura física y la práctica del deporte son un derecho fundamental para todos;

II. “La cultura física y la práctica del deporte constituyen un elemento esencial de la educación;

III. “El derecho a la cultura física y al deporte constituye un estímulo para el desarrollo afectivo, físico, intelectual y social de todos, además de ser un factor de equilibrio y autorrealización”; entre otros.

En la fracción I del artículo 19 de la Ley General de la Infraestructura Física Educativa, una de las atribuciones del INIFED es

“Emitir normas y especificaciones técnicas para la elaboración de estudios, proyectos, obras e instalaciones y participar en la elaboración de normas mexicanas y normas oficiales mexicanas en términos de lo dispuesto en la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, así como proponer su emisión y difusión, en materia de construcción, equipamiento, mantenimiento, rehabilitación, reforzamiento, reconstrucción, reconversión y habilitación de los inmuebles e instalaciones destinados al servicio del sistema educativo nacional”.

El Diseño Arquitectónico de los Planteles Escolares tiene que cumplir con una serie de características de acuerdo a las normas y especificaciones para estudios, proyectos, construcción e instalaciones para la habitabilidad y funcionamiento de las instalaciones. El Plan Maestro contemplará:

“la zonificación, orientación y posición en el terreno de los espacios educativos; los ejes principales, distancias entre edificios, bancos de nivel y puntos de conexión a los servicios de drenaje, agua potable y energía eléctrica; las obras exteriores: plaza cívica, campos deportivos, zonas ajardinadas, tanque elevado, cisterna, subestación eléctrica, alumbrado exterior, niveles, taludes, andadores, rampas para discapacitados en silla de ruedas, pasos a cubierto, accesos y estacionamientos”.

Los estándares de diseño y los requerimientos mínimos que deben cumplir las escuelas existentes y de nueva creación se establecen en los Criterios de Diseño Arquitectónico para Educación Básica del INIFED. En dichos estándares, los enfoques del diseño para áreas exteriores, son los siguientes:

“El plantel contará con áreas verdes al interior del predio de mínimo el 30% de la superficie del terreno.

“Se utilizarán pavimentos permeables, que permitan la absorción de la precipitación pluvial al subsuelo, en al menos el 50% de las áreas descubiertas.

“No se tendrán puntos ciegos que eviten la supervisión de todas las áreas del plantel por el personal docente y administrativo.

“En los espacios abiertos donde se realicen actividades al aire libre, como la plaza cívica o canchas deportivas, se considerará una cubierta que proteja de la radiación directa o indirecta, proporcione sombra y protección contra las precipitaciones y los vientos”.

La Secretaría de Educación Pública (SEP) en sus planes y programas de estudio, en el campo de formación sobre desarrollo personal y para la convivencia, la educación física en primaria pretende que los alumnos se conozcan a sí mismos, desarrollen habilidades motrices, comunicativas y de convivencia en el juego.

“En secundaria se continúa el proceso formativo de los alumnos, destacando la importancia de la aceptación de su cuerpo y el reconocimiento de su personalidad al interactuar con sus compañeros en actividades en las que pongan en práctica los valores; el disfrute de la iniciación deportiva y el deporte escolar, además de reconocer la importancia de la actividad física y el uso adecuado del tiempo libre como prácticas permanentes para favorecer un estilo de vida saludable”.

Además uno de los programas para la Activación física que se llevan a cabo en los planteles escolares, es “Muévete escolar”; su objetivo es formar en las niñas, niños y jóvenes (media superior y superior) una cultura de vida saludable a través de rutinas de activación física como parte de la jornada escolar. La participación es de alumnos, docentes y padres de familia, para que en su conjunto se disminuya el sedentarismo, el sobrepeso y la obesidad.

En el Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos de Educación Básica y Especial (CEMABE) 2013, se censaron un total de 147 mil 978 inmuebles, de los cuales 99 mil 004 cuentan con áreas deportivas o recreativas y 48 mil 694 no disponen de ellas. Los inmuebles con patio o plaza cívica son 116 mil 630 y 31 mil 68 las que no cuentan con ese tipo de espacios (como se observan en las gráficas 1 y 2).

Gráfica 1. Inmuebles con áreas deportivas y recreativas, 2013

Fuente:Tabla: Inmuebles con escuelas por entidad federativa de administración y tipo de sostenimiento según disponibilidad de áreas deportivas y recreativas, cívicas y para alimentación en el inmueble. INEGI-SEP. CEMABE 2013.

Gráfica 2. Inmuebles con patio o plaza cívica, 2013

Fuente: Tabla: Inmuebles con escuelas por entidad federativa de administración y tipo de sostenimiento según disponibilidad de áreas deportivas y recreativas, cívicas y para alimentación en el inmueble. INEGI-SEP. CEMABE 2013.

Con lo anterior, se puede observar que la inversión sería considerable para garantizar que todos los alumnos de educación básica reciban un servicio de educación física adecuado; por ello, el Gobierno Federal, a través de la SEP y de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE), están implementando programas como Muévete y realizando el censo de instalaciones deportivas con el fin de cubrir las necesidades de forma paulatina y conforme a la suficiencia presupuestal. Cabe señalar, que para este tipo de iniciativa, en el que se requiere mayor presupuesto para instalaciones de práctica deportiva, el promovente tiene que realizar una propuesta de ingreso de recursos, lo anterior conforme al artículo 18 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, que a la letra dice:

“A toda propuesta de aumento o creación de gasto del proyecto de Presupuesto de Egresos, deberá agregarse la correspondiente iniciativa de ingreso distinta al financiamiento o compensarse con reducciones en otras previsiones de gasto.

“Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 54, no procederá pago alguno que no esté comprendido en el Presupuesto de Egresos o determinado por ley posterior; en este último caso primero se tendrá que aprobar la fuente de ingresos adicional para cubrir los nuevos gastos, en los términos del párrafo anterior”.

La OMS presentó el Informe Mundial sobre la Discapacidad, en éste se menciona que viven más de mil millones de personas discapacitadas en el mundo, de las cuales “200 millones experimentan dificultades considerables en su funcionamiento”.

La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) tiene el propósito de “promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad, y promover el respeto de su dignidad inherente”.

En el Censo de Población y Vivienda 2010 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), “las personas que tienen algún tipo de discapacidad son 5 millones 739 mil 270, lo que representa 5.1% de la población total”.

En la meta sobre un México Incluyente del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, uno de los objetivos que se plantea es que la población mexicana transite a una sociedad equitativa e incluyente, en donde se quiere lograr la protección de las personas con discapacidad y contribuir a su desarrollo personal y profesional; además de “asegurar la construcción y adecuación del espacio público y privado, para garantizar el derecho a la accesibilidad”.

En la fracción I del artículo 2 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, define el término accesibilidad como:

“las medidas pertinentes para asegurar el acceso de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás, al entorno físico, el transporte, la información y las comunicaciones, incluidos los sistemas y las tecnologías de la información y las comunicaciones, y a otros servicios e instalaciones abiertos al público o de uso público, tanto en zonas urbanas como rurales”.

La Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos de esta Legislatura aprobó el decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Educación, en materia de educación inclusiva, la cual fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 01 de junio de 2016. La importancia de esta reforma es que favorece la “consolidación de una cultura de la inclusión, eliminando las barreras que impiden a las personas con discapacidad la igualdad de condiciones”. En el artículo 7o. se estableció como fin de la educación el propiciar la cultura de la inclusión y la no discriminación. Así mismo, en cuanto a accesibilidad se reformaron los siguientes artículos:

1. El artículo 23: “Las escuelas que se establezcan en cumplimiento de la obligación prevista en el párrafo anterior, contarán con edificio, instalaciones accesibles y demás elementos necesarios para realizar su función, en los términos que señalen las disposiciones aplicables”.

2. El artículo 55, fracción II: “Con instalaciones que satisfagan las condiciones higiénicas, de seguridad, pedagógicas y de accesibilidad que la autoridad otorgante determine, conforme a los términos que señalen las disposiciones aplicables”.

3. El artículo 59: “En el caso de educación inicial deberán, además, contar con personal que acredite la preparación adecuada para impartir educación; contar con instalaciones y demás personal que satisfagan las condiciones higiénicas, de seguridad, pedagógicas y de accesibilidadque la autoridad educativa determine, conforme a los términos que señalen las disposiciones aplicables”.

4. Artículo 70, inciso a): “El mejoramiento de los servicios educativos, la construcción y ampliación de escuelas públicas, tomando en cuenta las necesidades de accesibilidad para las personas con discapacidad, y demás proyectos de desarrollo educativo en el municipio”.

En la fracción V del artículo 35 del Reglamento de la Ley General de la Infraestructura Física Educativa, se determina que para la obtención de la certificación de calidad de la infraestructura educativa se debe atender la “equidad en la accesibilidad de la INFE sin distinción de género, condición física o socioeconómica”, entre otros aspectos.

Con lo anterior, y atendiendo a la normatividad vigente, una de las normas y especificaciones que el Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa (INIFED) atiende para el habitabilidad y funcionamiento de los proyectos, construcciones e instalaciones, es la accesibilidad. Este concepto

“abarca que los entornos, productos y servicios que se ofrecen y se usan en la vida cotidiana, sumando el acceso a las tecnologías de la información y las comunicaciones, deben estar disponibles para todos en igualdad de condiciones, como parte esencial para la adecuada integración de los diversos grupos de la sociedad”.

La SEP atiende un total de 579 mil 460 alumnos con discapacidad, lo que representa el 1.59% del total de la población escolar. De los 579 mil niños con discapacidad, el 19% tiene discapacidad intelectual (110 mil 10 alumnos); el 3% motriz (17 mil 859); el 1.56% hipoacusia (9 mil 63), entre otros. En el Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos de Educación Básica y Especial (CEMABE) 2013, se censaron un total de 147 mil 978 inmuebles, de los cuales 37 mil 995 instalaciones tienen rampas para personas con discapacidad y 109 mil 571 no disponen de ellas. Los inmuebles con sanitarios amplios y con agarraderas son 16 mil 426 y los que no disponen de este tipo de sanitarios son 119 mil 180.

Gráfica 3. Inmuebles con rampas, 2013

Fuente: Tabla: Inmuebles con escuelas por entidad federativa de administración y tipo de sostenimiento según disponibilidad de instalaciones para personas con discapacidad. INEGI-SEP. CEMABE 2013.

Gráfica 4. Inmuebles con sanitarios amplios, 2013

Fuente: Tabla: Inmuebles con escuelas por entidad federativa de administración y tipo de sostenimiento según disponibilidad de instalaciones para personas con discapacidad. INEGI-SEP. CEMABE 2013.

Como puede apreciarse, la inquietud manifestada por el Diputado Adolfo Mota Hernández se encuentra atendida por la Ley General de Educación y por las dependencias federales facultadas para ello, por consiguiente no es necesario realizar reformas legales en este sentido.

No obstante, resulta pertinente aprobar la modificación planteada al artículo 6 de la Ley de Infraestructura Física Educativa, a fin de precisar las disposiciones a las que estará dispuesto el cumplimiento de dicha Ley de Infraestructura Física Educativa, toda vez que lo correcto es hacer mención a la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de mayo de 2011, y no así a la Ley Federal de Personas con Discapacidad, que no existe.

Por las consideraciones anteriormente expuestas, la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, somete a la consideración de la Honorable Asamblea, el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 6 DE LA LEY GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

Único. Se reforma el primer párrafo del artículo 6 de la Ley General de la infraestructura física educativa, para quedar como sigue:

Artículo 6. Para el cumplimiento de esta Ley se estará a lo dispuesto en los tratados internacionales en la materia suscritos por el Ejecutivo Federal y ratificados por el Senado de la República, la Ley General de Educación, Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, la Ley General de Bienes Nacionales, la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, así como aquellas que se refieran a la materia de obra pública, adquisiciones, arrendamientos y servicios relacionados con la misma y las demás disposiciones legales aplicables.

...

TRANSITORIO

Único. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas:

1 OMS (2016) Obesidad y sobrepeso. Recuperado el 03 de octubre de 2016, desde: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs311/es/

2 OMS (2010) Recomendaciones Mundiales sobre actividad física para la salud. Recuperado el 03 de octubre de 2016, desde: http://www. who.int/dietphysicalactivity/publications/9789241599979/es/

3 UNICEF (2016) Salud y nutrición. Recuperado el 03 de octubre de 2016, desde: http://www.unicef.org/mexico/spanish/17047.htm

4 UNICEF (s.f.) La convención sobre los derechos del niño. Recuperado el 03 de octubre de 2016, desde: http://www.unicef.org/mexico/ spanish/mx_resources_textocdn.pdf

5 UNICEF (2007) Deporte para el desarrollo en América Latina y el Caribe. Recuperado el 03 de octubre de 2016, desde: http://files.unicef.org/honduras/deporte_para_el_desarrollo(5).pdf

6 Gobierno de la República (2013) Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. Recuperado el 03 de octubre de 2016, desde: http://pnd.gob.mx/

7 SEP (2013) Programa Sectorial de Educación 2013-2018. Recuperado el 03 de octubre de 2016, desde: http://www.sep.gob.mx/es/ sep1/programa_sectorial_de_educacion_13_18#.V_-02vnhDIU

8 Artículo 3 de la Ley General de Cultura Física y Deporte.

9 INIFED (2014) Volumen 3. Habitabilidad y funcionamiento. Tomo I: Diseño Arquitectónico. Recuperado el 03 de octubre de 2016, desde: http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/105394/Tomo1_Dise_o_arquitect_nic o.pdf

10 INIFED (2014) Criterios de diseño arquitectónico. Recuperado el 03 de octubre de 2016, desde: http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/105645/XVIII_-_B_-_Criterios_de_D isen_o_Arquitecto_nico_para_Primaria.pdf

11 SEP (2011) Plan de estudios 2011. Educación Básica. Recuperado el 03 de octubre de 2016, desde: http://www.curriculobasica.sep. gob.mx/images/PDF/planestudios11.pdf

12 Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (2016) Línea de Acción Muévete. Recuperado el 03 de octubre de 2016, desde: http://www.gob.mx/conade/acciones-y-programas/muevete-en-30-30m?idiom=es

13 OMS (2011) Informe Mundial sobre la Discapacidad. Recuperado el 03 de octubre de 2016, desde: http://www.who.int/disabilities/ world_report/2011/es/

14 ONU (2006) Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y Protocolo Facultativo. Recuperado el 03 de octubre de 2016, desde: http://www.un.org/disabilities/documents/convention/ convoptprot-s.pdf

15 INEGI (2010) Discapacidad en México. Recuperado el 03 de octubre de 2016, desde: http://cuentame.inegi.org.mx/poblacion/discapacidad.aspx?tema=P

16 Gobierno de la República (2013) Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, desde: http://pnd.gob.mx/

17 Cámara de Diputados. Gaceta Parlamentaria. Minuta en materia de educación inclusiva. Recuperado el 03 de octubre de 2016, desde: http://gaceta.diputados.gob.mx/

18 INIFED (2014) Volumen 3 Habitabilidad y Funcionamiento. Tomo II Norma de accesibilidad. Recuperado el 03 de octubre de 2016, desde: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/89279/Tomo2_ Accesibilidad.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, Ciudad de México, a 3 de noviembre de 2016.

La Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, diputados:Hortensia Aragón Castillo (rúbrica), presidenta; Adriana del Pilar Ortiz Lanz (rúbrica), Rocío Matesanz Santamaría (rúbrica), Martha Hilda González Calderón (rúbrica), Matías Nazario Morales (rúbrica), María Esther Guadalupe Camargo Félix (rúbrica), Miriam Dennis Ibarra Rangel (rúbrica), María del Rosario Rodríguez Rubio, Patricia Elena Aceves Pastrana, Jorge Álvarez Máynez (rúbrica), Luis Manuel Hernández León (rúbrica), María Luisa Beltrán Reyes (rúbrica), Jorgina Gaxiola Lezama, secretarios; Laura Mitzi Barrientos Cano (rúbrica), Manuel Jesús Cloutier Carrillo (rúbrica), Hersilia Onfalia Adamina Córdova Morán, Juana Aurora Cavazos Cavazos (rúbrica), Delfina Gómez Álvarez, Adriana Elizarraraz Sandoval (rúbrica), Adolfo Mota Hernández (rúbrica), María del Carmen Pinete Vargas, Yulma Rocha Aguilar (rúbrica), María Guadalupe Cecilia Romero Castillo, Juan Carlos Ruiz García, Francisco Alberto Torres Rivas (rúbrica), Luis Maldonado Venegas, Francisco Martínez Neri, Cesáreo Jorge Márquez Alvarado (rúbrica), Joaquín Jesús Díaz Mena, Virgilio Daniel Méndez Bazán (rúbrica).»

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Está a discusión en lo general y en lo particular. No habiendo oradores registrados, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular.

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta si se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Suficientemente discutido en lo general y en lo particular.

Se pide a la Secretaría abra el sistema electrónico, por tres minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular.

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico, por tres minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular.

(Votación)

¿Algún diputado o diputada que falte de emitir su voto? Sigue abierto el sistema, diputado. ¿Algún diputado o diputada que falte de emitir su voto? Ciérrese el sistema electrónico de votación. Se emitieron 378 votos a favor, sin votos en contra ni abstenciones.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Aprobado en lo general y en lo particular por 378 votos del proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 6 de la Ley General de Infraestructura Física Educativa. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.

LEY GENERAL DE SALUD

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen de la Comisión de Salud, con proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 233 bis a la Ley General de Salud.

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:«Dictamen de la Comisión de Salud, con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 233 Bis a la Ley General de Salud

HONORABLE ASAMBLEA:

A la Comisión de Salud de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, le fue turnada para su estudio, análisis y dictamen correspondiente la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 233 Bis a la Ley General de Salud, presentada por la diputada Rosalina Mazari Espín, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Esta Comisión con fundamento en las facultades que les confieren los artículos 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los artículos 86, 89, 94 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 80, 81, 82, 84, 85, y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados y habiendo analizado el contenido de la iniciativa en comento, somete a la consideración de los integrantes de esta honorable asamblea el presente dictamen.

METODOLOGÍA:

I. En el capítulo de “ANTECEDENTES” se da constancia del proceso legislativo, en su trámite de inicio, recibo de turno para el dictamen de la referida iniciativa y de los trabajos previos de la Comisión.

II. En el Capítulo correspondiente a “CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN” se exponen los motivos y alcance de la propuesta de reforma en estudio.

III. En el capítulo de “CONSIDERACIONES” la Comisión dictaminadora expresa los argumentos de valoración de la propuesta y de los motivos que sustentan la decisión de respaldarla o no.

I. ANTECEDENTES

1. Con fecha 14 de diciembre de 2015, la diputada Rosalina Mazarí Espín, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en sesión ordinaria presentó ante el Pleno de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 233 Bis a la Ley General de Salud.

Con la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, dispuso que fuera turnada a la Comisión de Salud, con número de expediente 1257, para su análisis y dictamen correspondiente.

II. CONTENIDO DE LA INICIATIVA

La iniciativa con proyecto de decreto presentada por la diputada federal Rosalina Mazarí Espín, es una iniciativa que propone adicionar el artículo 233 Bis de la Ley General de Salud para que los envases de medicamentos contengan la impresión de la fecha de caducidad en un tamaño que represente el 25 por ciento de la superficie, con un color contrastante e indeleble, que permita su fácil visualización y, a su vez, esté escrito en código braille para que las personas con discapacidad visual puedan conocer la caducidad de los medicamentos. Por lo anterior sugiere adicionar el artículo 233 Bis de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

IV. CONSIDERACIONES

PRIMERA. Esta Comisión dictaminadora coincide de raíz con la proponente en proteger y mejorar la calidad de vida de los mexicanos a través de mejorar el sistema de etiquetado de los medicamentos como un principio rector de protección a la salud establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 4o que a la letra dice:

Articulo 4.

“ Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución.”

La iniciativa en comento se sustenta en el artículo 233 de la Ley General de Salud relativos a la caducidad de medicamentos que a la letra dice:

Artículo 233.

Quedan prohibidos la venta y suministro de medicamentos con fecha de caducidad vencida.

La proponente fundamenta con una serie de normas cuyo objetivo es regular y asegurar valores, cantidades y características mínimas o máximas en el diseño, producción o servicio de los bienes de consumo entre personas morales y/o personas físicas, sobre todo los de uso extenso y de fácil adquisición por parte del público en general, poniendo atención en especial en el público no especializado en la materia, este tipo de norma se le llama Normas Oficiales Mexicanas, en especial se hace un enfoque en la NOM-073-SSA1-2005 que tiene como fin la “Estabilidad de fármacos y medicamentos”.

Dicha Norma de observancia obligatoria en el territorio nacional, está elaborada por más de 20 entidades del sector público y privado con el objetivo de proporcionar evidencia documentada de cómo la calidad de un fármaco o un medicamento varía con el tiempo, bajo la influencia de factores ambientales como: temperatura, humedad o luz. Estos estudios permiten establecer las condiciones de almacenamiento, periodos de análisis y vida útil.

Es importante señalar que el campo de aplicación de la multicitada Norma son las fábricas o laboratorios de materias primas para elaboración de medicamentos o productos biológicos para uso humano y fábricas o laboratorios de medicamentos o productos biológicos para uso humano.

Es importante resaltar el fundamento de esta importante propuesta, en el cuerpo de la Norma Oficial Mexicana, dentro de los artículos 4.1.17., 4.1.30. y 4.1.31. que dicen lo siguiente:

4.1.17. Fecha de caducidad. Fecha que indica el fin del periodo de vida útil del medicamento.

4.1.30. Periodo de caducidad. Es el tiempo durante el cual un medicamento contenido en su envase de comercialización y conservado en las condiciones indicadas en su etiqueta permanece dentro de las especificaciones establecidas.

4.1.31. Periodo de caducidad tentativo. Es el periodo de caducidad provisional que la Secretaría de Salud autoriza con base en los resultados de los estudios de estabilidad acelerada o al análisis estadístico de los datos de estabilidad a largo plazo disponible.

SEGUNDA.Lo anterior refleja que efectivamente todos los medicamentos deben tener un etiquetado de caducidad, pero lamentablemente no puntualiza el tamaño en el que se debe presentar; justamente por ello, esta instancia dictaminadora relaciona y fundamenta la viabilidad parcialmente de la propuesta relativa a adicionar un artículo 233 Bis a Ley General de Salud con base en la Norma Oficial Mexicana citada en los párrafos anteriores, iniciativa que a la letra dice:

Artículo 233 Bis.

Para efectos del artículo anterior, los envases deberán contener la impresión de la fecha de caducidad en un tamaño que represente el 25 por ciento de su superficie, con un color contrastante e indeleble, que permita su fácil visualización...

Para enriquecer la fundamentación de esta propuesta, se hace énfasis en lo mencionado por la proponente relativo al envejecimiento de la población mexicana, en la actualidad se tiene la cifra correspondiente a que 10.1 millones son personas adultas mayores de los 112.3 millones de habitantes que contabilizó el Censo de Población y Vivienda 2010, del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI), esto se refleja en 1 de cada 10 habitantes del país.

Esta Comisión comparte lo dicho por la proponente y corrige el nombre en relación a la “Guía de Práctica Clínica Prescripción Farmacológica razonada para el adulto mayor” en el marco del “Catálogo maestro de guías de práctica clínica: IMSS-558-12”, elaborada por el gobierno federal a través del Centro Nacional de Excelencia Tecnológica en Salud en el año 2010, el cual tiene como objetivo establecer un referente nacional para orientar la toma de decisiones clínicas basadas en recomendaciones sustentadas en la mejor evidencia posible.

Lo anterior, para favorecer la mejora en la efectividad, seguridad y calidad de la atención médica, contribuyendo de esta manera al bienestar de las personas y de las comunidades, que constituye el objetivo central y la razón de ser de los servicios de salud.

El documento especifica las siguientes cifras en materia de medicamentos:

El proceso de recetar un medicamento es complejo e incluye: decidir si está indicado, elegir el mejor medicamento, determinar una dosis y esquema de administración adecuado condición fisiológica del paciente, el seguimiento de la eficacia y toxicidad, informar a los pacientes sobre los efectos secundarios esperados y las indicaciones para solicitar la consulta.

Estudios realizados han demostrado que más del 90% de los viejos toman cuando menos un medicamento por semana; más de 40% usan cinco diferentes, y 12% más de diez por semana. Entre los medicamentos más utilizados están los antidepresivos, los analgésicos, los antiinflamatorios, las vitaminas y laxantes, los tranquilizantes tipo benzodiazepinas, así como los protectores gástricos. Debido a la gran cantidad de medicamentos, los efectos adversos que se pueden presentar son muy frecuentes y se considera que 28% de los mismos pueden ser prevenidos cuando se conoce parte de la farmacología en el anciano.

La consecuencia de la prescripción inapropiada son los eventos adversos evitables. La posibilidad de un evento adverso de un fármaco siempre debe tenerse en cuenta al evaluar a una persona de edad avanzada, cualquier síntoma nuevo debe considerarse relacionado con los medicamentos hasta que se demuestre lo contrario. La prescripción en los pacientes ancianos presenta desafíos únicos. Muchos medicamentos deben utilizarse con precaución especial debido a cambios relacionados con la edad en la farmacocinética (es decir, absorción, distribución, metabolismo y excreción) y farmacodinámica (los efectos fisiológicos de la droga)

TERCERA.Esta Comisión comparte la preocupación de la proponente en la importancia que tiene el etiquetado de medicamentos, en especial el relativo a la fecha de caducidad, y hace hincapié en aquellas personas como son los adultos mayores con enfermedades crónico-degenerativas y las personas con discapacidad visual, quienes muchas veces no alcanzan a percibir la fecha de caducidad en los medicamentos que consumen a diario.

Esta Comisión resalta que una de las enfermedades que debilita la capacidad visual de adultos mayores es la diabetes en todas sus formas, es decir, diabetes tipo 1, tipo 2 y gestacional.

Según el Instituto Nacional de Salud, la diabetes es un padecimiento en el cual el azúcar (o glucosa) en la sangre se encuentra en un nivel elevado. Esto se debe a que el cuerpo no produce o no utiliza adecuadamente la insulina, una hormona que ayuda a que las células transformen la glucosa (que proviene de los alimentos) en energía. Sin la suficiente insulina, la glucosa se mantiene en la sangre y, con el tiempo, este exceso puede tener complicaciones graves.

La diabetes mellitus aumenta el riesgo de cardiopatías y accidentes cerebrovasculares (como embolia). Además, a largo plazo puede ocasionar:

• Ceguera (debido a las lesiones en los vasos sanguíneos de los ojos)

• Insuficiencia renal (por el daño al tejido de los riñones)

• Impotencia sexual (por el daño al sistema nervioso)

• Amputaciones (por las lesiones que ocasiona en los pies)

Además, las personas diabéticas son más proclives a desarrollar cataratas (una opacidad del cristalino) a una edad más temprana, asimismo, tienen casi un 50% más de probabilidades de desarrollar glaucoma, un trastorno ocular que daña el nervio óptico y generalmente se caracteriza por un aumento de la presión ocular interna.

CUARTA. El pasado 7 de abril del año en curso en el Marco del Día Mundial de la Salud, Carissa F. Etienne, directora de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), Oficina Regional para las Américas de la OMS, mencionó lo siguiente:

“ La diabetes afecta a 62 millones de personas y es la cuarta causa de muerte en nuestra región, muchas de ellas, muertes prematuras, celebrar este Día de la Salud en México, no es casualidad, obedece a las grandes decisiones políticas tomadas por el Presidente, al lanzar la estrategia nacional contra el sobrepeso, la obesidad y la diabetes. También responde al impuesto de las bebidas azucaradas, productos de alto contenido calórico y a la emisión de un nuevo etiquetado, entre otros, como la clínica de la diabetes en el Instituto de Nutrición.

De acuerdo con datos oficiales de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en el año 2030, la diabetes será la séptima causa de muerte en el mundo y se estima que en el 2008, aproximadamente 347 millones de personas en el mundo tenían diabetes, cifra que se prevé que se duplique en los próximos 20 años, especialmente en los países de ingresos bajos y medianos.

Además, la OMS advierte de que el número de personas con diabetes se ha cuadruplicado entre los años de 1980 y el 2014. Y en su informe señala que este último año hay alrededor de 422 millones de personas que padecen diabetes.”

Por estas razones la Comisión dictaminadora reitera la viabilidad parcial de la propuesta en relación a que el medicamento debe contener la impresión de la fecha de caducidad en un tamaño que represente el 25 por ciento de su superficie, con un color contrastante e indeleble.

QUINTA. Con respecto a la propuesta a integrar en la reforma del artículo 233 que refiere:

Artículo 233 Bis.

... además de insertarse en código braille.

Esta Comisión dictaminadora considera inviable insertar el código braille. En principio el sistema es un alfabeto especialmente ideado para personas con discapacidad visual, consta de un sistema de lectura y escritura por medio de puntos. El tamaño y distribución de los 6 puntos que forman el signo generador se percibe por medio de las terminaciones nerviosas de la yema de los dedos, están capacitadas para captar ese tamaño. El signo generador solo permite 64 combinaciones de puntos siendo insuficientes para la variedad de letras, símbolos y números de cada idioma. Esto obliga a la invención de “Símbolos dobles”.

Definido lo anterior, la iniciativa en estudio en lo que respecta a este fragmento carece de una especificación más amplia en cuestión de impacto presupuestal o de un beneficio para un número especificado de personas con dicho padecimiento, la propuesta en su apartado de “Consideraciones” se limita en dos párrafos a justificar lo siguiente:

“ ...además de que sea inserta en código braille, con la finalidad de coadyuvar a que tanto las personas adultas mayores como las que tienen discapacidad visual, puedan verificar esta importante información.

Cabe señalar que el sistema braille permite que las personas con discapacidad visual se sientan cómodas y seguras, y de esta forma se resguarda el derecho a la autonomía que debe tener para disfrutar de diversos derechos de la mejor manera que sea posible asegurarles.”

Esta Comisión derivado del anterior fragmento, estima un impacto presupuestal importante en la distribución de medicamentos en al ámbito público y privado, que puede derivar en el incremento del precio de las medicinas y afectar la economía de los ciudadanos, lo anterior derivado según lo dispuesto por el artículo 18 de Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria que a la letra dice:

Artículo 18. ...

Las comisiones correspondientes del Congreso de la Unión, al elaborar los dictámenes respectivos, realizarán una valoración del impacto presupuestario de las iniciativas de ley o decreto, con el apoyo del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, y podrán solicitar opinión a la Secretaría sobre el proyecto de dictamen correspondiente.

Derivado de lo anterior, es prudente señalar el cambio en el siguiente cuadro comparativo:

Por lo anteriormente expuesto, esta Comisión dictaminadora considera oportuno y pertinente dictaminar en SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES la iniciativa. La Comisión de Salud de la LXIII Legislatura somete a consideración del Pleno el siguiente proyecto de:

DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 233 BIS A LA LEY GENERAL DE SALUD

Artículo Único. Se adiciona el artículo 233 Bis a la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

Artículo 233 Bis.

Todo tipo de envases de medicamentos deberán contener la impresión de la fecha de caducidad en un tamaño no inferior a 5 milímetros de altura con un color contrastante e indeleble.

Transitorios

Artículo Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo Segundo. La norma oficial mexicana aplicable deberá prever la forma de dar cumplimiento al presente decreto.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de abril de 2016.

La Comisión de Salud, diputados:Elías Octavio Íñiguez Mejía (rúbrica), presidente; Sylvana Beltrones Sánchez (rúbrica), Marco Antonio García Ayala, Rosalina Mazari Espín (rúbrica), María Verónica Muñoz Parra (rúbrica), Pedro Luis Noble Monterrubio (rúbrica), Teresa de Jesús Lizárraga Figueroa (rúbrica), Eva Florinda Cruz Molina (rúbrica), José Guadalupe Hernández Alcalá (rúbrica), Araceli Madrigal Sánchez (rúbrica), Mariana Trejo Flores (rúbrica), Rosa Alba Ramírez Nachis (rúbrica), Melissa Torres Sandoval (rúbrica), Rosa Alicia Álvarez Piñones (rúbrica), Jesús Antonio López Rodríguez (rúbrica), secretarios; Xitlalic Ceja García (rúbrica), Román Francisco Cortés Lugo (rúbrica), Rocío Díaz Montoya, Pablo Elizondo García (rúbrica), Delia Guerrero Coronado (rúbrica), Roberto Guzmán Jacobo, Genoveva Huerta Villegas (rúbrica), Víctor Ernesto Ibarra Montoya (rúbrica), Alberto Martínez Urincho (rúbrica), Evelyn Parra Álvarez (rúbrica), Carmen Salinas Lozano (rúbrica), Karina Sánchez Ruiz (rúbrica), José Refugio Sandoval Rodríguez (rúbrica), Ana Laura Rodela Soto (rúbrica), Wendolín Toledo Aceves (rúbrica), Yahleel Abdala Carmona (rúbrica).»

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Están a discusión en lo general y en lo particular. No habiendo oradores registrados, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si los dictámenes se encuentran suficientemente discutidos en lo general y en lo particular.

El Secretario diputado Raúl Domínguez Rex:Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica, se consulta a la asamblea si los dictámenes se encuentran suficientemente discutidos en lo general y en lo particular. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Suficientemente discutidos en lo general y en lo particular.

Se pide a la Secretaría que abra el sistema electrónico por tres minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular del primer proyecto de decreto.

El Secretario diputado Raúl Domínguez Rex:Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por tres minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular, del primer proyecto de decreto.

(Votación)

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Con gusto daríamos menos tiempo, el sistema tarda tres minutos en resetearse, por eso tenemos que dar mínimo tres minutos.

El Secretario diputado Raúl Domínguez Rex:¿Falta algún diputado o diputada de emitir su voto? Está abierto el sistema, diputado. ¿Falta algún diputado o diputada por emitir su voto? Ciérrese el sistema de votación electrónico. Señor presidente, se emitieron 375 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Aprobado en lo general y en lo particular por 375 votos el proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 233 Bis a la Ley General de Salud. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.

LEY GENERAL DE SALUD

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen de la Comisión de Salud, con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 310 de la Ley General de Salud.

El Secretario diputado Raúl Domínguez Rex:«Dictamen de la Comisión de Salud, con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 310 de la Ley General de Salud

HONORABLE ASAMBLEA:

A la Comisión de Salud fue turnada para su estudio, análisis y dictamen correspondiente, la iniciativa que reforma el párrafo cuarto y se adiciona un quinto a la fracción II del artículo 310 de la Ley General de Salud, propuesta por la diputada Rosalina Mazari Espín, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Esta Comisión, con fundamento en los artículos 72 y 73, fracción XXX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 39 y 45, numeral 6, inciso f), y numeral 7, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 80, 157, numeral 1, fracción I, 158, numeral 1, fracción IV, y 167, numeral 4, del Reglamento de la Cámara de Diputados, y habiendo analizado el contenido de la iniciativa de referencia, somete a la consideración de esta honorable asamblea el presente dictamen, basándose en la siguiente:

METODOLOGÍA

I. En el capítulo de “ANTECEDENTES” se da constancia del proceso legislativo, en su trámite de inicio, recibo de turno para el dictamen de las referidas iniciativas y de los trabajos previos de la Comisión.

II. En el Capítulo correspondiente a “CONTENIDO DE LA INICIATIVA” se exponen los motivos y alcance de la propuesta de reforma en estudio.

III. En el capítulo de “CONSIDERACIONES” la Comisión dictaminadora expresa los argumentos de valoración de la propuesta y de los motivos que sustentan la decisión de respaldar o desechar la iniciativa en análisis.

I. ANTECEDENTES

1. Con fecha 26 de abril de 2016, la diputada proponente presentó una Iniciativa que reforma el párrafo cuarto y adiciona un quinto al artículo 310 de la Ley General de Salud.

2. La mesa directiva de la Cámara de Diputados turnó la mencionada iniciativa a la Comisión de Salud para su análisis y dictamen con el número de expediente 3086-LXIII.

II. CONTENIDO DE LA INICIATIVA

La iniciativa materia del presente dictamen tiene por objeto reformar el artículo 310 de la Ley General de Salud para exigir que la publicidad de los medicamentos que requieren receta médica, se realice exclusivamente por medios impresos, con la leyenda “consulte a su médico” y las demás que señale la Secretaria de Salud y que la vigilancia del cumplimiento será llevada a cabo por la por la propia Secretaria.

La legisladora refiere que la medicina centrada en el paciente es base fundamental del ejercicio de la medicina general moderna de buena calidad y que el derecho a la información de la salud es un elemento clave que permite al paciente y a sus familiares tomar decisiones acertadas sobre el tratamiento a seguir y que los medios de comunicación constituyen una fuente indirecta de información sobre medicamentos y tratamientos.

La iniciativa en estudio encuentra su fundamento en la Ley General de Salud y no se contrapone con el Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Publicidad, ya que la legislación actual regula la publicidad actual de los medicamentos y la iniciativa agudiza la protección respecto de los medicamentos que requieren receta médica para su venta al consumidor, brindando además la orientación para el consumo responsable, al permanecer la leyenda “consulte a su médico” y permitiendo las leyendas de advertencia que determine la Secretaria de Salud; se complementa la protección al establecer que la Secretaria de Salud vigilará el cumplimiento de la publicidad de los medicamentos citados.

Al efecto de visualizar el contenido de la iniciativa se muestra el siguiente cuadro, que en la columna derecha identifica sus aportaciones:

III. CONSIDERACIONES DE LA COMISIÓN

La Organización Mundial de la Salud, define la salud como “un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades”, el bienestar, según el Diccionario de la Real Academia es: 1. Conjunto de las cosas necesarias para vivir// 2. Vida holgada o abastecida de cuanto conduce a pasarlo bien y con tranquilidad// y 3. Estado de la persona en el que se le hace sensible el buen funcionamiento de su actividad somática y psíquica.

De tal manera que se puede asegurar que se tiene salud cuando una persona cuenta con los elementos necesarios para que su organismo funcione bien y tenga la sensación correspondiente. La ausencia de afecciones o enfermedades, implica un estado de normalidad en que el cuerpo humano funcione con normalidad y no se padezca dolor alguno.

Ahora bien, la salud aun cuando es una condición natural, puede propiciarse a través de los buenos hábitos, tales como la alimentación balanceada, el ejercicio, el descanso y la adopción de medidas de prevención de enfermedades, en este último caso incluso mediante el uso de vacunas. En caso de enfermedad, para recobrar la salud se hace necesario observar las indicaciones o tratamientos médicos, entre las cuales con mucha frecuencia encontramos el empleo de medicamentos.

Se entiende por medicamento el compuesto artificial y químicamente creado con el objeto de controlar, aplacar y hacer desaparecer los síntomas de una enfermedad. Aun cuando los medicamentos no son el único medio para recobrar la salud, constituyen uno de los tipos de productos más vendidos en el mundo.

En México, los medicamentos, para su venta y suministro al público se clasifican en los siguientes grupos, previstos así por el artículo 226 de la Ley General de Salud en vigor:

La Fracción I.- contempla los narcóticos los cuales requieren de un recetario especial foliado por la SSA. Aunque cualquier médico con Cédula Profesional vigente puede tramitar este recetario especial, los mayores médicos prescriptores de estos medicamentos son Anestesiólogos, Especialistas en Dolor (Algólogos) y Oncólogos.

Las Fracciones II y III.- contemplan medicamentos psicotrópicos (como los tranquilizantes y algunos somníferos) para los cuales se exige una receta que es retenida en la farmacia tras ser surtida una sola vez (Frac. II) o tres veces (Frac. III). La farmacia lleva un control muy minucioso y es objeto de auditorías muy severas a sus libros por la COFEPRIS.

La Fracción IV.- es la más delicada en este sentido. En teoría, estos medicamentos solamente pueden ser vendidos si el paciente presenta una receta que lo soporte; sin embargo, es bien sabido que cualquiera de nosotros que padezca una enfermedad (como la hipertensión, arritmias, cáncer, dolor crónico o el colesterol elevado) puede acudir a una farmacia y pedir que le surtan sus medicamentos, los cuales nos venderán sin pedirla.

Las Fracciones V y VI son medicamentos que NO requieren receta para ser vendidos al público. Su publicidad es masiva y los vemos anunciados en la televisión u otros medios.

Cabe mencionar que la receta médica es un documento por medio del cual los médicos autorizados prescriben una medicación al paciente para su dispensación por parte del farmacéutico, contiene denominación genérica y los datos para su administración (dosis diaria, vía de administración, horario, presentación del medicamento y el tiempo durante el cual se debe tomar), el nombre, especialidad, domicilio, el número de la cédula profesional de quien la prescribe y el nombre de la institución que otorgó el título, impreso y completo; nombre y edad del paciente, además de la fecha y la firma autógrafa del emisor; para instituciones públicas o privadas el sello de la institución.

En las recetas médicas el dato de diagnóstico es INDISPENSABLE en las recetas especiales del Grupo I de medicamentos (Estupefacientes), pero OPCIONAL para las recetas médicas de los Grupos II y III (Psicotrópicos, así como de antibióticos); por lo que tal dato puede ser omitido en las recetas que se emitan (de los grupos II, III y IV) de tal modo que las farmacias podrán surtirlas sin inconvenientes.

Los medicamentos usualmente mejoran la calidad de vida, reducen los dolores, ayudan a combatir infecciones y controlan condiciones adversas, pero también pueden causar reacciones no deseadas, llamadas efectos secundarios, que en la mayoría de los casos son leves, tales como dolores de estómago o mareos y se van después de dejar el medicamento, pero otros pueden ser más graves, desde las alergias, reacciones en la piel, urticaria, erupciones cutáneas, hipoglucemia, anafilaxia, o hasta la muerte.

Desafortunadamente, por diversas causas, existe una práctica colectiva reiterada por la auto receta de medicamentos o la indebida sugerencia de los farmacéuticos, que en muchas ocasiones pasan desapercibidas las contraindicaciones y efectos secundarios, provocando un mal mayor al que se busca erradicar, dejando a los enfermos ante una contingencia al aproximarlos a un daño. Todo esto propiciado por la publicidad de los medicamentos, auditiva, sensorial, audiovisual e impresa en la que se divulgan sus ventajas o beneficios, con el fin de atraer posibles compradores o usuarios, sin advertirles respecto de los efectos secundarios.

El cumplimiento de la atribución otorgada en la iniciativa, a la Secretaría de Salud, en el sentido de que la publicidad de los medicamentos que requieren receta médica sólo podrá ser impresa y de que se incluya en ellas la leyenda “consulte a su médico” y cualquiera otra advertencia que determine la propia Secretaría, encuentra su fundamento legal en lo dispuesto por el artículo 39 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y 17 bis de la Ley General de Salud.

La Comisión dictaminadora identifica que no hay impacto presupuestal para la Secretaria de Salud que resulte significativo, pues si bien tendrá a su cargo la vigilancia en el cumplimiento que deberán efectuar los fabricantes y expendedores del medicamento, lo cierto es que actualmente tienen facultades análogas de revisión de la publicidad de los medicamentos.

Finalmente, en el marco de la Regulación del Manejo y Asistencia en la Dispensación de Medicamentos e Insumos para la Salud en Farmacias dispone lo siguiente:

A la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), le compete proteger al paciente de los riesgos sanitarios relacionados directamente con la dispensación de medicamentos, tiene entre sus principales objetivos vinculados al cumplimiento de la política farmacéutica, el asegurar el uso racional de medicamentos, mediante acciones enfocadas a lograr una correcta dispensación de los mismos.

Tomando en cuenta este esquema, la COFEPRIS continuará con su papel de rector y acompañará al Sistema Federal Sanitario en su implementación, a través de capacitación, asesorías y visitas de apoyo, con el propósito de que cada uno de los empleados de mostrador de farmacia conozca la guía en MADMIF y en consecuencia se realice una correcta dispensación de medicamentos e insumos para la salud.

Por lo que esta Comisión considera viable modificar el texto propuesto por la legisladora e incluir que la vigilancia de la aplicación del presente decreto estará a cargo de la Secretaría de Salud, a través de la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios (COFEPRIS).

Por las consideraciones que anteceden y el fundamento legal al que se acude para sustentarlas, los legisladores integrantes de la Comisión de Salud, someten a esta Honorable Asamblea el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA EL ARTÍCULO 310 A LA LEY GENERAL DE SALUD.

Artículo Único. Se reforma el párrafo cuarto y se adiciona un quinto párrafo, recorriéndose el actual para pasar a ser sexto párrafo del artículo 310 de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

Artículo 310.- ...

I. y II. ...

...

...

En el caso de la publicidad dirigida a la población en general , específicamente en los medicamentos de libre venta y remedios herbolarios, deberá incluirse en ella en forma visual, auditiva o ambas, según el medio de que se trate, el texto: Consulte a su médico, así corno otras leyendas de advertencia que determine la Secretaría de Salud.

Tratándose de los medicamentos que requieran receta médica, su publicidad se realizará exclusivamente por medios impresos, debiendo contener además de la leyenda visual a que se refiere el párrafo anterior, así como las que correspondan conforme a su naturaleza, la advertencia de sus riesgos o efectos secundarios. La vigilancia del cumplimiento de lo anterior, será llevada a cabo por la Secretaría de Salud, a través de la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios, en términos de las disposiciones reglamentarias respectivas.

...

Transitorio

Único. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Ciudad de México, a 21 de septiembre de 2016.

La Comisión de Salud, diputados:Elías Octavio Íñiguez Mejía (rúbrica), presidente; Sylvana Beltrones Sánchez (rúbrica), Marco Antonio García Ayala, Rosalina Mazari Espín (rúbrica), María Verónica Muñoz Parra, Pedro Luis Noble Monterrubio (rúbrica), Teresa de Jesús Lizárraga Figueroa (rúbrica), Eva Florinda Cruz Molina (rúbrica), José Guadalupe Hernández Alcalá, Araceli Madrigal Sánchez, Mariana Trejo Flores (rúbrica), Rosa Alba Ramírez Nachis (rúbrica), Melissa Torres Sandoval (rúbrica), Rosa Alicia Álvarez Piñones (rúbrica), Jesús Antonio López Rodríguez (rúbrica), secretarios; Xitlalic Ceja García (rúbrica), Román Francisco Cortés Lugo, Rocío Díaz Montoya (rúbrica), Pablo Elizondo García (rúbrica), Delia Guerrero Coronado (rúbrica), Roberto Guzmán Jacobo, Genoveva Huerta Villegas (rúbrica), Víctor Ernesto Ibarra Montoya (rúbrica), Alberto Martínez Urincho (rúbrica), Evelyn Parra Álvarez (rúbrica), Carmen Salinas Lozano (rúbrica), Karina Sánchez Ruiz (rúbrica), José Refugio Sandoval Rodríguez (rúbrica), Adriana Terrazas Porras (rúbrica), Wendolín Toledo Aceves (rúbrica), Yahleel Abdala Carmona (rúbrica).»

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Se pide a la Secretaría abra el sistema electrónico por tres minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular del proyecto de decreto.

El Secretario diputado Raúl Domínguez Rex:Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por tres minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular del segundo proyecto de decreto.

(Votación)

Les preguntaríamos a los diputados Federico Döring, el sentido de su voto, de viva voz.

El diputado Federico Döring Casar (desde la curul): A favor.

El Secretario diputado Raúl Domínguez Rex: El diputado Jorge Carlos Ramírez.

El diputado Jorge Carlos Ramírez Marín (desde la curul): A favor.

El Secretario diputado Raúl Domínguez Rex:El diputado Zambrano.

El diputado José de Jesús Zambrano Grijalva (desde la curul): A favor.

El Secretario diputado Raúl Domínguez Rex: Diputado Neri.

El diputado Francisco Martínez Neri (desde la curul): A favor.

El Secretario diputado Raúl Domínguez Rex: Y el diputado Omar Ortega.

El diputado Omar Ortega Álvarez (desde la curul): A favor.

El Secretario diputado Raúl Domínguez Rex:¿Falta algún diputado por emitir su voto? Ciérrese el sistema de votación electrónico. Señor presidente, se emitieron 377 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Aprobado en lo general y en lo particular por 377 votos el proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 310 de la Ley General de Salud. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.

LEY DE LOS INSTITUTOS NACIONALES DE SALUD

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen de la Comisión de Salud, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 6o. de la Ley de los Institutos Nacionales de Salud.

El Secretario diputado Raúl Domínguez Rex:«Dictamen de la Comisión de Salud, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 6o. de la Ley de los Institutos Nacionales de Salud

HONORABLE ASAMBLEA:

A la Comisión de Salud fue turnada para su estudio, análisis y dictamen correspondiente, la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 6 fracción II de la Ley de los Institutos Nacionales de Salud.

Esta Comisión, con fundamento en los artículos 72 y 73 fracción XXX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 39 y 45 numeral 6 inciso f) y numeral 7, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 80, 157 numeral 1 fracción I, 158 numeral 1 fracción IV y 167 numeral 4, del Reglamento de la Cámara de Diputados, y habiendo analizado el contenido de la iniciativa de referencia, somete a la consideración de esta Honorable asamblea el presente dictamen, basándose en la siguiente.

METODOLOGÍA:

I. En el Capítulo de “ANTECEDENTES” se da constancia del proceso legislativo en su trámite de inicio, recibo de turno para el dictamen de la referida iniciativa y de los trabajos previos de la Comisión.

II. En el Capítulo correspondiente a “CONTENIDO DE LA INICIATIVA” se exponen los motivos y alcances de la propuesta de reforma en estudio.

III. En el Capítulo de “CONSIDERACIONES” la Comisión dictaminadora expresa los argumentos de valoración de la propuesta y de los motivos que sustentan la decisión de respaldar o desechar la iniciativa en análisis.

I. ANTECEDENTES

El 21 de abril de 2016, la Diputada Rosalina Mazari Espín del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó ante el pleno de la Cámara de Diputados, Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 6 fracción II de la Ley de los Institutos Nacionales de Salud.

En la misma fecha, la Mesa Directiva de este órgano legislativo, turnó la mencionada iniciativa a la Comisión de Salud para su estudio y posterior dictamen, con número de expediente 2847-LXIII.

II. CONTENIDO DE LA INICIATIVA

La iniciativa propone que los Institutos Nacionales de Salud publiquen los resultados de las investigaciones y trabajos que realicen, mediante un proceso organizado y sistemático de difusión y divulgación por los medios de información asequibles de los Institutos, que permita dar a conocer avances médicos especializados, información técnica y científica a personas dedicadas a la ciencia médica y población en general.

III. CONSIDERACIONES

Primero. Actualmente, la Ley de los Institutos Nacionales de Salud establece en su artículo 6º, fracción II que a los Institutos Nacionales de Salud les corresponde “publicar los resultados de las investigaciones y trabajos que realice, así como difundir información técnica y científica sobre los avances que en materia de salud registre”.

Segundo. En su exposición de motivos, la diputada iniciante reconoce que el objeto de la Ley de los Institutos Nacionales de Salud, es regular su organización y funcionamiento y, a su vez, fomentar la investigación, enseñanza y prestación de servicios que en ellos se realicen, sin embargo, - continúa la diputada -, es importante resaltar que la investigación científica es un trabajo delicado y su resultado debe ser considerado del conocimiento general para la población. Para alcanzar tan importante fin considera prudente robustecer el contenido actual del artículo 6 fracción II, de la citada Ley, que por su nueva redacción se constituya una base jurídica con políticas públicas en beneficio de una mayor población y no de una parte relacionada con el área de la salud pública.

Tercero. Queda claro con lo anterior, que el propósito de la iniciativa es hacer del conocimiento general, los resultados de la investigación científica, que realicen los Institutos Nacionales de Salud, propósito que es coincidente con lo establecido en el artículo 6º, fracción II que señala que a los Institutos Nacionales de Salud les corresponde “publicar los resultados de las investigaciones y trabajos que realice, así como difundir información técnica y científica sobre los avances que en materia de salud registre”.

Cuarto. A primera vista, podría desecharse esta promoción legislativa, por considerarla innecesaria, al encontrarse regulado el propósito de la misma. No obstante, con algunas modificaciones, en realidad, puede contribuir a armonizar y actualizar la legislación involucrada en términos de transparencia y acceso al conocimiento científico.

Quinto. El 20 de mayo de 2014, se publicaron en el Diario Oficial de la Federación las reformas a la Ley de Ciencia y Tecnología, por medio de las cuales, se instituyó el Repositorio Nacional de Acceso Abierto a Recursos de Información Científica, Tecnológica y de Innovación, de Calidad e Interés Social y Cultural, con el objetivo de garantizar que cualquier mexicano pueda consultar los resultados de las investigaciones científicas financiadas total o parcialmente con recursos públicos.

Sexto. De acuerdo con la fracción XII del artículo 4º de la Ley de Ciencia y Tecnología vigente. el Repositorio, es “la plataforma digital centralizada que siguiendo estándares internacionales, almacena, mantiene y preserva la información científica, tecnológica y de innovación, la cual se deriva de las investigaciones, productos educativos y académicos.

Séptimo. Según la fracción XIII del mismo artículo de la Ley citada anteriormente, el Repositorio Nacional de Acceso Abierto a Recursos de Información Científica, Tecnológica y de Innovación, de Calidad e Interés Social y Cultural, es una plataforma digital centralizada operada por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología siguiendo estándares internacionales. Almacena, mantiene y preserva la información científica, tecnológica y de innovación, la cual se deriva de las investigaciones, productos educativos y académicos.

Octavo. La Ley de Ciencia y Tecnología no precisa que los Institutos Nacionales de Salud sean considerados como Centros Públicos de Investigación; tampoco hace esta precisión la Ley de los Institutos Nacionales de Salud, de ahí que cobra pertinencia esta reforma que con las modificaciones propuestas convierte a los Institutos Nacionales de Salud, en entidades que podrían alimentar al Repositorio Nacional, lo cual resulta congruente no sólo con las reformas publicadas en mayo de 2014, sino también con la nueva legislación en materia de transparencia y acceso a la información pública. La modificación propuesta y su diferencia con la iniciativa y con la Ley es la siguiente sigue:

Noveno. De acuerdo con la Ley de los Institutos Nacionales de Salud y con los objetivos planteados en la iniciativa, se podría enriquecer la Ley vigente y armonizarse con la Ley de Ciencia y Tecnología con la redacción propuesta en las modificaciones:

Con base en lo anteriormente expuesto, se recomienda aprobar con modificaciones la iniciativa, por lo que esta Comisión de Salud, somete a la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, la siguiente propuesta de proyecto de

DECRETO QUE REFORMA LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 6 DE LA LEY DE LOS INSTITUTOS NACIONALES DE SALUD.

Artículo Único.- Se reforma la fracción II del artículo 6 de la Ley de los Institutos Nacionales de Salud, para quedar como sigue:

ARTÍCULO 6. A los Institutos Nacionales de Salud les corresponderá:

I. ...

II. Publicar los resultados de las investigaciones y trabajos que realice, integrándolos al Repositorio Nacional de Acceso Abierto a Recursos de Información Científica, Tecnológica y de Innovación, de Calidad e Interés Social y Cultural, de conformidad con lo estipulado en la Ley de Ciencia y Tecnología.

III. a XIV. ...

Transitorio

Único:El presente Decreto iniciará su vigencia al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de septiembre de 2016.

La Comisión de Salud, diputados:Elías Octavio Íñiguez Mejía (rúbrica), presidente; Sylvana Beltrones Sánchez (rúbrica), Marco Antonio García Ayala (rúbrica), Rosalina Mazari Espín (rúbrica), María Verónica Muñoz Parra, Pedro Luis Noble Monterrubio (rúbrica), Teresa de Jesús Lizárraga Figueroa (rúbrica), Eva Florinda Cruz Molina (rúbrica), José Guadalupe Hernández Alcalá, Araceli Madrigal Sánchez, Mariana Trejo Flores (rúbrica), Rosa Alba Ramírez Nachis (rúbrica), Melissa Torres Sandoval (rúbrica), Rosa Alicia Álvarez Piñones (rúbrica), Jesús Antonio López Rodríguez (rúbrica), secretarios; Xitlalic Ceja García (rúbrica), Román Francisco Cortés Lugo, Rocío Díaz Montoya (rúbrica), Pablo Elizondo García (rúbrica), Delia Guerrero Coronado (rúbrica), Roberto Guzmán Jacobo, Genoveva Huerta Villegas (rúbrica), Víctor Ernesto Ibarra Montoya (rúbrica), Alberto Martínez Urincho (rúbrica), Evelyn Parra Álvarez (rúbrica), Carmen Salinas Lozano (rúbrica), Karina Sánchez Ruiz (rúbrica), José Refugio Sandoval Rodríguez (rúbrica), Adriana Terrazas Porras (rúbrica), Wendolín Toledo Aceves (rúbrica), Yahleel Abdala Carmona (rúbrica).»

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Se pide a la Secretaría que abra el sistema electrónico por tres minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular del tercer proyecto de decreto.

El Secretario diputado Raúl Domínguez Rex:Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por tres minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular del tercer proyecto de decreto.

(Votación)

Diputado Jorge Carlos Marín, ¿El sentido de su votación?

El diputado Jorge Carlos Ramírez Marín (desde la curul): A favor.

El Secretario diputado Raúl Domínguez Rex:El diputado Zambrano.

El diputado José de Jesús Zambrano Grijalva (desde la curul): A favor.

El Secretario diputado Raúl Domínguez Rex:El diputado Neri, ¿el sentido de su voto?

El diputado Francisco Martínez Neri (desde la curul): A favor.

El Secretario diputado Raúl Domínguez Rex:El diputado Omar Ortega.

El diputado Omar Ortega Álvarez (desde la curul): A favor.

El Secretario diputado Raúl Domínguez Rex: ¿Falta algún diputado o alguna diputada por emitir su voto? Está abierto el sistema, diputado. Está abierto el sistema, diputado. ¿El sentido de su voto, diputado Francisco?

El diputado Francisco Alberto Torres Rivas (desde la curul): A favor.

El Secretario diputado Raúl Domínguez Rex: A favor. ¿Falta algún diputado o alguna diputada por emitir su voto? Adelante, diputada, está abierto el sistema. Ciérrese el sistema de votación electrónico. Se emitieron 383 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Aprobado en lo general y en lo particular por 383 votos, unanimidad de los presentes, el proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 6 de la Ley de los Institutos Nacionales de Salud. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.

LEY GENERAL DE SALUD

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen de la Comisión de Salud, con proyecto de decreto por el que se reforma el primer párrafo del artículo 35 de la Ley General de Salud.

El Secretario diputado Raúl Domínguez Rex:«Dictamen de la Comisión de Salud, con proyecto de decreto por el que se reforma el primer párrafo del artículo 35 de la Ley General de Salud

HONORABLE ASAMBLEA:

A la Comisión de Salud de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, le fue turnada para su estudio, análisis y dictamen correspondiente Minuta con Proyecto de Decreto que reforma el primer párrafo del artículo 35 de la Ley General de Salud, presentada por Senadores integrantes de diversos Grupos Parlamentarios de la LXII Legislatura de la Cámara de Senadores.

Esta Comisión con fundamento en las facultades que les confieren los artículos 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los artículos 86, 89, 94 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 80, 81, 82, 84, 85, y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados y habiendo analizado el contenido de la Minuta en comento, esta comisión somete a la consideración de los integrantes de esta Honorable Asamblea el presente dictamen.

METODOLOGÍA

En el capítulo de “ANTECEDENTES” se da constancia del proceso legislativo, en su trámite de inicio, recibo de turno para el dictamen de la referida Minuta y de los trabajos previos de la Comisión.

En el Capítulo correspondiente a “CONTENIDO DE LA MINUTA” se exponen los motivos y alcance de la propuesta de reforma en estudio.

En el capítulo de “CONSIDERACIONES” la Comisión dictaminadora expresa los argumentos de valoración de la propuesta y de los motivos que sustentan la decisión de respaldar o desechar la Minuta en análisis.

I. ANTECEDENTES

1. Con fecha 7 de noviembre de 2013, el senador José María Martínez Martínez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, de la LXII Legislatura, presentó Iniciativa, que contiene Proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 35 y 36 de la Ley General de Salud, en relación con el tema de atención médica a grupos vulnerables.

Con la misma fecha, en sesión plenaria de la Cámara de Senadores, la Presidencia de la Mesa Directiva dispuso que dicha Iniciativa fuera turnada a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, para su análisis y dictamen correspondiente.

2. Con fecha 5 de Marzo de 2015, los Senadores Adolfo Romero Lainas, Fernando Mayans Canabal, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, Maki Esther Ortiz Domínguez, Francisco Salvador López Brito, Martha Elena García Gómez, integrantes del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, Braulio Manuel Fernández Aguirre y Armando Neyra Chávez integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y Martha Palafox Gutiérrez integrante del Partido del Trabajo, suscribieron proyecto de decreto por el que se reforma la fracción X del artículo 27 de la Ley General de Salud, en relación con el tema de atención médica.

Con la misma fecha, en sesión plenaria de la Cámara de Senadores, la Presidencia de la Mesa Directiva dispuso que dicha Iniciativa fuera turnada a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, para su análisis y dictamen correspondiente.

3. Con fecha 07 de abril de 2016, se presentó ante el Pleno de la Cámara de Senadores el dictamen con modificaciones relativo al proyecto de decreto que reforma el artículo 35 de la Ley General de Salud. El dictamen fue aprobado con modificaciones con 71 votos. Con la misma fecha, la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores remitió el dictamen aprobado a la Cámara de Diputados para sus efectos constitucionales.

4. Con fecha 12 de abril de 2016, se comunicó ante el Pleno de la Cámara de Diputados, que se recibió de la Cámara de Senadores la Minuta con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 35 de la Ley General de Salud.

Con la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, dispuso que fuera turnada a la Comisión de Salud con número de expediente 2554para su análisis y dictamen correspondiente.

II. CONTENIDO DE LA MINUTA

La Minuta en análisis hace alusión al derecho a la protección de la salud como lo refiere el artículo 4° de nuestro máximo ordenamiento legal, en específico en emitir leyes sobre salubridad general a través de la fracción XVI del artículo 73 de nuestra Carta Magna.

El análisis de la Colegisladora comienza con la definición de Salud, adquirida de la Organización Mundial de la Salud (OMS) la cual dice, “Es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades”. Lo anterior menciona, que es importante acatar dicho precepto en cada país para elaborar políticas públicas tanto preventivas como paliativas que generen la cultura del cuidado de la salud de sus habitantes.

Menciona que con la aplicación de políticas de prevención, se mejoran los sistemas de salud y tienen un impacto positivo en la economía de nuestro país en materia de salud, mejor rendimiento laboral y otros beneficios más.

La Comisión dictaminadora de origen menciona normas jurídicas internacionales como lo es el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en el cual se enfoca en el artículo 12 que señala el derecho de todo individuo a disfrutar de salud física y mental.

También hace alusión a la Convención Americana sobre derechos humanos, en su numeral 26, que especifica la obligatoriedad de los Estados para garantizar mediante sus recursos el derecho a la protección de la salud.

Invoca el Protocolo Adicional de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en sus numerales 10.1 y 10.2, incisos a), d), e) y f) los cuales hablan sobre el derecho a toda persona a la protección de la salud y que los Estados Partes se comprometen a reconocer a la salud como un bien público.

Asimismo legitima la minuta en Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo 25 el cual especifica que, toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios.

Se fundamenta en la Declaración sobre el Derecho al Desarrollo en su artículo 8.1, que señala que: “Los Estados deben adoptar, en el plano nacional, todas las medidas necesarias para la realización del derecho al desarrollo...”,

La Colegisladora asevera que los servicios de salud dentro de México demandan mayor cantidad de recursos humanos, financieros, más infraestructura, lo que abre una buena oportunidad a mejorar los servicios de salud.

Con base en lo anterior, la Colegisladora define que la vulnerabilidad en salud se refiere a la falta de protección de grupos poblacionales específicos que presentan problemas de salud particulares, así como a las desventajas que enfrentan para resolverlos, en comparación con otros grupos de población.

Es por lo anterior que sugiere reformar el primer párrafo del artículo 35 de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

III. CONSIDERACIONES

PRIMERA. De acuerdo con el estudio y análisis de los argumentos esgrimidos en las “consideraciones” de la Minuta en comento, esta dictaminadora hace suyo el tema primordial del Derecho a la Protección de la Salud que tienen todos los mexicanos, establecido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 4° que a la letra dice:

“ Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución.”

El anterior artículo se describe que el Estado garantizará el derecho a la protección de la salud a través de políticas gubernamentales, programas sociales o instituciones públicas, con el fin de satisfacer esa necesidad pública primordial.

Un ejemplo y aplicación al derecho a la protección de la salud, es un fragmento en lo señalado en una jurisprudencia emanada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación máxima instancia de justicia en este país, que da interpretación al artículo de esta manera:

La Ley General de Salud, reglamentaria del derecho a la protección de la salud que consagra el artículo 4º, párrafo cuarto de la Carta Magna, establece en sus artículos 2o., 23, 24, fracción I, 27, fracciones III y VIII, 28, 29 y 33, fracción II, que el derecho a la protección de la salud tiene, entre otras finalidades, el disfrute de servicios de salud y de asistencia social que satisfaga las necesidades de la población; que por servicios de salud se entienden las acciones dirigidas a proteger, promover y restaurar la salud de la persona y de la colectividad;....

Amparo en revisión 2231/97. José Luis Castro Ramírez. 25 de octubre de 1999. Unanimidad de siete votos. Ausentes: Mariano Azuela Güitrón, Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, Humberto Román Palacios y Juan N. Silva Meza. Ponente: Mariano Azuela Güitrón; en su ausencia hizo suyo el proyecto Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria: Lourdes Ferrer Mac Gregor Poisot.

SEGUNDA. Esta comisión considera que la marginación de los individuos, personal y colectiva, produce desplazamiento social y segregación con independencia de la génesis de dicha situación. La desigualdad que de por sí es propia de la condición humana, se manifiesta en distintos órdenes: intelectual, físico, mental, educativo, económico, social, biológico y moral.

Las desigualdades económica y social son las principales causas generadoras de diferencias de grupo dividiendo a la sociedad en estratos o clases y suscita la distinción de niveles educativos y culturales. La distancia de esos niveles califica a las sociedades, o se clasifica cuando las comunidades debieran regirse por principios de igualdad y hacer iguales a sus componentes. La condición igualitaria se disipa según el aumento o intensificación de las distancias o cuando tales persisten por espacios prolongados.

El distanciamiento social crea dos grupos principales: débiles y fuertes, a los cuales, en función de la capacidad económica, se les identifica como pobres y ricos. La esencia de lo vital en el ser humano y su ánimo político hace que la desigualdad sacuda la conciencia y provoque fenómenos sociales como las revoluciones o las actividades políticas igualitarias para enfrentar la disparidad social en general.

TERCERA. El derecho asistencial es la rama del derecho social cuyas normas integran la actividad del Estado y los particulares, destinada a procurar una condición digna, decorosa y humana, para aquellas personas, y aun sociedades y Estados, que sin posibilidad de satisfacer por sí mismos sus más urgentes necesidades, y de procurarse su propio bienestar social, requieren de la atención de los demás jurídica y políticamente, en función de un deber jurídico, o en todo caso, de un altruista deber de caridad.

Esta definición puede adoptarse, recortando su última expresión un altruista deber de caridad en virtud de la sistematización actual acorde con los cambios político-sociales, principalmente si se considera que la caridad ha evolucionado a la solidaridad, término que abarca los conceptos religioso y laico de ayuda.

El derecho asistencial constituye, al lado de los derechos del trabajo, agrario, de previsión, prevención y seguridad social, un extenso sistema jurídico caracterizado por su expansión y dinamismo. Sus principales expresiones jurídicas se contienen en los artículos 27 y 123 de la nuestra Carta Magna, que garantizan los derechos sociales, fundamentados a su vez en los derechos individuales o derechos humanos.

Los derechos de cada individuo a la libertad, a la salud, a la educación, a la vivienda, al trabajo, etcétera, son factores igualitarios para el desarrollo integral, y representan los elementos garantes del derecho a la asistencia social. Cuando las circunstancias, cualesquiera que sean, obstaculizan la posibilidad de ese desarrollo, el individuo, potencialmente víctima del debilitamiento económico y social o perteneciente a grupos vulnerables, tiene derecho a la asistencia social para combatir y para remediar la necesidad.

La asistencia social como derecho se determina principalmente, y de manera general, en la Ley General de la Salud y la Ley sobre el Sistema Nacional de Asistencia Social que en su exposición de motivos señala que el nuevo concepto integral “conduce a una adecuada sistematización y organización de servicios [...] superando la dispersión de los esfuerzos, permite el apoyo a las personas y a grupos sociales más necesitados de protección”; refiriéndose a las acciones esporádicas e inconexas.

Por otra parte, uno de los avances fundamentales con la nueva concepción asistencial es el abatimiento y supresión de causas de marginación, con la tendencia a la integración de un sistema general de protección general que comprenda prevención, previsión, seguridad y protección.

CUARTA. Asistir significa ayudar o socorrer, es decir favorecer en caso de necesidad, por lo tanto, es posible utilizar el sinónimo de beneficencia y destacar que su ejercicio se desliga total y plenamente de la idea de lucro, y se asocia con fines humanitarios en general y actos de solidaridad, para el desarrollo social, términos empleados por la Ley de Instituciones de Asistencia Privada del Distrito Federal, artículo 1º.

La utilidad y funcionalidad pública de la acción la califican de social y la mantienen ajena a la causa de su origen: preventivo, previsorio o protector. La acción, por lo tanto, es social por su finalidad.

QUINTA. La vulnerabilidad en salud se entiende como la desprotección de ciertos grupos poblacionales ante daños potenciales a su salud, lo que implica mayores obstáculos y desventajas frente a cualquier problema de salud debido a la falta de recursos personales, familiares, sociales, económicos o institucionales.

El artículo 4 de la Ley de Asistencia Social que establece lo siguiente:

“ Artículo 4.- Tienen derecho a la asistencia social los individuos y familias que por sus condiciones físicas, mentales, jurídicas, o sociales, requieran de servicios especializados para su protección y su plena integración al bienestar.

Con base en lo anterior, son sujetos de la asistencia social, preferentemente:

...

III. Indígenas migrantes, desplazados o en situación vulnerable;”

Por ello, esta comisión coincide plenamente con la reforma al primer párrafo del artículo 35, para dar preferencia a las personas pertenecientes a grupos sociales en situación de vulnerabilidad, para la prestación de servicios de salud en establecimientos públicos que otorguen atención a población abierta, lo que resulta acorde con lo dispuesto por el artículo 3º fracción II, de la Ley General de Salud, que a la letra dice:

“ Artículo 3o.- En los términos de esta Ley, es materia de salubridad general:

...

La atención médica, preferentemente en beneficio de grupos vulnerables;

II bis. a XXVIII. ...”

SEXTA. Cabe señalar que referente a la definición utilizada por “grupos vulnerables” existe antecedente en materia legislativa utilizada por la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables: Persona o grupo que por sus características de desventaja por edad, sexo, estado civil; nivel educativo, origen étnico, situación o condición física y/o mental; requieren de un esfuerzo adicional para incorporarse al desarrollo y a la convivencia.

Según la definición del mismo órgano legislativo, los grupos vulnerables son aquellos grupos que por sus condiciones sociales, económicas, culturales o psicológicas pueden sufrir maltratos contra sus derechos humanos. Dentro de este grupo se encuentran insertas las personas de la tercera edad, personas con discapacidades, mujeres, niños, pueblos indígenas, personas con enfermedades mentales, personas con VIH/SIDA, trabajadores migrantes, minorías sexuales y personas detenidas.

El concepto de vulnerabilidad se aplica a aquellos sectores o grupos de la población que por su condición de edad, sexo, estado civil y origen étnico se encuentran en condición de riesgo que les impide incorporarse al desarrollo y acceder a mejores condiciones de bienestar.

La Ley General de Desarrollo Social define como grupos sociales en situación de vulnerabilidad a “aquellos núcleos de población y personas que por diferentes factores o la combinación de ellos, enfrentan situaciones de riesgo o discriminación que les impiden alcanzar mejores niveles de vida y, por lo tanto, requieren de la atención e inversión del Gobierno para lograr su bienestar”, en específico se transcribe el artículo 27 de la mencionada Ley que a la letra dice:

“ Artículo 27. Para los efectos del derecho a la protección de la salud, se consideran servicios básicos de salud los referentes a:

I. a IX...

X. La asistencia social a los grupos más vulnerables y, de éstos, de manera especial, a los pertenecientes a las comunidades indígenas, y

XI. La atención médica a los adultos mayores en áreas de salud geriátrica.”

Por lo anteriormente expuesto y fundado, esta dictaminadora emite su dictamen y, para los efectos de lo dispuesto en la fracción A, del Artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de la Honorable Asamblea, el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 35 DE LA LEY GENERAL DE SALUD.

Artículo Único.- Se reforma el primer párrafo del artículo 35 de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

Artículo 35.- Son servicios públicos a la población en general los que se presten en establecimientos públicos de salud a los residentes del país que así lo requieran, preferentemente a favor de personas pertenecientes a grupos sociales en situación de vulnerabilidad, regidos por criterios de universalidad y de gratuidad en el momento de usar los servicios, fundados en las condiciones socioeconómicas de los usuarios.

...

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas:

1. http://www.scielosp.org/pdf/rpsp/v35n4/08.pdf

2 http://archivos.diputados.gob.mx/Centros_Estudio/Cesop/Eje_tematico_old_1406201 1/9_gvulnerables_archivos/G_vulnerables/d_gvulnerables.htm

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de septiembre de 2016.

La Comisión de Salud, diputados:Elías Octavio Íñiguez Mejía (rúbrica), presidente; Sylvana Beltrones Sánchez (rúbrica), Marco Antonio García Ayala, Rosalina Mazari Espín (rúbrica), María Verónica Muñoz Parra, Pedro Luis Noble Monterrubio (rúbrica), Teresa de Jesús Lizárraga Figueroa (rúbrica), Eva Florinda Cruz Molina (rúbrica), José Guadalupe Hernández Alcalá, Araceli Madrigal Sánchez, Mariana Trejo Flores (rúbrica), Rosa Alba Ramírez Nachis (rúbrica), Melissa Torres Sandoval (rúbrica), Rosa Alicia Álvarez Piñones (rúbrica), Jesús Antonio López Rodríguez (rúbrica), secretarios; Xitlalic Ceja García (rúbrica), Román Francisco Cortés Lugo, Rocío Díaz Montoya (rúbrica), Pablo Elizondo García (rúbrica), Delia Guerrero Coronado (rúbrica), Roberto Guzmán Jacobo, Genoveva Huerta Villegas (rúbrica), Víctor Ernesto Ibarra Montoya (rúbrica), Alberto Martínez Urincho (rúbrica), Evelyn Parra Álvarez (rúbrica), Carmen Salinas Lozano (rúbrica), Karina Sánchez Ruiz (rúbrica), José Refugio Sandoval Rodríguez (rúbrica), Adriana Terrazas Porras (rúbrica), Wendolín Toledo Aceves (rúbrica), Yahleel Abdala Carmona (rúbrica).»

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Se pide a la Secretaría que abra el sistema electrónico por tres minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular del proyecto de decreto.

El Secretario diputado Raúl Domínguez Rex:Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por tres minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular del cuarto proyecto de decreto.

(Votación)

Diputado Neri.

El diputado Francisco Martínez Neri (desde la curul): A favor.

El diputado José de Jesús Zambrano Grijalva (desde la curul): A favor.

El diputado Omar Ortega Álvarez (desde la curul): A favor.

El diputado Jorge Carlos Ramírez Marín (desde la curul): A favor.

El Secretario diputado Raúl Domínguez Rex: ¿Falta algún diputado o diputada por emitir su voto? Ciérrese el sistema de votación electrónico. Se emitieron 384 votos a favor, cero abstenciones y cero en contra.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Aprobado en lo general y en lo particular por 384 votos, el proyecto de decreto por el que se reforma el primer párrafo del artículo 35 de la Ley General de Salud. Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.

LEY DE LA COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen de la Comisión de Asuntos Indígenas, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 6 de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.

La Secretaria diputada Isaura Ivanova Pool Pech: «Dictamen de la Comisión de Asuntos Indígenas, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 6o. de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Asuntos Indígenas de la LXIII Legislatura de esta Cámara de Diputados, le fue turnada para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente, la iniciativa con Proyecto de Decreto de la Comisión de Asuntos Indígenas de la Cámara de Diputados, por el que se reforma el artículo 6, de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, presentado por el Dip Luis de León Martínez Sánchez

De conformidad con lo establecido en los artículos 39 y 45 numeral 6, incisos f) y g) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como de los artículos 80, 82, 85 numeral 1, 176, 180, 182, del Reglamento de la Cámara de Diputados, La Comisión de Asuntos Indígenas somete a la consideración de esta Honorable Asamblea el presente dictamen.

Metodología

I.- En el apartado de “Antecedentes” se da constancia del trámite e inicio del proceso legislativo para elaborar el dictamen de la Iniciativa que nos ocupa.

II.- En la parte correspondiente a “Contenido de la Iniciativa” se plasma de manera resumida, el objeto, alcance y propuesta normativa de la iniciativa en estudio.

III.- En las “Consideraciones”, esta Comisión realiza los argumentos de valoración lógico-jurídicos, así como los razonamientos y motivos que sustentan el sentido del dictamen.

ANTECEDENTES

Primero. En la sesión de Comisión Permanente del segundo periodo de receso del primer año legislativo de la LXIII Legislatura, celebrada el 24 de agosto de 2016, la diputada Genoveva Huerta Villegas a nombre del Diputado Luis de León Martínez Sánchez integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se modifica el artículo 6 de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.

Segundo. En la misma fecha el Senador Roberto Gil Suarth, Presidente de la Mesa Directiva de dicha Comisión Permanente, turnó mediante oficio No. CP2R1A el expediente 1490, con la iniciativa en comento, a la Comisión de Asuntos Indígenas de la Cámara de Diputados para su estudio y la elaboración del dictamen correspondiente.

Tercero. El 30 de agosto de 2016, se recibió en la Comisión de Asuntos Indígenas copia del oficio No. CP2R1A, con anexo de duplicado de carátula del expediente Núm. 3423, de la Dirección de Proceso Legislativo de la Cámara de Diputados.

CONTENIDO DE LA INICIATIVA

El Proponente afirma tener la facultad de iniciar leyes con fundamento en el artículo 71 Constitucional.

El Proponente en su “Exposición de Motivos” establece que “ con fecha 2 de enero de 2013, se expidió el decreto mediante el cual se reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Con ésta nueva disposición desapareció la denominación de “Secretaría de la Reforma Agraria” y se dio origen a la “Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano”. Al tiempo que se realizó una transferencia entre sus atribuciones con acciones y contenidos concurrentes”.

El proponente señala que el artículo quinto transitorio del decreto de referencia señala–“Las menciones contenidas en otras leyes, reglamentos y en general en cualquier disposición, respecto de las Secretarías cuyas funciones se reforman por virtud de este Decreto, se entenderán referidas a las dependencias que, respectivamente, adquieren tales funciones”-.

Así mismo señala que el Décimo transitorio del mismo decreto establece –“ La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano será la dependencia que continuará atendiendo los asuntos pendientes de la materia agraria, en términos de lo establecido por el artículo tercero transitorio del Decreto por el que se reforma el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 6 de enero de 1992”.

Por lo que con la reforma propuesta al artículo sexto de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, el Diputado busca cambiar la denominación actual de “Secretaría de la Reforma Agraria” por la denominación “Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano” establecida en el “que en particular en el artículo 26 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal de fecha 2 de enero de 2013.

El Diputado Proponente afirma que resulta pertinente actualizar la denominación de las dependencias del Gobierno Federal, además de armonizar los ordenamientos jurídicos-administrativos con las nomenclaturas vigentes.

Para la armonización legislativa planteada el legislador propone la modificación del artículo 6° de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, de la siguiente manera:

Único.- se reforma el artículo 6, fracción II, inciso l), de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, para quedar como sigue:

Artículo 6. La Junta de Gobierno estará integrada por:

I........;

II. El titular de cada una de las siguientes Secretarías de Estado:

a-k)...

l) Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano;

......

TRANSITORIOS

Único.-El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Una vez realizado el análisis de la propuesta normativa esta Comisión realiza las siguientes:

CONSIDERACIONES

Primera. Que esta Comisión conforme al artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso de la Unión, su competencia corresponde en lo general a la elaboración de dictámenes, a fin de que la Cámara de Diputados cumpla con sus atribuciones constitucionales y legales.

Segundo. Que de conformidad con lo establecido en el “publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de enero de 2013 en razón de la desaparición de la Secretaria de la Reforma Agraria y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano será la dependencia que continuará atendiendo los asuntos pendientes de la materia agraria, es que esta Comisión dictaminadora considera idónea la forma en que el Iniciador propone realizar la actualización normativa de la denominación de la actual Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbanoen la Junta de Gobierno de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos indígenas establecida en artículo 6 de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos indígenas, para quedar como sigue, considerando ciertas modificaciones de técnica legislativa:

Tercera.Que para mayor apreciación y reforzamiento sobre la pertinencia de actualizar la nomenclatura de las dependencias y a fin de dar claridad en la interpretación que se haga de la denominación de la actual Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, cambiando el nombre de la extinta Secretaria de la Reforma Agraria en la composición de la Junta Directiva de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, esta Comisión dictaminadora considera invocar la interpretación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de la Tesis Jurisprudencial: XVI.1o.A.72 A (10a.), publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, en el cual el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Sexto Circuito toma la resolución de que la fundamentación de una multa por infracciones de tránsito en carreteras federales, es indebida si la autoridad justifica su competencia material y territorial en acuerdos de autoridades de la Secretaría de Seguridad Pública que dejaron de tener vigencia por la derogación de la norma legal y abrogación del reglamento en que se fundan en relación con elpublicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de enero de 2013, el cual derogó el artículo 30 bis, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, y que tuvo como finalidad extinguir la Secretaría de Seguridad Pública para que sus tareas en esa materia y en la de prevención del delito se transfirieran a la Secretaría de Gobernación.

El decreto publicado el 2 de enero de 2013 en el Diario Oficial de la Federación que, entre otros, derogó el artículo 30 bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, tuvo como finalidad extinguir la Secretaría de Seguridad Pública, para que sus tareas en esa materia y en la de prevención del delito se transfirieran a la Secretaría de Gobernación. Derivado de lo anterior, el artículo segundo transitorio del reglamento interior de esta última, publicado el 2 de abril del mismo año en ese medio de difusión oficial, abrogó los reglamentos interiores de ambas dependencias, que hasta ese momento regían. Por tanto, si con posterioridad la autoridad funda una multa por infracciones de tránsito en carreteras federales, en los acuerdos 01/2010 del titular de la División de Seguridad Regional de la Policía Federal, por el que se expiden Lineamientos de operación para la imposición de sanciones por violación a las disposiciones legales en materia de tránsito, autotransporte federal, sus servicios auxiliares y transporte privado y 01/2011 del secretario de Seguridad Pública, por el que se determinan las circunscripciones territoriales en las que tendrán competencia las Coordinaciones Estatales de la Policía Federal, expedidos con fundamento en el derogado artículo 30 Bis, fracción X, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, así como en los diversos 3, fracción XXIX, inciso a), 8, fracción XV y 39, fracción I, del Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad Pública abrogado, esa fundamentación de su competencia material y territorial es indebida, porque estos acuerdos dejaron de tener vigencia por la derogación de la norma legal y abrogación del reglamento en que se fundan.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL DÉCIMO SEXTO CIRCUITO.

Amparo directo 71/2015. Transportes Castores de Baja California, S.A. de C.V. 30 de abril de 2015. Unanimidad de votos. Ponente: Víctor Manuel Estrada Jungo. Secretario: Nelson Jacobo Mireles Hernández.

Amparo directo 110/2015. Transportes Castores de Baja California, S.A. de C.V. 28 de mayo de 2015. Unanimidad de votos. Ponente: Ariel Alberto Rojas Caballero. Secretario: Arturo Amaro Cázarez.

Amparo directo 135/2015. Transportes Castores de Baja California, S.A. de C.V. 4 de junio de 2015. Unanimidad de votos. Ponente: Ariel Alberto Rojas Caballero. Secretaria: Silvia Vidal Vidal.

Esta tesis se publicó el viernes 8 de enero de 2016 a las 10:10 horas en el Semanario Judicial de la Federación.

Bajo este supuesto, esta Comisión dictaminadora, coincide con el proponente en que resulta pertinente actualizar la denominación de las dependencias del Gobierno Federal, ya que además de armonizar los ordenamientos jurídicos-administrativos con las nomenclaturas vigentes, también, con ello se dota de certeza jurídica a los actos que realice la Junta de Gobierno de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, en cuanto a la denominación actual del representante de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, en congruencia con las facultades de esta Secretaría y su participación en la Junta de Gobierno de la Comisión.

Por lo anteriormente expuesto y fundado esta Comisión de Asuntos Indígenas de la LXIII legislatura somete a la consideración de la H. Asamblea el siguiente Proyecto de

Decreto por el que se reforma el artículo 6 de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas

Artículo Único. - Se reforma el artículo 6, fracción II, inciso l) de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, para quedar como sigue:

Artículo 6. La Junta de Gobierno estará integrada por:

I ...

II. El titular de cada una de las siguientes Secretarías de Estado:

a) a k) ...

l) Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano;

m) ...

III. y IV ...

...

TRANSITORIO

Único.-El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas:

[1] Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, en el Libro 26, enero de 2016, Tomo IV

La Comisión de Asuntos Indígenas, diputados:Vitálico Cándido Coheto Martínez (rúbrica), presidente; Dora Elena Real Salinas (rúbrica), Hernán de Jesús Orantes López, Miguel Ángel Sulub Caamal (rúbrica), Edith Villa Trujillo (rúbrica), Lillian Zepahua García (rúbrica), Hugo Alejo Domínguez (rúbrica), Joaquín Jesús Díaz Mena (rúbrica), Luis de León Martínez Sánchez (rúbrica), Victoriano Wences Real (rúbrica), Modesta Fuentes Alonso (rúbrica), Karina Sánchez Ruiz (rúbrica), Jorge Álvarez López (rúbrica), secretarios; Rosa Guadalupe Chávez Acosta (rúbrica), Eva Florinda Cruz Molina (rúbrica), Próspero Manuel Ibarra Otero (rúbrica), Araceli Madrigal Sánchez (rúbrica), Cesáreo Jorge Márquez Alvarado (rúbrica), María Elena Orantes López (rúbrica), Janette Ovando Reazola, Álvaro Rafael Rubio, Heidi Salazar Espinosa (rúbrica), Christian Joaquín Sánchez Sánchez, Guillermo Rafael Santiago Rodríguez (rúbrica), Francisco Ricardo Sheffield Padilla (rúbrica), Timoteo Villa Ramírez (rúbrica).»

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Está a discusión en lo general y en lo particular. No habiendo lista de oradores registrada, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular.

La Secretaria diputada Isaura Ivanova Pool Pech:Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular. Los diputados y las diputadas que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Diputado presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Suficientemente discutido en lo general y en lo particular.

Se pide a la Secretaría abra el sistema electrónico, por tres minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular.

La Secretaria diputada Isaura Ivanova Pool Pech:Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por tres minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular.

(Votación)

¿Falta algún diputado o diputada por emitir su voto? De viva voz.

El diputado Francisco Martínez Neri (desde la curul): A favor.

El diputado José de Jesús Zambrano Grijalva (desde la curul): A favor.

El diputado Omar Ortega Álvarez (desde la curul): A favor.

La Secretaria diputada Isaura Ivanova Pool Pech: ¿Algún diputado falta por emitir su voto? Ciérrese el sistema electrónico de votación. Se emitieron 378 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Aprobado en lo general y en lo particular por 378 votos, el proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 6 de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. Pasa al Senado, para sus efectos constitucionales.

LEY GENERAL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA ATENCIÓN, CUIDADO Y DESARROLLO INTEGRAL INFANTIL

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen de la Comisión de Derechos de la Niñez, con proyecto de decreto por el que se adicionan los artículos 12 y 19 de la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil.

La Secretaria diputada Isaura Ivanova Pool Pech:«Dictamen de la Comisión de Derechos de la Niñez, con proyecto de decreto por el que se adicionan los artículos 12 y 19 de la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil

Honorable Asamblea

A la Comisión de Derechos de la Niñez de la LXIII Legislatura le fue turnada para su estudio y dictamen la Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona una fracción XI al artículo 12 y una fracción VIII al artículo 19 de la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil.

Está Comisión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 45, numerales 6, incisos e) y f), y 7, y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 67, 80, 82, numeral 1, 85, 157, numeral 1, fracción I, y 158, numeral 1, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás relativos de dicho ordenamiento y habiendo analizado el contenido de la iniciativa de referencia, somete a la consideración de esta Honorable Asamblea el presente dictamen en sentido positivo, al tenor de la siguiente:

Metodología

La Comisión de Derechos de la Niñez encargada del análisis y dictamen de la iniciativa en comento, desarrolló los trabajos correspondientes conforme al procedimiento que a continuación se describe:

En el apartado denominado “Antecedentes”, se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, así como de la recepción y turno para el dictamen de las iniciativas.

En el apartado “Contenido de la Iniciativa”, se exponen los objetivos y se hace una descripción de la iniciativa en la que se resume su contenido, motivos y alcances.

En el apartado de “Consideraciones”, los integrantes de la Comisión dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos por cada una de las adiciones planteadas, con base en los cuales se sustenta el sentido del presente dictamen.

Antecedentes

l. Con fecha 6 de octubre del 2016, la diputada Norma Edith Martínez Guzmán del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, haciendo uso de la facultad que le confiere el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentó al Pleno de la Cámara de Diputados, la Iniciativa con proyecto que adiciona una fracción XI al artículo 12 y una fracción VIII al artículo 19 de Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil.

2. En la misma fecha, el Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados dispuso que dicha iniciativa fuera turnada a la Comisión de Derechos de la Niñez para su estudio y dictamen.

Contenido de la Iniciativa

Hace hincapié la proponente en que la familia es el primer espacio donde los niños se desarrollan y aprenden. Los cambios sociales que se han vivido en las últimas décadas, han permitido la paulatina inserción de las mujeres en el campo laboral, dejando a cambio, parcialmente, el cuidado de los hijos en el hogar. Este cambio de paradigma trajo consigo una nueva búsqueda de soluciones, en esta ocasión para acercarse a la conciliación entre la vida familiar y la carrera profesional y/o laboral, dando lugar a lo que hoy se conoce comúnmente como guarderías o centros de atención infantil.

Estas circunstancias han cambiado la dinámica familiar, se estima pertinente crear mecanismos de participación y de evaluación dentro de los centros de atención, en donde cuidadores, maestros y padres de familia de manera organizada, contribuyan a la mejora de la educación, atención y seguridad en los mismos.

Asevera que la participación de los padres de familia ha adquirido relevancia en la educación de los hijos, más en etapas tempranas, incluso estando ciertos de que la influencia que aquellos pueden ejercer antes del nacimiento del hijo, en el modelaje del cerebro prenatal y la adquisición posterior de lenguaje “El aprendizaje comienza con el nacimiento. “Ello exige el cuidado temprano y la educación inicial de la infancia. Estos requerimientos pueden enfrentarse a través de medidas que involucren programas para familias, comunidades o instituciones, según sea conveniente”.

Menciona que históricamente las guarderías en México han tenido un desarrollo muy lento y poco eficiente. “En 1973 el Estado mexicano empezó a invertir realmente en ese rubro cuando se incorporó a la Ley del Seguro Social.”

“Los tipos básicos de guardería en México son tres: el de acceso restringido a hijos de trabajadores derechohabientes (como las del IMSS, ISSSTE o de empresas privadas); el de guarderías con algún tipo de apoyo económico por parte del DIF, alguna delegación política u organización no gubernamental, dirigidas principalmente a la población más desprotegida económicamente; y las particulares o privadas, que son establecimientos con fines de lucro”,3 al hablar del servicio de guarderías nos referimos al cuidado de niños desde 43 días de edad hasta los 5 años 11 meses.

Actualmente, todas estas modalidades se encuentran regidas bajo la vigente Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, publicada en el Diario Oficial de la Federación en octubre de 2011, siendo una norma que respondió a una tragedia por todos conocida hace más de cinco años, la cual prevé de acuerdo con el artículo primero, que se debe garantizar el acceso de los menores de edad a esos servicios en condiciones de igualdad, calidad, calidez, seguridad y protección adecuadas.

Más allá de lo que la Ley de los Centros de Atención instituye, pudimos observar que no se estableció la participación activa de los padres de familia como los primeros responsables en el cuidado y educación de sus hijos, señala por ejemplo, en su artículo 52 fracción V que el programa de trabajo debe contener: Las formas y actividades de apoyo a los padres, las personas que ejerzan la tutela o custodia, o quien sea responsable del cuidado y crianza, para fortalecer la comprensión de sus funciones en la atención, cuidado y desarrollo integral de la niña o niño, así mismo, en su artículo 53, se establece que se consideran como actividades de la institución la información y apoyo a los padres, tutores o quienes tengan la responsabilidad del cuidado o crianza, para fortalecer la comprensión de sus funciones en la educación de niñas y niños, nunca su participación.

Menciona que con las presentes adiciones estaremos devolviendo la potestad que tienen los padres de familia con relación a la educación y cuidado de sus hijos. Consideramos que en la medida en que se establezca que son los padres los primeros educadores, siendo los cuidadores y maestros de los Centros de Atención colaboradores en esta función esencial de la familia, lograremos mejores resultados desde la atención temprana.

Asimismo, se propone también establecer en la Ley que una de las principales características que la atención temprana debe tener, es la evaluación del desarrollo del niño que asiste al Centro de Atención, mediante pruebas diagnósticas que puntualicen su progreso infantil como herramienta de medición.

Pugnar por un mejor cuidado infantil en la familia, en la escuela y en la sociedad desde la primera infancia, para tener como resultado un México competitivo que puedan enfrentar su entorno con habilidades y conocimientos cimentados en el respeto de la dignidad humana.

En síntesis menciona que las presentes adiciones servirán para que exista un desarrollo positivo para las niñas, niños y adolescentes.

Por lo expuesto, someto a consideración de la asamblea la presente iniciativa con proyecto de

Decreto

Único. Se adiciona la fracción XI al artículo 12 y se adiciona la fracción VIII al artículo 19 de la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil.

Artículo 12. Con el fin de garantizar el cumplimiento de los servicios a que se refiere esta Ley, en los Centros de Atención se contemplarán las siguientes actividades:

I. a X.

XI. Implementar mecanismos de participación de los padres de familia o de quien ejerza la tutela de niñas y niños, respecto de su educación y atención.

Artículo 19. La Política Nacional a la que se refiere el presente Capítulo, deberá tener al menos los siguientes objetivos:

I. a VII.

VIII. Implementar mecanismos de participación de padres de familia y de quienes ejercen la tutela de niñas y niños, para el diseño, implementación, monitoreo y evaluación de los servicios que presten los Centros de Atención.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Establecidos los antecedentes y el contenido de la iniciativa, los miembros de la Comisión de Derechos de la Niñez de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados que suscriben el presente dictamen exponemos las siguientes:

Consideraciones

Primero. La Comisión dictaminadora realizó el estudio y análisis de los planteamientos de la Iniciativa, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente Dictamen.

Segundo. El artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, precisa que en todas las decisiones y actuaciones del Estado velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez.

Tercero. La Convención sobre los Derechos del Niño, refiere un marco amplio de diversas garantías efectivas hacia las niñas y los niños, a saber, entre las que encontramos: el interés superior del niño, la no discriminación, el derecho a la supervivencia, al desarrollo, a la protección y a la participación en todos aquellos aspectos de la vida que les conciernen.

De ahí que la Convención de los Derechos del Niño establece en sus artículos 3, 4, 24 y 27, lo siguiente:

1. En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño.

2. los Estados Partes se comprometen a asegurar al niño la protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutores u otras personas responsables de él ante la ley y, con ese fin, tomarán todas las medidas legislativas y administrativas adecuadas.

Los Estados parte adoptarán todas las medidas administrativas, legislativas y de otra índole para dar efectividad a los derechos reconocidos en la presente Convención. En lo que respecta a los derechos económicos, sociales y culturales, los Estados Partes adoptarán esas medidas hasta el máximo de los recursos de que dispongan y, cuando sea necesario, dentro del marco de la cooperación internacional.

1. Los Estados Partes reconocen el derecho del niño al disfrute del más alto nivel posible de salud y a servicios para el tratamiento de las enfermedades y la rehabilitación de la salud. Los Estados Partes se esforzarán por asegurar que ningún niño sea privado de su derecho al disfrute de esos servicios sanitarios.

2. los Estados Partes asegurarán la plena aplicación de este derecho y, en particular, adoptarán las medidas apropiadas para:

a) Reducir la mortalidad infantil y en la niñez;

b) Asegurar la prestación de la asistencia médica y la atención sanitaria que sean necesarias a todos los niños, haciendo hincapié en el desarrollo de la atención primaria de salud;

1. los Estados Partes reconocen el derecho de todo niño a un nivel de vida adecuado para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social.

Debemos reconocer que el marco jurídico internacional, por conducto de los instrumentos internacionales que México ha suscrito y ratificado, obliga a nuestro país como Estado parte a proteger a la niña, niño y adolescente contra toda forma perjudicial para su bienestar.

Cuarto. En este tenor, es importante recordar que como parte del proceso de desarrollo global en el que nos encontramos, en México, la situación económica y social ha cambiado en los últimos 40 años, y esto ha traído consigo la transformación de la clase trabajadora, los roles han cambiado y, en la actualidad, la mujer tiene una presencia más activa en el campo laboral, lo que genera que la estructura y la dinámica de las familias en el país sea diferente y, en consecuencia, las necesidades también cambian.

En particular vemos que las necesidades de las niñas y niños cuyos padres trabajan, quienes al no poder atenderlos durante el horario laboral, requieren de un lugar para su cuidado y atención.

Actualmente, un gran número de padres y madres de familia cuentan con prestaciones laborales o sociales, entre las que se encuentran las de guarderías o estancias infantiles, donde las niñas y niños reciben cuidados mientras ellos laboran.

Ante el aumento de usuarios y de lugares que prestan estos servicios, aunado a los riesgos y especial atención que requieren, es que resulta necesario conocer las condiciones en que operan los Centros de Atención (CA) públicos, mixtos y privados que prestan estos servicios para asegurar su buen funcionamiento y, sobre todo, garantizar el derecho que tienen niñas y niños a formarse física, psíquica, emocional y socialmente en condiciones de igualdad y seguridad.

A partir del año 2009, la visión que se tiene acerca del cuidado y desarrollo infantil dio un giro, y con la promulgación de la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, se plasman los principios básicos que deben regir tanto las actividades de cuidado infantil como la seguridad en los Centros de Asistencia.

A grandes rasgos y contemplando lo que establece esta ley en cuanto a la protección de menores, mecanismos de participación de los diferentes entes encargados de supervisión de los Centros de Asistencia y, para que exista un debido desarrollo infantil, la ley contempla lo siguiente:

El Ejecutivo Federal por conducto de sus dependencias y entidades, los Poderes Ejecutivos de los Estados, del Distrito Federal y los órganos político-administrativos de sus demarcaciones territoriales y los Municipios garantizarán, en el ámbito de sus competencias, que la prestación de los servicios para la atención, cuidado y desarrollo integral infantil se oriente a lograr la observancia y ejercicio de los siguientes derechos de niñas y niños:

I. A un entorno seguro, afectivo y libre de violencia;

II Al cuidado y protección contra actos u omisiones que puedan afectar su integridad física o psicológica;

III. A la atención y promoción de la salud;

IV. A recibir la alimentación que les permita tener una nutrición adecuada;

V. A recibir orientación y educación apropiada a su edad, orientadas a lograr un desarrollo físico, cognitivo, afectivo y social hasta el máximo de sus posibilidades, así como a la comprensión y el ejercicio de sus derechos;

VI. Al descanso, al juego y al esparcimiento;

VII. A la no discriminación;

VIII A recibir servicios de calidad y con calidez, por parte de personal apto, suficiente y que cuente con formación o capacidades desde un enfoque de los derechos de la niñez, y

Con el fin de garantizar el cumplimiento de los servicios a que se refiere esta Ley, en los Centros de Atención se contemplarán las siguientes actividades:

VIII. Apoyo al desarrollo biológico, cognoscitivo, psicomotriz, y socio-afectivo;

X. Información y apoyo a los padres, tutores o quienes tengan la responsabilidad del cuidado o crianza, para fortalecer la comprensión de sus funciones en la educación de niñas y niños.

La rectoría de los servicios para la atención, cuidado y desarrollo integral infantil corresponde al Estado, que tendrá una responsabilidad indeclinable en la autorización, funcionamiento, monitoreo, supervisión y evaluación de dichos servicios.

El Consejo tendrá los siguientes objetivos:

II. Coordinar esfuerzos de las dependencias y entidades que conforman el Consejo, para promover mecanismos que permitan mejorar la calidad de los servicios para la atención, cuidado y desarrollo integral infantil, y

III. Impulsar acciones de gobierno para ofrecer un servicio de atención, cuidado y desarrollo integral infantil con criterios comunes de calidad, a través del fomento de actividades de capacitación, certificación, supervisión y seguimiento de los servicios.

La Federación, los Estados, Municipios, el Distrito Federal y los órganos político-administrativos de sus demarcaciones territoriales, en el ámbito de sus respectivas competencias y conforme lo determine el Reglamento, otorgarán las autorizaciones respectivas a los Centros de Atención cuando los interesados cumplan las disposiciones que señala esta Ley y los requisitos siguientes:

V. Contar con manual para las madres, padres o quienes tengan la tutela, custodia o la responsabilidad de crianza y cuidado de la niña o niño;

VI. Contar con un Programa de Trabajo que contenga las actividades que se desarrollarán en los Centros de Atención;

El programa de trabajo a que se refiere la fracción VI del artículo 50 de la presente Ley, deberá contener al menos la siguiente información:

V. Las formas y actividades de apoyo a los padres, las personas que ejerzan la tutela o custodia, o quien sea responsable del cuidado y crianza, para fortalecer la comprensión de sus funciones en la atención, cuidado y desarrollo integral de la niña o niño;

VIII. El procedimiento para la entrega de información a los padres, las personas que ejerzan la tutela o custodia o quien sea responsable del cuidado y crianza, sobre el desempeño y desarrollo integral de niñas y niños.

La información y los documentos a que se refiere el artículo 50, estarán siempre a disposición de las personas que tengan la tutela o custodia o de quienes tengan la responsabilidad del cuidado y crianza de niñas y niños.

A través de las políticas públicas relacionadas con la prestación de servicios para la atención, cuidado y desarrollo integral infantil, se fomentará la participación de los sectores social y privado, en la consecución del objeto de esta Ley y de conformidad con la política nacional en la materia.

La Federación, los Estados, los Municipios, el Distrito Federal y los órganos político-administrativos de sus demarcaciones territoriales, en el ámbito de sus respectivas competencias y conforme lo determine el Reglamento, deberán efectuar, cuando menos cada seis meses, visitas de verificación administrativa a los Centros de Atención de conformidad con la Ley Federal de Procedimiento Administrativo en el ámbito federal y con las legislaciones locales correspondientes en la esfera de competencia de las Entidades Federativas.

Aunado a lo anterior, el artículo 64 establece que:

A mayor abundamiento y de conformidad con la regulación que existe en la materia tenemos el eje rector que el estado ha implementado para seguir salvaguardado a este sector mismo que lo contempla como una política pública en el “Plan Nacional de Desarrollo- Programa Nacional de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil 2014-2018”; en el que se destaca:

Propiciar la creación de la RED Nacional de ACDII a fin de fomentar la coparticipación de todos los sectores involucrados.

Impulsar la coparticipación de los sectores involucrados, es relevante para garantizar el interés superior del niño, a través de la difusión en conferencias, foros y trípticos sobre la importancia de los derechos fundamentales de las niñas y los niños, así como fomentar la igualdad de oportunidades de todos los sectores de la población, promoviendo los servicios a grupos vulnerables, niños con alguna discapacidad y garantizando el acceso a los Centros de Atención.

Fomentar la creación de Modelos de Desarrollo Comunitario para la consolidación de los C4.

Propiciar la homogeneización de normas de protección civil, así como trámites de instalación y operación de los servicios de ACDII.

La salvaguarda de las niñas y los niños en los Centros de Atención es indispensable para asegurar la integridad física y la vida de los infantes, impulsando la capacitación, supervisión, la calidad de los espacios y la aplicación de las normas en materia de protección civil.

Favorecer la generalización de prácticas de salud, educativas y alimentarias de éxito que propicien la mejora en la ACDII.

Impulsar la mejora de los servicios de Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, es el pilar para lograr, que el Cuidado y Desarrollo Infantil vayan de la mano y con ello garantizar a las niñas y a los niños que asistan a los Centros de Atención, desarrollen su potencial físico cognitivo y social; así como garantizar sus derechos fundamentales, creando niños felices y potencializando adultos sanos.

Es este sentido, esta dictaminadora coincide en la necesidad de la reforma planteada a los artículos 12 y 19 de la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, ya que con su aprobación se enriquecería el marco normativo en la materia.

En mérito de lo expuesto, está Dictaminadora, con base a las consideraciones anteriores y el análisis de la misma Iniciativa, somete a la consideración de esta Honorable Asamblea, el siguiente proyecto de:

DECRETO POR El QUE SE ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA ATENCIÓN, CUIDADO Y DESARROLLO INTEGRAL INFANTIL.

Artículo Único. Se adicionan los artículos 12 con una fracción XI y 19 con una fracción VIII de la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, para quedar como sigue:

Artículo 12. ...

I. a IX. ...

X. Información y apoyo a los padres, tutores o quienes tengan la responsabilidad del cuidado o crianza, para fortalecer la comprensión de sus funciones en la educación de niñas y niños; y

XI. Implementar mecanismos de participación de los padres de familia o de quien ejerza la tutela de niñas y niños, respecto de su educación y atención.

Artículo 19. ...

I. a V. ...

VI. Fomentar la equidad de género;

VII. Garantizar criterios cuantitativos y cualitativos de los servicios, de conformidad con las prioridades que defina el Consejo, y de los requerimientos y características de los modelos de atención, y

VIII. Implementar mecanismos de participación de padres de familia y de quienes ejercen la tutela de niñas y niños, para el diseño, implementación, monitoreo y evaluación de los servicios que presten los Centros de Atención.

Transitorio

Único. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de octubre del 2016.

La Comisión de Derechos de la Niñez, diputados:Jesús Salvador Valencia Guzmán (rúbrica), presidente; Juana Aurora Cavazos Cavazos, Julieta Fernández Márquez, Alicia Guadalupe Gamboa Martínez (rúbrica), María Soledad Sandoval Martínez (rúbrica), Mariana Arámbula Meléndez (rúbrica), Mónica Rodríguez Della Vecchia (rúbrica), Rafael Hernández Soriano (rúbrica), María Antonia Cárdenas Mariscal (rúbrica), Angélica Reyes Ávila (rúbrica), Norma Edith Martínez Guzmán (rúbrica), Claudia Villanueva Huerta (rúbrica), secretarios; Jorge Álvarez Maynez, Erika Lorena Arroyo Bello (rúbrica), Ana María Boone Godoy (rúbrica), Paloma Canales Suárez, Martha Lorena Covarrubias Anaya (rúbrica), Rosa Guadalupe Chávez Acosta, Virginia Nallely Gutiérrez Ramírez (rúbrica), Irma Rebeca López López (rúbrica), Rocío Matesanz Santamaría, Ariadna Montiel Reyes, María Verónica Muñoz Parra, Jacqueline Nava Mouett (rúbrica), Ximena Tamaris García (rúbrica), María Luisa Beltrán Reyes (rúbrica), María Concepción Valdés Ramírez (rúbrica), Araceli Guerrero Esquivel (rúbrica).»

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Está a discusión en lo general y en lo particular. No habiendo oradores registrados, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular.

El Secretario diputado Andrés Fernández del Valle Laisequilla:Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Suficientemente discutido en lo general y en lo particular.

Se pide a la Secretaría abra el sistema electrónico de votación, por tres minutos, para proceder a su votación en lo general y en lo particular.

El Secretario diputado Andrés Fernández del Valle Laisequilla:Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico, hasta por tres minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular.

(Votación)

¿Alguna diputada o diputado que falte por emitir su voto?

El diputado Francisco Martínez Neri (desde la curul): A favor.

El diputado José de Jesús Zambrano Grijalva (desde la curul): A favor.

El diputado Omar Ortega Álvarez (desde la curul): A favor.

El Secretario diputado Andrés Fernández del Valle Laisequilla: ¿Ningún diputado falta por emitir su voto? Ciérrese el sistema de votación electrónico. Se emitieron 380 votos a favor, 0 abstenciones, 0 en contra.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Aprobado en lo general y en lo particular por 380 votos el proyecto de decreto por el que se adicionan los artículos 12 y 19 de la Ley General de Prestaciones y Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.

LEY GENERAL DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen de la Comisión de Derechos de la Niñez, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

El Secretario diputado Andrés Fernández del Valle Laisequilla:«Dictamen de la Comisión de Derechos de la Niñez, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes

Honorable Asamblea

A la Comisión de Derechos de la Niñez de la LXIII Legislatura le fue turnada para su estudio y dictamen la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

Está Comisión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 45, numerales 6, incisos e) y f), y 7, y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 67, 80, 82, numeral 1, 85, 157, numeral 1, fracción I, y 158, numeral 1, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás relativos de dicho ordenamiento y habiendo analizado el contenido de la iniciativa de referencia, somete a la consideración de esta Honorable Asamblea el presente dictamen en sentido positivo, al tenor de la siguiente:

Metodología

La Comisión de Derechos de la Niñez encargada del análisis y dictamen de la iniciativa en comento, desarrolló los trabajos correspondientes conforme al procedimiento que a continuación se describe:

En el apartado denominado “Antecedentes”, se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, así como de la recepción y turno para el dictamen de las iniciativas.

En el apartado “Contenido de la Iniciativa”, se exponen los objetivos y se hace una descripción de la iniciativa en la que se resume su contenido, motivos y alcances.

En el apartado de “Consideraciones”, los integrantes de la Comisión dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos por cada una de las adiciones planteadas, con base en los cuales se sustenta el sentido del presente dictamen.

Antecedentes

1. Con fecha 11 de octubre del 2016, el diputado Rafael Hernández Soriano integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXIII Legislatura, haciendo uso de la facultad que le confiere el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentó al Pleno de la Cámara de Diputados, la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

3. El Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados dispuso que dicha iniciativa fuera turnada a la Comisión de Derechos de la Niñez para su estudio y dictamen.

Contenido de la Iniciativa

Hace mención el proponente que existe la necesidad de dotar al Sistema Nacional de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y a su Secretaría Ejecutiva de herramientas jurídicas que les permitan llevar a cabo de manera efectiva las atribuciones que les asigna la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

Esto con la finalidad de cumplir con las observaciones que realizo el Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas en su sesión sexagésima novena, que en su numeral 12 indica:

12. El Comité insta al Estado parte a establecer de manera expedita el SNPI y a garantizar que este sistema sea proveído con los recursos humanos, técnicos y financieros necesarios para su efectico funcionamiento a nivel federal, estatal y municipal. En particular, el Comité recomienda al Estado parte que:

-Establezca las Secretarías Ejecutivas a nivel federal, estatal y municipal;

-Establezca las Procuradurías de Protección Especial a nivel federal y estatal y garantice que funciones de acuerdo a los contenidos de la LGDNNA.

En la Iniciativa se indica que con la publicación de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en el Diario Oficial de la Federación el 4 de diciembre de 2014, se configura una nueva etapa para la infancia y adolescencia en México, ya que se establece la garantía y protección de sus derechos; así como se crea una coordinación entre el gobierno y la sociedad para trabajar en materia de los derechos de la niñez y adolescencia articulándolo bajo el principio del interés superior de la niñez.

Resalta que uno de los principales aportes en México en materia de los derechos de los menores es la creación del Sistema Nacional de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que tiene la finalidad de asegurar la protección de sus derechos al establecer políticas, instrumentos, procedimientos y acciones que regularan la materia.

Con el fin de dotar al Sistema de mayores herramientas jurídicas, entre sus atribuciones se propone que en materia de la conformación y elaboración del Sistema Nacional de Información se coordine con los diferentes órganos de gobierno y otros sistemas nacionales de información, respondiendo al principio de integralidad en la que se configura la comunicación y coordinación entre los tres órdenes de gobierno e instituciones que tengan datos de menores, para contar con información más precisa y objetiva.

Destaca que, los-Sistemas Nacional, locales y municipales complementan el Sistema de Protección Integral y desarrollan la política nacional de protección de los derechos de la niñez y la adolescencia de manera concurrente de acuerdo con sus respectivas competencias y se coordinarán entre sí a través de sus Secretarías Ejecutivas. Las secretarías ejecutivas son las responsables de coordinar las acciones que se desarrollan en cada uno de los sistemas y tienen la responsabilidad de articularse entre sí.

Por otra parte para garantizar la efectividad de la Secretaría Ejecutiva, se propone atribuirle la implementación de acciones, lineamientos y emisión de documentos que permitan dar cumplimiento a los objetivos establecidos en la Ley, esto con la finalidad de mejorar el funcionamiento administrativo de la Secretaría. Así como la atribución de establecer oficinas de representación en las entidades federativas, con la finalidad de fortalecer la concurrencia y coordinación de las acciones implementadas por el Sistema Nacional así como de los Sistemas locales y municipales.

Con los antecedentes antes mencionados y con fundamento de ley se presentó el siguiente:

Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes

Artículo Único. Se reforma la fracción XV del artículo 125, la fracción II del apartado B del artículo 127 y la fracción XVI del artículo 130, recorriéndose la siguiente de manera subsecuente de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, para quedar como sigue:

Artículo 125. ...

...

I. a XIV. ...

XV. Conformar un sistema de información a nivel nacional, con el objeto de contar con datos desagregados que permitan monitorear los progresos alcanzados en el cumplimiento de los derechos de niñas, niños y adolescentes en el país, incluyendo indicadores cualitativos y cuantitativos. Este sistema de información se coordinará y compartirá con los diferentes órdenes de gobierno, requiriendo para su elaboración la colaboración de las dependencias de estos, así como de otros sistemas nacionales, en términos de los convenios de coordinación que al efecto se celebren, de conformidad con las disposiciones aplicables;

XVI. a XVIII. ...

Artículo 127. El Sistema Nacional de Protección Integral estará conformado por:

A. ...

B. Entidades Federativas

I. ...

II. El Jefe de Gobierno de la Ciudad de México.

A. ...

I. a III. ...

Artículo 130. La coordinación operativa del Sistema Nacional de Protección Integral recaerá en un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, que ejercerá las funciones de Secretaría Ejecutiva.

La Secretaría Ejecutiva tendrá las atribuciones siguientes:

I. a XV. ...

XVI. Proponer al Sistema Nacional de Protección Integral las acciones, lineamientos y demás instrumentos normativos administrativos, necesarios para dar cumplimiento pleno a los objetivos de la Ley;

XVII. Las demás que le encomiende el Presidente o el Sistema Nacional de Protección Integral.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Establecidos los antecedentes y el contenido de la iniciativa, los miembros de la Comisión de Derechos de la Niñez de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados que suscriben el presente dictamen exponemos las siguientes:

Consideraciones

Primero. La Comisión dictaminadora realizó el estudio y análisis de los planteamientos contenidos en la Iniciativa, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente Dictamen.

Segundo. Es de reconocer que el Estado Mexicano y diversos Tratados Internacionales en materia de niñez, han buscado solucionar este problema que afecta a este sector, es por ello y tomando en consideración lo que nos menciona el artículo 4o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos tenemos que:

“ En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez”.

Sumado a lo anterior se debe de tomar en consideración lo que manifiesta a nivel internacional, la Convención sobre los Derechos del Niño en los siguientes artículos:

“ 1. En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño.

2. Los Estados parte se comprometen a asegurar al niño la protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutores u otras personas responsables de él ante la ley y, con ese fin, tomarán todas las medidas legislativas y administrativas adecuadas.”

“ 1. Los Estados Partes reconocen el derecho de todo niño a un nivel de vida adecuado para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social.”

Tercero. Es importante recordar que el artículo 125, fracción XV, de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, establece como una de las atribuciones del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes la conformación de un Sistema de Información a nivel nacional, con el objeto de contar con datos desagregados que permitan monitorear los progresos alcanzados en el cumplimiento de los derechos de niñas, niños y adolescentes en el país.

Habrá que resaltar que la propuesta del proponente en la que se hace alusión al Sistema de Información a nivel nacional resulta necesaria, en virtud de que se considera pertinente que se señale que este sistema de información se coordinará y compartirá para su elaboración, puesto que la colaboración de los estados y municipios es prioritaria para la etapa de elaboración o construcción de este sistema, pues es en estos órdenes donde se genera gran parte de la información cualitativa y cuantitativa que permitiría dar a conocer el estado real de los derechos de niñas, niños y adolescentes.

Esta dictaminadora considera prudente hacer alusión a lo que establece el artículo 130 la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, mismo que establece que la Secretaría Ejecutiva del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes es un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, que tiene las siguientes atribuciones:

Artículo 130. La coordinación operativa del Sistema Nacional de Protección Integral recaerá en un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, que ejercerá las funciones de Secretaría Ejecutiva.

I. Coordinar las acciones entre las dependencias y las entidades competentes de la Administración Pública Federal que deriven de la presente Ley;

II. Elaborar el anteproyecto del Programa Nacional para someterlo a consideración de los miembros del Sistema;

III. Llevar a cabo el seguimiento y monitoreo de la ejecución del Programa Nacional;

IV. Elaborar y mantener actualizado el Manual de Organización y Operación del Sistema Nacional de Protección Integral;

V. Compilar los acuerdos que se tomen en el Sistema Nacional de Protección Integral, llevar el archivo de éstos y de los instrumentos jurídicos que deriven, y expedir constancia de los mismos;

VI. Apoyar al Sistema Nacional de Protección Integral en la ejecución y seguimiento de los acuerdos y resoluciones emitidos;

VII. Celebrar convenios de coordinación, colaboración y concertación con instancias públicas y privadas, nacionales e internacionales;

VIII. Administrar el sistema de información a nivel nacional a que se refiere la fracción XV del artículo 125;

IX. Realizar y promover estudios e investigaciones para fortalecer las acciones en favor de la atención, defensa y protección de niñas, niños y adolescentes con el fin de difundirlos a las autoridades competentes ya los sectores social y privado para su incorporación en los programas respectivos;

X. Difundir entre las autoridades correspondientes y la población en general los resultados de los trabajos que realice, así como toda aquella información pública que tienda a la generación, desarrollo y consolidación de perspectiva en la materia, desagregada por lo menos, en razón de edad, sexo, entidad federativa, escolaridad y discapacidad;

XI. Asesorar y apoyar a los gobiernos de las entidades federativas, así como a las autoridades federales que lo requieran para el ejercicio de sus atribuciones;

XII. Informar cada cuatro meses al Sistema Nacional de Protección Integral y a su Presidente, sobre sus actividades;

XIII. Proporcionar la información necesaria al CONEVAL, para la evaluación de las políticas de desarrollo social vinculadas con la protección de niñas, niños y adolescentes;

XIV. Fungir como instancia de interlocución con organizaciones de la sociedad civil, academia y demás instituciones de los sectores social y privado;

XV. Coordinar con las Secretarías Ejecutivas de los Sistemas de ¡as Entidades la articulación de la política nacional, así como el intercambio de información necesaria a efecto de dar cumplimiento con el objeto de esta Ley, y

XVI. Las demás que le encomiende el Presidente o el Sistema Nacional de Protección Integral.

Si bien es cierto que las atribuciones de la Secretaría Ejecutiva del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes son de coordinación y asesoramiento para las autoridades administrativas federales, de las entidades federativas y de las Secretarías Ejecutivas de los Sistemas locales, así como de planeación y apoyo para que el Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes cumpla con sus atribuciones, también es cierto que la Secretaría Ejecutiva nacional requiere entre sus atribuciones una que le permita proponer e involucrar a las dependencias que integran el Sistema la generación de los instrumentos normativos correspondientes necesarios para el funcionamiento del Sistema Nacional, logrando así a través de esta atribución la consecución de los objetivos de coordinación y vinculación.

Finalmente reconocemos que la propuesta de reforma planteada robustecería el marco normativo y las atribuciones que marca la ley en la materia.

Por lo antes expuesto, los diputados integrantes de la Comisión de Derechos de la Niñez, sometemos a consideración del Pleno de esta Honorable Asamblea, el siguiente proyecto de:

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES.

Artículo Único. Se reforman los artículos 125, fracción XV; 127, fracción II del apartado B y se adiciona una fracción XVI, recorriéndose la subsecuente en su orden al artículo 130 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, para quedar como sigue:

Artículo 125. ...

...

I. a XIV. ...

XV. Conformar un sistema de información a nivel nacional, con el objeto de contar con datos desagregados que permitan monitorear los progresos alcanzados en el cumplimiento de los derechos de niñas, niños y adolescentes en el país, incluyendo indicadores cualitativos y cuantitativos. Este sistema de información se coordinará y compartirá con los diferentes órdenes de gobierno, requiriendo para su elaboración la colaboración de las dependencias de estos, así como de otros sistemas nacionales, en términos de los convenios de coordinación que al efecto se celebren, de conformidad con las disposiciones aplicables;

XVI. a XVIII. ...

Artículo 127. ...

A. ...

B. Entidades Federativas:

I. ...

II. El Jefe de Gobierno de la Ciudad de México.

C. y D. ...

...

...

...

...

...

...

Artículo 130. ...

La Secretaría Ejecutiva tendrá las atribuciones siguientes:

I. a XIV. ...

XV. Coordinar con las Secretarias Ejecutivas de los Sistemas de las Entidades la articulación de la política nacional, así como el intercambio de información necesaria a efecto de dar cumplimiento con el objeto de esta Ley;

XVI. Proponer al Sistema Nacional de Protección Integral las acciones, lineamientos y demás instrumentos normativos, administrativos, necesarios para dar cumplimiento pleno a los objetivos de la Ley, y

XVII, Las demás que le encomiende el Presidente o el Sistema Nacional de Protección Integral.

Transitorio

Único. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de octubre de 2016.

La Comisión de Derechos de la Niñez, diputados: Jesús Salvador Valencia Guzmán (rúbrica), presidente; Juana Aurora Cavazos Cavazos, Julieta Fernández Márquez, Alicia Guadalupe Gamboa Martínez (rúbrica), María Soledad Sandoval Martínez (rúbrica), Mariana Arámbula Meléndez (rúbrica), Mónica Rodríguez Della Vecchia (rúbrica), Rafael Hernández Soriano (rúbrica), María Antonia Cárdenas Mariscal (rúbrica), Angélica Reyes Ávila (rúbrica), Norma Edith Martínez Guzmán (rúbrica), Claudia Villanueva Huerta (rúbrica), secretarios; Jorge Alvarez Maynez, Erika Lorena Arroyo Bello (rúbrica), Ana María Boone Godoy (rúbrica), Paloma Canales Suárez, Martha Lorena Covarrubias Anaya (rúbrica), Rosa Guadalupe Chávez Acosta, Virginia Nallely Gutiérrez Ramírez (rúbrica), Irma Rebeca López López (rúbrica), Rocío Matesanz Santamaría, Ariadna Montiel Reyes, María Verónica Muñoz Parra, Jacqueline Nava Mouett (rúbrica), Ximena Tamaris García (rúbrica), María Luisa Beltrán Reyes (rúbrica), María Concepción Valdés Ramírez (rúbrica), Araceli Guerrero Esquivel.»

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Está a discusión en lo general y en lo particular. No habiendo oradores registrados consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular.

El Secretario diputado Raúl Domínguez Rex:Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica, se consulta a la asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular. Las diputadas y los diputados que esté por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Suficientemente discutido en lo general y en lo particular.

Se pide a la Secretaría abra el sistema electrónico por tres minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular.

El Secretario diputado Raúl Domínguez Rex:Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por tres minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular.

(Votación)

¿Falta algún diputado o diputada por emitir su voto? ¿Algún diputado o diputada falta por emitir su voto? Está abierto el sistema, diputado. Ciérrese el sistema de votación electrónico. Señor presidente, se emitieron 379 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Aprobado en lo general y en lo particular, por 379 votos, el proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.

LEY DE VIVIENDA, LEY DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES Y LEY GENERAL PARA LA INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen de las Comisiones Unidas de Vivienda y de Atención a Grupos Vulnerables, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Vivienda, de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores y de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad.

La Secretaria diputada Isaura Ivanova Pool Pech:«Dictamen de las Comisiones Unidas de Vivienda, y de Atención a Grupos Vulnerables, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de las Leyes de Vivienda, de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, y General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad

HONORABLE ASAMBLEA:

A las Comisiones Unidas de Vivienda y de Atención a Grupos Vulnerables de la LXIII Legislatura de la H. Cámara de Diputados, les fue turnada para su análisis y dictamen correspondiente la iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de las Leyes de Vivienda, de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, y General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, a cargo del diputado Juan Manuel Celis Aguirre, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Las Comisiones Unidas de Vivienda y de Atención a Grupos Vulnerables, con fundamento en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e), f) y g) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 80, 82, 84, 85, 86, 182 y 185 del Reglamento de la Cámara de Diputados, procedieron al análisis de la Iniciativa, presentando a la consideración de los integrantes de esta Honorable Asamblea el presente dictamen:

METODOLOGÍA

I. En el apartado “ANTECEDENTES” se indica la fecha de presentación ante el Pleno de la Cámara de Diputado y del recibo del tumo en las Comisiones para su análisis y dictaminación.

II. En el apartado denominado “CONTENIDO DE LA INICIATIVA” se resume el objetivo de la iniciativa que nos ocupa.

III. En el apartado “CONSIDERACIONES”, las y los integrantes de estas Comisiones dictaminadoras expresan los razonamientos y argumentos con base en los cuales se sustenta el sentido del presente dictamen.

ANTECEDENTES

I. El 5 de noviembre de 2015, el diputado Juan Manuel Celis Aguirre del Partido Verde Ecologista de México, presentó la iniciativa enunciada.

II. Tal documento fue publicado en la Gaceta Parlamentaria, año XVIII, número 4398-II, del miércoles 4 de noviembre de 2015 y recibida el 6 de noviembre de 2015 para su dictamen en Comisiones Unidas de Vivienda y, de Atención a Grupos Vulnerables.

III. Las Comisiones Unidas de Vivienda y, de Atención a Grupos Vulnerables procedieron al análisis y discusión de esta iniciativa para su dictamen en sentido positivo con modificaciones.

CONTENIDO DE LA INICIATIVA

El diputado, Juan Manuel Celis Aguirre, en su exposición de motivos, enuncia el siguiente problema referente a la política de vivienda en nuestro país:

“ ...Existe la necesidad de promover y fomentar una nueva política en el diseño y construcción de vivienda adaptada que considere las características y capacidades físicas de sus habitantes, en particular como se ha indicado, de las personas de la tercera edad o con discapacidad, y que además de cumplir con los estándares de salubridad y comodidad como lo mandata nuestra constitución, se considere la funcionalidad y movilidad en la misma para sus habitantes, que evite posibles riegos de accidentes...”

Basado en este planteamiento, el diputado propone lo siguiente:

Adicionar una nueva fracción X, recorriéndose sucesivamente las demás fracciones del artículo 4; reformar y adicionar la fracción VII, del artículo 6; reformar y adicionar la fracción XIII, del 8; reformar y adicionar la fracción XXI, del artículo 19; reformar y adicionar el artículo 71; reformar y adicionar el segundo párrafo del artículo 77; reformar y adicionar el primer párrafo del artículo 78, todos de la Ley de Vivienda, para quedar como sigue:

En relación a la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, propone reformar y adicionar la fracción I del artículo 21, y adicionar un nuevo inciso k al artículo 30, para quedar como sigue:

Por último, propone reformar y adicionar el artículo 18; y adicionar una nueva fracción X, recorriéndose sucesivamente los demás párrafos del artículo 44, de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, para quedar como sigue:

El diputado justifica su propuesta bajo los siguientes argumentos centrales:

“ El derecho a la vivienda en México se encuentra consagrado en el artículo 4o., párrafo sexto, constitucional, reformado en 1983, que señala como una garantía individual el derecho de toda familia al disfrute de una vivienda digna y decorosa.

El 27 de junio de 2006 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la Ley de Vivienda, la cual es reglamentaria del artículo 4o. constitucional y tiene por objeto establecer la política nacional, los programas, instrumentos y apoyos para que las familias puedan acceder al disfrute de la vivienda.

De acuerdo con el artículo 2o. de la ley en mención, la vivienda digna y decorosa es aquella que cumple con las disposiciones jurídicas aplicables en materia de asentamientos humanos, lo referente a la construcción, las condiciones de salubridad, los espacios habitables y los servicios básicos de luz, agua y drenaje y el componente de la seguridad jurídica en cuanto a su propiedad o legítima posesión.

El sector privado también se encuentra involucrado en la construcción de la vivienda, en este rubro participan la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda, la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, la Confederación Nacional de Cámaras Industriales, la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, el Consejo Coordinador Empresarial.

El Ejecutivo federal anunció en febrero de 2015 cuatro estrategias relacionadas con una nueva política en vivienda:

- Lograr una mayor y mejor coordinación interinstitucional;

- Transitar hacia un modelo de desarrollo urbano sustentable e inteligente;

- Reducir de manera responsable, el rezago de vivienda; y

- Procurar una vivienda digna para todos los mexicanos.

En este orden de ideas, la política en materia de vivienda a través de la Comisión Nacional de Vivienda debe estar orientada con una profunda alineación social. De acuerdo con las consideraciones del proponente, la política de vivienda debe evolucionar en consideración a las características actuales demográficas y condiciones de la población, es decir, adoptar la cultura de la construcción de viviendas adaptadas para las personas de la tercera edad y para las personas con discapacidad, a modo de facilitarles la movilidad en sus hogares.

Esta nueva política de vivienda debe atender la realidad que el país vive, es decir, el fenómeno de un acelerado envejecimiento de su población. De acuerdo con el estudio del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en 2010 los mexicanos con 65 años y más representaban 6 por ciento de la población, cifra que para el año 2016 aumentará significativamente, a 15 por ciento.

El mismo organismo, Inegi, a través de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, señala que la población en México de 60 años y más, es de 12.9 millones de personas, esto representa 10.8 por ciento de la población.

Otros datos del Censo de Población y Vivienda de 2010 revelan que habitaban en el país 10 millones 55 mil 379 personas de 60 años y más: 46.5 por ciento hombre y 53.5 mujer. Para 2030, las estimaciones de población de adultos mayores se duplicará: 18 por ciento será del género femenino y 16.2 corresponderá al masculino.

Es una tendencia que en muchos países del mundo las mujeres vivan más que los hombres, caso que se refleja igual en México, así lo indican los datos del Consejo Nacional de Población, al señalar que la esperanza de vida de las mujeres para 2011 es de 77.9 años y de 73.2 para los hombres, cifras que se prevé aumenten en el 2050 a 83.6 y 79.0 años, respectivamente.

El tema del envejecimiento de la población involucra retos que tienen que ver con la seguridad social, el empleo, las pensiones y uno más que consideramos de suma importancia, la vivienda y la movilidad en ella.

De acuerdo con estimaciones del Inegi, en el país hay rezago en la ampliación y adaptación de la infraestructura que permita y facilite la movilidad de las personas de la tercera edad y de las personas con discapacidad, retos que se hacen igual mayores en la infraestructura de vivienda, sin consideramos que en el país existen cerca de 6 millones de personas con algún tipo de discapacidad.

El envejecimiento de la población está vinculado principalmente con dos factores, el primero derivado del proceso biológico de envejecimiento del ser humano, y el segundo como una consecuencia del cambio en las estructuras de edades de la población. En este sentido, el envejecimiento demográfico es un factor presente en todos los países del mundo, y sus consecuencias involucran los núcleos familiares, a la sociedad y al conjunto de instituciones gubernamentales.

El envejecimiento es un asunto que ha ocupado las agendas internacionales. En este contexto, la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó la resolución 213 en 1948, sobre la Declaración de los Derechos de la Vejez.

La misma organización realizó en 1982 la primera Asamblea mundial sobre el envejecimiento, en Viena, Austria. Surgió así el Plan de Acción Internacional sobre el Envejecimiento, que recomienda a los Estados parte a tomar las medidas necesarias para atender en fenómeno del envejecimiento demográfico, es decir, acciones incluyendo las legislativas para la atención de las personas adultas mayores en cuanto a sus derechos elementales como la vivienda, el empleo, la seguridad económica, la salud y la educación.

.. .hace falta legislar en materia de movilidad en la vivienda que les permita mejorar las condiciones de vida de esta población al contar con viviendas adaptadas de acuerdo con sus necesidades físicas.

Por ello, la presente iniciativa propone que en las políticas y en los programas de vivienda nacional se promueva la construcción de viviendas adaptadas con estándares de innovación arquitectónica, con mecanismos de protección para el acceso libre de las personas como son las rampas a desnivel, el paso de sillas de ruedas, barandales de protección, suelos nivelados y antiderrapantes, escaleras de bajo nivel y pasamanos en las habitaciones, y facilitarla vida cotidiana de las personas de la tercera edad y de las personas con discapacidad.”

Establecidos los antecedentes y después de haber analizado el contenido de la iniciativa que nos ocupa, las y los miembros de las Comisiones de Vivienda y Atención a Grupos Vulnerables de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, que suscriben el presente dictamen, consideran que el espíritu de la propuesta planteada va acorde con el actual contexto de los derechos humanos, por las siguientes:

CONSIDERACIONES

PRIMERA: La Cámara de Diputados es competente para conocer de la presente iniciativa de conformidad con lo que establece el artículo 73, fracción XXX en relación con el artículo 4o, párrafo séptimo, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

SEGUNDA. Ambas Comisiones Dictaminadoras son competentes para conocer de este asunto de acuerdo a lo que establece el artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 80, numeral 1, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados.

TERCERA. A continuación, se analiza y valora el texto normativo propuesto para cada artículo de la Ley de Vivienda, que se reforma o adiciona.

Artículo 4o, fracción X. No se considera procedente.

La perspectiva desde la que se aborda la necesidad de una vivienda accesible es contraria a la tendencia de accesibilidad y diseño universal. Plantear que la vivienda esté adecuada para las condiciones y necesidades físicas de sus habitantes, no es una solución a los problemas de accesibilidad de quienes por una discapacidad temporal o permanente, incapacidad o edad avanzada, requieren de espacios accesibles para no verse limitados, por el entorno para desarrollar su vida diaria.

La accesibilidad y diseño universal refieren a las características de la vivienda y no a la de sus ocupantes. Es decir, si al momento de edificarse una vivienda su propietario no tiene discapacidad, pero por alguna circunstancia la adquiere, la construcción debe estar prevista con anchos de puerta apropiados para el uso de silla de ruedas.

La perspectiva que se ha propuesto desde una visión de inclusión de las personas con discapacidad, es que toda vivienda debe ser accesible y estar diseñada bajo los principios del diseño universal, de tal forma que toda persona pueda hacer uso de ella y no adaptar las viviendas una vez que las personas que la habiten cuenten con limitaciones físicas o alguna discapacidad.

Artículo 6°, fracción VII. No se considera procedente.

En el mismo sentido que en el artículo anterior, la política nacional de vivienda no puede basar sus políticas de proyectos urbanos atendiendo a la particularidad de quienes van a habitar una vivienda o hacer uso de los espacios públicos de las zonas urbanas. La proyección de estos espacios, tanto públicos como privados, debe hacerse pensando en la generalidad de las personas, atendiendo a principios de accesibilidad y diseño universal.

Tanto las personas con discapacidad, los adultos mayores y las personas sin alguna limitación física, deben contar con espacios accesibles en todo momento, no únicamente cuando su movilidad se encuentra reducida. Especialmente porque si no son espacios accesibles, cuando se tenga una limitación en la movilidad, se deberán hacer ajustes razonables que podrían preverse si todos los espacios fueran preconcebidos con esas características.

Artículo 8o, fracción VIII. No se considera procedente.

Si bien promover modificaciones legislativas que atiendan el acceso a la vivienda mediante financiamiento a personas con discapacidad o adultos mayores, es una propuesta recurrente y necesaria, las mejoras de las viviendas y las adaptaciones, deben ser atendiendo a principios de accesibilidad y diseño universal.

Obviamente, los ajustes necesarios para que las personas con discapacidad puedan gozar plenamente de su vivienda, son remodelaciones que deben promoverse, pero no se considera’ prudente que estas modificaciones legislativas confundan el sentido al ubicar en la misma fracción que al grupo vulnerable de los pueblos indígenas y resaltando las necesidades físicas de sus habitantes, pues se podría confundir con que son modificaciones para proteger a las personas con una doble vulnerabilidad, por su origen étnico y discapacidad.

Artículo 19, fracción XXI.Se considera procedente.

La Comisión Nacional de Vivienda realiza un papel importante como instancia de coordinación, promoción e instrumentación del Programa Nacional de Vivienda del Gobierno Federal. Las estrategias, líneas de acción y objetivos son inalcanzables sin las instancias operativas y de coordinación necesarias.

A su vez, la innovación arquitectónica y la tecnología desempeñan una función relevante para mejorar la calidad de vida de los ocupantes de una vivienda. La comisión podrá entonces procurar acuerdos y convenios también en materia de tecnologías que tengan este propósito.

De ahí la pertinencia de establecer que sea la Comisión quien, precisamente, sea la instancia encargada de promover el uso de la tecnología y que fomente la innovación arquitectónica a través de convenios con personas u organizaciones especializadas que contribuyan a alcanzar los objetivos del Programa Nacional de Vivienda, con especial énfasis en las viviendas destinadas a la población adulta mayor y con discapacidad. De tal manera, que la adición en esta fracción es sistemática y adecuada.

Artículo 71. Se considera procedente, pero se propone una redacción alternativa.

Las medidas de ajuste, cuando se limitan con particularidades, podrían dejar fuera necesidades y respuestas a las mismas. Por ello, se propone seguir con la estructura del artículo que señala generalidades dentro de un grupo de necesidades. Por ejemplo, se habla de espacios habitables y de higiene suficiente, no se dice que deba haber x o y forma de satisfacer esa demanda; se habla desalojo de aguas residuales, no de fojas o drenaje profundo; se habla de energía eléctrica, no de corriente alterna de 110 volts. Es por esta razón que se propone modificar la redacción, para que se incluya la accesibilidad de su arquitectura y no de pisos antideslizante, rampas o escalones de baja altura.

Artículo 77. No se considera procedente.

En el mismo sentido que en artículos anteriores, la promoción de tecnologías acordes a las condiciones de las necesidades físicas de los habitantes, es atender a la particularidad de quienes van a habitar una vivienda o hacer uso de los espacios públicos de las zonas urbanas, cuando la necesidad es de atender la generalidad de las distintas características de la población, atendiendo a principios de accesibilidad y diseño universal.

Todas las personas cuentan con características que los hacen diferentes y todas deben contar con espacios accesibles en todo momento, no únicamente en el interior de sus domicilios. Por eso todos los espacios deben ser preconcebidos con esas características.

Si las adecuaciones de accesibilidad son únicamente para la vivienda de las personas con alguna limitación, entonces se estaría recluyendo a la persona a su vivienda.

Artículo 78. Se considera procedente, pero se propone una redacción alternativa.

La movilidad para las personas adultas mayores y con discapacidad en el contexto de la vivienda, no debe limitarse al interior de la misma, como se dijo en el artículo anterior. Por lo tanto, estas Comisiones consideran loable y procedente que se precise que la accesibilidad también debe asegurarse en los exteriores, por eso sugiere la modificación del texto propuesto, sustituyendo el termino movilidad por accesibilidad.

CUARTA. A continuación, se analiza y valora el texto normativo propuesto para cada artículo de la Ley de los Derechos De Las Personas Adultas Mayores, que se reforma o adiciona.

Artículo 21. Se considera procedente.

Las personas adultas mayores son las principales destinatarias del derecho a adaptar su vivienda, por lo que la sistematización del marco jurídico exige la adecuación de las leyes especiales que regulan sus derechos de conformidad con las propuestas normativas que se proponen en la Ley de Vivienda. Por tal motivo, es necesario precisar la obligación, de las instituciones de vivienda de garantizar el acceso a créditos para la adaptación de viviendas de este grupo de personas.

Artículo 30. Se considera procedente.

El Consejo Directivo, como órgano de gobierno del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, tienen a su cargo la planeación, diseño y aprobación de las políticas públicas anuales a favor de las personas adultas mayores. Por lo tanto, es necesario que la Comisión Nacional de Vivienda se integre al Consejo Directivo, para que participe en la planeación de la política de viviendas para los Adultos Mayores.

Sin embargo, por lo que hace al articulado y fraccionado del artículo 30, dado que el 17 de diciembre de 2015 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la adición del inciso “k”, es decir, publicación posterior a la fecha de presentación de la iniciativa que se dictamina, es procedente que esta propuesta sea modificada para asignarle el inciso “I”, con el propósito de no producir un efecto derogatorio que no fue planteado.

QUINTO. A continuación, se analiza y valora el texto normativo propuesto para cada artículo de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, que se reforma o adiciona.

Artículo 18. Se considera procedente.

Las personas con discapacidad son las principales destinatarias del derecho a adaptar su vivienda, por lo que la sistematización del marco jurídico exige la adecuación de las leyes especiales que regulan sus derechos de conformidad con las propuestas normativas que se proponen en la Ley de Vivienda. Por tal motivo, es necesario precisar la obligación de las instituciones de vivienda de garantizar el acceso a créditos para la adaptación de viviendas de este grupo de personas.

Artículo 44. Se considera procedente.

La Junta de Gobierno del Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad, tienen a su cargo la planeación, diseño y aprobación de las políticas públicas anuales a favor de las personas con discapacidad. Por lo tanto, es necesario que la Comisión Nacional de Vivienda se integre a la Junta de Gobierno del CONADIS, para que participe en la planeación de la política de viviendas para ambos sectores dé la población.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, los integrantes de las Comisión Unidas de Vivienda y Atención a Grupos Vulnerables, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea, el siguiente proyecto de:

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE VIVIENDA, DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES Y DE LA LEY GENERAL PARA LA INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD.

Artículo Primero. Se reforman los artículos 19, fracción XXI; 71, primer párrafo y 78, primer párrafo de la Ley de Vivienda, para quedar como sigue:

ARTÍCULO 19. ...

I. a XX. ...

XXI. Establecer vínculos institucionales, convenios de asistencia técnica, innovación arquitectónica, tecnológicae intercambio de información con gobiernos nacionales y organismos nacionales e internacionales, en coordinación con las autoridades competentes;

XXI. a XXIV. ...

ARTÍCULO 71. Con el propósito de ofrecer calidad de vida a los ocupantes de las viviendas, la Comisión promoverá, en coordinación con las autoridades competentes tanto federales como locales, que en el desarrollo de las acciones habitacionales en sus distintas modalidades y en la utilización de recursos y servicios asociados, se considere que las viviendas cuenten con los espacios habitables y espacios auxiliares suficientes en función al número de usuarios, provea de los servicios de agua potable, desalojo de aguas residuales y energía eléctrica que contribuyan a disminuir los vectores de enfermedad, así como garantizar la seguridad estructural, la accesibilidad, yla adecuación al clima con criterios de sustentabilidad, eficiencia energética y prevención de desastres, utilizando preferentemente bienes y servicios normalizados.

ARTÍCULO 78.El modelo normativo, las normas mexicanas aplicables al diseño arquitectónico de la vivienda y los prototipos constructivos deberán considerar los espacios interiores y exteriores que faciliten la accesibilidad de sus habitantes; la eficiencia de los sistemas funcionales, constructivos y de servicio; la tipificación y modulación de sus elementos y componentes, respetando las distintas zonas del país, los recursos naturales, el ahorro de energía y las modalidades habitacionales.

...

Artículo Segundo. Se reforma el artículo 21 fracción I y se adiciona el inciso I al artículo 30 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, para quedar como sigue:

Artículo 21. ...

Las acciones necesarias a fin de concretar programas de vivienda que permitan a las personas adultas mayores la obtención de créditos accesibles para adquirir una vivienda propia o remodelarla y adaptarla en caso de ya contar con ella, y

...

Artículo 30. ...

a. a i. ...

j. Secretaría de Comunicaciones y Transportes;

k. Secretaría de Cultura, y

l. Comisión Nacional de Vivienda.

Artículo Tercero. Se reforma el artículo 18; y se adiciona la fracción X al artículo 44 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, para quedar como sigue:

Artículo 18. Las personas con discapacidad tienen derecho a una vivienda digna. Los programas de vivienda del sector público o sector privado deberán incluir proyectos arquitectónicos de construcciones que consideren sus necesidades de accesibilidad. Las instituciones públicas de vivienda otorgarán facilidades para recibir créditos o subsidios para la adquisición, redención de pasivos y construcción, remodelación o adaptación de vivienda.

Artículo 44. ...

...

I. a VII. ...

VIII. Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación;

IX. Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, y

X. Comisión Nacional de Vivienda.

...

...

...

Transitorio

Único. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de abril de 2016.

La Comisión de Vivienda, diputados: Alma Carolina Viggiano Austria (rúbrica), presidenta; José Luis Sáenz Soto (rúbrica), Pedro Alberto Salazar Muciño (rúbrica), Fernando Uriarte Zazueta (rúbrica), Daniel Torres Cantú, Ricardo del Rivero Martínez (rúbrica), Francisco Ricardo Sheffield Padilla (rúbrica), Lucía Virginia Meza Guzmán, Érik Juárez Blanquet (rúbrica), Norberto Antonio Martínez Soto (rúbrica), Francisco Alberto Torres Rivas (rúbrica), Ricardo Quintanilla Leal, secretarios; Refugio Trinidad Garzón Canchola, Modesta Fuentes Alonso (rúbrica), Rosa Alicia Álvarez Piñones (rúbrica), Karen Hurtado Arana (rúbrica), Roberto Guzmán Jacobo (rúbrica), Juan Corral Mier, Eloísa Chavarrias Barajas (rúbrica), Marco Antonio Gama Basarte (rúbrica), Gabriela Ramírez Ramos (rúbrica), Nadia Haydee Vega Olivas (rúbrica), Fidel Kuri Grajales, Edith Yolanda López Velasco, José Lorenzo Rivera Sosa, Maricela Serrano Hernández (rúbrica), José Alfredo Torres Huitrón (rúbrica), Rafael Yerena Zambrano, Pedro Luis Coronado Ayarzagoitia.

La Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, diputados: Gustavo Enrique Madero Muñoz (rúbrica), presidente; Edith Anabel Alvarado Varela (rúbrica), Brenda Borunda Espinoza (rúbrica) Laura Valeria Guzmán Vázquez (rúbrica), José Alfredo Torres Huitrón (rúbrica), Kathia María Bolio Pinelo (rúbrica), Eloísa Chavarrías Barajas (rúbrica), Érika Irazema Briones Pérez (rúbrica), Sara Paola Gálico Félix Díaz (rúbrica), Irma Rebeca López López, Refugio Trinidad Garzón Canchola (rúbrica), secretarios; Evelyng Soraya Flores Carranza (rúbrica), Lilia Arminda García Escobar (rúbrica), Fabiola Guerrero Aguilar (rúbrica), Norma Edith Martínez Guzmán (rúbrica), María Isabel Maya Pineda (rúbrica), María Angélica Mondragón Orozco (rúbrica), Karla Karina Osuna Carranco (rúbrica), María Guadalupe Oyervides Valdez, Angélica Reyes Ávila (rúbrica), María de los Ángeles Rodríguez Aguirre (rúbrica), María Monserrath Sobreyra Santos (rúbrica), Mariana Trejo Flores (rúbrica), Manuel Vallejo Barragán (rúbrica).»

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Está a discusión en lo general y en lo particular. No habiendo oradores registrados, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se encuentra suficientemente discutido en lo general.

La Secretaria diputada Isaura Ivanova Pool Pech:Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general y lo particular. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Diputado presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Suficientemente discutido.

En virtud que de conformidad con el artículo 109 del Reglamento de la Cámara de Diputados no se ha reservado artículo alguno para discutirlo en lo particular, se pide a la Secretaría abra el sistema electrónico por tres minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular en un solo acto.

La Secretaria diputada Isaura Ivanova Pool Pech:Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico, por tres minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular en un solo acto.

(Votación)

¿Algún diputado o diputada falta de emitir su voto? Ciérrese el sistema electrónico de votación. Se emitieron 376 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Aprobado en lo general y en lo particular por 376 votos, unanimidad de los presentes, el proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Vivienda, de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores y de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo séptimo del artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La Secretaria diputada Isaura Ivanova Pool Pech:«Dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales, con opinión de la Comisión de Vivienda, con proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo séptimo del artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Honorable Asamblea:

La Comisión de Puntos Constitucionales, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 39 y 45 numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 80, 84, 85, 157, numeral 1, fracción I; 158, numeral 1, fracción IV; 167, numeral 4 y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta Soberanía, el presente:

DICTAMEN

I. ANTECEDENTES LEGISLATIVOS

Primero. En sesión celebrada de la Honorable Cámara de Diputados, el 27 de octubre de 2015, la diputada Soralla Bañuelos de la Torre, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de Nueva Alianza, presentó ante el Pleno de la Cámara de Diputados, iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 1o., 62, fracción II, y 82, fracción II, de la Ley de Vivienda.

Segundo. En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva dictando el siguiente trámite «Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen, ya la Comisión de Vivienda para opinión».

Tercero. El día 30 de marzo del presente año, la referida Comisión de Vivienda, mediante oficio número CV/LXIII/ 158/16, hizo llegar a esta Comisión de Puntos Constitucionales la opinión referida.

II. Contenido de la Iniciativa

La iniciativa de la Diputada Soralla Bañuelos de la Torre, propone se reforman los artículos 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 1o., 62, fracción II, y 82, fracción II, de la Ley de Vivienda, bajo la siguiente argumentación:

“A través de los siglos, la familia ha sido conformada siempre por un grupo de personas unidas, ya sea, por lazos consanguíneos o de afinidad, a los que el derecho no otorga, sino más bien reconoce, sus derechos connaturales. Caso contrario sucede con las personas, quienes son consideradas sujetos de derechos y obligaciones con consecuencias jurídicas.

Es trascendental pensar en un cambio de la perspectiva socio-jurídica constitucional, avocándonos en los tratados internacionales que reconocen plenamente la dignidad y los derechos iguales e inalienables para todos los miembros de la familia humana. Reflexionando que la persona tiene ciertos derechos en virtud de su condición humana.

Resulta ineludible saber la etimología de la palabra persona, la cual tuvo su origen en el teatro griego, donde se utilizaba la palabra prosopon (cuyo significado textual es “respecto”). También se considera que proviene del termino etrusco phersu¸ que significaba la máscara que utilizaban en las representaciones teatrales en honor de la diosa Phersepone. Por su parte, los romanos lo establecieron como per-sonare, que de igual forma se refería al papel ejercido por los actores en el teatro.

Empero, un cambio radical de este concepto comenzó a partir de la época del derecho clásico con la función social que cada individuo ejercía dentro de la sociedad, aquí surgía la duda entre dar valor o no a la persona, pero la filosofía estoica señalaba lo contrario. Por su parte, los juristas romanos la consideraban como un “hombre libre”, y en tiempos actuales la Real Academia Española la ha definido como un “individuo de la especie humana”.

Sin embargo, la corriente filosófica del personalismo contrasta con su doctrina ético-política que refiere su oposición tanto al colectivismo, donde la persona se concibe únicamente como una unidad numérica, como al individualismo, que tiende a delimitar las relaciones de solidaridad entre las personas. Escenario neutral que desde nuestro punto de vista da pie para abatir la restricción de la persona en su sentido más amplio.

Consideramos urgente hacer efectivo el mandato de la Declaración Universal, de la Convención Americana y de la Constitución al referirse a la persona desde el principio pro persona que la doctrina constitucional reviste como un principio del que todos somos titulares. Por ese hecho asumimos la obligatoriedad de exigir su protección de forma directa e inmediata. Es importante citar que este principio no es sucedáneo de otros principios de interpretación clásicos, ya que establece una preferencia de prima facie, resultando que su interpretación jurídica es la más protectora para la persona.

Esta propuesta se funda en lo que instituyen tratados internacionales como la Declaración Universal, y la Convención Americana de Derechos Humanos. De su normatividad se desprende que ambos tienen en cuenta la protección de los derechos de las personas. Para el caso en concreto, estipulan el principio de que toda persona tiene derecho a la propiedad, individual y colectivamente o al uso y goce de sus bienes.

Así, el artículo 25.1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos dispone: “ Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud, el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios...”

En el país, el derecho a la vivienda se ha considerado como un derecho social cuya problemática recae en la falta de desarrollo de sus contenidos específicos. A pesar de los esfuerzos hechos por algunas instituciones y sistemas que han encaminado su labor a satisfacer las necesidades de las familias carentes de viviendas. Ninguna ha demostrado que la familia como tal la haya adquirido, esto viene a colación porque como lo hemos manifestado en líneas anteriores la persona en su sentido más amplio es sujeto de derechos y obligaciones jurídicas.

Desde esa óptica, la Constitución Política queda lejos de ir a la vanguardia internacional de los derechos humanos, a pesar de los trabajos efectuados en la materia. Si bien, la reforma en materia de derechos humanos que se aprobó en 2011, los implantó en la Constitución Política, dejó de lado situaciones como ésta, que tienen que ser atendidas por el Constituyente, salvaguardando a las personas desde su sentido más amplio, acorde siempre con la realidad que hoy vivimos.

Para abundar en este aspecto, es necesario revisar cómo ha cambiado la composición poblacional de México. Aun cuando el porcentaje de hogares nucleares (pareja con o sin hijos, o al menos un padre e hijos) sigue siendo la mayoría (64.4) y que el de hogares ampliados (un hogar nuclear con al menos otro pariente) suma 23.6, 10 por ciento de los hogares en México está formado por una sola persona.

En el Censo de Población y Vivienda de 2011, del Inegi, en el apartado relativo a hogares, se observa que 4 millones 193 mil 320 hogares mexicanos a nivel nacional están formados por una sola persona, y 3 millones 804 mil 677 por parejas sin hijos

Esta realidad nos demuestra que resulta apremiante adoptar los cambios propuestos en el cuerpo de esta reforma, con el fin de que sean las personas o habitantes las que estén como titulares de derechos, y no la familia como hasta hoy establece la Constitución Política.

Para lograr una reforma integral y coherente, con los mismos argumentos también se propone la reforma de los artículos 1o., 62, fracción II, y 82, fracción II, de la Ley de Vivienda, reglamentaria del derecho a la vivienda, consagrado en el artículo 4o. de la ley fundamental.”

En ese orden de ideas la Diputada señala,que la reforma constitucional en materia de derechos humanos, generó un cambio conceptual en el sistema jurídico y un reforzamiento del carácter protector y garantista de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, fundado en la doctrina constitucional moderna, el derecho internacional y el derecho humanitario, que vinculados entre sí reconocen y protegen de forma amplia y directa los derechos de las personas.

Lo anterior dio pauta para que en la Declaración Universal de Derechos Humanos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos se reconociera la protección de la persona, tanto a nivel internacional como a nivel regional.

Asimismo menciona que, el contexto nacional antes de la reforma mencionada reconocía los derechos del hombre, dentro de un sistema garantista que respetaba y sostenía un carácter obligatorio y protector. Sin embargo, a través de la naturaleza del derecho internacional y humanitario el Estado mexicano acogió cambios jurídicos internacionales aptos que incorporaron a los derechos humanos en nuestro máximo ordenamiento normativo, dejando atrás el régimen garantista tradicional, dando paso a un desarrollo progresivo de las normas de protección de la persona.

Este desarrollo se refleja en la inherencia de sus derechos encaminados hacia el pleno bienestar del ser humano, salvaguardando el respeto de su dignidad, satisfaciendo su desarrollo y favoreciendo su protección de la forma más amplia. Observando siempre a la persona desde dos perspectivas: la jurídica, donde se vuelve sujeto de derechos y obligaciones, y la prejurídica, donde es de reconocerse su dignidad e igualdad, lo cual nos lleva a eliminar limitaciones encauzadas hacia los derechos de que gozan las personas.

Es de mencionar que en nuestro país persisten criterios formalistas que impiden el pleno desarrollo de la reforma constitucional en comento, por eso tenemos la obligación de mandatar una interpretación que evite restringir su alcance.

En ese sentido señala que, una restricción la encontramos en la Constitución Política, la cual indica en el párrafo sexto del artículo 4o: “Toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa”. Esta reforma fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de febrero de 1983, fecha en que se institucionalizo el derecho de toda la familia a disfrutar de una vivienda digna y decorosa.

En una breve remembranza de la institucionalización de este derecho, debemos señalar que el mismo se establece en la Constitución de 1917 al disponer la obligación de que los patrones facilitasen vivienda a sus empleados y obreros. Más adelante para el año 1925, el entonces presidente, Plutarco Elías Calles, pensó en la posibilidad de dotar a cada familia mexicana de un espacio físico para crecer. Consecuente a ello, durante el periodo de 1970-1980 hubo una crisis que impedía a la sociedad hacerse de una vivienda con recursos propios, por lo que hubo intervención del Estado para regular este mercado.

Por lo que considera, que para entender lo anterior, es pertinente conocer el concepto de familia, definido a través de un esquema tradicionalista como “ la institución formada por personas unidas por vínculos de sangre y los relacionados con ellos en virtud de intereses económicos, religiosos o de ayuda”. Esta enunciación proviene de un entorno conservador, basado en un sistema garantista y paternalista del siglo XX.

Hoy, la familia ha trascendido más allá del esquema tradicional, hecho confrontado con diversos estudios jurídicos y sociales que revelan una organización familiar llena de importantes variaciones en las últimas décadas. Por eso debemos tener en cuenta y atender las nuevas realidades sociológicas que han advertido una modificación profunda de las estructuras familiares a través de familias alternativas como son las monoparentales, las extensas, las ensambladas y las de sociedad de convivencia.

La diputada promovente, por ello, menciona que no debemos dejar de lado el punto de vista jurídico, en sus dos sentidos: sentido estricto, el cual considera un grupo formado por la pareja, sus ascendientes y sus descendientes, además de otras personas unidas a ellos por vínculos de sangre, matrimonio, concubinato o civiles; y en sentido amplio, el que concibe que la familia está constituida por dos o más personas que comparten una vida material y afectiva, en la que se dividen tareas y obligaciones, que permitan su subsistencia, desarrollo y calidad de vida integral.

Tal contexto da pauta para dar razón a la dinámica evolutiva de la sociedad, pese a eso tenemos que ser muy puntuales en el enfoque jurídico que deben adoptar los conceptos de familia y de persona atendiendo siempre a las diferentes condiciones, cualidades, capacidades y personalidades.

A continuación se presenta el cuadro comparativo entre la Ley actual y la propuesta de la iniciativa:

III. CUADRO COMPARATIVO

IV. Consideraciones

Los integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, después de hacer un análisis del contenido de la iniciativa con Proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 1o., 62, fracción II, y 82, fracción II, de la Ley de Vivienda abordado en el presente dictamen, reconoce la loable pretensión que guía la propuesta de mérito, por lo que, luego de realizar un análisis exhaustivo y en un ejercicio de reflexión sistemático, funcional y teleológico ha considerado dictaminar la iniciativa sujeta a estudio en sentido positivo, por las razones que en este dictamen se exponen.

Como se ha mencionado en la exposición de motivos de la iniciativa de la diputada proponente, la vivienda es un derecho humano, el derecho a la vivienda tiene en nuestro país profundas raíces históricas. La Constitución de 1917, en su artículo 123, fracción XII, estableció la obligación de los patrones de proporcionar a sus trabajadores viviendas cómodas e higiénicas.

Posteriormente, el país se abocó a construir la infraestructura de seguridad social para atender las diversas necesidades de la población. En 1943 se creó el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), para brindar seguridad social a los trabajadores, aunque en sus inicios, también proporcionó vivienda a sus derechohabientes.

Cuando México entró en una etapa de urbanización y de desarrollo industrial más avanzada, se crearon los principales organismos nacionales de vivienda. En 1963, el Gobierno Federal constituye en el Banco de México, el Fondo de Operación y Financiamiento Bancario a la Vivienda (FOVI), como una institución promotora de la construcción y de mejora de la vivienda de interés social, para otorgar créditos a través de la banca privada.

En febrero de 1972, con la reforma al artículo 123 de la Constitución, se obligó a los patrones, mediante aportaciones, a constituir un Fondo Nacional de la Vivienda y a establecer un sistema de financiamiento que permitiera otorgar crédito barato y suficiente para adquirir vivienda. Esta reforma fue la que dio origen al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), mediante el Decreto de Ley respectivo, el 24 de abril de 1972.

En mayo de ese mismo año, se creó por decreto, en adición a la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado (ISSSTE), el Fondo de la Vivienda del ISSSTE (FOVISSSTE), para otorgar créditos hipotecarios a los trabajadores que se rigen por el apartado B de la Ley Federal del Trabajo. Sin embargo, fue hasta 1983, cuando el derecho a la vivienda se elevó a rango constitucional y se estableció como una garantía individual.

Hasta la década de los ochenta, el eje de la política de vivienda había sido la intervención directa del Estado en la construcción y financiamiento de vivienda y aplicación de subsidios indirectos, con tasas de interés menores a las del mercado. En la primera mitad de la década de los noventa, se inició la consolidación de los organismos nacionales de vivienda como entes eminentemente financieros.

La actual Ley de vivienda publicada en 1984 y reformada en 1985 se considera obsoleta, puesto que se basa en el interés colectivo y favorece la administración centralizada; así mismo, los términos conceptuales y el contenido del Artículo cuarto requieren una revisión y modificación para precisar el objetivo que se persigue, definir el instrumento de ejecución y enunciar correctamente el precepto.

En la Constitución mexicana vigente, en el artículo 4º párrafo séptimo, se postula que “Toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa. La Ley establecerá los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo.”

Tomando como referencia el derecho comparado, se evidencia una generalidad de las constituciones de otros países con respecto a la Constitución mexicana, en relación al sujeto de derecho, es decir, a la en el disfrute a la vivienda. Como ejemplos:

La Constitución Colombiana establece en su artículo 51 que “ Todos los colombianos tienen derecho a una vivienda digna. El Estado fijará las condiciones necesarias para hacer efectivo este derecho y promoverá planes de vivienda de interés social, sistemas adecuados de financiación a largo plazo y formas asociativas de ejecución de estos programas.”

La Constitución de Costa Rica contiene una regulación igual de escueta que la mexicana; su artículo 65 establece: “El Estado promoverá la construcción de viviendas populares y creará el patrimonio familiar del trabajador.”

La Constitución Paraguaya dispone, en su artículo 100: tienen derecho a una vivienda digna. El Estado establecerá las condiciones para hacer efectivo este derecho, y promoverá planes de vivienda de interés social, especialmente las destinadas a familias de escasos recursos, mediante sistemas de financiamiento adecuados.

La Constitución de Uruguay también contiene el derecho a la vivienda: “todo habitante de la Repúblicatiene derecho a gozar de vivienda decorosa. La ley propenderá a asegurar la vivienda higiénica y económica, facilitando su adquisición y estimulando la inversión de capitales privados para ese fin”(artículo 45).

De acuerdo a lo anterior, podemos observar, que en lo establecido en sus Constituciones se observa una similitud con relación a que la vivienda se les otorga a las y a la como en México.

La propuesta no pretende de ninguna forma fomentar la disolución familiar, como tradición histórica y sociológica que tanto peso moral tiene en México, más bien, reconocer la dinámica evolutiva de la sociedad.

Para el caso de una sentencia de desalojo, la acción recae en la persona que acredita la propiedad, o bien la posesión; es decir, para efectos de ley, el destinatario como primer referente es la persona y no la familia. Los fallos jurídicos se dictan a los titulares de hipotecas (individuos, personas morales, pero en ningún caso a la familia); además, el artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que “ todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.”

Con ello, el referente de la propia Constitución recae en las personas. Sobre el concepto disfrute del enunciado del artículo 4º, este sugiere el disfrute de la vivienda aun cuando no sea propiedad del que la vive; es decir, no se requiere adquirir una casa para poder disfrutarla, para todos es claro que, la motivación y el objetivo fundamental radica en la adquisición, por el sentido de seguridad, realización y pertenencia que conlleva el propio concepto.

Vivienda proviene del “latín vivienda, de vivere, vivir”, casa, vestido y sustento constituyen las necesidades básicas de todo ser humano. La vivienda enraizada en el término vivir se dimensiona integralmente con los demás derechos básicos y con otros que no por ser derivados dejan de ser igualmente importantes. Vivienda implica entre otras acepciones, el lugar que da cobijo, el espacio que da sentido a la pertenencia, el punto de referencia, el factor de unidad familiar, la morada de arribo y en último sentido un objetivo a alcanzar.

Desde esta perspectiva, la vivienda marca desde su origen epistémico su propia raíz y característica que le consagró un espacio en las diversas constituciones. Claro que elevarla a derecho social ha sido una conquista de reclamos políticos en el tiempo por diferentes luchadores sociales.

En la historia del pueblo mexicano, el derecho a la vivienda no tan sólo es algo que se percibe de origen, es también una demanda que debe ser acatada por el estado para acceder a la justicia social. Es innegable el espíritu que animó al constituyente del 1916-1917, y que dio origen a la primera Constitución social. Esa esencia debe preservarse, pero también es ineluctable que en la nación mexicana el concepto de justicia social debe ir aparejado con el de igualdad ante la ley.

La propuesta que anima esta iniciativa tiene que ver con la igualdad de la ley que también debe prevalecer en el artículo 4 del texto constitucional. Es imperativo que el derecho a la vivienda se haga una realidad para, en caso contrario seguirá violándose la ley porque sólo beneficiará a una clase social específica y no a.

La preocupación por la vivienda para las familias mexicanas tiene un antecedente en algunos documentos programáticos del Partido Liberal Mexicano de 1906, que postulaba cubrir la necesidad de las familias asalariadas de contar con una vivienda satisfactoria. Este hecho señala, además del antecedente histórico los primeros pasos quedan el origen social de una consideración de esta naturaleza y la proyección de la misma. En los anales de la Constitución de 1917 se recuerdan las posturas del Constituyente José Natividad Macías, respecto de la obligación social para generar las condiciones que permitieran dotar de habitación digna a las clases trabajadoras.

Cabe señalar que para entonces, ninguna legislación en el mundo (aún las más avanzadas) se pronunciaba al respecto. La vivienda representa una condición social que índica directamente en el nivel y calidad de vida de la sociedad. La vivienda es una necesidad familiar básica, de cuya satisfacción dependen la alimentación, la salud y la educación. Es por ello, un parámetro del desarrollo cultural de una comunidad.

El Derecho a la Vivienda encuentra también su antecedente en la obligación del patrón de facilitar la adquisición o permitir el uso de viviendas decorosas para los obreros. El arranque inicial a nivel comunitario se manifestó en la Conferencia de la OIT (Organización Internacional del Trabajo) de 1921, aunque se circunscribe a los trabajadores agrícolas. Cuarenta años más tarde la recomendación 115 emitida en Ginebra tiene directrices de mayores alcances.

Análisis de la propuesta sujeta a dictamen

Con relación a la reforma de los artículos 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 1o., 62, fracción II, y 82, fracción II, de la Ley de Vivienda, que propone el proyecto legislativo en comento, tras el análisis detallado de la propuesta, quienes integramos esta Comisión consideramos que es viable la propuesta de Iniciativa referida en el presente dictamen.

Por ello, para los integrantes de esta Comisión de Puntos Constitucionales, es reconfortante promover el derecho que tiene toda persona a disfrutar de vivienda digna y decorosa. Es entonces, que el derecho a la vivienda se encuentra contemplado en el artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dicho artículo fue incluido por decreto el 19 de enero de 1983 y publicado en el Diario Oficial el 07 de febrero del mismo año, en él se establece lo siguiente: “Artículo cuarto: ...Toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa. La ley establecerá los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo.”

Como se aprecia en este precepto constitucional, claramente el constituyente ordena al legislador establecer los instrumentos y apoyos necesarios a fin de poder acceder al disfrute de este derecho. Esta regulación constitucional contiene, como es evidente inconsistencias jurídicas en materia de vivienda. En primer lugar, se le asigna el derecho fundamental a “la familia” y no a las. En segundo término, lo que garantiza la Constitución es “el disfrute” de la vivienda, pero no su adquisición, que siempre suele resultar más difícil que lo primero, como lo comenta Miguel Carbonell en su libro “Los Derechos Fundamentales en México”.

Por otro lado, la Constitución otorga el derecho a disfrutar de una vivienda, pero no de cualquier vivienda, sino una que sea digna y decorosa. La dignidad y el decoro de una vivienda no son cualidades fáciles de evaluar, pero seguramente tiene que ver con la posibilidad de que las personas puedan desarrollar, dentro de ellas, su privacidad y encuentren un mínimo de satisfacción de sus planes de vidas.

Desde esta perspectiva, el parámetro para evaluar cuando una vivienda es digna y decorosa provendría de la definición que establece la Comisión de Derechos Humanos y que tiene que ver con el espacio, comodidad, privacidad, servicios, seguridad, medio ambiente y transporte, entre otros.

Este derecho también se encuentra contemplado en el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en sus fracciones XII en sus dos primeros párrafos y XXX:

Artículo 123...

XII.- Toda persona agrícola, industrial, minera o de cualquier otra clase de trabajo, estará obligada, según lo determinen las leyes reglamentarias a proporcionar a los trabajadores habitaciones cómodas e higiénicas. Esta obligación se cumplirá mediante las aportaciones que las empresas hagan a un fondo nacional de la vivienda a fin de constituir depósito a favor de sus trabajadores y establecer un sistema de financiamiento que permita otorgar a éstos crédito barato y suficiente para que adquieran en propiedad tales habitaciones.

Se considera de utilidad social la expedición de una ley para la creación de un organismo integrado por representantes del Gobierno Federal, de los trabajadores y de los patrones, que administre los recursos del fondo nacional de la vivienda. Dicha ley regulará las formas y procedimientos conforme a los cuales los trabajadores podrán adquirir en propiedad las habitaciones antes mencionadas.

XXX.-Asimismo serán consideradas de utilidad social las sociedades cooperativas para la construcción de casas baratas e higiénicas, destinas a ser adquiridas en propiedad por los trabajadores en plazos determinados, y

Dentro de estos párrafos constitucionales el Estado obliga a los patrones de diversa índole a dar vivienda a sus trabajadores, los cuales tienen la obligación de construir casas baratas y con todas las condiciones de servicios para el buen desarrollo de los trabajadores derecho que a pesar de estar enunciado, se encuentra condicionado por los trámites burocráticos y, en muchos casos, por la mala calidad de las viviendas.

Este derecho como se ha manifestado permaneció sin ser ejecutado por el Estado durante mucho tiempo, y aun continua limitado, ya que no se encuentra plenamente desarrollado, pues todavía existen un número importante de personas que carecen de casas dignas y decorosas, siendo una realidad que la mayoría de los habitantes se encuentran en asentamientos irregulares y sin los servicios más elementales.

Consolidar un término o concepto (para el caso que interesa a este dictamen) requiere abrevar en el gran acerbo que existe a nivel internacional sobre los asuntos de la vivienda. Hoy más que nunca, la globalización económica hace necesario un comparativo de información para entender como se está enfrentando esa necesidad básica en los diferentes países. Acceder a esta información dará elementos importantes para conocer el uso de conceptos y términos que enriquecerían el enunciado constitucional.

Sin embargo es solo para enriquecer nuestra perspectiva en este tema, ya que se trata de enriquecer la singularidad del problema que aqueja a los mexicanos, ya que entendemos perfectamente que cada nación tiene su propia historia.

Carta de la Organización de Estados Americanos

Carta suscrita por representantes de los diferentes Estados del continente americano en la IX Conferencia Internacional Americana, en la Ciudad de México, debido a la necesidad de los propios Estados de poder ofrecer al hombre una tierra de libertad y un ámbito favorable para el desarrollo de su personalidad y la realización de sus justas aspiraciones. El derecho a la vivienda como parte del desarrollo de los países americanos, se encuentra plasmado dentro del artículo 34 inciso k, de la Carta de la Organización de Estados Americanos, el cual manifiesta lo siguiente:

Artículo 34.- Los estados convienen en que la igualdad de oportunidades, la eliminación de la pobreza crítica y la distribución equitativa de la riqueza y del ingreso, así como la plena participación de sus pueblos en las decisiones relativas a su propio desarrollo, son, entre otros, objetivos básicos del desarrollo integral. Para lograrlos, convienen asimismo en dedicar sus máximos esfuerzos a la consecución de las siguientes metas básicas:

k).- Vivienda adecuada para todos los sectores de la población;

Como se puede observar en la Carta de la Organización de Estados Americanos, existe la propensión a manejar el derecho a la vivienda entre los objetivos básicos del desarrollo integral.

Convención Americana sobre Derechos Humanos

Obligándose los países americanos a respetar en todo tiempo los derechos humanos de las personas, tal y como lo manifiestan en el artículo 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el cual establece:

Artículo 1.- Obligación de respetar los Derechos.

Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen natural o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.

Para los efectos de esta Convención, persona es todo ser humano.

Y en el artículo 26 de la propia Convención Americana sobre Derechos Humanos los Estados se comprometen a adoptar las providencias que sean necesarias para el buen desarrollo de los acuerdos que se establecieron en la convención:

Artículo 26.- Desarrollo Progresivo.

Los Estados Partes se comprometen a adoptar providencias, tanto a nivel interno como mediante la cooperación internacional, especialmente económicas y técnica, para lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos que se derivan de las normas económicas, sociales y sobre educación, ciencia y cultura, contenidas en la Carta de la Organización de los Estados Americanos, reformada por el Protocolo de Buenos Aires, en la medida de los recursos disponibles, por vía legislativa u otros medios apropiados.

México, como integrante de esta organización internacional, se obliga a conducirse bajo los acuerdos que buscan lograr la plena efectividad de los derechos que provienen de las normas económicas, sociales, educacionales, científicas y culturales, en los cuales se incluye la vivienda.

Declaración Universal de los Derechos Humanos

Adoptada y proclamada por la resolución de la Asamblea General 217 A (iii) el 10 de Diciembre de 1948 en la sede de las Naciones Unidas, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, es un documento que contiene los derechos que obliga a todas las naciones a respetar a los habitantes de sus territorios y de otras naciones. Se entiende por derechos humanos, el derecho que tienen todas las personas, en virtud de su humanidad común, a vivir una vida de libertad y dignidad. Los derechos humanos son indivisibles en dos sentidos. En primer lugar, no hay una jerarquía entre diferentes tipos de derechos. Los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales son todos igualmente necesarios para una vida digna. En segundo lugar, no se pueden reprimir algunos derechos para promover otros. No se pueden conculcar los derechos civiles y políticos para promover los derechos económicos y sociales, ni se pueden conculcar los derechos económicos y sociales para promover los derechos civiles y políticos.

Una constante de los documentos nacionales e internacionales sobre derechos humanos, es la supremacía de la libertad del individuo, como un derecho positivo, se trata de que las personas puedan disfrutar de los bienes y libertades necesarios para una vida digna. El artículo 25 párrafo 1, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos hace mención que:

Artículo 25

1. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de perdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad

Nuevamente se puede observar la recurrencia de los términos vivienda, salud, vestido, etc., para proteger los derechos humanos, sobre todos los básicos, que mejor que la Declaración Universal de los Derechos Humanos y los Pactos Internacionales, como se podrá constatar en líneas posteriores.

Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales

Pacto que se firma conforme a los principios enunciados en la Carta de las Naciones Unidas, la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad inherente a todos los miembros de la familia humana y de sus derechos iguales e inalienables, reconociendo que estos derechos se desprenden de la dignidad inherentes a la persona humana, reconociendo que, con arreglo a la Declaración Universal de Derechos Humanos, no puede realizarse el ideal del ser humano libre, liberado del temor y de la miseria, a menos que se creen condiciones que permitan a cada persona gozar de sus derechos económicos, sociales y culturales, tanto como de sus derechos civiles y políticos. Considerando que la Carta de las Naciones Unidas impone a los estados la obligación de promover el respeto universal y efectivo de los derechos y libertades humanas, tal y como se establece en el artículo 11.

Artículo 11

1. Los estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación vestido y vivienda adecuados, y a una mejora continua de las condiciones de existencia. Los estados Partes tomaran medidas apropiadas para asegurar efectividad de este derecho, reconociendo a este efecto la importancia esencial de la cooperación internacional fundada en el libre consentimiento.

Dentro de dicho pacto se contempla el derecho de las personas de obtener viviendas para su pleno desarrollo, y en donde México adquiere el compromiso de realizar y adecuar dentro de su gobierno, los instrumentos necesarios para la aplicación de este derecho.

La Ley Federal del Trabajo es ley reglamentaria del artículo 123 Constitucional del apartado “A” que tiene por finalidad la protección de los derechos laborales de todos los trabajadores, derecho que encuentra su origen en las normas relativas a la protección social proclamadas en las leyes de indias durante el reinado de Felipe II, las cuales protegían al peón en el campo, al trabajador de las minas y al que se desempeñaba en los obrajes, ideas basadas en el humanismo social español que buscaba asegurar a los indígenas un trato humano y salvarlos de la esclavitud y la servidumbre, en la actualidad persisten estas ideas que han sido recogidas por nuestra constitución como por ejemplo: el Libro Tercero, Titulo Sexto, Ley Sexta en el cual se establece la jornada de trabajo máxima: “Todos los obreros deberán trabajar ocho horas, repartidas como mejor le convenga”, La Ley Décima Tercera, Titulo Sexto, Libro Tercero, y la Ley Vigésimo Primera, Titulo Décimo Sexto, del mismo Libro, en donde se consigna la protección al salario, que comprendía el pago en efectivo, íntegro y sin dilación; y; el Libro Primero, Titulo Primero, Ley Décimo Séptima de la Ley de Indias que consagra el descanso dominical obligatorio, así como las fiestas de guardar

Dentro del conjunto de ideas que dieron origen a la Constitución de 1857 se encuentran la del legislador Ponciano Arriaga, quien manifestó en el proyecto de Constitución el 16 de Junio de 1856 que:

Nuestras leyes en efecto, muy poco o nada han hecho a favor de los ciudadanos pobres o trabajadores. Los artesanos y los operarios del campo no tienen elementos para ejercer su industria, carecen de capitales y materias, están subyugados por el monopolio, luchan con rivalidades y competencias invencibles y son en realidad tristes máquinas de producción para el provecho y ganancias de los gruesos capitalistas, Merecen que nuestras leyes recuerden alguna vez que son hombres libres, ciudadanos de la Republica, miembros de una misma familia, de igual forma se distinguen los ideales de Ignacio Vallarta e Ignacio Ramírez, quienes manifestaron: “El grande, el verdadero problema social, es emancipar a los jornaleros de los capitalistas; la resolución es sencilla y se reduce a convertir en capital el trabajo.

Esta operación, exigida imperiosamente por la justicia, asegurará al jornalero no solamente el salario que conviene a su subsistencia, sino un derecho a dividir proporcionalmente las ganancias con el empresario. La escuela económica tiene razón al proclamar que el capital en numerarios debe producir un rédito, como el capital en efectos mercantiles y en bienes raíces; pero los economistas completarán su obra, adelantándose a las aspiraciones del socialismo, el día en que concedan los derechos incuestionables a un rédito, al capital trabajo. Señores de la comisión, en vano proclamareis la soberanía del pueblo mientras privéis a cada jornalero de todo el fruto de su trabajo.

Posteriormente durante el Porfiriato y debido a la represión sangrienta de los trabajadores en Cananea y Río Blanco, así como por la sobre explotación física, de los miserables salarios, del peonaje acasillado, del mal trato recibido y de las condiciones insalubres y deplorables en los que desempeñaban su trabajo los obreros, surgen diversas ideas siendo las de mayor relevancia la de los hermanos Ricardo y Enrique Flores Magón, Librado Rivera, Antonio Villarreal, Los Hermanos Sarabia, Rosalío Bustamante, Camilo Arriaga, Luis Cabrera y otros luchadores sociales integrantes del Partido Liberal lanzaron un manifiesto a favor de los trabajadores en la que se establecía: Jornada máxima de ocho horas, salario mínimo, reglamentación del servicio doméstico y del trabajo a domicilio, protección al trabajo a destajo, prohibición absoluta del empleo a niños menores de catorce años, higienización de minas, fábricas y talleres, obligar a los patrones rurales a dar alojamiento higiénico a los trabajadores,indemnizaciones por accidentes de trabajo, remisión de deudas de los jornaleros del campo para con sus amos, pago del salario en efectivo, abolición de la tienda de raya, preferencia mayoritaria a los trabajadores mexicanos en relación con los extranjeros, descanso obligatorio dominical.

Terminada la revolución de 1910 y tras los debates del constituyente de 1916-1917, se reforma el artículo quinto, cuando se debaten las condiciones del contrato de trabajo, de tal manera que de esa discusión surge el artículo 123 respecto del Trabajo y de la Previsión Social; textos Constitucionales que amparan los derechos laborales de los trabajadores y en donde se establecen las condiciones en que estos realizarán los trabajos, el pago que recibirán, el horario de la jornada y demás condiciones y derechos inherentes que se originan por la realización de su trabajo. Además dentro de este artículo se establece que los trabajadores gozarán de vivienda, las cuales serán proporcionadas por los patrones.

El dictamen del Artículo 5° Constitucional fue aprobado en la 17ª sesión ordinaria, el 19 de diciembre de 1916, sin ser sometido a discusión. Posteriormente, de la 23ª hasta la 25ª Sesión Ordinaria de fecha 26 de diciembre de 1916 se somete a discusión el dictamen del artículo 5° Constitucional, pero es hasta la 57ª Sesión Ordinaria celebrada el 23 de enero de 1917 cuando se hizo la última modificación al artículo 5° Constitucional y, finalmente en la 58ª sesión ordinaria celebrada en fecha 23 de enero de 1917 se aprobó el artículo 5° Constitucional que otorgaba derechos laborales a los trabajadores. Lo trascendente de estas Sesiones, fue que de su discusión nació el Artículo 123 constitucional. Fue durante su debate que José Natividad Macías expresó en líneas que “deseaba para los trabajadores mexicanos casas secas aireadas, perfectamente higiénicas, que tengan cuando menos tres piezas”. Finalmente, fue en la fracción XXX del Artículo 123 de la Constitución de 1917 en donde se estableció que “...serán consideradas de utilidad social las sociedades cooperativas para la construcción de casas baratas e higiénicas destinadas para ser adquiridas en propiedad por los trabajadores en plazos determinados”.

En el año de 1931 se expide la Ley Federal del Trabajo, la que posteriormente fueabrogada por la Ley Federal del Trabajo que entró en vigor el Primero de Mayo de1970, y que todavía rige la relación laboral.El derecho de los trabajadores a una vivienda se encuentra contemplado en el Titulo Cuarto (Derechos y Obligaciones de los Trabajadores y de los Patrones) Capítulo III (Habitaciones de los Trabajadores) correspondiente a los artículos 136 hasta el 153 de la Ley Federal del Trabajo:

Artículo 136 señala lo siguiente:

Toda empresa agrícola, industrial, minera o de cualquier otra clase, está obligado a proporcionar a los trabajadores habitaciones cómodas e higiénicas. Para dar cumplimiento a esta obligación, las empresas deberán aportar al Fondo Nacional de la Vivienda el cinco por ciento sobre los salarios de los trabajadores a su servicio.

Como se aprecia dentro de esta ley, se establece la obligación de los patrones de proporcionar a sus trabajadores habitaciones cómodas e higiénicas para su descanso, teniendo la obligación de aportar el cinco por ciento sobre el salario de los trabajadores al Fondo Nacional de la Vivienda, organismo que se encargara de realizar las gestiones necesarias para la construcción de casas baratas para los trabajadores.

Históricamente, el artículo 123 constitucional, es el primero que hace referencia a la vivienda de los trabajadores, ahí se destaca la protección del patrimonio familiar, para asegurar la permanencia del bien en la familia, esto por los usureros o por la facilidad con la cual se podía despojar a los ciudadanos de su hogar. Este artículo es también el mejor indicador de las políticas de gobierno orientadas hacia las colectividades. La falta de un ordenamiento constitucional sobre el aspecto de la vivienda (realmente acontecida hasta 1982), ha provocado la expedición de un sinnúmero de leyes, decretos, reglamentos, circulares y resoluciones relativas a la vivienda.

Dentro de nuestro derecho comparado interno

En el presente apartado se hace uso de nuestro derecho interno comparado, a fin de contar con un panorama más amplio respecto a este tema, las Constituciones Políticas de los Estados para conocer y comparar la manera en que esta figura jurídica es regulada por estos Estados.

Estado de Colima

Artículo 1.- El Estado de colima reconoce, protege y garantiza a toda persona, el goce de sus derechos consignados en la Constitución General de la República y los establecidos en esta Constitución.

Con respeto a la libertad, igualdad y seguridad jurídica, se establecen las siguientes declaraciones:

I.- La familia constituye la base fundamental de la sociedad. El Estado fomentará su organización y desarrollo, por la misma razón: el hogary, particularmente, los niños serán objeto de especial protección por parte de las autoridades. Toda medida o disposición protectora de la familia y de la niñez, se considerarán de orden público. El niño tiene derecho desde su nacimiento a que se le inscriba en el Registro Civil y a tener un nombre.

V.- toda persona tiene derecho al trabajo, a la salud y a disfrutar de vivienda digna y decorosa. El gobierno del Estado y los gobiernos municipales promoverán la construcción de vivienda populare inducirán a los sectoresprivado y social hacia ese propósito, de conformidad con las disposicioneslegales aplicables.

Estado de Durango

Artículo 3. En el Estado de Durango, toda persona tiene derecho a la libertad, la seguridad personal, y a una vivienda digna y decorosa, adecuada a las necesidades del hogar, al trabajo y a la educación.

Los habitantes del Estado tienen derecho a vivir y crecer en un ambiente saludable y equilibrado. Las autoridades desarrollarán planes y programas destinados a la preservación, aprovechamiento racional y mejoramiento de los recursos naturales, de la flora y la fauna existentes en su territorio, así como para la prevención y combate a la contaminación ambiental.

Estado de Hidalgo

Artículo 8. Todos los habitantes del Estado tienen derecho a la alimentación, a la salud, a disfrutar de una vivienda digna y decorosa, y en general, al bienestar y a la seguridad individual y social, como objetivos de la permanente superación del nivel de vida de la población. La Ley definirá las bases y formas para conseguir estas finalidades en concurrencia con la Federación.

Estado de Zacatecas.

Artículo 26 Todo individuo tiene derecho ala alimentación, la salud, la asistencia social, la vivienda,el descanso y larecreación; la protección de sus bienes, la paz y la seguridad pública.

Estado de México

Artículo 17 El Estado de México tiene una composición pluricultural y pluriétnica sustentada originalmente en sus pueblos indígenas.

La ley protegerá y promoverá el desarrollo de sus culturas, lenguas, usos, costumbres, recursos y formas específicas de organización social y garantizará a sus integrantes el efectivo acceso a la jurisdicción del Estado.

Las autoridades promoverán el bienestar de estos grupos mediante las acciones necesarias, convocando incluso a la sociedad, en especial en las materias de salud, educación, vivienda y empleo, así como en todas aquellas que con respeto a las expresiones y manifestaciones de su cultura, faciliten e impulsen la participación de quienes los integran en todos los ámbitos del desarrollo del Estado y en igualdad de condiciones y oportunidades que los demás habitantes.

Estado de Querétaro

Artículo 8 Todo individuotiene derecho al trabajo, a la salud y a disfrutar de vivienda digna y decorosa.

El Gobierno del Estado y los gobiernos municipales promoverán la construcción de viviendase inducirán a los sectores privado y social haciaeste objeto, de conformidad con las disposiciones legales aplicables.

El ejercicio del derecho a la vivienda visto desde la óptica del doctor Miguel Carbonell, el derecho a la vivienda no debe plantearse comouna figura decorativa dentro del marco constitucional, sino como un derecho queapoyado por lo que establece la normatividad internacional proporcione bienestara los ciudadanos, tal y como lo establece en su libro Los Derechos Fundamentales en México: “ El derecho a la vivienda no es simplemente una declaración que figura en el artículo cuarto constitucional como un añadido decorativo o un signo de las buenas intenciones de los gobernantes mexicanos, sino que en dicho precepto anidan posibilidades normativas de la mayor importancia, derivadas del propio texto constitucional y apoyadas por la normatividad internacional y por la interpretación de la misma a la que hemos hecho referencia.”.

En tanto que para Francisco González Díaz Lombardo en su libro El Derecho Social y Seguridad Social Integral, el derecho a la vivienda es percibida de la siguiente forma: “Si bien el Constituyente denomino al Título Sexto de nuestra Carta Magna del Trabajo y de la Previsión Social, qué duda cabe que no solo se ocupó de ordenar las relaciones obrero–patronales, con esa doctrina, esa ley y esa política, eminentemente proteccionista de los trabajadores, considerándolos como la parte débil de la relación, amparándolos y aun supliendo su voluntad, sino también estableció en este artículo importantes normas tendientes a lograr una mejor condición humana para el trabajador y sus dependientes, no solo dentro de las empresas y durante las horas de trabajo, sino también fuera de ellas, a fin de que pudiera disfrutar independientemente del salario. Es quizás en este capítulo donde la revolución ha tenido una de sus mejores realizaciones, pero es donde falta todavía mucho por hacer.”

Como se aprecia en la opinión de los citados autores, se puede concluir que el ejercicio de este derecho se encuentra todavía desarrollándose, pues la creciente demanda de vivienda supera los esfuerzos que el gobierno realiza para dar a cada ciudadano un hogar. Es importante señalar que es necesario establecer dentro de la constitución que “toda persona tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa.”, para proporcionar viviendas dignas y decorosas a los y no como actualmente se encuentra establecido ya que restringe este derecho a un importante número de mexicanos que viven solteros o su situación personal sea distinta, es necesario establecerlo de forma precisa dentro de la ley suprema.

Por lo que para esta Comisión, el marco jurídico referenciado y las opiniones de algunos doctrinarios, constituyen la memoria jurídica para conocer cómo se aborda el problema de la vivienda en las diferentes constituciones de otros países y en la de los Estados y, sobre todo, para conducir el objetivo de la presente propuesta, bajo parámetros reales y plenamente fundamentados.

De lo antes analizado, como podemos observar en la mayoría de las Constituciones citadas, el sujeto del Derecho es la, como es el caso de la mexicana.

Después de robustecer en las diferentes Constituciones y Leyes, para utilizar las herramientas adecuadas que otorga el derecho comparativo y establecer un criterio adecuado de referencia, se precisarán las modificaciones al enunciado constitucional sobre el derecho a la vivienda, para hacerlo una realidad y hacer valer la garantía de igualdad constitucional. Debemos de aclarar este enunciado constitucional; primero con el principio normativo, segundo con el principio programático, tercero con el principio de igualdad y por ultimo principio de justicia que deberá tener el artículo en comento.

La presente reforma constitucional busca garantizar a las personas su derecho a adquirir una vivienda digna y decorosa, bajo el irrestricto respeto de los derechos humanos, consagrados en la Constitución Política y en los tratados internacionales de que México es parte.

Por todo lo anterior, resulta de gran importancia reformar el texto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para establecer que “toda persona tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa”,como legisladores tenemos la obligaciones derealizar las reformas necesarias referentes a este tema,que coadyuve a fortalecer los derechos de todas las personas a disfrutar de una vivienda digna y decorosa y permita construir una sociedad más justa e igualitaria para bien de las generaciones presentes y futuras.

De acuerdo a la modificación al artículo 115 Constitucional es indisputable que los derechos humanos reconocidos en los tratados internacionales ya cuentan con fundamento constitucional. Esto es, todo lo relacionado con los derechos humanos que esté contenido en un tratado, puede ser utilizado para juzgar todos los, administrativos y jurisdiccionales de las autoridades mexicanas.

Esta reforma, demostrara un importante avance del Estado Mexicano, en la incorporación del derecho internacional relativo a los derechos humanos en materia de vivienda en el marco jurídico mexicano, en los que se destaca, que resulta apremiante adoptar los cambios propuestos en el cuerpo de esta reforma, con el fin de que sean las personas o habitantes las que estén como titulares de derechos, y no solo como familia como hasta hoy establece la Constitución Política, así cualquier persona puede hacer exigible y justiciable de manera directa todo el catálogo de derechos hasta ahora reconocidos, independientemente de su condición de familia o no, se debe proteger el derecho a todas las personas en su sentido más amplio como sujeto de derechos y obligaciones jurídicas, ya que como se menciona dentro de las consideraciones del presente dictamen un 10 por ciento de los hogares en México está formado por una sola persona, en suma, de ahí la enorme relevancia jurídica y social de una adecuada y justa modificación al presente texto Constitucional.

Por lo tanto sostenemos que la nueva normativa debe garantizar que toda persona tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa, y avanzar en el fortalecimiento de estos derechos humanos en la Constitución que propicie el pleno reconocimiento del principio igualdad, y garantizar a las personas su derecho a adquirir una vivienda digna y decorosa, bajo el irrestricto respeto de los derechos humanos, consagrados en la Constitución.

Después de este breve recorrido conceptual de estos términos, estamos en posibilidad de formarnos un juicio sobre la conveniencia de la reforma propuesta por la legisladora a nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Finalmente, partir de una totalidad concreta, conociendo el espíritu que consagró el derecho a la vivienda, es importante porque vincula el proceso objetivo del análisis técnico de la norma constitucional con las causas sociales, económicas, políticas y culturales que sirvieron de sustento a los legisladores para enunciar dicho derecho en el texto constitucional.

Por lo tanto sostenemos que la presente reforma garantizará la más amplia protección de los derechos de las personas, su derecho de adquirir una vivienda digna y decorosa, bajo el irrestricto respeto de los derechos humanos, consagrados en la Constitución Política y en los tratados internacionales de que México es parte.

Todas estas argumentaciones y premisas que sustentan la iniciativa sujeta a estudio resulta ser el idóneo para tal justificación de modificación al texto en nuestra Carta Magna, tal y como se ha argumentado en el presente dictamen.

Sobre todo, debe ponerse énfasis en los siguientes aspectos importantes:

Primero.La Comisión de Puntos Constitucionales de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, es competente para dictaminar la presente Iniciativa, en términos de lo dispuesto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como el Reglamento de la Cámara de Diputados.

Segundo. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consagra en su artículo primero la tutela de los derechos humanos reconocidos en ella y en los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte: “En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección,cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.”

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.”

Es decir, el marco constitucional define la protección de los derechos de todas las personas, para gozar de los derechos humanos que establece la carta magna, así como los tratados internacionales, constituyéndose con ello el principio de derecho de igualdad constitucional en su más amplio sentido universal.

Del precepto antes mencionado deriva el sistema de normas jurídicas de derecho social, que busca regular los mecanismos y acciones para lograr la adquisición de la vivienda como un derecho de igualdad constitucional, como un derecho humano interrelacionado, interdependiente e indivisible, que tutela la garantía de igualdad. El derecho a la igualdad, es un derecho social y universal, es un elemento esencial para que el Estado pueda sentar las bases para eliminar la desigualdad.

Tercero.La palabra igualdad deriva del latín aequilitas, que significa uniformidad, nivel, justa proporción, semejanza.

Si la Constitución establece las garantías de igualdad en diversos numerales de la misma: “artículos 1°, 2°, 3°, 4°, 12, 13, 24..., es importante que esa igualdad prevalezca en las leyes reglamentarias”. Para el caso del patrimonio de familia, este derecho no protege una vivienda de clase media, debido al monto económico tan bajo que se establece como valor del patrimonio familiar en el Código Civil Federal. Ante esa marcada desigualdad expuesta en la ley, que se expresa a contrario sensude la igualdad que se postula en los preceptos constitucionales, es preciso que el legislador revise las diferentes variables y condiciones objetivas que sustentan el valor actual de la vivienda como patrimonio familiar, para que todos los mexicanos sin excepción puedan acceder a ese derecho.

La referencia anterior, fortalece la tesis de que la revisión del enunciado del artículo cuarto de la Constitución Política Mexicana, debe ser realizada en forma integral, considerando las sugerencias y propuestas de los organismos nacionales e internacionales que atienden el derecho a una vivienda, con servicios, seguridad, espacio, medios de transporte y garantía de poder conservarla como patrimonio familiar.

Como parte en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, México ha asumido obligaciones que se expresan en la relatoría de la 59 Sesión de la Comisión de Derechos Humanos realizada en México los días 4 al 15 de marzo de 2003. En ella se establecen medidas para hacer efectivo el derecho a una vivienda. El hecho de que organismos internacionales, regionales, nacionales aborden el tema de la vivienda permanentemente y con un sentido integral, indica la relevancia que tiene como derecho básico. Hasta lo que se ha podido observar en el acervo que existe sobre la vivienda, es que el concepto vivienda reúne una concepción integral, que le da indivisibilidad y universalidad al concepto. Ubicarlo como derecho constitucional significa fortalecerlo como un derecho pleno a la vivienda.

Cuarto. Los últimos acontecimientos en los cuales muchos mexicanos perdieron sus viviendas por créditos bancarios (calificados de usura por magistrados de Venezuela y Colombia), las malas condiciones de las viviendas entregadas a los “beneficiarios” por organismos institucionales, la desigualdad propiciada por la ley y la falta de precisión en los términos del precepto constitucional, constituyen condiciones estructurales y circunstanciales sobre las cuales legislar para ofrecer alternativas reales a las personas que requieren adquirir y proteger su vivienda con la garantía de que sus derechos serán respetados. Conviene citar la fracción XXVII del Artículo 123 de la Constitución de 1917 que postula “Las leyes determinarán los bienes que constituyan el patrimonio de familia, bienes que serán inalienables. No podrán sujetarse a gravámenes reales ni embargos y serán transmisibles a título de herencia con simplificación de las formalidades de los juicios sucesorios”.Ahí está el espíritu de los constituyentes de 1916-1917.

Quinto.Es por ello que esta Comisión considera procedente que en la Cámara de Diputados se apruebe el presente dictamen, a efecto, de que se precise y actualice conforme a los términos vigentes del derecho, así como las formas y procedimientos que debe seguir para ejecutar este Derecho, implica ampliar hacia otros estamentos sociales la acción de la connotación social, cuya política fue la mayoría de las veces para privilegiar el interés colectivo.

A partir de 1970, comenzaron a realizarse numerosas reformas en estas materias: el artículo 4°, constitucionalizó los derechos a la protección de la familia y de los menores; el derecho a la salud; el derecho a una vivienda digna, y, posteriormente, los derechos de los indígenas. El artículo 6° consagró el derecho a la información; el artículo 27 estableció la obligación del Estado de promover el desarrollo rural integral; el artículo 28 consagró la protección del consumidor; el artículo 123 introdujo el derecho de los trabajadores a recibir vivienda, capacitación y adiestramiento (a cargo de los patrones). A partir de aquí, el papel del Estado incluyó el otorgamiento de prestaciones a la población, tales como la salud, vivienda, etcétera. Aparecía el Estado de bienestar en México, el Ogro Filantrópico al que Octavio Paz se refirió en 1979.

Comenzaba a exacerbarse la cualidad de la Constitución como eminentemente social, generando una diversidad de instituciones sociales, entre las cuales destacaban las creadas para satisfacer la necesidad de vivienda colectiva. Así nacieron entre otras: FOVISSSTE, INFONAVIT, FONHAPO, FOVIMI, CODEUR, FIVIDESU y el ultimo CONAVI (Comisión Nacional de Vivienda) creado el 26 de julio del 2001. Mientras tanto, la clase media era marginada de los apoyos por las instituciones históricas que engrosaban el Estado social. Sin embargo una moda no hace al Estado social, son también los resultados de las políticas y las acciones sociales de gobierno.

El derecho de igualdad es también consustancial al Estado social y a las libertades, sin descuidar a los otros sujetos sociales, que como la clase media requiere de su intervención. Es claro que la estructura del concepto corresponde a un determinado tiempo histórico; por ello, es necesario actualizarlo con una leyenda que defina objetivamente el texto constitucional.

Sexto.Concebir el derecho a la vivienda como derecho constitucional, implica también que las garantías individuales sean iguales para todos, justo como se indica en el artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: “todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece”

En el momento en que la ley, en referencia al derecho a la vivienda, privilegia los beneficios orientados hacia los obreros, empleados, indígenas y militares, y, margina a los demás ciudadanos de ese derecho, en ese preciso instante deja de lado el concepto de igualdad que debe prevalecer en el enunciado.

México forma parte del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. En dicho documento se registra la leyenda “proteger el derecho a una vivienda”.Es importante destacar que en la igualdad queestablece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la clase media yaquellos que poseen una vivienda con mayor costo económico que el mencionadocomo patrimonio de familia, queda desprotegido de la Ley Suprema; porque la leyreglamentaria (Código Civil Federal) lo exime, violándose con ello la garantía deigualdad constitucional.

Lo justo sería que todos los mexicanos pudieran adquirir una vivienda y contar con el mecanismo de ley para proteger su patrimonio familiar. Mismo que dentro de los preceptos de igualdad constitucional debería de abarcar a todos los mexicanos. Por ello, el derecho debiera otorgarse a una vivienda, específicamente, la vivienda en donde se asienta la familia, y la cual se constituye de acuerdo a la capacidad económica que cada mexicano tiene para disponer de su propia vivienda.

Es entonces para los integrantes de esta Comisión de Puntos Constitucionales consideramos improrrogable esta reforma al artículo cuarto de la Constitución mexicana, para que todos los ciudadanos sean sujetos de ese derecho y la igualdad no sólo sea un referente del texto constitucional. Se trata de que todo los mexicanos puedan adquirir y asegurar una vivienda digna y decorosa, esto es lo que puede darle sustento a la garantía constitucional.

Séptimo.La comisión dictaminadora ve con optimismo la presente propuesta de la legisladora proponente por las consideraciones y fundamentaciones de hecho y de derecho vertidas en el cuerpo del presente dictamen, por lo que, se considera que el presente dictamen en estudio es viable; toda vez, que con ello se lograra pleno derecho a la vivienda, y hacer que este derecho sea una verdadera garantía constitucional para todas las personas en el país. Es entonces, que se hace imperativo la aprobación del presente dictamen a fin de establecer el instrumento y los medios adecuados para garantizar el derecho de todos los mexicanos a tener una vivienda digna y decorosa.

Para las diputadas y diputados, es claro que el beneficio que con ello se consigue, por ello la importancia de la presente propuesta de reforma.

Por otro lado, es de destacarse la opinión de la Comisión de Vivienda, la que en su parte medular señaló:

Primero. — Esta Comisión de Vivienda acuerda que es indispensable aclarar el alcance del derecho a la vivienda en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 4°, por lo cual el Estado debe velar por este derecho irrestricto haciéndolo llegar a toda persona.

Segundo. — Esta Comisión de Vivienda opina que la iniciativa de reformar el artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 1, 62, fracción II y 82, fracción II de la Ley de Vivienda, es necesaria para asegura la accesibilidad del derecho a la vivienda para todas las personas, precisando que la familia sea un criterio preferente para determinar el monto y destino de los subsidios.

Valoraciones, ambas, que resultan plenamente coincidentes con las sostenidas por esta Dictaminadora, resaltando solamente, que la propia opinión reconoce a foja 4 que una de las manifestaciones de la familia lo constituye la unipersonal, por lo que en síntesis, se constriñe a los derechos de las personas en lo individual.

Finalmente, debe dejarse claro que, toda vez que la iniciativa propone reformas tanto legales como constitucionales, a efecto de no generar confusiones en el procedimiento legislativo, solo se dictamina respecto a la propuesta constitucional, reservando la posibilidad de dictaminar la propuesta legal en diverso documento.

Por lo anteriormente expuesto, la Comisión de Puntos Constitucionales, y para los efectos de lo dispuesto en el artículo 72, fracciones A), e I) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como a los diversos 85, numeral 1, fracción XII, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de la Honorable Asamblea, el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL PÁRRAFO SÉPTIMO DEL ARTÍCULO 4o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Artículo Único.- Se reforma el párrafo séptimo del artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 4o. ...

...

...

...

...

...

Toda persona tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa. La ley establecerá los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo.

...

...

...

...

...

...

Transitorios

Primero. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Las legislaturas de las entidades federativas adecuarán sus respectivas Constituciones, así como la legislación correspondiente, conforme a lo dispuesto en el presente Decreto en un plazo no mayor a 180 días a partir de la entrada en vigor del presente Decreto.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 28 días del mes de abril de 2016.

La Comisión de Puntos Constitucionales, diputados: Daniel Ordóñez Hernández (rúbrica), presidente; Édgar Castillo Martínez (rúbrica), Gloria Himelda Félix Niebla (rúbrica), Yulma Rocha Aguilar (rúbrica), José Hernán Cortés Berumen, María Guadalupe Murguía Gutiérrez (rúbrica), Javier Antonio Neblina Vega, Omar Ortega Álvarez (rúbrica), Ángel II Alanís Pedraza, Víctor Manuel Sánchez Orozco (rúbrica), Soralla Bañuelos de la Torre (rúbrica), Lorena Corona Valdés (rúbrica), secretarios; Marco Antonio Aguilar Yunes (rúbrica), Braulio Mario Guerra Urbiola, Benjamín Medrano Quezada (rúbrica), Ivonne Aracelly Ortega Pacheco, David Sánchez Isidoro (rúbrica), Martha Sofía Tamayo Morales (rúbrica), Mariana Benítez Tiburcio, Héctor Ulises Cristópulos Ríos, Armando Luna Canales, Karina Padilla Ávila, Ulises Ramírez Núñez, Santiago Taboada Cortina (rúbrica), María Luisa Beltrán Reyes, Evelyn Parra Álvarez (rúbrica), Rodrigo Abdala Dartigues (rúbrica), Virgilio Dante Caballero Pedraza, Jesús Sesma Suárez (rúbrica), Hugo Eric Flores Cervantes (rúbrica).»

«OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE VIVIENDA RESPECTO AL PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LA LEY DE VIVIENDA.

A la Comisión de Vivienda de la LXIII Legislatura de la H. Cámara de Diputados, le fue turnada para su opinión la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley de Vivienda, presentada por la Diputada Soralla Bañuelos de la Torre del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.

La Comisión de Vivienda, con fundamento en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e), f) y g) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y en los artículos 67, 68 y 69 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración la Opinión respecto del proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 4o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 1, 62 fracción II y 82 fracción II de la Ley de Vivienda,conforme a los siguientes:

ANTECEDENTES.

I. Con fecha del 15 de octubre de 2015, la Diputada Soralla Bañuelos de la Torre del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, presentó la “Iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la Ley de Vivienda”.

II. Tal propuesta fue publicada en la Gaceta Parlamentaria número 4384-III, del jueves 15 de octubre de 2015 y recibida en la Comisión de Vivienda el 28 de octubre de 2015

.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO DE DECRETO.

I.La propuesta de la Diputada es la siguiente:

Busca sustituir el término familia por personaen el artículo 4o. Constitucional, refiriendo que la vivienda debe otorgarse a la persona como titular de derechos, más no a la familia.

Del mismo modo busca reformar los artículos 1, 62 y 82 de la Ley de Vivienda, para quedar como sigue:

II. La Diputada basa su propuesta legislativa bajo los siguientes argumentos:

“En nuestro país, el derecho a la vivienda se ha considerado como un derecho social cuya problemática recae en la falta de desarrollo de sus contenidos específicos. A pesar de los esfuerzos hechos por algunas instituciones y sistemas que han encaminado su labor a satisfacer las necesidades de las familias carentes de viviendas. Ninguna ha demostrado que la familia como tal la haya adquirido, esto viene a colación porque la persona en su sentido más amplio es sujeto de derechos y obligaciones jurídicas.

Desde esa óptica, la Constitución Política queda lejos de ir a la vanguardia internacional de los derechos humanos, a pesar de los trabajos efectuados en la materia. Si bien, la reforma en materia de derechos humanos que se aprobó en 2011, los implantó en ¡a Constitución Política, dejó de lado situaciones como ésta, que tienen que ser atendidas por el Constituyente, salvaguardando a las personas desde su sentido más amplio, acorde siempre con la realidad que hoy vivimos”.

III. La Diputada Soralla Bañuelos De La Torre funda su propuesta en los tratados internacionales a los que México pertenece, como los es la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Convención Americana de Derechos Humanos, de hecho refiere que el artículo 25.1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos dispone que “ Toda personatiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud, el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda,la asistencia médica y los servicios sociales necesarios...”

IV.La Diputada refiere que los aspectos de vivienda que México percibe hoy en día han cambiado, no son los mismos a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación del 07 de febrero de 1983, fecha en que se institucionalizó el derecho de toda familia a disfrutar de una vivienda digna y decorosa. Destaca que es necesario revisar cómo ha cambiado la composición poblacional de México. Aun cuando el porcentaje de hogares nucleares (pareja con o sin hijos, o al menos un padre e hijos) sigue siendo la mayoría (64.4%) y que el porcentaje de hogares ampliados (un hogar nuclear con al menos otro pariente) suman el 23.6 % y un 10 % de los hogares en México está formado por una sola persona.

Por su parte, el Censo de Población y Vivienda de 2011, del INEGI, en el apartado relativo a hogares, se observa que 4 millones 193 mil 320 hogares mexicanos a nivel nacional están formados por una sola persona y 3 millones 804 mil 677 por parejas sin hijos.

Es por tal motivo que el proyecto de decreto que reforma la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley de Vivienda, busca adoptar que el derecho a la vivienda sea para las personas y no exclusivamente de las familias, tal como lo establece la Constitución hoy en día.

CONSIDERACIONES DE LA COMISIÓN DE VIVIENDA.

PRIMERA.-La Cámara de Diputados es competente para conocer la presente iniciativa, de acuerdo con lo que establece el artículo 73, fracción XXX, en relación con el artículo 90 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

SEGUNDA.-Esta Comisión es competente para emitir opinión de este asunto de acuerdo a lo que establecen los artículos 67, fracción II y 69 del Reglamento para la Cámara de Diputados en relación con el artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

TERCERA.-La Comisión de Vivienda considera que en primer orden, es necesario identificar qué debemos entender por derechos humanos para estar en posibilidad de hacer un análisis objetivo y jurídico del alcance del derecho a la vivienda en el sistema jurídico mexicano.

Para Luigi Ferrajoli, jurista de origen italiano y uno de los más importantes expositores de la Teoría de los Derechos Fundamentales, los derechos humanos son:

“...todos aquellos derechos subjetivos que corresponden universalmente a «todos» los seres humanos en cuanto dotados del status de personas, de ciudadanos o personas con capacidad de obrar; entendiendo por «derecho subjetivo» cualquier expectativa positiva (de prestaciones) o negativa (de no sufrir lesiones) adscrita a un sujeto por una norma jurídica; y por «status» la condición de un sujeto, prevista asimismo por una norma jurídica positiva, como presupuesto de su idoneidad para ser titular de situaciones jurídicas y/o autor de los actos que son ejercicio de éstas.”

De tal manera, que los derechos humanos son derechos subjetivos que importan el respeto de cierta situación a favor de los seres humanos o la satisfacción de algún estándar reconocido como mínimo e indispensable para todos. No obstante, tales expectativasestán sujetas a condiciones jurídicas de las personas que, en México, conocemos como capacidad jurídica, que a su vez, está constituida por la capacidad de goce y la de ejercicio.

No obstante, es importante señalar que la capacidad jurídica no es determinante a la hora de exigir el cumplimiento de los derechos humanos, ya que para ello son necesarias las garantías que constituyen una dimensión aparte o complementaria de los derechos subjetivos que consisten en mecanismos de protección creados para facilitar el acceso y ejercicio a los mismos.

Una cualidad importante de los derechos humanos, es que se nos presentan en forma de principios jurídicos que ordenan que algo sea realizado en la mayor medida posible, es decir, su cumplimiento puede darse en diferentes grados, dependiendo de las posibilidades reales, tanto jurídicas como materiales. Asimismo, estos principios o derechos humanos, son interdependientes pero también pueden entrar en colisión con otros derechos o tener una restricción constitucional. Sobre esto último es importante detenerse.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prevé restricciones a los derechos humanos que no pueden ser superadas por tratados internacionales, ni por la jurisprudencia internacional que pudiera ser vinculante para el Estado Mexicano por ser parte del sistema internacional o regional de derechos humanos. Al respecto, es ilustrativo el artículo 1o. Constitucional que en su primer párrafo establece:

Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.

Por lo tanto, es muy importante que la forma en que se nos presenten los derechos humanos sea la correcta, pues una redacción imprecisa o incorrecta puede contribuir a que las autoridades facultadas para interpretar nuestra Constitución, sean excluyentes de un derecho esencialmente universal, de ahí que la claridad en materia de derechos humanos, sea fundamental.

Cabe destacar que el derecho a la vivienda se contempla en programas y políticas públicas de nuestro país, que permiten coordinar y facilitar el acceso a los apoyos; así también, existen instancias administrativas y judiciales, que hacen posible la exigibilidad del cumplimiento de este derecho. Ejemplo de ello es el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, en el que se plasmó como objetivo hacer efectivo el acceso a la vivienda digna como base de un capital humano que les permita desarrollarse plenamente como individuos a través de la Política Nacional de Vivienda, especialmente enfocada en procurar una vivienda digna para los mexicanos, así como desarrollar, promover e incentivar el bienestar de las familias de los distintos segmentos de la población, adecuándose a las necesidades personales y familiares. A su vez, la Ley de Vivienda reglamentaria del artículo 4o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de vivienda, regula la Política Nacional, los programas, los instrumentos y apoyos para que toda familia pueda disfrutar de vivienda digna y decorosa. En este sentido, el artículo 3 de la Ley en comento, señala que sus disposiciones deberán aplicarse bajo principios de equidad e inclusión social de manera que toda persona, sin importar su origen étnico o nacional, el género, la edad, la discapacidad, la condición social o económica, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias o el estado civil, pueda ejercer su derecho constitucional a la vivienda. A la luz de este contexto normativo se infiere que México está trabajando en sus Políticas Publicas de Vivienda, para hacer llegar este derecho a cualquier persona aunque ello no es impedimento para corregir la redacción del párrafo séptimo del artículo 4o. Constitucional, que circunscribe este derecho a la “familia”, palabra que hace referencia a un hecho social producido por las personas y no un sujeto jurídico que sea titular de derechos subjetivos.

CUARTA.-Referente al contexto internacional, esta Comisión considera relevante la opinión del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de las Naciones Unidas, que en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, refiere en su artículo 2, numeral 1, que: “Cada uno de los Estados partes en el presente Pacto se compromete a adoptar medidas, tanto por separado como mediante la asistencia y la cooperación internacional, especialmente económicas y técnicas, hasta el máximo de recursos de que disponga, para lograr progresivamente, por todos los medios apropiados, inclusive en particular la adopción de medidas legislativas, la plena efectividad de los derechos aquí reconocidos.” México firmó este pacto desde el 03 de enero de 1976, por lo tanto se encuentra sujeto a este estándar normativo.

En este contexto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación en su tesis aislada 1a. CXLVIII/2014 (10a.) DERECHO FUNDAMENTAL A UNA VIVIENDA DIGNA Y DECOROSA. SU CONTENIDO A LA LUZ DE LOS TRATADOS INTERNACIONALES, del 03 de abril de 2014, hace referencia a la interpretación realizada por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de las Naciones Unidas en la Observación General No. 4 (1991) (E/1992/23), al artículo 11, numeral 1, del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de mayo de 1981 y también se refiere a los Lineamientos en Aspectos Prácticos respecto del Derecho Humano a la Vivienda Adecuada, elaborados por el Comité de Asentamientos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas y los Principios de Higiene de la Vivienda, emitidos por la Organización Mundial de la Salud, en Ginebra en 1990; concluyendo que el derecho fundamental a una vivienda digna y decorosa en México no es excluyente por lo que debe garantizarse a todas las personas y no debe interpretarse en un sentido restrictivo.

QUINTA.-Esta Comisión, recomienda dictaminar en sentido positivo esta iniciativa de reforma constitucional, ya que la claridad del texto es fundamental para asegurar el respeto, promoción, protección y garantía del derecho a la vivienda digna yfdecorosa. Tal claridad consiste en precisar que el derecho a la vivienda digna y decorosa es de las personas y no de la familia.

Asimismo, se recomienda que la familia, independientemente de quienes la integren, sí sea un criterio preferente para determinar el monto y destino de los subsidios en esta materia, lo cual se puede precisar en el artículo 62, fracción II, de la Ley de Vivienda, bajo la siguiente redacción:

RESOLUTIVOS DE OPINIÓN.

Primero.-Esta Comisión de Vivienda acuerda que es indispensable aclarar el alcance del derecho a la vivienda en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 4o., por lo cual el Estado debe velar por este derecho irrestricto haciéndolo llegar a toda persona.

Segundo.-Esta Comisión de Vivienda opina que la Iniciativa de reformar el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 1, 62, fracción II y 82, fracción II de la Ley de Vivienda, es necesaria para asegurar la accesibilidad del derecho a la vivienda para todas las personas, precisando que la familia sea un criterio preferente para determinar el monto y destino de los subsidios.

Notas:

1 Un hogar compuesto es aquél conformado por una familia nuclear o ampliada, con al menos una persona sin parentesco. Fuente. INEGI. “Conociendo México 2012”.

2 Un hogar co-residente es aquel conformado por dos o más personas sin parentesco. Fuente: INEGI. “Conociendo México 2012”.

3 Ferrajoli, Luigi. Garantías y Derechos. La Ley del más débil. Trad. Perfecto Andrés Ibáñez y Andrea Greppi, Edit. Trotta, Cuarta edición, 2004, pág. 37.

4 Disponible en http://www.ohchr.org/SP/Professionallnterest/Pages/CESCR.aspxSe anexa a la presente hojas de firmas de votación.

5 Disponible en: https://www.scjn.gob.mx/Primera_Sala/Tesis_Aisladas/TESIS%20AISLADAS%202014_PRI MERA %20SALA.pdf

Así se acordó y votó en sesión plenaria de la Comisión de Vivienda en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 30 días de marzo del 2016.

La Comisión de Vivienda, diputados: Alma Carolina Viggiano Austria (rúbrica), presidenta; José Luis Sáenz Soto (rúbrica), Pedro Alberto Salazar Muciño (rúbrica), Fernando Uriarte Zazueta (rúbrica), Daniel Torres Cantú, Ricardo del Rivero Martínez (rúbrica), Francisco Ricardo Sheffield Padilla (rúbrica), Lucía Virginia Meza Guzmán (rúbrica), Érik Juárez Blanquet (rúbrica), Norberto Antonio Martínez Soto, Francisco Alberto Torres Rivas (rúbrica), Ricardo Quintanilla Leal, secretarios; Refugio Trinidad Garzón Canchola (rúbrica), Modesta Fuentes Alonso (rúbrica), Rosa Alicia Álvarez Piñones, Karen Hurtado Arana (rúbrica), Roberto Guzmán Jacobo (rúbrica), Juan Corral Mier (rúbrica), Eloísa Chavarrías Barajas, Marco Antonio Gama Basarte (rúbrica), Gabriela Ramírez Ramos, Nadia Haydee Vega Olivas, Fidel Kuri Grajales (rúbrica), Edith Yolanda López Velasco (rúbrica), José Lorenzo Rivera Sosa (rúbrica), Maricela Serrano Hernández, José Alfredo Torres Huitrón (rúbrica), Rafael Yerena Zambrano, Pedro Luis Coronado Ayarzagoitia.»

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Está a discusión en lo general y en lo particular. No habiendo oradores registrados, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular.

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría por la afirmativa, presidente.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Suficientemente discutido en lo general y en lo particular.

Se pide a la Secretaría que abra el sistema electrónico por tres minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular.

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por tres minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular.

(Votación)

¿Algún diputado o diputada que falte de emitir su voto? Ciérrese el sistema electrónico de votación. Se emitieron 369 votos a favor. Aprobado por unanimidad, es mayoría calificada, presidente.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Aprobado en lo general y en lo particular por 369 votos, unanimidad de los presentes, el proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo séptimo del artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Pasa al Senado, para sus efectos constitucionales.

LEY GENERAL DE DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 7 y 16 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable.

El Secretario diputado Andrés Fernández del Valle Laisequilla:«Dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 7 y 16 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable

HONORABLE ASAMBLEA

A la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, mediante Oficio D.G.P.L. 63-II-1-0876, Expediente 2790, le fue turnada para su análisis y dictamen, la Minuta Proyecto de Decreto que reforma los Artículos 7 y 16 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable.

Esta Comisión Dictaminadora, con fundamento en lo dispuesto en los Artículos 39 numerales 1 y 2, fracción XXXV, y 45 numerales 6, incisos e) y f), y 7 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 80, numeral 1, fracción I; 81 numeral 1; 82, numeral 1; 84; 85; 157, numeral 1, Fracción I, y 158, numeral 1, Fracción IV del Reglamento de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, somete a consideración de los integrantes de esta Honorable Asamblea el presente Dictamen, al tenor de los siguientes:

I. ANTECEDENTES

Primero.-En sesión plenaria de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión celebrada el día 27 de enero de 2016, el senador Jorge Aréchiga Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presentó a consideración del Pleno la Iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 7o y 16 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable.

Segundo.- En esa misma fecha, la Mesa Directiva de la Comisión Permanente turnó dicha Iniciativa con proyecto de decreto a las Comisiones de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Estudios Legislativos, Segunda de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente.

Tercero.-En sesión plenaria de las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Estudios Legislativos de la H. Cámara de Senadores, efectuada el 14 de abril de 2016, se aprobó el Dictamen con Proyecto de Decreto que reforman los artículos 7 y 16 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable.

Cuarto.- En esa misma fecha el Dictamen de las Comisiones Unidas fue presentado de Primera Lectura ante el Pleno de la Cámara de Senadores.

Quinto.- En sesión Plenaria de la H. Cámara de Senadores, celebrada el 19 de abril de 2016 se aprobó el proyecto de Decreto que reforman los artículos 7 y 16 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable.

Sexto.-En sesión ordinaria de la Cámara de Diputados, celebrada el 26 de abril de 2016, se dio cuenta con la Minuta Proyecto de Decreto que reforman los artículos 7 y 16 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable.

Séptimo.-En la misma sesión, la Presidencia de la Mesa Directiva, dispuso que dicho proyecto se turnara a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen.

II. CONTENIDO DE LA MINUTA

En cuanto al contenido de la Iniciativa con Proyecto de Decreto que se dictamina, el promovente señala la necesidad de definir el término de subproducto forestal y de incorporar expresamente como una de las obligaciones de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) el expedir certificados y demás documentación fitosanitaria para la exportación e importación de los subproductos forestales.

El Senador promovente recuerda que la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable (LGDFS) tiene como objeto regular y fomentar la conservación, protección, restauración, producción, ordenación, el cultivo, manejo y aprovechamiento de los ecosistemas forestales del país y sus recursos.

Asimismo, el promovente señala que uno de los objetivos generales de la LGDFS es el impulso de la silvicultura y el aprovechamiento de los recursos forestales.

Al respecto, el promovente indica que los recursos forestales se definen como “la vegetación de los ecosistemas forestales, sus servicios, productos y residuos, así como los suelos de los terrenos forestales y preferentemente forestales”. Adicionalmente, el promovente señala que los recursos forestales pueden dividirse en recursos maderables y no maderables y, dependiendo de su tratamiento o procesamiento, se pueden generar materias primas, productos o subproductos.

El Senador promovente hace hincapié en que, mientras las materias primas y los productos están definidos expresamente, la LGDFS sólo hace referencia al término de subproducto forestal. Lo cual puede tener como consecuencia confusiones al momento de interpretar dicha ley, ya que se hace referencia a los subproductos forestales en diversos artículos sin que exista definición.

Adicionalmente, el Senador promovente señala que tampoco el Reglamento de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable (RLGDFS) tiene una definición de subproducto forestal.

En el ánimo de hacer una búsqueda exhaustiva en nuestro marco legal de alguna definición de subproducto forestal, el promovente indica que la Norma Oficial Mexicana de Emergencia NOM-EM-002-RENAT-2000 define al subproducto forestal como “el que se deriva de un producto forestal cuyo proceso de producción o transformación no asegura su calidad fitosanitaria”. Empero, el mismo promovente menciona que dicha norma no es vigente desde el 22 de marzo de 2001 y que dicha definición estaba enfocada el tratamiento fitosanitario.

Así que el promovente considera necesario incluir en el listado de definiciones del artículo 7 de la LGDFS la definición de subproducto forestal como “aquellos bienes obtenidos de un proceso de transformación de productos forestales, con otra denominación, nuevas características y un uso final distinto”.

Consecuentemente, el Senador promovente estima necesario reformar el artículo 16 de la LGDFS con el objetivo de que la SEMARNAT tenga facultades expresas para expedir certificados y demás documentación fitosanitaria para la exportación e importación de subproductos forestales, ya que actualmente dicho artículo sólo contempla las materias primas y los productos forestales.

Esta reforma traería como consecuencia reducir riesgos fitosanitarios que los subproductos pueden ocasionar en los ecosistemas. Asimismo, a decir del promovente, esta reforma reforzaría el marco legal forestal, ya que actualmente existe un Acuerdo que establece la clasificación y codificación de mercancías cuya importación y exportación está sujeta a regulación por parte de la SEMARNAT en la que se especifican algunos subproductos forestales.

Una vez analizado el contenido de la minuta objeto del presente dictamen, las y los diputados integrantes de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, exponemos las siguientes

III. CONSIDERACIONES.

Las y los Diputados integrantes de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales consideramos viable la propuesta de modificación, ya con esto se evita una laguna dentro de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable.

La reforma planteada obedece a que dentro de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable se hace referencia al término de subproducto forestal, sin embargo, no se encuentra la definición específica del concepto, a pesar que se hace la diferencia entre productos y subproductos forestales.

Por lo que la presente iniciativa tiene por objeto definir el término de subproducto forestal, considerando los procesos de trasformación de la madera. Así mismo, busca incorporar en el artículo 16 fracción XXVI, que le corresponde a la Secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales el expedir los certificados y demás documentación fitosanitaria para la exportación e importación de subproductos forestales derivado a que éstos también pueden causar desequilibrios ecológicos

En este contexto se emite comentarios sobre el proyecto legislativo de referencia en los siguientes términos respecto de la propuesta de reforma de artículo 7 de la Ley General de Desarrollo forestal sustentable en la que se propone incorporar una nueva fracción a la que la letra dice: Subproducto Forestal: Aquellos bienes obtenidos de un proceso de transformación de productos forestales, con otra denominación, nuevas características y un uso final distinto.

Se debe aclarar que se entiende por transformación de un producto forestal, ya que para los fines de regulación forestal, subproductos retomando el ejemplo del legislador, serían: Las tarimas cajas de empaque y embalaje, que resulten de la habilitación (no de la transformación) de un producto forestal (madera en escuadría), ya que la madera en si ya no se transforma, sólo se habilita, es decir se corta y se elaboran su producto (Tarima, etc.)

En cambio cuando la madera en escuadría se transforma, se corta, dimensiona, cepilla etc. y se elaboran muebles, por dar un ejemplo. Este producto final ya no está regulado, lo cual podría confundir hasta cuando un subproducto en términos de la Ley debe ser regulado.

Por tal motivo se propone la modificación de dicha fracción para quedar como sigue: Aquellos bienes obtenidos de un proceso de transformación de productos forestales, con otra denominación, nuevas características y uso final distinto.

Lo anterior, debido a que la definición debe ser clara para que no haya lugar a confusión cuando se trate de regular subproductos forestales que se importen o exporten mediante un certificado fitosanitario y para regular los subproductos que en términos de la ley deben acreditar su legal procedencia. Por lo anteriormente expuesto se estima viable la reforma propuesta siempre que se tome en cuenta las modificaciones sugeridas.

Por lo anterior expuesto y fundado, y para los efectos de lo dispuesto en la fracción A. del Artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, presentan a la consideración del Honorable Pleno de la Cámara de Diputados, el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 7 Y 16 DE LA LEY GENERAL DE DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE.

Artículo Único.- Se reforma la fracción XXVI del artículo 16 y se adiciona una fracción XLII, recorriéndose en su orden las subsecuentes al artículo 7 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, para quedar como sigue:

ARTICULO 7. ...

I. a XLI. ...

XLII. Subproducto forestal: Aquellos bienes obtenidos de un proceso de transformación de productos forestales, con otra denominación, nuevas características y uso final distinto;

XLIII. Terreno forestal: ...

XLIV. Terreno preferentemente forestal: ...

XLV. Terreno temporalmente forestal: ...

XLVI. Turno: ...

XLVII. Unidad de manejo forestal: ...

XLVIII. Uso doméstico: ...

XLIX. Vegetación forestal: ...

L. Vegetación exótica: ...

LI. Ventanilla única: ...

LII. Visita de Inspección: ...

LIII. Vivero forestal: ...

ARTICULO 16. ...

I. a XXV. ...

XXVI. Expedir los certificados y demás documentación fitosanitaria para la exportación e importación de materias primas, productos y subproductos forestales;

XXVII.y XXVIII. ...

TRANSITORIO

Único.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 17 de agosto de 2016

La Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, diputados:Arturo Álvarez Angli (rúbrica), presidente; Andrés Aguirre Romero (rúbrica), Susana Corella Platt (rúbrica), María del Carmen Pinete Vargas (rúbrica), Sergio Emilio Gómez Olivier, René Mandujano Tinajero (rúbrica), Juan Fernando Rubio Quiroz, Alma Lucia Arzaluz Alonso, Dennisse Hauffen Torres (rúbrica), Francisco Javier Pinto Torres (rúbrica), Juan Antonio Meléndez Ortega (rúbrica) secretarios; María Ávila Serna (rúbrica), José Teodoro Barraza López (rúbrica), Juan Carlos Ruiz García (rúbrica), Héctor Ulises Cristopulos Ríos, María Chávez García (rúbrica), Laura Beatriz Esquivel Valdez (rúbrica), Rosa Elena Millán Bueno, Candelario Pérez Alvarado, José Ignacio Pichardo Lechuga, Silvia Rivera Carbajal, Sara Latife Ruiz (rúbrica).»

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Está a discusión en lo general y en lo particular. No habiendo oradores registrados, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular.

El Secretario diputado Andrés Fernández del Valle Laisequilla:Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica, se consulta a la asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Suficientemente discutido en lo general y en lo particular.

Se pide a la Secretaría que abra el sistema electrónico por tres minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular.

El Secretario diputado Andrés Fernández del Valle Laisequilla:Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y lo particular.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Por tres minutos, secretario.

El Secretario diputado Andrés Fernández del Valle Laisequilla:Por tres minutos, perdón. Para proceder a la votación en lo general y en lo particular.

¿Alguna diputada o diputado falta por emitir su voto? Sigue abierto el sistema. Adelante, diputada

La diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez (desde la curul): A favor.

El Secretario diputado Andrés Fernández del Valle Laisequilla: Ciérrese el sistema de votación electrónico. Se emitieron 376 votos a favor, 1 abstención, 1 en contra. Es 0 en contra, perdón.

Presidencia del diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano

El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Aprobado en lo general y en lo particular por 375 votos el proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 7 y 16 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable. Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales. Corrijo: Son 376 votos.

LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDAD AMBIENTAL

El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental.

El Secretario diputado Andrés Fernández del Valle Laisequilla:«Dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental

HONORABLE ASAMBLEA:

A la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, mediante oficio No. D.G.P.L. 63-II-5-922, con expediente número 2712, le fue turnada para su análisis y dictamen la Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, presentada por el Diputado Francisco Javier Pinto Torres, integrante del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.

Esta Comisión Dictaminadora, con las atribuciones que le confieren los artículos 39, numerales 1 y 2, fracción XXXV, y 45, numerales 6, incisos e) y f), y 7 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 80, numeral 1, fracción II; 82, numeral 1; 84; 85; 157, numeral 1, fracción I, y 158, numeral 1, fracción IV del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a la consideración del Honorable Pleno de la Cámara de Diputados, el presente dictamen, al tenor de los siguientes:

I. ANTECEDENTES

Primero.-En sesión ordinaria de la Cámara de Diputados, celebrada el 20 de abril de 2016, el diputado Francisco Javier Pinto Torres, presentó la Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental.

Segundo.-En la misma sesión, la Presidencia de la Mesa Directiva dictó trámite al asunto, en los siguientes términos: “Túrnese a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen”.

Las y los diputados integrantes de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, una vez analizado el proyecto legislativo contenido en la iniciativa objeto del presente dictamen, referimos el siguiente:

II. CONTENIDO DE LA INICIATIVA

El diputado iniciador hace un recuento de datos contenidos en información relativa al medio ambiente y los recursos naturales en nuestro país, publicada por instituciones de los sectores público y privado, nacional e internacional, en años recientes.

Refiere que la protección al medio ambiente, deja mucho que desear y que al año 2011, en México, sólo el 36 % de las selvas y el 62 % de los bosques eran primarios.

Observa que la pérdida de los ecosistemas primarios, es ejemplo de la degradación ambiental ocasionada particularmente por la actuación del hombre; al respecto, indica que en el período comprendido entre 2005 y 2010, se deforestaron 155 mil hectáreas aproximadamente.

Apunta que según informe de SEMARNAT, se concluye que la mayor parte de las emisiones producidas por el hombre, se generaron con el uso de vehículos automotores.

En cuanto al tema de la disponibilidad de agua en nuestro país, señala la importante disminución sufrida en este renglón entre 1950 y 2010; por otro lado refiere que la disposición final de residuos se realiza principalmente en rellenos sanitarios.

Afirma que en 2013, el consumo de recursos naturales como el agua subterránea, los bosques maderables y el petróleo, aunados a la degradación del medio ambiente generaron altos costos ambientales y, considerando el gasto público destinado a la protección del ambiente, el déficit ambiental fue considerable.

Señala que con el propósito de consolidar la protección del medio ambiente y los recursos naturales, en junio de 2007 se publicó la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental (LFRA), cuyo objeto es regular la responsabilidad ambiental por daños ocasionados al ambiente y la reparación y compensación de daños exigibles mediante los procesos, mecanismos y procedimientos, entre otros, destinados a sancionar la comisión de delitos contra el ambiente y la gestión ambiental.

Afirma que con la aplicación de la LFRA, los resultados en la materia no han sido los esperados.

Argumenta que con el caso de la contaminación del Río Sonora por la empresa Grupo México, se evidencia que el monto máximo de la sanción prevista en la LFRA para personas morales responsables por daños ambientales no es proporcional a las ganancias de las empresas por aprovechamiento y explotación de los recursos naturales del dominio de la Nación.

Infiere que si bien, aplicar sanciones económicas más altas no representaría una gran afectación para las empresas; retirarles la concesión o licencia, en muchos casos significaría la pérdida de una cantidad considerable de empleos directos e indirectos.

Así mismo, colige que un ordenamiento legal con sanciones insuficientes, propicia que las empresas prefieran “pagar por contaminar” que acatar las medidas de seguridad ambiental. Por ello, considera importante identificar las deficiencias de la LFRA, para proponer reformas tendentes a la corrección de dichas deficiencias y el fortalecimiento de la Ley para el cumplimiento de su objeto.

Advierte que si la Ley vigente establece supuestos que permiten reducir el monto de la sanción económica, se pierde el fin de prevenir e inhibir conductas que dañan el medio ambiente.

Estima insensato mantener las atenuantes previstas en la LFRA, ya que se trata de las obligaciones previas que el agente económico tuvo que cumplir para obtener la autorización de realizar sus actividades u obras, como es el caso de la garantía financiera requerida por el artículo 147 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

Propone derogar las atenuantes comprendidas en el artículo 20 de la LFRA y reformar el artículo 8 de la misma, de manera que el hecho de contar con la garantía financiera requerida por la LGEEPA a los agentes económicos que realicen una actividad altamente riesgosa, no sea considerada como un supuesto que permita reducir el monto de la sanción económica.

Pretende que la sanción económica cumpla con su función de prevenir e inhibir conductas intencionales dañosas del medio ambiente; de modo que no se traduzca en una lógica en la que resulta más económico contaminar que prevenir el daño al ambiente.

Propone reformar la LFRA para especificar, sustituyendo el término “ilícita”, si una disposición determinada refiere una conducta dolosa, acreedora de sanción económica.

Plantea reformar el artículo 6 de la LFRA para incrementar y reforzar las condiciones que permiten acreditar legalmente que no existe daño ni responsabilidad ambiental para el imputado.

Considera necesario agregar el supuesto consistente en demostrar que la actividad u obra asociada a los daños ambientales constituya el objeto expreso y específico de una autorización administrativa otorgada de conformidad con la normativa aplicable, tal y como se establece en la fracción I de éste artículo 6, y que en su desarrollo el agente económico se haya ajustado estrictamente a los términos y condiciones de dicha autorización y a la normativa que le sea aplicable en el momento de producirse la conducta dañosa, la cual en tal caso se acreditará libre de dolo, culpa o negligencia.

Refiere que establecer estos candados es de fundamental importancia, pues el artículo 6o. determina las conductas que quedan fuera del espectro de la responsabilidad ambiental.

Afirma que la LFRA carece de un enfoque precautorio, pues se gasta más en reparación de daños ambientales que en su prevención.

Pretende incluir la obligación para los agentes económicos, de comunicar de forma inmediata a la autoridad competente la amenaza inminente o la existencia de daños al ambiente que puedan ocasionar u ocasionen con sus actividades; así como la de realizar sin demora ni aviso previo, las acciones necesarias para prevenir daños ambientales y evitar el incremento del daño ocasionado o nuevos daños al ambiente.

Propone adicionar una fracción III al artículo 6, para referir a las condiciones materiales que debe cumplir el agente económico al realizar su actividad, después de obtener la autorización correspondiente.

Concluye que a partir de una simple lectura del artículo 14 de la LFRA podemos constatar que dicha disposición legal, tal cual se encuentra redactada, constituye un mecanismo regulatorio de las actividades realizadas fuera de la ley.

Asume que dichos dispositivos legales permiten regularizar actos ilegales, generalmente en el derecho administrativo; sin embargo, al tratarse de actividades dañosas del medio ambiente, no debería instaurarse en la LFRA.

Refiere que los mismos son un tipo de práctica “regularizadora” que fomenta, protege y premia actividades realizadas al margen de la ley y que generan un daño al medio ambiente.

Propone reformar el artículo 14 de la LFRA para excluir la práctica de legalizar la regularización de una actividad realizada al margen de la ley y esto sin interrupción alguna de dicha actividad, con base en una evaluación a posteriori y, por ende, basada en una situación en la cual ya hubo daño generado por una conducta ilícita.

Considera urgente y necesario fortalecer la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, de tal modo que se inhiban las conductas culposas o dolosas, dañosas del medio ambiente y que, por ende, repercuten directa e indirectamente en la salud, economía y calidad de vida de las mexicanas y los mexicanos.

En base a lo anterior expuesto, el iniciador somete a consideración del Pleno de esta Soberanía, la Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma los artículos 6, 8, 10, 12, 14, 20, 21, 22 y 23 de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental

Artículo Primero. Se reforma el artículo 6 y se le adiciona una nueva fracción III; se reforma el artículo 8; se reforma el artículo 10 y se le adiciona un nuevo párrafo segundo, recorriéndose los subsecuentes; se reforma la fracción III del artículo 12; se reforma el primer párrafo del artículo 14 y se derogan sus párrafos segundo y tercero; se deroga el artículo 20; se reforman los artículos 21, 22 y 23, todos de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, para quedar como sigue:

Artículo 6. No se considerará que exista daño al ambiente cuando los menoscabos, pérdidas, afectaciones, modificaciones o deterioros no sean adversos en virtud de que se actualicen los siguientes supuestos:

I. Haber sido expresamente manifestados por el responsable y explícitamente identificados, delimitados en su alcance, evaluados, mitigados y compensados mediante condicionantes, y autorizados por la Secretaría, previamente a la realización de la conducta que los origina, mediante la evaluación del impacto ambiental o su informe preventivo, la autorización de cambio de uso de suelo forestal o algún otro tipo de autorización análoga expedida por la Secretaría;

II. ...

III. Se demuestre que la actividad u obra asociada a los daños ambientales constituya el objeto expreso y específico de una autorización administrativa otorgada de conformidad con la normativa aplicable, tal y como se establece en la fracción I del presente artículo, y que en su desarrollo el agente económico se haya ajustado estrictamente a los términos y condiciones de dicha autorización y a la normativa que le sea aplicable en el momento de producirse la conducta dañosa, la cual en tal caso se acreditará libre de dolo, culpa o negligencia.

... .

La excepción prevista por la fracción I del presente artículo no operará, cuando se incumplan los términos o condiciones de la autorización expedida por la autoridad.

Artículo 8o. Las garantías financieras que hayan sido obtenidas de conformidad a lo previsto por el artículo 147 Bis de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente previo al momento de producirse un daño al ambiente, con el objeto de hacer frente a la responsabilidad ambiental, en ningún caso serán consideradas como una atenuante de la Sanción Económica por el órgano jurisdiccional al momento de dictar sentencia.

...

...

Artículo 10. Toda persona física o moral que con su acción u omisión ocasione directa o indirectamente un daño al ambiente, será responsable y estará obligada a la reparación de los daños, o bien, cuando la reparación no sea posible a la compensación ambiental que proceda, en los términos de la presente ley.

Los agentes económicos susceptibles de responsabilidad ambiental por la realización de obras o actividades que pudieran causar desequilibrio ecológico o rebasar los límites y condiciones establecidos en las disposiciones aplicables para proteger el medio ambiente, están obligados a comunicar de forma inmediata a la autoridad competente la amenaza inminente de daños al ambiente o la existencia de los mismos, que puedan ocasionar o que hayan ocasionado.

De la misma forma estará obligada a realizar , sin demora y sin necesidad de advertencia, de requerimiento o de acto administrativo previo, las acciones necesarias para prevenir daños ambientales y evitar que se incremente el daño ocasionado al ambiente o nuevos daños ambientales .

Artículo 12. Será objetiva la responsabilidad ambiental, cuando los daños ocasionados al ambiente devengan directa o indirectamente de

I. Cualquier acción u omisión relacionada con materiales o residuos peligrosos;

II. El uso u operación de embarcaciones en arrecifes de coral;

III. La realización de las actividades consideradas como Altamente Riesgosas, de conformidad con la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y su correspondiente Reglamento en la materia; y

IV. Aquellos supuestos y conductas previstos por el artículo 1913 del Código Civil Federal.

Artículo 14. La compensación ambiental procederá por excepción cuando resulte material o técnicamente imposible la reparación total o parcial del daño.

(... se deroga)

(...se deroga)

... .

Artículo 20. (Se deroga).

Artículo 21.- Si el responsable acredita haber realizado el pago de una multa administrativa impuesta por la procuraduría o la Comisión Nacional del Agua, como consecuencia a la realización de la misma conducta ilícita que dio origen a su responsabilidad ambiental , en caso que ésta haya sido realizada con carácter doloso, el Juez tomará en cuenta dicho pago integrándolo en el cálculo del monto de la sanción económica, sin que ésta pueda exceder el límite previsto para el caso en la presente Ley.

No podrá imponerse la sanción económica a la persona física que previamente haya sido multada por un juez penal, en razón de haber realizado la misma conducta (ilícita) que da origen a su responsabilidad ambiental.

Artículo 22. Siempre que se ejerza la acción prevista en el presente Título, se entenderá por demandada la imposición de la sanción económica. En ningún caso el juez podrá dejar de condenar al responsable a este pago (,) salvo, en los casos previstos en el artículo anterior, cuando los daños ocasionados al ambiente provengan de una conducta lícita, de una conducta culposa mas no dolosa, o bien cuando exista el reconocimiento judicial de algún acuerdo reparatorio voluntario derivado de los mecanismos alternativos de resolución de controversias previstos por esta ley.

Artículo 23. La sanción económica la determinará el juez tomando en cuenta la capacidad económica de la persona responsable para realizar el pago, así como los límites, requisitos y garantías previstos en su favor por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; la gravedad del daño ocasionado y el carácter intencional de la violación , asegurándose que se neutralice el beneficio económico obtenido, si lo hubiere, y se garantice prioritariamente el monto de las erogaciones del actor o actores que hayan sido necesarias para acreditar la responsabilidad. En cada caso el órgano jurisdiccional preverá que la sanción económica sea claramente suficiente para lograr los fines de inhibición y prevención general y especial a que hace referencia el artículo 2o., fracción XI de esta ley.

...

...

Artículo Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Después de hacer el análisis sobre las reformas, adiciones y derogaciones planteadas en la iniciativa objeto del presente Dictamen, las y los diputados integrantes de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, exponemos las siguientes:

III. CONSIDERACIONES

Quienes integramos la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, consideramos plausible la preocupación de nuestro compañero el Diputado Francisco Javier Pinto Torres, al hacer un ejercicio de revisión interesante sobre los aspectos relativos a la protección del medio ambiente en nuestro país, así como la degradación ambiental ocasionada en gran medida por la actividad humana.

Nuestro reconocimiento al esfuerzo del iniciador por impulsar un proyecto legislativo cuyas propuestas de reformas, adiciones y derogaciones a la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, son representativas de esa intención de consolidar la regulación jurídica de la protección del medio ambiente y los recursos naturales, con la intención de mejorarla en materia de responsabilidad ambiental por daños ocasionados al ambiente, así como su reparación y compensación mediante los instrumentos destinados a sancionar la comisión de los ilícitos relativos.

Reconocemos con el iniciador la gran tarea que los mexicanos tenemos pendiente de realizar en materia de protección al medio ambiente en nuestro país.

Coincidimos en la observación relativa a la degradación ambiental motivada por la acción del ser humano y que es factor importante en la pérdida de nuestros ecosistemas primarios.

Asimismo, reconocemos el problema de todos conocido, relativo al nivel de contaminación ambiental ocasionada por una gran diversidad de actividades de todo tipo, entre las cuales, desde luego se encuentran las emisiones de contaminantes generadas entre muchos otros, por el uso de vehículos automotores, como lo refiere el iniciador.

Conocemos la grave reducción sufrida en materia de disponibilidad del agua, tema que desde luego no es privativo de nuestro país, pero que representa un riesgo que requiere nuestra atención para optimizar el uso adecuado y prudente del vital líquido. Lo mismo sucede con la disposición final de los residuos sólidos urbanos, los cuales requerimos de darles un tratamiento diverso y con mejores resultados, al de su desecho en rellenos sanitarios a cielo abierto.

Sin embargo, al entrar en materia; en efecto, concordamos con el iniciador en cuanto al señalamiento de que en 2013, el uso inmoderado de recursos naturales, aunado a la declinación de la calidad del ambiente, propiciaron un considerable déficit ambiental, dados los elevados costos ambientales y los escasos recursos aplicados en la protección al ambiente.

Reconocemos que la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, tiene por objeto regular la responsabilidad ambiental que nace de los daños ocasionados al ambiente, así como la reparación y compensación de dichos daños cuando sea exigible a través de los procesos judiciales federales previstos por el artículo 17 constitucional, los mecanismos alternativos de solución de controversias, los procedimientos administrativos y aquellos que correspondan a la comisión de delitos contra el ambiente y la gestión ambiental.

Asimismo, que sus disposiciones sonreglamentarias del artículo 4o. Constitucional; son de orden público e interés social y tienen por objeto la protección, la preservación y restauración del ambiente y el equilibrio ecológico, para garantizar los derechos humanos a un medio ambiente sano para el desarrollo y bienestar de toda persona, y a la responsabilidad generada por el daño y el deterioro ambiental.

Prevé que el régimen de responsabilidad ambiental reconoce que el daño ocasionado al ambiente es independiente del daño patrimonial sufrido por los propietarios de los elementos y recursos naturales. Reconoce que el desarrollo nacional sustentable debe considerar los valores económicos, sociales y ambientales.

Mandata que el proceso judicial previsto en el Título Primero, se dirija a determinar la responsabilidad ambiental, sin menoscabo de los procesos para determinar otras formas de responsabilidad que procedan en términos patrimoniales, administrativos o penales.

Sin embargo, es preciso considerar que el inicio de la vigencia de un ordenamiento legal, no puede asegurar su inmediata observancia por los destinatarios de la norma y, en consecuencia, su aplicación tampoco resulta en una pronta eficiencia. De tal manera, coincidimos con el iniciador en que los resultados no son los esperados, pero tenemos claridad de la diferencia entre un resultado esperado y un resultado procurado ante la apatía de una gran cantidad de integrantes de nuestra sociedad, en favor de la inobservancia del derecho.

Diferimos del iniciador respecto a su apreciación sobre el hecho de que la empresa contaminadora del Río Sonora se haya hecho acreedora a una sanción pecuniaria cuyo monto máximo previsto en la Ley, no es proporcional a las ganancias de las empresas; es decir, estimamos no se debe pretender que dicha sanción sea igual a las ganancias de las empresas por la explotación y aprovechamiento de los recursos naturales del dominio de la Nación.

Estimamos que las dos situaciones que deduce el iniciador; es decir, aquellas que en un comparativo inusitado y probable, plantea que la imposición de sanciones económicas más altas no representaría una gran afectación para las empresas; en tanto, retirarles la concesión o licencia, en muchos casos significaría la pérdida de una cantidad considerable de empleos directos e indirectos.

Desde nuestra perspectiva, vemos que la Ley prevé: “La acción y el procedimiento para hacer valer la responsabilidad ambiental..., podrán ejercerse y sustanciarse independientemente de las responsabilidades y los procedimientos administrativos, las acciones civiles y penales procedentes.” y por otra parte, determina: “Obra dolosamente quien, conociendo la naturaleza dañosa de su acto u omisión, o previendo como posible un resultado dañoso de su conducta, quiere o acepta realizar dicho acto u omisión.”.

No obstante lo anterior, estimamos viable la propuesta del iniciador, de reformar el Artículo 6°, para incrementar y reforzar las condiciones que permiten acreditar legalmente que no existe daño al ambiente, sin embargo, consideramos prácticamente imposible y formalmente inviable que se den los tres supuestos referidos en las tres fracciones que integran el Artículo objeto de la reforma; por ello, es pertinente que el párrafo primero establezca: “que se actualice alguno de los siguientes supuestos”, y que al final de la fracción II se use la conjunción disyuntiva “o”, en lugar de utilizar la copulativa “y”.

Lo anterior, en razón de la pertinencia de reformar el párrafo primero, en su encabezado, para agregar: “... que se actualice alguno de los siguientes supuestos”; en su fracción I, para eliminar la expresión: “o de que”, y en su fracción II, para incorporar en su parte final la conjunción “ o”, así como adicionar una fracción III, con el propósito de establecer el supuesto consistente en que: “ Se demuestre que la actividad u obra asociada a los daños ambientales, constituya el objeto expreso y específico de una autorización administrativa otorgada de conformidad con la normativa aplicable, en los términos previstos en la fracción I del presente artículo;” en consecuencia, resulta también viable establecer, en la parte final de la propia fracción III: “... y que en su desarrollo el agente económico se haya ajustado estrictamente a los términos y condiciones de dicha autorización y a la normativa que le sea aplicable en el momento de producirse la conducta dañosa.”

De tal manera, la propuesta de Artículo 6° de la Ley, es viable en los términos siguientes:

“Artículo 6o.- No se considerará que existe daño al ambiente cuando los menoscabos, pérdidas, afectaciones, modificaciones o deterioros no sean adversos en virtud de que se actualice alguno de los siguientes supuestos:

I. Haber sido expresamente manifestados por el responsable y explícitamente identificados, delimitados en su alcance, evaluados, mitigados y compensados mediante condicionantes, y autorizados por la Secretaría, previamente a la realización de la conducta que los origina, mediante la evaluación del impacto ambiental o su informe preventivo, la autorización de cambio de uso de suelo forestal o algún otro tipo de autorización análoga expedida por la Secretaría;

II. No rebasen los límites previstos por las disposiciones que en su caso prevean las Leyes ambientales o las normas oficiales mexicanas, o

III. Se demuestre que la actividad u obra asociada a los daños ambientales, constituye el objeto expreso y específico de una autorización administrativa otorgada de conformidad con la normativa aplicable, en los términos previstos en la fracción I del presente artículo, y que en la realización de la actividad u obra, el agente económico se haya ajustado estrictamente a los términos y condiciones de la autorización y a la normativa que le sea aplicable en el momento de producirse la conducta dañosa.

La excepción prevista por la fracción I del presente artículo no operará, cuando se incumplan los términos o condiciones de la autorización expedida por la autoridad.”

En virtud de lo anterior expuesto, resulta impreciso el señalamiento del iniciador, en el sentido de que el Artículo 6, determina las conductas que quedan fuera del espectro de la responsabilidad ambiental; al respecto, resulta ilustrativo el texto del párrafo segundo del propio Artículo, el cual prevé: “La excepción prevista por la fracción I del presente artículo no operará, cuando se incumplan los términos o condiciones de la autorización expedida por la autoridad”, y que se complementa con la parte final de la fracción III que se adiciona.

Asumimos pertinente observar, además, el contenido del párrafo primero del Artículo 7° de la LFRA, el cual prevé: “A efecto de otorgar certidumbre e inducir a los agentes económicos a asumir los costos de los daños ocasionados al ambiente, la Secretaría deberá emitir paulatinamente normas oficiales mexicanas, que tengan por objeto establecer caso por caso y atendiendo la Ley de la materia, las cantidades mínimas de deterioro, pérdida, cambio, menoscabo, afectación, modificación y contaminación, necesarias para considerarlos como adversos y dañosos. Para ello, se garantizará que dichas cantidades sean significativas y se consideren, entre otros criterios, el de la capacidad de regeneración de los elementos naturales.”

En cuanto a la propuesta de reforma al párrafo primero del Artículo 8° de la LFRA, para establecer: “las garantías financieras que hayan sido obtenidas de conformidad a lo previsto por el artículo 147 Bis de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente previo al momento de producirse un daño al ambiente, con el objeto de hacer frente a la responsabilidad ambiental, en ningún caso seránconsideras como una atenuante de la Sanción Económica por el órgano jurisdiccional al momento de dictar sentencia.”, consideramos resulta improcedente lo relativo al agregado “en ningún caso”, en virtud de que se trata de un seguro de riesgo ambiental, garantía financiera, destinado a cubrir las responsabilidades ambientales derivadas de la actividad de que se trate, y que se constituyen desde la fecha en que surte sus efectos la autorización para realizar dicha actividad y se mantiene vigente hasta la conclusión del período autorizado.

Apreciamos evidente que dicha garantía financiera exigida por la Ley, se adquiere mediante una inversión determinada, aunque con la realización de la actividad autorizada no se produzca un daño ambiental; de tal manera, su consideración como atenuante de la sanción económica, resulta válida en tanto representa una correspondencia legal, en reciprocidad al esfuerzo económico realizado por el agente económico para asegurar una responsabilidad ambiental de generación incierta.

No obstante, nuestra apreciación sobre la improcedencia del agregado: “en ningún caso”, estimamos procedente reformar el párrafo primero de referencia, en un ejercicio de corrección de estilo, sustituyendo el término “consideras”, previsto en el texto vigente, con la palabra: ”consideradas”, término apropiado en el contexto de la disposición legal.

Así, el párrafo primero del Artículo 8°, quedaría como sigue:

Artículo 8o.- Las garantías financieras que hayan sido obtenidas de conformidad a lo previsto por el artículo 147 Bis de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente previo al momento de producirse un daño al ambiente, con el objeto de hacer frente a la responsabilidad ambiental, serán consideradascomo una atenuante de la Sanción Económica por el órgano jurisdiccional al momento de dictar sentencia.

...

...

Estimamos de sentido común la conclusión del iniciador, en el sentido de que un ordenamiento legal con sanciones insuficientes, propicia que las empresas prefieran “pagar por contaminar” que acatar las medidas de seguridad ambiental.

Apreciamos su consideración sobre la importancia de identificar las deficiencias de la LFRA, para proponer reformas tendentes a su corrección y fortalecimiento a fin de que logre su objeto.

No obstante, estimamos prudente mantener las atenuantes previstas en la LFRA, pues no se trata de obligaciones previas que el agente económico tuvo que cumplir para obtener la autorización para realizar sus actividades u obras, como lo señala el iniciador.

En lo relativo a la propuesta de reforma al Artículo 10 de la LFRA, con la sustitución integra del texto vigente del párrafo primero y la modificación del texto del Párrafo segundo, y en la consideración de que el Artículo de referencia corresponde al Capítulo Segundo de la Ley, relativo a las obligaciones derivadas de los daños ocasionados al ambiente, esta Comisión dictaminadora reflexiona sobre la incongruencia de las modificaciones planteadas.

Por un lado, la propuesta de párrafo primero, dice:

“Los agentes económicos susceptibles de responsabilidad ambiental por la realización que pudieran causar de obras o actividades desequilibrio ecológico o rebasar los límites y condiciones establecidos en las disposiciones aplicables para proteger el medio ambiente, están obligados a comunicar de forma inmediata a la autoridad competente la amenaza inminente de daños al ambiente o la existencia de los mismos, que puedan ocasionar o que hayan ocasionado.”

Estimamos que esta redacción no debe incorporarse como disposición correspondiente a las obligaciones derivadas de los daños ocasionados al ambiente, en virtud de referirse a agentes económicos susceptiblesde responsabilidad ambiental; suponemos capaces o capacitados para incurrir en la mencionada responsabilidad. Luego plantean que prevea: “por la realización que pudieran causar de obras o actividades desequilibrio ecológico o rebasar los límites y condiciones establecidos en las disposiciones aplicables para proteger el medio ambiente”, lo que estimamos es toda una confusión o desorden de palabras e ideas; asimismo, agregan el complemento: “están obligados a comunicar de forma inmediata a la autoridad competente la amenaza inminente de daños al ambiente o la existencia de los mismos, que puedan ocasionar o que hayan ocasionado.”.

Similar estimación nos merece la propuesta de reforma al párrafo segundo del mismo Artículo, la cual, expresa: “De la misma forma estará obligada a realizar , sin demora y sin necesidad de advertencia, de requerimiento o de acto administrativo previo, las acciones necesarias para prevenir daños ambientales y evitar que se incremente el daño ocasionado al ambiente o nuevos daños ambientales .”

En la consideración de esta Comisión, las propuestas de reforma a los párrafos primero y segundo del Artículo 10 de la LFRA, son inviables; de tal manera, estimamos que el Artículo 10, debe quedar en los términos del texto en vigor.

En relación con la propuesta de reforma a la fracción III del Artículo 12 de la LFRA, el iniciador plantea adicionar el texto vigente de dicha fracción, para que el Artículo 12, diga:

Artículo 12. Será objetiva la responsabilidad ambiental, cuando los daños ocasionados al ambiente devengan directa o indirectamente de

I. Cualquier acción u omisión relacionada con materiales o residuos peligrosos;

II. El uso u operación de embarcaciones en arrecifes de coral;

III. La realización de las actividades consideradas como Altamente Riesgosas, de conformidad con la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y su correspondiente Reglamento en la materia; y

IV. Aquellos supuestos y conductas previstos por el artículo 1913 del Código Civil Federal.

Esta Comisión Dictaminadora estima improcedente la reforma a la fracción III del Artículo 12 de la Ley, planteada por el iniciador, en virtud de que el texto que propone agregar es innecesario, dado que resulta reiterativo de lo previsto en el Artículo 2° de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental que a la letra, dice:

Artículo 2o.- Para los efectos de esta Ley se estará a las siguientes definiciones, así como aquellas previstas en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, las Leyes ambientales y los tratados internacionales de los que México sea Parte. Se entiende por:

I. Actividades consideradas como altamente riesgosas: Las actividades que implican la generación o manejo de sustancias con características corrosivas, reactivas, radioactivas, explosivas, tóxicas, inflamables o biológico-infecciosas en términos de lo dispuesto por la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente;

II. a XVI. ...

Es de observarse que la definición anterior es concordante con lo dispuesto en el Artículo 146 de la LGEEPA, en cuanto a las características de los materiales o sustancias que generan o manejan los establecimientos cuyas actividades se consideran altamente riesgosas.

De tal manera, estimamos inviable la propuesta de reforma a la fracción III del Artículo 12 de la LFRA, planteada en la iniciativa objeto del presente dictamen; por ello, el Artículo 12 de la LFRA, debe prevalecer en los términos del texto vigente.

Por otro lado, esta Comisión discrepa con el iniciador en su apreciación sobre el texto vigente del Artículo 14 de la LFRA, cuyas disposiciones, supone, constituyen un mecanismo regulatorio de las actividades realizadas fuera de la Ley.

Desde luego, se puede aseverar que las disposiciones jurídicas tienen por objeto la regulación sobre las conductas individuales o colectivas de los entes sociales; sin embargo, tal regulación legal no tiene por objeto la impunidad de quienes ejecutan las actividades dañosas al margen de la Ley.

La propia LFRA, en su Artículo 17, establece que “la compensación ambiental consistirá en la inversión o las acciones que el responsable haga a su cargo, que generen una mejora ambiental, sustitutiva de la reparación total o parcial del daño ocasionado al ambiente, según corresponda, y equivalente a los efectos adversos ocasionados por el daño.”

Asimismo, prevé que “dicha inversión o acciones deberán hacerse en el ecosistema o región ecológica en donde se hubiese ocasionado el daño. Y que de resultar esto materialmente imposible la inversión o las acciones se llevarán a cabo en un lugar alternativo, vinculado ecológica y geográficamente al sitio dañado y en beneficio de la comunidad afectada. En este último caso serán aplicables los criterios sobre sitios prioritarios de reparación de daños, que en su caso expida la Secretaría en términos de lo dispuesto por la Sección 5, Capítulo Tercero del presente Título.”

Finalmente, dispone que “ el responsable podrá cumplir con la obligación prevista en el presente artículo, mediante la contratación de terceros.”

Con las disposiciones citadas del Artículo 17 y considerando las disposiciones del Artículo 14, en vigor, concluimos que la propuesta de reforma al párrafo primero de este numeral, sustituyendo la expresión: “en los siguientes casos”, con el texto vigente de la fracción I: “cuando resulte material o técnicamente imposible la reparación total o parcial del daño”, así como la derogación de las fracciones I y II con sus incisos a), b) y c), y los párrafos segundo, tercero y cuarto, resulta improcedente.

En efecto, el Artículo 14 de la LFRA, en vigor, establece:

“Artículo 14.- La compensación ambiental procederá por excepción en los siguientes casos:

I. Cuando resulte material o técnicamente imposible la reparación total o parcial del daño, o

II. Cuando se actualicen los tres supuestos siguientes:

a) Que los daños al ambiente hayan sido producidos por una obra o actividad ilícita que debió haber sido objeto de evaluación y autorización previa en materia de impacto ambiental o cambio de uso de suelo en terrenos forestales;

b) Que la Secretaría haya evaluado posteriormenteen su conjunto los daños producidos ilícitamente, y las obras y actividades asociadas a esos daños que se encuentren aún pendientes de realizar en el futuro, y

c) Que la Secretaría expida una autorización posterior al daño, al acreditarse plenamente que tanto las obras y las actividades ilícitas, como las que se realizarán en el futuro, resultan en su conjunto sustentables, y jurídica y ambientalmente procedentes en términos de lo dispuesto por las Leyes ambientales y los instrumentos de política ambiental.

En los casos referidos en la fracción II del presente artículo, se impondrá obligadamente la sanción económica sin los beneficios de reducción de los montos previstos por esta Ley. Asimismo, se iniciarán de manera oficiosa e inmediata los procedimientos de responsabilidad administrativa y penal a las personas responsables.

Las autorizaciones administrativas previstas en el inciso c) de este artículo no tendrán validez, sino hasta el momento en el que el responsable haya realizado la compensación ambiental, que deberá ser ordenada por la Secretaría mediante condicionantes en la autorización de impacto ambiental, y en su caso, de cambio de uso de suelo en terrenos forestales.

La compensación por concepto de cambio de uso de suelo en terrenos forestales, se llevará a cabo en términos de lo dispuesto por la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable.

Los daños patrimoniales y los perjuicios sufridos podrán reclamarse de conformidad con el Código Civil Federal.”

La improcedencia de la propuesta de reforma al Artículo 14 de la LFRA se sustenta en la convicción de que las disposiciones vigentes, cuya derogación se plantea en la iniciativa que nos ocupa, son congruentes con los mandatos previstos en el Artículo 17 del mismo ordenamiento legal y, en su caso, remite la compensación por concepto de cambio de uso de suelo en terrenos forestales para que se efectúe conforme lo dispone la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, y los daños patrimoniales y los perjuicios para que se reclamen conforme al Código Civil Federal.

Con base en lo anterior expuesto, la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales considera que el Artículo 14 de LFRA, cuya propuesta de reforma se estima improcedente, debe permanecer en los términos del texto vigente.

En relación a la propuesta de derogar el Artículo 20 de la LFRA, esta Comisión estima es viable, en razón de que el cumplimiento de los deberes atribuidos por la legislación nacional a una persona moral, así como a sus empleados, representantes y quienes ejercen cargos de dirección, mando o control en su estructura u organización, al no incurrir en la comisión de ilícito ambiental alguno, dicho cumplimiento no debe tenerse como atenuante de la sanción económica que procede contra toda aquella persona moral que ocasione daño al ambiente, sanción que es accesoria a la reparación o compensación de dicho daño.

Contrario sensu, observamos que aquella persona moral que haya cumplido con las sanciones que le fueren impuestas por la comisión de un ilícito ambiental; en caso de reincidencia, debe ser objeto de una sanción económica por un monto equivalente al triple del que pudiere determinarse para aquella persona moral que no tenga antecedente alguno por la comisión de un ilícito ambiental similar; de tal manera, la disposición del Artículo 20 de la LFRA, al prever un tratamiento desigual para sancionar dos ilícitos iguales, representa una injusticia que no debe estar establecida en la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental.

Así, el enunciado del Artículo 20, en vigor, representa la aplicación de una sanción adicional a la que se le impuso al reincidente y que éste ya cumplió, por la comisión del ilícito primario.

En base a las consideraciones vertidas, esta Comisión estima procedente la derogación del Artículo 20 de la LFRA.

En cuanto a la propuesta de reforma al Artículo 21 de la LFRA, planteada en la iniciativa que nos ocupa, para que diga:

Artículo 21.- Si el responsable acredita haber realizado el pago de una multa administrativa impuesta por la procuraduría o la Comisión Nacional del Agua, como consecuencia a la realización de la misma conducta ilícita que dio origen a su responsabilidad ambiental , en caso que ésta haya sido realizada con carácter doloso, el Juez tomará en cuenta dicho pago integrándolo en el cálculo del monto de la sanción económica, sin que ésta pueda exceder el límite previsto para el caso en la presente Ley.

No podrá imponerse la sanción económica a la persona física que previamente haya sido multada por un juez penal, en razón de haber realizado la misma conducta que da origen a su responsabilidad ambiental.

Consideramos inviable esta propuesta, en razón de que tanto en la imposición de una multa administrativa por la autoridad correspondiente, como en la determinación del monto de una sanción económica por el órgano jurisdiccional competente, ambas instancias deben atender, y atienden, el carácter doloso o culposo de la conducta ilícita que sancionan, definiendo el monto de la multa o el de la sanción económica, respectivamente; de tal manera, en el caso previsto en el proyecto de disposición reformadora, al tratarse de la misma conducta ilícita a la que se aplicó una multa administrativa y sobre la cual posteriormente el juez competente va determinar el monto de la sanción económica, resulta indebido que, guardadas las proporciones derivadas del carácter doloso o culposo del ilícito sancionado, pretendamos establecer un tratamiento de iniquidad al exigir a la instancia jurisdiccional, integre el pago de la multa en el cálculo de la sanción económica sólo para aquellos ilícitos dolosos y no para los culposos.

De ahí, nuestra consideración de que prevalezca en sus términos, el texto vigente del Artículo 21 de la LFRA.

Con el mismo razonamiento, con base en el cual consideramos inviable la propuesta de reformas al Artículo 21, estimamos improcedentes las propuestas de reformas a los Artículos 22 y 23 de la LFRA, Artículos que prevalecen en los términos de los textos de las disposiciones en vigor.

Por lo anterior expuesto y fundado, y para los efectos de lo dispuesto en la fracción A del Artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales somete a la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDAD AMBIENTAL.

Artículo Único.-Se reforman los artículos 6o., primer párrafo y fracción I; 8o., primer párrafo; se adiciona una fracción III al artículo 6o., y se deroga el artículo 20 de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, para quedar como sigue:

Artículo 6o.- No se considerará que existe daño al ambiente cuando los menoscabos, pérdidas, afectaciones, modificaciones o deterioros no sean adversos en virtud de que se actualice alguno de los siguientes supuestos:

I. Haber sido expresamente manifestados por el responsable y explícitamente identificados, delimitados en su alcance, evaluados, mitigados y compensados mediante condicionantes, y autorizados por la Secretaría, previamente a la realización de la conducta que los origina, mediante la evaluación del impacto ambiental o su informe preventivo, la autorización de cambio de uso de suelo forestal o algún otro tipo de autorización análoga expedida por la Secretaría;

II. No rebasen los límites previstos por las disposiciones que en su caso prevean las Leyes ambientales o las normas oficiales mexicanas, o

III. Se demuestre que la actividad u obra asociada a los daños ambientales, constituye el objeto expreso y específico de una autorización administrativa otorgada de conformidad con la normativa aplicable, en los términos previstos en la fracción I del presente artículo, y que en la realización de la actividad u obra, el agente económico se haya ajustado estrictamente a los términos y condiciones de la autorización y a la normativa que le sea aplicable en el momento de producirse la conducta dañosa.

...

Artículo 8o.- Las garantías financieras que hayan sido obtenidas de conformidad a lo previsto por el artículo 147 Bis de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente previo al momento de producirse un daño al ambiente, con el objeto de hacer frente a la responsabilidad ambiental, serán consideradas como una atenuante de la Sanción Económica por el órgano jurisdiccional al momento de dictar sentencia.

...

...

Artículo 20. (derogado).

Transitorio

Único.El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 17 de agosto de 2016.

La Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, diputados: Arturo Álvarez Angli (rúbrica), presidente; Andrés Aguirre Romero (rúbrica), Susana Corella Platt (rúbrica), María del Carmen Pinete Vargas (rúbrica), Sergio Emilio Gómez Olivier, René Mandujano Tinajero (rúbrica), Juan Fernando Rubio Quiroz (rúbrica), Alma Lucia Arzaluz Alonso, Dennisse Hauffen Torres (rúbrica), Francisco Javier Pinto Torres (rúbrica), Juan Antonio Meléndez Ortega (rúbrica) secretarios; María Ávila Serna, José Teodoro Barraza López (rúbrica), Juan Carlos Ruiz García (rúbrica), Héctor Ulises Cristopulos Ríos, María Chávez García (rúbrica en abstención), Laura Beatriz Esquivel Valdez, Rosa Elena Millán Bueno, Candelario Pérez Alvarado, José Ignacio Pichardo Lechuga, Silvia Rivera Carbajal, Sara Latife Ruiz (rúbrica).»

El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Está a discusión en lo general y en lo particular. No habiendo quien haga uso de la palabra, se pide a la Secretaría abra el sistema de votación electrónico por tres minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular.

La Secretaria diputada Isaura Ivanova Pool Pech:Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por tres minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular.

(Votación)

¿Falta algún diputado o diputada por emitir su voto? ¿Algún diputado o diputada falta por emitir su voto? Ciérrese el sistema de votación electrónico. Se emitieron 362 votos a favor, 0 abstenciones... 363 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra.

El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Sigue abierto el sistema, diputada Candelaria. Ah, de viva voz, diputada Candelaria, por favor.

La diputada María Candelaria Ochoa Avalos (desde la curul): A favor.

El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Consígnese a favor el voto de la diputada Candelaria.

La Secretaria diputada Isaura Ivanova Pool Pech: Diputada Candelaria Ochoa.

El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: A ver, vamos a poner orden.

La diputada María Candelaria Ochoa Avalos (desde la curul): A favor.

La Secretaria diputada Isaura Ivanova Pool Pech: A favor. Diputado Miguel Ángel Salim, el sentido de su voto.

El diputado Miguel Ángel Salim Alle (desde la curul): A favor.

La Secretaria diputada Isaura Ivanova Pool Pech: A favor. Diputada Verónica Agundis.

La diputada María Verónica Agundis Estrada (desde la curul): A favor.

La Secretaria diputada Isaura Ivanova Pool Pech: A favor. Diputado Samuel Chacón.

El diputado Samuel Alexis Chacón Morales (desde la curul): A favor.

La Secretaria diputada Isaura Ivanova Pool Pech: A favor. Diputada Hernández, el sentido de su voto.

La diputada Guadalupe Hernández Correa (desde la curul): A favor.

La Secretaria diputada Isaura Ivanova Pool Pech: A favor. Diputado Sergio Gómez Olivier.

El diputado Sergio Emilio Gómez Olivier (desde la curul): A favor.

La Secretaria diputada Isaura Ivanova Pool Pech: Diputado Manuel Silva.

El diputado Víctor Manuel Silva Tejeda (desde la curul): A favor.

El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Cierre el sistema. ¿Cuál es el resultado de la votación?

La Secretaria diputada Isaura Ivanova Pool Pech: Se emitieron 370 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.

El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Aprobado en lo general y en lo particular por 370 votos el proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental. Pasa al Senado por los efectos constitucionales.

LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE

El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 176 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

La Secretaria diputada Isaura Ivanova Pool Pech: «Dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 176 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente

HONORABLE ASAMBLEA:

A la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la LXIII Legislatura de la H. Cámara de Diputados, le fue turnada para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente, la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

La Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39, numerales 1 y 2, fracción XXXV, y 45, numerales 6, incisos e) y f) y 7 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 80, numeral 1, fracción II; 81, numeral 2; 82, numeral 1; 84; 85; 157, numeral 1, fracción I; 158, numeral 1, fracción IV; 167, y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, somete a la consideración de esta Soberanía, el presente dictamen, de acuerdo a los siguiente:

ANTECEDENTES

1.- El 27 de octubre de 2016, la siputada Sara Latife Ruiz Chávez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y suscrita por el Diputado Arturo Álvarez Angli, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presentaron la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

2.- En esa misma fecha, la Mesa Directiva turnó la iniciativa citada a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente.

CONSIDERACIONES

La diputada que presenta la iniciativa establece, en su exposición de motivos, que el artículo 176 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, fue modificado mediante el Decreto de fecha 7 de junio del 2013 que expide la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental para prever el juicio contencioso ante el Poder Judicial de la Federación. La reforma a este numeral tuvo como objetivo posibilitar la contención de la litis cuando se trate de casos de aplicación del régimen de responsabilidad ambiental, sea en proceso judicial ante Juez de Distrito, o en vía contenciosa cuando se impugne una resolución de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, cuando se aplique o se haya dejado de aplicar dicho régimen regulado por la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental.

No obstante lo anterior, de conformidad con la iniciativa presentada, la redacción contenida en el Decreto que reforma la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, fue insuficiente para clarificar que la impugnación de la resolución del procedimiento administrativo en vía de juicio ante los juzgados de distrito en materia administrativa, es una opción más para la parte actora.

En el mismo sentido, enfatiza en que dicha reforma constitucional circunscribe la responsabilidad ambiental a los”...términos de lo dispuesto por la ley”; en consecuencia, se aprobó el Decreto de Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, y que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de siete leyes secundarias y del Código Penal Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 7 de junio de 2013.

Refiere que en el proyecto de decreto, la diputada iniciadora menciona concretamente el último párrafo al Artículo 176 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, adicionado mediante el Decreto publicado el 7 de junio de 2013, aludido en el párrafo anterior, y referido a la asignación de competencia para conocer y resolver en vía de juicio las resoluciones recaídas al procedimiento administrativo y, en su caso, al recurso de revisión, en los términos siguientes:

“ARTÍCULO 176.-...

...

La resolución del procedimiento administrativo y la que recaiga al recurso administrativo de revisión, podrán controvertirse en vía de juicio ante los juzgados de distrito en materia administrativa. Cuando se impugne la resolución del recurso administrativo, se entenderá que simultáneamente se impugna la resolución administrativa recurrida en la parte que continúa afectándolo, pudiendo hacer valer conceptos de impugnación no planteados en el recurso.”.

Reiteran la manifestación de que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), conforme su propia Ley Orgánica, es de naturaleza contenciosa-administrativa, con plena autonomía para dictar sus fallos, y que su presupuesto depende del Ejecutivo Federal, por lo que no es parte del Poder Judicial de la Federación.

Afirman que el TFJA “conoce de juicios de nulidad, procesos que buscan determinar la validez o invalidez de un acto administrativo, es decir, declarar si incurrió en la omisión o irregularidad de los elementos y requisitos exigidos por las leyes de las cuales emana”. Además, señalan que “dicho juicio se invoca en términos de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, según lo dispone su artículo 2°., cuando el acto administrativo en controversia cause agravios ya sea a la autoridad que lo emitió o al sujeto particular”.

Expresan que “la validez de los actos administrativos nacidos de las disposiciones de la LGEEPA puede ser cuestionada a través de juicios de nulidad ante el TFJA, cuya Sala Especializada en Materia Ambiental, es la oportuna para conocer dichos asuntos, según lo establece el artículo 23, fracción III, numeral 2 del Reglamento Interior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Basta retomar la alusión que hace la Senadora promovente al artículo 14, fracciones III y XI de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, LOTFJA, como fundamento jurídico de la competencia material que tiene el TFJA para conocer sobre controversias que recaigan al procedimiento administrativo”. Además, refieren que dicho fundamento no ha sido derogado con la entrada en vigor del último párrafo del artículo 176 de la LGEEPA, pues hoy por hoy continúa vigente.

Sostienen la necesidad de observar que el Artículo 179 de la LGEEPA, cita la Ley Federal del Procedimiento Administrativo, como ordenamiento de aplicación supletoria en la sustanciación del recurso de revisión sobre actos administrativos sustentados en la normativa ambiental, y que la fracción XI del Artículo 14 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, acota la competencia material del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, a lo previsto en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Así, las Comisiones Dictaminadoras del Senado, sostienen que los actos administrativos en materia ambiental pueden recurrirse vía el juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, no obstante la vigencia de las disposiciones sustantivas y adjetivas de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental.

Finalmente, señalan que la competencia material del Tribunal Federal de Justicia Administrativa en materia administrativa ambiental continúa dada por la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo y la Ley Federal de Procedimiento Administrativo como ordenamiento supletorio de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, máxime si el párrafo objeto de la reforma alude sólo a la vía judicial.

Derivado de lo anterior, ésta Comisión Dictaminadora, considera, que, en la práctica se ha interpretado esta reforma no como una alternativa, sino como una exclusión de la competencia del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, aún y cuando el vocablo utilizado por el legislador en el párrafo tercero del artículo 176 citado, fue PODRÁN acudir al citado Tribunal. Lo anterior, ha ocasionado que la Sala especializada en materia ambiental y de la regulación del Tribunal Federal de Justicia Administrativa se declare incompetente para conocer sobre juicios contenciosos relativos a la aplicación de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental.

Por lo anterior, esta Comisión Dictaminadora, considera que se requiere el reconocimiento adicional de cuatro tópicos y problemas puntuales. El primero de ellos, es la interpretación respecto a la vía o tipo de juicio a través de la cual deben impugnarse las resoluciones administrativas ambientales. A partir de la reforma introducida el 7 de junio de 2013, algunos Juzgados de Distrito han interpretado erróneamente que la vía de impugnación a la que hace referencia el artículo 176 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente para recurrir los actos administrativos ambientales ante los Jueces de Distrito en materia Administrativa, es el juicio de amparo; No obstante, dicho proceso tiene un carácter extraordinario y la intención del legislador fue distinta.

En este orden de ideas, resulta necesario precisar que la alternativa de impugnación ante el Poder Judicial de la Federación es primariamente a través del juicio ordinario administrativo y solamente, de manera excepcional, a través del juicio de amparo. Con ello, se evitarán interpretaciones incorrectas. Es importante precisar que en la práctica procesal, algunos Tribunales Colegiados han corregido ya estos desvíos de concepto, pero la reforma que se propone es oportuna para evitar que existan más casos como los expuestos que demoren la impartición de justicia en detrimento de los gobernados.

En segundo lugar debe considerarse y atenderse la creación de los nuevos Juzgados de Distrito especializados en materia ambiental del Poder Judicial de la Federación producto de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental vigente. El texto actual reformado el 7 de junio de 2013 estableció que serían los Juzgados de Distrito en materia administrativa los que conocerían de los juicios promovidos en contra de resoluciones ambientales. No obstante, al expedirse la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, el legislador ordenó la creación de los Juzgados de Distrito de Jurisdicción Ambiental Especializada previendo un plazo perentorio para que el Consejo de la Judicatura designara, de entre los Juzgados existentes, los que recibirán dicha jurisdicción especial.

Por lo anterior, en fechas recientes, el Poder Judicial de la Federación, ha impartido la capacitación inicial a los juzgadores que aplicarán la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental y en consecuencia, es necesario que se precise en la LGEEPA que serán estos Jueces los que conocerán también de las impugnaciones de los actos administrativos ambientales. Con ello se potenciará en el día a día el número de casos de los que conozcan estos nuevos Juzgadores aprovechando su capacitación y se permitirá también la contención de la causa cuando se trate de impugnación de procedimientos administrativos que se refieran a daño ambiental. En suma, se trata de potenciar los dos órganos jurisdiccionales recientemente especializados en materia ambiental: la Sala Especializada en Materia Ambiental y de Regulación del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, y los nuevos Juzgados de Distrito de Jurisdicción Ambiental Especializada del Poder Judicial de la Federación que conocen ya de procesos judiciales de responsabilidad por daño ambiental. Dicha propuesta reconoce además la unificación del régimen de responsabilidad ambiental por daño ordenado por la Constitución federal y logrado con la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, en virtud del cual todas las autoridades administrativas, ministeriales y jurisdiccionales deben aplicar las mismas normas y exigir el cumplimiento de las mismas obligaciones a los responsables por daño ambiental.

En tercer lugar es necesario precisar que la omisión o irregular aplicación administrativa del régimen unificado de responsabilidad ambiental es una causa de ilegalidad del acto administrativo. Esto es necesario pues a más de un año y medio de la publicación de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente no ha aplicado dicho ordenamiento reglamentario del derecho humano previsto en párrafo quinto del artículo 4º constitucional.

En opinión de esta Comisión Dictaminadora, resulta inaceptable que la principal institución de protección ambiental del país, sea la primera en violentar el mandamiento del Poder Legislativo de la Unión contenido en los artículos 1º párrafo primero y 3º fracción primera de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental. Situación que violenta los derechos humanos al omitir el texto de la constitución que ordena: “ El daño y deterioro ambiental producirán responsabilidad para quien lo provoque en términos de la Ley”.Por ello debe hacerse notar en la reforma que se propone que la omisión o irregular aplicación del régimen legal de responsabilidad ambiental que ordena aplicar a la PROFEPA, la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental y la totalidad de las leyes ambientales federales es una causa de ilegalidad del acto administrativo. Esto deviene de los preceptos antes señalados que disponen:

Artículo 3o.- Las definiciones de esta Ley, así como la forma, prelación, alcance, niveles y alternativas de la reparación y compensación del daño al ambiente que en ella se prevén,serán aplicables a:

I.Los convenios, procedimientos y actos administrativos suscritos o sustanciados de conformidad a las Leyes ambientales y los tratados internacionales de los que México sea Parte;

II. El procedimiento judicial de responsabilidad ambiental previsto en esta Ley;

III. La interpretación de la Ley penal en materia de delitos contra el ambiente y la gestión ambiental, así como a los procedimientos penales iniciados en relación a estos;

IV. Los mecanismos alternativos de solución de controversias previstos en las Leyes, y

V. La Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Las mismas leyes ambientales que la PROFEPA aplica día a día ordenan a esa institución la aplicación administrativa de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, como se aprecia de los siguientes textos:

LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE

ARTÍCULO 168.- ...

Durante el procedimiento, y antes de que se dicte resolución administrativa, el interesado y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, a petición del primero, podrán convenir la realización de acciones para la reparación y compensación de los daños que se hayan ocasionado al ambiente.

En los convenios administrativos referidos en el párrafo anterior, podrán intervenir quienes sean parte en el procedimiento judicial previsto en la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, siempre que se trate de la misma infracción, hechos y daños.

En la formulación y ejecución de los convenios se observará lo dispuesto por el artículo 169 de esta Ley, así como lo previsto por la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, en ellos podrá también acordarse la realización del examen metodológico de las operaciones del interesado a las que hace referencia el artículo 38 Bis, así como la atenuación y conmutación de las multas que resulten procedentes. En todo caso, deberá garantizarse el cumplimiento de las obligaciones del infractor, en cualquiera de las formas previstas en el Código Fiscal de la Federación.

LEY GENERAL DE VIDA SILVESTRE

Artículo 106. Sin perjuicio de las demás disposiciones aplicables, toda persona física o moral que ocasione directa o indirectamente un daño a la vida silvestre o a su hábitat, está obligada a repararlo o compensarlode conformidad a lo dispuesto por la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental.

LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS

Artículo 68. ...

Toda persona física o moral que, directa o indirectamente, contamine un sitio u ocasione un daño o afectación al ambiente como resultado de la generación, manejo o liberación, descarga, infiltración o incorporación de materiales o residuos peligrosos al ambiente, será responsable y estará obligada a su reparación y, en su caso, a la compensación correspondiente,de conformidad a lo previsto por la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental.

Artículo 77.- Las acciones en materia de remediación de sitios, y de reparación y compensación de daños ocasionados al ambiente, previstas en este capítulo, se llevarán a cabo de conformidad con lo que señale el Reglamento, y alo previsto por la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental.

LEY GENERAL DE DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE

Toda persona física o moral que ocasione directa o indirectamente un daño a los recursos forestales, los ecosistemas y sus componentes, estará obligada a repararlo o compensarlo,de conformidad con lo dispuesto en la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental.

ARTÍCULO OCTAVO.- Se adiciona un artículo 77 BIS de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos, para quedar como sigue:

LEY DE NAVEGACIÓN Y COMERCIO MARÍTIMOS

Artículo 77 BIS. Toda persona física o moral que ocasione directa o indirectamente un daño a los ecosistemas marinos o sus componentes estará obligada a la reparación de los daños, o bien, a la compensación ambiental que procedade conformidad con lo dispuesto en la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental.

LEY GENERAL DE BIENES NACIONALES

ARTÍCULO 153.- Quienes realicen el uso o aprovechamiento de la zona federal marítimo terrestre y los terrenos ganados al mar, sin contar con concesión permiso o autorización de la autoridad competente, ocasionando directa o indirectamente un daño a los ecosistemas o sus componentes, estarán obligados a la reparación de los daños al ambiente, o bien, a la compensación ambiental que procedade conformidad con lo dispuesto en la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental.

De lo anterior, se apreciar la urgencia de precisar, como causa de ilegalidad, la omisión o falta de aplicación de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental por la autoridad ambiental, como causa de ilegalidad del acto administrativo.

Como cuarto punto a tratar, es la necesidad de eliminar el pago de gastos y costas en los juicios contenciosos administrativo. Esta precisión es de suma importancia pues la condena de gastos costas y en el procedimiento ordinario administrativo federal, desincentiva a los gobernados a presentar demandas en contra de los actos arbitrarios de la autoridad.

En razón a lo anterior, se complementa la propuesta reiterando que serán competentes para conocer de estas controversias tanto el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, de conformidad a la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, como los nuevos Juzgados de Distrito que conozcan de la jurisdicción especial en materia ambiental creados por la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental. Esta propuesta permite impulsar en número de casos y la especialización de los nuevos Juzgados Federales creados en la reforma de 2013, precisamente para conocer de controversias ambientales en el Poder Judicial de la Federación. Asimismo se precisa que es una causa de declaración de ilegalidad la omisión o indebida aplicación en los procedimientos administrativos del régimen de responsabilidad y obligaciones de reparación del daño ambiental, así como que en ninguno de estos juicios habrá condena al pago de gastos y costas a efecto de no desincentivar la impugnación de los actos arbitrarios o irregulares de la autoridad.

Por lo anterior expuesto y fundado, y para los efectos de lo previsto en la fracción “A” del Artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, somete a la consideración del Honorable Pleno de la Cámara de Diputados, el presente:

DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA EL ARTÍCULO 176 DE LA LEY GENERAL DE EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE.

Artículo Único.- Se reforma el tercer párrafo y se adiciona un cuarto párrafo al artículo 176 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, para quedar como sigue:

ARTÍCULO 176.- ...

...

La resolución del procedimiento administrativo y la que recaiga al recurso administrativo de revisión, podrán controvertirse optativamenteen vía de juicio ordinario administrativo ante los juzgados de Distrito que conozcan de la jurisdicción especial en materia ambientalo ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. En adición a las causales de ilegalidad previstas por la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, se declarará que una resolución administrativa es ilegal cuando omita o aplique indebidamente el régimen de responsabilidad y las obligaciones y disposiciones previstas en la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental. En ningún juicio se condenará al pago de gastos y costas.

Cuando se impugne la resolución del recurso administrativo, se entenderá que simultáneamente se impugna la resolución administrativa recurrida en la parte que continúa afectándolo, pudiendo hacer valer conceptos de impugnación no planteados en el recurso.

Transitorio

Único.-El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

La Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, diputados:Arturo Álvarez Angli (rúbrica), presidente; Andrés Aguirre Romero, Susana Corella Platt (rúbrica), María del Carmen Pinete Vargas (rúbrica), Sergio Emilio Gómez Olivier, René Mandujano Tinajero (rúbrica), Juan Fernando Rubio Quiroz, Alma Lucia Arzaluz Alonso, Dennisse Hauffen Torres, Francisco Javier Pinto Torres, Juan Antonio Meléndez Ortega (rúbrica), María García Pérez (rúbrica), secretarios; María Ávila Serna (rúbrica), José Teodoro Barraza López (rúbrica), Juan Carlos Ruiz García, Héctor Ulises Cristopulos Ríos (rúbrica), María Chávez García, Sara Latife Ruiz (rúbrica), Rosa Elena Millán Bueno (rúbrica), Candelario Pérez Alvarado (rúbrica), José Ignacio Pichardo Lechuga (rúbrica), Silvia Rivera Carbajal (rúbrica).»

El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Está a discusión en lo general y en lo particular. No habiendo quien haga uso de la palabra, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica si se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular.

El Secretario diputado Raúl Domínguez Rex:Por instrucciones de la Presidencia en votación económica se consulta a la asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Suficientemente discutido en lo general y en lo particular.

Se pide a la Secretaría abra el sistema electrónico por tres minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular.

El Secretario diputado Raúl Domínguez Rex:Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por tres minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular.

(Votación)

¿Falta algún diputado o alguna diputada por emitir su voto? Ciérrese el sistema de votación electrónico. Señor presidente, se emitieron 360 votos a favor, 0 abstenciones, 0 en contra.

El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Aprobado en lo general y en lo particular por 360 votos el proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona los artículos 176 de la Ley General del Equilibro Ecológico y la Protección al Ambiente. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.

DECLARA EL 9 DE AGOSTO DE CADA AÑO “DÍA NACIONAL CONTRA EL CÁNCER CERVICOUTERINO”

El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen de la Comisión de Gobernación con proyecto de decreto por el que el Congreso de la Unión declara el 9 de agosto de cada año Día Nacional contra el Cáncer Cervicouterino.

El Secretario diputado Raúl Domínguez Rex:«Dictamen de la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto por el que el Congreso de la Unión declara el 9 de agosto Día Nacional contra el Cáncer Cervicouterino

Honorable asamblea:

A la Comisión de Gobernación fue turnada para su estudio, análisis y dictamen la iniciativa con proyecto de decreto por el que el Honorable Congreso de la Unión declara el 9 de agosto de cada año como “Día Nacional contra el Cáncer Cervicouterino”.

Esta Comisión, con fundamento en los artículos 39, y 45 numeral 6, incisos e) y f), así como numeral 7 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; en relación a los diversos 157, numeral 1, fracción I; 158, numeral 1, fracción IV y 167, numeral 4 del Reglamento de la Cámara de Diputados, habiendo analizado el contenido de la minuta de referencia, somete a consideración de esta Honorable Asamblea el presente dictamen, al tenor de los siguientes:

I. ANTECEDENTES

En sesión plenaria celebrada el 16 de febrero de 2016, la diputada Angélica Reyes Ávila, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza presentó iniciativa con proyecto de decreto para declarar el 9 de agosto de cada año “Día Nacional contra el Cáncer Cervicouterino”.

En esa misma fecha, el Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados dispuso que dicha iniciativa fuera turnada a la Comisión de Gobernación para su estudio y dictamen.

Las y los integrantes de la Comisión de Gobernación, una vez analizada la Iniciativa objeto del presente dictamen, señalan el siguiente:

II. CONTENIDO DE LA INICIATIVA

La iniciativa materia del presente dictamen tiene por objeto:

Declarar el 9 de agosto de cada año, “Día Nacional contra el Cáncer Cervicouterino”.

Motivación:

La iniciante señala que “el cáncer es un proceso de crecimiento y diseminación incontrolados de células en el cuerpo humano. En 2012, según datos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), se registraron 8,2 millones de nuevos casos y estima que esa cifra subirá a 22 millones anuales en las próximas dos décadas”.

Expone que “el cáncer cérvico uterino es una alteración celular que se origina en el epitelio del cuello del útero y que se manifiesta, inicialmente, a través de lesiones precursoras de bajo y alto grado, de avance lento y progresivo hacia cáncer invasor”.

Agrega que “según la OMS el cáncer cervicouterino es la segunda causa de muerte al año a nivel mundial de los tumores malignos en mujeres. Cada año se diagnostican 500 mil nuevos casos, es el segundo cáncer más frecuente en mujeres en el mundo. En el 2011 murieron 275 mil mujeres por esta enfermedad. Cada 2 minutos muere una mujer en el mundo”.

Que “de acuerdo con el documento de 2013 denominado Estadísticas a propósito del Día Mundial contra el Cáncer elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), las principales causas de muerte por tumores malignos o cancerosos en mujeres de 20 y más años en 2011 fueron el cáncer de mama (13.8%) y el cérvico uterino (10.4%).”

Que “en México, el cáncer cervicouterino es la segunda causa de muerte por tumores malignos en edad reproductiva. Cada dos horas muere una mujer.”

La proponente hace énfasis en que “existen importantes factores de riesgo para el desarrollo de este tipo del cáncer cervicouterino. El más importante es, sin duda, la prevalencia del virus del papiloma humano (VPH), además de relaciones sexuales a edad temprana, múltiples parejas sexuales, enfermedades de transmisión sexual, inicio de vida sexual activa antes de los 18 años, tabaquismo, pareja sexual masculina infectada por VPH, tener una pareja que ha tenido múltiples parejas sexuales, mujeres menores de 30 años sin antecedentes de control citológico, deficiencia de ácido fólico, mujeres inmunocomprometidas y mujeres que utilizan anticonceptivos orales combinados a largo plazo”.

La iniciativa subraya que la acción más importante que se puede realizar en favor de las mujeres es la prevención primaria del cáncer cervicouterino optando por las acciones siguientes: promoción a la salud, vacunación contra la infección por Virus del Papiloma Humano, citología cervical o papanicolau, colposcopía, dejar de fumar y uso de preservativo”.

En virtud de lo anterior, una vez que han sido establecidos los antecedentes y el contenido de la iniciativa, las y los integrantes de la Comisión de Gobernación procedemos a formular las siguientes:

III. CONSIDERACIONES:

Las y los integrantes de esta dictaminadora reconocemos la importancia de unirnos al llamado de establecer el “Día Nacional contra el Cáncer Cervicouterino”, con la finalidad de aumentar la concientización sobre la prevención de este tipo de cáncer en la población mexicana y para que de manera conjunta, gobierno y sociedad civil, coordinen esfuerzos para emprender mayores medidas en contra de esa enfermedad.

De igual manera consideramos importante resaltar que el cáncer cervicouterino, carcinoma de cérvix o cáncer de cuello de útero, es una alteración celular que se origina en el epitelio del cuello del útero y que se manifiesta inicialmente a través de lesiones precursoras de lenta y progresiva evolución que dan origen colonias de células diferentes que se reproducen rápidamente invadiendo y destruyendo los tejidos normales.

De acuerdo a la Secretaría de Salud, al año, en México se presentan 24,000 casos de cáncer cervicouterino y se registran alrededor de 4,000 muertes.

Datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) señalan que una alta tasa de mortalidad por cáncer cervicouterino en México se registra en mujeres de 25 a 64 años. La muerte de una mujer en edad productiva y reproductiva por una causa altamente prevenible como es este tipo de cáncer, representa una pérdida innecesaria para la familia y para la sociedad.

Es importante destacar que los avances científicos han demostrado que el cáncer cervicouterino es una de las formas más prevenibles y tratables de cáncer si se detecta a tiempo y se atiende con métodos eficaces.

Consideramos que la prevención, el cuidado de la salud y la realización periódica de estudios clínicos representan una poderosa herramienta para disminuir los índices de prevalencia de este tipo de cáncer

Se sabe que la principal causa de cáncer cervicouterino está relacionada a infecciones persistentes por uno o más de los tipos de Virus del Papiloma Humano (VPH) “de alto riesgo”, haciendo necesario sumar esfuerzos para generar campañas informativas y preventivas dirigidas a la población en general, a efecto de incidir positivamente en su salud sexual.

En el documento titulado “Control integral del cáncer cervicouterino, guía de prácticas esenciales” publicado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en 2015, se enfatiza que: “ La evolución natural de la infección por VPH es de avance muy lento, por lo que existe un intervalo de 10 a 20 años, dependiendo el caso particular, entre la lesión por VPH y un precáncer invasor mortal, lo cual ofrece amplias oportunidades a los gobiernos para detectar o tratar lesiones precancerosas y evitar su evolución hacia un cáncer”.

Por ello, el lento avance de este padecimiento representa una ventana de oportunidad para que tanto pacientes como autoridades, generen acciones encaminadas a prevenir, detectar, tratar y, en su momento erradicar este tipo de cáncer.

Creemos que las gestiones de prevención primaria enfocadas a informar a la población sobre la detección oportuna del cáncer cervicouterino representan una estrategia de trascendental importancia para orientar y educar a la población femenina sobre los factores de riesgo y la promoción de conductas favorables a la salud que disminuyan los índices de prevalencia de este tipo de cáncer.

Cuando una mujer tiene acceso a servicios preventivos de salud, un mayor número de lesiones precancerosas y de cáncer cervicouterino pueden ser detectados de forma temprana.

Instrumentos como la Declaración Política de la Reunión de Alto Nivel de la Asamblea General sobre la Prevención y el Control de las Enfermedades no Transmisibles (ENT), celebrada en el 2011 y el plan de acción 2014-2020 acordado por los Estados Miembros de la Asamblea Mundial de la Salud 2013, demuestran que la prevención y el control de las enfermedades no transmisibles es prioritario, haciendo necesario el establecimiento de intervenciones de primer nivel en el cuidado de la salud, mismas que están enfocadas a concientizar a la población de este padecimiento y a generar medidas preventivas para garantizar una detección y un tratamiento tempranos.

Coincidimos con la iniciante en que como legisladores es necesario realizar acciones para informar y sensibilizar a la sociedad mexicana sobre la importancia que representa la prevención del cáncer cervicouterino, pues este tipo de cáncer es curable si se detecta a tiempo.

Finalmente debe mencionarse que se elige el día 26 de marzo de cada año, toda vez que de acuerdo al calendario de la ONU, el 9 de agosto ya está considerado como el día internacional de los pueblos indígenas, de acuerdo a la resolución A/RES/49/214, por lo que se considera pertinente sumarnos a la fecha que otros países latinoamericanos como Argentina y Venezuela han establecido para recordar la lucha en contra del cáncer cervicouterino.

En virtud de todo lo anterior, las y los integrantes de la Comisión de Gobernación estimamos declarar el 26 de marzo como “Día Nacional contra el Cáncer Cervicouterino”, con la finalidad de promover, mantener y reforzar las estrategias de prevención que lleven a cabo las instituciones de salud y la sociedad civil en la prevención y atención de este padecimiento, así como para reducir la incidencia de este tipo de cáncer en la población mexicana, sumándonos a los esfuerzos internacionales en la consecución de temas tan relevantes como los Objetivos de Desarrollo del Milenio de la ONU, entre los que se incluye el mejoramiento a la Salud Materna, tema que ya fue abordado en el pasado por las y los integrantes de esta Comisión y que sirve de refuerzo a la postura de esta Comisión respecto a la salud de la mujer en todas sus variantes.

Por lo antes expuesto, las y los integrantes de la Comisión de Gobernación, para los efectos del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, someten a la consideración de la Honorable Asamblea, el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE EL HONORABLE CONGRESO DE LA UNIÓN DECLARA EL 9 DE AGOSTO DE CADA AÑO “DÍA NACIONAL CONTRA EL CÁNCER CERVICOUTERINO”

Artículo Único. El Honorable Congreso de la Unión declara el 9 de agosto de cada año “Día Nacional contra el Cáncer Cervicouterino”.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas:

1 Disponible en: http:/’www.redcontrae)cancer.org.mx’web2’cancet-cervico-utenno,. última fecha de consulta: 19 de abril de 2016.

2 Disponible en:

http://www.un.org/es<cornun/docs’?symbol=A/66/L. I. última fecha de consulta: 19 de abril de 2016.

3 Disponible en: http://www.un.org/es/sections/observances/internationai-days/ última fecha de consulta: 25 de abril de 2016. ,

4 Disponible en: http://www.entrerios.gov.ar/msalud/efemerides-de-salud’ última fecha de consulta: 25 de abril de 2016.

5 Disponible en la cuenta del titular del Ministerio del Poder Popular para la Salud de Venezuela. Henry Ventura:

https://twitter.com/hventurac4/status/581090377983238146, última fecha de consulta: 25 de abril de 2016.

Palacio Legislativo, 26 de abril de 2016.

La Comisión de Gobernación, diputados:Mercedes del Carmen Guillén Vicente (rúbrica), presidenta; Juan Manuel Cavazos Balderas (rúbrica), César Alejandro Domínguez Domínguez (rúbrica), Érick Alejandro Lagos Hernández (rúbrica), David Sánchez Isidoro (rúbrica), Karina Padilla Ávila (rúbrica), Ulises Ramírez Núñez (rúbrica), Marisol Vargas Bárcena (rúbrica), David Gerson García Calderón, Rafael Hernández Soriano, Jesús Gerardo Izquierdo Rojas (rúbrica), José Clemente Castañeda Hoeflich, Macedonio Salomón Tamez Guajardo (rúbrica), Norma Edith Martínez Guzmán (rúbrica), secretarios; Hortensia Aragón Castillo, Eukid Castañón Herrera (rúbrica), Sandra Luz Falcón Venegas (rúbrica), Martha Hilda González Calderón, Sofía González Torres (rúbrica), Marcela González Salas y Petricioli (rúbrica), Álvaro Ibarra Hinojosa, David Jiménez Rumbo, María Guadalupe Murguía Gutiérrez, Norma Rocío Nahle García (rúbrica), Carlos Sarabia Camacho (rúbrica), Édgar Spinoso Carrera (rúbrica), Miguel Ángel Sulub Caamal (rúbrica), Claudia Sánchez Juárez, Jorge Triana Tena (rúbrica), Luis Alfredo Valles Mendoza (rúbrica).»

El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Está a discusión en lo general y en lo particular. No habiendo quien haga uso de la palabra, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular.

El Secretario diputado Andrés Fernández del Valle Laisequilla:Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica, se consulta a la asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Suficientemente discutido en lo general y en lo particular.

Se pide a la Secretaría que abra el sistema electrónico por tres minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular.

El Secretario diputado Andrés Fernández del Valle Laisequilla:Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por tres minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular.

(Votación)

¿Falta alguna diputada o diputado por emitir su voto? Ciérrese el sistema de votación electrónico. Se emitieron 352 votos a favor, una abstención y dos en contra.

El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Aprobado en lo general y en lo particular por 352 votos, el proyecto de decreto por el que el honorable Congreso de la Unión declara el 9 de agosto de cada año, Día Nacional contra el Cáncer Cervicouterino. Pasa al Senado para los efectos constitucionales.

LEY FEDERAL DE FOMENTO A LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL

El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen de la Comisión de Desarrollo Social, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 5, 14, 24 y 31, de la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil.

El Secretario diputado Andrés Fernández del Valle Laisequilla:«Dictamen de la Comisión de Desarrollo Social, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 5o., 14, 24 y 31 de la Ley Federal de Fomento a las Actividades realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil

HONORABLE ASAMBLEA

A la Comisión de Desarrollo Social de la Cámara de Diputados de la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, le fue turnada, para su estudio y dictamen correspondiente, la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por las Organizaciones de la Sociedad Civil,presentada por el Diputado Alejandro González Murillo,del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.

Esta Comisión dictaminadora es competente para analizar y resolver la presente iniciativa, con fundamento en los artículos 39 numerales 1, 2, fracción XX y, numeral 3; 45 numerales 1 y 6 incisos e), f) y g) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como de los artículos 80 numeral 1, fracción II; 81 numeral 2; 82 numeral 1; 84 numeral 1; 85; 157 numeral 1, fracción I; y 158 numeral 1, fracción IV; y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, por lo que se abocó al análisis, discusión y valoración de la Iniciativa que se menciona.

Asimismo, conforme a las consideraciones de orden general y específico, como a la votación que en el sentido del proyecto de la Iniciativa de referencia realizaron los integrantes de ésta Comisión Legislativa, se somete a consideración de esta Honorable Asamblea el presente dictamen, con base en los siguientes:

I. ANTECEDENTES.

A. En Sesión Ordinaria de ésta Cámara de Diputados, celebrada el 13 de julio de 2016, el diputado Alejandro González Murillo del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, presentó Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Federal de Fomento a las Actividades realizadas por las Organizaciones de la Sociedad Civil.

B. Con fecha 14 de julio de 2016, el Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, turnó a la Comisión de Desarrollo Social la Iniciativa en comento, para su estudio y dictamen correspondiente.

II. DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA.

A. En lo que denomina el promovente como exposición de motivos, señala que ,las organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) contribuyen a fomentar la participación solidaria y comprometida del ciudadano; a través de ellas, se realizan acciones para promover la asistencia social y participación ciudadana, como: apoyo a la alimentación popular, asistencia jurídica, protección al medio ambiente, promoción y fomento de la educación, cultura, arte, ciencia y tecnología, entre otras acciones.

B. El legislador señala también que la constante optimización de nuestro marco jurídico exige un trabajo de actualización y armonización, que en el caso de la Ley Federal de Fomento a Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil no ha sido realizado. Asimismo, establece que fueron abrogadas la Ley sobre el Sistema Nacional de Asistencia Social, la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal, La Ley Federal de Transparencia e Información Pública Gubernamental y la Ley de Fiscalización Superior de la Federación.

C. En la misma exposición de motivos, el autor menciona que se expidió la Ley de Asistencia Social, Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, y la Ley Federal de Transparencia y Rendición de Cuentas.

D. En el mismo sentido, expresa que recientemente fue aprobada la reforma constitucional en materia de desindexación del salario mínimo, lo que aunado a las abrogaciones y nuevas leyes arriba mencionadas, han mermado la claridad del orden jurídico nacional, en perjuicio del estado de derecho, de la operación adecuada de las Organizaciones de la Sociedad Civil, y finalmente de la sociedad en general.

E. En este sentido, el legislador señala que, dada la creciente importancia que las Organizaciones de la Sociedad Civil han alcanzado en los últimos años, es que la presente iniciativa busca actualizar y armonizar la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil, con los cambios al sistema jurídico.

Establecidos los antecedentes y el contenido de la iniciativa, los integrantes de la Comisión de Desarrollo Social de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados que suscriben el presente dictamen exponemos las siguientes:

III. CONSIDERACIONES.

PRIMERO: La Iniciativa en estudio propone reformar el artículo 5, fracción I; el artículo 14, segundo párrafo; el artículo 24, segundo párrafo; el artículo 31, fracción II; todos ellos de la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil, que para mayor claridad se transcriben íntegramente en sus términos:

SEGUNDO:En cuanto a la primera propuesta de reforma al artículo 5 de la Ley de Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil, esta Comisión considera que la propuesta de reforma resulta necesaria, en virtud de que el Artículo Segundo Transitorio de la Ley de Asistencia Social abroga la Ley sobre el Sistema Nacional de Asistencia Social,publicada en el Diario Oficial de la Federación de 9 de enero de 1986. Esta disposición garantiza la exacta aplicación de la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil, porque de la manera en la que se encuentra nos remite a una ley inexistente. Es por ello la necesidad de actualizar este marco jurídico, por lo que resulta viable sustituir la referencia a la Ley Sobre el Sistema Nacional de Asistencia Social que fue recientemente derogada por la Ley de Asistencia Social que es la que en este momento se encuentra vigente y que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de septiembre de 2004.

TERCERO:En cuanto a la segunda propuesta de reformar el segundo párrafo del artículo 14 de la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil, esta Comisión considera que la actualización tiene por objeto dar claridad y certeza jurídica con el objeto se sustituir la referencia a la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información (Pública Gubernamental)y la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, sustituyendo estas por la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federaciónque son las que se encuentran vigentes en este momento.

CUARTO: Esta Comisión dictaminadora estima que la modificación de en la redacción del artículo 24 de la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil, atiende a la abrogación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental en virtud de la publicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en el Diario Oficial de la Federación de 9 de mayo de 2016; mismo que a letra dice:

Todas las dependencias y entidades, así como las organizaciones inscritas, tendrán acceso a la información existente en el Registro, con el fin de estar enteradas del estado que guardan los procedimientos del mismo.

Aquellas personas que deseen allegarse de información establecida en el Registro, deberán seguir el procedimiento a que se refiere el Capítulo I del Título Quinto de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

El presente artículo tiene un papel notable dentro de la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil, en virtud de que tiene por objeto remitir al lector al procedimiento para solicitar información en posesión del Registro Federal de Organizaciones. Sin embargo, esta importante disposición en materia de transparencia ve su fin trunco con la actual redacción del artículo en comento, pues éste hace un reenvío al Título Segundo, Capítulo III de la ya abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. En ese sentido, esta comisión considera necesaria la propuesta de reforma al subsanar el vicio de referir a una ley carente de vigencia.

QUINTO: En cuanto a la última modificación que obedece a la reciente reforma constitucional en materia de desindexación del salario mínimo, misma que fue publicada en el Diario Oficial de la Federacióndel 27 de enero de 2016. Dicha reforma, en sus Transitorios Tercero y Cuarto, establece un plazo máximo de un año, contado a partir de su entrada en vigor, para eliminar las referencias al Salario Mínimo como Unidad de Cuenta, índice, base, medida o referencia y sustituirlas por las relativas a la Unidad de Medida y Actualización (UMA).

Es en este contexto, que se vuelve imprescindible modificar el actual texto de la fracción II del artículo 31, a efecto de sustituir el elemento utilizado para el cálculo de la multa, pasando de la referencia de los Salarios Mínimos a las Unidades de Medida y Actualización. Asimismo, las modificaciones planteadas resultan necesarias para garantizar la comprensión y asequibilidad en la lectura del marco jurídico mexicano.

No obstante lo que indica el legislador en su iniciativa, es de suma importancia que el Estado Mexicano, actualice su marco jurídico constitucional y leyes secundarias. Así, se da cuenta en los distintos ordenamientos que garantizan sus derechos sociales, políticos, económicos, culturales, y de desarrollo humano, con un enfoque intercultural y de derechos humanos.

Finalmente y en virtud de lo anteriormente expuesto, los integrantes de la Comisión de Desarrollo Social, consideramos viable la reforma planteada en la Iniciativa de mérito que busca reformar los artículos 5, fracción I; 14, segundo párrafo; 24, segundo párrafo; y 31, fracción II; de la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil; motivo por el cual, somete a la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 5; 14; 24 Y 31 DE LA LEY FEDERAL DE FOMENTO A LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL.

Artículo Único.- Se reforman los artículos 5, fracción I; 14, segundo párrafo; 24, segundo párrafo, 31, fracción II de la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil, para quedar como sigue:

Artículo 5. ...

I. Asistencia social, conforme a lo establecido en la Ley de Asistencia Social y en la Ley General de Salud;

II. a XIX. ...

Artículo 14. ...

El informe respectivo, consolidado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se incluirá como un apartado específico del Informe Anual que rinde el Ejecutivo al Congreso de la Unión y de la Cuenta Pública, con base en las leyes de Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación y demás leyes aplicables.

Artículo 24. ...

Aquellas personas que deseen allegarse de información establecida en el Registro, deberán seguir el procedimiento a que se refiere el Capítulo I del Título Quinto de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Artículo 31. ...

I. ...

II. Multa: en caso de no cumplir con el apercibimiento en el término a que se refiere la fracción anterior o en los casos de incumplimiento de los supuestos a que se refieren las infracciones VII, VIII, IX, X, XI, XII y XIII del artículo 30 de esta ley; se multará hasta por el equivalente a trescientas unidades de medida y actualización vigente;

III. a IV. ...

...

...

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO. El Ejecutivo Federal, a más tardar a los noventa días naturales siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto, deberá realizar las modificaciones a las disposiciones reglamentarias correspondientes.

Palacio Legislativo de San Lázaro a 21 de septiembre de 2016.

La Comisión de Desarrollo Social, diputados:Javier Guerrero García (rúbrica), presidente; Alejandro Armenta Mier (rúbrica), David Epifanio López Gutiérrez (rúbrica), María Bárbara Botello Santibáñez, Adriana Terrazas Porras (rúbrica), Miguel Ángel Huepa Pérez (rúbrica), Gabriela Ramírez Ramos (rúbrica), Ximena Tamariz García (rúbrica), Natalia Karina Barón Ortiz (rúbrica), Érika Irazema Briones Pérez (rúbrica), María Elida Castelán Mondragón (rúbrica), Araceli Damián González (rúbrica), Carlos Lomelí Bolaños (rúbrica), Ángel García Yáñez (rúbrica), Hugo Éric Flores Cervantes (rúbrica), Diego Valente Valera Fuentes, secretarios; Hugo Alejo Domínguez (rúbrica), Edith Anabel Alvarado Varela (rúbrica), José Antonio Arévalo González (rúbrica), Mariana Benítez Tiburcio (rúbrica), Jorge Alejandro Carvallo Delfín (rúbrica), Olga Catalán Padilla (rúbrica), Pablo Elizondo García (rúbrica), Evelyng Soraya Flores Carranza, Alicia Guadalupe Gamboa Martínez (rúbrica), Norma Xóchitl Hernández Colín (rúbrica), Flor Ángel Jiménez Jiménez (rúbrica), Jorge Ramos Hernández (rúbrica), Angélica Moya Marín (rúbrica), Dora Elena Real Salinas, María del Rosario Rodríguez Rubio (rúbrica), Araceli Saucedo Reyes.»

El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Está a discusión en lo general y en lo particular. No habiendo oradores, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular.

La Secretaria diputada Isaura Ivanova Pool Pech:Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Diputado presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Se pide a la Secretaría abra el sistema electrónico, por tres minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular.

La Secretaria diputada Isaura Ivanova Pool Pech:Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico, por tres minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular.

(Votación)

¿Algún diputado o diputada falta por emitir su voto? Sigue abierto el sistema electrónico. Sigue abierto el sistema de votación. ¿Algún diputado o diputada falta por emitir su voto? Sigue abierto el sistema de votación. ¿Algún diputado o diputada falta por emitir su voto? Adelante, sigue abierto el sistema de votación. Ciérrese el sistema de votación electrónico. Se emitieron 365 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra.

El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Aprobado en lo general y en lo particular por 365 votos el proyecto por el que se reforman los artículos 5o., 14, 24 y 31 de la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por las Organizaciones de la Sociedad Civil. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.

LEY GENERAL PARA LA INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y LEY GENERAL DE POBLACIÓN

El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen de las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables y de Salud, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud, de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, y de la Ley General de Población.

Proceda la Secretaría a dar lectura a las modificaciones remitidas por la Comisión.

El Secretario diputado Raúl Domínguez Rex:Propuesta de modificación:

El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Consulte la Secretaría a la asamblea si se aceptan las modificaciones propuestas a nombre de la Comisión.

El Secretario diputado Raúl Domínguez Rex:Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a la asamblea si se aprueban las modificaciones propuestas a nombre de la Comisión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: En consecuencia, está a discusión en lo general con las modificaciones propuestas por la Comisión y aceptadas por la asamblea. No habiendo oradores registrados, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se encuentra suficientemente discutido en lo general.

El Secretario diputado Raúl Domínguez Rex:Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Suficientemente discutido en lo general.

En virtud de que de conformidad con el artículo 109 del Reglamento de la Cámara de Diputados no se ha reservado artículo alguno para discutirlo en lo particular, se pide a la Secretaría abra el sistema electrónico, por tres minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular en un solo acto.

El Secretario diputado Raúl Domínguez Rex:Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico, por tres minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular, en un solo acto.

El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Y con las modificaciones aceptadas por la asamblea.

(Votación)

El Secretario diputado Raúl Domínguez Rex:¿Falta algún diputado o alguna diputada por emitir su voto? ¿Algún diputado o diputada falta de emitir su voto? Ciérrese el sistema electrónico de votación. Señor presidente, se emitieron 362 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.

El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Aprobado en lo general y en lo particular por 362 votos el proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud, de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad y de la Ley General de Población. Pasa al Senado para los efectos constitucionales.

Se pide a la Secretaría que dé lectura a la declaratoria de publicidad.

DECLARATORIA DE PUBLICIDAD DE LOS DICTÁMENES DE LEY O DECRETO

DECLARA EL 18 DE NOVIEMBRE DE CADA AÑO COMO EL “DÍA NACIONAL DE LA MIPYMES MEXICANAS”

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: Dictamen de la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto por el que el honorable Congreso de la Unión declara el 18 de noviembre de cada año como el “Día Nacional de la Mipymes Mexicanas”.

El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple la Declaratoria de Publicidad.

LEY GENERAL DE CAMBIO CLIMÁTICO

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: Dictamen de la Comisión de Cambio Climático, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 8o. y 9o. de la Ley General de Cambio Climático.

El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple la Declaratoria de Publicidad.

LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: Dictamen de la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 126 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple la Declaratoria de Publicidad.

LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: Dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con proyecto de decreto por el que reforma el artículo 87 Bis 2 de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple la Declaratoria de Publicidad.

LEY GENERAL DE VIDA SILVESTRE

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: Dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con proyecto de decreto por el que reforma la fracción XV del artículo 3o., se adiciona un segundo párrafo y las fracciones I, II y III del artículo 29 de la Ley General de Vida Silvestre.

El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple la Declaratoria de Publicidad.

DECLARA EL DÍA 4 DE AGOSTO DE CADA AÑO EL “DÍA NACIONAL CALAKMUL, CAMPECHE PRIMER PATRIMONIO MIXTO DE LA HUMANIDAD EN MÉXICO”

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: Dictamen de la Comisión de Gobernación, por el que el Honorable Congreso de la Unión declara el día 4 de agosto de cada año como el “Día Nacional de Calakmul, Campeche, Primer Patrimonio Mixto de la Humanidad en México”, que comprende la zona arqueológica de la antigua ciudad maya y la reserva de la biósfera de los bosques tropicales protegidos.

El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple la Declaratoria de Publicidad.

En virtud de que se ha cumplido con el requisito de la Declaratoria de Publicidad, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se autoriza que los seis dictámenes se sometan a discusión y votación de inmediato.

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica, se consulta a la asamblea si se autoriza que los seis dictámenes se sometan a discusión y votación de inmediato. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Se autoriza.

DICTÁMENES A DISCUSIÓN DE LEY O DECRETO

DECLARA EL 18 DE NOVIEMBRE DE CADA AÑO COMO EL “DÍA NACIONAL DE LA MIPYMES MEXICANAS”

El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: En consecuencia el siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen de la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto por el que el Honorable Congreso de la Unión, declara el 18 de noviembre de cada año, como el Día Nacional de las Mipymes Mexicanas.

Está a discusión en lo general y en lo particular. No habiendo oradores registrados, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular.

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica, se consulta a la asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Suficientemente discutido en lo general y en lo particular.

Se pide a la Secretaría que abra el sistema electrónico por tres minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular.

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico...

El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Hasta por tres minutos.

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:Ábrase el sistema electrónico, hasta por tres minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular.

(Votación)

¿Falta algún diputado o diputada que falte de emitir su voto? Sigue abierto el sistema. ¿Algún diputado o diputada que falte de emitir su voto? Ciérrese el sistema de votación electrónico. Se emitieron 350 votos a favor y 5 votos en contra, presidente.

El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Aprobado en lo general y en lo particular por 350 votos el proyecto de decreto por el que el honorable Congreso de la Unión declara el 18 de noviembre de cada año como el Día Nacional de las Mipymes Mexicanas. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.

La diputada Norma Rocío Nahle García(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Diputada Rocío Nahle, ¿con qué objeto?

La diputada Norma Rocío Nahle García (desde la curul): Presidente, de procedimiento. Le quiero pedir que por favor antes de llamar a votación nos envíen los textos de estos cinco puntos, porque nada más tienen la declaratoria de publicidad y no vamos a votar algo que no conocemos. Por favor que nos envíen los textos, si no los tienen –que parece ser que no los tienen–, que vayamos al siguiente punto de los dictámenes o declaren receso o lo que sea, pero necesitamos conocer estos textos, por favor.

LEY GENERAL DE CAMBIO CLIMÁTICO

El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen de la Comisión de Cambio Climático, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 8 y 9 de la Ley General de Cambio Climático.

Está a discusión en lo general y en lo particular. No habiendo oradores registrados consulte la Secretaría a la asamblea en votación económica si se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular.

El Secretario diputado Raúl Domínguez Rex:Por instrucciones de la Presidencia en votación económica se consulta a la asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Suficientemente discutido en lo general y en lo particular.

Se pide a la Secretaría que abra el sistema electrónico por tres minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular.

El Secretario diputado Raúl Domínguez Rex:Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por tres minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular.

(Votación)

¿Falta algún diputado o diputada por emitir su voto? Ciérrese el sistema de votación electrónico. De viva voz, diputado. Perdón, sigue abierto el sistema. ¿Falta algún diputado o diputada por emitir su voto? Está abierto el sistema, diputada. Ciérrese el sistema de votación electrónico. Señor presidente, se emitieron 321 votos a favor, 3 abstenciones y 34 votos en contra.

El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Aprobado en lo general y en lo particular por 321 votos el proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 8 y 9 de la Ley General de Cambio Climático. Pasa al Senado para los efectos constitucionales.

LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE

El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 87 Bis 2 de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Medio Ambiente.

Está a discusión en lo general y en lo particular. No habiendo oradores registrados, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular.

El Secretario diputado Andrés Fernández del Valle Laisequilla:Por instrucciones de la Presidencia en votación económica se consulta a la asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Suficientemente discutido en lo general y en lo particular.

Se pide a la Secretaría que abra el sistema electrónico por tres minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular.

El Secretario diputado Andrés Fernández del Valle Laisequilla:Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por tres minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular.

(Votación)

¿Falta algún diputado o diputada por emitir su voto? Ciérrese el sistema de votación electrónico. Diputada Yarith, de viva voz, por favor.

La diputada Yarith Tannos Cruz (desde la curul): A favor.

La diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez (desde la curul): A favor.

La diputada Erika Araceli Rodríguez Hernández (desde la curul): A favor.

El diputado José Teodoro Barraza López (desde la curul): A favor.

El Secretario diputado Andrés Fernández del Valle Laisequilla: Se emitieron 356 votos a favor, 4 abstenciones, 0 en contra.

El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Aprobado en lo general y en lo particular por 356 votos, el proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 87 Bis 2 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Medio Ambiente. Para al Ejecutivo, para sus efectos constitucionales.

LEY GENERAL DE VIDA SILVESTRE

El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción XV del artículo 3o., se adiciona un segundo párrafo y las fracciones I, II y III al artículo 29 de la Ley General de Vida Silvestre.

Está a discusión en lo general y en lo particular. No habiendo oradores registrados, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular.

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Suficientemente discutido en lo general y en lo particular.

Se pide a la Secretaría abra el sistema electrónico, por tres minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular.

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico, por tres minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular.

(Votación)

¿Alguna diputada o diputado que falte de emitir su voto? Sigue abierto el sistema. ¿Alguna diputada o diputado que falte de emitir su voto? Ciérrese el sistema de votación electrónico. Se emitieron 348 votos a favor y 9 abstenciones, presidente.

El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Aprobado en lo general y en lo particular por 348 votos el proyecto de decreto por el que se reforma la fracción XV del artículo 3o., se adiciona un segundo párrafo y las fracciones I, II y III al artículo 29 de la Ley General de Vida Silvestre. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.

REGLAMENTO DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS

El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: El siguiente punto del orden del día es la discusión de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Reglamento de la Cámara de Diputados.

Está a discusión en lo general y en lo particular. No habiendo oradores registrados consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular.

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica, se consulta a la asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Suficientemente discutido en lo particular y en lo general.

Se pide a la Secretaría abra el sistema electrónico por tres minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular.

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por tres minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular.

(Votación)

¿Alguna diputada o diputado que falte de emitir su voto? ¿Alguna diputada o diputado que falte de emitir su voto? Sigue abierto el sistema. De viva voz.

El diputado César Augusto Rendón García (desde la curul): A favor.

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: ¿Algún diputado o diputada que falte de emitir su voto? Ciérrese el sistema electrónico de votación. Se emitieron 348 votos a favor, sin votos en contra ni abstenciones, presidente.

El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Aprobado en lo general y en lo particular, por 348 votos, el proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Reglamento de la Cámara de Diputados. Publíquese en el Diario Oficial de la Federación.

DECLARA EL DÍA 4 DE AGOSTO DE CADA AÑO EL “DÍA NACIONAL CALAKMUL, CAMPECHE PRIMER PATRIMONIO MIXTO DE LA HUMANIDAD EN MÉXICO”

El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen de la Comisión de Gobernación, por el que el honorable Congreso de la Unión declara el día 4 de agosto de cada año como el Día Nacional de Calakmul, Campeche, primer patrimonio mixto de la humanidad en México que comprende la zona arqueológica de la antigua ciudad maya y la reserva de la biósfera de los bosques tropicales protegidos.

Está a discusión en lo general y en lo particular. No habiendo oradores registrados, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular.

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Suficientemente discutido en lo general y en lo particular.

Se pide a la Secretaría que abra el sistema electrónico, por tres minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular.

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico, por tres minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular.

(Votación)

¿Algún diputado o diputada que falte de emitir su voto? Ciérrese el sistema de votación electrónico. Se emitieron 350 votos a favor y 4 votos en contra, presidente.

El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Aprobado en lo general y en lo particular por 350 votos, el proyecto de decreto por el que el Honorable Congreso de la Unión declara el día 4 de agosto de cada año, como el Día Nacional de Calakmul, Campeche, Primer Patrimonio Mixto de la Humanidad en México, que comprende la zona arqueológica de la antigua ciudad maya y la reserva de la biósfera de los bosques tropicales protegidos. Pasa al Senado, para efectos constitucionales.

Continúe la Secretaría con los Acuerdos de la Junta de Coordinación Política.

ACUERDOS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de diputados.— LXIII Legislatura.— Junta de Coordinación Política.

Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se exhorta respetuosamente al Instituto Mexicano del Seguro Social, para que evalúe la posibilidad de extender la cobertura del programa “Tu receta es tu Vale” en las unidades de medicina familiar de dicha institución que se encuentran en otras entidades federativas.

La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, con fundamento en los artículos 33 y 34 numeral 1, inciso b) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, emite el siguiente

Acuerdo

Único. Se exhorta respetuosamente al Instituto Mexicano del Seguro Social, para que evalúe la posibilidad de extender la cobertura del programa “Tu receta es tu Vale” en las unidades de medicina familiar de dicha institución que se encuentran en otras entidades federativas.

Palacio Legislativo, a 14 de diciembre de 2016.— Diputado Francisco Martínez Neri (rúbrica), Presidente de la Junta de Coordinación Política y Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; diputado César Octavio Camacho Quiroz (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; diputado Marko Antonio Cortés Mendoza (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; diputado Jesús Sesma Suárez (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; diputada Norma Rocío Nahle García (rúbrica), Coordinadora del Grupo Parlamentario de Movimiento de Regeneración Nacional; diputado José Clemente Castañeda Hoeflich (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano; diputado Luis Alfredo Valles Mendoza, Coordinador del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza; diputado Alejandro González Murillo (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.»

El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Consulte la Secretaría si se aprueba el Acuerdo de la Junta de Coordinación Política.

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica, se consulta a la asamblea si se aprueba el Acuerdo de la Junta de Coordinación Política. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Aprobado. Comuníquese.

Proceda la Secretaría a dar lectura al acuerdo de la Junta de Coordinación Política.

———————— o ————————

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.— Junta de Coordinación Política.

Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se exhorta respetuosamente al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, para que evalúe la posibilidad de implementar el programa “Vales de Medicina” del instituto en otras entidades federativas del país, con la finalidad de garantizar el acceso a los medicamentos para beneficio de la población derechohabiente del Instituto.

La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, con fundamento en los artículos 33 y 34, numeral 1, inciso b) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, emite el siguiente:

Acuerdo

Único.Se exhorta respetuosamente al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, para que evalúe la posibilidad de implementar el programa “Vales de Medicina” del instituto en otras entidades federativas del país, con la finalidad de garantizar el acceso a los medicamentos para beneficio de la población derechohabiente del Instituto.

Palacio Legislativo, a 14 de diciembre de 2016.— Diputado Francisco Martínez Neri (rúbrica), Presidente de la Junta de Coordinación Política y Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; diputado César Octavio Camacho Quiroz (rúbrica, p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; diputado Marko Antonio Cortés Mendoza (rúbrica, p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; diputado Jesús Sesma Suárez (rúbrica, p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; diputada Norma Rocío Nahle García (rúbrica), Coordinadora del Grupo Parlamentario de Movimiento de Regeneración Nacional; diputado José Clemente Castañeda Hoeflich (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano; diputado Luis Alfredo Valles Mendoza, Coordinador del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza; diputado Alejandro González Murillo (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.»

El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Consulte a la asamblea en votación económica si se aprueba.

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:En votación económica se consulta a la asamblea si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Aprobado. Comuníquese.

INICIATIVAS Y PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO

El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: En términos de los artículos 100 y 102 del Reglamento, las iniciativas y proposiciones contenidas en el orden del día, serán turnadas a las comisiones que corresponda.(*)

( *) Las iniciativas y proposiciones se encuentran en el Apéndice de esta sesión.

CLAUSURA Y CITA

El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano (a las 18:57 horas): Se levanta la sesión y se cita a la próxima que tendrá lugar el jueves 15 de diciembre de 2016 a las 10 horas; a las 10 horas.

————— O —————