INICIATIVAS Y PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO

«Comunicación de la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, por la que informa el turno que le corresponde a las iniciativas con proyecto de decreto y a las proposiciones con punto de acuerdo registradas en el orden del día del viernes 4 de noviembre de 2016, de conformidad con los artículos 100, numeral 1, y 102, numeral 3, del Reglamento de la Cámara de Diputados.

Con fundamento en los artículos 100, numeral 1, y 102, numeral 3, del Reglamento de la Cámara de Diputados, se informa a la honorable Asamblea los turnos dictados a las iniciativas con proyecto de decreto y a las proposiciones con punto de acuerdo, registradas en el orden del día del 4 de noviembre de 2016 y que no fueron abordadas.(*)

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de noviembre de 2016.— Diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar (rúbrica), Presidente.»

«Iniciativas con proyecto de decreto

1. Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, y del Código Penal Federal, a cargo de la diputada Nora Liliana Oropeza Olguín, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno: Comisiones Unidas de Derechos de la Niñez y de Justicia, para dictamen.

2. Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Protección Civil, a cargo de la diputada Nora Liliana Oropeza Olguín, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno: Comisión de Protección Civil, para dictamen.

3. Que reforma los artículos 7o., 42 y 58 de la Ley General de Educación, a cargo del diputado Javier Guerrero García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno: Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para dictamen.

4. Que reforma y adiciona los artículos 52, 52 Bis y 87 de la Ley de Aviación Civil, suscrita por el diputado Enrique Zamora Morlet y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Turno: Comisión de Transportes, para dictamen.

5. Que reforma los artículos 27 y 151 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, suscrito por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Turno: Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

6. Que adiciona el artículo 104 de la Ley General de Salud, suscrito por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Turno: Comisión de Salud, para dictamen.

Proposiciones con punto de acuerdo

1. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las instituciones de salud de los diferentes niveles de gobierno, para implantar acciones en materia de infraestructura hospitalaria para la atención de Cáncer Infantil, suscrito por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Turno: Comisión de Salud, para dictamen.

2. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SHCP, a garantizar suficiencia financiera al Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares (ININ), a cargo del diputado Juan Romero Tenorio, del Grupo Parlamentario Morena.

Turno: Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

3. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SHCP, a tomar medidas necesarias para corregir el alto nivel de endeudamiento y sus consecuencias, a cargo del diputado Jorge Álvarez Máynez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Turno: Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

4. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Sistema Nacional de Seguridad Pública, para que en coordinación con las autoridades responsables de la seguridad pública en las entidades federativas y municipios, se lleven a cabo acciones que refuercen la vigilancia y la prevención en la comisión de delitos que afectan a automovilistas en vías primarias y secundarias de la zona centro del país, a cargo del diputado Alfredo Valles Mendoza, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.

Turno: Comisión de Seguridad Pública, para dictamen.

5. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SHCP, a garantizar suficiencia financiera al Centro de Investigación y Desarrollo (CIAD), a cargo del diputado Juan Romero Tenorio, del Grupo Parlamentario Morena.

Turno: Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

6. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Segob, a que implemente, a través de la Coordinación para la Atención Integral de la Migración en la Frontera Sur, las acciones conducentes para brindar a las y los menores de edad que se encuentran en condición de migrantes no acompañados, la debida protección a sus derechos humanos y libertades, en el marco del Programa Integral Frontera Sur, a cargo del diputado Mariano Lara Salazar, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.

Turno: Comisión Asuntos Migratorios, para dictamen.

7. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SHCP, para que garantice suficiencia financiera a la Secretaría de Cultura, a cargo del diputado Ángel Antonio Hernández de la Piedra, del Grupo Parlamentario Morena.

Turno: Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

8. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las Secretarías de Salud y a la SEP, a diseñar e implementar programas y estrategias integrales tendientes a mejorar la calidad de vida de los niños y jóvenes con autismo, así como a garantizar sus derechos humanos, a cargo de la diputada Angélica Reyes Ávila, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.

Turno: Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, para dictamen.

9. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretarías de Salud, a la Sedesol y al Instituto Nacional de Geriatría, a que formulen políticas públicas, programas y estrategias tendientes a brindar una atención integral a los adultos mayores, a cargo de la diputada María Eugenia Ocampo Bedolla, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.

Turno: Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, para dictamen.

10. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Conade, para que, en coordinación con las autoridades responsables del deporte y la activación física de las entidades federativas, implemente una estrategia que refuerce las acciones diseñadas por la política nacional en materia de deporte, a cargo de la diputada Mirna Isabel Saldívar Paz, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.

Turno: Comisión de Deporte, para dictamen.

11. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Semarnat y a la Profepa, a realizar acciones en contra de la utilización de cañones antigranizo y demás sistemas que alteran los ciclos naturales del agua en el estado de Colima, a cargo del diputado Francisco Javier Pinto Torres, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.

Turno: Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen.»

INICIATIVAS

LEY GENERAL DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES Y CÓDIGO PENAL FEDERAL

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, y del Código Penal Federal, a cargo de la diputada Nora Liliana Oropeza Olguín, del Grupo Parlamentario del PRI

La suscrita, Nora Liliana Oropeza Olguín, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6, fracción I, y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de este pleno iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman el párrafo primero del artículo 16 y la fracción VII del artículo 47 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; y se adiciona un párrafo tercero al artículo 131 del Código Penal Federal, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Como es sabido, la Declaración Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas formuló que la infancia tiene derecho a cuidados y asistencia especiales. La necesidad de proporcionar al niño una protección especial fue pronunciada en la Declaración de Ginebra de 1924 sobre los Derechos del Niño y en la Declaración de los Derechos del Niño -adoptada por la Asamblea General el 20 de noviembre de 1959- y reconocida en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (en particular, en los artículos 23 y 24), al que se sumó el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (en específico, en el artículo 10).

Desde esa perspectiva se han modelado otros estatutos e instrumentos de organismos especializados y de organizaciones internacionales que se interesan en el bienestar del niño, en este marco, el 20 de noviembre de 1989 el mundo se comprometió “a proteger y promover los derechos de niños y niñas a sobrevivir, aprender y crecer; a desarrollarse y alcanzar su pleno potencial, y a lograr que sus voces fueran escuchadas”, consignado en la Convención sobre los Derechos del Niño, por cierto, el tratado de derechos humanos más ampliamente ratificado a nivel internacional. Desde aquel momento, los niños y los adolescentes –en los correspondientes géneros que implican los sustantivos- son reconocidos como sujetos de derechos, no solamente como objetos de protección. Desde la aprobación de la Convención sobre los Derechos del Niño de la fecha señalada, también todos los países de América Latina han ratificado su compromiso, entre ellos México.

Cabe señalar que el Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas ha precisado que “permitir la manipulación de los niños por los adultos y colocarlos en situaciones en que se les indica lo que pueden decir, o exponerlos al riesgo de salir perjudicados por su participación en circunstancias ajenas a su corta experiencia vital,” constituye falta de ética y vulnera los derechos fundamentales de los niños.

Pese a la vigencia legal que tiene la Convención de los Derechos del Niño en México, 27.6 por ciento de los adultos considera que los derechos de los niños los definen los padres y todavía hay quien piensa que los niños no tienen derechos (3.6 por ciento). Asimismo, 54.5 cree que en México las personas golpean a los niños para que obedezcan, lo cual puede ser un indicador de violencia hacia los infantes. Es decir, persisten modelos que deben ser modificados.

Los estudios han documentado que en el país hay aproximadamente 33 millones 524 mil 563 menores de 15 años y que de la población infantil, 48.9 por ciento es niña y 51.1 niño. Según estimaciones del Consejo Nacional de Población, a mediados de 2014, los niños menores de 15 años representaban 28 por ciento de la población total. También se considera –de acuerdo con información censal de 2010– que el número de niños menores de 5 años asciende a 10.5 millones, en tanto que 22 millones se encuentran en edad escolar (5 a 14 años); en términos porcentuales, cada conjunto representa 32.4 y 67.6 de la población menor de 15 años, respectivamente.

Estas cifras muestran la importancia de crear conciencia para que se reconozcan totalmente los derechos de los niños y las obligaciones que tiene la sociedad con ellos para su debida protección. Alarma cuando se habla que de los niños de 0 a 14 años, 84.2 por ciento asiste a la escuela y 14.8 no goza de ese derecho, quizá porque en su familia se alza el inquebrantable obstáculo económico (alrededor de 29 por ciento de los niños y niñas que trabajan en la actualidad es menor de 14 años) o por negligencia, sin importar que está en juego el futuro y bienestar del niño. Es inadmisible que muchos niños en la ciudad o en la comunidad, con preponderancia en zonas indígenas (formamos una nación pluriétnica) no asistan a la escuela.

Pensar en los niños es pensar en la familia, ya que el concepto de niñez implica el transcurso por varias etapas de vida en las que se identifican necesidades básicas, requeridas para un desarrollo pleno. En los primeros años de vida resulta crucial la sobrevivencia del niño, por lo que cumplir los cinco años de edad es un logro importante, sobre todo, para aquellos que enfrentan un contexto de pobreza, desnutrición y un medio ambiente poco adecuado para su salud; después de esta edad, asistir a la escuela y recibir una educación de calidad resulta esencial para desarrollar sus potencialidades y ampliar las oportunidades que permitan mejorar su calidad de vida.

Los niños significan por sí mismos una cuestión especialmente prioritaria para la agenda de los gobiernos por su relevancia en la construcción del futuro y en toda medida que se aplica prevalece el interés superior de los infantes. En México, bien vale la pena considerar los logros alcanzados en la consecución de los derechos de la infancia y la adolescencia, al mismo tiempo que se atienden, revisan e investigan actos u omisiones que impliquen alguna irregularidad que vulnere sus derechos y/o ponga en riesgo su sano desarrollo físico y mental. Lo anterior no se clarificará si no abordamos la naturaleza de la Ley General de los Derechos de los niños, niñas y adolescentes y el Código Penal Federal, en un tema que ha generado gran polémica: ¿Hasta qué punto conviene que los niños participen en las manifestaciones? Ya que la utilización de niñas, niños y adolescentes en dicho contexto, además del riesgo que supone a su seguridad e integridad, los coloca asimismo en el centro de la tensión social, exponiendo innecesariamente su integridad. Es escandaloso e inmoral protestar con el apoyo de niños como “instrumento” para ejercer presión sobre las autoridades.

Consideraciones

Un rasgo definitorio de las sociedades democráticas se distingue por el modo como se resuelven los conflictos que se derivan del ejercicio simultáneo de derechos que pueden colisionar entre sí. El respeto a todos los derechos en el marco de su adecuada jerarquización es un desafío permanente, pero especialmente urgente para aquellos países que, como el nuestro, han transitado por el cauce democrático.

Ello es especialmente relevante cuando se trata de derechos asociados al ejercicio de la manifestación de reivindicaciones políticas o sociales por parte de sectores de la ciudadanía que, por su particular exclusión del debate político público, requieren de espacios distintos a los tradicionales para requerir al Estado la realización de ciertos derechos.

En principio, en México tenemos una valiosa consideración en el objetivo central que justifica toda manifestación popular, amparada constitucionalmente; sin embargo, estamos convencidos de que la mejor vía para dirimir un conflicto es el diálogo, la paz social y la concertación.

Por ello, sin pretender ser exhaustivos sino ilustrativos, necesitamos armonizar las obligaciones jurídicas y los derechos humanos, en cuestiones relacionadas con el tratamiento adecuado de los derechos humanos de los niños, a la integridad personal, a la protección de la vida.

Lo fundamental para el tema que ocupa esta iniciativa es evitar la utilización de los infantes en cualquier tipo de movilizaciones sociales, ya que es inadmisible que se les utilice como escudo, sin considerar que se les expone a situaciones de violencia incontrolable, a peligros en su integridad física y emocional, vulnerando, además, sus derechos humanos, consagrados en las leyes. Por ello ante el riesgo que representa la participación de niños en las marchas, esta iniciativa pretende incorporar criterios en la materia encaminados a la protección de los niños.

La esencia de esta propuesta consiste básicamente en instar a las madres, padres, profesionales de la educación o de cualquier otro ámbito, gremios de trabajadores y organizaciones de la sociedad civil en general, a no incorporar niños o adolescentes, en la realización de cualquier tipo de movilización social. Es inaceptable que se les utilice, por ello es necesario promover un entorno responsable para eliminar esta práctica.

Estamos convencidos de que la normativa debe establecer sanciones para los padres o responsables del cuidado de los niños menores de edad inducidos a participar en protestas o marchas.

Aunque hay documentos internacionales sobre el tema, pocos estudios se han enfocado a la situación de las marchas y la utilización de los niños como barreras humanas, esta propuesta pretende, asimismo, aportar mecanismos y acciones para sancionar a los responsables de conductas que exponen la vida de los niños. En todo caso, es importante efectuar modificaciones a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, y al Código Penal Federal.

Es necesario adoptar medidas y precisar que no debe recurrirse a los niños para reivindicaciones ni actos de movilización en horario escolar, ya que no se debe alterar el derecho a la educación, a la asistencia de los niños a las aulas. La ley debe encargarse de que los conflictos no afecten el entorno de los menores. Es claro que las movilizaciones sociales tienen sus propios actores y es una conducta censurable trasladar las convulsiones laborales a la generación de los niños, sabiendo que pueden verse envueltos en un juego de caos, desorden social y violencia.

Por lo expuesto someto a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, y del Código Penal Federal

Primero. Se reforman el artículo 16 y la fracción VII del 47 de la Ley General de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, para quedar como sigue:

Artículo 16.Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a no ser privados de la vida bajo ninguna circunstancia, ni ser utilizados en conflictos armados o violentos, tampoco en eventos tumultuarios de protesta social que perturben el orden público, a fin de evitar el cumplimiento de una ley por parte de la autoridad, ni en protesta contra algún particular.

Artículo 47. ...

I. a VI. ...

VII.La incitación o coacción para que participen en la comisión de delitos o en asociaciones delictuosas, en conflictos armados o en cualquier otra actividad que impida su desarrollo integral, como su uso para participar en actividades que pongan en riesgo su integridad física y emocional, que vulnere su derecho a vivir en condiciones de bienestar.

...

...

...

Segundo. Se adiciona el párrafo tercero del artículo 131 del Código Penal Federal, para quedar como sigue:

Artículo 131. ...

...

A quienes utilicen como escudo a niños y niñas en cualquier tipo de movilizaciones y conflictos de protesta social. Exponiéndolos a situaciones de violencia, a peligros en su integridad física y emocional, que vulneren sus derechos humanos, consagrados en las leyes, se les aplicará la misma pena y multa señalada en el párrafo anterior.

Transitorio

Único.El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de septiembre de 2016.— Diputada Nora Liliana Oropeza Olguín (rúbrica).»

Se remite a las Comisiones Unidas de Derechos de la Niñez y de Justicia, para dictamen.

LEY GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Protección Civil, a cargo de la diputada Nora Liliana Oropeza Olguín, del Grupo Parlamentario del PRI

La suscrita, Nora Liliana Oropeza Olguín, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6, fracción I, y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de este pleno iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo primero de los artículos 27, 90, 91 y 92 de la Ley General de Protección Civil, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Hasta hace algunas décadas, en el país se buscaba paliar los daños causados por fenómenos naturales –volcanes, grandes tormentas de la costa oriental y occidental, inundaciones, que producían a menudo verdaderas catástrofes- sobre una base de apoyo generalmente mal definido, que condenaba a la población a vivir por largo tiempo la tragedia. En la actualidad, ante el avance del cambio climático se han sumado los tornados, mar de fondo, sismos de enorme intensidad, pero también la mano del hombre al operar mecanismos industriales. Al observar esta problemática, resulta muy importante considerar los avances tecnológicos para que los protocolos de protección civil sean más oportunos y eficaces con mensajes de aviso a la población indicando la situación de peligro que se avizora.

Los efectos devastadores en el país provocados por huracanes como Ingrid y Manuel, de lamentables efectos –pérdidas de vidas humanas, inundaciones, daños a la infraestructura de servicios básicos– obliga a sociedad y gobierno a replantear no solamente las estrategias de protección civil, sino también a revisar la validez de las disposiciones normativas en la materia, la eficacia de programas, estrategias, mecanismos y recursos de los que se dispone; en fin, revisar todo el Sistema Nacional de Protección Civil.

La propuesta se plantea debido a que estos episodios catastróficos generalmente repercuten en su mayoría las zonas y sectores más pobres del país –situación de vulnerabilidad en muchos casos evitable cuando deriva de eventos meteorológicos que son predecibles–, por lo que es necesario crear una base de datos (siempre actualizada) de las características geográficas y climáticas de zonas delicadas, así como de la población misma que la habita y la debida información socioeconómica, acceso a los recursos naturales y servicios con los que se cuenta en el lugar.

Porque, aunado a este contexto de adversidad, se añade el problema del crecimiento urbano desordenado que durante los últimos años ha estado ligado también al aumento de la población; y en este aspecto, los fenómenos naturales también pusieron al descubierto la expansión urbana, donde predomina el asentamiento humano en zonas de alto riesgo, lo cual ha sido permitido por prácticas de corrupción, que promovieron y protegieron la desorganización en el desarrollo inmobiliario en cerros, vertederos, zonas minadas, arroyos secos, márgenes de ríos, sin importarles la vida de las familias que por desgracia y necesidad fincaron su patrimonio en esos lugares que son literalmente trampas mortales.

De no atender la lección que deja toda clase de eventos catastróficos, los damnificados serán los de siempre, los habitantes en zonas de alto riesgo; situación vinculada a conductas deplorables de funcionarios públicos que incumplen con el deber de velar por la integridad y la vida de los gobernados. Por ello, la protección civil debe ser una política pública de Estado que esté en constante revisión y actualización.

Consideraciones

De acuerdo con la información del Servicio Meteorológico Nacional, 272 ciclones han impactado a México en los últimos 60 años: 70 por ciento provenientes del océano Pacífico y 30 por ciento del Atlántico. Esta situación meteorológica ubica a México en alto riesgo para la integridad, la vida y el patrimonio de los mexicanos, ya que el cambio climático global causa eventos incontrolables como el llamado mar de fondo, tormentas tropicales, fuertes huracanes, duplicando los riesgos.

De las 32 entidades federativas, 17 se localizan en la costa y representan 56 por ciento del territorio nacional; 150 municipios tienen frente litoral y representan 26 por ciento del territorio continental; adicionalmente, hay 111 municipios con influencia costera alta y media, según datos de la Comisión Intersecretarial para el Manejo Sustentable de Mares y Costas. La longitud de la línea de costa de esas entidades es de 11 mil 122 kilómetros, y está habitada por alrededor de 15 por ciento de la población mexicana.

Pero los fenómenos naturales que impactan el país, no son la única vía de desastre y tragedia, lo son también aquellos generados por la actividad humana, principalmente la industria. Se estima que el ochenta por ciento de los habitantes se ubica en las zonas urbanas y el veinte por ciento restante en zonas rurales; todos expuestos, de alguna u otra forma, a estos riesgos como el desfogue de presas almacenadoras de aguas para la actividad agropecuaria y la generación de electricidad. Con frecuencia esas actividades las realiza personal que labora –en algunos casos sin las debidas medidas de protección civil– en dependencias o empresas que tienen concesiones para explotar, usar o aprovechar el recurso del agua que se recoge en las presas de propiedad nacional. La infraestructura hidráulica con la que cuenta México para proporcionar el agua requerida se compone principalmente de cuatro mil 462 presas y bordos de almacenamiento (150 mil millones de metros cúbicos de capacidad de acaparamiento).

Sin duda, en todos estos casos se trata de una situación anómala que debe ser considerada por el Sistema Nacional de Protección Civil, cuya responsabilidad es la de proteger al individuo, la sociedad y su entorno, ante la eventualidad de los riesgos y peligros que representan agentes perturbadores llamados hidrometeorológicos (correspondientes al agua) así como la vulnerabilidad en el corto, mediano o largo plazos, debido a causas antropogénicas (propio de daños provocados por el hombre por apertura de presas, descuidos que ocasionan incendios o excavaciones en cerros que causan deslaves, derrumbes, colapsos, entre una gama de daños).

Los perjuicios ocasionados por los fenómenos antropogénicos son más frecuentes, sin embargo, son actos que por lo general quedan impunes como ocurre, por ejemplo, con las inundaciones cuando se liberan miles o millones de metros cúbicos de agua de las presas, con el pretexto de regular y controlar la capacidad de almacenamiento, lo cual provoca también destrucción de infraestructura de servicios básicos, puentes, carreteras, cultivos agrícolas, producción agropecuaria, etcétera, que dejan en aislamiento total a pueblos y comunidades, con sus averías y quebrantos sin que nadie se haga responsable.

Esta iniciativa tiene como objetivo fortalecer la toma de decisiones de los órganos públicos involucrados en el Sistema Nacional de Protección Civil y promover la participación de representantes de las entidades de la administración pública federal en los órganos colegiados que existen para este menester. Es importante que, por sus facultades legales, tengan la capacidad de opinión, decisión y autoridad, para coadyuvar a preservar la integridad, la vida y el patrimonio de las familias mexicanas.

De acuerdo con la Ley General de Aguas Nacionales, corresponde al Servicio Meteorológico Nacional, la responsabilidad de observar de manera sistemática los factores climatológicos y meteorológicos del país, asimismo, como organismo coordinado por la Comisión Nacional del Agua (Conagua), tiene el encargo de monitorear otros indicadores relacionados al cambio climático, análisis y pronósticos que se consideran de interés público y estratégico.

Ante la responsabilidad del Servicio Meteorológico Nacional de generar, interpretar y difundir la información clave para evitar desastres, la Conagua participa en el Sistema Nacional de Protección Civil, apoyando en la aplicación de planes y programas de carácter federal para prevenir y atender situaciones de emergencia, causadas por fenómenos hidrometeorológicos extremos. Por ello, esta Iniciativa determina que esta actividad debe ser parte de las atribuciones –indelegables– conferidas al Consejo Técnico de la Conagua, además de conocer, aprobar y evaluar los programas y proyectos relativos a la clasificación de zonas vulnerables y a la elaboración de Atlas de Riesgo; del mismo modo, recomienda que la Conagua participe en el Consejo Nacional de Protección Civil para evitar que se siga exponiendo a las familias a los peligros que resultan por vivir en zonas inseguras.

La iniciativa plantea también que cuando la autoridad en materia del agua o el concesionario desfogue la infraestructura hidráulica, se obligue ante el contratiempo, a promover acciones, operar estrategias, para la protección civil de la población impactada por la eventualidad. En estos casos, se aplicarán los procesos de información mediante el aprovechamiento de los tiempos oficiales en los medios de comunicación electrónicos y otros, para salvaguardar la vida, integridad, salud y bienes de la población, así como la infraestructura pública, la planta productiva y el ambiente del lugar donde ocurra el desastre.

La iniciativa proyecta sancionar a los servidores públicos que incumplan con su obligación, por razones de empleo, cargo o comisión en materia de protección civil, y que como consecuencia de tal conducta propicien daño a las personas, o a los lugares, instalaciones u objetos; que se les sancione en los términos de las disposiciones contenidas en la norma penal federal. Dicha norma debe ser clara y precisa, para inhibir o castigar la conducta punible cometida desde la cosa pública. Es menester sancionar la conducta delictuosa cuando ésta provenga de la omisión del servidor público respecto de la protección civil, considerando su responsabilidad al poseer información de posibles impactos o consecuencia de fenómenos antropogénicos y de fenómenos naturales perturbadores y que éstos sean previsibles por el uso de la tecnología.

La iniciativa contribuye también al objetivo de salvaguardar a la población, sus bienes y su entorno, ante una devastación de origen natural o humano, conforme al proyecto del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, en el que se delinean acciones como la de promover y consolidar la elaboración del Atlas Nacional de Riesgo acorde con los tres niveles de gobierno federal, estatal y municipal, asegurando así su homogeneidad.

Igualmente, la iniciativa busca impulsar la gestión integral del riesgo como una política integral en los tres órdenes de gobierno, con la participación de los sectores privado y social; fomentar la cultura de protección civil y la autoprotección; estimular, desarrollar y promover normas oficiales mexicanas para la consolidación del Sistema Nacional de Protección Civil y, suscitar el fortalecimiento de las normas existentes en materia de asentamientos humanos en zonas de riesgo, para prevenir calamidades evitables.

Por lo expuesto someto a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Protección Civil

Único.Se reforman los artículos 27, primer párrafo, 90, 91 y 92 de la Ley General de Protección Civil, para quedar como sigue:

Artículo 27. El Consejo Nacional estará integrado por el presidente de la República, quien lo presidirá y por los titulares de las secretarías de Estado, los gobernadores de los estados, el jefe del gobierno del Distrito Federal, quienes podrán ser suplidos por servidores públicos que ostenten cargos con nivel inmediato inferior , la mesa directiva de la Comisión de Protección Civil de la Cámara de Senadores y la de Diputados; y excepcionalmente será miembro de este consultivo el titular de la Comisión Nacional del Agua por las atribuciones que sobre la materia tiene. En el caso del presidente de la República, lo suplirá el secretario de Gobernación, quien a su vez será suplido por el coordinador nacional de Protección Civil.

..

...

Artículo 90.La autorización de permisos de uso de suelo o de utilización por parte de servidores públicos de cualquiera de los tres niveles de gobierno, que no cuenten con la aprobación correspondiente en los términos de la normatividad aplicable y de la información del Atlas de Riesgo nacional, estatal y municipal, respectivamente,se considerará una conducta grave, la cual se sancionará de acuerdo con la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos correspondiente, además de constituir un hecho delictivo en los términos de esta ley y de las demás disposiciones legales aplicables.

Artículo 91. Es responsabilidad del gobierno federal y de las entidades federativas atender los efectos negativos provocados por fenómenos hidrometeorológicos y fenómenos antropogénicos en el sector rural, en este sentido, se deberá contar con los mecanismos que permitan atender de manera ágil y oportuna mediante apoyos directos y contratación de seguros contra catástrofes a los productores agrícolas, pecuarios, acuícolas y pesqueros, de bajos ingresos, afectados por contingencias climatológicas extremas, de conformidad con lo establecido en el artículo 126 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.

Artículo 92. Para dar cumplimiento a la responsabilidad del Gobierno Federal de atender a los productores rurales de escasos recursos afectados por contingencias climatológicas, el Ejecutivo federal deberá vigilar e instrumentar un programa para la atención de fenómenos hidrometeorológicos y fenómenos antropogénicos que afecten los activos de productores rurales de bajos ingresos y su previsión presupuestal según lo establecido en el artículo 4o. de esta ley.

Transitorio

Único.El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de septiembre de 2016.— Diputada Nora Liliana Oropeza Olguín (rúbrica).»

LEY GENERAL DE EDUCACIÓN

«Iniciativa que reforma los artículos 7o., 42 y 58 de la Ley General de Educación, a cargo del diputado Javier Guerrero García, del Grupo Parlamentario del PRI

El que suscribe, diputado Javier Guerrero García, del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión somete a la consideración del pleno de esta honorable Cámara de Diputados la presente Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona la Ley General de Educación.

Problemática

En el artículo 1o., párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se señala la obligación de todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Asimismo, se establece la obligación del Estado de prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos.

Por su parte, el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que “en todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez”.

Dentro de los principales derechos de las niñas, niños y adolescentes se encuentran el derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo; vivir en condiciones de bienestar y a un sano desarrollo integral; una vida libre de violencia, la integridad personal y la protección de la salud.

En ese sentido, las niñas, niños y adolescentes deben disfrutar de una vida plena en condiciones que garanticen su desarrollo integral y su dignidad; vivir en un medio ambiente sano y sustentable, para lograr desarrollo, bienestar, crecimiento saludable y armonioso, tanto físico como mental, material, espiritual, ético, cultural y social; vivir una vida libre de toda forma de violencia y a que se resguarde su integridad personal, a fin de contar con las mejores condiciones de bienestar y el libre desarrollo de su personalidad.

Cabe destacar la obligación que la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes establece en su artículo 47 para las autoridades de los tres ámbitos de gobierno consistente en tomar las medidas necesarias para prevenir, atender y sancionar los casos en que niñas, niños o adolescentes se vean afectados por el descuido, negligencia, abandono o abuso físico, psicológico o sexual.

Al tratarse de un tema transversal, el mismo artículo dispone que las leyes generales, federales y de las entidades federativas deberán establecer las disposiciones que orientarán las políticas de prevención, protección, atención, sanción y erradicación de las conductas que atenten contra el derecho de niñas, niños y adolescentes a una vida libre de violencia y a la integridad personal. De ahí que no solamente la mencionada Ley General deba contener preceptos tendientes a la protección de niñas, niños y adolescentes.

En el plano del derecho internacional, el artículo 19.1 de la Convención sobre los Derechos del Niño establece que “los Estados Partes adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas apropiadas para proteger al niño contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual, mientras el niño se encuentre bajo la custodia de los padres, de un representante legal o de cualquier otra persona que lo tenga a su cargo”.

En ese sentido, el acoso y el maltrato escolar, así como el abuso sexual infantil son conductas que vulneran severamente el derecho a una vida libre de violencia y la integridad personal de nuestros niños, niñas y adolescentes.

De acuerdo con la Encuesta de Cohesión Social para la Prevención de la Violencia y la Delincuencia 2014, presentada por la Secretaría de Gobernación y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía en agosto de 2015, de los jóvenes que van a la escuela (entre 12 y 18 años de edad), el 32.2% ha sido víctima de acoso escolar. Además, se estima que en 42.6% de los casos en los cuales los jóvenes de 12 a 29 años fueron víctimas de un delito o de maltrato, hubo compañeros de escuela involucrados como agresores.

En la Recomendación General No. 21 sobre la prevención, atención y sanción de casos de violencia sexual en contra de las niñas y los niños en centros educativos1, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) destaca la gravedad respecto al desarrollo de la violencia sexual contra niñas y niños, al señalar que de enero del 2000 a agosto del 2014 se recibieron en dicho organismo un total de 190 quejas, en las cuales se señaló como autoridad responsable a la Secretaría de Educación Pública y a secretarías de educación de diversas entidades federativas por casos relacionados con abuso sexual, acoso sexual, acoso escolar, violación y tocamientos, destacando que en los últimos cuatro años, esto es del 2011 a agosto del 2014, se presentaron más de la mitad del total de quejas interpuestas por este tipo de abusos durante los últimos 14 años, y que en el 2013 existieron 51 quejas de este tipo.

De acuerdo con el mismo documento de la CNDH, las quejas referidas hicieron alusión a 210 agraviados de los 0 a los 17 años, de los cuales 146 fueron niñas y 64 niños; respecto a las personas que presuntamente abusaron sexualmente de la niña o el niño, se observa que, de los 233 presuntos agresores señalados por los quejosos, 218 eran hombres y 15 mujeres, destacando que 107 eran alumnos y 126 formaban parte del personal del centro escolar donde ocurrieron los hechos.

Además, la recomendación destaca que una queja fue presentada por hechos ocurridos en educación inicial, 24 por casos suscitados en centros de educación a nivel preescolar, 71 en primaria, 52 en secundaria, 37 en educación media superior y 5 ocurrieron en centros de educación especial.

Por lo que hace a las recomendaciones emitidas por la CNDH, el organismo informa de la existencia de un total de 129 niñas y niños que sufrieron violencia sexual, incluyendo agresiones sexuales, abuso sexual, violación y violación equiparada, en los cuales 96 eran niñas, esto es el 74%, y 33 niños, es decir, el 26%; mismos que se encontraban entre los 3 y los 17 años, y cursaban los niveles de educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, media superior y educación especial.

En las recomendaciones –continúa informando la CNDH- se documentó que eran 28 los agresores o servidores públicos involucrados en los hechos, de los cuales 21 eran hombres y 7 mujeres, quienes desempeñaban diferentes cargos en los centros escolares en los que ocurrió el abuso, y se desempeñaban como profesores, prefectos, personal de intendencia y empleados administrativos; destacan casos en particular como los observados en la recomendación 70/2013 toda vez que el agresor era a su vez alumno del centro educativo, mientras que en la recomendación 39/2002 los alumnos abusados, además de haber sido agredidos en la escuela, fueron sustraídos de la misma y abusados por personas externas al centro educativo entre los que se encontraba el esposo de una profesora.

Como resultado de las investigaciones derivadas de los casos citados, la CNDH emitió una serie de recomendaciones a las autoridades correspondientes, entre las cuales se encuentran las siguientes: “impartir cursos de capacitación sobre detección y prevención de abuso sexual en la infancia, así como acerca del procedimiento que se debe seguir en estas situaciones; la creación de mecanismos adecuados para la atención de casos de violencia sexual escolar, la emisión de directrices para la prevención y la atención del fenómeno y la promoción de medidas preventivas, correctivas y de supervisión, así como la impartición de cursos obligatorios sobre los derechos de las niñas y los niños, y sobre la obligación que tienen los servidores públicos, al estar encargados de su custodia, de protegerlos contra toda forma de maltrato, perjuicio, daño, agresión, abuso, trata y explotación”.

No obstante la existencia de estas recomendaciones, a decir de la propia CNDH, los casos de violencia sexual contra menores continúan ocurriendo, por lo que el organismo considera necesario que las autoridades competentes redoblen los esfuerzos en el cumplimiento de las mismas, con el objetivo de erradicar este fenómeno que afecta de forma directa a la niñez.

Lo anterior demuestra que el acoso, el maltrato y el abuso sexual cometido en contra de niñas, niños y adolescente es un problema que amerita y requiere atención inmediata por parte de las autoridades pero también de los congresos pues son éstos los que a través de las leyes pueden y deben aportar soluciones a este tipo de problemáticas que lastiman y ofenden profundamente a la sociedad.

Principales aspectos de la reforma

La presente iniciativa propone adicionar una fracción XVII al artículo 7º de la Ley General de Educación para que se creen guías y protocolos para la detección, prevención y atención de casos de acoso escolar, maltrato escolar y abuso sexual infantil para cada nivel escolar, desde la educación inicial. Esto permitirá contar con lineamientos a seguir por las autoridades, por los prestadores de servicios educativos y los padres de familia en caso de estar frente a un caso de acoso o maltrato escolar y de abuso sexual.

También se propone adicionar dos párrafos al artículo 42 de la Ley para, en primer lugar, el personal que preste sus servicios o pretenda hacerlo en instituciones educativas establecidas por el Estado, por sus organismos descentralizados y por los particulares con o sin autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios presenten como requisito para ser contratado, una constancia de no antecedentes penales relacionados con hostigamiento sexual, abuso sexual, estupro y violación establecidos en el Código Penal Federal o sus equivalentes en los códigos penales de las entidades federativas.

Lo anterior con el objeto de que se tenga la certeza de que quienes laboren en planteles educativos ya sea públicos o privados sean personas que difícilmente incurrirán en actos que atenten contra la dignidad y la seguridad física y psicológica de quienes asisten a ellos en calidad de alumnos.

El otro párrafo que se propone adicionar se refiere a la obligación de la Secretaría de Educación Pública de crear mecanismos de denuncia anónima para casos de violación de algún derecho o la comisión de algún delito, maltrato, perjuicio, daño, agresión o abuso en agravio de las y los educandos. En virtud de que en muchas ocasiones los profesores, alumnos o sus padres prefieren no denunciar de manera pública por cuestiones sociales o ante el temor de represalias.

Finalmente se propone reformar el primer párrafo del artículo 58 a efecto de que las visitas de inspección que lleven a cabo las autoridades respecto a las autorizaciones y reconocimientos de validez oficial de estudios que hayan otorgado, sean de carácter obligatorio y no potestativo para las propias autoridades, para lo cual se propone sustituir la frase “procurarán llevar a cabo” de la redacción actual por “llevarán a cabo”.

Con la reforma y las adiciones que se proponen, se pretende proteger los derechos y la integridad física, psicológica y emocional de las niñas, niños y adolescentes para que tengan un desarrollo óptimo en todos los sentidos y se desenvuelvan en un entorno seguro, libre de violencia y de agresiones que pudieran afectarlos a ellos y a sus familias.

Fundamentación

Con base en los argumentos anteriormente expuestos y con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 6, numeral 1, fracción I; 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados se somete a la consideración de esta Soberanía el siguiente proyecto de

Decreto que reforma y adiciona diversos artículos de la Ley General de Educación

Artículo Único. Se reforma el primer párrafo del artículo 58; y se adicionan una fracción XVII al artículo 7, y un cuarto y un quinto párrafos al artículo 42 de la Ley General de Educación, para quedar como sigue:

Artículo 7o. La educación que impartan el Estado, sus organismos descentralizados y los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios tendrá, además de los fines establecidos en el segundo párrafo del artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los siguientes:

I. al XVI...

XVII. Crear guías y protocolos para la detección, prevención y atención de casos de acoso escolar, maltrato escolar y abuso sexual infantil para cada nivel escolar, desde la educación inicial.

Artículo 42....

...

...

El personal que preste sus servicios o pretenda hacerlo en instituciones educativas establecidas por el Estado, por sus organismos descentralizados y por los particulares con o sin autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios deberá presentar como requisito para ser contratado, una constancia de no antecedentes penales relacionados con homicidio, hostigamiento sexual, abuso sexual, estupro y violación establecidos en el Código Penal Federal o sus equivalentes en los códigos penales de las entidades federativas.

La Secretaría creará mecanismos de denuncia anónima para casos de violación de alguno de los derechos a los que se refiere el presente artículo o la comisión de algún delito, maltrato, perjuicio, daño, agresión o abuso en agravio de las y los educandos.

Artículo 58.Las autoridades que otorguen autorizaciones y reconocimientos de validez oficial de estudios deberán inspeccionar y vigilar los servicios educativos respecto de los cuales concedieron dichas autorizaciones o reconocimientos. Las autoridades llevarán a cabo una visita de inspección por lo menos una vez al año.

...

...

...

...

...

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de septiembre de 2016.— Diputado Javier Guerrero García (rúbrica).»

Se remite a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para dictamen.

LEY DE AVIACIÓN CIVIL

«Iniciativa que reforma y adiciona los artículos 52, 52 Bis y 87 de la Ley de Aviación Civil, suscrita por el diputado Enrique Zamora Morlet e integrantes del Grupo Parlamentario del PVEM

Los que suscriben, diputado Enrique Zamora Morlet, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, el diputado Juan Antonio Ixtláhuac Orihuela,integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México de la LXIII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y por los artículos 6, fracción I, 77 y 78, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 52; se adiciona el artículo 52 Bis; y se adiciona la fracción XIII al artículo 87 de la Ley de Aviación Civil, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La práctica de sobreventa o exceso de reservas, mejor conocida en el entorno internacional como overselling u overbooking, son términos que usan las compañías hoteleras o aéreas para designar el exceso de venta de sus servicios.

Esta práctica no se ha regulado de manera correcta, ya que sigue ocurriendo con frecuencia en nuestro país e incluso está contemplada por el artículo 52 de la Ley de Aviación Civil; si bien es cierto que con anterioridad se han realizado modificaciones a la norma, sólo se ha resuelto una parte del problema.

La “justificación” de las aerolíneas para llevar a cabo dicha práctica es que existe mucha gente que adquiere una reservación, y que al final, no se presenta en la puerta de abordaje, por lo tanto, con la sobreventa se busca garantizar que los vuelos se ocupen al máximo y así hacerlos más rentables.

La última reforma al artículo 52 de la Ley de Aviación Civil se hizo en el año 2006, y desde ese momento no se ha podido regular de modo efectivo esta costumbre, por lo que sigue siendo un problema para el cual la sociedad demanda una solución inmediata.

Cabe resaltar que existen cuantiosos foros en internet donde los pasajeros se quejan de diferentes aerolíneas por el tema de la sobreventa de boletos, ya que los derechos y compensaciones que contempla la ley para resguardar al pasajero que se vea afectado por dicha práctica no son acatados por las compañías.

Ciertas aerolíneas llegan a ofrecer boletos gratis para una fecha futura como indemnización, pero ésta no resulta ser la mejor opción para quienes deben cumplir con un itinerario de viaje que fue establecido con base en la llegada de los pasajeros a su destino.

En los meses de enero a marzo de 2016 la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) señaló que tan sólo en el Aeropuerto Internacional de la Cuidad México se presentaron 538 casos de usuarios que fueron afectados por sobreventa de boletos, lo cual significó un monto de $1,300,000 (un millón trescientos mil pesos).

El titular de la Profeco agregó que lograron recuperar 2 millones 200 mil pesos, más del 50% del monto total que reclamaron los afectados.

Asimismo, expuso que se instalaron 125 módulos en todo el país para la atención a los consumidores, siendo Volaris y Viva Aerobús las aerolíneas que más incurrieron en sobreventa de vuelos en la central aeroportuaria de la Ciudad de México.

De acuerdo con cifras de la Dirección General de Aviación Civil, encargada de regular a empresas nacionales y extranjeras en materia de transporte aéreo, dichas aerolíneas trasportaron a más de 73 millones de pasajeros en el año 2015, lo cual equivale a un crecimiento del 12.5% si lo comparamos con los pasajeros transportados durante 2014. Las empresas nacionales han logrado un incremento de 15.4% al pasar de 40.7 a 47 millones de pasajeros transportados de 2014 a 2015.

Hay que mencionar que las empresas extranjeras presentes en el territorio nacional han crecido un 7.6%, ya que en 2015 movilizaron un total de 26.3 millones de pasajeros en comparación con los 24.4 millones que transportaron en el 2014.

La falta de regulación de prácticas como la sobreventa de boletos no sólo vulnera los derechos de los usuarios, sino que permiten que las aerolíneas continúen llevándolas a cabo de forma indiscriminada con la finalidad de incrementar sus ingresos sin importar las afectaciones a las que exponen a sus usuarios.

No se debe permitir este hábito dañino para los pasajeros nacionales e internacionales; el tener que reprogramar un vuelo afecta sus fines e intereses al término de su vuelo, como pueden ser compromisos laborales, de negocios, de esparcimiento, o las cancelaciones de los mismos por no poder hacer una conexión o sencillamente porque ya no tiene caso llegar al compromiso programado.

Cabe resaltar que ninguna aerolínea estadounidense realiza esta práctica en la actualidad ya que, en primera instancia, trasgrede los derechos de los usuarios, y en segunda, la propia ley.

Finalmente, lo que pretende esta iniciativa es eliminar por completo esta nociva práctica para todas las aerolíneas que operan en México.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta Soberanía el siguiente proyecto de

Decreto por el que se reforma el artículo 52; se adiciona el artículo 52 Bis; y se adiciona la fracción XIII al artículo 87 de la Ley de Aviación Civil

Artículo Único.Se reforma el artículo 52; se adiciona el artículo 52 bis; y se adiciona la fracción XIII al artículo 87 de la Ley de Aviación Civil, para quedar como a continuación se presenta:

Artículo 52. Cuando se cancele el vuelo por causas imputables al concesionario o permisionario, que tengan por consecuencia la denegación del embarque, el propio concesionario o permisionario, a elección del pasajero, deberá:

I. a III. ...

Artículo 52 Bis. Los concesionarios o permisionarios no podrán expedir boletos que excedan los límites de capacidad disponible de la aeronave.

Artículo 87.Se les impondrán a los concesionarios o permisionarios de servicio al público de transporte aéreo las siguientes sanciones por:

I. a XII. ...

XIII. En el supuesto en que los permisionarios y concesionarios incurran en la sobreventa de boletos que excedan los límites de capacidad disponible de la aeronave, se harán acreedores a una multa equivalente a mil unidades de medida de actualización (UMA) y se resarcirán los daños causados al pasajero con base en lo dispuesto por el artículo 52 de esta Ley.

Artículo Transitorio

Único.El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas:

1 http://www.eluniversal.com.mx/articulo/cartera/negocios/2016/03/ 30/aerolineas-con-mas-quejas-ante-profeco

2 http://www.sct.gob.mx/fileadmin/DireccionesGrales/DGAC-archivo/modulo5/amc-2015 -i.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 27 días de octubre de 2016.— Diputado Enrique Zamora Morlet (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Transportes, para dictamen.

LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

«Iniciativa que reforma los artículos 27 y 151 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PVEM

Quienes suscriben, diputados federales del Partido Verde Ecologista de México, en la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 77, numeral 1, y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a la consideración de esta soberanía, la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 27 y 151 de la Ley de Impuestos sobre la Renta,al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

En México, apoyar las causas nobles encaminadas a la realización de altos valores humanos, como son las actividades de filantropía, es una de las opciones más encomiables y adecuadas para la reconstrucción del tejido social. A lo largo de varias legislaturas federales se han implementado diversas medidas para deducir fiscalmente diferentes porcentajes de las donaciones que la sociedad realiza por medio de instituciones públicas y de donatarias autorizadas.

Actualmente se defiende la obligación de que las donatarias de mayores niveles de capital o ingresos tengan una estructura certificable de gobierno corporativo, esto es un acierto que se cumplió en la miscelánea fiscal de 2017, la cual se enfoca en realizar esfuerzos para aumentar los estímulos fiscales que se aprobaron a partir de un esquema claro de deducciones fiscales implementados efectivamente, generando la mayor cantidad de efectos positivos en múltiples sectores productivos.

Por ello, esta iniciativa tiene el espíritu de hacer modificaciones para incrementar y equiparar las donaciones en monto que realizan las personas físicas y morales. Ya que las donaciones, según las propias instituciones filantrópicas del país, son un valioso incentivo para la inversión, la creación de empleo formal, el crecimiento de áreas de investigación médica y la solidaridad social contra el cáncer infantil.

En este momento dichas donaciones para el caso de personas morales se rigen por la Ley de Impuesto sobre la Renta, la cual en su artículo 27, fracción I, párrafo diez dice:

El monto total de los donativos a que se refiere esta fracción será deducible hasta por una cantidad que no exceda del 7% de la utilidad fiscal obtenida por el contribuyente en el ejercicio inmediato anterior a aquél en el que se efectúe la deducción. Cuando se realicen donativos a favor de la Federación, de las entidades federativas, de los municipios, o de sus organismos descentralizados, el monto deducible no podrá exceder del 4% de la utilidad fiscal a que se refiere este párrafo, sin que en ningún caso el límite de la deducción total, considerando estos donativos y los realizados a donatarias autorizadas distintas, exceda del 7% citado.

En el caso de las personas físicas, el artículo 151, fracción III, párrafos diez de la Ley de Impuesto sobre la Renta menciona lo siguiente:

El monto total de los donativos a que se refiere esta fracción será deducible hasta por una cantidad que no exceda del 7% de los ingresos acumulables que sirvan de base para calcular el impuesto sobre la renta a cargo del contribuyente en el ejercicio inmediato anterior a aquél en el que se efectúe la deducción, antes de aplicar las deducciones a que se refiere el presente artículo. Cuando se realicen donativos a favor de la Federación, de las entidades federativas, de los municipios, o de sus organismos descentralizados, el monto deducible no podrá exceder del 4% de los ingresos acumulables a que se refiere este párrafo, sin que en ningún caso el límite de la deducción tratándose de estos donativos, y de los realizados a donatarias autorizadas distintas, exceda del 7% citado.

Bajo este marco normativo es posible que las donatarias autorizadas tengan una mejor tasa de deducción que las instituciones públicas. Desde un punto de vista fiscal, el límite de deducibilidad del 7% de las utilidades fiscales por parte de las empresas cuando se realice dicha donación mediante donataria autorizada versus el 4% en el caso de que los donativos a través de un organismo descentralizado, dejan un margen de 3% de ventaja a las donatarias autorizadas, lo cual en términos económicos sería un esquema de costos diferenciados, es decir, la utilidad fiscal de entregar a través de donatarias autorizadas en mayor que cuando se dona a hospitales o institutos de salud directamente.

Este tratamiento fiscal significa que la misma donación si es persona física o moral no tendría la misma deducibilidad, lo cual distorsiona el objetivo de quien cumple sus obligaciones estrictas como son las donatarias, golpea directamente a las instituciones de salud dedicadas a la lucha contra el cáncer infantil como son: El Hospital Infantil de México “Federico Gómez”, el Instituto Nacional de Pediatría y el Hospital Materno Infantil de Hermosillo, quienes en conjunto atienden más de 2,000 casos al año de niños con cáncer.

El Gobierno Federal ha puesto en marcha acciones en varios frentes para acelerar el crecimiento del país, pero un país no puede crecer si sus instituciones de salud no crecen. En materia de cáncer infantil la cuestión principal es que el grueso de las instituciones de salud que se dedican a la atención en comento es de carácter público, sabemos que tanto las donatarias como los hospitales e institutos hacen su mejor esfuerzo para que los niños con cáncer salgan adelante y luchen por mejores condiciones de vida.

Esta iniciativa tiene el propósito de vincular y organizar de manera coordinada el talento humano, la movilización de los recursos materiales, financieros y espaciales capaces de apoyar a cientos de familias cuyos hijos padecen de cáncer.

Derivado de ello, se han definido varios asuntos pendientes e identificado las prioridades que puedan apoyar a que esta noble causa para realizar un mayor monto de donaciones por parte de la sociedad. Varias de las principales acciones identificadas en desarrollar mecanismos solidarios se enumeran a continuación: dar prioridad al registro de casos de cáncer, ampliar convenios para el desarrollo de recursos humanos en escuelas en el extranjero, fomentar la cooperación en investigación con un enfoque regional para la atención a problemas de salud específico, continuar con el plan integral de infraestructura y equipamiento, interoperabilidad de los sistemas informáticos, continuar con el apego a los criterios de certificación y vincular mejores procesos de práctica institucional.

Debemos hacer un reconocimiento a la sensibilidad de los muchos legisladores que ante las inquietudes, necesidades y puntos de vista del sector privado, han dialogado para hacer las correcciones y cambios correspondientes, que realmente sean sustanciales en materia de las donaciones altruistas, con el único fin de vigorizar la lucha contra el cáncer infantil.

En este orden de ideas la iniciativa trata de poner en el mismo esquema a las organizaciones donatarias autorizadas y a los hospitales e institutos que se dedique como una tarea distintiva el apoyo y vinculación para la lucha contra el cáncer infantil.

El sector filantrópico enfrenta diversos candados y mecanismos de verificación fiscal sobre el destino de las donaciones y muchas personas explican que los montos donados a los “bienhechores” originales representan una importante ayuda monetaria a gente de escasos recurso, hay que poner en contexto y comprender que las donatarias ofrecen servicios complementarios para la sociedad a los que ofrece el gobierno. Su función es canalizar y adecuar recursos que no son accesibles por sus altos costos y que provienen de la iniciativa privada.

Por lo anteriormente expuesto se pone a consideración de esta honorable Cámara de Diputados el siguiente proyecto de

Decreto por el que se reforman los artículos 27 y 151 de la Ley del Impuesto sobre la Renta

Artículo Único. Se modifica el penúltimo párrafo de la fracción I del artículo 27 y el penúltimo párrafo de la fracción III del artículo 151, ambos de la Ley de Impuesto sobre la Renta, para quedar como sigue

Artículo 27.

Fracción I. El monto total de los donativos a que se refiere esta fracción será deducible hasta por una cantidad que no exceda del 7% de los ingresos acumulables que sirvan de base para calcular el impuesto sobre la renta a cargo del contribuyente en el ejercicio inmediato anterior a aquél en el que se efectúe la deducción, antes de aplicar las deducciones a que se refiere el presente artículo. Cuando se realicen donativos a favor de la Federación, de las entidades federativas, de los municipios, o de sus organismos descentralizados, el monto deducible no podrá exceder del 4% de los ingresos acumulables a que se refiere este párrafo, sin que en ningún caso el límite de la deducción tratándose de estos donativos, y de los realizados a donatarias autorizadas distintas, exceda del 7% citado . Salvo cuando las donaciones se realicen para instituciones vinculadas a apoyar el cáncer infantil, en la cual las donaciones se aplicarán un trato similar de 7% de los ingresos acumulables.

Artículo 151.

Fracción III. El monto total de los donativos a que se refiere esta fracción será deducible hasta por una cantidad que no exceda del 7% de los ingresos acumulables que sirvan de base para calcular el impuesto sobre la renta a cargo del contribuyente en el ejercicio inmediato anterior a aquél en el que se efectúe la deducción, antes de aplicar las deducciones a que se refiere el presente artículo. Cuando se realicen donativos a favor de la Federación, de las entidades federativas, de los municipios, o de sus organismos descentralizados, el monto deducible no podrá exceder del 4% de los ingresos acumulables a que se refiere este párrafo, sin que en ningún caso el límite de la deducción tratándose de estos donativos, y de los realizados a donatarias autorizadas distintas, exceda del 7% citado. Salvo cuando las donaciones se realicen para instituciones vinculadas a apoyar el cáncer infantil, en la cual las donaciones se aplicarán un trato similar de 7% de los ingresos acumulables.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 3 días del mes de noviembre del año 2016.— Diputado Jesús Sesma Suárez (rúbrica).»

Se remite a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

LEY GENERAL DE SALUD

«Iniciativa que adiciona el artículo 104 de la Ley General de Salud, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PVEM

Los que suscriben, diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 77, numeral 1, y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a la consideración de esta soberanía, la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción II, al artículo 104 de la Ley General de Salud por la que se establece el Registro Nacional de Niñas, Niños y Adolescentes con Cáncer, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Como se sabe, desde nuestra carta magna se establece la salvaguarda los derechos humanos de todos los mexicanos, y en el artículo cuatro se especifican los derechos de los niños, niñas y adolescentes, entre ellos el derecho a la salud. Principio constitucional que, asienta en su noveno párrafo, “deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez”, por parte del Estado mexicano.

Sin embargo, en nuestro país la niñez tradicionalmente ha sido uno de los sectores sociales más vulnerables. En México, hablar de la infancia es sacudir historias de dolor, sufrimiento, pobreza, enfermedades, abandono, injusticia, miseria, humillación y desprecio.

Según datos del Inegi, en México existen casi 40 millones de personas menores de 18 años, de los cuales al menos 40 por ciento de ellos tienen que trabajar y dejar de lado las condiciones de salud y educación que todo niño debe tener para desarrollarse plenamente.

Con base en los datos proporcionados por el UNICEF, México ocupa el decimocuarto lugar entre los países con mayor índice de mortalidad infantil absoluta (menores de cinco años de edad). Cada año mueren en México un total de 183 mil niños menores de cinco años. En México la información sobre las principales causas de muerte, incluidas las tumoraciones, ha estado disponible desde 1922, y hasta 1955 los datos de mortalidad habían sido proporcionados a la Organización Mundial de la Salud (OMS).

En el estudio Historia del registro de cáncer en México, de Aldo Allende López y Arturo Fajardo Gutiérrez (Revista Médica IMSS, 2011), en nuestro país se han llevado a cabo diferentes esfuerzos para contar con datos del cáncer, sin embargo, los éstos no han cristalizado y por ello se desconoce mucho de la epidemiología del cáncer en la población adulta, principalmente. En los niños se tiene un mayor conocimiento epidemiológico de estas enfermedades, pero no deja de ser información aislada que brinde una verdadera visión de la problemática a nivel nacional y sectorial.

De acuerdo con el estudio citado, uno de los primeros intentos por medir la incidencia del cáncer en la población en general fue en 1940, cuando la Secretaría de Salud inicia los primeros intentos para organizar el registro de los datos de cáncer. Es cuando se funda la Campaña Nacional de la “Lucha Contra el Cáncer” enfocada principalmente en la prevención del cáncer cervicouterino y se plantea realizar un registro estadístico.

Si bien en 1982 se crea el Registro Nacional de Cáncer (RNC) dentro de la Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud, y se hace una prueba piloto en cuatro hospitales de la ciudad de México para probar la forma de recolección de datos (tarjeta de registro de cáncer), es hasta 1996 cuando se inicia en el IMSS el primer registro de cáncer en niños con base poblacional.

En la actualidad el registro de los casos de cáncer en los niños de nuestro país es demasiado volátil, cada institución del sector público tiene sus propias cifras, inclusive las Instituciones de Asistencia Privada (IAPs) que se dedican al acompañamiento de los infantes que padecen distintos tipos de cáncer, no se ponen de acuerdo en el número total o aproximado de pacientes a nivel nacional.

De acuerdo con el estudio de Aldo Allende y Arturo Fajardo, fue hasta 1995 cuando se publicó el primer estudio sobre la incidencia de cáncer en niños residentes del Distrito Federal, con datos obtenidos de los principales hospitales situados en esta entidad (Hospital Infantil de México, Hospital General de México, Hospital de Pediatría del Centro Médico Nacional y el Hospital de Oncología y Hematología del Hospital General del Centro Médico La Raza, el Hospital 20 de Noviembre del ISSSTE y el Instituto Nacional de Pediatría)

En ese mismo año el Boletín Médico del Hospital Infantil de México publicó el primer estudio sobre la incidencia de cáncer en niños residentes del Distrito Federal (incidencia general y por cada grupo de cáncer en niños).

En 1996 en el Hospital de Pediatría del Centro Médico Nacional Siglo XXI del IMSS se inició el registro de cáncer en niños. Este registro es activo, prolectivo y de base poblacional, y solo recaba los casos de cáncer que se atienden en los principales hospitales que tiene el IMSS para la atención de los niños derechohabientes.

De conformidad con los datos anteriores se puede concluir que el esfuerzo que se ha realizado hasta la fecha, refleja sólo ejercicios aislados especialmente de casuísticas hospitalarias en general y sobre algunos tumores en forma específica como leucemias, y no corresponden a una verdadera política pública de Estado que permita obtener datos duros a detalle que induzcan a un conocimiento de la realidad del cáncer de niñas, niños y adolescentes en México.

Si bien el 19 de octubre de 1982 en el Diario Oficial de la Federación (DOF), se publicó el “Decreto por el que la Secretaría de Salubridad y Asistencia organizará el Registro Nacional de Cáncer (RNC), se establece que “será obligatoria la notificación al RNC, de los casos de tal enfermedad diagnosticados en todas las instituciones o dependencias de la Secretaría de Salubridad y Asistencia, en las demás instituciones de salud del sector público, privado y social, así como en aquellos detectados por médicos particulares”, a la fecha ésta determinación no se cumple a cabalidad.

Para mayor abundamiento, en el “Programa Sectorial del Sector Salud 2013-1018”, instrumento para alcanzar los objetivos que en materia de salud se han establecido en el Programa Nacional de Desarrollo 2013-2018, se retoman datos del CeNSIA y no del RNC: “de acuerdo con los registros del Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia (CeNSIA), la supervivencia global estimada a 5 años para todos los tipos de cáncer en menores de edad, en Unidades Médicas Acreditadas (UMA) para la atención de esta enfermedad, es del 56%. Si bien esto representa un avance significativo en relación a años previos, México aún se encuentra por debajo de los estándares encontrados en países desarrollados, donde se espera que el 80% de los pacientes se curen.”

Por si fuera poco en el mismo documento se traza una estrategia que tampoco se ha cumplido: “Es primordial fortalecer el Registro Nacional de Cáncer, ya que la información es la base para la toma de decisiones e implementación de estrategias dirigidas. El Programa (Sectorial del Sector Salud 2013-2018) será el vínculo entre áreas como epidemiología, que cuenta con el registro de cáncer en niños y adolescentes (RCNA) y en Sistema de Protección Social en Salud (SPSS) que registra los casos financiados por el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos (FPGC) y el Sistema Estadístico Epidemiológico de las Defunciones (SEED), así como otras instituciones del sistema Nacional de Salud (SNS) para identificar el seguimiento de cada menor con cáncer de forma que se puedan obtener datos confiables que permitan la construcción de indicadores comparables con estándares internacionales para continuar avanzando en la atención de calidad de estos pacientes ya que un registro sólido es la fuente de información fidedigna que permite el diagnóstico situacional continuo para tomar decisiones de política pública dirigidas a las áreas de mayor oportunidad e impacto, adaptadas al comportamiento epidemiológico de la enfermedad a través del tiempo”.

A pesar de lo anterior y después de más de treinta años de existir el Registro, al día de hoy no existe una cifra exacta a nivel nacional de cuantos niños, niñas y adolescente padecen de cáncer, qué tipo de cáncer padecen, cuántos nuevos casos son detectados al año, cuántos gozan de tratamiento, cuántos no han sido detectados, cuál es el costo total del tratamiento, cuántos sobreviven a la enfermedad, en qué lugar geográfico del país de ubican, entre otros datos fundamentales como, cuántos son niños, cuántas son niñas, cuántos son adolescentes, etc. De igual manera no se sabe con exactitud qué parte del problema atienden las Instituciones de Asistencia Privada y cuanto invierten en ello.

Las respuestas a todas esas preguntas no solo revelarían que se cuenta con un Registro eficaz y permanente, sino que además, como se señala más arriba, permitirían “el diagnóstico situacional continuo para tomar decisiones de política pública” que redundaría en la atención integral a una enfermedad que representa “una de las principales causas con mayor número de años de vida potencialmente perdidos, ya que se estima que cada niño que no sobrevive al cáncer, pierde en promedio 70 años de vida productiva. Además de ser un factor negativo para la salud emocional y la dinámica familiar.”

Como se establece en la Ley General de Salud, a la Secretaría de Salud como entidad rectora del sector, le corresponde:

Artículo 109. La Secretaría de Salud proporcionará a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público los datos que integren las estadísticas nacionales para la salud que elabore, para su incorporación al Sistema Nacional Estadístico, y formará parte de las instancias de participación y consulta que para esos fines se instituyan.

Artículo 109 Bis. Corresponde a la Secretaría de Salud emitir la normatividad a que deberán sujetarse los sistemas de información de registro electrónico que utilicen las instituciones del Sistema Nacional de Salud, a fin de garantizar la interoperabilidad, procesamiento, interpretación y seguridad de la información contenida en los expedientes clínicos electrónicos.

Por las razones expuestas los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, consideramos que es de la mayor importancia hacer del Registro Nacional de Niños, Niñas y A dolescentes con Cáncer un mandato legal que sin excusa ni pretexto se cumpla en tiempo y forma para que se convierta en un instrumento esencial para lograr la atención integral de todos estos pacientes.

Derivado de lo anterior, se somete a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de:

Decreto por el que se adiciona una fracción al segundo párrafo del artículo 104 de la Ley General de Salud.

Artículo Único. Se adiciona la fracción II al artículo 104 de la Ley de General de Salud, para quedar como sigue:

Artículo 104. La Secretaría de Salud y los gobiernos de las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, y de conformidad con la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, captarán, producirán y procesarán la información necesaria para el proceso de planeación, programación, presupuestación y control del Sistema Nacional de Salud, así como sobre el estado y evolución de la salud pública.

La información se referirá, fundamentalmente, a los siguientes aspectos:

I. ...

II. El Registro Nacional de Niñas, Niños y Adolescentes con Cáncer;

III. ...

IV. ...

Artículo Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de noviembre de 2016.— Diputado Jesús Sesma Suárez (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.

PROPOSICIONES

IMPLANTAR ACCIONES EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA PARA LA ATENCIÓN DE CÁNCER INFANTIL

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las instituciones de salud de los diferentes niveles de gobierno a implantar acciones en materia de infraestructura hospitalaria para la atención de cáncer infantil, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PVEM

Quienes suscriben, diputados federales del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El cáncer es sin duda un tema de alta importancia que debe llamar la atención del Estado para diseñar e implementar las mejores estrategias que permitan su tratamiento; más aun tratándose de niños, pues aquí deberán redoblarse los esfuerzos para lograr la atención integral de los mismos.

Los antecedentes indican que desde 1922 se dieron las primeras defunciones infantiles a causas de tumoraciones, sin embargo, fue hasta 1940 que se inaugura el Hospital Infantil de México Federico Gómez (HIMFG), siendo el primero de los institutos nacionales de salud creados en nuestro país para brindar atención especializada a niños con cáncer en México.

A partir de ello, se fueron implementando diversas acciones y programas para la atención de niños con cáncer, se creó el Servicio de Tumores dentro del área quirúrgica, inició el tratamiento de las leucemias agudas con antagonistas del ácido fólico, y se introdujo el uso de rayos X al manejo de los tumores sólidos; asimismo, se firmó un convenio con The Children’s Cancer Research Foundation (CCRF) y con el Hospital de Niños de Boston, y se creó el Servicio de Quimioterapia del Cáncer, siendo el primero de los centros hospitalarios pediátricos de América Latina.

Fue hasta 1990 que se logra consolidar el concepto de terapia integral para el manejo del niño con cáncer; la implementación de un servicio de quimioterapias ambulatorias, el servicio de cirugía oncológica, la creación de una clínica del dolor y la unidad de trasplante de médula ósea, así como la Integración del Curso de Oncología Pediátrica a los programas de Especialidades Médicas de la Universidad Nacional Autónoma de México son avances significativos en el tratamiento de una enfermedad que desde entonces y hasta la fecha va en aumento.

Si bien existen cifras que nos pueden dar luz respecto el número de niñas, niños y adolescentes enfermos de cáncer, lo cierto es que las mismas son Inciertas, pues no existe a la fecha un registro nacional de cáncer infantil, lo que lleva al desconocimiento de los enfermos y de las necesidades requeridas para su atención.

Por otra parte, un elemento esencial para la atención de dichas necesidades es la Infraestructura requerida para el tratamiento específico al cáncer infantil, si bien hoy podemos asegurar que tenemos mejores condiciones para dar tratamiento a los niños enfermos de cáncer, lo cierto es que no podemos garantizar que se esté brindando cobertura total en su atención.

Según datos de la Secretaría de Salud, actualmente México cuenta con 54 Unidades Médicas Acreditadas (UMA) para la atención de pacientes menores de 18 años con cáncer. A estas UMA acuden los niños con cáncer cuyo tratamiento es financiado por el Seguro Popular.

Por su parte el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) cuenta 25 unidades médicas de alta especialidad (UMAE) y 11 unidades médicas complementarias de tercer nivel, en donde se ofrecen servicios para la atención de patologías de alta complejidad diagnóstica y terapéutica. En cuanto a la Infraestructura del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) cuenta con 15 instalaciones médicas de atención de tercer nivel, en las cuales se brinda tratamiento especializado contra el cáncer.

Lo anterior, evidencia el interés de las principales instituciones de servicios de salud por brindar mejores condiciones en la atención y tratamiento del cáncer infantil, no obstante, las cifras existentes y las diversas manifestaciones de grupos y asociaciones dedicados al tema señalan que las mismas son insuficientes e incluso no cuentan con infraestructura especializada, es decir, que dichas unidades médicas no cuentan con un pabellón específico para el tratamiento de niños con cáncer.

Ello sin duda refleja un problema urgente de atender, ya que el tratamiento a los diferentes tipos de cáncer en niños no puede ser atendido de la misma forma ni con la misma infraestructura con la que se brinda tratamiento a los adultos.

Si queremos que la tasa de supervivencia aumente y que cada día sean menos los casos de defunción en niños a causa del cáncer, tenemos que implementar acciones que garanticen la atención oportuna, de calidad y especializada en oncología pediátrica. Especialmente porque los niños y adolescentes requieren un trato especial por ser un grupo especialmente vulnerable pues definitivamente viven la enfermedad de modo distinto al cual lo hacen los adultos.

Es recomendable entonces que el tratamiento del cáncer para los niños se ejecute en hospitales especializados en oncología pediátrica, por las adecuadas instalaciones y personal especialmente preparado. Además del especialista en oncología infantil y del personal de apoyo, en muchos casos, los pabellones para el tratamiento especializado en cáncer, suelen contar con el acompañamiento al niño de un psicólogo y, en casos especiales, un fisioterapeuta. Gracias a ello los menores pueden sentirse apoyados y asistidos en todos los sentidos, lo cual le dará más fuerza para superar cualquier problema.

Por todo ello, consideramos oportuno someter a consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único.La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a las instituciones de salud de los diferentes niveles de gobierno, para que en el marco de sus atribuciones, diseñen y ejecuten un programa de mejoramiento y adecuación de su infraestructura hospitalaria, cuya finalidad sea la construcción de pabellones, unidades o espacios dedicados específicamente para la atención de niños enfermos de cáncer.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de noviembre de 2016.— Diputado Jesús Sesma Suárez (rúbrica).»

Se remite a la Comisión de Salud, para dictamen.

SUFICIENCIA FINANCIERA AL INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES NUCLEARES (ININ)

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SHCP a garantizar suficiencia financiera al Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares, a cargo del diputado Juan Romero Tenorio, del Grupo Parlamentario de Morena

Juan Romero Tenorio, en mi calidad de diputado federalde la LXIII Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario Morena, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 3, numeral 1, fracción XIX, 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados; así como los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos someto a consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares tiene por objeto:

El instituto Nacional de Investigaciones Nucleares (ININ) tiene como premisa, dar cumplimiento a los objetivos establecidos en la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en Materia Nuclear, lo que implica realizar investigación y desarrollo en el campo de las ciencias nucleares, así como promover sus usos pacíficos y difundir los avances alcanzados para su vinculación al desarrollo económico, social, científico y tecnológico del país

Normatividad

Artículo 43. Para el cumplimiento de su objeto el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares tendrá las siguientes atribuciones:

I. Realizar e impulsar las actividades que conduzcan al desarrollo científico y tecnológico en el campo de las ciencias y tecnologías nucleares, así como promover la transferencia, adaptación y asimilación de tecnología en esta materia;

II. Prestar asistencia técnica a las dependencias y entidades públicas y privadas que lo requieran, en el diseño, construcción y operación de instalaciones radiactivas y, en su caso, en la contratación de dichos servicios; asimismo, los prestará a los organismos autorizados en materia de instalaciones nucleares;

III. Promover el desarrollo nacional de la tecnología en la industria nuclear realizando y fomentando la innovación, transferencia y adaptación de tecnologías para el diseño, la fabricación y la construcción de componentes y equipos;

IV. Realizar actividades de investigación y desarrollo relativas a las aplicaciones y aprovechamiento de sistemas nucleares y materiales radiactivos para usos no energéticos requeridos por el desarrollo nacional. Además, promoverá las aplicaciones de las radiaciones y los radioisótopos en sus diversos campos;

V. Impulsar las actividades divulgación y proyectos del propio Instituto;

VI. Realizar programas de capacitación y actualización sobre usos y aplicación de técnicas nucleares que el desarrollo del país requiera; así como convenir con las instituciones nacionales de educación superior la impartición de cursos especializados en ciencias y tecnología nucleares;

VII. Proponer y convenir con instituciones afines del país y del extranjero o con organismos internacionales, proyectos de investigación conjunta e intercambio de información, previa autorización de la Secretaría de Energía;

VIII. Mantener un centro de documentación, cuyos objetivos sean captar, analizar y difundir la información y desarrollo en la materia nuclear;

IX. Emitir opinión en los convenios que sobre investigación y desarrollo tecnológico en la materia celebre la Secretaría de Energía y en general, asesorar al gobierno federal, en todas las consultas referidas a su objeto,

X. Realizar las demás actividades conexas con las anteriores; las que se determinen en las leyes o en disposiciones aplicables, sus reglamentos internos y las que resuelva, conforme a su objeto, su Consejo Directivo

Contribuciones del ININ-SUTIN al desarrollo nacional en las ciencias nucleares en México

El ININ tiene como propósito realizar investigación y desarrollo en el campo de las ciencias y tecnología nucleares así como promover los usos pacíficos de la energía nuclear y difundir los avances alcanzados para vincularlos al desarrollo económico, social, científico y tecnológico del país.

Entendiendo a la investigación por proyectos que desprendan la generación de conocimiento que responda a preguntas que se ubican en la frontera del conocimiento y a la solución de problemas reales que se presentan en la industria, además de innovar en el desarrollo tecnológico mediante la generación de nuevos productos, procesos y/o servicios, atendiendo a las necesidades sociales específicas.

La producción científica histórica del ININ, en términos de publicaciones en revistas indizadas de circulación internacional. Cabe mencionar que las publicaciones son la evidencia documental de que se ha generado conocimiento original, avalado por los comités editoriales de las revistas formados por expertos a nivel internacional. Se observa que a partir del año 1980 hay una tendencia ascendente, misma que actualmente sigue en aumento, aunque es de esperarse que de mantenerse las condiciones actuales del ININ, la tendencia llegue a un máximo, se mantendrá constante y eventualmente se irá reduciendo. Esto será debido a una serie de factores, como lo son el bajo presupuesto asignado a la operación de los proyectos, la no contratación y formación de recursos humanos, dentro de un plan de desarrollo a largo plazo para responder a las necesidades energéticas y no energéticas para el desarrollo nacional.

Es importante comentar que el flujo de conocimiento en general va de la investigación básica o aplicada hacia el desarrollo tecnológico y de éste a la aplicación por los sectores salud, social, industrial, etc. Esto con las salvedades que suelen ocurrir de que a partir del desarrollo tecnológico se genere nuevo conocimiento o tecnologías a través de la innovación. Ocurre incluso que su aplicación genere más conocimiento y nuevas aplicaciones.

Los proyectos tienen dos finalidades fortalecer las capacidades tecnológicas y de infraestructura de investigación del ININ; y cubrir las necesidades o demandas de investigación científica y tecnológica en materia nuclear de los sectores productivos.

El ININ cuenta con infraestructura única y con proyectos de impacto social y económico dentro de su ámbito de acción, entre otros como:

I. El Laboratorio Nacional de Investigaciones en Forense Nuclear (LANAFONU).

II. Reactor Nuclear de Investigación TRIGA Mark III.

III. Irradiador GAMMA.

IV. Planta de producción de radiofármacos

V. Investigación aplicada: Banco de tejidos radioesterilizados y gestión de desechos radioactivos.

VI. Otros.

Efectúan varias de las etapas de la gestión de desechos radiactivos producidos en el país, procedentes de la industria, la medicina y la investigación que tiene por objeto aislarlos y confinarlos y tratarlos para limitar su dispersión al ambiente. Las etapas de la gestión de desechos radiactivos aceptadas a nivel internacional. Se realizan los Programas anuales de Vigilancia Radiológica Ambiental del Centro Nuclear “Dr. Nabor Carrillo”, del Centro de Almacenamiento de Desechos Radiactivos en La Piedrera y Peña Blanca Chihuahua.

Laboratorio de detectores de radiación

Este laboratorio es único en su tipo, Centro regional de Capacitación para América Latina y otros países, OIEA, mantenimiento, calibración y reparación de detectores de radiación; a la Planta Nuclear de Laguna Verde, Secretaría de Salud, Universidades, y mantiene relación estrecha con la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardas.

Acelerador de partículas Tandem Van de Graaff

Departamento de automatización e instrumentación

Ha sido el responsable del mantenimiento y mejora del Reactor Nuclear TRIGA MARK III. Con gran experiencia en el diseño, prueba, verificación y validación de los sistemas y componentes que conforman el control; lográndose el diseño y construcción de su consola de control totalmente digitalizada y ganador para la elaboración de una consola automatizada en Colombia concursando contra General Electric.

Aplicaciones industriales de las Radiaciones Ionizantes

Calificación de equipo

Desde 1988 proveedor calificado para la Central Nuclear Laguna Verde en

Pruebas y/o análisis del diseño y fabricación de equipos, estructuras y componentes de seguridad: envejecimiento, análisis de fallas verificación y funcionamiento.

Centro de información y documentación nuclear

Proceso y envío de registros bibliográficos de documentos publicados en México sobre ciencia y tecnología nucleares al Sistema Internacional de Información Nuclear (INIS) del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA).

Objetivos para la aplicación de la ampliación presupuestal

1. El Fortalecimiento del Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares

2. Mantener la materia de trabajo y

3. Conservar los derechos de los trabajadores

Para continuar realizando las funciones relacionadas en beneficio social y económico para el país es necesario un programa de permanencia y renovación generacional.

Las perspectivas de desarrollo de nuestra institución deben de estar sustentadas en sus recursos humanos. Siendo una institución única en el país, que tiene por objeto promover y difundir las aplicaciones pacíficas de la Energía Nuclear contribuyendo a la investigación científica y tecnológica así como la vinculación con las empresas productivas del Gobierno Federal y con la iniciativa privada.

Los trabajadores prevemos nichos de oportunidad dentro del desarrollo de las ciencias nucleares.

En los últimos años el desarrollo de la industria nuclear mexicana se ha visto limitada por cuestiones de falta de información sobre los beneficios de las aplicaciones nucleares energéticas y no energéticas en campos como la generación de electricidad, la industria de la irradiación, la salud, las aplicaciones industriales, etcétera...

Cada vez la importancia de este tipo de energía base será mayor por el consecuente agotamiento de los recursos energéticos de origen fósil.

La Agencia Internacional de Energía prevé que la demanda de energía aumentara en un 40 por cierto de aquí a 2035. Por lo tanto habrá una mayor demanda de fuentes de energía. La revolución tecnológica y la creación de nuevos reactores hacen de la industria de la generación de electricidad un foco de desarrollo para la industria nacional y al consumo doméstico de energía para el beneficio nacional.

Las aplicaciones no energéticas día a día se convierten en una gama de posibilidades en beneficio de la sociedad mexicana y que representan alternativas de beneficio social que han revolucionado las aplicaciones pacificas de la energía.

La capacidad uranífera del país en sus reservas de uranio natural es una riqueza que el pueblo de México debe aprovechar en su favor.

Y creemos que es necesario prepararnos hacia el futuro, que permita al ININ crecer y continuar siendo una institución de excelencia en el área de las ciencias nucleares dentro de las directrices del interés de la nación en el ámbito nacional e internacional.

Donde podamos satisfacer las necesidades que el país requiera del Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares sin comprometer la capacidad de futuras generaciones de satisfacer sus propias necesidades, pero siempre previendo escenarios futuros en el ámbito de la investigación, desarrollo y aplicaciones nucleares.

Siempre cuidaremos que el impacto de la actividad humana sobre un ecosistema, no sea mayor a la capacidad natural que tiene este de recuperarse, promoviendo que estas actividades sean rentables en el largo plazo mediante el uso razonable de los recursos humanos y naturales, siempre cuidando que las actividades productivas estén en armonía no solo con su entorno natural sino también beneficiando a la gente al desarrollar proyectos y servicios de alto impacto social y económico para el desarrollo de nuestra nación.

El objetivo primordial del SUTIN consiste en promover la materia de trabajo y que esta contribuya en beneficio de un proyecto nacionalista que solucione problemas de impacto social y técnico que fortalezcan a la industria mexicana para lograr la tan anhelada independencia tecnológica nacional e internacional.

Ámbito nacional

Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018.

Plan para expandir la capacidad de generación eléctrica con nuevos reactores nucleares.

Contribuir a la formación y fortalecimiento de capital humano de alto nivel.

Extensión de vida de la CNLV

Fuente de servicios especializados.

Política Nacional de Gestión de Desechos Radiactivos.

Fomentar la colaboración con la Comisión Europea. ININ y SUTIN deben impulsarla.

Contribuir en la formación de estudiantes especializados en ciencia y tecnología nuclear que renueve la capacidad científica en el ININ.

Integrarse a programas de apoyo con el Conacyt, Comecyt, etcétera.

Programa de integración de Laboratorios Nacionales de Conacyt.

Participar de manera decidida en las convocatorias de Conacyt.

Ámbito internacional

Participar en las convocatorias de proyectos del OIEA

Asesoría para elaborar las propuestas de proyectos.

Requerimientos de capacitación y especialización en ciencias y tecnologías nucleares.

Mayor prestigio y recursos adicionales mediante las estancias académicas y de intercambio científico, que integren al ININ en la escena internacional.

Los proyectos OIEA han proporcionado, entrenamientos, estancias de capacitación, visitas científicas, asesorías de expertos internacionales y equipamiento.

Ámbito institucional

Comercialización y patentes de conocimientos y productos de la investigación y desarrollo institucional.

Contar con una oficina de vinculación ININ-IMPI con experiencia en registro de patentes.

Plan de Gestión de Desechos Radiactivos del ININ y su aplicación a nivel nacional.

Renovación de la licencia de operación del reactor Triga Mark III

Modernización y adaptación del reactor Triga Mark III para producir Molibdeno-99 y Yodo-131.

Acreditación de laboratorios relacionados con el Laboratorio Nacional de Investigaciones en Forense Nuclear.

Servicios a diferentes áreas e industria.

Convenios de intercambio de información especializada mediante el Centro de Información y Documentación con el Sistema Internacional de Información Nuclear (INIS), Red Regional de Información en el Área Nuclear (RRIAN), Consorcio Nacional de Recursos de Información Científica y Tecnológica (Conricyt).

Financiamiento obtenido por proyectos con instituciones como Conacyt y OIEA

En el período 2004-2014 Conacyt, aprobó 36 proyectos al ININ. Este año al menos tres proyectos han sido beneficiados con los fondos sectoriales de la Sener gestionados por la administración, misma que en el 2014 logró un importante apoyo para la creación de un laboratorio nacional forense nuclear.

Recursos humanos

El ININ, ha tenido en el transcurso de los últimos 10 años la incorporación y el retiro de trabajadores. Los trabajadores que se han mantenido han demostrado de su capacidad de trabajo, en el sentido que han mantenido el nivel de funcionamiento de la institución y han contribuido en la transición al esquema de los servicios al sector público o privado la cual se refleja en Ingresos Propios, dando muestras de un crecimiento sostenido.

Las aspiraciones de lograr el despegue de un país moderno basado en el conocimiento, con la intención del gobierno de aplicar el 1.0 del PIB en Ciencia y Tecnología (PND 2013-2018) como lo manda la Ley de Ciencia y Tecnología, nos da la perspectiva de fortalecer la investigación Básica y Aplicada.

En el ININ hay más de 75 miembros del Sistema Nacional de Investigadores (SNI). De los 80 investigadores más productivos 60 pertenecen al SNI.

Es inminente que en México se tendrá que proponer una política energética en materia nuclear, los hidrocarburos se agotan y se tiene que pensar a largo plazo en la transición a una opción energética como la Nuclear, que reúne las características, no sólo de ser limpia, sino cuya generación puede ser permanente y capaz de mantener la carga base eléctrica que necesitan las urbes y poblaciones de nuestra nación, para tener la energía que requiere el desarrollo productivo y social que el país necesita sin dejar de lado las energías renovables (por ejemplo las derivadas de la energía eólica, la solar, la de biomasas, etc.) son opciones complementarias y no excluyentes de generación de energía.

Las oportunidades y fortalezas del ININ jugarán un papel importante en el fortalecimiento y desarrollo tecnológico del país.

Condiciones de desarrollo potencial para los recursos humanos ININ

La principal fortaleza del ININ es el conocimiento de sus recursos humanos especializados y experimentados, y las actividades que estos realizan.

La energía nuclear tiene un futuro ineludible en el progreso de México, el uranio en nuestro país es una opción viable con reservas comprobadas en el territorio nacional, de forma que la innovación y la diferenciación tecnológicas se están haciendo cada vez más esenciales para que la industria lleve a cabo sus operaciones de forma segura y fiable. Un cambio de política con respecto de la industria nuclear, pude derivar en la generación de miles de puestos de trabajo directos, indirectos e inducidos. La inversión en capital humano es fundamental para que la industria utilice tecnologías avanzadas y siga siendo productiva y competitiva.

Sin embargo hay que fomentar el desarrollo de un amplio abanico de capacidades profesionales, técnicas, habilidades sociales y en materia de gestión, carencia que acentúa especialmente cuando se trata de profesionales y técnicos en el área de las ciencias nucleares.

La edad de los profesionales en el ININ es un factor que también ha sido determinante en el fortalecimiento y desarrollo de nuestra institución ante la disyuntiva que representa el no actuar a tiempo y se pueda perder toda la experiencia y capacidades de investigadores con conocimientos y valores insustituibles para el país, esto es una causa fundamental de carácter demográfico: un buen número de trabajadores en poco tiempo se estarán jubilando y/o falleciendo, y un número menor de trabajadores jóvenes calificados se están incorporando al Instituto.

Si el ININ no comienza a remediar estas carencias, puede verse confrontado con una crisis de capacidades en el próximo decenio, en el que más de la mitad de la base abandonará su puesto de trabajo. El Instituto debe adoptar un enfoque anticipativo y adaptarse a estas transiciones en la fuerza de trabajo para sustentar futuras demandas de profesionales y mano de obra calificada.

Para tal fin el gobierno, los administradores y los trabajadores tenemos que colaborar en la formulación en una estrategia sectorial de formación para el ININ. Dicha estrategia debe incluir el respeto de los derechos laborales, así como la normativa contractual, la no discriminación, la igualdad de oportunidades y de trato para mujeres y hombres (incluidos jóvenes), la buena dirección, la transparencia y la rendición de cuentas.

También podremos contribuir a un crecimiento generador de empleo a otras dependencias mediante la transferencia de tecnología. La aplicación de dicha estrategia dependerá de la voluntad y compromiso de las partes: gobierno, administración y trabajadores. Por tanto la relación con nuestra cabeza de sector en un dialogo tripartito desempeñará una función importante al respecto.

El ININ cuenta con 67 mandos medios y superiores incluidos 8 homologados, 52 operativos de confianza, 22 empleados por honorarios trabajadores de confianza.

605 Trabajadores de Base sindicalizados, de estos 108 investigadores, 191 profesionistas y 70 técnicos especializados y aproximadamente 26 técnicos de las áreas sustantivas. Casi 200 Investigadores y profesionistas con posgrado, hay aproximadamente 108 doctores entre investigadores y profesionistas, y aproximadamente 87 maestros en ciencias .

En el presupuesto del Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares 2015, da cuenta de 727 trabajadores de los cuales el 84.33% es personal de base (613) y el 15.67 % el restante es personal de confianza, 63 Mandos medios y superiores que representan el 8.66% y 51 de personal operativo confianza que representan el 7.01%.

Se tendrán que elaborar políticas de desarrollo institucional más eficaces y coherentes para atraer a trabajadores jóvenes; varios factores contribuyen a atraer a candidatos; uno de ellos es fundamental: comprender las necesidades de la próxima generación. Cada una de las características influye en la percepción que tienen los candidatos de su propia adecuación a la organización o un empleo estable, lo a su vez repercute en el atractivo de la Institución.

Para dotarse de trabajadores competentes, las partes (ININ-SUTIN) también necesitarán recurrir a diversas fuentes de suministro, se tiene que crear un clima de diversidad mediante la promoción de políticas favorables a la vida familiar para mujeres y hombres, la igualdad de remuneración por trabajos iguales a salarios iguales, la igualdad de oportunidades y una evaluación dinámica, con un presupuesto suficiente.

Es importante que el ININ ofrezca para todos sus trabajadores planes de desarrollo profesional diferenciados en función de sus puestos y perspectivas de sus campos de trabajo y proyectos institucionales, la coordinación y cooperación también son necesarios para la elaboración de políticas de posible migración o intercambio de trabajadores calificados a proyectos multidisciplinarios de manera temporal o definitiva.

Es evidente que el fortalecimiento de nuestra materia de trabajo y de nuestra institución requiere que pensemos en el presente y el futuro.

Lo que implica tener que analizar:

• El papel que desempeñará el ININ en el ámbito nacional en el desarrollo nacional como una institución dedicada a la investigación y su participación con la industria nacional.

• La participación que el ININ desempeñará en la tecnología nuclear, de acuerdo a las necesidades plasmadas en el plan nacional de desarrollo y los proyectos de impacto social en beneficio de pueblo de México.

• La especialización integral del personal del ININ en sus áreas de trabajo, así como la formación y consolidación de investigadores que sean referentes nacionales e internacionales en la ciencias nucleares y que estos se encuentren a la altura de la nueva infraestructura y capacidades tecnológicas del ININ como una institución de excelencia.

El SUTIN es consciente de los cambios y entiende de que se debe avanzar de manera decidida en el incremento de la productividad y como un sindicato de vanguardia; adelantándose a su tiempo visualizó la necesidad de incentivar y concretar un sistema de evaluación de trabajo que cubriera aspectos de formación académica y el desempeño de los trabajadores en sus funciones de trabajo mediante un tabulador de méritos en el trabajo, que fue firmado entre las partes el 9 de noviembre de 1990.

El tabulador de méritos es la referencia para evaluar el desempeño, la formación técnica o académica, experiencia o los reconocimientos, tanto como para el ingreso al ININ como para la promoción teniendo como base la realización técnica y científica obtenida, así como la antigüedad, según los valores establecidos en el Reglamento de Evaluación del Trabajo (RET).

En este convenio registrado ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (Convenio ININ-SUTIN 14/90), STPS; las partes convinieron en que las disposiciones contenidas en el presente convenio y RET serán los únicos aplicables para promoción de los trabajadores y a su vez acordaron expresamente en que las funciones contenidas en la cláusula 53 del Contrato Colectivo de Trabajo aplicable en ese momento para la Comisión Mixta de Escalafón, son absorbidas por el Comité de Evaluación del Trabajo; en función de este acuerdo quedando sin efecto el sistema de escalafón a partir de ese momento y quedando rebasado este por una evaluación dinámica que evalúa las capacidades y la productividad de los trabajadores nucleares, hoy el gobierno federal aplica al magisterio nacional lo que el SUTIN firmó hace más de 25 años, con sus aplicaciones legales y operativas surtiendo efectos hasta la fecha.

Hoy la decisión tomada por las partes ININ-SUTIN es referente en las disposiciones plasmadas en la “Reforma Educativa” promovida por el ejecutivo federal y en su momento los trabajadores nucleares crearon y forjaron por su libre albedrío y beneficio colectivo.

Hoy el en la Relación ININ-SUTIN se pretende desconocer este procedimiento de reconocimiento del desarrollo profesional y laboral de los trabajadores, creemos por una falta de aplicación en los tiempos para tal efecto y por un planteamiento incorrecto ante la Secretaria de Hacienda y Crédito Público.

Problemática por la conversión de plazas ya evaluadas y dictaminadas

El ININ comunicó al SUTIN, en el oficio GRH-096/2015 con fecha 29 de junio, que realizó la solicitud de cambio de categorías y niveles salariales, de 14 plazas que fueron evaluadas y dictaminadas favorablemente en cumplimiento a las clausulas 38 “Evaluación del Trabajo”, 67 “Acreditación de Méritos y demás relativas consignados y firmadas por las partes en el Contrato Colectivo de Trabajo (CCT), proceso que realiza según el ININ a través del Módulo de Servicios Personales, del Portal Aplicativo de la SHCP, y que al solicitarlo la Unidad de Control Presupuestario y la Dirección General de Programación y Presupuesto “B” de la dependencia le pide al ININ que éste debe cumplir con los numerales 13 y 15 de las Disposiciones Específicas para la operación del Módulo de Servicios Personales. Las que especifican lo siguiente: “Se procederá a la conversión de plazas si se cancela el número de plazas equivalentes al 30% de ahorro en recursos, con motivo de las 14 plazas sindicalizadas o en su defecto, se utilizarán las plazas actualmente vacantes, para ubicar en ellas al personal promovido.”

Situación, que en la relación laboral pactada entre el ININ y el SUTIN dentro del apartado “A”, no está contemplada en ninguna parte en el CCT, no tenemos pactado las promociones derivadas del Reglamento de Evaluación de Trabajo (RET). El ININ y el SUTIN firmaron un convenio en el cual los movimientos escalafonarios fueron sustituidos por un RET; por lo tanto resulta fuera de CCT tal pretensión, que las promociones y ahorros sean sujetas a tales condiciones.

El aceptar tal hecho, de ubicar a los trabajadores ya promovidos que han ejercido sus derechos de puesto de trabajo y salarios al nivel otorgado desde el año fiscal pasado, constituiría una violación al CCT y se crearía un precedente adverso para la realización de los trabajos de la Comisión de Evaluación del Trabajo y su Reglamento.

Además el CCT en su Cláusula 68 “Promociones” establece que el Organismo gestionará los recursos económicos suficientes para las evaluaciones de los trabajadores, en cuanto a los resultados de las gestiones realizadas por el ININ ante la SHCP. Resulta inexplicable para el SUTIN, cómo los salarios de las evaluaciones han sido aplicados desde el 2014 y la SHCP no dé la autorización correspondiente de la conversión de estas plazas, que ahora se nos proponga una solución en la cual el sindicato no puede sustituirse en lo que es una responsabilidad de los servidores públicos (Mandos Medios y Superiores del Instituto). Por lo que estamos convencidos que el organismo y en particular la SHCP, son quienes deben dar una solución adecuada sin afectar la relación laboral ININ-SUTIN pasmada en el CCT.

Es importante señalar que para los efectos de factibilidad de los efectos de la reconversión de las plazas beneficiadas del proceso de Evaluación del Trabajo las partes acordaron en el convenio firmado entre las partes ante la STPS y que dio fin a la Revisión Contractual el día 31 de marzo 2014.

Quedando plasmado en su cláusula NOVENA que a la letra dice “...El organismo asignara la suma de 1´500,000.00 (un millón quinientos mil pesos 00/100 M.N.) a la Comisión de Evaluación del Trabajo para que efectué en el presente ejercicio fiscal, las evaluaciones de acuerdo al Reglamento de Evaluación del Trabajo.”

De los cuales solo fueron ejercidos 1´200,000.00 pesos en las evaluaciones referenciadas en el presente caso y derivadas del ejercicio fiscal de 2014.

Por tal exposición de motivos resulta improcedente lo que el ININ trata en el oficio de referencia y con su consecuente interpretación por la SHCP.

Exigimos por parte del ININ el respeto a nuestro proceso de evaluación vigente por más de 25 años y registrado legalmente ante la Secretaria de Trabajo y Previsión Social que es uno de los mecanismos que los trabajadores nucleares podemos ser reconocidos económicamente y profesionalmente, nuestro proceso de evaluación es uno de los más exigentes a nivel nacional.

Actualmente un 40% de los trabajadores sindicalizados están en espera de que les sea aplicado el RET para poder acceder a puestos superiores, si el resultado de esta es positivo, tomando en consideración que si el promedio es de 14 evaluaciones positiva al año, estaríamos en condiciones de dar repuesta a los últimos turnos en aproximadamente 17 años, esto sumado a que muchos de ellos han esperado más de 7 años su turno para ser evaluados a pesar que el reglamento establece que tal proceso no debe dilatar más de tres meses después de ser recibidos sus documentos para tal efecto, los trabajadores han optado por esperar conscientes de los efectos presupuestales que afectan al país y al ININ.

Es evidente lo que el ININ plantea en su oficio es inaceptable y que si este opta por la decisión unilateral de reducir el número de plazas o de utilizar las plazas vacantes, el Sindicato se reservará lo que a su derecho le corresponda.

Programa de retiro por consentimiento de mutuo.

El incremento de las fuentes alternativas de producción de energía planteadas por la SENER en los planes de desarrollo, deberán de ser abordados con la anticipación y formulación necesaria para prever su instrumentación desde hoy, debemos estar listos para un futuro cercano.

Por lo tanto la Industria Nuclear en nuestro país necesitara una inversión de infraestructura en el ININ y la consolidación de grupos de investigación que el país requerirá para hacer frente a los retos que el país tendrá que enfrentar.

En los últimos años ININ ha adoptado una actitud de supervivencia es tiempo de pugnar y trabajar para pensar en el crecimiento sostenido de la materia de trabajo y hacer del instituto una institución que tenga presencia nacional e internacional.

Con investigadores y grupos de investigación con reconocimiento nacional e internacional, que sean referentes dentro del campo de las Ciencias Nucleares.

La falta de formación de capacidades y profesionales en el área nuclear en México es un problema de alcance Nacional.

El SUTIN consciente de la necesidad de sumar a los mejores trabajadores y reconocer la trayectoria de aquellos que han hecho del ININ su proyecto de vida, en beneficio del pueblo de México.

Actualmente se hace necesario un programa que permita la salida de trabajadores y la incorporación de personal de reconocida capacidad técnica y tecnológica para los futuros escenarios que el país requerirá respecto a los retos futuros, motivo por el cual presentamos un programa de retiro por consentimiento de mutuo:

1. Exposición de motivos

Actualmente cuenta con una plantilla de personal sindicalizado de 613, con una edad promedio de 55 años. Muchos de estos trabajadores en el corto plazo estarán buscando su jubilación o pensión (50%); los casos de enfermedad pueden marcar otras condiciones, por lo que es previsible una disminución en la productividad institucional, pérdida del conocimiento en los temas nucleares y no alcanzar las metas de ingresos propios como contribución con el presupuesto asignado al ININ.

El desarrollo de una tradición científica es un requisito indispensable para la modernización de un país. El apoyo institucional a la creación de esa tradición científica, se logra mediante el crecimiento sostenido de sus recursos humanos. Para esto, el ININ requiere aprovechar sus recursos humanos con mayor experiencia, en los cuales la misma institución ha hecho una importante inversión; requiere preservar los grupos de investigación productivos y promover la creación de otros en las áreas de oportunidad, así como formar nuevos investigadores, profesionistas y técnicos.

Como se observa, la mayoría de los trabajadores sindicalizados actualmente cuentan con una edad promedio mayor de 55 años y por naturaleza intrínseca, muchos de estos trabajadores en el corto plazo estarán buscando su jubilación o pensión, haciéndolo con una toma de decisión mediata en el mejor de los casos, pero los casos de enfermedad pueden marcar otras condiciones, lo que conlleva a una disminución en la productividad institucional y a no cumplir con las metas de ingresos propios para contribuir con el presupuesto que asigna el Gobierno Federal al ININ. (Anexo I)

Debido a la ausencia de un programa de retiro voluntario permanente, en condiciones dignas para el trabajador, el personal opta por continuar laborando y no considera la opción del retiro o la pensión, lo cual tiene las implicaciones siguientes:

• Personal de mayor edad con enfermedades crónico-degenerativas en servicio.

• Ausentismo, derivado por incapacidades médicas.

• Incremento de trámites administrativos.

La contratación de personal joven de nuevo ingreso con perfiles acordes a las necesidades del Instituto, es una de las alternativas de solución a esta problemática, en conjunto con un Retiro Programado por Consentimiento Mutuo del personal de edad avanzada o por enfermedad crónico-degenerativa prioritariamente y en condiciones de retiro (por años de servicio). Por lo que resulta necesario trabajar en una alternativa de solución, pero todo resultaría inútil si no pensamos en un recambio generacional, que fortalezca al ININ, por ende la materia de trabajo y para cumplir con las funciones consagradas en el artículo 27 de la Ley Reglamentaria.

2. Objetivo

2.1. Obtener un retiro digno, sin pérdida de plazas, con la indemnización justa para solventar una buena calidad de vida para la vejez.

2.2. Fortalecer la materia de trabajo mediante la cobertura de estas plazas con personal joven de nuevo ingreso.

3. Alcance

Este programa aplicará solamente al personal siguiente:

• Trabajadores con 60 años o más de edad o en etapa de jubilación.

• Trabajadores con enfermedades crónico-degenerativas

4. Propuesta

Para darle viabilidad al proyecto de Propuesta de Retiro Programado por Consentimiento de Mutuo se cuenten con los recursos económicos para poder llevarlo a cabo. Este deberá contener los beneficios propios de las prestaciones establecidas en el contrato colectivo de trabajo (CCT) con el propósito de ir dando las facilidades de retiro a los trabajadores en etapa de jubilación o pensión que por propia voluntad o situación de salud, tengan a bien tomar el esquema de retiro programado, aclarando que este programa sólo será aplicado a un número de 25 trabajadores aproximadamente por año, con lo que se garantiza la no salida masiva de trabajadores de base.

La idea de este retiro programado tiene las siguientes ventajas desde el punto de vista del Sindicato Único de Trabajadores de la Industria Nuclear:

a) Contar con personal joven de nuevo ingreso, que pueda apoyar en las tareas de los trabajos de servicios institucionales para los ingresos propios y actividades de investigación.

b) Al momento del retiro de un trabajador con una antigüedad de 30 años, el costo laboral del trabajador de nuevo ingreso tendrá una antigüedad de 0 años, lo cual representa un ahorro sustantivo (de hasta un 32 por ciento)para la institución. Este argumento sería uno de los más importantes a considerar en la propuesta del programa de retiro- aunado a esto colocaría al ININ en mejores condiciones en el portafolio de servicios al abatir gastos y colocarnos en una condición más competitiva.

c) Todos los trabajadores de nuevo ingreso empezarían a formar nuevos cuadros de trabajo en las áreas donde más se requiera su participación, considerando que con medidas como esta se evitaría perder el conocimiento del personal en retiro, al transmitir sus conocimiento al personal de nuevo ingreso, mediante un programa de transmisión de conocimientos antes de su retiro.

d) Las plazas de los trabajadores liquidados serían cubiertas en el nivel inferior de la misma categoría de la plaza registrada ante SHCP, lo que representaría un ahorro adicional por la diferencia del nivel salarial desde un 25% hasta un 66% aprox.

5. Esquema de liquidación

El organismo considerará y reservará en cada ejercicio fiscal el costo de las 20 plazas de base vacantes en el año fiscal, para cubrir las liquidaciones de los trabajadores que se encuentren en etapa de jubilación o en situación crítica de enfermedad o invalidez y que deseen separarse del Organismo.

Las plazas de los trabajadores liquidados serán cubiertas (contratación) con Personal de Nuevo Ingreso, con el nivel inferior de la misma categoría de la plaza de acuerdo con el Catálogo de Puestos, con lo que se generará un ahorro de costos por la diferencia del nivel salarial ya que el trabajador de nuevo ingreso no genera aún quinquenio (antigüedad) lo que algunos le han mal llamado “pasivo laboral” vs “inversión laboral”.

El organismo utilizará y presupuestará durante 5 años la plaza a liquidada (que es cuando empieza a aumentar el costo de la plaza por quinquenios) el diferencial de costos mencionado en el párrafo anterior, para cubrir también las liquidaciones ya mencionadas.

El organismo entregará al trabajador liquidado bajo estas condiciones (C.C.T.), el importe correspondiente a los siguientes rubros:

• 150 (ciento cincuenta) días de salario integrado,

• 50 (cincuenta) días de salario integrado por cada año de servicios cumplidos,

• 12 (doce) días de salario integrado por cada año de servicios cumplidos, para los trabajadores que cuenten con más de 15 años de servicio.

En promedio bajo el esquema referido aproximadamente dependiendo de los niveles y antigüedades de los trabajadores se solicitará una partida presupuestal etiquetada para tal fin un importe aproximado de 75.0 millones de pesos presupuesto y etiquetado para tal fin.

Si los recursos para estas liquidaciones son insuficientes, el Sindicato propondrá el orden y la prioridad en que los trabajadores interesados serán liquidados cada año de manera progresiva.

Y la propuesta será evaluada entre las partes ININ-SUTIN.

Aplicación colectiva y universal del contrato colectivo de trabajo

En el ININ, las relaciones laborales se encuentran regidas por el Contrato Colectivo de Trabajo (CCT) que se encuentra depositado y registrado ante la Secretaria de Trabajo y Previsión Social y surtiendo sus efectos legales, en éste se especifica que tiene por objeto, en adición a las disposiciones legales, el establecimiento de las condiciones laborales específicas que deberán regir para la prestación del trabajo en el ININ y cuando estas disposiciones sean más favorables para los trabajadores, deberán sustituir a las de la ley.

Tal documento es de aplicación general para todos los trabajadores de planta y temporales, por lo que se aplicará en todos los establecimientos, dependencias o instalaciones actuales o aquellas que se incorporen en el futuro al Organismo o que eventualmente sean formadas como subsidiarias del mismo, entendiéndose como tales, a las dependencias o instalaciones en donde se ejecuten obras o servicios para el Organismo, en forma exclusiva o principal, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley.

La administración de este CCT corresponde al Sindicato. Podrán celebrarse convenios de aplicación del Contrato que serán ratificados y depositados por las Partes en los términos de la Ley, mismos que forman parte de este Contrato. Todo documento unilateral que afecte o cambie la relación laboral, emitido por cualquiera de las Partes, se considerará nulo.

Ante estas disposiciones la administración del Instituto unilateralmente ha aplicado de manera diferenciada entre los trabajadores el pago de la prestación social como lo es el Aguinaldo a la que tienen derecho los trabajadores del ININ anualmente, en los términos del CCT.

Cito:

“ Cláusula 106

Aguinaldo

El Organismo pagará anualmente a sus trabajadores, la cantidad equivalente a 45.11 (cuarenta y cinco punto once) días de salario integral, libres de todo descuento, por concepto de aguinaldo.”

En el año de 2010, el ININ solicitó al SUTIN que se realizara el procedimiento para la contratación de personal de planta para ocupar puestos de trabajo vacantes del tabulador registrado dentro de la normativa establecida en el CCT, a partir de esta fecha a la actual, se han incorporado al ININ 51 compañeros de planta a los cuales en los años 2010, 2011, 2012 y 2013 dependiendo de su fecha de incorporación, les fue pagado el aguinaldo como a todos los trabajadores que ha hecho de esta manera desde su incorporación de la cláusula “Aguinaldo” al CCT.

Pero, para los efectos de pago en el año 2014, el ININ de manera diferenciada y discriminatoria aplicó a los 51 compañeros el descuento del I.S.R., contraviniendo lo estipulado en la cláusula 106 del CCT en la que se establece “libres de todo descuento, por concepto de aguinaldo”.

En tal cláusula, el ININ ha aplicado la leyenda de libre de todo descuento al absorber de manera solidaria la contribución del ISR a nombre de los trabajadores para apoyarlos en su poder adquisitivo; tal es el caso, que para el mismo año 2014 la prestación social fue pagada a todos los trabajadores, exceptuando a los 51 compañeros, en los mismos términos desde la incorporación al CCT y en la base legal plasmada en el catálogo del complemento de nómina (CCN) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Servicio de Administración Tributaria y el catálogo de percepciones y deducciones(CPD) en el ININ.

Lo plasmado en los Recibos de Nómina de la mayoría de los trabajadores especifican una deducción con tipo 002 (ISR del CCN) y clave 003 (ISR del CPD) por concepto de I.S.R. y asumido de manera solidaria en los conceptos de Percepciones bajo los preceptos, tipo 009 (Contribuciones a Cargo del Trabajador Pagadas por el Patrón del CCN) y clave 059 (CPD).Con estos conceptos se da respeto al CCT vigente para la mayoría de los trabajadores; pero, para aplicación de los 51 casos de los compañeros de recién ingreso se desconoce por el ININ el derecho adquirido. Esto a pesar de que el ININ lo había realizado para los años anteriores al 2014, para todos los casos sin descuento, respetando los derechos que por diversos conceptos se adquieren por la Ley o en el CCT, los cuales no son renunciables y en ningún momento las partes fijaron mediante convenios complementarios o suplementarios, otras condiciones de trabajo, las que en ningún caso implicarán disminución de las prestaciones o desconocimiento de los derechos consagrados.

Nota

Por disposición expresa del Art. 42 Bis de la LFTSE que establece que el aguinaldo se debe otorgar sin deducción alguna, el Gobierno absorbe el impuesto y lo entrega libre de dicho gravamen.(antecedente relativo con el actual CCT)

Tal acción constituye por parte del ININ una violación al CCT, es necesario revertir tal afectación a los 51 trabajadores con aplicación distinta de las disposiciones del Contrato, que significa una reducción al su importe y un agravio del poder adquisitivo de los compañeros y que rompe la unidad al CCT, tal afectación en términos económicos para el ejercicio fiscal del 2014 tuvo un impacto aproximado de $ 450.000.00; solicitamos el resarcimiento de tal percepción para cada uno de los 51 casos afectados y la no aplicación irregular y discriminatoria para éstos a partir del 2015, así como sus aplicaciones futuras de conformidad al CCT vigente.

Justificación de solicitud presupuestal para gestión de desechos radiactivos, del Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares

La industria nuclear y sus aplicaciones en la industria y en la medicina generan desechos, que por ser radiactivos deben ser aislados y confinados a fin de limitar su dispersión en la biósfera. Este tipo de desechos son generados en hospitales, industrias, centros de investigación, centrales nucleares y durante el ciclo del combustible nuclear.

Los desechos radiactivos requieren de un manejo y resguardo no convencional que debe estar a cargo de personal capacitado y acorde con los reglamentos y normas dictadas por organismos nacional (Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias), así como recomendaciones de otros internacionales (Organismo Internacional de Energía Atómica).

En particular, en nuestro país, los principales generadores de desechos radiactivos son: la Central Nuclear de Laguna Verde en Veracruz, los hospitales del sector público (Siglo XXI, Juárez de México, etc.) y privado; los centros de investigación del sector salud como los institutos nacionales de Cancerología, Epidemiología o Nutrición, además del Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares (ININ) y algunos institutos y facultades de la UNAM (Medicina, Química, Veterinaria, Fisiología, etc.); así también empresas como PEMEX y Altos Hornos de México.

El Departamento de Desechos Radiactivos (DDR) del ININ está capacitado y autorizado para gestionar los desechos radiactivos de origen no nuclear generados por los sectores antes mencionados. En promedio, el ININ recibe anual mente 15 metros cúbicos de desechos sólidos y 4.5 metros cúbicos de desechos líquidos de diversas composiciones químicas. El DDR recibe desechos de origen inorgánico contaminados con diversos radionúclidos cuyas vidas medias varían desde unos cuantos días hasta miles de años.

Las tecnologías aplicadas por el DDR a la gestión de desechos radiactivos se clasifican en cuatro categorías:

1. Compactación2. Precipitación3. Decaimiento4. Inmovilización

Es de vital importancia para nuestra institución, aplicar nuevas técnicas de gestión de desechos radiactivos que permitan su tratamiento, para disminuir su volumen y poder ser aislados y confinados en un lugar adecuado que evite su dispersión incontrolada hacia la biósfera. Desde el punto de vista de la reducción de volumen de los desechos, una de las opciones más viables es su incineración, dado que disminuye hasta un 95% o más de su volumen total de estos. Por lo mismo es necesario contar con un equipo exclusivo para este fin. En particular el ININ tiene interés por montar un equipo de degradación térmica que permita resolver el problema de tratamiento de desechos radiactivos de bajo nivel e intermedio a corto plazo, motivando a las instituciones responsables de su gestión (ININ y Sener) y las generadoras de estos desechos, como es el caso de Laguna Verde, a invertir en la construcción de una planta de tratamiento a escala industrial que permita solucionar de manera definitiva el problema de la gestión y almacenamiento de estos desechos.

Por lo anterior, y para continuar con la investigación del tratamiento de los desechos radiactivos y nucleares y tener un almacenamiento definitivo de ellos, solicitamos la cantidad de $98´000,000.00 (Noventa y ocho millones de pesos00/100 M. N.) con lo que podemos en un corto plazo disponer los desechos de manera segura bajo políticas firmes.

Consideraciones finales

No apoyar los objetivos fundamentales que por Ley tiene el ININ, sería muy lamentable para el país; se perdería la posibilidad de dar continuidad al trabajo de investigación y desarrollo en los usos pacíficos de la energía nuclear. El país ha invertido, a lo largo de varias generaciones, grandes cantidades de dinero en la formación de recursos humanos de alto nivel en el ININ: investigadores, profesionistas y técnicos especializados, muchos con estudios de posgrado y pertenecientes al SNI. Además, el equipamiento de instalaciones y laboratorios del ININ, ha requerido de una fuerte inversión del gobierno federal. Su cierre representaría un fracaso para el pueblo de México, porque todo lo invertido tiene su origen en sus contribuciones vía los impuestos. Por el contrario, se debería incentivar la transferencia de conocimientos y experiencias a las nuevas generaciones porque más temprano que tarde las aplicaciones nucleares en la producción de electricidad por el uso de reactores de potencia será necesaria para que se sostenga la capacidad de carga de las grandes ciudades y de la industria que está en crecimiento constante. La investigación básica y el desarrollo tecnológico en temas del área nuclear en diferentes disciplinas como física, química, biología, es fundamental para el desarrollo nacional y su desarrollo en nuestro instituto es evidente y cuantificable por la producción científica que desde 1980 muestra una tendencia ascendente y por beneficios los tangibles a la sociedad como la investigación, desarrollo y producción de radiofármacos para diagnóstico y tratamiento de enfermedades, el Banco de Tejidos Radioesterilizados (BTR) que procesa y distribuye tejidos para aplicaciones clínicas, El Reactor Nuclear de Investigación TRIGA Mark III que produce radionúclidos empleados en medicina nuclear y brinda entrenamiento en la operación de reactores y técnicas nucleares a personal de la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias, de la Central Nuclear de Laguna Verde, y a estudiantes en formación de las ciencias afines. La medición precisa de la dosis de radiaciones ionizantes en áreas de investigación, salud, ambiente e industria. Fabricación de prototipos, para apoyar los proyectos de investigación científica y de desarrollo tecnológico e infraestructura del ININ.

El Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares es una institución multidisciplinaria que abarca la investigación científica, el desarrollo tecnológico, servicios tecnológicos y los servicios de apoyo, en aspectos energéticos y no energéticos, lo que refleja el impacto que la energía nuclear puede tener en innumerables aspectos de la vida cotidiana en salud, industria, generación de energía, y en el medio ambiente. En todas esas actividades el personal del ININ tiene gran experiencia y representa un mayor beneficio para la nación desarrollar programas de apoyo a esta institución más que considerar su abandono o desaparición.

Considerando los antecedentes citados y que la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de esta Cámara de Diputados dictaminará el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2017, es necesario que se fortalezca al Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares con una ampliación presupuestal de $193,854,868.00 millones de pesos.

Por las consideraciones vertidas, someto a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta respetuosamente a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público a garantizar suficiencia financiera al Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares (ININ), ya que es la institución responsable del impulso a las aplicaciones pacíficas de la energía nuclear, cuenta con instalaciones y recursos únicos en el país y ha logrado importantes resultados para el beneficio de México en áreas como: investigación básica aplicada, producción de radiofármacos; estudios del ambiente y técnicas para su mejoramiento; manejo y disposición de desechos radiactivos; mejoramiento genético de plantas y alimentos. Así como en aplicaciones energéticas en aspectos relacionados con la seguridad, funcionamiento y mejora de reactores nucleares. En la actualidad cuenta con el reconocimiento de organismos como el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y por el Organismo Internacional de Energía Atómica.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de noviembre de 2016.— Diputado Juan Romero Tenorio (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

MEDIDAS NECESARIAS PARA CORREGIR EL ALTO NIVEL DE ENDEUDAMIENTO Y SUS CONSECUENCIAS

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SHCP a tomar medidas para corregir el alto nivel de endeudamiento y sus consecuencias, a cargo del diputado Jorge Álvarez Maynez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

El suscrito, diputadoJorge Álvarez Maynez, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción IV del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, somete a consideración la siguiente proposición con punto de acuerdo mediante la cual se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a tomar las medidas necesarias para corregir el alto nivel de endeudamiento y sus consecuencias, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

El actual gobierno ha advertido constantemente, dentro y fuera del país, acerca de los peligros que trae consigo el populismo. El presidente Peña Nieto ha señalado que “la responsabilidad de gobernar es algo más que dar respuestas sencillas”. Sin embargo, la irresponsabilidad con la que se ha incrementado la deuda pública, puede calificarse como una actitud demagógica y populista.

El paquete económico propuesto ante esta Cámara de Diputados para 2017 mantiene la desigualdad, ya que privilegia el pago de intereses de la deuda pública por encima de programas estratégicos en educación, salud y cultura.

Al inicio de la gestión de esta administración, en 2012, el saldo histórico de los requerimientos financieros del sector público representaba 36.4 por ciento del producto interno bruto (PIB), mientras que para el cierre de este año se podría ubicar en 50.5 por ciento, de acuerdo con datos preliminares de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Es decir, en cuatro años de gobierno de Peña Nieto, la deuda ha crecido 14.1 puntos porcentuales. Además, el Gasto Público creció en promedio 3.6 por ciento al año, mientras que la economía sólo 2.1 por ciento.

Dicho incremento en la deuda sería el más alto desde el año 2000. En los primeros cuatro años de gobierno de Vicente Fox, la deuda se incrementó tan sólo 0.7 puntos porcentuales, pasando de 30.5 por ciento a 31.2 por ciento. Por su parte, de 2006 a 2010, durante el sexenio de Felipe Calderón, la deuda se elevó de 28.8 por ciento del PIB al 34.4 por ciento. A pesar de que el país sufría las consecuencias de la crisis financiera internacional, la deuda se incrementó 5.6 puntos porcentuales.

Por su parte, la organización México ¿cómo vamos?, señaló que la deuda pública, en el segundo trimestre de 2016, fue de 8.7 billones de pesos, lo que equivale a 45.7 por ciento del PIB. Se trató del nivel máximo en términos del PIB, desde 1990.

Un elemento que se suma a esta preocupación es lo que representará el costo financiero de haber adquirido la deuda. De acuerdo con el análisis sobre el Paquete Económico de 2017 realizado por el Centro de Investigación Económica Presupuestaria, por primera vez desde 2010, el servicio de la deuda será mayor al propio financiamiento que el gobierno federal requerirá para 2017. Mientras el primero representará 2.8 por ciento del PIB, el segundo será de 2.4 por ciento del PIB.

El Centro de Estudios de las Finanzas Públicas señala que “mientras la deuda del sector público ha registrado tasas de crecimiento superiores a 8.5 por ciento en promedio, en el periodo 2010-2016, los ingresos del sector público y el PIB lo han hecho a tasas reales de 3.8 y 3.1 por ciento en promedio, en ese orden, lo cual nos da un panorama más amplio de las implicaciones que tiene este nivel de deuda y su ritmo de crecimiento, vinculado al crecimiento del PIB y los ingresos del sector público, situación que evidencia que de continuar dicha tendencia, se pondría en riesgo la sostenibilidad de las finanzas públicas.”

El riesgo de este incremento tan acelerado en la deuda pública es que el sector público no está generando crecimiento económico y no se está aumentando la recaudación fiscal por lo que estos niveles de deuda podrían volverse inmanejables.

La situación empeora cuando se analiza cómo se ha venido ejerciendo el Gasto Público. Entre 1990 y el 2015 el Gasto Público aumentó 2 mil 296 por ciento en términos nominales, un crecimiento promedio de 13.8 por ciento por año. Es decir, el gasto total pasó de 204 mil millones de pesos a 4.9 billones. La inversión pública mantuvo una evolución positiva, sin embargo, el problema es que no produjo crecimiento. En principio como señala el economista José Luis de la Cruz, “el gasto de gobierno debería representar un factor de crecimiento y de estabilidad económica y social, algo que sólo se logra si el gasto es ejercido con un criterio de eficacia.”

El mal ejercicio del gasto público se debe a la falta de vinculación con las necesidades reales del sector productivo privado, proyectos mal evaluados y que no tienen el impacto esperado, la falta de transparencia en el ejercicio de los recursos y falta de un blindaje ante el desvío en el uso de los mismos. Un ejemplo es lo que ha dado a conocer la Auditoría Superior de la Federación el pasado 12 de septiembre, donde señala: “la auditoría practicada a los rubros de gastos y equipamiento de 2014, en vez de invertirse los recursos en el mantenimiento y operación de los penales se gastaron más de 17 millones de pesos en la adquisición de 7 camionetas tipo suburban blindadas; en promedio cada vehículo superó los dos millones de pesos.”

En ese contexto, el pasado 31 de agosto, durante la presentación del informe de inflación del tercer trimestre de 2016, el gobernador del Banco de México, Agustín Carstens, alertó sobre el deterioro de la cuenta corriente causado por el aumento de la deuda pública. Asimismo, consideró prudente que las autoridades hacendarias mantengan las medidas para controlar las finanzas públicas, a través de ajustes presupuestales.

El llamado de atención de Carstens no debe ser ignorado por las autoridades federales. Desde que asumió el poder Enrique Peña Nieto, la deuda pública ha incrementado de forma acelerada y dicho incremento no se ha traducido en crecimiento económico.

Si no se toman medidas contundentes y con la debida prudencia, la economía del país corre el grave peligro de entrar en una crisis que afectaría a millones de mexicanos. La irresponsabilidad y el mal manejo económico deben terminar cuanto antes.

Por lo anteriormente expuesto, nos permitimos someter a la consideración de esta asamblea la aprobación del siguiente:

Punto de Acuerdo

Único.El pleno de esta Cámara acuerda exhortar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a tomar las medidas necesarias para corregir el alto nivel de endeudamiento y sus consecuencias.

Notas:

1 Ímaz Gispert, Carlos, Un maestro, un populista y un presidente sin teleprompter, disponible en: http://www.jornada.unam.mx/ 2016/ 07/03/ opinion/007a1pol

2 Peña Nieto, con el endeudamiento más alto del siglo XXI, El Economista, disponible en: http://eleconomista.com.mx/finanzas-publicas/2016/08/31/pena-nieto-endeudamient o-mas-alto-siglo-xxi

3 Ibíd.

4 El nivel de deuda pública está en rojo, y no se ha traducido en crecimiento: #SemáforoEconómico, Animal Político, disponible en: http://www.animalpolitico.com/2016/09/el-nivel-de-deuda-publica-esta-en-rojo-y- no-se-ha-traducido-en-crecimiento-semaforoeconomico/

5 Con dólar a 20 pesos servicio de deuda sube $30,891 millones, El Economista, disponible en: http://eleconomista.com.mx/mercados-estadisticas/2016/09/20/dolar-20-pesos-serv icio-deuda-sube-30891-millones

6 Análisis del Paquete Económico 2017 Finanzas Públicas, Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, disponible en: http://www.cefp.gob.mx/publicaciones/documento/2016/septiembre/cefp0242016.pdf

7 Gasto público creciente pero improductivo. Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económic o.Consultado 01 de Noviembre 2016, disponible en: http://idic.mx/2016/09/19/gasto-publico-creciente-pero-improductivo/

8 Ibíd.

9 Gobernación gasta en vuelos y camionetas de lujo los recursos para mantenimiento de penales, Animal Político, Consultado 01 de Noviembre 2016, disponible en: http://www.animalpolitico.com/ 2016/ 10/ gobernacion-penales-camionetas-lujos-auditoria/

10 Alerta Banxico de los altos niveles de deuda pública, El Financiero, disponible en: http://www.elfinanciero.com.mx/economia/alerta-banxico-de-los-altos-niveles

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de octubre de 2016.— Diputado Jorge Álvarez Maynez (rúbrica).»

Se remite a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

REFUERCEN LA VIGILANCIA Y LA PREVENCIÓN EN LA COMISIÓN DE DELITOS QUE AFECTAN A AUTOMOVILISTAS EN VÍAS PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DE LA ZONA CENTRO DEL PAÍS

«Proposición con punto de acuerdo, por el cual se exhorta al Sistema Nacional de Seguridad Pública a llevar a cabo con las autoridades de seguridad pública en las entidades federativas y los municipios acciones que refuercen la vigilancia y la prevención de delitos contra automovilistas en vías primarias y secundarias de la zona centro del país, a cargo del diputado Alfredo Valles Mendoza, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza

El que suscribe, diputado Luis Alfredo Valles Mendoza, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza de la LXIII Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 79, numeral 1, fracción II y numeral 2 fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo con carácter de urgente y obvia resolución al tenor de las siguientes

Consideraciones

En México, desde hace ya algunas décadas, el robo de automóviles y la violencia asociada con este delito han sido un lastre para la sociedad; resulta lamentable tener que aceptar que cada vez son más los ciudadanos que perciben a la delincuencia como cercana. La inseguridad aumenta de forma indiscriminada, y ya no es de relevancia de quién se trate, la hora o el lugar, sino que cualquiera puede ser víctima, lo que se traduce en una sensación de vulnerabilidad.

Pese a que en los últimos 6 años en nuestro país ha habido una clara disminución del robo de automóviles con violencia, la proporción de estos hechos muestra un repunte durante este último año.

De acuerdo con las cifras que nos brinda el recientemente publicado estudio “Robo y recuperación de automóviles asegurados”, realizado por la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, el robo de vehículos y los casos de violencia relacionados al mismo creció en 8 por ciento, proporción que se ha ido agravando en algunas entidades.

El reporte en comento destaca que en el periodo septiembre 2015-agosto 2016 fueron robados 66 mil 780 automóviles, aproximadamente 4 mil 900 vehículos más en relación al periodo anterior. Asimismo, el estudio identifica que el 70 por ciento de los reportes de autos robados se realizaron en siete entidades federativas principalmente:

• Estado de México, con 20 mil 844 casos;

• Ciudad de México, con ocho mil 341 autos;

• Jalisco, con siete mil 626 unidades;

• Veracruz, con tres mil 530 robos;

• Nuevo León, con dos mil 556 casos;

• Puebla, con dos mil 418 hurtos y

• Michoacán, con dos mil 319.

Cabe destacar que tan sólo en el estado de México y la Ciudad de México durante el periodo analizado se robaron 29 mil 185 vehículos, lo que representa el 43.7 por ciento de los robos totales.

Aunado al incremento de este fenómeno social se observa un mayor uso de violencia en la sustracción de las unidades. Por lo que también se destaca que de los casos reportados, el 57 por ciento fueron realizados con violencia, tres puntos porcentuales más que un año antes, cuando se ubicaba en 54 por ciento.

Somos parte de un entorno cada vez más violento, lo que genera un profundo proceso de malestar social. Los avances, si bien son significativos, no son suficientes para disminuir y, mucho menos, erradicar la incidencia delictiva. Necesitamos centrarnos en el beneficio de nuestra sociedad, partiendo de un desarrollo integral encaminado a lograr una convivencia armónica.

Para ello, es necesario atender los focos rojos con los que nuestro medio da aviso de la ruptura del tejido social, con el firme objetivo de erradicar los actos delictivos y, en general, toda amenaza que lacere la vida en sociedad. No olvidemos que la seguridad pública es una función básica del Estado, derivada del contrato social que existe entre éste y sus ciudadanos, lo que lo convierte en un compromiso ineludible.

En razón de lo anterior, la seguridad pública se constituye como uno de los deberes de mayor relevancia dadas las condiciones actuales de nuestro país.

En Nueva Alianza resaltamos el compromiso de las autoridades por garantizar la tranquilidad de los mexicanos, lo que consiste en brindar seguridad en la lucha contra la delincuencia y la búsqueda de condiciones adecuadas que tengan como base la impartición de una educación de calidad para que los miembros de la sociedad puedan desarrollarse en un ambiente que les permita ejercer planamente sus derechos y garantías.

No debemos perder de vista que aún queda mucho por hacer. Por ello, exhortamos a las autoridades encargadas de establecer los instrumentos y políticas públicas integrales, sistemáticas, continuas y evaluables, tendientes a cumplir los objetivos y fines de la seguridad pública, a que encaminen los recursos posibles y necesarios para desactivar la inseguridad en todas sus modalidades.

Lo anterior, con base en el sustento legal que nos hereda la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 1o., que a la letra indica que: “En los Estados Unidos Mexicanos todo individuo gozará de las garantías que otorga esta Constitución, las cuales no podrán restringirse ni suspenderse, sino en los casos y con las condiciones que ella misma establece...”.

Asimismo, en el artículo 21, donde define a la seguridad pública como “...una función a cargo de la Federación, las entidades federativas y los Municipios, que comprende la prevención de los delitos; la investigación y persecución para hacerla efectiva...”.

Además, es de resaltar que una de las atribuciones que le confiere la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública al Secretario Ejecutivo del Consejo Nacional, es la de proponer políticas, lineamientos, protocolos y acciones para el buen desempeño de las Instituciones de Seguridad Pública.

Por lo expuesto y fundado en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 79, numeral 1, fracción II y numeral 2 fracciones III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a consideración de esta honorable soberanía la presente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta al secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública para que en coordinación con las autoridades responsables de la seguridad pública en las entidades federativas y municipios, se lleven a cabo acciones que refuercen la vigilancia y la prevención en la comisión de delitos que afectan a automovilistas en vías primarias y secundarias de la zona centro del país.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de noviembre de 2016.— Diputado Luis Alfredo Valles Mendoza (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Seguridad Pública, para dictamen.

GARANTIZAR SUFICIENCIA FINANCIERA AL CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO (CIAD)

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SHCP a garantizar suficiencia financiera al Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, a cargo del diputado Juan Romero Tenorio, del Grupo Parlamentario de Morena

Juan Romero Tenorio, en su calidad de diputado a la LXIII Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 3, numeral 1, fracción XIX; 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados; así como los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Primera. El Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo (CIAD) se creó por decreto presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federación el martes 22 de septiembre de 1981 y se constituyó como una empresa de participación estatal mayoritaria mediante acta constitutiva de fecha 16 de marzo de 1982. El 31 de marzo del año 2000 la asamblea de asociados autorizó la constitución del CIAD como centro público de investigación con nuevos estatutos, al amparo de la Ley para la Promoción de la Investigación Científica y Tecnológica.

El Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, AC (CIAD), desde su fundación el 16 de marzo de 1982 ha contribuido a la generación de conocimientos útiles para el avance científico, formación de recursos humanos de alto nivel, así como el desarrollo económico, social y político del estado de Sonora, de la región noroeste y de otras regiones de la República Mexicana donde tiene sus coordinaciones. Junto con los demás centros públicos de investigación dependientes del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), son después de la Universidad Nacional Autónoma de México, quienes más aportan a la ciencia, la tecnología y la innovación en el país.

Segunda. El CIADcontribuye al desarrollo sustentable y al bienestar de la sociedad en las áreas de alimentación, nutrición, salud, desarrollo regional y recursos naturales mediante la generación, aplicación y difusión de conocimiento científico-tecnológico, la innovación y la formación de recursos humanos de alto nivel.

Su visión es ser un centro público de investigación con reconocimiento internacional por su calidad científica, sus programas de posgrado, sus aportes a la innovación tecnológica y social, su contribución a la transición hacia la sociedad del conocimiento y por estar altamente vinculado a las necesidades de la sociedad y ser punto de referencia en el diseño y evaluación de políticas públicas en las áreas de alimentación, nutrición, salud, desarrollo regional y recursos naturales.

Tercera. Los objetivos del Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo se engloban en los siguientes rubros:

1. Investigación.Elevar la productividad y calidad en la generación de conocimiento científico mediante la investigación transdisciplinaria en grupos y redes. Docencia y formación de recursos humanos.Posicionar internacionalmente los programas de posgrado y mejorar la calidad y eficiencia de sus procesos. Desarrollo tecnológico.Incrementar la participación del CIAD en proyectos transdisciplinarios de desarrollo tecnológico en beneficio de la sociedad. Vinculación.Conectar el quehacer científico y tecnológico con las demandas y oportunidades para lograr un alto impacto en los sectores privado, social, gubernamental y educativo. Innovación.Lograr que los resultados de las investigaciones sean transferidos y generen valor para los sectores privado, social y gubernamental. Difusión.Consolidar la difusión de los logros y el quehacer institucional para proyectar la imagen del CIAD y fortalecer su reconocimiento social. Cultura organizacional.Promover valores, tradiciones y conceptos que fortalezcan la identidad institucional para brindar resultados eficientes a la sociedad.

2. Estructura Académica:El CIAD está constituido por doce coordinaciones de área: 1) Coordinación de Nutrición; 2) Coordinación de Ciencia de los Alimentos; 3) Coordinación de Tecnología de Alimentos de Origen Vegetal; 4) Coordinación de Tecnología de Alimentos de Origen Animal; 5) Coordinación de Desarrollo Regional; 6) Coordinación de Acuicultura y Manejo Ambiental (Mazatlán, Sinaloa); 7) Coordinación de Ciencia y Tecnología de Productos Agrícolas para Zonas Tropicales y Subtropicales (Culiacán, Sinaloa); 8) Coordinación de Aseguramiento de Calidad y Aprovechamiento Sustentable de Recursos Naturales (Guaymas, Sonora); 9) Coordinación de Fisiología y Tecnología de Alimentos de la Zona Templada (Ciudad Cuauhtémoc, Chihuahua); 10) Coordinación de Tecnología de Alimentos y Productos Lácteos (Delicias, Chihuahua); 11) Coordinación de Vinculación Social, y 12) Coordinación de Programas Académicos. De las doce coordinaciones, siete se encuentran en la ciudad de Hermosillo, Sonora, y cinco están ubicadas en diferentes puntos estratégicos del país. De ahí que los proyectos de investigación que se realizan se puedan agrupar de acuerdo a las siguientes áreas y de investigación: Líneas de Investigación

Nutrición

1: Análisis químico de materias primas, alimentos y composición de alimentos.

2. Diagnóstico y asesorías sobre el estado de nutrición y salud de comunidades o grupos especiales. Ciencia y Tecnología de Alimentos

3. Análisis Toxicológicos de Alimentos (pesticidas, metales pesados, antibióticos, aflatoxinas, hormonas) en carnes y aves para la emisión de certificados de cumplimiento con los criterios de las normas oficiales mexicanas.

4. Estudios de fisiología vegetal, postcosecha e industrialización de productos de origen vegetal.

5. Envase, empaque y vida de anaquel de alimentos.

6. Estudios y análisis requeridos para enfrentar el Programa de Inocuidad Alimentaria en el sector hortofrutícola.

7. Análisis microbiológicos y parasitológicos de alimentos.

8. Análisis fitopatológicos de cultivos vegetales.

9. Diseño e implementación de procesos y sistemas de calidad en la industria alimentaria.

10. Análisis de las propiedades reológicas de biopolímeros y alimentos.

11. Desarrollo de nuevos productos alimenticios.

12. Estudios de Adulteración de alimentos.

13. Bioquímica y biotecnología de alimentos.

Acuicultura y Manejo Ambiental

14. Patología y Nutrición de organismos acuáticos, especialmente peces y crustáceos.

15. Biotecnología de organismos marinos.

16. Tecnología de cultivo y asesorías para la instalación de granjas acuícolas.

17. Estudios en ecotoxicología, análisis de aguas, sedimentos y efluentes de granjas acuícolas.

18. Estudios sobre manejo y conservación de recursos naturales.

Alimentación y Desarrollo

19. Socio-economía de la alimentación y estudios estratégicos del agro y procesos rurales.

20. Estudios socioeconómicos de gran visión y desarrollo regional sustentable.

21. Estudios sobre salud, educación y cultura.

3. Formación de Recursos Humanos.En el CIAD existen tres subprogramas relacionados con la formación de recursos humanos:

a) Iniciación a la investigación. En este subprograma se atiende a estudiantes de licenciatura para que desarrollen sus trabajos de tesis o disertaciones bajo la tutela de nuestros investigadores.

b) Posgrado institucional. En 1984 nuestra institución inició un Programa de Maestría en Nutrición y Alimentos. En 1995 iniciamos el Programa de Doctorado Institucional al considerar que la institución había logrado consolidar su planta de investigación, así como su infraestructura analítica. Asimismo, en 2004 egresó la primera generación de 14 estudiantes en la maestría en Desarrollo Regional. Programas de posgrado registrados en el Padrón Nacional de Posgrado (PNP) y el Programa Integral de Fortalecimiento al Posgrado (PIFOP) del Conacyt.

4. Vinculación. A través de los años, el CIAD ha trabajado conjuntamente con diversas empresas involucradas en la producción de alimentos, logrando un reconocimiento por parte de los diferentes sectores productivos, mejorando sus procesos de producción y sus expectativas de comercialización.

Cuarta. A 34 años de su fundación, en el Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo mantiene un problema laboral que afecta a 460 empleadas, empleados y a sus dependientes, como lo es la carencia de acceso a los servicios de seguridad social pública, afectando con ello no sólo su derecho a la salud y a una jubilación digna, sino también el futuro de sus familias. A la fecha el CIAD tiene un déficit 339,000,000.00 millones de pesos para salud. Así también en la medida que la plantilla del personal del CIAD va adquiriendo antigüedad y edad para poder jubilarse y pensionarse por la falta de seguridad social institucional tienen una necesidad de contar con un fondo de pensiones y jubilaciones el cual asciende a 300,000,000.00 millones de pesos.

Como consecuencia de este rezago en prestaciones laborales, el Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo tal es el caso de la retabulación de plazas de su personal administrativo, recurso humano importante para su operación. Por lo que es importante se considere un corrimiento y retabulación de plazas, con el fin de que tengan una remuneración acorde a la realidad actual, pues mucho de ese personal tiene décadas con la misma plaza y para este caso se requiere de un monto de 269,952,581.00millones de pesos.

Por las consideraciones vertidas, someto a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a garantizar suficiencia financiera al Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo (CIAD), esto debido a que el Centro se dedica a la ciencia y tecnología de los alimentos tanto de origen animal como vegetal, nutrición humana y animal, desarrollo regional y sustentable quien ha logrado importantes resultados y actualmente cuenta con reconocimiento del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, actividades que inciden en el progreso y soberanía alimentaria del país.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de noviembre de 2016.— Diputado Juan Romero Tenorio (rúbrica).»

Se remite a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

CONDICIÓN DE MIGRANTES NO ACOMPAÑADOS, LA DEBIDA PROTECCIÓN A SUS DERECHOS HUMANOS Y LIBERTADES, EN EL MARCO DEL PROGRAMA INTEGRAL FRONTERA SUR

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Segob a implantar por la Coordinación para la Atención Integral de la Migración en la Frontera Sur acciones a fin de brindar a los menores de edad en condición de migrantes no acompañados la debida protección de sus derechos humanos y libertades, en el marco del Programa Integral Frontera Sur, a cargo del diputado Mariano Lara Salazar, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza

El que suscribe, diputado Mariano Lara Salazar, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza de la LXIII Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 62, numeral 2, y 79, numerales 1, fracción II y 2, fracciones I y II del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración de esta honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

El fenómeno migratorio ilegal desde Centroamérica hacia los Estados Unidos resulta una problemática transnacional que ha experimentado cuantiosos cambios en cuanto al volumen y características socioeconómicas de quienes participan en los flujos migratorios. Lo que ha derivado en profundas implicaciones en la esfera demográfica, económica y social de diversos estados del país; en específico, los que conforman la frontera sur y sus colindantes.

En los últimos quince años los desplazamientos migratorios irregulares en nuestro país se llevan a cabo en un contexto de incremento de la inseguridad, de control fronterizo extremo en la región contigua a los Estados Unidos y de continuidad de las acciones de retención de migrantes indocumentados por nuestro gobierno a lo largo del territorio nacional, situación que ha propiciado un mayor grado de vulnerabilidad de los migrantes frente a amenazas como la trata de personas, la extorsión, el robo, la violación sexual, el secuestro e, incluso, la privación de sus vidas.

En este orden de ideas, las niñas, niños y adolescentes migrantes son los más asequibles a estas problemáticas, dada su condición, además de que en la mayoría de los casos viajan solos ya sea para huir de la violencia que amenaza su vida y seguridad o, en busca de mejores oportunidades para acceder a una vida digna; en otros casos simplemente en aras de reencontrarse con sus seres queridos.

De acuerdo al Informe sobre la Problemática de Niñas, Niños y Adolescentes Centroamericanos en contexto de Migración Internacional no Acompañados en su Tránsito por México, y con Necesidades de Protección Internacional, realizado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), las niñas, niños y adolescentes centroamericanos en situación de migración no acompañada se duplicaron entre 2014 y 2015, al pasar de 10 mil 943 a 20 mil 368.

Se trata de un total 40 mil 637 niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados hasta julio del presente año, si tomamos como base el año 2014, como lo demuestra la siguiente tabla.

México ofrece protección a niñas, niños o adolescentes migrantes no acompañados, así lo establece de manera general nuestra Constitución Política en su artículo primero y, en específico, en la Ley de Migración, marco regulatorio complementario que señala la obligación del Estado mexicano a garantizar el ejercicio de los derechos y libertades de los extranjeros reconocidos en nuestra Carta Magna, en los tratados y convenios internacionales de los cuales sea parte el Estado mexicano y en las disposiciones jurídicas aplicables, con independencia de su situación migratoria.

Sin embargo, son muchos los menores de edad en esta situación que no reciben algún tipo de protección formal en nuestro país. La actuación de las autoridades encargadas de garantizar la aplicación de la ley discrepa con lo establecido en la misma, los migrantes no acompañados afrontan múltiples obstáculos.

Solo por mencionar uno de los tantos problemas, encontramos que los agentes del Instituto Nacional de Migración no informan a los niños migrantes de su derecho a solicitar el reconocimiento como refugiados, ni de la posibilidad de pedir la expedición de visas humanitarias. Con ello se contraviene lo establecido en el artículo 13 de la Ley de Migración, que a la letra advierte:

Artículo 13. Los migrantes y sus familiares que se encuentren en el territorio de los Estados Unidos Mexicanos tendrán derecho a que se les proporcione información acerca de:

I. Sus derechos y obligaciones, conforme a la legislación vigente;

II. Los requisitos establecidos por la legislación aplicable para su admisión, permanencia y salida, y

III. La posibilidad de solicitar el reconocimiento de la condición de refugiado, del otorgamiento de protección complementaria o de la concesión de asilo político y la determinación de apátrida, así como los procedimientos respectivos para obtener dichas condiciones.

[...]

Los niños nunca deberían ser detenidos como medida de control migratorio; las normas internacionales urgen a los Estados a “poner fin rápida y completamente a la detención de los niños a causa de su situación migratoria”. El cumplimiento de esta norma no significa que México deba permitir que los niños no acompañados y separados deambulen libremente por el país; por el contrario, México tiene la obligación de proporcionarles protección y cuidados adecuados.

En este tenor, resulta evidente que las autoridades actúan sin determinar ni considerar un protocolo para la protección del interés superior de la niñez, lo cual representa en sí misma una violación a sus derechos humanos y libertades, contraviniendo lo consagrado en nuestra Carta Magna.

Son diversos los esfuerzos que el gobierno federal hace para atender esta problemática. Durante la presente administración se creó la Coordinación para la Atención Integral de la Migración en la Frontera Sur, como órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Gobernación para la coordinación interinstitucional en materia migratoria a que se refiere el artículo 27, fracción XXXIII, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; asimismo dará seguimiento a la implementación de las distintas políticas públicas en materia migratoria para esta región.

Del mismo modo, este año se puso en marcha el Programa Integral Frontera Sur, que tiene por objetivo atender este asunto bajo los siguientes lineamientos:

• Mantener la seguridad en vías e instalaciones ferroviarias con mayor patrullaje y presencia del Estado para evitar la comisión de delitos

• Recuperar y rehabilitar los espacios públicos e instalaciones

• Llevar a cabo campañas de difusión

• Facilitar la movilidad humana y acercar los servicios de trámites a los países de origen de los migrantes

• Fortalecer las tareas de investigación e inteligencia, para desarticular y castigar a las redes de tráfico y trata de personas

• Promover y fortalecer las fiscalías de atención a delitos en contra de migrantes, para contar con ministerios públicos especializados

• Asegurar el acompañamiento de las comisiones estatales de Derechos Humanos, así como de organizaciones sociales al momento del traslado y retorno asistido de migrantes

• Mantener esfuerzos conjuntos con los albergues operados por la sociedad civil que asisten a los migrantes

• Brindar atención inmediata y cuidado de niñas, niños y adolescentes migrantes

Sin embargo, los esfuerzos emprendidos por el gobierno se han visto superados por la crecida ola de flujo migratorio. Por ello, urge hacer un llamado a las autoridades a quienes se les ha conferido la responsabilidad de desarrollar e implementar los mandatos que establece nuestro marco normativo en lo que respecta a los asuntos migratorios.

México dejó de ser casi exclusivamente expulsor de migrantes, las políticas migratorias del país destino (Estados Unidos) han obligado a nuestro gobierno a retener a las personas en situación de migración ilegal, cuestión que se recrudece día a día derivado del desmedido incremento en la llegada de indocumentados a territorio nacional.

La política de interceptar el flujo de migrantes ilegales procedentes de Centroamérica con destino a Estados Unidos resulta un triunfo para el gobierno estadounidense, pero en el ámbito de nuestra esfera jurisdiccional, la transferencia de responsabilidades de disciplina migratoria a nuestras autoridades ciertamente nos genera un descontrol.

Por tal motivo, urge revisar la política de retención de personas ilegales pero, sobre todo, brindar protección a las y los menores para que no se vean violentados sus derechos y libertades durante su traslado o estadía en nuestro país.

Nuestra constitución, en su artículo cuarto, establece las obligaciones del Estado en cuanto a la defensa y promoción de los derechos de la niñez:

[...] En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos [...]

En razón de lo anterior, Nueva Alianza nunca será ajeno a las problemáticas de que nuestra sociedad presenta, por ello tenemos en todo momento la firme convicción de aportar elementos que sirvan de insumo para el diseño e implementación de políticas públicas, programas e iniciativas eficientes y eficaces que estén orientadas a atender los desafíos que de ella se desprenden.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto respetuosamente a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta al Secretario de Gobernación a que implemente, a través de la Coordinación para la Atención Integral de la Migración en la Frontera Sur, las acciones conducentes para brindar a las y los menores de edad que se encuentran en condición de migrantes no acompañados, la debida protección a sus derechos humanos y libertades, en el marco del Programa Integral Frontera Sur.

Notas:

1 Comisión Nacional de Derechos Humanos, “Informe sobre la Problemática de Niñas, Niños y Adolescentes Centroamericanos en contexto de Migración Internacional no Acompañados en su Tránsito por México, y con Necesidades de Protección Internacional”

2 Ibídem

3 Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos (25 de mayo de 2011) Artículo 6 (Título II) Ley de Migración, recuperado de

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LMigra_210416.pdf

4 Presidencia de la República. (8 de julio de 2014) decreto por el que se crea la Coordinación para la Atención Integral de la Migración en la Frontera Sur. Recuperado de http://www.dof.gob.mx/nota_ detalle. php?codigo=5351463&fecha=08/07/2014

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de noviembre de 2016.— Diputado Mariano Lara Salazar (rúbrica).»

Se turna a la Comisión Asuntos Migratorios, para dictamen.

GARANTICE SUFICIENCIA FINANCIERA A LA SECRETARÍA DE CULTURA

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SHCP a garantizar suficiencia financiera a la Secretaría de Cultura, a cargo del diputado Ángel Antonio Hernández de la Piedra, del Grupo Parlamentario de Morena

El que suscribe, diputado Ángel Antonio Hernández de la Piedra integrante de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 79 numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Primera. El 10 de diciembre de 2015 la Comisión de Cultura y Cinematografía aprobó el dictamen de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, así como de otras diecinueve leyes para crear la Secretaría de Cultura.

El tercer considerando de dicho dictamen menciona que:

“En cuanto a Política Nacional en materia de Cultura, expresa su autor, esta iniciativa presidencial confirma que la cultura es una prioridad nacional y subraya que su fortalecimiento institucional es un impulso al bienestar y al desarrollo integral de los mexicanos. Que nada recompensará más a los mexicanos que, con la creación de la Secretaría de Cultura, no sólo se resguarde y conserve para las siguientes generaciones su herencia y patrimonio culturales, sino que se enriquezca en estos años. Con esta decisión se cumplirá un anhelo que ha expresado de manera reiterada la comunidad artística y cultural de México”

Menciona también que:

Será una institución mejor preparada, en suma para responder al precepto constitucional que en 2009 incorporó el derecho universal de acceso a la Cultura y el ejercicio de los Derechos Culturales como derechos humanos fundamentales. Manifiesta el titular del Ejecutivo Federal, que la Secretaría de Cultura hará suyo el Programa Especial de Cultura y Arte 2014-2018, que de acuerdo con el proceso de planeación establecido, se dio a conocer en el Diario Oficial de la Federación el 28 de abril de 2014 y quedó articulado con cinco estrategias.

La primera estrategia del citado Programa es “dar una perspectiva de equidad e inclusiones sociales a la acción cultural en su conjunto. Con nuevos programas para incrementar la aportación de la Cultura a las acciones del gobierno de la República enfocadas al desarrollo, la seguridad y la prevención social” y como tercera estrategia contempla el acceso universal a la cultura y uso d los medios digitales.

Segunda. El 17 de diciembre del mismo año, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, así como otras leyes para crear la Secretaría de Cultura.

Tercera. El 21 de diciembre Rafael Tovar y de Teresa, fue designado como secretario de Cultura.

Cuarta. El 8 de septiembre de 2016 el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Publico presentó ante el Congreso de la Unión el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación Para el Ejercicio Fiscal 2017, y en cual se reflejó una disminución presupuestaria de 30 por ciento para el Ramo 48 Cultura.

Este proyecto es contrario a lo expuesto por el Ejecutivo federal para la creación de la Secretaría de Cultura, pues al crearla, éste subrayó que el fortalecimiento institucional es indispensable para el Desarrollo Cultural del país, sin embargo a casi un año de la creación de dicha secretaría no existe Reglamento de la dependencia, ni manuales de organización que reflejen su estructura organizacional, y además de ellos se reduce el presupuesto para el ejercicio fiscal 2017.

Como consecuencia y derivado de esta propuesta en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2017, escritores, periodistas, dramaturgos y actores mostraron su posicionamiento en una carta pública con fecha del 10 de octubre de 2016 dirigida al Ejecutivo federal y en la cual manifiestan:

Pensamos que la creación de la Secretaría de Cultura era la oportunidad para recortar a la burocracia en las instituciones de arte y cultura que actualmente consume 88 por ciento del presupuesto para su operación dejando sólo 12 por ciento para la función sustantiva del nuevo organismo. De manera optimista creímos que finalmente se comprendía y se reconocía el papel fundamental del arte en la vida social de nuestro país, particularmente en el áspero trance por el que atravesamos.

Aunado a esto, organizaciones de la sociedad civil se han acercado al Grupo Parlamentario de Morena (un teatro menos) y han solicitado ser escuchados en el tenor de la misma temática: el recorte al sector cultural, haciendo hincapié en la importancia de Programas como PAICE (Programa de Apoyo a la Infraestructura Cultural de los Estados) y Foremoba (Fondo de Apoyo a Comunidades para la Restauración de Monumentos y Bienes Artísticos de Propiedad Federal) que tienen como objetivo “la creación o adaptación de nuevos recintos así como la optimización de la infraestructura cultural existente,” por otro lado el Foremoba tiene el fin de apoyar a las comunidades rurales o urbanas en la conservación y mantenimiento de bienes artísticos de propiedad federal.

Y además, el PAICE “constituye el principal mecanismo de la Secretaría de Cultura para destinar recursos económicos, orientados a construir, rehabilitar, remodelar, equipar y dar mantenimiento a inmuebles dedicados al arte y la cultura, bajo un modelo de cofinanciamiento con las entidades federativas” Por otro lado la importancia del Foremoba radica en la conservación del patrimonio cultural.

Es importante resaltar que en la Convocatoria 2015 el PAICE contó con un monto global de 300.2 millones de pesos y el Foremoba “que opera a través de la concurrencia de recursos estatales y/o municipales de las comunidades legalmente organizadas y de las fundaciones completados por recursos federales. Dicho fondo, en su convocatoria de 2015, benefició a 77 comunidades de 17 entidades federativas del país que presentaron proyectos de restauración, conservación y mantenimiento de monumentos históricos y bienes artísticos, los recursos transferidos en el mes de diciembre fueron de 23.8 millones de pesos.”

Sin embargo, con la iniciativa presentada desaparecen los etiquetados para los programas antes mencionados, son aproximadamente 324 millones de pesos que no se sabe a dónde serán destinados, pero que eran fundamentales para las entidades federativas. Es importante mencionar que en la estrategia programática del proyecto de Presupuesto de Egresos se menciona que se impulsarán las acciones del Programa de Apoyos a la Cultura, el cual comprende acciones de apoyo a la infraestructura cultural de los estados, a las culturas municipales y comunitarias, a comunidades para restauración de monumentos y bienes artísticos de propiedad federal, a festivales culturales y artísticos, a ciudades mexicanas patrimonio mundial e instituciones estatales de cultura. Sin embargo en dicho proyecto y contrario a lo que se plantea en la estrategia programática sólo se presupuestan 150 millones únicamente para ciudades patrimonio, dejando sin presupuesto a las demás acciones que contempla el Programa de Apoyos a la Cultura, y a las demás entidades federativas.

La creación de la Secretaría de Cultura implicó cambios en el ámbito administrativo organizacional e institucional, que abrirá una nueva forma de hacer política pública en materia cultural, pero para garantizar de manera efectiva los derechos culturales se deben contemplar las necesidades reales de los creadores y artistas.

Este recorte presupuestal al sector cultural es incongruente con los argumentos que se plantearon cuando surgió la necesidad de crear una Secretaría de Cultura puesto que no beneficia ni toma en cuenta las necesidades de los artistas y creadores y de la ciudadanía en general, aun cuando la satisfacción de sus derechos culturales es la primordial obligación de la secretaría.

Es de vital importancia mencionar que el artículo 4o. constitucional establece que:

Toda persona tiene derecho al acceso a la cultura y al disfrute de los bienes y servicios que presta el Estado en la materia, así como el ejercicio de los Derechos Culturales. El Estado promoverá los medios para difusión y el desarrollo de la cultura, atendiendo a la diversidad cultural en todas sus manifestaciones y expresiones con respeto a la libertad creativa. La ley establecerá los mecanismos para el acceso y participación a cualquier manifestación cultural.

La regulación del acceso a la cultura y la obligación del Estado para promover y difundir el desarrollo de la cultura son claras en la Constitución, sin olvidar la normatividad internacional que México ha suscrito.

El Estado está haciendo omisiones con su responsabilidad, pues debe dotar de lo necesario a la ciudadanía para que el desarrollo de la cultura en sus diversas manifestaciones se lleve a cabo en nuestro país. Es por todo lo antes expuesto que someto a consideración de esta soberanía los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que en el marco de sus atribuciones garantice suficiencia financiera al Programa Apoyos a la Cultura que ejecuta la Secretaría de Cultura, para que pueda cumplir con las acciones que marca su estrategia programática para 2017.

Segundo. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta al titular de la Secretaría de Cultura para que en el marco de sus atribuciones escuche a los miembros de la comunidad cultural y la ciudadanía en general y tome en cuenta sus necesidades presupuestales para el ejercicio efectivo de sus derechos culturales.

Notas:

1 Gaceta Parlamentaria. 10 de diciembre de 2015 página 6.

2 Gaceta Parlamentaria. 10 de diciembre de 2015 página 8.

3 Artistas piden a Peña Nieto revertir el recorte presupuestal del arte, la educación y la cultura, La Jornada, 5 de octubre 2016. http://www. jornada.unam.mx/2016/10/05/cultura/a05n2cul

4 Primer informe de labores. Secretaría de Cultura 2015-2016 página 69.

5 Primer informe de labores. Secretaría de Cultura 2015-2016 página 69.

6 Primer informe de labores. Secretaría de Cultura 2015-2016 página 82.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de noviembre de 2016.— Diputado Ángel Antonio Hernández de la Piedra (rúbrica).»

Se remite a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS NIÑOS Y JÓVENES CON AUTISMO, ASÍ COMO A GARANTIZAR SUS DERECHOS HUMANOS

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Ssa y a la SEP a diseñar e implantar programas y estrategias integrales tendentes a mejorar la calidad de vida de niños y jóvenes con autismo, y a garantizar sus derechos humanos, a cargo de la diputada Angélica Reyes Ávila, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza

Quien suscribe, Angélica Reyes Ávila, Diputada integrante del Grupo Parlamentario Nueva Alianza en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, numeral 1, fracción I, 62, numeral 2 y 79, numerales 1, fracción II y 2, fracciones I y II del Reglamento de la Cámara de Diputados, me permito presentar ante esta Soberanía la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo; al tenor de las siguientes

Consideraciones

El autismo es una discapacidad permanente del desarrollo que comienza en los niños antes de los tres años de edad y que deteriora su comunicación e interacción social, cuya consecuencia se refleja en un comportamiento restringido y repetitivo que se prolonga a lo largo de la vida.

En 2008, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad entró en vigor, reafirmando el principio fundamental de universalidad de los derechos humanos para todos. La Asamblea General de las Naciones Unidas declaró el 2 de abril como Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo para poner de relieve la necesidad de ayudar a mejorar las condiciones de vida de los niños y adultos que sufren este trastorno.

La tasa del autismo en todas las regiones del mundo es alta y tiene un terrible impacto en los niños, sus familias, las comunidades y la sociedad. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades Especiales (CDE), revela que el trastorno del espectro autista, TEA,afecta a los niños con más frecuencia que a las niñas.

En México, en marzo del año pasado el Senado de la República aprobó declarar el 2 de abril como “Día Nacional de la Integración de las Personas con Autismo”, y el 30 de abril se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley General para la Atención y Protección a Personas con la Condición del Espectro Autista, con el objeto de impulsar la plena integración e inclusión a la sociedad de las personas con la condición del espectro autista, mediante la protección de sus derechos y necesidades fundamentales, que les son reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales, sin perjuicio de los derechos tutelados por otras leyes u ordenamientos.

Los niños, jóvenes, adolescentes y adultos con la condición del espectro autista alcanzan cifras alarmantes, lo cual se traduce en un problema relevante. La Organización Internacional Autism Speaks revela en su Informe 2014 que, a nivel mundial, el autismo afecta a 1 de cada 68 niños, de los cuales, 1 de cada 42 son niños, por lo que los barones son casi cinco veces más propensos que las mujeres a tener autismo. En promedio, el autismo cuesta a una familia más de 60,000 dólares al año en gastos médicos, pérdida de ingresos, educación especial, atención residencial y otros servicios.

Dicha organización, con el apoyo de la Clínica Mexicana de Autismo y Alteraciones del Desarrollo (Clima), financió una encuesta/estudio de prevalencia del autismo en México, el cual revela que 1 de cada 115 niños estaría en esa condición, es decir casi uno por ciento de todos los niños en nuestro país, alrededor de 400,000, tiene autismo.

Si bien el estudio se realizó exclusivamente en León, Guanajuato, entre 2011 y 2013, pone de manifiesto la alta incidencia del autismo. Peor aún, revela que la mayoría de los niños con alguna condición del espectro autista fueron detectados en escuelas regulares y de manera por demás tardía.

De acuerdo con dicho estudio, dado a conocer en mayo, el 57.7 por ciento de los niños detectados estaba en salones de clases, mientras que el otro 42.5 sí había sido diagnosticado y se encontraba ya en programas de educación especial. Sólo poco más de 30 por ciento de los niños con autismo también presentaba alguna discapacidad intelectual.

Los autores del estudio estiman que en el rango de personas de cero a 19 años de edad hay aproximadamente 94 mil 800 individuos con trastorno autista, de entre cero y cuatro años de edad, y 298 mil, de entre cinco y 19 años.

La identificación a tiempo del niño con Trastornos del Espectro Autista es de enorme importancia, ya que permite el inicio temprano de la terapia y se consiguen resultados mejores.

Por el contrario, una atención tardía del padecimiento genera desajustes psicosociales y problemas de desintegración familiar, además de marginación social.

Otros esfuerzos institucionales realizados en nuestro país no han avanzado con la misma celeridad con la que se ha intensificado el problema. En 2008, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) elaboró las Guías Clínica y Práctica para Trastornos Generalizados del Desarrollo. Sin embargo, a la fecha, se desconoce el número de personas que han sido atendidas en esta institución y los programas orientados a la atención temprana y la protección de derechohabientes y familiares afectados.

Por su parte, la Secretaría de Salud elaboró, en 2010, un Catálogo Universal de Servicios de Salud, cuyo contenido ofrece un listado de intervenciones para los Trastornos Generalizados del Desarrollo en hospitales de primer nivel, lo que permitió en el 2012 la redacción de la Guía de Práctica Clínica, Diagnóstico y Manejo de los Trastornos del Espectro Autista, y su correspondiente Guía de Referencia Rápida.

Pese a los esfuerzos antes señalados, no se ha logrado un avance sustancial en la detección, tratamiento y manejo de los pacientes con Trastorno del Espectro Autista.

Más allá de ello, es necesario reconocer que dicha problemática no se reduce al nivel salud, sino que se extiende en todos los aspectos de la vida, pues las personas que lo padecen quedan al margen del desarrollo integral, lo que afecta la satisfacción de necesidades fundamentales tal como como la educación, la alimentación, la vivienda y el empleo. Es decir, la enfermedad conduce a la limitación de los derechos humanos.

De igual manera, es generadora de problemas económicos y desintegración familiar. Un número considerable de varones abandona el hogar al conocer la condición del hijo, situación que obliga a las madres a buscar los recursos económicos necesarios para el sostenimiento, o bien se enfrenta a la necesidad de abandonar sus empleos para poder cuidar del niño ante la falta de guarderías, de escuelas de tiempo completo y de centros de cuidado terapéutico, públicos y privados, con personal especializado.

En México no existe una institución que realice investigación científica sobre los trastornos del espectro autista, por lo que prácticamente no hay personal igualmente especializado en este rubro.

Los esfuerzos principales han venido de organizaciones de padres que intentan apoyarse para salir adelante y ayudar de la mejor manera posible a sus hijos con autismo, tal es el caso de la AUTI Fundación, en Baja California, donde se contabiliza el mayor número de niños con este padecimiento.

Lo cierto es que las políticas públicas y programas para la atención de personas en la condición autística no cubre las necesidades del problema actual en México, como la carencia de centros encargados de orientar y apoyar a padres con información suficiente para detectar señales tempranas de alerta, que faciliten un oportuno y eficaz tratamiento terapéutico.

Ello, aunado a la escasez de maestros capacitados en el adecuado manejo, integración e inclusión de niños y jóvenes con esta condición en planteles escolares públicos y privados.

Por ello, es necesario contar con la voluntad del Estado mexicano para atender y garantizar los derechos individualizados a este importante núcleo social.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto respetuosamente a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta a la Secretaría de Salud a que formule estrategias integrales tendientes a la detección y tratamiento de los niños y jóvenes que presentan el Trastorno del Espectro Autista, garantizando la atención y prestación de los servicios de salud con personal especializado y capacitado, respetando los derechos fundamentales de los pacientes.

Segundo. Se exhorta a la Secretaría de Educación Pública a diseñar e implementar programas y estrategias integrales para dar atención a los niños que presenten Trastorno del Espectro Autista; además de promover la capacitación del personal en el tratamiento de este padecimiento.

Notas:

1 https://www.autismspeaks.org/sites/default/files/docs/annual_report_9-11.pdf

2 Promoción de la salud. “Autismo, padecimiento en 1 de cada 115 niños en México”. Disponible en: http://www.promocion.salud. gob.mx/cdn/?p=19970

Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 4 días del mes de noviembre de 2016.— Diputada Angélica Reyes Ávila (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, para dictamen.

PROGRAMAS Y ESTRATEGIAS TENDIENTES A BRINDAR UNA ATENCIÓN INTEGRAL A LOS ADULTOS MAYORES

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Ssa, a la Sedesol y al Instituto Nacional de Geriatría a formular políticas públicas, programas y estrategias tendentes a brindar atención integral a los adultos mayores, a cargo de la diputada María Eugenia Ocampo Bedolla, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza

Quien suscribe, María Eugenia Ocampo Bedolla, diputada integrante del Grupo Parlamentario Nueva Alianza en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, numeral 1, fracción I, 62, numeral 2, y 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracciones I y II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, me permito presentar ante esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo; al tenor de las siguientes

Consideraciones

Nuestro país vive actualmente el fenómeno conocido como “bono demográfico”, reconocido por la enorme fuerza de trabajo de la población económicamente activa, representado por un periodo donde la estructura de la población ha experi­mentado cambios muy significativos como son la reducción de la población infantil y el aumento de la población adulta y de las personas en edades avanzadas, generalmente de 65 años y más. Al hablar de fenómeno debemos tener en cuenta que el “bono” es resultado de un proceso de cambio, vinculado a la propia transición demográfica.

El Consejo Nacional de Población (Conapo) señaló que en 1990 la población de 65 años en adelante era de 3.6 millones de habitantes, lo que representaba al 4.2 por ciento de la población total, mientras que para el año 2015 el número de adultos mayores en México ascendía a 8.2 millones de habitantes, lo cual representa el 6.8 por ciento de la población.

Estos datos nos muestran que en un lapso de 25 años, la población de adultos mayores aumentó en 4.6 millones. De acuerdo con la información de Conapo, la población de adultos mayores crecerá los mismos 4 millones pero lo hará en la mitad de tiempo, es decir, en los próximos 12 años sumarán 9.5 por ciento de la población total.

Patricia Chemor Ruiz, Secretaria General del Conapo, señaló que “cada día 2 mil 332 personas alcanzan los 65 años de edad, con lo que se ubican en el segmento poblacional de adultos mayores y, en breve, nuestro país tendrá la tasa más elevada de este crecimiento poblacional. Se estima que para el año 2050, 21.5 por ciento de la población mexicana, es decir 32 millones, tendrá 60 años o más; y que, este envejecimiento a la par del descenso de la fecundidad, será uno de los principales retos en las políticas públicas que se implementen.”

También puntualizó que “Hoy es necesario trabajar en una cultura de prevención, especialmente en los temas referentes de salud y en el fortalecimiento de los planes y programas de protección social para los adultos mayores”.

La Secretaría de Desarrollo Social en el año 2014 reconoció que en México vivían 7 millones de personas mayores de 60 años; por su parte, el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (Inapam) registró para el mismo año la existencia de 3 millones de adultos mayores entre la población económicamente activa, con un 68 por ciento de ellos desempeñándose en actividades en el sector informal, sin sueldo fijo ni prestaciones de seguridad social.

A su vez, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, señaló que en el año 2012 había 800 mil adultos mayores de 65 años en situación de pobreza extrema y que casi el 90 por ciento de esta población carecía de espacios para vivienda, mientras que 4.5 millones solo percibía ingresos inferiores a la línea de bienestar.

En general, la población mexicana en el 2015 sumó 121 millones y casi el 10 por ciento del total de esta población, es decir, 12.7 millones, correspondió a adultos mayores. Para el 2050, se prevé que seamos 151 millones de habitantes, de los cuales 21.5 por ciento serán mayores de 60 años.

En este contexto, es urgente que las instituciones y autoridades trabajen en conjunto para delinear una estrategia integral no sólo con el llamado bono demográfico de jóvenes, sino también de manera paralela, sobre el gran reto que representa la cultura del cambio demográfico de envejecimiento y atención de las personas de la tercera edad, en cuanto a los temas de salud, alimentación, ocupación, vivienda y trabajo.

En su momento, el Programa Nacional de Población 2014-2018 señaló, ante el latente proceso de envejecimiento, algunas líneas de acción, tales como: difundir datos demográficos, enfocar las políticas de desarrollo y contribuir al diseño de estrategias para atender las demandas de los adultos mayores, así como apoyar las medidas de ahorro en edades activas.

Pese a que se ha comenzado a trabajar sobre el tema, estos esfuerzos aún son insuficientes para atender el reto que significa la situación actual del país en materia de crecimiento demográfico -previsto para los próximos años-. Hoy más que nunca, es necesario implementar acciones que respondan a las necesidades que el envejecimiento poblacional representa.

Por lo anterior, y ante una mayor presencia en el país de población de personas de 60 años y más, resulta inaplazable la elaboración e implementación de políticas públicas que atiendan las necesidades más básicas de este grupo en situación de vulnerabilidad, previendo que en las próximas tres décadas más del 20 por ciento de los habitantes de México se encontrará en este rango de edad.

Es relevante señalar que se requieren políticas que permitan mejorar su calidad de vida, garantizándoles la percepción de ingresos suficientes para sobrevivir; que no carezcan de alimentación y que puedan recibir los cuidados idóneos de salud para vivir con calidad la vejez.

Seamos sensatos, si esta situación no es atendida a través del desarrollo de una política integral, los beneficios del incremento de la esperanza de vida no podrán ser aprovechados de manera plena en favor del bienestar social y económico de la población.

Muchos académicos y especialistas en estos temas advierten la necesidad de actuar de manera pronta. Blanca Peelcastre, investigadora en Ciencias Médicas del Instituto Nacional de Salud Pública, señaló durante el seminario Envejecimiento y Protección Social que: “las necesidades de salud y sociales que este crecimiento poblacional significa se deben enfrentar de manera intersectorial con protección social, pensiones y aseguramiento de buena calidad de vida, además de atender los problemas de discapacidad, aislamiento, abandono y maltrato”.

En Nueva Alianza reconocemos que existen las bases necesarias para impulsar los cambios que anhela la sociedad y exige la ciudadanía. Sin embargo, debemos aceptar que aún existen factores que deben adecuarse a los requerimientos que la realidad nos demanda.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta respetuosamente a los titulares de las Secretarías de Salud, Desarrollo Social y del Instituto Nacional de Geriatría, a que formulen políticas públicas, programas y estrategias tendientes a brindar una atención integral a los adultos mayores.

Notas:

1 La situación demográfica en México. http://www.conapo. gob.mx/work/models/Conapo/Resource/1720/1/images/1_La_Situacion_Demografica_En_ Mexico.pdf

2 Programa Nacional de Población 2014-2018. http://www.conapo. gob.mx/es/Conapo/Proyecciones

3 México envejece; para 2050, 32 millones tendrán 60 años o más, advierte Conapo. http://www.jornada.unam.mx/2015/11/22/politica/014n1pol

4 Instituto Nacional de las Personas Adultas mayores (Programa Anual de Trabajo 2015) http://www.inapam.gob.mx/work/models/Inapam/ Resource/ 188/1/images/PAT%202015(1).pdf

5 Informe de Evaluación de la Política de Desarrollo Social en México 2012 http://www.coneval.org.mx/Informes/Evaluacion/ IEPDS 2012/ Pages-IEPDSMex2012-12nov-VFinal_lowres6.pdf

6 México envejece; para 2050, 32 millones tendrán 60 años o más, Conapo http://www.jornada.unam.mx/2015/11/22/politica/014n1pol

7 Necesidades de salud para adultos mayores. https://www.insp. mx/centros/sistemas-de-salud/prensa/1179-necesidades-de-salud-para-adultos-mayo res.html

Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 4 días del mes de noviembre de 2016.— Diputada María Eugenia Ocampo Bedolla (rúbrica).»

Se remite a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, para dictamen.

ESTRATEGIA QUE REFUERCE LAS ACCIONES DISEÑADAS POR LA POLÍTICA NACIONAL EN MATERIA DE DEPORTE

«Proposición con punto de acuerdo, por el cual se exhorta a la Conade a implantar con las autoridades encargadas del deporte y la activación física en las entidades federativas una estrategia que refuerce las acciones diseñadas por la política nacional en materia de deporte, a cargo de la diputada Mirna Isabel Saldívar Paz, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza

Quien suscribe, Mirna Isabel Saldívar Paz, diputada integrante del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 62, numeral 2 y 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracciones I y II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, se permite presentar ante esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo; al tenor de las siguientes

Consideraciones

En México, la incorporación del deporte como parte del proceso de enseñanza-aprendizaje en la escuela data del siglo XIX; en 1867, al inicio del periodo conocido como la “República Restaurada”, la Ley Orgánica de Instrucción Pública de aquel entonces ya ordenaba que en la educación Primaria y Secundaria se incluyera la “educación física”. En la actualidad, dicha asignatura sigue siendo parte de los planes y programas de educación básica.

La práctica del deporte y la activación física deben ser fomentadas especialmente en los niños y jóvenes por sus efectos benéficos en la salud, así como también por lo que aporta al aprendizaje, a través del cumplimiento de reglas y a la convivencia entre iguales; asimismo, el deporte fomenta valores como la disciplina, el trabajo en equipo y el respeto al otro competidor.

En una comparación internacional entre países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, las cifras indican que entre las actividades recreativas o de ocio, el deporte es, en general, poco practicado. En la mayoría de los países analizados, con excepción de España, las personas de 15 años y más dedican menos de 10 por ciento de su tiempo de ocio al deporte.

En México, estas cifras se agravan aún más, ya que los jóvenes sólo dedican cuando mucho 5 por ciento del tiempo de ocio a alguna actividad deportiva, mientras que en España le destinan 12 por ciento; lo anterior, en función de que en nuestro país, el ver la televisión, escuchar radio y el uso de internet en casa son las actividades de ocio preferidas.

No debe descuidarse que la recreación y apertura de más espacios destinados a los jóvenes también es una nueva forma de prevenir los delitos, así como de abatir la delincuencia juvenil y las causas que propician que los jóvenes incurran en conductas antisociales, propiciando otras alternativas para que no dediquen su espacio en actividades dañinas. Por ello, para que puedan ocupar su tiempo libre de manera positiva, es preciso crear más espacios culturales y deportivos que los guíen hacia mejores formas de vida en favor de una sociedad comunitaria, que viva en armonía y paz.

Aunado a ello, la práctica del deporte fomenta en la sociedad la realización de alguna actividad física que pueda contrarrestar los efectos de enfermedades asociadas a la obesidad y el sobrepeso, así como también el trabajo en equipo entre las personas.

Por otra parte, el deporte de alto rendimiento en el país enfrenta desafíos en el ámbito de las competencias internacionales; ejemplo de ello son los resultados alcanzados en cada uno de los certámenes nacionales y en el extranjero en los que ha participado alguna delegación mexicana, basta ver el medallero de las últimas cuatro gestas olímpicas, considerando muy pocas y honrosas excepciones; lo anterior nos debe exhortar con apremio a establecer claras estrategias dirigidas a brindar información a niños, adolescentes y jóvenes que se encuentren interesados en practicar alguna disciplina deportiva, a fin de acercarlos a este estilo de vida.

La reciente participación mexicana de 125 atletas, inscritos en 27 disciplinas dentro de los Juegos Olímpicos de Rio 2016, adquirió tintes de notable decepción en la opinión pública, alcanzando prácticamente 27 sitios en sexto lugar. Asimismo, en los Juegos Paralímpicos de este año se ganaron 15 medallas, seis menos que en Londres 2012, concluyendo dichos Juegos con un total de cuatro oros, dos platas y nueve bronces, para colocarse en el lugar 29 del medallero general; desafortunadamente, obtuvo su lugar más bajo en los últimos años, al comparársele con las 21 medallas obtenidas en Londres 2012, las 20 de Beijing 2008 y las 34 conseguidas en Atenas 2004.

El acceso a la práctica del deporte en instalaciones adecuadas es un derecho de todos los ciudadanos. La promoción, así como el fomento al deporte y la cultura física, son responsabilidad del gobierno de la República, a través de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), tanto por los beneficios para la salud como los orientados a favorecer la convivencia, la cooperación, la disciplina y otros valores entre la población.

En México, mediante el decreto publicado el 24 de febrero de 2003 en el Diario Oficial de la Federación, se creó la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, como un organismo público descentralizado de la administración pública federal, la cual hasta nuestros días es la rectora de la política nacional en materia de cultura física y deporte.

Dicho organismo, en coordinación con la Secretaría de Educación Pública (SEP), integró el Programa Nacional de Cultura Física y Deporte 2014-2018, conforme a las directrices previstas en el Plan Nacional de Desarrollo, previo Dictamen de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Por su parte, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos hace referencia expresa a la cultura física y al deporte en los artículos 4o, último párrafo (Derecho a la Cultura Física y Deporte); 18, segundo párrafo (Deporte y sistema penitenciario); 73, fracción XXIX-J (Facultad del Congreso de la Unión para legislar en materia de cultura física y deporte) y 122, Apartado C y D; asimismo, en materia de planeación, la Constitución toma como base los artículos 25 y 26.

Otras disposiciones de orden público e interés social que regulan esta materia consideran la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; la Ley General de Cultura Física y Deporte; la Ley Federal de las Entidades Paraestatales; la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; la Ley de Planeación; el Presupuesto de Egresos de la Federación; el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018; el Programa Sectorial de Educación 2013-2018; el Reglamento de la Ley General de Cultura Física y Deporte; el Acuerdo por medio del cual el organismo descentralizado Conade queda agrupado en el sector coordinado por la Secretaría de Educación Pública y el Estatuto Orgánico de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, entre otros.

En todo este andamiaje normativo reside el propósito de otorgar a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte la suficiente capacidad para que, desde el inicio de sus actividades, tenga las facultades necesarias de coordinación y mando, a fin de que el deporte, en todas sus áreas de influencia se realice, promueva y practique bajo una sólida política general y una sola estrategia concertada, misma que debe estar orienta, como ya se mencionó, a cumplir los objetivos de fomentar y estimular la convivencia, cooperación y disciplina en la población, entre otros.

No puede objetarse el cumplimiento de sus objetivos, aunque sí reconocer sus limitantes, pues la práctica de alguna disciplina deportiva está disponible en toda la República Mexicana. La Conade mantiene actualizado el Registro Nacional de Infraestructura Deportiva y en todo el país se tienen registradas más de 25 mil instalaciones. Las entidades con mayor cantidad, hasta 2015, son Aguascalientes (4 mil 458); Guanajuato (3 mil 480); la Ciudad de México (3 mil 445); Chiapas (2 mil 845) e Hidalgo (mil 518). En contraste, los estados con menos instalaciones son Coahuila (675); Nuevo León (455); Guerrero (366); Querétaro (347) y Tamaulipas (160).

No obstante la necesidad de expandir la infraestructura física deportiva, alineada a los objetivos sociales que persigue la Conade, dicho organismo público descentralizado recurrentemente ve disminuido su presupuesto para el deporte y la cultura física, al grado tal que para el 2017, en términos porcentuales, el recorte será de 25 por ciento, respecto del ejercicio presupuestal del año en curso.

Después de los resultados de los atletas mexicanos en las Olimpiadas de Río de Janeiro 2016, quedó clara la necesidad de avanzar hacia un nuevo sistema que dé respuesta a las necesidades básicas en materia deportiva del país, considerando para estos propósitos la implementación de acciones coordinadas y concertadas entre los tres órdenes de gobierno, a fin de tener mayor acceso a la práctica de cualquiera de las disciplinas deportivas; el crear más instalaciones para estas prácticas, así como mejorar las instalaciones actuales, sin dejar de atender las necesidades de apoyo a deportistas de alto rendimiento mediante la eficiente canalización y asignación de los apoyos adecuados. Estas acciones, ya puestas en práctica en países con gran desempeño deportivo, tendrán como consecuencia el mejoramiento de los niveles de desempeño en todas las disciplinas.

La anterior reflexión se hace con base en ejemplos de las circunstancias vividas por los atletas nacionales, como fue el caso de Misael Rodríguez, que no sólo se hizo famoso por ganar el bronce en boxeo; también porque se vio obligado a pedir dinero en el transporte público para poder participar en los recientes Juegos Olímpicos, gracias a la falta de apoyo de las autoridades que tenían la obligación de haberle proporcionado los medios económicos necesarios para poder competir.

Tiempo después, durante el desarrollo de los Juegos Paraolímpicos, el 9 de septiembre tres atletas paralímpicas perdieron la oportunidad de participar por una medalla debido a que los directivos responsables llegaron tarde a inscribirlas.

Los ejemplos anteriores, así como los muchos dados a conocer por los medios de comunicación nacionales e internacionales, sirven para ilustrar la falta de apoyo que recibió la delegación de atletas mexicanos que participó en las Olimpiadas de Río de Janeiro este año, por parte de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, así como algunos de los factores que influyeron en la no obtención de los resultados que se esperaban en esta competición deportiva.

Es entonces que, por la falta de apoyos y becas; de recursos económicos; de personal médico, entrenadores y de los equipos de entrenamiento; uniformes; acreditación oportuna y un exceso de burocracia administrativa, se limitó a los atletas mexicanos, estancándose nuevamente el deporte de alto desempeño en México.

Lo que sucedió en Río 2016 sólo evidenció las deficiencias del sistema deportivo del país ocurridas durante años, así como las condiciones en que se encuentran y tienen que practicar y entrenarse nuestros atletas. Ante ellos y sus condiciones, nos encontramos en la ineludible responsabilidad de brindar una respuesta adecuada a las necesidades futuras, ante el inicio del nuevo Ciclo Olímpico rumbo a Tokio 2020, dado que el reto será revalorizar el deporte y situarlo como una de las prioridades del país.

No se trata de buscar culpables, ni señalar qué gobierno lo hizo mejor o peor, sino que a partir de esta lamentable experiencia, aprendamos la lección y contribuyamos en la búsqueda de soluciones, sin dejar de revisar y fortalecer el programa nacional en materia de deporte y cultura física.

Un país con más de 122 millones de habitantes no ha logrado consolidarse como una potencia en Juegos Olímpicos o competencias deportivas internacionales. Nuestra mejor participación fue en la justa olímpica de 1968, cuando obtuvieron nueve medallas. En Río, México se situó en el lugar 61 del medallero general, con cinco preseas, superado por países con menores recursos, infraestructura y apoyo deportivo como Etiopía, Fiyi o Georgia, sin mencionar que a nivel latinoamericano quedó por debajo de Brasil, Cuba, Colombia y Argentina.

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) considera al deporte como una “herramienta muy eficiente para impulsar el desarrollo, fomentar la paz y promover el cambio social”.

Si bien la actividad física no es propiamente un Objetivo de Desarrollo del Milenio impulsado por la ONU, dicho organismo declaró 2005 como el Año Internacional del Deporte y resaltó la importancia del deporte para superar las diferencias culturales y étnicas, así como un medio para mejorar la vida de las personas.

En este sentido, Nueva Alianza coincide en la importancia de fomentar la práctica del deporte como un medio eficaz en la disminución de los altos índices de sobrepeso y obesidad, a través de la masificación de la actividad física y del correcto aprovechamiento de espacios públicos, generando opciones para el uso adecuado del tiempo libre, tanto en lo individual, como en lo familiar y, así también, disminuir el sedentarismo y las adicciones.

Por ello, creemos que es urgente asegurar el manejo y destino eficaz de los recursos públicos destinados actualmente al deporte, a fin de lograr un mayor aprovechamiento de estos; garantizar la eficiencia de la inversión en el deporte nacional, mediante estrategias y acciones que, en coordinación con las entidades federativas, los municipios, y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, fortalezcan la política nacional en materia de cultura física y deporte. Del mismo modo, se debe de incentivar y apoyar el deporte en todas sus manifestaciones, a efecto de fomentar su práctica de manera masiva, regular y sistemática, contribuyendo a la integración de más niñas, niños, adolescentes y jóvenes en la iniciación deportiva, lo cual permita identificar a los mejores deportistas del país, quienes contribuyan a mejorar el deporte de alto desempeño en nuestro país, sin descuidar que nuestros atletas reciban el apoyo adecuado.

Por lo expuesto y fundado, someto respetuosamente a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte para que, en coordinación con las autoridades responsables del deporte y la activación física de los tres órdenes de gobierno de las entidades federativas, implemente una estrategia que refuerce las acciones encaminadas a asegurar el derecho de acceso a cualquier actividad deportiva en instalaciones adecuada y con los apoyos necesarios; así como promover el mejoramiento de los niveles de desempeño deportivo en todas las disciplinas del deporte federado, a fin de dar una mayor promoción y fomento del deporte y la cultura física que contribuya a mejorar la salud y el desarrollo humano de los habitantes del país.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte para que, en coordinación con las autoridades responsables del deporte y la activación física de los tres órdenes de gobierno de las entidades federativas, implemente una estrategia que garantice la eficiencia y eficacia de los recursos públicos invertidos en el deporte nacional; fortalezca la eficiencia de los programas de becas y apoyos destinados al fomento, capacitación, formación, desarrollo y subvención de especialistas, técnicos y entrenadores deportivos del país, y fomente la participación de la población con talentos específicos en el deporte selectivo, a fin de detectar potenciales talentos e impulsar su desarrollo y consolidación en el nivel de alto rendimiento.

Tercero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte para que, en coordinación con el Titular de la Secretaría de Educación Pública federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, refuercen y fortalezcan la difusión, promoción y ejecución del programa nacional de cultura física y deporte, sin estimarse que el desarrollo de las acciones emprendidas representen un impacto presupuestal adicional al establecido para el cumplimiento y seguimiento de las actividades institucionales programadas.

Notas:

1 Obsérvese el Mapa Curricular del vigente Plan y Programa de Estudio 2011, expedido por la Secretaría de Educación Pública en: http://www.curriculobasica.sep.gob.mx/index.php/plan-estudios/plan-estudios/map a-curricular-info

2 Cálculos de Fundación Este País con base en: Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), Encuesta Nacional sobre Uso del Tiempo 2009, Microdatos, 2010, www.inegi.gob.mx.

3 Jiménez Ornelas, René Alejandro. La delincuencia juvenil: fenómeno de la sociedad actual, The juvenile delinquency: phenomenon of the current society, Universidad Nacional Autónoma de México, Pap. poblac volumen 11 número 43 Toluca ene./mar. 2005.

4 Aguirre Quezada, Juan Pablo, Práctica Deportiva en México, número 27 Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, 10 septiembre 2012.

5 Saúl Trujano, México termina 29 en el medallero de Río 2016 y cede posiciones. El deporte paralímpico nacional se va con 15 preseas, seis menos que las obtenidas en Londres 2012, el 18 de septiembre de 2016 en: http://www.excelsior.com.mx/adrenalina/2016/09/18/ 1117611

6 Presidencia de la República, cuarto Informe de Gobierno, Poder Ejecutivo federal, México, 2016, en: http://www.presidencia.gob.mx/ cuartoinforme/

7 Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de diciembre de 1988.

8 Decreto por el que se aprueba el Programa Nacional de Cultura Física y Deporte 2014-2018, Secretaría de Educación Pública.

9 Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, página oficial del gobierno en http://www.gob.mx/conade

10 http://sistemas.conade.gob.mx/portalCenso/index_2.aspx

11 El recorte es de 716.6 millones, Reducirán presupuesto de Conade 25.3 por ciento de acuerdo con el proyecto de Egresos de la Federación de 2017, lunes 19 de septiembre de 2016 11:29, en:http://eleconomista.com.mx/deportes/2016/09/08/reduciran-presupuesto-conade- 253

12 Saúl Trujano, obra citada.

13 Elías Camhaji, Diego Mancera y Dabdoub Alejandro, “¿Qué le pasa al deporte en México?”, México, 2 de septiembre de 2016, ediciones El PaísSL, http://deportes.elpais.com/deportes/2016/08/27/actualidad/1472309744_847142.htm l

14 Álvarez Máynez, Jorge, Firma para exigir la renuncia de Alfredo Castillo de la Conade, Zacatecas, México, 2016, Change.org, Inc.

15 Elías Camhaji, nota citada.

16 Ídem.

17 Ídem.

18 Wilfried Lemke, “ONU destaca papel del deporte en impulso a la paz y el desarrollo”, ONU noticias, 10 de mayo de 2011. Disponible en: www.un.org

19 Presidencia de la República, cuarto Informe de Gobierno, Poder Ejecutivo Federal, México, 2016, en http://www.presidencia.gob. mx/cuartoinforme/

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de noviembre de 2016.— Diputada Mirna Isabel Saldívar Paz (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Deporte, para dictamen.

REALIZAR ACCIONES EN CONTRA DE LA UTILIZACIÓN DE CAÑONES ANTIGRANIZO Y DEMÁS SISTEMAS QUE ALTERAN LOS CICLOS NATURALES DEL AGUA EN EL ESTADO DE COLIMA

«Proposición con punto de acuerdo, por el cual se exhorta a la Semarnat y a la Profepa a realizar acciones contra la utilización de cañones antigranizo y demás sistemas que modifican los ciclos naturales del agua en Colima, a cargo del diputado Francisco Javier Pinto Torres, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza

Quien suscribe, diputado Francisco Javier Pinto Torres, integrante del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, numeral 1, fracción I; 62, numeral 2 y 79, numerales 1, fracción II y 2, fracciones I y II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta ante esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Productores agrícolas de los estados de Jalisco, Michoacán y Colima han manifestado sus quejas e inconformidades por las recientes sequías provocadas por la utilización de diversos instrumentos y métodos que a base de químicos inducen cambios en los ciclos naturales de la lluvia.

“La técnica consiste en localizar un tipo de nubes y bombardearlas con yoduro de plata desde una avioneta, desde el suelo, por medio de generadores o con cohetes, para que el agua se cristalice y mude en copos de nieve que crecen hasta llegar al peso necesario para que se precipiten en forma de lluvia a altitudes menores”.

Desde 1946 Vincent Shaefer, científico estadounidense y fundador del Centro de Investigación de Ciencias Atmosféricas, en la Universidad del Estado de Nueva York, experimentó y logró lluvia artificial.

“[...] los primeros generadores de ondas ionizantes antigranizo aparecieron al final del siglo XIX en Austria. El profesor Combicci de Bolonia Italia, emitió la primera hipótesis sobre el funcionamiento de los generadores de ondas ionizantes en 1880. Mencionó que las partículas de humo proyectadas por los generadores de ondas ionizantes podrían servir de núcleo de condensación para formar gouttelettes (gotitas). Este dictamen es el que llevó al señor Stiger a desarrollar los primeros generadores de ondas ionizantes.”

Ya sea con la utilización de chimeneas, aviones o cohetes, el objetivo es emitir a la atmosfera y a la conformación de nubes, yoduro de plata, como partícula aglutinante del agua, para que ésta vea alterado su proceso natural.

Aunado a lo anterior, la técnica de quemado del yoduro de plata con acetona líquida que utilizan los cañones antigranizo implica grandes emisiones de gases contaminantes a la atmosfera. Esto ocasiona que la lluvia se desvíe a regiones donde no se necesita y deje ciertas zonas sin agua pluvial, dando pie a sequías que afectan las cosechas. Es necesario recordar que en el territorio nacional 14.5 de las 21 millones de hectáreas dedicadas a la agricultura utilizan las lluvias de temporal para sus cultivos.

Si bien es cierto que esta práctica es común en diferentes países como Estados Unidos, Chile y China, la técnica de “siembra de nubes”, como es conocida, y la modificación de las lluvias, no están debidamente reguladas por ninguna legislación en México, por lo que debe aplicarse lo prescrito para las emisiones contaminantes a la atmósfera. Ello, atendiendo a lo establecido en el artículo 113 de la Ley General de Equilibro Ecológico y Protección al Ambiente, que a la letra señala:

“Artículo 113. No deberán emitirse contaminantes a la atmósfera que ocasionen o puedan ocasionar desequilibrios ecológicos o daños al ambiente. En todas las emisiones a la atmósfera, deberán ser observadas las previsiones de esta ley y de las disposiciones reglamentarias que de ella emanen, así como las normas oficiales mexicanas expedidas por la secretaría.”

En consecuencia, y según lo que expresa el artículo antes mencionado, las emisiones efectuadas por los cañones antigranizo y la siembra de nubes se encuentran prohibidos y es la autoridad ambiental la encargada de vigilar y regular dichas emisiones.

La siembra de nubes puede ser una tecnología de gran provecho para la agricultura del país si se emplea adecuadamente, sin dañar los intereses y derechos de terceros. Por ende, hasta que no exista una regulación en la materia y la certeza de los efectos a largo plazo, es que la autoridad ambiental debe de salvaguardar el interés legítimo de todos los productores del campo, así como el equilibrio ecológico.

En el estado de Colima la situación por falta de lluvias se ha agravado a tal punto que, el 19 de agosto del presente año, los productores agrícolas encabezados por la Organización de Productores Unidos por Colima se manifestaron ante las delegaciones de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) denunciando la utilización de cañones antigranizo por parte de productores de aguacate y de bayas de invernadero, lo que ha alejado las lluvias, provocando severos daños en los cultivos de maíz y arroz.

Arnoldo Vizcaíno Rodríguez, presidente de la organización Productores Unidos por Colima “[...] expuso que estas acciones son irregulares, pero los empresarios de berries en invernadero aluden que el exceso de humedad les genera un hongo que afecta sus plantaciones. Lo que provoca es disolver las nubes, no se deja condensar el agua y se precipite, está comprobado en comunidades de El Remate, La Caja y Buenavista [...]. El cultivo del arroz necesita grandes cantidades de agua y a finales de este mes no corre agua en los arroyos que alimentan los cultivos, ante la falta de precipitaciones pluviales”.

Ante esta situación, las y los diputados tenemos la responsabilidad de intervenir para solicitar la debida atención de las autoridades, y evitar afectaciones a los productores agrícolas del país y sus cosechas.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto respetuosamente a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, para que en el ámbito de sus atribuciones, ejecuten acciones que detengan la utilización de cañones antigranizo y otros sistemas que alteran los ciclos naturales del agua en el estado de Colima.

Notas:

1 http://www.ipsnoticias.net/2012/02/siembra-de-nubes-solucion-incierta-para-sequ ia-mexicana/

2 http://www.sistemaantigranizomexico.com/historia.asp

3 Conagua, Subdirección General de Planeación, 2013, elaborado por la Subdirección General de Administración de Agua 2013.

4 10 mil toneladas de arroz en Colima en riesgo por uso de yoduro de plata; Óscar Cervantes; periódico El Financiero; 19 de agosto de 2016.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de noviembre de 2016.— Diputado Francisco Javier Pinto Torres (rúbrica).»

Se remite a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen.