Presidencia del diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar

ASISTENCIA

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Pido a la Secretaría haga del conocimiento de esta Presidencia, el resultado del cómputo de asistencia de diputadas y diputados.

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 309 diputadas y diputados. Por lo tanto, hay quórum, presidente.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar (a las 11:46 horas): Se abre la sesión.

ORDEN DEL DÍA

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Consulte la Secretaría a la asamblea si se dispensa la lectura al orden del día.

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica, se consulta a la asamblea si se dispensa la lectura al orden del día. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Presidente, mayoría por la afirmativa. Se dispensa la lectura.

«Primer periodo de sesiones ordinarias del segundo año de ejercicio de la LXIII Legislatura.

Orden del día

Martes 15 de noviembre de 2016

Lectura del acta de la sesión anterior.

Comunicaciones oficiales

De la Junta de Coordinación Política

En relación a cambios de integrantes de comisiones y grupos de amistad.

De los diputados Verónica Delgadillo García, Manuel De Jesús Espino Barrientos, Alfredo Javier Rodríguez Dávila y Claudia Edith Anaya Mota.

Solicitan el retiro de iniciativas.

Del Congreso del Estado de Puebla

Remite dos contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados.

De la Secretaría de Gobernación

Remite tres contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados.

Remite el informe trimestral sobre la situación que guardan los Sistemas de Ahorro para el Retiro, correspondiente al periodo julio- septiembre de 2016.

De la Comisión Nacional de Derechos Humanos

Remite el estudio especial sobre la población afrodescendiente de México, a través de la encuesta intercensal 2015.

De la Cámara de Senadores

Remite Acuerdo para que los poderes Ejecutivo, Legislativo, Ejecutivo y Judicial de la Federación y de las entidades federativas, y en conjunto con los organismos públicos de protección de los derechos humanos, se fortalezca y, en su caso, se instrumenten programas de promoción, capacitación, enseñanza y actualización permanente en materia de derechos humanos dirigidos a servidores públicos, con el fin de robustecer la cultura de respeto y la vigencia de los derechos humanos.

Con el que devuelve para los efectos de la Fracción D del artículo 72 Constitucional, el expediente que contiene proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 70 de la Ley Agraria.

Con el que devuelve para los efectos de la Fracción D del artículo 72 Constitucional, el expediente que contiene proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción VI al artículo 19 de la Ley General de Desarrollo Social.

Minutas

Con proyecto de decreto por el que se adicionan los artículos 109 Ter y 109 Quáter a la Ley General de Salud.

Con proyecto de decreto por el que declara el día 11 de Abril de cada año, como el día Nacional de la Lucha contra el Parkinson.

Con proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 222 Bis del Código Federal de Procedimientos Civiles.

Con proyecto de decreto por el que se adiciona un cuarto párrafo al artículo 58 del Código Civil Federal.

Con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 246, fracción II y se adiciona un artículo 248 Ter al Código Penal Federal.

Con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 381 del Código Penal Federal, que devuelve para los efectos de la Fracción E del artículo 72 Constitucional.

Iniciativa de senador

Con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 2 y 3 de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, presentada por el senador Fernando Enrique Mayans Canabal, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Acuerdos de los órganos de gobierno

De la Junta de Coordinación Política.

Declaratoria de publicidad

De la Comisión de Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto por el que se adiciona un inciso d) a la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de centros penitenciarios.

Dictámenes a discusión de leyes o decretos

De la Comisión de Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto por el que se adicionan y reforman diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de mecanismos alternativos de solución de controversias, mejora regulatoria, justicia cívica e itinerante y registro civil.

De la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, en materia de accesibilidad.

De la Comisión de Cambio Climático, con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción II del artículo 29 de la Ley General de Cambio Climático.

De la Comisión de Justicia, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, y al Código Fiscal de la Federación.

De la Comisión de Justicia, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 153 y 154; y se deroga el 151 del Código Penal Federal.

De la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 140 y 141 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

De la Comisión de Justicia, con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción VI del artículo 15 de la Ley Federal de Defensoría Pública.

De la Comisión de Salud, con proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 125 Bis a la Ley General de Salud.

Iniciativas

Que reforma y adiciona los artículos 24 de la Ley General de Educación y 4o. de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, suscrita por los diputados Héctor Javier Álvarez Ortiz y Maricela Serrano Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Claudia Sofía Corichi García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a cargo del diputado Evelio Plata Inzunza, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 110 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, a cargo del diputado Juan Carlos Ruiz García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que adiciona los artículos 9o. de la Ley General de Cultura Física y Deporte, y 7o. de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Isaura Ivanova Pool Pech, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma los artículos 40 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y 15-C y 540 de la Ley Federal del Trabajo, a cargo de la diputada Isaura Ivanova Pool Pech, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma los artículos 56, 57, 58 y 59 de la Ley General de Educación y 21 de la Ley Reglamentaria del artículo 5o. Constitucional, Relativo al Ejercicio de las Profesiones en el Distrito Federal, a cargo de la diputada Isaura Ivanova Pool Pech, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona los artículos 46 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y 61-Bis y 66-Bis de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Lucia Virginia Meza Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 51 de la Ley General de Desarrollo Social, a cargo de la diputada Lucia Virginia Meza Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que adiciona el artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado David Jiménez Rumbo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que expide la Ley General de Propaganda Gubernamental y Comunicación Social Reglamentaria del artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y se adiciona el artículo 1o. de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, a cargo de la diputada Isaura Ivanova Pool Pech, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que adiciona el artículo 113 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, a cargo del diputado Christian Joaquín Sánchez Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Educación, a cargo del diputado Óscar Valencia García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y del Código Penal Federal, a cargo del diputado Juan Antonio Ixtlahuac Orihuela, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 67 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, a cargo de la diputada Evelyn Parra Álvarez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 16 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, a cargo de la diputada Kathia María Bolio Pinelo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona los artículos 170 de la Ley Federal del Trabajo y 28 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 Constitucional, a cargo de la diputada Alma Carolina Viggiano Austria, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Benjamín Medrano Quezada, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 52 de la Ley de Aviación Civil, a cargo del diputado Francisco Saracho Navarro, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 33 de la Ley General de Educación, a cargo del diputado Gianni Raúl Ramírez Ocampo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales, suscrita por la diputada Mariana Benítez Tiburcio y César Camacho Quiroz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 43 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Santiago Torreblanca Engell, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y deroga diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión y de la Ley Federal de Competencia Económica, a cargo del diputado Rafael Hernández Soriano, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 366 del Código Nacional de Procedimientos Penales, a cargo del diputado Santiago Torreblanca Engell, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma los artículos 51 y 73 de la Ley General de Partidos Políticos, suscrita por las diputadas Laura Nereida Plascencia Pacheco y Erika Araceli Rodríguez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 46, 49 y 50 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, suscrita por las diputadas Laura Nereida Plascencia Pacheco y Erika Araceli Rodríguez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, suscrita por las diputadas Laura Nereida Plascencia Pacheco y Erika Araceli Rodríguez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 47 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, a cargo del diputado Christian Joaquín Sánchez Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que adiciona el artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Juan Carlos Ruiz García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 139 de la Ley de la Industria Eléctrica, a cargo del diputado Efraín Arellano Núñez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona los artículos 150 y 154 Bis a la Ley del Seguro Social, suscrita por el diputado César Alejandro Domínguez Domínguez y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 2o., 22 y 67 de la Ley General de Sociedades Cooperativas, a cargo del diputado Francisco Martínez Neri, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que adiciona el artículo 149 Quáter del Código Penal Federal, a cargo del diputado David Jiménez Rumbo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona los artículos 187 Bis y 420 de la Ley General de Salud, a cargo del diputado David Jiménez Rumbo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que adiciona los artículos 21 y 42 de la Ley General de Educación, a cargo de la diputada Lluvia Flores Sonduk, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que expide la Ley de la Agencia Mexicana del Servicio de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agrícola, Pecuaria, Agroforestal, Pesquera y Acuícola, y reforma los artículos 92, 93, 94 y 96 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, a cargo del diputado Evelio Plata Inzunza, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona los artículos 23, 26 y 30 de la Ley Agraria, a cargo de la diputada Ruth Noemí Tiscareño Agoitia, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, a cargo de la diputada Guadalupe González Suástegui, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona el artículo 5o. de la Ley de Asistencia Social, a cargo del diputado Juan Carlos Ruíz García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Adriana Terrazas Porras, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma diversas disposiciones de la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro y de la Ley General de Educación, a cargo del diputado Germán Escobar Manjarrez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma diversas disposiciones del Reglamento de la Cámara de Diputados, a cargo de la diputada Refugio Trinidad Garzón Canchola, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma el artículo 458 del Código Nacional de Procedimientos Penales, a cargo del diputado Ricardo Ramírez Nieto, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Ricardo Ramírez Nieto, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del Decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 75, 115, 116, 122, 123 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el DOF el 24 de agosto de 2009, a cargo del diputado Juan Carlos Ruiz García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 60 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, a cargo de la diputada Gretel Culin Jaime, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que adiciona el artículo 4o. de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, a cargo del diputado Ricardo del Rivero Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que adiciona el artículo 15 de la Ley del Seguro Social, a cargo de Dip. Yerico Abramo Masso, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 45 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, a cargo del diputado Wenceslao Martínez Santos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 8o. de la Ley Federal de Derechos, suscrita por los diputados integrantes de la Comisión de Turismo.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, a cargo del diputado Carlos Alberto de la Fuente Flores, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona el artículo 212 de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Lluvia Flores Sonduk, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que adiciona un artículo 16 Bis a la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 Constitucional, a cargo de la diputada María Candelaria Ochoa Avalos, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma los artículos 3o. y 45 Bis de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, a cargo de la diputada Adriana del Pilar Ortiz Lanz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que abroga la Ley en Favor de los Veteranos de la Revolución como Servidores del Estado, a cargo de la diputada Eloisa Chavarrias Barajas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 109 de la Ley del Seguro Social, a cargo de la diputada Emma Margarita Alemán Olvera, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que expide la Ley Federal de Gobierno de Coalición, Reglamentaria de los Artículos 76 y 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Omar Ortega Álvarez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 12 de la Ley de Ayuda Alimentaria para los Trabajadores, a cargo del diputado José Adrián González Navarro, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona el artículo 11 de la Ley de Coordinación Fiscal, a cargo del diputado Candelario Pérez Alvarado, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a cargo de la diputada María Candelaria Ochoa Avalos, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma el artículo 22 de la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, a cargo de la diputada Sofía del Sagrario de León Maza, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que deroga los párrafos octavo y noveno del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada María Concepción Valdés Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por los diputados María Elena Orantes López del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, Kathia Bolio Pinelo del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, Carlos Sarabia Camacho, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, Alberto Martínez Urincho del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática y Edgar Spinoso Carrera, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Que reforma el artículo 6o. de la Ley General de Salud, a cargo del diputado Pedro Luis Noble Monterrubio, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 3o. de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Ma. Victoria Mercado Sánchez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que adiciona los artículos 132 de la Ley Federal del Trabajo y 196 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, a cargo de la diputada María Bárbara Botello Santibáñez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona el artículo 2o. de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, a cargo del diputado Germán Ernesto Ralis Cumplido, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que adiciona diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, a cargo del diputado Jorge Enrique Dávila Flores, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 2o. de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, a cargo del diputado René Cervera García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma los artículos 2o. y 10 y deroga el artículo 2o. -C de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, a cargo del diputado René Cervera García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma y adiciona el artículo 171 de la Ley Federal del Trabajo, a cargo de la diputada María del Rocío Rebollo Mendoza, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 2o. de la Ley de Coordinación Fiscal, a cargo del diputado Sergio López Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Premios, Estímulos y Recompensas Civiles, a cargo del diputado Alejandro González Murillo, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.

Que reforma el artículo 191 de la Ley Federal de Derechos, a cargo del diputado Jesús Antonio López Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que adiciona el artículo 381 del Código Penal Federal y reforma el artículo 2o. de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, a cargo del diputado José Luis Orozco Sánchez Aldana, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 226 de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Marbella Toledo Ibarra, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que adiciona el artículo 79 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Armando Luna Canales, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 109 Bis de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, a cargo del diputado Juan Carlos Ruiz García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo, a cargo de la diputada Norma Xochitl Hernández Colín, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma y adiciona el artículo 17 Bis de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Claudia Sofía Corichi García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma los artículos 192-D, 224 y 282 de la Ley Federal de Derechos, suscrita por los diputados Pedro Luis Noble Monterrubio, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y Cesáreo Jorge Márquez Alvarado, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Que reforma y adiciona los artículos 3o. y 123 de la Ley de la Industria Eléctrica, a cargo del diputado Juan Carlos Ruiz García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona los artículos 17 y 18 de la Ley Agraria, a cargo del diputado Pedro Luis Noble Monterrubio, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que adiciona el artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Santiago Torreblanca Engell, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 7-Bis de la Ley Federal de Protección al Consumidor, a cargo de la diputada María García Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona los artículos 3o., 78 y 85 del Reglamento de la Cámara de Diputados, a cargo de la diputada Erika Araceli Rodríguez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que adiciona los artículos 54 y 107 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a cargo de la diputada Maricela Contreras Julián, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 159 Bis 3 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, a cargo del diputado Juan Carlos Ruiz García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma los artículos 3o., 6o., 104 y 112 de la Ley General de Salud, a cargo del diputado Rafael Hernández Soriano, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma los artículos 6o., 9o. y 10 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, a cargo de la diputada Karina Sánchez Ruiz, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.

Que adiciona el artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que adiciona el artículo 2o. de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, a cargo del diputado Jesús Salvador Valencia Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 5o. de la Ley de Ciencia y Tecnología, a cargo de la diputada Ana Guadalupe Perea Santos, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.

Que reforma los artículos 55, 82 y 130 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 12 y 14 de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, a cargo del diputado Hugo Eric Flores Cervantes, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.

Que reforma y adiciona los artículos 57 y 58 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y 7o. y 33 de la Ley General de Educación, a cargo del diputado Tomás Roberto Díaz Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 34 de la Ley General de Cambio Climático, a cargo del diputado Tomás Roberto Díaz Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que adiciona el artículo 17 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Ricardo Ramírez Nieto, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Cultura Física y Deporte, a cargo del diputado Pedro Luis Noble Monterrubio, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 11 y 40 de la Ley Orgánica de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero, a cargo del diputado Antonio Tarek Abdala Saad, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

De decreto por el que se declara el 30 de mayo como Día Nacional de las Personas Sobredotadas, a cargo del diputado Germán Ernesto Ralis Cumplido, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que adiciona el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por los diputados Ruth Noemí Tiscareño Agoitia, César Camacho Quiroz y Jorge Carlos Ramírez Marín, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que adiciona el artículo 107 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a cargo del diputado José Adrián González Navarro, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que adiciona el artículo 302 Bis del Código Penal Federal, a cargo de la diputada Ma. Victoria Mercado Sánchez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que adiciona el artículo 10 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, a cargo de la diputada Mónica Rodríguez Della Vecchia, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 10 de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, a cargo de la diputada Marbella Toledo Ibarra, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma los artículos 89, 94, 97, 99 y 100 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada María Eloísa Talavera Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona los artículos 52, 52 Bis, 52 Ter y 52 Quáter a la Ley de Aviación Civil, a cargo de la diputada Alicia Guadalupe Gamboa Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional

Que reforma y adiciona los artículos 12, 14, 54, 55 y 59 de la Ley General de Educación, suscrita por las diputadas Adriana del Pilar Ortiz Lanz y Yulma Rocha Aguilar, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 27 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, a cargo del diputado Francisco Saracho Navarro, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 1o. de la Ley General de Víctimas, suscrita por los diputados Armando Luna Canales y Julieta Fernández Márquez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 67 de la Ley General de Víctimas, suscrita por los diputados Julieta Fernández Márquez y Armando Luna Canales, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 5o. de la Ley de Caminos Puentes y Autotransporte Federal, a cargo del diputado Baltazar Martínez Montemayor, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que adiciona los artículos 10 Quinquies y 10 Sexies a la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, a cargo de la diputada Maricela Contreras Julián, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona los artículos 1o. y 9o. de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, a cargo de la diputada Gretel Culin Jaime, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, a cargo del diputado Sergio López Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 222 de la Ley del Seguro Social, a cargo de la diputada Mirza Flores Gómez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que adiciona el artículo 3o. de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Ricardo Ramírez Nieto, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional

Que reforma el artículo 14 de la Ley del Servicio de Administración Tributaria, a cargo del diputado José Adrián González Navarro, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, a cargo del diputado Sergio López Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que expide la Ley General para la Atención de las Personas en Situación de Desplazamiento Interno, suscrita por el diputado Enrique Zamora Morlet y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Que reforma el artículo 10 de la Ley del Mercado de Valores, a cargo del diputado Salvador Zamora Zamora, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que adiciona el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, a cargo del diputado Ricardo Ramírez Nieto, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que adiciona un artículo 20 Bis a la Ley General de Protección Civil, a cargo del diputado Sergio López Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma diversas disposiciones de la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados, a cargo del diputado Salvador Zamora Zamora, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Maricela Contreras Julián, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma los artículos 6o., 14, 15 y 154 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, suscrita por la diputada Martha Lorena Covarrubias Anaya y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Marco Antonio Gama Basarte, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma los artículos 19 y 20 de la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, a cargo de la diputada Martha Lorena Covarrubias Anaya, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que adiciona los artículos 60 y 171 de la Ley Federal del Trabajo, a cargo de la diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que expide la Ley de Elementos Fundamentales de Seguridad para Vehículos Automotores Nuevos, a cargo del diputado Alfredo Javier Rodríguez Dávila, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que adiciona el artículo 20 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por las diputadas María Guadalupe Oyervides Valdez y Ana María Boone Godoy, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 170 de la Ley Federal del Trabajo, 101 de la Ley del Seguro Social, y 28 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado b) del Artículo 123 Constitucional, a cargo de la diputada Jisela Paes Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 4o. de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, a cargo de la diputada Maricela Contreras Julián, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el párrafo tercero del artículo 50 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, a cargo de la diputada Araceli Damián González, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma el artículo 15-A de la Ley Federal del Trabajo, a cargo del diputado Luis Ernesto Munguía González, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma y adiciona los artículos 6o., 19 y 36 de la Ley General de Desarrollo Social, a cargo del diputado Alejandro González Murillo, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.

Que reforma y adiciona los artículos 2o., 5o., 30 y 91 de la Ley General de Cultura Física y Deporte, a cargo de la diputada Adriana Elizarraráz Sandoval, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma los artículos 3o. y 10 de la Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo, a cargo de la diputada María Concepción Valdés Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que adiciona los artículos 287 Bis y 287 Ter al Código Penal Federal, a cargo del diputado Germán Ernesto Ralis Cumplido, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Con proyecto de Decreto por el que se declara el 25 de marzo de cada año, Día Nacional del Niño por Nacer, a cargo de la diputada Norma Edith Martínez Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.

Que reforma diversas disposiciones de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, a cargo del diputado Alfredo Javier Rodríguez Dávila, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona el artículo 47 de la Ley General de Educación, a cargo del diputado Germán Ernesto Ralis Cumplido, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

De Decreto por el que se declara el 12 de noviembre de cada año, “Día Nacional de la Cultura”, a cargo de la diputada Brenda Velázquez Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma los artículos 331, 332, 333, 334, 335, 337; se adiciona el 332 Bis y deroga el 336 de la Ley Federal del Trabajo, a cargo de la diputada Mirza Flores Gómez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Alejandro Armenta Mier, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 2o. y 4o. de la Ley Orgánica del Seminario de Cultura Mexicana, a cargo de la diputada Eloisa Chavarrias Barajas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Aviación Civil, a cargo de la diputada Rosa Alba Ramírez Nachis, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma y adiciona los artículos 36, 39 y 50 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, a cargo del diputado Alfredo Anaya Orozco, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 14 Bis 5 y 14 Bis 6 de la Ley de Aguas Nacionales, a cargo de la diputada Guadalupe González Suástegui, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que adiciona el artículo 2-A de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, a cargo del diputado Alfredo Anaya Orozco, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona los artículos 13, 18, 19 y 60 de la Ley General de Cultura Física y Deporte, a cargo del diputado José Adrián González Navarro, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 67 de la Ley General de Salud, a cargo del diputado Fernando Quetzalcóatl Moctezuma Pereda, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que adiciona el artículo 30 Bis de la Ley Reglamentaria del Artículo 5o. Constitucional, Relativo al Ejercicio de las Profesiones en el Distrito Federal, a cargo del diputado Marco Antonio Gama Basarte, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona los artículos 171 y 172 del Código Penal Federal, a cargo del diputado Juan Manuel Cavazos Balderas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 100, 103 y 110 de la Ley General de Cultura Física y Deporte, a cargo de la diputada María García Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional,

Que reforma el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Próspero Manuel Ibarra Otero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que adiciona el artículo 5o. de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, a cargo de la diputada Lluvia Flores Sonduk, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 19-B de la Ley Federal de Derechos, a cargo del diputado Luis Alfredo Valles Mendoza, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza.

Que reforma el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Waldo Fernández González, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que adiciona el artículo 61 Bis de la Ley Federal del Trabajo, suscrita por los diputados Ma. Victoria Mercado Sánchez y Carlos Lomelí Bolaños, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, a cargo del diputado Gustavo Adolfo Cárdenas Gutiérrez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma los artículos 34 y 72 de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, a cargo del diputado Mariano Lara Salazar, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza.

Que adiciona los artículos 209 Quáter al Código Penal Federal y 49 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a cargo del diputado Javier Guerrero García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona los artículos 23, 45 y 122 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Renato Josafat Molina Arias, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma y adiciona los artículos 2o. y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Lillian Zepahua García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que adiciona el artículo 13 y un Capítulo Vigésimo al Título Segundo de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a cargo del diputado José Máximo García López, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma los artículos 335 y 336 del Código Penal Federal, a cargo del diputado Armando Soto Espino, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que adiciona el artículo 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, a cargo del diputado Renato Josafat Molina Arias, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que deroga la fracción II del artículo 38 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y reforma el artículo 46 del Código Penal Federal, a cargo del diputado Jorge Álvarez Maynez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que expide la Ley General sobre los Derechos, la Cultura y el Desarrollo de las Comunidades Afromexicanas, a cargo de la diputada Lillian Zepahua García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que expide la Ley de Retiro para los ex Presidentes de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Francisco Martínez Neri, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona los artículos 308 y 315 del Código Civil Federal, a cargo del diputado Guillermo Rafael Santiago Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que adiciona el artículo 27 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, a cargo de la diputada Angie Dennisse Hauffen Torres, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma los artículos 79 y 82 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, a cargo del diputado Braulio Mario Guerra Urbiola, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

De Decreto que declara el 6 de noviembre de cada año como Día Nacional del Perro de Asistencia, a cargo de la diputada Kathia María Bolio Pinelo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por los diputados Juan Romero Tenorio y Rodrigo Abdala Martínez, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma el artículo 40 de la Ley de Vías Generales de Comunicación, a cargo de la diputada Angie Dennisse Hauffen Torres, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma el artículo 381 Bis del Código Penal Federal, a cargo del diputado Efraín Arellano Núñez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción y de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, a cargo del diputado Gustavo Adolfo Cárdenas Gutiérrez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Desarrollo Social, a cargo del diputado Moisés Guerra Mota, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que adiciona el artículo 42 Bis a la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, suscrita por los diputados Ma. Victoria Mercado Sánchez y Carlos Lomelí Bolaños, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma el artículo 13 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a cargo de la diputada Marbella Toledo Ibarra, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que adiciona los artículos 12 de la Ley General de Educación y 7 Bis de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, a cargo del diputado David Sánchez Isidoro, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y deroga diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión y de la Ley Federal de Competencia Económica, a cargo del diputado Rafael Hernández Soriano, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 25 de la Ley de Coordinación Fiscal, a cargo del diputado Javier Octavio Herrera Borunda y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Que reforma la denominación de la Ley de la Economía Social y Solidaria, Reglamentaria del Párrafo Octavo del Artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo referente al sector social de la economía, a cargo de la diputada Norma Xochitl Hernández Colín, del Grupo Parlamentario de Morena.

De Decreto por el que se declara el 19 de abril de cada año, Día Nacional de la Bicicleta, a cargo del diputado Jonadab Martínez García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que adiciona un artículo 113 Bis a la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Adriana Terrazas Porras, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y deroga diversas disposiciones de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, a cargo de la diputada Natalia Karina Barón Ortiz, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 59 de la Ley de la Industria Eléctrica, a cargo del diputado Cándido Ochoa Rojas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Que reforma el artículo 27 de la Ley de Coordinación Fiscal, a cargo de la diputada Mariana Trejo Flores, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma y adiciona los artículos 3o., 8o. y 11 de la Ley para Impulsar el Incremento Sostenido de la Productividad y la Competitividad de la Economía Nacional, a cargo de la diputada Azul Etcheverry Aranda, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Militar de Procedimientos Penales, a cargo de la diputada Cristina Ismene Gaytán Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que adiciona el artículo 41 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, y reforma los artículos 201 y 205 de la Ley del Seguro Social, a cargo de la diputada Jorgina Gaxiola Lezama y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Que adiciona diversas disposiciones del Código Civil Federal, a cargo de la diputada Alma Carolina Viggiano Austria, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Agustín Francisco de Asís Basave Benítez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que adiciona el artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Que reforma y adiciona los artículos 72 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Agustín Francisco de Asís Basave Benítez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que adiciona el artículo 6 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a cargo de la diputada Araceli Madrigal Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que expide la Ley General de Inclusión, Participación y Desarrollo Integral de las Juventudes, a cargo del diputado Rafael Hernández Soriano, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Con proyecto de Decreto por el que se declara el 11 de octubre como Día Nacional de Combate al Contrabando y Delitos en Materia de Derechos de Autor, a cargo del diputado Waldo Fernández González, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma los artículos 36 y 40 de la Ley de Asistencia Social, a cargo de la diputada Olga Catalán Padilla, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 46 y adiciona un artículo 55 Ter de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, a cargo de la diputada Erika Araceli Rodríguez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que expide la Ley Reglamentaria del artículo 88 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Cecilia Romero Castillo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por el diputado Alberto Martínez Urincho y diversos diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que adiciona el artículo 17 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, suscrita por el diputado Jesús Sesma Suárez y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Que reforma el artículo 112 de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Alicia Barrientos Pantoja, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que adiciona el artículo 34 Ter de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma los artículos 108 del Código Nacional de Procedimientos Penales y 421 del Código Penal Federal, a cargo de la diputada Erika Araceli Rodríguez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 3o., 8o. y 10 de la Ley General de Desarrollo Social, a cargo de la diputada Gabriela Ramírez Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que adiciona el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por la diputada Maricela Contreras Julián y diputados integrantes de diversos Grupos Parlamentarios.

Que adiciona los artículos 5o., 7o., 8o. y 17 Bis de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, suscrita por la diputada Lorena Cortés Valdés y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Que adiciona el artículo 65 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, suscrita por los diputados Claudia Sofía Corichi García y Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que adiciona el artículo 60 Bis 3 a la Ley General de Vida Silvestre, a cargo de la diputada Erika Araceli Rodríguez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 65 de la Ley General de Educación, a cargo de la diputada Rocío Matesanz Santamaría, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona los artículos 2o., 13 y 68 de la Ley General del Servicio Profesional Docente, a cargo del diputado Francisco Martínez Neri, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que adiciona los artículos 75 y 76 de la Ley General de Educación, a cargo del diputado Jonadab Martínez García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma y adiciona los artículos 3o. y 6o. de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Edith Anabel Alvarado Varela, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona los artículos 33, 995 y 1004 Bis de la Ley Federal del Trabajo, a cargo de la diputada Tania Victoria Arguijo Herrera, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a cargo de la diputada Noemí Zolia Guzmán Lagunes, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma diversas disposiciones de la Ley de Planeación, a cargo de la diputada Noemí Zolila Guzmán Lagunes, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que expide la Ley General para Fomentar la Donación Altruista de Alimentos, a cargo del diputado Daniel Torres Cantú, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Efeméride con motivo del Día Mundial de la Diabetes, a cargo de los grupos parlamentarios.

Proposiciones de urgente u obvia resolución

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Conagua, a elaborar los proyectos ejecutivos de las obras necesarias para la recarga del acuífero de La Paz, a fin de abatir el déficit creciente que presenta, para detener su salinización, así como a revisar el acuerdo de disponibilidad media anual del acuífero de La Paz y El Carrizal, suscrito por la diputada Jisela Paes Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Proposiciones

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobierno del estado de México, a observar en la elaboración y ejecución de políticas públicas en materia de seguridad, prevención y justicia, los principios de igualdad jurídica entre la mujer y el hombre; el respeto a la dignidad humana de las mujeres; la no discriminación, y la libertad de las mujeres, a cargo del diputado Carlos Bello Otero, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Con punto de acuerdo relativo al cumplimiento inmediato del programa especial emergente de apoyo a productores veracruzanos, a cargo de la diputada Natalia Karina Barón Ortiz, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Con punto de acuerdo relativo a la reinstalación de la sede del ayuntamiento y los poderes políticos de San Cristóbal de las Casas, en el edificio del Palacio municipal de dicha ciudad, a cargo del diputado Guillermo Rafael Santiago Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Morena.

Con punto de acuerdo relativo a los preparativos necesarios para la atención y protección de la población ante los riesgos ocasionados por bajas temperaturas, a cargo de la diputada María Elena Orantes López, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores, a suscribir convenios con la Cámara de Diputados, Senadores y Congresos de las entidades federativas, con el fin de considerar a los trabajadores con el régimen de honorarios asimilados al salario, como sujetos de créditos, a cargo de la diputada Eloísa Chavarrías Barajas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Con punto de acuerdo relativo a la ejecución de trabajos pendientes hasta su conclusión de proyectos de infraestructura carretera en el estado de Oaxaca, a cargo de la diputada Natalia Karina Barón Ortiz, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal y al gobierno de la CDMX, a declarar la alerta de violencia de género contra las mujeres en la ciudad, a cargo de la diputada Xóchitl Hernández Colín, del Grupo Parlamentario de Morena.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, a efecto de que instruya a los titulares y funcionarios de las dependencias de la Administración Pública correspondientes, a concluir el proceso que señala el artículo 6 de la Ley sobre la Celebración de Tratados, respecto a la ratificación del Convenio 189 de la OIT sobre trabajadoras y trabajadores domésticos, a cargo de la diputada Karina Padilla Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Con punto de acuerdo relativo a la integración de los habitantes de los ejidos del área de protección de flora y fauna nevado de Toluca, en el estado de México, en los proyectos de conservación del mismo, con el objetivo de mejorar su situación económica y social, así como promover el aprovechamiento sostenible y diversificado de los recursos naturales, a cargo del diputado Omar Ortega Álvarez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SEP, al Conafe y a la Sedesol, para que difundan a la opinión pública, datos sobre el ejercicio de los recursos públicos otorgados, así como el estado y avances en la política, programas y acciones públicas dirigidas a los niños, niñas y adolescentes de familias de jornaleros agrícolas migrantes, a cargo de la diputada Rocío Matesanz Santamaría, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Con punto de acuerdo relativo a los conflictos agrarios en los poblados de Chapa de Mota, Santa María Magdalena Cahuacán, Transfiguración Monte Alto y Nicolás Romero, todos en el estado de México, a cargo del diputado José de Jesús Zambrano Grijalva, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Efemérides

Con motivo del 14 de noviembre, aniversario de la Aprobación de la Igualdad Jurídica de la Mujer, a cargo de la diputada Karen Hurtado Arana, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Con motivo del 15 de noviembre, Día Mundial del Reciclaje, a cargo de diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Con motivo del 14 de noviembre, Día Mundial de la Diabetes, a cargo de la diputada María Elena Orantes López, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Con Motivo del 16 de noviembre, Día Internacional para la Tolerancia, a cargo de la diputada Mirza Flores Gómez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.»

ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la sesión anterior. Pido a la Secretaría consulte a la asamblea si se dispensa su lectura.

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se dispensa la lectura al acta de la sesión anterior. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría por la afirmativa, presidente. Se dispensa su lectura.

«Acta de la sesión de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, celebrada el jueves diez de noviembre de dos mil dieciséis, correspondiente al Primer Periodo de Sesiones Ordinarias del Segundo Año de Ejercicio de la Sexagésima Tercera Legislatura.

Presidencia del diputadoEdmundo Javier Bolaños Aguilar

En el Palacio Legislativo de San Lázaro de la capital de los Estados Unidos Mexicanos, sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con una asistencia de cuatrocientos cincuenta y cinco diputadas y diputados, a las diecinueve horas con veintiocho minutos del jueves diez de noviembre de dos mil dieciséis, la Presidenta declara abierta la sesión.

En votación económica se dispensa la lectura al Orden del Día, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria; del mismo modo se dispensa la lectura del acta de la sesión anterior, y no habiendo oradores registrados, en votación económica se aprueba.

Se da cuenta con Comunicaciones Oficiales:

a) De la Mesa Directiva, oficio por la que comunica modificación de turno a la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a verificar los trabajos de construcción del tramo Atizapán-Atlacomulco, como parte de la carretera México-Guadalajara, a fin de que se concluyan con la mayor brevedad, presentada por la diputada Ingrid Krasopani Schemelensky Castro, del Partido Acción Nacional, el once de octubre de dos mil dieciséis. Se turna a la Comisión de Infraestructura, para dictamen. Actualícense los registros parlamentarios.

b) De la Cámara de Senadores, con la que remite iniciativas con proyecto de decreto:

• Por el que se reforma el quinto párrafo del artículo doscientos treinta y nueve de la Ley Federal de Derechos, presentada por el senador Benjamín Robles Montoya, del Partido de la Revolución Democrática.

• Por el que se reforman los artículos veintisiete, y ciento cincuenta y uno de la Ley del Impuesto sobre la Renta, presentada por el senador Carlos Alberto Puente Salas, del Partido Verde Ecologista de México.

• Por el que se reforma la fracción décima cuarta del artículo treinta y cuatro, y adiciona una fracción novena al artículo ciento cincuenta y uno de la Ley del Impuesto sobre la Renta, presentada por el senador Jesús Casillas Romero, del Partido Revolucionario Institucional.

Se turnan a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

c) Del Congreso del estado de Baja California Sur, con la que remite iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman el segundo párrafo del artículo setenta y siete bis uno, y el artículo setenta y siete bis treinta y seis de la Ley General de Salud. Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.

La Secretaría informa a la Asamblea que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria el dictamen de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública con Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de dos mil diecisiete. De conformidad con lo que establece el artículo ochenta y siete del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple con la Declaratoria de Publicidad.

En términos de la Regla Segunda del Acuerdo aprobado el martes ocho de noviembre del año en curso, y una vez cumplido el requisito de declaratoria de publicidad, en votación económica se autoriza la discusión y votación de inmediato. En consecuencia se concede el uso de la palabra al diputado Alfredo Del Mazo Maza, para fundamentar el dictamen en nombre de la Comisión. Se concede el uso de la palabra para presentar moción suspensiva al diputado Juan Romero Tenorio, de Morena, misma que en votación económica no se toma en consideración y se desecha. Para fijar postura de sus respectivos grupos parlamentarios intervienen las diputadas y a los diputados: Manuel Jesús Clouthier Carrillo, diputado independiente; Cynthia Gissel García Soberanes, del Partido Encuentro Social; Mariano Lara Salazar, de Nueva Alianza; Germán Ernesto Ralis Cumplido, de Movimiento Ciudadano; Vidal Llerenas Morales, de Morena; José Antonio Arévalo González, del Partido Verde Ecologista de México; Sergio López Sánchez, del Partido de la Revolución Democrática;

A las veinte horas con treinta y cinco minutos, por instrucciones de la Presidencia, se cierra el sistema electrónico de asistencia con un registro de cuatrocientos ochenta y cuatro diputadas y diputados.

Alejandra Gutiérrez Campos, del Partido Acción Nacional; Charbel Jorge Estefan Chidiac, del Partido Revolucionario Institucional. Se somete a discusión en lo general e intervienen las diputadas y los diputados: en contra Juan Romero Tenorio, de Morena; en pro René Cervera García, de Movimiento Ciudadano; en contra Ariadna Montiel Reyes, de Morena; en pro Tómas Octaviano Félix, del Partido de la Revolución Democrática; en contra Rodrigo Abdala Dartigues, de Morena; y en pro Gina Andrea Cruz Blackledge, del Partido Acción Nacional. En votación económica se considera suficientemente discutido en lo general. El Presidente informa a la Asamblea que se recibieron más de trescientas reservas para su discusión en lo particular y para terminar el registro, agruparlas y proceder a su discusión, a las veintiún horas con diecinueve minutos se decreta un receso.

A las veintiún horas con cincuenta y dos minutos se reanuda la sesión.

El Presidente informa a la Asamblea que se han reservado para la discusión en lo particular los siguientes artículos: uno, dos, tres cinco, seis, siete, ocho, nueve, once, trece, catorce, quince, dieciséis diecisiete, diecinueve, veinte, veintiuno, veintidós, veintitrés, veinticuatro, veinticinco, veintiséis, veintisiete, veintinueve, treinta, treinta y uno, treinta y dos, treinta y tres, treinta y cuatro, treinta y cinco, treinta y siete, treinta y ocho, cuarenta y uno, cuarenta y dos, cuarenta y tres, cuarenta y cuatro, y Décimo Transitorio; y los anexos: uno, dos, cinco-A, siete, ocho, diez, once, doce, trece, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte, veinticinco, veintiséis, treinta y uno, treinta y dos, treinta y siete y treinta y siete dos, del dictamen con proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal dos mil diecisiete. En votación nominal por cuatrocientos treinta y ocho votos a favor; y treinta y seis en contra, se aprueba en lo general y en lo particular los artículos no reservados.

Desde sus respectivas curules realizan moción de procedimientos con relación a la discusión en lo particular de los artículos reservados los diputados: Norma Rocío Nahle García, de Morena; María Candelaria Ochoa Avalos, de Movimiento Ciudadano; Jorge Carlos Ramírez Marín, del Partido Revolucionario Institucional; y Claudia Sofía Corichi García, de Movimiento Ciudadano. El Presidente solicita un breve encuentro con la y los coordinadores de los Grupos Parlamentarios a efecto de organizar el desahogo de los artículos reservados, por lo que a las veintidós horas con quince minutos se declara un receso.

A las veintidós horas con treinta y cuatro minutos se reanuda la sesión.

A discusión en lo particular, se concede el uso de la palabra para presentar propuestas de modificación a las diputadas y a los diputados:

• Blanca Margarita Cuata Domínguez, de Morena, para presentar propuestas de modificación a los artículos dos y veintinueve, que en votación económica no se admiten a discusión, se desechan, y se reservan para su votación en conjunto en términos del dictamen.

• Ernestina Godoy Ramos, de Morena, para presentar propuestas de modificación a los artículos: tres, siete, ocho, dieciséis, diecisiete, diecinueve, y treinta, y al anexo uno, que en votación económica no se admiten a discusión, se desechan, y se reservan para su votación en conjunto en términos del dictamen.

• Vidal Llerenas Morales, de Morena, para presentar propuestas de modificación al artículo tres; y adición de un artículo seis, recorriéndose los subsecuentes; y adición de artículos transitorios, que en votación económica no se admiten a discusión, se desechan, y se reservan para su votación en conjunto en términos del dictamen.

• Araceli Damián González, de Morena, para presentar propuestas de modificación al artículo cinco; y anexo uno, que en votación económica no se admiten a discusión, se desechan, y se reservan para su votación en conjunto en términos del dictamen.

• Juan Romero Tenorio, de Morena, para presentar propuestas de modificación a los artículos: seis, catorce, diecinueve, veintiuno, veintitrés, y veintinueve; y al anexo uno, que en votación económica no se admiten a discusión, se desechan, y se reservan para su votación en conjunto en términos del dictamen.

• Guadalupe Hernández Correa, de Morena, para presentar propuestas de modificación a los artículos: siete, diecinueve, veintinueve, treinta, treinta y tres, treinta y cuatro, treinta y ocho, y cuarenta y uno, que en votación económica no se admite a discusión, se desechan, y se reservan para su votación en conjunto en términos del dictamen.

• Alfredo Basurto Román, de Morena, para presentar propuestas de modificación al artículo ocho y anexo uno, que en votación económica no se admiten a discusión, se desechan, y se reservan para su votación en conjunto en términos del dictamen.

• Delfina Gómez Álvarez, de Morena, para presentar propuestas de modificación al artículo ocho, y anexo ocho, que en votación económica no se admiten a discusión, se desechan, y se reservan para su votación en conjunto en términos del dictamen.

• Rogerio Castro Vázquez, de Morena, para presentar propuestas de modificación a los artículos nueve, dieciséis, diecinueve, y treinta y dos; adición de un artículo seis, recorriéndose la numeración; y modificación al anexo uno, que en votación económica no se admiten a discusión, se desechan, y se reservan para su votación en conjunto en términos del dictamen.

• Ariadna Montiel Reyes, de Morena, para presentar propuestas de modificación a los artículos: nueve, trece, diecinueve, veintinueve, y cuarenta y dos; adición de un artículo transitorio; modificación al anexo uno, y adición de un anexo, que en votación económica no se admiten a discusión, se desechan, y se reservan para su votación en conjunto en términos del dictamen.

• Virgilio Dante Caballero Pedraza, de Morena, para presentar propuestas de modificación al artículo diecisiete; y al anexo uno, que en votación económica no se admiten a discusión, se desechan, y se reservan para su votación en conjunto en términos del dictamen.

• Blandina Ramos Ramírez, de Morena, para presentar propuestas de modificación al artículo diecinueve; y al anexo uno, que en votación económica no se admiten a discusión, se desechan, y se reservan para su votación en conjunto en términos del dictamen.

Desde su curul el diputado Macedonio Salomón Tamez Guajardo, de Movimiento Ciudadano, solicita a la Presidencia que su se inserte en el diario de los debates su intervención de sus propuestas de modificación al anexo uno, para no pasar a tribuna a presentarlas. El Presidente obsequia dicha solicitud.

• Norma Xochitl Hernández Colín, de Morena, para presentar propuestas de modificación a los artículos: veintidós, veintisiete, treinta, treinta y tres, y treinta y cuatro; y al anexo uno, que en votación económica no se admiten a discusión, se desechan, y se reservan para su votación en conjunto en términos del dictamen.

• Patricia Elena Aceves Pastrana, de Morena, para presentar propuestas de modificación a los artículos: veintinueve, y cuarenta y tres; y al anexo uno, que en votación económica no se admiten a discusión, se desechan, y se reservan para su votación en conjunto en términos del dictamen.

• Guillermo Rafael Santiago Rodríguez, de Morena, para presentar propuestas de modificación al artículo treinta y siete y anexos uno y siete, que en votación económica no se admiten a discusión, se desechan, y se reservan para su votación en conjunto en términos del dictamen.

La diputada Norma Rocío Nahle García, de Morena, menciona a la Presidencia que las diputadas y los diputados de su Grupo Parlamentario presentan por escrito los posicionamientos y textos de sus reservas registradas, y solicita se inscriban en el Diario de los Debates y declinan sus participaciones en el Pleno. El Presidente obsequia dicha solicitud.

• Tómas Octaviano Félix, del Partido de la Revolución Democrática, a los artículos: uno y tres; y adición de un artículo transitorio, que en votación económica no se admiten a discusión, se desechan, y se reservan para su votación en conjunto en términos del dictamen.

• Omar Ortega Álvarez, del Partido de la Revolución Democrática, para presentar propuestas de modificación a los artículos: uno, siete, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, diecinueve, treinta y cuatro, treinta y siete, y cuarenta y dos, adición de artículos transitorios, y diversas modificaciones al anexo diecinueve, que en votación económica no se admiten a discusión, se desechan, y se reservan para su votación en conjunto en términos del dictamen.

El Presidente informa a la Asamblea que la diputada Hortensia Aragón Castillo, del Partido de la Revolución Democrática, declina su intervención para presentar sus propuestas de modificación del artículo dos y del anexo veinte.

• Olga Catalán Padilla, del Partido de la Revolución Democrática, para presentar propuestas de modificación al artículo siete, que en votación económica no se admite a discusión, se desecha, y se reserva para su votación en conjunto en términos del dictamen.

Presidencia de la diputadaSharon María Teresa Cuenca Ayala

• Rafael Hernández Soriano, del Partido de la Revolución Democrática, para presentar propuestas de modificación a los artículos: siete, ocho, dieciséis, y veinticuatro; y adición de un artículo transitorio, que en votación económica no se admiten a discusión, se desechan, y se reservan para su votación en conjunto en términos del dictamen.

• Francisco Xavier Nava Palacios, del Partido de la Revolución Democrática, para presentar propuestas de modificación a los artículos: siete, veintisiete, y cuarenta y dos, que en votación económica no se admiten a discusión, se desechan, y se reservan para su votación en conjunto en términos del dictamen.

• Cecilia Guadalupe Soto González, del Partido de la Revolución Democrática, para presentar propuestas de modificación al artículo nueve, adición de dos artículos transitorios, y modificación a los anexos: veinte, treinta uno, treinta y siete, y treinta y siete dos, que en votación económica no se admiten a discusión, se desechan, y se reservan para su votación en conjunto en términos del dictamen.

• Julio Saldaña Morán, del Partido de la Revolución Democrática, para presentar propuestas de modificación al artículo diecinueve; y al anexo veinte, que en votación económica no se admiten a discusión, se desechan, y se reservan para su votación en conjunto en términos del dictamen.

La Presidenta informa a la Asamblea que la diputada Natalia Karina Barón Ortiz, del Partido de la Revolución Democrática, declina su intervención para presentar sus propuestas de modificación al artículo treinta y siete.

• Felipe Reyes Álvarez, del Partido de la Revolución Democrática, para presentar propuestas de modificación al artículo treinta y siete que en votación económica no se admiten a discusión, se desechan, y se reservan para su votación en conjunto en términos del dictamen.

La Presidenta informa a la Asamblea que la diputada Araceli Madrigal Sánchez, del Partido de la Revolución Democrática, declina su intervención para presentar sus propuestas de modificación al artículo treinta y ocho; y anexo diez.

• Erik Juárez Blanquet, del Partido de la Revolución Democrática, para presentar propuestas de modificación al artículo cuarenta y cuatro; y al anexo uno, que en votación económica no se admiten a discusión, se desechan, y se reservan para su votación en conjunto en términos del dictamen.

• Maricela Contreras Julián, del Partido de la Revolución Democrática, para presentar propuesta de adición de un artículo veinticuatro bis, que en votación económica no se admite a discusión, se desecha, y se reserva para su votación en conjunto en términos del dictamen.

Presidencia del diputadoEdmundo Javier Bolaños Aguilar

El Presidente informa a la Asamblea que los diputados y la diputada José Antonio Estefan Garfias, Norberto Antonio Martínez y Ana Leticia Carrera Hernández, del Partido de la Revolución Democrática, declinan su intervención para presentar: la adición de un artículo transitorio; y propuestas de modificación a los anexos uno y cinco-A, respectivamente. Se insertan los textos íntegros de sus propuestas en el Diario de los Debates.

• Tania Victoria Arguijo, del Partido de la Revolución Democrática, para presentar propuesta de modificación al anexo doce, que en votación económica no se admite a discusión, se desecha, y se reserva para su votación en conjunto en términos del dictamen.

• Jesús Salvador Valencia Guzmán, del Partido de la Revolución Democrática, para presentar propuestas de modificación al anexo dieciocho, que en votación económica no se admiten a discusión, se desechan, y se reservan para su votación en conjunto en términos del dictamen.

• David Gerson García, del Partido de la Revolución Democrática, para presentar propuesta de modificación al anexo diecinueve, que en votación económica no se admite a discusión, se desecha, y se reserva para su votación en conjunto en términos del dictamen.

• Cristina Ismene Gaytán Hernández, del Partido de la Revolución Democrática, para presentar propuestas de modificación al anexo diecinueve, que en votación económica no se admiten a discusión, se desechan, y se reservan para su votación en conjunto en términos del dictamen.

• Minerva Hernández Ramos, del Partido Acción Nacional, para presentar propuestas de modificación a los artículos tres, y veintitrés; y adición de dos artículos transitorios, que en votación económica no se admiten a discusión, se desechan, y se reservan para su votación en conjunto en términos del dictamen.

• Ingrid Krasopani Schemelensky Castro, del Partido Acción Nacional, para presentar propuesta de modificación al artículo once, que en votación económica no se admiten a discusión, se desecha, y se reserva para su votación en conjunto en términos del dictamen.

El Presidente informa a la Asamblea que el diputado José Antonio Salas Valencia, del Partido Acción Nacional, declina su intervención para presentar propuesta de modificación al artículo quince.

• Guadalupe González Suástegui, del Partido Acción Nacional, para presentar propuesta de modificación al artículo veintidós, que en votación económica no se admite a discusión, se desecha, y se reserva para su votación en conjunto en términos del dictamen.

• José Erandi Bermúdez Méndez, del Partido Acción Nacional, para presentar propuestas de modificación a los artículos veintisiete, treinta, y treinta y siete; y anexos once y diecinueve, que en votación económica no se admiten a discusión, se desechan, y se reservan para su votación en conjunto en términos del dictamen.

• Jorge Ramos Hernández, del Partido Acción Nacional, para presentar propuesta de adición de un artículo ocho bis, que en votación económica no se admite a discusión, se desecha, y se reserva para su votación en conjunto en términos del dictamen.

• Kathia María Bolio Pinelo, del Partido Acción Nacional, para presentar propuestas de adición de un artículo transitorio; y modificación al anexos trece, catorce y treinta y dos que en votación económica no se admiten a discusión, se desechan y se reservan para su votación en conjunto en términos del dictamen.

El Presidente informa a la Asamblea que los diputados Ariel Enrique Corona Rodríguez, y Carlos Alberto de la Fuente Flores, ambos del Partido Acción Nacional, retiran sus intervenciones para presentar sus propuestas de modificación al anexo uno.

• Ricardo del Rivero Martínez, del Partido Acción Nacional, para presentar propuesta de modificación al anexo uno, que en votación económica no se admite a discusión, se desecha, y se reserva para su votación en conjunto en términos del dictamen.

El Presidente informa a la Asamblea que el diputado Jesús Antonio López Rodríguez, del Partido Acción Nacional, retira su intervención para presentar sus propuestas de modificación al anexo uno.

• Wenceslao Martínez Santos, del Partido Acción Nacional, para presentar propuesta de modificación al anexo uno, que en votación económica no se admite a discusión, se desecha, y se reserva para su votación en conjunto en términos del dictamen.

• María de los Ángeles Rodríguez, del Partido Acción Nacional, para presentar propuestas de modificación a los anexos: uno y dieciséis, que en votación económica no se admiten a discusión, se desechan, y se reservan para su votación en conjunto en términos del dictamen.

El Presidente informa a la Asamblea que el diputado Miguel Ángel Salim Alle, del Partido Acción Nacional, retira su intervención para presentar sus propuestas de modificación al anexo uno.

• Joaquín Jesús Díaz Mena, del Partido Acción Nacional, para presentar propuesta de modificación al anexo diez, que en votación económica no se admite a discusión, se desecha, y se reserva para su votación en conjunto en términos del dictamen.

• María Eloísa Talavera Hernández, del Partido Acción Nacional, para presentar propuestas de modificación a los anexos doce y veinticinco, que en votación económica no se admiten a discusión, se desechan, y se reservan para su votación en conjunto en términos del dictamen.

El Presidente informa a la Asamblea que la diputada Karina Padilla Ávila, del Partido Acción Nacional, retira su intervención para presentar su propuesta de modificación al anexo trece.

• Luz Argelia Paniagua Figueroa, del Partido Acción Nacional, para presentar propuesta de modificación al anexo diecisiete, que en votación económica no se admite a discusión, se desecha, y se reserva para su votación en conjunto en términos del dictamen.

• Jacqueline Nava Mouett, del Partido Acción Nacional, para presentar propuesta de modificación al anexo dieciocho, que en votación económica no se admite a discusión, se desecha, y se reserva para su votación en conjunto en términos del dictamen.

• José Everardo López Córdova, del Partido Acción Nacional, para presentar propuesta de modificación al anexo diecinueve, que en votación económica no se admite a discusión, se desecha, y se reserva para su votación en conjunto en términos del dictamen.

• Luis Fernando Mesta Soulé, del Partido Acción Nacional, para presentar propuesta de modificación al anexo diecinueve, que en votación económica no se admite a discusión, se desecha, y se reserva para su votación en conjunto en términos del dictamen.

• Víctor Ernesto Ibarra Montoya, del Partido Acción Nacional, para presentar propuestas adición de un anexo cuarenta y cinco, que en votación económica no se admite a discusión, se desecha, y se reserva para su votación en conjunto en términos del dictamen.

El Presidente informa a la Asamblea que las diputadas Lorena del Carmen Alfaro García, del Partido Acción Nacional, y María Elena Orantes López, de Movimiento Ciudadano, retira su intervención para presentar sus propuestas de modificación a los artículos dieciséis y siete, respectivamente.

• Rosa Alba Ramírez Nachis, de Movimiento Ciudadano, para presentar propuestas de modificación a los artículos siete, dieciséis, veintinueve; y anexos uno y dos, que en votación económica no se admiten a discusión, se desechan, y se reservan para su votación en conjunto en términos del dictamen.

• Mirza Flores Gómez, de Movimiento Ciudadano, para presentar propuestas de modificación a los artículos: once, dieciséis; y anexo uno, que en votación económica no se admiten a discusión, se desechan, y se reservan para su votación en conjunto en términos del dictamen.

• Claudia Sofía Corichi García, de Movimiento Ciudadano, para presentar propuestas de modificación a los artículos: dieciséis, diecinueve, y veinte; y anexo dieciocho, que en votación económica no se admiten a discusión, se desechan, y se reservan para su votación en conjunto en términos del dictamen.

• René Cervera García, de Movimiento Ciudadano, para presentar propuestas de modificación al artículo diecinueve; y a los anexos uno y dos, que en votación económica no se admiten a discusión, se desechan, y se reservan para su votación en conjunto en términos del dictamen

• Jorge Álvarez Maynez, de Movimiento Ciudadano, para presentar propuesta de modificación al artículo veinticinco, que en votación económica no se admite a discusión, se desecha, y se reserva para su votación en conjunto en términos del dictamen.

• Adán Pérez Utrera, de Movimiento Ciudadano, para presentar propuestas de modificación al artículo décimo transitorio; y los anexos uno y veinte, que en votación económica no se admiten a discusión, se desechan, y se reservan para su votación en conjunto en términos del dictamen.

• Ma. Victoria Mercado Sánchez, de Movimiento Ciudadano, para presentar propuesta de modificación al anexo uno, que en votación económica no se admite a discusión, se desecha, y se reserva para su votación en conjunto en términos del dictamen.

• Salvador Zamora Zamora, de Movimiento Ciudadano, para presentar propuestas de modificación al anexo uno, que en votación económica no se admite a discusión, se desecha, y se reserva para su votación en conjunto en términos del dictamen.

• Marbella Toledo Ibarra, de Movimiento Ciudadano, para presentar propuestas de modificación al anexo uno, que en votación económica no se admiten a discusión, se desechan, y se reservan para su votación en conjunto en términos del dictamen.

• Jonabad Martínez García, de Movimiento Ciudadano, para presentar propuesta de modificación al anexo dieciséis, que en votación económica no se admite a discusión, se desecha, y se reserva para su votación en conjunto en términos del dictamen.

El Presidente informa a la Asamblea que las intervenciones de los diputados Gonzalo Guízar Valladares, Norma Edith Martínez Guzmán, y Melissa Torres Sandoval, del Partido Encuentro Social, para presentar propuestas de modificación al anexo uno se retiran y se anexan los textos en el Diarios de los Debates.

• Ana Guadalupe Perea Santos, del Partido Encuentro Social, para presentar propuesta de modificación al anexo veinticinco, que en votación económica no se admite a discusión, se desecha, y se reserva para su votación en conjunto en términos del dictamen.

El Presidente informa a la Asamblea que las intervenciones de los diputados María de la Paz Quiñones Cornejo, y Edgardo Melhem Salinas, del Partido Revolucionario Institucional, para presentar propuestas de modificación al artículo nueve y anexo once, se retiran y se anexan los textos en el Diarios de los Debates.

Sin más oradores registrados, en votación nominal por doscientos cincuenta y seis votos a favor; y ciento setenta y tres en contra, se aprueba en lo particular los artículos reservados: uno, dos, tres cinco, seis, siete, ocho, nueve, once, trece, catorce, quince, dieciséis diecisiete, diecinueve, veinte, veintiuno, veintidós, veintitrés, veinticuatro, veinticinco, veintiséis, veintisiete, veintinueve, treinta, treinta y uno, treinta y dos, treinta y tres, treinta y cuatro, treinta y cinco, treinta y siete, treinta y ocho, cuarenta y uno, cuarenta y dos, cuarenta y tres, cuarenta y cuatro, y Décimo Transitorio; y los anexos: uno, dos, cinco-A, siete, ocho, diez, once, doce, trece, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte, veinticinco, veintiséis, treinta y uno, treinta y dos, treinta y siete y treinta y siete dos, en términos del dictamen. Se aprueba en lo general y en lo particular el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal dos mil diecisiete. Pasa al Ejecutivo, para sus efectos constitucionales.

El Presidente informa a la Asamblea que, con fundamento en lo que dispone el artículo noventa y tres, numeral uno, del Reglamento de la Cámara de Diputados, se ordena que antes de que se remita el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal dos mil diecisiete al Ejecutivo Federal, se realicen las correcciones que demandan el buen uso del lenguaje y la claridad de la Ley, sin modificar lo aprobado por el Pleno.

El Presidente formula la declaratoria de las Zonas de Atención Prioritarias para el Ejercicio Fiscal dos mil diecisiete. Instruye su publicación en el Diario Oficial de la Federación junto con el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal dos mil diecisiete.

La Secretaría informa a la Asamblea que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria el dictamen con proyecto de decreto de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias por el que se reforman los artículos ciento cuarenta, y ciento cuarenta y uno de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. De conformidad con lo que establece el artículo ochenta y siete del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple con la Declaratoria de Publicidad.

De conformidad con el artículo cien del Reglamento de la Cámara de Diputados, las proposiciones registradas en el Orden del Día de esta sesión, serán turnadas a las comisiones que correspondan, publicándose el turno en la Gaceta Parlamentaria:

• Laura Nereida Plascencia Pacheco y Erika Araceli Rodríguez Hernández, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta al Consejo Nacional de Salud, a promover y garantizar la aplicación de la NOM-046-SSA2-2005, Violencia Familiar, Sexual y contra las Mujeres. Criterios para la Prevención y Atención, para que difunda los avances, retos y obstáculos en su implementación y aplicación práctica. Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.

• Kathia María Bolio Pinelo, del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud, para que garantice la cobertura universal en salud de los mexicanos y supervise el trabajo del Comisionado Nacional de Protección Social en la Salud. Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.

• María Cristina Teresa García Bravo, del Partido de la Revolución Democrática, relativo a las denuncias en contra de presuntos hechos de corrupción y desvío de recursos cometidos por los exgobernadores de los estados de Veracruz, Chihuahua, Sonora, Colima, Nuevo León, Quintana Roo, Coahuila y Tamaulipas, así como de sus ex colaboradores, operadores y prestanombres. Se turna a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, para dictamen.

• Diputados integrantes del Partido Verde Ecologista de México, por el que se exhorta a esta soberanía, a contribuir con la donación de un día de dieta al Patronato del Hospital Infantil de México Federico Gómez de la Secretaría de Salud, en el marco del Acuerdo aprobado por la Junta de Coordinación Política de esta Cámara sobre el cáncer infantil. Se turna a la Junta de Coordinación Política, para su atención.

• Concepción Villa González, de Morena, por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, a enviar a la colegisladora la propuesta de dictamen para la revisión y, en su caso, ratificación del convenio sobre las trabajadoras y los trabajadores domésticos, dos mil once, de la Organización Internacional del Trabajo. Se turna a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, para dictamen.

• Mirza Flores Gómez, de Movimiento Ciudadano, por el que se exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores, para que en el programa operativo anual del siguiente ejercicio fiscal, racionalice, y reduzca el gasto destinado a las actividades administrativas de sus embajadas y representaciones consulares. Se turna a la Comisión Relaciones Exteriores, para dictamen.

• María Cristina Teresa García Bravo, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se exhorta al Ejecutivo Federal para que dentro de sus facultades emita el reglamento correspondiente, donde se establezcan los lineamientos generales para la implementación, operación y puesta en práctica de la policía turística en el país. Se turna a la Comisión Seguridad Pública, para dictamen.

• Diputados integrantes del Partido Verde Ecologista de México, por el que se exhorta al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, para que establezca programas específicos orientados a la investigación biomédica del cáncer infantil con objeto de conocer a profundidad sus causas y comportamiento, dada la importancia que tiene para aumentar la sobrevida de los pacientes y la calidad de vida durante el tratamiento. Se turna a la Comisión de Ciencia y Tecnología, para dictamen.

• Renato Josafat Molina Arias y Blanca Margarita Cuata Domínguez, de Morena, por el que se exhorta al Instituto Federal de Telecomunicaciones, para que difunda las razones por las que se autorizó a las operadoras de telefonía móvil Telcel y Movistar a realizar cambios en los paquetes tarifarios que ofrecen a los usuarios en donde restringen las redes sociales. Se turna a la Comisión de Comunicaciones, para dictamen.

• Daniel Ordoñez Hernández, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se exhorta al gobierno de Veracruz, a incluir en su plan de trabajo, programas en materia ambiental y de salud, mediante las cuales se prevenga y se atienda la insuficiencia renal crónica. Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.

• Diputados integrantes del Partido Verde Ecologista de México, por el que se exhorta a las instituciones de salud estatales, para que realicen campañas informativas referentes a la detección temprana del cáncer infantil y se integren a los esfuerzos realizados por la Federación en este sentido. Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.

• Roberto Alejandro Cañedo Jiménez, de Morena, por el que se exhorta a la Secretaría de Gobernación, a emitir alerta de género para Tijuana, Baja California. Se turna a la Comisión de Igualdad de Género, para dictamen.

• Olga Catalán Padilla, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, a reconocer el contenido del informe sobre la situación de los derechos humanos en México, presentado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, e implementar lo necesario para fortalecer los esfuerzos por proteger y garantizar los derechos humanos en el país. Se turna a la Comisión de Derechos Humanos, para dictamen.

• Diputados integrantes del Partido Verde Ecologista de México, por el que se exhorta a la Secretaría de Educación Pública, a efecto de que intensifique los esfuerzos en la implementación de jornadas escolares ampliadas en más planteles escolares, con el objetivo de incentivar y ejecutar la enseñanza del idioma inglés y computación, como herramientas indispensables en la formación educativa de nuestras niñas y niños. Se turna a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para dictamen.

• Roberto Alejandro Cañedo Jiménez, de Morena, por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, a los Congresos de los estados y a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, a crear confinamientos para residuos peligrosos. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen.

• Diputados integrantes del Partido Verde Ecologista de México, por el que se exhorta a las autoridades educativas Federal y Locales, a efecto de que en sus respectivos ámbitos competenciales incluyan en los planes de estudio de los diversos tipos educativos, la materia de Educación Ambiental como un elemento esencial para la interacción armónica e integral del individuo y la sociedad con el medio ambiente. Se turna a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para dictamen.

• Mariana Trejo Flores, de Morena, por el que se exhorta a la Comisión Nacional del Agua, a implementar acciones de combate anticorrupción al interior de la dependencia en materia de asignación de concesiones de explotación de agua para la industria minera. Se turna a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, para dictamen.

• Diputados integrantes del Partido Verde Ecologista de México, por el que se exhorta a la Secretaría de Educación Pública, a realizar una reestructuración en el Programa Nacional de Becas con objeto de orientar un porcentaje de las mismas para apoyar a los estudiantes de comunidades con más alto grado de marginación. Se turna a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para dictamen.

• Mariana Trejo Flores, de Morena, por el que se exhorta a la Auditoría Superior de la Federación, a revisar la Cuenta Pública dos mil catorce y dos mil quince del gasto de salud para el estado de Veracruz ejercido por la SSAVER, debido a irregularidades no detectadas en contratación de empresas fantasma durante la primera revisión. Se turna a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, para dictamen.

• Mariana Trejo Flores, de Morena, por el que se exhorta al gobierno del Estado de México a garantizar la seguridad de los habitantes de la entidad ante el incremento de la tasa delictiva y la inseguridad que prevalece en todo el territorio mexiquense. Se turna a la Comisión de Seguridad Pública, para dictamen.

Agotados los asuntos del orden del día, el Presidente cita para la próxima Sesión Ordinaria que tendrá lugar el día martes quince de noviembre de dos mil dieciséis, a las once horas, y levanta la sesión el día viernes once de noviembre de dos mil dieciséis a las cuatro horas con doce minutos.»

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Proceda la Secretaría a poner a discusión el acta.

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:Está a discusión el acta. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica, se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Aprobada el acta.

El diputado Marco Antonio Gama Basarte(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Sonido en la curul del diputado Marco Gama, ¿con qué objeto, diputado?

El diputado Marco Antonio Gama Basarte (desde la curul): Gracias, diputado presidente. Deseo manifestarle que, a través de su conducto, esta Cámara haga un enérgico llamado al gobierno del estado de San Luis Potosí y a las autoridades competentes, para que se pueda determinar la alerta de género ya en la entidad y podamos de esta forma acabar con los feminicidios que se están dando en nuestro estado. Debemos apoyar a nuestras mujeres potosinas, por lo cual, diputado presidente, agradezco atender este llamado.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Le pido, diputado, que esta solicitud se dirija a la Junta de Coordinación Política y estaremos atentos a la resolución que se tome en ese órgano.

El diputado Jonadab Martínez García(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Sonido en la curul del diputado Jonadab Martínez.

El diputado Jonadab Martínez García (desde la curul): Muy buenos días, señor presidente. Muchísimas gracias. Solamente para externar la invitación a todos los diputados. Ya lo tienen en sus curules, es para asistir el día jueves a la Jornada por la Movilidad rumbo al Foro Mundial de la Bicicleta. Sería un honor contar la presencia de los diputados en esta agenda, en la antesala del Foro Mundial de la Bicicleta, como sede la Ciudad de México en 2017. Muchas gracias, señor presidente.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputado. Las diputadas y diputados que quieran ir a la rodada están cordialmente invitados. A ver, sonido en la curul del diputado Cesar Alejandro Domínguez Domínguez. Adelante.

El diputado Cesar Alejandro Domínguez Domínguez(desde la curul): Muchas gracias, señor presidente. Desde luego atendiendo al llamado que usted hace, de que los asuntos se plantean en la Junta de Coordinación Política. Esta semana estaremos entregando un punto de acuerdo a efecto de hacer un llamado claro y enérgico al gobernador del estado de Chihuahua, a fin de que se pongan a trabajar de manera coordinada y de manera decidida en el tema de la inseguridad que está privando en nuestro estado.

Nosotros tenemos ya 250 muertos en un mes por homicidios dolosos y eso no lo podemos permitir, señor presidente. Muchas gracias, gracias por su apertura.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputado.

Continúe la Secretaría.

COMUNICACIONES OFICIALES

La Secretaria diputada Isaura Ivanova Pool Pech: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.— Junta de Coordinación Política.

Diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar, Presidente de la Mesa Directiva de la Honorable Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le ruego someter a consideración del pleno, para su aprobación, las siguientes modificaciones en la integración de las comisiones que se señala, solicitadas por el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional:

• Que el diputado Juan Manuel Cavazos Balderas cause baja como integrante de la Comisión de Energía.

• Que el diputado Juan Manuel Cavazos Balderas cause alta como integrante en la Comisión de Defensa Nacional.

Sin otro particular, le reitero mi consideración distinguida.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, Ciudad de México, a 10 de noviembre de 2016.— Diputado Francisco Martínez Neri (rúbrica), Presidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.— Junta de Coordinación Política.

Diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar, Presidente de la Mesa Directiva de la Honorable Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le ruego someter a consideración del pleno, para su aprobación, las siguientes modificaciones en la integración de la comisión que se señala, solicitadas por el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional:

• Que el diputado Federico Eugenio Vargas Rodríguez cause baja como integrante de la Comisión Especial encargada de estudiar, analizar, evaluar y supervisar el funcionamiento de aduanas, puertos y aeropuertos nacionales.

• Que el diputado Francisco Saracho Navarro cause alta como integrante en la Comisión Especial encargada de estudiar, analizar, evaluar y supervisar el funcionamiento de aduanas, puertos y aeropuertos nacionales.

Sin otro particular, le reitero mi consideración distinguida.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, Ciudad de México, a 14 de noviembre de 2016.— Diputado Francisco Martínez Neri (rúbrica), Presidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.— Junta de Coordinación Política.

Diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar, Presidente de la Mesa Directiva de la Honorable Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le ruego someter a consideración del pleno la modificación en la integración de la comisión que se señala, solicitada por el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional:

• Que el diputado Ricardo Sheffield Padilla cause baja como integrante de la Comisión de Turismo.

• Que la diputada Jacqueline Nava Mouett cause alta como integrante en la Comisión de Turismo.

Sin otro particular, le reitero mi consideración distinguida.

Atentamente

Ciudad de México, a 15 de noviembre de 2016.— Diputado Francisco Martínez Neri (rúbrica), Presidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.— Junta de Coordinación Política.

Diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar, Presidente de la Mesa Directiva de la Honorable Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le ruego someter a consideración del pleno la modificación en la integración de la comisión que se señala, solicitada por el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional:

• Que la diputada Jacqueline Nava Mouett cause baja como integrante de la Comisión de Juventud.

Sin otro particular, le reitero mi consideración distinguida.

Atentamente

Ciudad de México, a 15 de noviembre de 2016.— Diputado Francisco Martínez Neri (rúbrica), Presidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.— Junta de Coordinación Política.

Diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar, Presidente de la Mesa Directiva de la Honorable Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le ruego someter a consideración del pleno, la modificación en la integración de las comisiones que se señala, solicitada por el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México:

• Que la diputada Alma Lucía Arzaluz Alonso cause baja como secretaria de la Comisión de Recursos Hidráulicos.

• Que el diputado José Alberto Couttolenc Buentello cause alta como secretario en la Comisión de Recursos Hidráulicos.

• Que el diputado José Alberto Couttolenc Buentello cause baja como integrante de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

• Que la diputada Alma Lucía Arzaluz Alonso cause alta como integrante en la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

Atentamente

Ciudad de México, a 14 de noviembre de 2016.— Diputado Francisco Martínez Neri (rúbrica), Presidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.— Junta de Coordinación Política.

Diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar, Presidente de la Mesa Directiva de la Honorable Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le ruego someter a consideración del pleno, la modificación en la integración de las comisiones que se señala, solicitada por el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México:

• Que la diputada Lorena Corona Valdés cause baja como secretaria de la Comisión de Economía.

• Que la diputada Lorena Corona Valdés cause baja como integrante de la Comisión de Derechos Humanos.

• Que el diputado Enrique Zamora Morlet cause alta como integrante en la Comisión de Derechos Humanos.

• Que el diputado Virgilio Mendoza Amezcua cause baja como integrante de la Comisión de Derechos Humanos.

• Que la diputada Lía Limón García cause alta como integrante en la Comisión de Derechos Humanos.

• Que el diputado Virgilio Mendoza Amezcua cause alta como integrante en la Comisión de Fortalecimiento al Federalismo.

Atentamente

Ciudad de México, a 14 de noviembre de 2016.— Diputado Francisco Martínez Neri (rúbrica), Presidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.— Junta de Coordinación Política.

Diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar, Presidente de la Mesa Directiva de la Honorable Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le ruego someter a consideración del pleno, para su aprobación, las siguientes modificaciones en la integración de grupos de amistad que se señalan, solicitadas por el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano:

• Que el diputado Manuel Espino Barrientos cause alta como integrante en el Grupo de Amistad México-Chile.

• Que el diputado Manuel Espino Barrientos cause alta como integrante en el Grupo de Amistad México-Colombia.

Sin otro particular, le reitero mi consideración distinguida.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro. Ciudad de México, a 14 de noviembre de 2016.— Diputado Francisco Martínez Neri (rúbrica), Presidente.»

No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueban. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Diputado presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Aprobados. Comuníquense.

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La Secretaria diputada Isaura Ivanova Pool Pech: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.

Diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar, Presidente de la Mesa Directiva de la Honorable Cámara de Diputados.— Presente.

Por medio de la presente y con fundamento en el artículo 77, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, solicito el retiro de la siguiente iniciativa con proyecto de decreto:

• Que reforma los artículos 4o. y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, estableciendo el reconocimiento del derecho a la movilidad como derecho humano y la facultad del Congreso de la Unión para legislar en la materia.

Presentada por la diputada Verónica Delgadillo García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. Turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales.

Sin más por el momento, agradezco sus atenciones.

Atentamente

Palacio Legislativo, a 9 de noviembre de 2016.— Diputado Clemente Castañeda Hoeflich (rúbrica).»

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La Secretaria diputada Isaura Ivanova Pool Pech: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.

Diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar, Presidente de la Mesa Directiva.— Presente.

Mediante el presente escrito me permito hacer de su conocimiento que, toda vez que la iniciativa que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de Seguridad Nacional, misma que fue presentada por el suscrito en fecha 14 de septiembre de 2016, y que a la fecha no ha sido dictaminada por la Comisión de Gobernación, a la que fue turnada, con la finalidad de realizar mayores aportaciones para abonar a su aprobación, previo proceso legislativo, como lo marca el artículo 77 numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados, comparezco para retirar la iniciativa en mención.

Por lo anterior, solicito de manera respetuosa se dé el trámite correspondiente, ante las comisiones a las que se turnó para dictaminar y para emitir opinión.

Sin otro particular por el momento, aprovecho la oportunidad para enviarle un afectuoso saludo.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de noviembre de 2016.— Diputado Manuel de Jesús Espino Barrientos (rúbrica).»

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La Secretaria diputada Isaura Ivanova Pool Pech: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.

Diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en el artículo 77, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, me permito solicitarle sea retirada la iniciativa que adiciona la fracción III Bis del artículo 2; reforma el primer párrafo y deroga el segundo párrafo del artículo 47, y adiciona los artículos 47 Bis y 47 Ter de la Ley de Caminos Puentes y Autotransporte Federal, y que presenté el pasado 29 de abril de 2016.

Agradeciendo desde ahora sus atenciones.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de octubre de 2016.— Diputado Alfredo Javier Rodríguez Dávila (rúbrica).»

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La Secretaria diputada Isaura Ivanova Pool Pech: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.

Diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar, Presidente de la Mesa Directiva en el Segundo Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión.— Presente.

Claudia Edith Anaya Mota, diputada federal integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional con fundamento en el artículo 77 numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados, le solicito atentamente se sirva instruir a quien corresponda a fin sea retirada la iniciativa:

26. Proyecto de decreto que expide la Ley de Aeronaves Pilotadas a Distancia.

Proponente: Anaya Mota Claudia Edith (PRI).

Fecha de presentación: 6 de octubre de 2016.

Turno: Comunicaciones, con Opinión de Presupuesto y Cuenta Pública.

Crear un ordenamiento jurídico con el objeto de regular la operación, registro, fincamiento de responsabilidades y uso adecuado de los sistemas de aeronaves pilotadas a distancia de carácter recreativo y comercial, con el fin de garantizar la seguridad pública y de la aviación civil, respetando todo lo aplicable al derecho a la privacidad del que gozan todas las personas.

Estado: Pendiente

Publicación en la Gacela Parlamentaria: 4 de octubre de 2016.

Presentada el pasado 6 de octubre de 2016, y que fue turnada a Comisión de Comunicaciones para el proceso parlamentario correspondiente.

Sin más, quedo a sus apreciables órdenes.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de noviembre de 2016.— Diputada Claudia Edith Anaya Mota (rúbrica).»

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Se tienen por retiradas. Actualícense los registros parlamentarios.

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La Secretaria diputada Isaura Ivanova Pool Pech: «Congreso del Estado de Puebla.

Edmundo Javier Bolaños Aguilar, vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.— Presente.

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 34, fracción I, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Puebla, y 26 del Reglamento Interior de la Secretaría General de Gobierno, y en atención al oficio número DGPL-63-II-1-0290, que contiene el punto de acuerdo aprobado en sesión de fecha 15 de diciembre de 2015 y signado por Edmundo Javier Bolaños Aguilar, vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, con el que se exhortó a segundo: A las autoridades en materia de salud de los diferentes órdenes de gobierno a efecto de que se elabore un registro nacional de enfermos de cáncer, que permita agilizar la atención de este padecimiento; al respecto, me permito remitir copia del oficio número 5013/DAJ/2950/2016, de fecha 23 septiembre del actual suscrito por la directora de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Salud y Servicios de Salud del estado de Puebla.

En tal virtud, y a efecto de que se tenga a esta entidad federativa impuesta respecto del citado exhorto, me permito hacerle llegar copia de la documentación que contiene la información correspondiente.

Sin más que el particular, me es grato reiterarle la seguridad de mi distinguida consideración.

Atentamente

Cuatro Veces Heroica Puebla de Zaragoza, José Montiel Rodríguez (rúbrica), encargado de despacho de la subsecretaría Jurídica.»

«Secretaría de Salud del Estado de Puebla.

Ciudadana Laura Elisa Morales Villagrán, Directora General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría General de Gobierno del Estado.— Presente.

Hago referencia al oficio número D.G.P.L. 63-II-l-0290, dirigido al gobernador del estado por el diputado vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, enviado a esta Dirección de Asuntos Jurídicos a través de su oficio número SGG/SJ/DGAJ/DPL/1554/2016, relativos al siguiente punto de acuerdo aprobado por dicho órgano:

Primero. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud para que a través de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud se evalúen las condiciones para que incluya la atención del cáncer de pulmón, cáncer hepático, cáncer de estómago, cáncer de ovario epitelial y leucemias en mayores de 18 años en el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos y su correlativo en el Catálogo Universal de los Servicios de Salud, como enfermedades que generan gastos catastróficos.

Segundo. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a las autoridades en materia de salud de los diferentes órdenes de gobierno a efecto de que se elabore un registro nacional de enfermos de cáncer, que permita agilizar la atención de este padecimiento.

Al respecto informo que a efecto de brindar la atención pertinente por parte de esta dependencia y entidad, el asunto citado fue remitido oportunamente a la Subsecretaría de Servicios de Salud de la Secretaría de Salud y Coordinación de Servicios de Salud de los Servicios de Salud del estado de Puebla, por ser ésta la unidad administrativa en cuyo ámbito de competencia incide. En este sentido dicha área a través del memorándum número SSSYCSS/AJ/ 491/2016 envió el informe que emite el Director de Atención a la Salud mediante el similar número DAS/932/2016, mismos que en copia simple se acompañan.

Lo anterior, a efecto de que se tenga a esta entidad impuesta respecto del asunto citado y con fundamento en los artículos 34, fracción I, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Puebla y 27 del Reglamento Interior de la Secretaría General de Gobierno se brinde la atención que se estime conducente.

Sin otro particular, quedo de usted.

Atentamente

Cuatro Veces Heroica Puebla de Zaragoza, a 23 de septiembre de 2016.— Juana Inés Díaz Abdala (rúbrica), directora de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Salud y de Servicios de Salud del estado de Puebla.»

«Secretaría de Salud del Estado de Puebla.

Para: Juana Inés Díaz Abdala, directora de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Salud y de los Servicios de Salud del Estado de Puebla.

De: Denis Santiago Hernández, Coordinadora Consultiva Especializada B de la Coordinación de Servicios de Salud de los SSEP.

En atención a su similar número CI-2625/2016, relativo a relativo a un punto de acuerdo del honorable Congreso de la Unión que a la letra dice:

Primero. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud, para que a través de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, se evalúen las condiciones para que incluya la atención de cáncer de pulmón, cáncer hepático, cáncer de estómago, cáncer de ovario epitelial, y leucemias en mayores de 18 años en el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos y su correlativo en el Catálogo Universal de los Servicios de Salud, como enfermedades que generan gastos catastróficos.

Segundo. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a las autoridades en materia de salud de los diferentes órdenes de gobierno a efecto de que se elabore un registro nacional de enfermos de cáncer, que permita agilizar la atención de este padecimiento.

Anexo al presente remito a usted copia del similar número DAS/932/2016, signado por el director de Atención a la Salud, en donde informa las acciones que se realizan en cumplimiento al exhorto en referencia.

Sin más que el particular, quedo de usted.

Atentamente

Cuatro Veces Heroica Puebla de Zaragoza, a 23 de septiembre de 2016.— (Rúbrica).»

«Secretaría de Salud del Estado de Puebla.

Maestra Denis Santiago Hernández, Coordinador Consultivo Especializado B de la Coordinación de Servicios de Salud de los SSEP.— Presente.

En atención al memorándum CI-2625/2016, signado por la directora de Asuntos Jurídicos de esta dependencia y entidad, relativo a un punto de acuerdo del honorable Congreso de la Unión que a la letra dice:

Primero. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud, para que a través de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, se evalúen las condiciones para que incluya la atención de cáncer de pulmón, cáncer hepático, cáncer de estómago, cáncer de ovario epitelial, y leucemias en mayores de 18 años en el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos y su correlativo en el Catálogo Universal de los Servicios de Salud, como enfermedades que generan gastos catastróficos.

No aplica.

Segundo. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a las autoridades en materia de salud de los diferentes órdenes de gobierno a efecto de que se elabore un registro nacional de enfermos de cáncer, que permita agilizar la atención de este padecimiento.

Al respecto le informo que la Dirección de Atención a la Salud, por conducto de la Unidad de Oncología y demás centros oncológicos en el estado de Puebla, realiza la captura de incidencia de casos de pacientes tratados (adultos y menores) en una plataforma digital de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, de los diferentes tipos de cáncer de mayor prevalencia, tales como mama, cérvico-uterino, próstata, linfomas, leucemias, testículo, neuroblastoma, por lo que esta información permite agilizar la atención y diseño de estrategias para la atención de este padecimiento.

Sin otro particular, quedo de usted.

Atentamente

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Heroica Puebla de Zaragoza, a 23 de septiembre de 2016.— Doctor Jorge Adolfo García Arriaga (rúbrica), director de Atención a la Salud.»

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Se remite a la Comisión de Salud, para su conocimiento.

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La Secretaria diputada Isaura Ivanova Pool Pech: «Congreso del Estado de Puebla.

Diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.— Presente.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 34, fracción I, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Puebla y 26 del Reglamento Interior de la Secretaría General de Gobierno, y en atención al oficio DGPL 63-II-7-935, referente al punto de acuerdo aprobado en sesión de fecha 29 de abril pasado, por medio del cual se exhorta a la Secretaría de Salud federal y a las estatales, para que integren en sus catálogos de diagnóstico, las pruebas necesarias para la detección oportuna del cáncer de ovario; al respecto, me permito informar que la directora de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Salud y de los Servicios de Salud del estado de Puebla, mediante oficio número 5013/DAJ/2949/2016 de fecha 23 de septiembre del actual, dio a conocer las acciones que sobre el particular realiza la Subsecretaría de Servicios de Salud de la Secretaría de Salud y Coordinación de los Servicios de Salud del Estado de Puebla, a través de la Dirección de Atención a la Salud, en cuyo ámbito de competencia incide la atención del presente asunto.

En tal virtud, y a efecto de que se tenga a esta entidad federativa impuesta respecto del citado exhorto, me permito hacerle llegar copia de la documentación que contiene la información correspondiente.

Sin más que el particular, me es grato reiterarle la seguridad de mi distinguida consideración.

Atentamente

Heroica Puebla de Zaragoza, a 4 de octubre de 2016.— José Montiel Rodríguez (rúbrica), encargado de despacho de la Subsecretaría Jurídica.»

«Secretaría de Salud del Estado de Puebla.

Laura Elisa Morales Villagrán, directora general de Asuntos Jurídicos de la Secretaría General de Gobierno del Estado.— Presente.

Hago referencia al oficio número DGPL 63-II-7-935 de fecha 29 de abril de 2016, dirigido al gobernador del estado por el vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, enviado a esta Dirección de Asuntos Jurídicos a través de su oficio número SGG/SJ/DGAJ/DPL/987/2016, relativos al siguiente punto de acuerdo aprobado por dicho órgano:

“Primero. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud federal y a las estatales, para que integren en sus catálogos de diagnóstico, las pruebas necesarias para la detección oportuna del cáncer de ovario.

Segundo. Se exhorta a la Secretaría de Salud federal, para que ejecute una campaña nacional de educación, concientización y prevención de cáncer de ovario, con la finalidad de informar y crear conciencia sobre la situación de cáncer de ovario en México.”

Al respecto informo que a efecto de brindar la atención pertinente por parte de esta dependencia y entidad, el asunto citado fue remitido oportunamente a la Subsecretaría de Servicios de Salud de la Secretaría de Salud y Coordinación de Servicios de Salud de los Servicios de Salud del Estado de Puebla, por ser ésta la unidad administrativa en cuyo ámbito de competencia incide. En este sentido dicha área a través del memorándum número SSSYCSS/AJ/ 490/2016 envió el informe que emite el Director de Atención a la Salud mediante el similar número DAS/933/2016, mismos que en copia simple se acompañan.

Lo anterior, a efecto de que se tenga a esta entidad impuesta respecto del asunto citado y con fundamento en los artículos 34, fracción I, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Puebla y 27 del Reglamento Interior de la Secretaría General de Gobierno se brinde la atención que se estime conducente.

Sin otro particular, quedo de usted.

Atentamente

Heroica Puebla de Zaragoza, a 23 de septiembre de 2016.— Juana Inés Díaz Abdala (rúbrica), directora de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Salud y de los Servicios de Salud del estado de Puebla.

«Secretaría de Salud del Estado de Puebla.

Para: Juana Inés Díaz Abdala, directora de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Salud y de los Servicios de Salud del estado de Puebla.

De: Denis Santiago Hernández, Coordinadora Consultiva Especializada B de la Coordinación de Servicios de Salud de los SSEP.

En atención a su similar número CI-2625/2016, relativo a relativo a un punto de acuerdo del honorable Congreso de la Unión que a la letra dice:

“Primero. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud federal y a las estatales, para que integren en sus catálogos de diagnóstico, las pruebas necesarias para la detección oportuna del cáncer de ovario.

Segundo. Se exhorta a la Secretaría de Salud federal, para que ejecute una campaña nacional de educación, concientización y prevención de cáncer de ovario, con la finalidad de informar y crear conciencia sobre la situación de cáncer de ovario en México.”

Anexo al presente remito a usted copia del similar número DAS/933/2016 signado por el Director de Atención a la Salud, en donde informa las acciones que se realizan en cumplimiento al exhorto en referencia.

Sin más que el particular, quedo de usted.

Atentamente

Heroica Puebla de Zaragoza, a 23 de septiembre de 2016.— Denis Santiago Hernández (rúbrica), coordinadora Consultiva Especializada B de la Coordinación de Servicios de Salud de los SSEP.»

«Secretaría de Salud del Estado de Puebla.

Maestra Denis Santiago Hernández, coordinadora Consultiva Especializada B de la Coordinación de Servicios de Salud de los SSEP.— Presente.

En atención al memorándum CI-2627/2016, signado por la directora de Asuntos Jurídicos de esta dependencia y entidad, relativo a un punto de acuerdo del honorable Congreso de la Unión que a la letra dice:

“Primero. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud federal y a las estatales, para que integren en sus catálogos de diagnóstico, las pruebas necesarias para la detección oportuna del cáncer de ovario...”

Al respecto le informo que la Dirección de Atención a la Salud a través de la Unidad de Oncología de los Servicios de Salud del Estado de Puebla realiza diferentes pruebas para la detección oportuna del cáncer de ovario epitelial, con marcadores tumorales tales como:

• CA 125.

• Deshidrogenasa láctica.

• Alfafetoproteína.

• Gonadotropina coriónica humana fracción beta.

• Ultrasonido con estudio de tomografía computarizada y estudios de imagen simple.

Adicional a lo anterior se observan las Guías de Práctica Clínica Emitidas por la Secretaría de Salud federal, así como guías internacionales tales como la emitida por la American Cancer Society, con ello se realizan diferentes pruebas de detección oportuna de cáncer de ovario.

“...Segundo. Se exhorta a la Secretaría de Salud federal, para que ejecute una campaña nacional de educación, concientización y prevención de cáncer de ovario, con la finalidad de informar y crear conciencia sobre la situación de cáncer de ovario en México.”

No aplica.

Sin otro particular, quedo de usted.

Atentamente

“Sufragio Efectivo. No Relección.”

Heroica Puebla de Zaragoza, a 23 de septiembre de 2016.— Doctor Jorge Adolfo García Arriaga (rúbrica), director de Atención a la Salud.»

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Se turna a la Comisión de Salud, para su conocimiento.

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La Secretaria diputada Isaura Ivanova Pool Pech: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Integrantes de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número DGPL 63-II-8-1873, signado por la diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez, vicepresidenta de la Mesa Directiva de ese Órgano Legislativo, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número DGJ/4325/2016, suscrito por el licenciado Luis Norberto Cacho Pérez, director general Jurídico de la Secretaría de Cultura, mediante el cual informa sobre la atención brindada al punto de acuerdo relativo a la conmemoración del Día Mundial sin Automóvil.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

Ciudad de México, a 9 de noviembre de 2016.— Maestro Valentín Martínez Garza (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Cultura.

Licenciado Felipe Solís Acero, subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

En atención a su oficio número SELAP/300/2101/16, de fecha 7 de septiembre de 2016, mediante el cual informa que la diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez, vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, comunicó el acuerdo aprobado por el pleno de ese órgano legislativo, en sesión celebrada el 6 del actual y que, en lo conducente, señala:

“...Segundo. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta al Senado de la República, al Poder Judicial de la Federación, así como a las dependencias y entidades de la administración pública federal, a las entidades federativas, así como a las municipales, a sumarse a la conmemoración del Día Mundial sin Automóvil, aconsejándose emitir las disposiciones administrativas correspondientes para que los vehículos oficiales no circulen el día 22 de septiembre, siempre y cuando no sean esenciales en la atención ciudadana o de emergencias.”

Al respecto, hago de su conocimiento que se exhortó al personal de esta dependencia a fin de que todos los vehículos oficiales no circularan el día 22 de septiembre, y sumarse a la conmemoración del Día Mundial sin Automóvil.

Atentamente

Ciudad de México, a 22 de septiembre de 2016.— Licenciado Luis Norberto Cacho Pérez, Director General Jurídico.»

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Se remite a la Junta de Coordinación Política, para su atención.

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La Secretaria diputada Isaura Ivanova Pool Pech: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Integrantes de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio D.G.P.L. 63-II-8-2229, signado por la diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez, vicepresidenta de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir, para los fines procedentes, copia del similar número DGPPVCI/DV/1957/2016, suscrito por el licenciado Enrique Guzmán Uvence, encargado del despacho de la Dirección General de Políticas Públicas, Vinculación y Coordinación Interinstitucional de la Procuraduría General de la República, mediante el cual responde el punto de acuerdo por el que se exhorta a esa Procuraduría a perseguir y procesar a los culpables por el delito de tráfico de personas involucradas en los hechos del pasado 4 de octubre en Tres Valles, Veracruz, así como activar el Protocolo de Actuación Ministerial para la Atención de Niñas, Niños y Adolescentes Migrantes.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

Ciudad de México, a 8 de noviembre de 2016.— Licenciado Felipe Solís Acero (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Procuraduría General de la República.

Maestro Valentín Martínez Garza, titular de la Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

Estimado maestro Martínez Garza:

En atención al contenido del oficio SELAP/300/2529/16, por el que se comunica a esta Procuraduría el punto de acuerdo, aprobado por el honorable Congreso de la Unión en sesión celebrada el día 11 de octubre del año en curso, que en su parte resolutiva señala:

“Tercero. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Procuraduría General de la República para que, en el ámbito de su competencia persiga y procese a los culpables por el delito de tráfico de personas involucradas en los hechos del pasado 4 de octubre en Tres Valles, Veracruz, así como activar el protocolo de Actuación Ministerial para la Atención de Niñas, Niños y Adolescentes Migrantes.” (sic)

En virtud de lo anterior, con fundamento en el artículo 89, fracciones X y XI del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, hago de su conocimiento que la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, comunicó a esta área a mi cargo que:

“Con fecha 21 de octubre de 2016, esta unidad envió oficio al Fiscal General del Estado de Veracruz, para que informe el número de carpeta de investigación que inició por dichos hechos, los delitos por los cuales se inició y remita copia de todo lo actuado, lo anterior para determinar si los hechos son competencia de esta Unidad y/o, en su caso, se ejercite la facultad de atracción, lo anterior con fundamento en los artículos 16, 21, 73 fracción XXI, y 102, apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 20, fracciones II y IV, 127 y 131 del Código Nacional de Procedimientos Penales; 50, fracciones I y IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 1, 3, 4 fracción I, apartado A, incisos d) y q), 9, 11, fracción I, inciso a), y 14 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, 1, 7 y 12 de su Reglamento; así como por el acuerdo A/117/15, emitido por la ciudadana Procuradora General de la República, por el que se crea la Unidad de Investigación de Delitos para Personas Migrantes y el Mecanismo de Apoyo Exterior Mexicano de Búsqueda e Investigación.”

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para reiterarle la seguridad de mi distinguida consideración.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Ciudad de México, a 3 de noviembre de 2016.— Licenciado Enrique Guzmán Uvence (rúbrica), encargado del despacho de la Dirección General de Políticas Públicas, Vinculación y Coordinación Interinstitucional.»

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Se turna a la Junta de Coordinación Política, para su atención.

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La Secretaria diputada Isaura Ivanova Pool Pech: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Integrantes de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número DGPL 63-II-8-2234 signado por la diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez, vicepresidenta de la Mesa directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número DGV/FMD/1.3.-409/2016 suscrito por el maestro Fausto Muciño Durán, director general de Vinculación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, así como de su anexo, mediante los cuales responde el punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de esa dependencia, a atender el reclamo social y las distintas consideraciones vertidas en las iniciativas que legisladores federales de varios Partidos Políticos han presentado con objeto de restringir la circulación de camiones de carga de doble remolque, con la finalidad de salvaguardar la vida y la integridad física de las personas.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

Ciudad de México, a 7 de noviembre de 2016.— Licenciado Felipe Solís Acero (rúbrica), Subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

Licenciado Felipe Solís Acero, subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

Por medio de la presente le envío un cordial saludo y al mismo tiempo me permito hacer referencia a su oficio SELAP/300/ 2526/16, a través del cual remitió para su atención el punto de acuerdo aprobado por el pleno de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, en sesión celebrada el pasado 11 de octubre, cuyo resolutivo exhorta al licenciado Gerardo Ruiz Esparza, secretario de Comunicaciones y Transportes, para que en coordinación con la Comisión Nacional de Seguridad se atiendan el reclamo social y las distintas consideraciones vertidas en las iniciativas presentadas por legisladores federales, a fin de restringir la circulación de camiones de carga de doble remolque.

Al respecto, me permito informar que la Dirección General de Autotransporte Federal ha elaborado un informe pormenorizado mediante oficio 4.2.5.-630/16, mismo que se adjunta, en el cual encontrará las acciones que ha realizado esta Secretaría para garantizar el cumplimiento de la normatividad que regula el autotransporte de carga, así como la participación en los diversos escenarios que permitan una mejor práctica del servicio.

Sin más por el momento, me reitero a sus apreciables órdenes.

Atentamente

Ciudad de México, a 27 de octubre de 2016.— Maestro Fausto Muciño Durán (rúbrica), Director General de Vinculación.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

Maestro Fausto Muciño Durán, Director General de Vinculación.— Presente.

Hago referencia al oficio número SELAP/300/2526/16, de fecha 12 de octubre de 2016, emitido por el subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos de la Secretaría de Gobernación, mediante el cual hace del conocimiento que por oficio número DGPL 63-II-8-2234, la diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez, vicepresidenta de la Mesa Directiva de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la. Unión, comunica a esa Secretaría de Gobernación, el acuerdo aprobado por el pleno de ese órgano legislativo, en sesión celebrada el 11 del actual, que versa sobre lo siguiente:

Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Titular de la Secretaria de Comunicaciones y Transporte, Licenciado Gerardo Ruiz Esparza, para que en coordinación con la Comisión Nacional de Seguridad atienda el reclamo social y las distintas consideraciones vertidas en las iniciativas que legisladores federales de varios Partidos Políticos han presentado con objeto de que la dependencia a su cargo se pronuncie por restringir la circulación de camiones de carga de doble remolque con la finalidad de salvaguardar la vida y la integridad física de las personas.

Sobre el particular, me permito comentarle lo siguiente:

1. Es de especial interés de esta Secretaría de Comunicaciones y Transportes privilegiar la seguridad de todos los usuarios de las vías generales de comunicación de jurisdicción federal, evitar el daño a la infraestructura carretera, así como promover la competitividad y productividad del subsector autotransporte, y la preservación del ambiente.

2. Es necesario establecer límites de peso y dimensiones de los vehículos para evitar el daño a la infraestructura carretera y de puentes, así como permitir una operación segura y la convivencia entre los diversos usuarios de las carreteras. Estos límites de peso y dimensiones se establecen en el Reglamento sobre el Peso, Dimensiones y Capacidad de los Vehículos de Autotransporte que Transitan en los Caminos y Puentes de Jurisdicción Federal y en la norma oficial mexicana NOM-012- SCT-2-2014.

3. Es el caso que la norma oficial mexicana NOM-012-SCT-2-2014, Sobre el peso y dimensiones máximas con los que pueden circular los vehículos de autotransporte que transitan en las vías generales de comunicación de jurisdicción federal, fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 14 de noviembre de 2014, y entró en vigor el 13 de enero de 2015; destacándose que para la emisión de dicha Norma, se atendieron todas y cada una de las formalidades procedimentales previstas en la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, y su Reglamento.

4. Sirve de antecedente de los trabajos de normalización de la NOM-012- SCT-2-2014 que debido a las diversas posiciones sobre el contenido y alcances de la norma previa (NOM 12-SCT-2-2008), el 2 de mayo de 2013 se conformó un panel de expertos, a partir del acuerdo de entendimiento suscrito entre la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y las principales cámaras y asociaciones del subsector autotransporte para que, con base en los estudios e información existentes en materia de peso y dimensiones, emitiera opinión con relación con la NOM-012-SCT-2-2008.

En este sentido, de conformidad al acuerdo de entendimiento arriba referido, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y las principales Cámaras y Asociaciones establecieron el compromiso de aceptar la recomendación que sobre la NOM-012-SCT-2-2008 emitiera el panel de expertos, el cual se constituyó en un referente técnico para determinar lo más conveniente para el país y definir con ello las posturas sobre la modificación de la norma.

El citado panel conjuntó un grupo de alto prestigio científico, de carácter heterogéneo, de probada honorabilidad y profundos conocimientos en cada una de las ramas de las ciencias en la que son expertos, quienes auxiliaron en la emisión de recomendaciones sobre el peso y dimensiones en el autotransporte federal.

Asimismo, dicho cuerpo colegiado, una vez instalado por el secretario de Comunicaciones y Transportes el 17 de mayo de 2013, celebró 21 sesiones de trabajo, reuniéndose con las 13 cámaras y asociaciones que suscribieron el acuerdo de entendimiento, así como con diversas instituciones y dependencias de gobierno federal, tales como Petróleos Mexicanos, Policía Federal; además del Instituto de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México, la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, el Centro de Experimentación y Seguridad Vial México, y con expertos del Departamento de Transporte de Estados Unidos de América y de la Asociación Mundial de Carreteras. En esas reuniones, todos los participantes expusieron con libertad y amplitud sus opiniones, planteando sus posturas; y los miembros del panel aglutinaron y valoraron los diversos puntos de vista, basados en la práctica de años de actividad en el autotransporte federal.

El aspecto fundamental del intercambio de opiniones versó sobre la cuestión del peso máximo permitido al autotransporte y se identificaron temas relevantes que abonaron a la seguridad nacional, conservación de la infraestructura, preservación del medio ambiente y promoción de la competitividad que, a la conclusión de sus trabajos, fueron consignadas en un pliego de recomendaciones, publicadas en la página de internet de esta secretaría, mediante comunicado 297, de fecha 6 de diciembre, de 2013, para el conocimiento de la sociedad en general, las cuales incluso se expusieron, en su momento, ante las Comisiones en materia de transporte de las Cámaras del Congreso de la Unión.

Cabe agregar que para fortalecer el proceso de modificación de la entonces NOM-012-SCT-2­2008, se tomaron como criterios orientadores las recomendaciones del panel de expertos, donde se establece que es necesario modificar las especificaciones técnicas contenidas en ésta, privilegiándose la seguridad de todos los usuarios de las vías generales de comunicación de jurisdicción federal, evitando el daño a la infraestructura carretera, promoviéndose la competitividad y productividad del Subsector Autotransporte, así como la preservación del ambiente.

5. En adición a lo anterior, es importante mencionar que la NOM-012- SCT-2-2014, en su acuerdo transitorio tercero, prevé lo siguiente:

Tercero. En un plazo de 3 años a partir de su .entrada en vigor, se deberán realizar los estudios para evaluar esta norma oficial mexicana, incluyendo sus artículos transitorios, por parte de Comité Consultivo Nacional de Normalización de Transporte Terrestre, con miras a su revisión quinquenal;

Es el caso que el 12 de enero de 2015 se constituyó el grupo de trabajo de evaluación del desempeño y seguimiento de la norma oficial mexicana NOM-012-SCT-2-2014 sobre el peso y dimensiones máximas con los que pueden circular los vehículos de autotransporte que transitan en las vías generales de comunicación de jurisdicción federal, conformado por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. diversas Cámaras y Asociaciones del Autotransporte Federal, Instituciones del Gobierno Federal, así como por miembros del Panel de Expertos, a efecto de estar en condiciones de evaluar de manera permanente y dar seguimiento a su cumplimiento.

El grupo de trabajo funge como órgano de consulta del Comité Consultivo Nacional de Normalización de Transporte Terrestre, para apoyar en la vigilancia, monitoreo y evaluación del desempeño de la norma oficial mexicana NOM-012-SCT-2-2014.

Del grupo de trabajo se conformaron subgrupos, con el objeto de manejar los temas específicos siguientes:

1. Control de peso máximo.

2. Actualización del marco jurídico.

3. Configuraciones vehiculares.

4. Sistemas de información.

5. Transporte de materiales y residuos peligrosos.

6. Reclasificación de carreteras.

7. Seguridad vial.

Los trabajos de los subgrupos tienen como objetivos relevantes, el monitoreo, recopilación y procesamiento de información sistematizada, suficiente y confiable que aporte datos objetivos para identificar factores relacionados con el peso y dimensiones de los vehículos que circulan por los caminos y puentes de jurisdicción federal, a efecto de ser relacionada con la ocurrencia de accidentes, tipos de configuraciones vehiculares involucradas y el daño causado a la infraestructura; además de la revisión de la normatividad complementaria y relacionada con la Norma.

Al día de hoy, los subgrupos han sesionado de manera regular, generando información e insumos, que serán de utilidad para evaluar y en su caso realizar los ajustes requeridos por la Norma y conciliar la prevención de accidentes, el impacto ambiental y el progreso económico con el puntual cumplimiento de la norma.

6. Por otro lado, se hace mención que la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, mediante oficio COFEME/15/0414, de fecha 13 de febrero de 2015, notificó la procedencia de la presentación de la manifestación de impacto regulatorio ex post respecto de la norma oficial mexicana NOM-012-SCT-2-2014 sobre el peso y dimensiones máximas con los que pueden circular los vehículos de autotransporte que transitan en las vías generales de comunicación de jurisdicción federal, solicitando se elabore y presente el análisis de su aplicación, efectos y observancia, dentro de un plazo no mayor a treinta días hábiles, contados a partir de que se cumpliera un año de su entrada en vigor; ello, para estar en posibilidad de efectuar las propuestas relacionadas con acciones que mejoren su aplicación y en su caso, la procedencia o no de su modificación o cancelación. Lo anterior, sin perjuicio del procedimiento establecido por la Ley Federal sobre Metrología y Normalización para la revisión quinquenal de normas oficiales mexicanas.

Atendiendo el requerimiento de la comisión, el 27 de febrero de 2016, se envió el formulario denominado Manifestación de Impacto Regulatorio Ex Post; haciéndole del conocimiento que dicha Comisión, mediante oficio COFEME/16/2867, remitió su Reporte de evaluación ex post sobre el anteproyecto denominado NOM-012-SCT-2-2014, Sobre el Peso y Dimensiones Máximas con los que Pueden Circular los Vehículos de Autotransporte que Transitan en las Vías Generales de Comunicación de Jurisdicción Federal.

No obstante todo lo anterior, se informa que el próximo 26 de octubre de 2016, en el seno de las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes, y Estudios Legislativos, se desahogará el Foro denominado: “Pesos y Dimensiones de las Configuraciones Vehiculares que Transitan en las Vías Federales de Comunicación”, mismo que será conducido por el Presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes, y contará con la participación de esta Secretaría, expertos académicos, representantes de las principales Cámaras y Asociaciones del Subsector Autotransporte, así como de la Sociedad Civil; sin obviar mencionar que participarán legisladores del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, Partido Verde Ecologista de México, Partido de la Revolución Democrática, Partido Acción Nacional y del Partido Revolucionario Institucional.

Finalmente, se informa que esta secretaría ha previsto la inclusión de la NQM-012-SCT-2-2014, Sobre el Peso y Dimensiones Máximas con los que Pueden Circular los Vehículos de Autotransporte que Transitan en las Vías Generales de Comunicación de Jurisdicción Federal, en el Programa Nacional de Normalización para el año 2017, a efecto de revisar su contenido.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Ciudad de México, a 25 de octubre de 2016.— Licenciado Adolfo Elim Luviedo Heredia (rúbrica), Director General.»

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Se remite a la Comisión de Transportes, para su conocimiento.

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La Secretaria diputada Isaura Ivanova Pool Pech: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Integrantes de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

Con fundamento en lo dispuesto en la fracción VIII del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y los artículos 5o., fracción XIII, 8o., fracción VIII, y 12, fracciones III, VIII y XIII de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, me permito hacer de su conocimiento que mediante oficio número D00/100/422/2016, el licenciado Carlos Ramírez Fuentes, presidente de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, envía el Informe Trimestral sobre la situación que guardan los sistemas de ahorro para el retiro, correspondiente al periodo julio-septiembre de 2016.

Por lo anterior, les acompaño para los fines procedentes, copia del oficio al que me he referido, así como el anexo que en el mismo se cita en formato impreso y disco compacto.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

Ciudad de México, a 10 de noviembre de 2016.— Licenciado Felipe Solís Acero (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Licenciado Felipe Solís Acero, subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

Estimado subsecretario Solís:

De conformidad con lo establecido por el artículo 27, fracción VIII, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, atentamente le solicito sea usted el amable conducto para dar cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 5o., fracción XIII, 8o., facción VIII, y 12 fracciones III, VIII y XIII, de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro y el artículo 151 del Reglamento de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro.

Por lo anterior, anexo al presente me permito acompañar por duplicado el informe trimestral sobre la situación que guardan los Sistemas de Ahorro para el Retiro, correspondiente al periodo julio-septiembre de 2016, tanto impreso como en disco compacto, el cual fue aprobado por la Junta de Gobierno de esta comisión en su segunda sesión extraordinaria de dos mil dieciséis y que, de no existir inconveniente, deberá entregarse a cada una de las Cámaras del honorable Congreso de la Unión a más tardar el 30 de noviembre del año en curso.(1)

(1) El documento solo será consultable en la versión electrónica del Diario de los Debates de esta fecha en el Anexo “A”.

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Ciudad de México, a 10 de noviembre de 2016.— Carlos Ramírez Fuentes (rúbrica), Presidente.»

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Remítase a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público, de Seguridad Social y de Trabajo y Previsión Social para su conocimiento.

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La Secretaria diputada Isaura Ivanova Pool Pech: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Edmundo Javier Bolaños Aguilar, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.— Presente.

Las poblaciones afrodescendientes de México han sido históricamente discriminadas, y continúan viviendo un entorno de exclusión e indiferencia, sin presencia explicita en ámbitos como el de las políticas públicas ni en la legislación. Hasta hace muy poco tiempo, incluso, su presencia en la estadística nacional era prácticamente inexistente, con lo cual también eran objeto de una invisibilización, que por sí misma constituye una forma más de discriminación. La relación entre el Estado, los pueblos afrodescendientes y la sociedad debe fundamentarse en el conocimiento de sus condiciones de desarrollo, así como en la necesidad de incorporar sus demandas y perspectiva cultural en las políticas económicas y sociales de los tres órdenes de gobierno.

El derecho a la igualdad entre integrantes de diversas culturas implica que las personas gocen de las mimas oportunidades, lo que significa para el Estado la obligación de realizar acciones para eliminar la discriminación. El objeto central del enfoque basado en los derechos humanos consiste en servir de herramienta para identificar, analizar y combatir las desigualdades estructurales que forman parte de los obstáculos para corregir las prácticas discriminatorias en el progreso y desarrollo de las personas y los pueblos.

En contribución a estos retos y a la necesidad de las personas afrodescendientes de México de ser reconocidas e incluidas explícitamente en las políticas públicas, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos pone a su disposición el Estudio especial de la CNDH sobre la situación de la población afrodescendiente de México a través de la Encuesta Intercensal 2015, que se hizo del conocimiento público el 18 de octubre del presente año, se adjunta al presente y se encuentra disponible en el vínculo http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc//OtrosDocumentos/Doc_2016_023.pdf

Dicho documento contiene cifras, análisis y propuestas que buscan una mejor protección de sus derechos humanos.

Sin más por el momento, me despido de usted enviándole un cordial saludo.

Atentamente

Ciudad de México, a 8 de noviembre de 2016.— Licenciado Luis Raúl González Pérez (rúbrica), Presidente.»

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Remítase a la Comisión de Derechos Humanos para su conocimiento.

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La Secretaria diputada Isaura Ivanova Pool Pech: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito hacer de su conocimiento que en sesión celebrada en esta fecha, se aprobó dictamen de la Comisión de Derechos Humanos con el siguiente punto de acuerdo:

“Único. El Senado de la República exhorta a los titulares de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la federación y de las entidades federativas para que en el ámbito de sus atribuciones y en estrecha coordinación con los organismos públicos de protección de los derechos humanos, fortalezcan y, en su caso, instrumenten programas de promoción, capacitación, enseñanza y actualización permanente en materia de derechos humanos dirigidos a servidores públicos con la finalidad de robustecer la cultura de respeto y la vigencia de los derechos humanos”.

Atentamente

Ciudad de México, a 10 de noviembre de 2016.— Senadora Blanca Alcalá Ruiz (rúbrica), vicepresidenta.»

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: De enterado.

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La Secretaria diputada Verónica Delgadillo García:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que, en sesión celebrada en esta fecha, se aprobó dictamen de las Comisiones Unidas de Reforma Agraria y de Estudios Legislativos, por el que se desecha el proyecto de decreto para reformar el artículo 70 de la Ley Agraria, aprobado por el Senado de la República en sesión celebrada en esta fecha.

En consecuencia, para los efectos de lo dispuesto por la fracción d) del artículo 72 constitucional, me permito devolver a ustedes el expediente respectivo.

Atentamente

Ciudad de México, a 8 de noviembre de 2016.— Senadora Blanca Alcalá Ruiz (rúbrica), vicepresidenta.»

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Túrnese a la Comisión de Reforma Agraria, para dictamen.

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La Secretaria diputada Verónica Delgadillo García:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que, en sesión celebrada en esta fecha, se aprobó dictamen de las Comisiones Unidas de Desarrollo Social y de Estudios Legislativos, Primera, por el que se desecha el proyecto de decreto para adicionar la fracción VI al artículo 19 de la Ley General de Desarrollo Social, aprobado por el Senado de la República en sesión celebrada en esta fecha.

En consecuencia, para los efectos de lo dispuesto por la fracción d) del artículo 72 constitucional, me permito devolver a ustedes el expediente respectivo.

Atentamente

Ciudad de México, a 8 de noviembre de 2016.— Senadora Blanca Alcalá Ruiz (rúbrica), vicepresidenta.»

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Túrnese a la Comisión de Desarrollo Social, para dictamen.

MINUTAS

LEY GENERAL DE SALUD

La Secretaria diputada Verónica Delgadillo García:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Para los efectos constitucionales, me permito remitir a ustedes expediente que contiene proyecto de decreto por el que se adicionan los artículos 109 Ter y 109 Quáter a la Ley General de Salud, aprobado por el Senado de la República en sesión celebrada en esta fecha.

Atentamente

Ciudad de México, a 8 de noviembre de 2016.— Senadora Blanca Alcalá Ruiz (rúbrica), vicepresidenta.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

PROYECTO DE DECRETO

CS-LXIII-II-1P-110

POR EL QUE SE ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 109 TER Y 109 QUATER A LA LEY GENERAL DE SALUD.

ÚNICO. Se adicionan los artículos 109 Ter y 109 Quáter a la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

Artículo 109 Ter. La Secretaría de Salud coordinará el Centro Mexicano para la Clasificación de Enfermedades, el cual será un órgano colegiado que tendrá por objeto normar, vigilar y promover el uso correcto de la familia de clasificaciones internacionales de la Organización Mundial de la Salud, así como desarrollar las clasificaciones que se requieran en el país.

El Centro Mexicano para la Clasificación de Enfermedades estará integrado por representantes de las dependencias y entidades de la Administración Pública, tanto federal como local, que presten servicios de salud, y podrán participar representantes de los sectores social y privado del Instituto Nacional de Estadística y Geografía así como miembros honorarios que la Secretaría de Salud invite por su destacado conocimiento en la materia.

Los miembros del Centro Mexicano para la Clasificación de Enfermedades deberán ser expertos en materia de clasificaciones y generación de información en salud.

Artículo 109 Quáter. El funcionamiento del Centro Mexicano para la Clasificación de Enfermedades se regirá por sus reglas de operación, que serán aprobadas por la Secretaría de Salud, a propuesta del propio Centro.

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO. Las acciones que realicen las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal para dar cumplimiento al presente decreto se sujetarán a los programas presupuestarios en la materia y se cubrirán con las recursos que apruebe la Cámara de Diputados en el Presupuesto de Egresos de la Federación del ejercicio fiscal de que se trate, por lo que no se autorizarán recursos adicionales para el presente ejercicio fiscal y los subsecuentes.

Salón de sesiones de la Honorable Cámara de Senadores. Ciudad de México, a 8 de noviembre de 2016.— Senadora Blanca Alcalá Ruiz (rúbrica), vicepresidenta; senadora María Elena Barrera Tapia (rúbrica), secretaria.»

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Túrnese a la Comisión de Salud, para dictamen.

DECLARA EL DÍA 11 DE ABRIL DE CADA AÑO, COMO EL DÍA NACIONAL DE LA LUCHA CONTRA EL PARKINSON

La Secretaria diputada Verónica Delgadillo García:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Para los efectos constitucionales, me permito remitir a ustedes expediente que contiene proyecto de decreto por el que se declara el 11 de abril de cada año, como el Día Nacional de la Lucha contra el Parkinson,aprobado por el Senado de la República en sesión celebrada en esta fecha.

Atentamente

Ciudad de México, a 8 de noviembre de 2016.— Senadora Blanca Alcalá Ruiz (rúbrica), vicepresidenta.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Proyecto de decreto

CS-LXIII-II-1P-109

Por el que se declara el 11 de abril de cada año, como el Día Nacional de la Lucha contra el Parkinson.

Único.Se declara el 11 de abril de cada año, como el Día Nacional de la Lucha contra el Parkinson.

Transitorio

Único.El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la Honorable Cámara de Senadores. Ciudad de México, a 8 de noviembre de 2016.— Senadora Blanca Alcalá Ruiz (rúbrica), vicepresidenta; senadora María Helena Barrera Tapia (rúbrica), secretaria.»

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Túrnese a la Comisión de Gobernación, para dictamen.

CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES

La Secretaria diputada Verónica Delgadillo García:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Para los efectos constitucionales, me permito remitir a ustedes expediente que contiene proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 222 Bis del Código Federal de Procedimientos Civiles, aprobado por el Senado de la República en sesión celebrada en esta fecha.

Atentamente

Ciudad de México, a 8 de noviembre de 2016.— Senadora Blanca Alcalá Ruiz (rúbrica), vicepresidenta.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Proyecto de Decreto

CS-LXIII-II-1P-111

Por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 222 Bis del Código Federal de Procedimientos Civiles

Artículo Único. Se adiciona un segundo párrafo al artículo 222 Bis del Código Federal de Procedimientos Civiles, para quedar como sigue:

Artículo 222 Bis. ...

En los juicios en los que una o ambas partes tengan alguna discapacidad intelectual y/o mental, las sentencias deberán contener, además de los requisitos previstos en el presente capítulo, un complemento con la redacción de la misma, bajo un formato de lectura fácil que estará determinado por la discapacidad concreta. Asimismo, deberán realizarse los ajustes razonables que sean requeridos para asegurar que las partes antes mencionadas comprendan los términos de la resolución, de conformidad con la discapacidad específica. .

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la Honorable Cámara de Senadores. Ciudad de México, a 8 de noviembre de 2016.— Senadora Blanca Alcalá Ruiz (rúbrica), vicepresidenta; senadora María Elena Barrera Tapia (rúbrica), secretaria.»

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Túrnese a la Comisión de Justicia, para dictamen.

CÓDIGO CIVIL FEDERAL

La Secretaria diputada Verónica Delgadillo García:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Para los efectos constitucionales, me permito remitir a ustedes expediente que contiene proyecto de decreto por el que se adiciona un cuarto párrafo al artículo 58 del Código Civil Federal, aprobado por el Senado de la Republica en sesión celebrada en esta fecha.

Atentamente

Ciudad de México, a 8 de noviembre de 2016.— Senadora Blanca Alcalá Ruiz (rúbrica), vicepresidenta.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Proyecto de Decreto

CS-LXIII-II-1P-113

Por el que se adiciona un cuarto párrafo al artículo 58 del Código Civil Federal

Artículo Único. Se adiciona un cuarto párrafo al artículo 58 del Código Civil Federal, para quedar como sigue:

Artículo 58. ...

...

...

En todos los casos que se requiera, el juez del Registro Civil está obligado a registrar en el acta de nacimiento el nombre solicitado, con estricto apego a las formas orales, funcionales y simbólicas de comunicación pertenecientes a las lenguas indígenas.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Las legislaturas locales de todos los estados que conforman la República Mexicana deberán ajustar su legislación civil o familiar, según sea el caso, conforme al presente Decreto, en un término no mayor a 120 días hábiles posteriores a su entrada en vigor.

Salón de sesiones de la Honorable Cámara de Senadores. Ciudad de México, a 8 de noviembre de 2016.— Senadora Blanca Alcalá Ruiz (rúbrica), vicepresidenta; senadora María Elena Barrera Tapia (rúbrica), secretaria.»

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Túrnese a la Comisión de Justicia, para dictamen.

CÓDIGO PENAL FEDERAL

La Secretaria diputada Verónica Delgadillo García:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Para los efectos constitucionales, me permito remitir a ustedes expediente que contiene proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 246, fracción II y se adiciona un artículo 248 Ter, ambos del Código Penal Federal, aprobado por el Senado de la República en sesión celebrada en esta fecha.

Atentamente

Ciudad de México, a 8 de noviembre de 2016.— Senadora Blanca Alcalá Ruiz (rúbrica), vicepresidenta.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Proyecto de Decreto

CS-LXIII-II-1P-112

Por el que se reforma el artículo 246, fracción II y se adiciona un artículo 248 Ter, ambos del Código Penal Federal.

Artículo Único. Se reforma el artículo 246, fracción II, y se adiciona un artículo 248 Ter, ambos del Código Penal Federal, para quedar como sigue:

Artículo 246. ...

I. ...

II. El Notario, corredor público o cualquier servidor público que, en ejercicio de sus funciones, expida una certificación de hechos que no sean ciertos, o da fe de lo que no consta en autos, registros, protocolos o documentos;

IIIa VIII. ...

Artículo 248 Ter. Al que hiciere declaraciones falsas ante corredor público para hacerlos constar en un instrumento o para que se certifiquen, se le impondrá prisión de dos a seis años y de cien a trescientos días multa.

La misma sanción se impondrá a quien realice la conducta descrita en el párrafo anterior, ante notario público, y se afecten bienes o derechos que sean de competencia de la federación.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la Honorable Cámara de Senadores. Ciudad de México, a 8 de noviembre de 2016.— Senadora Blanca Alcalá Ruiz (rúbrica), vicepresidenta; senadora María Elena Barrera Tapia (rúbrica), secretaria.»

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Túrnese a la Comisión de Justicia, para dictamen.

CÓDIGO PENAL FEDERAL

La Secretaria diputada Verónica Delgadillo García:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Para los efectos de lo dispuesto en la fracción e) del artículo 72 constitucional, me permito devolver a ustedes el expediente que contiene proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 381 del Código Penal Federal, aprobado por el Senado de la República en sesión celebrada en esta fecha.

Atentamente

Ciudad de México, a 8 de noviembre de 2016.— Senadora Blanca Alcalá Ruiz (rúbrica), vicepresidenta.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Proyecto de Decreto

Por el que se reforma y adiciona el artículo 381 del Código Penal Federal

Artículo Único. Se reforman las fracciones XVI y XVII, así como el último párrafo del artículo 381 y se adiciona una fracción XVIII al mismo artículo, del Código Penal Federal, para quedar como sigue:

Artículo 381. ...

I. a XV. ...

XVI. Cuando se cometa en caminos o carreteras;

XVII. Cuando el objeto de apoderamiento sean vías, sus partes o equipo ferroviario, los bienes, valores o mercancías que se transporten por este medio, y

XVIII. Cuando el objeto del apoderamiento sea cable de cobre, aluminio, acero, níquel o cualquier otro material que sirva como medio para la prestación de un servicio público y a consecuencia de ello se produzca la interrupción de éste.

...

En los supuestos a que se refieren las fracciones VII, VIII, IX, X, XVI, XVII, y XVIII de dos a siete años de prisión.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor un día después de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la Honorable Cámara de Senadores. Ciudad de México, a 8 de noviembre de 2016.— Senadora Blanca Alcalá Ruiz (rúbrica), vicepresidenta; senadora María Elena Barrera Tapia (rúbrica), secretaria.»

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Túrnese a la Comisión de Justicia, para dictamen.

INICIATIVA DE SENADOR

LEY DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS

La Secretaria diputada Verónica Delgadillo García:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Comunico a ustedes que, en sesión celebrada en esta fecha, el senador Fernando Enrique Mayans Canabal, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 2 y 3 de la Ley del Impuesto Especial sobré Producción y Servicios.

Con fundamento en los artículos 66, párrafo 1, inciso a), y 67, párrafo 1, inciso b), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 174, 175, párrafo 1, 176, 177, párrafo 1, y 178 del Reglamento del Senado, se dispuso que dicha iniciativa, misma que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.

Atentamente

Ciudad de México, a 10 de noviembre de 2016.— Senadora Blanca Alcalá Ruiz (rúbrica), vicepresidenta.»

«Fernando Enrique Mayans Canabal, senador de la República a la Sexagésima Tercera Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del PRD; con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8, numeral 1, fracción I, 164 y 169 del Reglamento del Senado de la República, me permito someter a consideración del pleno de esta asamblea una iniciativa con proyecto de decreto, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

En fecha reciente, los tabasqueños recibimos con especial entusiasmo la noticia relativa a la entrega de la denominación de origen del Cacao Grijalva, al estado de Tabasco, con la que se incrementarán las investigaciones sobre su cultivo y la revalorización de sus precios.

El 29 de agosto de 2016, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial publicó la Declaración General de Protección de la Denominación de Origen Cacao Grijalva.

En dicha declaración se reconoce entre otros aspectos, que:

- Dentro de las principales variedades del cacao se encuentran: criollo, trinitario y forastero.

- El cacao criollo representa aproximadamente el 5 por ciento de la producción mundial, por su escasez e inmejorable calidad, este tipo de cacao es muy cotizado en el mercado, arriba de un 20 por ciento sobre el precio regular. El cacao criollo es el más fino.

- El cacao trinitario está constituido por poblaciones híbridas, producto de cruzamientos espontáneos entre criollos y forasteros. Presentan características de mazorca, semillas casi similares y representan formas intermedias de los grupos que les dieron origen.

- El cacao forastero, se refiere a un gran grupo que contiene, poblaciones cultivadas, semisilvestres y silvestres. Se caracteriza por presentar mazorcas, es un cacao más bien corriente que se produce principalmente en África.

- Las poblaciones de cacao cultivadas en la región Grijalva de Tabasco, en su mayoría, pertenecen al grupo genético trinitario, producto de la hibridación natural entre los criollos nativos y los forasteros. Predominan las formas de fruto amelonado, calabacillo, angoleta y cundeamor.

- Asimismo existen otras variedades en los que los fenotipos que predominan son el amelonado (80 por ciento), calabacillo (8 por ciento), angoleta y cundeamor (12 por ciento).

- También se produce en Tabasco una variedad de cacao criollo de almendra blanca, denominada Carmelo 1, que es un cacao fino con aroma que goza de amplia aceptación y prestigio en el mercado internacional. Actualmente, este cacao que se produce en el municipio de Cunduacán, Tabasco y que tiene historia propia, se exporta principalmente a países de la Unión Europea, en donde ha ganado premios de calidad.

- La región Grijalva de Tabasco, se encuentra integrada por tres subregiones productivas, denominadas Chontalpa, sierra y centro. En estas tres subregiones es donde se produce la totalidad del Cacao Grijalva del estado. Estas subregiones agrupan 11 municipios de la siguiente forma:

Chontalpa: Cárdenas, Comalcalco, Cunduacán, Huimanguillo y Paraíso.

Centro: Centro, Jalpa de Méndez y Nacajuca.

Sierra: Jalapa, Tacotalpa y Teapa.

-Tabasco un lugar idóneo y único para el cultivo del cacao, y al reunir todas las condiciones necesarias para el óptimo crecimiento de las plantaciones, también ofrece los mejores entornos para el desarrollo de los frutos y sus características más deseables de sabor y aroma.

- El fruto del cacao es muy apreciado a nivel mundial y se conserva en un lugar privilegiado en la cultura de nuestro país, pero sobre todo en Tabasco, por lo que no se debe perder de vista su importancia.

- Es necesario apoyar su cultivo, no sólo como parte indispensable de una tradición de siglos, sino como una forma de conservación de la ecología de la región, ya que las plantaciones de cacao son las selvas cultivadas de Tabasco.

- La zona de la denominación de origen solicitada contiene la altura, la humedad, la temperatura, la variedad de árboles y biotipos, los animales encargados de la polinización y el conocimiento del hombre sobre la tierra y cultivo de la planta, que hace que la calidad del “Cacao Grijalva” no pueda ser encontrada en otras zonas del mundo.

- Destaca de la declaración sus tres primeros resolutivos:

Primero. Se otorga la protección de la denominación de origen “Cacao Grijalva”, con la que se designan a los productos descritos en el considerando único de la presente declaración, en términos de la Ley de la Propiedad Industrial.

Segundo. El origen, calidad y características establecidas en la presente declaración para el “Cacao Grijalva”, serán garantizadas en los términos que fije la norma oficial mexicana que emita la autoridad competente.

Tercero. El Estado mexicano será el titular de la denominación de origen “Cacao Grijalva”, y ésta sólo podrá usarse mediante autorización que expida el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, a las personas físicas o morales que reúnan los requisitos establecidos en el artículo 169 de la Ley de la Propiedad Industrial.

En diversas épocas y documentos se ha reconocido que el cacao es parte de la historia, la economía y la cultura mexicana. Es y ha sido una fuente de empleos, un pulmón para la región sur sureste y hasta hace poco una parte importante del producto interno bruto de los estados de Tabasco y Chiapas. Estas entidades federativas son las principales productoras de cacao, pero también otros estados desarrollan esta actividad, como lo son Oaxaca, Guerrero y Veracruz. En el caso de Chiapas, se sabe que posee nueve regiones económicas y once distritos agropecuarios, sin embargo, sólo cinco de éstos producen cacao: Tuxtla Gutiérrez, Pichucalco, Palenque, Tapachula y Selva. Considerando que

1. En el acuerdo para instrumentar la política de fomento a la gastronomía nacional, el cual tiene como meta el desarrollo del crecimiento local, regional, y nacional a través del impulso a la gastronomía nacional, se contemplan acciones en favor del desarrollo del chocolate y el cacao mexicano.

2. Nuestro país cuenta con cerca de 37 mil productores que cultivan los estados de Tabasco (generando el 67 por ciento del cacao del país), Chiapas (con el 32 por ciento de la producción), Oaxaca (con el 1 por ciento); Guerrero y Veracruz (cuya producción es mínima).

3. La demanda de productos derivados del cacao aumenta desde hace 20 años 2.5 por ciento anual, lo que significa que el requerimiento de cacao se duplica cada 25 años.

4. México se encuentra entre los 10 países con menor producción de cacao en el mundo, situación que obliga a importar cerca de 63 mil toneladas de cacao en grano, para cubrir la demanda de chocolate en el país. Dichas importaciones, son provenientes principalmente de Ecuador, Costa de Marfil y República Dominicana.

5. En el caso de Tabasco, hay que señalar que existen 40 mil hectáreas con vocación cacaotera, de las cuales una parte ha caído en el abandono y otra, se ha visto afectada por las inundaciones.

6. De esta manera, en la última década la producción disminuyó dramáticamente pasando de 40 mil toneladas, a poco menos de 10 mil anualmente.

7. Bajo el contexto anteriormente expuesto, es clara la necesidad nacional de impulsar al mercado agrícola, a través de una mayor producción del cacao y sus derivados como producto verdaderamente mexicano que forma parte intrínseca de la gastronomía, la historia, la cultura y la sociedad mexicana.

8.A pesar de su valor cultural, económico y de desarrollo regional, México únicamente aporta el 0.5 por ciento de la producción mundial total con un registro aproximado de 22 mil toneladas anuales, lo que representa una disminución del 47 por ciento al ser comparada con 2001. Esta situación, ha derivado en un alza en la importación de este producto y por ende, se está afectando directamente a la economía de los productores locales.

9. Más allá del factor histórico y económico, el cacao y sus derivados (pasta de cacao, manteca de cacao y cocoa) representan un elemento esencial para la gastronomía nacional, dado que son los principales insumos no sólo para el chocolate, sino para platillos como el chilate en Guerrero; el popo, punzuque, tascalate, chemole, polivi en Chiapas; el pozol en Tabasco; chocolate de apompo en Veracruz, así como el champurrado, el tejate o los distintos tipos de mole.

10. Se debe considerar que al establecerse una carga fiscal sobre los productos derivados del cacao, las familias y comunidades que dependen de su comercialización para su manutención sufren al no poder ser competitivos en el sector.

Por ello, con la presente iniciativa propongo:

? Excluir a los productos derivados del cacao del gravamen del 8 por ciento, para efecto de incentivar el desarrollo de dicho cultivo al establecer un costo de materia prima más bajo, suprimiendo con ello una de las barreras que impiden el crecimiento de nuestras comunidades más desarraigadas y coadyuvar a alcanzar todo el potencial agroalimentario de nuestra nación.

Por lo antes expuesto, someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforma el artículo 2 y 3 de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios

Único. Se reforman los artículos 2, en su fracción I, inciso J, numeral 3; y 3, en su fracción XXIX, ambos preceptos de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, para quedar como sigue:

Artículo 2...

I. ...

A) a I)...

J) Alimentos no básicos que se listan a continuación, con una densidad calórica de 275 kilocalorías o mayor por cada 100 gramos: 8 por ciento

1. y 2. ...

3. Chocolate

4. a 9. ...

Artículo 3. ...

I. a XXVIII. ...

XXIX. Se deroga.

XXX. a XXXVI. ...

Transitorio

Único.El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas:

1 Quarterly Bulletin of Cocoa Statistics, Vol. XLI - 1 - Cocoa year 2014/2015. ICCO 2014.

2 Cacao México. Fundación Cacao, n.d. web. 8 sept. 2015.

Salón de sesiones del Senado de la República, a 10 de noviembre de 2016.— Senador Raúl Morón Orozco (rúbrica p.a.).»

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen. Permítame.

Queremos destacar y saludar la presencia en este salón de sesiones de los excelentísimos señores embajadores acreditados en México, el señor Andrian Yelemessov, de la hermana República de Kazajstán, quienes están celebrando el 25 Aniversario de su Independencia; la señora Eva Hager de la República de Austria; el señor Joao Marcelo, de la República de Brasil; la señora Alena Gazurova, de la República Eslovaca; el señor Petros Panayotopoulos, de la República Helénica; el señor Yusra Khan, de la República de Indonesia, el señor Aitzaz Ahmed, de la República Islámica de Pakistán, el señor Goran Mesic, de la República de Serbia, quienes han sido invitados a la inauguración de la Semana de Kazajstán en la Cámara de Diputados, por parte de la diputada María Verónica Agundis Estrada, vicepresidenta del Grupo de Amistad, México-Kazajstán.

Este cuerpo colegiado les da más cordial bienvenida, señoras y señores embajadores y hace votos por el fortalecimiento de los lazos de amistad, diálogo y cooperación entre nuestras naciones. Sean ustedes bienvenidos.

Continúe la Secretaría.

DECLARATORIA DE PUBLICIDAD DE DICTÁMENES DE LEY O DECRETO

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:«Dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto por el que se adiciona un inciso d) a la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de centros penitenciarios

Honorable Asamblea:

La Comisión de Puntos Constitucionales con fundamento en lo dispuesto por los artículos 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 39, numerales 1 y 2, fracción XLI, 3 y 45, numeral 6, inciso f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los diversos 80, 81, 84, 85, 89, numeral 2; 157, numeral 1, fracciones I y IV; 158, numeral 1, fracción IV; 167, numeral 4 y 176 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de los integrantes de esta Soberanía el presente:

Dictamen

Para ello, esta Comisión Dictaminadora hizo uso de la siguiente:

Metodología

La Comisión de Puntos Constitucionales, encargada del análisis y dictamen de la iniciativa en comento, desarrolló los trabajos correspondientes conforme al procedimiento que a continuación se describe:

I. En el apartado denominado Antecedentes Legislativos, se da cuenta del trámite del proceso legislativo de la iniciativa que motiva el presente dictamen.

II. En el apartado Contenido de la Iniciativa y Consideraciones del Dictamen, se exponen los objetivos y se hace una descripción de los contenidos de dicha iniciativa, en la que se plantea su teleología, motivos y alcances, así como los razonamientos y argumentos relativos a la misma y, con base en esto se sustenta el sentido del presente dictamen.

III. En el capítulo relativo al Texto Normativo y Régimen Transitorio, se plantea el Proyecto de Dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales en sentido positivo, mismo que contiene el proyecto de decreto por el que se adiciona el inicio d) de la fracción XXI del art. 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que se establezca la figura de la regulación de centros penitenciarios y administración penitenciaria como una materia concurrente.

I. ANTECEDENTES LEGISLATIVOS

Primero. El 04 de mayo de 2016 la diputada Karina Padilla Ávila, presentó iniciativa con proyecto de decreto que busca agregar un inciso d) a la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de centros penitenciarios y administración penitenciaria.

Segundo.En esa misma fecha, la Mesa Directiva turnó la iniciativa de mérito a esta Comisión de Puntos Constitucionales para su dictamen, mediante oficio CP2R1A-23, que se recibió el 13 de mayo de 2016, y quedó registrada con el número CPC-I-240-16 del índice de esta Comisión.

II. CONTENIDO DE LA INICIATIVA Y CONSIDERACIONES DEL DICTAMEN

La iniciativa, en su parte medular señala lo siguiente:

Que ante los múltiples avances que ha tenido nuestro país en materia de derechos humanos, particularmente tras la reforma constitucional en la materia del año 2011, se ha generado un progreso notable en su implementación, que sin embargo, no se ha reflejado plenamente en el ámbito penitenciario, y aún se tiene la errónea idea de que la pena se debe entender como un castigo y no un medio de readaptación social, y que para lograr es imperativo el respeto irrestricto a los derechos humanos de los imputados, o en su caso, sentenciados.

La iniciativa menciona:

Esta percepción ha mermado el desarrollo armónico y reeducativo al interior de la vida en los centros penitenciarios mexicanos, que sumado a la sobrepoblación carcelaria, el abuso de poder, la corrupción administrativa y la desvinculación con los otros sectores del sistema de justicia penal dificultan todavía más cualquier posibilidad reinserción social, la cual conforme al artículo 18 constitucional, implica un tratamiento individualizado para encauzar a la persona en reclusión a incorporarse nuevamente en la sociedad y evitando en la medida de lo posible, que vuelva a delinquir.

En consecuencia y tras argumentar diversos puntos particulares, la diputada ponente refiere:

... para avanzar en el tema, considero de la mayor relevancia adicionar un inciso d) a la fracción XXI del artículo 73 constitucional, para incluir la facultad del Congreso para expedir la Ley General en materia de administración penitenciaria y centros reclusión, con la finalidad de homologar principios constitucionales, compromisos señalados en Tratados, Convenciones y otros instrumentos internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, en materia de reinserción social como fin del sistema penitenciario, garantizando los derechos humanos y libertades fundamentales de los internos. Se trata de un cambio profundo, que reconoce la dignidad de la persona y ofrece condiciones reales de readaptación social.

En consecuencia, propone la autora el siguiente Proyecto de Decreto:

Único. Se adiciona un inciso d) a la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo 73. El Congreso tiene facultad:

I. a XX...

XXI... Para expedir

a) al c)

d) Leyes de carácter general, que establezcan la concurrencia de la federación, las entidades federativas, los municipios, y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, en materia de Centros Penitenciarios y Administración Penitenciaria conforme a lo dispuesto en el artículo 18 constitucional.

...

...

XII a XXX...

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

III. Cuadro Comparativo

La iniciativa de la diputada Padilla Ávila, propone reformar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos con el siguiente texto propuesto:

IV. Consideraciones

Primero.Esta Comisión de Puntos Constitucionales de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, es competente para dictaminar la presente Iniciativa, de conformidad a la normatividad del Congreso de la Unión citada.

Segundo. De la lectura del contenido de la Iniciativa de mérito, se aprecia que la materia de la misma va encaminada a adicionar un inciso d) a la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Tercero. Esta Comisión dictaminadora reconoce la importancia de dotar de equilibrio a la seguridad y la protección de los derechos humanos de las personas en reclusión, dentro del sistema penitenciario mexicano, garantizando su integridad física y mental, así como las mejores condiciones posibles en el cumplimiento de la pena, para que pueda cumplir con sus fines teleológicos.

Cuarto.El párrafo segundo del artículo 18 constitucional señala que:

El sistema penitenciario se organizará sobre la base del respeto a los derechos humanos, del trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte como medios para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir, observando los beneficios que para él prevé la ley. Las mujeres compurgarán sus penas en lugares separados de los destinados a los hombres para tal efecto.

Cabe mencionar que el referido párrafo, fue parte de la reforma constitucional en materia de derechos humanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 10 de junio de 2011, y que dio una nueva dimensión, no solo a los derechos humanos en México en nuestra constitución, sino a todo nuestro sistema jurídico.

De acuerdo a los tres primeros párrafos del artículo 1º, base de la reforma constitucional citada en el párrafo que antecede:

En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.

En congruencia con lo anterior, para delimitar el goce de los derechos humanos, México ha suscrito diversos ordenamientos internacionales, los cuales está obligado a observar en materia de reinserción social como fin del sistema penitenciario, garantizando los derechos humanos y libertades fundamentales de los internos, situación que nos obliga a retomar ciertas recomendaciones emitidas en:

1. Las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos (ONU, 1955);

2. Los Principios de ética médica aplicables a la función del personal de salud, especialmente los médicos, en la protección de personas presas y detenidas contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes(ONU 1982);

3. La Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles inhumanos o degradantes(ONU 1984);

4. El Protocolo Facultativo que establece un Régimen Especial de Visitas a los lugares de Detención;

5. La Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura(1985);

6. Los Principios para la protección de todas las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión (ONU 1988);

7. Los Principios básicos para el tratamiento de los reclusos (ONU 1990);

8. Las Reglas Mínimas de la Naciones Unidas sobre las Medidas no Privativas de Libertad (ONU 1990);

9. Los Principios y Buenas Prácticas para la Protección de las Personas Privadas de su Libertad en la Américas (OEA 2008);

10. Las Reglas para el Tratamiento de las Reclusas y Medidas No Privativas de la Libertad para las Mujeres Delincuentes (ONU 2011), conocidas como «Reglas de Bangkok»;

11. La Declaración de Doha sobre la Integración de la Prevención del Delito y la Justicia Penal en el Marco más Amplio del Programa de las Naciones Unidas para Abordar los Problemas Sociales y Económicos y Promover el Estado de Derecho a Nivel Nacional e Internacional y la Participación Pública (ONU 2015);

12. Las Directrices de las Naciones Unidas para la prevención de la delincuencia juvenil («Directrices de Riad»);

13. Las Reglas mínimas de las Naciones Unidas para la administración de la justicia de menores («Reglas de Beijing»), y

14 Las Reglas de las Naciones Unidas para la protección de los menores privados de libertad.

La pretendida reforma tendría como finalidad materializarlos en un instrumento legal que sirva de base para homologar criterios en la búsqueda de soluciones al grave problema de la crisis penitenciaria del Estado Mexicano, pero solo por lo que se refiere a su administración, no siendo aplicable, por consiguiente, a la ejecución de penas, pues si bien se trata de aspectos indisolublemente vinculados, corresponden a dimensiones distintas.

Primeramente, la ejecución de penas es un tema que constitucionalmente se encuentra a cargo de dos Poderes de la Unión: (i) el Judicial, a través de los Jueces de Ejecución y, (ii) el Ejecutivo, a través del Sistema Penitenciario.

En segundo término, la administración penitenciaria se encuentra reservada tan solo para el Poder Ejecutivo.

Ante tal statu quo, la figura de la administración penitenciaria se encuentra cercana, pero paralela a la de ejecución.

Así, la regulación constitucional que dispone la existencia de un modelo legislativo nacional para la ejecución de penas —previsto en el art. 73, fracción XXI, inciso c) constitucional—, será uno y diverso a este nuevo propuesto de la administración de centros penitenciarios, que se regirá por un modelo legislativo diverso, a través de la concurrencia de competencias mediante una ley general que distribuya competencias.

Quedando para ello de la siguiente manera:

Artículo 73. El Congreso tiene facultad:

XXI. Para expedir:

c) La legislación única en materia procedimental penal, de mecanismos alternativos de solución de controversias, de ejecución de penas y de justicia penal para adolescentes, que regirá en la República en el orden federal y en el fuero común.

d) La ley general que establezca las bases y principios generales en materia de administración de centros penitenciarios, así como la distribución de competencias entre la federación, las entidades federativas, los municipios, y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en la materia.

De ahí que la reforma planteada se dirija, de manera exclusiva a la figura de la administración y gobierno interno de los centros de reclusión.

En la lógica de lo anterior, nuestro país debe velar por la protección de los derechos humanos de las personas, que derivado de la comisión de un delito, se encuentran legalmente privados de su libertad. Para ello, de acuerdo al bloque constitucional en la materia, se deben cumplir con los principios tendientes a lograr el fin de la pena, la reinserción social, y los mecanismos que así lo permitan, como es la creación de un sistema de clasificación de los internos, lo que obliga a contar con infraestructura que permita esta clasificación en distintas categorías para implementar una individualización del tratamiento, a un trato digno de los reclusos, goce de los derechos humanos de toda persona manifestando excepción para los derechos señalados por las leyes en concordancia con su condición de interno, tratamiento humano y con irrestricto respeto a la dignidad, la prohibición de toda clase de tortura, penas, malos tratos o crueldad hacia las personas, a educar e informar al personal en la formación profesional vinculado con el sistema penitenciario sobre la prohibición de tortura en todo momento respecto a la persona arrestada, detenida o en prisión, complementando con exámenes sistemáticos de normas, métodos, prácticas y cualquier otro mecanismo para interrogatorios, para evitar todo tipo de tortura.

Se trata de un tema de relevancia para el Estado Mexicano, y que debe contar con una legislación que permita eliminar las asimetrías que existen en las entidades federativas dentro de su regulación legal, estableciendo principios y facultades explicitas para cada orden de gobierno, que garantice a todas y cada una de las personas privadas de su libertad, la garantía de un pleno respeto a sus derechos humanos.

Dicho lo anterior, esta Comisión dictaminadora considera que debe existir fundamento constitucional expreso para facultar al Congreso de la Unión a legislar concurrentemente en materia de Centros de Reclusión, a efecto de establecer los principios bajo los cuales deben funcionar dichos centros, así como la coincidencia de los distintos órdenes de gobierno responsables del tema.

Dicha legislación, deberá además, regular la operación y funcionamiento de los Centros de Reclusión, la implementación de programas, acciones y actividades necesarias para contribuir con la reinserción social de los sentenciados, y establecer pautas de operación para la generación de condiciones dignas de indiciados y procesados, con plena protección a los derechos humanos, conforme a lo establecido en los artículos 1º y 18 de la Constitución Política y, los tratados e instrumentos internacionales en la materia.

Quinto. La iniciativa que se dictamina señala:

...en la mayoría de dichos centros penitenciarios no existe separación entre procesados y sentenciados en dormitorios, ni en áreas comunes, se aprecia la existencia de objetos y sustancias prohibidas, así como de cobros por parte de los custodios, inexiste capacitación del personal técnico, a lo que se suma la ausencia de medidas para evitar el trato discriminatorio de las personas indígenas, falta de registros y programas de desintoxicación voluntaria o de prevención de adicciones, carencia en medicamentos y material de curación y en casos extremos, inexistencia de áreas para atención médica.

Además refiere que:

En cuanto a las condiciones para realizar actividades educativas y deportivas, se aprecia que en varios centros de reclusión no existe normatividad que establezca parámetros, horarios, programas, etc., que permitan hacer efectivos estos derechos; en tanto que en otros centros penitenciarios se da cuenta de que no se fomenta el trabajo ni la capacitación para el mismo.

Respecto al rubro: garantía de la integridad física y moral del interno, se detalla que en algunos centros no se dispone del acceso a números gratuitos desde teléfonos públicos; además no existe registro de que los titulares de dichos centros de reclusión realicen supervisiones para verificar el correcto funcionamiento de los mismos.

Todo lo anterior, hace evidente que existen disparidades significativas en las normas establecidas para la administración penitenciaria en cada centro de reclusión del territorio mexicano, además de que atentar contra lo establecido en el artículo 18 constitucional, que trae como consecuencia que no se atienda de manera puntual al desarrollo de los ejes rectores sobre el que se organiza el sistema penitenciario, como medio de reinserción social de la persona, procurando que no vuelva a delinquir; además hace evidente la necesidad de que la Federación, los Estados y Municipios en el ámbito de sus respectivas competencias, articulen bajo un mismo parámetro, las acciones que permitan enfrentar responsabilidades equitativamente, ante la actual problemática en los centros de reclusión.

Lo anterior, aunado a obstáculos para la aplicación efectiva de la reinserción social, como la sobrepoblación de los Centros Penitenciarios y las carencias de infraestructura, personal calificado y presupuesto, generan distorsiones al sistema, que no sólo son óbice para la consecución de sus propios fines, sino que facultan la violación de los derechos humanos de las personas que compurgarán sus penas en estos lugares.

Como se ha señalado en otras leyes generales que regulan asuntos en materia de derechos humanos, por su propia naturaleza, no puede haber distinciones para los ciudadanos por la única razón de residir en diferentes entidades federativas. De ahí la importancia de contar con una legislación que establezca principios y normas mínimas para la protección de estos derechos, así como la adecuada distribución de competencias en los órdenes de gobierno.

Sexto. Tal y como lo señala la iniciativa, debe ser a través de una Ley General que se instrumentalice la regulación de esta materia concurrente, pues más allá de la disparidad de criterios doctrinales que pueda existir al respecto, existen criterios jurisprudenciales sostenidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación relativos a las características de las materias concurrentes y de las leyes que las instrumentan, es decir, de las leyes generales:

Tesis de Jurisprudencia P./J. 142/2001 de la Novena Época, sostenida por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1042, del Tomo XV, enero de 2002, del SJF y su Gaceta, bajo el número de registro 187982, derivada de la inconstitucionalidad 31/2006, cuyos rubro y contenidos son los siguientes:

FACULTADES CONCURRENTES EN EL SISTEMA JURÍDICO MEXICANO. SUS CARACTERÍSTICAS GENERALES. Si bien es cierto que el artículo 124 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que: «Las facultades que no están expresamente concedidas por esta Constitución a los funcionarios federales, se entienden reservadas a los Estados», también lo es que el Órgano Reformador de la Constitución determinó, en diversos preceptos, la posibilidad de que el Congreso de la Unión fijara un reparto de competencias, denominado «facultades concurrentes», entre la Federación, las entidades federativas y los Municipios e, inclusive, el Distrito Federal, en ciertas materias, como son: la educativa (artículos 3°, fracción VIII y 73, fracción XXV), la de salubridad (artículos 4°, párrafo tercero y 73, fracción XVI), la de asentamientos humanos (artículos 27, párrafo tercero y 73, fracción XXIX-C), la de seguridad pública (artículo 73, fracción XXIII), la ambiental (artículo 73, fracción XXIX-G), la de protección civil (artículo 73, fracción XXIX-I) y la deportiva (artículo 73, fracción XXIX-J). Esto es, en el sistema jurídico mexicano las facultades concurrentes implican que las entidades federativas, incluso el Distrito Federal, los Municipios y la Federación, puedan actuar respecto de una misma materia, pero será el Congreso de la Unión el que determine la forma y los términos de la participación de dichos entes a través de una ley general.

Tesis de Jurisprudencia P./J. 38/2011 (9a.) de la Décima Época, sostenida por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 288, del Libro I, octubre de 2011, Tomo 1, del SJF y su Gaceta, bajo el número de registro 160856, derivada de la inconstitucionalidad 31/2010, cuyos rubro y contenidos son los siguientes:

FACULTADES CONCURRENTES EN MATERIA DE ASENTAMIENTOS HUMANOS Y DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE Y DE PRESERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO. LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO URBANO MUNICIPAL DEBEN SER CONGRUENTES CON LOS DE ORDENAMIENTO ECOLÓGICO FEDERALES Y LOCALES. Tanto la materia de asentamientos humanos como la de protección al ambiente y de preservación y restauración del equilibrio ecológico son constitucionalmente concurrentes y sus disposiciones se desarrollan a través de leyes generales, esto es, los tres niveles de gobierno intervienen en ellas. Así, la Ley General de Asentamientos Humanos tiene por objeto fijar las normas conforme a las cuales los Estados y los Municipios participan en el ordenamiento y regulación de los asentamientos humanos; además, establece las normas bajo las que dichos órdenes de gobierno concurrirán, en el ámbito de sus respectivas competencias, en el ordenamiento territorial de los asentamientos humanos y en el desarrollo sustentable de los centros de población. Por su parte, el objeto de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente es propiciar el desarrollo sustentable y establecer las bases para la concurrencia de los tres órdenes de gobierno para preservar y restaurar el equilibrio ecológico, así como la protección del medio ambiente en el territorio del país. En este sentido, cuando los planes de desarrollo urbano municipal incidan sobre áreas comprendidas en los programas de ordenamiento ecológico federales o locales, si bien es cierto que los Municipios cuentan con facultades para formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano municipal, así como autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo en el ámbito de su competencia, interviniendo incluso en actos de planeación, ordenación, regulación, control, vigilancia y fomento del ordenamiento territorial de los asentamientos humanos y de desarrollo urbano de los centros de población en la entidad, también lo es que los Programas de Desarrollo Urbano Municipal deben ser congruentes con los de Ordenamiento Ecológico Federales y Locales, pues no debe perderse de vista que los Municipios no cuentan con una facultad exclusiva y definitiva en las materias de asentamientos urbanos y de protección al ambiente, ya que ambas son de naturaleza constitucional concurrente, por lo que este tipo de facultades municipales deben entenderse sujetas a los lineamientos y a las formalidades que se señalan en las leyes federales y estatales, y nunca como un ámbito exclusivo y aislado del Municipio sin posibilidad de hacerlo congruente con la planeación realizada en los otros dos niveles de gobierno.

Tesis de Jurisprudencia P./J. 36/2011 (9a.) de la Décima Época, sostenida por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 297, del Libro I, octubre de 2011, Tomo 1, del SJF y su Gaceta, bajo el número de registro 160791, derivada de la inconstitucionalidad 31/2010, cuyos rubro y contenidos son los siguientes:

PROTECCIÓN AL AMBIENTE Y PRESERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO. ES UNA MATERIA CONCURRENTE POR DISPOSICIÓN CONSTITUCIONAL.Con la adición al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de la fracción XXIX-G, mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de agosto de 1987, la materia de protección al ambiente y de preservación y restauración del equilibrio ecológico se regula de manera concurrente por los tres niveles de gobierno. Así, las competencias se establecen a través de una ley general, pero con la particularidad de que cuenta con elementos materiales de referencia y mandatos de optimización establecidos en la propia Constitución, los cuales deben guiar la actuación de los órganos legislativos y ejecutivos de los distintos niveles de gobierno. Esta ley es la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, cuyo objeto es propiciar el desarrollo sustentable y establecer las bases para la concurrencia de los tres órdenes de gobierno para preservar y restaurar el equilibrio ecológico, así como proteger el medio ambiente en el territorio del país. De este modo, la materia de protección al ambiente fue absorbida por parte de la Federación y al mismo tiempo se delegó al legislador ordinario, al cual se mandató para que estableciera, a través de la Ley General, la concurrencia de la facultad indicada entre los tres niveles de gobierno, pero manteniendo una homogeneidad en cuanto a los objetivos establecidos directamente en el artículo 27 constitucional.

Tesis de Jurisprudencia P./J. 37/2011 (9a.) de la Décima Época, sostenida por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 298, del Libro I, octubre de 2011, Tomo 1, del SJF y su Gaceta, bajo el número de registro 160790, derivada de la inconstitucionalidad 31/2010, cuyos rubro y contenidos son los siguientes:

PROTECCIÓN AL AMBIENTE Y PRESERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO. VÍAS DE ANÁLISIS DE LOS ÁMBITOS DE COMPETENCIA EN ESA MATERIA. La facultad constitucional concurrente en materia de protección al ambiente y de preservación y restauración del equilibrio ecológico prevista en el artículo 73, fracción XXIX-G, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debe interpretarse en el contexto normativo que señala el sistema general de planeación del desarrollo nacional establecido en el artículo 20 BIS de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, ya que las facultades de planeación de los distintos niveles de gobierno no funcionan en una relación jerárquico-normativa o de distribución competencial, sino que tienen una injerencia directa en las políticas públicas desarrolladas por los distintos niveles de gobierno, cuya autonomía tiene un impacto directo en la relación de la planeación de las distintas jurisdicciones. En este sentido, existen dos vías de análisis de los ámbitos de competencia en esta materia que son paralelas y complementarias: 1. La normativa, que es la que establece las relaciones jerárquicas o de división competencial de la que deriva la validez de las distintas disposiciones emitidas por los diversos niveles de gobierno; y, 2. La de los planes, programas y acciones relacionadas con la planeación que, si bien derivan y tienen una relación directa con la primera vertiente, se relacionan entre ellas de manera distinta a la validez, con criterios como congruencia, coordinación y ajuste.

Por tanto, ésta Comisión considera oportuno, que desde el texto constitucional se habilite la posibilidad para que el Congreso expida la Ley General propuesta, estableciendo las bases y principios generales en materia de administración de centros penitenciarios, conforme a lo dispuesto en el artículo 18 constitucional, además de la distribución de competencias entre la federación, las entidades federativas, los municipios, y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en la materia, como lo propone la iniciativa en estudio.

Por lo anteriormente expuesto, la Comisión de Puntos Constitucionales, somete a la consideración de la Honorable Asamblea, el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO ADICIONA UN INCISO D) A LA FRACCIÓN XXI DEL ARTÍCULO 73 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE CENTROS PENITENCIARIOS

Artículo Único. Se adiciona un inciso d) a la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 73...

I. a XX...

XXI...

a) a c)...

d) La ley general que establezca las bases y principios generales en materia de administración de centros penitenciarios, así como la distribución de competencias entre la federación, las entidades federativas, los municipios, y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en la materia.

...

...

XII a XXX...

TRANSITORIOS

Primero. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. El Congreso de la Unión tendrá hasta ciento ochenta días a partir del día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, para expedir la legislación general en materia de Centros Penitenciarios y Administración Penitenciaria.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de noviembre de 2016.

La Comisión de Puntos Constitucionales, diputados:Guadalupe Acosta Naranjo (rúbrica), presidente; Édgar Castillo Martínez (rúbrica), Braulio Mario Guerra Urbiola (rúbrica), Yulma Rocha Aguilar (rúbrica), Marco Antonio Aguilar Yunes (rúbrica), José Hernán Cortés Berumen (rúbrica), J. Apolinar Casillas Gutiérrez (rúbrica), Javier Antonio Neblina Vega (rúbrica), Omar Ortega Álvarez, Ángel II Alanís Pedraza (rúbrica), Víctor Manuel Sánchez Orozco (rúbrica), Mirna Isabel Saldívar Paz (rúbrica), Lorena Corona Valdés, secretarios; Benjamín Medrano Quezada (rúbrica), Ivonne Aracelly Ortega Pacheco (rúbrica), David Sánchez Isidoro (rúbrica), Martha Sofía Tamayo Morales (rúbrica), Mariana Benítez Treviño (rúbrica), María Bárbara Botello Santibáñez (rúbrica), Héctor Ulises Cristópulos Ríos (rúbrica), Armando Luna Canales (rúbrica), Karina Padilla Ávila (rúbrica), Ulises Ramírez Núñez, Santiago Taboada Cortina, María Luisa Beltrán Reyes, Evelyn Parra Álvarez (rúbrica), Rodrigo Abdala Dartigues, Virgilio Dante Caballero Pedraza (rúbrica), Rosa Alicia Alvarez Piñones (rúbrica), Cándido Ochoa Rojas (rúbrica), Hugo Eric Flores Cervantes (rúbrica).»

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: De conformidad con lo que establece el artículo 87, del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple con la Declaratoria de Publicidad.

DICTÁMENES A DISCUSIÓN DE LEY O DECRETO

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Está a discusión, el dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto por el que se adicionan y reforman diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de mecanismos alternativos de solución de controversias, mejora regulatoria, justicia cívica e itinerante y registro civil.

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:«Dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto por el que se adicionan y reforman diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de mecanismos alternativos de solución de controversias, mejora regulatoria, justicia cívica e itinerante y Registro Civil

Honorable Asamblea:

La Comisión de Puntos Constitucionales con fundamento en lo dispuesto por los artículos 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 39, numerales 1 y 2, fracción XL y numeral 3 y 45, numeral 6, inciso f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los diversos 80, 81, 84, 85, 89, numeral 2; 157, numeral 1, fracciones I y IV; 158, numeral 1, fracción IV; 167, numeral 4 y 176 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de los integrantes de esta Soberanía el presente:

Dictamen

Para ello, esta Comisión Dictaminadora hizo uso de la siguiente:

Metodología

La Comisión de Puntos Constitucionales, encargada del análisis y dictamen de la iniciativa en comento, desarrolló los trabajos correspondientes conforme al procedimiento que a continuación se describe:

I. En el apartado denominado Antecedentes Legislativos, se da cuenta del trámite del proceso legislativo de cuatro iniciativas que motivan el presente dictamen.

II. En el apartado Contenido de las Iniciativas y Consideraciones del Dictamen, se exponen los objetivos y se hace una descripción de los contenidos de dichas iniciativas, en la que se resume sus teleologías, motivos y alcances, así como los razonamientos y argumentos relativos a tales propuestas y, con base en esto se sustenta el sentido del presente dictamen.

III. En el capítulo relativo al Texto Normativo y Régimen Transitorio, se plantea el Proyecto de Dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales en sentido positivo, mismo que contiene el proyecto de decreto por el que se reforman los art. 11 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que se establezca la figura del desplazamiento interno forzado como una materia concurrente.

I. Antecedentes Legislativos

Primero. El 27 de abril de 2016 el diputado Luis Fernando Antero Valle presentó Iniciativa con Proyecto de decreto que busca reformar el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para la Ampliación de la Política de Mejora Regulatoria.

La Mesa Directiva turna la iniciativa a la Comisión de Puntos Constitucionales mediante oficio D.G.P.L. 63-II-6-0840, que se recibió el 28 de abril de 2016, y quedó registrada con el número CPC-I-232-16 del índice de esta Comisión.

Segundo. El 28 de abril de 2016, mediante oficio SELAP/300/973/16 de la Subsecretaría de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos de la Secretaría de Gobernación, fueron presentadas a la Cámara de Diputados, cinco iniciativas de decreto firmadas por el C. Presidente de la República, de las cuáles, a cuatro se les dictó el siguiente trámite: «Túrnese a la comisión de Puntos constitucionales, para dictamen».

Tercero. El 28 de abril de 2016, mediante oficio DGPL 63-II-5-987, la Diputada Secretaria, Verónica Delgadillo García turnó a la Comisión de Puntos Constitucionales para dictamen, la iniciativa de decreto que adiciona una fracción al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de mecanismos alternativos de solución de controversias, misma que fuera registrada con el número CPC-I-236-16 del índice de esta Comisión.

Cuarto. Ese mismo día, mediante el diverso oficio DGPL 63-II-4-892, la referida Diputada turnó a esta Comisión para dictamen, la iniciativa de decreto que adiciona un último párrafo al artículo 25 y una fracción al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de mejora regulatoria, misma que fuera registrada con el número CPC-I-235-16 del índice de esta Comisión.

Quinto. En la misma fecha, a través del oficio DGPL 63-II-6-0862, la Diputada Secretaria, turnó a la misma Comisión de Puntos Constitucionales, para su dictaminación, la iniciativa de decreto que adiciona una fracción al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de justicia cívica e itinerante, misma que fuera registrada con el número CPC-I-237-16 del índice de esta Comisión.

Sexto.Mediante oficio DGPL 63-II-7-895, en la misma data, la referida Diputada Secretaria turnó para el dictamen de esta Comisión, la iniciativa de decreto que reforma la fracción XXIX-R del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,en materia de registros civiles, misma que fuera registrada con el número CPC-I-238-16 del índice de esta Comisión.

II. Contenido de las Iniciativas y Consideraciones del Dictamen

A. Dictaminación Conjunta

Según puede apreciarse del apartado de antecedentes legislativos, el Ejecutivo Federal presentó cuatro iniciativas que fueron turnadas a esta Dictaminadora en un solo acto, mediante el oficio SELAP/300/973/16, suscrita por la Subsecretaría de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos de la Secretaría de Gobernación y, el Diputado Luis Fernando Antero Valle presentó Iniciativa para la Ampliación de la Política de Mejora Regulatoria.

Si bien es cierto que se trata de iniciativas diversas, con objetivos diferentes y en materias distintas, no menos cierto es que se trata de una misma expresión de una nueva forma de entender el federalismo, a través de la reserva de competencias a favor del Congreso General para legislar de manera única en determinadas materias mediante la figura de las Leyes Generales, estableciendo un sistema de distribución de competencias y coordinación entre autoridades.

De tal suerte que, las mismas razones que esta Comisión plantee para sostener o no sostener la pertinencia de la regulación de las figuras jurídicas planteadas mediante un sistema de concurrencia de competencias deberán ser aplicables a cada una de las iniciativas, por ello la necesidad de dictaminarse en un mismo documento parlamentario.

B. Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias (MASC)

Respecto a esta iniciativa, la parte medular establece lo siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La presente Iniciativa tiene por objeto otorgar al Congreso de la Unión la facultad de expedir una Ley General que permita establecer los principios y bases que deben regir en todo el país en materia de mecanismos alternativos de solución de controversias.

l. ANTECEDENTES

El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 tiene como estrategia hacer de México una sociedad de derechos, en donde los mexicanos tengan acceso efectivo a todas las prerrogativas que reconoce la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Dentro de su eje denominado México en Paz, se propuso la consolidación de un Estado democrático a través de instituciones sólidas e incluyentes que aseguren el pleno respeto y garantía de los derechos humanos, pues cuando éstas no existen o son insuficientes, se limita la capacidad de la ciudadanía para demandar sus derechos y se debilita la legitimidad del Estado. Por ello, uno de los objetivos prioritarios del Gobierno de la República ha sido lograr una política de Estado que asegure que todas las autoridades asuman el pleno respeto y garantía de los derechos humanos como una práctica cotidiana.

En el mensaje a la Nación “Por un México en Paz con Justicia y Desarrollo” del 27 de noviembre de 2014, expresé que la justicia no se agota en el ámbito penal, sino que hay una justicia olvidada que es la justicia cotidiana, la cual suele ser lenta, compleja y costosa, lo que provoca que la mayoría de los mexicanos no pueda acceder a ella con facilidad.

Consciente de que no se han presentado soluciones de fondo a estos problemas, encomendé al Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) organizar foros de consulta conformados por juristas, académicos y representantes de la sociedad civil, para la elaboración de un conjunto de propuestas y recomendaciones en la materia. Dichos foros tuvieron lugar durante el periodo comprendido del 15 de enero al 26 de febrero de 2015.

El 27 de abril de 2015, el CIDE presentó el Informe de resultados de los Foros de Justicia Cotidiana, el cual confirmó el reto que tiene el Estado de garantizar a todas las personas mecanismos sencillos para solicitar y obtener de las autoridades competentes una solución expedita y adecuada a sus problemas del día a día.

Asimismo, derivado de los resultados de los Foros de Justicia Cotidiana, el CIDE recomendó convocar a una instancia plural de diálogo, con representantes de todos los sectores. Por ello, el CIDE, el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y el Gobierno de la República convocaron de manera conjunta a representantes de la sociedad civil, académicos, abogados, representantes de organismos constitucionales autónomos y diversas autoridades de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, con la finalidad de construir soluciones concretas a los problemas de acceso a la justicia cotidiana.

La convocatoria se materializó en los Diálogos por la Justicia Cotidiana, en los que, entre otros temas, se identificó la conveniencia de crear centros de asistencia temprana a fin de orientar a las personas sobre los mecanismos disponibles para resolver sus conflictos, así como fomentar el uso de mecanismos alternativos de solución de controversias , los cuales deberían ser de fácil acceso para permitir a las personas encontrar soluciones a sus conflictos sin la necesidad de acudir a instancias jurisdiccionales.

En este sentido, se concluyó que era necesario fortalecer y fomentar la justicia alternativa en México, entendida como el conjunto de principios, procesos, disposiciones y medidas que se encaminan a resolver conflictos entre intereses distintos por medio del arreglo extrajudicial.

A través de estos mecanismos alternativos a los procedimientos jurisdiccionales, se busca cambiar el paradigma de la justicia dictada por órganos judiciales y propiciar una participación más activa de la ciudadanía en las formas de relacionarse entre sí, en las que se privilegie la responsabilidad personal, el respeto al otro y la utilización de la negociación y la comunicación para el desarrollo colectivo.

Los sistemas jurídicos actuales tienden a crear esquemas institucionales más flexibles y horizontales que incluyen, por supuesto el uso de los mecanismos alternativos de solución de controversias, pero también instituciones que fomentan la participación proactiva de las personas respecto de dichos mecanismos.

Por ello, en la medida en que se amplíe el acceso a estos mecanismos alternativos y se adopte esta vía para la solución de controversias, se contribuirá a la consolidación de una convivencia pacífica.

Finalmente, como consecuencia natural con esta propuesta, se disminuirían las altas cargas de trabajo de los órganos jurisdiccionales y se facilitará la conclusión expedita de los procedimientos que requieran tramitarse por esta vía.

II. SITUACIÓN ACTUAL DE LA LEGISLACIÓN EN MATERIA DE MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS EN MÉXICO

En México, el uso de los mecanismos alternativos de solución de controversias ha aumentado y éstos se están asimilando como parte del sistema nacional de justicia. Sin embargo, no existe unidad de criterios o estándares mínimos aplicables en cuanto a la formación y los requisitos de certificación de mediadores y conciliadores, o los efectos de los convenios que resultan de estos mecanismos alternativos. Esta situación dificulta que en el país se comparta un lenguaje común respecto de dichos mecanismos de resolución de disputas.

Las entidades federativas que actualmente cuentan con leyes que regulan los mecanismos alternativos de solución de controversias son: Aguascalientes, Baja California, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México, Coahuila de Zaragoza, Colima, Durango, México, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Quintana Roo, Sonora, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas.

Sin embargo, para que dichas leyes permitan el ejercicio efectivo de estos mecanismos alternativos, resulta necesario que se homologuen los principios que los rigen, los procedimientos, las etapas mínimas que los conforman, la definición de su naturaleza jurídica, los requisitos que deben cumplir las personas que fungen como mediadores, facilitadores o conciliadores, e incluso la regulación de los mecanismos para atender conflictos comunitarios.

Es importante no perder de vista que los mecanismos alternativos de solución de controversias implican la participación activa de los particulares en la gestión de su conflicto o controversia, lo que permite mayor flexibilidad en el procedimiento, facilita los acuerdos entre las partes, así como su cumplimiento.

Hoy, a diferencia de otros tiempos, los mecanismos alternativos de solución de controversias no son un recurso espontáneo e intuitivo, o una reacción ante la emergencia que representa un conflicto. Por ello, es necesario plantear principios, procedimientos y conceptos básicos y homologados en todo el país.

En este sentido, resulta necesario integrar estos aspectos en una ley general, para que la forma de acceso y alcances de la justicia alternativa sea uniforme en todo el país y las personas hagan efectiva el derecho constitucional de acceso a la justicia.

III. OBJETIVOS Y ALCANCES DE LA LEY GENERAL

Las leyes generales expedidas por el Congreso de la Unión distribuyen competencias entre los distintos órdenes de gobierno en las materias concurrentes y sientan las bases para su regulación. Es decir, pueden incidir válidamente en todos los órdenes de gobierno que integran el Estado mexicano, en virtud de que el Constituyente ha renunciado expresamente a su potestad distribuidora de atribuciones.

En este orden de ideas, una ley general debe tener su origen en una cláusula constitucional que faculte al Congreso de la Unión a dictarla, de tal manera que, una vez aprobada, promulgada y publicada, deberá ser aplicada por las autoridades federales, locales y municipales.

Lo anterior, no pretende agotar la regulación de la materia concurrente, sino que busca ser la plataforma mínima desde la cual las entidades federativas puedan expedir su propia legislación.

Con una ley general que establezca los principios y bases en materia de mecanismos alternativos de solución de controversias entre los tres órdenes de gobierno, se logrará lo siguiente:

1. Difundir en todo el país la existencia, accesibilidad y beneficios de los mecanismos alternativos de solución de controversias y propiciar una convivencia social armónica;

2. Implementar en las instituciones públicas del país procedimientos para que los servidores públicos puedan proponer la utilización de mecanismos alternativos de solución de controversias como un medio de acceso a la justicia sin que se requiera el inicio de un proceso de carácter jurisdiccional, y

3. Brindar en los tres órdenes de gobierno una capacitación homogénea a los servidores públicos que trabajan en oficinas de asistencia jurídica, a los servidores públicos encargados de aplicar los mecanismos alternativos de solución de controversias, así como establecer estándares mínimos para la designación dichos servidores públicos.

Así, cumpliendo el mínimo normativo que marca la ley general, las leyes locales tendrán su propio ámbito de regulación, poniendo mayor énfasis en determinados aspectos que sean preocupantes en una región específica.

Derivado de lo anterior, es que se propone la adición de una fracción al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que permitirá al Congreso de la Unión expedir una ley general que establezca los principios y bases en materia de mecanismos alternativos de solución de controversias, con excepción de la materia penal, con el fin de hacer más accesible y más eficiente la impartición de justicia en el país.

De la lectura de esta iniciativa se desprende que la argumentación se sostiene sobre las siguientes premisas:

1) La justicia no se agota en el ámbito penal, hay una justicia olvidada, lenta, compleja y costosa que es la justicia cotidiana, que provoca que la mayoría de los mexicanos no pueda acceder a ella con facilidad;

2) Es necesario fortalecer y fomentar la justicia alternativa en México;

3) A través de los mecanismos alternativos a los procedimientos jurisdiccionales se disminuirían las altas cargas de trabajo de los órganos jurisdiccionales;

4) Actualmente solo 23 entidades federativas cuentan con leyes que regulan los MASC;

5) En México, el uso de los MASC ha aumentado, pero no existe unidad de criterios o estándares mínimos aplicables en cuanto a (i) la formación y los requisitos de certificación que deben cumplir las personas que fungen como mediadores, facilitadores o conciliadores, (ii) los efectos de los convenios que resultan de estos mecanismos alternativos, (iii) los principios que los rigen, (iv) los procedimientos, (v) las etapas mínimas que los conforman, (vi) la definición de la naturaleza jurídica de esta figura, y (vii) la regulación de los mecanismos para atender conflictos comunitarios, y

6) Resulta necesario integrar estos aspectos en una ley general, para que la forma de acceso y alcances de la justicia alternativa sea uniforme en todo el país y las personas hagan efectiva el derecho constitucional de acceso a la justicia, mediante el establecimiento de los principios y bases que deben regir en todo el país en esta materia.

Un aspecto central en la exposición de motivos se refiere a la necesidad de que la regulación de los MASC se haga mediante una ley que no sea federal, ni nacional, sino general, aduciendo medularmente lo siguiente:

a) Las leyes generales distribuyen competencias entre los distintos órdenes de gobierno en las materias concurrentes y sientan las bases para su regulación;

b) Pueden incidir válidamente en todos los órdenes de gobierno que integran el Estado Mexicano, en virtud de que el Constituyente ha renunciado expresamente a su potestad distribuidora de atribuciones;

c) Una ley general debe tener su origen en una cláusula constitucional que faculte al Congreso de la Unión a dictarla, de tal manera que, una vez aprobada, promulgada y publicada, deberá ser aplicada por las autoridades federales, locales y municipales, y

d) Las leyes locales tendrán su propio ámbito de regulación, poniendo mayor énfasis en determinados aspectos que sean preocupantes en una región específica.

Al respecto, esta Comisión Dictaminadora formula las siguientes consideraciones:

Se concuerda completamente con el hecho de que son muchas las expresiones de la justicia y, por consiguiente, del acceso a la misma, por lo que trasciende al ámbito penal.

Asimismo, existe coincidencia en el hecho de que todas las expresiones de la justicia —con variaciones de notas según los ámbitos territoriales y materiales de aplicación— son un poco o muy olvidadas, lentas, complejas y costosas, lo que provoca una exclusión selectiva de los mexicanos, violentando no solo sus derechos de acceso a la justicia, sino otros tan importantes como el de igualdad o el de debido proceso.

Por ello, y atendiendo a la imposibilidad —e indeseabilidad— de que el Estado resuelva por la vía jurisdiccional todas las controversias que se susciten entre sus gobernados y/o las autoridades —con todas las combinaciones posibles—, resulta imprescindible y deseable fortalecer y fomentar la justicia alternativa en México.

Todo lo anterior, además de ser cierto, resulta reflejar el statu quo de los MASC, así como una política pública ya adoptada en el Estado Mexicano no solo para la materia penal, sino para todas las materias.

Así, desde el 2008-06-18, el Órgano Revisor de la Constitución introdujo la figura de los MASC en el párrafo cuarto del art. 17 constitucional para todas las materias, no solo para la penal, pues para esta materia —la penal—, reservada para la justicia minoril, fue tres años atrás que lo hizo.

La redacción fue en los siguientes términos:

Artículo 17. — [...]

(4) Las leyes preverán mecanismos alternativos de solución de controversias. En la materia penal regularán su aplicación, asegurarán la reparación del daño y establecerán los casos en los que se requerirá supervisión judicial.

Bajo tal redacción, la Carta Magna desde 2008 dispuso la obligación de que las leyes —sin diferenciar cuáles (locales o federales, penales o no penales)— previeran los referidos MASC, y solo reguló como condición para estos que, cuando se tratara de la materia penal, además: (i) regularan su aplicación, (ii) aseguraran la reparación del daño y (iii) establecieran los casos en los que se requiriera supervisión judicial.

La iniciativa refiere la regulación actual de los MASC tan solo en 23 entidades federativas, lo que podría resultar cierto para materias que no sean la Justicia Penal para Adolescentes y la ambiental, pues en el caso del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes (SIJPA), absolutamente todas las leyes locales (las 32) regulan esta figura, en tanto que para la materia ambiental, la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental hace lo propio, resultando que tanto la totalidad de las entidades federativas, como la federación ya regulan desde 2005 a los MASC.

Así, no obstante el «poco uso de salidas alternas y formas de terminación anticipada» en México:

...los estados podrían canalizar a los MASCP entre el 25% y 40% de los asuntos presentados ante las instituciones del sistema de justicia penal. En este sentido, las posibilidades de descongestionar al sistema de justicia son significativas, pues los delitos que podrían ser canalizados a medios alternativos, representan una proporción importante de los denunciados en cada estado.

Y con a pesar de las grandes o pocas diferencias en la implementación de estos mecanismos, la totalidad de las entidades federativas ya hace uso de los mismos:

SEGÚN EL CENTRO DE ESTUDIOS JURÍDICOS DE LAS AMÉRICAS(CEJA):

A pesar de los avances que han significado los procesos de reforma a la justicia en América Latina, el acceso de múltiples grupos de la población aún aparece limitado por diversas barreras. Entre ellas está el alto costo que el proceso judicial suele implicar para las partes, el largo tiempo que suelen demorar los procesos, la percepción de corrupción y en algunos casos la ubicación geográfica de los tribunales, usualmente ubicados en lugares céntricos o alejados de algunos grupos de la población. En consecuencia, se genera un conjunto de necesidades jurídicas insatisfechas ante las cuales la justicia tradicional, en general, se presenta como ajena y distante. Para satisfacer estas necesidades ciudadana de justicia, han surgido una serie de mecanismos e iniciativas destinadas a constituirse en opciones para que la ciudadanía pueda satisfacerlas de manera más sencilla, rápida y a menor costo. Estos problemas de acceso, se ven agravados cuando los ciudadanos/as se encuentran en condición de vulnerabilidad, ya sea ésta debida a su edad, condición sexual, género, etnia, discapacidad, pobreza, etc...

A partir de estos desafíos, los países de la región latinoamericana han venido siguiendo distintas estrategias para ampliar el acceso a la justicia, tanto a nivel de la administración de justicia tradicional, como mediante la incorporación de mecanismos informales o alternativos al proceso judicial tradicional. Entre estos encontramos procedimientos especiales para enfrentar pequeñas causas y de justicia vecinal, nuevos procedimientos de ejecución y cobranza, medios alternativos de solución de conflictos (MASC), el reconocimiento de la justicia de los pueblos originarios, la utilización de manera creciente de nuevas tecnologías para brindar servicios judiciales en línea, entre otros. Estas estrategias se deben explorar como medidas para confrontar las barreras de acceso a justicia y al mismo tiempo contribuir a un sistema de justicia más eficiente.

Esto denota la imperiosa necesidad de ampliar la regulación de los referidos MASC a otras materias que no sea solo la penal, tal como actualmente lo dispone el art. 17 de la Carta Magna, puesto que, según los datos que aporta el Inegi, el mayor porcentaje de litigiosidad se presenta en la materia familiar con un 35%, seguida por la civil con 30%, la mercantil con un 20% y al final la penal, con un 13%:

La misma tendencia se presenta al momento de la aplicación de los MASC en las diversas materias, pues para el año 2013:

...los Centros de Justicia Alternativa de las entidades federativas recibieron un total de 137 mil 012 solicitudes, de las cuales 129 mil 370 resultaron procedentes. De estas últimas, la mayor proporción porcentual correspondió a la materia Familiar con el 35.0% del total, seguido de la Civil 31.9%, Mercantil 18.1%, Penal 8.3%, Mixta 2.1%, Justicia para Adolescentes 0.7%, Indígena 0.5% y otras, 3.5 por ciento.

Con la adopción de estos mecanismos, como bien dice la iniciativa, se disminuirán las altas cargas de trabajo de los órganos jurisdiccionales, como apoya el estudio señalado por el CIDE «La importancia de la implementación de mecanismos alternativos para la solución de controversias, por su misma naturaleza, es reducir la tasa de litigiosidad y los tiempos para llegar a una conclusión satisfactoria para las partes sin necesidad de iniciar un proceso judicial».

Sin embargo, tal y como argumenta el Ejecutivo Federal, existe discrepancia en el tratamiento que en México se le da a esta figura jurídica, así, el CEJA señala que:

Debido a su estructura federal, la legislación en mediación en México va a depender de las particularidades de cada uno de los estados. A pesar de las diferencias que pueda generar este carácter federal, la legislación de los Estados tiende a regular los MAPJ a través de leyes generales para un gran grupo de materias. Por ese motivo, hemos incluido a México en este subapartado.

Existen estados que la han incorporado en sus Constituciones (15), otros que la han desarrollado como Ley Orgánica (12) y otros a través de leyes especiales (19).

De las 26 federaciones que ha incorporado la mediación u otros mecanismos a la sede judicial: En 10 de ellas depende del Supremo Tribunal de Justicia, 6 los consideran órganos auxiliares, en 2 como órganos desconcentrados, en 6 dependen de los Consejos de la Judicatura, en 1 de los Juzgados Civiles y en 1 depende de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Morelos

Las finalidades para las cuales fueron implementados van a depender de cada Estado, siendo las más extendidas: Acceso a la Justicia, Cultura de Paz y Eficiencia y agilidad en la impartición de justicia. La mayoría de los Estados, conciben la mediación y la conciliación para las materias de civil, mercantil, familiar y penal. Los Estados de Sonora y Durando (sic.) incluyen las materias de laboral, agrario y comunitario y Puebla incluye la materia vecinal.

Por ello el gran acierto de incorporar en 2013 las facultades al Congreso de la Unión para crear la legislación única en materia de mecanismos alternativos de solución de controversias que regirá en la República en el orden federal y en el fuero común, al tenor de la siguiente redacción:

Artículo 73. — El Congreso tiene facultad:

[...]

XXI. Para expedir:

...

c) La legislación única en materia procedimental penal, de mecanismos alternativos de solución de controversias y de ejecución de penas que regirá en la República en el orden federal y en el fuero común.

Al respecto, el CIDE evaluó esta política criminal de la siguiente manera:

Aunque tardía, la aprobación y publicación de las leyes nacionales fue un suceso positivo, pues implicó el fin de la diversidad normativa e interpretativa que complejizaba la posibilidad de contar con una procuración y administración de justicia homologadas en todo el país. Así, este marco normativo único permitió facilitar los procesos de reorganización institucional, armonización legislativa, capacitación y desarrollo de sistemas informáticos, entre otros. Pero, sobre todo, la llegada de estas normas ha propiciado el desarrollo de modelos nacionales que permitirán consolidar los esfuerzos para operar un auténtico sistema penal de corte acusatorio.

Ante tal situación, esta Comisión coincide completamente en la mención de que en nuestro país, el uso de los MASC es completamente heterogéneo en todas sus manifestaciones y que, por lo tanto, resulta imperioso homogeneizar dicha figura.

El punto nodal, se centra en el mecanismo que habrá de utilizarse para conseguir dichos fines, pues para ello, este Constituyente permanente tiene dos vías ya utilizadas: (i) la regulación a través de las leyes nacionales —como sucede ya en materia procesal penal y de MASC del orden penal—, o (ii) la normativización por medio de las leyes generales —como sucede en materia sustantiva, procesal y de ejecución penal en la figura del secuestro.

La iniciativa pretende adoptar el segundo de los mecanismos, esto es, facultar al Congreso de la Unión para regular a los MASC como materia concurrente, y no como materia reservada, lo que dará motivo a establecer una ley general y no una ley nacional.

Conviene recordar las razones expuestas por el Ejecutivo para regular a los MASC mediante una ley marco de naturaleza general:

a) Las leyes generales distribuyen competencias entre los distintos órdenes de gobierno en las materias concurrentes y sientan las bases para su regulación;

b) Pueden incidir válidamente en todos los órdenes de gobierno que integran el Estado Mexicano, en virtud de que el Constituyente ha renunciado expresamente a su potestad distribuidora de atribuciones;

c) Una ley general debe tener su origen en una cláusula constitucional que faculte al Congreso de la Unión a dictarla, de tal manera que, una vez aprobada, promulgada y publicada, deberá ser aplicada por las autoridades federales, locales y municipales, y

d) Las leyes locales tendrán su propio ámbito de regulación, poniendo mayor énfasis en determinados aspectos que sean preocupantes en una región específica.

Lo anterior cobra sustento en los criterios jurisprudenciales sostenidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación al sostener las características de las materias concurrentes y de las leyes que las instrumentan, es decir, de las leyes generales:

Tesis de Jurisprudencia P./J. 142/2001 de la Novena Época, sostenida por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1042, del Tomo XV, enero de 2002, del SJF y su Gaceta, bajo el número de registro 187982, derivada de la inconstitucionalidad 31/2006, cuyos rubro y contenidos son los siguientes:

FACULTADES CONCURRENTES EN EL SISTEMA JURÍDICO MEXICANO. SUS CARACTERÍSTICAS GENERALES.Si bien es cierto que el artículo 124 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que: «Las facultades que no están expresamente concedidas por esta Constitución a los funcionarios federales, se entienden reservadas a los Estados», también lo es que el Órgano Reformador de la Constitución determinó, en diversos preceptos, la posibilidad de que el Congreso de la Unión fijara un reparto de competencias, denominado «facultades concurrentes», entre la Federación, las entidades federativas y los Municipios e, inclusive, el Distrito Federal, en ciertas materias, como son: la educativa (artículos 3°, fracción VIII y 73, fracción XXV), la de salubridad (artículos 4°, párrafo tercero y 73, fracción XVI), la de asentamientos humanos (artículos 27, párrafo tercero y 73, fracción XXIX-C), la de seguridad pública (artículo 73, fracción XXIII), la ambiental (artículo 73, fracción XXIX-G), la de protección civil (artículo 73, fracción XXIX-I) y la deportiva (artículo 73, fracción XXIX-J). Esto es, en el sistema jurídico mexicano las facultades concurrentes implican que las entidades federativas, incluso el Distrito Federal, los Municipios y la Federación, puedan actuar respecto de una misma materia, pero será el Congreso de la Unión el que determine la forma y los términos de la participación de dichos entes a través de una ley general.

Tesis de Jurisprudencia P./J. 38/2011 (9a.) de la Décima Época, sostenida por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 288, del Libro I, octubre de 2011, Tomo 1, del SJF y su Gaceta, bajo el número de registro 160856, derivada de la inconstitucionalidad 31/2010, cuyos rubro y contenidos son los siguientes:

FACULTADES CONCURRENTES EN MATERIA DE ASENTAMIENTOS HUMANOS Y DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE Y DE PRESERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO. LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO URBANO MUNICIPAL DEBEN SER CONGRUENTES CON LOS DE ORDENAMIENTO ECOLÓGICO FEDERALES Y LOCALES. Tanto la materia de asentamientos humanos como la de protección al ambiente y de preservación y restauración del equilibrio ecológico son constitucionalmente concurrentes y sus disposiciones se desarrollan a través de leyes generales, esto es, los tres niveles de gobierno intervienen en ellas. Así, la Ley General de Asentamientos Humanos tiene por objeto fijar las normas conforme a las cuales los Estados y los Municipios participan en el ordenamiento y regulación de los asentamientos humanos; además, establece las normas bajo las que dichos órdenes de gobierno concurrirán, en el ámbito de sus respectivas competencias, en el ordenamiento territorial de los asentamientos humanos y en el desarrollo sustentable de los centros de población. Por su parte, el objeto de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente es propiciar el desarrollo sustentable y establecer las bases para la concurrencia de los tres órdenes de gobierno para preservar y restaurar el equilibrio ecológico, así como la protección del medio ambiente en el territorio del país. En este sentido, cuando los planes de desarrollo urbano municipal incidan sobre áreas comprendidas en los programas de ordenamiento ecológico federales o locales, si bien es cierto que los Municipios cuentan con facultades para formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano municipal, así como autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo en el ámbito de su competencia, interviniendo incluso en actos de planeación, ordenación, regulación, control, vigilancia y fomento del ordenamiento territorial de los asentamientos humanos y de desarrollo urbano de los centros de población en la entidad, también lo es que los Programas de Desarrollo Urbano Municipal deben ser congruentes con los de Ordenamiento Ecológico Federales y Locales, pues no debe perderse de vista que los Municipios no cuentan con una facultad exclusiva y definitiva en las materias de asentamientos urbanos y de protección al ambiente, ya que ambas son de naturaleza constitucional concurrente, por lo que este tipo de facultades municipales deben entenderse sujetas a los lineamientos y a las formalidades que se señalan en las leyes federales y estatales, y nunca como un ámbito exclusivo y aislado del Municipio sin posibilidad de hacerlo congruente con la planeación realizada en los otros dos niveles de gobierno.

Tesis de Jurisprudencia P./J. 36/2011 (9a.) de la Décima Época, sostenida por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 297, del Libro I, octubre de 2011, Tomo 1, del SJF y su Gaceta, bajo el número de registro 160791, derivada de la inconstitucionalidad 31/2010, cuyos rubro y contenidos son los siguientes:

PROTECCIÓN AL AMBIENTE Y PRESERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO. ES UNA MATERIA CONCURRENTE POR DISPOSICIÓN CONSTITUCIONAL.Con la adición al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de la fracción XXIX-G, mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de agosto de 1987, la materia de protección al ambiente y de preservación y restauración del equilibrio ecológico se regula de manera concurrente por los tres niveles de gobierno. Así, las competencias se establecen a través de una ley general, pero con la particularidad de que cuenta con elementos materiales de referencia y mandatos de optimización establecidos en la propia Constitución, los cuales deben guiar la actuación de los órganos legislativos y ejecutivos de los distintos niveles de gobierno. Esta ley es la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, cuyo objeto es propiciar el desarrollo sustentable y establecer las bases para la concurrencia de los tres órdenes de gobierno para preservar y restaurar el equilibrio ecológico, así como proteger el medio ambiente en el territorio del país. De este modo, la materia de protección al ambiente fue absorbida por parte de la Federación y al mismo tiempo se delegó al legislador ordinario, al cual se mandató para que estableciera, a través de la Ley General, la concurrencia de la facultad indicada entre los tres niveles de gobierno, pero manteniendo una homogeneidad en cuanto a los objetivos establecidos directamente en el artículo 27 constitucional.

Tesis de Jurisprudencia P./J. 37/2011 (9a.) de la Décima Época, sostenida por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 298, del Libro I, octubre de 2011, Tomo 1, del SJF y su Gaceta, bajo el número de registro 160790, derivada de la inconstitucionalidad 31/2010, cuyos rubro y contenidos son los siguientes:

PROTECCIÓN AL AMBIENTE Y PRESERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO. VÍAS DE ANÁLISIS DE LOS ÁMBITOS DE COMPETENCIA EN ESA MATERIA.La facultad constitucional concurrente en materia de protección al ambiente y de preservación y restauración del equilibrio ecológico prevista en el artículo 73, fracción XXIX-G, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debe interpretarse en el contexto normativo que señala el sistema general de planeación del desarrollo nacional establecido en el artículo 20 BIS de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, ya que las facultades de planeación de los distintos niveles de gobierno no funcionan en una relación jerárquico-normativa o de distribución competencial, sino que tienen una injerencia directa en las políticas públicas desarrolladas por los distintos niveles de gobierno, cuya autonomía tiene un impacto directo en la relación de la planeación de las distintas jurisdicciones. En este sentido, existen dos vías de análisis de los ámbitos de competencia en esta materia que son paralelas y complementarias: 1. La normativa, que es la que establece las relaciones jerárquicas o de división competencial de la que deriva la validez de las distintas disposiciones emitidas por los diversos niveles de gobierno; y, 2. La de los planes, programas y acciones relacionadas con la planeación que, si bien derivan y tienen una relación directa con la primera vertiente, se relacionan entre ellas de manera distinta a la validez, con criterios como congruencia, coordinación y ajuste.

En ese orden de ideas, no se desconocen los criterios sostenidos por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el sentido de que:

295...., precisamente, derivado del federalismo, se presenta una gran producción normativa que no será, ni tiene que ser constitucionalmente uniforme. El hecho de que en una entidad se regule de determinada manera una institución civil, no significa que las demás deban hacerlo en forma idéntica o similar, como tampoco que se limite o restrinja la facultad de una entidad para legislar en sentido diverso a las restantes.

298. Así, en un sistema federal encontramos diversos órdenes jurídicos encargados de la producción normativa —federal, estatal, municipal— que, por ende, derivan en un gran número de leyes que responden a sus propias circunstancias y necesidades, lo cual innegablemente lleva a que no exista uniformidad en las normas que las entidades federativas expiden para regular materias a ellos reservadas o expresamente otorgadas, como ocurre con el Distrito Federal; lo que da lugar a una multiplicidad de criterios normativos que deben ser armonizados y regulados por la legislación que los propios entes territoriales promulguen al respecto,...

Pues si bien es cierto que la diversidad normativa es una expresión del federalismo, el pacto que a través de la Constitución se hace por parte de las entidades federativas y la federación en la que aquellas ceden facultades a favor de esta para homologar criterios, también es una expresión viva de esta forma de gobierno.

De ahí que si lo que se pretende es homologar y crear formas de participación entre el ámbito local y el federal, no es mediante las leyes nacionales o las ambivalentes —que permiten a la federación legislar para todo el país en ambos fueros, una parte de él o solo para ella misma y una entidad federada, como (i) el Código Nacional de Procedimientos Penales, (ii) el Código Civil para el Distrito Federal y Territorios Federales en Materia Común y para toda la República en Materia Federal o (iii) la Ley para el Tratamiento de Menores Infractores, para el Distrito Federal en Materia Común y para Toda la República en Materia Federal—, sino a través de leyes generales que establezcan distribuciones de competencias y un sistema de coordinación entre autoridades, como en el caso de (i) la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos o (ii) la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

De tal suerte que, de la exposición de motivos de la iniciativa presentada por el Ejecutivo Federal, no queda duda de que busca la adopción, en su momento, de una o unas Leyes Generales de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en todas las materias, excepto la penal.

Situación esta que rompería con la sistemática constitucional por las razones siguientes:

Actualmente la Constitución regula ya facultades a favor del Congreso General para legislar de manera única (reservada) en materia de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias para toda la República en el orden federal y en el fuero común que, por su ubicación sistemática, se ha entendido —correctamente— que se refiere en exclusiva a la materia penal.

La pretensión de facultar al legislador federal para «expedir la ley general que establezca los principios y bases en materia de mecanismos alternativos de solución de controversias, con excepción de la materia penal», presentaría una doble regulación diferenciada de los MASC: por un lado la penal, a través de una ley nacional y, por otro lado todas las demás materias, a través de leyes generales.

Sobre este punto, debe tomarse en consideración que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Acción de Inconstitucionalidad 2/2010 sostuvo que:

..., razón por la cual, en el caso, el control constitucional se inscribe no bajo un análisis de objetividad, razonabilidad y proporcionalidad para determinar la pertinencia de un trato diferenciado y la violación o no a los principios de igualdad y no discriminación, caso en que la medida legislativa debe examinarse bajo un escrutinio estricto, sino sólo en un análisis de razonabilidad que permita verificar: a) Si la opción elegida por el legislador trastoca o no bienes o valores constitucionalmente protegidos, y, b) Si los hechos, sucesos, personas o colectivos guardan una identidad suficiente que justifique darles el mismo trato, o bien, que existen diferencias objetivas relevantes por las cuales deba darse un trato desigual, el cual estará no sólo permitido sino, en algunos casos, exigido constitucionalmente.

De ahí que sea necesario homologar no solo el trato que le dan las leyes locales, como lo solicita el Ejecutivo, sino el mismo trato que les da la propia Constitución General de la República, debiendo, por consiguiente, modificar el texto del art. 73, fracción XXI en su inciso c), así como la propuesta del Ejecutivo.

Por lo anterior, resulta necesario presentar un cuadro en el que se refleja tal propuesta:

C. MEJORA REGULATORIA

La iniciativa del Diputado Luis Fernando Antero Valle, propone reformar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, bajo la siguiente argumentación:

...según la definición contenida en el Convenio de colaboración entre la Asociación Mexicana de Secretarios de Desarrollo Económico y la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (Cofemer), la mejora regulatoria se define de la siguiente manera:

...una política pública que consiste en la generación de normas claras, de trámites y servicios simplificados, así como de instituciones eficaces para su creación y aplicación, que se orienten a obtener el mayor valor posible de los recursos disponibles y del óptimo funcionamiento de las actividades comerciales, industriales, productivas, de servicios y de desarrollo humano de la sociedad en su conjunto.

El propósito de la mejora regulatoria radica entonces en procurar los mayores beneficios para la sociedad con los menores costos posibles, mediante la formulación normativa de reglas e incentivos que estimulen la innovación, la confianza en la economía, la productividad, la eficiencia y la competitividad a favor del crecimiento, bienestar general y desarrollo humano.»

Tanto a nivel federal, como en los ámbitos estatal y municipal, varias dependencias, órganos desconcentrados y organismos descentralizados poseen facultades para emitir regulaciones en sus respectivas materias. La multiplicidad de actores que a lo largo y ancho del país tienen atribuciones para expedir esta clase de normas, plantea la exigencia, en primer lugar, de que la mejora regulatoria llegue a todo el territorio nacional; y, en segundo lugar, de que exista una coordinación entre niveles gubernamentales para aplicar los principios de dicha política...

...existen cinco entidades que aún no cuentan con su propia legislación en la materia que nos ocupa: la Ciudad de México, Baja California Sur, Guerrero, Michoacán y Nayarit. Al revisar el ranking Estatal de Mejora Regulatoria, publicado en 2012 por el Centro de Investigación para el Desarrollo, A.C., es posible observar que estos cinco estados se encuentran en las peores posiciones, lo cual indica que su marco legislativo no se adecúa a las prácticas y a los principios impulsados por la mejora regulatoria.

La mejora regulatoria, con una correcta y óptima aplicación, es capaz de originar una gran cantidad de beneficios.

Por otro lado, la iniciativa de decreto que adiciona un párrafo último al art. 25 y una fracción al art. 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de mejora regulatoria del Ejecutivo Federal, presenta la siguiente argumentación nodal:

El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 establece como una de las metas nacionales, para alcanzar un «México Próspero», garantizar la emisión de reglas claras que incentiven el desarrollo de un mercado interno competitivo, mediante la instrumentación de un modelo de mejora regulatoria integral que incluya políticas de revisión normativa, de simplificación y homologación nacional de trámites, así como medidas para facilitar la creación y escalamiento de empresas... cuando en el diseño de las normas no se considera la perspectiva de mejora regulatoria, es posible que con su emisión se impongan costos sustanciales que terminen por transformarse en mayores precios para los consumidores, costos regresivos para las empresas, barreras regulatorias para el acceso a los mercados y, en general, menores niveles de productividad. ...la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), de los cuáles México forma parte,... ha sostenido que «una política regulatoria eficaz apoya el desarrollo económico, la consecución de objetivos sociales más explícitos como el bienestar social y la sustentabilidad ambiental, y fortalece el Estado de Derecho.

...En consideración a lo anterior, el análisis y evaluación cuidadosos de los beneficios y costos potenciales de las leyes y demás normas generales, se convierte en nuestros días en una tarea central de los gobiernos democráticos,...

El 27 de noviembre de 2014, encomendé al Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) la organización de foros de consulta con diversos sectores de la sociedad, para elaborar una serie de propuestas y recomendaciones sobre la justicia cotidiana en el país. Derivado de dichos foros se recomendó desarrollar una profunda política nacional de mejora regulatoria, así como llevar a cabo una instancia de diálogo entre los sectores público, social y privado. Esta instancia se materializó en los Diálogos por la Justicia Cotidiana.

La mesa de Política en materia de justicia de los Diálogos por la Justicia Cotidiana retomó esa recomendación y concluyó que existe una gran complejidad normativa que impacta de forma negativa el derecho de acceso a la justicia de las personas: hay un gran número de leyes a nivel nacional, lo que crea un marco jurídico complejo y poco accesible; sólo la normativa federal y estatal puede consultarse fácilmente; los ordenamientos no siempre tienen una dirección clara o armonizada con políticas públicas; se utiliza un lenguaje técnico y de difícil comprensión para la mayoría de la población, entre otros.

Conclusiones

...la realidad muestra que aún no se cuenta con una estrategia efectiva de mejora regulatoria integral. En su lugar... se nos presenta un mosaico de leyes y ordenamientos con distintos niveles de efectividad...

...el resto de las normas generales, en particular aquéllas que provienen del Poder Legislativo, de los órganos constitucionales autónomos e incluso de otros órganos que, si bien integran la APF, no ejercen funciones típicas de autoridad o presentan una organización administrativa completamente nueva, queden al margen de los beneficios que aporta la política de mejora regulatoria.

...han recomendado a México la inclusión de mecanismos y herramientas para asegurar la calidad de las disposiciones normativas que emanan del Congreso, toda vez que si bien esto ya ocurre en la APF, las disposiciones emitidas en este ámbito constituyen sólo una parte de la normatividad que se emite en el país.

Debe considerarse también que la mejora regulatoria no sólo tiene como finalidad generar un mejor ambiente económico que propicie la competitividad nacional, sino también considerar la plena satisfacción a los principios de transparencia, la participación ciudadana, la responsabilidad pública, la rendición de cuentas, y la eficiencia de la acción gubernamental.

La situación que denuncia la iniciativa es que:

1) Aún no se cuenta con una estrategia efectiva de mejora regulatoria integral, y

2) Existe una gran complejidad normativa que impacta de forma negativa el derecho de acceso a la justicia de las personas, lo que crea un marco jurídico complejo y poco accesible con las siguientes características:

2) Existe una gran complejidad normativa que impacta de forma negativa el derecho de acceso a la justicia de las personas, lo que crea un marco jurídico complejo y poco accesible con las siguientes características:

a) Solo la normativa federal y estatal puede consultarse fácilmente, y cinco estados ni siquiera tienen una ley en la materia;

b) Los ordenamientos no siempre tienen una dirección clara o armonizada con políticas públicas, induciendo, en la práctica, poca intervención estatal y municipal;

c) Se utiliza un lenguaje técnico y de difícil comprensión para la mayoría de la población, y

d) Existen distintos niveles de efectividad entre esas leyes.

Con la reforma, se pretende alcanzar los siguientes objetivos:

1) Desarrollar una profunda política nacional de mejora regulatoria;

2) Generar un mejor ambiente económico que propicie la competitividad nacional;

3) Considerar la plena satisfacción a los principios de transparencia, la participación ciudadana, la responsabilidad pública, la rendición de cuentas, y la eficiencia de la acción gubernamental;

4) Garantizar la emisión de reglas claras que incentiven el desarrollo de un mercado interno competitivo, y

5) La instrumentación de un modelo de mejora regulatoria integral que incluya políticas de revisión normativa, de simplificación y homologación nacional de trámites, así como medidas para facilitar la creación y escalamiento de empresas.

Lo anterior, pretende llevarse a cabo mediante su diseño constitucional como materia concurrente, facultando al Legislador Federal a crear la respectiva ley general en la materia.

A continuación se presenta un cuadro comparativo de la iniciativa presentada por el Diputado:

A continuación se presenta un cuadro comparativo de la iniciativa presentada por el Ejecutivo:

Como se mencionó ab initio de este documento, la argumentación de la pertinencia de la adopción de esta política legislativa resulta la misma que para el caso de los MASC, por lo que en obvio de repeticiones se tiene aquí como reproducida y aceptada para su aplicación en tal propuesta, con la plena coincidencia de esta Comisión Dictaminadora en la necesidad de adoptar esta medida legislativa.

D. JUSTICIA CÍVICA E ITINERANTE

La propuesta de decreto que adiciona una fracción al art. 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de justicia cívica e itinerante, presenta fundamentalmente la siguiente argumentación:

...encomendé al Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) llevar a cabo foros de consulta para identificar los problemas más trascedentes sobre justicia cotidiana.

Entre los problemas que se detectaron a partir de los foros, se encuentra la marginación jurídica y la dificultad que tienen las personas para acceder a la justicia.

Asimismo, los Diálogos por la Justicia Cotidiana permitieron identificar que una barrera importante de acceso a la justicia es la falta de información oportuna y de calidad sobre la forma en que un conflicto puede ser atendido. Más aun, las instancias de resolución de controversias se encuentran alejadas de gran parte de la población.

Además, se identificó que los conflictos comunitarios tampoco cuentan, en general, con mecanismos de resolución o gestión efectivos y de fácil acceso para su solución.

...la población desconfía de las instituciones y procedimientos de procuración y administración de justicia. Esta desconfianza se extiende a las autoridades y a los operadores mismos del sistema de justicia.

...en la actualidad, vivimos una crisis de valores cívicos y de respeto hacia el estado de Derecho, y existe un sentimiento de injusticia y decepción en el sistema por parte de los ciudadanos.

Por ello, las soluciones que se propusieron para atender estos problemas se centran en dos aspectos fundamentales: (i) fortalecer la justicia cívica, y (ii) crear mecanismos que detonen la justicia itinerante.

Justicia Cívica

La justicia cívica debe ser el detonante para solucionar conflictos menores... que en muchas ocasiones resultan largos y costosos por una inadecuada atención y solución temprana a éstos.

[...]

Por ello, la justicia cívica juega un papel importantísimo en la prevención de conflictos, pues establece reglas mínimas de comportamiento y de convivencia armónica.

En este sentido, diversas entidades federativas ya cuentan con ordenamientos jurídicos que regulan la convivencia armónica de las personas, a través de leyes o reglamentos de cultura cívica, no obstante, esto no ha logrado permear en todo el país por diversas circunstancias, particularmente porque no existen criterios homogéneos que faciliten la convivencia diaria de las personas y sus relaciones personales. Además, en muchas ocasiones las autoridades desconocen la existencia de estas normas jurídicas.

Por ello, uno de los objetivos de la presente iniciativa es facultar al Congreso de la Unión para emitir una ley general que establezca las bases y los principios que deberán observar los órdenes de gobierno, en el ámbito de su competencia, en materia de justicia cívica.

[...]

Justicia Itinerante

El concepto de justicia ha estado asociado a la necesidad de contar con espacios físicos que permitan a los jueces atender y resolver los conflictos que se les presentan. Durante mucho tiempo esta idea se ha encontrado con el inconveniente de la suficiencia presupuestaria y de la lejanía en la que se encuentran muchas comunidades de los centros donde se administra y se imparte justicia.

Es tiempo de cambiar esta idea y de acercar la justicia a las personas.

[...]

la justicia itinerante implica la realización de trámites, servicios administrativos, así como la resolución efectiva y pronta de conflictos que se presentan en una determinada comunidad.

[...]

...los Tribunales Agrarios son los únicos órganos jurisdiccionales que desarrollan Programas de Administración de Justicia Itinerante dentro de sus jurisdicciones territoriales. Los usuarios del servicio de administración de justicia agraria, generalmente se encuentran dispersos en áreas geográficas apartadas, lo que dificulta su acceso a las instalaciones de los órganos impartidores de justicia agraria lo cual redunda en perjuicio de su economía.

[...]

Este modelo de justicia itinerante, se propone que sea replicado no sólo respecto de procedimientos jurisdiccionales y administrativos, sino que se contemplen tanto a la asistencia temprana, a los mecanismos alternativos de solución de conflictos y, por supuesto, a la justicia cívica.

Por todo lo anterior, el Decreto de mérito propone que, a partir de la facultad que ejerza el Congreso de la Unión, las leyes de las entidades federativas deberán prever los principios a los que deberán sujetarse las autoridades para que la justicia itinerante sea accesible y disponible a los ciudadanos, además deberán establecer las bases para la organización y funcionamiento de la justicia cívica e itinerante, así como sus mecanismos de acceso.

De la lectura de esta parte expositiva, se desprende que en gran medida se retoman los argumentos que para los MASC se vertieron en su momento.

Debiendo agregar que, tal y como lo menciona la iniciativa, la opción de aplicar la justicia cívica como solución a conflictos menores atiende además a la poca confianza en los sistemas de justicia y en México. Al respecto, la OCDE señala para el caso mexicano en un nivel de confianza inferior al 45%:

El CEJA menciona al respecto de la materia de la propuesta:

A pesar de los avances que han significado los procesos de reforma a la justicia en América Latina, el acceso de múltiples grupos de la población aún aparece limitado por diversas barreras. Entre ellas está el alto costo que el proceso judicial suele implicar para las partes, el largo tiempo que suelen demorar los procesos, la percepción de corrupción y en algunos casos la ubicación geográfica de los tribunales, usualmente ubicados en lugares céntricos o alejados de algunos grupos de la población. En consecuencia, se genera un conjunto de necesidades jurídicas insatisfechas ante las cuales la justicia tradicional, en general, se presenta como ajena y distante. Para satisfacer estas necesidades ciudadana de justicia, han surgido una serie de mecanismos e iniciativas destinadas a constituirse en opciones para que la ciudadanía pueda satisfacerlas de manera más sencilla, rápida y a menor costo. Estos problemas de acceso, se ven agravados cuando los ciudadanos/as se encuentran en condición de vulnerabilidad, ya sea ésta debida a su edad, condición sexual, género, etnia, discapacidad, pobreza, etc...

A partir de estos desafíos, los países de la región latinoamericana han venido siguiendo distintas estrategias para ampliar el acceso a la justicia, tanto a nivel de la administración de justicia tradicional, como mediante la incorporación de mecanismos informales o alternativos al proceso judicial tradicional. Entre estos encontramos procedimientos especiales para enfrentar pequeñas causas y de justicia vecinal, nuevos procedimientos de ejecución y cobranza, medios alternativos de solución de conflictos (MASC), el reconocimiento de la justicia de los pueblos originarios, la utilización de manera creciente de nuevas tecnologías para brindar servicios judiciales en línea, entre otros. Estas estrategias se deben explorar como medidas para confrontar las barreras de acceso a justicia y al mismo tiempo contribuir a un sistema de justicia más eficiente.

La iniciativa una vez más pone en relieve la falta de criterios homogéneos en los diseños normativos de las entidades federativas, por lo que se persiga dotar de facultades al Congreso de la Unión «para emitir una ley general que establezca las bases y los principios que deberán observar los órdenes de gobierno, en el ámbito de su competencia, en materia de justicia cívica» e itinerante, a fin de acercar la justicia a la gente.

De ahí que se compartan ampliamente las consideraciones relativas a la adopción de estas como materias concurrentes, bajo los argumentos ya vertidos en este documento.

Se presenta entonces un cuadro de contenidos en esta materia:

E. REGISTROS CIVILES

La iniciativa de decreto busca reformar la fracción XXIX-R del art. 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de registros civiles, bajo la siguiente argumentación:

El 17 de junio de 2014 se publicó en el Diario Oficial de la Federación una adición al artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de establecer que toda persona tiene derecho a la identidad y a ser registrado de manera inmediata a su nacimiento, debiendo el Estado garantizar el cumplimiento de estos derechos y la autoridad competente otorgar, de manera gratuita, la primer copia certificada del acta de registro de nacimiento.

El derecho a la identidad, reconocido en nuestra Constitución desde 2014, es un derecho humano reconocido también en diversos instrumentos internacionales ratificados por el Estado mexicano...

La identidad es el umbral para garantizar el ejercicio de todos los demás derechos reconocidos en nuestra Constitución Política. Al respecto, el Poder Judicial de la Federación ha señalado que «Este derecho consiste en el reconocimiento jurídico-social de toda persona como sujeto de derechos, responsabilidades, de su pertenencia a un Estado, un territorio, una sociedad y una familia, en otras palabras, es una condición necesaria para presentar, tanto la dignidad individual, como la colectiva de las personas».

[...]

El principal mecanismo a través del cual el Estado garantiza el derecho a la identidad, es la inscripción del registro de los recién nacidos en el Registro Civil, de ahí la relevancia y necesidad de contar con el acta de nacimiento que lo acredite.

[...]

...de acuerdo con el diagnóstico elaborado por el CIDE, en México existe un alto índice de «subregistro», así como de personas que no cuentan con documentos oficiales con datos fidedignos, y que dificulta al Estado proteger eficiente y certeramente el derecho a la Identidad de la población y garantizar otros derechos consagrados en nuestra Constitución.

[...]

...las causas que dan origen a la marginación jurídica, la heterogeneidad de la regulación de registros civiles en las entidades federativas, las barreras geográficas para acceder a una oficina del Registro Civil, los costos económicos de este tipo de trámites, barreras culturales, además de la disparidad en los recursos materiales y humanos con que cuentan las oficinas del Registro Civil.

[...]

Actualmente, convergen en el ordenamiento jurídico nacional una gran diversidad de leyes y disposiciones que norman la actividad de los registros civiles;

[...]

...la diversidad nacional en materia de registros civiles ha presentado problemas que han impedido, en la mayoría de los casos, contar con documentos no solo de identidad, sino también del estado civil, que dificultan el ejercicio de una multiplicidad de derechos.

Aunado a lo anterior, encontramos una carencia en programas de modernización de los registros civiles, así como falta de infraestructura, lo que propicia procesos registrales lentos, obsoletos, inseguros y, en algunos casos, con operaciones discrecionales; falta de programas constantes de profesionalización para registradores; legislación inoperativa para el uso de sistemas electrónicos, firma digital y trámites en línea; desvinculación de otros registros, y evolución desigual de la actividad registral de las entidades federativas, tanto humana como tecnológica; entre otros.

Debe tenerse en cuenta que, la problemática que se evidencia, centra la atención en el hecho de que «la diversidad nacional en materia de registros civiles ha presentado problemas que han impedido, en la mayoría de los casos, contar con documentos no solo de identidad, sino también del estado civil, que dificultan el ejercicio de una multiplicidad de derechos», lo que se traduce nuevamente en falta de homogenización.

Pero, más allá de que este Órgano Revisor de la Constitución invoque los argumentos pertinentes a la adopción de la concurrencia de competencias en la materia, es menester resaltar que, en la iniciativa presentada por el Ejecutivo Federal se menciona que:

La legislación que se expida deberá prever, al menos: la obligación de trabajar con formatos accesibles de inscripción; la estandarización de actas a nivel nacional; medidas de seguridad física y electrónica; la posibilidad de realizar trámites con firmas digitales; de realizar consultas y emisiones vía remota; el diseño de mecanismos alternos para la atención de comunidades indígenas y grupos en situación de especial vulnerabilidad y marginación; mecanismos homologados de captura de datos; simplificación de procedimientos de corrección, rectificación y aclaración de actas. Fue enviada a la Comisión de Puntos Constitucionales.

Sin embargo, de la lectura del texto normativo propuesto no se desprende —ni siquiera de manera inferencial— que una vez adoptada la redacción propuesta a la referida fracción XXIX-Q del art. 73 la ley general que cree la federación deba contener esos parámetros deónticos, reduciendo así el margen de discrecionalidad del legislador secundario federal.

Así, resulta por demás evidente que de pretender el establecimiento de esos parámetros normativos, deberán establecerse de manera expresa, pero dado que la fracción de mérito no se ocupará solamente de la figura de los registros civiles, sino también de los «registros públicos inmobiliarios y de personas morales de las entidades federativas y los catastros municipales», tal regulación no es viable en la referida fracción.

Por tal motivo se presenta la necesidad de generar un artículo transitorio adicional que así lo indique, según el cuadro que se presenta a continuación:

Por último, debe mencionarse que, toda vez que se tomó la decisión de dictaminar las cuatro iniciativas en un mismo documento, el régimen transitorio deberá sufrir modificaciones para adecuarlo al nuevo texto de reformas y adiciones.

III. TEXTO NORMATIVO Y RÉGIMEN TRANSITORIO

Por lo anteriormente expuesto, esta Comisión somete a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados el siguiente:

Proyecto de Decreto por el que se adicionan y modifican diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Mecanismos- Alternativos de Solución de Controversias, Mejora Regulatoria, Justicia Cívica e Itinerante y Registros Civiles.

Artículo Único. — Se ADICIONAN un párrafo último al artículo 25 y las fracciones XXIX-A, XXIX-Y y XXIX-Z al artículo 73 y se REFORMAN las fracciones XXI, inciso c) y XXIX-R del artículo 73, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 25...

...

...

...

...

...

...

...

...

A fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos señalados en los párrafos primero, sexto y noveno de este artículo, las autoridades de todos los órdenes de gobierno, en el ámbito de su competencia, deberán implementar políticas públicas de mejora regulatoria para la simplificación de regulaciones, trámites, servicios y demás objetivos que establezca la ley general en la materia.

Artículo 73...

I a XX...

XXI. Para expedir:

a) y b)...

c) La legislación única en materia procedimental penal, de mecanismos alternativos de solución de controversias en materia penal, de ejecución de penas y de justicia penal para adolescentes, que regirá en la República en el orden federal y en el fuero común.

...

...

XXII a XXIX...

XXIX-A. Para expedir la ley general que establezca los principios y bases en materia de mecanismos alternativos de solución de controversias, con excepción de la materia penal;

XXIX-B a XXIX-Q...

XXIX-R. Para expedir las leyes generales que armonicen y homologuen la organización y el funcionamiento de los registros civiles, los registros públicos inmobiliarios y de personas morales de las entidades federativas y los catastros municipales;

XXIX-S a XXIX-X...

XXIX-Y. Para expedir la ley general que establezca los principios y bases a los que deberán sujetarse los órdenes de gobierno, en el ámbito de sus respectivas competencias, en materia de mejora regulatoria;

XXIX-Z. Para expedir la ley general que establezca los principios y bases a los que deberán sujetarse los órdenes de gobierno, en el ámbito de su respectiva competencia, en materia de justicia cívica e itinerante, y

XXX...

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO. En un plazo que no excederá de 180 días naturales siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto, el Congreso de la Unión expedirá las leyes generales a que se refieren las fracciones XXIX-A, XXIX-R, XXIX-Y y XXIX-Z de esta Constitución.

TERCERO. La ley general en materia de registros civiles a que se refiere la fracción XXIX-R del artículo 73 de esta Constitución deberá prever, al menos: la obligación de trabajar con formatos accesibles de inscripción; la estandarización de actas a nivel nacional; medidas de seguridad física y electrónica; la posibilidad de realizar trámites con firmas digitales; de realizar consultas y emisiones vía remota; el diseño de mecanismos alternos para la atención de comunidades indígenas y grupos en situación de especial vulnerabilidad y marginación; mecanismos homologados de captura de datos; simplificación de procedimientos de corrección, rectificación y aclaración de actas.

Los documentos expedidos con antelación a la entrada en vigor de la ley a que se refiere el Segundo transitorio del presente Decreto, continuarán siendo válidos conforme a las disposiciones vigentes al momento de su expedición. Asimismo, los procedimientos iniciados y las resoluciones emitidas con fundamento en dichas disposiciones deberán concluirse y ejecutarse, respectivamente, conforme a las mismas.

CUARTO. La legislación federal y local en materia de mecanismos alternativos de solución de controversias continuará vigente hasta en tanto entre en vigor la legislación a que se refiere el presente Decreto, por lo que los procedimientos iniciados y las sentencias emitidas con fundamento en las mismas, deberán concluirse y ejecutarse, conforme a lo previsto en aquéllas.

QUINTO. La legislación en materia de mecanismos alternativos de solución de controversias de la federación y de las entidades federativas deberá ajustarse a lo previsto en la ley general que emita el Congreso de la Unión conforme al artículo 73, fracción XXIX-A de esta Constitución.

SEXTO. La ley general en materia de mejora regulatoria a que se refiere la fracción XXIX-Y del artículo 73 de esta Constitución deberá considerar al menos, lo siguiente:

a) Un catálogo nacional de regulaciones, trámites y servicios federales, locales y municipales con el objetivo de generar seguridad jurídica a los particulares.

b) Establecer la obligación para las autoridades de facilitar los trámites y la obtención de servicios mediante el uso de las tecnologías de la información, de conformidad con su disponibilidad presupuestaria.

c) La inscripción en el catálogo será obligatoria para todas las autoridades en los términos en que la misma disponga.

SÉPTIMO. La ley general en materia de justicia cívica e itinerante a que se refiere el artículo 73, fracción XXIX-Z de esta Constitución deberá considerar, al menos lo siguiente:

a) Los principios a los que deberán sujetarse las autoridades para que la justicia itinerante sea accesible y disponible a los ciudadanos;

b) Las bases para la organización y funcionamiento de la justicia cívica en las entidades federativas, y

c) Los mecanismos de acceso a la justicia cívica e itinerante y la obligación de las autoridades de cumplir con los principios previstos por la ley.

Las legislaturas de las entidades federativas proveerán de los recursos necesarios para cumplir con lo dispuesto en el presente artículo transitorio.

Notifíquese a la Mesa Directiva para efectos de su programación legislativa.

Notas:

1 Aguascalientes, Baja California, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México, Coahuila de Zaragoza, Colima, Durango, México, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Quintana Roo, Sonora, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas.

2 Según el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), «Menos del 4% de las sanciones en México contemplan el uso de alternativas como las multas o la reparación del daño. En la práctica, el sistema de justicia se ha reducido a la aplicación de penas de prisión y a la institucionalización del sistema carcelario, sin que ello signifique necesariamente una solución al conflicto». Véase CENTRO DE INVESTIGACIÓN PARA EL DESARROLLO, Hallazgos 2015: evaluación de la implementación y operación a ocho años de la reforma constitucional en materia de justicia penal, CIDAC, México 2016, p. 131.

3 Ibídem., p. 50. Por su parte, el CIDE señala que «Otro aspecto que contribuye al mejoramiento de la justicia, son los Institutos o Centros de Justicia Alternativa. En la actualidad, todas las Entidades Federativas de la República Mexicana reportan la existencia de dichos órganos y brindan diversos servicios de asesoría, mediación y conciliación, de manera gratuita y accesible a cualquier persona que lo solicite». Véase CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DOCENCIA ECONÓMICAS, Informe de resultados de los Foros de Justicia Cotidiana, CIDE, México 2015, p. 183. Por su parte, a nivel federal la Procuraduría Federal del Consumidor, la Procuraduría de la Defensa del Trabajo, la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros y el Instituto Federal de Defensoría Pública, ya aplican MASC. Véase CENTRO DE ESTUDIOS DE JUSTICIA DE LAS AMÉRICAS, Mecanismos Alternativos al Proceso Judicial para favorecer el Acceso a la Justicia en América Latina, CEJA, Santiago de Chile 2014.

4 Se trata de un organismo internacional, creado en 1999 por las instituciones del Sistema Interamericano. Su sede está en Santiago de Chile y sus miembros son todos los países integrantes activos de la Organización de Estados Americanos.

5 CENTRO DE ESTUDIOS DE JUSTICIA DE LAS AMÉRICAS, Mecanismos Alternativos al Proceso Judicial para favorecer el Acceso a la Justicia en América Latina, CEJA, Op. cit., p. 12 et sec.

6 Véase CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DOCENCIA ECONÓMICAS, Informe de resultados de los Foros de Justicia Cotidiana, Op. cit., p. 16.

7 Ibídem., p. 183.

8 CENTRO DE ESTUDIOS DE JUSTICIA DE LAS AMÉRICAS, Mecanismos Alternativos al Proceso Judicial para favorecer el Acceso a la Justicia en América Latina, CEJA, Op. cit., pp. 59-61.

9 Diario Oficial de la Federación del 2013-10-08.

10 CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DOCENCIA ECONÓMICAS, Informe de resultados de los Foros de Justicia Cotidiana, Op. cit., p. 70.

11 Ejecutoria de la Novena Época, emitida por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la pág. 991 del SJF y su Gaceta, Tomo XXXII, diciembre de 2010, con el número de registro 22553, derivada de la Acción de Inconstitucionalidad 2/2010. Procurador General de la República.

12 CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DOCENCIA ECONÓMICAS, Informe de resultados de los Foros de Justicia Cotidiana, Op. cit., pp. 12 y 13.

13 CENTRO DE ESTUDIOS DE JUSTICIA DE LAS AMÉRICAS, Mecanismos Alternativos al Proceso Judicial para favorecer el Acceso a la Justicia en América Latina, CEJA, Op. cit., pp. 59-61.

Palacio Legislativo de San Lázaro a 27 de octubre de 2016.

La Comisión de Puntos Constitucionales, diputados:Guadalupe Acosta Naranjo (rúbrica), presidente; Édgar Castillo Martínez (rúbrica), Braulio Mario Guerra Urbiola (rúbrica), Yulma Rocha Aguilar (rúbrica), Marco Antonio Aguilar Yunes (rúbrica), José Hernán Cortés Berumen (rúbrica), J. Apolinar Casillas Gutiérrez (rúbrica), Javier Antonio Neblina Vega (rúbrica), Omar Ortega Álvarez, Ángel II Alanís Pedraza (rúbrica), Víctor Manuel Sánchez Orozco (rúbrica), Mirna Isabel Saldívar Paz (rúbrica), Lorena Corona Valdés (rúbrica), secretarios; Benjamín Medrano Quezada (rúbrica), Ivonne Aracelly Ortega Pacheco (rúbrica), David Sánchez Isidoro (rúbrica), Martha Sofía Tamayo Morales (rúbrica), Mariana Benítez Treviño (rúbrica), María Bárbara Botello Santibáñez (rúbrica), Héctor Ulises Cristópulos Ríos (rúbrica), Armando Luna Canales, Karina Padilla Ávila (rúbrica), Ulises Ramírez Núñez (rúbrica), Santiago Taboada Cortina (rúbrica), María Luisa Beltrán Reyes, Evelyn Parra Álvarez (rúbrica), Rodrigo Abdala Dartigues, Virgilio Dante Caballero Pedraza (rúbrica), Rosa Alicia Alvarez Piñones (rúbrica), Cándido Ochoa Rojas (rúbrica), Hugo Eric Flores Cervantes.»

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: En ese sentido, tiene la palabra, el diputado Braulio Mario Guerra Urbiola, hasta por 10 minutos, para fundamentar el dictamen en términos del artículo 230, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

El diputado Braulio Mario Guerra Urbiola: Con la venia del señor presidente, compañeros, compañeras, diputados. La Comisión de Puntos Constitucionales ha trabajado de manera comedida, de forma productiva y con un alto sentido de consensos y de acuerdos en torno a aquellos temas que les son importantes a México.

Es por ello que dentro del dictamen que se discute el día de hoy, y reconociendo la labor de los integrantes en conjunto de la Comisión de Puntos Constitucionales, fundamentamos la iniciativa, el conjunto de proyectos que enviara el Poder Ejecutivo de la República en torno a la homologación y criterios en materia de justicia en nuestro país.

Se plantean reformas a los artículos 25 y 73 de nuestra Carta Magna.

El primer elemento que se busca reformar tiene que ver con los aspectos económicos; es la mejora regulatoria, que además y a pesar de que ya en diversas entidades federativas los gobiernos de los estados han modificado sus legislaciones distintas para perfeccionar el encuentro entre el ciudadano y la autoridad, ese momento en donde la gente acude con su gobierno y la administración pública para realizar un trámite, para aperturar una empresa, para tener cercanía, autorización y regulación en torno al desempeño económico que tendrá, busca esta reforma que nuestra Constitución homologue los criterios en el país para que tengamos un solo lenguaje, un elemento que permita unificar que estados y ayuntamientos tengan mayor transparencia en el proceso regulatorio de las entidades públicas.

Se tengan menores costos para la sociedad y para las dependencias. Los trámites simplificados, rápidos y homologados para la obtención de distintos servicios, que esto es un reclamo y un sentir muy profundo y muy constante por parte de la ciudadanía la facilidad para la apertura de sus empresas y mayor competitividad económica al mismo tiempo.

En ese mismo sentido, se plantea en este dictamen reformar el artículo 73 para dotar de la facultad al Congreso de la Unión de legislar en materia de mecanismos alternativos de solución de controversias.

Este uso de mecanismos alternativos de solución, le permite que se asimile de mayor y con mayor profundidad el Sistema Nacional de Justicia en el país. Sin embargo a la fecha no existe unidad de criterios ni estándares mínimos aplicables en cuanto a la formación y los requisitos de certificación de mediadores y conciliadores.

Actualmente 23 entidades federativas ya cuentan con leyes que regulan los mecanismos alternativos de solución de controversias, sin embargo para que dichas leyes permitan un ejercicio eficaz y efectivo, se requieren criterios de homologación.

Justicia cívica e itinerante. Esta debe ser el detonante del encuentro de la ciudadanía con los conflictos menores que pueden ser resueltos por la autoridad de manera ágil y simplificada. Por ello esta iniciativa pone más en el relieve la falta de criterios homogéneos en los diseños normativos para las entidades federativas, por lo que se persigue dotar de facultades al Congreso de la Unión para emitir una ley general que establezca las bases y los principios que deberán observar los órdenes de gobierno distintos en el ámbito de su competencia en materia de justicia cívica e itinerante a fin de acercar, aproximar la justicia a la vida diaria y de manera más próxima a los ciudadanos.

Finalmente lo que tiene que ver con el tema de los registros civiles, que es un tema que importa a las entidades federativas, toda vez que el estado civil de las personas, de acuerdo al artículo 124 de nuestra Constitución, está reservado para legislarse en materia local y en materia estatal. No obstante a ello volvemos al mismo punto de homologar y equilibrar un lenguaje que sea para todos y todas en el país, en este tema.

La identidad es el umbral para garantizar el ejercicio de todos los demás derechos reconocidos en nuestra Constitución. De acuerdo con el diagnóstico elaborado por el CIDE, en México existe un alto índice de subregistro, así como de personas que no cuentan con documentos oficiales o con datos fidedignos, y esto dificulta al Estado proteger de manera eficiente y de manera certera el derecho a la identidad de la población, y garantizar así todos los demás derechos que se encuentran consagrados en nuestra Constitución.

La legislación que se expida deberá prever –de acuerdo a este dictamen– al menos, la obligación de trabajar con formatos accesibles de inscripción, con la estandarización de las actas de nacimiento a nivel nacional, medidas de seguridad física y electrónica, la posibilidad de realizar trámites con firmas digitales, de realizar consultas y emisiones vía remota, el diseño de mecanismos alternos para la atención de comunidades indígenas y grupos en situación de vulnerabilidad y marginación, mecanismos homologados de captura de datos, simplificación de procedimientos de corrección, rectificación y aclaración de actas.

Como ustedes lo observan, es un conjunto de iniciativas que tienen como centro la justicia en nuestro país, mejorarla, hacerla más eficiente, darle condiciones a los mexicanos y mexicanas para que se sientan más seguros y para que encuentren en sus causas y en sus anhelos, y en aquellos conflictos, el derecho otorgado por los tribunales y por el Poder Judicial para encontrar salida pronta a sus problemas. Sería cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias diputado Guerra Urbiola.

Se han registrado para fijar la posición de su grupo parlamentario, las siguientes diputadas y diputados, quienes harán uso de la palabra hasta por cinco minutos.

La diputada Cynthia Gissel García Soberanes, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social; la diputada Mirna Isabel Saldívar Paz, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza; el diputado Víctor Manuel Sánchez Orozco, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano; el diputado Virgilio Dante Caballero Pedraza, del Grupo Parlamentario de Morena; la diputada Lorena Corona Valdés, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; el diputado Omar Ortega Álvarez, del Grupo Parlamentario del PRD; el diputado Luis Fernando Antero Valle, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, y el diputado Edgar Castillo Martínez, del Grupo Parlamentario del PRI.

En ese sentido tiene el uso de la tribuna la diputada Cynthia Gissel García Soberanes, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, hasta por cinco minutos.

La diputada Cynthia Gissel García Soberanes:Buenos días, compañeros diputados. Con su venia, señor presidente. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es la norma suprema de la nación. Es a través de ella que se expresan los principales valores de nuestra sociedad y se asientan las bases de nuestro sistema jurídico e institucional.

Debido a tan alta dignidad jurídica su modificación no es una tarea menor, pues previamente puede efectuarse un profundo análisis de los problemas surgidos de la realidad histórica, que desemboque en soluciones racionales y que respondan tanto a las necesidades de las generaciones actuales como de las futuras.

En esta tesitura, el dictamen a discusión parte del estudio de múltiples fenómenos que aquejan gravemente a nuestro país y propone como solución facultar al honorable Congreso de la Unión para expedir cuatro leyes generales, a efecto de establecer los principios y bases para la concurrencia de los tres órdenes de gobierno en materia de métodos alternativos para solución de controversias, mejora regulatoria, justicia cívica e itinerante, así como el registro civil.

De manera común las medidas propuestas conllevan un beneficio doble, pues por partes se establecen a través de las leyes generales, plataformas homogéneas y armónicas para los tres niveles de gobierno; mientras que, en el ámbito local, se permiten en los Congreso de las entidades federativas se nutran de la normatividad estatal, atendiendo a las circunstancias particulares en su entorno geográfico.

Detallando las bondades específicas de cada una de las leyes a desarrollar, tenemos que al fomentarse el uso de métodos alternativos para la solución de controversias, además de contribuir a la despresurización del sistema judicial, se promueve la autocomposición de las partes, factor fundamental al menos de las recientes reformas de largo alcance en materia penal, mercantil y laboral.

Por lo que hace a la mejora regulatoria, en Encuentro Social estamos convencidos en que la expedición de tal y general elevará sustancialmente el nivel de seguridad jurídica de los gobernados, pues se contará con el marco jurídico claro, congruente y consistente desde la normatividad local hasta la Constitución General, haciendo de la norma un instrumento accesible no solo del perito en derecho, sino para la totalidad de los individuos.

Para cuando toca la materia de justicia cívica su regulación genera y resulta sumamente trascendente, pues asentará de manera común las bases mínimas de seguridad ciudadana en torno al urbano y así como la convivencia diaria.

Para lo que hace a la justicia itinerante, el tratarse de una de las principales responsabilidades del Estado se considera que la expedición de la norma general resulta muy oportuna a efecto de establecer las condiciones en las que se deberá participar el Estado y el uso de sus facultades soberanas para dictar la resolución judicial en aquella localidades que por sus ubicaciones geográficas no se encuentren con órganos jurisdiccionales instalados permanentemente.

Finalmente, en materia de registro civil, su regulación en el ámbito general permitirá como bien señala el dictamen, instrumentar el ejercicio del derecho humano a la identidad. Esto lo hará posible la optimización de procesos y subsanará la evaluación desigual de la actividad registral de las entidades federativas.

Por las bondades expuestas, este Grupo Parlamentario de Encuentro Social saludamos la letra y el espíritu del dictamen y ofrecemos no sólo votar a favor, sino además de coadyuvar a dar permanentemente lustre y vigor a las leyes generales que harán de la vida jurídica mexicana.

Es todo y cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputada García Soberanes. Tiene el uso de la tribuna hasta por cinco minutos la diputada Mirna Isabel Saldívar Paz, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.

La diputada Mirna Isabel Saldívar Paz:Con su permiso, diputado presidente. Compañeras y compañeros legisladores, en esta ocasión quisiera referirme al dictamen con proyecto de decreto por el que se adicionan y modifican diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de mecanismos alternativos de solución de controversias, mejora regulatoria, justicia cívica e itinerante y registro civil. Lo anterior con la finalidad de facilitar aquellos mecanismos de impartición de justicia cotidiana.

Una de las mayores demandas de la población es la necesidad de una verdadera y eficaz impartición de justicia principalmente cuando nos referimos a temas no penales, razón por la cual el Ejecutivo federal presentó diversas iniciativas en materia de lo que se denominó justicia cotidiana.

Ante estas inquietudes y después de la realización de diversos foros de discusión sobre este tema, el Centro de Investigación y Docencia Económicas concluyó que era necesario fortalecer y fomentar la justicia alternativa en México, entendida como el conjunto de principios, procesos, disposiciones y medidas que se encaminan a resolver conflictos entre intereses distintos, por medio del arreglo extrajudicial.

En nuestro país se ha incrementado el uso de nuevos mecanismos de solución de controversias. Sin embargo, aún se carece de un criterio uniforme o estándares mínimos aplicables en cuanto a la formación y los requisitos de certificación que deben cumplir las personas que fungen como mediadores, facilitadores o conciliadores, o los efectos de los convenios que resultan de estos mecanismos alternativos. Eso es lo que se pretende, solucionar con este dictamen con el que coincidimos plenamente.

Uno de los impedimentos que lleva a miles de personas a no recurrir a los diversos métodos de impartición de justicia en materia no penales, es el elevado costo que implica un proceso judicial, así como el tiempo que suelen demorar dichos procesos. Ello aunado a la enorme percepción de corrupción.

En Nueva Alianza sabemos que para mejorar la impartición de justicia en el país es preciso innovar, es preciso unificar los mecanismos alternativos de solución de controversias. De hecho, como lo refiere el dictamen, el párrafo cuarto del artículo 17 constitucional ya menciona la obligación de regular esta materia, al señalar que las leyes preverán mecanismos alternativos de solución de controversias.

En la materia penal, regularán su aplicación, asegurarán la reparación del daño y establecerán los casos en los que se requerirá supervisión judicial.

A pesar de lo anterior, este Congreso carece actualmente de la facultad explícita para expedir una ley general que establezca los principios y bases en materia de mecanismos alternativos de solución de controversias. Por eso es necesaria esta reforma.

De igual manera, se busca que el Congreso tenga facultades para expedir las leyes generales que armonicen y homologuen la organización y el funcionamiento de los registros civiles, los registros públicos inmobiliarios y de personas morales de las entidades federativas y los catastros municipales, así como la ley general que establezca los principios y bases a los que deberán sujetarse los órdenes de gobierno en materia de mejora regulatoria y de justicia cívica e itinerante.

En Nueva Alianza queremos contribuir a mejorar las condiciones de vida de todos los mexicanos. Ese compromiso nuestro es impulso para aliarnos a propuestas como la que hoy se pone a consideración. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputada Saldívar Paz. Tiene el uso de la tribuna, hasta por cinco minutos, el diputado Víctor Manuel Sánchez Orozco, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Esta Presidencia saluda a alumnos de la Escuela de Derecho Ponciano Arriaga, Asociación Civil, de la delegación Cuauhtémoc, invitados por el diputado Guillermo Rafael Santiago Rodríguez, sean bienvenidos todas y todos. Adelante, diputado.

El diputado Víctor Manuel Sánchez Orozco:Con su venia, presidente. En este país la justicia sigue siendo un grave problema. El acceso a la justicia para la mayoría de la población, una justicia muy retardada, pero además una justicia con un alto grado de corrupción.

Por eso esta reforma llega en un momento muy oportuno, es una reforma que en el primer tema se busca ampliar, de una manera que además de urgente es imperiosa, los mecanismos alternativos de solución de controversias.

Es verdad, los mecanismos alternativos de solución de conflictos o de controversias hasta hoy están solamente regulados en el artículo 17 constitucional, en materia penal. Es una reforma que ayudará, precisamente, a lo que es fortalecer la cultura de paz.

Los mecanismos alternativos de solución de controversias en materia penal, buscan o tienen como objetivo que entre un 40 o un 60 por ciento de conflictos se puedan resolver precisamente con ese tipo de mecanismos, sobre todo en materia penal.

En consecuencia, en materia civil, en materia familiar y en otro tipo de materia es muy necesario que se pueda regular. Por ejemplo, en el 2013 nos dicen las estadísticas del Inegi, que los conflictos o la litigiosidad en materia familiar era de un 35 por ciento, en materia civil un 30 por ciento, en materia mercantil un 20 por ciento y al final, la materia penal un 13 por ciento. Esto significa que la mayoría de los tribunales tienen y están colapsados en otras materias, no nada más en la penal.

En consecuencia, es importante que se establezcan estos mecanismos, para que la mayoría de los ciudadanos tengan la posibilidad y la facilidad de acudir a un nuevo tipo de justicia, que puede ser rápida y expedita.

Por ejemplo, la justicia alternativa en las entidades federativas, también en el año 2013, nos dice que de 137 mil asuntos, aproximadamente, el 35 por ciento correspondían a la materia familiar y se resolvieron por este tipo de mecanismos. El 31 por ciento en la materia civil y en la materia mercantil el 18 por ciento.

Por eso es importante que los mecanismos alternativos puedan regularse a nivel federal, en una ley general. Y lo son porque precisamente se requiere homologar los procedimientos, la capacitación en los tres órdenes de gobierno, además de que se certifiquen a mediadores, facilitadores o conciliadores.

Los diputados ciudadanos apoyamos esta reforma de justicia cotidiana porque creemos que la justicia que hoy rige en el país necesita un cambio y una transformación profunda.

En el mismo sentido, la mejora regulatoria también es muy necesaria. Es importante que se incluya política de revisión normativa de simplificación y homologación nacional de trámites, así como medidas para facilitar la creación y esclarecimiento de empresas.

Es decir, se requiere una mejora regulatoria donde la sociedad tenga menores costos posibles en lo que son los trámites administrativos.

Por otra parte, hablando también de justicia, el problema presupuestal, hasta hoy ha tenido graves problemas en que la justicia itinerante sea una realidad. Por eso también esta reforma ayudará a que la justicia cívica itinerante pueda ir a lugares más lejanos y en las comunidades con más lejanía de centros de administración de justicia como los hay ahora.

Es importante que la justicia itinerante implique realización de trámites, servicios administrativos, así como la resolución efectiva y pronta de conflictos que se presenten en una determinada comunidad.

Por último, con respecto a lo que son los registros civiles, pues en este país ya es un derecho el derecho a la identidad, pero existe una serie de problemática para que todos los registros civiles tengan infraestructura moderna y los registros sean ágiles, etcétera.

Por eso esta reforma viene a ayudar a que haya, a nivel nacional, la obligación de todos los registros civiles de que tengan formatos accesibles de inscripción, estandarización de actas a nivel nacional, medias de seguridad física y electrónica, la posibilidad de realizar trámites con firmas digitales, realizar consultas y emisiones vía remota, el diseño de mecanismos alternos para la atención de comunidades indígenas y grupos en situación de especial vulnerabilidad y marginación.

En consecuencia, y en conclusión, los diputados ciudadanos creemos que esta reforma constitucional ayudará para que los ciudadanos tengan una mejor justicia. Es cuanto, presidente.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputado Sánchez Orozco. Tiene el uso de la tribuna el diputado Virgilio Dante Caballero Pedraza, del Grupo Parlamentario de Morena, hasta por cinco minutos.

El diputado Virgilio Dante Caballero Pedraza:Gracias, compañero presidente. Compañeras diputadas, compañeros diputados, una de las grandes aspiraciones de la ciudadanía es la optimización de trámites y servicios que el gobierno brinda a los ciudadanos.

El Estado debe garantizar que haya una mejora constante, a fin de que todas las personas tengan acceso a mecanismos o formas sencillas para solicitar y obtener de las autoridades soluciones rápidas y adecuadas a sus problemas que se presentan de manera cotidiana. El orden jurídico de nuestro país cuenta con leyes y ordenamientos en el ámbito federal, estatal y municipal, pero tiene que haber leyes generales que establezcan competencias para los tres órdenes de gobierno.

Únicamente se han emitido leyes nacionales, como el Código Nacional de Procedimientos Penales, que tiene como propósito establecer criterios únicos en todo el país, que permitan la impartición de justicia de manera uniforme y evitar que la diferencia de criterios en el Poder Judicial sea un elemento que incline la balanza hacia un lado, con el riesgo de provocar una decisión injusta.

El dictamen que se discute toma en cuenta cuatro iniciativas del Ejecutivo Federal y una más del Legislativo, cuyo propósito era muy similar. Por esta razón, la Comisión de Puntos Constitucionales formuló un en solo dictamen el proyecto de decreto que se pone a consideración en este único acto.

En muchas ocasiones es necesario ofrecer alternativas para la resolución de conflictos, sin necesidad de llegar ante las autoridades judiciales y tener la posibilidad de llegar al arreglo extrajudicial en un marco legal.

A la fecha, los legisladores no podemos plantear un procedimiento en una ley que permita esta posibilidad, simple y sencillamente porque el artículo 73 de nuestra Constitución Política, no nos otorga las facultades para legislar en esta materia.

Con esta reforma estaremos en posibilidad de legislar para armonizar diversos ordenamientos, como es el caso de la legislación en materia de registro civil. Además, las disposiciones transitorias nos obligan a legislar en un periodo máximo de 180 días para emitir las leyes que establezcan los mecanismos de solución de controversias en diversas materias para evitar llegar a los tribunales.

Se pueden resolver muchos conflictos fuera de los juzgados, prueba de ello son las reformas que recientemente se votaron en el periodo extraordinario dentro de la miscelánea penal para evitar que muchos adolescentes lleguen a procesos judiciales por fallas menores.

También tenemos como ejemplo, los casos de conflicto que se han resuelto a través de la conciliación en algunas entidades federativas, entre las cuales está la Ciudad de México. Morena, votará a favor este dictamen porque con las modificaciones constitucionales vemos con claridad que el beneficio directo será para la ciudadanía al mejorar los mecanismos para la impartición de justicia. Muchas gracias.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputado Caballero Pedraza. Tiene el uso de la tribuna, hasta por cinco minutos, la diputada Lorena Corona Valdés del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

La diputada Lorena Corona Valdés:Con su venia, señor presidente. Compañeros diputados, reformar la Constitución no es tarea simple, deviene del análisis serio, objetivo y profundo de su estructura y sistematización para entender si es o no necesaria su modificación. En las últimas semanas nos hemos visto inmersos en intensos debates al seno de la comisión, buscando siempre lo mejor para México.

Legisladores, recibimos cuatro iniciativas del Ejecutivo federal en el marco de las reformas estructurales aprobadas en este sexenio y de conformidad con el Plan Nacional de Desarrollo y de su eje rector México en Paz, y de diversos foros realizados en el CIDE y de su informe de resultados de los foros de justicia cotidiana. Cuatro iniciativas que están debidamente analizadas en el dictamen que estamos votando y que permitirán al Congreso legislar en estas materias.

La primera se refiere a los mecanismos alternativos de solución de controversia. Con esta reforma se busca cambiar el paradigma de la justicia dictada por órganos judiciales y propiciar una participación más activa de la ciudadanía en las formas de relacionarse entre sí, en las que se privilegie la responsabilidad personal y el respeto al otro y a la utilización de la negociación y la comunicación para el desarrollo colectivo.

La segunda es la reforma para legislar la materia de mejora regulatoria, la que permitirá generar, entre otros, un mejor ambiente económico que propicie la competitividad nacional, la plena satisfacción a los principios de transparencia, la participación ciudadana, la responsabilidad pública, la rendición de cuentas y eficiencia en la acción gubernamental.

La tercera iniciativa es la relativa a la justicia cívica e itinerante, la cual juega un papel importantísimo en la prevención de conflictos, pues establece las reglas mínimas de comportamiento y de convivencia armónica.

El concepto de justicia ha estado asociado a la necesidad de contar con espacios físicos que permitan a los jueces atender y resolver los conflictos que se le presentan. Durante mucho tiempo esta idea se ha encontrado con el inconveniente de la insuficiencia presupuestal y de la lejanía en la que se encuentran muchas comunidades de los centros donde se administra y donde se imparte la misma. Es tiempo de terminar esta problemática y de acercar la justicia a las personas.

Como cuarta reforma tenemos la materia en registros civiles. No podemos dejar de considerar que el principal mecanismo a través del cual el Estado garantiza el derecho de identidad es la inscripción del registro de los recién nacidos en el registro civil. De ahí la relevancia y necesidad de contar con el acta de nacimiento que lo acredite.

El objetivo de esta reforma es proteger eficiente y certeramente el derecho a la identidad y el derecho a la personalidad. Si bien es cierto se trata de cuatro iniciativas con objetivos diferentes, no es menos cierto que se trata de una misma forma de entender al federalismo.

Las reformas que presenta el Ejecutivo por su relevancia y necesidad social, constituyen una excepción a la autonomía legislativa de los estados ya que su importancia demanda cambios constitucionales, los cuales tienen la siguiente finalidad: el fortalecimiento del Estado de derecho; la homologación del sistema de justicia en todo el país; la agilización de los procesos judiciales y administrativos; la transparencia y legalidad de los involucrados en el debido proceso; el establecimiento de criterios homólogos a lo largo y ancho del territorio nacional, y sobre todo que ofrecerá oportunidad y eficacia de las normas al ciudadano.

Considero que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como norma suprema de nuestro sistema jurídico, debe de ser respetada y no ser modificada a la ligera, pero también creo firmemente que la norma fundamental debe ajustarse a la nueva realidad social, política y económica del país, y en este caso resulta procedente su modernización como una excepción a la autonomía legislativa de los estados.

Hoy nos encontramos ante la necesidad de hacer una valoración integral de la norma, y por ello votaremos a favor de que el Congreso goce de estas nuevas facultades en consideración al fin máximo de la sociedad que es el bien común, y a la realidad social. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputada Corona Valdés. Tiene el uso de la tribuna el diputado Omar Ortega Álvarez, del Grupo Parlamentario del PRD, hasta por cinco minutos.

El diputado Omar Ortega Álvarez:Con la venia de la Presidencia, legisladoras y legisladores, el dictamen que nos presenta la Comisión de Puntos Constitucionales que versa sobre los mecanismos alternativos de solución a controversias, la mejora regulatoria, la justicia cívica e itinerante y sobre el Registro Civil, pretende resolver el enorme rezago que padecen nuestras instituciones de justicia en lo general, también pretende resolver de manera particular, lo que atañe a diversos aspectos de la justicia cotidiana y a los vicios e inercias negativas, y se reproducen sistemáticamente en los primeros espacios de contacto entre la autoridad, principalmente a nivel local con los ciudadanos que tienen que ver con un vasto entramado burocrático que entorpece la administración de justicia de primer nivel y la actuación de la administración pública, con enredados laberintos procedimientos legales y trámites administrativos de diversa índole. Estas instancias de gobierno lejos de resolver con prontitud las demandas y solicitudes ciudadanas, practican una verdadera tortura burocrática, que favorece la corrupción y la ineficacia administrativa que hacen nugatorios los derechos ciudadanos más elementales, desalientan la inversión pública y privada e inhiben el desarrollo individual y colectivo.

Aquí la crítica es dura para el Estado mexicano, porque la justicia de primer nivel y las ventanillas de cualquier instancia de gobierno, se han convertido en un lastre para los ciudadanos porque con su ineficacia, su ineptitud y su corrupción, sólo atienden a sus intereses particulares y se atropella el bienestar colectivo.

Por ello, consideramos, a partir de este diagnóstico, que es preocupante, que es de gran importancia profundizar en el reconocimiento de otros medios de solución de controversias.

Por ello, es necesario que aprobemos este dictamen que nos proporcionan un piso normativo en estas materias, para que posteriormente impulsemos una serie de acciones legislativas que le den vida a una legislación que permita, en un corto plazo, a través de las leyes generales, que son materia del presente dictamen, que proveen una serie de criterios y principios mínimos que obliguen a las entidades a elevar sus estándares sobre Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, mejor conocidos como MASC, sobre la debida mejora regulatoria para la administración pública, la justicia cívica e itinerante, así como a la modernización de los registros civiles de cada entidad, que se encuentran inmersos en un rezago altamente preocupante.

También queremos reconocer la labor conjunta de académicos, investigadores y de instituciones académicas como el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y el CIDE, y otras más que fueron impulsoras fundamentales de los diálogos y foros que fueron organizados para darle una forma ordenada, colectiva y consensuada a la discusión que fue detonante del debate público que aterrizó en éstas y otras ideas que enriquecieron estas iniciativas, cuyo dictamen estamos hoy discutiendo, por lo cual, nuestro voto será de manera favorable. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputado Ortega Álvarez. Tiene el uso de la tribuna, el diputado Luis Fernando Antero Valle, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, hasta por cinco minutos.

El diputado Luis Fernando Antero Valle:Con su venia, diputado presidente. Diputadas y diputados, a través de la dictaminación conjunta de diversas iniciativas que se ponen hoy a consideración de esta asamblea, se plantea reservar una serie de competencias. Sobra decir que son muy atinadas y además muy necesarias a favor del Congreso General para legislar de manera única en determinadas materias.

A través de la figura de las denominadas leyes generales previstas en nuestro ordenamiento jurídico se establece un sistema de distribución de competencias, el cual pondrá en marcha una mejor coordinación entre autoridades en diversas materias, tales como: mejora regulatoria, justicia cívica itinerante, mecanismos alternativos de solución de controversias y registros civiles.

Uno de los objetivos de la mejora regulatoria es la simplificación del ordenamiento jurídico para hacerlo de forma asequible y entendible para el gobernado sin menoscabo de la actividad regulada sin excesos, todo ello de regulación.

Hoy en día todos sabemos que en los tres órdenes de gobierno existe una dispersión normativa, todo sobre regulación, todo sobre duplicidad normativa y es por ello que se hace muy necesario hacer frente a esta problemática en favor del ciudadano.

Con este dictamen se establece que por mandato constitucional se exige a todos los órdenes de gobierno el implementar políticas públicas de mejora regulatoria para la simplificación de trámites, servicios y marco normativo que resulta ya ocioso para empresarios y para particulares.

Con la atribución al Congreso al Congreso General para establecer la Ley General en materia de mejora regulatoria se robustecen las instituciones, se fortalecerá el Estado de derecho y, sobre todo, se generará seguridad jurídica al gobernado al haber leyes y trámites simples, claros y de fácil cumplimiento.

La orografía del territorio mexicano es vasta e irregular, a afortunadamente contamos con una extensa variedad de ecosistemas y microclimas que han hecho que los asentamientos humanos se encuentren dispersos tanto en centros urbanos como en comunidades rurales e incluso pequeñas poblaciones remotas y también muy aisladas. Estos asentamientos han hecho que por diferentes factores el acceso a la justicia no sea asequible para muchas personas al encontrarse cerca de los impartidores de justicia.

Con la atribución para establecer la Ley General en materia de justicia cívica e itinerante por parte del Congreso General se pretenden establecer los principios y bases a los que deberán sujetarse los tres órdenes de gobierno en dicha materia, a efecto de llevar a las comunidades más apartadas la justicia cívica y así solucionar conflictos menores y dar una adecuada atención y solución oportuna y temprana a nuestros connacionales más alejados del país.

Por lo referente al presente dictamen a la justicia alternativa, hay que señalar que hoy en día desafortunadamente no existe unidad en criterios de procesos ni procedimientos en el establecimiento de los mecanismos alternativos en la Federación, lo que ha redundado en una disparidad de alternativas de solución en cada uno de los estados que han empezado a crear confusión y disparidad de criterios a seguir en la Federación y asimismo en cada uno de los estados.

El dictamen establece, atento a la iniciativa que da origen, la competencia para que el Congreso expida la Ley General en materia de mecanismos alternativos de solución de controversias, lo que permitirá sentar las bases necesarias e indispensables para que la Federación en conjunto regule y aplique estos mecanismos sobre la base de una política de Estado coherente y congruente con las nuevas bases constitucionales, así como el homogéneo y sistematizado que evite la dispersión normativa y criterios encontrados o incluso inseguridad jurídica en el marco legal.

Finalmente, se establece además la atribución al Congreso para establecer la Ley General que armonice y homologue la organización y el funcionamiento de los registros civiles, con lo cual se pretende fortalecer los procedimientos y los procesos para la expedición de documentos de reconocimiento por parte del Estado mexicano, al derecho de identidad de todas las personas.

El dictamen que hoy nos presentan trae consigo muchos beneficios al país, y no se trata de arrogar atribuciones al Congreso sin una causa justa, sino al contrario, compañeras y compañeros diputados, de armonizar mediante criterios generales un mejor acceso a la justicia y a la propia regulación.

Por lo anteriormente expuesto, Acción Nacional estará votando a favor del presente dictamen. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputado Antero Valle. Tiene el uso de la tribuna hasta por cinco minutos, el diputado Edgar Castillo Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

El diputado Edgar Castillo Martínez:Con su permiso, diputado presidente. Compañeras y compañeros diputados, la materia que estamos posicionando en esta tribuna son de vital importancia para la vida jurídica de México, en su conjunto los tópicos que nos ocupan quedan agrupados en lo que el presidente Enrique Peña Nieto ha denominado justicia cotidiana, forma parte de un paquete de iniciativas de las cuales se ha aprobado una más y el día de hoy esperemos se aprueben cuatro.

La iniciativa del Poder Ejecutivo considera necesaria las modificaciones al texto constitucional, particularmente reformando o adicionando fracciones del artículo 73, para que el Congreso de la Unión expida leyes generales en materia de mecanismos alternativos de solución de controversias, mejora regulatoria, justicia cívica e itinerante y registro civil, buscando con ellas exista una regulación general nacional que establezca principios y bases que regirán en el país, permitiendo homogeneizar ordenamientos y criterios, protegiendo los derechos humanos de las y los mexicanos, así como lograr que las atenciones recibidas por parte de los servidores públicos de los distintos órdenes de gobierno sean mejores y más efectivos, impactando en la confianza de las instituciones públicas, pero, sobre todo, en el bienestar de las personas.

La fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional emitirá su voto a favor del dictamen, haciendo suyos los argumentos presentados por el Ejecutivo federal, quien apegado al Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 contempla la estrategia para hacer de México una sociedad de derechos, en donde los mexicanos tengan acceso efectivo a todas las prerrogativas que reconoce la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, específicamente, el eje denominado México en paz, mismo que propone la consolidación de un Estado democrático a través de instituciones sólidas e incluyentes que aseguren el respeto y garantía de los derechos humanos, y dicho propósito sea obligado para todas las autoridades como una práctica cotidiana.

Asimismo dicho Plan Nacional establece como una de sus metas nacionales para alcanzar un México próspero, garantizar la emisión de reglas claras que incentiven el desarrollo de un mercado interno competitivo.

Para lograr el texto de las iniciativas que hoy se presentan como proyecto de decreto, se tomó en cuenta al Centro de Investigación y Docencia Económica, por sus siglas CIDE; al Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM; así como la opinión vertida en la instrumentación en el año 2015, de los denominados: Diálogos por la justicia cotidiana, con la participación de más de 140 juristas, académicos y representantes de la sociedad civil.

Con lo anterior, el Poder Ejecutivo federal planteó las iniciativas de mérito, buscando los siguientes propósitos fundamentales.

Primero. En materia de mecanismos alternativos de solución de controversias. Que el Estado facilite a las personas mecanismos alternativos sencillos, ágiles y confiables, para obtener una solución expedita y adecuada a sus problemas y controversias en materias diversas al ámbito penal y sin necesidad de recurrir a instancias jurisdiccionales, con retraso en tiempo y los consabidos gastos que ello genera.

Segundo. En materia de mejora regulatoria. Contar con una ley general integral, que facilite un mejor ambiente económico y además propicie la competitividad nacional, satisfaciendo los principios de transparencia, la participación ciudadana, la responsabilidad pública, la rendición de cuentas y la eficiencia en la acción gubernamental, involucrando, desde luego, a los distintos órdenes de gobierno.

Tercero. En materia de justicia cívica e itinerante. Facultar al Congreso para expedir una ley general en la materia, que establezca las bases y principios que adoptarán las autoridades en los tres órdenes de gobierno en materia de justicia cívica, la cual además tendrá como objeto recobrar la confianza ciudadana y acercar a las personas los órganos de impartición de justicia, previendo desde luego la denominada asistencia temprana, los mecanismos alternativos de solución de conflictos y justicia cívica.

Cuarto. Finalmente en materia de registro civil y en concordancia con la redacción del artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece que toda persona tiene derecho a la identidad y a ser registrado de manera inmediata a su nacimiento.

Es necesario facultar al Congreso de la Unión para expedir una ley general que armonice y estandarice formatos, prácticas, simplificación de procedimientos de corrección, rectificación y aclaración de actas, así como utilización de técnicas para resguardo y consulta, desde luego, con la atención a los grupos vulnerables.

En conclusión, compañeras diputadas y diputados, la fracción parlamentaria que represento respalda el sentido del dictamen presentado al conservar la esencia de las iniciativas presentadas por el presidente de la República y sustentadas en los motivos y argumentos defendidos.

Con estas reformas consolidamos una justicia más eficaz, accesible y de calidad para todas y todos los mexicanos. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputado Castillo Martínez.

Esta Presidencia saluda a alumnos de la Universidad Milenium, plantel Ixtapaluca, del estado de México, invitados por el diputado David Gerson García Calderón. Igualmente saludamos a alumnos del Centro de Estudios Intercontinental de Silao, de la carrera de derecho, invitados por el diputado Miguel Ángel Salim Alle.

Saludamos la presencia, en este salón de sesiones, de la atleta Ana Laura González, originaria de Manzanillo, Colima, quien se ha distinguido a nivel mundial por su participación en la categoría juvenil en un sinnúmero de competencias de surfing. Invitada por el diputado Virgilio Mendoza Amezcua, deseándole más éxitos en su carrera deportiva.

Informamos a la asamblea que no se han reservado artículos para discutirlos en lo particular. En tal virtud y de conformidad con el artículo 109 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Se pide a la Secretaría abra el sistema electrónico, por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular en un solo acto.

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico, por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular.

(Votación)

¿Algún diputado o alguna diputada que falte de emitir su voto? Sigue abierto el sistema. ¿Algún diputado o alguna diputada que falte de emitir su voto? Sigue abierto el sistema. ¿Alguna diputada o diputado que falte de emitir su voto? Sigue abierto el sistema, diputada. Ciérrese el sistema de votación electrónico. De viva voz.

El diputado Guadalupe Acosta Naranjo (desde la curul): A favor.

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: Se emitieron 414 votos a favor, por lo tanto es mayoría calificada, presidente.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Aprobado en lo general y en lo particular, por 413 votos el proyecto de decreto por el que se adicionan y reforman diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de mecanismos alternativos de solución de controversias, mejora regulatoria, justicia cívica e itinerante y registro civil. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.

LEY DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: El siguiente punto del orden del día, es la discusión del dictamen de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, en materia de accesibilidad.

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:«Dictamen de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, en materia de accesibilidad

Honorable Asamblea:

Con fundamento en lo dispuesto en los Artículos 39 y 45 numeral 6, inciso f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y; 80, 84, 85, 157 numeral 1 fracción I, 167 numeral 4, 180 y 182 del Reglamento de la Cámara de Diputados, la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables somete a la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados el presente dictamen en sentido positivo con modificaciones al tenor de los siguientes:

Antecedentes:

I.- En sesión celebrada por la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, en fecha 29 de abril de 2016, la diputada Arlette Ivette Muñoz Cervantes, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que reforman las fracciones IV y V del artículo 4°, el primer párrafo y el inciso c de la fracción IX del artículo 5°, las fracciones XIX y XX del artículo 10 y las fracciones III a V del artículo 20; se adicionan la fracción VI al artículo 4°, el inciso d a la fracción IX del artículo 5°, la fracción XXI del artículo 10, la fracción VI del artículo 20 y la fracción XXXI del artículo 28 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.

II.- En la misma sesión, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados en uso de sus facultades, instruyó el turno de la Iniciativa a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables para su estudio y dictamen; Iniciativa que fue recibida el 23 de mayo de 2016, con el número de expediente 3023.

III.- Con base en lo anterior, la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables de esta LXIII Legislatura, procedió a la elaboración del presente dictamen.

Contenido de la Iniciativa:

La diputada iniciante propone mediante esta Iniciativa incluir el término de accesibilidad, como parte de los principios rectores en la observación y aplicación de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores; es decir, que las personas adultas mayores tengan accesibilidad a las tecnologías de la información y comunicación, así como la accesibilidad en los establecimientos públicos y servicios de autotransporte.

Esgrime la diputada iniciante, que el envejecimiento de la población representa un reto para el Estado y la sociedad. Las proyecciones oficiales indican que la proporción de niños y jóvenes será cada vez menor, por lo que en este sentido, se observa que la participación relativa de adultos mayores aumenta, lo que hace que la pirámide poblacional sea cada vez más angosta.

Ello hace necesario que gobierno y familias actúen para combatir la pobreza y la desigualdad en la que viven muchos adultos mayores. En este sentido, un aspecto a combatir es la desigualdad que se presenta en la accesibilidad a los diversos bienes y servicios por parte de los diferentes sectores de población. Desafortunadamente, los grupos más vulnerables resultan en la mayoría de las veces los más afectados por las condiciones de desventaja en la que se encuentran.

Por ello, se requieren de acciones afirmativas para que puedan acceder en igualdad de condiciones a cualquier bien o servicio que preste el Estado y, en su caso, para que no se queden rezagados en el acceso y conocimiento de los avances en diferentes ámbitos, principalmente en lo que se requiere a las tecnologías de la información y comunicación.

En tal virtud, propone el establecimiento del término de accesibilidad, el cual se refiere a las medidas pertinentes para asegurar el acceso de las personas adultas mayores, en igualdad de condiciones con las demás, al entorno físico, el transporte, la información y las comunicaciones, incluidos los sistemas y las tecnologías de la información y comunicaciones, y a otros servicios e instalaciones abiertos al público o de uso público, tanto en zonas urbanas como rurales.

En el mismo tenor, propone que entre los objetivos de la política nacional sobre personas adultas mayores, se garantice la accesibilidad de las personas adultas mayores a las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación.

Asimismo, propone que dentro de las atribuciones en la materia, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, garantice el derecho de las personas adultas mayores a la accesibilidad a las tecnologías de la información y las comunicaciones, incluida internet.

De igual manera, y en consonancia con lo anterior, propone que dentro de las atribuciones del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, se encuentre la de implementar programas que propicien el aprendizaje de habilidades y conocimientos para el manejo de herramientas que permitan la accesibilidad a las tecnologías de la información y comunicación.

Con el objeto de reforzar la ley e incorporar la accesibilidad como un derecho, propone el establecimiento del derecho de la accesibilidad a establecimientos y servicios, así como también el derecho a la accesibilidad universal; y para lograrlo, propone que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes garantice que los concesionarios y permisionarios de servicios públicos de transporte, cuenten en sus unidades con asientos preferentes y el equipamiento adecuado para que las personas adultas mayores hagan uso del servicio con seguridad y comodidad.

En síntesis, la proponente busca adecuar la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores a efecto de promover la accesibilidad de dicho sector de la población a las tecnologías de la información y la comunicación, así como a asientos preferentes en establecimientos que prestan servicios públicos y en servicios de autotransporte de pasajeros.

En virtud de lo anteriormente señalado, es imprescindible mostrar mediante una tabla comparativa lo que establecen las disposiciones del texto vigente de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores y las propuestas que desea realizar a dichas disposiciones la iniciante.

Consideraciones:

1.- Esta Comisión de Atención a Grupos Vulnerables analizó y discutió el contenido de la iniciativa sujeta a dictamen y determinó que es procedente su dictaminación en sentido positivo, con modificaciones.

2.- En efecto, las diputadas y los diputados integrantes de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables estudiaron la iniciativa, la analizaron y tomaron en consideración que lo que ha planteado la diputada Arlette Ivette Muñoz Cervantes es viable y procedente, en el sentido de promover la accesibilidad de las personas adultas mayores a las tecnologías de la información y la comunicación, incluido el internet y banda ancha.

En lo relativo a las propuestas sobre la accesibilidad de dichas personas a establecimientos públicos y servicios de autotransporte, se estima que son inviables e innecesarias, toda vez que dicho planteamiento legislativo ya se encuentra regulada y plasmada en diversas disposiciones de la misma Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.

3.- En lo tocante a las propuestas para promover la accesibilidad de las personas adultas mayores a las tecnologías de la información y la comunicación, si bien es cierto que el Artículo 6°, segundo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone que toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión; y el tercer párrafo establece que el Estado garantizará el derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e internet; con mayor razón y justificación, esta Comisión de Atención a Grupos Vulnerables considera que es necesario que en la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores se plasme y garantice en forma indubitable, clara y precisa, el derecho a la accesibilidad a las tecnologías de la información y a las comunicaciones, incluido el internet; asimismo, que se establezcan programas que propicien el aprendizaje de habilidades y conocimientos para el manejo de herramientas que permitan a las personas adultas mayores, su acceso a dichas tecnologías de la información y comunicaciones; así como también, se establezca el concepto de Accesibilidad, entendido como aquel que comprende las medidas pertinentes para asegurar el acceso a las personas adultas mayores, en igualdad de condiciones con las demás, a la información y las comunicaciones, incluidos los sistemas y las tecnologías de la información y comunicaciones.

Ello es así, toda vez que el acceso a las tecnologías de la información y comunicación le permiten, sin duda alguna a las personas adultas mayores, mejorar su desenvolvimiento y desarrollo psico – social e intelectual, su autonomía y seguridad en sí mismas, su conocimiento y actualización en las diferentes ciencias y disciplinas.

En últimas fechas, se ha acrecentado en forma considerable el uso de las computadoras y de las redes sociales entre este sector, lo que ha implicado en dicho sector, que perciban de manera diferente el mundo que los rodea, y que se adapten con mayor facilidad a dicha realidad, teniendo una mayor actividad mental, lo cual derivará en una mejor y mayor calidad de vida y felicidad en la misma, evitando lo más posible que contraigan la terrible enfermedad de Alzheimer, entras otras degenerativas de la mente.

Las personas adultas mayores deben gozar de los derechos de accesibilidad a las tecnologías de la información, comunicación e internet, ya que éstas favorecerán su plena integración a la sociedad, sin que exista tanta discriminación e intolerancia hacia ellos.

Mediante esta propuesta legislativa, las personas adultas mayores tienen acceso a un derecho constitucional fundamental que es el de la información.

El acceso digital de las personas adultas mayores es de suma importancia, toda vez que les proporciona múltiples oportunidades de aprendizaje, permitiéndoles su participación activa en la sociedad, permitiéndoles ser autosuficientes.

En Europa hay proyectos que se preocupan por darle acceso digital a las personas adultas mayores, y uno de ellos, por ejemplo, es el denominado Envejecimiento Activo y Saludable, que consiste en un ecosistema digital que ofrece la inclusión digital, es decir, información, actividades de carácter formativo, herramientas digitales, aplicaciones, entre otros.

Se ha observado últimamente que las personas adultas mayores usan con mayor frecuencia las computadoras y la red de internet, lo cual está conllevando a la transformación de manera significativa la vida de dichas personas, sobre todo en los terrenos relacionados con la salud, el entretenimiento y la cultura, lo que de una forma u otra, está incidiendo sobremanera en una mejor calidad de vida. Lo cual permite que se revierta la cultura y el estigma social acerca de que dicho sector se ha quedado aislado ante la existencia de estas tecnologías y su acelerado desarrollo y cambio.

De tal manera que las personas adultas mayores manejan de mejor forma sus problemas relacionados con la información de la salud, asistencia laboral, administración financiera, programación de asistencia a eventos culturales, artísticos, recreativos, compra venta de bienes contratación de servicios en general. Incluso, existen varios estudios que indican una disminución del estado de estrés, ayudando en forma inmejorable su calidad de vida y vínculos sociales.

Actualmente el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) imparte cursos de computación a nivel básico a internet, toda vez que considera que el cambio generacional ha creado necesidades en relación con las tecnologías de la información y comunicación. De tal forma, que las personas adultas mayores requieren una tecnología útil, funcional y de fácil manejo; por lo que la computadora ofrece a dichas personas una herramienta fundamental para realizar actividades laborales, lúdicas, culturales, de investigación, recreativas, entre otras.

Sin embargo, y a pesar de lo señalado con anterioridad, sabemos que todavía hay una gran parte de personas adultas mayores que no tienen acceso a dichas tecnologías digitales, debido a sus costos tan altos, por lo que el Estado tiene una gran responsabilidad para hacer que dichas tecnologías sean accesibles al mayor número de dichas personas. Y en este sentido, resulta primordial que las personas adultas mayores, mediante esta propuesta legislativa, cuenten y gocen a cabalidad del derecho a la accesibilidad a las tecnologías de la información y a las comunicaciones, incluido el internet, proporcionándoles una mejor forma y calidad de vida, para que sigan siendo útiles para la sociedad y para ellos mismos.

En virtud de lo anterior, es viable y aceptable el término que se propone de Accesibilidad, sólo y únicamente como aquellas medidas pertinentes para asegurar el acceso de las personas adultas mayores, en igualdad de condiciones, a la información y las comunicaciones, incluidos los sistemas y las tecnologías de la información y comunicaciones.

4.- En lo referente a las propuestas sobre la accesibilidad de dichas personas a establecimientos públicos y servicios de autotransporte, se estima que son inviables e innecesarias, toda vez que dicho planteamiento legislativo ya se encuentra regulada y plasmada en diversas disposiciones de la misma Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, toda vez que su Artículo 5°, fracción IX, Del Acceso a los Servicios, ya establece que las personas adultas mayores tengan derecho a tener una atención preferente en los establecimientos públicos y privados que prestan servicios al público; a que los servicios y establecimientos de uso público deberán implementar medidas para facilitar el uso y/o acceso adecuado y a contar con asientos preferentes en los establecimientos que prestan servicios al público y en los servicios de autotransporte de pasajeros; además, es pertinente señalar que el número de asientos destinados a los adultos mayores son determinados por el reglamento de transporte correspondiente o, en su caso o defecto, dentro del marco de los convenios que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores y la Línea de Transporte celebran para dichos efectos.

5.- Es pertinente señalar que la propuesta legislativa no representa impacto presupuestario alguno, en virtud de la opinión emitida por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, en relación al mencionado impacto, concluye en su estudio que la eventual aprobación del presente dictamen, no generaría impacto presupuestario al erario federal, toda vez que dada la naturaleza de lo propuesto, su contenido esencial ya se encuentra atendido por el marco jurídico vigente.

Por las consideraciones anteriormente expuestas, los integrantes de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables de la LXIII Legislatura, someten al Pleno de la Cámara de Diputados, el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES, EN MATERIA DE ACCESIBILIDAD.

Artículo Único.- Se adicionan las fracciones VI al artículo 4°, XXI del artículo 10, VI al artículo 20 y XXXI al artículo 28, todos de la Ley de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, como sigue:

Artículo 4o.Son principios rectores en la observación y aplicación de esta ley:

I. a III. ...

IV. Corresponsabilidad. La concurrencia y responsabilidad compartida de los sectores público y social, en especial de las comunidades y familias, para la consecución del objeto de esta Ley;

V. Atención Preferente. Es aquella que obliga a las instituciones federales, estatales y municipales de gobierno, así como a los sectores social y privado a implementar programas acordes a las diferentes etapas, características y circunstancias de las personas adultas mayores, y

VI. Accesibilidad. Las medidas pertinentes para asegurar el acceso de las personas adultas mayores, en igualdad de condiciones con las demás, a las tecnologías de la información y comunicaciones.

Artículo 10. Son objetivos de la política nacional sobre personas adultas mayores los siguientes:

I. a XVIII. ...

XIX. Llevar a cabo programas compensatorios orientados a beneficiar a las personas adultas mayores en situación de rezago y poner a su alcance los servicios sociales y asistenciales así como la información sobre los mismos;

XX. Fomentar la creación de espacios de expresión para las personas adultas mayores, y

XXI. Garantizar la accesibilidad de las personas adultas mayores a las tecnologías de la información y comunicaciones.

Artículo 20. Corresponde a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, garantizar:

I. a III. ...

IV. El derecho permanente y en todo tiempo, a obtener descuentos o exenciones de pago al hacer uso del servicio de transporte de servicio público, previa acreditación de la edad, mediante identificación oficial, credencial de jubilado o pensionado, o credencial que lo acredite como persona adulta mayor;

V. El establecimiento de convenios de colaboración con las instituciones públicas y privadas dedicadas a la comunicación masiva, para la difusión de una cultura de aprecio y respeto hacia las personas adultas mayores, y

VI. El derecho de las personas adultas mayores a la accesibilidad a las tecnologías de la información y comunicaciones, incluido el internet y banda ancha.

Artículo 28.Para el cumplimiento de su objeto, el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores tendrá las siguientes atribuciones:

I. a XXVII...

XXVIII. Elaborar y proponer al titular del Poder Ejecutivo Federal, los proyectos legislativos en materia de personas adultas mayores, que contribuyan a su desarrollo humano integral;

XXIX. Expedir su Estatuto Orgánico;

XXX.- Crear un registro único obligatorio de todas las instituciones públicas y privadas de casas hogar, albergues, residencias de día o cualquier centro de atención a las personas adultas mayores, y

XXXI. Establecer acciones que propicien el aprendizaje de habilidades y conocimientos para el manejo de herramientas que permitan a las personas adultas mayores, la accesibilidad a las tecnologías de la información y comunicaciones.

TRANSITORIO

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el 26 de octubre de 2016.

La Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, diputados:Luis Fernando Mesta Soulé (rúbrica), presidente; Edith Anabel Alvarado Varela, Brenda Borunda Espinoza (rúbrica), Laura Valeria Guzmán Vázquez (rúbrica), José Alfredo Torres Huitrón (rúbrica), Kathia María Bolio Pinelo (rúbrica), Eloisa Chavarrias Barajas (rúbrica), Érika Irazema Briones Pérez (rúbrica), Sara Paola Gálico Félix Díaz (rúbrica), Irma Rebeca López López (rúbrica), Refugio Trinidad Garzón Canchola (rúbrica), secretarios; Evelyng Soraya Flores Carranza (rúbrica), Lilia Arminda García Escobar (rúbrica), Fabiola Guerrero Aguilar (rúbrica), Norma Edith Martínez Guzmán (rúbrica), María Isabel Maya Pineda (rúbrica), María Angélica Mondragón Orozco (rúbrica), Karla Karina Osuna Carranco (rúbrica), María Guadalupe Oyervides Valdez, Angélica Reyes Ávila (rúbrica), María de los Ángeles Rodríguez Aguirre (rúbrica), Mariana Trejo Flores, Manuel Vallejo Barragán (rúbrica).»

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: En tal sentido, tiene la palabra, hasta por cinco minutos, la diputada Kathia María Bolio Pinelo, para fundamentar el dictamen de conformidad con el artículo 104, numeral 1, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados.

La diputada Kathia María Bolio Pinelo:Cuando me dicen que soy demasiado viejo para hacer una cosa, procuro hacerla en seguida. Con el permiso de la Presidencia. Los integrantes de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables presentamos un dictamen que confirma y reconoce el derecho humano de acceso de las personas adultas mayores a las tecnologías de la información y comunicaciones y que a continuación expondré.

En un mundo como el nuestro, en el que las nuevas tecnologías permiten transmitir datos e información digitalizada en forma simultánea por todas partes, es preciso incluir a las personas adultas mayores en este proceso transformador e innovador de las comunicaciones.

Hacerlos parte y partícipes del acceso a la información remota, a la comunicación de persona a persona, al uso de imágenes, vídeos, videoconferencias, animaciones, correos electrónicos, hipervínculos, juegos interactivos, investigaciones de diversas fuentes, así como la manifestación libre de sus ideas y pensamientos.

Sin duda es necesario prepararlos y capacitarlos para aumentar su comprensión, relación, habilidad, destreza y pericia en el uso moderno de dispositivos y aparatos digitales como medios de comunicación, permitiendo con ello que interactúen en una forma más eficaz y eficiente con dichos medios para que mejore la comunicación con sus semejantes.

Consideramos con todo ello que es responsabilidad y obligación del Estado mexicano que debe tomar en cuenta a nuestros adultos mayores para constituir así una política social de prioridad, en consonancia con el segundo y tercer párrafos del artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que dispone que toda persona tiene derecho al libre acceso a la información pública plural y oportuna. Este derecho constitucional del cual gozan las personas adultas mayores, es el denominado derecho a la información.

Hay que sumar, hay que sumar a las personas adultas mayores a la sociedad de la información digital, a la red global para así, dicho sector social, participe en forma igualitaria y equitativa al desarrollo y progreso integral de nuestra nación, pero además, y a mayor abundamiento, el acceso a las tecnologías de la información y comunicación les permitan mejorar a los adultos mayores sus desenvolvimiento y desarrollo psicosocial, emocional, intelectual, autonomía y seguridad en sí mismas.

De aprobarse esta iniciativa se sentarían las bases para desarrollar las actividades que permitan que se revierta el llamado analfabetismo tecnológico, así como el estigma social acerca de que dicho sector de nuestra población se ha quedado aislado ante la existencia de nuevas tecnologías y su acelerado desarrollo y el cambio vertiginoso que a todos nos envuelve.

En últimas fechas se ha acrecentado en forma considerable el uso de las computadoras, teléfonos celulares, las redes sociales, entre otros sectores, lo que implica que perciban de manera diferente el entorno que los rodea y que se adaptan con mayor facilidad a la nueva realidad virtual.

Podemos encontrar beneficios secundarios en esta promoción del uso de las tecnologías. Los adultos mayores tendrían una mayor agilidad mental, la cual derivará en una mejor mayor calidad de vida y felicidad, y ayudando a evitar enfermedades como el Alzheimer, entre otras patologías derivadas de la mente y la edad.

Las personas adultas mayores deben gozar de derechos accesibles a las tecnologías de la información, comunicación e internet, ya que estas favorecen su plena integración a la sociedad, y así lograríamos una mayor empatía con el mundo que los rodeas, sin que exista discriminación e intolerancia hacia los adultos mayores.

Por lo tanto la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, de la cual soy integrante, considera imperioso e indispensable modificar la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores para que en primer término dicho ordenamiento jurídico se encuentre en armonía con la Carta Magna. Vamos a garantizar el acceso a las tecnologías y a las comunicaciones, incluido el internet.

Solicitamos se establezca el concepto de accesibilidad, entendido como aquel que comprende medidas pertinentes para asegurar el acceso de personas adultas mayores en igualdad de condiciones con los demás.

Por lo que en virtud de lo anteriormente asentado, esta Comisión de atención a Grupos Vulnerables les invita, les pie votar a favor del presente dictamen que es trascendente para el beneficio, provecho y disfrute de nuestros adultos mayores. Muchas felicidades a la diputada Arlette Muñoz Cervantes, por esta iniciativa. Es cuanto, señor presidente, con su permiso.

Presidencia de la diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez:Gracias diputada Bolio.

Esta Presidencia saluda la presencia de alumnos de la escuela primaria Seguro del Maestro, Unidad Ermita Iztapalapa, invitados por el diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano.

Igualmente, saludamos la presencia de alumnos de la Universidad, Univer Milenium, plantel Ixtapaluca del estado de México, invitados por el diputado David Gerson García Calderón. Bienvenidos.

Para fijar la postura del Grupo Parlamentario de Encuentro Social, tiene el uso de la tribuna, hasta por cinco minutos la diputada Ana Guadalupe Perea Santos.

La diputada Ana Guadalupe Perea Santos:Con el permiso de la Presidencia, compañeras y compañeros legisladores, en el Grupo Parlamentario de Encuentro Social, estamos comprometidos con fortalecer el nivel y la calidad de vida de nuestros adultos mayores, la falta de políticas públicas adecuadas para enfrentar, de mejor manera, la problemática de envejecimiento junto con un débil sistema de seguridad social, son las causas de exclusión en la población mayor de 60 años y más.

Tal situación nos obliga como integrantes del Congreso de la Unión a legislar en favor de los adultos mayores, quienes requieren y exigen programas y políticas sociales que atiendan de manera integral sus necesidades para superar sus carencias y asimetrías.

Al respecto, resulta preocupante el desfase tecnológico que sufren millones de mexicanos de la tercera edad, quienes no cuentan con acceso a las tecnologías informáticas, ya sea por falta de recursos económicos o por desconocer su funcionamiento y operación.

Como sus representantes populares y herederos de su generación, estamos llamados a garantizarles elementos tecnológicos que explican el mundo actual, como computadoras, tabletas electrónicas, teléfonos inteligentes e internet, a través de programas para capacitar y facilitar su uso, de preferencia gratuito y en lugares públicos.

Si bien es cierto, hoy día el Instituto Nacional de las Personas Adultas mayores ya tienen operación-programas para la impartición de cursos básicos de computación e internet. Estos resultan insuficientes para atender la creciente demanda de su población.

En el sentido resulta pertinente la aprobación del dictamen que ahora nos ocupa para reformar la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, con la finalidad de apoyar a la integración tecnológica de los mexicanos mayores de 60 años y más.

De igual manera se dispone que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes garantice el derecho de los adultos mayores a acceder a las tecnologías informáticas, como el internet y la banda ancha.

Pr último, el Inapam deberá establecer acciones para propiciar el aprendizaje de conocimientos que permitan a los adultos mayores tener acceso a las tecnologías de la información y comunicación.

En razón de lo anterior, por tratarse de un dictamen cuyo contenido habrá de favorecer el desarrollo e inclusión social de nuestros adultos mayores al mundo actual, en Encuentro Social habremos de votar a favor. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, diputada presidenta.

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Gracias, diputada Perea. Para fijar la postura del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza tiene el uso de la tribuna, hasta por cinco minutos, el diputado Ángel García Yáñez.

El diputado Ángel García Yáñez:Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados, el recurso más importante con que cuenta un país es su población. En este sentido la razón principal de ser del Estado es su bienestar, en aras de que todos los ciudadanos gocen de un nivel de vida digno.

La estructura de la población mundial está sufriendo cambios significativos, entre ellos el proceso de envejecimiento, y México no está exento de este fenómeno. Las proyecciones oficiales indican que la proporción de niños y jóvenes será cada vez más menor. Se estima que en nuestro país viven alrededor de 11.7 millones de personas de 60 años y más, quienes representan el 9.7 por ciento de la población total.

Más allá, 27 de cada 100 hogares están integrados por al menos una persona de 60 años y más, 6 millones de hogares tienen un adulto mayor como jefe de familia y 1 millón más están habitados por adultos mayores que viven solos.

Como podemos observar, los adultos mayores constituyen un sector en crecimiento. Hoy en día no solo hay más personas mayores que en épocas pasadas, sino también viven más. Es decir, la esperanza de vida se ha incrementado. Todo ello representa nuevos retos para el país, el gobierno y la sociedad.

Para Nueva Alianza propiciar las mejores condiciones para que puedan disfrutar de una vida digna y tranquila, es nuestro compromiso, por ello coincidimos con el dictamen de la Comisión de Grupos Vulnerables por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la ley de los Derechos de Personas Adultas Mayores, en materia de accesibilidad.

El objetivo es incluir el término de accesibilidad como parte de los principios rectores en la observación y aplicación de la ley. De esta manera se promueve su accesibilidad a la tecnología de la información y la comunicación, incluido el internet y banda ancha.

De igual manera, consideramos pertinente que se establezcan programas que propicien el aprendizaje de habilidades y conocimientos para el manejo de herramientas que permitan a las personas adultas mayores su acceso a dichas tecnologías de la información y comunicación.

Con acciones afirmativas como estas les permiten desarrollar su actividad mental y de esta manera evitar enfermedades degenerativas de la mente, coadyuvando a que tengan una mejor calidad de vida. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, presidenta.

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez:Gracias, diputado García Yáñez. Para fijar la postura del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, tiene el uso de la palabra hasta por cinco minutos la diputada Refugio Trinidad Garzón Canchola.

La diputada Refugio Trinidad Garzón Canchola:Posicionamiento al dictamen de Grupos Vulnerables, en materia de acceso a las tecnologías. Muchas gracias, diputada presidenta. Buenas tardes, compañeros y compañeras diputadas.

Las personas de la tercera edad son sin duda uno de los grupos con mayor grado de vulnerabilidad de la población. Si a ello le agregamos el avance estrepitoso de la tecnología, que desde luego implica una desventaja para dicho sector, a quien esta ha llegado a invadir su vida cotidiana.

Tal es el caso de la computadora, lo cual obliga al Estado a establecer acciones afirmativas, de tal suerte que se reduzca la brecha de desigualdad en materia de uso de la tecnología entre el grupo de la tercera edad y las nuevas generaciones.

En este sentido, los integrantes de la Comisión de Grupos Vulnerables de la Cámara de Diputados hemos trabajado de manera conjunta con nuestro presidente, el diputado Luis Fernando Mesta Soule, para buscar los mecanismos que permitan el acceso pleno de las personas de la tercera edad al uso de las nuevas tecnologías.

Así también mi Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano votará a favor de todos y cada uno de los dictámenes que favorezcan el desarrollo y la inclusión de los grupos vulnerables, como es el caso del presente dictamen que busca reforzar la ley, incorporando el acceso a las nuevas tecnologías de la información, comunicación y banda ancha para el grupo de la tercera edad.

Concluyo con esta reflexión. Somos capaces de aprender, en ello no existe edad, solo las ganas y la voluntad de hacerlo. Muchas gracias. Es cuanto.

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Gracias, diputada Garzón. Para fijar la postura del Grupo Parlamentario de Morena, tiene el uso de la tribuna la diputada Irma Rebeca López López.

La diputada Irma Rebeca López López:Con su venia, señora presidenta. El porcentaje de personas mayores cada vez es mayor respecto al resto de la población del número de adultos mayores, excederá por primera vez al de la población infantil del 2045. Tanto el gobierno como la ciudadanía se tienen que preparar para esto.

Hay que aclarar que dentro de este grupo etáreo hay una gran diversidad, aún y cuando existan patrones generalizados. Hay una tendencia a equiparar la situación de las personas mayores con la discapacidad y la independencia.

Es cierto que conforme envejecemos los procesos generativos se acentúan, lo cual puede ocasionar diferentes tipos de discapacidades y puede aumentar la prevalencia de situaciones de dependencia. Sin embargo, eso no significa que sea así en todos los casos.

A pesar de esto, los adultos mayores se están adaptando cada vez más al mundo digital. El 34 por ciento de los usuarios de Internet mayores de 65 años de edad usan sitios de redes sociales, como Facebook y el 18 por ciento lo hacen en un día normal.

Cerca de los 50 años muchas personas experimentan deficiencia de visión, audición y destreza, que pueden afectar su acceso a la tecnología, pero también presentan algunas características propias que no están asociadas a una discapacidad, como ejemplo, la situación económica, ya que las personas mayores suelen tener un menor poder adquisitivo y también suelen estar menos dispuestas a aceptar cambios, en parte su reducción de la memoria reciente.

La computadora es una herramienta que les ofrece a los adultos mayores enormes beneficios, como medios de Internet, de interacción social y cultural, entretenimiento, actividades laborales y formación.

Con este instrumento el adulto mayor se puede relacionar, formarse, comprar, vender, realizar, tramitar y llevar a cabo otras actividades, a pesar de tener algún tipo de incapacidad que le impida el movimiento. Con la computadora se terminan los problemas de distancia, horario y cambio, otros inconvenientes que son resultado de su edad.

Estas tecnologías permiten a los adultos mayores aumentar su desarrollo individual y social, así como optimizar su calidad de vida desde los puntos de vista técnico, económico, político y cultural.

Las aplicaciones de Internet, como el correo electrónico y el acceso en línea a recursos de información les proporcionan ventajas particulares, pues el dominio de estas habilidades aumenta su nivel de autoestima.

En la actualidad es en el Internet donde hay más información a disposición de los usuarios, basta dar un click para que aparezcan cientos de archivos, bibliotecas y bases de datos de diversas formas, lo que permite que el adulto mayor se mantenga informado, actualizado y forme parte de una sociedad en constante evaluación sin sentirse marginado.

Uno de los mayores beneficios que el uso de la tecnología proporciona a este grupo es que lo ayude a superar el miedo a la sociedad y al aislamiento de sus familiares. En el ciberespacio aumenta su posibilidad de interactuar y su autonomía personal y social. El uso creciente de las computadoras, del Internet ha transformado profundamente las vidas de los adultos mayores en cuanto a su solidad, posibilidades de entretenimiento entre otras cosas.

El conocimiento de la información no solo compensa la disminución de las capacidades físicas y mentales relacionadas con la edad. También desempeña un papel importante en la prolongación de la vida independiente y el mantener su estándar de vida.

El derecho de las personas a la información y a la comunicación nos hace compartir la idea de que el acceso pleno de las personas adultas mayores a la información y a las nuevas tecnologías debe tener como finalidad favorecer su integración social y mejorar su calidad de vida.

Es por esto que en Morena votaremos a favor de este dictamen para que la informática sea un recurso accesible y fácil de manejar por el adulto mayor, el de hoy el de mañana. Es cuanto, señora presidenta. Gracias.

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Gracias, diputada López López.

Esta Presidencia saluda la presencia de alumnos de la escuela INACE, plantel del municipio de Acambay, del Estado de México. Sean ustedes bienvenidos.

Para fijar la postura del Grupo Parlamentario del PRD tiene el uso de la palabra, hasta por cinco minutos, la diputada Erika Irazema Briones Pérez.

La diputada Erika Irazema Briones Pérez:Gracias. Con su venia, presidenta. Compañeros diputados y diputadas, los cambios demográficos por los que atraviesa nuestro país deben ser atendidos de manera inmediata con un enfoque prospectivo. No podemos esperar a que seamos una nación donde el porcentaje de personas adultas mayores crezca sin establecer antes una serie de cambios en nuestros marcos jurídicos.

El Grupo Parlamentario del PRD siempre ha manifestado su interés por mejorar las condiciones en las que viven las personas adultas mayores. Es por eso que vemos reflejada una propuesta y acciones gubernamentales. Todo dictamen, iniciativa o punto de acuerdo que se presente en esta tribuna y que tenga la vocación e interés de mejores derechos y mejores políticas públicas a favor de este sector ha de contar con el respaldo de la bancada del PRD.

Tenemos un compromiso constante con las personas adultas mayores, este grupo que más lo necesita. Hemos destacado propuestas donde se brinden mayores oportunidades en el ámbito laboral. También para la procuración de crear residencias de día a efecto de que no se pierda su lazo familiar y quede en el abandono. Otra de ellas es el de garantizar a los ciudadanos que estos sean adecuados y lejos de tratos que engloben discriminación y violencia.

Este día se nos presenta un dictamen en materia de accesibilidad para las personas adultas mayores y es que de manera cotidiana ellos se enfrentan a diversas limitantes físicas, psicoemocionales y sociales. Las limitantes sociales son producto de la cultura de la exclusión que como sociedad hemos establecido.

Debemos aprovechar estas iniciativas para dar un mensaje a quienes representamos, para dar conciencia acerca de nuestros adultos mayores. Pero también debe servir como un mensaje de respaldo, como en esta ocasión, con el dictamen que se presenta por la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables en materia de accesibilidad.

En esta propuesta consideramos viable y necesario establecer una definición adecuada con los instrumentos internacionales que velan por los intereses de este sector. Debemos de considerar los ajustes razonables, necesarios para garantizar una etapa plena de acuerdo a sus condiciones. Debemos de ser conscientes de los factores que hacen los adultos mayores y que sean un grupo en condiciones de vulnerabilidad.

Con el presente dictamen se busca garantizar la accesibilidad mencionada y la integración de las personas adultas mayores a las tecnologías de la información y comunicación, incluido el Internet y banda ancha, inclusive con estos medios se puede facilitar la inclusión social, laboral y económica.

En el PRD votaremos a favor del dictamen reflejado en ello, para así demostrar nuestro compromiso y responsabilidad que es velar por los intereses de las personas adultas mayores. Es cuanto, presidenta.

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Gracias, diputada Briones. Para fijar la postura del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, tiene el uso de la palabra, hasta por cinco minutos, la diputada Arlette Ivette Muñoz Cervantes.

La diputada Arlette Ivette Muñoz Cervantes:Con su venia, diputada presidenta; compañeros y compañeras, diputados, el día de hoy la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables y la de la voz, en mi calidad de promovente de la iniciativa que aquí se dictamina, ponemos a su consideración el presente dictamen que busca ampliar la protección de un grupo vulnerable, que lamentablemente continúa viviendo en el rezago y en el olvido, nuestros adultos mayores.

Y es que a pesar de los instrumentos que hoy existen para garantizar la protección de sus derechos, como lo es la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, la realidad refleja que muchos de estos grandes padres y extraordinarios abuelos a quienes debemos la vida, viven en condiciones de marginación, exclusión y en muchos casos de abandono.

Lo anterior expresa que en nuestro país aún prevalece una atención precaria a sus necesidades y escasas políticas públicas que permitan reducir el impacto de las desventajas fisiológicas y sociales que se presentan con la edad.

A estas barreras culturales y sociales que no hemos podido superar como sociedad, se suma un factor que debemos considerar, la tendencia poblacional de nuestro país que apunta el incremento notable de este sector en las próximas décadas. Se estima que en los próximos 30 años esta composición se modificará profundamente y la población de adultos mayores en nuestro país representará más del 21 por ciento del total de los mexicanos.

No debemos olvidar que es responsabilidad de las instituciones promover la máxima protección de los derechos humanos de los grupos vulnerables, y en ese sentido nuestros adultos mayores deben gozar de un marco legal adecuado que responda a sus necesidades y que promueva su inclusión en todos los procesos que tienen lugar al interior de la vida en sociedad.

Uno de estos grandes retos se encuentra en el tema del acceso a las tecnologías de la información y la comunicación, pues hoy nos encontramos en una era digital en la que el uso de este tipo de tecnologías determina la mayoría de los procesos de interacción entre las personas.

Al verse limitados en el uso de tecnologías móviles, aplicaciones y redes sociales, nuestros adultos mayores se encuentran comúnmente apartados, pues en la actualidad el limitado o nulo acceso a estos procesos de interacción representa una causa de exclusión y en muchas ocasiones de aislamiento que afecta notablemente su calidad de vida.

Por lo anterior, compañeros y compañeras diputados, resulta fundamental realizar las modificaciones necesarias a la ley para garantizar la accesibilidad de los adultos mayores a las tecnologías de la información y la comunicación.

La brecha generacional se ha convertido en un abismo y los tiempos han cambiado tan radicalmente que pareciera que los adultos y ancianos, sin elementos mínimos de alfabetización digital, no tienen cabida en este mundo de la tecnología y la globalización.

Como órgano legislativo, no podemos permitir que las personas adultas mayores continúen relegadas de la sociedad del conocimiento y la información, porque esta situación a su vez amplifica su exclusión económica y social.

Nuestros adultos mayores deben formar parte del presente de una manera más activa y visible. Para lograr ello, a través del presente dictamen se plantea reformar la ley para incluir el término de accesibilidad como parte de sus principios rectores con la observación y aplicación.

En este sentido, dicha accesibilidad debe entenderse como el conjunto a medidas pertinentes y necesarias para asegurar el acceso de los adultos mayores en igualdad de condiciones a los sistemas y las tecnologías de la información y la comunicación.

En este mismo tenor se establece que entre los objetivos de la política nacional sobre personas adultas mayores, se garantice su accesibilidad a las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. También se propone que dentro de sus atribuciones en la materia, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes garantice el derecho de los adultos mayores para acceder plenamente a las tecnologías de la información y las comunicaciones, incluido, por supuesto, el uso del internet.

En consonancia con lo anterior, se propone que el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores implemente programas que propicien el aprendizaje de habilidades y conocimientos para el manejo de las herramientas tecnológicas.

Entre múltiples beneficios de las modificaciones que aquí se plantean, se encuentra la posibilidad de conectar a nuestros adultos mayores con los nuevos procesos de comunicación digital, de facilitar sus opciones para estar en contacto con su familia y de fortalecer su red de relaciones.

Diputadas y diputados, en virtud de lo expuesto y en el ánimo de fortalecer los derechos de nuestros adultos mayores, les pido su voto a favor del presente dictamen. Es cuanto, diputada presidenta.

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Gracias, diputada Arlette Muñoz. Para fijar la postura del Grupo Parlamentario del PRI, tiene el uso de la palabra, hasta por cinco minutos, la diputada Brenda Borunda Espinoza.

La diputada Brenda Borunda Espinoza:Con su venia, diputada presidenta, compañeras y compañeros legisladores, la vejez es una de las etapas más incomprendidas. El acelerado crecimiento de la población de adultos mayores representa un reto para los diferentes sectores gubernamentales y sociales, pues lamentablemente no se ha desa-rrollado la infraestructura necesaria que garantice el ejercicio pleno de los derechos de este sector de la población.

En México, de acuerdo con el Censo de Población y Vivienda del año 2010, viven más de 7 millones de personas de 65 años o más, lo que representa el 6.3 por ciento de la población total; de ellos 3.8 millones son mujeres y 3.2 son hombres.

El crecimiento de este sector poblacional se ha venido incrementando en los últimos 30 años. Desde el año 2002 se dejó plasmado en la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores la preocupación del Estado por la salvaguarda de los derechos de éstos.

Se ha avanzado cada día más en el desarrollo de políticas públicas que beneficien a este sector de la población, ya que su condición cronológica los coloca en una posición de desventaja y los hace susceptibles de rezago social y cultural, debido a los avances exponenciales que hemos experimentado con el acelerado crecimiento tecnológico que vivimos.

Por ello, es que debemos garantizar y fomentar entre los adultos mayores el uso y aprovechamiento de tan útil herramienta para su fácil inserción en la sociedad actual. Si bien es cierto que el derecho a la accesibilidad está plasmado en el artículo 6o. constitucional y es para toda persona, es importante que se reconozca de manera indubitable, clara y precisa, para que este grupo vulnerable tenga una puerta abierta y que el bajo poder adquisitivo de este sector de la población, no sea una limitante y puedan obtener asesorías gratuitas o becas para actualizarse en temas tecnológicos, obteniendo conocimiento técnico para que aprendan a utilizar esta gran herramienta.

Los diputados del Grupo Parlamentario del PRI votaremos a favor del presente dictamen, porque se trata de generar condiciones que garanticen el acceso de los adultos mayores a las nuevas tecnologías de la información y de comunicación, incluido el internet y la banda ancha, y que el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, implementen programas y acciones que propicien el aprendizaje de habilidades y conocimientos para el manejo de estas herramientas.

Diputados y diputadas, México es un país en deuda con nuestros adultos mayores, lo que somos como nación se lo debemos a las generaciones que nos antecedieron, es tiempo de reconocer esa contribución.

En el PRI reconocemos en la población adulta la experiencia de este país, el respeto a los derechos y la inclusión son valores intrínsecos para la creación de una mejor sociedad para aportar más a quienes menos tienen. Vamos juntos por México, propongamos y trabajemos para estar a la altura del país que anhelamos, en el que ser adulto mayor sea sinónimo de bienestar y calidad humana. Muchas gracias.

Presidencia del diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias diputada Borunda Espinoza. Agotada la lista de oradores consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se encuentra suficientemente discutido en lo general.

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Suficientemente discutido en lo general.

Esta Presidencia informa que no se ha reservado artículo alguno para su discusión en lo particular. En tal virtud, y de conformidad con el artículo 109 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se pide a la Secretaría que habrá el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular en un solo acto.

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular.

(Votación)

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Esta Presidencia saluda a estudiantes de la licenciatura de derecho de la institución Centro de Estudios Superiores, invitados por el diputado Ricardo Ramírez Nieto.

Igualmente, al grupo de estudiantes del Instituto Cedrus, provenientes de Pachuca, Hidalgo, invitados por el diputado Alejandro González Murillo. Bienvenidos.

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: ¿Alguna diputada o diputado que falte de emitir su voto? Sigue abierto el sistema. ¿Alguna diputada o diputado que falte de emitir su voto?

¿Falta alguna diputada o diputado de emitir su voto? Ciérrese el sistema de votación electrónico. Señor presidente, se han emitido 406 votos a favor.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Aprobado en lo general y en lo particular por 406 votos el proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, en materia de accesibilidad. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.

LEY GENERAL DE CAMBIO CLIMÁTICO

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen de la Comisión de Cambio Climático con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción II, del artículo 29, de la Ley General de Cambio Climático.

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:«Dictamen de la Comisión de Cambio Climático, con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción II del artículo 29 de la Ley General de Cambio Climático

La Comisión de Cambio Climático, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71 y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 39, numerales 1 y 2 y, 45, numeral 6, inciso e) y f), ambos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los diversos 80, numeral 1, fracción II; 85 y 157, numeral 1, fracción I, todos del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a la consideración de esta Honorable Asamblea el presente dictamen, al tenor de los siguientes:

I. ANTECEDENTES:

1. En sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión realizada el 20 de julio de 2016, la diputada Mirza Flores Gómez, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, presentó la Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman las fracciones II y XIV del artículo 29 de la Ley General de Cambio Climático.

2. El Presidente de la Mesa Directiva determinó con fundamento en los artículos 21, fracción III y 179 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se turnara a la Comisión de Cambio Climático de la Cámara de Diputados.

3. Mediante oficio Núm. CP2R1A.-2401 fue remitida a las oficinas de la Presidencia de la Comisión de Cambio Climático dicha iniciativa el 25 de julio de 2016.

II. OBJETIVO Y CONTENIDO DE LA INICIATIVA.

Inicia la diputada Flores señalando que las ciudades se caracterizan por la concentración de población, demanda de energía y materia prima, que han provocado la sobreexplotación de recursos fuera de la ciudad y la incidencia de fenómenos de contaminación.

Así, pone énfasis en el continuo proceso de concentración de la población en las ciudades que se da desde principios del siglo XX y que ello sucedió en un contexto de procesos diversos, como un rápido crecimiento de la población, el desarrollo industrial, económico y comercial, que fue posible por el uso extendido de los combustibles fósiles. Este proceso estuvo caracterizado por la falta de planeación y organización adecuada.

Ilustra lo dicho señalando que la población urbana en el mundo representa 54 por ciento, y se espera que para 2050 llegue a 66 por ciento; que en la última década del siglo XX había 10 megaciudades y que actualmente son 28 concentraciones urbanas con más de 10 millones de habitantes, las cuales en conjunto albergan a 453 millones de personas, 12 por ciento de la población urbana mundial y que para 2030 se estima 41 ciudades con más de 10 millones de habitantes.

Sin embargo, agrega, el crecimiento de ciudades ha traído consigo retos importantes para el abastecimiento de bienes y servicios a su población, lo que ha derivado también en situaciones de desigualdad social de las clases sociales más empobrecidas.

Señala que debido a que las ciudades son sistemas dependientes de la energía y los materiales de otros territorios, medir la huella ecológica de las zonas urbanas es uno de los grandes retos actuales en aras de lograr la sostenibilidad.

Las ciudades se apropian de las reservas ecológicas de otros territorios para obtener recursos y exportar sus residuos. Así, cuanto mayores y más acaudaladas sean las ciudades, la demanda de superficie territorial para cubrir sus demandas y asimilar sus desechos tiende a ser mayor, es decir su huella ecológica aumenta, lo cual contribuye al calentamiento global.

Pasa a continuación a recordar los conocidos efectos que el calentamiento global y el consecuente cambio climático tendrán en todo el planeta, algunos de ellos de dimensiones catastróficas.

Cita el caso de nuestro país, el cual contribuye con 1.4 por ciento de las emisiones globales de CO2, México es el duodécimo país con mayores emisiones y que ya se pueden observar cambios en el comportamiento de algunos fenómenos, los cuales tienden a agravarse.

Señala que la ocurrencia de desastres naturales le cuesta a México 2,942 millones de dólares anuales en promedio, de acuerdo con el informe Evaluación global de reducción de riesgos por desastres 2015 de la ONU.

Menciona la diputada Flores que el informe mencionado ofrece datos desagregados por países, y para el caso de México calcula que los terremotos generan el mayor costo asociado con un desastre, aunque debe señalarse que los terremotos no son un fenómeno derivado del cambio climático.

Adicionalmente, señala que el mencionado informe destaca que los desastres naturales han causado en México la muerte de 4 mil 968 personas, así como la destrucción de 2.54 millones de viviendas, y daños adicionales a 191 mil viviendas.

Señala que en total, estos desastres han afectado a 87.62 millones de mexicanos, cifras que seguirán en aumento, lo cual atribuye a la creciente urbanización. De lo anterior, concluye, sin fundamentar el estado actual que es “...necesario empezar a legislar para transformar las comunidades y ciudades mexicanas a unas más resilientes y sostenibles”.

Continúa la proponente citando el concepto de resiliencia: “la resiliencia alude a la capacidad de los asentamientos humanos para resistir y recuperarse rápidamente de cualquier peligro plausible. La resiliencia frente a las crisis no sólo contempla la reducción de riesgos y daños de catástrofes (como pérdidas humanas y bienes materiales), sino la capacidad de volver rápidamente a la situación estable anterior. Mientras que las típicas medidas de reducción de riesgos tienden a concentrarse en una amenaza específica y dejan de lado la vulnerabilidad frente a otro tipo de peligros, la resiliencia adopta un enfoque frente a amenazas múltiples, considerando la capacidad de recuperación frente a todo tipo de peligros plausibles”.

Señala la diputada Flores que los países miembros de la Organización de las Naciones Unidas, han optado por incluir dentro de sus prioridades políticas, la Reducción de Riesgo de Desastres (RRD). Entendemos por esto, al conjunto de políticas públicas que tienen como objetivo primordial reducir el impacto y los daños causados por desastres naturales. La reducción de riesgo incluye distintos aspectos como la gestión, mitigación y la preparación para catástrofes. En 2015 se introduce en los Objetivos de Desarrollo Sustentable la RRD y, oficialmente, pasa a formar parte de la Agenda de Desarrollo de las Naciones Unidas, por lo que en la actualidad reducir el riesgo de desastres es parte fundamental el desarrollo sustentable de una nación.

Por ello, en el Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030, en la Tercera Conferencia Mundial de las Naciones Unidas sobre la Reducción del Riesgo de Desastres, celebrada del 14 al 18 de marzo de 2015 en Sendai, Miyagi (Japón), los países miembros de la ONU, establecieron una serie de acciones pautados para cumplimentar los retos del desarrollo sostenible, destacando la necesidad de aprobar un marco para la reducción del riesgo de desastres después de 2015 conciso, específico, preparado con visión de futuro y orientado a la acción.

El Marco de Sendai también reafirma una tendencia creciente dentro de la RRD acerca de poner un mayor énfasis en la construcción de resiliencia y centrarse menos en la gestión de desastres post-evento y más en el vínculo entre la RRD, la planificación del desarrollo a largo plazo y el abordar los riesgos subyacentes.

Afirma la diputada Flores que México, “...geográficamente y debido a su acelerado proceso de urbanización es altamente vulnerable, susceptible a terremotos, huracanes, inundaciones, tornados y sequías, por ello es importante puntualizar que el gobierno federal ha impulsado (sic) sin precedentes la atención de daños que provocan los desastres naturales; siendo algunas de sus acciones: la emisión de declaratorias de desastres para acceder a los recursos del Fondo de Desastres Naturales; la reducción en el tiempo del proceso de atención de emergencias; y, las compras para personas afectadas que van desde despensas, equipos de limpieza, agua purificada, cobertores, colchonetas, láminas para construcción entre otros productos”.

Reitera la diputada iniciadora que es imperativamente necesario “...adecuar el marco normativo vigente y los programas y políticas públicas en materia de resiliencia y reducción de riesgos, sin embargo, debemos reconsiderar es el uso y destino (sic) de los recursos federales para la prevención, atención y reconstrucción de las zonas afectadas por los desastres naturales o antropogénicos”.

Se cita en la iniciativa que aquí se dictamina los recursos que se han ejercido por conducto del Fondo de Desastres Naturales (Fonden) y el Fondo para la Prevención de Desastres Naturales, en donde se muestra que la mayor parte del gasto público federal se ha destinado a acciones de atención a emergencias provocada por los desastres naturales y no a la prevención.

Agrega que las políticas de desarrollo mal diseñadas y orientadas a la industrialización y explotación de los recursos naturales aumentan los riesgos de desastre y las consecuentes pérdidas humanas, económicas y de infraestructura, por lo que se deben redoblar las acciones que fortalezcan la resiliencia y la RRD involucrando a todos los sectores de la sociedad y el gobierno.

La RRD y las políticas de adaptación al cambio climático comparten el mismo objetivo final de reducir la vulnerabilidad de las comunidades expuestas a los riesgos por fenómenos meteorológicos y adaptarse a las consecuencias del cambio climático.

Finalmente, señala la diputada proponente que se busca contribuir a lo que ya está incorporado en el Plan Nacional de Desarrollo de la presente administración del cual cita el contenido del objetivo 1.6: “Salvaguardar a la población, a sus bienes y a su entorno ante un desastre de origen natural o humano”, y a la línea de acción “Impulsar la gestión integral de riesgos como una política integral en los tres órdenes de gobierno, con la participación de los sectores privado y social”.

Y agrega que aumentar la preparación y reconstruir con resiliencia ayuda a la recuperación, rehabilitación y reconstrucción así como al desarrollo y adaptación a los efectos del cambio climático de cualquier asentamiento humano.

A partir de lo antes expuesto, la diputada Flores concluye en la necesidad de reformar las fracciones II y XIV del artículo 29 de la Ley General de Cambio Climático, en los siguientes términos.

Artículo 29. Se considerarán acciones de adaptación

II. El establecimiento de centros de población o asentamientos humanos bajo criterios de resiliencia, así como en las acciones de desarrollo, mejoramiento y conservación de los mismos;

XIV. Los programas para la reducción de riesgos de desastres y del Sistema Nacional de Protección Civil;

Una vez planteados los antecedentes, contenido y objeto de la iniciativa que aquí se dictamina, los integrantes de esta Comisión de Cambio Climático fundan el presente dictamen en las siguientes:

III. CONSIDERACIONES.

PRIMERA. El análisis de la iniciativa que aquí se dictamina inicia con la revisión de la adición a la fracción XIV del artículo 29 de la Ley General de Cambio Climático.

La segunda modificación propuesta, pretende adicionar la fracción XIV del artículo 29 de la Ley General de Cambio Climático:

Artículo 29. Se considerarán acciones de adaptación:

...

XIV. Los programas para la reducción de riesgos de desastres y del Sistema Nacional de Protección Civil;

Al respecto, hay que señalar que la redacción actual de la fracción XIV del artículo 29 establece que se consideran acciones de adaptación los programas del Sistema Nacional de Protección Civil, sin hacer ninguna distinción, se hace referencia a todos los programas.

La adición, en cambio, estaría haciendo referencia a unos hipotéticos programas de reducción de riesgos de desastres, mismos que no están considerados en la Ley General de Protección Civil que sería la legislación natural de su ubicación.

Sin embargo, el concepto no es ajeno a la Ley General de Protección Civil. Así se puede constatar que en el artículo 4 se mencionan aquellas prioridades a considerar en las políticas públicas de protección civil (subrayado nuestro):

Artículo 4. Las políticas públicas en materia de protección civil, se ceñirán al Plan Nacional de Desarrollo y al Programa Nacional de Protección Civil, identificando para ello las siguientes prioridades:

La identificación y análisis de riesgos como sustento para la implementación de medidas de prevención y mitigación;

Promoción de una cultura de responsabilidad social dirigida a la protección civil con énfasis en la prevención y autoprotección respecto de los riesgos y peligros que representan los agentes perturbadores y su vulnerabilidad;

Obligación del Estado en sus tres órdenes de gobierno, para reducir los riesgos sobre los agentes afectables y llevar a cabo las acciones necesarias para la identificación y el reconocimiento de la vulnerabilidad de las zonas bajo su jurisdicción;

El fomento de la participación social para crear comunidades resilientes, y por ello capaces de resistir los efectos negativos de los desastres, mediante una acción solidaria, y recuperar en el menor tiempo posible sus actividades productivas, económicas y sociales;

Incorporación de la gestión integral del riesgo, como aspecto fundamental en la planeación y programación del desarrollo y ordenamiento del país para revertir el proceso de generación de riesgos;

El establecimiento de un sistema de certificación de competencias, que garantice un perfil adecuado en el personal responsable de la protección civil en los tres órdenes de gobierno, y

El conocimiento y la adaptación al cambio climático, y en general a las consecuencias y efectos del calentamiento global provocados por el ser humano y la aplicación de las tecnologías.

Como es evidente, en esta disposición se establece la obligación del Estado en sus tres órdenes de gobierno, para reducir los riesgos.

Así mismo, la misma Ley General de Protección Civil tiene como un concepto fundamental en la protección civil el de la gestión integral de riesgos, el cual define en su artículo 2 en los siguientes términos:

XXVIII. Gestión Integral de Riesgos: El conjunto de acciones encaminadas a la identificación,análisis, evaluación, control y reducción de los riesgos, considerándolos por su origen multifactorial y en un proceso permanente de construcción, que involucra a los tres niveles de gobierno, así como a los sectores de la sociedad, lo que facilita la realización de acciones dirigidas a la creación e implementación de políticas públicas, estrategias y procedimientos integrados al logro de pautas de desarrollo sostenible, que combatan las causas estructurales de los desastres y fortalezcan las capacidades de resiliencia o resistencia de la sociedad. Involucra las etapas de: identificación de los riesgos y/o su proceso de formación, previsión, prevención, mitigación, preparación, auxilio, recuperación y reconstrucción;

Así mismo, se define el concepto de reducción de riesgos en el mismo artículo 2:

XLVI. Reducción de Riesgos: Intervención preventiva de individuos, instituciones y comunidades que nos permite eliminar o reducir, mediante acciones de preparación y mitigación, el impacto adverso de los desastres. Contempla la identificación de riesgos y el análisis de vulnerabilidades, resiliencia y capacidades de respuesta, el desarrollo de una cultura de la protección civil, el compromiso público y el desarrollo de un marco institucional, la implementación de medidas de protección del medio ambiente, uso del suelo y planeación urbana, protección de la infraestructura crítica, generación de alianzas y desarrollo de instrumentos financieros y transferencia de riesgos, y el desarrollo de sistemas de alertamiento;

Hay que hacer énfasis en que la ley en cuestión ha recogido también el concepto de resiliencia, ligado estrechamente al concepto de reducción de riesgo, como se aprecia en su definición:

XLVIII. Resiliencia: Es la capacidad de un sistema, comunidad o sociedad potencialmente expuesta a un peligro para resistir, asimilar, adaptarse y recuperarse de sus efectos en un corto plazo y de manera eficiente, a través de la preservación y restauración de sus estructuras básicas y funcionales,logrando una mejor protección futura y mejorando las medidas de reducción de riesgos;

Estos y otros conceptos son aplicados en las disposiciones emanadas de la Ley General de Protección Civil y los órganos e instrumentos que se crean en la misma.

En consideración de lo antes expuesto, se desecha la adición a la fracción XIV del artículo 29 de la Ley General de Cambio Climático.

SEGUNDA. Como se expuso en el apartado anterior, la diputada Flores propone adicionar la fracción II del artículo 29 de la Ley General de Cambio Climático en los siguientes términos:

Artículo 29. Se considerarán acciones de adaptación

II. El establecimiento de centros de población o asentamientos humanos bajo criterios de resiliencia, así como en las acciones de desarrollo, mejoramiento y conservación de los mismos;

Si bien, como ya se mencionó anteriormente, la Ley General de Protección Civil incorpora entre otros conceptos que dan contenido a las políticas de protección civil, el concepto de resiliencia, la propuesta de esta iniciativa, se estima, pone el acento en la necesidad de que en el caso del establecimiento de centros de población no se pierda de vista la necesidad de que se haga teniendo presente la capacidad de resistir, asimilar, adaptarse y recuperarse de los efectos de un peligro potencial, tal como lo establece la Ley General de Protección Civil.

Sabemos que por su ubicación México sufrirá severamente las consecuencias del cambio climático, lo cual eventualmente obligará a la reubicación y reconstrucción de centros de población. El énfasis puesto en la reforma que aquí se propone, es que no se pierda de vista considerar en tales acciones el tomar en cuenta la resiliencia que reduzca las pérdidas en futuros embates de la naturaleza.

Por ello, se considera es de aprobarse la adición a esta fracción II del artículo 29 de la Ley General de Cambio Climático.

Por los razonamientos vertidos en las consideraciones anteriormente expuestas, los diputados integrantes de esta Comisión de Cambio Climático consideran viable la iniciativa que aquí se dictamina y, por consiguiente, sometemos al Pleno de esta honorable Asamblea el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 29 DE LA LEY GENERAL DE CAMBIO CLIMÁTICO

Artículo Único. Se reforma la fracción II del artículo 29 de la Ley General de Cambio Climático, para quedar como sigue:

Artículo 29. ...

I. ...

II. El establecimiento de centros de población o asentamientos humanos considerando criterios de resiliencia,así como en las acciones de desarrollo, mejoramiento y conservación de los mismos;

III. a XVIII. ...

TRANSITORIO

Único. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, 21 de septiembre de 2016.

La Comisión de Cambio Climático, diputados:María de los Ángeles Rodríguez Aguirre (rúbrica), Tomás Roberto Montoya Díaz (rúbrica), Álvaro Rafael Rubio (rúbrica), María Chávez García (rúbrica), Javier Octavio Herrera Borunda (rúbrica), César Flores Sosa (rúbrica), Laura Mitzi Barrientos Cano, Alex Le Baron González (rúbrica), Sergio Emilio Gómez Olivier, César Augusto Rendón García (rúbrica), Elva Lidia Valles Olvera (rúbrica), Patricia Elena Aceves Pastrana (rúbrica), Vitalico Cándido Coheto Martínez, Olga María Esquivel Hernández (rúbrica), José Ignacio Pichardo Lechuga, Mirza Flores Gómez (rúbrica), Cecilia Guadalupe Soto González, Braulio Mario Guerra Urbiola, Jesús Gerardo Izquierdo Rojas (rúbrica).»

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Para tal efecto tiene la palabra, hasta por cinco minutos, la diputada María de los Ángeles Rodríguez Aguirre, para fundamentar el dictamen de conformidad con el artículo 104, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados.

La diputada María de los Ángeles Rodríguez Aguirre:Muchas gracias, presidente. A nombre de mis compañeros de la Comisión de Cambio Climático, a los cuales agradezco su trabajo y compromiso, y de forma particular a la diputada Mirza Flores promovente de esta iniciativa, pongo a su consideración el dictamen con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción II, del artículo 29, de la Ley General de Cambio Climático.

No repetiré lo tantas veces dicho sobre el fenómeno de cambio climático, sabemos qué lo provoca y sus consecuencias, tal vez sólo quepa advertir para quienes lo han tomado a la ligera, que si no actuamos decididamente y con prontitud la naturaleza no va a esperar a que nos preparemos.

Se ha convenido que la actuación contra el cambio climático se circunscriba a dos vertientes. Por un lado, la mitigación, que de manera sencilla significa reducir las emisiones de los gases de efecto invernadero. O bien, hacer más eficiente los sumideros para la captura de carbono.

Por otro lado, la adaptación de los sistemas humanos o naturales, como respuesta a las modificaciones en los patrones climáticos o sus efectos, de tal manera que se moderen los daños o se aprovechen sus aspectos benéficos, si los hay.

Puesto que los cambios de los patrones climáticos pueden desencadenar catástrofes que afectarían inevitablemente a poblaciones humanas, los gobiernos de los tres órdenes en las zonas vulnerables deben tomar las medidas necesarias de adaptación que permitan reducir esta vulnerabilidad e incrementar la resistencia a esas catástrofes, así como mejorar la capacidad de recuperación del Estado, previo de las poblaciones o los sistemas naturales. En una palabra, hacerlas resilientes.

Éste es el concepto central en la reforma que el día de hoy la Comisión de Cambio Climático somete a la consideración de esta asamblea.

El artículo 29 de la Ley General de Cambio Climático establece cuáles son las acciones enmarcadas en la lucha contra el cambio climático que se consideran acciones de adaptación, siendo una de ellas la referida en la fracción segunda que señala el establecimiento de centros de población o asentamientos humanos, así como en las acciones de desarrollo, mejoramiento y conservación de los mismos.

Al incorporar el criterio de resiliencia en esta fracción estaremos protegiendo mejor a la población, sus vidas, sus bienes y la infraestructura de servicios y de atención. Es una reforma pequeña pero creemos que su repercusión no lo es si no se convierte en letra muerta.

Por eso, la Comisión de Cambio Climático solicita el apoyo de esta asamblea a fin de que se apruebe y se pueda dar un paso adelante en la lucha contra el cambio climático. Muchas gracias por su atención.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputada Rodríguez Aguirre.

Está a discusión en lo general y en lo particular. De conformidad con el artículo 104, numeral 1, fracción IV del Reglamento de la Cámara de Diputados se han registrado, para fijar la posición de sus grupos parlamentarios, las siguientes diputadas y diputados, quienes harán uso de la palabra hasta por 5 minutos cada uno.

El diputado José Alfredo Ferreiro Velazco, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social; el diputado Luis Manuel Hernández León, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza; la diputada Mirza Flores Gómez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano; la diputada María Chávez García, del Grupo Parlamentario de Morena; el diputado Jesús Gerardo Izquierdo Rojas, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; la diputada Cecilia Soto González, del Grupo Parlamentario del PRD; el diputado Sergio Emilio Gómez Olivier, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; y el diputado Tomás Roberto Montoya Díaz, del Grupo Parlamentario del PRI.

Tiene el uso de la tribuna, hasta por cinco minutos, el diputado José Alfredo Ferreiro Velazco, del Grupo Parlamentario Encuentro Social. Adelante, diputado.

El diputado José Alfredo Ferreiro Velazco:Con la venia, señor presidente. Honorable asamblea, a consecuencia del calentamiento global que afecta a nuestro planeta se ha incrementado la temperatura media global de la atmósfera y los océanos, afectando el equilibrio meteorológico del planeta. Esto es por la razón que los fenómenos meteorológicos se han vuelto cada vez más comunes y violentos.

Esto ha venido a afectar ocasionando pérdidas humanas, pérdidas materiales y es un tema que va a ir en incremento. Cada año tenemos mayores efectos en fenómenos meteorológicos de ciclones, sequias y eso trae como consecuencia pérdida de vidas humanas y grandes pérdidas económicas para el país. De ahí la importancia de este cambio climático para adecuar y estar construyendo nuestras ciudades para que puedan ayudar a mitigar los efectos de esos fenómenos.

¿Cómo mitigar los efectos de esos fenómenos? No construir en zonas vulnerables, no construir montañas, en laderas, ayudar a generar energía por los medios naturales y a ayudar a generar el consumo de todos los combustibles que utilizamos en la vida diaria.

Hay muchos datos que ya se han mencionado, grandes pérdidas económicas, de vidas humanas, pero lo más importante es que tenemos que hacer algo, algo que venga a ayudar a adecuar todas las leyes que estamos generando en la Ley de Urbanización, para que la construcción de nuestras nuevas ciudades vaya en orden y vaya de acuerdo a los grandes retos en el cambio climático.

El cambio climático no es una moda, no es un discurso, es un hecho, que si no hacemos algo pronto de lo que ya se ha estado avanzando. Pero tenemos que hacer algo pronto en nuestras ciudades para mitigar los efectos del cambio climático en nuestras familias, lo que se va a traducir en pérdida de vidas humanas si no hacemos algo. Se va a traducir en pérdida de negocios, de la micro y pequeña industria, en la agricultura.

Por eso, hago un llamado a este Congreso de la Unión, sobre todo a los grupos parlamentarios y trabajar sobre ese tema, trabajar sobre el ordenamiento territorial de nuestro país para que en verdad México pueda sea diferente y que pueda hacer frente a este gran problema que tenemos ya enfrente. Muchas gracias.

Presidencia de la diputada Gloria Himelda Félix Niebla

La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla:Gracias, diputado Ferreiro Velazco. Para fijar el posicionamiento del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, tiene el uso de la palabra hasta por cinco minutos el diputado Luis Manuel Hernández León.

El diputado Luis Manuel Hernández León:Con la venia de la Presidencia, compañeras y compañeros diputados. Las ciudades son sistemas muy complejos que se caracterizan por la concentración de población que interactúa y se relaciona con un territorio, incrementando todo tipo de necesidades. Este crecimiento demográfico ha ocasionado procesos acelerados de urbanización que llevan a la depredación del ambiente con severas repercusiones, toda vez que dicho incremento poblacional implica enormes retos para el abastecimiento de bienes y servicios, lo que deriva también en situaciones de desigualdad social.

Además, mientras más grandes las ciudades, la demanda de superficie territorial para cubrir sus requerimientos tiende a ser mayor, aumentando la degradación ecológica y consecuentemente el calentamiento global; de tal suerte, que es preocupante el surgimiento, crecimiento desordenado sin una adecuada planificación de estos espacios.

En este contexto coincidimos con el dictamen que nos presenta la Comisión del Cambio Climático por el que se reforma la fracción II, del artículo 29 de la Ley General del Cambio Climático.

El objetivo es incorporar como acciones de adaptación en la Ley General del Cambio Climático, el establecimiento de centros de población o asentamientos bajo criterios de resiliencia para resistan o eventualmente tengan la capacidad de recuperación de cualquier peligro.

El incorporar la obligación de que los centros de población y asentamientos humanos antepongan estos criterios, haría posible que frente a las crisis no solo se puedan reducir los riesgos y daños ocasionados, sino también se tendría la capacidad de volver rápidamente a una situación de estabilidad.

Compañeras y compañeros diputados, aunque hay gobiernos y gobernantes, e incluso el futuro presidente de Estados Unidos no cree en el cambio climático, queremos en esta tribuna hacer un señalamiento muy claro, el cambio climático es un asunto serio y real, que no solo atenta contra el planeta sino contra la humanidad misma.

Rajendra Pachauri, durante su última visita a México nos alertó para evitar una crisis de dimensiones mayores en las próximas décadas y nos recordó que la tierra es el único planeta que tenemos y que más vale que lo cuidemos. Nueva Alianza, a favor del dictamen. Muchas gracias.

La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla:Gracias, diputado Hernández León. Para fijar el posicionamiento del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, tiene el uso de la palabra hasta por cinco minutos la diputada Mirza Flores Gómez.

La diputada Mirza Flores Gómez:Muy buenas tardes, compañeras diputadas, compañeros diputados. Presidenta, muy buenas tardes, con su permiso. Esta tarde venimos a debatir y a aprobar una iniciativa que es sumamente noble, pero sobre todo que atiende a la preocupación que tenemos quienes vivimos en este planeta de ordenar nuestras ciudades, estar prevenidos y preparados no solo para el cambio climático sino para que nuestra preparación sea sumamente amigable con el medio ambiente.

El término de resiliencia se empezó a implementar en materia de sicología hace aproximadamente 50 años. Este término tiene que ver con la capacidad de las personas de recuperarse de manera rápida y eficiente ante un evento catastrófico, pero que su recuperación los deje más fuertes que como estaban antes de que sucediera este evento catastrófico.

En materia social, la resiliencia tiene que ver a un tema de planeación y preparación para que estemos en condiciones de cambiar el futuro. Que sea un mejor futuro el que nos espere.

En este sentido, es sumamente importante que desde la Cámara de Diputados empecemos a aprobar leyes para que nuestro país esté preparado para minimizar los riesgos de desastres ocasionados por el cambio climático y también por la mano del hombre.

Por esta parte tenemos la obligación de crear leyes para proteger la vida, la integridad física y el patrimonio de las personas que habiten nuestro planeta, pero sobre todo nuestro país, y con esto que garanticemos la calidad de vida de las personas. Por otra parte, debemos de cumplir con los compromisos hechos con la comunidad internacional.

En marzo de 2015, México firmó un acuerdo que se llamó el Acuerdo de Sendai. Ante la comunidad internacional esta es una preocupación para que los países se comprometan a los retos de desarrollo sostenible, destacando la necesidad de aprobar un marco de reducción de riesgos para caso de desastre.

Este compromiso pactado por México a través de mecanismos regulatorios y legales, seremos solamente así capaces de poder cumplir ante la comunidad internacional, no solamente con un asunto de firmar pactos, sino de ponernos manos a la obra, al momento de construir o reconstruir ciudades mejor preparadas.

Uno de los grandes problemas a los que nos enfrentamos todos los días en nuestra cotidianeidad, para aquellos que no creen en el cambio climático, sí debemos de creer algo que nos afecta todos los días yes el crecimiento desordenado de nuestras ciudades. Eso todos los días nos afecta; todos los días lo vivimos.

Entonces debemos de actuar en consecuencia para ver cómo lo vamos a regular, pero sobre todo, cómo vamos a implementar mecanismos resilientes. Es por eso que la ley quedaría de tal forma, que para poder combatir el cambio climático, una de las herramientas que debemos de implementar es considerar criterios de resilencia en el establecimiento de centros de población, así como las acciones de desarrollo, mejoramiento y conservación de los mismos.

Es ineludible no comprometernos con esta nueva manera de implementar infraestructura resiliente en nuestras ciudades. Lo dije la semana pasada en la discusión del Presupuesto de Egresos, sin estrategia de implementación las reformas legales y las políticas públicas que se requieran implementar, carecerán de eficacia.

De nada sirven las horas que empleemos en el debate o en la discusión o en las buenas intenciones si no implementamos de manera estratégica cómo vamos a enfrentar los embates del cambio climático, el crecimiento desordenado, la mitigación, pero sobre todo, la adaptación al planeta que tenemos.

Ahora que hablamos de resilencia en los centros de población, no quiero deja r pasar la oportunidad para hacer un llamado a los tres órganos de gobierno para que redoblemos esfuerzos en la protección de las áreas naturales protegidas.

El tema de resilencia atiende a beneficios como la regulación de la temperatura y de la humedad a nivel regional y conservación de los suelos, a recargas de mantos acuíferos, a la implementación de mejores modelos de asentamientos humanos.

El gobierno que pueda implementar una mejor forma de gestionar recursos y que cuente con una base de información sobre las pérdidas asociadas a la ocurrencia de desastres. Los desastres son una realidad. ¿Cómo nos vamos a preparar? Pues nada, con infraestructura resiliente y construir ciudades modernas que permiten que el impacto presupuestal sea a favor, que a México no le cueste tanto dinero reconstruir ciudades devastadas, sino solamente la inversión para estar en ciudades preparadas, y no solamente se evita el despilfarro de nuestro país, la pérdida de las vidas humanas y pérdida del patrimonio de las personas.

Quiero darle las gracias, especialmente a la Comisión de Cambio Climático por su respaldo y apoyo, a la presidenta María de los Ángeles Rodríguez, que siempre está comprometida con el tema y nunca deja abajo el asunto, muchas gracias presidenta. Pero, sobre todo, a mi coordinador Clemente Castañeda, quien siempre está respaldando y apoyando dentro de todas las comisiones en las que todos en mi fracción estamos para poder ser la voz de una agenda moderna, resiliente y sustentable. Un México resiliente vale por dos, muchas gracias. Gracias presidenta.

La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla:Gracias diputada Flores Gómez.

Esta Presidencia saluda la presencia en este recinto de estudiantes de bachillerato del municipio de Cosoleacaque, Veracruz, invitados por el diputado Cirilo Vázquez Parissi. Sean ustedes bienvenidos.

Para fijar el posicionamiento del Grupo Parlamentario de Morena, tiene el uso de la palabra, hasta por cinco minutos, la diputada María Chávez García.

La diputada María Chávez García:Con la venia de la Mesa Directiva. Compañeras y compañeros legisladores, nuestro país sólo aporta el 1.3 por ciento de los gases de efecto invernadero, pero un cambio por situación geográfica, condiciones climáticas, orográficas e hidrológicas, entre otros factores es de los más vulnerables ante los efectos de cambio climático.

De nuestra población casi 4 millones de personas en condiciones de pobreza extrema, al mismo tiempo tienen una vulnerabilidad alta y muy alta a los efectos del cambio climático.

De igual forma, de nuestros municipios 319 de los mismos presentan también condiciones críticas ante los efectos adversos de este fenómeno derivado del aumento incontrolado de los gases de efecto invernadero. Y, para colmo, los municipios de mayor pobreza son los de mayor riesgo, sobre todo cuando en estos hay carencia de servicios públicos.

Si bien debemos representar nuestros compromisos internacionales y buscar el logro de nuestras metas con respecto a la mitigación, es claro que con mayor empeño debemos encaminar nuestros esfuerzos a las acciones de adaptación. Debemos estar preparados, por ejemplo, de espera, a que la distribución de las zonas afectadas por la sequía se amplié y que ello dé lugar a un estrés hídrico más generalizado, a un mayor riesgo de escases de agua.

Paradójicamente es muy probable que, como resultado del cambio climático, se incremente la frecuencia de los episodios de fuertes precipitaciones. Las zonas costeras, las riveras de los ríos correrán mayor riesgo de inundación a causa del aumento del nivel del mar y las crecidas de los ríos.

Es factible que el incremento de la temperatura del mar ocasione ciclones más intensos, como ya lo estamos viviendo, lo que pone en mayor peligro a la escases cada vez más numerosa, la población de las costas. Lo anterior solo por mencionar algunos de los efectos nocivos que podemos esperar a raíz el reto más grande que enfrenta la humanidad.

Si bien la Ley General de Cambio Climático ya mandata que la adaptación sea considerada con el establecimiento de estos centros de población o asentamientos humanos, así como las acciones de desarrollo, mejoramiento y conservación de los mismos.

El incorporar la resiliencia a estos principios es un acierto que va más allá de la retórica. Muchos de los impactos que sufren las poblaciones más pobres y vulnerables por el calentamiento global no ocurren por accidente, sino que están definidos por la falla de políticas públicas para cerrar las brechas de desarrollo que dejan a grandes grupos de población expuestos a un alto riesgo.

Construir resiliencia al cambio climático ofrece una oportunidad para enfocar recursos hacia la reducción de las desigualdades profundas que dejan a mucha gente desproporcionalmente vulnerable a los riesgos climáticos.

Las mejores políticas de adaptación para aminorar estos riesgos son aquellas políticas de desarrollo que fortalecen la capacidad de la gente para protegerse y adaptarse a los riesgos climáticos ahora y en el mediano plazo.

La adaptación al cambio climático debe ser una preocupación central del país y un problema cuya solución debe de ocupar a los tres Poderes de la Unión desde el ámbito de sus respectivas competencias. Estos tienen que actuar para que estemos preparados para los efectos nocivos causen el menor daño posible y recuperación ante esto sea más rápida. Es cuanto, señora presidenta.

La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Gracias, diputada Chávez García. Para fijar el posicionamiento del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, tiene el uso de la palabra hasta por cinco minutos el diputado Jesús Gerardo Izquierdo Rojas.

El diputado Jesús Gerardo Izquierdo Rojas:Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados. Todos conocemos y hemos sufrido de alguna manera un desastre natural, ya sea un temblor, una inundación, una sequía, un huracán, y en los últimos años estos fenómenos se han acrecentado como una de las consecuencias del cambio climático.

Si bien el hombre no puede luchar contra las fuerzas de la naturaleza, sí le es posible gracias a los conocimientos técnicos y científicos con los que hoy cuenta, crear instrumentos preventivos para enfrentarlos y también sobrevivir a sus efectos de una manera más pronta y eficiente.

De acuerdo con la ONU, en México durante el periodo de 2008 a 2013, dos millones de personas se vieron obligadas a dejar su lugar de origen por causa de un desastre natural. Además, con base en datos del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, 20 millones de mexicanos habitan en áreas que pueden sufrir fuertes impactos de huracanes y tormentas provocadas por el calentamiento global.

Con base en lo anterior se hace manifiesta la debilidad de México frente a las consecuencias del cambio climático. En este sentido, es necesario que se establezca un marco legal favorable para fomentar el diseño de políticas públicas de prevención y mitigación, pero también cómo afrontar las consecuencias y efectos de los desastres naturales. Es por ello que en la Comisión de Cambio Climático se aprobó incluir el concepto de resiliencia en el artículo 29, fracción II, de la Ley General de Cambio Climático.

Este concepto ya es utilizado en gran parte del mundo dentro de un contexto de desarrollo urbano de las ciudades. La Ley de Protección Civil de nuestro país lo define como la capacidad de un sistema, comunidad o sociedad expuesta a un peligro para resistir, asimilar, adaptarse y recuperarse de sus efectos en un corto plazo y de manera eficiente, a través de la preservación y restauración de sus estructuras básicas y funcionales.

Es por ello que la finalidad es que los nuevos asentamientos humanos que se desarrollen tengan criterios de resiliencia, con la idea de que los daños y efectos de cualquier desastre natural sean menos devastadores en cuestión de vidas, en cuestión económica, en cuestión de impacto social.

Las ciudades resilientes son el futuro del mundo y deben tener conceptos de sustentabilidad, de movilidad, de energías limpias. Pero, sobre todo, proteger a sus habitantes y bienes y de mantener la funcionalidad a pesar de la crisis que se presente.

Es el momento de dar paso hacia la resiliencia y hacer nuestras ciudades más seguras, más habitables y, por supuesto, con mayor calidad de vida para sus habitantes.

Por lo antes expuesto, la fracción del Partido Verde votará a favor de este dictamen, contribuyendo con ello a combatir los efectos que el cambio climático nos está poniendo y que como sociedad y gobierno tenemos que enfrentar. Por su atención, muchas gracias.

La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Gracias, diputado Izquierdo Rojas. Para fijar el posicionamiento del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, tiene el uso de la palabra, hasta por cinco minutos, la diputada Cecilia Soto.

La diputada Cecilia Guadalupe Soto González:Diputada presidenta, integrantes de la Mesa Directiva, muchas gracias. Compañeras y compañeros de la Cámara de Diputados; público que nos observa desde el Canal del Congreso.

El siglo XXI es y será el siglo de las ciudades. Los espacios urbanos se están convirtiendo en la forma central de organización de casi todas las sociedades humanas. Cuatro mil millones de personas, de los 7 mil que somos actualmente es el porcentaje que vive en las ciudades. Para 2050, la población de todas las ciudades del mundo podría incrementarse a 6 mil 500 millones de personas, aproximadamente dos tercios de la humanidad vivirá en ciudades, la mayoría de ella en barrios populares.

Con esta perspectiva de crecimiento poblacional en los próximos años se presentan múltiples desafíos en el desarrollo urbano de México y el mundo, desde el transporte, el impacto ambiental, la economía y la cultura. Los desafíos de una vivienda digna de infraestructura y servicios urbanos básicos, sumándose a ello las necesidades crecientes de salud, educación y trabajo. Agréguense las graves consecuencias del cambio global expresadas primordialmente en el cambio climático.

Permítanme agregar que a las consecuencias del cambio climático débase incluir la llegada a la presidencia de los Estados Unidos de una persona que niega la realidad del cambio climático, el presidente Donald Trump. El presidente electo Donald Trump ya anunció que para la selección del personal de funcionarios de la Agencia de Protección Ambiental escogió a un conocido negacionista del cambio climático.

Entonces, estas consecuencias para los seres humanos, especialmente para países vulnerables como México, que tenemos 11 mil kilómetros de costa es fundamental que tomemos medidas para la mitigación de los efectos más difíciles del cambio climático.

Es por ello que hemos planteado y hemos concordado con un dictamen que reforma la tipología de las acciones de adaptación para la Ley General de Cambio Climático, para que se considere en el establecimiento de los asentamientos humanos criterios de resiliencia, así como las acciones de desarrollo y mejoramiento y conservación de los mismos.

Debemos aprender a aplicar este término, que es un término que se ha popularizado para otro tipo de ciencias. En el contexto de la ecología y la reducción de riesgo de desastres, el concepto de resiliencia se plantea como la capacidad de los sistemas naturales o sociales para recuperarse o soportar los efectos derivados del cambio climático, digamos que es una medida de elasticidad del sistema, se trata ahora de hacer ciudades resilientes al cambio climático.

En dicho contexto es pertinente comentar, que para el Grupo Parlamentario del PRD, en las políticas para fomentar la resiliencia al cambio climático, no sólo deben abordarse los riesgos relacionados con el clima sino también los factores socioeconómicos y políticos que perpetúan la desigualdad, exacerbando así los riesgos de todo tipo, exactamente como la llegada de Donald Trump a la Presidencia de los Estados Unidos.

Por ello es urgente impulsar una agenda transformadora que fomente la resiliencia al cambio climático, en donde se requieren cuando menos tres cambios fundamentales. Primero la adopción de un proyecto estratégico de desarrollo a más largo plazo, un enfoque integrado y equilibrado para abordar las relaciones entre las dimensiones económica, social y ambiental del desarrollo, y tres, una mejor capacidad de los sistemas de formulación de políticas para centrar su atención en un mayor abanico de interesados e incorporarlos en apoyo a la adopción de decisiones inclusivas.

Finalmente, no debemos dejar de mencionar que este viernes 18 de noviembre concluyen los trabajos de la vigésima segunda sesión de la Conferencia de las Partes COP 22, de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático en Marrakech.

Si la COP 21 en París fue la de la gran negociación, ahora la COP 22 es la de las acciones concretas, la de los detalles prácticos para la implementación de la agenda de París.

El Grupo Parlamentario del PRD expresa sus deseos porque la COP 22 concluya exitosamente.

Por todo lo anterior presentamos nuestro voto a favor de este dictamen de la Comisión de Cambio Climático al proyecto de decreto por el que se reforma la fracción II del artículo 29 de la Ley General de Cambio Climático. Muchas gracias.

Presidencia del diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputada Cecilia Soto. Tiene el uso de la tribuna, hasta por cinco minutos, el diputado Sergio Emilio Gómez Olivier, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

El diputado Sergio Emilio Gómez Olivier:Con su permiso, Presidencia. Pues realmente este tema a mí me ha interesado, desde hace muchos años he estado leyendo el tema con Al Gore sobre calentamiento global. He visto el cambio climático, lo he experimentado, en mi pueblo donde no había insectos tropicales ahora los hay.

He visto y he estado en glaciares, ahora sí en varias partes del mundo se han derretido, que servían como espejos y reflejaban la luz solar y han permitido que la Tierra se vaya sobrecalentando.

¿Qué pasa cuando la Tierra se va sobrecalentando y se producen gases de tipo invernadero? Pues las radiaciones solares, el calor se queda atrapado y no puede salir.

Uno dice, ¿bueno, en qué me afecta que suba en un grado, dos grados la temperatura ambiental? Causa tremendos daños ecológicos. Uno, la evaporación súbita de los mares, que ya no es tenue. Ustedes saben que los mares se van evaporando, forman nubes y las nubes cuando se enfrían bajan en forma de lluvia. Pero aquí es tan súbito el calentamiento, es tanta la humedad que se forman huracanes y esos huracanes llegan y causar grandes destrozos principalmente en los países pobres.

Se mueren los corales y dicen: ¿a mí en qué me afecta que se muera un coral? El coral simplemente produce oxígeno, las que lo producen son las microalgas o algas que lo rodean. Entonces, cuando las algas –que por cierto son las que le dan el color– mueren, pues muere el coral y deja de producir oxígeno y aumenta la temperatura. ¿Qué pasa? Vienen los grandes huracanes, las grandes lluvias torrenciales que vienen a afectar a los países más pobres.

Ahora, ¿qué pasa con países pobres donde hay una deforestación tremenda donde sus laderas han sido taladas, donde no hay árboles que retengan la tierra? Pues cuando llueve la tierra –como lo he dicho muchas veces– se va por millones, se pierde en los ríos, arroyos y el mar. Pero aparte en sus aludes, en sus inundaciones va destruyendo casas, infraestructura, matando gente; porque la gente se asentó precisamente en barrancas naturales donde el agua tiene miles o cientos de años de correr y de repente la gente se establece ahí, y llega y causa grandes destrozos.

En el caso de laderas aluviales, donde están las laderas donde había plantas y árboles que retenían esa agua para que no se llevara toda esa tierra y no causara tantos destrozos, desgraciadamente han sido talados.

¿Qué pasa con todos los manglares, que también tenían la función de evitar que los huracanes entraran a la tierra? Simplemente los frenaban y ahora ya no existe eso.

Entonces, ahora vemos y esto va de la mano con lo que yo siempre he hablado del pastoreo. Por ejemplo, ¿qué ha pasado con África? Ha dejado a países, por ejemplo de África, Grecia, Roma, países donde el chivo, el borrego han arrancado las plantas, han deforestado y han dejado completamente áridas esas tierras, como roca sólida y han incrementado la temperatura ambiental. Esa temperatura ambiental causa terremotos, ciclones, huracanes y en otros casos, sequías. Hemos visto inclusive que arenas de África llegan a América con el viento.

Entonces es terrible lo que está pasando porque los destrozos que causan esas lluvias torrenciales por asentamientos humanos irregulares, que sin ningún escrúpulo llega algún ejidatario y dice: bueno yo compro, tengo 20 o 30 hectáreas, las voy a vender, baratas, sin infraestructura, pues al rato llegan las lluvias inundan y matan a muchísima gente y ahí es donde entra ya los gastos de un país para tratar de componer o recomponer todo esto, todos los destrozos humanos, materiales, técnicos.

Qué bueno y qué mejor que prevenirlo. Prevenirlo sería primero reforestar; segundo, pues evitar el pastoreo como lo he dicho muchas veces, para evitar, para permitir que las plantas nuevas crezcan, lo que va creciendo, los retoños nazcan, cercar las áreas y sobre todo evitar los asentamientos irregulares, todo esto se llama resiliencia. La adaptación, pero más que nada yo estoy pensando en la prevención.

Por lo tanto, en lo personal, al Partido Acción Nacional, en lo personal Sergio Gómez Olivier, me siento muy satisfecho de que se estén tomando medidas preventivas en ese sentido, pues para contribuir un poco a mitigar este fenómeno que nos va a seguir azotando en una forma impresionante, y también después podría hablarles del fenómeno del Niño y de la Niña, porque también van íntimamente relacionados con este fenómeno, pero eso ya será en otro capítulo, porque ya me están pidiendo tiempo. Y muy buenas tardes y gracias.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputado Gómez Olivier. Tiene el uso de la tribuna, el diputado Tomás Roberto Montoya Díaz, hasta por cinco minutos, del Grupo Parlamentario del PRI.

El diputado Tomás Roberto Montoya Díaz:Muchas gracias. Con su permiso, diputado presidente. La tierra es nuestro hogar, preservar el medio ambiente es conservar el mundo, actuar en consciencia del cambio climático no es un lujo sino más bien una imperante necesidad para la subsistencia humana.

Compañeros diputados, hoy el debate ambiental no se centra en si son reales o no sus afectaciones, sino en establecer las estrategias más eficaces para disminuir el aumento de nuestra temperatura global y con esto reducir los riesgos hacia los ecosistemas de nuestro planeta.

No obstante, pese a que distintas legislaciones, incluida la nuestra, no dejan de prever mecanismos para que las emisiones de gases de efecto invernadero disminuyan hasta llegar a un equilibrio sustentable.

No es éste el único objetivo a cumplirse en esta materia, pues la legislación internacional ha establecido el criterio de resiliencia al cambio climático como uno de los ejes para su ejecución entre todos los países.

La resiliencia en el medio ambiente y en el cambio climático se entiende como la capacidad de un sistema ecológico social para absorber perturbaciones, manteniendo la capacidad de auto organización y de adaptarse a los cambios.

La adopción del principio de resiliencia en la legislación ambiental nos hace entender el fenómeno del cambio climático no solo como un reto cuantitativo en términos de emisiones de dióxido de carbono, sino como la propuesta implícita de privilegiar la prevención sobre la acción una vez ocurrido un evento inesperado como lo es un desastre natural.

De esta manera, se puede entender de mejor forma cuáles son las necesidades de cada comunidad, focalizar lo esfuerzos para adaptarse a los impactos del cambio climático trascendental y, a su vez, nutrir los elementos que incrementan la resiliencia de los distintos ecosistemas.

En el caso de México, investigaciones recientes del Instituto Nacional de Ecología y del Cambio Climático y de la propia UNAM, han pronosticado para las décadas próximas anomalías climáticas que resultarán en una inminente afectación de los recursos naturales de los que dependen actividades humanas, la economía a diferentes escalas y señalan que, de no contar con estrategias orientadas a buscar una adaptación inteligente y planificada de las actividades humanas ante este fenómeno, se esperan respuestas inadecuadas que podrían agravar aun más la salud ecológica y la sostenibilidad en distintas regiones.

Hace tan solo 11 días entró en vigor el Acuerdo de París, documento firmado y ratificado por 195 países donde se expresa la voluntad y los compromisos globales sobre la reducción de la temperatura global y establece el criterio de resiliencia. Este acuerdo responde a la necesidad latente de una alianza entre todos los países, y principalmente de la cooperación de aquellos que más peso tienen en la conformación de este fenómeno.

México ha sido un activo protagonista, respetado a nivel mundial por su sólido compromiso en la materia. El Plan Nacional de Desarrollo de la administración del presidente Peña Nieto establece como uno de sus objetivos transitar a una economía sustentable que desvincule el crecimiento de la emisión de gases de efecto invernadero.

Además, por si fuera poco, contamos con un sólido marco legal; desde el artículo 4o., constitucional que garantiza el derecho a un medio ambiente sano, hasta la propia Ley General de Cambio Climático, primera en su tipo en el mundo, por lo que además de suscribir este acuerdo estableció compromisos propios entre los que destacan: alcanzar una tasa cero de deforestación, mejorar la capacidad adaptativa de los 160 municipios más vulnerables ante este fenómeno; proteger a la población de los fenómenos hidrometeorológicos extremos.

Es por lo anterior que el Grupo Parlamentario del PRI votará a favor de este dictamen, pues de no considerarse en las políticas públicas y en la legislación sobre el tema, se omitirán los esfuerzos necesarios para evitar que los ecosistemas del país y la población, se encuentren vulnerables ante el impacto del cambio climático.

Compañeras y compañeros diputados, tenemos todo lo necesario para empezar a cambiar, lo que necesitamos es voluntad. Pero afortunadamente la voluntad es un recurso renovable, así que renovémosla, digamos todos juntos que tenemos la habilidad para resolver este problema, que tenemos todos juntos un propósito en común y que por este propósito actuamos todos. Muchas gracias.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputado Montoya Díaz. Agotada la lista de oradores, consulte la Secretaría a la asamblea en votación económica si se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular.

La Secretaria diputada Verónica Delgadillo García: Por instrucciones de la Presidencia en votación económica se pregunta a la asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular. Los diputados y las diputadas que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Los diputados y las diputadas que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Suficientemente discutido en lo general y en lo particular.

Le pido a la Secretaría que abra el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular.

La Secretaria diputada Verónica Delgadillo García:Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular.

(Votación)

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Esta Presidencia saluda a estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la Facultad de Economía, invitados por el diputado Juan Romero Tenorio. Bienvenidos.

La Secretaria diputada Verónica Delgadillo García: ¿Algún diputado hace falta de emitir su voto? El tablero sigue abierto. ¿Hace falta algún otro diputado de emitir su voto? Ciérrese el sistema de votación electrónico. Señor presidente, se emitieron 404 votos a favor, 0 votos en abstención, 0 votos en contra, de un total de 404 diputados presentes.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Aprobado en lo general y en lo particular por 404 votos el proyecto de decreto por el que se reforma la fracción II del artículo 29 de la Ley General de Cambio Climático, pasa al Senado para sus efectos constitucionales.

INICIATIVAS DE DIPUTADAS Y DIPUTADOS

LEY GENERAL DE EDUCACIÓN Y LEY DEL INSTITUTO MEXICANO DE LA JUVENTUD

La Secretaria diputada Verónica Delgadillo García:«Iniciativa que reforma y adiciona los artículos 24 de la Ley General de Educación y 4o. de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, suscrita por los diputados Héctor Javier Álvarez Ortiz y Maricela Serrano Hernández, del Grupo Parlamentario del PRI

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72, inciso h), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 6, numeral 1, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se presenta a la consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto, por la que se modifican y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Educación y de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Se entiende por servicio social profesional, el trabajo temporal que efectúan los estudiantes y profesionistas en interés de la sociedad y que realizan aplicando los conocimientos adquiridos durante su formación académica. El servicio social representa una oportunidad idónea para que el estudiante esté en contacto directo con las problemáticas reales de la sociedad, por otro lado, es también un requisito ineludible para poder obtener el grado o título. Sin embargo, su desempeño se ve sesgado o comprometido por la falta de remuneración y reconocimiento a su trabajo profesional.

El carácter obligatorio del servicio social tiene su fundamento en el artículo 24 de la Ley General de Educación, que a la letra señala: “los beneficiados directamente por los servicios educativos deberán prestar servicio social, en los casos y términos que señalen las disposiciones reglamentarias correspondientes. En éstas se preverá la prestación del servicio social como requisito previo para obtener título o grado académico”.

Asimismo, la Constitución en su artículo 5o. párrafo cuarto señala que:

“En cuanto a los servicios públicos, sólo podrán ser obligatorios, en los términos que establezcan las leyes respectivas, el de las armas y los jurados, así como el desempeño de los cargos concejiles y los de elección popular, directa o indirecta. Las funciones electorales y censales tendrán carácter obligatorio y gratuito, pero serán retribuidas aquéllas que se realicen profesionalmente en los términos de esta Constitución y las leyes correspondientes. Los servicios profesionales de índole social serán obligatorios y retribuidos en los términos de la ley y con las excepciones que ésta señale.”

Es decir, el servicio social es por obligaciónun requisito para la titulación y obtención del grado y por derechoun ejercicio que debe ser remunerado. Sin embargo, el servicio social realizado por la mayoría de los jóvenes estudiantes se presenta sin una justa retribución a su trabajo profesional o en su defecto, que es el caso de la mayoría, nula.

Podemos observar que existe una clara falta de apego a la disposición señalada en la Constitución Mexicana, y en la Ley General de Educación, lo cual ha dado pie a interpretaciones diversas.

De esta manera, algunos estados han tomado provisiones para solventar este problema, mientras que otros han hecho caso omiso a la Constitución. Por ejemplo, mientras que en la Ley Reglamentaria del artículo 5o. Constitucional del Distrito Federal, relativo al ejercicio de las profesiones en el Distrito Federal se reconoce en el artículo 52 que “se entiende por servicio social el trabajo de carácter temporal y mediante retribución que ejecuten y presten los profesionistas y estudiantes en interés de la sociedad y el Estado”, en marcado contraste la Ley Reglamentaria de los Artículos 4o. y 5o. de la Constitución Federal, relativa al ejercicio de las profesiones en el estado de Tabasco en su artículo 50 reza: “se entiende por servicio social, el trabajo de carácter temporal, que ejecuten y presten los profesionistas y estudiantes en interés de la sociedad y del Estado.”Es decir, se ha excluido el carácter de trabajo retribuido al servicio social que prestan los estudiantes y profesionistas.

Para efectos de la legislación, en el Distrito Federal incluso han contemplado en su artículo 59 que: “cuando el servicio social absorba totalmente las actividades del estudiante o del profesionista, la remuneración respectiva deberá ser suficiente para satisfacer decorosamente sus necesidades”. Es decir, se ha reconocido en particular que la remuneración no solo debe existir, sino que debe ser suficiente en el caso que lo amerite.

Una situación similar se puede encontrar en otros estados de la República, donde se reconoce el servicio social como obligatorio, pero no como retribuido.

Es indiscutible la contribución del servicio social a la formación integral del estudiante y la retribución social que ésta genera, por lo que velar que sus esfuerzos sean debidamente reconocidos y retribuidos es parte de nuestro trabajo como legisladores.

Ciertamente existen esfuerzos por apoyar económicamente a los jóvenes profesionistas que realizan servicio social, por ejemplo encontramos que con base en el Acuerdo número 30/12/14 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa Nacional de Becas para el ejercicio fiscal 2015 (Reglas de Operación), la Subsecretaría de Educación Superior (SES) de la Secretaría de Educación Pública (SEP), a través de la Coordinación Nacional de Becas de Educación Superior (CNBES), convoca cada año a los estudiantes de licenciatura y de Técnico Superior Universitario (TSU) inscritos o egresados con no más de un año de antigüedad de Instituciones Públicas de Educación Superior (IPES) del país a solicitar una Beca de Servicio Social. Sin embargo, este esfuerzo está lejos de resolver el problema. Solo 12 mil 893 jóvenes en todo el país fueron beneficiados con la beca este año, mientras que solo en la Universidad Nacional Autónoma de México, 21 mil 734 estudiantes fueron titulados en 2014.

Además, es importante destacar que las Instituciones Públicas tienen presupuestado dentro del Capítulo 4000 de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas recursos para programas de becas, mismas que podrían ser destinadas a programas de retribución para prestadores de servicio social.

Por otra parte, el trabajo de servicio social es, como ya se mencionó, una aplicación del conocimiento profesional y como tal debe ser valorado. Sin embargo, tampoco existe un compromiso para hacer que el trabajo desempeñado por los estudiantes sea reconocido como una actividad profesional que genera experiencia, lo cual representa una constante queja de los jóvenes que realizan servicio social.

Además, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) señala que en México sólo se gradúa 25 por ciento de quienes cursan estudios de educación superior, por lo que el poder contar con una constancia de experiencia y una retribución a su trabajo puede ayudar a mejorar este indicador.

De este modo, y en respuesta a los reclamos y exigencias de los jóvenes estudiantes y profesionistas, la propuesta presentada es hacer del servicio social una actividad justamente retribuida y reconocida mediante la modificación de la ley de Educación y de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, siendo a la vez necesario para cumplir con lo mandatado en nuestra norma suprema, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Por lo antes expuesto y fundado, se somete a consideración del honorable pleno la presente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforma y adiciona un segundo párrafo al artículo 24 de la Ley General de Educación, y se reforma la fracción XV del artículo 4 de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud

Artículo Primero.Se reforma y adiciona un segundo párrafo al artículo 24 de la Ley General de Educación, para quedar como sigue:

Artículo 24. Los beneficiados directamente por los servicios educativos deberán prestar servicio social, obligatorio y retribuido en los casos y términos que señalen las disposiciones reglamentarias correspondientes. En éstas se preverá la prestación del servicio social como requisito previo para obtener título o grado académico.

Las instituciones de educación pública, s ecretarías de Estado, entidades paraestatales, organizaciones no gubernamentales o asociaciones civiles sin fines de lucro en las que se realice servicio social deberán expedir una constancia que acredite la experiencia profesional a favor de los prestadores de dicho servicio.

Artículo Segundo.Se reforma la fracción XV del artículo 4 de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, para quedar como sigue:

Artículo 4.

I-XIV...

XV. Difundir en las dependencias y entidades de la administración pública federal, así como en los gobiernos de los estados y municipios, la información de los programas relativos a la prestación de servicio social retribuido y los compromisos asumidos por el Estado mexicano en los tratados internacionales en materia de juventud, y

XVI...

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al contenido del presente decreto.

Notas:

1 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

2 Ley Reglamentaria de los Artículos 4o y 5o de la Constitución Federal, relativa al Ejercicio de las Profesiones en el Estado de Tabasco.

3 Ley Reglamentaria del artículo 5to Constitucional del Distrito Federal, relativo al ejercicio de las profesiones en el Distrito Federal.

4 Explorador de datos del Estudio Comparativo de Universidades Mexicanas (ExECUM) www.execum.unam.mx

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de noviembre de 2016.— Diputado y diputada: Héctor Javier Álvarez Ortiz,Maricela Serrano Hernández (rúbricas).»

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Túrnese a las Comisiones Unidas de Educación Pública y Servicios Educativos, y de Juventud, para dictamen.

LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

La Secretaria diputada Verónica Delgadillo García:«Iniciativa que adiciona el artículo 34 Ter de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

El suscrito, Clemente Castañeda Hoeflich, diputado del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo señalado en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, someto a consideración la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 34 Ter de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

I.El 27 de mayo de 2015 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto de Reforma Constitucional que instituye el Sistema Nacional Anticorrupción, que implicó reformar trece artículos constitucionales: 22, 28, 41, 73, 74, 76, 79, 104, 109, 113, 114, 116 y 122; así como adicionar seis artículos: 73, 74, 79, 108, 116, 122 y derogar un párrafo del artículo 79 de nuestra carta magna.

Entre las reformas que se realizaron, por las facultades que le otorgan específicamente a la Cámara de Diputados, destaca la del artículo 28 que en su fracción XII, referente a la Comisión Federal de Competencia Económica y al Instituto Federal de Telecomunicaciones, establece:

Artículo 28. ...

XII. Cada órgano contará con un órgano interno de control, cuyo titular será designado por las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Diputados, en los términos que disponga la ley.

En el mismo sentido, en el artículo 74 relativo a las facultades exclusivas de la Cámara de Diputados, destaca la adición de la fracción octava que mandata a los Diputados designar a los titulares de los órganos internos de control de los organismos con autonomía reconocida en la Constitución:

Artículo 74. Son facultades exclusivas de la Cámara de Diputados: ...

VIII. Designar, por el voto de las dos terceras partes de sus miembros presentes, a los titulares de los órganos internos de control de los organismos con autonomía reconocida en esta Constitución que ejerzan recursos del Presupuesto de Egresos de la Federación, y

Estas facultades tienen como finalidad evitar que los titulares de los órganos de control interno de los organismos autónomos sean nombrados por los propios servidores públicos sujetos a la supervisión, desvinculando la subordinación jerárquica respecto de los presidentes e integrantes de los órganos constitucionales autónomos, para fortalecer su independencia como responsables de la prevención, supervisión, fiscalización e investigación administrativa.

II. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece doce organismos a los que dota de autonomía, los cuales ejercen recursos del Presupuesto de Egresos de la Federación, por lo que compete a los Diputados nombrar a los titulares de los órganos internos de control de los siguientes órganos autónomos:

El artículo octavo transitorio de la Reforma Constitucional en materia de combate a la corrupción publicada el 27 de mayo de 2015, estableció:

Octavo: ...

Los titulares de los órganos a que se refieren las adiciones y reformas que establece el presente Decreto en las fracciones VIII del artículo 74 y II del artículo 76, que se encuentren en funciones a la entrada en vigor del mismo, continuarán en su encargo en los términos en los que fueron nombrados.

Así, la reforma planteó que aquellos titulares de los Órganos Internos de Control que a la entrada en vigor del Decreto se encontraren en funciones, esto es al 28 de mayo del 2015, continuarían en su encargo hasta concluir su periodo.

III. No obstante, desde la entrada en vigor del decreto que mandata a las y los Diputados para designar a los titulares de los órganos de control, existían al menos dos órganos autónomos, la Comisión Federal de Competencia Económica y el Instituto Federal de Telecomunicaciones, que desde entonces, tienen pendiente la respectiva designación de sus Titulares de los Órganos Internos de Control.

En el mes de octubre del 2015 el Senado de la República emitió un Punto de Acuerdo por el que exhortó de manera respetuosa a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión a que en estricto apego a sus atribuciones legales nombrase a la brevedad a los Contralores Internos del Instituto Federal de Telecomunicaciones y de la Comisión Federal de Competencia Económica.

A la fecha, se advierte que no sólo el Instituto Federal de Telecomunicaciones y la Comisión Federal de Competencia Económica, sino también otros organismos constitucionales autónomos como el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, no cuentan con titular de sus Órganos Internos de Control, toda vez que su designación compete a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.

Estos cuatro organismos autónomos, en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2016, presupuestalmente suman más de once mil millones de pesos para el ejercicio de sus funciones y no cuentan con un titular de sus órganos internos de control lo que, sin duda, demerita la función de prevención, vigilancia e investigación que corresponde cumplir a dichas instancias.

Lo anterior reclama la inmediata atención de las y los Diputados Federales para proponer, consensuar y dictaminar las reformas necesarias para establecer el procedimiento de convocatoria y selección de las personas y perfiles idóneos para la designación de los Titulares de los Órganos Internos de Control de los Órganos Autónomos que ejercen recursos del Presupuesto de Egresos de la Federación.

IV. En el marco de la reforma legal para la implementación del Sistema Nacional Anticorrupción, el 18 de julio del 2016 se publicaron en el Diario Oficial de la Federación: la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción y la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

En dicha reforma se estableció que el nombramiento de los cinco integrantes del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, previsto en la fracción II del artículo 113 constitucional y regulado en los artículos del 15 al 23 de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, no fueran propuestos por el Ejecutivo ni nombrados por los Senadores o Diputados, sino a través de un Comité de Selección integrado por nueve ciudadanos, cinco de ellos propuestos por instituciones de educación superior y cuatro por organizaciones de la sociedad civil, de conformidad al artículo 18 de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción.

Así, el Poder Legislativo, decidió que la integración del Comité de Participación Ciudadana surgiera de un procedimiento de convocatoria, evaluación y selección realizado por ciudadanos, libre de la intervención de gobernantes, legisladores y partidos políticos.

En congruencia con lo anterior, la Cámara de Diputados no puede adoptar un proceso de designación de contralores internos que sea regresivo, por lo que el procedimiento de designación de los titulares de los Órganos Internos de Control, que compete exclusivamente a la Cámara de Diputados, debe surgir de una amplia convocatoria a la sociedad, transparente, libre de politización, cuya confianza y credibilidad se sustente en la participación ciudadana.

Para evitar que la designación de los titulares de los Órganos Internos de Control se resuelva por cuotas partidistas y asegurar que sea resultado del mérito y evaluación transparente e imparcial, mediante la presente iniciativa se propone:

1)Que sea una Comisión de Selección Ciudadana la que convoque, evalúe y seleccione una terna conformada por quienes obtengan los mejores resultados de las etapas de evaluación, cuyos resultados deberán ser públicos.

2)De entre los seleccionados, el pleno de la Cámara de Diputados, designará como establece la Constitución, por el voto de las dos terceras partes, a quien deba ocupar la titularidad del órgano interno de control del organismo constitucional autónomo que corresponda.

Por lo anteriormente expuesto, me permito presentar ante esta Soberanía, la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se adiciona el artículo 34 Ter de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo Único.Se adiciona el artículo 34 Ter a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 34 Ter. La designación de los Titulares de los Órganos Internos de Control que establecen los artículos constitucionales 28 párrafo vigésimo, fracción XII y 74 en su fracción VIII, se llevará a cabo conforme al siguiente procedimiento:

1. Para ser Titular de los Órganos Internos de Control de los organismos con autonomía reconocida por la Constitución, se deberán cumplir los siguientes requisitos:

a) Ser ciudadano mexicano en pleno ejercicio de sus derechos;

b) Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito doloso que amerite pena de prisión; pero si se tratara de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que afecte la buena fama en el concepto público, ello lo inhabilitará para el cargo;

c) No haber sido Secretario de Estado, Procurador General de la República o de Justicia de alguna de las entidades federativas, Senador, Diputado Federal, Diputado local, Gobernador de algún Estado o Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, dirigente o miembro de órgano de dirección de algún partido político, ni haber sido postulado para cargo de elección popular en los cuatro años anteriores a la designación;

d) Contar al momento de la convocatoria respectiva con una experiencia de al menos cinco años en el control, fiscalización de recursos, responsabilidades administrativas, contabilidad gubernamental, normatividad y transparencia del sector público;

e) Contar al día de su designación, con antigüedad mínima de cinco años con título profesional relacionado con las actividades a que se refiere el inciso anterior, expedido por autoridad o institución legalmente facultada para ello;

f) Acreditar que no cuenta con conflicto de intereses, demostrando no haber desempeñado o prestado en los cuatro años anteriores a su designación, directamente o a través de una persona moral de la que forme parte, o incluso a través de personas cuyo parentesco sea por a afinidad o consanguíneo hasta en cuarto grado, servicios al Órgano Constitucional Autónomo al que pretenda aspirar, o haber prestado los servicios referidos a un agente regulado por la legislación correspondiente del Órgano Constitucional Autónomo al que pretenda aspirar;

g) No estar, ni haber sido, inhabilitado para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público;

h) No haber ocupado ningún cargo directivo o haber representado de cualquier forma los intereses regulados por la legislación correspondiente del Órgano Constitucional Autónomo al que pretenda aspirar, durante los cuatro años previos a su nombramiento; y

i) Acreditar las evaluaciones y exámenes que le sean aplicados durante el proceso de selección como Titular de Órgano Interno de Control, en los términos del presente artículo.

2. La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados propondrá al Pleno una convocatoria para conformar una Comisión de Selección integrada por siete mexicanos, por un periodo de tres años, de la siguiente manera:

a) Convocará a las instituciones de educación superior y de investigación, para proponer candidatos a fin de integrar la Comisión de Selección, para lo cual deberán enviar los documentos que acrediten el perfil solicitado en la convocatoria, en un plazo no mayor a quince días, para seleccionar a cuatro miembros, basándose en los elementos decisorios que se hayan plasmado en la convocatoria, tomando en cuenta que se hayan destacado por su contribución en materia de fiscalización, de rendición de cuentas y combate a la corrupción.

b) Convocará a organizaciones de la sociedad civil especializadas en materia de fiscalización, de rendición de cuentas y combate a la corrupción, para seleccionar a tres miembros, en los mismos términos del inciso anterior.

El cargo de miembro de la Comisión de Selección será honorario. Quienes funjan como miembros no podrán ser designados como Titulares de los Órganos Internos de Control por un periodo de cuatro años contados a partir de la disolución de la Comisión de selección.

3. La Comisión de Selección deberá emitir una convocatoria pública para que presenten sus postulaciones los aspirantes a ocupar el cargo de Titular del Órgano Interno de Control del Organismo Constitucional Autónomo que corresponda.

Para ello, la Comisión de Selección definirá la metodología, plazos y criterios de selección de los Titulares de los Órganos Internos de Control y deberá hacerlos públicos, considerando al menos las siguientes características:

a) El método de registro y evaluación de los aspirantes que incluirá un examen de conocimientos que deberá ser diseñado, aplicado y evaluado por la Comisión de Selección;

b) Hacer pública la lista de las y los aspirantes;

c) Hacer públicos los documentos que hayan sido entregados para su inscripción en versiones públicas;

d) Hacer público la fecha de aplicación de examen y el cronograma de audiencias, mismas que deberán ser públicas; y

e) El plazo en que se deberá hacer la elección de los tres aspirantes mejor evaluados, que se decidirá, en sesión pública, por el voto de la mayoría de sus miembros, debiendo hacer públicos los resultados de todos los aspirantes, desglosando los resultados por cada una de las etapas evaluadas.

La terna se remitirá al Presidente de la Mesa Directiva para que sea discutida y votada por el Pleno de la Cámara de Diputados en los términos que establezca la presente Ley y el Reglamento de la Cámara de Diputados. El Pleno de la Cámara de Diputados elegirá por el voto de las dos terceras partes de los presentes a quien deba ocupar la titularidad del Órgano Interno de Control que corresponda.

4. Los Titulares de los Órganos Internos de Control durarán en su encargo cuatro años, pudiendo ser designados para un periodo más, previa postulación y cumplimiento de las etapas y evaluaciones establecidas en la convocatoria respectiva.

La Cámara de Diputados sólo podrá remover a los Titulares de los Órganos Internos de Control por causas graves que la ley señale, requiriendo el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. La Cámara de Diputados contará con un plazo de 30 días, contados a partir de la entrada en vigor del presente decreto, para emitir la Convocatoria para integrar la Comisión de Selección a que hace referencia el artículo 34 Ter.

Tercero. Integrado el Comité de Selección, éste contará con un plazo de 60 días, que en su caso se computaran paralelamente, para llevar a cabo el procedimiento de selección de cada una de las ternas que se deben proponer para la designación de los titulares de los órganos internos de control que se encuentren vacantes.

Notas:

1 Gaceta del Senado de la República LXIII/1PPO-24/58207, martes 6 de octubre de 2015. http://www.senado.gob.mx/index.php?ver= sp&mn=2&sm=2&id=58207

2 Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016, Anexo 1 Gasto Neto Total. Ramos Autónomos. http://www. diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/PEF_2016.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de noviembre de 2016.— Diputado Clemente Castañeda Hoeflich (rúbrica).»

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Túrnese a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, para dictamen.

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado Alejandro Armenta Mier, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El diputado Alejandro Armenta Mier:Con su permiso, señor presidente. Honorable asamblea, amigas y amigos de los medios de comunicación, la población mundial crece de manera constante y se espera que llegue a más de 9 mil 600 millones de personas para el año 2050.

Para garantizar uno de los derechos humanos fundamentales, como lo es la alimentación, debemos cubrir una demanda cada vez mayor a través de sistemas agrícolas sostenibles, capaces de enfrentar los efectos adversos del cambio climático.

En la Cumbre de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas en septiembre de 215 todos los países del mundo, incluyendo México, se comprometieron a abatir el hambre en los próximos 15 años. Lograr los objetivos planteados implica que cada uno asuma su papel desde la trinchera que les corresponde. No es un esfuerzo unilateral, sino una tarea conjunta de los diversos niveles de gobierno y de todos los sectores sociales.

Para alcanzar los objetivos nutricionales la producción agrícola debe aumentar un 60 por ciento para el año 2050. Es fundamental contemplar entonces los sistemas agroalimentarios como eje estratégico de los planes nacionales de desarrollo, los planes estatales y los planes municipales, de manera que se determinen acciones concretas para enfrentar el cambio climático y revertir el problema de la deforestación, fortaleciendo desde luego a los pequeños agricultores y así garantizar la seguridad alimentaria.

Al fortalecer el sector productivo de nuestro país se garantiza una mejor calidad de vida para los pequeños productores y sus familias, además de que se consolidan acciones para promover una buena nutrición, sana y suficiente, a través de sistemas alimentarios sostenibles, equitativos y flexibles, fomentando el respeto a las costumbres de cada región, adecuando cantidades y calidades en las dietas alimenticias.

En este sentido, el apoyo de los gobiernos debe de centrarse en el sector primario. De manera prioritaria se debe potenciar la competitividad procurando elevar las producciones alimenticias.

El derecho que tenemos a la alimentación debe también privilegiar la protección a la salud humana, de tal modo que estén garantizados los productos para el consumo de millones de mexicanos de manera salubre, es decir que sean generados y proveídos desde su abastecimiento bajo las estrictas medidas de seguridad a efecto de evitar todo tipo de riesgos no previstos originalmente, que pudieran causar daños y efectos adversos y significativos para la salud humana, procurando así la producción y el abasto de alimentos preeminentemente de origen natural y orgánico, regulados bajo los más estrictos estándares de calidad y salubridad.

Asimismo, con el objetivo de que quienes gocen de este derecho cuenten oportunamente con información suficiente, clara y precisa respecto a lo que se consume. Por ello es de suma importancia elevar a rango constitucional que la alimentación sea garantizada de manera informada.

En virtud de lo anterior es que pongo a consideración de esta asamblea la adición al artículo 4o constitucional, párrafo tercero, para quedar como sigue: Toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente, salubre y de calidad, de manera informada. El Estado lo debe garantizar. Es cuanto, muchas gracias a la honorable asamblea. Muchas gracias, señor presidente.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputado Armenta Mier. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

LEY REGLAMENTARIA DEL ARTÍCULO 5O. CONSTITUCIONAL, RELATIVO AL EJERCICIO DE LAS PROFESIONES EN EL DISTRITO FEDERAL

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Tiene la palabra por cinco minutos para presentar dos iniciativas en una sola intervención, el diputado Marco Antonio Gama Basarte, del Grupo Parlamentario del PAN, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 4o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 30 Bis de la Ley Reglamentaria del artículo 5o constitucional, relativo al ejercicio de las profesiones en el Distrito Federal.

El diputado Marco Antonio Gama Basarte: Gracias, diputado presidente. Estimadas compañeras y compañeros diputados, hago uso de la tribuna de esta soberanía para presentar, en un solo acto, dos iniciativas con proyecto de decreto que tienen como propósito común el promover la construcción de marcos legales precisos y actualizados que ayuden a generar certeza jurídica para los mexicanos.

En primer lugar, presento la propuesta de adición de un artículo 30 Bis a la Ley Reglamentaria del Artículo 5o. Constitucional, Relativo al Ejercicio de las Profesiones en el Distrito Federal.

Obtener un título profesional y ejercer en México se vuelve más complicado, si se toman en cuenta los altos costos de titulación a los que están sujetos los alumnos de diversas instituciones públicas y privadas. Estos costos pueden ir de los mil 200 pesos hasta los 15 mil pesos o más. Además, los profesionistas deben enfrentarse a un trámite burocrático y centralizado ante la Dirección General de Profesiones para el registro de su título profesional y la expedición de la cédula correspondiente, cuyo tiempo de respuesta se encuentra sujeto nuevamente a variables, como la cercanía geográfica de la persona interesada con la capital del país.

La espera por la expedición de una cédula profesional puede prolongarse por periodos de tiempo extraordinariamente largos, que pueden llegar a ser de un año o más. Lo anterior no solamente es un problema que impacta a los profesionistas titulados, sino que trasciende a la sociedad, pues genera un desempleo automático reflejado en la imposibilidad de integrarse al mercado laboral. Asimismo produce desánimo en el profesionista, se postergan sus objetivos y, finalmente, esos estudiantes que llegaron hasta el final del nivel superior no tienen la oportunidad de devolver a su comunidad los conocimientos y la pericia que revisten sus servicios.

La iniciativa que presentó el día de hoy propone integrar en el texto de la ley una disposición que a la fecha es únicamente reglamentaria y que es esencial para el beneficio de todas y todos los profesionistas, pues garantiza su inserción inmediata al mercado laboral.

Esta iniciativa busca elevar a rango legal la facultad para que la Dirección General de Profesiones pueda otorgar autorización para el ejercicio temporal de su profesión a los profesionistas cuyo título se encuentren en trámite y, de esa manera, otorgar por mandato de ley un sustento normativo que permita a cualquier profesionista comenzar su vida laboral de inmediato, obtener experiencia en su área de estudio y retroalimentar con sus servicios profesionales a su comunidad.

Se trata de una iniciativa que busca privilegiar a los profesionistas debidamente titulados y con ello restar prevalencia a trámites burocráticos que frenan sus objetivos profesionales.

La segunda iniciativa que hoy pongo a su consideración se trata del derecho humano a la vivienda. El derecho a la vivienda es piedra angular para el desarrollo de toda persona y un indicador básico de bienestar. Todos los individuos que integran nuestra sociedad deben disponer del espacio, los materiales y los servicios necesarios para disfrutar de una vida sana y cómoda.

Actualmente, el artículo 4o. de nuestra Carta Magna establece que toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa. El Grupo Parlamentario del PAN considera que establecer a la familia como sujeto del derecho de vivienda se vuelve evidentemente restrictivo, sobre todo a la luz de los nuevos paradigmas que resultan de las reformas en materia de derechos humanos de 2011.

El ejercicio de un derecho humano nunca debe estar condicionado al estado civil o la situación familiar de la persona. Por ello, consideramos que el derecho a la vivienda debe ser entendido necesariamente como individual, pues recae directamente en el bienestar de cada persona. Ese es uno de los objetivos de esta iniciativa.

Por lo tanto, diputado presidente, y por lo anteriormente expuesto, compañeros legisladores, la presente iniciativa busca modificar la redacción del artículo 4o. constitucional, ya que con estos cambios en la Constitución fijaremos los cimientos para la construcción de una verdadera política de vivienda en nuestro país. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputado Gama Basarte. Se turna a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para dictamen.

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

El diputado Marco Antonio Gama Basarte:

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

LEY GENERAL DE EDUCACIÓN

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Tiene el uso de la palabra, hasta por cinco minutos, para presentar tres iniciativas en una sola intervención, la diputada Lluvia Flores Sonduk, del Grupo Parlamentario del PRD. La primera, iniciativa con proyecto de decreto que adiciona los artículos 21 y 42 de la Ley General de Educación. La segunda, iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 212 de la Ley General de Salud. Y la tercera, iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 5 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal.

La diputada Lluvia Flores Sonduk:Gracias a la Mesa. Con su venia, presidente. Les pido a los diputados y diputadas me tengan un poquito de paciencia porque son tres iniciativas.

Bueno, la primera es en fin del bienestar de la infancia de México, que debe de ser visto como una prioridad. Es por ello que no existen y no deberían de existir excesos en tomar previsiones, las previsiones necesarias para que los menores de edad siempre se encuentren en un ambiente en el que estén protegidos.

Los menores pasan gran parte de su infancia en las aulas, y por ello no basta que se tenga una educación de calidad, sino que además de lo anterior, que sin duda es un punto medular en la enseñanza, también necesitan que las personas con las que convivan sean gente de calidad y psicológicamente analizadas, tanto directivos como maestros, inclusive el personal administrativo.

Lo anterior es así porque lamentablemente hemos conocido algunos casos en los que dentro de las instalaciones de educación se han presentado hechos lamentables, como es el abuso sexual infantil. Circunstancia que sin duda vulnera los derechos más elementales de los infantes y los marca emocionalmente por el resto de sus vidas.

En ese contexto no está de más tomar medidas preventivas para que estos casos dejen de suceder. En mayo pasado la Secretaría de Educación Pública mediante declaraciones de algunas autoridades señalaron que no se cuenta con los protocolos adecuados para actuar en caso de que se presente acoso sexual en las escuelas.

En este sentido se propuso que se establecería una línea telefónica y un buzón escolar para el caso de las escuelas públicas y privadas, solamente en la Ciudad de México. Y para las entidades federativas se propuso establecer diálogo con las autoridades educativas locales, a fin de instruir algún mecanismo para evitar el acoso sexual en las instituciones educativas de todo el país. Sin embargo, no se ha llegado a ningún fin.

Lamentablemente, el interés de las autoridades en tomar decisiones sobre este asunto se deriva del acontecimiento en uno de los kínderes en donde se abusó sexualmente de menores de edad, lo que muestra sin duda alguna la debilidad del sistema educativo; pues no se están tomando las previsiones necesarias para que estos actos atroces no sucedan. Debemos prevenirlos, compañeros y compañeras, no lamentarlos.

Por lo anterior, es necesario hacer un examen psicológico a maestros, directivos y al personal administrativo, tanto en las escuelas públicas como en privadas, a fin de conocer si el personal se encuentra apto para hacer interlocución con los menores, para tener certeza de que estas personas son idóneas y tienen el perfil adecuado para estar con los alumnos y así procurar que los casos de abuso físico y sexual no tengan cabida en las aulas de nuestro país, salvaguardando en todo momento los derechos de las niñas y niños de nuestro país.

Compañeras y compañeros diputados, este podría ser un gran paso en pro de la niñez de nuestro país. En esta propuesta les aseguro que se encuentra el futuro de nuestros niños y niñas.

La segunda iniciativa va en el marco del Día Mundial en contra de la Diabetes. Hay un gran índice de diabetes, obesidad y sobrepeso en nuestro país. Tenemos al menos un gran porcentaje entre los 20 y 79 años que cuentan con estas 3 enfermedades.

En este contexto es evidente que estos tres padecimientos en nuestro país son una realidad de la que no podemos escapar. Hay que tomar medidas preventivas para detener estas enfermedades, que cada día aquejan mayormente a nuestra población y que no se toman las medidas pertinentes y se derivan diferentes enfermedades para toda la población.

La Organización Mundial de la Salud hace una distinción entre lo que son los azúcares libres e intrínsecos, siendo los primeros aquellos que son conocidos en nuestro país como añadidos. O si bien no son añadidos, se encuentran presentes en la miel, jarabes, jugos, concentrados de frutas, entre otros. Mientras que los intrínsecos son aquellos que se encuentran de forma natural en las frutas, verduras. Por tanto, las recomendaciones de ingesta de azúcar realizadas por la OMS hacen referencia a los azúcares libres.

No obstante lo anterior, la legislación en materia de salud de nuestro país no hace alusión a la obligación de los productores, de señalar en los empaques y etiquetas la cantidad de azúcares añadidos que contienen sus productos. Pero no solamente eso, sino que nuestras autoridades han sido permisivas al respecto, sin considerar el grave daño que causa no prevenir el consumo en altos niveles de azúcares entre la población mexicana, que de por sí ya tenemos un grave problema de salud al hablar de los costos que generan este tipo de situaciones.

Compañeros y compañeras, se propone que los industriales tengan la obligación de etiquetar qué tipo de azúcares portan sus productos.

La tercera iniciativa es en razón al desarrollo del turismo, que lo hemos venido degradando en algunas entidades federativas, se ha venido menguando; sin embargo, es tan importante fortalecer, porque sería el desencadenamiento económico de nuestras entidades y de algunos puntos en particular. Pongo el ejemplo de Guerrero, que por diversas situaciones el turismo ha dejado de visitarnos, ha sido menguado, pero una de las razones que podríamos señalar es la cuota de las autopistas, que si nosotros logramos que las autopistas tengan un valor menor, no dudo que el turismo regrese a los puntos que nosotros hacemos referencia para poder seguir visitándonos y puedan generar ingresos para las familias en estas entidades. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputada Flores Sonduk. Túrnese a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para dictamen.

LEY GENERAL DE SALUD

La diputada Lluvia Flores Sonduk:

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Túrnese a la Comisión de Salud, para dictamen.

LEY DE CAMINOS, PUENTES Y AUTOTRANSPORTE FEDERAL

La diputada Lluvia Flores Sonduk:

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Túrnese a la Comisión de Transportes, para dictamen.

Esta Presidencia saluda a alumnos de la licenciatura en Derecho de la Universidad del Golfo de México en Cosamaloapan, Veracruz, invitados por el diputado Francisco José Gutiérrez de Velasco Urtaza. Bienvenidos. Igualmente saludamos a alumnos de la escuela de derecho Ponciano Arriaga, invitados por el diputado Jesús Emiliano Álvarez López. Igualmente bienvenidos.

LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Tiene el uso de la tribuna hasta por cinco minutos el diputado Jose De Jesus Galindo Rosas, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 17 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, suscrita por el diputado Jesús Sesma Suárez y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

El diputado Jose De Jesus Galindo Rosas:Con la venia de la Presidencia. Las condiciones de los servicios que se prestan en las instituciones de salud pública deben mejorarse para que la atención hacia los pacientes sea cada vez de mayor calidad, con un sentido humano acorde a las necesidades de aquellos quienes asisten tanto para prevenir alguno de los padecimientos que aquejan tanto a jóvenes como a adultos, o bien para contar con un tratamiento que les permita recuperar su salud.

Para atender a la población las instituciones públicas encargadas de prestar servicios sanitarios son fundamentales para la sociedad, dada la capacidad de respuesta, cobertura y vocación social, cuya estructura es financiada por el gobierno con fondos públicos.

Actualmente vivimos en un contexto en donde la transparencia y sobriedad en el ejercicio de los recursos financieros gubernamentales forman parte de las demandas de mayor recurrencia entre los ciudadanos, las cuales toman relevancia cuando se trata de áreas prioritarias como lo es el sector salud.

El tema no es menor, pues desafortunadamente actos relacionados con la corrupción han tocado a las nobles instituciones de salud pública en un área tan importante como lo es el mecanismo diseñado para la adjudicación de contratos acordados entre la administración pública y los particulares interesados en surtir medicamentos e insumos a clínicas y hospitales del sistema de salubridad.

Tan solo en 2014 se registraron casos de prácticas indebidas tales como licitaciones amañadas, sobreprecios de medicinas, compras menores a las declaradas, robo de insumos médicos y enriquecimiento ilícito de funcionarios. El conjunto de estos actos provocó pérdidas de dinero público que entre 2012 y 2014 alcanzaron los mil 772 millones de pesos.

La malversación de fondos públicos se observa en diversos ámbitos de la administración pública y en todos los niveles de gobierno, por lo cual el balance entre poder, finanzas y sociedad se ha convertido en uno de los ejes principales para el fortalecimiento de las instituciones y el combate a la corrupción.

Ante este panorama es imperativo lograr que los recursos públicos sean ejercidos de manera transparente privilegiando la eficiencia y la eficacia cuando se trata de recursos gubernamentales dirigidos a proveer de servicios a la sociedad.

Una de las medidas que se tomaron en ese sentido en materia de salud pública, fueron las modificaciones que originaron la Estrategia de Compras Consolidadas, como parte de un proyecto de contención de costos implementado del 2012 en el IMSS, en el ISSSTE y otras instituciones de salud, de manera que se establecieron mecanismos fiscales para detener la fuga de capital público en dichas dependencias.

Como parte del proyecto nacional diseñado para el periodo sexenal 2012-2018, se consideró atacar la problemática en cuanto a la corrupción dentro de las instituciones de salud en particular, y en toda la administración federal en general, de tal manera que en el Plan Nacional de Desarrollo se impulsan medidas que promuevan la transparencia, la eficacia y la eficiencia en las acciones del gobierno central con la intención de generar las condiciones para atender las necesidades de la población por medio del ejercicio responsable de los recursos financieros públicos.

En consecuencia uno de los esfuerzos realizados por el gobierno federal, ha sido el impulso al Esquema de Contrataciones Consolidadas, el cual permite adquirir servicios o productos a precios competitivos y cuyas reglas de operación privilegian las ofertas con mayor calidad y ahorro para el erario público.

Los beneficios de esta estrategia son evidentes; para el 2016 se estimó un monto de 48 mil millones de pesos en la compra consolidada de medicamentos, incrementándose 9 por ciento la adquisición de dichos insumos de las entidades federativas vía este esquema, debido al ahorro que genera de reducción del rezago en cuanto al abasto de medicamentos en las farmacias del Sistema Nacional de Salud.

Considerando los beneficios y la constante participación de las dos instituciones de salud pública con mayor número de cuentahabientes en el Esquema de Compra Consolidada de medicamentos, consideramos incluir en la ley la determinación de adquirir insumos y servicios por dicho medio a fin de combatir la corrupción y desabasto de medicamentos en el IMSS y en el ISSSTE.

El Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista ha trabajado constantemente por la mejora de las condiciones de atención de la salud de los mexicanos, sobre todo en cuanto a la solución del problema de desabasto de medicamentos en las instituciones de salud pública, provocado en parte por la opacidad de quienes los adquieren y los contratos con los distribuidores, por lo que presentamos esta iniciativa que fortalece el Esquema de Compras Consolidadas del Sector Salud en beneficio de la sociedad mexicana. Es cuanto. Gracias.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputado Galindo Rosas. Túrnese a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, para dictamen.

LEY FEDERAL DEL TRABAJO

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Tiene la palabra hasta por cinco minutos, la diputada Norma Xochitl Hernández Colín, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 74, de la Ley Federal del Trabajo.

La diputada Norma Xochitl Hernández Colín:Con su venia, diputado presidente. Propongo ante este Congreso, reforma del artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo, con el objeto que los días de descanso otorgados, motivo de la conmemoración del día 5 de febrero, 21 de marzo y 20 de noviembre establecidos en el ordenamiento legal, no se trasladen de manera automática cuando correspondan a martes, miércoles, jueves, viernes, sábado o domingo al lunes siguiente, con la finalidad de tener días de descanso continuo, en virtud de que este acto le resta relevancia al valor histórico y al hecho acontecido en el pasado, generando que las personas identifiquen las fechas de sucesos relevantes sólo por puentes de descanso otorgados.

Cabe hacer mención que se celebran en las fechas, motivo por los cuales se otorgan los días de descanso. El 5 de febrero se promulga nuestra Constitución bajo la cual nos regimos, el 21 de marzo se conmemora el natalicio de don Benito Juárez García, quien aportó las reformas constitucionales, entre ellas la más importante, la separación de los bienes públicos y el clero, y el 20 de noviembre, en donde nada más ni nada menos se conmemora la Revolución Mexicana, la cual representa una lucha en contra del orden establecido considerada como el acontecimiento político más importante en el siglo pasado.

Es momento de frenar esta práctica que se ha convertido en costumbre sin raíces, de actos que van matando lentamente el interés por los hechos importantes de carácter histórico que forman parte de nuestro patrimonio cultural.

Me pregunto, ¿En qué momento se perdió el interés por involucrarnos en nuestra propia cultura?

En los hechos del pasado que influyeron en lo que hoy es nuestro presente, mexicanas y mexicanos, les hago un llamado: despierten, valoren lo único que no nos pueden arrancar, porque forma parte de nosotros, porque nos identifica, nos une y nos representa, por el simple hecho de formar parte de nuestras raíces, ya que estos sucesos relevantes llamados efemérides simbolizan nuestra patria, quiénes somos, conformando nuestra cultura, por lo que no debemos permitir que estas fechas celebres se identifiquen solo como días de descanso continuo, menoscabando el valor del suceso relevante, motivo por el cual se otorga este día de descanso.

En otro orden de ideas, en la Gaceta existe inscrito un punto de acuerdo, mediante el cual se solicita se instrumente la declaratoria de alerta de violencia de género para la Ciudad de México. Dicha solicitud ya se realizó por parte de nuestro instituto político en la ciudad, representado por el licenciado Martí Batres. El tema también se encuentra en discusión en la Asamblea Legislativa. Y solicito a esta Mesa y a este Congreso, también a las comisiones correspondientes, se le dé la celeridad y la importancia a este tema. Es cuanto.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputada Norma Xochitl Hernández Colín. Túrnese a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, para dictamen.

La diputada Alicia Barrientos Pantoja(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: A ver, sonido en la curul de la diputada Alicia Barrientos. Adelante.

La diputada Alicia Barrientos Pantoja (desde la curul): Gracias, diputado. Nada más para pedirle a la diputada Norma Xóchitl que nos permita, como grupo parlamentario, suscribirnos a su iniciativa y punto de acuerdo que está presentando el día de hoy, ¿sí? Muchas gracias.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: La diputada está de acuerdo. Está a su disposición aquí en la Mesa Directiva, en el área de la Secretaría.

LEY FEDERAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO, REGLAMENTARIA DEL APARTADO B) DEL ARTÍCULO 123 CONSTITUCIONAL

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, la diputada María Candelaria Ochoa Avalos, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un artículo 16 Bis a la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B del Artículo 123 Constitucional.

La diputada María Candelaria Ochoa Avalos:Gracias. Buenas tardes. Hay muchos casos en los que las personas deben moverse de lugar en el que habitan. Y es necesario garantizar ese derecho para las trabajadoras del Estado, y los trabajadores.

Poder trasladarse a otras poblaciones sin perder su empleo es facilitar los procedimientos administrativos que les permiten aplicar a vacantes que el trabajador o la trabajadora consideren mejores en su desarrollo profesional o en su calidad de vida. Ejemplos específicos y sobresalientes de ello es cuando están de por medio la salud y la familia.

El Estado, a través de sus dependencias, debe garantizar el derecho de traslado, pues el empleo debe ser una actividad que garantice el bienestar y no ser una traba o fuente de enfermedades y padecimientos.

Otro factor por el que las personas pueden necesitar trasladarse, que nos resulta particularmente importante, es el relacionado a la reagrupación familiar. Como ya se ha expresado, la movilidad es un proceso natural de desarrollo profesional, pero que puede implicar la separación de la familia o el sacrificio profesional y laboral de otros miembros de la misma.

Muchas veces el traslado de los miembros de la familia a una población diferente de aquella en la que se encuentra el resto, puede implicar que ésta se separe o que otro miembro renuncie a su empleo y es regularmente las mujeres a quienes les sucede esto.

Por ello presento esta iniciativa, para no sacrificar el desarrollo profesional de ninguno de los integrantes de la familia, y garantizar la unión de la misma. Sin duda el desarrollo profesional debe estar acompañado de la igualdad de oportunidades para todos, por lo que el crecimiento individual debe darse sin menoscabo de otros de sus integrantes.

En este sentido, es importante que el Estado garantice a través de sus dependencias el traslado de sus empleados y empleadas a otras poblaciones, cuando exista la posibilidad de reagrupación familiar. La defensa de la familia tiene que ver con una política de Estado, por eso en este caso les estoy proponiendo que hagamos y que tengamos mecanismos para ello.

No olvidemos que la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su artículo 16, numeral 3, establece que la familia tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado, no de acciones de fe, sino de política pública. Las redes de apoyo, el cariño y la convivencia familiar son alicientes para el buen desempeño laboral y procurarlo es una tarea que el Estado debe asumir como parte de su estructura, pues habla de un Estado democrático y del respeto y fomento a los derechos humanos.

Ante este panorama, que el Estado garantice el traslado de sus trabajadoras y trabajadores a otras locaciones para mantener la unión o lograr el reencuentro familiar, es una forma de cumplir con lo establecido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, de la que nuestro país es adherente, y con lo establecido por la Comisión Nacional de Derechos Humanos cuando se refiere al derecho a la protección de la unidad familiar.

A eso nos referimos cuando hablamos de igualdad de oportunidades, a políticas de igualdad para hombres y mujeres. Muchas gracias.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Muchas gracias, diputada María Candelaria Ochoa Avalos. Túrnese a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, para dictamen.

LEY DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, la diputada Karina Sánchez Ruiz, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 6o., 9o. y 10 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.

La diputada Karina Sánchez Ruiz:Jamás un hombre es demasiado viejo para recomenzar su vida y no hemos de buscar que lo que fue le impida ser lo que es o lo que será. Miguel de Unamuno.

Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores, me dirijo a esta honorable asamblea para presentar la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, cuya finalidad es incorporar el concepto de calidad de vida en el texto de la ley.

Para Nueva Alianza es fundamental promover la igualdad, la libertad y la dignidad de las ciudadanas y los ciudadanos, especialmente cuando pertenecen a un grupo vulnerable, como es el caso de las personas adultas mayores.

De acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas, se considera como anciano a la persona mayor de 65 años para los países desarrollados y de 60 años para los países en desarrollo, como es el caso de México. El avance de la ciencia ha hecho que la esperanza de vida se eleve en todo el mundo de 46 años en 1950 a 68 años en el 2010.

La Organización Mundial de la Salud menciona que desde el año 2000 la esperanza de vida ha registrado avances espectaculares. En este sentido, las cifras de la Organización Mundial de la Salud resultan muy reveladoras: entre 2015 y 2050, el porcentaje de los habitantes del planeta mayores de 60 pasará del 12 al 22 por ciento.

Se calcula que para 2020 el número de personas mayores de 60 años será superior al de niños menores de cinco años. En 2050, el 80 por ciento de las personas mayores vivirá en países de ingresos bajos y medianos, la pauta de envejecimiento de la población es mucho más acelerada que en el pasado y se prevé que la expectativa de vida vaya en incremento, llegando hasta los 81 años para fines del siglo XXI.

En México, el porcentaje de adultos mayores para el año 2016 representa aproximadamente el 10.4 por ciento del total de la población, hay más personas mayores de 60 años que menores de 4 años.

El Consejo Nacional de Población prevé que para 2030 las personas de 60 años y más representarán el 14.8 por ciento del total de la población, es un hecho que estamos ante una transición demográfica, tanto en México como en el mundo.

Es urgente tomar medidas para garantizar la calidad de vida que las personas adultas mayores de nuestra edad merecen. Vivimos en una sociedad que enaltece y valora lo inmediato y lo desechable.

Este modo de entender la vida hace que los adultos mayores sean sujetos de abusos, maltratos y sobre todo discriminación. En Nueva Alianza estamos decididos a cambiar su realidad, nuestros adultos mayores no son un desecho y mucho menos un estorbo. Ese es el mensaje que queremos dar.

En Nueva Alianza buscamos incorporar a la población de más de 60 años o más en la vida social y hacerlos parte del desarrollo, valorar su experiencia, incorporarlos a la vida laboral, si así lo desean, y brindarles la calidad de vida a la que ellos tienen derecho.

Existen instrumentos internacionales, como la Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento, Los principios de las Naciones Unidas en favor de las personas de edad, y la Declaración Política y Plan de Acción Internacional de Madrid sobre el Envejecimiento, los cuales buscan proteger y reconocer el valor de las personas de edad dentro de la sociedad y su importante contribución al proceso de desarrollo.

Tenemos que entender el envejecimiento como una oportunidad, como un tiempo para emprender nuevas actividades, realizar estudios, retomar aficiones o dedicarse a la familia y a la comunidad.

No somos ingenuos, entendemos que para que esto sea posible es necesario garantizar la salud, que de acuerdo a la OMS es un estado de completo bienestar físico, mental y social y no meramente la ausencia de enfermedades.

En Nueva Alianza somos conscientes del reto que implica conseguir un envejecimiento pleno. Por este motivo hemos considerado pertinente integrar el concepto de calidad de vida en la legislación de los derechos de las personas adultas mayores, dado que es un concepto mucho más amplio y adecuado para la efectiva protección de este grupo de población.

Compañeras y compañeros legisladores, más temprano que tarde nos enfrentaremos a esta etapa de la vida. Empecemos a entender a la vejez desde otro punto de vista, reivindiquemos el valor de la experiencia, es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputada Karina Sánchez Ruiz. Túrnese a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, para dictamen.

CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, la diputada Mariana Benítez Tiburcio para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales, suscrita igualmente por el diputado César Camacho Quiroz, del Grupo Parlamentario del PRI.

La diputada Mariana Benítez Tiburcio:Con su permiso, señor presidente. Honorable asamblea, México es un gran mosaico milticultural cuya grandeza se encuentra fincada en una enorme variedad de pueblos y comunidades indígenas o grupos etnolingüísticos con civilizaciones y forma de organización muy anteriores a la conquista española.

Como bien sabemos, estos pueblos son poseedores de la sabiduría milenaria que como mexicanas y mexicanos aun recorren nuestras venas. Sin duda, nuestra raíz indígena enriquece a la cultura e historia mexicana y es un factor de nuestro desarrollo económico, intelectual, moral y espiritual.

Es por ello que la transformación legislativa, a través de la cual estamos adaptando al Estado mexicano a las nuevas realidades que enfrenta el país, en aras de su progreso y bienestar, debe mantenerse siempre presente el principio de inclusión social y asegurarse de que todo derecho enmarcado en nuestra Constitución contenga la cosmovisión para enaltecer a nuestros pueblos y comunidades indígenas.

De acuerdo con la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, CDI, hay poco más de 10 millones de personas indígenas distribuidas en nuestro país, siendo Oaxaca, Chiapas, Veracruz y Yucatán los estados con mayor concentración de esta población.

Dentro de estos grupos etnolingüísticos se hablan 62 idiomas distintos, siendo el náhuatl, el maya, el zapoteco y el mixteco los más hablados en México. Estas cifras no solo revelan la importancia de la población indígena en México, sino también la obligación del Estado mexicano de garantizar sus derechos y preservar la diversidad en un mundo cada vez más globalizado.

Nuestra Constitución, en aras de proteger y reconocer los derechos de los pueblos indígenas, contempla en su artículo 2o. tres derechos de gran importancia para estas comunidades: el derecho a la cultura e identidad, el derecho a la libre determinación y el derecho de acceder plenamente a la jurisdicción del Estado.

Desafortunadamente, en el día a día de nuestros conciudadanos indígenas la titularidad de estos derechos no ha sido suficiente para garantizar el acceso a la justicia. La realidad es que cuando una persona indígena es parte de un procedimiento penal, este no contempla su idiosincrasia ni lengua diversa al español; lo que le deja en desventaja frente a la contraparte no indígena, convirtiendo los elementos culturales y lingüísticos en diferencias sustanciales que impiden su acceso efectivo a la justicia estatal.

Considero que este es un factor importante que ha contribuido a perpetuar las condiciones de pobreza, injusticia, discriminación, marginación y vulnerabilidad, que históricamente han limitado el desarrollo de nuestros pueblos indígenas, así como el de sus habitantes.

Ante esta problemática y debido al proceso de transición y transformación que sufre nuestro país en materia procesal penal, hoy tenemos la gran oportunidad de salvaguardar el derecho constitucional de los pueblos y comunidades indígenas de acceder plenamente a la jurisdicción del Estado, de acceder a la justicia.

Es por estas razones que hoy presentamos ante esta altísima tribuna para proponer una iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales, respecto al procedimiento especial para pueblos y comunidades indígenas, con el objetivo de asegurarnos de que la reforma en materia procedimental penal contemple la inclusión de derechos específicos de las personas indígenas, para que por primera vez no queden al margen de estos cambios normativos y de esta forma garanticemos el pleno goce de sus derechos. Es importante hacer hincapié de que no se trata de ninguna concesión sino de elemental justicia.

El Estado mexicano debe dar cabal cumplimiento a los compromisos internacionales suscritos en materia de derechos indígenas, también ya establecidos en nuestra Constitución en su artículo 2o., como el derecho de los pueblos a preservar y enriquecer sus lenguas, conocimientos y todos los elementos que constituyan su cultura e identidad.

Para lo cual, el Estado debe garantizar a cualquier indígena que participe en un proceso penal un defensor o asistente jurídico que conozca su idioma o tradiciones, quien deberá asistir a la víctima o al imputado desde la notificación o presentación de la denuncia, hasta la conclusión de procedimiento penal.

Respetuosamente esta tarde pongo a consideración esta iniciativa, cuyo fin primordial es cerrar aún más las diferencias que como mexicanos aún nos separan. Confío plenamente en que este es un asunto que nos une y a muchos que provenimos de estados con alta población indígena nos compromete.

Hoy tenemos la enorme oportunidad de actuar a favor de ese México profundo, fuente de orgullo, pero también de complejidad política y social que ha caracterizado a nuestro país. Hoy podemos dar un paso adelante en la consolidación del nuevo sistema de justicia penal, vanguardista como el de las sociedades multiculturales más avanzadas, que efectivamente sea garante de derechos y congruente con los principios democráticos del Estado mexicano. Muchas gracias.

Presidencia del diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano

El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Gracias, diputada Benítez. Túrnese a la Comisión de Justicia, para dictamen.

La diputada Natalia Karina Barón Ortiz(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Sonido en la curul de la diputada Karina Barón.

La diputada Natalia Karina Barón Ortiz (desde la curul): Sí, presidente. Pedirle a la diputada Mariana Benítez, paisana, de Oaxaca, si me permite suscribir ésta tan importante iniciativa.

El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Diputada Benítez, hay una solicitud de adhesión.

La diputada Mariana Benítez Tiburcio (desde la curul): Sí, adelante.

El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Acepta. Queda a su disposición en la mesa de la Secretaría como es costumbre.

La diputada Cynthia Gissel García Soberanes (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Sonido en la curul de la diputada Cynthia Gissel.

La diputada Cynthia Gissel García Soberanes (desde la curul): Presidente, buenas tardes. Para pedirle a nuestra compañera Mariana Benítez, si nos permite adherirnos a esta tan importante iniciativa. Gracias y felicitaciones.

El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Si la diputada da su anuencia, queda a su disposición en la mesa de la Secretaría de esta Presidencia.

La diputada Mariana Benítez Tiburcio (desde la curul): Adelante.

El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Tiene la palabra, por cinco minutos, la diputada Brenda... A ver, perdón.

El diputado Vitalico Cándido Coheto Martínez (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Sonido en la curul del diputado Cándido Coheto.

El diputado Vitalico Cándido Coheto Martínez (desde la curul): Para pedirle a la diputada Mariana Benítez si nos permite suscribir esta importante iniciativa.

El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: La diputada ha dado su aceptación. Queda a su disposición en la mesa de esta Secretaría para la adhesión correspondiente.

DECLARA EL 12 DE NOVIEMBRE DE CADA AÑO, “DÍA NACIONAL DE LA CULTURA”

El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Tiene la palabra por cinco minutos la diputada Brenda Velázquez Valdez, del Grupo Parlamentario del PAN, para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se declara el 12 de noviembre de cada año Día Nacional de la Cultura.

La diputada Brenda Velázquez Valdez:Buenas tardes. Con su venia, diputado presidente. Compañeras y compañeros legisladores. México es reconocido por su riqueza cultural y por su patrimonio artístico exquisito con un sello distintivo que provee México a todo el mundo.

La riqueza cultural de México es milenaria y es influencia para la construcción de las obras modernas de arquitectura e ingeniería. En literatura México no se queda atrás, pues las grandes obras de escritores como Octavio Paz, Carlos Fuentes, Juan Rulfo y Rosario Castellanos, entre muchos y muchos otros, brindaron un patrimonio cultural que ha venido a engrandecer el nombre de nuestro país.

En la pintura también nos podemos sentir orgullosos. Obras del muralismo mexicano como las de Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros o José Clemente Orozco, que han dado un sentido de pertenencia a todos los mexicanos.

Sin ánimo de parecer excluyente, en México durante su historia ha habido hombres que ha aportado muchísimo a nuestro país, sin embargo nadie como Sor Juana Inés de la Cruz, pues en un mundo en que la mujer no era tomada en cuenta y no contaba con los recursos para desarrollarse de manera plena, ella, con disciplina y amor por las artes, consiguió la posición intelectual más sobresaliente para una mujer en su tiempo y con todo en contra.

Sor Juana, mujer de época y de épocas, trasciende a los siglos por su arte, prosa y acción, pues ella buscó huir del paradigma imperante de su tiempo e hizo algo distinto. Se adentró en el conocimiento y buscó por todos los medios a su alcance zambullirse en la cultura de la época consiguiendo trascender y acrecentar de manera contundente y logró hacer que el alma de las mujeres pudiera tener un escaparate hacia el arte.

Por estas razones fundamentales, es que propongo ante esta soberanía que se decrete un día nacional de la cultura con el objetivo de que México tenga una fecha en que el Estado deba organizar una fiesta cultural de manera anual, una fecha en que todas las instancias de gobierno y particulares, se coordinen para mostrar nuestra riqueza cultural.

Propongo que la Secretaría de Cultura sea la dependencia encargada de coordinar con las demás instancias gubernamentales de los tres órdenes de gobierno los festejos por el día nacional de la cultura, en términos de lo dispuesto en el artículo 41 Bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, sin omitir que el Poder Judicial y el Poder Legislativo deberán participar de manera activa en la implementación de los festejos del día nacional de la cultura.

Compañeras y compañeros, decretar el día nacional de la cultura el 12 de noviembre de cada año, significa un homenaje para todos y cada uno de los artistas que en un momento dado de su vida han tenido que sortear obstáculos, desde políticos, sociales o económicos para poder expresarse en su arte.

Sor Juana Inés de la Cruz es el ejemplo de cómo la fuerza y la voluntad de expresar nuestra sensibilidad, puede romper los diques sociales que reprimen y amaran al ser humano. Un gran ejemplo de mujer de la que aún hay mucho que aprender y a la que hoy quiero honrar con esta iniciativa. Muchas gracias.

El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Gracias, diputada Velázquez. Túrnese a la Comisión de Gobernación, para dictamen.

Esta Presidencia les da la más calurosa bienvenida a los alumnos de la Facultad de Estudios Superiores, de Acatlán, invitados por el diputado Alejandro Juraidini Villaseñor. Sean ustedes bienvenidos.

LEY GENERAL DE PESCA Y ACUACULTURA SUSTENTABLES

El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Tiene la palabra hasta por cinco minutos la diputada Natalia Karina Barón Ortiz, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y deroga diversas disposiciones de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentable.

La diputada Natalia Karina Barón Ortiz:Con su permiso, señor presidente. La presente iniciativa que reforma y deroga diversas disposiciones de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentable, tiene por objeto establecer periodos específicos para que la autoridad responsable actualice los registros estatales y nacionales de pesca y acuacultura, y en caso de no hacerlo, fincar la responsabilidades pertinentes a los servidores públicos que incurran en la falta, cuestión que actualmente no sucede.

Necesitamos hacer el registro nacional de pesca y acuacultura, de él hacer una herramienta confiable y sobre todo eficaz, tanto para ordenar las actividades pesqueras y evitar la pesca ilegal, como para lograr que las y los pescadores puedan acceder a los apoyos que la Federación otorga a este sector.

Una oportuna actualización de los registros va a derivar una adecuada regulación, y en el acceso ordenado de miles de pescadores a programas y apoyos federales, mismos que los pondrán en condiciones de poder explotar todo su potencial y resolver los ingresos necesarios de sus familias.

La pesca es una de las principales actividades económicas en todo el mundo, y su importancia es fundamental en el desarrollo económico de cualquier país que cuente dentro de su territorio con zonas litorales, ríos, lagos, lagunas y esteros.

No obstante su relevancia, todos los lo que nos relacionamos con este sector sabemos que este sector se encuentra abandonado, descapitalizado y en desorden, y peor todavía en todos lados, son verdaderas mafias quienes controlan las pesquerías, mantienen el monopolio y no permiten, bajo ninguna circunstancia abrir el registro a nuevas concesiones

Mentira que el problema sea el agotamiento de los recursos pesqueros a explotar. Lo real es que dichos recursos están a disposición exclusiva de mafias establecidas desde hace muchos años.

Ejemplifico lo que pasa en mi estado, Oaxaca, aunque sabemos que lo mismo ocurre en todas las zonas pesqueras del país, en Oaxaca tenemos un número aproximado de 10 mil personas que se dedican a la pesca ribereña, sin embargo, formalmente sólo existen 450 permisionarios y no hay forma de abrir el registro para nuevos pescadores.

No obstante que la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables obliga tanto a las autoridades federales como a las autoridades estatales, a mantener abierto el registro de manera permanente.

Resulta increíble, por ejemplo, que el gobierno federal no amplíe el apoyo de los programas, porque además de no contar con un registro real y actualizado, pretexte que los pescadores no se constituyen legalmente y por eso no pueden fungir como beneficiarios de los programas federales.

Entonces, el pescador no cuenta con los apoyos institucionales por no estar registrado, y no se registra por que las autoridades responsables no se lo permiten.

Lo anterior podría subsanarse si la autoridad federal emprendiera acciones destinadas a integrar a todos esos pescadores en el Registro Nacional, constituyendo medidas administrativas simplificadas para que todas las personas que decidan dedicarse a la pesca en el estado y en cualquier otra parte del país puedan acceder a los apoyos.

Son justamente estas debilidades de la ley las que nos proponemos subsanar con la presente iniciativa de reforma, por lo que pido el apoyo respetuoso de todos los grupos parlamentarios para su aprobación. Tenemos que ser muy firmes, la pesca tiene que salir del naufragio en el que se encuentra desde hace muchos años. Muchas gracias.

El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Gracias, diputada Barón. Túrnese a la Comisión de Pesca, para dictamen.

Esta Presidencia les da la bienvenida a los alumnos de la Universidad Autónoma del Estado de México, Facultad de Economía, invitados por la diputada Claudia Sánchez Juárez. Sean ustedes bienvenidos.

La diputada Eva Florinda Cruz Molina (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Sonido en la curul de la diputada Eva Cruz.

La diputada Eva Florinda Cruz Molina (desde la curul): Diputada Karina Barón, unirnos a su, ahora sí a su iniciativa porque es de mucha importancia para el estado de Oaxaca.

El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: ¿Diputada?

La diputada Natalia Karina Barón Ortiz (desde la curul): Por supuesto que sí. Gracias.

El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Acepta. Queda a su disposición, diputada, en la mesa de esta Secretaría.

El diputado Vitalico Cándido Coheto Martínez (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: El diputado Cándido Coheto. Sonido, por favor.

El diputado Vitalico Cándido Coheto Martínez (desde la curul): Para pedirle a la diputada Karina si nos permite suscribir su iniciativa. Gracias.

El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: La diputada da su anuencia. Queda a disposición en esta mesa.

LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado Renato Josafat Molina Arias, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 23, 45 y 122 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Y otra iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Tiene hasta siete minutos para hacerlo, diputado.

El diputado Renato Josafat Molina Arias:Gracias, señor presidente. Históricamente el Poder Legislativo permaneció subordinado al Ejecutivo, así aconteció desde los primeros años de vida independiente y hasta finales del siglo XX. Así, en 1997 el PRI pierde la mayoría absoluta que había detentado en esta Cámara, lo cual fue un acontecimiento que dio lugar a un cambio radical en la correlación de las fuerzas políticas que se encontraban aquí representadas, y como consecuencia de ello el cambio de rol que había tenido este Congreso, el cual pasó a jugar un papel protagónico en el escenario de la vida política nacional.

Por la preeminencia existente del Ejecutivo sobre el Legislativo, los controles parlamentarios establecidos en el texto constitucional para fiscalizar al Ejecutivo no fueron eficaces para tal fin. En gran medida la mayoría parlamentaria absoluta que detentaba el Partido del titular del Ejecutivo en ambas Cámaras fue uno de los principales obstáculos que impidieron el adecuado funcionamiento de dichos controles.

Ahora la labor del Legislativo se ha redimensionado, el Legislativo ha pasado a ser un verdadero contrapeso al Ejecutivo al dejar de estar subordinado a éste, y por el contrario, ahora ejercer verdaderamente mecanismos de control parlamentarios que años antes se pensarían imposibles.

Muchos de los controles parlamentarios formal y materialmente no corresponden a una función legislativa. Sobre el particular cabe precisar que la división de Poderes establecida por la Constitución federal no corresponde a un sistema rígido e inflexible, puesto que admite excepciones consignadas en el propio texto constitucional y en otros ordenamientos que permiten a cualquiera de los Poderes ejercer funciones que en términos generales corresponden a la esfera de atribuciones de otro.

En el caso del marco jurídico del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y de sus Cámaras, donde encontramos disposiciones relativas a las denominadas proposiciones con punto de acuerdo, la cuales son definidas como propuestas que los legisladores ponen a consideración del pleno que no constituyen iniciativas de ley, sino pronunciamientos sobre asuntos políticos, culturales, económicos o sociales que afectan a una comunidad o grupo particular para formular algún pronunciamiento, exhorto o recomendación.

Evidentemente las referidas proposiciones con punto de acuerdo constituyen una especie de control parlamentario al tener por finalidad exhortar o recomendar a las autoridades las que se dirigen, para que hagan, dejen de hacer, modifiquen algún acto concreto o actividad, o para que cumplan con ciertas obligaciones que les corresponden. Sin embargo, dicho control carece de eficacia por la razón de que dichas proposiciones con punto de acuerdo no tiene carácter vinculante.

Peor aún, simplemente las mismas pueden o no recibir alguna respuesta por parte de la autoridad a la que se dirigen, y en su caso la respuesta se emite dentro del plazo que discrecionalmente considere la autoridad, que puede llegar a ser de meses.

Cruzando información del sistema de información legislativa de la Secretaría de Gobernación y de la Dirección General de Apoyo Parlamentario de la Secretaría de Servicios Parlamentarios de esta Cámara, en la presente LXIII Legislatura del Congreso, hasta finales de octubre pasado, se han aprobado 814 propuestas con punto de acuerdo, presentadas por diputados ante la propia Cámara de Diputados y ante la Comisión Permanente, de las cuales 206 son las que han recibido respuesta por parte de la autoridad federal, lo cual quiere decir que poco más de 600 no han recibido respuesta, o bien no se tiene información sobre la misma, considerando las propuestas con punto de acuerdo que son dirigidas a órganos constitucionales autónomos, a gobiernos de entidades federativas o municipales.

Por ello se requiere transparentar todas las propuestas que la Cámara de Diputados reciba a propuestas con puntos de acuerdo, sistematizar dicha información y que la misma pueda ser consultada de manera fácil y sencilla por cualquier ciudadano.

Las presentes iniciativas surgen como respuesta a las omisiones de diversas autoridades de orden federal, estatal y municipal, en cuanto a las respuestas o puntos de acuerdo que deberían enviar a esta soberanía.

A manera de ejemplo, el de la voz promovió un punto de acuerdo, el cual fue aprobado en marzo pasado por la comisión correspondiente en los siguientes términos:

Único. La Cámara de Diputados solicita a la Consejería Jurídica y de Servicios Legales del Gobierno de la Ciudad de México un informe pormenorizado sobre la situación jurídica y social que guarda el predio ubicado en Canal Nacional y Calzada la Virgen, lotes 1 y 2 de la manzana 2, en la colonia Unidad CTM Culhuacán, en la delegación Coyoacán, así como proporcionar un listado de predios propiedad del Gobierno de la Ciudad destinados para canchas deportivas, atendiendo las reservas que les sean aplicables por la legislación, transparencia y protección de datos personales.

Lo anterior, en virtud de que el Gobierno de la Ciudad dejó perder el predio mencionado en un juicio de prescripción positiva. Al día de hoy, los invasores de este predio, por la desatención del Gobierno de la Ciudad lo están ofertando en un periódico, solicitando la cantidad de 94 millones de pesos, por los más de 6 mil metros cuadrados que tiene de superficie, cuando la vocación de este predio había sido siempre pública, para ser utilizada por la población, principalmente para niñas y niños para deporte.

Por lo anterior, es urgente que el jefe de gobierno y el actual consejero jurídico realicen las acciones correspondientes para la recuperación del predio, pues está coartando el derecho de las niñas y los niños para que ejerzan su derecho humano a la práctica del deporte.

Otros ejemplos se presentaron con puntos de acuerdo, promovidos por el de la voz, y aprobados en comisiones permanentes del pasado receso, por medio de los cuales se requería a autoridades capitalinas de la Secretaría de Desarrollo Social atender la problemática que enfrentan trabajadoras de las unidades de atención y prevención de violencia familiar, que están siendo acosadas laboralmente y reubicadas de su centro de trabajo sin justificación alguna, sin que hasta la presente fecha se haya recibido alguna respuesta a todos estos puntos de acuerdo.

En estos casos, coincidentemente el servidor público involucrado es el señor Jesús Rodríguez Núñez, actual director general de Igualdad y Diversidad Social de la Sedesol de la Ciudad de México, y anteriormente director general de Servicios Legales de la Consejería Jurídica capitalina.

Compañeras diputadas, compañeros diputados, con las iniciativas que pongo a su consideración se pretende que si en un término de 30 días naturales, a partir de su notificación, no se recibe respuesta al punto de acuerdo, el promovente del mismo pueda solicitar al presidente de la Mesa Directiva le requiera nuevamente a la autoridad correspondiente la atención al punto de acuerdo, otorgando para esto un plazo de 15 días naturales adicionales, si al término de dicho plazo no hubiera respuesta, de igual forma el promovente del punto de acuerdo podrá solicitar a la Presidencia de la Mesa Directiva recurrir, en una queja oficial, ante la autoridad que fue omisa en dar respuesta a esta soberanía.

Compañeras, por lo anterior, en aras de fortalecer a este Poder Legislativo, les solicito su apoyo a estas iniciativas, considerando además que con ellas todas las fuerzas políticas se verán beneficiadas, incluidas quienes ahora son mayoría en esta Cámara, que a partir de 2018 seguramente serán oposición al gobierno que encabezará Morena, el cual atendiendo a su vocación democrática dará respuesta oportuna a las propuestas con punto de acuerdo que aquí se aprueben, dentro del marco legal que ahora les propongo. Es cuanto, señor presidente. Gracias.

El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Gracias, diputado Molina. Túrnese a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias para su dictamen.

REGLAMENTO DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS

El diputado Renato Josafat Molina Arias:

El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Túrnese a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias para su dictamen.

Sonido a la curul del diputado Cuitláhuac García.

El diputado Cuitláhuac García Jiménez (desde la curul): Solo para solicitarle al promovente si nos podemos adherir a sus dos iniciativas los diputados de Morena.

El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: El diputado Molina da su anuencia. Queda a su disposición en la mesa de esta Secretaría para ese fin.

LEY DE BIOSEGURIDAD DE ORGANISMOS GENÉTICAMENTE MODIFICADOS

El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Tiene la palabra, por cinco minutos, el diputado Salvador Zamora Zamora, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley de Seguridad de Organismos Genéticamente Modificados. Adelante, diputado.

El diputado Salvador Zamora Zamora:Gracias, señor presidente. La semilla de maíz transgénico es un producto de laboratorio patentado con una marca propiedad de una empresa agroalimentaria mundial, de las cuales existen varias a nivel internacional y con actividades en nuestro país. Sin embargo, a nivel global muchos países ya han alertado respecto de los riesgos en el consumo de semillas genéticamente modificadas.

Existen ejemplos de países que prohíben el ingreso de maíz transgénico, otros con situaciones de afectación a la salud por el uso de este tipo de semillas y herbicidas que han ocasionado defectos en el nacimiento de formaciones del cerebro, lesiones neurológicas y fertilidad entre otros.

El supuesto atractivo de estas semillas es la resistencia mayor a plagas y otros plaguicidas por haberles sido modificado su ADN con bacterias de virus, de vegetales, de animales y hasta del ser humano, implementos o mejoras que no son naturales.

Nuestra función como legisladores es salvaguardar la salud y la buena alimentación de nuestros representados. En marzo del año 2005 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados, con el objeto de regular las actividades de liberación experimental, liberación en programa piloto, liberación comercial, comercialización, importación y exportación de organismos genéticamente modificados.

Lo anterior con la finalidad de prevenir, evitar y reducir los posibles riesgos que estas actividades puedan ocasionar a la salud, al medio ambiente y a la biodiversidad biológica, sanidad animal, vegetal y acuícola.

Es por ello, y con el objeto de darle mayor transparencia y legitimidad a los actos que emita la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados, se propone la reforma a los artículos 2, fracción XIV; 19, fracción IIII; 21, 24, 101, primer párrafo; y 121, segundo párrafo, de la Ley de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados, para garantizar la participación pública de otras dependencias, representantes ciudadanos y miembros del Consejo Consultivo, con derecho a voz y voto en la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados.

Y previo a que la Secretaría de Salud haya comprobado la inocuidad y que no existen riesgos a la salud por productos que contengan dichos organismos modificados, se solicite opinión de las asociaciones y miembros de este sector social productivo. Por su atención, muchas gracias, compañeras y compañeros diputados. Muchas gracias, señor presidente.

El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Gracias, diputado Zamora. Túrnese a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para su dictamen.

LEY DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL

El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Tiene la palabra hasta por cinco minutos el diputado Mariano Lara Salazar, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 33 y 72 de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal.

El diputado Mariano Lara Salazar:Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores, me dirijo a esta asamblea para presentar la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 34 y 72 de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal.

Lo anterior, con la finalidad de terminar con una práctica que se ha aprovechado y utilizado por los titulares de las dependencias para designar al personal con nombramientos temporales para ocupar un puesto, una vacante o una plaza de nueva creación sin la necesidad de sujetarse a los procedimientos que establece la misma ley.

Esta práctica, siendo una excepción de la ley, se encuentra establecida en el artículo 34 y se ha convertido en lo habitual, consiguiendo pervertir el principal interés que se buscaba.

Hace más de diez años fue publicada la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la administración pública federal, así se creó el sistema del Servicio Profesional de Carrera como un mecanismo para garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso a la función pública, basándose en el mérito y la capacidad de sus aspirantes.

Lamentablemente, el objeto primordial de esta ley ha sido pervertido, ya que la redacción de un artículo en particular ha dado a que se aproveche la discrecionalidad que la ley permite para la designación de personal durante la última etapa del proceso, lo que ha restado imparcialidad y certidumbre.

El citado artículo 34 establece que en casos excepcionales y cuando peligre o se altere el orden social, los servicios públicos, la salubridad, la seguridad o el ambiente de alguna zona o región del país, como consecuencia de desastres producidos por fenómenos naturales, por caso fortuito de fuerza mayor o existan circunstancias que puedan provocar pérdidas o costos adicionales o importantes.

Los titulares de las dependencias o el oficial mayor respectivo u homologo, bajo su responsabilidad podrán autorizar el nombramiento temporal para ocupar puesto, una vacante o una plaza de nueva creación considerando para ser ocupado por cualquier servidor público sin necesidad de sujetarse al procedimiento de reclutamiento y selección a que se refiere esta ley.

A pesar de que la propia ley señala que el nombramiento será temporal, es decir, con un límite de hasta 10 meses, se da a los elegidos una ventaja de aprender las funciones del puesto y de este modo obtener los mejores resultados en el concurso, lo que evidentemente va en contra del espíritu de la norma y de los principios de legalidad, eficiencia, objetividad, calidad, imparcialidad, equidad, competencia por mérito y equidad de género, establecidos en el último párrafo del artículo 2 de la propia ley.

De acuerdo con el doctor José Luis Méndez, especialista en el Servicio Profesional de Carrera, el uso recurrente del artículo 34, provocó que en el año, entre 2004 y 2012, la mitad de los aproximadamente 40 mil concursos con ganador estuvieran relacionados con el hecho de que el funcionario fuera nombrado en el cargo previo al concurso, es decir, por designación directa.

Precisamente por este motivo, propongo que cada dependencia federal elabore y publique un catálogo de las posibles situaciones en las cuales pudiera encontrarse en la necesidad de recurrir al uso del artículo 34 y de este modo terminar de una vez por todas con las atribuciones que presentan las asignaciones de plazas en la administración pública federal.

Si queremos garantizar que quienes ocupen los puestos públicos sean las personas mejor calificadas y preparadas, es preciso eliminar los resquicios de la ley e impedir designaciones parciales e injustas que solo abonan a la pésima percepción que tiene la ciudadanía de los servidores públicos. Es momento de ser congruentes.

En Nueva Alianza estamos comprometidos a fortalecer nuestro marco normativo para terminar con la corrupción, la opacidad y la discrecionalidad en el servicio público. Actuamos por el bien de México. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Gracias, diputado Lara. Túrnese a la Comisión de Gobernación para dictamen.

EFEMÉRIDE CON MOTIVO DEL DÍA MUNDIAL DE LA DIABETES

El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: El siguiente punto del orden del día es la efeméride con motivo del Día Mundial de la Diabetes. Se han registrado para referirse al tema los siguientes diputados.

La Diputada Cynthia Gissel García Soberanes, del Partido Encuentro Social; la diputada Carmen Victoria Campa Almaral, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza; la diputada Rosa Alba Ramírez Nachis, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano; el diputado Roberto Guzmán Jacobo, del Grupo Parlamentario de Morena; el diputado Mario Machucha Sánchez, del Partido Verde Ecologista de México; la diputada Eva Cruz Molina, del Grupo Parlamentario del PRD; el diputado Elías Octavio Íñiguez Mejía, del Grupo Parlamentario del PAN y la diputada Rosalina Mazari Espín, del Grupo Parlamentario del PRI.

Tiene el uso de la palabra hasta por tres minutos la diputada Cynthia Gissel García Soberanes, del Partido Encuentro Social.

La diputada Cynthia Gissel García Soberanes:Con su permiso, presidente. Honorable asamblea. El Día Mundial de la Diabetes se celebra cada año, 14 de noviembre, fecha del aniversario de Frederick Banting, quien junto con Charles Best, descubrió la insulina en 1921.

Tal fecha se instauró en 1991 por la Organización Mundial de la Salud con la finalidad de concientizar a nivel mundial la relevancia de la diabetes, sus causas, síntomas, tratamiento y consecuencias de la enfermedad que día a día va en aumento.

La intención es la de revertir esta tendencia en incremento para lo cual la prevención es una de las principales acciones. En el año de 2012 la diabetes fue la causa directa de 1.5 millones de defunciones, de las que más del 80 por ciento se produjeron en países de ingresos bajos y medios. Según las previsiones de la Organización Mundial de la Salud, la diabetes será la séptima causa de defunción para el año 2030.

Se trata de una enfermedad crónica que se presenta cuando el páncreas no produce suficiente insulina, hormona que regula el azúcar en la sangre o cuando el cuerpo no puede utilizar eficazmente la insulina que produce. Si el azúcar no puede llegar a las células para convertirse en energía, la glucosa se acumula en la sangre para alcanzar niveles perjudiciales.

Se reconocen dos tipos principales de diabetes, las personas con diabetes Tipo 1 generalmente no producen insulina y para servir necesitan inyecciones de insulina. Las personas con diabetes Tipo 2, que representan el 90 por ciento de los casos, suelen producir su propia insulina pero la cantidad es insuficiente o no la pueden utilizar apropiadamente, por lo general tienen sobrepeso y son sedentarias, dos circunstancias que aumentan sus necesidades de insulina.

La hiperglucemia puede poner en peligro a los órganos principales y provocar ataques cardiacos, accidentes cerebrovasculares, neuropatías, insuficiencia renal, ceguera, impotencia e infecciones que pueden hacer necesaria la amputación de algún miembro.

En gran número de casos de diabetes se puede prever con sencillas medidas relacionadas con el modo de vida, tales como el control de peso adecuado, la actividad física constante y una dieta sana. La detección oportuna y el tratamiento asequible y adecuado para controlar el mal y prevenir complicaciones mayores. Así con la reducción de la mortalidad son medidas del Estado que son necesarias.

En Encuentro Social tenemos un compromiso serio y tangible con las generaciones presentes y futuras a fin de evitar que la diabetes merme su proyecto de vida. Durante los próximos días hablaremos y habremos de aportar lo mejor de nuestro trabajo parlamentario para incidir en las políticas públicas que así lo permitan. Gracias y es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Gracias, diputada García. Tiene el uso de la voz hasta por tres minutos, la diputada Carmen Victoria Campa Almaral, de Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.

La diputada Carmen Victoria Campa Almaral:Con el permiso de la Presidencia; compañeras y compañeros diputados, el año pasado cada seis segundos en algún lugar del mundo una persona moría a causa de la diabetes.

Podría afirmar que todos y cada uno de nosotros conocemos a alguien que vive con diabetes. La magnitud de este padecimiento tiene en nuestro país un alarmante índice.

El preocupante incremento de la diabetes en el mundo dio lugar a que la Federación Internacional de Diabetes y la Organización Mundial de la Salud, iniciaran la Conmemoración de Día Mundial como el día 14 de noviembre de cada año, se eligió esta fecha para recordar a Frederick Banting junto con Charles Best, quienes descubrieron la insulina. Según las cifras de la Organización Mundial de la Salud, en el mundo hay 422 millones de personas con diabetes y más del 80 por ciento de las muertes por este padecimiento se registran en países bajos y medios, el mayor número de diabetes lo padecen personas entre 40 y 59 años de edad, es decir, personas que se encuentran en una etapa de enorme productividad.

Un dato alarmante es que en el mundo, casi la mitad de las personas con diabetes no reciben los tratamientos adecuados y de manera oportuna, el Día Mundial de la Diabetes es pues, un recordatorio de la repercusión que tienen las decisiones cotidianas de nuestra vida y la salud de nuestros hijos, hagamos pues, conciencia de ellos. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Gracias, diputada Campa. Tiene el uso de la voz, hasta por tres minutos, la diputada Rosa Alba Ramírez Nachis, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

La diputada Rosa Alba Ramírez Nachis:Con su permiso, presidente. Buenas tardes, con el permiso de la Mesa Directiva, el día de ayer 14 de noviembre se conmemora el Día de la Diabetes.

¿Por qué se hace necesario instaurar o conmemorar el Día de la Diabetes? Porque es una enfermedad que día a día ha ido cobrando terrenos, y por hoy es una de las principales causas de muerte en el mundo entero y en nuestro país no es la excepción.

Desde el año 2000 la diabetes en México es la primera causa de muerte de mujeres y la segunda de hombres. Esta enfermedad causa cerca de 83 mil muertes en nuestro país. En la actualidad las personas que viven con diabetes se han triplicado, pues llegan a más de 347 millones, según la OMS, y México ocupa el sexto lugar a nivel mundial con el número de casos de pacientes diabéticos.

De las personas que viven con diabetes casi el 16 por ciento no cuentan con seguridad social. De estas dos terceras partes se atienden en instituciones privadas y el 24 por ciento reciben tratamientos en los sistemas de protección social; y únicamente un pequeño número son atendidos por el Instituto Mexicano del Seguro Social, el ISSSTE y otras instituciones de seguridad social. Sin embargo, el número de pacientes con diabetes no se conoce con exactitud porque hasta el día de hoy hay personas que podemos estar enfermos y no lo sabemos.

Por eso me sigo preguntando qué es lo que pasa con las decisiones que se toman en este recinto, donde en forma irresponsable y en contubernio con la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública se aprobó un presupuesto inferior a los 11 mil millones de pesos para el área de salud, al que se otorgó en el 2016.

¿Por qué el desdén del grupo mayoritario del PRI, y todos sus aliados, del presidente de la República y del presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, Alfredo del Mazo Maza? ¿Por qué esa falta de interés en proteger la salud del pueblo de México?

La OMS prevé que para los próximos años, en el 2030, el caso de muertes y el caso de padecimiento por diabetes se quintuplicará. Y se menciona que actualmente 1 de cada 11 individuos padecen diabetes, que muere 1 cada 6 segundos a causas relacionadas con la diabetes por sus complicaciones.

De acuerdo a esta información que nos proporciona la última Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, en los adultos mexicanos se observa una prevalencia de obesidad abdominal en hombres y mujeres que van del 64 y el 82 por ciento.

Por eso este Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano considera que es conveniente desarrollar desde los ámbitos institucionales de salud y educación una cultura que mejore la calidad de la alimentación, la ingesta de alimentos balanceados y la incrementación de la actividad física y del ejercicio.

Es justo hacer un reconocimiento a los trabajadores de la salud, que en sus diarias labores suman esfuerzos para abatir la diabetes en sus diferentes tipos. Mención honorífica a todos aquellos que laboran en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Zubirán, y al voluntariado del Círculo Azul, cuyo lema es Unidos por la Diabetes. Unámonos todos por la diabetes.

Particularmente a todos los trabajadores del sector salud, del Instituto Mexicano del Seguro Social, del ISSSTE y de todas las instituciones de salud, que suman su esfuerzo día a día a pesar del sinnúmero de carencias y las necesidades, para seguir fortaleciendo la salud del pueblo de México.

Es irresponsable de esta Cámara el no haber autorizado presupuesto suficiente para luchar contra este horrible crimen. Gracias. Es cuanto, presidente.

El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Gracias, diputada Ramírez. Tiene el uso de la voz hasta por tres minutos, el diputado Roberto Guzmán Jacobo, del Grupo Parlamentario de Morena.

El diputado Roberto Guzmán Jacobo:Muy buenas tardes los pocos compañeros diputados que están aquí. Con permiso de la Presidencia.

El asesino silencioso que mata a México es la diabetes. Frecuentemente escuchamos historias de personas que padecen diabetes y que no nos tomamos en cuenta hasta que el daño es irreversible. Empiezan a subir de peso, de repente experimentan un coma diabético, se sufre la amputación de un pie, se pierde la vista, un riñón y degenera el páncreas. Muchas personas creen que esto no les puede pasar aunque tengan antecedentes familiares. No se revisan los niveles de glucosa.

Primero se me inflamó un pie y lo dejé pasar pensando que era por usar zapatos apretados, hasta que un día el dolor fue inaguantable y mi pie reventó, terminando con una amputación de varios dedos. Trabajemos juntos en la prevención, señores diputados.

Este 14 de noviembre se realiza la campaña de conciencia más importante del mundo contra esta enfermedad tan temida, el Día Mundial de la Diabetes. Fue instaurado por la Federación Internacional de la Diabetes y la Organización Mundial de la Salud en 1991, como respuesta a la alarma e incremento de los casos de esta enfermedad en todo el mundo, lo que se hace llamar asesino silencioso, que se ha convertido en una pandemia.

Esta campaña realiza un llamado a todos los responsables de la atención diabética con bases a la educación y a la prevención. El problema más grave que se presenta en esta enfermedad es al complicarse. Se puede sufrir insuficiencia renal crónica, la cual es de suma gravedad y tiene un alto costo de atención. También hay que decir que los enfermos con diabetes tienen mala calidad de vida y mueren prematuramente.

Por primera vez en México, este 14 de noviembre el gobierno mexicano emitió una declaratoria de emergencia epidemiológica por la diabetes, enfermedad que ocasionó 98 mil muertes el año pasado.

La alerta se lanza con el fin de apoyar o visualizar el problema, tener una mejor articulación de todas las acciones gubernamentales para atender el padecimiento y mejorar el control metabólico de los pacientes.

En Morena estamos conscientes del alto costo que representa para la población esta enfermedad, por lo que seguiremos insistiendo en que se incrementen las unidades de hemodiálisis en los hospitales públicos en nuestro país.

Lástima de la imprudencia con la que ustedes, diputados, votaron a favor el PEF 2017. La salud de los mexicanos los juzgará. Porque la salud es un derecho, no es un privilegio con el que contamos muchos de los diputados que estamos sentados aquí. Muchísimas gracias.

El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Gracias, diputado Guzmán. Tiene el uso de la voz, hasta por tres minutos, el diputado Mario Machuca Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

El diputado Mario Machuca Sánchez:Con la venia de la Presidencia. La Organización Mundial de la Salud fue creada con la finalidad primordial de trabajar para mejorar la salud física, mental de los individuos, a través de la definición de líneas de acción y mecanismos eficientes que garanticen prevenir, conservar y restituir la salud de la población en el mundo.

Esta organización en conjunto con la Federación Internacional de la Diabetes instauro el 14 de noviembre de cada año como el día mundial en la lucha contra esta enfermedad, cuyo propósito es dar a conocer las causas, síntomas, tratamiento y las complicaciones asociadas a la misma, al tiempo de crear conciencia sobre la incidencia de esta grave afección, la cual está aumentando y requiere de acciones puntuales para prevenir dicha tendencia.

Como cada año, la Organización Mundial de la Salud define un tema central para conmemorar el día mundial de la misma. Para este 2016 se eligió la diabetes, en virtud de que es un grave problema que ha convertido a los países de todo el mundo en un problema de salud y es por el alto índice de obesidad y de sobrepeso.

La diabetes es una enfermedad crónica que con el tiempo puede poner en peligro a todos los órganos principales de nuestro cuerpo y provocar ataques cardiacos, accidentes cerebrovasculares, neuropatías, incidencias en problemas renales, ceguera, infecciones que pueden derivar hasta en la amputación de algún miembro.

La UNAM calificó la diabetes como una enfermedad devastadora para nuestro país, ya que ha provocado una de cada 14 muertes. Preferentemente ha sido la primera causa de defunción en una población que oscila entre los 45 y 64 años de edad, y cuya incidencia en los adultos va del 10 al 15 por ciento, esto representando el doble del promedio de los países que conforman la Organización de Cooperación al Desarrollo Económico.

Como se sabe, una de las principales causas que dan origen a la diabetes tipo 2, que es la más común, es el sobrepeso y la obesidad, el cual incrementó en México en un 62 por ciento tan sólo entre el año 2000 y el 2012, colocando al 71 por ciento a la población adulta y a uno de cada tres niños derivados de este problema ya con la diabetes.

Según previsiones de la Organización Mundial de la Salud, la diabetes será la séptima causa de defunciones para el año 2030. Por ello, urge hacer un llamado, no sólo a los gobiernos, sino también a la población, para que se tomen medidas para su erradicación.

No podemos soslayar que una gran proporción de los casos de diabetes son prevenibles, algunos mediante simples cosas relacionadas con la vida sana. El mantenimiento del peso normal, la realización de las actividades periódicas y una dieta sana pueden reducir significativamente el riesgo que tenemos de padecer la diabetes.

En cuanto a los avances que tenemos, yo quiero destacar la instalación del Consejo de Asesor del Observatorio Mexicano de Enfermedades no Transmisibles, el cual registra el comportamiento de la diabetes y evalúa el impacto de las acciones de la Estrategia Nacional para la Prevención del Control de Sobrepeso y Obesidad y la Diabetes.

Asimismo, se debe recalcar el seguimiento de los pacientes de las unidades médicas de las enfermedades crónicas, donde se ha atendido a más de 30 mil pacientes de alto riesgo. En cuanto a la prevención debemos reconocer también la labor de las unidades móviles de orientación alimentaria y actividad física, las cuales realizaron en todo el país eventos educativos, de promoción, de la correcta alimentación, consumo del agua simple, así como actividades físicas y estilos de vida saludable.

Por todo esto, en el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista sabemos que debemos impulsar acciones conjuntas que hagan posible el fortalecimiento de las ya implementadas acciones y diseñar nuevos mecanismos que permitan seguir dando una lucha frontal a la diabetes, enfermedad que lamentablemente impacta de manera particular a nuestra población. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Gracias, diputado Machuca. Tiene el uso de la voz, hasta por tres minutos, la diputada Eva Cruz Molina, del Grupo Parlamentario del PRD.

La diputada Eva Florinda Cruz Molina:Con su venia, diputado presidente. Con motivo del 14 de noviembre, Día mundial de la diabetes, el Grupo Parlamentario del PRD, por mi conducto hace el recordatorio que la diabetes es una enfermedad crónica que se produce cuando el páncreas no genera insulina suficiente o el organismo no la utiliza eficazmente.

Esta enfermedad ha alcanzado proporciones epidémicas y su impacto seguirá creciendo en los próximos años, principalmente por el aumento de la obesidad.

El 14 de noviembre conmemoramos el Día mundial de la diabetes y nos da la oportunidad de concientizar a las personas, adoptar hábitos más saludables.

Según un informe de la Organización Mundial de la Salud el número de personas con este padecimiento en el mundo se ha multiplicado entre 1980 y 2015 hasta llegar a los 415 millones de casos.

Desde el año 2000 la diabetes en México es la primera causa de muerte entre las mujeres y la segunda entre los hombres. México es el sexto lugar entre los países que tienen mayores índices de enfermos por diabetes, sin embargo, a nivel Latinoamérica es el país con mayor número de fallecimientos.

La prevalencia de diabetes ha aumentado notablemente en el país en los últimos 35 años. Lo más alarmante es que según datos de la Organización Mundial de la Salud, el 33 por ciento de los niños y 70 por ciento de los adultos padecen sobrepeso y obesidad.

Diputadas y diputados, por este motivo los costos sociales ascienden a más de 85 mil millones de pesos. La diabetes afecta las finanzas del enfermo y su familia. Este padecimiento también causa otras enfermedades, como hipertensión, ceguera, insuficiencia renal, infartos y amputaciones.

Amigas y amigos diputados, ante este escenario la crisis de salud pública en el país no se va a solucionar con el recorte del presupuesto; sino por el contrario, fortaleciendo el sistema de salud pública en nuestro país.

Tenemos que replantearnos políticas públicas audaces que incidan en los estilos de vida y los patrones de consumo de la gente. Se requiere gravar aquellos alimentos o sustancias que dañan o ponen en riesgo la salud. Emprender campañas en las escuelas y en la población de actividad física y de alimentación saludable.

No podemos esperar en los hospitales y clínicas a que lleguen los enfermos por diabetes. Se requiere prevención contundente. Vamos, pues, por el fortalecimiento de la salud pública en nuestro querido México. Por más y mejor infraestructura, por más personal médico, por más equipos modernos en los hospitales. Pero sobre todo, por menos enfermos de diabetes, sobrepeso y obesidad. Gracias, compañeros diputados.

Presidencia del diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputada Eva Cruz Molina. Tiene el uso de la tribuna hasta por tres minutos el diputado Elías Octavio Iñiguez Mejía, del Grupo Parlamentario del Partido de Acción Nacional.

El diputado Elías Octavio Iñiguez Mejía:Muy buenas tardes a las pocas y pocos diputados que nos encontramos en el pleno. Primeramente antes que nada, la verdad que el día que votamos el presupuesto nos fuimos muchos de la comisión con un sabor de boca muy amargo y con una tristeza enorme porque ese recorte creo que durante todo un año lo vamos a estar reclamando.

El día de hoy que vamos a hablar de un tema tan importante y tan delicado, que el día de ayer, por cierto en mi estado, lo declara el señor secretario de Salud como una alarma epidemiológica no trasmisible como es la diabetes, eso hubiera estado mejor antes de haber votado el presupuesto.

Pero independientemente qué bueno, yo aplaudo la iniciativa del secretario, porque en México 6.4 millones de personas padecen la diabetes. Pero la gente que nos ha de estar viendo, que también no creo que sea mucha, se tendrá que dar cuenta que una de cada 10 personas tiene diabetes, pero además de eso, hay tres de cada 10 que no saben y no están enterados que tienen la diabetes.

Somos el sexto lugar de países con más enfermos de diabetes. El primer lugar, esto es lo más delicado, somos el primer lugar a nivel mundial que la diabetes es la muerte básica, es la causa principal de una muerte, por eso nos la están reportando como primer lugar.

Sabemos de las enfermedades que conllevan una diabetes, ya hablaba un compañero de lo que puede pasar. Pero también yo le pido a los diputados y a las diputadas que veamos de unas bolsas, porque normalmente hay bolsas de gastos catastróficos, donde podamos fortalecer el sistema de servicios de salud, donde podamos sacar esos 85 mil millones de pesos que se gastan al año en tratar a pacientes con la diabetes.

Pero además de eso, una cifra alarmante, hubo cuatro mil 500 amputaciones de una extremidad en 2015, pero las muertes y lo más alarmante, que en el 2015 hubo más de 98 mil muertes ocasionadas por la diabetes; por primera vez en la historia se alarma esta emergencia sanitaria.

Pero tengo un reclamo. ¿Dónde está el impuesto que votamos; dónde está ese impuesto y ese peso que aprobamos por litro de bebida azucarada para que se fuera el tema preventivo de la obesidad, al tema de políticas públicas en prevención?

¿Dónde están los bebederos en las escuelas? ¿Dónde está ese importe que suma más de 17 mil millones de pesos que no han llegado a las políticas públicas de la prevención en la diabetes? Necesitamos más nutriólogos y más diabetólogos en nuestras unidades del sistema de salud.

Compañeras y compañeros, termino diciéndoles que ante esta muerte silenciosa no va a haber recurso que alcance para tratar a nuestros pacientes en México, pero además de eso si la gente que nos ve y nos escucha no pone un granito de arena y se autocuida, hace ejercicio, come sanamente y además de eso visita a su médico con la intención de mejorar, no va a haber recurso que alcance. Así es.

Que la solución, gran parte está en nuestras manos, pero también en los ciudadanos que cooperen y que nos ayuden a ayudarles para así tener mejora en nuestros mexicanos, así es que termino diciéndoles que ojalá tengan de la buena voluntad para que en la bolsa de gastos catastróficos sumemos un recurso extra para la enfermedad tan terrible como es la diabetes. Muy buena tarde.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputado Iñiguez Mejía. Tiene el uso de la tribuna hasta por tres minutos la diputada Rosalina Mazari Espín, del Grupo Parlamentario del PRI.

La diputada Rosalina Mazari Espín:Con su permiso, diputado presidente. Diputadas y diputados. El Día Nacional de la Diabetes se instituyó con la finalidad de crear en la sociedad mexicana una conciencia de la realidad del grave problema que es tener diabetes y específicamente que es una enfermedad cuyos efectos se pueden prevenir y postergar.

A partir de 1991, la Federación Internacional de la Diabetes y la Organización Mundial de la Salud establecieron el 14 de noviembre de cada año como la celebración del Día Mundial de la Diabetes, acontecimiento que reúne a millones de personas en 160 países para incidir en la población mundial de una urgente atención y respuesta de los gobiernos de cada nación y del alarmante problema en sus poblaciones por el exponencial aumento de los casos de esta enfermedad.

Posteriormente la Cámara de Diputados hizo lo propio al conmemorar este día con el propósito de que los tres niveles de gobierno den a conocer las causas, los síntomas, el tratamiento y las complicaciones asociadas a la enfermedad.

Se considera que en México existen 7 millones de personas con algún tipo de diabetes y que en menos de tres décadas subió el 700 por ciento la mortalidad al pasar de 14 mil muertes en 1980, a 98 mil personas en el año 2015.

Por otra parte existen estudios académicos que exponen que cerca del 14 por ciento de la población tiene esta enfermedad, lo que representaría 11 millones de mexicanos y cerca de 3 millones de ellos no sabrían que tienen este padecimiento. Asimismo se estima que sólo un 40 por ciento de los enfermos siguen su tratamiento, lo que radicaliza este problema.

La diabetes es una afección crónica que se desencadena cuando el organismo pierde su capacidad de producir suficiente insulina o de utilizarla con eficacia. La insulina es una hormona que se fabrica en el páncreas y que permite que la glucosa de los alimentos pase a las células del organismo donde se convierte en energía para que funcionen los músculos y los tejidos.

En términos generales, se afirma que durante su etapa inicial la diabetes no produce síntomas al no ser detectada a tiempo y no ser tratada adecuadamente; presenta complicaciones de salud graves como: falla renal, infarto del corazón, ceguera, amputación y muerte prematura. Esta Cámara ha tomado con seriedad este problema de salud pública nacional aportando diversos esquemas como es el caso del impuesto a las bebidas azucaradas, semáforo nutricional, creación de espacios libres de humo de tabaco, recursos públicos que generen políticas en salud y en propiciar la publicidad de las investigaciones científicas por mencionar algunos ejemplos.

El Ejecutivo a través del secretario de Salud José Narro Robles, emitió el día de ayer la declaratoria de emergencia epidemiológica para todo el territorio nacional ante la magnitud y trascendencia de los casos de diabetes mellitus a través de cuatro acciones fundamentales:

Primero. Darle visibilidad a la problemática de salud mediante el convencimiento a la población de que se necesita su participación.

Segundo. Catalogarla de alta prioridad.

Tercero. Buscar la coordinación con todas las instancias, gobierno federal y de todos los niveles de gobierno.

Cuarto. Encontrar la forma de asegurar los insumos para la detección temprana y el tratamiento de la enfermedad.

Esta Cámara avala la estrategia nacional para la prevención y el control de sobrepeso, obesidad y diabetes, con el fin de reducir el impacto de estas enfermedades entre la población, y vigilará el fiel cumplimiento de las acciones de promoción, prevención, diagnóstico oportuno y control de la diabetes, porque se debe urgentemente pasar de un actual esquema curativo a un esquema preventivo como política de salud pública estratégica para controlar el problema y formar una conciencia de la buena salud de nuestro cuerpo.

Diputados, mientras tanto, encomendamos a los ciudadanos siga las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, mantener un peso corporal saludable, mantenerse activo físicamente, consumir una dieta saludable y evitar el consumo de tabaco. Sigamos trabajando por un país sin diabetes. Es cuanto, diputado presidente. Por su atención muchas gracias.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias diputada Rosalina Mazari Espín.

PROPOSICIONES DE URGENTE U OBVIA RESOLUCIÓN

ELABORAR LOS PROYECTOS EJECUTIVOS DE LAS OBRAS NECESARIAS PARA LA RECARGA DEL ACUÍFERO DE LA PAZ

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Estamos en el capítulo de Proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución. De conformidad con el artículo 76, fracción IV del Reglamento de la Cámara de Diputados, tiene la palabra hasta por cinco minutos, la diputada Jisela Paes Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión Nacional del Agua, a elaborar los proyectos ejecutivos de las obras necesarias para la recarga del acuífero de La Paz, a fin de abatir el déficit creciente que presenta y para detener su salinización.

La diputada Jisela Paes Martínez:Honorable asamblea, La Paz, capital del estado de Baja California Sur, enfrenta hoy un grave problema, y es que no tenemos el agua necesaria para cubrir nuestras necesidades humanas.

La disponibilidad anual de agua que ha publicado la Conagua, en nada refleja lo que está sucediendo con el acuífero de La Paz, y al no señalarse la disponibilidad real, entonces Conagua no nos ve.

Por eso queremos, con este punto de acuerdo que el gobierno federal voltee a ver el acuífero de la capital del estado. Tenemos un grave problema, 8 kilómetros a partir de la línea de costa ya tiene intrusión salina.

Hay que decirlo, cuando existe intrusión salina. Hay que decirlo, cuando existe intrusión salina esa agua no sirve ni para la agricultura ni para consumo humano.

Lo que señala la Conagua no es real, por eso demandamos desde esta tribuna que vean el problema y se realicen obras urgentes para recargar el acuífero de La Paz, hoy que aún estamos a tiempo. La ciudad de La Paz cuenta con un crecimiento poblacional anual del 3 por ciento y se abastece del acuífero de La Paz, el cual sufre desde hace varios años un severo abatimiento en sus niveles.

Por la forma en que se presentan las lluvias en forma de huracanes y la falta de obras de recarga no se han aprovechado las aguas superficiales y, por tanto, el agua subterránea es la única fuente de abastecimiento del acuífero de La Paz. De seguir este avance en pocos años el agua de este acuífero no será apta para consumo humano, por ello es urgente tomar las medidas adecuadas para enfrentar este problema.

El obstáculo para enfrentarlo lo representa el estudio de disponibilidad anual del acuífero de La Paz, publicado por la Conagua, en el que se señala que solo existe un pequeño déficit, lo cual evidentemente no corresponde a la realidad.

Tampoco debemos esperar que el agua que necesitará en el futuro la capital del estado pueda ser suministrada del acuífero de El Carrizal, porque en la realidad también está sobreexplotado y se le ha incrementado la extracción mediante el acueducto que inició operaciones a partir de este año.

Los datos incorrectos de la publicación de la disponibilidad del agua subterránea en ambos acuíferos han sido utilizados para la programación de obras, porque al señalar que ambos acuíferos se encuentran casi en equilibrio no considera la necesidad de aprovechar las aguas superficiales mediante obras de recarga.

Por eso debe modificarse la disponibilidad publicada para el acuífero de La Paz, a fin de que exista el fundamento para realizar las obras que se requieren para rescatarlo. La solución para abatir el déficit del acuífero de La Paz es su recarga, aprovechando el agua de las precipitaciones fluviales mediante un manejo integral, como: presas de almacenamiento, obras de infiltración, encausamiento de arroyos, obras de control, barreras para detener la intrusión salina con infiltración de aguas tratadas, drenaje fluvial, obras de conservación de suelo y agua, entre otras.

Al considerar el gobierno federal que nuestro acuífero se encuentra casi en equilibrio no cuenta ni con proyectos ejecutivos de esas obras que solucionarían el problema hídrico en la capital del estado.

Por esas razones es que les pido hoy su voto a favor de este punto de acuerdo para ayudar a Baja California Sur a solucionar este problema, hoy que aún estamos a tiempo. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputada Jisela Paes Martínez. Para los efectos del artículo 100 del Reglamento de la Cámara de Diputados, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se considera de urgente resolución el punto presentado.

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: Para los efectos del artículo 100 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se pregunta a la asamblea si se considera de urgente resolución. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Se considera de urgente resolución.

De conformidad con el artículo 113, numeral 1, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, se han registrado para hablar sobre el tema el diputado Roberto Cañedo Jiménez, del Grupo Parlamentario de Morena; el diputado Virgilio Mendoza Amezcua, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, y el diputado Francisco Xavier Nava Palacios, del Grupo Parlamentario del PRD. Tiene el uso de la tribuna hasta por tres minutos, el diputado Roberto Cañedo Jiménez, del Grupo Parlamentario de Morena.

El diputado Roberto Alejandro Cañedo Jiménez:Buenas tardes. Compañeros diputados, con su venia, Mesa Directiva. De los 653 acuíferos con los que contamos en México, cuando menos 115 se encuentran en estado de sobreexplotación, ya que de ellos se extraen volúmenes mayores de agua, a los que ingresan en sus recargas.

Esto por si es preocupante, pero lo que es aún más preocupante, cuando nos enteramos que el dato puede ser en efecto inexacto y que, de hecho, ni siquiera la autoridad federal del agua, la Conagua, conoce de forma exacta el estado que guardan los acuíferos.

Lo anterior se infiere de las declaraciones provenientes del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, que es el IMTA, por sus siglas, organismo público descentralizado que se aboca a enfrentar los retos asociados con el manejo del agua y que cuenta con más de 300 especialistas altamente capacitados en la atención de la problemática prioritaria del sector, muchos de ellos vemos que tienen más de 20 años de experiencia, lo cual significa bastante, para tomar en consideración su opinión.

El IMTA afirma que no existe información suficiente ni confiable del volumen del agua que se extrae de los acuíferos en nuestro país, lo que demuestra el enorme retraso y el absoluto descuido que existe en este tema de fundamental importancia para nuestra nación.

A esto hay que agregar que los efectos del cambio climático en la variabilidad e intensidad de las precipitaciones pueden inducir cambios significativos en la disponibilidad del vital líquido que disponemos.

Estos dos factores pueden provocar mermas considerables en los volúmenes sustentables y un abatimiento de los niveles estáticos de los acuíferos, así como un aumento en los costos de sustracción.

En el caso que nos ocupa, es curioso por decir lo menos que el acuífero de La Paz, que surte a una ciudad en constante crecimiento con nuevos centros comerciales, plazas, edificios, negocios, restaurantes.

Desde el principio de la década de los años Setenta del siglo pasado, reporta grados de su explotación incrementándose este déficit hace apenas tres años y de repente, como si fuese por arte de magia, en un estudio de la Conagua resulta que esta solo ligeramente está sobreexplotado, lo cual es inexplicable.

Por su parte, investigadores de institutos de gran prestigio, como lo son el Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste y el Centro Interdisciplinario de Ciencias Marinas, que es el Cicimar, este último perteneciente al Instituto Politécnico Nacional, ha realizado investigaciones sobre el acuífero de La Paz, mismas que han sido publicadas y puestas bajo el escrutinio de la comunidad científica, lo que nos da a entender que son trabajos serios, de calidad.

En dichos estudios se concluye que el acuífero en comento está sobreexplotado y su situación debe ser atendida de inmediato.

Para finalizar, en otro orden de ideas, casos como el que se da origen a la proposición con punto de acuerdo que en estos momentos nos ocupa, nos llevan a recordar la fallida ley Korenfeld, que pretendía criminalizar la investigación académica.

Sin el derecho a realizar investigación independiente sobre el vital elemento casos como el presente, no podrían ser denunciados, puestos a debate, los ciudadanos estaríamos a expensas de lo que la Conagua determinara en cualquier controversia concerniente al agua.

Por el derecho al agua de los habitantes de Baja California Sur, en los términos de este artículo 4o. constitucional, Morena apoya el presente punto de acuerdo. Muchas gracias.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputado Cañedo Jiménez. El diputado Virgilio Mendoza Amezcua declina su participación. Tiene el uso de la tribuna, hasta por tres minutos y ya lleva dos, el diputado Francisco Xavier Nava Palacios, del Grupo Parlamentario del PRD.

El diputado Francisco Xavier Nava Palacios:Gracias, diputado presidente. Compañeras y compañeros diputados, sin duda alguna estamos a favor de la presente proposición con punto de acuerdo y queremos acompañar nuestro voto con una serie de reflexiones y puntualizaciones a propósito de la problemática planteada.

Un primer punto para el análisis es que los errores y las inconsistencias en el cálculo para la disponibilidad de las aguas subterráneas, no son privativo de los acuíferos de La Paz y el Carrizal, en Baja California Sur, este problema se presenta en muchas regiones de nuestro país.

Un segundo punto, es que la propia Norma Oficial Mexicana, abocada a establecer los procedimientos y lineamientos para el cálculo de disponibilidades de agua, es inconsistente y está lejos de constituirse como un instrumento que permita otorgar certidumbre de cuánta agua es la que realmente podemos disponer, proveniente del subsuelo.

Un tercer punto para el análisis que explica esta problema, es el incumplimiento por parte de la Comisión Nacional del Agua, al mandato establecido en la Ley de Aguas Nacionales, por la cual contiene la obligación de realizar y publicar estudios para determinar la disponibilidad de agua en cada acuífero, por lo menos cada tres años.

Todo esto explica el desastre en el que se encuentra la gestión de las aguas subterráneas del país y de la cual la autoridad del agua es absolutamente responsable. La sobreexplotación, la contaminación de los acuíferos, el sobre concesionamiento y que el otorgamiento y renovación de concesiones estén sustentadas sobre una disponibilidad incierta o falsa son solo expresiones diversas y síntomas de un mismo problema.

La Ley General de Aguas que vislumbramos y propondremos desde el PRD contiene una serie de instrumentos que permitirán mejorar la gestión y llevar un monitoreo y control más estricto de las aguas subterráneas.

Pero de nada servirá una nueva ley si la autoridad competente es incapaz de cumplir sus disposiciones más esenciales.

Recordemos que hace exactamente un año se llevó a cabo en las instalaciones de este recinto legislativo el Coloquio de Aguas Subterráneas. Las conclusiones de los investigadores y académicos expertos arrojaron conclusiones preocupantes. Nosotros tomamos nota de lo expresado en ese coloquio y lo estamos incorporando a la nueva propuesta de ley.

En ese tenor es que coincidimos con los planteamientos y análisis plasmados en las consideraciones del presente punto de acuerdo y lo votaremos a favor, exhortando a su vez tanto al grupo parlamentario promovente como a los grupos parlamentarios que decidan votarlo a favor, a que lo que hoy expresan en sus posicionamientos lo sostengan y lo cumplan a la hora de legislar en serio. Sobre todo cuando estemos frente a un dictamen de ley y no solamente frente a un punto de acuerdo como éste. Esperamos que así sea. Por su atención, muchas gracias.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputado Francisco Xavier Nava Palacios. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si el acuerdo se encuentra suficientemente discutido.

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se encuentra suficientemente discutido. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Suficientemente discutido. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se aprueba el acuerdo.

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se aprueba el acuerdo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Aprobado. Comuníquese.

Proceda la Secretaría a dar lectura a los acuerdos de la Junta de Coordinación Política.

ACUERDOS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.— Junta de Coordinación Política.

Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, respetuosamente solicita al titular del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, que a partir del Ejercicio Fiscal de 2017, destine recursos preferentemente para la atención del cáncer infantil.

La Junta de Coordinación Política, con fundamento en lo dispuesto en el inciso b), numeral 1, del artículo 34 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del Pleno los siguientes acuerdos, al tenor de las siguientes

Consideraciones

1. Que en México, el derecho a la salud está garantizado en el artículo 4o. de la Constitución Política y es obligación del Estado preservarlo a través de políticas gubernamentales, programas sociales o reformas legales, que tengan como objetivo el derecho a la salud.

2. Que el derecho a la salud se encuentra reglamentado en la Ley General de Salud, donde se establece que el acceso a este derecho requiere promover servicios de salud y asistencia social adecuada y apta para satisfacer las necesidades de la población.

3. Que el Instituto de Seguridad y Servicio Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE), tal como se establece en el artículo 123 Apartado B), fracción XI de la Constitución Política, fue creado específicamente para salvaguardar los derechos de acceso a la salud como parte del derecho a la seguridad social para los trabajadores del Estado y para sus familiares.

4. Que la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del citado apartado constitucional regula los servicios de atención médica requeridos por los trabajadores y sus familiares.

5. Que de acuerdo con datos del Programa de Acción Específico Cáncer en la Infancia y Adolescencia 2013-2018, publicado por la Secretaría de Salud en 2014, el cáncer infantil en México representa un grave problema de salud pública, al constituir la principal causa de muerte por enfermedad entre la población de 5 a 14.

6. Que la misma fuente señala que el cáncer infantil representa una de las principales causas con mayor número de años de vida potencialmente perdidos, pues se estima que cada niño que no sobrevive al cáncer pierde en promedio 70 años de vida productiva.

7. Que el cáncer es la principal causa de muerte de niños entre 5 y 14 años en México; que se tienen un promedio anual de 2,150 muertes por cáncer infantil en la última década; y que se estima que anualmente existen entre 5,000 y 6,000 casos nuevos de cáncer en menores de 18 años.

8. Que gracias a los avances de la medicina incorporados a instituciones como el ISSSTE, ha aumentado la supervivencia pediátrica al cáncer, pero debido al gran impacto de la enfermedad las niñas y los niños enfermos requieren apoyo para recuperar su calidad de vida y por eso se encuentran promoviendo la consolidación de las áreas de oncología en los hospitales del instituto de todo el país.

9. Que el ISSSTE cuenta con solo una unidad especializada para brindar atención a niños con cáncer, pero ofrece servicio médico a 11 por ciento de la población.

10. En el caso del cáncer en la infancia y adolescencia, las medidas más eficaces de prevención consisten en la detección temprana, acceso efectivo a los servicios de salud y tratamiento oportuno, integral y efectivo de la enfermedad.

11. Que la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión aprobó el jueves 3 de noviembre de 2016, un acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se solicita a los titulares de la Secretaría de Salud del Gobierno federal, del Instituto Mexicano del Seguro Social y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, la firma de un acuerdo de coordinación para la atención integral del mayor número posible de casos de cáncer infantil en México, así como para explorar la posibilidad de llevar a cabo en este mismo rubro la homologación de presupuestos, desarrollo de infraestructura, atención médica y adquisición y dotación de medicamentos.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, la Junta de Coordinación Política suscribe el siguiente:

Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, respetuosamente solicita al titular del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, que a partir del Ejercicio Fiscal de 2017, destine recursos presupuestales preferentemente para la atención del cáncer infantil.

Segundo.Comuníquese y publíquese en la Gaceta Parlamentaria.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 días de noviembre del año 2016.— Diputado Francisco Martínez Neri (rúbrica), Presidente de la Junta de Coordinación Política y Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; diputado César Octavio Camacho Quiroz (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; diputado Marko Antonio Cortés Mendoza (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; diputado Jesús Sesma Suárez (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; diputada Norma Rocío Nahle García, Coordinadora del Grupo Parlamentario de Movimiento de Regeneración Nacional; diputado José Clemente Castañeda Hoeflich (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano; diputado Luis Alfredo Valles Mendoza (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza; diputado Alejandro González Murillo (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.»

———————— o ————————

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.— Junta de Coordinación Política.

Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, respetuosamente solicita al titular de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud que mediante el fideicomiso del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos, a partir del Ejercicio Fiscal 2017, destine de manera preferente recursos presupuestales para la atención de todos los casos médicos de niños con cáncer del país.

La Junta de Coordinación Política, con fundamento en lo dispuesto en el inciso b), numeral 1, del artículo 34 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del Pleno los siguientes acuerdos, al tenor de las siguientes

Consideraciones

1. La constitución del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos está amparada en la Ley General de Salud, la cual establece en su artículo 77 Bis 29 que “Con el objetivo de apoyar el financiamiento de la atención principalmente de beneficiarios del Sistema de Protección Social en Salud que sufran enfermedades de alto costo de las que provocan gastos catastróficos, se constituirá y administrará por la Federación un fondo de reserva, sin límites de anualidad presupuestal, con reglas de operación definidas por la Secretaría de Salud”.

2. Bajo este propósito, se creó el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos (FPGC), constituido con el 8 por ciento de los recursos totales destinados a la cuota social y de las aportaciones solidarias (federal y estatal) y es administrado y operado por la Comisión Nacional de Protección Social en Salud (CNPSS), a través del Fideicomiso del Sistema de Protección Social en Salud (FSPSS).

3. Este fideicomiso se creó en el año 2003, con una vigencia de 20 años, es decir terminaría en 2024, los recursos monetarios recibidos a partir de 2004, según el informe semestral enero-junio de 2016 muestra que ha absorbido monetariamente más de 100 mil millones de pesos nominales en el periodo de enero de 2004 a junio de 2016.

4. En México el cáncer infantil es la principal causa de muerte de niños entre 5 y 14 años; cifras de la Secretaría de Salud muestran que se tienen un promedio de 2,150 muertes anualmente por cáncer infantil en la última década.

5. Solo se han identificado tan sólo unos pocos factores de riesgo en relación con el cáncer infantil, entre ellos las radiaciones ionizantes y la toma de dietilestilbestrol durante el embarazo. Algunos cánceres infantiles también guardan relación con la constitución genética, como sugieren las diferencias en las tasas de incidencia entre poblaciones étnicamente distintas.

6. En el periodo de 2007 a 2012 fueron diagnosticados y financiados por la Comisión Nacional de Protección Social en Salud 13,195 casos de cáncer en menores de 18 años a través del Seguro Popular.

7. Relativo al tratamiento financiado por la Comisión Nacional de Protección en Salud se señala que desde 2007 y hasta junio de 2016 se atendieron 21,306 casos con un costo de 3,539.5 millones de pesos.

8. Que los menores que han sobrevivido a la enfermedad desde el diagnóstico y hasta cinco años después estimada en México es del 56 por ciento, este cociente es bajo si se compara con el de los países desarrollados, en donde un 80 por ciento de los niños diagnosticados tienen posibilidades de curarse.

9. El cáncer es curable si se detecta a tiempo, desafortunadamente, el 75 por ciento de los casos de cáncer en menores de 18 años en México se diagnostican en etapas avanzadas de la enfermedad, lo cual incrementa considerablemente el tiempo y costo del tratamiento y disminuye las posibilidades de curación

Por lo anteriormente expuesto y fundado, la Junta de Coordinación Política suscribe el siguiente:

Acuerdo

Primero.La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, respetuosamente solicita al titular de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud que mediante el Fideicomiso del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos, a partir del Ejercicio Fiscal 2017, destine de manera preferente recursos financieros para la atención de todos los casos médicos de niños con cáncer del país.

Segundo. Comuníquese y publíquese en la Gaceta Parlamentaria.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de noviembre de 2016.— Diputado Francisco Martínez Neri (rúbrica), Presidente de la Junta de Coordinación Política y Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; diputado César Octavio Camacho Quiroz (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; diputado Marko Antonio Cortés Mendoza (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; diputado Jesús Sesma Suárez (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; diputada Norma Rocío Nahle García, Coordinadora del Grupo Parlamentario de Movimiento de Regeneración Nacional; diputado José Clemente Castañeda Hoeflich (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano; diputado Luis Alfredo Valles Mendoza (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza; diputado Alejandro González Murillo (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.»

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La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.— Junta de Coordinación Política.

Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, respetuosamente solicita al titular del Instituto Mexicano del Seguro Social, que a partir del Ejercicio Fiscal 2017 destine recursos presupuestales dirigidos preferentemente a la atención integral de pacientes de cáncer menores de 18 años.

La Junta de Coordinación Política, con fundamento en lo dispuesto en el inciso b), numeral 1, del artículo 34 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del Pleno los siguientes acuerdos, al tenor de las siguientes

Consideraciones

1. Que en México, la principal enfermedad neoplásica que afecta a menores, es la leucemia aguda, de acuerdo con especialistas del hospital de pediatría del Centro Médico Nacional Siglo XXI del IMSS, y que en dicha institución se atienden al año alrededor de 35 casos nuevos de leucemias linfoblásticas y 10 mieloblásticas.

2. Que datos generados por la Secretaría de Salud indican que el cáncer infantil es la principal causa de muerte, sólo después de los accidentes, en la población de 5 a 14 años, lo cual inscribe a dicho padecimiento como un indicador de riesgo importante para el sistema de salud pública, dado que este sector atiende a la mayoría de pacientes que sufren esta enfermedad.

3. Que el problema generado por el cáncer infantil se agrava dado que no todos los infantes tiene acceso a servicios de salud como derechohabientes, absorbiendo la responsabilidad el Seguro Popular, que en 2011 atendió el 85 por ciento de los casos de cáncer infantil de pacientes que no contaban con seguridad social.

4. Que si bien se cuenta con un programa de acción específico en nuestro país para atender a los pacientes de cáncer menores de 18 años, cada año se presentan al menos 5,000 nuevos casos de este padecimiento.

5. Que es necesario contar con una infraestructura suficiente para ofrecer la atención integral que requieren los niños y adolescentes con cáncer. Sin embargo, nuestro país presenta un déficit de especialistas en el campo de cáncer pediátrico, pues en dicha área apenas se contabilizan 165 oncólogos, 35 hematólogos, 35 cirujanos oncólogos, 10 radioterapeutas y 5 psico-oncólogos pediatras lo cual representa un déficit de especialistas para atender todos los casos de cáncer infantil en el país.

6. Que en países desarrollados se ha logrado disminuir el número de decesos provocados por cáncer infantil por medio del uso de tecnologías terapéuticas más desarrolladas, lo cual debe alentar los esfuerzos por fortalecer las medidas de prevención que reduzcan las muertes por cáncer en menores de edad, se evitarían los efectos indeseables del tratamiento, y al mismo tiempo, se aumentaría el porcentaje de sobrevivencia.

7. Que existe evidencia que señala el aumento de la posibilidad de sobrevivencia si se detecta el cáncer en sus etapas tempranas en más del 80 por ciento, mientras que llega a menos del 20 por ciento cuando se descubre en etapas avanzadas.

8. Que las medidas preventivas se convierten en la mejor oportunidad de sobrevivir para los menores de 18 años que desarrollan alguno de los tipos de cáncer más frecuentes y letales detectados en este segmento poblacional, los cuales se describen como leucemias, tumores cerebrales y otros tumores sólidos.

9. Que como parte del sistema de salud, el Instituto Mexicano del Seguro Social se inscribe dentro de las instituciones que han detectado y atendido el problema, en la medida de sus posibilidades, reconociendo además que es necesario implementar las medidas necesarias que permitan identificar con mayor oportunidad los tipos de cáncer que se presentan con mayor frecuencia en niños y adolescentes.

10. Que es necesario generar las condiciones para lograr ampliar la atención integral de las niñas, niños y jóvenes con cáncer, enfatizando las acciones de prevención, por medio del ejercicio de recursos públicos de manera eficiente, a favor de uno de los sectores más vulnerables de la sociedad.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, la Junta de Coordinación Política suscribe el siguiente:

Acuerdo

Primero.La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, respetuosamente solicita al titular del Instituto Mexicano del Seguro Social, que a partir del Ejercicio Fiscal 2017, destine recursos presupuestales dirigidos preferentemente a la atención integral de pacientes de cáncer menores de 18 años.

Segundo.Comuníquese y publíquese en la Gaceta Parlamentaria.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 días de noviembre del año 2016.— Diputado Francisco Martínez Neri (rúbrica), Presidente de la Junta de Coordinación Política y Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; diputado César Octavio Camacho Quiroz (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; diputado Marko Antonio Cortés Mendoza (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; diputado Jesús Sesma Suárez (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; diputada Norma Rocío Nahle García, Coordinadora del Grupo Parlamentario de Movimiento de Regeneración Nacional; diputado José Clemente Castañeda Hoeflich (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano; diputado Luis Alfredo Valles Mendoza (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza; diputado Alejandro González Murillo (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.»

En votación económica se pregunta si se aprueban. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Aprobados. Comuníquense.

INICIATIVAS Y PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: En términos de los artículos 100 y 102 del reglamento, las iniciativas y proposiciones contenidas en el orden del día serán turnadas a las comisiones que correspondan, publicándose el turno en la Gaceta Parlamentaria. (*)

( *) Las iniciativas y proposiciones se encuentran en el Apéndice de esta sesión.

EFEMÉRIDES

ANIVERSARIO DE LA APROBACIÓN DE LA IGUALDAD JURÍDICA DE LAS MUJERES

«Efeméride con motivo del 14 de noviembre, aniversario de la aprobación de la igualdad jurídica de las mujeres, a cargo de la diputada Karen Hurtado Arana, del Grupo Parlamentario del PRD

El 14 de noviembre de 1974, la Cámara de Diputados reconoció el derecho de la mujer para votar y ser electa en cargos públicos y de representación popular. Pero para lograr esto, hubo antes una lucha feminista, desarrollada en Mérida, Yucatán, entre 1915 y 1916, donde hacían propaganda al Constitucionalismo, por medio de la creación de clubes en distintos puntos de la República Mexicana. Con esto se iniciaron diferentes congresos feministas, cuyos temas principales a tratar fueron en materia de educación y ciudadanía política.

Con esto lograron los primeros diálogos con el gobierno para debatir sus ideas y propuestas, pero no prosperaron tan rápido como ellas pensaban. Para la década de los setenta, el contexto en el que se desarrolla una nueva ola feminista, era el del movimiento de 1968, que si bien recordamos, fue una época en donde hubo un gran número de estudiantes que se proclamaron en contra de la fuerte represión ejercida por el Estado. Dejando ver un incremento masivo de mujeres en las universidades.

Lo anterior, desató la creación de diferentes grupos feministas, que analizaron diferentes temas como la maternidad, la doble jornada de trabajo, la subordinación, la discriminación, entre otros temas. Por diferencias que tuvieron entre ellas, los movimientos no funcionaron pero lograron establecer grandes líneas de acuerdo, que hoy siguen vigentes. Tal es el caso de la aprobación de la igualdad jurídica de la mujer.

Una de las primeras acciones tomada por las mujeres a nivel internacional, fue crear el sufragismo, un movimiento que buscaba un estatus de ciudadanas, exigiendo el derecho a votar y ser electas, además del derecho a la educación y al trabajo remunerado. En este movimiento participaron varias generaciones de mujeres, pero sólo lograron en 1948, y de manera difusa, como derecho humano fundamental participar en el ámbito de la política, por medio de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Es importante resaltar que a lo largo de los años las mujeres han estado en una lucha constante por lograr una igualdad que represente su voz en los distintos ámbitos sociales, políticos y económicos, tanto nacional e internacionalmente. Actualmente, los derechos de los mexicanos son iguales para todos los habitantes, sin importar el género, lo que hace que México sea un país incluyente, respetando los derechos humanos y la igualdad de género.

Para lograr la igualdad jurídica fueron largos años de lucha, a pesar de que en ese entonces las leyes eran muy rudimentarias. Es por eso que conmemoramos con gran orgullo aquella lucha que dio frutos hace 42 años, permitiendo, actualmente, una igualdad jurídica.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de noviembre de 2016.— Diputada Karen Hurtado Arana (rúbrica).»

DÍA MUNDIAL DE LA DIABETES

«Efeméride con motivo del 14 de noviembre, Día Mundial de la Diabetes, a cargo de la diputada María Elena Orantes López, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

La que suscribe, María Elena Orantes López, integrante de la LXIII Legislatura en la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, vicecoordinadora del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6, fracción I, y 79, párrafos primero, fracción II, y segundo, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta ante el pleno de esta soberanía la 14 de noviembre por el Día Mundial de la Diabetes efeméride.

El 20 de diciembre de 2014, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), a partir de la resolución A/RES/61/225 estableció que el 14 de noviembre de cada año se celebre el Día Mundial de la Diabetes. Este día fue seleccionado por ser el aniversario del nacimiento de Frederick Banting, quien, junto con Charles Best, tuvo un papel determinante en el descubrimiento en 1922 de la insulina.

De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas (ONU), 422 millones de adultos en todo el mundo tenían diabetes en 2014, frente a los 108 millones de 1980. Por ello, la prevalencia pasó de 4,7 en 1980 a 8,5 por ciento en 2014 de la población mundial adulta.

Cabe señalar que este padecimiento se le vincula a la obesidad y el sobre peso, ha aumentado más deprisa en los países de ingresos bajos y medianos que en los de ingresos altos y se presenta de la siguiente manera.

“En México, desde 1998 al 2012 se ha observado una tendencia hacia el incremento en un 4.7 por ciento, pasando a una tasa de morbilidad de 342.1 a 358.2.”

En México, en el año 2010, un estudio de microcosteo reportó un gasto anual en costos directos de atención médica en pacientes con diabetes mellitus tipo 2 (DMT2) de 452 millones 64 mil 988 dólares, un costo promedio anual por paciente de 3 mil 193.75 dólares, correspondiendo 2 mil 740.34 dólares para el paciente sin complicaciones y 3 mil 550.17 dólares para el paciente con complicaciones, siendo los días/cama en hospitalización y en la unidad de cuidados intensivos los servicios con mayor costo.

Diabetes 1: Llamada diabetes juvenil, implica una reacción autoinmune de las defensas del cuerpo que atacan a las células que producen insulina. Las personas que la padecen producen poca o nula insulina y la desarrollan niños y adultos jóvenes.

En este caso requieren dosis diarias de insulina y la ausencia puede ser causa de muerte.

Diabetes 2: Se le denomina no insulinodependientes y representa el 90 por ciento de los casos. Ocurre en cualquier edad y su diagnóstico surge en exámenes de orina y pruebas de sangre. Este tipo puede ser controlado con dieta y ejercicio

Diabetes gestacional (GDM): Sucede a la madre y los bebés, en uno de cada 25 embarazos, debido a altos niveles de glucosa. Las consecuencias son el aumento en las posibilidades del bebe para tener diabetes tipo 2 a lo largo de su vida y en la madre para desarrollarla en los diez años subsecuentes al nacimiento.

Actualmente, es una de las afecciones a la salud, más importante en nuestro sistema de salud y en esta ocasión ha propuesto Impuestos a bebidas azucaradas, pues ayudan a reducir consumo y prevalencia de obesidad, diabetes tipo 2 y caries. Ello, tiende a suceder cuando el impuesto aumenta más de un 20 por ciento el precio de dichas bebidas y se reduce su consumo.

Notas:

1 Véase:

http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/61/225

2 OMS: http://www.un.org/es/events/diabetesday/

3 Dirección General de Epidemiología, Secretaría de Salud.

http://www.epidemiologia.salud.gob.mx/doctos/infoepid/ bol_diabetes/dm2_bol1_2013.pdf

4 Dirección General de Epidemiología, Secretaría de Salud.

http://www.epidemiologia.salud.gob.mx/doctos/infoepid/ bol_diabetes/dm2_bol1_2013.pdf

5 Véase: http://www.idf.org/about-diabetes

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de noviembre de 2016.— Diputada María Elena Orantes López (rúbrica).»

DÍA MUNDIAL DEL RECICLAJE

«Efeméride con motivo del 15 de noviembre, Día Mundial del Reciclaje, a cargo de integrantes del Grupo Parlamentario del PVEM

Actualmente, los índices de contaminación en todo el mundo y en nuestro país son alarmantes, es por ello que acciones dirigidas a la reutilización de elementos y objetos de distinto tipo que de otro modo serían desechados, contribuyendo al aumento en la generación de basura y en el peor de los casos dañando de forma continua al medio ambiente, cobran importancia para lograr mantener un ambiente limpio y sano.

En este sentido, el reciclaje es una herramienta que nos ayuda a proteger y salvar nuestros recursos naturales, reduciendo la contaminación y siendo una excelente forma de intentar revertir el cambio climático. Por ello cada año se conmemora el 15 de noviembre como el Día Internacional de Reciclaje, el establecimiento de esta fecha fue pensado para que todas las personas tomemos conciencia de la importancia de implementar pequeñas acciones en nuestro día a día que puedan tener un impacto positivo en nuestro medio ambiente y reducir nuestra huella ecológica.

Es importante continuar con los esfuerzos para reciclar todos los residuos útiles, tales como latas, botellas de plástico, cartón, periódico, vidrio y papel; disminuyendo con ello el consumo de petróleo, agua, emisiones de CO2 (dióxido de carbono) y el consumo energético, evitando a su vez la generación de toneladas de basura que merman la calidad de nuestro entorno ecológico.

El reciclaje es entendido como un proceso por el cual los residuos sólidos, en un principio destinados al desecho, se someten a un tratamiento para obtener una materia prima o un nuevo producto, es decir un desecho que se vuelve a introducir en el ciclo de vida, lo cual nos permite hacer un mejor uso de los recursos naturales, reducir el impacto ambiental y mejorar nuestros hábitos de consumo.

Las etapas del proceso de reciclaje son las siguientes:

• Generación de residuos

• Manipulación de los residuos y separación

• Recuperación

• Transferencia y transporte

• Separación y procesamiento de los residuos sólidos urbanos (RSU)

• Transformación de los RSU por diferentes procesos

• Reciclaje y reutilización

• Incineración con recuperación de energía

• Incineración sin recuperación de energía

Los beneficios obtenidos al implementar este tipo de prácticas tienen un impacto positivo en el medio ambiente, así como en la reducción del volumen de residuos y por lo tanto de la contaminación. Cuando los materiales desechados se reutilizan, se ahorra energía y con ello se reduce la dependencia del petróleo. Comúnmente se necesita menos energía para fabricar un producto de material reciclado que de material virgen. Asimismo, se reducen los costos asociados a la producción de nuevos bienes.

De cara a los nuevos retos que enfrenta nuestro país en materia ambiental es importante que tanto las instituciones gubernamentales como la sociedad implementen este tipo de mecanismos con miras a disminuir el deterioro ambiental, en la actualidad de cada 100 kilogramos de basura sólo el 70 por ciento se recolecta, más de 30 mil toneladas diarias llegan a barrancos, ríos y terrenos baldíos, convirtiéndose en agentes contaminantes y fuentes de infección. La mayoría de los desechos son reutilizables, sin embargo, el principal problema radica al mezclarlos al momento de desecharlos por lo que se convierten en basura.

El Partido Verde Ecologista de México es una organización política caracterizada desde su fundación por defender causas relacionadas con la protección y conservación del entorno, llevamos tres décadas luchando por un medio ambiente limpio y sano para todos los mexicanos, por ello, con motivo de la celebración del Día Internacional del Reciclado, nos unimos a los esfuerzos de implementar y darle difusión a este tipo de prácticas, con la finalidad de que permeen en toda la sociedad en aras de contribuir a evitar el deterioro del planeta, la destrucción de los bosques y el daño progresivo a la capa de ozono. El reciclaje es una acción que nos puede mostrar una salida a esta situación que requiere pronta atención y acción por parte de todos.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 15 días del mes de noviembre de 2016.— (Rúbrica).»

DÍA INTERNACIONAL PARA LA TOLERANCIA

«Efeméride con motivo del 16 de noviembre, Día Internacional para la Tolerancia, a cargo de la diputada Mirza Flores Gómez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Si no podemos poner fin a nuestras diferencias, contribuyamos a que el mundo sea un lugar apto para ellas.

John Fitzgerald Kennedy

Los principios básicos sobre los que se fundan las sociedades y Estados modernos considerados democráticos, son: la tolerancia y el respeto, principios que hacen viables las sociedades, no únicamente porque generan cohesión, son aún más importantes porque dan sentido a la vida en sociedad; hacen armonizable la convivencia diaria.

La importancia de seguirlos teniendo presente, de educar en consonancia, reside en contrarrestar aquellos discursos y acciones que apuntalan al odio hacia los diferentes como algo natural basados en un tipo de supremacía. Ahora más que nunca, se hace necesario reforzar un sentido de la tolerancia, en un mundo donde la globalización ha visibilizado la diversidad humana aunado al avance tecnológico y al gran salto que representaron las redes sociales, que han dado voz y una plataforma donde expresarse a aquellos a los que antes era impensable.

Es necesario entender a este concepto como el piso base para la convivencia de acuerdo a los derechos humanos. Por ello los Estados deben promover el ejercicio de la tolerancia a través de todos sus medios a fin del avance de una sociedad sana y democrática.

Ésta es indispensable para una verdadera democracia, donde estado, gobierno y sociedad más que divididos sean cooperativos. Por ello es elemental la apertura del dialogo, a través de canales que sean seguros para la diversidad de las voces existentes, siendo únicamente posible a partir de educar en la tolerancia para que ello de pie a plataformas de confianza para que cada individuo se pueda expresar en libertad y sin temer a las repercusiones.

Educar de acuerdo a este principio implica preparar a la sociedad para el ejercicio de la ciudadanía. Donde el espacio público vuelve a tomar mayor relevancia y la diferencia más que ser un obstáculo para la cohesión, es un apalancamiento para la construcción de algo más, de un estado ideal de la democracia. La tolerancia es mucho más que la aceptación pasiva del otro. Lleva aparejada la obligación de actuar, y debe enseñarse, alimentarse y defenderse. La tolerancia exige que los Estados inviertan en las personas y en la realización de todo su potencial por medio de la educación, la inclusión y la creación de oportunidades. Lo que implica la construcción de sociedades fundadas en el respeto de los derechos humanos, en el que el miedo, la desconfianza y la marginación son sustituidos, por el pluralismo, la participación y el respeto a las diferencias.

El uso cotidiano de este principio universal nos permitirá superar el actual estado de desigualdad social, a partir de disminuir situaciones preocupantes como el actual egoísmo de las sociedades capitalistas, ayudando a adquirir el equilibrio necesario a fin del avance de todas y todos.

Nota:

1 Organización de las Naciones Unidas, enlace URL:

http://onu.org.pe/dias-internacionales/ dia-internacional-para-la-tolerancia/

Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 15 días del mes de noviembre de 2016.— Diputada Mirza Flores Gómez (rúbrica).»

CLAUSURA Y CITA

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar(a las 17:00 horas): Se levanta y se cita para la que tendrá lugar el día jueves 17 de noviembre de 2016 a las 11 horas.

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