INICIATIVAS Y PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO

«Comunicación de la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, por la que informa el turno que le corresponde a las iniciativas con proyecto de decreto y a las proposiciones con punto de acuerdo registradas en el orden del día del jueves 17 de noviembre de 2016, de conformidad con los artículos 100, numeral 1, y 102, numeral 3, del Reglamento de la Cámara de Diputados.

Con fundamento en los artículos 100, numeral 1, y 102, numeral 3, del Reglamento de la Cámara de Diputados, se informa a la honorable Asamblea los turnos dictados a las iniciativas con proyecto de decreto y a las proposiciones con punto de acuerdo, registradas en el orden del día del 17 de noviembre de 2016 y que no fueron abordadas.(*)

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 17 de noviembre de 2016.— Diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar (rúbrica), Presidente.»

«Iniciativas con proyecto de decreto

1. Que reforma el artículo 5o. de la Ley de Ciencia y Tecnología, a cargo de la diputada Ana Guadalupe Perea Santos, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.

Turno:Comisión de Ciencia y Tecnología, para dictamen.

2. Que reforma y adiciona los artículos 4o. y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Verónica Delgadillo García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Turno:Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

Proposiciones con punto de acuerdo

1. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud, al IMSS y al ISSSTE, a llevar a cabo acciones para ampliar la cobertura y mejorar los tratamientos de diálisis y hemodiálisis que se proporcionan en los hospitales del país, a cargo del diputado Alfredo Anaya Orozco, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno:Comisión de Salud, para dictamen.

2. Con punto de acuerdo, por el que exhorta a la Semarnat, a que no se lleve a cabo la declaratoria de las áreas naturales protegidas Islas del Pacífico de la Península de la Baja California y Sierras la Giganta y Guadalupe, hasta en tanto se consulte con mayor amplitud a los habitantes de esas regiones de la entidad, a cargo de la diputada Jisela Paes Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Turno:Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen.

3. Con punto de acuerdo, relativo al procedimiento de destitución del magistrado electoral Juan Manuel Sánchez Macías, adscrito a la sala regional de Xalapa, Veracruz y al emprendimiento de acciones que permitan el cumplimiento de la política nacional en materia de igualdad sustantiva y fortalecer el alcance del protocolo para la atención de casos de violencia de género, a cargo de la diputada María Cristina García Bravo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Turno:Comisión de Igualdad de Género, para dictamen.

4. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Turismo, a la Secretaría de Economía, a la Profeco y a la Coordinación Nacional de Protección Civil, a fin de que diseñen los mecanismos de colaboración institucional y asesoría para que los empresarios del ramo hotelero puedan cumplir con un menor costo, con los requisitos establecidos en los Lineamientos del Sistema de Clasificación Hotelera publicados en el DOF el 13 de septiembre del 2016, a cargo de la diputada Evelyng Soraya Flores Carranza, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Turno:Comisión Turismo, para dictamen.

5. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno de la CDMX, a declarar la alerta de violencia de género en sus 16 demarcaciones territoriales, a cargo del diputado Jesús Emiliano Álvarez López, del Grupo Parlamentario de Morena.

Turno:Comisiones Unidas de Igualdad de Género, y de Ciudad de México, para dictamen.

6. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal y a la Semarnat, para que realicen gestiones necesarias con el fin de que decrete como área natural protegida con carácter de reserva de la biósfera el territorio del semidesierto zacatecano, a cargo del diputado Jorge Álvarez Máynez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Turno:Comisión Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen.

7. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, para que a través de las diferentes instancias de salud y educativas, incremente las acciones de concientización y educativas para prevenir y contrarrestar la epidemia de la diabetes que afecta a la población de nuestro país, a cargo de la diputada Mirna Isabel Saldívar Paz, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.

Turno:Comisión de Salud, para dictamen.

8. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Salud fortalezca las campañas informativas para el conocimiento de la población, prevención y tratamiento oportuno de la Diabetes, en el establecimiento de las Políticas Públicas de todo el Sector Salud, a cargo del diputado Melissa Torres Sandoval, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.

Turno:Comisión de Salud, para dictamen.

9. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Economía, a través del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, realice el procedimiento conducente para emitir la declaratoria de protección de denominación de origen al Queso Cotija, a cargo del diputado Alfredo Anaya Orozco, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno:Comisión de Economía, para dictamen.

10. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Economía y a la Profeco, a efecto de que se establezcan acciones emergentes y efectivas para reconducir la política de precios, y con ello combatir y vigilar su incremento en los productos y servicios de consumo y uso popular, que integran la canasta básica, a cargo del diputado Jorge López Martín, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Turno:Comisión de Economía, para dictamen.

11. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud, a realizar un análisis de los efectos en la salud que producen las antenas de telefonía móvil, radio y televisión, a cargo de la diputada Lluvia Flores Sonduk, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Turno:Comisión de Salud, para dictamen.

12. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, al gobierno del estado de México, a la Sedesol y a la Sedatu, a finalizar los eventos masivos de entrega de programas sociales; y a la PGR, a través de la Fepade, a investigar posibles irregularidades por estos actos, a cargo de la diputada Araceli Damián González, del Grupo Parlamentario de Morena.

Turno:Comisión de Gobernación, para dictamen.

13. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, para que en uso de sus facultades constitucionales, remueva a la titular de la SRE y replantee la agenda que orientará la política exterior del país, a partir del triunfo de Donald Trump, a cargo del diputado Jorge Álvarez Máynez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Turno:Comisión de Relaciones Exteriores, para dictamen.

14. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta respetuosamente a la STPS, al Instituto Nacional de las Mujeres y al Conapred, lleven a cabo acciones que garanticen que en las empresas e instituciones certificadas por cumplir la NOM en Igualdad Laboral y No Discriminación (NMX-R-025-SCFI-2015), los puestos laborales ocupados por personal femenino que queden vacantes sean dados preferentemente a mujeres, a cargo de la diputada Mirna Isabel Saldívar Paz, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.

Turno:Comisión de Igualdad de Género, para dictamen.

15. Con Punto Acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, a realizar las acciones que resulten necesarias para que en el Municipio de Irapuato, Guanajuato, el IMSS realice las gestiones necesarias para la construcción de una clínica de nivel 3, en cumplimiento del compromiso número 227 firmado el 23 de junio de 2012, en su calidad de candidato a la Presidencia de la República, a cargo de la diputada Lorena del Carmen Alfaro García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Turno:Comisión de Seguridad Social, para dictamen.

16. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta respetuosamente al IMJ, para que se sirva difundir el avance del proyecto y operación del programa Vivienda Joven, implementado en los estados de Durango, Chiapas, Yucatán y Zacatecas, con apoyo de la Sedesol y de la Comisión Nacional de Vivienda, a cargo del diputado Mariano Lara Salazar, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.

Turno:Comisión de Juventud, para dictamen.

17. Con punto de acuerdo, por el que exhorta a la Segob y a la SHCP, para que se mantenga el funcionamiento adecuado de los servicios educativos y de salud para la población en el estado de Veracruz, a cargo del diputado Francisco José Gutiérrez de Velasco Urtaza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Turno:Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.»

INICIATIVAS

LEY DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

«Iniciativa que reforma el artículo 5o. de la Ley de Ciencia y Tecnología, a cargo de la diputada Ana Guadalupe Perea Santos, del Grupo Parlamentario del PES

La suscrita, Ana Guadalupe Perea Santos, diputada federal de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y artículos 6, numeral 1, fracción I; 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que reforma iniciativa de decreto por el que se reforma el artículo 5 de la Ley de Ciencia y Tecnología.

Exposición de Motivos

Cada vez más el Poder Ejecutivo, el Legislativo y la sociedad en general reconocen el papel tan importante que juega la ciencia y la tecnología como punta de lanza para el crecimiento económico sustentable de México; esto ha dado lugar a la Ley de Ciencia y Tecnología, la cual se ha venido reformando desde su promulgación en 2002, conduciendo así al fortalecimiento del Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI).

Con este mismo espíritu de mejora, la presente iniciativa busca fortalecer la pluralidad de opiniones y representatividad de los diferentes actores del CTI, en el Consejo General de Investigación Científica.

De acuerdo al artículo 6 de la Ley de Ciencia y Tecnología, el Consejo General tiene entre otras facultades la de definir políticas nacionales, prioridades, criterios, etc., tendientes a impulsar el avance de la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación que apoyen el desarrollo nacional, así como la de aprobar mecanismos de apoyo y el proyecto de presupuesto de egresos en la materia.

Según el artículo 5 de la mencionada Ley serán miembros permanentes del Consejo General:

El presidente de la República, quien lo presidirá

I. Los titulares de las Secretarías de Relaciones Exteriores, de Hacienda y Crédito Público, de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de Energía, de Economía, de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, de Comunicaciones y Transportes, de Educación Pública, y de Salud (nueve secretarios de estado);

II. El Director General del Conacyt, en su carácter de Secretario Ejecutivo del propio Consejo General;

III. El Coordinador General del Foro Consultivo Científico y Tecnológico;

IV. El Presidente de la Academia Mexicana de Ciencias;

V. Un representante de la Conferencia Nacional de Ciencia y Tecnología;

VI. Tres representantes del sector productivo que tengan cobertura y representatividad nacional mismos que serán designados por el Presidente de la República a propuesta del Secretario de Economía, y se renovarán cada tres años;

VII. Un representante del Sistema de Centros Públicos de Investigación, y

VIII. El Secretario General Ejecutivo de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES).

Asimismo, el Consejo General contará con la participación a título personal de dos miembros que se renovarán cada tres años y que serán invitados por el Presidente de la República, a propuesta del Secretario Ejecutivo. Estos miembros tendrán derecho a voz y voto y podrán ser integrantes del sector científico y tecnológico.

Para formular dichas propuestas, el Secretario Ejecutivo llevará a cabo un procedimiento de auscultación, conjuntamente con el Coordinador General del Foro Consultivo, de tal manera que cada una de dichas personas cuente con la trayectoria y méritos suficientes, además de ser representativos de los ámbitos científico o tecnológico.

El Presidente de la República podrá invitar a participar a las sesiones del Consejo General a personalidades del ámbito científico, tecnológico y empresarial que puedan aportar conocimientos o experiencias a los temas de la agenda del propio Consejo General, quienes asistirán con voz pero sin voto.

En resumen, el Consejo General está formado por 20 miembros permanentes de los cuales solo 2 podrán ser integrantes del sector científico y tecnológico.

Dentro de las facultades que tiene el Consejo General, en temas financieros, están el proponer lineamientos y criterios de asignación, para generar un proyecto de presupuesto enfocado en ciencia, tecnología e innovación que será incluido dentro del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación.

En este orden de ideas, existe la urgente necesidad de contar con la participación de la Cámara de Diputados representada por el Presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología de las Cámaras del Congreso de la Unión, en el entendido que una de las facultades exclusivas de este órgano de gobierno, es aprobar anualmente el Presupuesto de Egresos de la Federación, donde se destinan fondos económicos para diversos programas o proyectos, con la finalidad de garantizar la óptima incorporación de las políticas y programas prioritarios en los proyectos de presupuestos anuales.

En consecuencia, la incorporación del presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología del Senado de la República y de la Cámara de Diputados generaría mayor certidumbre en la elaboración del proyecto de presupuesto en lo concerniente a ciencia, tecnología e innovación y asegurar la ejecución de apoyos y programas que se establezcan en el Consejo General,

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta honorable Cámara de Diputados el siguiente proyecto de

Decreto por el que se reforma el artículo 5 de la Ley de Ciencia y Tecnología

Único. Se adiciona un numeral III al artículo 5, recorriéndose los subsecuentes de la Ley de Ciencia y Tecnología.

Capítulo IISobre el Consejo General de Investigación Científica, Desarrollo Tecnológico e Innovación

Artículo 5. Se crea el Consejo General de Investigación Científica, Desarrollo Tecnológico e Innovación, como órgano de política y coordinación que tendrá las facultades que establece esta Ley. Serán miembros permanentes del Consejo General:

I. El Presidente de la República, quien lo presidirá;

II. Los titulares de las Secretarías de Relaciones Exteriores, de Hacienda y Crédito Público, de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de Energía, de Economía, de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, de Comunicaciones y Transportes, de Educación Pública, y de Salud;

III. El Presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología Cámara de Diputados y Senadores.

IV. a X. ...

...

Transitorio

Único.El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de octubre de 2016.— Diputada Ana Guadalupe Perea Santos (rúbrica).»

Se remite a la Comisión de Ciencia y Tecnología, para dictamen.

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

«Iniciativa que reforma y adiciona los artículos 4o. y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Verónica Delgadillo García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

La suscrita, diputada Verónica Delgadillo García, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo establecido por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un sexto párrafo al artículo 4o. así como una fracción al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, estableciendo el reconocimiento del derecho a la movilidad como derecho humano y la facultad del Congreso de la Unión para legislar en la materia, bajo la siguiente

Exposición de Motivos

Debemos de entender que “[...] la libertad no es, entonces únicamente una libertad ‘de’, sino además una libertad ‘para’; no sólo la libertad de impedimentos, obstáculos, intrusiones, violaciones, interferencias u obstrucciones, sino también la libertad real y efectiva que coloca al ser humano en disponibilidad para elegir, optar, acceder al disfrute pleno de sus derechos; de todos sus derechos”.

Primero.Un derecho fundamental que se encuentre equivocadamente regulado puede terminar por convertirse en un instrumento para el ejercicio de un gobierno autoritario. En ningún momento el derecho a la movilidad deberá ser pervertido para acotar algún otro derecho.

El derecho a la movilidad no debe ser visto como un derecho que atente contra otras libertades o derechos humanos; sino que debe ser considerado como un derecho progresivo, que mejore y facilite el goce al derecho a la educación, salud, a un medio ambiente sano, y al trabajo.

El derecho a la movilidad cuenta con la característica de ser un derecho integral, que vincula y complementa los demás derechos humanos reconocidos en nuestra Constitución y en los Tratados Internacionales que México ha firmado y ratificado.

Por lo que la presente iniciativa propone establecer el derecho a la movilidad como derecho humano, colocándolo dentro del artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en un sexto párrafo, el cual, entre otras problemáticas, debe atender el complicado desarrollo urbano que padecen las ciudades mexicanas.

La inmensa mayoría de las ciudades en el país carecen de un modelo integral exitoso de movilidad: realizar un traslado de un punto a otro de manera eficiente, cómoda y segura se vuelve cada vez más inalcanzable, incluso se podría decir que ha sido regresivo, incrementando los tiempos y hechos de tránsito durante los trayectos al interior la ciudad.

En este sentido, “México se encuentra entre los 10 países donde ocurre el mayor número de muertes por accidentes de tránsito. Alrededor de 16 mil decesos al año, según las estadísticas oficiales, pero el Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes (Conapra) estima que, debido al subregistro de información, la cifra asciende, en realidad, a unas 24 mil muertes”.

Con las actuales condiciones de desarrollo que tienen las ciudades y zonas metropolitanas en el país, incluidas la expansión territorial y la concentración de empleos en zonas con baja densidad poblacional, padecemos una tendencia a la alza en el tiempo que le dedica una persona a sus traslados, teniendo como ejemplo a la Ciudad de México donde se tiene registrado un promedio de 3.5 horas por día, afectando directamente la calidad de vida de cualquiera que sufra esta situación.

De la misma manera, los resultados de la Encuesta de Global de Sufrimiento en el Transporte ( Global Commuter Pain Survey, por su denominación en inglés) publicados en el año 2011 por la consultora internacional IBM, concluyen que la Ciudad de México ocupa el primer lugar entre 20 urbes a nivel mundial con el mayor deterioro de las dinámicas sociales derivado de la congestión vehicular.

Segundo.En México el derecho a la libertad de tránsito se encuentra constitucionalmente establecido en el artículo 11, el cual señala que toda “[...] persona tiene derecho para entrar en la República, salir de ella, viajar por su territorio y mudar de residencia, sin necesidad de carta de seguridad, pasaporte, salvoconducto u otros requisitos semejantes”.

Un precepto similar puede ser encontrado a nivel internacional en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en su artículo 12 numeral 1, el cual establece que “[...] Toda persona que se halle legalmente en el territorio de un Estado tendrá derecho a circular libremente por él y a escoger libremente en él su residencia [...]”.

En este punto, es de suma importancia no confundir el derecho a la movilidad con el ya establecido derecho a la libertad de tránsito, ya que debe ser visto en torno al desarrollo de la “movilidad urbana”, incluye los fenómenos interurbanos y suburbanos, y que tiene que cubrir la necesidad básica de todos los ciudadanos como un colectivo.

Tercero.La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su artículo 1° que todas las personas gozarán de aquellos derechos humanos que sean reconocidos por la Constitución y por los Tratados Internacionales donde México sea parte, “[...] así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse [...]”.

“[...] Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad[...]”

De igual forma, toda persona tiene derecho a recibir educación, así como a la protección de la salud, a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar, así como para desempeñarse laboralmente con libertad siempre su oficio o profesión sea lícita. Derechos que deben de ser garantizados y ser incluidos en las políticas públicas del Estado, como se establece constitucionalmente a nivel federal:

Artículo 3o. primer párrafo [...] “todo individuo tiene derecho a recibir educación.” [...]

Artículo 4o. cuarto párrafo [...] “toda persona tiene derecho a la protección de la salud” [...]

Artículo 4o. quinto párrafo, [...] “toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar.” [...]

Artículo 4o. noveno párrafo [...] “En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral.” [...]

Artículo 5o. primer párrafo, [...] “ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos.” [...]

Cuarto. En la Declaración Universal de los Derechos Emergentes podemos encontrar en su artículo 7.8 que [...] “toda persona tiene derecho a un tráfico ordenado y respetuoso con el medio ambiente y a moverse con facilidad por la ciudad metropolitana. Toda persona discapacitada tiene derecho a que se facilite su movilidad y a la supresión de todas las barreras arquitectónicas.” [...]

Se hace énfasis de nuevo en que el derecho a la movilidad no debe ser confundido con el derecho al libre tránsito, sino que debe ser concebido como un derecho que vincula y complementa a otros derechos humanos.

Quinto.En el Informe Especial Sobre el Derecho a la Movilidad en el Distrito Federal, se define al derecho a la movilidad como [...] “el derecho de toda persona y de la colectividad a disponer de un sistema integral de movilidad de calidad y aceptable, suficiente y accesible que, en condiciones de igualdad y sostenibilidad, permita el efectivo desplazamiento de todas las personas en un territorio para la satisfacción de sus necesidades y pleno desarrollo.” [...]

Elementos que conforman el derecho a la movilidad a nivel internacional:

“Reconocimiento explícito del derecho a la movilidad: Carta Mundial del Derecho a la Ciudad, artículo XIII.1. Carta de la Ciudad de México por el Derecho a la Ciudad, párrafo 3.2. Declaración Universal de Derechos Humanos Emergentes, artículo 7.8.

Disponibilidad:Carta Mundial del Derecho a la Ciudad, artículo XIII.1. Carta de la Ciudad de México por el Derecho a la Ciudad, párrafo 3.3.

Accesibilidad: Carta Mundial de Derecho a la Ciudad, artículo XIII.1. Declaración Universal de Derechos Humanos Emergentes, artículo 7.8. Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, artículos 4º, 9º y 20. Observaciones generales del Comité DESC, número 5 y 6. Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, artículo 14.

Calidad y aceptabilidad:Carta Mundial de Derecho a la Ciudad, artículo XIII.1. Declaración Universal de Derechos Humanos Emergentes, artículo 7.8. Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, artículo 4º. Protocolo de Kyoto de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, artículos 2.1 y 10. Programa 21. ”

Sexto.La Gestión de la Demanda del Trasporte debe ser aplicada en las ciudades que tengan una inadecuada planificación urbana y donde persistan políticas regresivas de transporte, con el objetivo de reducir el tránsito de vehículos automotores.

El Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo define a la Gestión de la Demanda como [...] “el conjunto de estrategias encaminadas a cambiar el comportamiento de viaje de las personas (cómo, cuándo, desde o hacia dónde viaja la gente) con el fin de aumentar la eficiencia de los sistemas del transporte y lograr objetivos específicos de política pública encaminados al desarrollo sostenible. Las estrategias de gestión de la movilidad priorizan el movimiento de personas y bienes por encima de vehículos, es decir, a modos eficientes de transporte, como caminar, usar la bicicleta, transporte público, trabajar desde casa, compartir el automóvil, etcétera”[...]

Séptimo.Existen cuatro diferentes causas que han propiciado el incremento de vehículos motorizados en las ciudades. Primero, el alto subsidio al combustible, a pesar de estar comprobado que los subsidios a la gasolina son uno de los subsidios más regresivos ya que solo llegan a beneficiar al porcentaje más rico de la población. Segundo, aquellos aranceles y otros incentivos económicos y financieros, en los que por medio de descuentos y rebajas a impuestos como la eliminación de la tenencia. Tercero, una amplia oferta de estacionamientos, dado que representa una política centrada únicamente en la creación de espacios pensados para los vehículos motorizados. Cuarto y último, el desarrollo y ampliación de infraestructura vial, donde constantemente las vías públicas están diseñadas exclusivamente para garantizar el uso de vehículos motorizados.

Octavo. La Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG), que es el área con mayor concentración demográfica en el Estado de Jalisco y una de las principales a nivel nacional, cuenta con una población estimada de cuatro millones quinientos mil habitantes, es decir una densidad poblacional de mil seiscientas personas por kilómetro cuadrado. Ahora bien, si tomamos en cuenta las estimaciones que realiza el Banco Mundial en su apartado de indicadores, sobre el número de vehículos que hay por cada mil habitantes, podemos encontrar que México se encuentra a la alza con doscientos setenta y ocho vehículos motorizados.

Particularmente, el municipio de Guadalajara cuenta con un registro de doscientos ochenta y dos vehículos motorizados por cada mil habitantes, por lo que en la zona metropolitana estaríamos hablando que por cada kilómetro cuadrado en donde existe una densidad poblacional de mil seiscientas personas hay cerca de cuatrocientos cincuenta y dos vehículos motorizados.

Esta información debe generar una pregunta obligada: ¿en verdad es necesario enfocar la inmensa mayoría de recursos e infraestructura vial (calles, pasos a desnivel, nodos viales, estacionamientos) para incentivar el tránsito de los automóviles?

Independientemente de las condiciones particulares de cada zona metropolitana en el país, en gran medida todas comparten los mismos síntomas de una movilidad urbana deficiente:

“Congestión vial producto de la dispersión y del protagonismo otorgado al transporte motorizado privado (el automóvil es el medio de transporte con mayor crecimiento, ocupa más espacio y traslada a menos personas).

Deficiencia y baja calidad del transporte público, lo que inhibe su posicionamiento como una alternativa para la movilidad; es la flota con menor crecimiento, innovación tecnológica y sistemas de administración y operación.

Costos crecientes para las personas, los gobiernos y el ambiente, que afectan la competitividad y disminuyen la calidad de vida en las ciudades.”

En la Zona Metropolitana del Valle de México el 29% del total de los viajes se llevan a cabo en automóvil privado, el 60% en transporte público de baja capacidad, el 8% en transporte público masivo, y el restante llevan a cabo en la modalidad de bicicleta y motocicleta.

En la Zona Metropolitana de Monterrey presenta la particularidad de dividirse en mitad el total de los viajes motorizados en la zona, entre autos privados y el transporte público.

Noveno.El 30 de abril del 2014 la Asamblea Legislativa del Distrito Federal aprobó el dictamen con proyecto de decreto por el cual se expide la Ley de Movilidad para el D.F. A partir del artículo 5° de dicha legislación se establece que [...] “la movilidad es el derecho de toda persona y de la colectividad a realizar el efectivo desplazamiento de individuos y bienes para acceder mediante los diferentes modos de transporte reconocidos en la Ley, a un sistema de Movilidad que se ajusta a la jerarquía y principios que se establecen en este ordenamiento, para satisfacer sus necesidades y pleno desarrollo. En todo caso el objeto de la Movilidad será la persona”

De forma similar, la Ley de Movilidad y Transporte del Estado Jalisco que entró en vigor el 11 de agosto del 2013, podemos encontrar que en su artículo 6° primer párrafo se establece que [...] “el ordenamiento y regulación de la movilidad y transporte tiene como principal finalidad la satisfacción de las necesidades sociales, garantizando la integridad y el respeto a la persona, a su movilidad, a sus bienes, a los del Estado y municipios, así como al medio ambiente y al patrimonio cultural del Estado”. [...]

Incluso en la propia Ley de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco en su artículo 2° fracción I, se enuncian los principios rectores de la movilidad:

[...] “a) La accesibilidad, como el derecho de las personas a desplazarse por la vía pública sin obstáculos y con seguridad, independientemente de su condición;

b) El respeto al medio ambiente a partir de políticas públicas que incentiven el cambio del uso del transporte particular y combustión interna, por aquellos de carácter colectivo y tecnología sustentable, o de propulsión distinta a aquellos que generan emisión de gases a la atmósfera;

c) El desarrollo económico, a partir del ordenamiento de las vías públicas de comunicación a fin de minimizar los costos y tiempos de traslado de personas y mercancías;

d) La perspectiva de género, a partir de políticas públicas, que garanticen la seguridad e integridad física, sexual y la vida, de quienes utilicen el servicio del transporte público; y

e) La participación ciudadana, que permita involucrar a los habitantes en el diseño y distribución de las vías públicas de tal manera que puedan convivir armónicamente los distintos usuarios de la movilidad sustentable;” [...]

En alusión a la legislación antes citada, en su artículo 6° tercer párrafo se enumeran las medidas esenciales para lograr una movilidad efectiva:

[...] “I. La defensa y protección de los derechos de los peatones, personas con discapacidad, mujeres embarazadas, adultos mayores, ciclistas y usuarios del servicio público de transporte y del resto de los individuos que utilicen las vías públicas;

II. La determinación de los derechos, obligaciones y responsabilidades de los peatones, ciclistas, conductores, operadores, concesionarios, subrogatarios y permisionarios del servicio público de transporte en sus diferentes modalidades, así como de los conductores de vehículos motorizados en general;

III. La implementación de medidas de prevención y seguridad vial de observancia obligatoria y el mejoramiento de la seguridad vial en infraestructura y a través de su vigilancia;

IV. La promoción del uso ordenado y racional del automóvil;

V. La prestación del servicio público de transporte en forma higiénica, ordenada, regular, continua, segura y acorde a las necesidades de la población; atendiendo el interés social y el orden público;

VI. El mejoramiento de las vías públicas y de los medios de transporte;

VII. La protección, ampliación y promoción de vías y rutas para el desarrollo de vehículos de propulsión humana y tracción animal, de actividades turísticas, deportivas y de esparcimiento; y

VIII. La aplicación al tránsito y transporte de criterios y normas ecológicas.” [...]

Décimo. El derecho a la movilidad como se mencionó anteriormente debe ser visto como un derecho incluyente de otros derechos humanos, convirtiéndose en un elemento fundamental que determinará gran parte de la dignidad humana rumbo a un desarrollo verdaderamente tangible.

Para alcanzar esto, se propone que toda persona tenga derecho a la movilidad bajo un sistema integral de movilidad de calidad y aceptable, suficiente y accesible que, en condiciones de igualdad y sostenibilidad, le permita su efectivo desplazamiento para la satisfacción de sus necesidades y pleno desarrollo.

Para efecto de garantizar y salvaguardar este derecho humano, resulta imprescindible facultar al Congreso de la Unión para legislar no sólo en materia de movilidad sino también en aquellos temas relacionados con la seguridad vial en las ciudades mexicanas. Lo anterior, dado que actualmente carecemos de una legislación nacional que establezca un proyecto de país para erradicar los hechos de tránsito, así como una base mínima con criterios sociales, económicos y técnicos que permitan garantizar el derecho humano a la movilidad. Considerando que es fundamental la responsabilidad del Estado para garantizar el respeto a este derecho, siendo esencial diseñar y ejecutar constantemente políticas públicas dirigidas a un desarrollo urbano apegado a los principios del derecho a la movilidad.

Por todo lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración la siguiente iniciativa con proyecto de:

Decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 4o. y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo Único.Se adiciona un sexto párrafo al artículo 4º; y una fracción XXIX-X al artículo 73; ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 4o. ...

...

...

...

...

Toda persona tiene derecho a la movilidad. El Estado debe garantizar este derecho bajo un sistema integral de calidad, aceptable, suficiente y accesible que, en condiciones de igualdad y sostenibilidad, permita un efectivo desplazamiento para la satisfacción de las necesidades y pleno desarrollo de toda persona.

...

...

...

...

...

...

...

...

Artículo 73.El Congreso tiene facultad:

I. a XXIX-W. ...

XXIX-X. Para expedir las leyes generales en materia de movilidad y seguridad vial, en los términos que establece esta Constitución.

XXX. ...

Transitorios

Primero.El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.El Congreso de la Unión expedirá la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial en un plazo no mayor a un año a partir de la entrada en vigor del presente decreto.

Tercero. Las legislaturas de las entidades federativas, adecuarán la legislación correspondiente conforme a lo dispuesto en el presente decreto y a la Ley General que apruebe el Congreso de la Unión en un plazo no mayor a 120 días a partir de la entrada en vigor de dicha Ley General.

Cuarto. Se deroga toda aquella disposición que contravenga el presente Decreto.

Notas:

1 Germán J. Bidart Campos, La Constitución económica, Fundap 2003, p. 49.

2 México, entre los 10 países con mayor número de muertos por accidentes de tránsito, Periódico La Jornada, Ángeles Cruz Martínez, 25 de marzo 2013, p.41 www.jornada.unam.mx

3 Reporte Nacional de Movilidad Urbana en México 2014-1015, ONU-Hábitat Oficina de Coordinación Nacional de Programa en México, pág. 20 www.onuhabitat.org

4 Encuesta Global de Sufrimiento en el Transporte, IBM, 2011. http://www-03.ibm.com/press/us/en/pressrelease/35359.wss

5 Artículo 1° Segundo Párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. www.diputados.gob.mx consultado 6 de marzo del 2015.

6 Institu de Drets Humans de Catalunya, www.idhc.org consultado 8-05-2015

7 Informe Especial Sobre el Derecho a la Movilidad en el Distrito Federal 2011- 2012, Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Pag.23

8 Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU

9 El reconocimiento de los diferentes elementos que conforman el derecho a la movilidad pueden ser encontrados en distintos instrumentos internacionales, la información presentada corresponde al Cuadro 7 que se elaboró en el Reporte Nacional de Movilidad Urbana en México 2014-1015, ONU-Hábitat, Oficina de Coordinación Nacional de Programa en México, pág. 58 www.onuhabitat.org

10 La gestión de la demanda tiene como principal objetivo tratar de solucionar los crecientes problemas de la congestión y los asociados a ella, pero no a través de una mayor oferta vial, sino a través de la administración eficiente de los viajes, así como la de los modos de transporte disponibles en la ciudad. La gestión de la demanda como política de transporte urbano sostenible, Guía Práctica Estacionamiento y Políticas de Reducción de Congestión en América Latina, pág. 16 año 2013, Banco Interamericano de Desarrollo, Despacio, Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo.

11 Medina, ITDP México, et al. 2012, La gestión de la demanda como política de transporte urbano sostenible, Guía Práctica Estacionamiento y Políticas de Reducción de Congestión en América Latina, pág. 16, año 2013, Banco Interamericano de Desarrollo, Despacio, Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo.

12 Guía Práctica, Estacionamiento y Políticas de reducción de Congestión en América Latina, Banco Interamericano de Desarrollo pag.49

13 Informe sobre Desarrollo Humano México 2011, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, pag.151

14 Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Censo de Población y Vivienda 2010

15 Guía Práctica, Estacionamiento y Políticas de reducción de Congestión en América Latina, Banco Interamericano de Desarrollo pag.52

16 Reporte Nacional de Movilidad Urbana en México 2014-1015, ONU-Hábitat Oficina de Coordinación Nacional de Programa en México, pág. 30 www.onuhabitat.org

17 Ibídem.

18 Ibídem.

19 Ley de Movilidad del Distrito Federal, www.aldf.mx artículo 5° consultado 8-05-2015.

20 La definición al derecho a la movilidad fue retomada del Informe Especial Sobre el Derecho a la Movilidad en el Distrito Federal 2011- 2012, Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Pag.23

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 17 de noviembre de 2016.— Diputada Verónica Delgadillo García (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

PROPOSICIONES

AMPLIAR LA COBERTURA Y MEJORAR LOS TRATAMIENTOS DE DIÁLISIS Y HEMODIÁLISIS

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Ssa, al IMSS y al ISSSTE a llevar a cabo acciones para ampliar la cobertura y mejorar los tratamientos de diálisis y hemodiálisis en los hospitales del país, a cargo del diputado Alfredo Anaya Orozco, del Grupo Parlamentario del PRI

El que suscribe, diputado Alfredo Anaya Orozco, diputado integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Se calcula que en México existen alrededor de 9 millones de personas con insuficiencia renal; siendo la tercera causa de decesos dentro de hospitales en el país y la quinta más importante entre la población mexicana. Tan sólo en 2012 se registraron 12 mil fallecimientos derivados de la insuficiencia renal, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

La Fundación Mexicana del Riñón, por su parte, reporta que actualmente hay entre: 8 y 9 millones de personas con insuficiencia renal en etapas tempranas, por 109 mil personas con insuficiencia renal crónica (IRC).

Por su gravedad la IRC ha sido considerada una epidemia por la Organización Mundial de la Salud. El problema en el caso de México es que la obesidad, la hipertensión arterial y la diabetes mellitus inciden en la agudización de la IRC.

Hay que decir que no se trata de un problema de salud que afecte exclusivamente a personas adultas o mayores; en realidad tiene un rango de afectación que incluye niños. No hay duda, pues, de que es un problema todavía mayor para quien carece de los servicios de salud como los brindados por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), instituciones que dan servicio a poco más de 60 por ciento de la población económicamente activa del país y que, actualmente, cuentan con una infraestructura hospitalaria más completa para aplicar los distintos tratamientos.

El tratamiento para la IRC se realiza mediante el llamado tratamiento por reemplazo renal (TRR), que se conforma por: diálisis peritoneal, hemodiálisis y trasplante renal (en casos graves).

Se sabe que en México el número de personas en tratamiento por remplazo es de 52 mil, aproximadamente; de ellas 80 por ciento reciben tratamiento en el IMSS; el cual calcula una incidencia de pacientes con IRC de 377 casos por millón de habitantes.

En el año de 2009, por ejemplo, la Secretaría de Salud informó que 78 por ciento de pacientes con IRC no pueden acceder a esta terapia, por solo 22 por ciento de los pacientes que sí la reciben.

A mediados de 2015, el IMSS registró 59 mil 146 pacientes en tratamiento de la función renal, ya sea por diálisis peritoneal (a través de la cavidad abdominal o peritoneo) o por hemodiálisis (a través de la sangre). Asimismo, el organismo informó que en ese año destinó 6 mil 500 millones de pesos a ambas terapias, pero que la cifra se incrementa año con año, debido a la creciente epidemia de pacientes con IRC.

En ese sentido, de acuerdo a estimaciones del Centro Nacional de Excelencia Tecnológica en Salud (Cenetec) “de continuar el rápido incremento en los niveles de incidencia de esta enfermedad, para 2025 existirán alrededor de 212 mil pacientes diagnosticados con insuficiencia renal, de los cuales morirán 160 mil cada año”.

Para dimensionar mejor este problema, que constituye un auténtico drama para las familias mexicanas con integrantes que padecen esta enfermedad, basta mencionar que los pacientes tratados con hemodiálisis gastan un promedio de 250 mil pesos al año ya que requieren hemodiálisis hasta por tres veces por semana y los costos de cada sesión varían de entre mil 500 a 3 mil pesos si se realiza en clínicas privadas. Pero recordemos que cuando la enfermedad se agudiza y el paciente requiere trasplante de riñón el costo de una operación puede rebasar los 100 mil pesos, y el tratamiento con inmunosupresores que debe seguir para evitar el rechazo del nuevo riñón puede ascender a los 15 mil pesos por mes y se debe mantener de por vida.

Si para las instituciones de salud como el IMSS y el ISSSTE, proveer de estos servicios ya resulta un gasto elevado, para la población que padece la insuficiencia renal y no cuenta con ninguno de estos seguros es simplemente mortal, y no olvidemos según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política del Desarrollo Social, 61.2 por ciento de la población mexicana no tiene seguridad social.

A este respecto, ya se han realizado algunos intentos por lograr que el Seguro Popular proporcione en su cobertura médica a la insuficiencia renal, pero debido a los altos costos de los tratamientos todavía falta mucho trabajo legislativo.

Por otro lado, el caso de los servicios subrogados merece particular atención, toda vez que, debido al bajo presupuesto y a la falta de infraestructura hospitalaria, en la última década las subrogaciones y contratación de servicios integrales de hemodiálisis en el IMSS, han pasado de 968 mil pesos a 2 mil 611 millones de pesos.

Existe, inclusive, información de que actualmente el Instituto ya depende del sector privado en el otorgamiento de este servicio, pues allí se atiende 54 por ciento de los 24 mil derechohabientes que requieren este tratamiento.

Ello ha derivado en varios problemas, como el no saber bien qué empresas realmente están en activo cumpliendo con los servicios de subrogación, ni se cuenta con criterios ciertos de transparencia y rendición de cuentas en esta materia. Además, se ha advertido que varios de esos centros privados no cuentan realmente con la calidad de servicios que se requieren.

A la luz de toda esta información y debido a que tenemos de frente un complejo problema de salud pública a nivel nacional, los legisladores del Partido Revolucionario Institucional tenemos la responsabilidad de ser congruentes con la exigencia social de velar por los más desfavorecidos. Es por eso que me permito someter a consideración de esta honorable asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud, al Instituto Mexicano del Seguro Social y al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a llevar a cabo acciones para ampliar la cobertura y mejorar los tratamientos de diálisis y hemodiálisis que se proporcionan en los hospitales del país.

Notas:

1 http://www.pwc.com/mx/es/industrias/articulos-salud/insuficiencia-renal.html

2 http://www.renalis.com.mx/la-insuficiencia-renal-en-mexico/

3 http://eleconomista.com.mx/columnas/salud-negocios/2015/10/11/ las-cifras-insuficiencia-renal-imss

4 http://www.pwc.com/mx/es/industrias/articulos-salud/insuficiencia-renal.html

5 Sobre ello, escribe Renato Núñez Ortiz, “En esta misma institución en el año 2009 la IRC ocupó el 3er lugar en el gasto por padecimientos, con una inversión de $4,712 millones en una población que representa el 4% de sus derechohabientes; lo cual nos deja claro el gasto tan importante que significa un paciente con IRC” (véase en “Futuro incierto para la Insuficiencia Renal en México”, http://www.pwc. com/mx/es/industrias/articulos-salud/insuficiencia-renal.html)

6 Véase en http://eleconomista.com.mx/columnas/salud-negocios/2015/10/11/las-cifras-insufi ciencia-renal-imss

7 Véase, http://www.renalis.com.mx/la-insuficiencia-renal-en-mexico/

8 “La Insuficiencia Renal: Un grave problema de Salud Pública en México”, en http://www.renalis.com.mx/la-insuficiencia-renal-en-mexico/

9 Ibíd.

10 Se estima que se requerirían adicionalmente $9,100 millones de pesos al año, destinados al Seguro Popular; presupuesto que rebasa más de 90 por ciento del total del dinero del Fondo de Gastos Catastróficos. ( ibíd.).

11 Véase “ Explosiva demanda de hemodiálisis en México”, en http://www.zocalo.com.mx/seccion/articulo/explosiva-demanda-de-hemodialisis-en- mexico-1455529431

12 Ibíd.

13 “Urgen a supervisar clínicas de hemodiálisis“, en https://www.am. com.mx/2016/03/11/mexico/urgen-a-supervisar-clinicas-de-hemodialisis-269153. En ese sentido, el presidente de la Asociación ALE, Carlos Castro, sostuvo que “hay clínicas de muy buena calidad, sobre todo en los grandes centros urbanos, aunque más de la mitad tienen deficiencias en el servicio (...) Si queremos elevar la calidad del servicio de hemodiálisis, eso tiene que cambiar, y que las acreditaciones de las clínicas sean públicas, porque hoy nadie las supervisa, eso lo debería hacer el IMSS”.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 17 de noviembre de 2016.— Diputado Alfredo Anaya Orozco (rúbrica).»

Se remite a la Comisión de Salud, para dictamen.

DECLARATORIA DE LAS ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS, ISLAS DEL PACÍFICO DE LA PENÍNSULA DE BAJA CALIFORNIA Y SIERRAS LA GIGANTA Y GUADALUPE

«Proposición con punto de acuerdo, por el que exhorta a la Semarnat a no llevar a cabo la declaratoria de las áreas naturales protegidas Islas del Pacífico de la Península de Baja California y Sierras La Giganta y Guadalupe mientras no se consulte con mayor amplitud a los habitantes, a cargo de la diputada Jisela Paes Martínez, del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, diputada Jisela Paes Martínez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 3, numeral 1, fracción XIX; 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracciones I y II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable Cámara de Diputados, la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Semarnat a que no se lleven a cabo las declaratorias de área natural protegida “Islas del Pacífico de la Península de la Baja California” y la de “Sierras La Giganta y Guadalupe”, en Baja California Sur, hasta en tanto se consulte ampliamente a los habitantes y sectores productivos de esas regiones de la entidad, para que se discutan y atiendan los impactos y consecuencias que resentirán dichos sectores de Baja California Sur, al tenor de las siguientes

Consideraciones

De acuerdo con recientes declaraciones del titular de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), están a punto de decretarse dos áreas naturales protegidas en Baja California Sur: la de “Sierras La Giganta y Guadalupe” y la “Islas del Pacífico de la Península de la Baja California”, las cuales habrán de impactar en las actividades productivas que se realizan en ellas.

Es probable que estas declaratorias deseen hacerse coincidir previo a la realización de la 13 Conferencia de las Partes (COP13), del Convenio sobre Biodiversidad Biológica (CDB) de Naciones Unidas, a celebrarse en Cancún, en el próximo mes de diciembre.

La declaración del comisionado nacional de Áreas Naturales Protegidas en el sentido de que se emitirían nuevas declaratorias de creación, provocó preocupación en los habitantes de Baja California Sur, toda vez que no existen los consensos suficientes para una media de tal naturaleza.

La presente proposición plantea la necesidad de que antes de que se realice la declaratoria de estas dos áreas naturales protegidas y ante el desconocimiento de los habitantes de esas zonas, sobre todo del sector agropecuario y pesquero, éstos conozcan a detalle los impactos que generarán tales declaratorias, porque existen inquietudes que es necesario atender sobre este proceso.

El Instituto Nacional de Ecología ha señalado que las áreas naturales protegidas son unidades productoras de bienes y servicios ambientales, pero su mantenimiento exige, en el corto plazo, altos desembolsos por parte de quienes las tienen a su cargo, en función de beneficios que se generan en el largo plazo y que, además, son de naturaleza colectiva.

En 1988 se contaba con 63 áreas naturales protegidas, en 1995 con 89 y en los últimos 15 años se han incrementado, al pasar de 128 a las 177 que existen actualmente. En el Cuarto Informe de Gobierno de la actual administración federal se expresa que éstas abarcan una superficie de 25 millones 431 mil 600 hectáreas, lo que representan el 12 por ciento del territorio nacional.

Actualmente, en el territorio de BCS se encuentran decretadas 11 áreas naturales protegidas, las cuales abarcan aproximadamente el 43 por ciento del territorio estatal: Balandra; Isla Espíritu Santo; Reserva Biosfera del Vizcaíno; Complejo Lagunar Ojo de Liebre; Parque Marino Nacional de Loreto; Parque Marino Nacional de Cabo Pulmo; Monumento Nacional Arco de Cabo San Lucas; Reserva de la Biosfera de la Sierra de la Laguna; Área de Protección de Flora y Fauna Islas del Golfo de California; y el Complejo Insular Espíritu Santo.

La Conanp inició desde 2002 el proceso de creación de un área natural protegida denominada “Islas del Pacífico de la Península de Baja California”, que comprende las islas Adelaida, Cedros, Coronado, Creciente, San Benito, San Jerónimo, San Martín, Todos Santos, Rocas Alijos, Santo Domingo, Magdalena y Margarita; primero como Área de Protección de Flora y Fauna, y a partir de 2005 como Reserva de la Biosfera, proceso que fue suspendido por deficiencias en la consulta a la comunidad y que se reanudó en 2010, mediante reuniones de información con los habitantes ribereños de las islas de Baja California Sur.

No obstante que en ese año 2010 se consultó a los habitantes de Puerto Adolfo López Mateos, Puerto San Carlos, Isla Magdalena y Puerto Alcatraz, quedaron aún preocupaciones sobre los impactos que sufrirán los pescadores del Complejo Lagunar Bahía Magdalena-Bahía Almejas, donde se realiza la actividad pesquera de mayor importancia en el estado, en términos sociales, poblacionales y en cuanto a producción, sobre todo de sardina, crustáceos, especies de escama y moluscos.

En el complejo lagunar Bahía Magdalena-Bahía Almejas viven y se benefician de la actividad pesquera cientos de familias sudcalifornianas, a quienes se tiene que considerar prioritariamente en este proceso, antes de la emisión del decreto respectivo, que abarcaría más de un millón cien mil hectáreas.

Es necesario que la Conanp informe ampliamente a los habitantes de esa región, sobre todo respecto de las zonas donde existe una mayor concentración de la población que basa su modo de vida en la actividad pesquera, y con mayor razón si van a ser sujetos de restricciones y limitaciones en relación con sus actividades cotidianas.

Otra de las áreas naturales protegidas que se pretende declarar es el área natural protegida “Sierras la Giganta y Guadalupe”, la cual abarcaría una extensión de un millón 624 mil hectáreas, es decir, más del 21 por ciento de los 7.3 millones de hectáreas de la superficie estatal, con el 17 por ciento de la superficie del municipio de Loreto, 35 por ciento de Comondú, 11 por ciento de La Paz y el 37 por ciento de Mulegé, al cual sumándole la reserva de la Biosfera del Vizcaíno, quedaría su convertido casi en su totalidad a este régimen.

Esta declaratoria generaría diversos efectos para los sectores productivos de la región serrana de la entidad e implicaría que casi dos terceras partes de la superficie del Estado queden convertidas en área natural protegida, lo cual tiene profundamente preocupados a sus habitantes.

El presente Punto de Acuerdo propone que se lleve a cabo un amplio proceso de consulta a todos los sectores productivos y la población en general de esas zonas, antes de que se publique el decreto de creación de la Reserva de la Biosfera “Islas del Pacífico de la Península de Baja California” y el de “Sierras de la Giganta y Guadalupe”.

Conforme al segundo párrafo del artículo 44 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, en relación a las actividades productivas que se pueden desarrollar en estas áreas, especifica lo siguiente:

“Los propietarios, poseedores o titulares de otros derechos sobre tierras, aguas y bosques comprendidos dentro de áreas naturales protegidas deberán sujetarse a las modalidades que de conformidad con la presente Ley, establezcan los decretos por los que se constituyan dichas áreas, así como a las demás previsiones contenidas en el programa de manejo y en los programas de ordenamiento ecológico que correspondan.”

Por ello, la autoridad federal debe promover la más amplia participación de la sociedad en este proceso, como lo señala el artículo 47 de la misma Ley:

“En el establecimiento, administración y manejo de las áreas naturales protegidas a que se refiere el artículo anterior, la Secretaría promoverá la participación de sus habitantes, propietarios o poseedores, gobiernos locales, pueblos indígenas, y demás organizaciones sociales, públicas y privadas, con objeto de propiciar el desarrollo integral de la comunidad y asegurar la protección y preservación de los ecosistemas y su biodiversidad”.

Para tal efecto, la Secretaría podrá suscribir con los interesados los convenios de concertación o acuerdos de coordinación que correspondan”.

Reconocemos que es necesario preservar y proteger los ecosistemas a través de programas e instrumentos como las áreas naturales protegidas, pero cuando se decreten deben ser la base de actividades productivas bajo un esquema de sustentabilidad de los recursos naturales, proceso que debe ser diseñado por los diversos sectores y actores que interactúan en las zonas que se pretender resguardar.

En el caso de estas áreas naturales protegidas que se pretenden declarar, sin una consulta amplia, demandamos una mayor participación social de los interesados en estos actos de autoridad, para evitar una toma unilateral de decisiones de la Semarnat, atendiendo lo que establece el Artículo 47 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

Por eso le solicitamos a la Conanp no llevar a cabo la declaratoria de creación de las áreas naturales protegidas “Sierras de la Giganta y Guadalupe” y el de “Islas del Pacífico de la Península de la Baja California”, hasta que la población sea consultada ampliamente y tengan toda la información relativa a este trascendente tema.

Por lo anteriormente expuesto, me permito someter a la consideración de esta honorable soberanía, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al Titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para que a través de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, no lleve a cabo las declaratorias de área natural protegida, con categoría de reserva de la biósfera, “Islas del Pacífico de Baja California” y la de “Sierras de La Giganta y Guadalupe”, hasta que de conformidad al artículo 47 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, se consulte ampliamente a los habitantes y sectores productivos de esas regiones, para que se analicen, discutan y atiendan los impactos y consecuencias que resentirán dichos sectores de Baja California Sur.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 17 de noviembre de 2016.— Diputada Jisela Paes Martínez (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen.

PROCEDIMIENTO DE DESTITUCIÓN DEL MAGISTRADO ELECTORAL JUAN MANUEL SÁNCHEZ MACÍAS, ADSCRITO A LA SALA REGIONAL DE XALAPA, VERACRUZ

«Proposición con punto de acuerdo, relativo al procedimiento de destitución del magistrado electoral Juan Manuel Sánchez Macías, adscrito a la sala regional de Xalapa, Veracruz, y al inicio de acciones que permitan cumplir la política nacional en materia de igualdad sustantiva y fortalecer el alcance del protocolo para la atención de casos de violencia de género, a cargo de la diputada María Cristina Teresa García Bravo, del Grupo Parlamentario del PRD

La suscrita, diputada María Cristina Teresa García Bravo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6, numeral 1, 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracciones I y II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable Cámara, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de los siguientes

Consideraciones

La defensa y el reconocimiento de los derechos de las mujeres es una ardua y constante conquista que debe formar parte del actuar cotidiano de todas y de todos, y que sin duda, se ha emprendido por y para las mujeres desde los inicios en los que se hablaba de libertad, igualdad y fraternidad.

En nuestro país, dado el contexto histórico y cultural, se tuvieron que realizar actos tendentes al reconocimiento de los derechos para las mujeres en los rubros de educación, salud, pero sobre todo en sus derechos políticos, mismos que fuera el parteaguas de lo que hoy podemos ejercer: “ el derecho a votar y ser votadas”, ya que para tener derecho a votar, primero se tenía que ganar el derecho a ser ciudadana, lo que implicó largas luchas y mucho tiempo en ello.

La participación incluyente de las mujeres en los temas de carácter electoral, ha permitido la construcción de la democracia en términos igualitarios y al mismo tiempo la creación de una sociedad moderna, equilibrada, madura y justa para todas y todos.

Está claro que en una suma de esfuerzos se ha logrado que en tiempos actuales nuestra Cámara de Diputados en su LXIII Legislatura, esté compuesta con un mayor número de integración femenina, lo que ha permitido un actuar político con un enfoque integral, equitativo y una visión que permite beneficios a una sociedad donde más del 50 por ciento está formada por mujeres.

Así entonces, para el Poder Legislativo federal atento a la vida cotidiana de nuestro país, no pudo ser ajena la violencia política y de género que aún se encuentra institucionalizada, y la cual representa serios obstáculos para la paridad e igualdad entre hombres y mujeres, claro ejemplo fueron las recientes expresiones públicas del magistrado electoral Juan Manuel Sánchez Macías, adscrito a la Sala Regional de Xalapa, Veracruz, que utilizó en una mesa de diálogo sobre paridad de género organizada por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, manifestándose en términos sexistas, misóginos y discriminatorios, que sólo reflejan vestigios de una sociedad machista y retrograda que fomentan la violencia de género, muestra que a pesar de los avances logrados, continúan vigente una sociedad con grandes brechas de desigualdad entre los géneros que la conforman.

Ante lo acontecido, diputadas federales de diversas fracciones parlamentarias, entre ellas la presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, condenaron tan lamentables y vergonzosos hechos, solicitando la renuncia del funcionario con carácter de irrevocable.

El avance en la promulgación y protección de los derechos político electorales, la igualdad de oportunidades y paridad entre hombres y mujeres para los cargos de elección popular y la evolución de la sociedad mexicana, exigen hoy en día, un Poder Judicial de la Federación que de manera certera, congruente, clara e integral, garantice el derecho a la igualdad y la paridad de género, y no sólo en sus resoluciones que exigen un apego irrestricto a la ley.

Son grandes lo desafíos que tenemos hacia delante, y obviamente hoy la sociedad mexicana requiere que sus servidores públicos no sólo cumplan con el deber de hacer apegado a derecho, sino que sea respaldado por un deber de ética y vocación de servicio.

Por eso, para el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática es preocupante que los servidores públicos encargados de salvaguardar, entre otros, los derechos político- electorales, así como el ejercicio de su facultad de atraer asuntos de violencia política de género, en caso de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ejercidas contra mujeres comprometidas con la construcción de la vida política y publica del país, sean los generadores e impulsores de violencia política, social y laboral que desvalora, discrimina y denigra a las mujeres.

Sin duda, nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial de la Federación compete al Consejo de la Judicatura Federal; sin embargo, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación en su artículo 68, dispone que por excepción la disciplina de la Suprema Corte de Justicia y del Tribunal Electoral dada su autonomía, no estarán a cargo del Consejo de la Judicatura, no obstante, la propia ley establece que será la Sala Superior del Tribunal Electoral, quien emita los lineamientos para el desahogo de los procedimientos sancionadores por las infracciones en las que incurran los magistrados electorales de las Salas Regionales, y el personal administrativo adscrito al Tribunal.

Mientras que será la Comisión de Administración la encargada de conocer, tramitar y resolver sobre la disciplina de los magistrados del propio Tribunal Electoral, procedimiento que incluso puede ser iniciado de oficio; por ello, y en concordancia con lo anterior, es oportuno y necesario analizar las causas de destitución o suspensión en sus labores del magistrado de la Sala Regional, al incurrir en un falta o conducta, grave y lacerante para nuestra sociedad, al no preservar la dignidad, imparcialidad, profesionalismo y al mismo tiempo incumplir con sus obligaciones como todo servidor público, tratando con respeto, diligencia, imparcialidad y rectitud a las personas con las que tenga relación, como lo establece la propia Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos en el artículo 8.

Con base en este marco normativo, se desprende que con fecha 9 de noviembre de 2016, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en un comunicado de prensa 56/2016, publicó en su portal: “El magistrado Juan Manuel Sánchez Macías tomó la decisión de presentar su renuncia a la presidencia de la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación”.

Cabe resaltar que, no basta que el magistrado renuncie al cargo de presidente de la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, sino que se requiere que renuncie también al cargo de magistrado, pues de no ser así estaríamos ante un presunto acto de simulación, que sólo confunde a la ciudadanía, del cual hicieron eco diversos medios de comunicación.

Por otra parte, el Instituto Nacional de las Mujeres es el órgano rector de la política de igualdad de género en nuestro país, quien se encuentra obligado a fortalecer la promoción de la participación de las mujeres, teniendo la facultad de proponer a las autoridades encargadas de aplicar la ley, los planes, programas y acciones de coordinación y sensibilización para erradicar la violencia contra las mujeres y la violencia política, prevención, denuncia, generación de esquemas de atención con base en los instrumentos internacionales, así como establecer estrategias de sensibilización para visibilizar ante la ciudadanía, la importancia de la mujer en igualdad de condiciones con los hombres.

Por ello, el Instituto Nacional de las Mujeres debe realizar la supervisión, la capacitación y el cumplimiento de la política nacional en materia de igualdad, que coadyuve con la erradicación de la violencia contra las mujeres, por parte de todas y todos los funcionarios de cualquier régimen laboral, áreas y los niveles integrantes del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que tendría como objetivo la necesidad de reiterar continuamente la condena de la violencia contra las mujeres por parte de la sociedad, lo que permitirá mantener la confianza en la práctica y compromiso de las autoridades de protegernos de la amenaza de la violencia en cualquiera de sus diversas manifestaciones .

La Universidad Nacional Autónoma de México dentro del mundo académico, es reconocida como una universidad de excelencia, cuenta con un papel relevante en la historia y en la formación de nuestro país; la UNAM ha establecido que “responde al presente y mira el futuro como el proyecto cultural más importante de México”; la autonomía corresponde a un espacio de libertades, en donde se práctica cotidianamente la pluralidad de ideas y de pensamiento que se aprecia como signo de su riqueza, así como el diálogo pero sobre todo la tolerancia y el respeto.

En agosto de 2016 la Universidad Nacional Autónoma de México, firmó un Protocolo para la Atención de Casos de Violencia de Género en la UNAM, por el que se establecen políticas institucionales para la prevención, atención, sanción y erradicación de casos de violencia de género, aclarando que “la violencia de género se distingue de otros tipos de violencia, en tanto que ésta afecta a las personas o a los grupos de personas con base en su sexo o género y puede incluir daños físicos, sexuales y psicológicos”. Así como que “la violencia de género implica una violación a los derechos humanos que perpetúa los estereotipos de género y que niega la dignidad, la autodeterminación y el derecho al desarrollo de las personas”. Al realizar entre muchos otros supuestos “chistes sexuales u obscenos comentarios o bromas acerca de la vida privada o las supuestas actividades sexuales de una persona”, reconociendo que son las niñas, las jóvenes y las mujeres las principales víctimas.

Dentro de la ficha curricular del magistrado electoral, publicada en el portal del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, se puede observar que actualmente es titular de las cátedras de “Teoría de la Ley y del Tipo Penal”, “Derecho Electoral”, “Delitos en Particular” y “Derecho Electoral”, en la Universidad Nacional Autónoma de México.

De ahí que para el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, es relevante que la Máxima Casa de Estudios de nuestro país, asegure que la libre cátedra no sea impartida a universitarios por docente convencido y comprometido con la igualdad entre los géneros, lo que implica el reconocimiento al avance de las mujeres tanto en lo personal como en lo colectivo.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta soberanía, la aprobación de la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero.La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para que por medio de la Sala Superior del Tribunal Electoral y de la Comisión de Administración, inicie el procedimiento de destitución en sus labores del magistrado Juan Manuel Sánchez Macías adscrito a la Sala Regional Xalapa.

Segundo.La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la titular del Instituto Nacional de las Mujeres, para que realice la supervisión, capacitación y el cumplimiento de los objetivos de la política nacional en materia de igualdad sustantiva, que coadyuve con la erradicación de la violencia contra las mujeres, de todas y todos los funcionarios de cualquier régimen laboral, áreas y de todos los niveles que prestan sus servicios en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Tercero.La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al Rector de la Universidad Nacional Autónoma de México y al Consejo Universitario, para que en el ámbito de sus atribuciones asegure que los catedráticos se apeguen al alcance y contenido del Protocolo para la Atención de Casos de Violencia de Género en la UNAM, por el que se establecen políticas institucionales para la prevención, atención, sanción y erradicación de casos de violencia de género, y cuyo contenido seaampliamente difundido entre la comunidad universitaria.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 17 de noviembre de 2016.— Diputada María Cristina Teresa García Bravo (rúbrica).»

Se remite a la Comisión de Igualdad de Género, para dictamen.

DISEÑEN LOS MECANISMOS DE COLABORACIÓN INSTITUCIONAL Y ASESORÍA PARA LOS EMPRESARIOS DEL RAMO HOTELERO

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sectur, a la SE, a la Profeco y la Coordinación Nacional de Protección Civil a diseñar instrumentos de colaboración institucional y asesoría para que los empresarios hoteleros cumplan con menor costo los requisitos establecidos en los Lineamientos del Sistema de Clasificación Hotelera, publicados en el DOF el 13 de septiembre de 2016, a cargo de la diputada Evelyng Soraya Flores Carranza, del Grupo Parlamentario del PVEM

La que suscribe, diputada Evelyng Soraya Flores Carranza, en nombre de los diputados federales del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México de la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta honorable asamblea, la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

I. Introducción

La emisión, en julio del 2015, del nuevo reglamento de la ley general de turismo trajo aparejados serios problemas para el sector. En los artículos transitorios se establecieron normas que desbalancearon a los prestadores de servicios, puesto que instituyeron obligaciones demasiado onerosas para su adecuado cumplimiento. Así, la nueva ley reglamentaria hace evidente que los cambios en la regulación pueden afectar de manera irremediable a ciertos miembros de la sociedad.

Los sistemas jurídicos y la codificación tienen un sentido organizativo cuyo máximo valor es el ser capaces de brindar seguridad jurídica a sus operadores. Este principio imprescindible del derecho aclama que la labor de las leyes es la de aportar un margen de previsibilidad hacia los usuarios para hacer una medición de las consecuencias que tienen ciertos casos si llegaran a actualizarse. En este sentido, las normas son una herramienta de los habitantes de cierto territorio que tienen como fin el poder dar a conocer qué está prohibido, qué está permitido y las facultades con las que contamos los diferentes sujetos en determinadas circunstancias.

Ahora, la modificación a los textos legales es una tarea que conlleva una gran responsabilidad. Aunque es bien cierto que los sistemas normativos deben ir adaptándose al dinamismo propio de las sociedades, ellos deben adecuarse de manera comprometida a las necesidades y exigencias de los usuarios. Por ello, las reformas a las leyes deben ir de la mano con análisis de costo beneficio en cuanto a sus implicaciones tanto benéficas como negativas. De lo contrario, la correcta observancia de tales preceptos se puede convertir en un mandato imposible de cumplir para las personas.

Cuando ocurre esta situación, la aplicación efectiva de la ley le resulta demasiado onerosa a los usuarios y sólo conduce a un destino: la ineficiente atención a los mandatos legales por ser los usuarios incapaces de seguirlas. En lo que esto se traduce es en pérdidas en más de un sentido. No sólo se convierte en una regla que muy pocos pueden desempeñar, sino que supone que los jugadores previos de los casos previstos ahora se encuentran en una posición desventajosa. Al cambiar las indicaciones resulta un juego del que varios tienen que rendirse, algunos pierden y pocos ganan. El Sistema de Clasificación Hotelera (SCH) es un caso de ello.

II. Antecedentes

Desde hace más de 30 años se ha intentado incorporar un sistema de clasificación hotelera en el país. Los primeros intentos se resumieron en cuestionarios auto-aplicativos cuyos resultados no siempre tenían sintonía con la realidad de lo ofrecido. En 1992 se emitió el último de estos cuestionarios en cuya ceración participaron los prestadores de servicios. No obstante el logro de homologaciones, la obtención de la clasificación era una cuestión voluntaria. En 1996, el Instituto Mexicano de Normalización y Certificación estableció un catálogo de requisitos mínimos valuados de forma opcional y mediante un costo por la certificación. Sin embargo, los intentos de lograr una categorización homogénea fueron fallidos puesto que prevaleció el uso de estándares otorgados por sistemas foráneos en línea como Expedia y Michelin.

Aunado a ello, la insuficiencia de la administración de la secretaría permitió el desuso de un método único y actualizado para México. En marzo del 2011, por mandato del Ejecutivo Federal, la Dirección General de Mejora Regulatoria de la Secretaría de Turismo, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, y el Centro de Estudios Superiores en Turismo se unieron para la creación del SCH.

III. SCH: Análisis de mejores prácticas y generación de una metodología para la clasificación hotelera en México

Este documento ha sido elaborado a solicitud de la Dirección General de Mejora Regulatoria, a través del Fondo Sectorial Conacyt-Sectur para la Investigación, el Desarrollo y la Innovación Tecnológica en Turismo que dote al sector de una herramienta de medición sólida que permita generar indicadores sobre la cantidad de alojamiento disponible, así como las cualidades del mismo.

El documento justifica y describe el SCH. Comienza diciendo que, por una parte, para los turistas es muy importante conocer de manera anticipada las condiciones de su hospedaje. Por otra, el sector hotelero reconoce el valor de ofrecer ciertas garantías de alojamiento a los huéspedes y, por ello, ha generado diversas iniciativas para desarrollar su calidad. La instrumentación y homogenización son una práctica de sana operación del mercado para generar diferenciación competitiva. Así, la falta de alineación en las prácticas de medición ha generado una sobreestimación de las capacidades y un funcionamiento irregular en la información a los usuarios.

El SCH es un conjunto de instrumentos, métodos y herramientas informáticas desarrolladas, a petición de la Secretaría de Turismo para llevar a cabo una medición de manera estandarizada de las variables relacionadas con las categorías de los establecimientos hoteleros del país. Representa la interacción entre la oferta, la demanda y los intermediarios en la industria.

Ilustración 1: Sectores que intervienen en el SCH

La clasificación se lleva a cabo mediante un resultado final basado en las características de los servicios de hospedaje: el entorno y recepción, la habitación, los alimentos y las bebidas, las instalaciones y su mantenimiento y la integridad del servicio en todas las áreas y servicios del hotel. El número de estrellas pretende reflejar intuitivamente la oferta. Para mayor precisión, también hay medias estrellas. Ilustración 1: Relación del número de estrellas

El instrumento de clasificación vincula oferta y demanda a través de variables que generan el número de estrellas asignado, agrupados en los cinco ejes de desempeño mencionados. Aunado a ello se cuenta con vocaciones características de cada hotel examinadas en una autoevaluación.

De las primeras cuestiones evaluadas se encuentra el ambiente. Dentro de él se considera el contexto de recepción del viajero con valores como iluminación, orden y uso adecuado del espacio. De igual forma califica al personal y sus prácticas; al espacio de alojamiento o producto que incluyen los acabados y equipamiento; a los demás huéspedes relacionados con los niveles de ruido emitidos; la comunicación espacial de las instalaciones, los medios de transporte y la capacidad de interlocución frente a imprevistos. Sin embargo, algunos de estos factores son circunstanciales. Por ejemplo, la consideración sobre los acabados depende de las preferencias del evaluador. Las emisiones de ruido de los demás huéspedes pueden variar de un día para otro, por temporadas o por grupos.

En cuanto a los cinco ejes de desempeño el primero es el entorno y recepción. En él se considera el primer contacto que tiene una relación directa con las instalaciones y los servicios. Aunado a ello se encuentra la información brindada respecto de los servicios y costos de ellos a los que puede acceder el consumidor. El segundo es la habitación que es una pieza clave; aquí, independientemente de la categoría, se evalúa la limpieza, temperatura, iluminación, y ruido que permitan cierto nivel de descanso. El tercero son los alimentos y bebidas. Este eje mide la cantidad y calidad de los desayunos, comidas y cenas; al igual que su variedad, horario de atención y estándares en la preparación. El cuarto son las instalaciones: mantenimiento, ambiente, áreas de reunión, instalaciones deportivas, piscinas, jardines, estacionamientos y elevadores. El último califica la integridad del servicio como el ahorro de energía eléctrica, consumo de agua y gas.

Tabla 1: Variables de autoevaluación

El SCH reconoce que la oferta hotelera no se enfoca simplemente en el turismo recreativo. En este sentido, clasifica en vocaciones con base en el objeto de la visita de los diferentes huéspedes y los tipos de viaje.

Tabla 1: Vocaciones de los hoteles

Así, el sistema de clasificación de la oferta hotelera busca beneficiar tanto a turistas como a los prestadores de servicios. En cuanto a los segundos, afirma que es un método eficaz para saber de manera económica, objetiva y estandarizada la calidad del servicio que presta y las áreas que requieren mejora.

IV. Contexto normativo

Ley General de Turismo

El artículo 4o. de la ley establece que son atribuciones del Ejecutivo Federal, que se ejercerán a través de la secretaría, el establecimiento de una regulación para la clasificación de establecimientos hoteleros y de hospedaje cuyo cumplimiento será obligatorio en todo el país. Para llevar a cabo dicha atribución se faculta la creación de convenios de colaboración con las demás entidades federativas en materia de registro de la clasificación, verificación del cumplimiento de la regulación e imposición de sanciones.

El artículo 9o. establece que le corresponde a los estados y a la Ciudad de México la atribución de coadyuvar al Ejecutivo Federal en materia de clasificación de establecimientos hoteleros y de hospedaje en los términos de la regulación correspondiente.

En cuanto a los prestadores de servicios turísticos, uno de sus derechos es obtener la clasificación otorgada en los términos de la ley. No obstante, lo mismo se considera dentro de sus obligaciones.

Reglamento de la Ley General de Turismo

Define al SCH como el mecanismo de autoevaluación regulado por la Secretaría de Turismo que agrupa variables mediante ejes de desempeño, los cuales determinan la categoría del establecimiento de hospedaje representada a través de estrellas.

El SCH tendrá, al menos, los objetivos del reglamento:

I. Ordenar, estandarizar y homologar, a través de procesos y un instrumento de clasificación, la categoría o categorías de los establecimientos hoteleros del país;

II. Informar a los Turistas y Prestadores de Servicios Turísticos las vocaciones y la categoría o categorías de los establecimientos hoteleros y de hospedaje registrados en el Sistema de Clasificación Hotelera;

III. Publicar información generada por el Sistema de Clasificación Hotelera que permita al Turista realizar un consumo responsable e informado sobre la calidad de los servicios hoteleros y de hospedaje;

IV. Promover la productividad y la transformación, así como incrementar la competitividad de los establecimientos hoteleros y de hospedaje con base en la información generada en el proceso de categorización, y

V. Mejorar la accesibilidad y la sustentabilidad de los servicios hoteleros y de hospedaje, con apoyo en un instrumento de clasificación que premie la inclusión y la protección del patrimonio natural y del medio ambiente del país.

Afirma que la secretaría establecerá un SCH integrado al Registro Nacional de Turismo. Faculta a la secretaría para verificar el cumplimiento del SCH. Para imponer sanciones por las infracciones que se cometan al sistema con posibilidad de coordinación con las entidades locales y la CDMX. El titular de la secretaría emitirá mediante acuerdo el SCH.

El artículo décimo séptimo transitorio establece que el SCH tendrá un plazo de emisión de 6º días posterior a la entrada en vigor del reglamento. Luego, a partir de la publicación de los lineamientos, se contará con un año para su cumplimiento.

Acuerdo por el que se emiten los lineamientos del Sistema de Clasificación Hotelera (SCH)

El artículo 26 constitucional le otorga facultades al Ejecutivo Federal para establecer los procedimientos de consulta y participación del Plan Nacional de Desarrollo y sus programas, así como los mecanismos de participación de los diferentes sectores de la sociedad. Dicho plan decreta la obligación de aprovechar el potencial turístico del país con el objeto de incrementar la derrama económica generada mediante el impulso a la oferta y la competitividad del sector coordinándose con el sector privado, gobiernos locales y prestadores de servicios.Lo anterior está basado en los principios de la política de turismo nacional: la innovación y la competitividad. De tal forma se pretende diversificar la oferta turística y consolidar los destinos con los que ya cuenta para elevar la calidad de los servicios del sector.

En este entendido, es labor de la Secretaría de Turismo asentar la regulación para la clasificación de los establecimientos hoteleros y de hospedaje aplicables en todo el territorio nacional. La ley general en la materia obliga para que se fije un SCH integrado por el Registro Nacional de Turismo cuyo objetivo es el de brindar orden, estándares y homologar, a través de procesos y la clasificación, las categorías de los establecimientos hoteleros. Con él se busca mejorar la accesibilidad y la sustentabilidad de los servicios para la inclusión y protección al patrimonio natural y medio ambiente.

Así, el SCH es un instrumento metodológico que tiene sustento en mecanismos de autoevaluación para que los establecimientos den a conocer la situación de sus instalaciones y servicios, e identificar las áreas de oportunidad; mediante una categoría representada por estrellas. Sin embargo, mecanismos de este tipo suelen ser poco certeros respecto de la perspectiva del consumidor. Es cosa sabida entre los viajeros a nivel mundial que los estándares de otorgamiento de estrellas varían de país en país. Aunado a ello, en ocasiones es más fácil contratar servicios de hospedaje en cadenas conocidas puesto que suelen cubrir los mismos estándares en todo el mundo. Por ello, prima facie, el SCH puede presentar problemas que desincentiven a los usuarios a recurrir a sistemas de hospedaje locales.

El acuerdo es de observancia obligatoria para los prestadores de servicios turísticos de hospedaje. La secretaría, a través de la Dirección General de Certificación Turística, se encarga de la coordinación y operación del SCH. Sus principales objetivos son el de ordenar, estandarizar y homologar los procesos de categorización de los establecimientos de hospedaje; informar a los turistas y prestadores de servicios las vocaciones y categoría/s registrados en el SCH; publicar la información generada para que los turistas consuman de manera responsable. Los reactivos de categorización basados en variables del desempeño son:

I. Acceso, exterior y generales: Es la arquitectura del inmueble, su estado de conservación así como los servicios proporcionados al Turista para facilitar su ingreso y estancia en las áreas públicas.

II. Comunicación: Son todos los medios, verbales o no verbales, de intercambio de información que el establecimiento de hospedaje tiene a disposición de los huéspedes, así como de los empleados, entre los que destacan los servicios ofrecidos en el lobby y/o en la habitación, los programas de lealtad, responsabilidad social y atención a quejas.

III. Habitación y baño: Son elementos clave en el producto y la propuesta de valor del establecimiento de hospedaje, en la que se evalúa el tamaño, equipamiento y servicios ofrecidos en la habitación y baño.

IV. Alimentos y bebidas: Son un complemento al servicio de hospedaje en el que se evalúa si el establecimiento ofrece alimentos para el desayuno, comida y/o cena, room service, opciones de restaurante propios o en convenio, estándares de inocuidad en la preparación de alimentos y servicios complementarios en máquinas auto expendedoras de alimentos.

V. Recepción: Es el espacio de primer contacto con el Turista, guarda una relación directa con las instalaciones y es donde se le otorga información sobre los servicios incluidos en el alojamiento y respecto de cualquier otro requerimiento.

VI. Control de temperatura: Son los mecanismos con los que cuenta el hotel para la gestión de la temperatura de las diferentes áreas que lo integran, entre las que destacan los sistemas de enfriamiento y/o calefacción.

VII. Servicios: Es la oferta de valor agregado dentro del establecimiento de hospedaje o en áreas aledañas, que busca atender las necesidades del Turista? entre los que destacan el servicio de spa, despertador, tintorería e información turística.

VIII. Áreas Públicas: Son el conjunto de instalaciones abiertas y disponibles, entre las que se considera el lobby, estacionamiento, centro de negocios y baños.

Las variables que atienden a los ocho ejes de desempeño se encuentran en un cuestionario. Cada una confiere una puntuación que es equivalente a estrellas, salvo en el caso de los prestadores que opten por no tener categoría.

Tabla 3: Estrellas por puntaje

Los prestadores de servicios de hospedaje cuentan con un año, a partir de septiembre del 2016 para cumplir los lineamientos del SCH, cuyo trámite será gratuito. Aquellos que opten por la opción de ser registrados “sin categoría” podrán realizar en cualquier momento el cuestionario para adquirir las estrellas correspondientes. Los prestadores podrán adscribirse dentro de ciertos parámetros de servicios como boutique, cama y desayuno, carretera, centro de ciudad, ciudad, eventos y convenciones, express, hacienda, lujo, negocios, paya/ vacaciones, reserva, servicios completos, servicios limitados, servicios selectos y todo incluido.

La obtención de las categorías se sujeta a ciertas reglas. Estas son la terminación del registro, la solicitud de SCH, la realización del cuestionario, la elección de ser denominados “sin registro” que da por terminado el trámite, en caso de errores del sistema deberán modificar sus datos. Para que se le dé preponderancia a algún tipo de servicio deberá representar al menos 75% de lo descrito. Es necesario enviar fotografías como prueba de los servicios descritos. Tras la verificación de las fotografías el SCH emitirá el puntaje y la categoría asignada con base en los servicios señalados en el cuestionario. Los prestadores de servicios podrán modificar la información las veces que sean necesarias. La dirección mandará la constancia de clasificación en un periodo no mayor a diez días hábiles y su vigencia será de dos años.

Tal información será difundida en el portal, por lo que no será necesario ostentarla en los establecimientos. No obstante, los prestadores de servicios de hospedaje no podrán ostentar el número de estrellas sin antes haber realizado el trámite de obtención de categoría. Tampoco podrá usarse de forma diferente a la otorgada con fines promocionales. De ser así, serán sujetos a sanciones. Igualmente, aquellos que hayan elegido la opción de presentarse sin categoría no podrán promocionarse con estrellas. Cuando los prestadores de servicios no cumplan con las obligaciones acorde a lo señalado en su categoría serán sancionados con quinientos días de salario mínimo vigente en la Ciudad de México.

La verificación del SCH queda a cargo de la secretaría. Las oficinas estatales de turismo podrán ser a quienes se delegue la función mediante la suscripción de convenios de colaboración y verificadores capacitados y acreditados. En casos de constatar en la verificación falsedad de concordancia entre el número de estrellas y los servicios otorgados, los verificadores podrán cancelar la categoría señalada en el portal y notificarán la necesidad de reclasificar en un término máximo de cinco días hábiles. Si los prestadores de servicios turísticos realizaren mejoras en su establecimiento para modificar su categoría pueden volver a hacer la autoevaluación en un plazo de tres meses, posteriores a la notificación de la categoría.

La constancia de clasificación hotelera también puede ser cancelada. Esta derogación podrá obtenerse por resolución judicial o administrativa, si la clasificación obtenida no se encuentra de acuerdo con los servicios ofrecidos y se constata tal cuestión en la visita de verificación, por no realizar la actualización en el SCH en el término de dos años y por cierre de actividades.

V. Opiniones en medios sobre el SCH

En marzo del 2016, Vicente Ferreyra, miembro de Sustentur, se pronunció sobre las medidas que conllevaba la nueva clasificación. Refiriéndose a los análisis previos llevados a cabo por el fondo sectorial de Conacyt habló de las pruebas piloto realizadas previas al funcionamiento. En ellas, advirtió que iban “viento en popa” cuando algunos hoteleros se pronunciaron en contra del estudio puesto que no fueron incluidos en los destinos evaluados. Igualmente, señaló inconformidades en tanto existen hoteles cuyas características no permiten cumplir con los requerimientos del nuevo sistema sin importar que su servicio sea de calidad mundial. Previamente, la Asociación de Hoteles y Moteles de México habría emitido un documento dirigido al titular de la secretaría expresando su rechazo a la medida. Sus argumentos iban en contra de los criterios que se utilizan puesto que no son conformes con la realidad de las instalaciones turísticas existentes.

“Aunado a esto, las declaraciones del Subsecretario de Calidad y Regulación de SECTUR a principios de marzo de este año, comentando que, con base en pruebas piloto, cerca del 20% de los hoteles registraron una estrella menos de la que promovía, encendió la alarma en el empresariado turístico nacional.”

Otro medio denominado entorno turístico afirmó que el nuevo sistema permitiría brindar confiabilidad, certeza y objetividad a los establecimientos hoteleros para entregar la mejor experiencia posible a los turistas. No obstante, afirma que, a pesar de los intentos por estandarizar el sistema, la Ley General de Turismo no lo ha podido lograr. “La realidad en México, es que cada hotel hace su propia categorización, y se basan en lo que ellos mismos consideran importante para otorgar de 1 a 5 estrellas.”Aunado a ello, señala que el significado de cada estrella está condicionado al tipo de establecimiento del que se trate.

Centrourbano ya afirmaba en marzo que con el SCH algunos hoteles perdieron algunas de sus estrellas por lo que, con la entrada en vigor de los lineamientos, los hoteleros tendrían un año para “acercarse a la Sectur para recibir financiamiento y obtener un mejor nivel... Sin embargo para que entre en operatividad falta establecer un catálogo de prestadores de servicios turísticos y en segundo lugar establecer la convocatoria para los prestadores de servicios y que se inscriban en el Registro Nacional de Turismo. A la fecha sólo se tiene el registro de 44,000 prestadores de servicios de los más de 500,000 existentes según datos del Inegi.”

Cabe señalar que la clasificación no se encuentra vinculada con los precios de hospedaje en los destinos turísticos. “Actualmente el sistema no está vinculado con las tarifas hoteleras. Un establecimiento que tiene una estrella puede cobrar mil pesos y nosotros no tenemos problemas, lo importante es que el turista sepa a qué tipo de hotel está llegando.” De esta manera, los consumidores no tienen ninguna garantía, más allá de la informativa, respecto del precio de las habitaciones. Este tipo de regulación que solamente estandariza la información de los servicios otorgados no ofrece ningún favorecimiento a la relación entre calidad y precio.

Contrario a lo afirmado por la secretaría, el tesorero de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles afirmó que esta medida constituirá una reducción de los ingresos de aquellos hoteleros que pierdan estrellas en la clasificación. “Con este sistema se abarata la oferta y vamos a tener que abaratar las tarifas porque un hotel que se vendía como de 4 estrellas ahora será de 3 teniendo todos los servicios y la gente no va querer pagar lo que anteriormente pagaba sólo por la clasificación.” Así, el 20% de los prestadores de servicios verán afectados sus ingresos, cuestión que puede convertirse en un círculo vicioso por no tener facilidad para competir con las grandes cadenas.

A lo anterior añadió que la regulación implicaría mayor corrupción en el sector. En tanto no se cuente con la infraestructura y personal necesarios para revisar todos los establecimientos, los funcionarios mal capacitados ocasionarían la corrupción con el fin de evitar la clausura de los establecimientos, dijo el representante de la asociación. Aunado a ello, dijo que el SCH es innecesario puesto que existen medios alternativos menos restrictivos como las categorías que se establecen en redes sociales.

Sustentando lo anterior, el Análisis de mejores prácticas y generación de una metodología para la clasificación hotelera en México presenta una tabla de elementos positivos de las alternativas al SCH:

VI. Conclusión

La implementación del SCH es una cuestión que ha llevado décadas de planeación e investigación para poder materializarse. La entrada en vigor del acuerdo que lo integra formalmente a nuestro sistema jurídico es un paso en el proceso. Sin embargo, en un sistema que busca beneficiar a todas las partes implicadas, es necesario que se tomen medidas precautorias antes de que el caldo salga más caro que las albóndigas. Es evidente que hay subsectores importantes que se oponen a la medida en tanto afectará sus intereses. Por ello, se deben tomar en cuenta sus preocupaciones y dar un plazo que sea menos agresivo, o, de ser posible, alternativas menos restrictivas que la medida actual.

En este sentido, hay que tomar en cuenta varias cuestiones. La primera se refiere a que la implementación de la medida necesariamente degradará de categoría al menos al 20% de los prestadores de servicios de hospedaje en el país. Esta cuestión, según la teoría de la oferta y la demanda podría contraer la oferta aumentando los precios. Aquellos hoteleros que busquen recuperar las estrellas perdidas o incrementarlas requerirán de financiamiento. Así, para poder invertir y competir en el nuevo mercado requerirán endeudarse pidiendo préstamos a diversas instituciones.

Sin embargo, para muchos esta no es una opción viable y, por tanto, tendrán que recurrir a la informalidad o dejar el negocio hotelero. En estos casos, la oferta se concentrará en manos de aquellos que tuvieron la capacidad económica para hacer las mejoras necesarias en sus productos.

El SCH presenta la opción de navegar sin una clasificación de estrellas para prestar los servicios de hospedaje. Sin embargo, esto puede repercutir en que la información que se le brinde al consumidor no sea tan horizontal como se busca. De esta manera puede generar confusiones y variaciones poco certeras en la demanda. Por ello, esta alternativa no cumple con el objetivo final de protección mediante garantías informativas a los consumidores.

Por último, no es necesariamente cierto que la medida generará empleos. La medida pretende que los hoteles tengan incentivos para aumentar la calidad de sus servicios mediante la inversión en trabajadores. No obstante, la medida implica que algunos pierdan estrellas, por tanto clientes y, en consecuencia, ingresos. De esta suerte, será imposible sostener a la planta laboral con la que se contaba y habrá pérdida de empleo. En consecuencia, no es posible determinar que la creación de empleos será mayor, igual o menor a la cantidad de personas que perderán el trabajo, esto es, que la sustitución de unos por otros no tiene como resultado un número certero que garantice que los empleos generados serán mayores ni mejores a los que ya existen.

Por lo anteriormente expuesto, someta a consideración de esta asamblea el presente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Turismo, a la Secretaría de Economía, a la Procuraduría Federal del Consumidor y a la Coordinación Nacional de Protección Civil a fin de que diseñen los mecanismos de colaboración institucional y asesoría para que los empresarios del ramo hotelero puedan cumplir, con un menor costo, con los requisitos establecidos en los Lineamientos del Sistema de Clasificación Hotelera publicados en el Diario Oficial de la Federación el 13 de septiembre del 2016, para que atendidas las disposiciones reglamentarias puedan acceder a una mejor clasificación en beneficio de los consumidores.

Notas:

1 Análisis de mejores prácticas y generación de una metodología para la clasificación hotelera en México, Centro de Estudios Superiores en Turismo, 2012, pg. 15-21. Disponible en: http://ictur.sectur.gob.mx/ pdf/estudioseinvestigacion/sintesisprincipalesestudios/CLASIFICACION_HOTELERA20 12v15paraimpresion.pdf.

2 Fernando Ardura González, Factor Delta en colaboración con SECTUR, Conacyt, CPTM Y CESTUR, 2012. Disponible en: http://ictur. sectur.gob.mx/pdf/estudioseinvestigacion/estudiosfondosectorial/analisismejores practicas/2012_FSIDITT_ClasificacionHotelera_FactorDelta_VersionCorta.pdf.

3 Pág. 6.

4 Pág. 7.

5 Pág. 12.

6 Pág. 16.

7 Ley General de Turismo. Disponible en: http://www.diputados. gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGT_171215.pdf.

8 Reglamento de la ley General de Turismo. Disponible en: file:///C:/Users/Fernanda/Downloads/Reglamento_Ley_General_Turismo.pdf.

9 Acuerdo por el que se emiten los lineamientos del Sistema de Clasificación, Diario Oficial de la Federación, 13 de septiembre del 2016. Disponible en: http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/135623/LINEAMIENTOS-SCH-_DOF.pdf

10 Cuestionario y puntaje asignado por respuesta disponible en: http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/135624/ANEXO-UNICO-LINEAMIENTOS-D EL-SCH.pdf.

11 Artículo 70, Ley General de Turismo. Disponible en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGT_171215.pdf.

12 Vicente Ferreyra Acosta, Clasificación hotelera, ¿una batalla perdida?, SIPSE.com, 29 de marzo del 2016. Disponible en: http://sipse. com/opinion/clasificacion-hotelera-una-batalla-perdida-198034.html.

13 ¿Cómo es el sistema de clasificación para otorgar estrellas a los hoteles en México?, Entorno turístico, agosto del 2016. Disponible en: http://www.entornoturistico.com/como-es-el-sistema-de-clasificacion-para-otorga r-estrellas-a-los-hoteles-en-mexico/.

14 Yareth Casanova, Nueva clasificación hotelera en México, Centro urbano, 4 de marzo del 2016. Disponible en: https://centrourbano. com/nueva-clasificacion-hotelera-en-mexico/.

15 De cada 10 hoteles 2 perderán estrellas con nueva clasificación, Reportur, 29 de febrero del 2016. Disponible en: http://www.reportur. com/mexico/2016/02/29/de-cada-10-hoteles-2-perderan-estrellas-con-nueva-clasifi cacion/.

16 Everardo Martínez, Sectur abarataría el valor de habitaciones con clasificación hotelera: AMHM, El Financiero, 5 de abril del 2016. Disponible en: http://www.elfinanciero.com.mx/empresas/sectur-abarataria-valor-de-habitaciones -con-clasificacion-hotelera-amhm.html.

17 Everardo Martínez, Sectur abarataría el valor de habitaciones con clasificación hotelera: AMHM

18 Análisis de mejores prácticas y generación de una metodología para la clasificación hotelera en México, pg. 24 y 25.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 17 días del mes de noviembre del año 2016.— Diputados: Jesús Sesma Suárez (rúbrica).»

Se turna a la Comisión Turismo, para dictamen.

DECLARAR LA ALERTA DE VIOLENCIA DE GÉNERO EN SUS 16 DEMARCACIONES TERRITORIALES

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno de la Ciudad de México a declarar la alerta de violencia de género en las 16 demarcaciones territoriales, a cargo del diputado Jesús Emiliano Álvarez López, del Grupo Parlamentario de Morena

El que suscribe, Jesús Emiliano Álvarez López, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numerales 1, fracción II, y 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, se permite presentar a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, de urgente u obvia resolución, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres es un mecanismo que permite mejorar la calidad de vida de las mujeres, a través de la implementación en un territorio determinado de diversas acciones necesarias para garantizar su derecho a una vida libre de violencia, se trata de un mecanismo de protección de los derechos humanos de las mujeres único en el mundo, que fue incorporado en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en cuyo artículo 22 se dispone que: “Alerta de Violencia de Género: Es el conjunto de acciones gubernamentales de emergencia para enfrentar y erradicar la violencia feminicida en un territorio determinado, ya sea ejercida por individuos o por la propia comunidad.”

Por otra parte el artículo 23 del mismo ordenamiento dispone que:

La Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres tendrá como objetivo fundamental garantizar la seguridad de las mismas, el cese de la violencia en su contra y eliminar las desigualdades producidas por una legislación que agravia sus derechos humanos, por lo que se deberá:

I. Establecer un grupo interinstitucional y multidisciplinario con perspectiva de género que dé el seguimiento respectivo;

II. Implementar las acciones preventivas, de seguridad y justicia, para enfrentar y abatir la violencia feminicida;

III. Elaborar reportes especiales sobre la zona y el comportamiento de los indicadores de la violencia contra las mujeres;

IV. Asignar los recursos presupuestales necesarios para hacer frente a la contingencia de alerta de violencia de género contra las mujeres, y

V. Hacer del conocimiento público el motivo de la alerta de violencia de género contra las mujeres, y la zona territorial que abarcan las medidas a implementar.”

En el artículo 24 se menciona que la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres se emitirá cuando:

I. Los delitos del orden común contra la vida, la libertad, la integridad y la seguridad de las mujeres, perturben la paz social en un territorio determinado y la sociedad así lo reclame;

II. Exista un agravio comparado que impida el ejercicio pleno de los derechos humanos de las mujeres, y

III. Los organismos de derechos humanos a nivel nacional o de las entidades federativas, los organismos de la sociedad civil y/o los organismos internacionales, así lo soliciten.”

Y el artículo 25 dispone que

Corresponderá al gobierno federal a través de la Secretaría de Gobernación declarar la alerta de violencia de género y notificará la declaratoria al Poder Ejecutivo de la entidad federativa de que se trate.

Conforme a estas disposiciones a nivel federal se han declarado hasta la presente fecha, las siguientes Alertas de violencia de género contra las mujeres:

- El 31 de julio de 2015 para los municipios de Ecatepec, Nezahualcóyotl, Tlalnepantla de Baz, Toluca, Chimalhuacán, Naucalpan de Juárez, Tultitlán, Ixtapaluca, Valle de Chalco Solidaridad, Cuautitlán Izcalli y Chalco, del estado de México;

- El 10 de agosto de 2015 para los municipios de Cuautla, Cuernavaca, Emiliano Zapata, Jiutepec, Puente de Ixtla, Temixco, Xochitepec y Yautepec, de Morelos y

- El 27 de junio de 2016 para los municipios de Morelia, Uruapan, Lázaro Cárdenas, Zamora, Apatzingán, Zitácuaro, Los Reyes, Pátzcuaro, Tacámbaro, Hidalgo, Huetamo, La Piedad, Sahuayo y Maravatío, de Michoacán

Todas las entidades federativas de nuestro país cuentan con su Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la gran mayoría de ellas contempla el mecanismo de la Alerta de Violencia de Género, sin embargo ningún gobierno estatal ha declarado dicha alerta, a pesar de que los feminicidios, como la expresión más cruel y extrema de la violencia que se ejerce contra las mujeres, han comenzado a generalizarse en el territorio nacional, incluyendo la capital del país.

En el caso de la Ciudad de México la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Distrito Federal fue promulgada el 29 de enero de 2008 y su Reglamento fue expedido el 26 de febrero de 2009, entre los tipos de violencia que contempla y define, se encuentra la violencia feminicida, entendiendo ésta como:

Toda acción u omisión que constituye la forma extrema de violencia contra las mujeres producto de la violación de sus derechos humanos y que puede culminar en homicidio u otras formas de muerte violenta de mujeres.”

En la Ciudad de México el feminicidio fue tipificado como delito desde julio de 2011, así en el artículo 148 Bis del Código Penal para el Distrito Federal, se menciona lo siguiente:

Comete el delito de feminicidio quien, por razones de género, prive de la vida a una mujer. Existen razones de género cuando se presente cualquiera de los siguientes supuestos:

I. La víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo;

II. A la víctima se le hayan infligido lesiones infamantes, degradantes o mutilaciones, previas o posteriores a la privación de la vida;

III. Existan datos que establezcan que se han cometido amenazas, acoso, violencia o lesiones del sujeto activo en contra de la víctima;

IV. El cuerpo de la víctima sea expuesto, depositado o arrojado en un lugar público; o

V. La víctima haya sido incomunicada, cualquiera que sea el tiempo previo a su fallecimiento.

A quien cometa feminicidio se le impondrán de veinte a cincuenta años de prisión.

Si entre el activo y la víctima existió una relación sentimental, afectiva o de confianza; de parentesco, laboral, docente o cualquiera que implique subordinación o superioridad, y se acredita cualquiera de los supuestos establecidos en las fracciones anteriores, se impondrán de treinta a sesenta años de prisión.

A pesar de estos avances legislativos, en los últimos años los feminicidios en la Ciudad de México, van a la alza: “de julio de 2011 a mayo de 2015 hubo 199 casos de asesinatos de mujeres (feminicidios) en la Ciudad de México, indican cifras de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), en las cuales se observa que el mayor número fueron cometidos en las delegaciones Iztapalapa, con 38; Cuauhtémoc, 21; Gustavo A. Madero, 19, y Tlalpan, 18.

Los datos entregados por la PGJDF en respuesta a una solicitud de información detallan que en el mismo periodo, en Tláhuac, demarcación rural y de poca población, ocurrieron 14 feminicidios, mismo número que tuvo Coyoacán; Álvaro Obregón, 13; Iztacalco, Miguel Hidalgo y Venustiano Carranza, 10 cada una; Cuajimalpa, 8; Benito Juárez y Xochimilco, 6; Milpa Alta, 5; Magdalena Contreras, 4, y Azcapotzalco, 3.”

En lo que va de 2016, suman 53 los crímenes de odio contra las mujeres en la capital del país: “En los primeros ocho meses del año se han reportado 53 casos, cifra que iguala el total de los ocurridos el año pasado. Según datos de la Procuraduría de Justicia capitalina, tres víctimas tenían entre 0 y 3 años de edad; 22, de 18 a 30 años de edad; 24 de 31 a 60 años y cuatro más de 60 años.

Las delegaciones donde más crímenes se han registrado en lo que va de 2016 son Iztapalapa, con 14 averiguaciones previas, cuatro en Gustavo A. Madero, mismo número que en Tlalpan, y tres casos en Xochimilco y Álvaro Obregón.

Las estadísticas indican que este año han logrado consignar a 11 personas acusadas de feminicidios.

De enero a diciembre de 2015, la PGJDF tuvo conocimiento de 53 feminicidios y logró consignar a 27 personas.

En las últimas semanas se ha registrado la localización de varios cuerpos de mujeres en diversos puntos de la ciudad.

A finales de septiembre fue encontrado el cadáver de una joven en una barranca del Bosque de Chapultepec, semidesnudo y con huellas presumiblemente de agresión sexual.

Y en Xochimilco fue hallado el cuerpo de otra mujer, con la cabeza cubierta con su playera y sudadera. La víctima, de alrededor de 30 años, estaba en las inmediaciones de la pista de canotaje de Cuemanco, boca abajo, con las piernas flexionadas, apoyada en las rodillas y entre varios pinos.”

La creciente violencia contra las mujeres que se presenta en la Ciudad de México, responde sin duda a la desatención por parte del gobierno capitalino hacia sus propias instituciones que se encargan de atenderla y prevenirla, así como a la insensibilidad y desconocimiento de quienes las encabezan, tal es el caso de la Dirección General de Igualdad y Diversidad Social de la Secretaría de Desarrollo Social, de donde dependen las Unidades de Atención y Prevención de la Violencia Familiar, unidades desde las cuales se realizaban importantes actividades, tales como la impartición permanente y continua de talleres en materia de perspectiva de género, derechos humanos, prevención de la violencia, etc. además de que en las colonias, pueblos y barrios de las delegaciones se contaba con la presencia de abogadas/abogados, psicólogas/psicólogos y trabajadoras/trabajadores sociales que en territorio atendían a la población, a través de programas como “UAPVIF sin paredes” y recientemente “UAPVIF Móvil”. Sin embargo dichas acciones ya no se llevan a cabo, por falta de personal y recursos.

En este momento y con la finalidad de evitar que en la Ciudad se sigan perpetrando más feminicidios, es imprescindible que se contemple declarar en su territorio la Alerta de Género. En la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Distrito Federal, se dispone sobre dicha declaratoria lo siguiente:

Artículo 8. La Secretaría de Gobierno, a petición de Inmujeres DF, emitirá alerta de violencia contra las mujeres para enfrentar la violencia feminicida que se ejerce en su contra cuando:

I. Existan delitos graves y sistemáticos contra las mujeres;

II. Existan elementos que presuman una inadecuada investigación y sanción de esos delitos; o

III. Los organismos de derechos humanos a nivel nacional o del Distrito Federal, los organismos de la sociedad civil y o los organismos internacionales, así lo soliciten a Inmujeres DF.

Artículo 9. La alerta de violencia contra las mujeres tendrá como objetivo acordar e implementar las acciones de emergencia para garantizar el cese de la violencia feminicida y la seguridad de las mismas, y para ello deberá:

I. Establecer el grupo interinstitucional y multidisciplinario que dará seguimiento a las acciones;

II. Acordar e implementar las acciones necesarias para enfrentar y abatir la violencia feminicida;

III. Asignar recursos presupuestales necesarios para hacer frente a la alerta de violencia contra las mujeres, y

IV. Hacer del conocimiento público el motivo de la alerta de violencia contra las mujeres y la zona territorial que abarcan las medidas a implementar.

Artículo 10. Ante la alerta de violencia, el Gobierno del Distrito Federal deberá tomar las siguientes medidas:

I. Rehabilitar a las mujeres víctimas de violencia a través de la prestación de servicios médicos y psicológicos especializados y gratuitos para su recuperación y de las víctimas indirectas;

II. Reparación a través de la investigación y sanción de los actos de autoridades omisas o negligentes que propiciaron la violación de los derechos humanos de las víctimas a la impunidad; y el diseño e instrumentación de políticas públicas que eviten la comisión de nuevos delitos contra las mujeres, así como la verificación de los hechos y la publicidad de la verdad; y

III. Todas aquellas que se consideren necesarias para atender, erradicar y sancionar la violencia contra las mujeres.

De esta forma el gobierno de la ciudad debe con el carácter de urgente acordar e implementar las acciones y tomar las medidas a que hacen referencia los artículos 9 y 10 antes citados.

“El feminicidio está conformado por el conjunto de hechos violentos misóginos contra las mujeres que implican la violación de sus derechos humanos, atentan contra su seguridad y ponen en riesgo su vida. Culmina en la muerte violenta de algunas mujeres. Hay infinidad de sobrevivientes. Se consuma porque las autoridades omisas, negligentes, o coludidas con agresores ejercen sobre las mujeres violencia institucional al obstaculizar su acceso a la justicia y con ello contribuyen a la impunidad. El feminicidio conlleva la ruptura del estado de derecho ya que el Estado es incapaz de garantizar la vida de las mujeres, de actuar con legalidad y hacerla respetar, de procurar justicia, y prevenir y erradicar la violencia que lo ocasiona. El feminicidio es un crimen de Estado.”

Por lo expuesto y fundado, someto a consideración de esta soberanía, los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al jefe de gobierno de la Ciudad de México, para que instruya a la Secretaría de Gobierno capitalina a declarar la Alerta de Violencia de Género contra las mujeres en las 16 demarcaciones territoriales de la Ciudad de México y a partir de ello acordar e implementar las acciones necesarias para enfrentar la violencia feminicida.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al jefe de gobierno de la Ciudad de México, para que las dependencias del gobierno de la Ciudad de México encargadas de prevenir y atender la violencia contra las mujeres, como el Instituto de las Mujeres y la Dirección General de Igualdad y Diversidad Social, cuenten con los recursos humanos y materiales suficientes para cumplir cabal y adecuadamente con sus funciones y así se coadyuve a reducir la violencia que se ejerce contra las mujeres.

Notas:

1 http://www.jornada.unam.mx/2015/07/31/capital/034n1cap

2 https://www.am.com.mx/2016/10/08/mexico/impactan-feminicidios-a-la-ciudad-de-me xico-318159

3 www3.diputados.gob.mx/.../Monitoreo%20Regional%20sobre%20 Feminicidios%20C...

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 17 de noviembre de 2016.— Diputado Jesús Emiliano Álvarez López (rúbrica).»

Se remite a las Comisiones Unidas de Igualdad de Género, y de Ciudad de México, para dictamen.

DECRETE COMO ÁREA NATURAL PROTEGIDA CON CARÁCTER DE RESERVA DE LA BIÓSFERA EL TERRITORIO DEL SEMIDESIERTO ZACATECANO

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal y a la Semarnat a realizar gestiones para decretar como área natural protegida con carácter de reserva de la biósfera el territorio del semidesierto zacatecano, a cargo del diputado Jorge Álvarez Maynez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

El suscrito, Jorge Álvarez Maynez, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración proposición con punto de acuerdo mediante la cual se exhorta al titular del Ejecutivo federal y al secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales a decretar como área natural protegida con carácter de reserva de la biosfera el territorio del semidesierto zacatecano, que comprende los municipios de General Francisco Murguía, Villa de Cos, El Salvador, Melchor Ocampo, Concepción del Oro y Mazapil, con una extensión de 2 millones 577 mil 126 hectáreas, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

La protección del ambiente es un compromiso que México ha adquirido al ratificar su adhesión a diversos instrumentos internacionales, como la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, así como el Convenio sobre la Diversidad Biológica, que obliga a cada nivel de gobierno a tomar acciones a fin de preservar la integridad del sistema ambiental y conservar la biodiversidad.

Así, la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo establece, entre otras cosas, que los Estados tienen la “responsabilidad de velar [sic] por que las actividades realizadas dentro de su jurisdicción o bajo su control no causen daños al medio ambiente”; asimismo, que el derecho al desarrollo debe responder de forma equitativa “a las necesidades de desarrollo y ambientales de las generaciones presentes y futuras”.

El Convenio sobre la Diversidad Biológica, buscar promover la conservación de la biodiversidad y reconoce el valor de las Áreas Naturales Protegidas. Derivado de dicho instrumento, se creó el Plan Estratégico para la Diversidad Biológica 2011-2020, que contiene 20 objetivos conocidos como Metas de Aichi, entre los que destaca la meta 11, que tiene como fin la conservación de la diversidad biológica y los ecosistemas a través de sistemas de áreas protegidas.

Como parte de ese compromiso, México será sede de la decimotercera Conferencia de las Partes de la Convención sobre Diversidad Biológica, por celebrarse del 4 al 17 de diciembre del año en curso, cuyo tema central es “la integración de la conservación y el uso sustentable de la biodiversidad en los planes, programas y políticas sectoriales e intersectoriales con énfasis en los sectores agrícola, forestal, pesquero y turístico”, el país tiene como objetivo cumplir los compromisos suscritos en el Convenio sobre la Diversidad Biológica y de forma particular con la meta 11 de Aichi impulsando la creación de áreas naturales protegidas.

Por esa razón resulta inconcebible que el nuevo gobernador de Zacatecas, Alejandro Tello Cristerna, haya cedido a las presiones de empresas mineras poniendo fin al “[...] proyecto para declarar 2 millones 577 mil 126 hectáreas del semidesierto como área natural protegida, en la categoría de reserva de la biosfera”.

La relevancia de declarar áreas naturales protegidas radica en que se busca proteger las zonas donde “los ambientes originales no han sido significativamente alterados por la actividad del ser humano o que requieren ser preservadas y restauradas” para asegurar la conservación del equilibrio ecológico.

No obstante, los principales argumentos del gobierno de Zacatecas se basaron en el supuesto efecto económico de la actividad minera en la entidad que representa, según su declaración, “40 por ciento del producto interno bruto”, por lo que declarar al semidesierto como Área Natural Protegida detendría proyectos importantes y desincentivaría la actividad minera en Zacatecas.

Sin embargo, como expresó René Ruiz Garduño, investigador en el Centro Regional de la Universidad Autónoma Chapingo, “se pueden ir mañana todas las mineras de Zacatecas [...] No pasaría a más porque como ya lo demostraron los expertos –de la Unidad Académica en Estudios del Desarrollo de la UAZ–, son fracciones de centavo por millón lo que se queda en la entidad. Es prácticamente nada; lo que se va es 99.2 por ciento, han hecho la cuenta los economistas. La riqueza no se queda, se extrae. En cambio los daños para Zacatecas serán eternos”. Por tanto, el argumento basado en el efecto económico es débil.

Por otro lado, la declaración de la zona como área natural protegida no implica impedimento para la realización de actividades mineras, pues sólo se busca “ordenar estas actividades y proteger la zona más afectada”, a fin de conservar el ambiente en Zacatecas.

Asimismo, se argumentó que el estudio previo justificativo que se realizó para sustentar la declaración de la reserva de la biósfera de la región del desierto semiárido de Zacatecas, “está mal hecho, está ‘obviamente’ sin sustento técnico ni biológico y evidentemente tiene una afectación a la económica del estado”, la afirmación se realizó sin sustento porque el estudio se llevó a cabo con arreglo a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la protección al ambiente, su reglamento y demás legislación aplicable.

El gobernador Tello Cristerna presentó un proyecto alterno ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, consistente en proteger únicamente la parte sur del estado, que incluye la serranías de los municipios de Zacatecas, Pinos, Valparaíso y Monte Escobedo, su justificación fue que “tenemos muchas especies que cuidar y realmente no en el semidesierto”.

Sin embargo, la zona semiárida que se busca declarar área natural protegida cuenta con una vasta biodiversidad que se origina por sus combinaciones climáticas y características geológicas, como ha señalado el investigador René Ruiz Garduño: “[...] Por eso está la riqueza florística en el semidesierto, por eso, porque capta de manera conjunta diversidad de componentes naturales que son de tipo geológico, orográfico, climático y demás. Ésa es la explicación, por eso la importancia, la relevancia”.

Resulta imprescindible proteger este espacio geográfico porque en él se encuentra el hábitat de diversas especies amenazadas o en peligro de extinción, como el águila real mexicana, el perrito de la pradera (Cynomys mexicanus), el gorrión de Worthen (Spizella wortheni), el oso pardo y la víbora de cascabel, así como para la conservación de distintas especies de cactos y pinos.

Además, en esta zona se encuentra el lago San Juan de los Ahorcados, un humedal cuya extensión es de más de mil hectáreas que forma parte de la Lista de Humedales de Importancia Internacional, su inclusión en la lista se debe a que es un valioso hábitat para especies residentes de aves acuáticas y migratorias entre las que destaca la grulla gris que viaja desde Rusia.

Al impedir que 2 millones 577 mil 126 hectáreas del semidesierto de Zacatecas sean declaradas área natural protegida, se evidencia la falta de interés y responsabilidad para garantizar a las generaciones presentes y futuras un estado ecológicamente equilibrado por el gobierno de Zacatecas, que encabeza Alejandro Tello Cristerna.

Por tanto, es necesario garantizar y exigir a las autoridades de todos los niveles el cumplimiento del principio 4 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo para hacer de la protección del ambiente una actividad fundamental en el proceso de desarrollo del país, así como los diversos compromisos suscritos por México en la materia.

En virtud de lo expuesto, me permito someter a consideración de esta asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. El pleno de la Cámara de Diputados acuerda exhortar al titular del Ejecutivo federal y al secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales a realizar las gestiones necesarias a fin de que se decrete como área natural protegida con carácter de reserva de la biosfera el territorio del semidesierto zacatecano que comprende los municipios de General Francisco Murguía, Villa de Cos, El Salvador, Melchor Ocampo, Concepción del Oro y Mazapil, con una extensión de 2 millones 577 mil 126 hectáreas.

Notas:

1 Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, junio de 1992, disponible en http://www.un.org/spanish/esa/sustdev/documents/declaracionrio.htm Consultado el 14 de noviembre de 2016.

2 Ídem.

3 Plan Estratégico para la Diversidad Biológica 2011-2020 y las Metas de Aichi, Secretaría del Convenio sobre la Diversidad Biológica, disponible en https://www.cbd.int/doc/strategic-plan/2011-2020/Aichi-Targets-ES.pdf Consultado el 14 de noviembre de 2016.

4 Página oficial de la Conferencia de las Partes, disponible en http://cop13.mx/cop-13/ Consultado el 14 de noviembre de 2016.

6 “Protegen minera; clausuran reserva”, versión digital, periódico Reforma, disponible en http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/articulo/default.aspx?id=983823 &md5=70040c863fdd3a196064d94591299ce1 &ta=0dfdbac11765226904c16cb9ad1b2efe &lcmd5=68cf00b2186126e1e0b7e3c9f9fb9f12 Consultado el 13 de noviembre de 2016.

6 Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, disponible en http://www.conanp.gob.mx/regionales/ Consultado el 14 de noviembre de 2016.

7 “Zacatecas recibe por minería 8 centavos por cada mil dólares”, en La Jornada Zacatecas, versión impresa, 7 de noviembre de 2016, disponible en http://ljz.mx/2016/11/07/zacatecas-recibe-mineria-8-centavos-mil-dolares/ Consultado el 14 de noviembre de 2016.

8 Piden al gobierno de Zacatecas defender reserva de la biosfera contra presión de mineras,Journalmex, disponible en http://journalmex. com.mx/piden-a-gobierno-de-zacatecas-defender-reserva-de-la-biosfera-contra-pre sion-de-mineras/

9 Obra citada, La Jornada Zacatecas.

10 Ibídem.

11 Obra citada, La Jornada Zacatecas.

12 Piden ambientalistas a gobierno de Zacatecas defender reserva de la biosfera contra presión de mineras, Noticias MVS. Disponible en http://www.noticiasmvs.com/#!/noticias/piden-ambientalistas-a-gobierno-de-zacat ecas-defender-reserva-de-la-biosfera-contra-presion-de-mineras-634

13 The Lis of Wetlands of International Importance, Convention on Wetlands, disponible en http://www.ramsar.org/sites/default/files/documents/library/sitelist.pdf Consultado el 15 de noviembre de 2016.

14 Obra citada, Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 17 de noviembre de 2016.— Diputado Jorge Álvarez Maynez (rúbrica).»

Se turna a la Comisión Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen.

INCREMENTAR LAS ACCIONES DE CONCIENTIZACIÓN Y EDUCATIVAS PARA PREVENIR Y CONTRARRESTAR LA EPIDEMIA DE LA DIABETES QUE AFECTA A LA POBLACIÓN DE NUESTRO PAÍS

«Proposición con punto de acuerdo, por el cual se exhorta al Ejecutivo federal a incrementar por las instancias de salud y educativas las acciones de toma de conciencia y educativas para prevenir y contrarrestar la epidemia de diabetes que afecta a la población del país, a cargo de la diputada Mirna Isabel Saldívar Paz, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza

La suscrita, Mirna Isabel Saldívar Paz, diputada integrante del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, en ejercicio de la facultad conferida por los artículos 6, numeral 1, fracción I; 62, numeral 3; 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracciones I y II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta soberanía, el presente punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente al titular del Ejecutivo federal para que a través de las diferentes instancias de salud y educativas incremente las acciones de concientización y educativas para prevenir y contrarrestar la epidemia de la diabetes que afecta a la población de nuestro país, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El cada vez mayor número de casos de diabetes entre la población mexicana ha alcanzado ya proporciones de epidemia, con consecuencias no solo en la salud de un cada vez mayor espectro de la población, sino también en otros ámbitos como el económico y el social.

En efecto, lo que en el pasado era un padecimiento que afectaba a un sector específico de la población, como lo eran los adultos y adultos mayores, hoy afecta también a población en etapa infantil y juvenil, situación que ya impacta la productividad, y que incrementa los gastos de las familias que tienen entre sus miembros enfermos afectados por este mal.

Si bien el problema de la diabetes es una preocupación de orden mundial, en nuestro país está tomando una importancia mucho mayor. A nivel mundial la diabetes ya es la séptima causa de muerte, en tanto que a nivel nacional ocupa el preocupante segundo lugar y, como ya se refirió ya afecta a un mayor número de niños y jóvenes menores de 30 años.

La diabetes es un mal crónico degenerativo que una vez declarado va mermando paulatinamente la salud de quien lo padece y causa una afectación en su entorno familiar; sin embargo es una enfermedad que puede prevenirse.

Reconocemos que durante los últimos años el Gobierno de la República ha llevado a cabo acciones positivas para mejorar la atención de los enfermos de diabetes, dentro de las cuales se encuentra el mejoramiento de la infraestructura hospitalaria y una mayor capacitación del personal de salud. De igual forma, ha desarrollado campañas para promover acciones que favorezcan la prevención de la enfermedad; no obstante, no podemos negar que dichas políticas no han rendido los resultados esperados, situación que es visible si revisamos las estadísticas relativas al tema. El porcentaje de población afectada y el incremento de la población en situación de riesgo de padecerla lejos de disminuir ha aumentado preocupantemente y ha obligado a que la misma Secretaría de Salud emitiera el Día Mundial de la Diabetes 2016, a forma de declaratoria de Emergencia Sanitaria por la diabetes.

Ante esta alarmante situación de salud pública, en Nueva Alianza manifestamos nuestra preocupación y consideramos apropiado proponer a esta Soberanía el Punto de Acuerdo que nos ocupa, a efecto de que las diferentes instancias de salud y educativas que forman parte de la Administración Pública Federal centralizada y desconcentrada incrementen las acciones tendentes a concientizar y educar a la población sobre los riesgos de padecer diabetes, así como las medidas preventivas que a nivel individual, familiar y social puede llevar a cabo la población para evitar el crecimiento de la epidemia.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de está Soberanía el siguiente:

Punto de Acuerdo

Primero.La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular del Ejecutivo federal para que a través de las diferentes instancias de salud y educativas incremente las acciones de concientización y educativas para prevenir y contrarrestar la epidemia de la diabetes que afecta a la población de nuestro país.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 17 de noviembre de 2016.— Diputada Mirna Isabel Saldívar Paz (rúbrica).»

Se remite a la Comisión de Salud, para dictamen.

FORTALECER LAS CAMPAÑAS INFORMATIVAS PARA EL CONOCIMIENTO DE LA POBLACIÓN, PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO OPORTUNO DE LA DIABETES

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a fortalecer por la Ssa las campañas informativas para el conocimiento de la población, la prevención y el tratamiento oportuno de la diabetes, en el establecimiento de las políticas públicas del sector salud, a cargo de la diputada Melissa Torres Sandoval, del Grupo Parlamentario del PES

La suscrita, diputada federal Melissa Torres Sandoval, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 6, numeral 1, fracción I; 76, numeral 1, fracción IV; y 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La diabetes es considerada, por la Organización Mundial de la Salud, como una enfermedad de carácter crónico que se desencadena a partir de la insuficiencia del páncreas para producir insulina o cuando la misma no es empleada de forma eficaz por parte del organismo, generándose una hiperglucemia, es decir, el aumento de azúcar en la sangre.

Esta enfermedad, se divide en dos tipos:

La diabetes de tipo 1 (anteriormente denominada diabetes insulinodependiente o juvenil) se caracteriza por la ausencia de síntesis de insulina.

La diabetes de tipo 2 (llamada anteriormente diabetes no insulinodependiente o del adulto) tiene su origen en la incapacidad del cuerpo para utilizar eficazmente la insulina, lo que a menudo es consecuencia del exceso de peso o la inactividad física.

Las mujeres embarazadas también pueden desarrollar diabetes gestacional, que se detecta por vez primera cuando la mujer se encuentra en estado de gravidez.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) en 2016 ha orientado sus esfuerzos hacia la concientización que se debe generar en virtud del considerable aumento de la diabetes y las consecuencias que conlleva, lo que puede llegar a afectar, no sólo al paciente, sino a la familia completa. De acuerdo con dicha organización, es necesario “impulsar un conjunto de actividades específicas, eficaces y asequibles para hacer frente a esta actividad”

Las cifras y datos a nivel mundial señalan que:

• En 2014 la prevalencia mundial de la diabetes fue del 9% entre los adultos mayores de 18 años.

• Se calcula que en 2012 fallecieron 1.5 millones de personas a consecuencia directa de la diabetes.

• Más del 80% de las muertes por diabetes se registra en países de ingresos bajos y medios.

• Según proyecciones de la OMS la diabetes será la séptima causa de mortalidad en 2030.

• La dieta saludable, la actividad física regular, el mantenimiento de un peso corporal normal y evitar el consumo de tabaco, son acciones que pueden prevenir la diabetes de tipo 2 o retrasar su aparición.

Uno de los aspectos por los que se presenta esta proposición con Punto de Acuerdo, obedece a la necesidad e importancia de definir y delimitar, de inicio, los dos tipos de Diabetes para que, una vez que la población conozca sus características, causas y consecuencias, pueda tomar las medidas preventivas necesarias, y en los casos que ya se cuente con información clara, precisa y oportuna, se pueda contar con un tratamiento y calidad de vida, acorde al tipo de enfermedad que se padezca.

La diabetes, como se explicaba anteriormente, abarca dos tipos, la I y la II.

La diabetes de tipo 1, como ya se ha dicho también llamada insulinodependiente, juvenil o de inicio en la infancia) se caracteriza por una producción deficiente de insulina y requiere la administración diaria de esta hormona. Se trata de una enfermedad autoinmune, esto es, se desconocen sus causas y, por tanto, no es sujeta a medida alguna de prevención.

Sus síntomas consisten, entre otros, en la excreción excesiva de orina (poliuria), sed (polidipsia), hambre constante (polifagia), pérdida de peso, trastornos visuales y cansancio. Estos síntomas pueden aparecer de forma súbita.

Por su parte, la diabetes tipo 2, también llamada no insulinodependiente o de inicio en la edad adulta, se debe a una utilización ineficaz de la insulina. Este tipo representa el 90% de los casos mundiales y se debe en gran medida al peso corporal excesivo y a la inactividad física.

Los síntomas pueden ser similares a los de la diabetes de tipo 1, pero a menudo menos intensos. En consecuencia, la enfermedad puede diagnosticarse sólo cuando ya tiene varios años de evolución y se presentan complicaciones.

La diabetes de tipo 2 antes sólo se veía en adultos, sin embargo, ahora también puede presentarse en niños, por ello la urgencia de un llamado a prevenir y concientizar sobre el tema, para revertir el aumento de esta enfermedad.

Un tercer tipo de diabetes, es la gestacional, que se caracteriza por hiperglucemia - aumento del azúcar en la sangre - que aparece durante el embarazo y alcanza valores que, pese a ser superiores a los normales, son inferiores a los establecidos para diagnosticar diabetes. Las mujeres con diabetes gestacional corren mayor riesgo de sufrir complicaciones durante el embarazo y el parto, y de padecer diabetes tipo 2 en el futuro. Este tipo de diabetes suele diagnosticarse mediante las pruebas prenatales, más que por lo síntomas que refiera el paciente.

La diabetes, por ello, debe ser una enfermedad conocida, debidamente clasificada y sobretodo, llevar un tratamiento acorde al tipo de diabetes de cada paciente.

Si esta enfermedad no es detectada y atendida en sus inicios, como sucede en la mayoría de los casos en México, las consecuencias generan no sólo un daño mayor al organismo sino que, además, genera costos económicos tanto para el paciente, como para su familia y para el propio Estado, por el aumento de costos por paciente/padecimiento, por las complicaciones que se derivan de tal enfermedad.

Como consecuencia de la diabetes, se encuentran daños al corazón, ojos, riñones y a los nervios.

Por lo que respecta a los daños al corazón, los riesgos de cardiopatías y accidentes vasculares cerebrales, va en aumento; la OMS señala que según un estudio realizado en varios países, un 50% de los pacientes diabéticos muere de enfermedad cardiovascular, principalmente cardiopatía y accidentes vasculares cerebrales (AVC). Si a ello se le suma neuropatía en los pies y se combina con la disminución del flujo sanguíneo hacia ellos, aparecen las llagas que generan infecciones, lo que con el tiempo y el descuido conlleva a la amputación de dedos e, incluso, del miembro completo.

Acerca del funcionamiento de los riñones, la diabetes es la principal causa de su insuficiencia.

En el caso de los ojos, la diabetes provoca retinopatía, la cual es consecuencia del daño que se va generando en los pequeños vasos sanguíneos de la retina y causal de ceguera.

Reiteramos, para prevenir la enfermedad, primero hay que tener clara su clasificación. Hecho lo cual, para la diabetes tipo 2 sí que se pueden establecer medidas que prevengan o que retrasen su aparición, entre otras: tener un peso corporal correspondiente a la edad, talla y estatura; realizar actividad física de forma permanente y por más de 30 minutos para que realmente sea efectiva; consumir alimentos bajos en azúcares y grasas y ricos en vitaminas y proteínas.

Por su parte, el consumo del tabaco también puede ser un factor de riesgo.

Para poder realizar un diagnóstico, se requieren exámenes sencillos de sangre, que determinen el nivel de glucosa en el mismo.

Entre las intervenciones que son factibles y económicas en los países en desarrollo que la OMS plantea se encuentran:

a) El control moderado de la glucemia:

• Los pacientes con diabetes de tipo 1 necesitan insulina;

• Los pacientes con diabetes de tipo 2 pueden tratarse con medicamentos orales, aunque también pueden necesitar insulina;

b) El control de la tensión arterial;

c) Los cuidados podológicos;

d) Otras intervenciones: pruebas de detección de retinopatía; control del colesterol en la sangre; detección de signos tempranos de nefropatía.

En todos los casos, como parte de la protección, prevención y difusión, estas intervenciones se deben de acompañar, además, de dietas saludables, actividad física, conservar el peso normal y evitar el consumo del cigarro.

Por último, el papel que adopta la OMS para la prevención y el control de la diabetes, consiste en el estímulo y en el apoyo de medidas eficaces de vigilancia, prevención y control de la diabetes y sus complicaciones, especialmente en países de ingresos bajos y medios.

Por tanto, la OMS formula cada una de las directrices relacionadas con el tema de prevención de la diabetes; elabora las normas y los criterios sobre la atención a la diabetes, fomenta la toma de conciencia sobre esta enfermedad, considerada como epidemia mundial; realiza las tareas de vigilancia de la diabetes y cuáles son sus factores de riesgo y combina todo lo anterior, con la estrategia mundial que también conduce la OMS acerca del Régimen Alimentario, Actividad Física y Salud, la cual se focaliza en que la población vulnerable reduzca el sobrepeso y la obesidad a escala mundial.

En el caso de México, de forma reciente, el Secretario de Salud señaló que combatir la diabetes es una prioridad para el gobierno federal y refirió que cada año fallecen al menos 90 mil personas por diabetes, es decir, una de cada siete muertes se deben a esta causa, por lo que el Secretario hizo un llamado a los mexicanos para que “inviertan en su salud, a través de la adopción de hábitos saludables como la alimentación sana, actividad física y educación a niños y jóvenes”.

Al celebrar el Día Mundial de la Salud 2016 bajo el lema: “Apura el paso, gánale a la diabetes”, el mismo Secretario refirió que es importante y se requiere hacer conciencia de esta enfermedad, la cual representa un gran desafío y hace necesaria la participación de la sociedad; a decir del funcionario federal, a través de políticas públicas que “lleguen a la casa, a la escuela y a los sitios de trabajo”

En el mismo evento, la Directora General de la Organización Panamericana para la Salud señaló la necesidad de intensificar las acciones de salud pública que permitan, por un lado, la prevención de la enfermedad y las complicaciones que ésta genera y, por otro, el mejoramiento del diagnóstico y su control, así como proporcionar cuidados y acceso al tratamiento adecuado para todo aquel paciente que así lo requiere.

Justamente, retomando lo dicho por el Titular de la Secretaría Salud, resulta necesario que no sólo se hagan llamados, sino que desde la Secretaría que encabeza se realicen acciones concretas, en todas las instituciones, de Seguridad Social que abarca el Sector Salud, de concientización para la diferenciación de los dos tipos de diabetes existentes y de medidas de prevención de la Diabetes tipo 2, y mecanismos de atención y control en el caso de las personas que ya cuenten con la enfermedad.

Es por lo que anteriormente se ha expuesto, que se somete a la consideración de este pleno la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal para que, a través de la Secretaría de Salud, fortalezca las campañas informativas para el conocimiento de la población, prevención y tratamiento oportuno de la Diabetes, en el establecimiento de las Políticas Públicas de todo el Sector Salud.

Notas:

1 http://www.who.int/topics/diabetes_mellitus/es/

2 http://www.who.int/campaigns/world-health-day/2016/event/es/

3 http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs312/es/

4 http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs312/es/

5 Ibídem

6 http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs312/es/

7 http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs312/es/)

8 Ibídem

9 https://www.gob.mx/salud/prensa/combatir-la-diabetes-prioridad-para-el-gobierno -federal-narro-robles

10 Ibídem

Salón de sesiones de la Cámara de Diputados, a 17 de noviembre de 2016.— Diputada Melissa Torres Sandoval (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.

DECLARATORIA DE PROTECCIÓN DE DENOMINACIÓN DE ORIGEN AL QUESO COTIJA

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Economía, a través del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, a realizar el procedimiento conducente a emitir la declaratoria de protección de denominación de origen del queso Cotija, a cargo del diputado Alfredo Anaya Orozco, del Grupo Parlamentario del PRI

El que suscribe, Alfredo Anaya Orozco, diputado federal de la LXIII Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6o., numeral 1, fracción I, y 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La denominación de origen es entendida como: “el nombre de una región geográfica del país que sirva para designar un producto originario de la misma, y cuya calidad o características se deban exclusivamente al medio geográfico”.

Para el caso de México, de acuerdo con el artículo 8º del Reglamento del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), es competencia de la Dirección General Adjunta de Propiedad Industrial, otorgar o negar las autorizaciones de uso de denominaciones de origen (DO).

Al día de hoy nuestro país cuenta con un total de 14 DO, entre las que se encuentran: el Ámbar de Chiapas, el Arroz del estado de Morelos, el Bacanora, Café Chiapas, Café Veracruz, Charanda, Chile Habanero de la península de Yucatán, Talavera, Tequila y Vainilla de Papantla, entre otros.

La Denominación de Origen significa una protección legal especial para los productos en virtud de provenir de una región determinada y reunir ciertas características que dotan de un valor agregado, además de reconocimiento internacional. Esto implica beneficios económicos para los productores y mejoras en el ingreso que perciben por la actividad que realizan.

A pesar de nuestra inmensa riqueza cultural material e inmaterial, México registra un rezago importante en materia de protección industrial, sobre todo si nos comparamos con otros países. Suiza, por ejemplo, cuenta con un total de 700 denominaciones de origen, los Estados Unidos cuentan con más de 900 y la Unión Europea supera las 6,000.

Uno de los tesoros gastronómicos que no ha tenido el reconocimiento que se merece es el queso Cotija, cuyo nombre viene del municipio michoacano Cotija, ubicado en la Sierra de Jalmich.

La producción artesanal de queso Cotija data de hace 400 años. Para su elaboración prevalecen los métodos tradicionales que le permiten a este producto mantener una característica artesanal y que se prepara bajo una Marca Colectiva Región de Origen otorgada por el IMPI en 2005, la cual dota de protección limitada ante imitaciones y prácticas irregulares comerciales.

El queso Cotija se elabora principalmente en temporada de lluvia a partir de leche bronca proveniente de animales de carne con baja producción de leche (vaca criolla cruzada con cebú) alimentados en praderas naturales de libre pastoreo, sin añadirle compuestos químicos, y permaneciendo por 3 meses como mínimo dentro del área geográfica a partir del retiro de la prensa bajo la cual obtiene su forma característica.

Por otra parte este queso de elaboración artesanal, se subclasifíca comercialmente por:

• Añejamiento, que puede ser entre tres y seis meses, y;

• Por su consistencia y características al corte: el cual puede ser de tajo si se desmorona al corte y las paredes se mantienen en su posición; o de grano si se desmorona al corte sin mantener la posición de las paredes.

En conjunto, se puede asegurar que la producción de este producto lácteo sigue manteniendo su condición de ser una mercancía de elaboración 100 por ciento artesanal, al seguir un estricto proceso de preparación de forma que se pueda ofrecer al mercado nacional e internacional un producto de inigualable calidad.

Incluso en el año 2006, el queso Cotija fue reconocido entre 500 participantes como el mejor Queso Extranjero del Año en el campeonato mundial sobre ese derivado de la leche en Cremona, Italia.

En ese sentido y gracias a la forma tradicional con la que ha sido producido este queso, es que ha sido objeto de estudio de diversos centros de investigación entre los que se destacan: la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) o el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), las cuales, han elaborado diversos estudios y proyectos con productores de la región de la Sierra Jalmich para mejorar las condiciones comerciales de los productores.

El 16 de octubre del año en curso, investigadores de la Facultad de Química de la UNAM, obtuvieron el Premio Nacional de Ciencia y Tecnología de Alimentos 2016, por el trabajo “La microbiana bacteriana única del queso Cotija y su potencial metabólico, revelados mediante metagenómica”. Dicho estudio, arrojó que la forma única de elaboración de este producto genera sabores y sustancias de naturaleza proteínica que tienen un efecto antagónico contra patógenos como la Salmonella entérica o la Escherichia coli, y por tanto sugiere que la producción de este queso se mantenga de manera artesanal para conservar sus beneficios.

Por otra parte, una investigación del Tecnológico de Monterrey concluyó que los consumidores prefieren los quesos artesanales y se detectó como mercado potencial a EE.UU.

La FAO en colaboración con la Universidad Autónoma de Chapingo, realizaron el estudio titulado: “ El queso Cotija, México”,donde se señalan todas las características de este producto, y hace las recomendaciones en torno a aprovechar de forma eficiente la experiencia sobre los dispositivos legales a razón de preservar el proceso artesanal de elaboración del queso Cotija y con ello proteger un patrimonio socioeconómico, cultural y ambiental dentro de las regiones de la Sierra Jalmich.

Estos y otros estudios no solo han comprobado las características especiales del queso Cotija sino la necesidad de otorgar una protección especial para este producto orgullosamente michoacano.

Así, el proceso de elaboración de queso Cotija debe contar con una figura legal que brinde una mayor protección a los productores de esta región del país con la que puedan garantizar un medio productivo eficiente y seguro que permita acceder a un ingreso justo y más elevado y equitativo, garantizando así una mejora indiscutible en la calidad de vida de la región.

Por tanto, las recomendaciones de organismos internacionales como de los centros de investigaciones nacionales, coinciden en que otorgar la Denominación de Origen sería el mecanismo más adecuado para proteger esta actividad económica culinaria tradicional de México.

La cocina tradicional mexicana es un gran referente de la diversidad cultural que posee México y que gracias a sus características tan únicas le han valido para ser reconocida por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y la Cultura (UNESCO) como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

Como Diputado Federal por el estado de Michoacán, tierra de tradiciones ancestrales, es mi deber proteger a las miles de familias que ven de estas actividades gastronómicas de orgullo nacional, una forma de vida digna y que con ello han protegido y preservado la cultura mexicana.

Con el otorgamiento de la denominación de origen al queso Cotija no solo estaríamos reconociendo a un producto mexicano que ha conquistado paladares en todo el mundo; sino que también estaríamos favoreciendo al ingreso de miles de familias michoacanas que dependen de esta actividad.

Por todo lo anteriormente expuesto y motivado, me permito someter a consideración de esta Honorable Asamblea, el siguiente

Punto de acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente la Secretaría de Economía para que, a través del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, realice el procedimiento conducente para emitir la declaratoria de protección de denominación de origen al queso Cotija.

Notas:

i Artículo 156 de la Ley de la Propiedad Industrial

ii Ver, http://www.gob.mx/se/articulos/denominaciones-de-origen-orgullodemexico

iii Ver, http://www.forbes.com.mx/de-origen-mexicano/#gs.36wiWa0

iv Ver, http://www.mexicocampoadentro.org/quesos_cotija.php

v Ver, http://www.gaceta.unam.mx/20161013/a-tres-academicos-de-la-unam-el-premio-nacio nal-de-alimentos/

vi Ver, http://eleconomista.com.mx/industrias/2014/01/21/queso-cotija-busca-cruzar-fron teras

vii Ver, http://www.hablemosclaro.org/Repositorio/biblioteca/b_223_ Queso_COTIJA_Mexico.pdf

Salón de sesiones de la Cámara de Diputados, a 17 de noviembre de 2016.— Diputado Alfredo Anaya Orozco (rúbrica).»

Se remite a la Comisión de Economía, para dictamen.

VIGILAR SU INCREMENTO EN LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS DE CONSUMO Y USO POPULAR, QUE INTEGRAN LA CANASTA BÁSICA

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Economía y la Profeco a establecer acciones urgentes y efectivas para reconducir la política de precios y, con ello, combatir y vigilar las alzas de productos y servicios de consumo y uso populares, integrantes de la canasta básica, a cargo del diputado Jorge López Martín, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, Jorge López Martín, integrante del Grupo Parlamentario Partido Acción Nacional en la Cámara de Diputados de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de los artículos 3, numeral 1, fracción XX; 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracciones I y II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, 116 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como de los artículos 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y demás relativos normativos y reglamentarios aplicables, someto a consideración de esta asamblea del honorable Congreso de la Unión, la presente proposición con punto de acuerdo en virtud de la cual se exhorta respetuosamente a los titulares de la Secretaría de Economía y de la Procuraduría Federal del Consumidor a efecto de que se establezcan acciones emergentes y efectivas para reconducir la política de precios y, con ello, combatir y vigilar el alza de precios en los productos y servicios de consumo y uso popular, que integran la canasta básica, en el sentido de que se proteja el valor adquisitivo relativo al gasto de los hogares y se vele a su vez por los derechos de los consumidores. Lo anterior al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

“Un alza de precios en los productos y servicios más básicos para una sociedad, les afecta a todos, productores, distribuidores y proveedores, pero sobre todo a sus consumidores”

Anónimo

La canasta básica es un conjunto de bienes y servicios indispensables para que una familia pueda satisfacer sus necesidades básicas de consumo a partir de su ingreso. La canasta básica mexicana contempla múltiples y variados productos para la despensa y servicios, en razón de que diversas instituciones, tanto públicas como privadas, generan sus propias canastas. Entre las principales se encuentran las siguientes:

I. Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi)

La canasta básica mexicana contempla alrededor de 80 artículos, entre los cuales encontramos productos para la despensa y servicios.

Para determinar el contenido final en la canasta básica, se toman en cuenta familias promedio, ingresos y encuestas. La Encuesta Ingreso-Gasto de los Hogares (ENIGH) emitida por el Inegi proporciona los gastos asociados de los hogares en 580 bienes y servicios.

Con base en esto el Banco de México seleccionaba ciertos productos y servicios y los integraba en una canasta básica, al final calcula el peso de cada uno en la construcción del INPC, esta acción recibe el nombre de ponderación. Actualmente el Inegi es el encargado de realizar toda operación.

La canasta básica está compuesta por 80 bienes y servicios agrupados en las categorías siguientes:

Alimentos, bebidas y tabaco; ropa, calzado y accesorios; vivienda; muebles, aparatos y accesorios domésticos; salud y cuidado personal; transporte; educación y esparcimiento, así como otros servicios.

La canasta básica tiende a actualizarse, a través de cambios en su ponderación o en la aparición o desaparición de algunos de sus componentes, dados los cambios tecnológicos, aparición de bienes y servicios, o bien un aumento del ingreso familiar y los cambios en los hábitos y preferencias de consumo de los consumidores (http://elinpc.com., mx/ canasta-basica-mexicana/).

II. Consejo Nacional para la Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval)

El Consejo Nacional para la Evaluación de la Política de Desarrollo Social genera un par de listas de productos, cuya finalidad es determinar la línea más baja de ingreso para clasificación y evaluación de la pobreza.

Estas listas se diferencian entre si según el área (rural o urbana) en la que se deseé realizar la medición. Los productos en cada una de estas canastas son:

III. Diconsa

Diconsa es una empresa de participación estatal mayoritaria, que pertenece al Sector Desarrollo Social y que tiene el propósito de contribuir a la superación de la pobreza alimentaria, mediante el abasto de productos básicos y complementarios a localidades rurales de alta y muy alta marginación. En su canasta básica contempla:

En México el aumento al salario mínimo ha sido deplorable toda vez que de enero de 2015 a enero de 2016 el incremento ha sido de 2.94 pesos, precisando que el poder adquisitivo del salario mínimo en México ha registrado una caída del orden del 77.79 por ciento de 1987 a 2014 por lo que una familia puede comprar sólo 34 por ciento de una canasta de productos recomendables con un salario mínimo, reveló un estudio de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

En marzo de 2012, el kilo de huevo costaba en el país 14 pesos, pero aumentó en 185.5 por ciento a su precio de abril del 2015, costando 40 pesos en promedio. Hace tres años la pechuga de pollo se vendía a 25 pesos por kilo y ahora se compra a 70 pesos, un incremento de 180 por ciento.

Actualmente en nuestro país el salario mínimo vigente es de 73.04 pesos diarios, por lo que al ver el incremento en los productos de consumo básico en una familia mexicana, no le alcanzaría para cubrir su alimentación y mucho menos la de su familia, puesto que en lugar de bajar los costos de los productos estos han ido a la alza.

Por lo antes expuesto y fundado, someto a consideración del pleno de esta asamblea del honorable Congreso de la Unión, la presente proposición con punto de acuerdo, en materia del establecimiento de acciones emergentes y efectivas para combatir el alza de precios en los productos y servicios de consumo y uso popular, que integran la canasta básica; en virtud de lo cual se dan los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Esta honorable Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al titular de la Secretaria de Economía a efecto de que establezca acciones emergentes y efectivas para reconducir la política de precios, y con ello combatir el alza de precios en los productos y servicios de consumo y uso popular, que integran la canasta básica.

Segundo.Esta honorable Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al titular de la Procuraduría Federal del Consumidor a efecto de que establezca acciones emergentes y efectivas para la adecuada inspección vigilancia y sanción de los vendedores o proveedores que especulen con los precios de los productos y servicios de consumo y uso popular, que integran la canasta básica.

Tercero.Esta honorable Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a los titulares de la Secretaria de Economía y la Procuraduría Federal del Consumidor para que informen a la opinión pública sobre las acciones implementadas en la materia.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 17 de noviembre de 2016.— Diputado Jorge López Martín (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Economía, para dictamen.

REALIZAR UN ANÁLISIS DE LOS EFECTOS EN LA SALUD QUE PRODUCEN LAS ANTENAS DE TELEFONÍA MÓVIL, RADIO Y TELEVISIÓN

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Ssa a realizar un análisis de los efectos producidos en la salud por las antenas de telefonía móvil, radio y televisión, a cargo de la diputada Lluvia Flores Sonduk, del Grupo Parlamentario del PRD

La suscrita diputada federal, Lluvia Flores Sonduk, integrante de la LXIII Legislatura, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, numeral 1, fracción II, numeral 2, del Reglamento de esta Cámara de Diputados, someto a su consideración la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La expansión de la telefonía en los últimos años ha provocado la colocación de antenas para el funcionamiento óptimo de la telefonía celular, además de que dichas antenas son ahora colocadas en las cercanías de las viviendas e incluso en los techos de las mismas.

De acuerdo a un documento de la Organización Mundial de la Salud, desde la introducción de los teléfonos móviles en los años 80´s el crecimiento en el uso de estos y sus estaciones base ha sido continuo y con una tasa de crecimiento cada vez mayor, países como China que a pesar de tener una penetración relativamente baja ya bordea los 150 millones de usuarios.

El mismo documento cita que este crecimiento de telefonía móvil ha generado una preocupación latente a nivel mundial, sobre los efectos a la salud que conlleva el uso de los teléfonos y las estaciones bases que están cada vez más cercanas a los hogares.

La telefonía móvil opera bajo el principio de la red celular, la cual en vez de utilizar un transmisor de gran potencia y gran cobertura subdivide su cobertura en áreas más pequeñas llamadas células que tienen como elemento central a las estaciones bases.

Las estaciones base son instalaciones fijas que se interconectan con los teléfonos móviles mediante ondas electromagnéticas de radiofrecuencia. Es en ese contexto, que las personas en las cercanías tanto de los teléfonos como de las estaciones base están sometidas constantemente a radiaciones electromagnéticas.

Las antenas de telefonía móvil que son colocadas en las viviendas pueden tener efectos adversos para la salud, lamentablemente la información con la que contamos al respecto es muy poca. Los efectos de las radiaciones emitidas por las antenas de telefonía celular en la salud humana, como ya señalé es un tema poco explorado, la desinformación que existe sobre el tema es mucha; derivado de eso resulta de primer orden que las autoridades de salud de nuestro país se aboquen a realizar estudios e investigaciones que diluciden si este tipo de radiación tiene algún impacto en la salud de las personas.

Recordemos compañeros legisladores, que el artículo 4º de nuestra Ley Fundamental, señala que el Estado debe garantizar la protección de la salud, dicho dispositivo constitucional dice: “...Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. ...” De ahí que desde esta soberanía hacemos un exhorto respetuoso para que la Secretaría de Salud realice un estudio a fin de que se tenga el conocimiento necesario sobre los posibles efectos a la salud de colocar estaciones base de telefonía celular en los hogares mexicanos.

El desconocimiento que impera sobre este tema, tiene como consecuencia que las personas se sientan atraídas sobre las ofertas que realizan las compañías de telefonía celular para brindar una cantidad importante de dinero, a fin de que estas puedan colocar en los techos de sus hogares las estaciones base, de ahí deriva la importancia de que las personas conozcan con certeza si las emisiones de este tipo de radiación son o no un peligro para la salud de los que están en las cercanías de dichas estaciones base.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta H. Asamblea, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Salud para que realice un análisis de los efectos a la salud que producen las ondas electromagnéticas producidas por las antenas de telefonía móvil, radio y televisión.

Notas:

1 http://www.who.int/peh-emf/publications/en/esp_mobphonehealthbk.pdf

2 Ídem.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 17 de octubre de 2016.— Diputada Lluvia Flores Sonduk (rúbrica).»

Se remite a la Comisión de Salud, para dictamen.

EVENTOS MASIVOS DE ENTREGA DE PROGRAMAS SOCIALES

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, al gobierno del estado de México, a la Sedesol y a la Sedatu a finalizar los actos masivos de entrega de beneficios de programas sociales; y a la PGR, a través de la Fepade, a investigar posibles irregularidades por aquéllos, a cargo de la diputada Araceli Damián González, del Grupo Parlamentario de Morena

Araceli Damián González, en mi calidad de diputada federal de la LXIII Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario Morena, con fundamento en la fracción I del numeral 1 del artículo 6 y numeral 1, fracción II, del artículo 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración del pleno la presente proposición con punto de acuerdo, bajo las siguientes

Consideraciones

Primera. El 8 de octubre de 2016, como parte de la Feria de Servicios de la Administración Federal, que coordina la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), los gobiernos federal y del Estado de México otorgaron tarjetas bancarias y despensas en Huixquilucan. Bajo la condición de entregar copia de credencial de elector, número telefónico e información personal, las tarjetas se entregaron a seis mil personas, cada una con 2 mil 750 pesos.

Segunda. En el evento participaron Francisco Guzmán, Jefe de la Oficina de Presidencia, y Eruviel Ávila, gobernador del Estado de México. Cuando se le interrogó a Guzmán acerca de una posible compra de votos, negó que fuera de esa forma y que más bien se trataba de un trabajo permanente en donde era pública la colaboración entre el gobierno federal y dicha entidad. De acuerdo con Guzmán, el Ejecutivo Federal le encomendó de manera especial la atención del Estado de México.

Lo anterior, ya que en 2017 se llevarán a cabo elecciones en dicha entidad, en Nayarit y en Coahuila. Es por ello, que el presidente Enrique Peña Nieto tiene especial interés por que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) permanezca en el poder en el estado del cual es oriundo.

Tercera.Asimismo, Guzmán y Ávila entregaron montos a miembros de comités comunitarios, certificados de vocales de Prospera, vales para el aprovisionamiento de comedores comunitarios, escrituras de la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra, así como certificados del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos.

Cuarta. De acuerdo con Enrique González Tiburcio –Subsecretario de Ordenamiento Territorial de la Sedatu- se llevaron a cabo siete ferias en las últimas semanas, en las que se ha beneficiado a 35 mil personas. González Tiburcio negó que se tratara de proselitismo electoral.

Quinta.El pasado 9 de octubre, el secretario de Desarrollo Social, Luis Enrique Miranda Nava, compareció ante senadores con respecto al análisis del IV informe de gobierno. En dicho comparecencia, también se destacó el tema de la entrega de tarjetas en el evento en Huixquilucan, por lo cual representantes de distintos partidos calificaron a Miranda Nava como un operador electoral.

Sexta. El 15 de octubre del año en curso, se llevó a cabo otro evento como parte de la Feria Integral de Servicios – a cargo de la Sedatu- en el Valle de Toluca, en específico en el municipio de Zinacatepec; a donde acudieron más de 5 mil personas, a las que se les entregaron 4 mil 700 tarjetas, con 2 mil 750 pesos cada una y aproximadamente 6 mil despensas de Diconsa. De acuerdo con José Sergio Manzur, Secretario General de Gobierno, las ferias continuarán cada semana y no tienen objetivos electorales.

Séptima. En el Estado de México, existen 232 programas sociales estatales, de los cuales 170 se llevan a cabo sin reglas de operación, y 64 no rinden cuentas públicas, provocando que no se transparenten los recursos ni el destino de los mismos, generando opacidad en la política social y permitiendo que los programas sean utilizados con fines electorales.

Octava.El artículo 28 de la Ley General de Desarrollo Social establece que la publicidad y datos de los programas de desarrollo social deben incluir la siguiente leyenda: “Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social”.

Por lo cual, está prohibido que los programas sociales sean utilizados en eventos masivos en los cuales aparecen políticos y servidores públicos afines al PRI -partido en el poder tanto a nivel federal como local- con fines propagandísticos, máxime que se aproximan las elecciones de 2017 en el Estado de México, y estos actos pueden inducir el sentido del voto.

Novena.Es alarmante que dichos eventos sean empleados con fines políticos con miras a las elecciones de 2017 en el Estado de México, entidad de la cual proviene el actual Presidente de la República, quien ha encomendado a funcionarios federales priorizar dicho estado.

Décima. La Procuraduría General de la República, a través de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, tiene la facultad de conocer las denuncias referentes a delitos electorales, realizar las averiguaciones previas que corresponden, desarrollar la acción penal de ser necesario, intervenir en los procesos electorales hasta su término, así como procedimientos relacionados.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta Cámara de Diputados la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. Exhortar al Ejecutivo federal, al gobernador del Estado de México y a los titulares de la Secretaría de Desarrollo Social y de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano a que finalicen eventos masivos de entrega de programas sociales, para que estos últimos no sean empleados con fines electorales, máxime que se aproximan los comicios de 2017 en dicha entidad.

Segundo.Solicitar a la Procuraduría General de la República, que a través de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, investigue posibles irregularidades por los actos anteriormente señalados.

Notas:

1 Salazar, Claudia y Jorge Ricardo. “Reparten despensas y tarjetas en Edomex” (Reforma, 9 de octubre de 2016). Disponible para consulta en: http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/articulo/default.aspx? id=958127&md5=b0c6348264f6721393fd0da6039716e9 &ta=0dfdbac11765226904c16cb9ad1b2efe &lcmd5=aa91b5152cf3ca6d087ebf87416a4868

2 Ibídem.

3 Ibídem.

4 Ibídem.

5 “Gobiernos de EPN y de Eruviel reparten 4,700 tarjetas (con 2,700 pesos cada una) ahora en Toluca” (Sin embargo, 15 de

6 Ibídem.

7 Baptista, Diana. “Piden Transparentar programas sociales” (Reforma, 3 de noviembre de 2016).

8 Stettin, Cinthya. “ONG piden candados a programas sociales” (Milenio, 3 de noviembre de 2016).

9 Diario Oficial de la Federación, “Decreto que reforma diversas disposiciones del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República”. Disponible para consulta en http://dof.gob. mx/nota_detalle.php?codigo=4716753&fecha=19/07/1994

Salón de sesiones de la Cámara de Diputados, a 17 de noviembre de 2016.— Diputada Araceli Damián González (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Gobernación, para dictamen.

REPLANTEE LA AGENDA QUE ORIENTARÁ LA POLÍTICA EXTERIOR DEL PAÍS, A PARTIR DEL TRIUNFO DE DONALD TRUMP

«Proposición con punto de acuerdo, por el cual se exhorta al Ejecutivo federal a remover en uso de sus facultades constitucionales a la titular de la SRE y replantear la agenda que orientará la política exterior del país a partir del triunfo de Donald Trump, a cargo del diputado Jorge Álvarez Maynez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

El suscrito diputado Jorge Álvarez Maynez, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción IV del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, someten a consideración la siguiente proposición con punto de acuerdo mediante la cual se exhorta al titular del Ejecutivo federal para que, en uso de sus facultades constitucionales, remueva a la ciudadana Claudia Ruíz Massieu del cargo de secretaria de Relaciones Exteriores y replantee la agenda que orientará la política exterior del país, a partir del triunfo de Donald Trump en los comicios para elegir al presidente de Estados Unidos de América, con base en la siguiente:

Exposición de Motivos

La relación bilateral entre México y Estados Unidos de América, está marcada por una clara interdependencia en ámbitos que van más allá del económico y que ha ido evolucionando según la percepción y entre ambas sociedades y sus interacciones. La relación entre los dos países es particular y claramente intensa, pues abarca un gran número de temas como migración, narcotráfico, comercio, inversiones, seguridad, medio ambiente, democracia, derechos humanos, energía, turismo, entre otros que hacen que la política exterior entre ambos países sea altamente compleja.

Si bien parecía que a principios de 2001 con las nuevas administraciones de Vicente Fox en México y de George W. Bush en Estados Unidos, empezarían una nueva etapa de relaciones que se habían mermado después la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) en 1990. Los eventos del 11 de septiembre de 2001 llevaron a que Estados Unidos pasara su relación con México, y junto con ella el tema migratorio y de integración económica, a segundo plano para enfocarse en la guerra contra el terrorismo global. Consecuentemente, a partir de 2001 las relaciones entre México y Estados Unidos se centraron en un reforzamiento de la seguridad en la frontera sur y la lucha contra el narcotráfico.

Tras una serie de altibajos y sin la presentación de un cambio paradigmático en las relaciones entre los dos países bajo la administración de Bush, el inicio del gobierno de Obama presentaba una esperanza para restablecer las relaciones con México y Latinoamérica, e “iniciar un nuevo capítulo de compromiso y una asociación de iguales”.

Con la llegada de Obama a la administración estadounidense hubo una continuación en el apoyo al combate contra el narcotráfico y a la Iniciativa Mérida, sin embargo, debido a la crisis de 2008, a pesar de sus promesas en torno a la migración y por la presión del Congreso con mayoría republicana, el gobierno de Obama incrementó significativamente las deportaciones de 360 mil en 2008 a 438 mil en 2013, lo que ocasionó una gran decepción por parte del gobierno mexicano.

A partir de que Enrique Peña Nieto asumió la Presidencia de nuestro país, dos personajes han estado al mando de la Secretaría de Relaciones Exteriores: José Antonio Meade y Claudia Ruiz Massieu. Desde entonces, el influyentismo ha sido la característica primordial de esta secretaría. Los cargos diplomáticos son vistos como un botín a repartir entre los miembros del partido en el poder.

Por ejemplo, la Embajada de México en Washington ha servido como un refugio para los parientes de políticos de alto perfil: en 2014, se encontraban la nieta de Jesús Murillo Karam y el esposo mexicano de la embajadora de Estados Unidos en Argentina. Ambos laboraban en circunstancias casi fantasmales 5. Por otra parte, en el consulado mexicano en Nueva York, se removió al diplomático experimentado Carlos Sada, para poner en su lugar a Sandra Fuentes Berain, quien ha sido señalada por sus gastos superfluos y en su mayoría en asuntos sociales, eventos y giras.

Desde la llegada de la secretaria Claudia Ruiz Massieu como canciller, más de la tercera parte de todos los nombramientos de embajadores y cónsules han sido otorgados a priistas, lo que ocasiona un desbalance en el Servicio Exterior Mexicano. En una investigación publicada por el portal de noticias SinEmbargo, se dio a conocer que la Secretaría de Relaciones Exteriores ejerce 2 millones 415 mil 390 pesos mensuales (28.9 millones al año) en el pago de salarios de 13 integrantes del PRI, entre los que se encuentran ex gobernadores controversiales como Fidel Herrera Beltrán ahora cónsul en Barcelona o Juan Sabines Guerrero ahora cónsul en Orlando, Florida.

México ha descuidado las relaciones con Estados Unidos, a tal grado que la Embajada en Washington, tras la renuncia del ahora ministro Eduardo Medina Mora, se quedó sin titular por cinco meses. Del 10 de marzo al 10 de agosto de 2015, México no tuvo representante oficial en nuestra Embajada más importante en el exterior, hasta que el presidente Enrique Peña Nieto designó a Miguel Basáñez Ebergenyi como nuevo embajador.

Sin embargo, a la llegada de Ruiz Massieu a la Secretaría de Relaciones Exteriores, y a tan sólo 7 meses de haber asumido el cargo Miguel Basáñez, la Cancillería mexicana lo removió para nombrar a Carlos Sada. En medio de este vacío de representación, surge Trump como candidato a la presidencia de Estados Unidos quien comenzó a insultar a los migrantes mexicanos, clasificándolos de narcotraficantes y violadores. Las respuestas más contundentes a esas declaraciones, provinieron de ex presidentes, ex secretarios de Relaciones Exteriores, analistas, pero ninguna respuesta por parte de la secretaria Ruiz Massieu ni del propio presidente.

La política exterior mexicana ha sido tomada a la ligera a lo largo del sexenio. Por ello, el vergonzoso episodio de la invitación a Donald Trump a nuestro país, no se debe interpretar como un hecho aislado, sino como la consecuencia natural del mal manejo que se ha hecho del Servicio Exterior Mexicano, la falta de experiencia de la secretaria Ruiz Massieu tiene un impacto en la política exterior del país y es considerada por expertos como una consecuencia de que no se le tomara en cuenta para la toma de decisiones como la de invitar a Trump al país.

El pasado 31 de agosto, el presidente Enrique Peña Nieto se reunió con el entonces candidato republicano a la presidencia de los Estados Unidos, Donald Trump. La visita generó un malestar general en la sociedad mexicana, debido a declaraciones racistas y llenas de odio que Trump había realizado a lo largo de su campaña, en contra de México y los migrantes mexicanos como una estrategia para atraer el voto de sectores más conservadores de la sociedad norteamericana.

La visita de Trump representó uno de los peores errores diplomáticos en la historia de nuestro país. El presidente recibió a Donald Trump en la Residencia Oficial de Los Pinos, legitimándolo y dándole trato de jefe de estado, cuando se trataba simplemente de un candidato. Luego de la reunión, Trump se fue a Arizona a reiterar sus posturas en política migratoria y respecto a México y los mexicanos. Con ello, se colocó al país y al gobierno en la posición más vulnerable desde la época revolucionaria.

Además, con esa visita el gobierno de México tuvo injerencia en la arena electoral de los Estados Unidos, lo que contravino lo dispuesto por el artículo 89, fracción 10, de nuestra Constitución, que señala los principios que debe respetar el titular del Ejecutivo en la conducción de la política exterior. Se trata de “la autodeterminación de los pueblos; la no intervención; la solución pacífica de controversias; la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales”. La diplomacia mexicana, encabezada por la canciller Claudia Ruíz Massieu, mostró su inmadurez y falta de sentido común, al intervenir en el proceso electoral norteamericano.

El pasado 8 de noviembre, sorpresivamente, y no obstante la nefasta campaña que realizó, Donald Trump fue elegido presidente de los Estados Unidos en los comicios celebrados el presente año. Las consecuencias, en el ámbito económico local, se sintieron en seguida, ya que la cotización del peso pasó de 18.5 unidades al inicio de las votaciones a 20,74 al cierre de la jornada, un mínimo histórico para la moneda mexicana. En realidad, eso es tan solo un reflejo de la relación de dependencia que los últimos gobiernos mexicanos optaron por desarrollar con los Estados Unidos.

Como consecuencia, y con base en las promesas de campaña hechas por Trump, se presume que su arribo al poder, traerá consecuencias negativas para México y su población, situación que se agrava debido a la inexperiencia y debilidad que ha mostrado el Ejecutivo en la conducción de la política exterior, lo que ha dejado a nuestro país muy mal parado en el contexto geopolítico. Durante su campaña, el presidente electo de los Estados Unidos amenazó, entre otras cosas, con renegociar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte y con construir un muro en la frontera entre ambos países y obligar a México a pagarlo.

Ahora bien, la victoria de Donald Trump debería llevar al gobierno mexicano a cuestionar y replantear la política exterior y las relaciones diplomáticas que desarrollará en lo subsecuente con el país vecino. Se requiere de una respuesta a la altura del desafío que la nueva coyuntura supone para nuestro país. Resulta urgente la formulación de una nueva agenda, que permita a nuestro país reducir en lo posible los lazos de dependencia económica y política que se mantienen respecto de los Estados Unidos, acentuados a raíz de la puesta en marcha del sistema económico neoliberal. Lo más alarmante es el nivel de incertidumbre que puede llegar a crear, en la vida pública de nuestro país, la sucesión presidencial estadounidense.

Como señala José Luis de la Cruz Gallegos, “al fallar en la construcción de un sólido sistema productivo nacional, y un mercado interno fuerte, se negó la vía del desarrollo económico basado en las capacidades propias”. En pocas palabras, se privilegió una relación de dependencia con los Estados Unidos en detrimento del fortalecimiento del sistema productivo nacional.

Por ello, y no obstante que constitucionalmente, las facultades para dirigir la política exterior recaen en el presidente de la República, la coyuntura que vivimos exige la elaboración de una agenda ciudadana para la defensa de los intereses de nuestra nación. Debe ser una agenda que agrupe las exigencias de todos los sectores sociales: diplomáticos en activo y retirados, académicos, estudiantes universitarios, el empresariado, periodistas, sindicatos, grupos indígenas y, en general, ciudadanos.

En ese tenor, Leopoldo Santos Ramírez, investigador y experto en relaciones México-Estados Unidos, señala que la nueva agenda en política exterior, debe tratar al menos tres aspectos:

1. Un absoluto rechazo a la construcción del muro, sustentado en los tratados y convenios firmados con Estados Unidos desde el siglo XIX y en el principio jurídico de que entre las naciones divididas por línea internacional nada se podrá hacer en un lado de la franja fronteriza que perjudique la ecología y a las poblaciones del lado opuesto.

2. Oponerse terminantemente a la expulsión de los mexicanos en Estados Unidos.

3. Oponerse a la imposición unilateral del gobierno de Trump respecto de suprimir el Tratado de Libre Comercio o realizarle modificaciones sin consultar al gobierno de Canadá.

Por lo antes expuesto, me permito someter a la consideración de esta asamblea los siguientes:

Puntos de Acuerdo

Primero. El pleno de esta Cámara acuerda exhortar al titular del Ejecutivo federal, para que, en uso de sus facultades constitucionales y como consecuencia de los errores cometidos durante su gestión como secretaria de Relaciones Exteriores, remueva a la ciudadana Claudia Ruíz Massieu del cargo.

Segundo.El pleno de esta Cámara acuerda exhortar al titular del Ejecutivo federal para que replantee la agenda que orientará la política exterior del país, a partir del triunfo de Donald Trump en los comicios para elegir al presidente de Estados Unidos de América, misma que deberá atender al menos tres aspectos: Un absoluto rechazo a la construcción del muro fronterizo; oponerse terminantemente a la expulsión de los mexicanos en Estados Unidos; oponerse a la supresión o modificación unilateral del Tratado de Libre Comercio de América del Norte por parte del próximo gobierno de Donald Trump.

Notas:

1 Hannan, Farid. Reseña libro: Las Relaciones México Estados Unidos, 1756 -2010. Revista Foreign Affairs (2014). Consulta en: http://revistafal.com/las-relaciones-mexico-estados-unidos-1756-2010/

2 Velázquez, Rafael. La política exterior de Estados Unidos hacia México bajo la administración de Barack Obama: cambios y continuidades. CIDE (2011) Consulta en: http://www.scielo.org.mx/scielo. php?script=sci_arttext&pid=S1870-35502011000200004

3 Reid, Michael. Obama y Latinoamérica. Foreign Affairs (2016) Consulta en: file:///C:/Users/Usuario/Downloads/FAL16-2_PDF.pdf

4 Shirk, David. La política exterior de Obama hacia México. Foreign Affairs (2016). Consulta en: file:///C:/Users/Usuario/Downloads/ FAL16-2_PDF.pdf

5 Esquivel, Jesús. “Embajada de México en Washington, tráfico de influencias de alto nivel” Proceso (2014) Consulta en: http://www.proceso.com.mx/371332/embajada-de-mexico-en-washington-trafico-de-in fluencias-de-alto-nivel

6 Krauze, León. Nuestra Emperatriz en Nueva York. El Universal (2016) Consulta en: http://www.eluniversal.com.mx/entrada-de-opinion/articulo/leon-krauze/nacion/20 16/09/19/nuestra-emperatriz-en-nueva-york

7 Rodríguez, Sandra, “Le damos 28.9 mdp al año a 13 becarios del PRI en SRE. Y comida, casa, vuelos, chalanes...” SinEmbargo (2016). Consulta en: http://www.sinembargo.mx/09-09-2016/3090173.

8 http://www.jornada.unam.mx/2015/09/03/politica/012n1pol

9 Silva Herzog, Jesús. Opinión. Reforma (2016)

10 México: caída histórica del peso ante el triunfo de Donald Trump frente a Hillary Clinton en las elecciones de Estados Unidos,BBC. Disponible en: http://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-37918572

11 Ibídem. Disponible en: http://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-37918572

12 De la Cruz Gallegos, José Luis, Sin Brújula, El Universal. Disponible en: http://www.eluniversal.com.mx/entrada-de-opinion/columna/jose-luis-de-la-cruz-g allegos/cartera/economia/2016/11/14/sin-brujula

13 Santos Ramírez, Leopoldo, Rebasar a los claudicantes, La Jornada. Disponible en: http://www.jornada.unam.mx/2016/11/14/opinion/022a2pol

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 17 de noviembre de 2016.— Diputado Jorge Álvarez Maynez (rúbrica).»

Se remite a la Comisión de Relaciones Exteriores, para dictamen.

GARANTICEN QUE EN LAS EMPRESAS E INSTITUCIONES CERTIFICADAS SE CUMPLA LA NOM EN IGUALDAD LABORAL Y NO DISCRIMINACIÓN

«Proposición con punto de acuerdo, por el cual se exhorta a la STPS, al Instituto Nacional de las Mujeres y al Conapred a llevar a cabo acciones tendentes a garantizar que en las empresas e instituciones certificadas por cumplir la NMX-R-025-SCFI-2015, en igualdad laboral y no discriminación, los puestos vacantes otrora ocupados por personal femenino se asignen preferentemente a éste, a cargo de la diputada Mirna Isabel Saldívar Paz, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza

La suscrita, Mirna Isabel Saldívar Paz, diputada integrante del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, en ejercicio de la facultad conferida por los artículos 6, numeral 1, fracción I; 62, numeral 3; 79, numerales 1, fracción I y 2; y 100, numeral 1, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta soberanía, el presente punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, al Instituto Nacional de las Mujeres y al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, para que a través del Consejo Interinstitucional respectivo, lleven a cabo acciones que garanticen que en las empresas e instituciones certificadas por cumplir la norma oficial mexicana en Igualdad Laboral y No Discriminación (NMX-R-025-SCFI-2015) los puestos laborales ocupados por personal femenino que queden vacantes sean dados preferentemente a mujeres, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La lucha por el reconocimiento y protección de los derechos de las mujeres, así como por su inclusión en las diferentes actividades sociales, económicas, culturales y políticas, llevadas a cabo en nuestro país desde el siglo pasado, constituyen sin duda alguna una intensa labor de constancia, paciencia y sacrificio.

Cientos de mujeres y hombres, desde los inicios del Siglo, dieron su mejor esfuerzo por hacer de la equidad de género una realidad; el reconocimiento a la participación productiva de la mujer en el campo y en la industria dio paso a su inclusión y a la revaloración de su importancia en las actividades económicas.

A la par, observamos la transformación social que implicó la aceptación del derecho a la educación hasta los niveles profesionales y, así, paulatinamente, empezó a incrementarse la población femenina en centros de educación Media Superior y Universidades; posteriormente, fruto de una intensa etapa histórica, se reconoce el derecho al voto y, con ello, a su participación política.

En el ámbito laboral, la tarea y el activismo para garantizar el pleno ejercicio y reconocimiento de los derechos laborales de las mujeres han sido intensos en los últimos años; poco a poco se ha logrado que más mujeres se incorporen al mercado laboral e, incluso, es cada vez más frecuente su acceso a trabajos o actividades que antaño se consideraban exclusivos para varones.

En efecto, entre los años de 2005 y 2015, el número de mujeres en trabajos asalariados tuvo un incremento de poco más de 3 millones de plazas ocupadas, pasando de aproximadamente 9 millones a 12 millones 791 mil 697 mujeres ocupadas en actividades asalariadas; lamentablemente, la tasa de desocupación en mujeres para ese periodo tuvo un resultado negativo, al pasar del 3.84 a 4.53 por ciento, situación que confirma la necesidad de redoblar los esfuerzos para hacer efectivo el derecho de las mujeres a trabajos asalariados.

Por otro lado, la existencia de una brecha salarial, la diferenciación en el trato hacia las mujeres en diversos sectores productivos y ramas industriales; la limitación y condicionamiento para que las mujeres accedan a promociones laborales y salariales en igualdad de condiciones con respecto a sus pares masculinos; las preferencias de género a favor de varones para que éstos accedan a puestos laborales mejor remunerados e, incluso, la existencia de conductas tipificadas como de acoso laboral y sexual en lugares de trabajo son, lamentablemente, una constante que lacera y vulnera el ejercicio del derecho de las mujeres a un trabajo digno, a pesar de que diversos cuerpos normativos se han visto enriquecidos con disposiciones jurídicas que las prohíben expresamente.

Estas situaciones han sido observadas por investigadores, académicos e integrantes de organizaciones de la sociedad civil; por ejemplo, la doctora Patricia Rodríguez López, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, quien señala que “...Ellas pueden tener las mismas responsabilidades y cargos similares, pero ganan menos; si son madres, no compiten por puestos más altos y se les castiga por no tener disponibilidad de tiempo, viajar o cambiar de residencia”.

El ejemplo anterior y otras similares condiciones han provocado una amplia gama de problemas a los que se enfrentan de forma cotidiana un alto porcentaje de mujeres económicamente activas, lo que ha generado diversos conceptos que describen estas nuevas anomalías que impiden el pleno ejercicio de los derechos laborales de las mujeres.

Así, tenemos por ejemplo, la existencia del llamado “techo de cristal”, término que se refiere a la limitante para que las mujeres accedan a puestos o cargos directivos o superiores, sin importar que sus capacidades y experiencia sean proporcionalmente superiores a las de sus pares masculinos, situación que evidentemente impide el desarrollo laboral y profesional de la mujer y limita seriamente el que pueda acceder a mejores puestos y, consecuentemente, a mejores niveles salariales y de prestaciones económicas y sociales.

La atención al asunto no solo es generar condiciones legales y prácticas que permitan romper con ese “techo de cristal”; a nuestra consideración, tal problemática puede superarse, entre otras medidas, a través de acciones afirmativas traducidas en políticas públicas encaminadas a garantizar que el puesto ocupado por una mujer, en caso de que ella lo deje vacante, ya sea por motivos personales o profesionales, incluyendo su crecimiento laboral, pueda ser ocupado por otra mujer que, eventualmente, aspire legitima y válidamente a ocupar esa vacante, a efecto de que no sea otorgado a un hombre; situación que eventualmente cerraría la posibilidad de que la inclusión laboral sea una realidad.

Las diversas adecuaciones que se han llevado a cabo a la legislación laboral se han circunscrito, entre otros aspectos, a garantizar la equidad en el acceso de las mujeres a puestos laborales; a proteger su derecho a un salario digno e igual, con respecto al salario que reciben los hombres en el mismo puesto o con similares funciones; a castigar el acoso sexual y laboral en los centros de trabajo y a evitar que se ponga en riesgo su estabilidad laboral, por situaciones asociadas a su género tales como el embarazo, el parto y la lactancia. No obstante estos importantes avances legislativos, la labor de promoción y protección de los derechos laborales de las mujeres y de aquellas que se incorporarán al mercado laboral no ha concluido y ahora toca incentivar el que las mujeres conserven los espacios laborales que con tanto esfuerzo han obtenido.

Este es precisamente el objeto del punto de acuerdo que nos ocupa, el que las autoridades y organismos encargados de la aplicación de la norma mexicana en Igualdad Laboral y No Discriminación (NMX-R-025-SCFI-2015 lleven a cabo las acciones pertinentes para que en las empresas que se han adherido a las aplicación de la NOM referida en sus centros laborales se de preferencia a que el puesto ocupado por una mujer, en caso de quedar vacante, no sea otorgado a una persona de diferente género y se conserve el espacio para que sea ocupado por una trabajadora. Lo anterior, a efecto de que no se pierdan aquellos espacios que se han ido ganando en favor de las mujeres y siempre que la beneficiaria de la medida se encuentre en igualdad de circunstancias con un aspirante de género masculino.

El presente punto de acuerdo, como ya se ha expresado, plantea exhortar respetuosamente a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, al Instituto Nacional de las Mujeres y al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, para que a través del Consejo Interinstitucional respectivo, lleven a cabo acciones que garanticen que en las empresas e instituciones certificadas por cumplir la norma oficial mexicana en Igualdad Laboral y No Discriminación (NMX-R-025-SCFI-2015) los puestos laborales ocupados por personal femenino que queden vacantes sean dados preferentemente a mujeres; esta preferencia se hará efectiva en caso de que, al igual que la trabajadora, se dé el supuesto de que un trabajador varón exprese su interés por ocupar dicho puesto.

Al respecto, resulta preciso señalar que la propuesta que se plantea es acorde con lo dispuesto en la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer que, en su artículo 11, numeral 1, incisos c) y d), señala lo siguiente:

Artículo 11

Los Estados parte adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en la esfera del empleo a fin de asegurar condiciones de igualdad entre hombres y mujeres, mismos derechos, en particular:

a) y b)...

c) El derecho a elegir libremente profesión y empleo, el derecho al ascenso, a la estabilidad en el empleo y a todas las prestaciones y otras condiciones de servicio, y el derecho al acceso a la formación profesional y al readiestramiento, incluido el aprendizaje, la formación profesional superior y el adiestramiento periódico;

d) El derecho a igual remuneración, inclusive prestaciones, y a igualdad de trato con respecto a un trabajo de igual valor, así como a igualdad de trato con respecto a la evaluación de la calidad del trabajo;

...

(Énfasis añadido).

Por otro lado, resulta importante señalar que la norma oficial mexicana en Igualdad Laboral y No Discriminación tiene fines administrativos, tendientes a que aquellos centros de trabajo de los sectores público, privado y social que se adhieran al cumplimiento de dicha norma de forma voluntaria, obtengan una certificación que conlleva, para fines prácticos, el reconocimiento público que demuestre la adopción y el cumplimiento de procesos y prácticas a favor de la igualdad laboral y no discriminación.

De tal forma, con el punto de acuerdo que se propone se pretende que la norma sea un instrumento de apoyo, con la que se busque la implementación de una política pública que incentive que en los sectores público y privado se reconozcan y garanticen plenamente los derechos de las mujeres a ocupar las vacantes a puestos de trabajo que, en su oportunidad, hayan sido ya ocupados por otras mujeres, dándose preferencia a las trabajadoras sobre aquellos aspirantes de género masculino, sin que tal preferencia implique desigualdad o discriminación alguna en perjuicio de los trabajadores varones.

Por lo expuesto, someto a consideración el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los titulares de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, del Instituto Nacional de las Mujeres y del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, para que a través del Consejo Interinstitucional respectivo, lleven a cabo acciones que garanticen que en las empresas e instituciones certificadas por cumplir la norma oficial mexicana en Igualdad Laboral y No Discriminación (NMX-R-025-SCFI-2015) los puestos laborales ocupados por personal femenino que queden vacantes sean dados preferentemente a mujeres; esta preferencia se hará efectiva en caso de que, al igual que la trabajadora, se dé el supuesto de que un trabajador varón exprese su interés por ocupar dicho puesto.

Notas:

1 Fuente: Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo STPS-Inegi, consultable en la página electrónica. http://www.stps.gob.mx/gobmx/estadisticas/ consultada el 20 de abril de 2016

2 Ídem.

3 Fuente: http://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2013_147.html consultada el 20 de abril de 2016.

4 Fuente: http://adingor.es/congresos/web/uploads/cio/cio2009/133-142.pdf consultada el 18 de abril de 2016.

5 Fuente: http://www.economia-nmx.gob.mx/normas/nmx/2010/nmx-r-025-scfi-2015.pdf consultada el 22 de abril de 2016.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 17 de noviembre de 2016.— Diputada Mirna Isabel Saldívar Paz (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Igualdad de Género, para dictamen.

CONSTRUCCIÓN DE UNA CLÍNICA DE NIVEL 3, EN CUMPLIMIENTO DEL COMPROMISO NÚMERO 227

«Proposición con punto acuerdo, por el cual se exhorta al Ejecutivo federal a realizar acciones para que en Irapuato, Guanajuato, el IMSS efectúe gestiones para construir una clínica de nivel 3, en cumplimiento del compromiso número 227, firmado el 23 de junio de 2012, como candidato presidencial, a cargo de la diputada Lorena del Carmen Alfaro García, del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, Lorena del Carmen Alfaro García, diputada federal de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 62, numeral 2, y 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Para poder contextualizar el exhorto objeto de este punto de acuerdo, se hace necesario establecer de manera concreta un marco conceptual y jurídico, para delimitar enseguida la problemática que da pie a este llamado.

Luego de la Declaración Universal de los Derechos Humanos aprobada por la Organización de las Naciones Unidas en 1948, los derechos humanos cobraron mayor relevancia en la década de los setenta.

Ahora, en el Siglo XXI, los Derechos Humanos son una base fundamental en las legislaciones de los países que han suscrito diversos instrumentos internacionales que se encuentran relacionados con dicho tema.

Retomando, a contrario sensu, la definición que Guillermo Cabanellas de Torres establece para el término Derechos Humanos, tenemos que se trata del respeto que el hombre merece como individuo, como ciudadano y como integrante de la comunidad universal.

En la construcción de esta cultura de reconocimiento, respeto y garantía de los Derechos Humanos, la nueva tendencia internacional ha retomado como valores básicos superiores la libertad, la igualdad y la dignidad, que han de ser referente en la creación de las normas básicas de Derecho.

Así, en nuestro país, se cuenta con una amplia legislación que se ha desarrollado para garantizar el acceso a los Derechos Humanos. Lo cierto es que a partir de la suscripción de diversos instrumentos internacionales, el Estado Mexicano se encuentra obligado a recoger, desde la legislación, los diversos derechos a que somos acreedores por el hecho de ser humanos.

En tal sentido, la reforma del 10 de junio de 2011 a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es el referente para la armonización y actualización de los ordenamientos que rigen en nuestro país, cobrando tal relevancia, que incluso, por ejemplificar el alcance de la reforma mencionada, se ha fortalecido el nuevo Sistema de Justicia Penal.

Habiendo establecido lo anterior, y para efectos del presente exhorto, delimitaremos lo que en la legislación de nuestro país, se ha establecido en torno al derecho a la Salud.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 4, cuarto párrafo, señala que toda persona tiene derecho a laprotección de la salud,y deja al Legislador la facultad de normar los mecanismos para lograr este fin .

De lo anterior se deriva una amplia normatividad que establece mecanismos, acciones e instituciones que permiten dar cumplimiento al mandato constitucional.

Es así que la Ley General de Salud, establece en el artículo 1 Bis la definición desalud, como un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades.

Al respecto, no podemos dejar de considerar lo que en el ámbito internacional se define como salud. La Constitución de la Organización Mundial de la Salud establece:

“La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades.

“El goce del grado máximo de salud que se pueda lograr es uno de los derechos fundamentales de todo ser humano sin distinción de raza, religión, ideología política o condición económica o social.

“La salud de todos los pueblos es una condición fundamental para lograr la paz y la seguridad, y depende de la más amplia cooperación de las personas y de los Estados.

“El derecho a la salud incluye el acceso oportuno, aceptable y asequible a servicios de atención de salud de calidad suficiente.”

(El resaltado es propio)

Como se puede ver, la legislación mexicana recoge el concepto internacional de Salud, dentro de la tendencia de reconocimiento, defensa y garantía de los derechos humanos.

Así también, el artículo 2 de la propia Ley General de Salud señala las finalidades delderecho a la protección de la salud en los siguientes términos:

“I. El bienestar físico y mental de la persona, para contribuir al ejercicio pleno de sus capacidades;

”II. La prolongación y mejoramiento de la calidad de la vida humana;

”III. La protección y el acrecentamiento de los valores que coadyuven a la creación, conservación y disfrute de condiciones de salud que contribuyan al desarrollo social;

”IV. La extensión de actitudes solidarias y responsables de la población en la preservación, conservación, mejoramiento y restauración de la salud;

”V. El disfrute de servicios de salud y de asistencia social que satisfagan eficaz y oportunamente las necesidades de la población;

”VI. El conocimiento para el adecuado aprovechamiento y utilización de los servicios de salud, y

”VII. El desarrollo de la enseñanza y la investigación científica y tecnológica para la salud.”

Debemos contrastar la diferencia que existe entre el derecho a la salud, y el derecho a la protección de la salud, es decir, que siendo el primero un derecho universal, el segundo se convierte en el medio del Estado para garantizar el acceso al principal.

Es decir, el derecho a la salud es un derecho fundamental, y como tal, es deber del Estado Mexicano garantizarlo.

Así, uno de los medios para garantizar el derecho a la salud implementados por el Estado es la Seguridad Social, que se define en el artículo 2 de la Ley del Seguro Social en los siguientes términos:

Artículo 2. La seguridad social tiene por finalidad garantizar el derecho a la salud, la asistencia médica, la protección de los medios de subsistencia y los servicios sociales necesarios para el bienestar individual y colectivo, así como el otorgamiento de una pensión que, en su caso y previo cumplimiento de los requisitos legales, será garantizada por el Estado.

Junto con las políticas sanitarias, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), es una de las instancias que permiten acceder al derecho a la salud, y el Estado debe velar por generar las condiciones óptimas para su acceso.

Del Informe al Ejecutivo Federal y al Congreso de la Unión sobre la Situación Financiera y los riesgos del Instituto Mexicano del Seguro Social 2014-2015, tenemos que a diciembre de 2015, el IMSS cuenta con 74 millones 32 mil 437, derechohabientes, siendo la institución de seguridad social con mayor número de derechohabientes.

Aunado a lo anterior, el propio instituto reconoce que se enfrenta a la transición demográfica y epidemiológica que trae como consecuencia una mayor prevalencia de padecimientos crónico-degenerativos, cuya atención requiere de mayores recursos económicos y equipamiento necesario, considerando para su atención, algunas líneas de atención prioritaria, dentro del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, dentro del Objetivo 2.3. Asegurar el Acceso a los Servicios de Salud.

Ahora bien, Guanajuato se encuentra dentro de la Región Occidente, contando con atención en los tres niveles, conforme al siguiente número de unidades:

Cabe señalar de manera general en qué consisten los niveles de atención, conforme al régimen ordinario de atención del IMSS, lo que depende de la magnitud y complejidad de las necesidades de salud de la población:

• Primer nivel, se atiende primordialmente mediante servicios ambulatorios;

• Segundo nivel, se enfoca a brindar acciones y servicios de atención ambulatoria especializada, y

• Tercer nivel, se atienden las enfermedades de mayor complejidad que necesitan equipos e instalaciones especializadas.

Así, de las 25 Unidades médicas de tercer nivel, a 2015, se encuentran en la ciudad de León, Guanajuato, dos de ellas, mismas que corresponden al Hospital de Especialidades No. 1, Centro Médico Nacional del Bajío y al Hospital de Gineco Pediatría No. 48, Centro Médico Nacional del Bajío.

Para una población ya cercana a los seis millones de habitantes en el Estado (5 millones 853 mil 677 según el Inegi en 2015), parece insuficiente la infraestructura hospitalaria con que se cuenta, aún y cuando existen otros esquemas de atención como lo son el Seguro Popular y el ISSSTE.

Ante la explosión demográfica y la migración interna fomentada por las inversiones en determinadas zonas del país, cada vez se hace necesario mejorar y ampliar el espectro de cobertura del IMSS, para que los trabajadores que se encuentran afiliados y sus beneficiarios reciban una atención digna, igualitaria y oportuna.

Las cuestiones de salud, requieren las más de las veces de atención especializada y pronta. Cuando existe una enfermedad, no hay posibilidad de esperar a que se dé una atención cuando haya tiempo o lugar.

Según datos del IMSS, por lo menos en los últimos tres años, Guanajuato ha sido uno de los tres estados con un incremento en la tasa de empleo igual o superior al 7 por ciento.

A marzo de 2014, se reportaba 751 mil 136 afiliados en la entidad; en marzo de 2015, 809 mil 724; y, para marzo de este año, 854 mil 710.

A julio de 2014, solo en el municipio de Irapuato se reportaban 91,689 afiliados, y considerando como tasa promedio de crecimiento el 7 por ciento, por lo menos para el año pasado debió darse un incremento aproximado en 6 mil 418 personas derechohabientes.

Y tiene sentido pensar que se debe a las grandes inversiones que se han realizado en el estado de Guanajuato. Las nuevas empresas que se han establecido ahí, generan empleo y movimiento migratorio local, nacional e internacional también, denotando un crecimiento importante en la población de los municipios cercanos a donde se establecen las empresas inversoras.

Es el caso de Irapuato, que justo a principio de año se daba la noticia de la llegada de veintidós nuevas empresas, que significan por lo menos tres mil nuevos empleos.

Con ello, el Municipio de Irapuato requiere de más y mejor atención en servicios de salud, sin dejar de señalar que hoy, es insuficiente aún.

La Clínica Hospital del IMSS en Irapuato se inauguró en 1975 y los municipios que atiende la subdelegación son Irapuato, Abasolo, Pueblo Nuevo, Pénjamo y Cuerámaro. Los derechohabientes son atendidos en las clínicas familiares de sus municipios y en caso de requerir atención especializada son remitidos a la Clínica Hospital de Irapuato.

Ahora bien, la población del municipio de Irapuato entre 1975 y 2010 creció de 179 mil 532 habitantes a casi 530 mil; y para 2015, el Inegi reporta una población de 574 mil 344 habitantes.

Si bien se construyó una nueva Unidad de Medicina Familiar del IMSS de 17 consultorios, lo que los municipios de Irapuato y de la región requieren, es una clínica de nivel 3.

En el Informe al Ejecutivo Federal y al Congreso de la Unión sobre la Situación Financiera y los riesgos del Instituto Mexicano del Seguro Social 2014-2015,se señala que se ha cumplido con el compromiso CG-225 (sic) “construir una clínica de medicina familiar en Irapuato”, maquillando el compromiso, incluso asignando un número que no corresponde.

Por otro lado, el Municipio de Irapuato cumple con los requisitos que el IMSS establece para poder construir una Clínica de Tercer Nivel como es lo concerniente al terreno en que se construiría, ya que el municipio tiene una reserva de 27 mil metros cuadrados precisamente en la zona hospitalaria de la ciudad, zona en la que incluso se encuentra el hospital materno infantil, con lo que supera los 26 mil metros cuadrados que son el requisito mínimo para la construcción de un hospital según lo establecido por el IMSS.

Es así que el compromiso número 227 firmado el 23 de junio de 2012 en el estadio Sergio León Chávez de la ciudad de Irapuato, por el entonces candidato a la Presidencia de la República, Enrique Peña Nieto, ahora presidente, consiste en construir una “Clínica del IMSS en Irapuato”, y no una Unidad de Medicina Familiar, no ha sido cumplido.

No sólo es una promesa de campaña del Presidente Peña Nieto, hacia los irapuatenses, se trata de una imperante necesidad de los habitantes del Municipio de Irapuato y de la región misma, gracias al desarrollo que se ha dado en la entidad, ya que se ha consolidado como el clúster automotriz de la República Mexicana.

Se trata de un servicio al que los derechohabientes le aportan, y merecen que sea digno, suficiente y de calidad.

Se trata de un derecho humano fundamental que el Estado Mexicano debe proteger y garantizar, y que, de seguir sin dar solución efectiva, implicaría la flagrante violación al mismo.

No basta decir que hay unidades médicas, deben ser suficientes y de calidad, para garantizar la observancia de los valores fundamentales de libertad, igualdad y dignidad.

Las personas merecen el respeto irrestricto a su dignidad humana. Es así que los asuntos de sanidad y salud, son una de las principales manifestaciones del cumplimiento del este deber fundamental en un estado democrático de derecho, dado que impacta de manera directa en la calidad de vida de los habitantes de un territorio.

Por lo expuesto, elevo a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al titular del Ejecutivo Federal a realizar las acciones que resulten necesarias para que en el Municipio de Irapuato, Guanajuato, el Instituto Mexicano del Seguro Social, en el ámbito de sus atribuciones, realice a la brevedad las gestiones necesarias para la construcción de una Clínica de Nivel 3, en cumplimiento del compromiso número 227 firmado el 23 de junio de 2012 en su calidad de candidato a la presidencia de la República.

Notas:

1 Cabanellas de Torres, Guillermo. Diccionario jurídico elemental. Decimonovena edición, 2008. Editorial Heliasta. Página 123.

2 http://www.imss.gob.mx/prensa/archivo/201505/030

3 http://datos.gob.mx/herramientas/afiliados-imss.html

4 http://cuentame.inegi.org.mx/monografias/informacion/Gto/Poblacion/default.aspx ?tema=ME&e=11

5 http://archivo.eluniversal.com.mx/graficos/red_politica/RP-Compromisos/; https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Compromisos_de_Enrique_Pe%C3%B1a_como_candi dato_a_Presidente; http://www.theacguys.net/irapuato/local/prometen-donar-terreno-para-clinica-116 923.html

Palacio Legislativo de San Lázaro, Ciudad de México, a 17 de noviembre de 2016.— Diputada Lorena del Carmen Alfaro García (rúbrica).»

Se remite a la Comisión de Seguridad Social, para dictamen.

DIFUNDIR EL AVANCE DEL PROYECTO Y OPERACIÓN DEL PROGRAMA VIVIENDA JOVEN, IMPLEMENTADO EN LOS ESTADOS DE DURANGO, CHIAPAS, YUCATÁN Y ZACATECAS

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al IMJ a difundir el avance del proyecto y la operación del programa Vivienda Joven, implementado en Durango, Chiapas, Yucatán y Zacatecas, con apoyo de la Sedesol y la Comisión Nacional de Vivienda, a cargo del diputado Mariano Lara Salazar, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza

El suscrito Mariano Lara Salazar, diputado federal de la LXIII legislatura, integrante del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 79, numeral 1, fracción II y numeral 2, fracción I del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, somete a consideración de esta soberanía punto de acuerdo por el que la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al titular del Instituto Mexicano de la Juventud para que se sirva difundir y hacer de conocimiento público el avance del proyecto y operación del programa “Vivienda Joven”, implementado en los estados de Durango, Chiapas, Yucatán y Zacatecas, con apoyo de la Secretaría de Desarrollo Social y de la Comisión Nacional de Vivienda, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Uno de los principales problemas económicos y sociales de los países y sus ciudades, es la falta de vivienda. En las últimas décadas, el crecimiento demográfico ha registrado ritmos acelerados, en 1950 nuestro país tenía una población de 25 millones de habitantes, para 1970 la población ascendió al doble y para el año 2000 era cuatro veces más grande. Situación que se refleja en que el núcleo urbano pasó en 50 años de 7.5 millones a casi 75 millones de personas, es decir, nuestra población creció en un promedio de 10 veces, alcanzando a la fecha casi 120 millones de personas.

El incremento de la población de manera abrupta presenta también una gran diferencia entre las tasas de crecimiento rural y el urbano, es decir, de los 25 millones de habitantes que había en 1950, alrededor del 70 por ciento vivía en zonas rurales y el resto de la población en el medio urbano. En cambio, para el año 2000, el fenómeno se invirtió, de modo que más del 70 por ciento de la población en México habita en el medio urbano y tan solo un 30 por cierto vive en la zona rural. Esta situación ha rebasado la capacidad de nuestros gobiernos para dotar de asentamiento, vivienda digna, infraestructura, equipamiento y demás servicios necesarios, a la población que habita en las grandes ciudades. En efecto, en 2014 el déficit de viviendas alcanzó los ocho millones y, según el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el déficit “cuantitativo y cualitativo” llegó al 35 por ciento.

La calidad de la vivienda es otro de los aspectos a considerar, ya que según datos del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi), en 2010 más de 12 millones de viviendas tenían como máximo tres habitaciones, veinte millones contaban con 2 dormitorios y eran ocupadas, en promedio, por cuatro habitantes, entretanto, solamente 350 mil viviendas tenían ocho o más cuartos, incluyendo sala, comedor, salón de juegos. Actualmente, el espacio de vivienda mínima oscila entre los 40 y 50 metros cuadrados, en la óptica de hacer más eficientes los espacios, y aun así los departamentos con estas características se encuentran fuera del alcance del 80 por ciento de la población.

Es tanta la demanda de vivienda en México, que el 75% del uso de suelo corresponde al uso de vivienda. Desde el punto de vista económico, la vivienda es un motor de la actividad económica, basado en la industria de la construcción y sus efectos de arrastre, de hecho la economía real compete a la economía urbana, por tanto, considerar el capital fijo de las propiedades nos da una idea del valor invertido en las ciudades.

En el ámbito familiar, una vivienda con frecuencia sirve como base para que los ocupantes inicien una actividad empresarial, contar con una casa, en particular en los países en vías de desarrollo, resulta un recurso comercial. Según informes sobre economía informal, publicados por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en 2008, se puede constatar que las personas que trabajan desde su hogar y los vendedores ambulantes representaban del 10 al 25 por ciento de la población activa en los países en vías de desarrollo.

Conforme al artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuada, misma que le asegure a ella y a su familia, la salud y el bienestar y, en especial, a tener derecho a una vivienda digna. Asimismo, se encuentra establecido en el artículo 4º de nuestra Carta Magna el derecho a disfrutar una vivienda digna y decorosa. Sin embargo, la tarea de dotar de vivienda decorosa a todas las personas se torna cada vez más complicada debido a las desoladoras previsiones respecto de la economía mundial. Según datos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), se calcula que en el mundo viven en asentamientos marginales, más de mil millones de personas.

Muchos son los factores que influyen en la problemática de la falta de vivienda en nuestro país. No obstante, existen algunos sectores como el de los jóvenes mexicanos que se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad y que se ven mucho más afectados por la carencia de un espacio dónde vivir.

En la actualidad, los jóvenes mexicanos deben prosperar en un país donde existe una crisis económica ocasionada por el desempleo, aunado a la consideración de que el 70 por ciento de nuestra población proviene de un estrato socioeconómico bajo, con limitaciones en su capacidad de pago. Bajo este panorama, nuestra juventud debe sortear la problemática que origina una gran demanda de vivienda, así como la falta de mecanismos financieros para su adquisición.

Al respecto, el Director del Instituto Mexicano de la Juventud (Imjuve) indicó que en un esfuerzo por conocer y atender las diversas problemáticas que enfrenta la juventud mexicana, fue realizada la Consulta Nacional Juvenil, mecanismo a través del cual más de 50 mil jóvenes de todo el país expusieron sus principales demandas, siendo una de ellas la de adquirir una casa digna.

En México hay 29 millones de jóvenes, de los cuales 706 mil 560 tienen entre 18 y 29 años de edad, y de ellos el 36 por ciento se encuentran casados o viviendo en unión libre, es decir, tienen una familia y, en la mayoría de los casos no cuentan con una vivienda propia.

La vivienda es uno de los principales activos que forman el patrimonio de las familias, es considerado incluso como un ahorro e inversión para preservar los recursos. Por ello, con la finalidad de resolver parte de la problemática de vivienda que enfrentan los jóvenes mexicanos de entre 18 y 29 años, cuyos ingresos sean menores a 5 salarios mínimos -lo que equivale a 10 mil 655 pesos mensuales-, el Instituto Mexicano de la Juventud (Imjuve) lanzó durante el mes de agosto de 2014 un programa piloto denominado “Vivienda Joven”.

Dicho programa es operado de manera conjunta con los Gobiernos de las entidades federativas, la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) y la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi), mismo que pretende beneficiar a jóvenes, hombres y mujeres, casados o viviendo en unión libre, que tienen una familia propia, que estudian o trabajan, y que no cuentan con un crédito hipotecario para adquirir un bien inmueble.

Dicho programa inició con una inversión de 82 millones de pesos por parte del Gobierno de la República, señalando que por cada casa la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) aportaría 70 mil pesos y la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) contribuiría con 39 mil.

El programa “Vivienda Joven” comenzó en el estado de Durango, donde se previó otorgar créditos para la construcción de 400 viviendas, de las cuales 200 se edificarían en la capital y 200 en el municipio de Lerdo.

Conforme a los informes del programa, las viviendas serían de material de calidad y servicios completos, con un mínimo de dos habitaciones, de al menos 45 metros cuadrados y espacio para sala comedor, cocina, baño, patio de servicio y espacio para un vehículo, además de que están preparadas para hacer ampliaciones a futuro.

De igual forma, el programa “Vivienda Joven” fue implementado en los estados de Chiapas con la construcción de 10 mil 300 viviendas, de las cuales, 200 serán destinadas a jóvenes chiapanecos; Yucatán con la construcción de 500 casas y Zacatecas con 200 viviendas que beneficien a jóvenes de ocho municipios de la entidad.

No obstante, a más de dos años de que comenzara a operar el programa “Vivienda Joven”, existe una gran opacidad respecto a los resultados o los avances de dichos programas. Actualmente no existe ningún sitio en internet, ni en los portales de transparencia de las dependencias ejecutoras del programa, en los cuales se informen datos básicos y esenciales como son: ¿Dónde se encuentran ubicados los terrenos del programa?, ¿Cuál es el listado de los beneficiarios?, ¿Cuál es el avance que se tiene en las entidades federativas respecto de la entrega de vivienda a los beneficiarios?, ¿Cuál es el costo total de los proyectos de vivienda?, ¿Cuál es el monto de las aportaciones que ha entregado para el programa cada dependencia?, ¿Cuál es el monto que deberán pagar mensualmente los beneficiarios? y ¿Cuál es el costo total que pagara cada beneficiario por su vivienda? y ¿Cómo serán prorrateados mensualmente dichos pagos?

Hacer vivienda no es sólo construir un espacio habitable. Construir vivienda implica dotar de servicios, infraestructura y equipamiento, es decir, al planear los nuevos asentamientos humanos se debe procurar una localización idónea respecto a los servicios de escuelas, centros de salud y recreativos, mercados, plazas, parques, instalaciones deportivas y fuentes de empleo, procurando que se cuente con las condiciones necesarias para el desarrollo de las actividades de la personas.

Por ello, una de las tareas prioritarias del país en los próximos años es redefinir el papel de los organismos nacionales de vivienda para que se pueda hacer frente al déficit habitacional existente. Razón por la cual resulta imprescindible conocer los resultados del programa piloto “Vivienda Joven”, a efecto de evaluar si se debe extender y continuar con dicho programa a otras entidades federativas, o si es necesario actualizarlo y adecuarlo a la realidad social de los jóvenes mexicanos carentes de vivienda, a los que se pretende beneficiar. Los recursos en el país son limitados, por lo que debemos procurar que los programas se cumplan de manera puntual y oportuna, en beneficio de todos nuestros jóvenes.

El problema de la vivienda es sumamente complejo, pues en él convergen situaciones económicas, políticas, sociales, jurídicas y financieras; sin embargo, en Nueva Alianza estamos convencidos de que podemos desarrollar más y mejores programas de subsidio que apoyen a los jóvenes de bajos ingresos para adquirir una vivienda, favoreciendo de esta forma que nuestros jóvenes tengan un mejor futuro para ellos y sus familias.

En Nueva Alianza sabemos que el acceso a una vivienda digna es un derecho humano fundamental, por eso, satisfacer la demanda social de la juventud mexicana, respecto de la falta de vivienda, nos obliga a impulsar y diseñar políticas y estrategias que disminuyan las brechas de desigualdad que en la actualidad padecen los jóvenes, ante la falta de un espacio para vivir y desarrollarse. Es imprescindible promover estrategias que permitan reducir de manera real el rezago existente. No debemos pasar por alto que nuestros jóvenes componen nuestra fuerza económica y representan el futuro de nuestro país.

Por todo lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular del Instituto Mexicano de la Juventud para que se sirva difundir el avance del proyecto y operación del programa “Vivienda Joven”, implementado en los estados de Durango, Chiapas, Yucatán y Zacatecas, con apoyo de la Secretaría de Desarrollo Social y de la Comisión Nacional de Vivienda.

Notas:

1 http://www.uam.mx/difusion/revista/oct2001/archi1.pdf, consultada el 30 de marzo 2016.

2 Ibídem 1.

3 http://www.revistacodigo.com/opinion-cuanto-cuesta-su-casa-el-problema-de-vivie nda-en-mexico/, consultada 4 abril 2016.

4 http://www.inegi.org.mx/, consultada 2 abril 2016.

5 http://www.economia.unam.mx/cedrus/investigacion/propuestas-politica/vivienda.h tml, consultada 30 marzo 2016.

6 http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_ 377779/lang—es/index.htm, consultada 29 abril 2016.

7 http://www.un.org/es/documents/udhr/, consultada 4 abril 2016.

8 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/htm/1.htm, consultada 8 abril 2016.

9 Ibídem 3.

10 http://www.imjuventud.gob.mx/pagina.php?pag_id=1178, consultada 02 abril 2016.

11 Ibídem 9.

12 http://www.imjuventud.gob.mx/pagina.php?pag_id=1012, consultada 29 abril 2016.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 17 días del mes de noviembre de 2016.— Diputado Mariano Lara Salazar (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Juventud, para dictamen.

MANTENGA EL FUNCIONAMIENTO ADECUADO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS Y DE SALUD PARA LA POBLACIÓN EN EL ESTADO DE VERACRUZ

«Proposición con punto de acuerdo, por el que exhorta a la Segob y a la SHCP a mantener el funcionamiento adecuado de los servicios educativos y de salud para la población veracruzana, a cargo del diputado Francisco José Gutiérrez De Velasco Urtaza, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, diputado Francisco José Gutiérrez De Velasco Urtaza, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea, el presente punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

En los últimos días se han presentado diferentes tipos de manifestaciones y brotes de violencia en el territorio del estado de Veracruz, todas relacionadas con la problemática económica de las finanzas públicas de gobierno del estado de Veracruz.

Hoy se puede decir que Veracruz vive un estatus de quiebra financiera, la cual pone en riesgo la estabilidad social de la población. Las deudas con proveedores, prestadores de servicios, pensionados, ayuntamientos y empleados de las diferentes instituciones públicas, han descompuesto el ánimo social y ponen en riesgo el acceso a servicios públicos tales como los de salud y educación, por mencionar sólo algunos.

La falta de recursos para mantener el funcionamiento adecuado de los servicios públicos en el estado, impacta de manera especial a las familias de menores ingresos que no tienen posibilidad de acceder a servicios, como los de atención a la salud, en el ámbito privado.

La situación se agrava día con día, al grado de que los hospitales comienzan a tener problemas para brindar la atención básica a los ciudadanos que demandan los servicios, además se presenta desabasto en medicinas y falta de pago para los empleados del sector.

La situación en el sector salud ya es alarmante, cientos de trabajadores de este sector pararon labores y tomaron los 59 hospitales, 11 jurisdicciones sanitarias y oficinas centrales en protesta por la falta de su pago quincenal y para exigir que se garanticen sus prestaciones de fin de año.

La situación del sector salud en Veracruz no es reciente, los problemas graves de desabasto de medicamentos ya existen desde el año 2015, lo mismo sucede con los estudios de laboratorio y exámenes radiológicos, no hay recursos para que los puedan practicar a la población que lo requiere.

Lo preocupante es que la desviación de recursos del sector salud de Veracruz ya había sido señalada por la Auditoría Superior de la Federación, y no se tomaron acciones al respecto. Una de las principales observaciones de este órgano auditor fue con relación a los recursos faltantes del Seguro Popular.

Por otro lado, muchos maestros llevan tres quincenas sin cobrar sus salarios y amenazan con tomar casetas en las carreteras de cuota, realizar plantones y tomas de edificios públicos, lo que provocará una parálisis en el transporte de carga y en movilidad de los ciudadanos.

Cada vez son más evidentes las exigencias de pago de salarios y prestaciones por parte del magisterio veracruzano quienes se sienten ofendidos y agraviados por no recibir lo que les corresponde en tiempo y forma.

Además existen grandes adeudos del gobierno no sólo con la Universidad Veracruzana, sino también con los tecnológicos, las normales y otras instituciones públicas.

El estado se encuentra al límite de su funcionamiento porque no cuenta con los recursos suficientes para hacerse cargo de otorgar los derechos a los que está obligado. No podemos dejar solos a los ciudadanos, el gobierno federal debe actuar inmediatamente para ayudar a sanar y afrontar la situación que actualmente vive el estado de Veracruz.

No hacerlo sin duda colocará a esta entidad en una situación insostenible que sin duda puede llevar a múltiples levantamientos por parte del magisterio que demande el pago de sus sueldos y prestaciones, y de la ciudadanía en general que pugne porque el derecho a la educación de las y los niños y jóvenes del estado sea realmente ejercido, y otorgado por el estado en cumplimiento de sus obligaciones.

A lo anterior hay que sumar que los 212 ayuntamientos no han cobrado sus dos últimas participaciones federales y fondos etiquetados por la federación, para obras municipales.

Es por esto que el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional solicita la intervención de la Secretaría de Gobernación y de la de Hacienda y Crédito Público, para que realicen las gestiones necesarias para transferir recursos de manera extraordinaria e inmediata al gobierno de estado de Veracruz, a efecto de que mantenga el funcionamiento adecuado de los servicios educativos y de salud.

El quebranto de las finanzas públicas durante la administración de Javier Duarte de Ochoa, no deben sufrirlo las familias que más requieren de los servicios públicos.

Los veracruzanos pedimos justicia, y la ayuda del gobierno federal para rescatar y mantener el funcionamiento los servicios públicos en el estado de Veracruz. Hacemos un llamado al gobierno federal para que pueda encontrar los medios de negociación y apoyo al nuevo gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares, en este momento de transición de poderes.

Por lo antes expuesto es que someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Gobernación y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que en el ámbito de sus atribuciones realicen las gestiones necesarias para que se transfieran recursos de manera extraordinaria e inmediata al gobierno de estado de Veracruz, a efecto de que mantenga el funcionamiento adecuado de los servicios educativos y de salud para la población en dicha entidad federativa y se paguen los salarios del personal del sistema estatal de salud y educativo.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 17 de noviembre de 2016.— Diputado Francisco José Gutiérrez de Velasco Urtaza (rúbrica).»

Se remite a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.