INICIATIVAS Y PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO

«Comunicación de la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, por la que informa el turno que le corresponde a las iniciativas con proyecto de decreto y a las proposiciones con punto de acuerdo registradas en el orden del día del martes 4 de octubre de 2016, de conformidad con los artículos 100, numeral 1, y 102, numeral 3, del Reglamento de la Cámara de Diputados.

Con fundamento en los artículos 100, numeral 1, y 102, numeral 3, del Reglamento de la Cámara de Diputados, se informa a la honorable Asamblea los turnos dictados a las iniciativas con proyecto de decreto y a las proposiciones con punto de acuerdo, registradas en el orden del día del 4 de octubre de 2016 y que no fueron abordadas.(*)

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de octubre de 2016.— Diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar (rúbrica), Presidente.»

«Iniciativas con proyecto de decreto

1. Que reforma los artículos 173, 174, 176 y 177 y se adiciona un 177 Bis al Código Penal Federal, a cargo de la diputada María Gloria Hernández Madrid, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno:Comisión de Justicia, para dictamen.

2. Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal, a cargo de la diputada María Gloria Hernández Madrid, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno:Comisión de Justicia, para dictamen.

Proposiciones con punto de acuerdo

1. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los gobiernos federal y local, a dar seguimiento a las investigaciones para conocer las causas que originaron el incendio del buque tanque Burgos y se proceda contra quienes resulten responsables, así como mitigar y remediar los daños materiales y ambientales generados, a cargo de la diputada Noemí Zoila Guzmán Lagunes, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno:Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen.

2. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Conade, para que instrumente las medidas necesarias con el objetivo de esclarecer y, en su caso, sancionar a los funcionarios responsables de las irregularidades que no permitieron la participación de los deportistas paralímpicos, en la competencia de natación de relevo de 4x50 metros mixtos, en los Juegos Paralímpicos de Río 2016, y a su vez instrumentar acciones necesarias para lograr una efectiva coordinación con el Comité Olímpico Mexicano y el Comité Paralímpico Mexicano, a cargo de la diputada Brenda Velázquez Valdéz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Turno:Comisión de Deporte, para dictamen.

3. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SCT, a generar acciones y condiciones para cumplir los objetivos y estrategias del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, en materia de infraestructura, a cargo del diputado Ricardo Ángel Barrientos Ríos, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Turno:Comisión de Infraestructura, para dictamen.

4. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Semarnat, para que expida una Norma Oficial Mexicana en materia de contaminación odorífera, a cargo de la diputada Alma Lucía Arzaluz Alonso y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Turno:Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen.

5. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, a la SHCP, a la Segob y a Pemex, para que se revise la Reforma Energética y se dé una solución al problema de desempleo que enfrenta Tabasco y Campeche, a cargo de la diputada Guadalupe Hernández Correa, del Grupo Parlamentario de Morena.

Turno:Comisión de Energía, para dictamen.

6. Con punto de acuerdo, relativo a la inclusión de la Hipertensión Pulmonar y sus cinco tipos derivados, en el catálogo de intervenciones cubiertas por el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos del Catálogo Universal de Servicios de Salud, a cargo de la diputada Claudia Sofía Corichi García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Turno:Comisión de Salud, para dictamen.

7. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a Pemex, a la CFE, a la Profepa, a la Semarnat y a la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente, difundir la información sobre los daños y afectaciones ocurridos por el derrame de combustóleo en la Laguna de Cuyutlán, en el municipio de Mazanillo, Colima, así como a realizar las acciones emergentes correspondientes, a cargo del diputado Francisco Javier Pinto Torres, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza.

Turno:Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen.

8. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SEP, para actualizar el Reglamento de Asociación de Padres de Familia, a cargo de la diputada Ana Guadalupe Perea Santos, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.

Turno:Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para dictamen.

9. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Mesa Directiva y a la Junta de Coordinación Política, a que sometan a consideración del Pleno, el Dictamen de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, referente a la iniciativa con Proyecto de Decreto que adiciona diversas disposiciones del Reglamento de la Cámara de Diputados, suscrito por la diputada Ivonne Aracelly Ortega Pacheco del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y diputados integrantes de la Comisión de Comunicaciones.

Turno:Se remite a la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos para su atención

10. Con punto de acuerdo, relativo a las tarifas eléctricas, en Matamoros, Tamaulipas, a cargo del diputado Pedro Luis Coronado Ayarzagoitia, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno:Comisión de Energía, para dictamen.

11. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal para que a través de la Cofepris, determine las causas por las que en el Municipio de Tierra Blanca, Veracruz, se ha disparado el índice de enfermedades de carácter renal y se apliquen las medidas preventivas y correctivas necesarias, a cargo de la diputada Gabriela Ramírez Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Turno:Comisión de Salud, para dictamen.

12. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, para que a través de la SEP, difunda el estado que guarda la distribución de libros de texto gratuitos en sistema braille, a cargo de la diputada Lluvia Flores Sonduk, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Turno:Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para dictamen.

13. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Semarnat, a implantar acciones necesarias para la conservación y preservación del jaguar, a cargo de la diputada Alma Lucía Arzaluz Alonso y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Turno:Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen.

14. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la PGR, a ejercer acción penal, y en su caso consignar a los presuntos responsables de los delitos de genocidio, ejecución extrajudicial y tortura, que se deriven de las averiguaciones previas integradas con motivo de los hechos acaecidos el 2 de Octubre de 1968, suscrito por los diputados Araceli Damián González y Juan Romero Tenorio, del Grupo Parlamentario de Morena.

Turno:Comisión de Derechos Humanos, para dictamen.

15. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Segob y al Instituto Nacional de Migración, a agilizar las resoluciones migratorias de las personas alojadas en las estaciones migratorias, a cargo de la diputada Rosa Alba Ramírez Nachis, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Turno:Comisión de Asuntos Migratorios, para dictamen.

16. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaria de Salud y a los gobiernos de las entidades federativas para que, continúen impulsando el Plan de Acción Alzheimer y otras Demencias (PAAD), promovido por dicha Secretaría, a través del Instituto Nacional de Geriatría y la Federación Mexicana de Alzheimer, a cargo del diputado Pablo Elizondo García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno:Comisión de Salud, para dictamen.

17. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal para que a través de la Sedesol, se modifique el tope del ingreso por concepto de pensión contributiva como requisito para ser beneficiario del Programa Pensión para Adultos Mayores, a cargo de la diputada Gabriela Ramírez Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Turno:Comisión de Desarrollo Social, para dictamen.

18. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las autoridades migratorias correspondientes, implantar acciones necesarias para agilizar el tránsito de personas en los cruces fronterizos de Chihuahua, a cargo de la diputada María Ávila Serna y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Turno:Comisión de Asuntos Migratorios, para dictamen.

19. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SEP y al Conapred, a implementar medidas de prevención, control y vigilancia a través de la ejecución de programas estructurales en todos los planteles de educación pública y privada con el fin de disminuir y combatir los índices de discriminación y racismo en las escuelas mexicanas, a cargo de la diputada Mariana Trejo Flores, del Grupo Parlamentario de Morena.

Turno:Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para dictamen.

20. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Segob, a revisar los reportes de accidentes carreteros que implementa la División de Seguridad Regional de la Policía Federal, con el fin de obtener datos precisos que permitan identificar las causas que originan los accidentes carreteros que involucran a los tractocamiones, a cargo de la diputada María Elena Orantes López, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Turno:Comisión de Seguridad Pública, para dictamen.

21. Con punto de acuerdo, relativo al funcionamiento del centro de arraigo El Ceresito, ubicado en Ciudad Juárez, Chihuahua, a cargo del diputado José Hernán Cortés Berumen, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Turno:Comisión de Seguridad Pública, para dictamen.

22. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Infonavit, a implementar un modelo de arrendamiento de vivienda, en el estado de Oaxaca, a cargo de la diputada Yaret Adriana Guevara Jiménez y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Turno:Comisión de Vivienda, para dictamen.

23. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la STPS y a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, a tomar las medidas necesarias, en el ámbito de sus facultades, para evitar actos ilegales de despojo de la titularidad o administración del Sindicato de Trabajadores de la Industria Hulera de la República Mexicana “Bridgestone Firestone”, a cargo del diputado Mario Ariel Juárez Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Morena.

Turno:Comisión de Trabajo y Previsión Social, para dictamen.

24. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Segob, para que en coordinación con el Instituto Nacional de las Mujeres, instalen de manera permanente centros de atención integral a mujeres y niñas que han sufrido violencia, a cargo de la diputada Marbella Toledo Ibarra, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Turno:Comisión de Igualdad de Género, para dictamen.

25. Con punto de acuerdo, que se exhorta a la Sedesol, a que emita los lineamientos y criterios de ejecución de la Estrategia Nacional de Inclusión y a difundir sus acciones, resultados y presupuesto ejercido al día de hoy, a cargo de la diputada Marisol Vargas Bárcena, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Turno:Comisión de Desarrollo Social, para dictamen.

26. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las autoridades sanitarias federales y estatales, a implementar programas de actualización y capacitación al personal de salud, para fortalecer la prevención, detección y diagnóstico de la enfermedad de Parkinson, a cargo de la diputada Lorena Corona Valdés y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Turno:Comisión de Salud, para dictamen.

27. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Procuraduría General de Justicia del estado de Michoacán, para que los procesos penales instaurados en contra de los estudiantes de la Escuela Normal Indígena del estado de Michoacán, se apeguen a los principios de legalidad, objetividad, imparcialidad, presunción de inocencia y respeto a los Derechos Humanos, a cargo del diputado Ángel Antonio Hernández de la Piedra, del Grupo Parlamentario de Morena.

Turno:Comisión de Derechos Humanos, para dictamen.

28. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Segob, a la Sedatu y a los gobiernos de los estados de Jalisco y Nayarit, dar solución a los conflictos generados entre los ganaderos de Huajimic y las autoridades de la comunidad Wixárika (huicholes), a cargo de la diputada María Victoria Mercado Sánchez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Turno:Comisión de Reforma Agraria, para dictamen.

29. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SHCP, para que a través del SAT, difunda los avances y concluya la investigación abierta en contra de las empresas Publicidad Rentable y Máxima Vallas; por los delitos de evasión y defraudación fiscal, a cargo del diputado Luis Gilberto Marrón Agustín, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Turno:Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

30. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Junta de Coordinación Política, la creación del Grupo de Amistad México-Taiwán, a cargo del diputado José de Jesús Galindo Rosas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Turno:Junta de Coordinación Política, para su atención.

31. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, para que a través de la SHCP, no realice más aumentos a los precios de la gasolina magna, premium y diésel, y a través de la Segob a tomar medidas, a efecto de aumentar los niveles de seguridad en los caminos federales y las vías ferroviarias, a cargo del diputado Alfredo Javier Rodríguez Dávila, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Turno:Comisión de Transportes, para dictamen.

32. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Estado de Nuevo León, a través de la Procuraduría General de Justicia y de la Secretaría de Seguridad Pública, a implementar acciones preventivas, de seguridad y de justicia, para enfrentar y abatir la violencia feminicida, a cargo de la diputada Ximena Tamariz García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Turno:Comisión de Igualdad de Género, para dictamen.»

INICIATIVAS

CÓDIGO PENAL FEDERAL

«Iniciativa que reforma los artículos 173, 174, 176 y 177, y adiciona el 177 Bis al Código Penal Federal, a cargo de la diputada María Gloria Hernández Madrid, del Grupo Parlamentario del PRI

La que suscribe, diputada por Hidalgo, María Gloria Hernández Madrid, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 6, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforman los artículos 173, 174, 176 y 177; y se adiciona el artículo 177 Bis todos del Código Penal Federal, lo anterior con base en lo siguiente

Exposición de Motivos

1. Antecedentes

La presente Iniciativa aborda la necesidad de redimensionar el delito de violación de correspondencia previsto y sancionado por los artículos 173 a 177 del Código Penal Federal toda vez que el trabajo de revisión normativa hace evidente que la redacción actual del ilícito en comento ha sido rebasada por la modernidad en cuanto a las formas de comunicación y recepción de información privadas pero también respecto a los contenidos que estas nuevas expresiones de comunicación pueden presentar en la vía y forma de correspondencia, como botón de muestra, el Código Nacional de Procedimientos Penales establece como vía de correspondencia y/o comunicación entre autoridades o entre éstas y los sujetos procedimentales los correos electrónicos que son una de las manifestaciones de correspondencia de nuestro tiempo y cuya intromisión o utilización por persona distinta a su destinatario debe ser protegida por la ley penal con descripciones que se adecuen a ellas para no forzar la interpretación de la autoridad; otros ejemplos tienen que ver con el envío de información confidencial como pueden ser cuentas bancarias o estudios médicos y que el solo conocimiento de esta información o comunicaciones por persona distinta al destinatario de ellas puede acarrear desde afectación a la honra y dignidad de las personas hasta la posibilidad de ser objeto para la comisión de delitos.

Para dar mayor claridad a la importancia que tiene la inviolabilidad de correspondencia es necesario invocar el artículo 11 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos conocida como “Pacto de San José de Costa Rica” que incluye dentro del derecho a la protección de la honra y la dignidad el que nadie pueda ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada o en su correspondencia, por lo tanto, es válido decir que la violación de correspondencia es en sí mismo un ataque a la privacidad, a la honra y a la dignidad de las personas que puede afectar el libre desarrollo de su personalidad por el uso que se dé o pueda darse a la información, comunicaciones u otros contenidos de esa correspondencia la que a su vez puede ser escrita o utilizando medios tecnológicos o informáticos.

Ahora bien, nuestro país no tiene expresamente reconocido este derecho en la Constitución General de la República sin embargo, el artículo 16 de la ley suprema si dispone que las comunicaciones privadas son inviolables y que la ley sancionará penalmente cualquier acto que atente contra la libertad y privacidad de las mismas por lo tanto al ser la correspondencia un medio por el que dos o más personas interactúan para recibir o enviar información generándose así el proceso de comunicación privada señalado por el marco Constitucional, entonces existe la obligación de mantener un diseño adecuado, armonizado y actualizado de la conducta(s) que constituye(n) la violación de este tipo de comunicación privada a fin de que sea correctamente evaluado por cuanto al daño que produce y a la sanción que merece.

2. Planteamiento del problema

La descripción típica de la conducta que configura el delito de violación de correspondencia se encuentra inserto en el Capítulo II del Título Quinto del Código Penal Federal y que se denomina Delitos en Materia de Vías de Comunicación y Correspondencia; hacer esta precisión es importante pues cabe mencionar que la técnica legislativa obliga a la precisión de las palabras utilizadas a fin de evitar sustituir términos como si fueran “sinónimos”.

Lo anterior da pie para referir la primera inconsistencia de la construcción típica, esto es, aún y cuando el Título y el Capítulo en el que se encuentra descrito el delito aludido se denomina “violación de correspondencia”  los artículos 173, 174 y 177 se refieren a la acción de abrir o interceptar “comunicaciones escritas” lo que si bien puede ser concebido como correspondencia, en realidad no abarca todo lo que este concepto puede incluir y lo reduce únicamente al “contenido escrito” pero por eso es importante retomar el concepto señalado la denominación del tipo, es decir, “correspondencia” pues esta también puede ser un documento de carácter informativo como un cobro extrajudicial por un adeudo mercantil o civil que no genera “comunicación” entre las partes pero cuyo disposición de alguna persona no autorizada para abrirla o conocerla puede afectar la dignidad del destinatario o bien la correspondencia puede consistir en un objeto que evidentemente no es una “comunicación escrita” pero que puede ser susceptible de violación al ser abierto el paquete que lo contenga y con ese solo hecho actualizarse el tipo en cuestión, sin embargo al estar limitado el texto a “comunicación escrita” hipótesis como las anotadas tendrían que ser interpretadas por la autoridad con cierto grado de forzamiento sin que exista esa necesidad si se utiliza el término generalizado de “correspondencia”.

Por otro lado, el artículo 173 refiere en su fracción dos la intercepción de la “comunicación escrita” sin embargo es necesario adicionar la retención como una consecuencia de la intercepción o bien como una conducta aislada de esta ya que se puede retener una correspondencia sin necesariamente haberla interceptado por lo que nuevamente es necesario remitirse a la claridad de los términos empleados y no considerar que la intercepción agota en todos los casos otra conducta que se presente con la correspondencia como es la retención de esta por personas distintas al destinatario.

Es necesario adicionar una tercera fracción que prevea la hipótesis actual de recepción de correspondencia como lo son los medios electrónicos o informáticos como el correo electrónico, las redes sociales o las denominadas “aplicaciones” para telefonía móvil por la que puede darse enviarse, recibirse o ambas diferentes tipos de información o documentación en la forma de archivos adjuntos y que no necesariamente formen parte de la comunicación pero si de una correspondencia y que actualmente no está prevista esta hipótesis.

Otro problema  que presenta el diseño del delito que nos ocupa es que resulta absurdo creer que quien invade sin consentimiento la privacidad de una persona abriendo, interceptando, reteniendo o accesando a su correspondencia no tenga una finalidad adicional a la sola revisión morbosa de lo que no le pertenece de tal suerte que no prever normativamente la hipótesis de uso de la información u otros contenidos de la correspondencia que dañe a su destinatario, así como la sanción que deba serle aplicable a esta conducta es una omisión que ha de corregirse pues si bien a partir del artículo 210 del propio Código Penal Federal se establecen conductas como la revelación de secreto estas no le son aplicables al que viola correspondencia y hace uso de la misma en detrimento del destinatario por la sencilla razón de que las hipótesis para la revelación de secreto es que este haya sido obtenido por el activo de la conducta con anuencia del pasivo o bien que se haya intervenido una comunicación en ejercicio pleno del derecho y posteriormente se revelen el contenido de dicha conversación intervenida, circunstancias distintas a abrir, interceptar, retener o acceder sin consentimiento a esa comunicación, información o cosa objeto de la correspondencia como eje rector de esa conducta.

El respeto a la privacidad, la honra y la dignidad no tiene por qué ser excepción entre cónyuges por el contrario es en la no injerencia a la esfera individual de cada uno como debe entenderse la convivencia armónica entre ellos e incluso entre quienes sin estar sujetos al régimen matrimonial hacen vida en común y es por ello que se elimina como excluyente de delito el que un cónyuge abra o intercepte la correspondencia del otro, dejando como posibilidad que de acuerdo a las circunstancias del caso pueda exigirse entre cónyuges el respeto a la privacidad de la correspondencia con consecuencias penales en caso contrario.

Respecto del artículo 177 es necesario ampliar el espectro normativo pues de acuerdo a las disposiciones Constitucionales y del Código Nacional de Procedimientos Penales no es posible que alguien distinto a una autoridad pueda obtener una autorización para la intervención de comunicaciones privadas por lo que es necesario señalar dos hipótesis; la primera se refiere una persona sin calidad de autoridad que en todos los casos cuando intervenga una conversación privada lo hará en la más absoluta ilegalidad y en consecuencia se debe sancionar esa conducta; la segunda, a la autoridad que omitiendo cumplir los requisitos legales interviene comunicaciones privadas vulnerando ese derecho de las personas a la privacidad de sus comunicaciones pero deteniendo la conducta y la sanción en el punto de la intervención pues como ya se dijo la utilización de esa comunicación y la pena que le corresponde se encuentran previstas en la revelación de secreto.

Finalmente, la modificación de los elementos que integran las conductas punibles de violación de correspondencia implican una problemática que debe ser resuelta necesariamente con la revaloración de sus parámetros de punibilidad a partir de la relación existente entre la magnitud bien jurídico-tutelado y el nivel de daño producido al pasivo del delito con la afectación de aquel.

Para clarificar tal criterio es menester recordar que el delito de violación de correspondencia impacta negativamente varios derechos fundamentales como son la privacidad y el libre desarrollo de la personalidad del pasivo del delito toda vez que con su conducta, el activo adquiere (incluso sin saberlo el pasivo) diferentes grados de poder o influencia en aquel por la sola razón de conocer (y estar en posibilidad de utilizar), interceptar, retener o acceder a información, comunicaciones e incluso cosas u objetos que se encuentran en el interés íntimo y estrictamente personal del pasivo poniéndolo así en posición de afectar otros bienes jurídicos de enorme importancia como la seguridad personal, patrimonial o familiar de la víctima e incluso su honor o dignidad entendido este como el “...valor supremo establecido en el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud del cual se reconoce una calidad única y excepcional a todo ser humano por el simple hecho de serlo, cuya plena eficacia debe ser respetada y protegida integralmente sin excepción alguna” por tanto, la dignidad humana es “...el origen, la esencia y el fin de todos los derechos humanos”  y “... del cual se desprenden todos los demás derechos, necesarios para que los individuos desarrollen integralmente su personalidad, dentro de los que se encuentran, entre otros, los relativos a: la vida, la integridad física y psíquica, al honor, a la privacidad, al nombre, a la propia imagen, al libre desarrollo de la personalidad, al estado civil y el propio derecho a la dignidad personal.”

De la forma señalada se ha realizado un análisis a fin de superar bajo criterios de proporcionalidad y razonabilidad las actuales sanciones para el delito que nos ocupa y que son principalmente de trabajo en favor de la comunidad, así los parámetros de punibilidad no solo buscan fungir como inhibitorios de la conducta sino proporcionarles a ella, con razonabilidad suficientes entre la cuantía de la pena (para lo cual la sanción económica se ha estimado en días multa determinados por la unidad de medida y actualización vigente en el momento de la comisión del delito pero equivalente a la mitad de lo que corresponde en días de la pena de prisión que pueda imponerse), atendiendo también como ya se señaló a la gravedad del delito cometido, el daño al bien jurídico protegido, la posibilidad para individualizarla entre un mínimo y un máximo, el grado de reprochabilidad atribuible al sujeto activo, la idoneidad del tipo, buscando en conjunto la viabilidad de lograr, mediante su aplicación, la resocialización de quien eventualmente sea sancionado por el delito en mención.

3. Propuesta Legislativa

A través de la presente iniciativa se pretende:

a) Revalorar el bien jurídico tutelado para el delito de violación de correspondencia a partir de una visión de protección al derecho a la privacidad, al libre desarrollo de la personalidad, al honor y la dignidad reconocidos como derechos humanos por el bloque de constitucionalidad cuyos conceptos han sido citados en el cuerpo de la Iniciativa.

b) Ajustar la descripción típica del delito de violación de correspondencia a fin de que contemple un margen más amplio de conductas entendiendo que la correspondencia puede ser la recepción de información, aquella que forme parte de una comunicación e incluso cosas u objetos.

c) Incorporar como violación de correspondencia la información o comunicaciones recibidas por medios informáticos o electrónicos.

d) La incorporación del uso de información obtenida con violación a correspondencia como conducta punible así como la intercepción o retención, en todos los casos cuando se afecten bienes, propiedades, posesiones o derechos de la víctima.

e) La existencia de agravantes, atenuantes y excluyentes de delito.

f) La eliminación de la excluyente de delito cuando la violación de correspondencia se realice entre cónyuges.

g) La distinción de conducta punible cuando la intervención de comunicaciones privadas la realice un particular o cuando la realice una autoridad que no cumpla con los requisitos legales exigidos para tal fin.

h) El redimensionamiento de los parámetros de punibilidad con base en la afectación del bien jurídico-tutelado y la unidad de medida y actualización para la pena multa.

Por los razonamientos y argumentos vertidos en esta Iniciativa, someto al conocimiento, análisis, valoración y dictamen correspondiente, el siguiente proyecto de

Decreto

Único. Se reforman los artículos 173, 174, 176 y 177; y se adiciona el artículo 177 bis todos del Código Penal Federal, para quedar de la siguiente manera:

Artículo 173. Se aplicarán de uno a tres años de prisión y multa de ciento ochenta a quinientas cuarenta y siete veces la unidad de medida y actualización vigente en el momento de cometerse el delito:

I. Al que abra y/o se imponga del contenido de correspondencia que no esté dirigida a él y sin consentimiento de su destinatario,

II. Al que intercepte y/o retenga correspondencia que no esté dirigida a él y no la entregue oportunamente a su destinatario, y

III. Al que acceda y/o se imponga del contenido que se encuentre en cualquier sistema, mecanismo o dispositivo de correspondencia y/o comunicación de naturaleza informática o electrónica sin consentimiento de la persona cuyo manejo le corresponda.

Si además de realizar cualquiera de las conductas descritas en las fracciones anteriores, el responsable utiliza el contenido de la correspondencia por sí o por medio de otra persona y con ello daña los bienes, propiedades, posesiones o derechos del destinatario, los parámetros de punibilidad se aumentarán una tercera parte. Igual aumento se aplicará cuando el daño se produzca derivado de la conducta señalada en la fracción II de este artículo. Lo anterior sin prejuicio de las penas que correspondan por cualquiera otro delito que se cometa o derive de la utilización, intercepción y/o retención señalada.

En el caso de la fracción II los parámetros de punibilidad se reducirán a la mitad cuando la correspondencia se conserve cerrada y el responsable no se imponga de su contenido.

No es delictiva la recepción de correspondencia por persona distinta de su destinatario cuando sea entregada o remitida por una autoridad en el cumplimiento de alguna disposición legal, no obstante, el que la reciba será responsable en los términos de este capítulo y demás disposiciones aplicables por la entrega oportuna al destinatario así como de la utilización del contenido de aquella.

La correspondencia a que se refiere este artículo es aquella que contiene  comunicación y/o información y/o cosa enviada al destinatario referente a sus bienes, propiedades, posesiones o derechos.

Los delitos previstos en este artículo se perseguirán por querella.

Artículo 174. No se considera que obren delictuosamente los padres que abran o intercepten la correspondencia dirigida a sus hijos menores de edad, y los tutores respecto de las personas que se hallen bajo su dependencia.

Artículo 176. Al empleado de un telégrafo, estación telefónica o estación inalámbrica que conscientemente dejare de transmitir un mensaje que se le entregue con ese objeto, o de comunicar al destinatario el que recibiere de otra oficina y con ello le cause daño a los bienes, propiedades, posesiones o derechos de aquel, se le impondrá de seis meses a un año de prisión y multa de noventa a 180 veces la unidad de medida y actualización vigente al momento de cometerse el delito.

Artículo 177. A quien intervenga comunicaciones privadas se le impondrá de cuatro a ocho años de prisión y multa de setecientas treinta a mil cuatrocientas sesenta veces la unidad de medida y actualización vigente al momento de cometerse el delito.

Artículo 177 Bis. A la autoridad que intervenga comunicaciones privadas sin cumplir con lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Código Nacional de Procedimientos Penales y demás disposiciones aplicables, se le impondrá una pena de seis a doce años de prisión y multa de mil noventa y cinco a dos mil ciento noventa veces la unidad de medida y actualización vigente al momento de cometerse el delito.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.Se derogan las disposiciones que se opongan al presente decreto.

Notas:

1 Dignidad Humana. Su naturaleza y concepto. Época: Décima Época. Registro: 160869. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Tipo de Tesis: Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro I, Octubre de 2011, Tomo 3. Materia(s): Civil. Tesis: I.5o.C. J/31 (9a.). Página: 1529

2 Dignidad Humana. Definición. Época: Décima Época. Registro: 160870. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Tipo de Tesis: Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro I, Octubre de 2011, Tomo 3. Materia(s): Civil. Tesis: I.5o.C. J/30 (9a.). Página: 1528

3 Derecho a la dignidad humana. Es connatural a las personas físicas y no a las morales. Época: Décima Época. Registro: 2004199. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Tipo de Tesis: Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 3. Materia(s): Constitucional. Tesis: VI.3o.A. J/4 (10a.). Página: 1408.

4 Leyes Penales. Al examinar su constitucionalidad deben analizarse los principios de proporcionalidad y razonabilidad jurídica. Época: Novena Época. Registro: 168878. Instancia: Pleno. Tipo de Tesis: Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXVIII, Septiembre de 2008. Materia(s): Constitucional, Penal. Tesis: P./J. 102/2008. Página: 599.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de septiembre de 2016.— Diputada María Gloria Hernández Madrid (rúbrica).»

Se remite a la Comisión de Justicia, para dictamen.

CÓDIGO PENAL FEDERAL

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal, a cargo de la diputada María Gloria Hernández Madrid, del Grupo Parlamentario del PRI

La que suscribe, diputada por el estado de Hidalgo, María Gloria Hernández Madrid, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos así como, los artículos 6, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 259 Bis, crea el artículo 259 Ter y reforma la denominación del Capítulo I, del Título Decimoquinto, del libro segundo, todos del Código Penal Federal, lo anterior con base en lo siguiente

Exposición de Motivos

1. Antecedentes

El desarrollo de las naciones es en gran medida un reflejo de los valores que su sociedad positiviza a través de las leyes que los rigen, de esta forma, los gobiernos, sus instituciones y representantes tienen la obligación de instrumentar permanentemente los mecanismos por medio de los cuales cada integrante de su colectivo pueda alcanzar niveles óptimos de progreso individual apoyado en el reconocimiento tanto de sus libertades y derechos como en su ejercicio adecuado en un entorno de seguridad jurídica y humana.

En ese sentido, el “derecho recoge de la sociedad los valores que ésta va asumiendo como propios y los transforma en bienes y valores jurídicos que desarrolla y con los que dota de contenido a las normas jurídicas” de esta suerte, “los derechos humanos son el desarrollo ético más acabado y constituyen el núcleo ético del derecho y su regla moral, en un sentido práctico, además de la expresión jurídica de la dignidad humana”

Por otra parte, existen en el contexto transnacional coincidencias sociales y jurídicas respecto a la categorización de los valores ya enunciados y esto ha permitido (al menos en nuestro país) formar un bloque internacional de protección a derechos humanos, muestra de ello es la consideración que en México tenemos respecto de la dignidad como “valor supremo establecido en el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud del cual se reconoce una calidad única y excepcional a todo ser humano por el simple hecho de serlo, cuya plena eficacia debe ser respetada y protegida integralmente sin excepción alguna.” es así que la dignidad humana es “...el origen, la esencia y el fin de todos los derechos humanos.” y “...del cual se desprenden todos los demás derechos, necesarios para que los individuos desarrollen integralmente su personalidad, dentro de los que se encuentran, entre otros, los relativos a: la vida, la integridad física y psíquica, al honor, a la privacidad, al nombre, a la propia imagen, al libre desarrollo de la personalidad, al estado civil y el propio derecho a la dignidad personal.”

La relevancia de la dignidad como punto de partida para todos los demás derechos humanos es visible en instrumentos internacionales de observancia obligatorio como son la Convención Americana sobre Derechos Humanos, Pacto de San José de Costa Rica, que en su artículo11 establece que toda persona tiene derecho al respeto de su honra y al reconocimiento de su dignidad así como, que a toda persona se le respete su integridad física, psíquica y moral (artículo 5.1)

Así pues, la dignidad puede ser entendida como el continente de los derechos humanos y, su contenido lo integran entre otros, el derecho al libre desarrollo de la personalidad, el derecho a la intimidad o el derecho a la libertad sexual y es en este último donde se centrará el trabajo de esta iniciativa, a partir del reconocimiento de este derecho como integrante fundamental de la dignidad humana se abordará en el contexto del derecho penal mexicano el delito de hostigamiento sexual previsto y sancionado por el artículo 259 Bis del Código Penal Federal demostrándose la insuficiencia descriptiva de la conducta típica, su inadecuación a la realidad actual de la sociedad mexicana, la inoperante función que tiene como medio de prevención general para su comisión y su desproporción sancionatoria en relación con la lesión al bien jurídico que busca tutelar, se abordará el rezago normativo en que cayó la descripción de esta conducta en relación con la previsión que de ella se tiene en otras leyes nacionales pero que debido al principio de especialización y exclusividad de la ley penal no es posible invocar esas hipótesis normativas para obtener una sanción adecuada para el delincuente; por otro lado se atenderá la inexistencia del acoso sexual como conducta emparejada con el hostigamiento y que sorprendentemente no se encuentra regulada por el Código Penal Federal siendo una acción cotidianamente ejecutada en contra de la dignidad de las personas y su integridad sexual tanto física como psíquica teniendo una multiplicidad de escenarios para su comisión así como pluralidad de sujetos activos o pasivos no en relación con el número de quienes la cometen sino en el sentido de no ser privativa de un sexo o género tanto para el agente activo del delito como para el pasivo.

Consecuentemente, a continuación se hará el planteamiento del problema a partir de una visión social y jurídicamente técnica en búsqueda de la solución legislativa a las condiciones en que actualmente el delito de hostigamiento sexual es “obsoleto” como conducta punible.

2. Planteamiento del problema

Hostigamiento sexual

El artículo 259 Bis del Código Penal Federal establece que:

Al que con fines lascivos asedie reiteradamente a persona de cualquier sexo, valiéndose de su posición jerárquica derivada de sus relaciones laborales, docentes, domésticas o cualquiera otra que implique subordinación, se le impondrá sanción hasta de cuarenta días multa. Si el hostigador fuese servidor público y utilizare los medios o circunstancias que el encargo le proporcione, se le destituirá de su cargo.

Solamente será punible el hostigamiento sexual, cuando se cause un perjuicio o daño.

Sólo se procederá contra el hostigador, a petición de parte ofendida.

A. Análisis de la descripción típica del hostigamiento sexual

• Conducta

Acción dolosa consistente en que una persona asedie (presionar insistentemente a alguien) a otra en forma reiterada.

• Bien jurídico tutelado

Libertad y normal desarrollo psicosexual

• Forma de afectación al bien jurídico tutelado

Daño material

• Voluntad en el autor distinto del dolo

Que la conducta tenga una finalidad lasciva (propensión a los deleites carnales).

• Circunstancias específicas para la realización de la conducta

Que el agresor tenga y se valga de una posición de superioridad jerárquica en relación con la víctima, derivada de sus relaciones laborales, docentes, domésticas o cualquiera otra que por la que ésta tenga subordinación respecto de aquel.

• Circunstancias específicas del sujeto activo y del sujeto pasivo

Pasivo:Persona que guarde relación laboral, docente, doméstica o cualquiera otra que implique subordinación respecto del activo de la conducta.

Activo:Persona que guarde relación laboral, docente, doméstica o cualquiera otra que implique superioridad jerárquica respecto del pasivo de la conducta.

• Agravante de punibilidad derivada de una característica específica en el sujeto activo

Si el hostigador fuese servidor público y utilizare los medios o circunstancias que el encargo le proporcione, se le destituirá de su cargo.

• Elemento normativo condicionante de punibilidad

Solamente será punible el hostigamiento sexual, cuando se cause un perjuicio o daño.

• Perseguibilidad

Por querella

• Punibilidad

Sólo económica consistente en “hasta de cuarenta días multa” no determina base inferior para el parámetro por lo que debe suponerse que es un día multa.

B. Descripciones normativas de hostigamiento sexual contenidas en leyes federales o generales mexicanas

• Ley Federal del Trabajo

Artículo 3o. Bis. Para efectos de esta ley se entiende por:

a) Hostigamiento, el ejercicio del poder en una relación de subordinación real de la víctima frente al agresor en el ámbito laboral, que se expresa en conductas verbales, físicas o ambas; y

• Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia

Artículo 13. El hostigamiento sexual es el ejercicio del poder, en una relación de subordinación real de la víctima frente al agresor en los ámbitos laboral y/o escolar. Se expresa en conductas verbales, físicas o ambas, relacionadas con la sexualidad de connotación lasciva.

• En México la Suprema Corte de Justicia de la Nación o las autoridades federales terminales con la atribución de generar tesis e integrar jurisprudencia no han emitido ni una sola de ellas respecto del hostigamiento sexual.

C. Otras fuentes que consideran elementos de hostigamiento sexual

• El hostigamiento sexual es una conducta con implicaciones sexuales no solicitadas ni deseadas, sean verbales o físicas, que incomodan, humillan, insultan y degradan a las personas, y pueden ser repetitivas o presentarse una sola vez. Pueden ocurrir en cualquier lugar; en muchos casos, se disfrazan de afecto o atracción, pero en realidad son demostraciones de poder con las cuales se intimida o amenaza. Esto provoca en la víctima una angustia creciente que deriva en trastornos de la salud y afecta negativamente al desempeño del trabajo.

Manifestaciones Verbales: insinuaciones, propuestas sexuales, piropos o comentarios no deseados acerca de su persona, invitaciones insistentes a salir, chistes ofensivos de carácter sexual, burlas o bromas, preguntas incómodas sobre su vida sexual o amorosa, insultos o amenazas.

Manifestaciones No Verbales: miradas insistentes morbosas, miradas sugestivas o insultantes a distintas partes del cuerpo, silbidos, sonidos, gestos, imágenes o dibujos ofensivos y denigrantes en carteles, calendarios, pantallas de computadora, escritos en los baños, mensajes con contenidos sexuales que se envían por medios electrónicos, mensajes de texto en teléfonos celulares o mensajes.

Manifestaciones físicas: roces corporales, besos, apretones, manoseos, abrazos o caricias, pellizcos, así como cualquier otro tipo de agresiones sexuales que impliquen acercamiento o contacto físico.

• Generalidades del hostigamiento sexual

1. Es una forma de violencia.

2. Conducta de naturaleza sexual no recíproca, y toda otra conducta basada en el sexo, que afecte a la dignidad de mujeres y hombres, que resulte ingrata, irrazonable y ofensiva para quien la recibe.

3. Hay una clara relación asimétrica, identificándose con mayor precisión en espacios laborales y educativos.

Componentes: acciones sexuales no recíprocas, coerción sexual, sentimientos de desagrado.

• El hostigamiento sexual se refiere a una manifestación de poder mediante una coacción con contenido sexual que proviene de un superior dirigida a alguien de menor rango.

La violencia y el hostigamiento sexual representan una forma de control y un intento por desvalorizar la dignidad y el trabajo de las mujeres.

El hostigamiento comprende tres condiciones: que las acciones sexuales, físicas o verbales no sean recíprocas; que exista coerción, es decir, la intención de causar un perjuicio o beneficio dependiendo del rechazo o de la aceptación, lo cual significa una relación desigual que produce un sentimiento de molestia en la víctima.

El hostigamiento sexual no es exclusivo del ámbito laboral, también es una práctica frecuente en el escolar, en el cual los profesores hacen uso de su autoridad para conseguir favores sexuales de las y los estudiantes a través del chantaje poniendo en juego sus calificaciones, la aprobación del ciclo escolar o el acceso a actividades escolares.

Tras realizar una correlación de la información obtenida en los incisos B y C de este apartado y que contienen elementos configurativos de hostigamiento sexual podemos extraer con característica de comunes, los siguientes:

i. Es una forma de violencia que afecta la libertad y el normal desarrollo psicosexual, la dignidad, la intimidad y en muchos casos la estabilidad familiar y/o laboral de la víctima.

ii. Es una conducta con manifestaciones físicas, verbales y no verbales que se ejecutan conjunta o separadamente pero no son recíprocas, solicitadas o deseadas por la víctima y pueden ser repetitivas o presentarse una sola vez.

iii. Se presenta principalmente en los ambientes laboral o escolar pero no se restringe a ellos pues también puede presentarse en el contexto de personas privadas de la libertad que de hecho son objeto de subordinación (indebida) real y lo mismo puede ocurrir en centros de tratamiento para adicciones o de salud en donde la relación de hecho entre las personas presenta la característica de subordinación poco resistible por parte de la víctima.

iv. Se ejecuta sin distinción de sexo entre activo y pasivo, es decir, puede presentarse en condiciones heterosexuales u homosexuales.

v. Existe una característica específica respecto de las circunstancias de su ejecución porque debe existir una relación de superioridad del sujeto activo respecto del pasivo que no implica necesariamente que ésta sea jerárquica o de dependencia directa sino que pueda traducirse en términos reales en esa superioridad.

vi. La naturaleza o contenido de las manifestaciones son eminentemente sexuales pero pueden o no entrañar una finalidad de acceso sexual del agresor hacia la víctima o bien afectar la reputación, dignidad o fama de ésta a través de tales manifestaciones.

Ahora bien, cuando cruzamos los elementos señalados en los incisos i a vi anteriores con los que integran la descripción típica del delito hostigamiento sexual vigente y no modificada en nuestra legislación penal federal desde 1991 (y que para efectos de mayor claridad ya fue debidamente desintegrada en sus componentes en el apartado respectivo) extraemos que:

I. La descripción de la conducta vigente se refiere al asedio entendido como presión insistente del agresor hacia víctima (para obtención de un fin lascivo), sin embargo esta característica entraña una secuencia de acciones que refieren prolongación en el tiempo, es decir, que no se agotan en un solo momento espacio temporal situación que no es acorde con la concepción dogmática jurídica y extrajurídica actual que ha sido expuesta en el cuerpo de esta iniciativa.

Por lo anterior resulta necesario especificar que la conducta consiste en realizar por cualquier forma o vía realice manifestaciones no recíprocas, de naturaleza o contenido sexual, a otra persona con la que guarde una posición de superioridad derivada de una relación de hecho y/o jurídica.

II. En el ánimo del agresor debe existir de acuerdo a la hipótesis vigente, una finalidad lasciva, que se traduce en la propensión a los deleites sexuales solicitados por aquel hacia la víctima, esta situación también ha quedado rebasada toda vez que como fue señalado, esta finalidad u objetivo puede o no existir y sin embargo el delito se actualiza por la connotación sexual de las manifestaciones del agresor que al no ser solicitadas, consentidas o recíprocas respecto de la víctima, atentan contra la dignidad de ésta con la sola manifestación morbosa del agresor sobre las condiciones sexuales del o la pasivo del delito.

III. Respecto de las circunstancias específicas para la realización de la conducta, la redacción vigente del delito que nos ocupa señala que agresor tenga y se valga de una posición de superioridad jerárquica en relación con la víctima derivada de sus relaciones laborales, docentes, domésticas o cualquiera otra que por la que el sujeto activo tenga subordinación respecto de aquel.

Lo anterior también ha sido objeto de apreciación distinta en las leyes invocadas toda vez que la relación de superioridad y subordinación necesaria entre agresor y víctima no implica necesariamente que esta sea jerárquica o de dependencia directa sino que pueda traducirse en términos reales en esa superioridad o subordinación por lo que puede surgir de una relación de hecho o de derecho entre aquellos, como ejemplo se aprecia que un director o directora no tiene necesariamente bajo su subordinación directa a un empleado o empleada de limpieza sin embargo ejerce superioridad real y en consecuencia se actualiza esa condición para la ejecución de actos de hostigamiento sexual.

IV. No menos importante resulta señalar que la sanción para el delito de hostigamiento sexual en su descripción actual atenta contra la proporcionalidad y la razonabilidad ya que establece “ hasta de cuarenta días multa” y si se atiende a que la pena también busca inhibir el delito como política de prevención general e incentivar la denuncia como medio para lograr su sanción, la pena señalada no cumple con esa finalidad por lo que debe ser modificada basándose para ello en que el delito que nos ocupa está reconocido en instrumentos internacionales de observancia obligatoria para el Estado mexicano y lo mismo lo definen que imponen a los estados parte para realizar acciones que lo mitiguen, neutralicen y erradiquen, algunos de estos instrumentos son:

El Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales que en su artículo 20.1 y 20.3 dispone que los gobiernos deberán adoptar, en el marco de su legislación nacional medidas especiales para garantizar a los trabajadores pertenecientes a esos pueblos una protección eficaz en materia de contratación y condiciones de empleo para que gocen de igualdad de oportunidades y protección contra el hostigamiento sexual.

La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer Convención de Belem do Pará en el artículo 2 inciso b) determina que se entenderá que violencia contra la mujer incluye la violencia física, sexual y psicológica, que tiene lugar en la comunidad y sea perpetrada por cualquier persona y que comprende entre otros el acoso sexual en el lugar de trabajo.

La Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer (Cedaw) contiene en el artículo 2 que entenderá que la violencia contra la mujer abarca el acoso y la intimidación sexuales en el trabajo, en instituciones educacionales y en otros lugares.

Por su parte, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que la dignidad humana, como derecho fundamental superior reconocido por el orden jurídico mexicano, deriva, entre otros derechos personalísimos, el de todo individuo a elegir en forma libre y autónoma su proyecto de vida. Así, acorde a la doctrina y jurisprudencia comparadas, tal derecho es el reconocimiento del estado sobre la facultad natural de toda persona a ser individualmente como quiere ser, sin coacción ni controles injustificados por lo que, el libre desarrollo de la personalidad comprende, entre otras expresiones la libre opción sexual, en tanto que todos estos aspectos son parte de la forma en que una persona desea proyectarse y vivir su vida y que, por tanto, sólo a ella corresponde decidir autónomamente de esta suerte, tratándose de delitos sexuales cuando existe una relación previa entre agresor y víctima es posible desvanecer la capacidad de asertividad y eventual resistencia de la víctima respecto de actos concretos que atentan contra su dignidad y libertad (como la imposición de actos sexuales), que sin aceptarse, elegirse, o realizarse voluntariamente, simplemente se toleran y soportan como efecto del propio vínculo de sometimiento.

Todas estas consideraciones revelan que el hostigamiento sexual trasciende al libre desarrollo sexual como derecho individual, rebasa la concepción del hombre o mujer como únicos sujetos pasivos pues cualquiera de ellos puede ser sometido por esta conducta a la afectación de su dignidad como derecho humano y a su estabilidad emocional por lo que es visible la gravedad del delito cometido por el daño al bien jurídico protegido y sus alcances extensivos a otros derechos.

Es importante señalar que si bien la Ley Federal del Trabajo y la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia describen la conducta y en el caso de la primera ley señalada incluso contiene hipótesis y parámetros para su sanción, estos no pueden ser aplicados irrestrictamente o en supletoriedad de la descripción típica existente en el Código Penal Federal de hostigamiento sexual, esto por una cuestión de principios penales como el nullum crimen, nullum poena sine legepor el cual no puede haber delito ni pena si éstas no están contempladas en la ley y que por el principio de exclusividad de la ley penal sólo a esta corresponde la descripción típica de conductas delictivas y las sanciones que a ellas corresponden.

La posibilidad para individualizar la pena fijando un mínimo y un máximo se revela por la sola necesidad de establecer un criterio objetivo para el juzgador derivado de la afectación al bien jurídico protegido y las circunstancias específicas de la comisión del delito, el grado de reprochabilidad atribuible al sujeto activo se desprende que la forma de realización de la conducta no es otra que dolosa en su ánimo volitivo con el que busca además afectar la dignidad y el libre desarrollo sexual de la víctima, por todo ello y buscando en conjunto la viabilidad de lograr, mediante su aplicación, la resocialización de quien eventualmente sea sancionado por el delito en mención se propone como sanción la pena de prisión de dos a cuatro años y multa de 365 a 730 unidades de medida y actualización vigentes al momento de la comisión del delito.

Adicionalmente se conserva la agravante consistente en la destitución del cargo cuando el hostigador que sea servidor público y utilizare los medios o circunstancias que el encargo le proporcione para la comisión del delito.

Finalmente deberá pagar a la víctima el costo total del tratamiento médico que necesite, en la institución de salud que ésta elija siempre que se acredite su necesidad para reparar integralmente el daño provocado.

3. Propuesta Legislativa

1.Modificación del artículo 259 Bis del Código Penal Federal en los términos expuestos en los apartados anteriores.

2. Creación del artículo 259 Ter del Código Penal Federal para crear el delito de acoso sexual con base en que existe una estrecha relación entre la conducta del hostigador y la del acosador, separándoles únicamente que esta última puede realizarse exista o no entre el agresor y la víctima relación alguna para lo cual en obvio de repeticiones innecesarias se incorporan como argumentos para la creación de este delito las vertidas en el cuerpo de esta Iniciativa para el hostigamiento sexual con la distinción de que aquélla consiste en que el agresor de cualquier forma o por cualquier vía realice manifestaciones no recíprocas, de naturaleza o contenido sexual, a otra persona, pudiendo agotarse la conducta en un solo momento y proponiendo un ajuste en la sanción equivalente a la mitad de la prevista para el hostigamiento sexual conteniendo también el pago a la víctima el costo total del tratamiento médico en la institución de salud que ésta elija siempre que se acredite su necesidad.

3. La modificación y adición propuestas traen aparejada la modificación a su vez de la denominación del Capítulo I del Título Decimoquinto del Libro Segundo del Código Penal Federal pues en esta se encuentran orgánicamente incluidas y debe incluirse en él la existencia del delito de acoso sexual.

Por los razonamientos y argumentos vertidos en esta iniciativa, someto al conocimiento, análisis, valoración y dictamen correspondiente, el siguiente proyecto de

Decreto

Único.Se reforma el artículo 259 Bis, se crea el artículo 259 Ter y se reforma la denominación del Capítulo I del Título Decimoquinto del Libro Segundo, todos del Código Penal Federal, para quedar de la siguiente manera:

Capítulo IHostigamiento Sexual, Acoso Sexual, Abuso Sexual, Estupro y Violación

Artículo 259 Bis. A la persona que de cualquier forma o por cualquier vía realice manifestaciones no recíprocas, de naturaleza o contenido sexual, a otra persona con la que guarde una posición de superioridad derivada de una relación de hecho y/o jurídica se le impondrá de dos a cuatro años de prisión, multa de 365 a 730 unidades de medida y actualización vigentes al momento de la comisión del delito y pagará a la víctima el costo total del tratamiento médico en la institución de salud que esta elija siempre que se acredite su necesidad. Si el hostigador fuese servidor público y utilizare los medios o circunstancias que el encargo le proporcione, se le destituirá de su cargo.

La conducta a que se refiere este artículo puede agotarse en un solo momento y sus manifestaciones pueden entrañar o no, la intención del agresor de obtener acceso sexual a la víctima o causarle un perjuicio.

Sólo se procederá contra el hostigador, a petición de parte ofendida.

Artículo 259 Ter.Comete el delito de acoso sexual la persona que de cualquier forma o por cualquier vía realice manifestaciones no recíprocas, de naturaleza o contenido sexual, a otra persona y se le impondrá de uno a dos años de prisión, multa de 180 a 360 unidades de medida y actualización vigentes al momento de la comisión del delito y pagará a la víctima el costo total del tratamiento médico en la institución de salud que ésta elija siempre que se acredite su necesidad.

La conducta a que se refiere este artículo puede agotarse en un solo momento y sus manifestaciones pueden entrañar o no, la intención del agresor de obtener acceso sexual a la víctima o causarle un perjuicio.

Sólo se procederá contra el acosador, a petición de parte ofendida.

Transitorios

Primero.El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.Se derogan las disposiciones que se opongan al presente decreto.

Notas:

1 Diccionario de Derecho Procesal Constitucional y Convencional. Eduardo Ferrer Mac-Gregor, Fabiola Martínez Mejía y Giovanni A. Figueroa Mejía, Coordinadores. Víctor M. Martínez Bullé Goyri. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Jurídicas. Segunda Edición. México, 2014. Pág. 561

2 Ídem

3 Dignidad humana. Su naturaleza y concepto. Época: Décima Época. Registro: 160869. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Tipo de Tesis: Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro I, Octubre de 2011, Tomo 3. Materia(s): Civil. Tesis: I.5o.C. J/31 (9a.). Página: 1529

4 Dignidad Humana. Definición. Época: Décima Época. Registro: 160870. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Tipo de Tesis: Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro I, Octubre de 2011, Tomo 3. Materia(s): Civil. Tesis: I.5o.C. J/30 (9a.). Página: 1528

5 Derecho a la dignidad humana. Es connatural a las personas físicas y no a las morales. Época: Décima Época. Registro: 2004199. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Tipo de Tesis: Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 3. Materia(s): Constitucional. Tesis: VI.3o.A. J/4 (10a.). Página: 1408.

6 Diccionario de la lengua Española. Edición del Tricentenario. Real Academia Española. Asociación de Academias de la Lengua Española.  http://dle.rae.es/?id=3wfXz4F

7 Ídem

8 http://cnegsr.salud.gob.mx/contenidos/descargas/EquidadGenero/ IG_Polipt_hostigamiento_laboral.pdf. Hostigamiento y Acoso Sexual en el ámbito laboral. Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva. Gobierno Federal. 2010.

9 Hostigamiento sexual desde la perspectiva de los derechos humanos. Mtro. Jorge Alberto Ruiz Valderrama. http://www.defensoria.ipn.mx/ Documents/DDH9G/Modulo-7/PRESENTACION-HOSTIGAMIENTO.pdf

10 Clase de Instrumento: Tratado internacional Fecha de firma: 27 de junio de 1989 Fecha de entrada en vigor internacional: 5 de septiembre de 1991 Vinculación de México: 5 de septiembre de 1990 (Ratificación) Fecha de entrada en vigor para México: 5 de septiembre de 1991 DOF: 24 de enero de 1991

11 Clase de Instrumento: Tratado internacional Fecha de firma: 9 de junio de 1994 Fecha de entrada en vigor internacional: 5 de marzo de 1995 Vinculación de México: 12 de noviembre de 1998 (Ratificación) Fecha de entrada en vigor para México: 12 de diciembre de 1998 DOF: 19 de enero de 1999

12 Clase de Instrumento: Resolución de la Asamblea General (AG) de las Naciones Unidas Fecha: Aprobada y proclamada en la 85 sesión plenaria de la AG, el 20 de diciembre de 1993 Identificación Oficial: Resolución 48/104

13 Derecho al libre desarrollo de la personalidad. Aspectos que comprende. Época: Novena Época. Registro: 165822. Instancia: Pleno. Tipo de Tesis: Aislada. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXX, Diciembre de 2009. Materia(s): Civil, Constitucional. Tesis: P. LXVI/2009. Página: 7

14 Delitos sexuales. El hecho de que entre el activo y la pasivo hubiera existido una relación previa y tuvieran tiempo de conocerse, no es factor que imposibilite la existencia de actos de violencia física o moral hacia la víctima, derivados de un vínculo de sometimiento precedente de ésta con su agresor. Época: Décima Época. Registro: 2011917. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Tipo de Tesis: Aislada. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 31, Junio de 2016, Tomo IV. Materia(s): Penal. Tesis: II.2o.P.36 P (10a.). Página: 2889

15 Leyes Penales. Al examinar su constitucionalidad deben analizarse los principios de proporcionalidad y razonabilidad jurídica. Época: Novena Época. Registro: 168878. Instancia: Pleno. Tipo de Tesis: Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXVIII, Septiembre de 2008. Materia(s): Constitucional, Penal. Tesis: P./J. 102/2008. Página: 599.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de septiembre de 2016.— Diputada María Gloria Hernández Madrid (rúbrica)»

Se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen.

PROPOSICIONES

INCENDIO DEL BUQUE TANQUE BURGOS Y SE PROCEDA CONTRA QUIENES RESULTEN RESPONSABLES

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los gobiernos federal y local a dar seguimiento a las investigaciones para conocer las causas del incendio del buque tanque Burgos, proceder contra quienes resulten responsables, y mitigar y remediar los daños materiales y ambientales generados, a cargo de la diputada Noemí Zoila Guzmán Lagunes, del Grupo Parlamentario del PRI

Las suscritas diputadas federales de la LXIII Legislatura, Noemí Zoila Guzmán Lagunes y María del Carmen Pinete Vargas, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a la consideración del pleno de esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se solicita que esta Honorable Cámara de Diputados, exhorte tanto al gobierno local como federal a que se le dé cabal seguimiento a las Investigaciones para saber las causas que originaron la explosión e incendio del buque tanque Burgos y se proceda contra quienes resulten responsables, así como mitigar y remediar los daños materiales y ambientales generados. De igual forma, se aplique la supervisión, inspección y vigilancia de los demás buque tanques a su cargo y se realicen las medidas necesarias para prevenir, en lo posible, accidentes similares, bajo los siguientes:

Considerandos

El día sábado 24 de septiembre del presente año, el buque tanque Burgos propiedad de la empresa productiva del Estado Pemex que transportaba poco más de 160 mil barriles de gasolina y diésel proveniente de la terminal marítima de Ciudad Madero, Tamaulipas, sufrió un incendio en dos de los tanques situados en la proa, este grave accidente ocurrió frente a las costas de la ciudad de Boca del Rio, en el estado de Veracruz y a una distancia de 3.8 millas náuticas de la costa y visible desde el boulevard costero de este municipio, mientras se encontraba anclado en la zona de fondeo.

En el buque tanque Burgos se encontraban a bordo 31 personas, que gracias a la aplicación correcta y oportuna de los protocolos de seguridad permitió que la totalidad de la tripulación fuera evacuada ilesa, con el apoyo de personal y embarcaciones de la Semar.

Inmediatamente se detonó el plan de respuesta a emergencias utilizando los equipos y sistemas contra incendio en el que intervino personal de Pemex, la Secretaría de Marina Armada de México (Semar), la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la Administración Portuaria Integral (API) de Veracruz, la Autoridad Marítima Portuaria de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y las autoridades estatales sofocaron el fuego.

La coordinación entre las distintas instancias hizo posible contener el incendio mediante el uso masivo de agua de mar y líquido espumante (AFFF y agua ligera) y la colocación oportuna de barreras de contención, contabilizando casi 100 personas este esfuerzo.

Desde el principio, las autoridades estatales medioambientales y funcionarios de Procuraduría Federal de Protección al Ambiente Profepa y Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente ASEA, han acompañado el proceso para identificar un posible daño ambiental en la mar y zona de arrecifes costeros. Asimismo, el director general de Pemex llegó a supervisar el ataque a la emergencia y los esfuerzos del personal de su empresa y a coordinarse con las instancias gubernamentales estatales y federales presentes.

Profepa y ASEA del gobierno federal informaron que al extinguirse el incendio se observaron remanentes de hidrocarburos flotando (iridiscencias) y ordenaron las acciones de urgente aplicación para la su contención y recuperación correspondiente.

En este tema, Semar informó que la mancha de hidrocarburo era de 30 metros de largo por 15 metros de ancho y que ellos están procediendo a recolectar él hidrocarburo con sus naves desplegadas en sitio.

Al momento, se desconocen las causas que dieron origen al siniestro, por lo que se colocó de manera preventiva un cerco de barreras para contener posibles derrames de hidrocarburo y se descartaron riesgos a la seguridad de la población y de instalaciones portuarias cercanas al lugar. Este evento indeseado, pudo convertirse en la mayor tragedia ecológica en la zona, que hubiera afectado la industria pesquera y el turismo, además de un daño irreparable los arrecifes coralinos declarados como zona natural protegida, los más importantes del país.

El incendio se produjo tras una serie de incidentes en los últimos años que han afectado a Pemex, una de las mayores petroleras del mundo.

Además de que el pasado 20 de abril, como es de conocimiento, más de 30 personas murieron y decenas resultaron heridas tras una explosión en una planta petroquímica operada por Mexichem en coordinación con Pemex en el sureste del estado de Veracruz y otros incidentes más, muy lamentables, sobre todo, para el pueblo veracruzano.

¿Por qué un barco de tan sólo tres años de uso ya estaba en posición tan vulnerable? ¿Cómo están los sistemas de seguridad del resto de la flota de Pemex? No se debe minimizar el riesgo y debe exigirse el respeto a los protocolos de seguridad, pues un nuevo accidente como éste, podría tener conclusiones funestas para la vida de los tripulantes, para la ecología marina y para el patrimonio de los mexicanos, que administra Pemex.

Fortuitamente el accidente no ocurrió mar adentro, ya que seguramente hubiese habido que lamentar la vida de sus 31 tripulantes, la pronta actuación y la cercana ubicación del buque, permitió que fuesen rescatados desde el principio del suceso.

Las redes sociales publicaron que el acontecimiento era visible desde el boulevard costero de Veracruz y Boca del Río, el cual prevaleció durante toda la tarde y noche hasta pasado mediodía del sábado, cuando se pudo combatir el fuego, conteniendo el mayor riesgo, que era el derrame de hidrocarburos sobre el mar. Según versiones de algunos medios de comunicación al parecer hubo también un fallo de las bombas que toman agua de mar para combatir un incendio, lo cual hubiese cortado de inicio el peligro, al iniciarse el fuego ninguno de los tres sistemas de seguridad propios del buque lograron activarse.

Para evitar un riesgo significativo en el habitad marina y terrestre es muy importante que se lleven a cabo acciones para enfrentar el frente frio número 2 (norte) y la surada previa que provocarán diversas afectaciones en territorio veracruzano en las subsecuentes horas, que pudieran arrastrar o llevar a pique al buque tanque Burgos ocasionando una tragedia mayor.

Por lo antes expuesto, sometemos a la consideración de esta Honorable Cámara de Diputados, la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Único. Que esta Honorable Cámara de Diputados, exhorte tanto al gobierno local como federal a que se le dé cabal seguimiento a las investigaciones para saber las causas que originaron la explosión e incendio del buque tanque Burgos y se proceda contra quienes resulten responsables, así como mitigar y remediar los daños materiales y ambientales generados. De igual forma, se aplique la supervisión, inspección y vigilancia de los demás buque tanques a su cargo y se realicen las medidas necesarias para prevenir, en lo posible, accidentes similares.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los cuatro días del mes de septiembre de dos mil dieciséis.— Diputada Noemí Guzmán Lagunes (rúbrica).»

Se remite a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen.

SANCIONAR A LOS FUNCIONARIOS RESPONSABLES DE LAS IRREGULARIDADES QUE NO PERMITIERON LA PARTICIPACIÓN DE LOS DEPORTISTAS PARALÍMPICOS

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Conade a instaurar medidas a fin de esclarecer y, en su caso, sancionar a los funcionarios responsables de las irregularidades que impidieron la participación de los atletas en la competencia de natación de relevo de 4 x 50 metros mixtos en los Juegos Paralímpicos de Río de 2016; y para lograr una coordinación efectiva con los Comités Olímpico Mexicano, y Paralímpico Mexicano, a cargo de la diputada Brenda Velázquez Valdez, del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita diputada Brenda Velázquez Valdez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por la fracción II, del numeral 1 y la fracción III numeral 2 del artículo 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración de esta soberanía, la presente proposición con punto de acuerdo, con base en las siguientes:

Consideraciones

Lo que ocurrió en los Juegos Olímpicos de Río 2016 es una muestra más de la situación actual por la que atraviesa el país: ineficiencia, corrupción, improvisación, cinismo, abuso de poder, y para terminar, impunidad. Y a pesar de todo ello, no pasa nada.

Nuestro país terminó su participación en esos juegos, cuestionado, no por la calidad de sus deportistas, sino por la mala administración gubernamental en la materia, por el proceder de las autoridades encargadas de la política nacional del deporte y la cultura física. Fueron 15 días llenos de cuestionamientos dirigidos al titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), por parte de las asociaciones deportivas, del Congreso de la Unión, de los deportistas, de los medios de comunicación y de ciudadanos a través de las redes sociales.

Lo cual derivó en la comparecencia del director general de la Conade ante el Congreso de la Unión; sin embargo, el funcionario se presentó a esta reunión con el aval del presidente Peña Nieto. El premio ante su proceder fue la ratificación en su puesto, sin importar los malos resultados y las diversas irregularidades que se presentaron durante los Juegos Olímpicos de Río 2016.

Pues bien, durante la participación de los deportistas paralímpicos mexicanos en los Juegos Paralímpicos de Río 2016; se presenta de nuevo la actuación irresponsable de funcionarios del deporte que deriva en una afectación mayor a una deportista medallista paralímpica.

El caso de la deportista Doramitzi González y de sus compañeros, fue divulgado por ella misma, a través de un video en las redes sociales. El pasado viernes 9 de septiembre Doramitzi González Hernández, multimedallista paralímpica mexicana, y sus compañeros Nely Miranda, Gustavo Sánchez y Raúl Martínez, estaban listos para representar a México en el relevo de 4x50 metros mixto y conseguir su sueño de ganar una medalla. El sueño se vio frustrado porque un grupo de funcionarios mexicanos no llegaron a inscribirlos.

Las inscripciones eran a las 9:30 de la mañana para el relevo de 4x50 metros mixto, pero la Jefatura de Misión no llegó a tiempo para entregar la papeleta con los nombres de los atletas que iban a competir ese día.

Lo peor de todo, en estas omisiones por parte de los funcionarios responsables, es que no informan a los deportistas. La medallista Doramitzi González señala que se enteró de lo que había pasado hasta aproximadamente a las 13:30 horas del día, cuando su entrenador le explicó la situación.

Aunado a ello, tuvieron que pasar 12 horas para que Alfredo Castillo, titular de la Conade, hablara con los atletas. Eran las 21:00 horas y fueron los deportistas quienes le explicaron lo que había pasado. De acuerdo a la deportista él no estaba enterado de la situación. La excusa que dieron los funcionarios fue que el transporte está mal y les impidió llegar a tiempo. Para los deportistas este es un argumento indefendible, toda vez que el inconveniente del transporte es para todos los que participan en los juegos, y ellos no faltan a los entrenamientos o competencias, ya que tienen claros los horarios en que deben presentarse.

Esta incompetencia les quitó a los deportistas afectados la oportunidad de ganar una medalla más. La frustración e impotencia de los deportistas paralímpicos se refleja en las palabras de Doramitzi González Hernández, cuando en su video dice: “Eso pasa por llevar a gente que no sabe y perdimos una medalla (...). Ellos no me van a dar todo lo que me tocaba; interrumpen tus sueños solo por una estupidez de llegar tarde”.

Por lo anteriormente expuesto, presento a su consideración la siguiente proposición con:

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, para que instrumente las medidas necesarias con el objetivo de esclarecer y, en su caso, sancionar a los funcionarios responsables de las irregularidades que no permitieron la participación de los deportistas paralímpicos Doramitzi González Hernández, Nely Miranda, Gustavo Sánchez y Raúl Martínez, en la competencia de natación de relevo de 4x50 metros mixtos, en los Juegos Paralímpicos de Río 2016.

Segundo.La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, a efecto de que instrumente las acciones necesarias para lograr una efectiva y adecuada coordinación con el Comité Olímpico Mexicano y el Comité Paralímpico Mexicano, con el objeto de eliminar las afectaciones a los deportistas mexicanos en las competencias nacionales e internacionales.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 4 días del mes de octubre de 2016.— Diputada Brenda Velázquez Valdez (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Deporte, para dictamen.

CUMPLIR LOS OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2013-2018, EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SCT a generar acciones y condiciones para cumplir los objetivos y las estrategias del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 en materia de infraestructura, a cargo del diputado Ricardo Ángel Barrientos Ríos, del Grupo Parlamentario del PRD

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 6, numeral 1, fracción I, 79, numeral 1, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, los suscritos, someten a consideración de este Pleno, y solicitan se turne a la Comisión de Infraestructura, dentro de las consideraciones de la Mesa Directiva, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

Desde que el Gobierno de la República que encabeza el presidente Enrique Peña Nieto, inició con su labor en la construcción del Plan Nacional de Desarrollo de su administración, la participación de la sociedad con sus diversos y numerosos sectores, fueron imprescindibles para tal empresa.

México, a través de sus foros ciudadanos, de forma democrática, pudo conocer las inquietudes de los múltiples sectores que convergen en el país, tales como el campesino, empresarial, obrero; y priorizar así, los objetivos que el país demanda.

Dentro de la meta nacional “México Próspero” se manifestó la necesidad de impulsar la infraestructura que posibilite al país hacía un crecimiento sostenido y además, sustentable, que permitan introducirnos en la competitividad que los mercados, en la actualidad, convocan.

La infraestructura es uno de los rubros en dónde México ha logrado mucho a través de su historia, sin embargo, hoy, el contexto global, demanda que la infraestructura a lo largo y ancho del país, sea de primer calidad, coadyuvando así, a que cualquier tipo de persona, pueda sin obstáculos transportar sus artículos y/o servicios.

Entre los sectores de la infraestructura en modo de transporte con las que cuenta México, destacan las vías ferroviarias, carreteras, marítimo-portuarios, aeroportuarias, que día con día permiten movilizar y transportar productos y servicios a lo largo y ancho del país.

Es claro que la creación de nueva infraestructura y el mantenimiento de la ya existente, exige calidad, que consolide, mejore y modernice las rutas comerciales, para así fomentar el crecimiento económico, y posteriormente, el desarrollo económico; y lograr así, que México camine al desarrollo pleno.

El Plan Nacional de Desarrollo marcó la Estrategia 4.9.1 “ Modernizar, ampliar y conservar, la infraestructura de los diferentes modos de transporte, así como mejorar su conectividad bajo criterios estratégicos y de eficiencia” como pilar, para lograr el Objetivo 4.9 “ Contar con infraestructura de transporte que se refleje en menores costos para realizar actividad económica”.

Es plausible la capacidad de competitividad que tienen entidades de nuestro país, por contar con una infraestructura amplia, tales como la Ciudad de México, Nuevo León, Querétaro, Jalisco; sin embargo, Estados como Guerrero, Chiapas, Oaxaca y Zacatecas quedan en el rezago del Índice de Competitividad de las Entidades Federativas Mexicanas 2010, en donde la infraestructura juega un papel primordial.

Por ello es imprescindible que las entidades de nuestro país aumenten su infraestructura, de acuerdo al Plan Nacional de Desarrollo, para que con ello se genere, una mayor competitividad del país.

Ante tal coyuntura que convoca acciones de gran magnitud en esta materia, resulta necesario exhortar a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a que se cumplan cabalmente las estrategias y objetivos de dicho Plan Nacional de Desarrollo, con el único objetivo de que veamos un México próspero para todos.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de este pleno, el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, a que se generen las acciones y condiciones para el cumplimiento de los objetivos y estrategias del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 en materia de infraestructura.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de octubre de 2016.— Diputado Ricardo Ángel Barrientos Ríos (rúbrica).»

Se remite a la Comisión de Infraestructura, para dictamen.

EXPEDIR UNA NORMA OFICIAL MEXICANA EN MATERIA DE CONTAMINACIÓN ODORÍFERA

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Semarnat a expedir una norma oficial mexicana en materia de contaminación odorífera, a cargo de la diputada Alma Lucia Arzaluz Alonso e integrantes del Grupo Parlamentario del PVEM

El que suscribe, diputada Alma Lucia Arzaluz Alonso, en nombre de los diputados federales del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta honorable asamblea, la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El olor es percibido por nuestro cerebro en respuesta a sustancias químicas presentes en el aire que respiramos. Formalmente puede considerarse que éste es un efecto de esas sustancias sobre nosotros.

Los seres humanos tenemos un sentido del olfato muy sensible que puede detectar olores aun cuando esas sustancias químicas tienen concentraciones muy bajas. La mayoría de los olores son una mezcla de múltiples elementos químicos que interactúan para producir lo que nosotros detectamos como olor. El aire libre o limpio no contiene sustancias químicas aromáticas (en el sentido de que despiden olor). El aire fresco generalmente se percibe como un aire libre de contaminantes o químicos que pueden causar daño, es sinónimo de que huele a “limpio”. El aire fresco puede contener algún olor, pero éstos usualmente son percibidos como placenteros. En el peor de los casos, los olores del aire limpio estarán siempre bajo los límites detectables por los seres humanos.

Diferencias en la historia de cada persona y la variabilidad natural en la población pueden resultar en respuestas de sensaciones y emociones distintas de los individuos a un mismo olor. Debido a que la respuesta a un olor es sintetizada en el cerebro, otros sentidos como la vista o el gusto, e incluso un factor como la educación, pueden influir en la percepción de olores y la consideración de si éste es aceptable, objetable o molesto.

De la misma manera en que se regula o se establecen límites para reglamentar la contaminación visual y auditiva, se requieren umbrales y criterios para mantener la condición de salud y confort de los individuos en cuanto se refiere al sentido del olfato. Los mismos argumentos de derecho utilizados para el oído o para los ojos en cuanto a lo que perciben, pueden servir para el espacio olfativo de la sociedad. Esto no implica que sea igual o menos difícil de impulsar, sino todo lo contrario.

Independientemente de la fuente, sea esta industrial (una fábrica o un basurero), comercial (por ejemplo un restaurante), o simplemente la alcantarilla del drenaje, los malos olores son un problema ambiental.

Experiencia Internacional

Se puede decir que las tendencias actuales para controlar y medir los olores están asociadas al “manejo cuantitativo”, cuya normatividad intenta primordialmente definir los niveles donde no hay “una causa razonable de molestia” que, a su vez, se basa en la medición de las emisiones y modelos de dispersión para definir la exposición y los criterios que derivan de estudios de dosis-respuesta. Este desarrollo ha conducido a una introducción gradual de normas y guías (lineamientos o procedimientos) que dependen de la cuantificación de impactos y de criterios para determinar la “exposición aceptable” a los olores.

Así, la mayoría de los países, particularmente los europeos, están transitando de la regulación y control de los malos olores que se realizaba a través de autoridades locales, hacia agencias ambientales especializadas que tienen marcos normativos más genéricos (por ejemplo, el que rige para toda Europa). Estas regulaciones antes eran impulsadas y vigiladas particularmente por las autoridades en materia sanitaria.

Sabemos de la complejidad que representa regular el tema de la contaminación odorífera, pues la experiencia a nivel internacional es todavía escasa. En este sentido, consideramos que la emisión de una norma que establezca regulaciones técnicas que contengan especificaciones, parámetros y metodología de evaluación en materia de olores no constituye por sí misma una solución al problema de la contaminación odorífera, pues esto sería apenas el primero de una serie de pasos intermedios y secuenciales para generar soluciones integrales. No obstante, consideramos importante que se dé este primer paso a efecto de controlare la contaminación de este tipo y así dar cabal cumplimiento a lo establecido en nuestra Carta Magna en el sentido de garantizar un medio ambiente sano.

Aunado a lo anterior, es menester precisar que la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, en su artículo 5o., establece que la Federación tiene facultades para:

V. La expedición las normas oficiales mexicanas y la vigilancia de su cumplimiento en las materias previstas en esta Ley,

XV. La regulación de la prevención de la contaminación ambiental originada por ruido, vibraciones, energía térmica, lumínica, radiaciones electromagnéticas y olores perjudiciales para el equilibrio ecológico y el ambiente.

Partiendo de la base de que existe pleno fundamento legal para emitir una norma ambiental en materia de contaminación odorífera, es evidente la necesidad de establecer criterios objetivos y generales para determinar cuándo un olor puede convertirse en un riesgo para la salud de la población y para el medio ambiente.

Por lo aquí expuesto, ponemos a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único.La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para que, en el ámbito de sus atribuciones, expida una norma oficial mexicana en materia de contaminación odorífera.

Nota:

1 Asesoría Jurídica Ambiental. Estudio sobre la Viabilidad de una Norma Ambiental para el Distrito Federal en Materia de Emisiones Contaminantes de Olores. Elaborado por Cuauhtémoc León, Gustavo Alanís y Juan Carlos Carrillo (en línea). (ref. de febrero de 2007). Disponible en la Web: http://centro.paot.org.mx/documentos/paot/estudios/estudioolores.pdf

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de octubre de 2016.— Diputados: Alma Lucia Arzaluz Alonso, Jesús Sesma Suárez (rúbricas).»

Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen.

REVISE LA REFORMA ENERGÉTICA Y SE DÉ UNA SOLUCIÓN AL PROBLEMA DE DESEMPLEO QUE ENFRENTA TABASCO Y CAMPECHE

«Proposición con punto de acuerdo, por el cual se exhorta al Ejecutivo federal, a la SHCP, a la Segob y a Pemex a revisar la reforma energética y solucionar el desempleo que enfrentan Tabasco y Campeche, a cargo de la diputada Guadalupe Hernández Correa, del Grupo Parlamentario de Morena

La que suscribe, diputada Guadalupe Hernández Correa, del Grupo Parlamentario de MORENA, ante la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, numeral 1, fracción II, numeral 2 y 3, y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta Honorable Cámara de Diputados el presente punto de acuerdo al tenor de la siguiente:

Antecedentes

México cuenta con cuatro entidades que se caracterizan por ser primordialmente petroleras, las cuales son Campeche, Tabasco, Tamaulipas y Veracruz.

La Reforma Energética que el presidente Enrique Peña Nieto anuncio con bombo y platillo, con la cual se generarían más empleo y existiría mayor inversión en los estados petroleros, esto no ha sido así puesto que Petróleos Mexicanos (PEMEX) fue afectado por el recorte presupuestal que anuncio el Secretario de Hacienda y Crédito Público en marzo pasado, esto trajo consigo graves consecuencias, a las entidades petroleras del país.

En él mercado petrolero no se vislumbra un repunte en las cotizaciones del crudo durante un corto plazo, porque el planeta, simple y llanamente, está inundado de oro negro. La estrategia de torpedear las inversiones estadounidenses impulsa una caída libre de los precios del petróleo, con el fin de que sus pozos petroleros dejen de ser rentables, cierren y se reequilibre el mercado gracias a una menor oferta, no ha terminado de funcionar.

El resultado de esta estrategia ha traído graves consecuencias, llegando a que el precio del barril del West Texas Inter­mediate (WTI) se ha desplomado más de 50% desde junio del año pasado. Y en un principio la reacción fue la esperada; por el buen número de plataformas petroleras que empezaron a perder dinero y cerraron sus puertas.

Desde octubre del año pasado, cuando se alcanzó un récord de 1,609 pozos abiertos, han cerrado casi la mitad, para situarse en 813 pozos a finales de marzo.

Lo más preocupante de este asunto es que el desempleo se ha incrementado, en estos estados petroleros mexicanos; Tabasco que es uno de los estados que ha tenido los ingresos Per Cápita más altos en el país, pero esta enfrentando una severa crisis, a raíz de la entrada en vigor de la Reforma Energética.

Tabasco se ubicó en primer sitio en tasa de desempleo superando a la Ciudad de México, la cual registró una tasa de desempleo de 5.2% por ciento, seguido por el Estado de México, con 5.1% por ciento, y Querétaro, con 4.6% por ciento.

Incluso, Tabasco está por encima de Campeche, entidad que también es afectada por el desempleo derivado de la “crisis petrolera”, donde se registró una tasa de desempleo de 3.3% por ciento.

De acuerdo a la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) que realizó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), Tabasco ocupa el primer lugar en desempleo, al terminó del mes de marzo, la tasa de desempleo fue de 7.4% por ciento, en febrero 7.8% y en enero 7.7%.

En marzo, fueron siete mil empleados del sector petrolero que fueron despedidos, dando el total de diez mil, esto significa que en un mes los despidos aumentaron, llegando a ser 42.8% por ciento.

En abril, a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCyA) acudieron tres mil personas a interponer denuncia por despido injustificado.

La pérdida de plazas laborales se agudizo durante este año, a raíz del recorte de 100 mil millones de pesos al presupuesto de la empresa petrolera.

De acuerdo con la JLCyA, las quejas presentadas por despidos injustificados, el 70% por ciento son contra compañías subcontratistas de Pemex del sector de hidrocarburos.

Si se habla de que el desempleo en la entidad era de 0.9% por ciento, este paso a ser de 6.5 % por ciento hablando solo del quinto mes del año pasado y se vuelve a incrementar  este año para llegar a ser 7.4 % por ciento al cierre del quinto mes.

En consecuencia, a estos recortes presupuestales, el ejecutivo federal anunció el 4 de mayo del presente año una serie de medidas para reactivar las economías de Tabasco y Campeche, que son los estados más golpeados por la crisis petrolera.

Dentro de estas medidas se consideró, el pago inmediato de Petróleos Mexicanos (Pemex) a empresas tabasqueñas y campechanas para que tuvieran liquidez, beneficios fiscales y se duplicaran las inversiones de las Secretarías de Desarrollo Social, la Secretaría Economía, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la Secretaría de Trabajo y Previsión Social y por último la Secretaria de Turismo. Hasta la fecha no se ha visto resultado o mejora alguna.

A pesar de esto el 26 de junio la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo (SDET) del gobierno estatal reconoció que con todo y los programas federales que se han implementado después de estas medidas, no se ha logrado revertir el desempleo en Tabasco.

Según la delegada de Tabasco del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) tuvo una caída en el número de empresas afiliadas de casi el 10% por ciento en los últimos seis meses, es decir, que mil empresas dejaron de operar, al pasar de las 10 mil a las 9 mil empresas registradas, esto lo reveló la delegada de este organismo Karma Piligram Santos. También reconoció que esto representaba una baja en derechohabientes del 8.52% por ciento, al pasar de los 180 mil afiliados a 179 mil asegurados, en tan solo en el último año.

Es en efecto el fracaso de las reformas neoliberales, que solo vienen a saquear los recurso naturales del país donde solo se benefician las grandes compañías extranjeras y políticos corruptos han derivado en una crisis económica y de seguridad publica en nuestro país y particularmente en el estado de Tabasco y Campeche.

El gobierno de Tabasco ha actuado con mucha suavidad ante la crisis que actualmente se vive en el estado, en conjunto con el gobierno federal; mientras que miles de personas desempleadas tratan de sobrevivir día a día.

Las derivaciones de esta reforma estructural, han traído graves consecuencias a las pequeñas empresas, como ejemplo el Triunfo, uno de los pequeños negocios que forman parte del corredor gastronómico Biji Yokot’an, ubicado sobre la carretera Villahermosa-Nacajuca, donde las ventas se han desplomado hasta 80%, porque los que compraban eran los obreros que laboran para las compañías petroleras, los cuales han sido despedidos y se han marchado.

Unas 50 comunidades de Tabasco, cuya economía depende del petróleo, están siendo golpeadas directamente por la falta de empleo en empresas petroleras y en Pemex, lo que ha provocado que los obreros que laboraban en esas empresas deambulen por los pueblos. Jóvenes de poblaciones cercanas a campos petroleros en Centro, Cunduacán, Jalpa de Méndez, Comalcalco y Paraíso, principalmente, fueron despedidos por las empresas que se quedaron sin contrato.

Algunos se arremolinan a las afueras de las compañías en busca de ser recontratados, otros se emplean en el campo, y otro grupo más presenta demandas en Conciliación y Arbitraje, en busca de su pago por liquidación.

Las comunidades más afectadas son Anacleto Canabal, González, Lázaro Cárdenas, Plátano y Cacao, Tucta, Mazateupa, Oxiacaque, Olcuatitán, entre otras, cuya economía depende del trabajo de sus pobladores en empresas petroleras.

Hoy en día el petróleo se vende muy barato, a continuación se presenta como se saca el resultado por litro de crudo:

157 Litros por barril / 36.82 = 4.26 por litro de crudo

En cuanto a esta cifra podemos ver que el crudo se vende muy barato para todo el trabajo que lleva extraerlo y ahora con esta reforma estructural este salió perdiendo.

En virtud de las razones antes expuestas presento ante esta soberanía la siguiente proposición con:

Puntos de acuerdo

Primero:Se exhorta al Ejecutivo Federal, a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, a la Secretaria de Gobernación y a los representantes de PEMEX para que se revise la Reforma Energética y se de una solución al problema de desempleo que enfrenta Tabasco y Campeche.

Segundo: Se exhorta a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público para que haga público los resultados del  programa emergente que entró en vigor el pasado 4 de mayo en el estado de Tabasco y Campeche, dado que la crisis petrolera ha afectado en gran mayoría a estos estados y a efecto de consolidar una estrategia eficaz contra el desempleo.  

Tercero: Se exhorta al Instituto Nacional del Emprendedor, la Secretaria de Economía y la Secretaria de Hacienda y Crédito Público a que den solución para que las pequeñas y medianas empresas que se encuentran en estos estados no se vean afectadas y tengan que cerrar sus puertas por la crisis que enfrentan estos estados.

Notas:

1 http://scl.io/GB1XZ74i#gs.cBMOkOU

2 http://www.cronica.com.mx/notas/2016/960093.html

3 http://www.proceso.com.mx/445596/crece-desempleo-en-tabasco-respecto-al-2015

4 http://www.la-verdad.com.mx/cierran-mil-empresas-tabasco-68862. html

5 http://www.excelsior.com.mx/nacional/2016/05/16/1092855#imagen-2

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de octubre de 2016.— Diputada Guadalupe Hernández Correa (rúbrica).»

Se remite a la Comisión de Energía, para dictamen.

INCLUSIÓN DE LA HIPERTENSIÓN PULMONAR Y SUS CINCO TIPOS DERIVADOS, EN EL CATÁLOGO DE INTERVENCIONES CUBIERTAS

«Proposición con punto de acuerdo, relativo a la inclusión de la hipertensión pulmonar y sus cinco tipos derivados en el catálogo de intervenciones cubiertas por el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos del Catálogo Universal de Servicios de Salud, a cargo de la diputada Claudia Sofía Corichi García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Claudia Sofía Corichi García, Diputada Federal, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXII Legislatura de la H. Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 79, numeral 1, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración del pleno la presente proposición con Punto de Acuerdo por el que la Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Salud a incluir la Hipertensión Pulmonar y sus cinco modalidades, en el catálogo de Intervenciones cubiertas por el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos del Catálogo Universal de Servicios de Salud, y éstas sean incluidas en el Fideicomiso del Sistema de Protección en Salud bajo el tenor de los siguientes:

Exposición de Motivos

Una buena salud es uno de los elementos centrales para el desarrollo de una vida productiva, longeva y de calidad. Una salud adecuada permite que el organismo de una persona se mantenga en las condiciones necesarias para cumplir desde la individualidad, un rol positivo para la sociedad a la que pertenece. La salud es a su vez, el reflejo de su entorno. No es posible imaginar la prosperidad de una nación si ésta sufre de rezagos considerables en la atención a la salud de sus ciudadanos, por lo que todo lo que aporte a tener una mejor salud, debe considerarse como una de las obligaciones prioritarias de todos los Estados y todas las sociedades.

El tema de la salud ha cobrado tal importancia, que el 12 de diciembre de 2012, el pleno de las Naciones Unidas, aprobó un resolutivo mediante el que se insta a los gobiernos a adoptar medidas para garantizar a todos el acceso a servicios de salud asequibles y de calidad, ya que ésta es considerada como un factor indispensable para el desarrollo mundial sostenible.

Así pues, la modernidad ha colocado en una dimensión global a un tema que solía enmarcarse dentro de la individualidad. Una persona que carece de salud representa en los hechos, un pasivo personal, familiar, nacional y global: en la medida en que se recuperen las mejores condiciones de salud posibles, se mejorarán las posibilidades de un porvenir mucho más armonioso para todos.

En ese sentido, uno de los temas que han cobrado relevancia en los últimos años, ha sido el relativo a las enfermedades catastróficas, definidas éstas por la Organización Mundial de la Salud como aquellas cuyo tratamiento involucra un costo directo igual o superior al 40% del ingreso del hogar donde hay un paciente afectado. Un estudio de Esteban Lifstchitz,  Consultor de la OMS, revela que alrededor de 150 millones de personas en todo el mundo cada año sufren efectos catastróficos sobre sus economías domésticas por padecer, ellos o sus parientes, enfermedades que requieren tratamientos de alto costo. De ellos, alrededor de 100 millones caen bajo la línea de pobreza y el 90% de estos últimos viven en países en desarrollo, como el caso de México. Es en función de ese impacto económico que se denomina enfermedades catastróficas a un conjunto de patologías que empobrecen a quienes las padecen.

Otra característica de estas patologías es que generan severos daños en la salud de quien las padece. Se trata en general de enfermedades cro?nico-degenerativas o infectocontagiosas que se cronifican y son causantes de discapacidad y muerte.

En el caso específico de nuestro país, el 15 de mayo de 2003, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, que en su artículo 77 Bis 29, establece que se considerarán gastos catastróficos a los que se derivan de aquellos tratamientos y medicamentos asociados, definidos por el Consejo de Salubridad General, que satisfagan las necesidades de salud mediante la combinación de intervenciones de tipo preventivo, diagnóstico, terapéutico, paliativo y de rehabilitación.

En ese mismo sentido, el Consejo de Salubridad General, con fundamento en los artículos 73 fracción XVI Base 1a. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 15, 16, 17 y 77 Bis 29 de la Ley General de Salud; 5 fracción IV, y 12 del Reglamento Interior del Consejo de Salubridad General, aprobó el ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECE LA COMISION PARA DEFINIR TRATAMIENTOS Y MEDICAMENTOS ASOCIADOS A ENFERMEDADES QUE OCASIONAN GASTOS CATASTROFICOS, que en su artículo Cuarto refiere que:

Para el cumplimiento de su objeto corresponderá a la Comisión:

I. Definir los tratamientos y medicamentos asociados a enfermedades que ocasionan gastos catastróficos;

II. Revisar permanentemente los tratamientos y medicamentos asociados a enfermedades que ocasionan gastos catastróficos con el fin de efectuar su actualización, de conformidad con los requerimientos de la salud y de los avances de la ciencia médica y la tecnología a través de la revisión de las guías clínico-terapéuticas, tanto del acervo nacional como internacional, de la medicina basada en evidencias, protocolos, algoritmos y rutas críticas;

III. Someter a la aprobación del Consejo la permanente actualización de los tratamientos y medicamentos asociados a enfermedades que ocasionan gastos catastróficos, y

IV. Proponer al Consejo la actualización de las Categorías.

Tomando en cuenta la importancia del reconocimiento explícito que existe sobre la necesidad de la “permanente actualización de los tratamientos y medicamentos asociados a enfermedades que ocasionan gastos catastróficos”, y bajo los siguientes:

Considerandos

La Hipertensión Pulmonar es una enfermedad Rara, Grave, Incapacitante y Progresiva del Sistema Cardiovascular, que causa vasoconstricción de las arterias pulmonares, incrementando la presión de los pulmones, poniendo en resistencia el lado derecho del corazón y provocando su crecimiento, por lo que se considera una enfermedad que genera gastos catastróficos por el elevado costo del tratamiento.

Existen cinco grupos principales de Hipertensión Pulmonar, a saber:

1.- Hipertensión Arterial Pulmonar. (HAP).

2.-Hipertensión Pulmonar debido a Enfermedad Cardiaca Izquierda.

3.- Hipertensión Pulmonar asociada con Enfermedades Pulmonares.

4.- Hipertensión Pulmonar Tromboembólica Crónica. (HPTEC).

5.- Hipertensión Pulmonar con multimecanismos factoriales no claros.

Para la Hipertensión Pulmonar Arterial se considera una prevalencia de 32.5 casos por cada millón de ciudadanos, por lo que en el caso de nuestro país, estaríamos estimando una cifra cercana a los 3,900 casos.

Por su parte, la incidencia de Hipertensión Pulmonar Tromboembólica Crónica estima una prevalencia de 13 casos por cada millón de ciudadanos, lo que significaría que la estimación para nuestro país es de 1,578 casos.

Uno de los muchos problemas a los que se enfrenta la atención de éstos padecimientos tiene que ver con el Código ICD, que es un estándar mundialmente introducido y regulado por la Organización Mundial de la Salud. Cada Código es una clasificación específica para una sola enfermedad o condición, y los mismos deben incluirse en el expediente clínico del paciente, lo que permite clasificar consistentemente a las enfermedades.

En la versión actual del Código (ICD-10), se incluye a la Hipertensión Pulmonar, pero no permite la diferenciación entre sus diferentes tipos. Un ejemplo claro de ello es que la HAP Y LA HPTEC está clasificadas dentro del mismo Código, lo cual puede ser confuso, especialmente para médicos no expertos en el tema. El ICD-10 no está alineado con la actual clasificación de la Hipertensión Pulmonar ni con las recomendaciones de las guías clínicas.

La nueva publicación del Código (ICD-11) está prevista para el año 2018, y en la misma se introducirán códigos individuales para dos diferentes tipos de HP: un Código para la HAP y otro para la HPTEC.

La tardanza en el proceso de publicación del ICD-11, afecta de manera directa a todos aquellos que padecen cualquier tipo de Hipertensión Pulmonar, lo justifica la necesidad urgente de incluir a los cinco tipos de Hipertensión en el Catálogo de Intervenciones de la Secretaría de Salud.

De acuerdo a lo estipulado en la Ley General de Salud en sus artículos 77 Bis 29 y 77 Bis 30, se constituirá un Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos, cuyo objeto será “apoyar el financiamiento de enfermedades de alto costo”, cuyo gasto resulte un quebranto a la economía de las personas. De acuerdo a la normatividad vigente, “para incorporar un padecimiento o un grupo de intervenciones al Fondo, se requiere que el CSG lo considere como un evento catastrófico, y que posteriormente la Comisión Nacional de Protección Social en Salud (CNPSS) proponga su inclusión ante el comité? técnico del Fideicomiso del Sistema de Protección Social en Salud (FSPSS). Podrán ser considerados “aquellos tratamientos y medicamentos asociados, definidos por el CSG, que satisfagan las necesidades de salud mediante la combinación de intervenciones de tipo preventivo, diagnóstico, terapéutico, paliativo y de rehabilitación, con criterios explícitos de carácter clínico y epidemiológico, seleccionadas con base en su seguridad, eficacia, costo, efectividad, adherencia a normas éticas profesionales y aceptabilidad social, que impliquen un alto costo en virtud de su grado de complejidad o especialidad y el nivel o frecuencia con la que ocurren”

En junio del año 2014, el Consejo de Salubridad General, aprobó la inclusión de la enfermedad denominada “Hipertensión Pulmonar Arterial”, por considerar que ocasiona gatos catastróficos. Sin embargo, el Catálogo Universal de Servicios de Salud 2016, en su Anexo 1, incluye a un total de 61 padecimientos considerados como de índole catastrófica, dentro de los que no se encuentra incluida la Hipertensión Pulmonar y sus cinco derivados, incluyéndose únicamente a la Hipertensión Pulmonar Primaria, con clave CIE-10 127.0, en el rubro de “Intervenciones Seguro Médico Siglo XXI 2016”, lo que deja en un claro estado de vulnerabilidad a muchos de los pacientes que si bien padecen de Hipertensión Pulmonar, no pueden catalogarse como enfermos de HAP.

La falta de claridad y precisión en los conceptos, abre la puerta a la discrecionalidad con la que se trata a la enfermedad y sus pacientes, por lo que es necesario incluir de manera puntual a todos los tipos de Hipertensión Pulmonar tanto en el Catálogo de Intervenciones cubiertas por el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos del Catálogo Universal de Servicios de Salud, como en Fideicomiso del Sistema de Protección Social en Salud (FSPSS)

Es de suma importancia que en el marco de sus propias atribuciones, esta soberanía participe de manera permanente en la atención de demandas tan sensibles como la que presentan quienes padecen este grupo de enfermedades.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente Proposición con PUNTO DE ACUERDO, al tenor de los siguientes:

Resolutivos

Primero. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud a través de su Consejo de Salubridad General, incluir a la Hipertensión Pulmonar y sus cinco tipos derivados, en el Catálogo de Intervenciones cubiertas por el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos del Catálogo Universal de Servicios de Salud.

Segundo. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud que a través de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud (CNPSS) proponga ante el comité? técnico del Fideicomiso del Sistema de Protección Social en Salud (FSPSS), la inclusión de la Hipertensión Pulmonar y sus cinco tipos derivados, con el efecto de que se consideren recursos suficientes para su debida y oportuna atención.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados, a los 4 días del mes de octubre de 2016.— Diputada Claudia Sofía Corichi García (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.

INFORMACIÓN SOBRE LOS DAÑOS Y AFECTACIONES OCURRIDOS POR EL DERRAME DE COMBUSTÓLEO EN LA LAGUNA DE CUYUTLÁN, EN EL MUNICIPIO DE MANZANILLO, COLIMA

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a Pemex, a la CFE, a la Profepa, a la Semarnat y a la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente a difundir la información sobre las afectaciones por el derrame de combustóleo en la laguna de Cuyutlán, en Mazanillo, Colima, y realizar las respectivas acciones emergentes, a cargo del diputado Francisco Javier Pinto Torres, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza

Quien suscribe, diputado Francisco Javier Pinto Torres, integrante del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, numeral 1, fracción I, 62, numeral 2 y 79, numerales 1, fracción II y 2, fracciones I y II del Reglamento de la Cámara de Diputados, me permito presentar ante esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo; al tenor de las siguientes

Consideraciones

El día 23 de julio del presente año un ducto de la empresa Petróleos Mexicanos (Pemex) que abastece a la central eléctrica de Comisión Federal de Electricidad (CFE) en Manzanillo sufrió una ruptura y, la consecuente fuga de por lo menos 80 mil litros de combustóleo Tal lamentable suceso contaminó de manera importante la zona de manglar de la Laguna de Cuyutlán en el municipio de Manzanillo, en el estado de Colima.

Según diversos medios de comunicación que realizaron entrevistas a pescadores de la zona, el derrame llegó a la laguna y ha afectado a la flora y fauna nativa, así como a las actividades económicas de los pobladores de la región.

Desafortunadamente, el derrame del 23 de julio no ha sido el único incidente que afecta el ecosistema de la Laguna de Cuyutlán. Desde 2003 se han presentado 5 casos de derrames, lo que genera la necesidad de que la CFE y Pemex implementen los planes de manejo y mantenimiento integral de los conductos en caso de derrames.

La laguna del Valle de las Garzas, así como la laguna de Cuyutlán, son dos ecosistemas de gran importancia para la reproducción de los diferentes tipos de mangle endémico. Por ello, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) debe de vigilar que los avances y reforestación de este tipo de humedal no sean afectados por la actividad industrial de la zona.

México, desde el 4 de noviembre de 1986, es miembro contratante de la Convención de Ramsar, donde estamos comprometidos como Estado a la protección de los humedales y los manglares; en consecuencia, es de gran importancia que las diferentes instituciones del gobierno atiendan de manera determinante el derrame antes mencionado, a fin de prevenir afectaciones irremediables a un ecosistema de gran importancia como el manglar de Manzanillo.

Cabe mencionar que los manglares de la costa del océano Pacífico contribuyen a disminuir los efectos de los huracanes y demás fenómenos meteorológicos que impactan las cosas, a su vez producto de los cambios de efecto invernadero.

El artículo 60 Ter de la Ley General para la Vida Silvestre señala lo siguiente:

“ Artículo 60 Ter. Queda prohibida la remoción, relleno, transplante, poda, o cualquier obra o actividad que afecte la integralidad del flujo hidrológico del manglar; del ecosistema y su zona de influencia; de su productividad natural; de la capacidad de carga natural del ecosistema para los proyectos turísticos; de las zonas de anidación, reproducción, refugio, alimentación y alevinaje; o bien de las interacciones entre el manglar, los ríos, la duna, la zona marítima adyacente y los corales, o que provoque cambios en las características y servicios ecológicos.”

Teniendo en consideración el artículo antes citado, es necesario que los responsables de la planta termoeléctrica respondan: ¿por qué se realizan actividades industriales o de transporte de hidrocarburos, con el riesgo que ello implica, en un ecosistema protegido por las leyes nacionales e internacionales?

Sobre la zona citada podemos señalar también que: “En una visita de Peña a la termoeléctrica, realizada el 14 de agosto de 2013, la “repotenciación” de la planta fue presentada como el proyecto más grande de generación de energía eléctrica en las últimas dos décadas, con una inversión de 982 millones de dólares, lo que según se dijo posibilitaría el uso de gas natural para la generación de energía en tres de los seis hornos, con una reducción de 2 mil toneladas de emisiones contaminantes por año”.

A tres años de la inauguración de la termoeléctrica “Manuel Álvarez Moreno” por parte del Ejecutivo federal, donde se anunció que las primeras dos turbinas funcionaban con combustibles naturales y no con combustóleo, debido a los beneficios medioambientales, se presenta un terrible derrame con un energético que, en teoría, no debería de consumir la planta generadora. Al respecto, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) en el estado de Colima ha emprendido acciones sobre el impacto ambiental que la termoeléctrica emite por consumo de combustóleo para operar. Por tal motivo, los diputados federales necesitamos conocer las investigaciones de la Profepa, con la finalidad de emprender gestiones en favor de los habitantes de la zona y del medio ambiente en riesgo.

Es así, que el objetivo del presente punto de acuerdo es entonces el que las autoridades competentes hagan de conocimiento público las afectaciones derivadas del derrame de combustóleo en la Laguna de Cuyutlán; se establezcan responsables, y se realicen las acciones emergentes por parte de los agentes involucrados, como CFE y Pemex, así como la empresa concesionaria Immex y la empresa constructora Ferromex.

Es de advertir que los derrames de combustóleo en zonas de ecosistemas como el manglar causan severos daños al equilibrio ecológico de la región y lesionan la economía y salud de los pobladores. Asimismo, en el presente exhorto se incluye a la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), como organismo del gobierno federal encargado de regular e inspeccionar el sector hidrocarburos en cuanto a los temas de seguridad industrial y protección al medio ambiente.

Por último, instamos a las autoridades encargadas de velar por la seguridad y salud de los habitantes de la zona circunvecina, con el propósito de que los habitantes queden fuera de peligro y riesgo por contaminación.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía el siguiente:

Punto de Acuerdo

Primero.Se exhorta a Petróleos Mexicanos, a la Comisión Federal de Electricidad, a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, y a la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente a que, en el ámbito de sus facultades, difundan la información sobre los daños y afectaciones al medio ambiente y a los pobladores tras el derrame de combustóleo ocurrido el día 3 de agosto del presente año en la Laguna de Cuyutlán, en el municipio de Manzanillo, en el estado de Colima.

Segundo.Se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente a realizar las acciones necesarias a fin de prevenir y restaurar las afectaciones al medio ambiente por parte de las personas involucradas, ocasionadas por el derrame de combustóleo en la Laguna de Cuyutlán y en la zona del mangle de la misma.

Notas:

1 Juan C. Flores; Derrame de combustible afecta laguna de Colima; periódico La Jornada; 6 de agosto de 2016.

2 http://noticieros.televisa.com/mexico-estados/2016-08-04/pescadores-manzanillo- aseguran-derrame-contamino-laguna/

3 Zamora Briseño Pedro; “Termoeléctrica de Manzanillo, en la mira de Profepa por contaminar”; semanario Proceso; 17 marzo, 2016.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el 4 de octubre de 2016.— Diputado Francisco Javier Pinto Torres (rúbrica).»

Se remite a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen.

ACTUALIZAR EL REGLAMENTO DE ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SEP a actualizar el Reglamento de Asociación de Padres de Familia, a cargo de la diputada Ana Guadalupe Perea Santos, del Grupo Parlamentario del PES

La suscrita, diputada federal Ana Guadalupe Perea Santos, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados; con fundamento en lo que disponen los artículos 6, numeral 1, fracción I, 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, se permite someter a la consideración de esta honorable asamblea, la presente proposición con punto de acuerdo con base en las siguientes

Consideraciones

La educación es un tema fundamental para el desarrollo de cualquier nación y nuestro país no es la excepción, esto se demuestra en el Plan Nacional de Desarrollo en el apartado número II. México con Educación de Calidad y en las diversas modificaciones a la Ley General de Educación con la llamada reforma educativa, con el objetivo de contar con mejor infraestructura en las escuelas, maestros mejor preparados y la inclusión de más alumnos al sistema educativo.

Dentro de los objetivos en el Plan Nacional de Desarrollo se muestra en el rubro número 3. Un México con Educación de Calidad, en el cual se busca:

“garantizar un desarrollo integral de todos los mexicanos y así contar con un capital humano preparado, que sea fuente de innovación y lleve a todos los estudiantes a su mayor potencial humano. Esta meta busca incrementar la calidad de la educación para que la población tenga las herramientas y escriba su propia historia de éxito”.

Una buena educación demanda de una comunidad comprometida que promueva la inclusión de los padres de familia como pieza clave en la formación y educación de sus hijos, dentro de un ambiente de equidad, respeto, democracia, y justicia.

Para poder alcanzar estas metas, que sin duda beneficiaran a los alumnos y a la comunidad, se requiere de una sociedad comprometida y participativa, debemos de formar parte de este esfuerzo, nuestra participación debe ser parte de las acciones ya sea como integrantes de alguna asociación de padres de familia  o vigilantes del desempeño educativo en nuestros hogares, para lograr una verdadera educación de calidad.

La participación  debe darse entre todos los actores del sistema educativo ya sean maestros, padres de familia, alumnos y sociedad de manera comprometida con el objetivo de mejorar la calidad en la educación.

Dentro de las instituciones  escolares, convergen los Consejos de Participación Social y las Asociaciones de Padres de Familia, actuando como vínculo de la sociedad con las autoridades educativas, además de dar seguimiento a cualquier situación que se presente dentro de las escuelas.

En el Reglamento de Asociaciones de Padres de Familia, en su artículo 4, podemos observar los objetivos de estas asociaciones:

Artículo 4o. El objeto de las Asociaciones de padres de Familia será: I.- Representar ante las autoridades escolares los intereses que en materia educativa sean comunes a los asociados; II.- Colaborar con el mejoramiento de la comunidad escolar y proponer a las autoridades las medidas que estimen conducentes; III.- Participar en la aplicación de las cooperaciones en numerario, bienes y servicios que las asociaciones hagan al establecimiento escolar, y IV.- Contribuir a la educación para adultos de sus miembros, en los términos de la ley nacional de la materia.

Este reglamento fue publicado en el Diario Oficial de la Federación con fecha 2 de abril de 1980, sin sufrir modificación alguna a lo largo de los 36 años que han pasado desde su promulgación., aunque sus objetivos buscan promover la participación  de padres de familia, necesitamos un modelo que se ajuste  a los cambios que hemos sufrido en la  sociedad y el sistema educativo, para que vaya de la mano con los objetivos del Plan Nacional de desarrollo y la reforma educativa.

Diversos estudios muestran los grandes beneficios de la aportación de los padres de familia en el sistema educativo, por ejemplo en uno realizado por la Organización de Estados para la Cooperación Económica (OCDE), en materia de educación se recomienda la participación de los padres de familia para elevar la calidad de la educación y contrarrestar el bajo rendimiento escolar;

“...desafortunadamente los padres tienden a involucrarse menos con la enseñanza de sus hijos. Las escuelas deberían priorizar sus relaciones con los padres y las comunidades, incluyendo estrategias de comunicación para alinear esfuerzos de la escuela con los padres... construir redes con las comunidades alrededor de las escuelas, tanto en negocios como las partes sociales interesadas, puede también fortalecer las escuelas y sus estudiantes.”

Por lo anteriormente expuesto someto a su la consideración de esta honorable asamblea el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Secretaria de Educación Pública, para convocar a las asociaciones de padres de familias registradas, autoridades competentes y organismos internacionales en materia educativa, para generar un reglamento de asociación de padres de familia, más adecuado a la realidad educativa de nuestro país, a fin de estandarizar y elevar la calidad del sistema educativo, en razón de que el reglamento ya mencionado, tiene más de 36 años de vigencia sin tener modificación alguna.

Notas:

1 http://pnd.gob.mx/

2 OECD, 2012: Education Today 2013: The OECD Perspective

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de octubre de 2016.— Diputada Ana Guadalupe Perea Santos (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para dictamen.

SOMETAN A CONSIDERACIÓN DEL PLENO, EL DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE RÉGIMEN, REGLAMENTOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS, REFERENTE A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DEL REGLAMENTO DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS

«Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Mesa Directiva y a la Junta de Coordinación Política, a que sometan a consideración del Pleno, el dictamen de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, referente a la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona diversas disposiciones del Reglamento de la Cámara de Diputados, suscrito por la diputada Ivonne Aracelly Ortega Pacheco del Grupo Parlamentario del PRI y diputados integrantes de la Comisión de Comunicaciones.

Las y los suscritos diputados federales de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, integrantes de la Comisión de Comunicaciones, con fundamento en el artículo 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracciones I y II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Con fecha 1 de marzo de 2016 se publicó en la Gaceta Parlamentaria (año XIX, número 4479-IV), la iniciativa que adiciona diversas disposiciones del Reglamento de la Cámara de Diputados, para establecer el procedimiento para el nombramiento de los titulares de los órganos internos de control del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE), suscrita por integrantes de la Comisión de Comunicaciones de esta Cámara, pertenecientes a los Grupos Parlamentarios del PRI, PAN, PRD, PVEM, MORENA y MC.

En esta misma fecha, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, acordó el trámite de recibido de la iniciativa en comento, dando turno a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias (CRRPP) para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente.

El 5 de abril de 2016, la CRRPP en reunión ordinaria llevó a cabo la discusión y aprobación del dictamen en sentido positivo de la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona diversas disposiciones del Reglamento de la Cámara de Diputados, con el objeto de establecer el procedimiento para el nombramiento de los titulares de los órganos internos de control del IFT y la COFECE. Es importante señalar que, el dictamen fue aprobado por unanimidad de todos los Grupos Parlamentarios que integran la citada Comisión (PRI, PAN, PRD, PVEM, MORENA, MC).

Finalmente, el 7 de abril de 2016, mediante oficio CRRPP/IXIII-249, la CRRPP, envió a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, el citado dictamen, con el objeto de que fuera registrado para su desahogo en la sesión correspondiente por el Pleno de esta Cámara de Diputados en los términos y plazos reglamentarios.

Sin embargo, es de señalar que han pasado más de cinco meses y hasta la fecha, el dictamen no ha sido puesto a consideración del Pleno, violentando con ello tanto las normas jurídicas que rigen la vida interna de esta Cámara de Diputados así como la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.

Es menester recordar que, a 3 años de la reforma constitucional de Telecomunicaciones y Competencia Económica, y a 2 años de haberse expedido las leyes secundarias en la materia, persiste una situación irregular al permanecer vacantes los nombramientos de los titulares de sus órganos internos de control del IFETEL y la COFECE.

La Constitución ordena que la COFECE y EL IFETEL contarán con un órgano interno de control, cuyo titular será designado por las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Diputados, en los términos que disponga la ley. Por su parte, la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, ordena que el titular de la Contraloría Interna será designado por la Cámara de Diputados con el voto de las dos terceras partes de sus miembros presentes, en los términos que lo establezca su reglamento.

Ordena que sea en el Reglamento, cuyo objeto es normar la actividad parlamentaria en la Cámara de Diputados, así como establecer los procedimientos internos que hagan eficiente su estructura y funcionamiento y porque éste es el ordenamiento exclusivo de esta Cámara y el de mayor rango.

En consecuencia, resulta importante establecer en el Reglamento, tal y como lo mandata la Ley Federal, el procedimiento para nombrar a los titulares de los órganos internos de control del IFT y la COFECE, ya que de no hacerlo así, significará que esta Cámara de Diputados sigue postergando y dimitiendo su responsabilidad constitucional, lo cual favorecerá la percepción del clima de corrupción y lastimará a la reforma de Telecomunicaciones.

En razón de lo expuesto, ponemos a consideración del Pleno de esta Cámara de Diputados, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único.Se solicita a la presidencia de la Mesa Directiva y a la Junta de Coordinación Política, pongan de manera inmediata a consideración del pleno, el dictamen de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, referente a la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona diversas disposiciones del Reglamento de la Cámara de Diputados, turnado por la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias a la Mesa Directiva el 7 de abril de 2016, mediante oficio CRRPP/IXIII-249, con el objeto de establecer el procedimiento para el nombramiento de los titulares de los órganos internos de control del IFT y la COFECE, permitiendo con ello, el cumplimiento de las obligaciones constitucionales y legales que le corresponden a esta soberanía.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 29 de septiembre de 2016.— Diputados: Ivonne Aracelly Ortega Pacheco, Sofía del Sagrario de León Maza, David García Calderón, Rosa Guadalupe Chávez Acosta, Cynthia Gissel García Soberanes, Carlos Gerardo Hermosillo Arteaga, Mario Machuca Sánchez, Noemí Zoila Guzmán Lagunes, Salvador Zamora Zamora, Arlette Ivette Muñoz Cervantes, Blanca Margarita Cuata Domínguez, Renato Josafat Molina Arias, Francisco Saracho Navarro, Francisco Alberto Torres Rivas, Marco Antonio Gama Basarte, María de la Paz Quiñones Cornejo, Lluvia Flores Sonduk, Brenda Velázquez Valdez, Víctor Manuel Silva Tejeda, Francisco Xavier Nava Palacios, Julieta Fernández Márquez, María Eloísa Talavera Hernández, Tristán Canales Najjar (rúbricas).»

Se remite a la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, para su atención.

TARIFAS ELÉCTRICAS, EN MATAMOROS, TAMAULIPAS

«Proposición con punto de acuerdo, relativo a las tarifas eléctricas en Matamoros, Tamaulipas, a cargo del diputado Pedro Luis Coronado Ayarzagoitia, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, diputado federal Pedro Luis Coronado Ayarzagoitia, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la Sexagésima Tercera Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

1. El calentamiento global es una realidad y afecta a todas las naciones, de acuerdo a la ONU durante este siglo la temperatura de la superficie mundial podría aumentar hasta en 3°C y podría ser mayor en algunas zonas del planeta, también señala que las personas más pobres y vulnerables serán los más afectados por este fenómeno.

2. En México no somos ajenos a esta realidad, razón por la cual en los últimos años hemos sido testigos de distintos fenómenos meteorológicos y temperaturas extremas en el país, de acuerdo a la Conagua en su reporte anual del clima en México 2015, durante ese año la temperatura media nacional resulto 1.1 °C por arriba de la media comprendida de los años 1981 al 2010, igualando así al año 2014 como el más caluroso desde 1971.

3. Es fácil identificar como impacta el cambio climático en nuestro país. En el caso concreto del Estado de Tamaulipas y de acuerdo con el reporte anual del Clima en México para 2015, la temperatura máxima promedio en verano fue de 33.40 y la máxima registrada para ese año de 36.20 durante el mes de agosto.

4. Es un hecho que en algunas zonas y con motivo de las altas temperaturas aumenta la utilización y el consumo de energía por parte de aparatos eléctricos; climas, ventiladores y refrigeradores que resultan esenciales para mitigar las olas de calor y para conservar en buen estado los alimentos de las familias tamaulipecas.

5. De acuerdo al Instituto Mexicano del Seguro Social, los daños a la salud a causa de las temperaturas elevadas pueden ser desde quemaduras solares, calambres, agotamiento por calor y golpes de calor entre otros, cabe mencionar que los grupos de la población más susceptibles a dichos golpes son las niñas y los niños menores de 6 años de edad y los adultos mayores de 65 años.

6. Derivado del aumento del consumo de energía mencionado en el cuarto considerando de la presente propuesta, resulta necesario e inaplazable el tomar medidas que apoyen a la población más vulnerable y de escasos recursos en el Estado de Tamaulipas, si bien reconocemos los beneficios económicos que la reforma energética ha traído a las familias mexicanas con la reducción del costo de las tarifas electicas, es necesario fortalecer el apoyo a los más vulnerables.

7. En este sentido y con fecha del 1 de Enero del año 2015 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo 015/2014 mediante el cual se establecen las tarifas finales de energía eléctrica del suministro básico ‘a usuarios domésticos en las cuales se establecen las categorías 1, 1A, 18, 1C, 1D, 1E y 1F; cada una de estas categorías varia en su costo atendiendo al consumo de kilowatts-hora, a la temperatura media del lugar donde se aplique y a la época del año la cual para efectos del acuerdo se clasifican como “temporada de verano” y “temporada fuera de verano”, siendo la primera el periodo que comprende los seis meses consecutivos más cálidos del año, considerando que entre mayor será la temperatura, mayor será el consumo eléctrico y menor el costo.

8. En este orden de ideas podemos decir que el acuerdo toma en cuenta únicamente la temperatura media, más no así las temperaturas máximas, ni las condiciones económicas del municipio donde se aplican cada una de las tarifas.

9. El municipio de Matamoros tiene uno de los climas más extremos del estado, donde el mismo día pueden registrarse variaciones de más de 10 grados entre sus temperaturas máximas y mínimas, como la del 16 de junio de 2015 cuando la temperatura mínima fue de 25° y la máxima de 35.8°, año en el que la temperatura máxima promedio para el mes de junio fue superior a los 32° centígrados.

10. Por lo anteriormente expuesto debe considerarse prioritario el apoyo a las Familias de Matamoros tomando en cuenta que el municipio forma parte del Catálogo de Municipios de la Cruzada Nacional contra el Hambre.

11.- La salud de toda la población es un tema prioritario y de interés público para el Estado Mexicano como lo establece el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos así como diversos instrumentos internacionales de los cuales México es parte tales como la Convención sobre los Derechos del Niño y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, de los cuales el primero en su artículo 24 reconoce el derecho del niño al disfrute del nivel más alto de salud y el segundo en su artículo 12 reconoce el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental además de establecer entre otras la obligación de los Estados parte de llevar acabo las medidas tendientes a conseguir la reducción de la mortinatalidad y de la mortalidad infantil, el sano desarrollo de los niños así como a prevenir y tratar distintos tipos de enfermedades por lo cual a efecto de continuar con el cumplimiento de las obligaciones antes mencionadas además de procurar el bienestar y salud de las y los tamaulipecos más vulnerables ante las altas temperaturas y por lo anteriormente expuesto, me permito proponer ante esta honorable asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a la Comisión Reguladora de Energía y a la Comisión Federal de Electricidad para que reclasifiquen las tarifas eléctricas que actualmente se cobran en el municipio de Matamoros, Tamaulipas, aplicando de manera uniforme la tarifa 1 F. Lo anterior a efecto de procurar el bienestar y salud de las y los tamaulipecos más vulnerables y en apoyo de la economía familiar de los habitantes de dicho municipio que debido a los climas extremos a los que se exponen requieren de un mayor consumo de energía para el cuidado de su salud y para tener una mejor calidad de vida.

Notas:

1 Objetivos de Desarrollo Sostenible, ONU.

http://www.un.org/sustainabledevelopmenUclimate_change_ 2/

2 Reporte del clima en México 2015, CONAGUA (p. 16)

http://smn1.conagua.gob.mx/climatologia/analisis/reporte/Anual2015.pdf

3 Reporte del clima en México 2015, CONAGUA (p. 27) http://smn.cna.gob.mx/tools/DATA/Climatolog%C3%ADa/Diagn %C3% B3stico%20Atmosf%C3%A9rico/Reporte%20del%20C lima%20en%20M %C3%A9xico/AnuaI2015.pdf

4 Datos proporcionados por el Sistema Meteorológico Nacional de la estación automática Matamoros.

5 Catálogo de municipios de la Cruzada Nacional Contra el Hambre de SAGARPA http://www.saara.ob.mx/ProgramasSAGARPA/2014/FAPPA/FAPPA/Solicitud%20 %20anexos/ ANEXO%20F. %20Cat% C3% A 110 0%20de%20Municipios%20de%20Ia%20Cruzada%20Nacional%20Contra%20el%20Hambre.docx

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de octubre de 2016.— Diputado Pedro Luis Coronado Ayarzagoitia (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Energía, para dictamen.

DETERMINE LAS CAUSAS POR LAS QUE EN EL MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA, VERACRUZ, SE HA DISPARADO EL ÍNDICE DE ENFERMEDADES DE CARÁCTER RENAL

«Proposición con punto de acuerdo, por el cual se exhorta al Ejecutivo federal a determinar por la Cofepris las causas de que en Tierra Blanca, Veracruz, se haya disparado el índice de enfermedades de carácter renal y aplicar medidas preventivas y correctivas, a cargo de la diputada Gabriela Ramírez Ramos, del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, Gabriela Ramírez Ramos, diputada federal del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6 numeral 1, fracción I, 79 numeral 1, fracción II y numeral 2, fracción I del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta honorable asamblea, el presente punto de acuerdo al tenor de las siguientes:

Consideraciones:

El derecho a la salud es un derecho fundamental, protegido en nuestro sistema jurídico por el artículo 4º constitucional y por diversos instrumentos internacionales suscritos por nuestro país.

De la misma manera, se protege y tutela el derecho a un medio ambiente sano, que propicie y genere condiciones de desarrollo y bienestar.

Es importante señalar que nuestra Constitución en el mismo artículo, establece la obligación del Estado mexicano de garantizar a cabalidad éste derecho fundamental, al grado que le impone la obligación de determinar el daño a ése medio ambiente y las causas que lo originan, así como a los responsables, a quienes se les deberá trasladar el costo de la reparación de las afectaciones recibidas tanto al medio ambiente, como a la salud personal.

Continuando con el análisis del mismo artículo, nos encontramos la afirmación de que toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y, asequible, así como de nuevo, la correlativa obligación del estado para garantizar este derecho.

A pesar de éstas afirmaciones dogmáticas, contenidas en nuestra Ley Fundamental, que establecen con toda claridad la garantía del Estado mexicano para respaldar estos derechos, que son, repito, de carácter fundamental, la realidad se aleja de lo establecido en la Constitución.

Quiero señalar y presentar ante ustedes, un caso que se presenta en el estado de Veracruz, desde hace ya varios años, en el que diversos medios de comunicación, incluso los de ámbito nacional, han dado cuenta de las graves afectaciones a la salud de los habitantes del municipio de Tierra Blanca.

Se ha multiplicado por 10 el número de enfermos renales en éste municipio con respecto a cualquier otro del país. Esta situación amenaza gravemente al sistema de salud y colapsa los escasos medios para brindar la atención médica de calidad a la población que lo requiere.

La comunidad reclama que dichas afectaciones se deben a la contaminación tanto del río como de las aguas del subsuelo, provocadas por las perforaciones de compañías vinculadas con Pemex.

Se han realizado diversos estudios por la Secretaría de Salud del estado para determinar las causas de la incidencia de éstos padecimientos, sin embargo, desde 1993, fecha en que se iniciaron las denuncias al respecto, no se ha podido, o no se ha querido dar un resultado, pues evidentemente, los responsables de estos daños, tendrían la obligación de repararlos, y el costo de tales indemnizaciones serán muchos millones de pesos. Las diversas hipótesis planteadas al respecto desde esa fecha, carecen de un sustento probatorio.

De acuerdo con un estudio realizado por la UNAM, muestras tomadas en el río Blanco no han arrojado resultados concluyentes respecto de la contaminación con metales provenientes de las industrias ubicadas en Orizaba, Nogales y Córdoba. Sin embargo no se ha descartado la contaminación que pueda provenir de los mantos freáticos. Hay que destacar que la zona es rica en elementos ferrosos aunado a la presencia de diversos yacimientos de gas en la zona, lo que junto con el aumento en el uso de pesticidas, pudiera provocar filtraciones que contaminen y afecten a todo el sistema de agua de la región.

Es de resaltar que el gobierno del estado se ha mantenido en la postura de señalar como causal de este notable incremente en enfermedades renales, a los malos hábitos alimenticios, por encima de la posible contaminación ambiental.

Por lo antes expuesto es que someto a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorte a la Secretaría de Salud para que se proporcione el debido tratamiento a quienes ya padecen esta enfermedad, y a efecto de que incluya la atención médica de la insuficiencia renal crónica, en el Catálogo de Cobertura del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos o en el Catálogo Universal de Servicios de Salud del Seguro Popular. Asimismo a que implemente un programa nacional de promoción de la salud renal y de prevención de la insuficiencia renal crónica.

Segundo. Para exhortar a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) a que realicen los estudios necesarios al agua para uso y consumo humano suministrada al municipio de Tierra Blanca en el estado de Veracruz, para verificar que la calidad del agua se ajuste a lo señalado por el acuerdo de la Norma Oficial Mexicana NOM-127-SSA1-1994

Nota:

1 www.ejournal.unam.mx/rfm/no49-1/RFM49109

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de octubbre de 2016.— Diputada Gabriela Ramírez Ramos (rúbrica) .»

Se remite a la Comisión de Salud, para dictamen.

DIFUNDA EL ESTADO QUE GUARDA LA DISTRIBUCIÓN DE LIBROS DE TEXTO GRATUITOS EN SISTEMA BRAILLE

«Proposición con punto de acuerdo, por el cual se exhorta al Ejecutivo federal a difundir por la SEP el estado que guarda la distribución de libros de texto gratuitos en sistema braille, a cargo de la diputada Lluvia Flores Sonduk, del Grupo Parlamentario del PRD

La suscrita diputada federal, Lluvia Flores Sonduk, integrante de la LXIII Legislatura, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de esta Cámara de Diputados, someto a su consideración la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

El artículo 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, señala que: “ Toda persona tiene derecho a recibir educación. ...” Por lo que es necesario que el Estado realice acciones tendentes a garantizar que la educación llegue a todas las personas.

Ha salido a la luz pública el desfase de los libros de texto gratuitos en sistema Braille y se ha hablado también de un retraso en la distribución de los mismos en las entidades federativas.

Cabe resaltar que maestros, organizaciones sociales y padres de familia se han manifestado señalando que la Secretaría de Educación Pública no ha provisto en tiempo y forma los libros de texto en sistema Braille y que aunado a lo anterior, el contenido de estos corresponde al del ciclo escolar anterior, es decir se encuentran desfasados.

Por lo que de seguir con esa tendencia, se vulnera el derecho de las personas invidentes o débiles visuales de tener un acceso pleno a la educación como lo dispone el artículo 3º de nuestra Ley Fundamental.

En nuestro país la ceguera es la segunda causa de discapacidad, después de la motriz, se estima que afecta a 1 millón 300 mil personas en todo el territorio nacional. El 45 por ciento de la población requiere de algún tipo de atención optométrica, es decir necesitan realizarse estudios para corregir alguna falla en su visión, ya que de no hacerse podría tener como consecuencia alguna debilidad visual e incluso la ceguera.

El 20 por ciento de las personas en edad escolar presenta algún tipo de problema visual, lo que a decir de los especialistas, resulta un grave problema, en virtud de que el 80 por ciento de la información que adquirimos ingresa por los ojos y en ese contexto se puede advertir que tres de cada cuatro fracasos escolares están relacionados con una visión deficiente.

De ahí la importancia de que las autoridades educativas, realicen las acciones necesarias a fin de que las personas en edad escolar con algún tipo de discapacidad visual, cuenten con las herramientas necesarias para poder adquirir los conocimientos que son proporcionados en las aulas; un componente esencial en la educación de los infantes ha sido el acceso a los libros de educación gratuitos, por tanto contar con ellos, en sistema Braille o macrotipo, son de invaluable utilidad para los educandos con discapacidad visual.

El Programa Sectorial de Educación 2013-2018, señala que: “ La educación de calidad debe ser un verdadero instrumento que ayude a superar las graves desigualdades que padecen millones de mexicanos y favorezca un panorama de oportunidades al alcance de todos.”

La SEP al respecto ha señalado que: “ de acuerdo con el enfoque de la educación inclusiva, se impulsa como política educativa pública, el respeto inalienable del derecho de todos los niños, las niñas y los jóvenes a acceder a una educación básica de calidad. Por ello resulta vital construir una escuela inclusiva que reciba y atienda a todas las personas de la comunidad, independientemente de su condición personal, de género o procedencia social, cultural, étnica, lingüística y económica, incluyendo a aquéllas que enfrentan barreras para el aprendizaje y la participación”.

En el documento intitulado “Educación pertinente e inclusiva. La discapacidad en la educación indígena. Guía cuaderno 5: Atención educativa de alumnos y alumnas con discapacidad visual” emitido por la SEP, señala que cuando se habla de ceguera o baja visión se hace referencia a condiciones caracterizadas por una limitación total o muy seria de la función visual.

La ceguera es cuando una persona no ve o tiene una ligera percepción de luz que le permite distinguir entre la luz y la obscuridad pero no la forma de objetos y por tanto requieren de apoyos para poder tener acceso a la educación como es el caso de los textos en Braille.

En la población infantil la deficiencia visual crea problemas en el desarrollo, pues evidentemente esta característica dificulta significativamente su inclusión en la sociedad, por lo tanto es necesario contar con una educación inclusiva que comprenda métodos alternos para la lectura y la escritura, a fin de facilitar a estos el acceso a la misma información que se les proporciona en las aulas a los no invidentes.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Honorable Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al titular del Ejecutivo federal, para que a través de la Secretaría de Educación Pública, hacer del conocimiento público, el estado que guarda la distribución de libros de texto gratuito en sistema Braille.

Notas:

1 Información obtenida de:

http://www.educacionespecial.sep.gob.mx/pdf/tabinicio/2013/ indigena/5Discapacidad_Visual.pdf El texto resaltado es de la que suscribe.

2 Ídem.

Palacio Legislativo de San Lázaro,  martes 4 de octubre de 2016.— Diputada Lluvia Flores Sonduk (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para dictamen.

CONSERVACIÓN Y PRESERVACIÓN DEL JAGUAR

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Semarnat a implantar acciones de conservación y preservación del jaguar, a cargo de la diputada Alma Lucia Arzaluz Alonso e integrantes del Grupo Parlamentario del PVEM

La suscrita, diputada Alma Lucia Arzaluz Alonso, en nombre de los diputados del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea, la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

México encabeza la lista de países con más zonas donde habitan especies en peligro de extinción. Una de ellas es el jaguar ( Panthera onca), considerado el mayor felino del continente americano y el cual resalta por su valor cultural y ecológico.

Valor cultural

Pocas especies animales han tenido en México tanta importancia cultural e histórica como el jaguar, pues además de ser personaje central de diversas cosmogonías, rituales, cultos y manifestaciones tanto artísticas como religiosas, el jaguar es una pieza fundamental del mundo prehispánico y forma parte inescindible de sus raíces.

Valor ecológico

• Especie clave

Como depredadores, los jaguares son clave en el equilibrio de los ecosistemas, no sólo por la presión que ejercen extrayendo individuos del sistema, sino también porque condicionan el comportamiento de las presas.

• Especie paraguas

El jaguar tiene amplios ámbitos hogareños: un macho adulto en la selva de Quintana Roo puede utilizar en un año un área de más de 90 kilómetros cuadrados (km2.) Es por esto que el jaguar necesita grandes áreas para establecer su hábitat que le permitan mantener una población viable; es en este sentido, que puede ser utilizado como especie paraguas, ya que al proteger las grandes extensiones de hábitat que requiere se benefician también otras especies con menores requerimientos espaciales.

• Especie indicadora

Los requerimientos del jaguar (extensiones territoriales considerables con cobertura vegetal natural adecuada, incluyendo los parches densos; buena conectividad entre los parches; existencia de presas adecuadas en tipo, calidad y cantidad de agua y disponibilidad; relaciones mínimas o cuando menos no conflictivas con las actividades humanas) hacen de su presencia un buen indicador del estado de salud del ecosistema. Esto hace posible utilizarlo como indicador del estado de conservación de áreas con vegetación nativa y como guía para la identificación de posibles corredores biológicos prioritarios.

Problemática

En México el jaguar está distribuido en cinco regiones, en las cuales enfrenta problemas severos como es la cacería indiscriminada, la construcción de infraestructura sin medidas de mitigación y la expansión de la frontera agropecuaria que entre otros factores ha provocado la pérdida de su hábitat.

Por estas circunstancias, este felino se encuentra incluido en el Apéndice I de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Flora y Fauna Silvestre (CITES).

Asimismo, está catalogado como una especie en peligro de extinción por la NOM-059-SEMARNAT-2010 y también está calificado por la Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) como “especie casi amenazada”.

De acuerdo con el último censo realizado por la Alianza Nacional para la Conservación del Jaguar en el año 2010, se calcula que existen 4 mil ejemplares de jaguar, esta especie habitaba desde los bosques tropicales del sur de México hasta la desembocadura del río Bravo en el Golfo de México, así como en las serranías del estado de Sonora en la Sierra Madre Occidental de la costa del Pacífico.

Actualmente, las reservas de Calakmul, en el estado de Campeche, y Sian Ka’an, en el estado de Quintana Roo, tienen la mayor cantidad de jaguares con radio-collar que se investigan en el mundo y conforman un corredor que cuenta con un espacio adecuado para ellos. Sin embargo, cabe señalar que nuestro país pierde cada año una cantidad importante de selvas, las cuales constituyen su hábitat más importante.

El siguiente mapa ilustra las zonas de conservación del jaguar en el territorio nacional:

Como ya se señaló el jaguar es un indicador del buen estado de conservación de los ecosistemas, de ahí que proteger a esta especie implica, a su vez, la protección de miles de especies más que conforman su hábitat.

A pesar de que nuestro país cuenta con el Sistema de Información del Jaguar y el Programa de Conservación de Especies en Riesgo (Procer), que es un instrumento de política pública para recuperar la funcionalidad de cuencas y paisajes a través de la conservación y aprovechamiento sustentable del patrimonio natural mediante la conservación y recuperación de las especies en riesgo, lo cierto es que hasta ahora no se ha logrado establecer una efectiva protección para esta especie.

Aunado a lo anterior, y en el marco de la COP 13 (Conferencia de las Partes sobre Diversidad Biológica), México cuenta con el Plan Estratégico para la Diversidad Biológica 2011-2020, el cual constituye un compromiso internacional, consistente en un programa de acción global de diez años mediante el cual los países se comprometen a proteger la diversidad biológica y potenciar los beneficios que ésta proporciona al bienestar de las personas. El plan está conformado por una visión y una misión compartidas, así como por 20 metas globales (Metas de Aichi) en donde se contempla lo siguiente:

“Objetivo Estratégico C: Mejorar la situación de la diversidad biológica salvaguardando los ecosistemas, las especies y la diversidad genética”.

De lo anterior, resalta el establecimiento de la:

“Meta 12. Para 2020, se habrá evitado la extinción de especies amenazadas identificadas y se habrá mejorado y sostenido su estado de conservación, especialmente el de las especies en mayor disminución”.

Esta meta se centra específicamente en las especies amenazadas conocidas. La Lista Roja de Especies Amenazadas de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN) contiene actualmente más de 19 mil especies amenazadas en el mundo. Estas especies incluyen las catalogadas como “vulnerables”, “en peligro” o “críticamente en peligro”. Otras categorías utilizadas por la IUCN para describir el estado de conservación de las especies incluye las especies “casi amenazadas”, “en estado menos preocupante”, “extintas en la naturaleza”, “extintas o con escasos datos”. Además, numerosos países pueden tener sus propias listas de especies amenazadas.

La meta referida tiene dos componentes:

• Evitar la extinción. Evitar que se sigan extinguiendo especies tiene como consecuencia que aquellas especies que actualmente se encuentran amenazadas no pasen a la categoría de extintas. De las más de las 19 mil especies que se sabe están amenazadas mundialmente, alrededor de 3 mil 800 se encuentran clasificadas como críticamente en peligro. Se considera que las especies críticamente en peligro se enfrentan con un riesgo extremadamente alto de extinción en la naturaleza.

• Mejorar el estado de conservación de las especies amenazadas. Una mejora en el estado de conservación tendría como consecuencia el aumento de la población de las especies hasta el punto en que pasen a un nivel inferior de amenaza. Si se utilizan los criterios de la IUCN, una especie dejaría de considerarse amenazada una vez que haya pasado a la categoría de amenaza más próxima inferior.

Viene a reforzar lo anterior la aprobación en el Senado de la República de la minuta por la cual se reforman y adicionan los artículos 420 del Código Penal Federal y el artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales, respecto a la consideración como delitos graves de aquéllos cometidos contra la fauna y flora silvestre, terrestre o acuática, cuyo objeto principal es la protección y conservación de especies.

Legislación internacional

Los jaguares están protegidos por la legislación nacional en países como Argentina, Belice, Brasil, Colombia, Estados Unidos de América, Guayana Francesa, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Surinam, Uruguay y Venezuela.

Algunos grandes parques en Bolivia, Brasil, Colombia, Perú y Venezuela cuentan con algún programa de protección del jaguar, Asimismo, existen grandes ranchos privados en Brasil y Venezuela donde se protege al jaguar. La primera reserva mundial destinada especialmente a la protección del jaguar fue creada en Belice el 2 de diciembre de 1984.

Si bien la conservación del jaguar es prioritaria para el gobierno federal, lo cierto es que ésta requiere de un esfuerzo sostenido a gran escala y con acciones concertadas entre los científicos, la iniciativa privada, la sociedad civil y el sector público.

Por lo aquí expuesto, pongo a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para que, en el ámbito de sus atribuciones, implemente las medidas necesarias para el reforzamiento de las acciones de conservación y preservación del jaguar, a efecto de salvaguardar su hábitat.

Notas:

1 Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad. El Jaguar como elemento estratégico de la conservación. Carlos Manterola, Dalia Amor Conde, Fernando Colchero, Antonio Rivera, Edmundo Huerta, Ana Soler, Eugenia Pallares (documento en línea, 11 de febrero de 2012). http://www.demogr.mpg.de/ 0conservacion.pdf

2 Convenio sobre la Diversidad Biológica. Plan Estratégico para la Diversidad Biológica 2011-2020, que incluye las Metas de Aichi para la Diversidad Biológica (consulta en línea). https://www.cbd.int/sp/targets/

3 Jaguar Animal, Situación del jaguar por países (consulta en línea) http://jaguaranimal.org/situacion_por_paises

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de octubre de 2016.— Diputados: Alma Lucia Arzaluz Alonso, Jesús Sesma Suárez (rúbricas).»

Se remite a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen.

AVERIGUACIONES PREVIAS INTEGRADAS CON MOTIVO DE LOS HECHOS ACAECIDOS EL 2 DE OCTUBRE DE 1968

«Proposición con punto de acuerdo, por el cual se exhorta a la PGR a ejercer acción penal y, en su caso, consignar a los presuntos responsables de los delitos de genocidio, ejecución extrajudicial y tortura que se deriven de las averiguaciones previas integradas con motivo de los hechos del 2 de octubre de 1968, suscrita por los diputados Araceli Damián González y Juan Romero Tenorio, del Grupo Parlamentario de Morena

Araceli Damián González y Juan Romero Tenorio, en nuestra calidad de Diputados Federales de la LXIII Legislatura, integrantes del Grupo Parlamentario MORENA, con fundamento en lo dispuesto del Grupo Parlamentario de Morena de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo establecido en el artículo 6, numeral 1, fracción I; artículo 79, fracción II, y numeral 2, fracciones I y II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes::

Consideraciones

Primero.   El 2 de octubre de 1968, después de más de dos meses de movilizaciones estudiantiles en la Ciudad de México y en todo el país, cuando se realizaba en la Plaza de las Tres Culturas, en Tlatelolco, una gran manifestación estudiantil pacifica convocada por el Consejo Nacional de Huelga en demanda de 1) libertad a los presos políticos, 2) destitución de los generales Luis Cueto Ramírez, Raúl Mendiola y del teniente coronel Armando Frías. 3) extinción del cuerpo de granaderos. 4) Derogación de los artículos 145 y 145 bis del código penal (delito de disolución social), 5) indemnización a las familias de los muertos y a los heridos víctimas de las agresiones en los actos represivos iniciados el viernes 26 de julio, 6) deslinde de las responsabilidades de los actos de represión y vandalismo realizados por las autoridades a través de los policías, los granaderos y el ejército, fue brutalmente reprimida por el Estado Mexicano.

Ese día, después de que desde un helicóptero que sobrevolaba la Plaza de las Tres Culturas arrojara una luz de bengala, empezaron los disparos en contra de los miles de estudiantes que colmaron el lugar. En esta acción participaron miembros del ejército y los integrantes de la tristemente célebre “Brigada Blanca”, cuerpo paramilitar vestido civil, pero identificados por portar un guante blanco como distintivo.

De acuerdo a Paco Ignacio Taibo II, quien en 1993 encabezó una Comisión de la Verdad sobre estos sucesos, en esa “trágica” tarde fueron disparados 15 mil proyectiles y hubo 300 muertos, además de 700 heridos y cinco mil estudiantes detenidos. Según el periodista e investigador, participaron ocho mil militares de varios cuerpos destacados en la acción, 300 medios armados entre tanques, medios blindados y jeeps con ametralladoras. Todo ésto para reprimir una manifestación pacífica.

Desde entonces y hasta la fecha, a 48 años de lo ocurrido, ninguna persona ha sido consignada ante los tribunales por dichos acontecimientos, lo que ha dejado como herencia una deuda histórica con las víctimas y la sociedad en su conjunto y ha tenido como consecuencia un ciclo de impunidad que ha dañado profundamente la confianza en las instituciones. 

Segundo. Con motivo de las quejas presentadas por diversas organizaciones no gubernamentales en relación a los hechos de violencia que tuvieron lugar durante la “guerra sucia”, el 18 de septiembre de 1990, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos estableció el Programa Especial sobre Presuntos Desaparecidos. Los resultados de la investigación dieron lugar a la Recomendación 26/2001, en la que se insta al Poder Ejecutivo Federal para que: “se sirva girar instrucciones al Procurador General de la República a efecto de que designe un Fiscal Especial, con el fin de que se haga cargo de la investigación, y persecución, en su caso, de los delitos que puedan desprenderse de los hechos a que se refiere esta Recomendación; en caso de resultar procedente, ponga en consideración de las autoridades judiciales competentes los resultados de las indagatorias y, en su oportunidad se dé cuenta a esta Comisión Nacional de las acciones realizadas”. 

Tercero. El Presidente de la República aceptó la Recomendación 26/2001 y el 27 de noviembre del 2001 publicó en el Diario Oficial de la Federación el “Acuerdo por el que se disponen diversas medidas para la procuración de justicia por delitos cometidos en contra de personas vinculadas con movimientos sociales y políticos del pasado”, en el que se solicitó al Procurador General de la República que designara a un Fiscal Especial, con el carácter de agente del Ministerio Público de la Federación, encargado de concentrar y conocer de las denuncias o querellas formuladas por hechos probablemente constitutivos de delitos federales, cometidos, directa o indirectamente, por servidores públicos, en contra de personas vinculadas con los movimientos sociales y políticos referidos, así como perseguir los delitos correspondientes ante los tribunales competentes.

Cuarto. Mediante el Acuerdo A/01/02, de fecha 4 de enero de 2001, el Procurador General de la República, Rafael Macedo de la Concha, designó al Fiscal Especial al que se hace mención en la Recomendación y en el acuerdo presidencial invocado; el nombramiento recayó en el jurista Ignacio Carrillo Prieto.

Asimismo, por Acuerdo A/066/03, de fecha 23 de julio de 2003, publicado al día siguiente en el Diario Oficial de la Federación, el Procurador Macedo de la Concha delegó en el Fiscal Especial las facultades requeridas para el debido cumplimiento de su cargo.

Quinto. Derivado de los hechos del 2 de octubre de 1968 y del 10 de junio de 1971, el 10 de junio de 2002, las víctimas interpusieron formal denuncia ante la Fiscalía Especializada para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado. Por este motivo se dio inicio a la averiguación previa PGR/FEMOSPP/011/2002.

Sin embargo, a pesar de las que la Fiscalía Especial no agotó las indagatorias penales objeto de la Recomendación de la CNDH, el 30 de noviembre del 2006 -último día de su gestión-, el Procurador General de la República, Daniel Cabeza de Vaca, emitió el Acuerdo A/317/06, mediante el que se dispuso lo disolución Fiscalía Especializada para Movimientos Sociales y Políticos del Pasadoconforme a lo siguiente:

La abrogación del acuerdo emitido por el Procurador Rafael Macedo de la Concha, mediante el cual designó al Fiscal Especial.

La derogación del capítulo tercero del Acuerdo A/066/03, también emitido por el Procurador de la Concha, por el cual había delegado diversas facultades al Fiscal Especial.

El turno de los asuntos a cargo del Fiscal Especial a otras áreas de la institución, sin precisar a cuales.

La adscripción de los agentes del Ministerio Público de la Federación a otras áreas de la procuraduría, sin importar las tareas que venían desempeñando bajo la coordinación del Fiscal Especial.

El Acuerdo A/317/06 implicó la desaparición de la Fiscalía Especial para los Movimientos Sociales y Políticos del Pasado -FEMOSPP-, así como de la estructura operativa y administrativa que le había sido designada para llevar a cabo sus funciones.

Séxto. Mediante comunicado de prensa del Instituto Nacional de Acceso a la Información, de fecha 19 de agosto de 2015, por el que se hace público el mandato para que la Procuraduría General de la República entregue la versión pública de las averiguaciones previas en las que se consignó al ex Presidente, Luis Echeverría Álvarez, por el delito de genocidio en los hechos del 2 de octubre de 1968 y 10 de junio de 1971, se confirma que tales indagatorias integran averiguaciones ministeriales todavía en trámite, ahora bajo la competencia de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales (SEIDF), adscrita a la Procuraduría General de la República.

Por lo anteriormente expuesto, ponemos a consideración de esta Cámara de Diputados  la siguiente proposición con:

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta a la Titular de la Procuraduría General de la República ejercitar acción penal, y en su caso consignar a los presuntos responsables de los delitos de genocidio, ejecución extrajudicial y tortura, que se deriven de las averiguaciones previas integradas con motivo de los hechos acaecidos el 2 de octubre de 1968, antes competencia de la Fiscalía Especial para los Movimientos Sociales y Políticos del Pasado, ahora a cargo de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales.

Segundo. Hacer pública todas las averiguaciones previas referidas a la comisión de graves violaciones a derechos humanos durante el periodo conocido como la “guerra sucia”, en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de octubre  de 2016.— Diputada Araceli Damián González (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Derechos Humanos, para dictamen.

AGILIZAR LAS RESOLUCIONES MIGRATORIAS DE LAS PERSONAS ALOJADAS EN LAS ESTACIONES MIGRATORIAS

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Segob y al INM a agilizar las resoluciones migratorias de las personas alojadas en las estaciones migratorias, a cargo de la diputada Rosa Alba Ramírez Nachis, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

La Diputada Federal Rosa Alba Ramírez Nachis, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 45, párrafo 6, inciso e) y f), de la Ley Orgánica y en los artículos 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior todos del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta H. Asamblea el presente Dictamen.

Consideraciones

Obtener los documentos de identificación de los inmigrantes por parte de las embajadas, para que el Instituto Nacional de Migración pueda identificarlos en las estaciones migratorias y estar en condiciones de expedir los permisos de transitar por el territorio nacional tal como lo establece la normatividad de las leyes mexicanas o en caso contrario repatriarlos, con base a los lineamientos y acuerdos de los tratados internacionales firmados.

El fenómeno migratorio en nuestro país es prioritario, pues debe atenderse a la brevedad, es necesario incidir en políticas públicas que garanticen y ayuden al libre tránsito, mismas que deberán involucrar a los diversos actores políticos, económicos y sociales, así como la atención de la cooperación internacional y bilateral en las diversas naciones con el fin de minimizar dicho fenómeno.

Tener en cuenta todas las recomendaciones de derechos humanos y de alcance internacional, sobre todo coadyuvando en la responsabilidad de seguridad ciudadana, a fin de dar certeza jurídica y atender la movilidad al cruzar a los Estado Unidos Americanos, por motivos económicos principalmente.

El endurecimiento de las políticas migratorias norteamericanas y reforzamiento de las zonas fronterizas, con el Plan Frontera Sur implementado por México ha logrado aumentar el número de migrantes tomadas en custodia por las autoridades mexicanas, es responsabilidad de la Secretaría de Gobernación, a través del Instituto Nacional de Migración, garantizar el respeto de los derechos humanos de los migrantes con apego a sus libertades y garantías individuales.

Según datos de la Estación Migratoria de Tapachula, diariamente llegan a lo largo de la frontera chiapaneca cuando menos 500 personas provenientes de África, en su mayoría jóvenes, quienes han salido de sus países por una gran diversidad de motivos desde una fuerte crisis económica hasta guerra y violencia, en la búsqueda del sueño americano, y los que están en libre tránsito, el 13 de septiembre del 2016, se manifestaron en Michoacán ante la Delegación del Instituto Nacional de Migración argumentando que tienen que esperar más de un mes para iniciar los trámites de libre tránsito, el 22 de septiembre acontecieron sucesos de acoso sexual en la estación migratoria Siglo XXI la cual padece de sobrepoblación siendo un problema invisible para las autoridades. aunado a ello, existe poca seguridad y la atención con la que son tratados los inmigrantes es precaria, redundando en suicidios que se han dado últimamente en las  diversas estaciones migratorias.

Cada año, se concentran más inmigrantes procedentes de África y de América Latina que buscan cruzar por nuestro país a los Estados Unidos de América, considerándolo como la región de las oportunidades. Es necesario poner atención a esta gran problemática, ya que se argumenta por parte de los migrantes el poco interés que tienen los consulados en atender los trámites de salvoconducto.

Este problema no es nuevo, data desde décadas, pues las fronteras norte y sur son las que más concentran la población de migrantes y cada día se quedan más en nuestro territorio por no alcanzar el sueño americano, se requiere de instrumentar acciones y políticas públicas de alcance internacional, para que países desarrollados y la Organización de las Naciones Unidas, busquen mecanismos para frenar la migración dándoles incentivos y apoyos a sus regiones para estimular la economía local.

Derivado de lo anterior, someto a consideración de esta honorable Soberanía el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Secretaría de Gobernación a que coordine con el Instituto Nacional de Migración las acciones de trámite correspondiente para agilizar las resoluciones migratorias de las personas alojadas en las estaciones migratorias con el fin de salvaguardar y garantizar  los Derechos de los Inmigrantes.

Notas:

1 Ley de Migración/De los Derechos y Obligaciones de los Migrantes/Artículos 6 y 7.

2 Ley de Migración /Del Movimiento Internacional de Personas y Estancia de los Extranjeros en Territorio Nacional / Artículos 37, 38 y 40.

3 http://www.sexenio.com.mx/articulo.php?id=80834

4 http://www.excelsior.com.mx/nacional/2015/03/07/1012121

5 http://www.contactox.net/vernoticias.php?artid=19860&cat=235

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados, a los 28 días del mes de septiembre de 2016.— Diputada Rosa Alba Ramírez Nachis (rúbrica).»

Se remite a la Comisión de Asuntos Migratorios, para dictamen.

CONTINÚEN IMPULSANDO EL PLAN DE ACCIÓN ALZHEIMER Y OTRAS DEMENCIAS (PAAD), PROMOVIDO POR DICHA SECRETARÍA

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Ssa y los gobiernos de las entidades locales a continuar impulsando el Plan de Acción Alzheimer y otras Demencias, promovido por ella, a través del Instituto Nacional de Geriatría y la Federación Mexicana de Alzheimer, a cargo del diputado Pablo Elizondo García, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, legislador federal Pablo Elizondo García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, integrante de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, fracción 1; 79, numeral 2, fracción II; y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea el siguiente punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

En la vida cotidiana es bien sabido que existe un número considerable de personas en edad adulta que llevan vidas activas y saludables, sin embargo, otras enfrentan los inevitables cambios psicológicos, físicos y sociales que se van presentando con el paso del tiempo. En este sentido, el envejecimiento es un fenómeno normal, inevitable e irreversible, que conlleva una cuestión deseable de vivir varios años más con una capacidad funcional y una calidad de vida adecuada.

Relativo a ello, una de las enfermedades que más desgasta la salud de los adultos es la demencia, la cual, puede definirse como un síndrome caracterizado por la presencia de deterioro cognitivo persistente que interfiere con la capacidad del individuo para llevar a cabo sus actividades laborales o sociales. Es, en suma, una enfermedad gravemente incapacitante para aquéllos que la padecen y suele ser devastadora para sus cuidadores y familiares.

En esta tesitura, entre los tipos de demencia que se presentan, el Alzheimer, también denominado demencia senil de tipo Alzheimer, que es una enfermedad progresiva y degenerativa del cerebro que provoca un deterioro en la memoria, el pensamiento y la conducta de la persona, constituye la causa más frecuente de demencia entre las personas mayores de 65 años y, probablemente, la patología cerebral más estudiada desde el punto de vista químico y genético.

Este tipo de enfermedad adquiere relevancia debido al incremento en la población de adultos mayores. Por tanto, la difusión, prevención, diagnóstico y tratamiento de padecimientos crónicos asociados al envejecimiento se convierten en un tema preponderante dentro de la agenda de políticas públicas.

En México el número de pacientes mayores de 65 años en el año 2010 fue de 7 millones, esperando que sean 28 millones en el año 2050. La prevalencia de demencia crece exponencialmente de los 65 a los 85 años, duplicándose cada 5 o 6 años y estabilizándose a partir de los 85 a 90 años.

A título de ejemplo y de acuerdo con los estudios a nivel internacional, en promedio, la prevalencia de demencia se incrementa de 5 por ciento para los grupos de 71 a 79 años de edad; a 37.4 por ciento para el rango de 90 años y más. El único estudio de base poblacional realizado para la evaluación de la demencia en México indica que una prevalencia de demencia en ancianos es de 8.6 y 8.5 por ciento para las áreas urbana y rural, respectivamente.

En este sentido, México ha dado un importante avance en el tema, prueba de ello es que en 2014 se lanzó el Plan de Acción Alzheimer y otras Demencias, el cual fue promovido por la Secretaría de Salud a través del Instituto Nacional de Geriatría y la Federación Mexicana de Alzheimer, y cuyo objetivo es promover el bienestar de las personas con Enfermedad de Alzheimer y enfermedades afines y sus familiares, mediante el fortalecimiento de la respuesta del Sistema de Salud Mexicano, en sinergia con todas las instituciones responsables.

De acuerdo con cifras publicadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en el mundo entero hay unos 47.5 millones de personas que padecen demencia, y cada año se registran 7.7 millones de nuevos casos. De igual manera señala que la Enfermedad de Alzheimer es la causa de demencia más común, acapara entre un 60 y 70 por ciento de los casos.

Por su parte, el director del Instituto Nacional de Geriatría, Luis Miguel Gutiérrez Robledo, ha destacado que, en México, hay más de 800 mil casos de Alzheimer, detallando que la incidencia en el país es de 30 casos por cada mil personas por año, y dicho padecimiento podría ir en aumento debido al envejecimiento poblacional.

Lo anterior demuestra que el tema de las enfermedades relativas a la demencia, especialmente del Alzheimer, constituye un tema prioritario de salud pública, pues el número de personas afectadas por este padecimiento y el impacto que genera en su condición de vida, hace necesario tomar medidas tendientes a promover la salud mental, ello con la finalidad de incentivar el envejecimiento activo y saludable, ayudando a prevenir la aparición de dicha afección.

En definitiva, aunque se han tomado diversas medidas para combatir la Enfermedad del Alzheimer, lo cierto es que dicho padecimiento de acuerdo con las cifras antes versadas, va en aumento.

En un reciente artículo, el diario el Sol de México da constancia y hace referencia a través de los datos brindados por el doctor Harry Johns, presidente y director general de la Alzheimer’s Association, quien considera que la prevalencia global del Alzheimer y otras demencias afectarán a 76 millones de personas para 2030, amenazando, a su vez, las economías globales; en casos como México, Alemania y Brasil ni siquiera están conscientes de la fatalidad de este padecimiento. Es decir, en nuestro país existen alrededor de 11 millones de adultos mayores de 65 años, de los cuales, aproximadamente, el nueve por ciento sufre algún tipo de demencia; y de cada 10 personas que las padecen, ocho son de tipo Alzheimer, de acuerdo con el médico psiquiatra e investigador en ciencias médicas del Instituto Nacional de Geriatría (Inger), Adrián Martínez Ruiz, recopila igualmente lo dicho por el director del Instituto Nacional de Geriatría (Inger), Luis Miguel Gutiérrez Robledo, en una de las reuniones que tuvo con la Comisión Especial de seguimiento de los programas sociales destinados a los adultos mayores, en la Cámara de Diputados:

“El panorama para nuestro país no es alentador en este momento, pero las acciones preventivas en la edad media de la vida, tendrán un impacto favorable para reducir su prevalencia”,

Destaca asimismo que en México existen más personas mayores de 60 años, que niños menores de cinco, y que hay una alta velocidad de envejecimiento, pues la proporción de mexicanos mayores de 65 años aumentará de 6.2 a 15 por ciento en 2036.

En México, señala un estudio de la Cámara de Diputados, el número de pacientes mayores de 65 años en el año 2010 fue de siete millones, esperando que sean 28 millones en 2050. Lo que significa que la prevalencia de demencia crece exponencialmente de los 65 a los 85 años, duplicándose cada cinco o seis años y estabilizándose a partir de los 85 a 90 años.

Ante tal magnitud de esta enfermedad catastrófica, que se prevé aumentará su incidencia debido al envejecimiento poblacional, “se requiere desarrollar un sistema de apoyo para atender a los pacientes, ya que no se perfila en el mediano plazo el desarrollo de fármacos más efectivos para tratar este mal progresivo que genera dependencia”, advirtió Gutiérrez Robledo.

Hay que resaltar que muchos de los primeros síntomas de la enfermedad pueden no ser percibidos fácilmente porque se parecen signos naturales del envejecimiento, tales como el olvido, pérdida de la concentración, así como problemas motrices y de lenguaje, incluyendo dificultades para hablar y caminar.

Pero los signos de deterioro van aumentando rápidamente, sobre todo la alteración de la memoria, la atención y la conducta dependiente al no poder valerse por sí mismo. La edad promedio de comienzo de la enfermedad suelen ser los 60 años, sin embargo, puede aparecer antes, se han registrado casos de 35 a 40 años.

En congruencia con estos antecedentes, reviste principal importancia que se tomen en consideración, y en la medida de lo posible, la Secretaría de Salud y los gobiernos de las entidades federativas incorporen las buenas prácticas de otros países en los programas asistenciales en materia informativa para pacientes y familiares como:

• Promover el respeto a la dignidad, de la persona con Alzheimer.

• Generar programas de información masiva (población en general) sobre el Alzheimer y otras demencias que permitan un mayor conocimiento de las mismas, la identificación de posibles síntomas a nivel familiar y promuevan la eliminación del estigma hacia estos padecimientos.

• Generar medidas especiales que favorezcan una adecuada flexibilidad a la persona enferma y que precisan acompañamiento durante la visita médica o la atención de los servicios de urgencia.

• Fortalecer la formación y capacitación de profesionales de la salud, principalmente en el primer nivel de atención, para detectar a personas afectadas en etapas tempranas de la enfermedad.

• Siempre que sea posible, la atención a estas personas deberá hacerse en el marco de un equipo multidisciplinario, así como tener un trato especial en la atención en las citas médicas y tiempos de espera.

• Cada vez que sea necesario la expedición de un informe, especialmente para la tramitación de un expediente de discapacidad, el personal médico debe hacerlo con prontitud, de manera clara, con las características clínicas del momento, consecuencias globales del estado de salud del paciente y dependencia de la persona responsable de su cuidado.

• Por las características de la enfermedad, la información debe ser adecuada al estado de la persona y a sus necesidades.

En consideración a lo antes expuesto y en atención a que al artículo 73 de la Ley General de Salud, la cual previene de las actuaciones que deberán observar las instituciones de salud y los gobiernos de las entidades federativas para la promoción de la salud mental y la atención de las personas con trastornos mentales y del comportamiento que someto a ustedes el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa a la Secretaría de Salud y a los gobiernos de las entidades federativas, para que continúen impulsando el Plan de Acción Alzheimer y otras Demencias, promovido por la Secretaría de Salud a través del Instituto Nacional de Geriatría y la Federación Mexicana de Alzheimer.

Notas:

1 Roberto Ham Chande; Diagnóstico socio-demográfico del envejecimiento en México, http://www.conapo.gob.mx/es/CONAPO/Diagnostico _socio _ demografico _ del_ envejecimiento _ en_Mexico

2 B.L. Plassman, K.M. Langa, 6.6. Fisher, 5.6. Heeringa, D.R. Weir, M.B. Ofstedal, J.R. Burke, M.O. Hurd, 6.6. Potter, W.L. Rodgers, D.e. 5teffens, R.J. Willi, R.B. Wallace prevalence of Dementia in the United 5tates: The Aging, Demographics,and Memory 5tudy; Neuroepidemiology 2007;29:125-132

3 http://www.oem.com.mxlabcradio/notas/n4284616.htm

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de octubre de 2016.— Diputado Pablo Elizondo García (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.

MODIFIQUE EL TOPE DEL INGRESO POR CONCEPTO DE PENSIÓN CONTRIBUTIVA COMO REQUISITO PARA SER BENEFICIARIO DEL PROGRAMA PENSIÓN PARA ADULTOS MAYORES

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a modificar por la Sedesol el tope del ingreso por concepto de pensión contributiva como requisito a fin de ser beneficiario del programa Pensión para Adultos Mayores, a cargo de la diputada Gabriela Ramírez Ramos, del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, Gabriela Ramírez Ramos, diputada federal del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6 numeral 1, fracción I,  79 numeral 1, fracción II y numeral 2, fracción I del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta honorable asamblea, el presente punto de acuerdo al tenor de las siguientes:

Consideraciones

Los adultos mayores son sujetos de derechos universales y específicos, al pertenecer a un grupo social catalogado como vulnerable. Como sujetos activos de este catálogo de derechos en construcción, los adultos mayores se caracterizan especialmente por su calidad de sujetos pasivos respecto de la nueva dinámica social, la que los margina de las oportunidades y del mercado laboral, y los margina de espacios públicos, siendo en muchos casos indiferente a sus condiciones de vida.

Los adultos mayores como grupo vulnerable, pueden ser representados en relación a la economía, como sector pasivo, como personas que no están integradas a la actividad productiva, cuya precarización se manifiesta, entre otras cuestiones, en la desigualdad de acceso a una situación de bienestar social.

En nuestro país, como en el resto del mundo, la tendencia demográfica resulta si no alarmante, por lo menos sumamente preocupante.

Actualmente, de acuerdo con datos del Consejo Nacional de Población (Conapo), en México la esperanza de vida va en aumento, las personas mayores de 65 años, pasarán de 7.9 millones en el año 2014 a 9.8 millones en 2020, aumentando alrededor del 30 por ciento la dimensión de este grupo poblacional.

De continuar esta tendencia, en el 2050 se presentará una proporción de 73 adultos mayores de 65 años por cada 100 menores de 15 años.

Para este año se estima que sean casi 7 millones de personas mayores de 65 años, que no están integrados en los sistemas tradicionales de pensiones o esquemas de jubilación, o que estándolo, perciben ingresos por ese concepto apenas superiores a los $1,000 pesos mensuales, evidentemente por debajo de la línea de bienestar mínimo señalado por el Coneval, lo que implica que este amplio grupo de mexicanos, ni siquiera cuentan con los ingresos suficientes para satisfacer sus necesidades de alimentación.

Aunado a ello, el aumento de la población, incrementa la situación de alta vulnerabilidad que padecen las personas adultas mayores, especialmente aquellas ya señaladas, que se encuentran fuera de los esquemas institucionales de seguridad social y pensiones.

Datos estadísticos demuestran que una de cada 4 personas mayores de 65 años tiene alguna dificultad con las actividades básicas de la vida diaria (bañarse, vestirse, utilizar el sanitario, caminar, acostarse y levantarse), lo que agrava aún más su precaria condición, al no poder ni siquiera desarrollar una actividad para su sustento.

Cabe señalar que las reglas de operación del programa “Pensión para Adultos Mayores” fijan como tope a los ciudadanos que pretendan ingresar a los beneficios del programa, el no recibir por concepto de pensión de carácter contributiva, la cantidad de $1,092 pesos.

Aparentemente este tope ha sido fijado con criterios poco claros, sobre todo si se toma en cuenta que el propio Coneval (Consejo Nacional para la Evaluación de la Política Social) fija cantidades muy superiores como mínimos para poder satisfacer una elemental línea de bienestar, la cual, varía mes a mes, al tomarse en cuenta factores que inciden en la economía como los aumentos de precios, inflación, etc.

Para el febrero pasado, el Coneval estableció una línea de bienestar mínimo, la cual únicamente contempla el aspecto más básico de los satisfactores humanos: la alimentación, en $1,343.22 pesos para las zonas urbanas y $ 963.11 para las rurales.

A la par, se fijó por la misma institución que en las zonas urbanas, el ingreso mínimo por persona para alcanzar la línea de bienestar, que incluye satisfactores distintos de los alimentos, fue de $ 2,717.10 para las zonas urbanas y de $ 1,757.85 para las rurales.

De esta manera, una persona que obtenga un ingreso de $ 1,092 pesos, sumados a los $ 580 proporcionados por el programa, no alcanzaría un ingreso para superar la línea de bienestar mínimo alimentario establecido por el propio Coneval para las zonas urbanas, ni qué decir de lo lejana que se encuentra la mencionada cifra para satisfacer otra clase de necesidades.

La intención del programa “Pensión para Adultos Mayores” es la de contribuir a moderar la pérdida o disminución del ingreso de un individuo al final de su vida productiva ayudando a mitigar la pobreza y generar menor desigualdad de ingresos.

Los grupos de población constituidos por los adultos mayores, son vulnerables a los efectos del mercado y a los infortunios personales, que dificultan la prestación del apoyo familiar. Para el caso de las mujeres, se ha demostrado que la parcialidad institucional de los sistemas de protección social, en particular los que se basan en una actividad laboral ininterrumpida, contribuyen a fomentar la feminización de la pobreza.

Las obligaciones y responsabilidades del Estado mexicano para con los adultos mayores como grupo vulnerable, no se limitan a las generadas por el derecho interno, ni mucho menos solamente al compromiso social de los gobernantes.

Al respecto existen una serie de instrumentos internacionales que poco a poco han ido forjando y construyendo una nueva serie de derechos específicos, con la intención de paliar las condiciones de pobreza y desigualdad en las que vive mucha gente de edad.

Y es así como nuestro país ha suscrito diversos instrumentos y compromisos internacionales como el signado en calidad de miembro de la Organización de los Estados Americanos (OEA) en el “Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales” o “Protocolo de San Salvador”, que establece que toda persona tiene derecho a una protección especial durante su ancianidad, y es una obligación del Estado el proporcionar de manera progresiva las medidas necesarias para llevar este derecho a la práctica, especialmente por cuanto hace a la construcción de instalaciones adecuadas para su atención, a generar oportunidades laborales con programas específicos y proporcionar alimentación y atención médica a quienes carezcan de ellas y no estén en condiciones de proporcionárselas por sus propios medios.

En consonancia con estas disposiciones, en 1991, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprueba la “Carta de los Principios a favor de las Personas Mayores”, que amplía en mucha mayor medida los derechos de los adultos mayores y las responsabilidades del Estado.

Por lo antes expuesto es que someto a la consideración de esta honorable asamblea proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, exhorta al Ejecutivo Federal para que a través de la Secretaría de Desarrollo Social,  modifique en las reglas de operación el tope de $1,092 pesos, establecido en las reglas de operación, por ingreso en concepto de pensión contributiva como requisito para ser beneficiario del programa “Pensión para Adultos Mayores”, estableciendo un criterio dinámico acorde con las variaciones de la línea de bienestar establecidas por el Coneval, permitiendo la incorporación al programa a todos aquellos solicitantes que no superen el monto de $2,235.11 pesos (que resulta del promedio de las dos canastas para recibir el subsidio).

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de octubre de 2016.— Diputada Gabriela Ramírez Ramos (rúbrica).»

Se remite a la Comisión de Desarrollo Social, para dictamen.

AGILIZAR EL TRÁNSITO DE PERSONAS EN LOS CRUCES FRONTERIZOS DE CHIHUAHUA

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las autoridades migratorias correspondientes a implantar acciones para agilizar el tránsito de personas en los cruces fronterizos de Chihuahua, a cargo de la diputada María Ávila Serna e integrantes del Grupo Parlamentario del PVEM

Quien suscribe, diputada María Ávila Serna, en nombre de los diputados federales del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta honorable asamblea, la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

México y Estados Unidos cuentan con mecanismos heterogéneos de diálogo y negociación, ambos países integran una de las relaciones bilaterales más completas en el mundo. Para las autoridades de una y otra nación destacan temas como la seguridad fronteriza, migración, derechos humanos, cooperación transfronteriza y políticas públicas.

Los cruces fronterizos han significado un gran reto desde hace muchos años, sin embargo, la sociedad avanza y se moderniza día con día, así como sus necesidades. Para que en la actualidad los cruces fronterizos tengan un rendimiento óptimo y su funcionamiento sea más eficiente, debemos esforzarnos en renovar y mejorar las políticas binacionales en las fronteras entre México y Estados Unidos.

La necesidad de fortalecer tal colaboración, debe basarse en la responsabilidad compartida, teniendo en cuenta los retos y oportunidades derivados de la problemática que aqueja a ambas naciones en los cruces fronterizos.

Chihuahua cuenta con 913 km de frontera con los Estados Unidos y tiene la infraestructura de cruces más grande de todo el país con 11 cruces fronterizos. En promedio, cada año cruzan por esos puntos 7 millones de peatones; 13,000 vehículos privados, 24,000 autobuses; 900,000 camiones comerciales y 45,000 contenedores de carga.

En el caso particular de Ciudad Juárez, ésta cuenta con cuatro principales cruces fronterizos, a saber:

1.- El puente internacional Américas o puente “Libre”, que cuenta con siete líneas abiertas para cruzar en automóvil, en donde el tiempo de espera es de 45 minutos por la vía estándar, mientras que en ‘ready lane’ lleva alrededor de 40 minutos y 2 minutos por la vía peatonal.

2. El puente Santa Fe, con seis líneas en funcionamiento, en donde el tiempo de espera por la vía peatonal es de 10 minutos, mientras que en automóvil se tarda 40 minutos y 45 minutos en ‘ready lane’.

3. El puente Zaragoza, con seis líneas en funcionamiento, donde el tiempo para cruzar por el ‘ready lane’ es de 35 minutos y 30 minutos por la vía estándar y 1 minuto por la vía peatonal.

4. El puente Santa Teresa, con ocho líneas abiertas, donde el tiempo de espera es de hasta 50 minutos por automóvil, 100 minutos por la vía ‘ready lane’ y 75 minutos por la vía peatonal. Según el reporte de U.S Customs & Border Protection.

Estos son sólo algunos datos, sin embargo, en la realidad quienes cruzan la frontera se llevan más del tiempo señalado para poder hacerlo, lo cual resulta verdaderamente caótico. En virtud de lo anterior, resulta evidente la necesidad de optimizar el tráfico comercial y de personas para tener fronteras más ágiles.

En ese sentido, la embajadora de Estados Unidos en México, Roberta Jacobson, señaló: “Nosotros en el Gobierno de Estados Unidos y nuestra contraparte mexicana tenemos la obligación mutua de garantizar fronteras eficientes y modernas que apoyen el trabajo que se está haciendo”.

Con fundamento en ello, es que como legisladores debemos trabajar para que en la franja fronteriza se disminuya la aglomeración de automovilistas y peatones; así como en el reforzamiento de las medidas de seguridad, sin que ello implique hacer más lentos los cruces de personas y mercancías, por el contrario, se trata de buscar que estos cruces migrantes sean verdaderos espacios que mejoren las oportunidades económicas y las condiciones sociales de los habitantes y residentes de las zonas fronterizas del norte del país.

Reconocemos el esfuerzo que el Gobierno Federal ha venido realizando en este sector, pero es imprescindible realizar los ajustes necesarios para hacer más eficiente el tránsito de peatones y automovilistas en los cruces fronterizos.

En virtud de lo aquí expuesto, pongo a consideración de esta honorable asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosa-mente a las autoridades migratorias correspondientes a implementar las acciones conducentes a fin de optimizar los cruces fronterizos del estado de Chihuahua para agilizar el tránsito de personas.

Notas:

1 También conocida como línea exprés, proporciona un carril exclusivo a viajeros con documentos con tecnología RFID.

2 Véase http://tiempo.com.mx/noticia/38205-reporte_de_puentes_ciudad_juar/1

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 4 días del mes de octubre de 2016.— Diputados: María Ávila Serna, Jesús Sesma Suárez (rúbricas).»

Se turna a la Comisión de Asuntos Migratorios, para dictamen.

DISMINUIR Y COMBATIR LOS ÍNDICES DE DISCRIMINACIÓN Y RACISMO EN LAS ESCUELAS MEXICANAS

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SEP y el Conapred a implantar medidas de prevención, control y vigilancia a través de la ejecución de programas estructurales en todos los planteles de educación pública y privada para disminuir y combatir la discriminación y el racismo, a cargo de la diputada Mariana Trejo Flores, del Grupo Parlamentario de Morena

La que suscribe, diputada Mariana Trejo Flores, de la LXIII Legislatura Federal e integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en los artículos 6, fracción I y artículo 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de ésta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo

Antecedentes

Dar un trato diferente a las personas con denostación por su origen étnico, color de piel, capacidades, lengua, religión, raza, posición política, social o posición económica, así como creencias o aspecto físico cualquiera que éste fuese, se trata de un acto de discriminación.

La discriminación es un fenómeno que ha estado inserto en la sociedad mexicana como herencia histórica de un colonialismo “clasista atomizador”. La utilización de palabras con carga conceptual de origen étnico para referirse a una persona, fue la manera de clasificación de clases y castas durante toda la época colonial, dando con ello un lugar en la estratificación social.

Con éstas medidas de segregación, la sociedad tomaba un paradigma de auto-organización basada en la discriminación como medida de control social y división de clases que se filtraba en todos y cada uno de los aspectos de la cotidianidad del México de la Colonia.

Cada clase, cada grupo de origen étnico, tenía sus funciones sociales delimitadas y definidas en condicionantes que no les permitían cambiar de clase, por naturaleza y ley, la condición económico-política y social estaba definida por el color de la piel y el origen del nacimiento, dando prioridad a los peninsulares y europeos en derechos que cualquier otro ser humano nacido en América o en la Nueva España, desde esa perspectiva, la utilización de palabras como indio, naco, prieto, negro, zambo, criollo, se hacían con tendencias peyorativas entre las altas castas de la sociedad colonial.

Con el México independiente, la entronización de un gobierno de nacidos en tierras nacionales, aunque de origen peninsular, establecieron nuevas formas de organización, basados en el proceso restaurador francés de la declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano proclamados desde 1789 después de la Revolución Francesa, inspiración del nuevo orden independentista de las naciones e impactando en América desde el norte hasta el sur logrando la consolidación de nuevos esquemas de gobernanza, pero sin abatir la discriminación y segregación social.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su artículo 1o., párrafo 4o., que está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los esclavos del extranjero que entren al territorio nacional alcanzarán, por éste sólo hecho, su libertad y la protección de las leyes.

En el párrafo 4o. del mismo artículo se establece que queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil, o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.

El artículo 4o. constitucional establece que el varón y la mujer son iguales ante la ley, en su párrafo primero. En el párrafo noveno se establece de manera clara lo siguiente: En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez.

México se caracteriza por ser un país multicultural, lleno de diversidad cultural y étnica, a partir de ello, en la actualidad y, según datos del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred)la discriminación en las escuelas públicas se mantiene presente, discriminación que abarca todos los sentidos posibles que el propio concepto engloba, es decir, las escuelas en México están siendo promotoras, cómplices y a la vez víctimas de la discriminación.

Cientos de quejas al respecto se llevan a procesos judiciales o del orden administrativo para ser revisadas, pues niños, adolescentes y jóvenes son discriminados por su condición económica, social, étnica, discapacidades, salud, religión, sexo, raza, etc. De acuerdo con el Conapred dichas prácticas son cotidianas y a veces imperceptibles para quien las causa o recibe, de ahí que cualquier persona o grupo pueda emitir y/o recibir algún trato desfavorable e inmerecido a causa de ciertos prejuicios y tolerarlo por no darse cuenta.

El Conapred y casas especializadas en estudios sobre la discriminación han señalado que la discriminación es tan arraigada en la formación de los mexicanos que tal vez los mexicanos no se percaten de la intolerancia y discriminación de la que son víctimas y victimarios. Un estudio de Parametría revela que la población rechaza en gran medida a las personas con cierto aspecto físico, las menos religiosas o ateas, y aquellas consideradas pobres o con menor poder adquisitivo.

Estudios recientes de Conapred, establecen la cifra de que más de 30 por ciento de los mexicanos ha sido discriminado en algún momento durante los últimos 30 días, lo cual establece un alto parámetro de discriminación y racismo.

Como ya se mencionó con anterioridad, la escuela, como una de las principales formadoras de futuros ciudadanos, no puede seguir permitiendo que la discriminación suceda en las aulas, ya sea entre los alumnos o entre maestros y alumnos, sino que tiene que ser un medio en el que exista respeto y tolerancia a las diferencias de los demás, puesto que son las diferencias las que nos enriquecen como personas y le brindan identidad al ser humano.

La discriminación escolar es un problema que tiene graves consecuencias para aquellos que son víctimas de ella. Es importante que la Secretaría de Educación Pública y sus homólogas en las entidades tomen con seriedad el combate frontal a formar ciudadanos libres de este antecedente histórico que marca la discriminación como una forma de conducta usual.

Lo Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, como ya se señaló con anterioridad, un marco normativo que prohíbe la discriminación en el territorio nacional, en suma con lo establecido en el artículo 1o. definiendo el interés superior del estado en la niñez y, a su vez éste interés superior como directriz de las políticas públicas nacionales, es menester de la Secretaría de Educación Pública y del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación vincular esfuerzos conjuntos en favor de erradicar la discriminación que existe en las escuelas públicas y privadas de todo el territorio nacional, el trabajo realizado hasta ahora no ha sido suficiente, por lo cual solicitamos respetuosamente que se establezca una línea de acción definida, para enfrentar la discriminación en las escuelas de manera precisa y eficaz, donde los maestros, administrativos y demás personal que incurra en estas faltas sea sancionado conforme a derecho, así como un trabajo integral con alumnos para evitar que la discriminación y el racismo sigan siendo formas de conducta habituales en los estudiantes mexicanos.

Con lo expuesto e invocado en el proemio, expongo ante ésta soberanía, facultada por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el Reglamento Interior de la Cámara de Diputadas el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al secretario de Educación Pública y a la presidenta del Consejo Mexicano para Prevenir la Discriminación, a implementar la aplicación de programas conjuntos en las escuelas  para combatir y disminuir los índice de discriminación y racismo entre el alumnado mexicano.

Notas:

1 Concepto utilizado para referir a la acción y efecto de dividir en pequeños grupos la sociedad en clases definidas y separadas entre sí a partir del origen de la raza. Para el caso mexicano, la división de clases se dio a partir del lugar de nacimiento: españoles peninsulares, europeos, criollos, mestizos,  indios, zambos, negros en libertad y esclavos.

2 http://www.unla.mx/iusunla31/opinion/LA%20DISCRIMINACION %20EN%20MEXICO.htm

3 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/htm/1.htm

4 Consejo para Prevenir la Discriminación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de octubre de 2016.— Diputada Mariana Trejo Flores (rúbrica).»

Se remite a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para dictamen.

OBTENER DATOS PRECISOS QUE PERMITAN IDENTIFICAR LAS CAUSAS QUE ORIGINAN LOS ACCIDENTES CARRETEROS

«Proposición con punto de acuerdo, por el cual se exhorta a la Segob a revisar los reportes de accidentes carreteros implantados por la División de Seguridad Regional de la Policía Federal para obtener datos precisos sobre las causas de los percances que involucran a tractocamiones, a cargo de la diputada María Elena Orantes López, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

La que suscribe, María Elena Orantes López, integrante de la LXIII Legislatura en la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, vicecoordinadora del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6, fracción I, y 79, párrafos primero, fracción II, y segundo, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta soberanía proposición con punto de acuerdo por el que la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa a la Secretaría de Gobernación, a revisar los procedimientos y formatos de reporte de accidentes carreteros que implementa la División de Seguridad Regional de la Policía Federal, con el objeto de poder obtener datos específicos de los accidentes que ocurren en las carreteras del país. Esto para estimar, con mayor precisión, los niveles y tipos de riesgo que representan variables como la clase de vehículo; las características específicas de las variedades de tractocamión con remolque regular o doblemente articulado; el estado físico y anímico de los operadores o conductores; la infraestructura carretera, etc., a cargo de la diputada María Elena Orantes López, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con base en las siguientes:

Consideraciones

Anualmente, los accidentes carreteros ocasionan la muerte de aproximadamente 1.24 millones de personas en todo el mundo. En nuestro país, tan solo en 2015, ocurrieron 17 mil accidentes de tránsito en las carreteras federales, de acuerdo a información proporcionada por la Policía Federal a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

En los últimos años, los medios de comunicación han dado cuenta de la percepción social que atribuye muchos de estos accidentes a camiones doblemente articulados denominados “de doble remolque” o “full”. Como consecuencia de ello en 2013, se suscribió un Acuerdo de Entendimiento, entre la Secretaria de Comunicaciones y Transportes con las principales cámaras y asociaciones del Subsector del Autotransporte para  conformar un Panel de Expertos con la finalidad de analizar la normatividad aplicable y restringir el tránsito de vehículos de “doble remolque” en las carreteras y autopistas mexicanas, con el objetivo de disminuir los accidentes carreteros y las victimas mortales ocasionados por los mismos.

Derivado de anterior, se modificó la Norma Oficial  NOM-012-SCT-2-2014 Sobre el peso y dimensiones máximas con los que pueden circular los vehículos de autotransporte que transitan en las vías generales de comunicación de jurisdicción federal, para disminuir el peso máximo permitido de 75.5 toneladas a 66.5 toneladas en los tracto camiones doblemente articulados, y así mismo incorporar un nuevo concepto denominado tracto camión full diferenciado que tendrá como peso máximo hasta 75.5 toneladas.

Sin embargo, los accidentes carreteros que involucran a tractocamiones siguen ocurriendo de manera frecuente, sin que contemos aun con cifras confiables que indiquen los niveles de riesgo de los distintos elementos en la carretera o las distintas características de los vehículos pero muestran indicios sobre diversos factores que no siempre son considerados y señalamos a continuación:

En muchos casos, las unidades de carga continúan transportando  más peso del permitido, con la finalidad de disminuir costos y generar una mayor utilidad en los viajes que realizan. Lo que además deja al descubierto una red de complicidad entre  inspectores de Pesos y Dimensiones de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes, Policía Federal y transportistas, en la que no se acata la Norma Oficial y se permite el libre tránsito de los camiones de carga con mayor peso del permitido.

Las malas condiciones de los vehículos de transporte de carga, ya que muchos de estas unidades se encuentran en malas condiciones físicas y mecánicas, lo que pone en riesgo la integridad de los operadores y de los demás automovilistas.

La corrupción que prevalece al momento de tramitar la licencia de conducir tipo “E”, ya que se tiene conocimiento de que muchos de los candidatos no cumplen con el 100% de los requisitos necesarios para la obtención de dicha licencia, sin embargo, se les otorga aunque no acrediten el examen físico-integral, o no cuenten con la experiencia de dos años que se requiere, lo que ocasiona que muchos de los operadores no estén calificados para operar ese tipo de unidades de carga.

El consumo de sustancias prohibidas a las que recurren los operadores de carga, con la finalidad de mantenerse despiertos para reducir los tiempos de entrega y aumentar la cantidad de viajes, lo que les permite obtener mayores ingresos. Prácticas que serían erradicadas si verdaderamente la Policía Federal e inspectores de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes  les exigiera a los choferes su bitácora de horas de servicio y se les realizara de manera adecuada el examen médico correspondiente.

Las malas condiciones en las que se encuentran las carreteras y autopistas federales de nuestro país, ya que de acuerdo al “Programa de Conservación Periódica para el Ejercicio  2017” publicado por la SCT, el 22% de las carreteras federales se encuentran en condiciones “no satisfactorias para el tránsito”.

Las cuestiones climatológicas, como la lluvia y la neblina que provoca que se derrapen los neumáticos y poca visibilidad respectivamente.

Aunado a lo anterior y reiterando que en la actualidad no se cuentan con datos precisos que permitan identificar las causas por las que se originan los accidentes carreteros, ni tampoco cuales son atribuibles únicamente a los tracto camiones doblemente articulados o las condiciones suscitadas al momento del hecho de tránsito.

Es  por ello que propongo exhortar a la Policía Federal, quien levantar los reportes de los accidentes en carreteras federales, para que revise y en su caso, modifique los formatos de reporte para poder obtener información clara y precisa de las causas de los siniestros y cuáles de ellos son ocasionados exclusivamente por tracto camiones doblemente articulados. Lo que permitirá determinar si es viable o no, restringir el transito e inclusive sacar de circulación dichas unidades de transporte pesado o definir qué otras medidas se pueden adoptar.

Punto de Acuerdo

Primero.- Exhorta de manera respetuosa a la Secretaría de Gobernación a revisar los procedimientos y formatos de reporte de accidentes carreteros que implementa la División de Seguridad Regional de la Policía Federal, con el objeto de poder obtener datos específicos de los accidentes que ocurren en las carreteras del país. Esto para estimar, con mayor precisión, los niveles y tipos de riesgo que representan variables como la clase de vehículo; las características específicas de las variedades de tractocamión con remolque regular o doblemente articulado; el estado físico y anímico de los operadores o conductores; la infraestructura carretera, etc.

Nota:

1 Datos presentados en entrevista con Ciro Gómez, Leyva, programa radiofónico “Así las Cosas”, del 29 de septiembre de 2016. Entrevista a Adrián Del Mazo,  Director General de Autotransporte Federal.

http://wradio.com.mx/programa/2016/09/29/asi_las_cosas/ 1475166530_933967.html

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 29 de septiembre de 2016.— Diputada María Elena Orantes López (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Seguridad Pública, para dictamen.

FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE ARRAIGO EL CERESITO, UBICADO EN CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA

«Proposición con punto de acuerdo, relativo al funcionamiento del centro de arraigo El Ceresito, en Ciudad Juárez, Chihuahua, a cargo del diputado José Hernán Cortés Berumen, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito diputado José Hernán Cortés Berumen, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la Cámara de Diputados de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, fracción I, 62, 76 fracción IV y 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes:

Consideraciones

El 30 agosto de este 2016 a través de denuncia pública en medios de comunicación y con una investigación especial del reportero Luis Pavón Vázquez transmitida durante el programa “Despierta con Carlos Loret de Mola” se dio a conocer la existencia de lo que aparentemente se denuncia como una prisión clandestina en Ciudad Juárez, Chihuahua, consultable en: http://noticieros.televisa.com/programas-despierta-carlos-loret-mola/2016-08-30 /guantanamo-chihuahua/

En el marco de la investigación con voz de Lorenzo Flores Galván, fiscal en Ejecución de Penas y de Medidas Cautelares de la Fiscalía General del estado de Chihuahua se admite la existencia de dos centros de arraigo; uno en Ciudad Juárez y otro más en Chihuahua, desconociendo el número de personas que albergan ambos centros.

El reportaje especial da cuenta que al mencionado lugar se trasladan a presos que cumplieron dos años de prisión preventiva y no se les ha dictado sentencia, lo anterior, para evitar que el inculpado quede en libertad, debido a que el tiempo procesal para definir sus situación jurídica  ha vencido y que es a través del Ministerio Público que se solicita al juez el traslado del interno al lugar popularmente conocido como “El Ceresito”.

La denuncia pública transmitida por televisión presenta la inconformidad de organizaciones de derechos humanos y de profesionales del Sistema Penal acerca del funcionamiento de un centro como éste en el país.

Cabe recordar que en junio de 2016, entró en vigor para todo el país el Sistema de Justicia Penal Acusatorio Adversarial, cuyo principio fundamental es justamente la presunción de inocencia, por lo que no se concibe la figura del arraigo como medida cautelar.

Además que debemos señalar que el arraigo sólo es una figura de competencia federal y que fue eliminada como figura  aplicada por los gobiernos federales y la Carta Magna sólo lo prevé cuando se trate de delitos de delincuencia organizada, que a la letra refiere:

“Artículo 16. La autoridad judicial, a petición del Ministerio Público y tratándose de delitos de delincuencia organizada, podrá decretar el arraigo de una persona, con las modalidades de lugar y tiempo que la ley señale, sin que pueda exceder de cuarenta días, siempre que sea necesario para el éxito de la investigación, la protección de personas o bienes jurídicos, o cuando exista riesgo fundado de que el inculpado se sustraiga a la acción de la justicia. Este plazo podrá prorrogarse, siempre y cuando el Ministerio Público acredite que subsisten las causas que le dieron origen. En todo caso, la duración total del arraigo no podrá exceder los ochenta días.”

Además el primer párrafo del artículo 18 constitucional señala que sólo por delito que merezca pena privativa de libertad habrá lugar a prisión preventiva. El sitio de ésta será distinto del que se destinare para la extinción de las penas y estarán completamente separados.

El propio Código de Procedimientos Penales del estado de Chihuahua contempla sólo el arraigo domiciliado dice:

Artículo 169. Medidas.

A solicitud del Ministerio Público, una vez que se le haya dado la oportunidad de rendir su declaración preparatoria y en la forma, bajo las condiciones y por el tiempo que se fija en éste Código, la autoridad judicial impondrá fundada y motivadamente al imputado, después de escuchar sus razones, alguna o varias de las siguientes medidas cautelares:

I. a V. ...

VI El arraigo, en su propio domicilio o en el de otra persona, sin vigilancia alguna o con las modalidades que el Juez disponga;

VII. a XII. ...

El artículo 1o. constitucional señala que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la propia Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. Mantener a una persona privada de su libertad, en perjuicio de sus derechos, y en una probable violación al debido proceso, es inadmisible en un estado de derecho.

Es necesario conocer la veracidad de las acusaciones sobre este centro clandestino de reclusión, y de ser así, las condiciones en que opera, el fundamento y motivación con que se trasladan los reos que están en el supuesto señalado por el fiscal de Chihuahua, las autoridades responsables del lugar y las responsabilidades civiles y penales que de ello se deriven.

Por otro lado, si las personas que se encuentran recluidas en este centro, han sido violentadas en sus derechos humanos, como la privación ilegal de su libertad o contra el debido proceso, deben ser restituidas a la brevedad.

Por lo anteriormente expuesto esta Honorable Cámara de Diputados extiende los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta atenta y respetuosamente al gobernador del estado de Chihuahua, Lic. César Horacio Duarte Jáquez a informar a este Poder, el marco legal en el que se sustenta el funcionamiento del centro de arraigo ubicado en Ciudad Juárez, Chihuahua comúnmente denominado “El Ceresito”.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta atenta y respetuosamente al Fiscal General del estado de Chihuahua, Lic. Jorge Enrique González Nicolás, a informar a la opinión pública, el estado que guarda el Centro de Arraigo antes mencionado y las condiciones en las que opera.

Tercero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Comisión de Derechos Humanos del estado de Chihuahua a investigar, y en su caso, actuar en protección de las personas recluidas en el centro de arraigo denominado “El Ceresito”.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de octubre de 2016.— Diputado José Hernán Cortés Berumen (rúbrica).»

Se remite a la Comisión de Seguridad Pública, para dictamen.

IMPLEMENTAR UN MODELO DE ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA, EN EL ESTADO DE OAXACA

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Infonavit a implantar un modelo de arrendamiento de vivienda en Oaxaca, a cargo de la diputada Yaret Adriana Guevara Jiménez e integrantes del Grupo Parlamentario del PVEM

Quien suscribe, diputada Yaret Adriana Guevara Jiménez, en nombre de los diputados federales del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta honorable asamblea, la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El Centro de Estudios de Desarrollo Regional y Urbano Sustentable detalla que la vivienda es uno de los principales problemas económicos y sociales del país. “En México el 75% del uso del suelo corresponde al uso de vivienda, de ahí su importancia”.

Hoy en día, el parque habitacional en México es superior a los 35 millones de viviendas, en las que habitan más de 114 millones de personas.

En el país, existen cerca de 9 millones de hogares en rezago habitacional y la proyección al 2030 conforme a los datos referidos por el Consejo Coordinador Empresarial en el estudio Casa para todos en comunidades con calidad de vida (Noviembre 2012), señala que “considerando el rezago habitacional y la proyección de nuevos hogares, se requerirá una solución de 25.8 millones de hogares (página 28).

No obstante lo anterior, cabe señalar que con la política nacional de vivienda lanzada por el gobierno federal el rezago habitacional en México ha presentado una disminución del 7.5% en relación con la administración anterior. Tan sólo en tres años se han destinado 232 millones de pesos a subsidios dirigidos a atender a jóvenes y adultos, un 36% más que en años anteriores (Sedatu, diciembre 2015).

A pesar de la disminución en el Rezago Habitacional (2012-2014), con base a datos señalados por la Comisión Nacional de Vivienda, aún existen cerca de 34 millones de personas que residen en viviendas con algún tipo de rezago acrecentado particularmente en los años 2002, con 8.9 millones; 2004, con 9.5 millones; y 2012, cuando la cifra subió a 9.7 millones.

La necesidad de vivienda futura depende directamente del crecimiento poblacional y de la formación de los nuevos hogares.  Actualmente existe un promedio anual de necesidad de vivienda de más de 842 mil nuevos hogares  en los próximos 18 años, lo anterior representa un reto para las autoridades en la continuidad o implementación de políticas públicas que sigan atendiendo focalmente a la población en rezago.

La Dirección de Estudios Económicos de la Vivienda de la Sociedad Hipotecaria Federal (SHF), en su análisis del Rezago Habitacional en México por entidad federativa (julio 2015), destacó los siguientes resultados (las cifras entre paréntesis son porcentajes respecto al total de Rezago en el país):

• Aguascalientes (0.39); Tlaxcala (0.44); Quintana Roo (0.58); Baja California Sur (0.58); Colima (0.78); Nayarit (0.86); Yucatán (0.88); Sinaloa (0.91); Querétaro (1.08); Nuevo León (1.25); y Morelos (1.39), son entidades que suman el 10.39% del Rezago Habitacional.

• Durango (1.75); Tamaulipas (1.92); Distrito Federal (1.96); Hidalgo (1.96); Coahuila (2.30); San Luis Potosí (2.34); Zacatecas (2.37); Sonora (2.76); y Jalisco (2.93), agrupan el 20.28% del Rezago Habitacional.

• Guanajuato (3.03); Tabasco (4.30); Puebla (4.87); Chihuahua (5.21); Michoacán (5.44); y Guerrero (5.48) representan 28.32% del Rezago Habitacional en el país.

• Las entidades que presentan mayor rezago y suman 41.01% del total son Baja California (5.70); Oaxaca (6.16); Estado de México (6.59); Chiapas (9.15); y Veracruz (13.40).

Igualmente, la Dirección de Estudios Económicos de la Vivienda de la Sociedad Hipotecaria Federal señala que la demanda de vivienda por entidad federativa en el año 2016 se comportó de la siguiente manera:

Como lo demuestran los datos referidos por la SHF, dentro de las entidades con mayor rezago se encuentra Oaxaca, estado que ha transitado por una serie de adversidades que han limitado los avances y que no le han permitido abatir ese rezago histórico en materia habitacional.

El Sistema Nacional de Información e Indicadores de Vivienda, SNIIV 2.0 de la Comisión Nacional de Vivienda, revela en el apartado de rezago habitacionalcon base al número de hogares que el estado de Oaxaca al 2014, presentaba los siguientes datos:

Entidad:Oaxaca

Sin rezago: 455,813

Con rezago: 576,612

Total:1,032,425

En un ejercicio específico, la plataforma del SNIIV 2.0 hace una proyección de hogares en Oaxaca del año 2016 al 2030, pasando de 1,060,245 a 1,218,205 hogares en la entidad.

La SHF detalla que en el estado de Oaxaca la demanda de vivienda tiene un porcentaje de 2.44%, mientras que la oferta de vivienda tiene un 0.40%.

De igual manera, la SHF, en su Índice de Precios de la Vivienda, exhibe que del último trimestre del 2015 y el primero del 2016 el costo de la vivienda en el estado  presentó un incremento de un 2.71% al pasar de 120.11 a 123.37.

El estado de Oaxaca, se ha mantenido entre las diez primeras entidades en las que prevalecen altos precios de vivienda, por citar un ejemplo, en el 2013 ocupó el tercer lugar, mientras que en el año subsecuente, se ubicó en el séptimo escaño a nivel nacional.

La situación anteriormente descrita, aunada a que la entidad sigue siendo considerada la segunda con los salarios más bajos y de ingresos promedio a nivel nacional, aleja en la mayoría de las familias de la posibilidad de adquirir en el corto plazo una vivienda que favorezca a su desarrollo integral.

El Módulo de Condiciones Socioeconómicas del 2015 (MCS) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) refirió que el estado de Oaxaca forma parte de la tríada junto con Sinaloa y Aguascalientes de entidades que registran la desigualdad más alta de ingresos entre la población más vulnerable con respecto a las familias más acaudaladas; al detallar que en Oaxaca las familias de menores ingresos registran recursos mensuales por 1,688 pesos, en contraste con los hogares que perciben ingresos por 35,702 pesos, lo que representa 21.2 veces más que los primeros.

Por otra parte, el delegado del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit)  detalló que en Oaxaca de los 50 mil derechohabientes que pudieran tener acceso a un crédito, cerca de 30 mil perciben ingresos menores a 2.6 salarios mínimos, ante esto, el Instituto, ha implementado una serie de programas que buscan llegar a las familias que están cotizando, pero que no les alcanza para poder adquirir una vivienda.

Para inicios del 2016, el Infonavit anunció la aplicación del Programa “Manos a la obra”, con el que se busca que todos los derechohabientes que ganan menos del salario mínimo y tengan terrenos en posesión, ejidales o comunales puedan construir sus viviendas, con esta modalidad, se pretende beneficiar a cerca de 30 mil familias en el estado de Oaxaca.

Asimismo, el propio instituto informó que trabajaría para consolidar un programa de “arrendamiento” que sería sobre viviendas recuperadas, vinculando programas entre sí, para poder favorecer de forma directa a los trabajadores que requieran una habitación en renta.

En el estado de Oaxaca, el modelo de arrendamiento se robustecería como un mecanismo viable para todos aquellos derechohabientes que tienen una necesidad de vivienda. Es por ello que resulta apremiante que las viviendas recuperadas en la entidad por parte del Infonavit, sean destinadas en su mayoría a esta modalidad para así apoyar a las familias a las que se les dificulta adquirir en una vivienda, al menos en el corto plazo.

En Oaxaca existe 1 millón 231 mil 216 de viviendas, de las cuales el 74% están habitadas, 11% deshabitadas y 15% son de uso temporal, según datos referidos por el INEGI. Los municipios que concentran la mayor cantidad de viviendas deshabitadas son: Concepción Pápalo, 22,596; Asunción Nochixtlán, 13,486; Eloxochitlán de Flores Magón, 10,653; Constancia del Rosario, 10,081; Acatlán de Pérez Figueroa, 9,992; Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo, 9,949; Asunción Tlacolulita, 7,270; y El Espinal, 6,630.

En estos municipios una de cada ocho viviendas se encuentra en situación de abandono, situación en gran medida ocasionada por factores como la migración, las condiciones de inseguridad o porque los posesionarios tuvieron problemas económicos.

Lo cierto es que programas como el de Arrendavit representan una opción que permite atender a los derechohabientes que aún no deciden el lugar donde quieren vivir o que viajan constantemente y que requieren de una solución temporal a su necesidad de habitación.

En estados como Aguascalientes, Distrito Federal, Estado de México, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí, Sonora, Tabasco y Veracruz se ha implementado el programa de Arrendavit con buenos resultados y el mismo Infonavit reconoce que se han venido realizando acciones para incrementar la oferta de vivienda para el programa.

Lamentablemente, el estado de Oaxaca no se encuentra en el catálogo con viviendas disponibles, a pesar de que se considera que la entidad tiene un alto índice de prevalencia de viviendas de uso temporal.

Con la implementación del programa de Arrendavit y otras acciones complementarias, el Infonavit, en estricto apego a la Política Nacional de Vivienda, contribuiría en dos de las cuatro estrategias establecidas en el mismo modelo, las cuales se refieren a:

• Reducir de manera responsable el rezago de vivienda; y

• Procurar una vivienda digna para los mexicanos.

Es por tanto que resulta apremiante se coordinen esfuerzos para afianzar aquellos programas que beneficien en forma directa a los derechohabientes quienes se encuentran ante una situación clara de desventaja y requieren de forma urgente disponer de una opción que les permita contar con este elemento básico para su desarrollo y el de sus familias.

“Una vivienda digna, crea patrimonio familiar, tejido social y mejora la calidad de vida al aportar condiciones idóneas para la educación, la salud, la seguridad pública, la paz social...”

La Declaración Universal de los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, en su artículo 25, numeral 1, afirma que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, entre otros elementos, la vivienda.

En México, el derecho a una vivienda digna está fundamentado en el artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y reglamentado en la Ley de Vivienda, especificando que toda persona, sin importar su origen étnico o nacional, el género, la edad, la discapacidad, la condición social o económica, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias o el estado civil pueda ejercer su derecho constitucional a la vivienda (artículo 3°).

La accesibilidad a la vivienda es uno de los elementos principales para medir el bienestar de las familias y permite determinar con mayor precisión la demanda efectiva de soluciones de vivienda.

Por lo aquí expuesto, sometemos a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero.La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Infonavit a implementar en el estado de Oaxaca el modelo de arrendamiento que opera con éxito en otras entidades federativas, en beneficio de los derechohabientes con necesidades de habitación pero que no cuentan con los requerimientos para su adquisición, a fin de contribuir de forma efectiva a reducir la demanda de vivienda prevaleciente en el estado.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Infonavit a realizar las acciones necesarias para que las viviendas en situación de abandono que sean recuperadas en el estado de Oaxaca se destinen de modo prioritario al modelo de arrendamiento.

Notas:

1 Centro de Estudios de Desarrollo Regional y Urbano Sustentable. “Vivienda”. UNAM. [en línea]. [Fecha de consulta 03 de agosto de 2016]. Disponible en: http://www.economia.unam.mx/cedrus/investigacion/propuestas-politica/vivienda.h tml

2 “Hacia Hábitat III. El rol de los Gobiernos Locales en el Desarrollo Urbano Sustentable” Diálogos para un futuro sustentable. Quito. Octubre 2016.

3 Zaragoza, Yazmín “Rezago de vivienda es cada vez menor”. El Sol de México. 7 de enero del 2016. [en línea]. [Fecha de consulta 05 de agosto de 2016]. Disponible en: https://elsoldemexico.com.mx/finanzas/98915-98915

4 Consejo Coordinador Empresarial. “Casa para todos comunidades con localidad de vida”. Pág. 28.

5 Ibídem. Pág. 27

6 El SNIIV es una plataforma tecnológica en la que se puede consultar información sobre el inventario de vivienda por entidad, municipio y a nivel nacional, así como sus características y ubicación; también se pueden analizar datos acerca de los subsidios por estado, institución, valor de la vivienda, periodo y perfil de los beneficiarios. Se puso en marcha el 25 de agosto del 2015. Los últimos datos referidos, comprenden a los correspondientes al 2014. [en línea]. [Fecha de consulta 4 de agosto 2016]. Disponible en: http://www.conavi.gob.mx:8080/Reports/INEGI/Rezago.aspx

7 Sosa, Yuri. “En Oaxaca, 60% de derechohabientes del Infonavit por debajo de salario mínimo”. Grupo NVI Noticas. 11 de marzo del 2016. [en línea]. [Fecha de consulta 04 de agosto de 2016]. Disponible en: http://old.nvinoticias.com/oaxaca/general/332200-oaxaca-60-derechohabientes-del -infonavit-debajo-salario-minimo

8 “Infonavit busca colocar en 2016 más de 350 mil créditos para la compra de casas”. Vanguardia mx. 1 de enero 2016.[en línea]. [Fecha de consulta 04 de agosto de 2016]. Disponible en: http://www.vanguardia.com.mx/articulo/infonavit-busca-colocar-en-2016-mas-de-35 0-mil-creditos-para-la-compra-de-casas

9 Sosa, Yuri. “Oaxaca: vivienda cara y mala. Pega a calidad de vida“. Oaxaca Político. 27 de Noviembre del 2015. [en línea]. [Fecha de consulta 05 de agosto de 2016]. Disponible en http://oaxacapolitico.com/ oaxaca/locales/oaxaca-vivienda-cara-y-mala-pega-calidad-de-vida

10 Consejo Coordinador Empresarial. “Casa para todos comunidades con localidad de vida”. Pág. 12

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 4 días del mes de octubre de 2016.— Diputados: Yaret Adriana Guevara Jiménez, Jesús Sesma Suárez (rúbricas).»

Se turna a la Comisión de Vivienda, para dictamen.

EVITAR ACTOS ILEGALES DE DESPOJO DE LA TITULARIDAD O ADMINISTRACIÓN DEL SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA HULERA DE LA REPÚBLICA MEXICANA “BRIDGESTONE FIRESTONE”

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la STPS y a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje a tomar medidas en el ámbito de sus facultades para evitar actos ilegales de despojo de la titularidad o administración del Sindicato de Trabajadores de la Industria Hulera de la República Mexicana Bridgestone Firestone, a cargo del diputado Mario Ariel Juárez Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Morena

Mario Ariel Juárez Rodríguez, diputado del Grupo Parlamentario de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) ante la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, de conformidad con lo establecido en los artículos 6, fracción primera, y 79, numerales 1 y 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea el presente punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La empresa Bridgestone Neumáticos de Monterrey, SA de CV, es una empresa privada, fundada en 2005, con domicilio en Ciénega de Flores, Nuevo León. La empresa se dedica a la elaboración de cubiertas y cámaras neumáticas. Pertenece al grupo Bridgestone Corporation con oficina central en Tokio, Japón, que tiene 3,616 matrices y sucursales y se ostenta como la primera vendedora a nivel mundial de llantas en todo el mundo. En México cuenta con 2 plantas, una de ellas ubicada en Cuernavaca, Morelos y la otra en Monterrey, Nuevo León, produciendo más de 75 mil llantas diarias que proveen a 5 armadoras automotrices en México y 20 en otros países.

La empresa de Monterrey ha sido a lo largo de estos 12 años muy rentable; la participación de los trabajadores en las utilidades (PTU) del 2014 fue de más de 12´000,000.00 y el del 2015 de más de 20´800,000.00. Hay que considerar que este PTU corresponde al 10 por ciento de las ganancias.

Los trabajadores que laboran en ella están afiliados al Sindicato de Trabajadores de la Industria Hulera de la República Mexicana “Bridgestone Firestone” son 162 sindicalizados en Monterrey y 918 en Cuernavaca, con toma de nota en donde se establece que el secretario general es Antonio García Sánchez, representante de las dos plantas en México y recientemente nombrado presidente de la Coalición de Sindicatos Huleros

A inicio del mes de marzo de 2016, los trabajadores de la planta de Monterrey demandaron la retribución  de una diferencia que existe en el pago de las vacaciones, lo cual no le pareció bien al gerente de relaciones humanas, señor Eduardo Cordero Tello.

En abril de  2016 los 1300 trabajadores de la empresa Firestone-Bridgestone emplazaron a huelga exigiendo aumento salarial de 15 por ciento, el fin de las violaciones al Contrato Colectivo de Trabajo (CCT), un reclamo contra el aumento de la jornada de trabajo y de los niveles de productividad. La huelga estaba emplazada para el día 15 de mayo, pero no llegó a estallar.

Debido a lo anterior la empresa se despidió injustificadamente a más de 60 empleados con el pretexto de la baja en la producción y a los integrantes del Comité Seccional de la planta de Monterrey, por atreverse a demandar sus derechos.

Desde entonces la empresa intimida a los trabajadores pues les quiere imponer un contrato colectivo de protección patronal de un Sindicato del Estado de México que no es de la rama hulera, sino automotriz, y que pertenece a la Federación de Sindicatos Jesús Moreno Jiménez, que se alquila como esquirol para abaratar el costo de la mano de obra e imponer una directiva sindical a modo, en las empresas que lo solicitan.

Como antecedentes de esa Federación, la misma fue alquilada por el emporio gasolinero “Corpogás”, que preside Ricardo Vega Serrador, para acabar con el sindicato democrático en la gasolinera Servicio Murcia de la Ciudad de México, con 27 trabajadores, en donde dieron de alta en el seguro social a treinta falsos trabajadores de grupos de choque del estado de México, que nunca han pisado la gasolinera en cuestión, por lo cual ya se tiene una demanda penal.

Siguiendo esta misma práctica desleal, la empresa Bridgestone Firestone de Monterrey inscribió a más de cien esquiroles en el IMSS como trabajadores  a fin de inclinar en favor del sindicato charro la votación por la titularidad del contrato colectivo del trabajo e intenta consolidar este golpe por medio de maniobras como el desconocimiento de Benjamín Delgado, secretario general del actual sindicato de los obreros,  impidiendo el acceso al comité seccional y amedrentando a los trabajadores con la presencia de esos 110 golpeadores contratados del estado de México.

Los contratados hacen rondines intimidatorios en la planta, presionando a los trabajadores para que firmen su adhesión al sindicato patronal, en tanto, el resto de los golpeadores trabaja en las líneas de producción sin tener ningún tipo de capacitación para una operación que por razones de seguridad es sumamente especializada, por lo que los trabajadores se deslindan de los defectos que pueda tener la producción.

Llama la atención la parcialidad del proceder de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje ante la contratación de estos trabajadores al margen del contrato colectivo del trabajo; la inusual agilidad para procesar la solicitud de la titularidad del sindicato de protección, así como el despido de trabajadores reales y el intento de despido del propio dirigente.

Ante esta inmoral maniobra ejercitada por la trasnacional de capital estadounidense y japonés, la Coalición de Sindicatos de la Industria Hulera del país ha decidido iniciar una intensa jornada nacional e internacional en defensa del Sindicato de Bridgestone Firestone denunciando el intento empresarial para imponer mediante coacción, un contrato de protección patronal con el claro propósito de acabar con el Contrato Ley de la Industria Hulera y Llantera que aplica en México.

Esta violación a los derechos humanos laborales en México transgrede nuestra legislación nacional, los convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y los acuerdos de colaboración laboral paralelos del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

Por todo lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único.Se exhorta a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, para que en el ámbito de sus facultades, tomen las medidas necesarias para evitar el despojo que se pretende hacer de la titularidad o de la administración del contrato colectivo de trabajo de los trabajadores afiliados al Sindicato de Trabajadores de la Industria Hulera de la República Mexicana “Bridgestone Firestone”, con la contratación de trabajadores que integren una falsa mayoría a través de un recuento que actualice dicho despojo.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de octubre de 2016.— Diputado Mario Ariel Juárez Rodríguez (rúbrica).»

Se remite a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, para dictamen.

INSTALEN DE MANERA PERMANENTE CENTROS DE ATENCIÓN INTEGRAL A MUJERES Y NIÑAS QUE HAN SUFRIDO VIOLENCIA

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Segob a instalar de manera permanente con el Instituto Nacional de las Mujeres centros de atención integral a las que han sufrido violencia, a cargo de la diputada Marbella Toledo Ibarra, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

La que suscribe, Marbella Toledo Ibarra, Diputada Federal a la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en los artículos 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta honorable asamblea, proposición con punto de acuerdo, bajo la siguiente

Exposición de Motivos

La violencia es una cualidad de violento, y el concepto de violento, es aplicar a cosas o personas para vencer resistencia; dar interpretación o sentido violento a lo dicho o escrito; entrar en una casa u otra parte contra la voluntad de su dueño; poner a alguien en una situación violenta o hacer que se moleste o enoje. Actualmente en el país, la violencia es sin duda uno de los elementos que continua perpetuo en la nación mexicana.

ONU-MUJERES, señala que: “En todo el mundo, una de cada tres mujeres ha sufrido violencia física o sexual, principalmente por parte de un compañero sentimental. Ya sea en el hogar, en la calle o en los conflictos armados, la violencia contra mujeres es una pandemia mundial que ocurre en espacios públicos y privados”.

La Declaración sobre la eliminación de la Violencia contra la Mujer, señala que violencia contra la mujer, se entiende todo acto de violencia basada en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado de un daño o sufrimiento físico, sexual o sicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada.

En esta misma Declaración refiere entorno a los actos en el cual se muestran actos de violencia contra las mujeres y este se encuentra en el artículo 2º, que a la letra refiere:

Se entenderá que la violencia contra la mujer abarca los siguientes actos, aunque sin limitarse a ellos:

La violencia física, sexual y sicológica que se produzca en la familiar, incluidos los malos tratos, el abuso sexual de las niñas en el hogar, la violencia relacionada con la dote, la violación por el marido, la mutilación genital femenina y otras prácticas tradicionales nocivas para la mujer, los actos de violencia perpetradas por otros miembro de la familiar y la violencia relacionada con la explotación;

La violencia física, sexual y sicológica perpetrada dentro de la comunidad en general, inclusive la violación, el abuso sexual, el acoso y la intimidación sexuales en el trabajo, en instituciones educacionales y en otros lugares, la trata de mujeres y la prostitución forzada.

Un estudio reciente elaborado por Amnistía Internacional, denominado: “Sobrevivir a la muerte tortura de mujeres por policías y fuerzas armadas en México”, de este año, en el que señala que:

En la “guerra contra el narcotráfico” de México la tortura está generalizada, pero se resta importancia o se ignora en gran medida su impacto en las mujeres. Este informe analiza las historias de 100 mujeres que denunciaron tortura y otras formas de violencia durante su arresto a interrogatorio a manos de la policía y las fuerzas armadas. Palizas brutales, amenazas de violación a las mujeres y a sus familias, semiasfixia, descargas eléctricas en los genitales, manoseo de pechos y pellizcos en los pezones; violación con objetos, dedos, armas de fuego y penes; estas no son más que algunas de las formas de violencia infligidas a las mujeres, en muchos casos con la intención de hacerles “confesar” delitos graves.

Todas las mujeres entrevistadas por Amnistía Internacional mencionaron algún tipo de maltrato físico o psicológico; 72 denunciaron violencia sexual, de las que 33 denunciaron violación. Todas ellas permanecen en prisión, acusadas de delitos graves y tras haber recibido poca atención médica o psicológica. Pero sus torturadores están en la calle.

El Estado mexicano tiene la obligación y la oportunidad de actuar sobre esta cuestión. Un mecanismo de seguimiento de casos de tortura sexual contra mujeres es un paso en la dirección correcta, pero necesita ser reforzando con urgencia, pues sigue estando inactivo. Hace falta aprobar urgentemente una Ley General contra la Tortura para garantizar que todas las declaraciones y pruebas obtenidas mediante estas prácticas ilegales quedan excluidas de las actuaciones judiciales.

Ante esta situación de violencia e inseguridad contra las mujeres y niñas de Guerrero, las féminas se encuentran bajo una condición de vulnerabilidad frente a la violencia que es generalizada y que hasta el día de hoy, no ha sido resulta. Es decir, que no sea encontrado ni aplicado los mecanismos para brindar seguridad a los habitantes de la república mexicana y en la entidad. Dando como resultado una ola de homicidios contra las mujeres de forma violenta, hechos que dañan el tejido social.

Los tratados y convenciones en el que México forma parte en materia de protección a las mujeres a una vida sin violencia. La cual son instrumentos de suma importancia, para que las normas jurídicas mexicanas pero sobre todo guerrerenses protejan a las mujeres y niñas. Prueba de ello es lo estipulado en la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer “Convención de Belém do Pará”, en el que define la violencia contra la mujer como: “cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado”.

Ante esta grave situación por la que atraviesa el pueblo mexicano y la entidad; donde diariamente se asesinan a mujeres y niñas (menores de edad) es necesario exhortar al Gobierno Federal a través de la Secretaria de Gobernación y el Instituto Nacional de la Mujer para que instalen de manera permanente centros de atención a mujeres y niñas que han sufrido violencia en las principales ciudades en la entidad, y estos contengan una gama de servicios considerados esenciales como acceso a servicios de salud: física, psicológica, psiquiátrica, asistencia legal, formación para el empleo y la creación de programas encaminados a la protección de la mujer, refugios con el fin de brindarle a la mujer una asistencia integral. Así como dichos centros capacitación institucional al Gobierno del Estado y a organismos que lo requieren para apoyar a las mujeres y niñas que han sufrido de violencia en la entidad.

Por lo anteriormente expuesto, nos permitimos someter a la consideración del Pleno, el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. La LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, exhorta al Licenciado Miguel Ángel Osorio Chong, Titular de la Secretaría de Gobernación; para que en coordinación con la Licenciada Lorena Cruz Sánchez, Titular del Instituto Nacional de las Mujeres, instalen de manera permanente centros de atención a mujeres y niñas que han sufrido violencia en las principales ciudades del pais, y estos contengan una gama de servicios considerados esenciales como acceso a servicios de salud: física, psicológica, psiquiátrica, asistencia legal, refugios, formación para el empleo y la creación de programas encaminados a la protección de la mujer con el fin de brindar una asistencia integral.

Notas:

1 Real Academia Española, Diccionario de la lengua española, [en línea], 2016, 23ª. ed., [citado 15-07-2016]. Disponible en: http://dle.rae.es/?id=brhWhJl|brjKWH1.

2 ONU-MUJERES, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, Dieciséis Días de Activismo contra la Violencia de Género, Infografía: Violencia contra las mujeres, [en línea], 2016, [citado 15-007-2016], Disponible en Internet: http://www.unwomen. org/es/digital-library/multimedia/2015/11/infographic-violence-against-women.

3 Gobierno de la Republica, Secretaría de Gobernación, Orden Jurídico Nacional,  Declaración sobre la eliminación de la Violencia contra la Mujer,  http://www.ordenjuridico.gob.mx/TratInt/Derechos%20Humanos/INST%2018.pdf

4 Ibídem.

5 Amnistía Internacional, Sobrevivir a la muerte tortura de mujeres por policías y fuerzas armadas en México, [en línea], 2016, [citado 15-007-2016], formato pdf, Disponible en Internet: https://www.amnesty. org/es/documents/amr41/4237/2016/es/.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de octubre de 2016.— Diputada Marbella Toledo Ibarra (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Igualdad de Género, para dictamen.

EJECUCIÓN DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE INCLUSIÓN Y A DIFUNDIR SUS ACCIONES, RESULTADOS Y PRESUPUESTO EJERCIDO AL DÍA DE HOY

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sedesol a emitir los lineamientos y criterios de ejecución de la Estrategia Nacional de Inclusión y a difundir sus acciones, resultados y presupuesto ejercido a la fecha, a cargo de la diputada Marisol Vargas Bárcena, del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, diputada federal Marisol Vargas Bárcena, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 62 numeral 3, 79 numeral 2, fracciones I y II, del Reglamento de Cámara de Diputados; somete a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Desarrollo social a que emita los lineamientos y criterios de ejecución de la “Estrategia Nacional de Inclusión”; con base en las siguientes:

Consideraciones

El pasado mes de junio del presente año, el entonces titular de la Secretaría de Desarrollo Social, en conjunto con el coordinador general de Comunicación Social de la Presidencia y vocero del Gobierno de la República, en conferencia de prensa conjunta, dieron a conocer la “Estrategia Nacional de Inclusión” como un “instrumento de cambio para abatir la pobreza”.

En este acto fue anunciada la medida como el “esfuerzo más amplio, integral y transparente que se haya emprendido para abatir la pobreza” por parte del gobierno federal.

De la denominada “Estrategia” sólo se detalló que consiste en una serie de acciones de los sectores público, privado y social, métodos, criterios, y ocho objetivos; siendo estos últimos los que se especificaron:

1. Que 2.2 millones de mexicanos salgan del rezago educativo. El propósito es que más niños ingresen a cursar la educación preescolar y más adultos terminen su educación básica o secundaria este año.

2. Que 21.2 millones de personas se incorporen al Seguro Popular y al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para proteger la salud y el patrimonio de las familias más vulnerables, así como a los estudiantes de educación pública.

3. Que mediante un empleo formal, más personas cuenten con seguridad social. Refirió que en lo que va del sexenio se han registrado casi dos millones de nuevos empleos en el Instituto Mexicano del Seguro Social, la cifra más alta de la historia de México.

4. Que las familias tengan acceso a viviendas con muros, pisos y techos firmes, y que cuenten con espacio suficiente para evitar el hacinamiento. Mediante más de 700 mil acciones de vivienda en los últimos dos años, se han generado mejores condiciones de bienestar para casi cuatro millones de mexicanos.

5. Que además de mejores materiales y espacios, las viviendas cuenten con servicios básicos como agua, drenaje o electricidad. Hoy cinco millones de personas viven mejor, gracias a las acciones realizadas para dotar de estos servicios a las comunidades más rezagadas.

6. Que los mexicanos más pobres se alimenten mejor. Millones de beneficiarios de programas sociales, especialmente niños, mujeres embarazadas o en lactancia, y desde luego adultos mayores, reciben apoyos que contribuyen a su alimentación sana, variada y suficiente.

7. Que haya abasto suficiente y estabilidad de precios de los alimentos que integran la canasta básica. Al día de hoy el costo de la canasta alimentaria se ubica al mismo nivel que en diciembre del año pasado.

8. Que más ciudadanos conozcan y ejerzan sus derechos sociales. Desde finales de los años noventa, los estudiantes de educación media y superior tenían derecho a afiliarse al Seguro Social, sin embargo, no lo sabían.

Se abundó en que la “Estrategia” se apoyaría en el cimiento de la Cruzada Nacional contra el Hambre, es decir, que está basada en el “relanzamiento” de un programa social.

En cuanto hace a las acciones, métodos y criterios anunciados no se hizo mayor referencia durante la conferencia de prensa conjunta dada por los funcionarios. Al día de hoy, tampoco se han publicado lineamientos u ordenamientos en el diario oficial o medios oficiales de comunicación, en los que se puedan conocer a detalle el programa de esas acciones, métodos y criterios, cómo tampoco de los mecanismos de evaluación de la implementación de la “Estrategia”.

En el 4º Informe de Gobierno de la presente administración, se narra que entre septiembre de 2015 y agosto de 2016 se puso en marcha la “Estrategia Nacional de Inclusión” por las que se identificaron las carencias de la población inscrita en diversos programas para acercarlas a las instancias de apoyo.

En el informe se asegura que la Estrategia refuerza las acciones realizadas con anterioridad y cuenta con metas claras y plazos definidos (4º Informe de Gobierno 2016, 183 p.); pero ¿dónde están establecidas? ¿dónde se pueden consultar? ¿dónde se pueden conocer a detalle? ¿en qué parte de los documentos del informe se da cuenta de ellos? ¿bajo qué consideraciones y parámetros se establecieron?.

Sólo se nos da cuenta que se han suscrito convenios de colaboración con los gobiernos de las 32 entidades federativas y que se trabaja de manera coordinada con el propósito de compartir padrones y sistemas de información, para identificar las carencias de la población inscrita en diversos programas y acercarla a las instancias de apoyo. Pero los cuestionamientos se amplían ¿con cuántos padrones y de qué entidades ya se cuentan? ¿Qué porcentaje de avance representa esta acción dentro de la Estrategia?.

Se dice que una de las fortalezas de la “Estrategia” descansa en su articulación en los tres órdenes de gobierno y en la incorporación del sector privado y de las organizaciones de la sociedad civil para las tareas de abatimiento de la pobreza ¿cuántas y cuáles organizaciones se han incorporado? No se tiene precisión alguna.

En el Plan Nacional de Desarrollo, según se diagnosticó, no existía un “alineamiento claro y estratégico de la política social”. Al día de hoy la percepción es la misma, sin un instrumento que defina el rumbo en materia de política social; no obstante que en el propio Plan Nacional de Desarrollo se planteó la idea de un “México Incluyente” como una política enfocada en alcanzar una sociedad de derechos ciudadanos y humanos plenos, por lo que se propondrían políticas sociales que giraran en torno al ciudadano (Programa Nacional de Desarrollo 2013-2018, 45y 53p.);

No hay un instrumento de política pública formal o documento oficial en el que se precise una programación, en el que se vinculen diagnósticos, plazos de ejecución, el catálogo de programas sociales que forman parte de la estrategia, líneas de acción, asignación específica de responsabilidades, metas y objetivos, mecanismos de evaluación. No se cuenta con nada más que la “Estrategia” anunciada y lo narrado en el 4º Informe de Gobierno.

El problema no sólo es de denominación o nomenclatura, el problema es de fondo. Se trata de las deficiencias del diseño, planeación e implementación de lo que debería ser una de las principales políticas públicas dirigida a atender los problemas más sensibles de los mexicanos. Porque de lo que estamos hablando es de una política pública destinada a alcanzar uno de los principios que es pilar del Estado mexicano, que a lo largo de su historia ha sido objeto de revoluciones, y que es la expresión más fidedigna del ideal de justicia: la igualdad social.

En la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se considera a la planeación nacional como un instrumento idóneo para promover una política de desarrollo que refuerce las bases sociales del Estado y el fortalecimiento de las instituciones, que confiera transparencia a las acciones de gobierno.

Por otra parte, en el artículo 39 de la Ley General de Desarrollo Social, se establece que es a la Secretaría de Desarrollo Social a quien le corresponde diseñar y ejecutar las políticas generales en la materia; y la fracción VI del artículo 43 se señala como atribución de la Secretaría el diseñar los criterios de ejecución anual de los programas.

La materia del presente punto de acuerdo cobra importancia en virtud que la forma de hacer política social del gobierno federal se está sustentando en realizar anuncios espectaculares sobre “Estrategias”, sin un sustento técnico o metodológico que sea público y sobre todo que sustente el cambio estructural en la forma en que se combate a la pobreza.

Esta delicada situación de ausencia de planeación y transparencia, sólo nos lleva a concluir que gobierno carece de una respuesta aceptable para los numerosos problemas sociales de los ciudadanos, de aquello que está causando sufrimiento, envilecimiento de la existencia y la pérdida de la esperanza de muchos mexicanos.

La legitimidad política de los gobiernos, la credibilidad y confianza de la sociedad en los gobiernos, descansa en su desempeño social y de sus resultados en beneficio social.

Por lo expuesto, presento a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con:

Puntos de Acuerdo

Primero. Se solicita al titular de la Secretaría de Desarrollo Social a que emita los lineamientos y criterios de ejecución de la “Estrategia Nacional de Inclusión” y transparente su diseño, metodología, planeación, programación, presupuesto, acciones, metas y objetivos, así como los mecanismos de evaluación.

Segundo. Se solicita al titular de la Secretaría de Desarrollo Social a que publique un informe pormenorizado de las acciones, resultados y presupuesto ejercido al día de hoy de la operación de la “Estrategia Nacional de Inclusión”.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 4 días del mes de octubre del año 2016.— Diputada Marisol Vargas Bárcena (rúbrica).»

Se remite a la Comisión de Desarrollo Social, para dictamen.

IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE ACTUALIZACIÓN Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE SALUD, PARA FORTALECER LA PREVENCIÓN, DETECCIÓN Y DIAGNÓSTICO DE LA ENFERMEDAD DE PARKINSON

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las autoridades sanitarias federales y estatales a implantar programas de actualización y capacitación del personal de salud para fortalecer la prevención, la detección y el diagnóstico de la enfermedad de Parkinson, a cargo de la diputada Lorena Corona Valdés e integrantes del Grupo Parlamentario del PVEM

Quien suscribe, Lorena Corona Valdés, en nombre de los diputados federales del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la presente proposición con puntos de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Debido al aumento de la esperanza de vida y a la disminución de la tasa de fecundidad, la proporción de personas mayores de 60 años está aumentando más rápidamente en nuestro país, lo que se traduce en vidas más largas. Lo anterior tiene como resultado un aumento en el número de personas con enfermedades crónicas y no transmisibles, incluida la de Parkinson.

La enfermedad de Parkinson es un padecimiento neurodegenerativo progresivo, su incidencia está en aumento y está en clara relación con la edad, por lo cual será más importante con el mayor envejecimiento de la población. Las proyecciones de prevalencia e incidencia indican que el número de personas con este padecimiento continuará creciendo.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud entre 2000 y 2050, la población mundial mayor de 60 años se triplicará y pasará de 600 millones a 2 mil millones. La mayor parte de ese aumento se producirá en los países menos desarrollados.

En la actualidad hay en México más de 11 millones de adultos mayores de 60 años y más.Adicionalmente, el país tiene más individuos mayores de 60 años que niños menores de 5, y las proyecciones indican que el fenómeno del envejecimiento demográfico es irreversible.

De acuerdo con las proyecciones de población que estima Conapo, para 2025 y 2050 el monto de adultos mayores aumentará a 17.2 y 32.4 millones respectivamente y la esperanza de vida promedio será de 79.42 años; ésta, que actualmente es de 77.4 años para las mujeres y 71.7 para los hombres, aumentará a 81.6 y 77.3 años, respectivamente.

Este cambio demográfico tiene varias consecuencias para la salud pública y constituye un reto para la sociedad, la cual debe adaptarse a ello para optimizar al máximo la salud de las personas mayores.

Cuidar la salud a lo largo de la vida puede evitar o retrasar la aparición de enfermedades crónicas y no transmisibles. Sin embargo, éstas deben ser detectadas y tratadas a tiempo con el fin de reducir al mínimo sus consecuencias. El mejor modo de prestar esos servicios es mediante un sistema integral de atención primaria.

La de Parkinson es una de las enfermedades neurodegenerativas más comunes de inicio en el adulto, siendo la segunda causa más frecuente de enfermedad degenerativa después de la demencia de Alzheimer. Se ha estimado que la incidencia de esta enfermedad en mayores de 60 años es de 13.4 por cada 100 mil habitantes en Estados Unidos. La prevalencia de la enfermedad de Parkinson se ha estimado que es de 0.3 por ciento y cerca de 2 por ciento en personas mayores de 60 años.

En México se ha estimado una prevalencia entre 40 a 50 casos por cada 100 mil habitantes y en 2015 tan solo en el Instituto Mexicano del Seguro Social se otorgaron cerca de 200 mil consultas por este padecimiento.

Se ha calculado que en el mundo debido al aumento de la tasa de sobrevida y con esto al aumento de enfermedades degenerativas, la enfermedad de Parkinson afecta actualmente a entre 4.1 y 4.6 millones de personas mayores de 50 años, calculándose que para 2030 esta cifra será duplicada por lo que conlleva a un problema de salud pública. Este padecimiento es progresivo con una edad media de inicio de 55 años, y se ha calculado una duración media de la enfermedad de 10 a 13 años.

Se produce por una degeneración y pérdida de las neuronas que genera la dopamina en un área del cerebro llamada “sustancia nigra”. Al disminuir el contenido de dopamina en los núcleos cerebrales, resulta en una inhibición de las neuronas motoras corticales. La causa de esta muerte o deterioro celular se desconoce hasta la actualidad, pese a los importantes avances en el conocimiento sobre la enfermedad.

Los primeros síntomas de la enfermedad son sutiles y aparecen paulatinamente. En su periodo temprano, el paciente tan sólo presenta síntomas menores como cambios en la voz, en la escritura o del ánimo sin causa específica. Los síntomas con frecuencia inician en un lado del cuerpo y a medida que progresan se hacen bilaterales. No afecta a todas las personas por igual.

La enfermedad de Parkinson es un trastorno propio, por lo general, de personas de edad avanzada, caracterizado por la bradicinesia (lentitud de los movimientos voluntarios), acinesia (ausencia de movimiento), rigidez muscular y temblor. Suele comenzar entre los 50 y 65 años de edad, aunque existe un número reducido de casos antes de los 40 años a los cuales se llama “Parkinson juvenil”.

Los principales síntomas de la enfermedad son

• Temblor: Es el síntoma más característico. Este temblor muestra al paciente como si estuviera contando monedas, es rítmico. A medida que progresa la enfermedad, el temblor puede comenzar a interferir con las actividades cotidianas, como vestirse o comer.

• Rigidez:La rigidez muscular (falta de flexibilidad) es otro síntoma cardinal de la enfermedad. Los movimientos se perciben lentos y entrecortados; la expresión facial se encuentra disminuida.

• Bradicinesia: Es la lentitud para realizar los movimientos o la dificultad para iniciarlos. La persona nota que los movimientos requieren cierto grado de esfuerzo.

El diagnóstico es clínico e incluye otros síntomas como boca abierta con dificultad para mantenerla cerrada, voz de tono bajo y monótono, dificultad para escribir, para comer o para movimientos finos, deterioro intelectual, a veces, estreñimiento, depresión, ansiedad y atrofia muscular.

A la fecha no hay cura para esta enfermedad, los síntomas se controlan con medicamentos. El tratamiento se individualiza, es continuo y se hace teniendo en cuenta el estado clínico y el tiempo de evolución de la enfermedad.

En el sistema de salud mexicano, la atención médica se brinda sobre todo a través del primer nivel de atención y generalmente es también el primer contacto de la población con los servicios de salud. Por ello es fundamental fortalecer las competencias del personal, especialmente para atender el Parkinson.

Se estima que más de la mitad de los pacientes con diagnóstico de esta enfermedad son tratados en el ámbito de la atención primaria. En su etapa avanzada es de difícil manejo y requiere de la intervención de especialistas.

En el país tenemos un retraso del diagnóstico de la enfermedad de dos y medio años, tiempo excesivo para una persona que padece una enfermedad degenerativa y donde el tratamiento de una forma precoz, si bien no la va a curar, sí va a hacer que mantenga buena calidad de vida.

En consecuencia, el manejo óptimo incluye una detección oportuna, un diagnóstico temprano y el mantenimiento de un control médico ambulatorio, así como la referencia oportuna a una unidad médica de segundo o tercer nivel de atención, cuando esté indicado.

El número de profesionales disponibles para la atención de este padecimiento no es suficiente para atender satisfactoriamente las necesidades de la población, aunado a la falta de capacitación de los médicos generales para su atención, lo que constituye un obstáculo para el reconocimiento de la enfermedad. Con escasa formación en el tema, los médicos no pueden reconocer la sintomatología y menos aún establecer un tratamiento adecuado.

El retraso en el diagnóstico afecta gravemente el curso de la enfermedad e impacta en la calidad de vida de las personas afectadas y de sus familias. Es necesario aplicar con eficiencia los recursos hoy disponibles para realizar una evaluación integral y multidisciplinaria que permita identificar oportunamente los casos.

La detección temprana está directamente relacionada con una mejor evolución de la enfermedad, por lo que una educación amplia dirigida a su diagnóstico y tratamiento propiciará un cambio en los pacientes.

Los médicos generales que trabajan en el primer nivel de atención deben tener un papel fundamental en su diagnóstico y tratamiento. Para lograrlo necesitamos impulsar la formación y capacitación continuas de los recursos humanos con base en las necesidades nacionales de salud.

Actualmente se cuenta con 17 médicos de la especialidad, por lo que se reconoce la dificultad que representa contar con especialistas suficientes para atender cada caso de la enfermedad de Parkinson. Por tal motivo es indispensable lograr que no sólo el médico sino todo el personal de salud de primer nivel se capaciten para atender a los pacientes y sus familiares.

Conforme al marco jurídico, toda persona tiene derecho a la protección de la salud en términos del artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y son autoridades sanitarias la Secretaría de Salud y los gobiernos de las entidades federativas (artículo 4, fracciones III y IV, de la Ley General de Salud).

A los gobiernos de las entidades federativas corresponde, en materia de salubridad general, como autoridades locales y dentro de sus respectivas jurisdicciones territoriales, organizar, operar, supervisar y evaluar la prestación de los servicios de salubridad general a que se refieren las fracciones VIII y XVI del artículo 3o. de la Ley General de Salud, entre ellas: la promoción de la formación de recursos humanos para la salud, así como la prevención y el control de enfermedades no transmisibles y accidentes (artículo 13, apartado B, fracción I, de la Ley General de Salud).

La Ley General de Salud establece en el artículo 90, fracción I, que es atribución de la Secretaría de Salud y de los gobiernos de las entidades federativas, en sus respectivos ámbitos de competencia, sin perjuicio de las atribuciones de las autoridades educativas en la materia y en coordinación con éstas, “promover actividades tendentes a la formación, capacitación y actualización de los recursos humanos que se requieran para la satisfacción de las necesidades del país en materia de salud”.

En términos del artículo 51 de la Ley de los Institutos Nacionales de Salud, éstos podrán impartir estudios de pregrado, especialidades, subespecialidades, maestrías y doctorados, así como diplomados y educación continua, en los diversos campos de la ciencia médica. “Asimismo, podrán participar en la capacitación y actualización de recursos humanos, a través de cursos, conferencias, seminarios y otros similares, en los temas que consideren necesarios”.

El Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez cuenta con la alta especialidad en Parkinson y movimientos anormales y el Instituto Nacional de Geriatría tiene competencia para la formación de recursos humanos y la investigación del envejecimiento, de las enfermedades y cuidados del adulto mayor (artículo 5, fracciones IV Bis y V, de la Ley de los Institutos Nacionales de Salud).

Conforme a lo expuesto, y en términos del artículo 90, fracción I, de la Ley General de Salud, se estima indispensable que la Secretaría de Salud y sus homólogas de las entidades federativas, en sus respectivos ámbitos de competencia, adopten acciones para incrementar sostenidamente el número de especialistas para dar atención a los pacientes con enfermedad de Parkinson, en concordancia con las necesidades del país.

Asimismo, se estima ineludible exhortarlos para que implementen programas de actualización y capacitación continua de los profesionales de la salud del primer nivel de atención, a fin de fortalecer la detección y el diagnóstico temprano, así como el tratamiento oportuno de los pacientes con la enfermedad de Parkinson.

Por lo expuesto sometemos a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero.La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a las autoridades sanitarias federales y estatales a implantar programas de actualización y capacitación continua para los profesionales de la salud del primer nivel de atención a fin de fortalecer la detección, el diagnóstico temprano y, en su caso, el tratamiento oportuno de la enfermedad de Parkinson.

Segundo.La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a las autoridades sanitarias federales y estatales a realizar las acciones conducentes a incrementar sostenidamente el número de especialistas para dar atención a los pacientes con enfermedad de Parkinson, en concordancia con las necesidades del país.

Tercero.La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a las autoridades sanitarias federales y estatales a promover la realización de campañas de información dirigidas a la población sobre la enfermedad de Parkinson y sus síntomas.

Notas:

1 Inegi, Estadísticas a propósito del Día Internacional de las Personas de Edad [en línea], boletín de prensa del 25 de septiembre de 2014. Disponible en http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2014/adultos0.pdf

2 OMS, ¿Qué repercusiones tiene el envejecimiento mundial en la salud pública? [En línea.] Disponible en http://www.who.int/features/ qa/42/es/

3 Secretaría de Salud, Diagnóstico y tratamiento de la enfermedad de Parkinson inicial y avanzada en el tercer nivel de atención, México, 2010 [en línea]. Disponible en www.cenetec.salud.gob.mx/interior/ gpc.html

4 Comisión Nacional de Protección Social en Salud, Catálogo Universal de Servicios de Salud 2012 [en línea]. Disponible en http://www.censida.salud.gob.mx/descargas/biblioteca/documentos/CAUSES2012.pdf

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de octubre de 2016.— Diputados: Lorena Corona Valdés, Jesús Sesma Suárez (rúbricas).»

Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.

APEGARSE A LOS PRINCIPIOS DE LEGALIDAD, OBJETIVIDAD, IMPARCIALIDAD, PRESUNCIÓN DE INOCENCIA Y RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Procuraduría General de Justicia de Michoacán a efecto de que los procesos penales instaurados contra estudiantes de la escuela normal indígena del estado se ajusten a los principios de legalidad, objetividad, imparcialidad, presunción de inocencia y respeto de los derechos humanos, a cargo del diputado Ángel Antonio Hernández de la Piedra, del Grupo Parlamentario de Morena

El que suscribe, diputado Ángel Antonio Hernández de la Piedra, integrante de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión  del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 79 numeral 1, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Primera.- Alrededor de las 10:00 de la mañana del día 27 de septiembre del año en curso, estudiantes normalistas de la Escuela Normal Indígena del Estado de Michoacán se encontraban realizando volanteo y difusión de propaganda en el crucero Purépero-Carapan a la altura de la comunidad indígena de Carapan municipio de Chilchota Michoacán, cuando ya se retiraban hacia la normal ubicada en Cheran, fueron alcanzados por un operativo del Mando Único de la Policía de Michoacán, quienes atravesaron las patrullas y al instante comenzaron a disparar directamente a los camiones en que se transportaban los estudiantes normalistas.

Tras un enfrentamiento entre los estudiantes y los policías, 49 normalistas fueron detenidos,  algunos de ellos heridos.

Segunda.- La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) reportó que 18 de los 49 normalistas detenidos el pasado martes en el crucero Purépero-Carapan fueron puestos en libertad, dos de los cuales son menores de edad.

Mientras tanto, la Procuraduría General de Justicia del Estado en Michoacán consignó a los demás normalistas detenidos durante los disturbios, en este sentido los estudiantes de las diversas normales de la entidad fueron trasladados al Centro de Reinserción Social “David Franco Rodríguez”.

Al respecto, es necesario señalar que aunque la detención se haya dado en flagrancia, se requiere de actuaciones ministeriales que aporten pruebas que hagan presuponer mínimamente la comisión de actos delictivos; para el libramiento de la orden de aprehensión, los tribunales se ajustarán a lo previsto en el segundo párrafo del artículo 16 constitucional y lo que establezca la ley penal.

La Ley penal adjetiva señala que a efecto de integrar debidamente la averiguación previa, el inculpado tendrá, entre otros, los siguientes derechos:

“I.- Se le hará saber la imputación que existe en su contra y el nombre del denunciante o querellante;

II.- Se le harán saber los derechos que le otorga la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, particularmente en la averiguación previa, de los siguientes:

a) No declarar si así lo desea, o en caso contrario, a declarar asistido por su defensor;

b) Tener una defensa adecuada por sí, por abogado o por persona de su confianza, o si no quisiere o no pudiere designar defensor, se le designará desde luego un defensor de oficio;

c) Que su defensor comparezca en todos los actos de desahogo de pruebas dentro de la averiguación;

d) Que se le faciliten todos los datos que solicite para su defensa y que consten en la averiguación, para lo cual se permitirá a él y su defensor consultar en la oficina del Ministerio Público y en presencia del personal, el expediente de la averiguación previa;

e) Que se le reciban los testigos y demás pruebas que ofrezca y que se tomarán en cuenta para dictar la resolución que corresponda, concediéndosele el tiempo necesario para ello, siempre que no se traduzca en entorpecimiento de la averiguación y las personas cuyos testimonios ofrezca se encuentren en el lugar donde aquélla se lleva a cabo”.

Así mismo, durante las diligencias de averiguación previa deberán admitirse como prueba en los términos del artículo 20 fracción V de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, todo aquello que se ofrezca como tal, las cuales pueden ser:

1. Confesión

2. Inspección

3. Peritos

4. Testigos

5. Confrontación

6. Careos

7. Documentos

8. Comunicaciones Privadas entre Particulares

Sin embargo, aun cuando el precepto constitucional y la ley penal señalan los derechos de los imputados, estos no existe certeza sobre si  fueron respetados durante la integración de la carpeta de investigación para el caso de los estudiantes actualmente detenidos.

Luego entonces la actuación de la Procuraduría de General de Justicia del Estado de Michoacán parece contradictoria, pues por un lado está obligada a cumplir la ley y es con ella que solicita y obtiene los mandamientos judiciales para realizar la detención y ejercitar la acción penal contra los imputados, pero al mismo tiempo incumple la Constitución y la ley para la correcta integración de las averiguaciones previas.

Esto desvirtúa la actuación de la autoridad ministerial, reduce su credibilidad y legitimidad en sus actuaciones y pone en entredicho los principios Constitucionales de legalidad, imparcialidad, profesionalismo, honradez, presunción de inocencia que está obligado a respetar.

Tercero.- Las protestas realizadas por los estudiantes normalistas distan mucho de ser conductas que pongan en riesgo la ley, por lo que las acusaciones en contra fueron desproporcionadas, e incrementan la percepción pública negativa contra estos estudiantes aun cuando los estudiantes normalistas ya fueron puestos en libertad bajo fianza el 30 de septiembre del presente año  por no existir suficientes elementos para que continuaran en prisión preventiva. De esta manera observamos que la Procuraduría de General de Justicia del Estado de Michoacán utiliza el derecho penal como una forma de represión política y contención de la inconformidad social en lugar de un instrumento legítimo del estado para la aplicación simple y llana de la Ley. En ningún momento protegemos o justificamos ninguna acción de manifestación violenta, sin en cambio, la autoridad competente para escuchar las demandas de los estudiantes normalistas ha hecho caso omiso a ellas, y de manera tácita ha dejado que la situación empeore.

Cuarto. De acuerdo con declaraciones del procurador de Justicia del Estado de Michoacán, Martín Godoy Castro que confirmó la consignación,  la causa por la que fueron detenidos los normalistas fue por el bloqueo a las vías de comunicación y posteriormente consignados por los cargos de privación ilegal de la libertad. Hasta el momento estos estudiantes normalistas siguen detenidos.

Como ya mencionamos, estos estudiantes se encontraban realizando actividades para seguir luchando por plazas para los egresados de las diferentes normales de la ONOEM, la presentación con vida de los 43 normalistas de Aytozinapa y la derogación de la reforma educativa.

Las escuelas normales pertenecientes a la ONOEM, han realizado actividades de carácter política, cultural y educativa en rechazo a la reforma educativa, de igual modo,   han  demandado diálogo con las autoridades estatales para resolver el problema referente a de escasez de recursos.

En este panorama de escasez de recursos y apoyo para su labor, las escuelas normales del estado de Michoacán se han visto obligadas a organizarse por la defensa de los derechos estudiantiles y por la defensa de la educación básica, superior y media superior. Por ello se formó  la Organización de Normales oficiales del Estado de Michoacán (ONOEM), y de esta manera han salido de las aulas para luchar por la   permanencia, operación digna y apoyo a sus centros de estudios.

Quinta.- Ante estas manifestaciones de inconformidad de parte de los normalistas del estado de Michoacán el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, únicamente llamó a los inconformes a parar su manifestación y mencionó  que los graduados de las Escuelas Normales únicamente pueden ser contratados por el Gobierno mexicano a través de una evaluación  creada a partir de la reforma educativa aprobada en 2013.

Los jóvenes estudiantes normales que se han sumado a esta lucha buscan tener un trabajo digno al egresar de las normales michoacanas. La labor que realizan es de suma importancia, dados los precarios recursos que se les dan y las condiciones en las que realizan su labor.

Estos enfrentamientos son sinónimo de la falta de apertura por parte de las autoridades competentes para escuchar y comprender las demandas de los estudiantes, son un efecto más del fracaso y gran descontento que ha creado la aplicación de la reforma educativa.

Es por ello que en virtud de las consideraciones expresadas que ponemos a consideración del pleno los siguientes:

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión  exhorta a la Procuraduría de General de Justicia del Estado de Michoacán para que los procesos penales instaurados en contra de los estudiantes de la Organización de Normales oficiales del Estado de Michoacán, se apeguen a los principios de Legalidad, Objetividad, Imparcialidad, Presunción de Inocencia y respeto a los Derechos Humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como del marco internacional en la materia, y se abstenga de utilizar le ley penal como un instrumento de represión política y contención de los movimientos sociales;

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión  exhorta al gobierno del estado de Michoacán para que instale una mesa de negociación con los representantes de los estudiantes de la Organización de Normales oficiales del Estado de Michoacán, la Procuraduría de General de Justicia del Estado de Michoacán y los terceros afectados que presentaron denuncias, para que en el marco de la ley puedan llegar a acuerdos conciliatorios conforme al nuevo sistema penal acusatorio.

Referencias

http://www.oem.com.mx/elsoldeparral/notas/n4290895.htm

http://www.razon.com.mx/spip.php?article323063

http://www.proceso.com.mx/456923/consignan-a-30-normalistas- michoacan-privacion-la-libertad

http://www.animalpolitico.com/2016/09/normalistas-michoacan-detenidos/

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de octubre de 2016.— Diputado Ángel Antonio Hernández de La Piedra (rúbrica).»

Se remite a la Comisión de Derechos Humanos, para dictamen.

CONFLICTOS GENERADOS ENTRE LOS GANADEROS DE HUAJIMIC Y LAS AUTORIDADES DE LA COMUNIDAD WIXÁRIKA (HUICHOLES)

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Segob, a la Sedatu y los gobiernos de Jalisco y Nayarit a solucionar los conflictos generados entre los ganaderos de Huajimic y las autoridades de la comunidad wixárika, a cargo de la diputada Ma. Victoria Mercado Sánchez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

La suscrita, Ma. Victoria Mercado Sánchez, diputada integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, de la LXIII Legislatura de este H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 62, numeral 2, y 79 fracción II, numeral 2, fracciones I, II y III del Reglamento de la Cámara de Diputados, se somete a consideración de esta asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguiente:

Exposición de Motivos

Hace ya varias décadas la comunidad wixárika conocidos en español como “huicholes”, les fueron invadidos un aproximado de 10 mil hectáreas de sus tierras por ganaderos del poblado de Huajimic,  municipio de La Yesca, Nayarit.

Los huicholes argumentan que la Corona Española les otorgó mediante el correspondiente Título Virreinal en 1718, el legítimo derecho de propiedad sobre dichas tierras que como pueblo originario ocupaban desde antes de la llegada de los europeos. Además, del respaldo de una resolución presidencial otorgada en 1953, de acuerdo con De la Cruz.

Y desde hace nueve años la comunidad wixárika comenzó a interponer litigios ante el Tribunal Unitario Agrario (TUA) sumando cuarenta y siete juicios en contra de los ganaderos de Huajimic, para recuperar sus tierras que fueron arrebatadas.

El pasado domingo 25 de Septiembre del presente año, seis comisionados de los ganaderos en poder de las tierras en disputa y seis de la comunidad wixárika acordaron el domingo en Puente de Camotlán, Nayarit, aliviar la tensión que persiste luego de que el Tribunal Agrario 56 emitió la primera ejecución para restituir un total de 10 mil hectáreas en las inmediaciones de Huajimic, lo que desde el jueves propició bloqueos y protestas de los inconformes por lo que consideran un despojo. Miguel Vázquez, presidente del comisariado de bienes comunales de San Sebastián, dijo que el frente es el principal acuerdo de la primera reunión, en la que se logró reabrir el libre tránsito en la entrada norte el pueblo, lo que permitirá reanudar el paso a las rancherías indígenas de Chapalilla y Mesa de Huanacaxtle, entre otras comunidades.

Conforme al Programa Federal de Atención de Conflictos Sociales en el Medio Rural estipula que para acceder a los recursos debe existir un litigio en tribunales. Hasta el momento, la comunidad huichol han tenido trece sentencias a su favor, las cuales resolvieron que la zona en disputa debía ser devuelta a esa comunidad indígena.

Ante la situación tensa que se vive entre estas partes, ocasionadas por las resoluciones de los Tribunales Agrarios, se debe dar prioridad por parte de las autoridades locales y federales para evitar futuros problemas que incluso podrían afectar hasta terceros

Punto de Acuerdo

Único.Se solicita respetuosamente  a la Secretaria de Gobernación, a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, al Gobierno del Estado de Jalisco y al Gobierno del Estado de Nayarit, intervenir para dar solución a los conflictos generados entre los ganaderos de Huajimic y las autoridades de la Comunidad Wixárika (Huicholes) por las resoluciones del Tribunal Agrario, presentada por la diputada Ma. Victoria Mercado Sánchez.

Notas:

1 http://www.sinembargo.mx/28-09-2016/3095237

2 http://www.jornada.unam.mx/2016/09/27/estados/029n1est

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de octubree de 2016.— Diputada Ma. Victoria Mercado Sanchez (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Reforma Agraria, para dictamen.

CONCLUYA LA INVESTIGACIÓN ABIERTA EN CONTRA DE LAS EMPRESAS PUBLICIDAD RENTABLE Y MÁXIMA VALLAS

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SHCP a difundir por el SAT los avances y concluir la investigación abierta contra las empresas Publicidad Rentable y Máxima Vallas por los delitos de evasión y defraudación fiscal, a cargo del diputado Luis Gilberto Marrón Agustín, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, Luis Gilberto Marrón Agustín, diputado federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 6, 62 numeral 3 y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta Honorable Cámara de Diputados, la proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes:

Consideraciones

Es una obligación constitucional el contribuir al gasto público, mediante el pago de impuestos y contribuciones, para que el Estado pueda allegarse de los recursos necesarios para brindar servicios que la población espera de sus autoridades.

Actualmente el incumplimiento de esta obligación es uno de los principales problemas a los que se enfrenta nuestra autoridad tributaria, específicamente en el tema de la evasión y defraudación fiscal.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público ha venido realizando trabajos importantes en este tema. Por medio del Servicio de Administración Tributaria (SAT), se han realizado investigaciones para perseguir a las empresas que incurran en esquemas agresivos de evasión fiscal y evitar así una mayor afectación al sistema de recaudación y, en consecuencia, a los ingresos de la Federación.

En este contexto de evasión y defraudación fiscal encontramos el caso de la empresa Publicidad Rentable, que es parte de un consorcio de empresas comercializadoras de espacios publicitarios y que de acuerdo a las investigaciones realizadas por el Sistema de Administración Tributaria, reportan una omisión en el pago de impuestos por más de dos mil millones de pesos.

De acuerdo con información de la propia autoridad fiscal, la indagatoria contempla una revisión de movimientos bancarios de 2008 a la fecha.

Tanto la autoridad fiscal como la judicial se encuentran en un proceso de indagación por “simulación de actos comerciales entre empresas del mismo grupo, omisiones y alteraciones de declaraciones fiscales, deducciones falsas e ingresos reportados menores a los realmente obtenidos”.

Entre las presuntas irregularidades, podemos señalar las siguientes

1. Retención irregular de impuestos por sueldos y salarios de mil personas.

2. Omisiones en el impuesto sobre la renta (ISR) por más de 997 millones de pesos y otros 581 millones en lo que respecta al desaparecido impuesto empresarial a tasa única (IETU).

3. Presunta omisión por 532 millones de pesos en el impuesto al valor agregado (IVA).

Si bien la autoridad fiscal ha realizado y detectado operaciones fraudulentas en estas empresas, resulta insuficiente señalarlas. Es necesario concluir las investigaciones y realizar las denuncias pertinentes para castigarlos penalmente y cobrar esos impuestos, para que sirva de ejemplo al resto de los contribuyentes que realicen las mismas prácticas fraudulentas.

En el marco de la presentación de la reforma hacendaria, y después de su presentación, el gobierno federal nos aseguró que se eliminaban los privilegios fiscales y que la reforma proyectaría en nuestro país un sistema fiscal novedoso y sin parches legales que se reflejaría en el bienestar de las familias mexicanas.

Estos actos, que si bien derivan de decisiones de orden local, otorgan privilegios que contravienen el origen de la reforma citada, por lo que resulta fundamental mandar señales positivas al resto de los contribuyentes que sí pagan a tiempo sus impuestos. Es necesario combatirlos con el propósito de eliminar los beneficios exclusivos a los que más deben y evitar lesiones graves al erario público.

En el caso específico, en el municipio de Naucalpan de Juárez, estado de México, este grupo de empresas: Publicidad Rentable y Máxima Vallas cuentan con más de cien anuncios publicitarios establecidos dentro del territorio municipal, y de acuerdo con datos del ayuntamiento de Naucalpan de Juárez, a través de la Tesorería Municipal, presentan irregularidades, desde su instalación, hasta un largo retraso en el pago de impuestos por la explotación de la publicidad, ya que el último registro contable de pago existente es del año 2005, adeudando a la fecha aproximadamente $38,000,000.00 (treinta y ocho millones de pesos) por concepto de impuestos.

Por las razones anteriores, es impostergable que la SHCP, a través del SAT, culmine con las investigaciones correspondientes y recupere los recursos que las empresas antes señaladas han evitado pagar como impuestos a partir de mecanismos fraudulentos.

Por lo anteriormente expuesto, se propone el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través del Servicio de Administración Tributaria (SAT), para que informe a la opinión pública, los avances y concluya la investigación abierta en contra de las empresas Publicidad Rentable y Máxima Vallas por delitos de evasión y defraudación fiscal.

Nota:

1 http://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=941685

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de octubre de 2016.— Diputado Luis Gilberto Marrón Agustín (rúbrica).»

Se remite a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

CREACIÓN DEL GRUPO DE AMISTAD MÉXICO-TAIWÁN

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Junta de Coordinación Política a crear el grupo de amistad México-Taiwán, a cargo del diputado José de Jesús Galindo Rosas e integrantes del Grupo Parlamentario del PVEM

El que suscribe, diputado José de Jesús Galindo Rosas, en nombre de los diputados federales del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea, la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

En el Partido Verde estamos convencidos de que México necesita ser un actor sobresaliente en el ámbito internacional, lo anterior lo lograremos mediante la implementación de una política exterior activa, responsable y dinámica que proponga soluciones a los grandes problemas de la agenda mundial.

Asimismo, México necesita hacer un uso inteligente de las relaciones diplomáticas, debido que éstas representan el conducto ideal que permitirá a nuestro país perseguir y consolidar acuerdos, tanto bilaterales como multilaterales, los cuales nos facilitarán el avance en temas como el combate al narcotráfico y el crimen organizado, la promoción de inversiones que impulsen el desarrollo sustentable del país, la protección de los derechos humanos y del medio ambiente, la lucha contra el cambio climático, el fomento de las exportaciones, la atracción del turismo, la protección de nuestro patrimonio, entre muchos otros temas de la más alta envergadura.

En este contexto, la Junta de Coordinación Política de esta Cámara de Diputados, con fundamento en los artículos 46, numeral 5, y 104, numeral 4, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 272, fracción V, 275 y 276 del Reglamento de la Cámara de Diputados, estableció el acuerdo por el que se crean los grupos de amistad de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados.

Por su parte, el artículo 269 del Reglamento de la Cámara de Diputados, especifica que la diplomacia parlamentaria constituye la actividad desarrollada por la Cámara de Diputados, por sí o como parte del Congreso de la Unión, que realizamos los legisladores con nuestras contrapartes del mundo en el ámbito de las relaciones internacionales, con el objetivo de coadyuvar en la promoción, defensa y fortalecimiento del interés nacional en el exterior.

Es en este sentido, y con el espíritu de sostener lazos de cooperación y amistad en todo el orbe, que nuestro país ha establecido relaciones diplomáticas con todos aquellos miembros de la comunidad internacional con quienes comparte el propósito de mantener la armonía y la paz en el orden mundial, con base en los principios consagrados en el artículo 89, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En el acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se crean los grupos de amistad de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, de fecha 29 de abril de 2016, se encuentran países miembros de la comunidad internacional como son Palestina y la República Árabe Saharaui, que si bien son Estados no reconocidos o Estados con reconocimiento limitado, en un afán de inclusión, fueron también contemplados en los grupos de amistad; es por este motivo que extraña el hecho de que no se haya incluido a Taiwán.

Lo anterior es preocupante, ya que dicha nación es el décimo socio comercial de México y el octavo proveedor de nuestra nación, con un comercio bilateral que en 2015 ascendió a los 6 mil 900 millones de dólares.

Taiwán, también conocida como “Formosa” (la isla hermosa), tienen una población de 23 millones de habitantes, con una superficie de 36 mil kilómetros cuadrados (aproximadamente del tamaño del estado de Puebla) y es una potencia industrial de capital y de tecnología intensiva a nivel global.

Asimismo no debemos de obviar que

• La relación México-Taiwán se han profundizado gradualmente con el beneficio mutuo en los últimos años, en términos de las relaciones de comercio e inversión;

• El total de las empresas taiwanesas llega alrededor de 300, ubicadas principalmente en los estados de Baja California, Guanajuato y Ciudad de México;

• El monto de inversión taiwanesa en México asciende a más de mil millones de dólares;

• Además, Taiwán es candidato a ingresar al Tratado de Asociación Transpacífico (TPP), por lo cual se anticipa un aumento sustancial de la inversión bilateral México-Taiwán.

Así pues, consideramos que una relación tan estrecha con aquel país no se debe dejar de lado dada su creciente importancia, por lo cual Taiwán merece ser incluido dentro de los grupos de amistad de esta Cámara de Diputados.

En virtud de lo aquí expuesto pongo a consideración de la Junta de Coordinación Política la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta respetuosamente a la Junta de Coordinación Política a que, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 46, numeral 5, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 275 del Reglamento de la Cámara de Diputados, acuerde y ponga a consideración del pleno de la Cámara de Diputados la creación del Grupo de Amistad México-Taiwán.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de octubre de 2016.— Diputados: José de Jesús Galindo Rosas, Jesús Sesma Suárez (rúbricas).»

Se turna a la Junta de Coordinación Política, para su atención.

AUMENTAR LOS NIVELES DE SEGURIDAD EN LOS CAMINOS FEDERALES Y LAS VÍAS FERROVIARIAS

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, a través de la SHCP, a no realizar más alzas de las gasolinas Magna y Prémium y el diésel; y por la Segob, a tomar medidas para incrementar la seguridad en los caminos federales y las vías ferroviarias, a cargo del diputado Alfredo Javier Rodríguez Dávila, del Grupo Parlamentario del PAN

Alfredo Javier Rodríguez Dávila, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en el artículo 79, numerales 1, fracción II, y 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados somete a consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

El sector del transporte de carga es uno de los factores principales que otorgan dinamismo a la economía nacional: la ubicación geográfica de nuestro país, así como la excelente mano de obra calificada con la que cuenta, nos posicionan ante otras naciones con una clara ventaja competitiva.

La inversión a la infraestructura para el transporte había sido una constante al menos desde el año 2000. Sin embargo, en los últimos cuatro años, poco se ha tomado en cuenta a los transportistas y a los inversionistas del sector. Al día de hoy el sector del transporte de carga se encuentra en crisis prácticamente en todos sus ámbitos.

Muchos no terminan de entender que las condiciones que dan lugar a esta ventaja competitiva tienen un periodo de tiempo definido y que debemos aprovecharlas. Estamos en una carrera contra el tiempo, ya que la tecnología avanza a pasos agigantados y dentro de algunos años las distancias se reducirán, al menos en lo referente al costo de traslado de mercancías. Dichos costos, cada vez menores, impactan cada vez en menor medida en los costos finales de los productos.

En esta ocasión hago uso de las facultades que la ley me otorga como legislador, y como tal hago público el urgente llamado de auxilio del sector transporte de nuestro país y un llamado de urgencia para mejorar la competitividad de México respecto a los demás países.

La proposición que presento a esta asamblea tiene que ver con todos y cada uno de los sectores del transporte. Empezaremos con las promesas incumplidas del Ejecutivo federal y su ex secretario de Hacienda, en relación al incremento de los precios de los combustibles, y de la omisión o las pocas acciones del secretario de Gobernación para contener el ascenso en los índices de delincuencia en las vías generales de comunicación.

I. Precios de los combustibles

El 12 de agosto del año 2013, el titular del Poder Ejecutivo federal, Enrique Peña Nieto, presentó un conjunto de iniciativas, bajo el título de “reforma energética”, con la cual se pretendía transformar dicho sector a través de reestructurar Petróleos Mexicanos, reorganizando sus procesos, mejorando su régimen fiscal y promoviendo proyectos de infraestructura que permitieran que la paraestatal fuera capaz de atender las necesidades energéticas del país.

Durante la presentación de esta iniciativa, el residente retomó sus promesas de campaña de bajar los precios a combustibles, señalando que uno de los objetivos de la reforma energética era reducir los precios de las gasolinas. Todavía en enero de 2015, en un mensaje transmitido por cadena nacional, afirmó que no habría más aumentos a los precios de la gasolina y el diésel.

Sin embargo, casi tres años después de que se aprobó la reforma energética (diciembre de 2013), es posible constatar que la promesa del presidente Peña está muy lejos de cumplirse. Por el contrario, en lo que va de su administración, el precio de la gasolina ha aumentado casi en un 30 por ciento, pasando de costar, por litro, $10.92 la Magna y $11.48 la Premium en enero de 2013, a $13.98 y $14.81 pesos, respectivamente, en septiembre de 2016.

Durante este periodo no sólo desapareció el subsidio a los combustibles, sino que además se incrementaron las cargas impositivas a las gasolinas y el diésel, alcanzando hasta los 7 pesos por litro, muy lejanos a los 36 centavos por litro que se establecieron cuando se creó este impuesto en 2008, y totalmente desproporcionado si se compara con lo que se paga en otros países como Estados Unidos (un peso con cincuenta centavos por litro). Los impuestos que paga el mexicano para adquirir gasolina actualmente representan el 40 por ciento del valor total del producto.

Peor aún, especialistas afirman que el panorama sobre el futuro de los precios de combustibles no podría ser más desolador. Al liberarse los precios tal como está previsto, el valor al público de las gasolinas y el diésel podría alcanzar los 18 pesos por litro, ya que no existen las condiciones de infraestructura ni se ha fortalecido el mercado interno, con lo cual es imposible que se den precios competitivos ni se logre la reducción de precios prometidos con la reforma.

Este escenario ha puesto en jaque al sector de transportes en el país, el cual creyó en la palabra del presidente de la república acerca de que no aumentarían más los precios de los combustibles, y por ello adquirió compromisos a largo plazo, los cuales se han vuelto insolventables debido al encarecimiento de su principal insumo.

A través del transporte terrestre de carga, se movilizan la inmensa mayoría de mercancías en el país, por lo cual es obligación del Ejecutivo federal reconocer su palabra y darle el trato prioritario que merece.

Este tipo de aumentos terminan afectando también al consumidor final, con incrementos en el precio de las mercancías.

Estamos frente a un llamado de auxilio del sector transporte del país, es momento de que el Ejecutivo se solidarice con su causa, de lo contrario se pone en riesgo la competitividad de nuestro país.

II. Inseguridad en vías de comunicación

Prácticamente desde finales del año de 2012 los niveles de robos al autotransporte de carga y a los ferrocarriles han tenido un incremento constante, alcanzando en 2016 niveles que las organizaciones empresariales, como la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga, han calificado nada menos que de alarmantes.

Basta conocer algunos ejemplos: En el año de 2015 el robo de tractocamiones incrementó en 73 por ciento, en comparación con 2014, y al primer semestre de 2016 aumentó en un 40 por ciento, en comparación con el mismo periodo del año pasado.

De igual forma, en lo que va de este año, 50 por ciento de las unidades no han sido recuperadas, y las pérdidas han representado sumas equivalentes a 663 millones de pesos para las empresas.

La incapacidad del gobierno de frenar este incremento en la delincuencia, además de mermar la economía de las empresas, pone en riesgo la integridad, pero sobre toda la vida de los trabajadores. Las omisiones del gobierno federal terminan por vulnerar el derecho al trabajo, a la seguridad, a la libertad de los individuos de dedicarse a la actividad económica que prefieran, y violenta gravemente el estado de derecho.

El panorama del subsector de transporte de carga por ferrocarril tampoco se presenta favorable. De acuerdo con el informe elaborado por Freight Watch International, los robos al ferrocarril representan casi el 25 por ciento de los hurtos al transporte de carga en México. Ante estas circunstancias, además del ferroviario y sus usuarios, otros sectores como el aduanero se han visto afectados.

La situación ha traído, como consecuencias secundarias, el incremento de los precios de servicios de las aseguradoras y, por tanto, de los costos de los transportistas y, por ende, de los bienes de consumo.

No se puede pasar por alto que la delincuencia debe ser combatida desde distintos frentes. No únicamente aumentando las penas o incrementando el número de unidades de policías para vigilar. La delincuencia se reduce mejorando las condiciones de vida de las y los mexicanos y creando mayores oportunidades para el desarrollo personal para los mismos. Y ésta es otra tarea en la que el gobierno no ha logrado resultados favorables.

Un claro ejemplo de lo anterior se puede constatar con la incapacidad del gobierno federal de solucionar el conflicto magisterial a nivel nacional. La falta de un diálogo verdadero y de voluntad política por llegar a acuerdos ha ocasionado que el conflicto se haya prolongado aún más, incrementándose así el número de bloqueos a vías generales de comunicación. Un caso especial ha sido el ocurrido en Michoacán, donde los bloqueos a las vías ferroviarias provocaron que más de 125 trenes (equivalentes a más de 35 mil tractocamiones) se encontraran varados y, por ende, se dispararan los costos de las operaciones. Además, que los retrasos de las mismas tuvieron como consecuencias el incumplimiento de los contratos internacionales entre importadores y exportadores, afectaciones a los indicadores del comercio internacional y problemas de abasto de los productos.

Al día de hoy, no existe plan estratégico alguno para la planeación y el crecimiento del servicio ferroviario en México. El gobierno federal no ha invertido un peso desde hace décadas en mejorar e incrementar las vías férreas.

III. Altos costos en el cabotaje

En lo que respecta al sector marítimo, para el cabotaje nacional prácticamente no existe en el gobierno federal ni la mínima intención de contribuir en su desarrollo. Los costos que se tienen en México por maniobras de almacenaje, y en general de todos los servicios portuarios, son muy elevados en comparación con los demás países con los que tenemos que competir. Esta situación pone en una enorme desventaja internacional a las empresas mexicanas.

En pocas palabras: nuestras empresas son eficientes y competitivas, pero la falta de infraestructura y de un plan estratégico del sector transporte las coloca en una franca desventaja, que demerita sus esfuerzos.

Por lo antes expuesto, me permito someter a esta Asamblea Legislativa, la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta al Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a detener el incremento de los precios de la gasolina –Magna y Premium– y del diésel, a través de la reducción del impuesto especial sobre productos y servicios a los combustibles fósiles y de una planeación adecuada para la liberalización de los precios que se tiene programada para 2017, que permita brindar certidumbre tanto a los empresarios como a los trabajadores del sector del transporte de carga a nivel nacional.

Segundo. Se exhorta al Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Gobernación, a que implemente acciones urgentes e integrales con la finalidad de reducir los índices de robos al autotransporte de carga y al transporte ferroviario de carga, y se garantice la seguridad de los trabajadores del sector de transportes.

Tercero. Se exhorta al Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, para que defina un plan estratégico real y posible para mejorar la competitividad del transporte de carga en México, y de esta manera, mejore la competitividad de las empresas establecidas en el país y se detone su crecimiento económico.

Notas:

1 “Alarmante, incremento de robo a transporte de Carga: Canacar” en El Universal, 10 de agosto de 2016. Disponible en internet en: http://www.eluniversal.com.mx/articulo/cartera/economia/2016/08/ 10/alarmante-incremento-de-robo-transporte-de-carga-canacar

2 “Bajío con más robos al ferrocarril: FreightWatch International” en T21, 29 de agosto de 2016. Disponible en internet en: http://t21.com. mx/ferroviario/2016/08/29/bajio-mas-robos-ferrocarril-freightwatch-internationa l

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de octubre de 2016.— Diputado Alfredo Javier Rodríguez Dávila (rúbrica).»

Se remite a la Comisión de Transportes, para dictamen.

IMPLEMENTAR ACCIONES PREVENTIVAS, DE SEGURIDAD Y DE JUSTICIA, PARA ENFRENTAR Y ABATIR LA VIOLENCIA FEMINICIDA

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al estado de Nuevo León, a través de la Procuraduría General de Justicia y de la Secretaría de Seguridad Pública, a implantar acciones preventivas, de seguridad y de justicia para enfrentar y abatir la violencia feminicida, a cargo de la diputada Ximena Tamariz García, del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, Ximena Tamariz García, diputada federal del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, integrante de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto el artículo 6, numeral 1, fracción I, y el artículo 79, numeral 1, fracción II y numeral 2, ambos del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

La violencia contra las mujeres abarca desde el acoso verbal hasta la violencia sexual, psicológica, patrimonial, económica, entre muchas otras que lesionan o dañan la integridad o libertad de las mujeres. Según estadísticas de la Organización Mundial de la Salud, entre un 15 y 76 por ciento de las mujeres sufren alguna vez en su vida de violencia física y/o sexual. La OMS declara también que un 50 por ciento de las agresiones sexuales cometidas en el mundo fueron contra mujeres menores de 16 años.

El problema de la violencia de género surge generalmente en el seno familiar, y tiende a ser un modelo de aprendizaje de comportamientos violentos; los niños expuestos a violencia dentro del ámbito familiar, maltratarán con mayor frecuencia y probabilidad a sus parejas, y las niñas muy probablemente serán víctimas de la violencia de género.

El 23 de marzo de 1981, México ratificó la Convención de las Naciones Unidas sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer, que tiene como objetivo eliminar por completo la discriminación de la mujer. La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, es el ordenamiento que garantiza una vida libre de violencia a la mujer en México, y surge de la necesidad de contar con un instrumento jurídico que trate, prevenga y erradique la violencia de género en México. Es una respuesta tardía del país, ya que desde finales de los años ochenta se desarrollaba en otros países lo que en el país se desarrolló hasta el año 2007.

Según Marcela Lagarde y de los Ríos, el feminicidio es el conjunto de delitos de lesa humanidad que contienen crímenes, secuestros, desapariciones de niñas y mujeres en un cuadro de colapso institucional y está plenamente relacionado con la violencia en el seno familiar, ya que este es el primer paso para cometer el delito federal.

En los últimos meses, las denuncias por delitos sexuales han ido en aumento en Nuevo León; Según datos de medios periodísticos en el estado, las denuncias por atentados al pudor subieron éste año un 12 por ciento, las violaciones un 7 por ciento y los hostigamientos sexuales un 6 por ciento, a la par del alza en feminicidios también.

Desde enero del 2016, se han registrado 52 feminicidios en Nuevo León, contando solamente los que han salido a la voz pública y se han reportado en medios periodísticos del estado. Según cifras del INEGI, 39 mujeres fueron asesinadas en el mismo periodo, es decir, un 33 por ciento más en comparación con el año anterior.

Según datos de la Procuraduría General de Justicia de Nuevo León, en dicho periodo, el delito tipificado en su artículo 76 del Código Penal del Estado cuenta solamente con 2 denuncias.

Las penas feminicidas son altas desde el 2013, cuando se reformó el Código Penal que establece penas de hasta 70 años de prisión para los feminicidas que tengan una relación con la víctima, mientras que el delito de homicidio se castiga con hasta 50 años de cárcel.

Según el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, 6 mujeres eran asesinadas diariamente y en el 2013, 3,800 mujeres eran asesinadas, cuando las cifras oficiales dice que eran 2,600.

Sin embargo, las penas feminicidas no se aplican debido a una falta de política integral en el estado para la plena protección de las mujeres, lo cual debe pasar por la propia Procuraduría, que tiene como una de sus atribuciones, vigilar y garantizar la vigencia de las garantías constitucionales en el estado, de acuerdo con el artículo 22 fracción III de la Ley Orgánica de la Administración Pública para el estado de Nuevo León.

Es importante mencionar, aunado a lo anterior, que en México se cuenta con la Alerta de Violencia de Genero contra las Mujeres como un mecanismo de protección de los derechos humanos de las mujeres único en el mundo. De acuerdo con el artículo 21 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, consiste en un conjunto de acciones gubernamentales de emergencia para enfrentar y erradicar la violencia feminicida y/o la existencia de un agravio comparado.

Esta alerta se declara cuando en un territorio determinado existe una situación grave de violencia en contra de las mujeres asociada a prácticas machistas y patriarcales persistentes en la sociedad. Al declarar una alerta, el gobierno federal, a través de la Secretaría de Gobernación, en coordinación con la entidad federativa y los municipios de los que se trate, implementan medidas de emergencia para garantizar la seguridad de las mujeres y detener la violencia en su contra.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, propongo lo siguiente:

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorta respetuosamente al gobernador del estado de Nuevo León, a través de la Procuraduría General de Justicia y de la Secretaría de Seguridad Pública, a implementar acciones preventivas de seguridad y de justicia para enfrentar y abatir la violencia en contra de las mujeres y el feminicido, así como a tomar medidas para activar refugios de mujeres que tenga el gobierno del estado.

Segundo. Se exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal, a través del Sistema Nacional para prevenir, atender, sancionar y erradicar la Violencia contra las Mujeres, a declarar la Alerta de Violencia de Género para el estado de Nuevo León.

Palacio Legislativo de San Lázaro, 4 de octubre de 2016.— Diputada Ximena Tamariz García (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Igualdad de Género, para dictamen.