Presidencia del diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar

ASISTENCIA

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Pido a la Secretaría haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia de diputadas y diputados.

La Secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos:Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 253 diputadas y diputados, por lo tanto, señor presidente, hay quórum.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: (a las 11:40 horas): Se abre la sesión.

ORDEN DEL DÍA

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Consulte la Secretaría a la asamblea si se dispensa la lectura al orden del día.

La Secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos:Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se dispensa la lectura al orden del día. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa. Se dispensa la lectura.

«Primer periodo de sesiones ordinarias del segundo año de ejercicio de la LXIII Legislatura.

Orden del día

Jueves 13 de octubre de 2016

Lectura del acta de la sesión anterior

Comunicaciones oficiales

De la Secretaría de Gobernación

Remite el Libro Blanco de la gestión 2013-2016 de la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal.

De la Secretaría General de la Cámara de Diputados

Remite contestación a punto de acuerdo aprobado en la Comisión Permanente, con motivo de la campaña “Septiembre mes del Testamento”.

Iniciativa del Congreso del Estado de Jalisco

Con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción XII del artículo 7 de la Ley General Educación.

Acuerdos de los órganos de gobierno

De la Junta de Coordinación Política.

Declaratoria de publicidad

De la Comisión de Derechos Humanos, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación

De la Comisión de Energía, con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción IV al Decreto por el que se Establece el Horario Estacional que se Aplicará en los Estados Unidos Mexicanos.

De la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Educación, para incorporar el principio de interés superior de la niñez.

Dictámenes a discusión de leyes o decretos

De las Comisiones Unidas de Asuntos Indígenas, y de Igualdad de Género, con proyecto de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

De la Comisión de Salud, con proyecto de decreto por el que se adicionan un tercer, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno y décimo párrafos al artículo 51 bis 1 de la Ley General de Salud.

De la Comisión de Salud, con proyecto de decreto por el que se adiciona una Fracción V Bis 1 al artículo 73 de la Ley General de Salud.

De la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción XIX, recorriéndose en su orden actual, al artículo 6 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

Iniciativas

Que reforma la fracción XXV del artículo 79 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, a cargo de la diputada Ernestina Godoy Ramos, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma el artículo 8o. de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, a cargo de la diputada Jasmine María Bugarín Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona el artículo 23 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, suscrita por la diputada Lía Limón García y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México..

Que adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal, suscrita por la diputada Lorena Corona Valdés y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México..

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y del Código Penal Federal, a cargo de la diputada Nora Liliana Oropeza Olguín, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Protección Civil, a cargo de la diputada Nora Liliana Oropeza Olguín, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Claudia Sofía Corichi García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a cargo del diputado Evelio Plata Inzunza, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 110 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, a cargo del diputado Juan Carlos Ruiz García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 9o. de la Ley General de Salud y 7o. de la Ley General de Cultura Física y Deporte, a cargo de la diputada Isaura Ivanova Pool Pech, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma los artículos 40 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y 15-C y 540 de la Ley Federal del Trabajo, a cargo de la diputada Isaura Ivanova Pool Pech, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma los artículos 56, 57, 58 y 59 de la Ley General de Educación y 21 de la Ley Reglamentaria del artículo 5o. Constitucional, Relativo al Ejercicio de las Profesiones en el Distrito Federal, a cargo de la diputada Isaura Ivanova Pool Pech, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona los artículos 46 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y 61-Bis y 66-Bis de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Lucia Virginia Meza Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 51 de la Ley General de Desarrollo Social, a cargo de la diputada Lucia Virginia Meza Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que adiciona el artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado David Jiménez Rumbo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que expide la Ley General de Propaganda Gubernamental y Comunicación Social Reglamentaria del artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y se adiciona el artículo 1o. de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, a cargo de la diputada Isaura Ivanova Pool Pech, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que adiciona el artículo 113 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, a cargo del diputado Christian Joaquín Sánchez Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 16 de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público y 67 y 76 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, a cargo del diputado Hugo Eric Flores Cervantes, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.

Que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Educación, a cargo del diputado Óscar Valencia García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y deroga los artículos 3o., 10, 16 y 17 de la Ley General para la Atención y Protección a Personas con la Condición del Espectro Autista, a cargo de la diputada Evelyn Parra Álvarez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y del Código Penal Federal, a cargo del diputado Juan Antonio Ixtlahuac Orihuela, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, de la Ley General de Cultura Física y Deporte, de la Ley General de Educación, de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad y de la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles, a cargo del diputado José Adrián González Navarro, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 67 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, a cargo de la diputada Evelyn Parra Álvarez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Reglamento de la Cámara de Diputados, a cargo del diputado Braulio Mario Guerra Urbiola, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 16 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, a cargo de la diputada Kathia María Bolio Pinelo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona el artículo 56 de la Ley de Seguridad Nacional, a cargo del diputado Waldo Fernández González, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que adiciona los artículos 6o., 20 y 29 de la Ley Federal de la Defensoría Pública, a cargo del diputado Waldo Fernández González, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 46 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a cargo de la diputada Ximena Tamariz García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona los artículos 170 de la Ley Federal del Trabajo y 28 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 Constitucional, a cargo de la diputada Alma Carolina Viggiano Austria, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Benjamín Medrano Quezada, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 52 de la Ley de Aviación Civil, a cargo del diputado Francisco Saracho Navarro, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 2o. de la Ley Federal de Protección al Consumidor, a cargo de la diputada Flor Estela Rentería Medina, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 33 de la Ley General de Educación, a cargo del diputado Gianni Raúl Ramírez Ocampo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 74 Bis de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Laura Valeria Guzmán Vázquez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales, a cargo de la diputada Mariana Benítez Tiburcio, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Vivienda, de la Ley General de Asentamientos Humanos, de la Le General de Desarrollo Forestal Sustentable, y de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, suscrita por los diputados Laura Mitzi Barrientos Cano y Jorge Carlos Ramírez Marín, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 9o. de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, a cargo de la diputada Erika Irazema Briones Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 43 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Santiago Torreblanca Engell, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y deroga diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión y de la Ley Federal de Competencia Económica, a cargo del diputado Rafael Hernández Soriano, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 366 del Código Nacional de Procedimientos Penales, a cargo del diputado Santiago Torreblanca Engell, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma los artículos 61, 64 Bis y 67 de la Ley General de Salud, a cargo del diputado Miguel Ángel Sulub Caamal, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 51 y 73 de la Ley General de Partidos Políticos, suscrita por las diputadas Laura Nereida Plascencia Pacheco y Erika Araceli Rodríguez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 46, 49 y 50 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, suscrita por las diputadas Laura Nereida Plascencia Pacheco y Erika Araceli Rodríguez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, suscrita por las diputadas Laura Nereida Plascencia Pacheco y Erika Araceli Rodríguez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 47 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, a cargo del diputado Christian Joaquín Sánchez Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que adiciona el artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Juan Carlos Ruiz García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma los artículos 54 y 58 de la Ley General de Cultura Física y Deporte, a cargo del diputado José Adrián González Navarro, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Educación y de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, a cargo de la diputada Erika Irazema Briones Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona los artículos 102 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y expide la Ley del Instituto Nacional de Ciencias Forenses, suscrita por los diputados Clemente Castañeda Hoeflich, Víctor Manuel Sánchez Orozco y María Candelaria Ochoa Avalos, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que adiciona el artículo 28 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, a cargo del diputado Alejandro González Murillo, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.

Que reforma el artículo 139 de la Ley de la Industria Eléctrica, a cargo del diputado Efraín Arellano Núñez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 3o., 22, 40 y 41 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, a cargo de la diputada Blanca Margarita Cuata Domínguez, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que adiciona los artículos 3o. y 8o. de la Ley de Ayuda Alimentaria para los Trabajadores, suscrita por los diputados Rafael Yerena Zambrano, Georgina Zapata Lucero y Marco Antonio Aguilar Yunes, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley General de Cultura Física y Deporte, a cargo del diputado Waldo Fernández González, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 7o. de la Ley General de Educación, suscrita por los diputados Hortensia Aragón Castillo y Maricela Contreras Julián, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma los artículos 8o. de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos y 359 del Código de Comercio, a cargo de la diputada Cynthia Gissel García Soberanes, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.

Que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Cultura Física y Deporte, a cargo del diputado Alejandro Ojeda Anguiano, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona el artículo 93 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, a cargo de la diputada Cynthia Gissel García Soberanes, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.

Que reforma el artículo 52 y adiciona un artículo 52 Bis de la Ley de Aviación Civil, a cargo del diputado Juan Manuel Cavazos Balderas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 115 de la Ley General de Salud, a cargo del diputado Juan Manuel Cavazos Balderas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona los artículos 150 y 154 Bis a la Ley del Seguro Social, suscrita por el diputado César Alejandro Domínguez Domínguez y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 2o., 22 y 67 de la Ley General de Sociedades Cooperativas, a cargo del diputado Francisco Martínez Neri, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma los artículos 7o., 42 y 58 de la Ley General de Educación, cargo del diputado Javier Guerrero García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que adiciona el artículo 149 Quáter del Código Penal Federal, a cargo del diputado David Jiménez Rumbo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona los artículos 187 Bis y 420 de la Ley General de Salud, a cargo del diputado David Jiménez Rumbo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Salud, de la Ley General de Población y de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, a cargo de la diputada Cecilia Soto González, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Migración, a cargo del diputado Waldo Fernández González, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que adiciona los artículos 21 y 42 de la Ley General de Educación, a cargo de la diputada Lluvia Flores Sonduk, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que expide la Ley de la Agencia Mexicana del Servicio de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agrícola, Pecuaria, Agroforestal, Pesquera y Acuícola, y reforma los artículos 92, 93, 94 y 96 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, a cargo del diputado Evelio Plata Inzunza, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona los artículos 23, 26 y 30 de la Ley Agraria, a cargo de la diputada Ruth Noemí Tiscareño Agoitia, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Competencia Económica, a cargo del diputado Luis Fernando Antero Valle, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma los artículos 52, 53 y 54 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada María Guadalupe Oyervides Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, a cargo de la diputada Guadalupe González Suástegui, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona el artículo 5o. de la Ley de Asistencia Social, a cargo del diputado Juan Carlos Ruíz García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona los artículos 1o. y 3o. de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, a cargo de la diputada Maricela Contreras Julián, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Adriana Terrazas Porras, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 3o., 27 Bis, 56, 58, y 70 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, a cargo del diputado Alfredo Javier Rodríguez Dávila, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, a cargo del diputado Daniel Ordoñez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma diversas disposiciones de la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro y de la Ley General de Educación, a cargo del diputado Germán Escobar Manjarrez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 12, 22 y 120 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, a cargo de la diputada Erika Irazema Briones Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma diversas disposiciones del Reglamento de la Cámara de Diputados, a cargo de la diputada Refugio Trinidad Garzón Canchola, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma el artículo 458 del Código Nacional de Procedimientos Penales, a cargo del diputado Ricardo Ramírez Nieto, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que adiciona el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado José Adrián González Navarro, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Cultura Física y Deporte, a cargo del diputado José Adrián González Navarro, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma diversas disposiciones de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a cargo del diputado Waldo Fernández González, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Ricardo Ramírez Nieto, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 130 de la Ley del Seguro Social, a cargo del diputado Felipe Reyes Álvarez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma los artículos 261 y 266 del Código Penal Federal, a cargo de la diputada Mariana Arámbula Meléndez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que adiciona los artículos 140 y 141 de La Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Martha Cristina Jiménez Márquez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 114-B del Código Fiscal de la Federación, a cargo de la diputada María Guadalupe Oyervides Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del Decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 75, 115, 116, 122, 123 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el DOF el 24 de agosto de 2009, a cargo del diputado Juan Carlos Ruiz García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que adiciona el artículo 128 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Waldo Fernández González, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 97 del Código Fiscal de la Federación, a cargo de la diputada María Guadalupe Oyervides Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 60 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, a cargo de la diputada Gretel Culin Jaime, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por el diputado Alberto Martínez Urincho y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 150 del Código Penal Federal, a cargo de la diputada María Guadalupe Oyervides Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 194 del Código Penal Federal, a cargo de la diputada María Guadalupe Oyervides Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 7o. de la Ley General de Educación, a cargo de la diputada María Guadalupe Oyervides Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 50 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, 35 y 77 Bis 3 de la Ley General de Salud, 89 y 250-A de la Ley del Seguro Social, y adiciona un artículo 31 Ter a la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a cargo del diputado Cirilo Vázquez Parissi, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 2o. de la Ley General de Cultura Física y Deporte, a cargo del diputado Fernando Quetzalcóatl Moctezuma Pereda, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 1o. de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, a cargo del diputado Fernando Quetzalcóatl Moctezuma Pereda, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, a cargo de la diputada Adriana Elizarraráz Sandoval, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud y de la Ley Federal del Trabajo, a cargo de la diputada Evelyn Parra Álvarez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que adiciona un Capítulo VIII Ter de los Principios y Derechos de los Usuarios de Espectáculos Públicos y un artículo 76 Ter a la Ley Federal de Protección al Consumidor, a cargo del diputado Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa y de la Ley General de Educación, a cargo del diputado Ulises Ramírez Núñez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma los artículos 41 Bis y Noveno Transitorio de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a cargo del diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que adiciona el artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Fernando Quetzalcóatl Moctezuma Pereda, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que adiciona el Capítulo Décimo de los Observatorios Urbanos a la Ley General de Asentamientos Humanos, a cargo de la diputada Ximena Tamariz García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que adiciona el artículo 27 de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Maricela Contreras Julián, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma los artículos 17, 48, 52, 61 y 62 de la Ley de Aviación Civil, a cargo del diputado Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que adiciona el artículo 4o. de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, a cargo del diputado Ricardo del Rivero Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 191 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, a cargo del diputado Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma y adiciona el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada María Elena Orantes López, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, a cargo del diputado Jorge Álvarez Máynez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que adiciona el artículo 15 de la Ley del Seguro Social, a cargo del diputado Yerico Abramo Masso, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 45 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, a cargo del diputado Wenceslao Martínez Santos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 8o. de la Ley Federal de Derechos, suscrita por los diputados integrantes de la Comisión de Turismo.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, a cargo del diputado Carlos Alberto de la Fuente Flores, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona el artículo 212 de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Lluvia Flores Sonduk, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que adiciona un artículo 16 Bis a la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 Constitucional, a cargo de la diputada María Candelaria Ochoa Avalos, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma los artículos 3o. y 45 Bis de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, a cargo de la diputada Adriana del Pilar Ortiz Lanz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que adiciona el artículo 27 de la Ley Minera, a cargo de la diputada María Candelaria Ochoa Avalos, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que adiciona el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Hernán de Jesús Orantes López, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Victoriano Wences Real, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma los artículos 9o., 12 Bis 6 y 46 de la Ley de Aguas Nacionales, a cargo del diputado Carlos Barragan Amador, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que abroga la Ley en Favor de los Veteranos de la Revolución como Servidores del Estado, a cargo de la diputada Eloísa Chavarrías Barajas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que adiciona diversas disposiciones a la Ley Nacional del Sistema Integral de Justica Penal para Adolescentes, a cargo de la diputada María Eugenia Ocampo Bedolla, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, suscrita por la diputada Sara Paola Galico Félix Díaz y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Que reforma el artículo 1o. de la Ley de la Industria Eléctrica, a cargo del diputado Fernando Quetzalcóatl Moctezuma Pereda, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 109 de la Ley del Seguro Social, a cargo de la diputada Emma Margarita Alemán Olvera, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que expide la Ley Federal de Gobierno de Coalición, Reglamentaria de los Artículos 76 y 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Omar Ortega Álvarez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma los artículos 12, 14 y 42 de la Ley General de Educación, y 116 y 118 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, suscrita por la diputada Sara Paola Gálico Félix Díaz y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Que reforma el artículo 37 de la Ley Federal de Cinematografía, a cargo de la diputada Diana Marcela Márquez Canales, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que adiciona el artículo 485 del Código Nacional de Procedimientos Penales, a cargo de la diputada Claudia S. Corichi García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que adiciona los artículos 64 Bis, 64 Bis I y 64 Bis II de la Ley de Energía Geotérmica, a cargo de la diputada Angélica Reyes Ávila, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza.

Que reforma el artículo 4o. de la Ley de Transición Energética, a cargo del diputado Fernando Quetzalcóatl Moctezuma Pereda, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 12 de la Ley de Ayuda Alimentaria para los Trabajadores, a cargo del diputado José Adrián González Navarro, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona el artículo 11 de la Ley de Coordinación Fiscal, a cargo del diputado Candelario Pérez Alvarado, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma los artículos 18-A de la Ley Federal de Derechos y 19 de la Ley de Migración, a cargo del diputado Juan Romero Tenorio, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma el artículo 3o. de la Ley de Organizaciones Ganaderas, a cargo de la diputada Mirza Flores Gómez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que adiciona los artículos 7o. y 12 de la Ley General de Educación, a cargo de la diputada Carmen Victoria Campa Almaral, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza.

Que reforma el artículo 242 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, a cargo de la diputada Liliana Ivette Madrigal Méndez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que deroga el párrafo octavo del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por los diputados Cristina Ismene Gaytán Hernández y José de Jesús Zambrano Grijalva, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 99 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Ernestina Godoy Ramos, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma el artículo 2o. y modifica el Capítulo IV de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a cargo de la diputada María Candelaria Ochoa Avalos, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma el artículo 22 de la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, a cargo de la diputada Sofía del Sagrario de León Maza, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que deroga los párrafos octavo. y noveno . del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada María Concepción Valdés Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma los artículos 194 y 198 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, a cargo de la diputada Ernestina Godoy Ramos, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma y adiciona el artículo 115 de La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por los diputados María Elena Orantes López del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, Kathia Bolio Pinelo del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, Carlos Sarabia Camacho del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, Alberto Martínez Urincho del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática y Edgar Spinoso Carrera del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Que reforma el artículo 6o. de la Ley General de Salud, a cargo del diputado Pedro Luis Noble Monterrubio, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que expide la Ley para la Inscripción de Vehículos de Procedencia Extranjera, suscrita por los diputados Juan Romero Tenorio, Alfredo Basurto Román y diversos diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma el artículo 3o. de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Ma. Victoria Mercado Sánchez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que adiciona los artículos 132 de la Ley Federal del Trabajo y 196 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, a cargo de la diputada María Bárbara Botello Santibáñez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Renato Josafat Molina Arias, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma y adiciona el artículo 2o. de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, a cargo del diputado Germán Ernesto Ralis Cumplido, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que adiciona diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, a cargo del diputado Jorge Enrique Dávila Flores, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma, deroga y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, a cargo de la diputada Ariadna Montiel Reyes, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma el artículo 2o. de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, a cargo del diputado René Cervera García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma los artículos 2 y 10 y deroga el artículo 2o. -C de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, a cargo del diputado René Cervera García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Proposiciones

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobierno de Baja California Sur, a la Sagarpa, a la Conapesca, a la Semarnat y la Profepa, a fin de exigir el apoyo para iniciar protocolos de investigación al respecto de la muerte de las tortugas marinas que se han suscitado en el Golfo de Ulloa en esa entidad, a cargo de la diputada Esthela de Jesús Ponce Beltrán, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SCT y al IFT, informen a la opinión pública los avances que guarda el proceso de la construcción y crecimiento de la red troncal de telecomunicaciones de cobertura nacional, así como de los avances que guarda el proceso para el despliegue y operación de la red compartida de la banda de los 700 mhz. a cargo de la diputada María Eloísa Talavera Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al ejecutivo federal, a firmar la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, a cargo de la diputada Cristina Ismene Gaytán Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SCJN, para que se pronuncie respecto de qué derecho prevalece si el derecho de propiedad o el derecho humano a un medio ambiente sano, respecto al juicio seguido con relación a un área verde con una superficie de 4,799 metros cuadrados de la Tercera Sección del Bosque de Chapultepec, suscrito por la diputada Lorena Corona Valdés y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a los gobernadores de los estados y al Jefe de Gobierno de la CDMX, a girar instrucciones precisas a las autoridades encargadas de los Centros para el Tratamiento Interno de menores de edad que infringen la ley penal, con el fin de evitar toda clase de abusos y maltrato físico y psicológico, a cargo de la diputada Guadalupe Hernández Correa, del Grupo Parlamentario de Morena.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al ejecutivo federal, a fin de modificar el artículo 158 del Reglamento de la Ley Aduanera, para permitir la importación temporal de vehículos que tengan un peso vehicular de hasta 5 toneladas, siempre que éstos sean destinados únicamente para el uso particular de transporte de pasajeros, a cargo de la diputada Yahleel Abdala Carmona, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la colegisladora, para que dé cuenta del dictamen de la minuta con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de la Fiscalía General de la República, a cargo de la diputada Martha Cristina Jiménez Márquez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Con punto de acuerdo por el que se se exhorta a los gobernadores de diversas entidades federativas, a girar instrucciones precisas a las autoridades encargadas de los centros de reclusión a efecto de contar con el personal suficiente y debidamente capacitado para la integración de los consejos técnicos interdisciplinarios, con el fin de llevar a cabo la aplicación del tratamiento y la organización de las actividades educativas, deportivas, laborales y de capacitación necesarias para lograr la reinserción social de los internos, a cargo de la diputada Guadalupe Hernández Correa, del Grupo Parlamentario de Morena.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a las legislaturas de las entidades federativas y de la Ciudad de México, a actualizar, armonizar y/o expedir en su caso, ordenamientos jurídicos en materia de Voluntad Anticipada, observando lo establecido en tratados internacionales, principios constitucionales y leyes secundarias, a cargo del diputado Pedro Luis Noble Monterrubio, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Conagua, a elaborar los proyectos ejecutivos de las obras necesarias para la recarga del acuífero de La Paz, a fin de abatir el déficit creciente que presenta, detener su salinización, así como a revisar el acuerdo de disponibilidad media anual, a cargo de la diputada Jisela Paes Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SHCP para que aclare los términos de la publicación de la relación de entidades paraestatales publicada el 15 de agosto de 2016 en el DOF, a cargo de la diputada Diana Marcela Márquez Canales, del Grupo Parlamentario de Morena.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno Federal, a través de Segob, y al Sistema Nacional de Protección Civil, para que redoble esfuerzos en la consolidación de las Políticas Públicas establecidas en el Programa Nacional de Protección Civil orientadas a la reducción del riesgo de desastres, a cargo de la diputada Noemí Zoila Guzmán Lagunes, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Sagarpa, a Conapesca, a la Profepa, a la Semarnat y a la Sectur, para que se vigile el cumplimiento de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, así como la NOM-017-PESC-1994 con relación al tema de pesca deportiva-recreativa, a cargo de la diputada Gretel Culin Jaime, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a diversas autoridades, a llevar a cabo e implementar medidas para el saneamiento ambiental del vaso regulador Cuautepec, en la CDMX, a cargo de la diputada María Chávez García, del Grupo Parlamentario de Morena.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SHCP, a la CRE y a la CFE, a fin de considerar la verificación, y en su caso, la modificación de tarifas de electricidad en el municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, a cargo del diputado Ricardo Taja Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a diversas autoridades, para que atiendan y resuelven el problema de la contaminación radiactiva del pozo de agua que surte a la población de la cantera, municipio de San José Iturbide, Guanajuato, a cargo de la diputada Diana Marcela Márquez Canales, del Grupo Parlamentario de Morena.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Consejo de la Judicatura Federal, para que en sus resoluciones tomen en cuenta las recientes reformas al sistema penal, en beneficio del C. José Humbertus Pérez Espinoza, actualmente preso en el reclusorio de Chiconautla-Ecatepec, Estado de México, suscrito por los diputados Delfina Gómez Álvarez, Ariel Juárez Rodríguez y Roberto Guzmán Jacobo, del Grupo Parlamentario de Morena.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a Pemex, tome las acciones necesarias para asegurar el mantenimiento y el correcto funcionamiento de la infraestructura y de las instalaciones petroleras, aplicando medidas extraordinarias que eviten nuevos accidentes que pongan en riesgo la vida de los trabajadores, la seguridad de las poblaciones que rodean las instalaciones petroleras y que afecten gravemente a la productividad y situación económica de Pemex, subsidiarias y filiales, a cargo de la diputada Norma Rocío Nahle García, del Grupo Parlamentario de Morena.

Con punto de acuerdo relativo al acoso contra la periodista Carmen Aristegui y sus colaboradores, y la campaña de descalificación en contra de los periodistas y todos aquellos que legítima y legalmente ejercen la libertad de expresión, la crítica y la protesta, así como a una auténtica investigación que aclare los hechos que rodean la compra-venta de la llamada “Casa Blanca”, suscrito por los diputados Araceli Damián González y Virgilio Caballero Pedraza, del Grupo Parlamentario de Morena.

Efemérides

Con motivo de la conmemoración del Día Mundial de las Mujeres Rurales, a cargo del diputado Ramón Bañales Arambula, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con motivo del 13 de octubre “Día Internacional para la Reducción de los Desastres”, a cargo de la diputada María Elena Orantes López, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Con motivo del 16 de Octubre “Día Mundial de la Alimentación”, a cargo de la diputada Dennisse Huaffen Torres, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.»

ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la sesión anterior. Pido a la Secretaría consulte a la asamblea si se dispensa su lectura.

La Secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos:Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la asamblea en votación económica si se dispensa la lectura al acta de la sesión anterior. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa. Se dispensa su lectura.

«Acta de la sesión de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, celebrada el miércoles doce de octubre de dos mil dieciséis, correspondiente al Primer Periodo de Sesiones Ordinarias del Segundo Año de ejercicio de la Sexagésima Tercera Legislatura.

Presidencia del diputadoEdmundo Javier Bolaños Aguilar

En el Palacio Legislativo de San Lázaro de la capital de los Estados Unidos Mexicanos, sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con una asistencia de doscientos cincuenta y cinco diputadas y diputados, a las once horas con cuarenta minutos del miércoles doce de octubre de dos mil dieciséis, el Presidente declara abierta la sesión.

En votación económica se dispensa la lectura al Orden del Día, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria; del mismo modo se dispensa la lectura del acta de la sesión anterior, y no habiendo oradores registrados, en votación económica se aprueba.

Se da cuenta con Comunicaciones Oficiales:

a) De la Mesa Directiva, con relación a modificación de turno de la iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversos artículos de Código Federal de Procedimientos Penales, del Código Nacional de Procedimientos Penales, del Código Penal Federal, de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos ciento tres y ciento siete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley de Extradición Internacional, de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, de la Ley Federal para la Protección a Personas que Intervienen en el Procedimiento Penal, de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura, de la Ley General de Víctimas, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la Fracción Vigésima Primera del artículo setenta y tres de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de la Ley que Establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados, presentada por el diputado José Hernán Cortés Berumen, del Partido Acción Nacional, el diecisiete de agosto de dos mil dieciséis. Se turna a la Comisión de la Ciudad de México, para dictamen. Actualícense los registros parlamentarios.

b) De los diputados:

• Claudia Edith Anaya Mota, del Partido Revolucionario Institucional, por la que solicita el retiro de la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos tercero y cuarto de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, en materia de accesibilidad para las personas con discapacidad, presentada el día veintinueve de abril del año en curso.

• José Erandi Bermúdez, del Partido Acción Nacional, por la que solicita el retiro de la iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley de Almacenamiento Rural, presentada el día quince de marzo del año en curso.

Se tienen por retiradas, actualícense los registros parlamentarios.

c) De la Secretaría de Gobernación con que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, para atender carreteras y caminos rurales devastados en diversos municipios que se han visto afectados por el Huracán “Newton”. Se remite a la Comisión de Protección Civil, para su conocimiento

d) De la Cámara de Senadores con las que remite las Minutas con proyecto de decreto:

• Por el que se adiciona la fracción décima segunda, pasando la actual a ser décima tercera del artículo séptimo de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad. Se turna la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, para dictamen.

• Por el que se reforma el artículo ciento once de la Ley de Migración. Se turna la Comisión de Asuntos Migratorios, para dictamen.

• Por el que se declara la segunda semana de noviembre de cada año como la Semana Nacional para Prevenir el Sobrepeso, la Obesidad y los Trastornos de la Conducta Alimentaria. Se turna a la Comisión de Gobernación, para dictamen.

• Por el que se adicionan diversas disposiciones a la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles. Se turna a la Comisión de Gobernación, para dictamen.

• Por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de Ascensos y Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, que devuelve para los efectos de la Fracción E del artículo setenta y dos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Defensa Nacional, para dictamen.

e) Del Congreso del estado de Nuevo León con las que remite iniciativas con proyecto de decreto:

• Por el que se reforma el artículo noventa y siete, párrafo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

• Por el que se adicionan y reforman diversas disposiciones al artículo segundo de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad. Se turna a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, para dictamen.

Se concede el uso de la palabra para presentar iniciativas con proyecto de decreto a las diputadas y a los diputados:

• María Guadalupe Oyervides Valdez, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma el artículo ciento sesenta y cuatro del Código Penal Federal. Se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen.

• José Máximo García López, del Partido Acción Nacional:

– Que reforma los artículos ciento sesenta, y ciento sesenta y dos del Código Penal Federal, ochenta y uno de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos y se adiciona un artículo ciento sesenta y siete bis al Código Nacional de Procedimientos Penales. Se turna a las Comisiones Unidas de Justicia, y de Defensa Nacional, para dictamen.

– Que reforma diversas disposiciones de la Ley Federal de Protección al Consumidor. Se turna la Comisión de Economía, para dictamen.

• Cristina Teresa García Bravo, del Partido de la Revolución Democrática, que reforma y adiciona el artículo octavo de la Ley de la Policía Federal. Se turna a la Comisión de Seguridad Pública, para dictamen.

Presidencia de la diputadaMaría Guadalupe Murguía Gutiérrez

De igual forma, la Presidencia turna dos iniciativas con proyecto de decreto de la diputada María Cristina Teresa García Bravo:

• Que adiciona el artículo treinta y tres de la Ley General de Asentamientos Humanos. Se turna a la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, para dictamen.

• Que reforma y adiciona el artículo cuatrocientos veinte del Código Penal Federal y adiciona el artículo segundo de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada. Se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen.

Se continúa con la presentación de las iniciativas con proyecto de decreto y se concede el uso de la palabra a las diputadas y a los diputados:

• Omar Noé Bernardino Vargas y diputados integrantes del Partido Verde Ecologista de México, que adiciona los artículos quinto y doce de la Ley de Seguridad Nacional. Se turna a la Comisión de Gobernación, para dictamen.

• Juan Romero Tenorio, de Morena, que reforma el artículo doce de la Ley Federal de Derechos. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

• Jorge Álvarez Máynez, de Movimiento Ciudadano, que reforma y adiciona los artículos diez y veintiuno de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

• Luis Alfredo Valles Mendoza, de Nueva Alianza, que adiciona el artículo noventa y tres de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

• Abdies Pineda Morín, del Partido Encuentro Social, que adiciona los artículos treinta y siete, y treinta y siete-A de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

Presidencia del diputadoEdmundo Javier Bolaños Aguilar

• Ana Georgina Zapata Lucero, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas. Se turna a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social, y de Seguridad Social, para dictamen.

• Wenceslao Martínez Santos, del Partido Acción Nacional, que reforma diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales. Se turna a la Comisión de Recursos Hidráulicos, para dictamen.

• José Santiago López, del Partido de la Revolución Democrática:

– Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles. Se turna a la Comisión de Gobernación, para dictamen.

– Que reforma el artículo sexto de la Ley General de Educación. Se turna a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para dictamen.

• Enrique Zamora Morlet y diputados integrantes del Partido Verde Ecologista de México, que reforma el artículo cuarenta y ocho bis dos de la Ley de Instituciones de Crédito. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

Presidencia de la diputadaGloria Himelda Félix Niebla

• Renato Josafat Molina Arias, a nombre propio y de la diputada Rocío Nahle García, de Morena, que reforma el artículo veinticinco y adiciona un artículo veinticinco bis a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Se turna a la Comisión de Igualdad de Género, para dictamen.

• Gustavo Adolfo Cárdenas Gutiérrez, de Movimiento Ciudadano, que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo. Se turna a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, para dictamen.

• Gonzalo Guízar Valladares, del Partido Encuentro Social, que adiciona el artículo cincuenta de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal. Se turna a la Comisión de Transportes, para dictamen.

• Francisco Escobedo Villegas, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma el artículo segundo de la Ley de Coordinación Fiscal. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen; y a la Comisión de Fortalecimiento al Federalismo, para opinión.

• Mayra Angélica Enríquez Vanderkam, del Partido Acción Nacional, que reforma los artículos sesenta y uno, ciento once, y ciento doce de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

A las trece horas con cuarenta y dos minutos, por instrucciones de la Presidencia, se cierra el sistema electrónico de asistencia con un registro de cuatrocientos cuatro diputadas y diputados.

• Francisco Xavier Nava Palacios, a nombre propio y del diputado Héctor Javier García Chávez, del Partido de la Revolución Democrática, que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Educación, la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación y la Ley General del Servicio Profesional Docente. Se turna a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para dictamen.

• Cesáreo Jorge Márquez Alvarado, a nombre propio y diputados integrantes del Partido Verde Ecologista de México:

– Que adiciona un artículo ciento ochenta y dos bis del Código Nacional de Procedimientos Penales. Se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen.

– Que reforma el artículo doscientos cuatro del Código Nacional de Procedimientos Penales. Se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen.

La Presidenta saluda a los integrantes de la Asociación Civil Animal Héroes, y a su Presidente Antonio Franyuti Vidal, quienes vienen acompañados de “Pay de Limón” un perro que fue mutilado por el crimen organizado en Fresnillo, Zacatecas, y que ahora camina con dos prótesis de carbono.

Así mismo, la Presidencia informa a la Asamblea que se recibió iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General de Bienestar Animal, suscrita por los diputados: Federico Döring Casar, Alejandra Gutiérrez Campos, Héctor Barrera Marmolejo, Karina Padilla Ávila, del Partido Acción Nacional; Brenda Borunda Espinoza, del Partido Revolucionario Institucional; Verónica Delgadillo García, de Movimiento Ciudadano; y Ariadna Montiel Reyes, de Morena. Se turna a la Comisión de Ganadería, para dictamen; y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para opinión.

Se continúa con la presentación de las iniciativas con proyecto de decreto y se concede el uso de la palabra a la diputada y a los diputados:

• Norma Xóchitl Hernández Colín y diversos diputados integrantes de Morena, que adiciona el artículo cuarenta y siete de la Ley General de Educación. Se turna a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para dictamen

• Germán Ernesto Ralis Cumplido, de Movimiento Ciudadano, que adiciona el artículo diecisiete de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para dictamen.

• Javier Pinto Torres, de Nueva Alianza, que reforma y adiciona el artículo sesenta y cinco de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen.

En su oportunidad y desde su curul la diputada María Candelaria Ochoa Mejía, de Movimiento Ciudadano, realiza comentarios sobre la efeméride inscrita en el Orden del Día. La Presidenta hace aclaraciones.

La Presidencia informa a la Asamblea que se recibió dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, y reforma el artículo tercero de la Ley de Planeación. Se consulta a la Asamblea si se autoriza la inclusión del dictamen en el Orden del Día, en votación económica se acepta.

La Secretaria informa a la Asamblea que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria el dictamen incluido en el Orden del Día. De conformidad con lo que establece el artículo ochenta y siete del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple con la Declaratoria de Publicidad, y virtud de que se ha llevado a cabo su debida publicación, en votación económica se autoriza que se someta a discusión y votación de inmediato.

Presidencia del diputadoEdmundo Javier Bolaños Aguilar

Se somete a discusión y se concede el uso de la palabra al diputado Pablo Bedolla López, para fundamentar el dictamen, y presentar una adenda a nombre de la Comisión con propuesta de modificación al artículo cuarenta y cinco de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, en votación económica se acepta, y se incorpora al dictamen. Se concede el uso de la palabra para presentar moción suspensiva al diputado Juan Romero Tenorio, de Morena, misma que en votación económica no se toma en consideración y se desecha. Para fijar postura de sus respectivos grupos parlamentarios intervienen las diputadas y los diputados: Ana Guadalupe Perea Santos, del Partido de Encuentro Social; Mariano Lara Salazar, de Nueva Alianza; Salvador Zamora Zamora, de Movimiento Ciudadano; Renato Josafat Molina Arias, de Morena; Luis Ignacio Avendaño Bermúdez, del Partido Verde Ecologista de México; Ana Leticia Carrera Hernández, del Partido de la Revolución Democrática; Ingrid Krasopani Schemelensky Castro, del Partido Acción Nacional; y Jorge Carlos Ramírez Marín, del Partido Revolucionario Institucional. Se somete a discusión en lo general e intervienen las diputadas y los diputados: en contra Blandina Ramos Ramírez, de Morena; en pro Jonabad Martínez García, de Movimiento Ciudadano; en contra Roberto Cañedo Jiménez, de Morena; en pro Juan Corral Mier, del Partido Acción Nacional; en contra Juan Romero Tenorio, de Morena; y en pro Juan Antonio Meléndez Ortega, del Partido Revolucionario Institucional. Sin más oradores registrados en votación económica se considera suficientemente discutido en lo general. El Presidente informa a la Asamblea que se han reservado para su discusión y aprobación en lo particular los artículos: cuatro, seis, ocho, diez, once, trece, quince, veintiuno, veintitrés, veintiséis, veintiocho, veintinueve, cuarenta, cuarenta y ocho, y cincuenta y seis de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano. En votación nominal por trescientos tres votos a favor; treinta y uno en contra; y quince abstenciones se aprueba en lo general y en lo particular los artículos no reservados con las modificaciones aceptadas por la Asamblea.

A discusión en lo particular, se concede el uso de la palabra para presentar propuestas de modificación a los artículos reservados al Artículo Primero del Decreto relativo a la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial, a la diputada y a los diputados:

• Juan Romero Tenorio, de Morena, a los artículos cuatro, fracción novena; seis, fracción novena; y quince, que en votación económica no se admiten a discusión, se desechan, y se reservan para su votación nominal en conjunto en términos del dictamen.

• Alfredo Basurto Román, de Morena, a los artículos: ocho, fracciones décima primera y vigésima primera; diez, fracción décima novena; trece; y veintiocho, párrafo primero, que en votación económica no se admiten a discusión, se desechan, y se reservan para su votación nominal en conjunto en términos del dictamen.

• Jesús Emiliano Álvarez López, de Morena, a los artículos: once, fracción X; veintiuno, fracción séptima, y último párrafo; veintinueve, párrafo primero; cuarenta; y cuarenta y ocho, segundo párrafo, que en votación económica no se admiten a discusión, se desechan, y se reservan para su votación nominal en conjunto en términos del dictamen.

• Norma Xóchitl Hernández Colin, de Morena, al artículo cincuenta y seis, párrafo segundo, que en votación económica no se admite a discusión, se desecha, y se reserva para su votación nominal en conjunto en términos del dictamen.

• Juan Romero Tenorio, de Morena, a los artículos: cuatro; veintitrés; y veintiséis que en votación económica no se admiten a discusión, se desechan, y se reservan para su votación nominal en conjunto en términos del dictamen.

Sin más oradores registrados en votación nominal por doscientos ochenta votos a favor; treinta y uno en contra; y veintiséis abstenciones se aprueban en lo particular los artículos: cuatro, seis, ocho, diez, once, trece, quince, veintiuno, veintitrés, veintiséis, veintiocho, veintinueve, cuarenta, cuarenta y ocho, y cincuenta y seis, de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano en términos del dictamen. Se aprueba en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se expide la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, y reforma el artículo tercero de la Ley de Planeación. Se devuelve al Senado, para los efectos de la fracción E del artículo setenta y dos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El siguiente punto del Orden del Día es la efeméride con motivo del doce de octubre “Día de la Raza” Reencuentro de los Pueblos. Se concede el uso de la palabra para referirse al tema a la diputada Modesta Fuentes Alonso, de Morena. Desde sus respectivas curules realizan comentarios con relación al tema la diputada y diputado: Lluvia Flores Sonduk, del Partido de la Revolución Democrática; y Macedonio Salomón Tamez Guajardo, de Movimiento Ciudadano. Asimismo, desde su curul el diputado Ramón Bañales Arambula, del Partido Revolucionario Institucional, realiza comentarios al Pleno.

De conformidad con los artículos cien y ciento dos del Reglamento de la Cámara de Diputados, las iniciativas y las proposiciones registradas en el Orden del Día de esta sesión, serán turnadas a las comisiones que correspondan, publicándose el turno en la Gaceta Parlamentaria:

a) Iniciativas con proyecto de decreto:

• Juan Fernando Rubio Quiroz, del Partido de la Revolución Democrática, que reforman los artículos ciento siete, ciento ocho de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen.

• Ruth Tiscareño Agoitia, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma el artículo veintisiete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

• Ricardo David García Portilla, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma los artículos treinta y dos, y treinta y tres de la Ley General de Educación. Se turna a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para dictamen.

• Juan Fernando Rubio Quiroz, del Partido de la Revolución Democrática, que reforma el artículo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

• José Máximo García López, del Partido Acción Nacional, que adiciona el artículo ciento setenta de la Ley Federal del Trabajo. Se turna a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, para dictamen.

• Gloria Himelda Félix Niebla, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma el artículo trescientos treinta y seis Bis del Código Penal Federal. Se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen.

• Arlet Mólgora Glover, del Partido Revolucionario Institucional, que adiciona el artículo ciento cincuenta y uno de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

• María del Rosario Rodríguez Rubio, del Partido Acción Nacional, que reforma y adiciona los artículos ciento treinta y dos, ciento treinta y tres, y novecientos noventa y cinco de la Ley Federal del Trabajo. Se turna a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, para dictamen.

• Arlet Mólgora Glover, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma los artículos once, y catorce-A de la Ley Federal de Derechos. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

• Erika Araceli Rodríguez Hernández, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo. Se turna a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, para dictamen.

• Ricardo David García Portilla, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma los artículos veintitrés, veinticuatro y cuatrocientos cincuenta del Código Civil Federal. Se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen.

• Ruth Noemí Tiscareño Agoitia, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Fiscal de la Federación, de la Ley del Impuesto sobre la Renta y de la Ley Federal de Correduría Pública. Se turna a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Economía, para dictamen.

b) Proposiciones con puntos de acuerdo:

• Víctor Manuel Sánchez Orozco, de Movimiento Ciudadano, por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, a la Secretaría de Educación Pública, al Instituto Nacional de Antropología y a la Procuraduría General de la República, a realizar las investigaciones necesarias para regular, detener y en su caso sancionar a los responsables del daño y afectaciones hechas al monumento histórico Ex Capilla la Milagrosa y su convento anexo, en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Se turna a la Comisión de Cultura y Cinematografía, para dictamen.

• Ma. Victoria Mercado Sánchez, de Movimiento Ciudadano, por el que se exhorta a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales y al Gobierno de la Ciudad de México, para efectuar las funciones de protección y conservación del Axolote. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen.

Agotados los asuntos del orden del día, el Presidente cita para la próxima Sesión Ordinaria que tendrá lugar el día jueves trece de octubre de dos mil dieciséis, a las once horas, comunica a la Asamblea de que el tablero de registro de asistencia estará abierto a partir de las nueve horas, y levanta la sesión a las dieciséis horas con cincuenta y seis minutos.»

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Proceda la Secretaría a poner a discusión el acta.

La Secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos:Está a discusión el acta. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Se aprueba el acta.

El diputado Mario Ariel Juárez Rodríguez(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Antes de pasar a comunicaciones, sonido en la curul del diputado Ariel Juárez, por favor. ¿Con qué objeto, diputado?

El diputado Mario Ariel Juárez Rodríguez: Presidente, para comentarle que está bien que se quiera blindar este recinto legislativo para quienes tienen miedo, quienes le tienen miedo al pueblo, pero se me hace un exceso tener que estar peleando con los policías, los encargados que están ahorita alrededor del recinto legislativo que tienen acordonado.

Quienes no traemos chofer tenemos que esperar la venia y la bendición no sé si de usted o del secretario de Seguridad Pública del DF para que nos puedan dejar pasar. Me parece un exceso que se tenga, o que se utilice, al cuerpo de granaderos a lo que es la casa del pueblo.

Yo no sé de qué nos tenemos que cuidar. Quienes no traicionamos y quienes no vivimos una fantasía, no tenemos miedo a que la gente venga y se exprese y se manifieste, pero se me hace un exceso de verdad, el que tengan prácticamente acordonado todo el recinto legislativo; seguridad de qué y para qué y para quiénes.

¿Qué no somos representantes populares? ¿Qué no fuimos electos por el pueblo? ¿A qué le tenemos miedo que se tiene que blindar la casa del pueblo de esa manera? Se lo digo de manera fraterna porque no puede ser que a los diputados nos den ese trato; imagínese lo que hacen con los empleados de esta Cámara. Y me tocó ver a varios esperando a que les pudieran dejar ingresar, porque no sé a qué le tienen miedo. Entonces no sé si fue usted el que dio la instrucción, pero se me hace un exceso.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputado; sólo le informo que no estamos nosotros coordinando ese operativo, pero tomamos nota de su expresión para las decisiones que debamos de tomar y evitar que esto vuelva a ocurrir.

El diputado Ángel Juárez (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Sonido en la curul del diputado Ángel Juárez. ¿Con qué objeto diputado?

El diputado Ángel Juárez (desde la curul): Ya no, presidente.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Bueno, no habiendo, continuamos. Continúe la Secretaria.

COMUNICACIONES OFICIALES

El Secretario diputado Andrés Fernández del Valle Laisequilla:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar, Presidente de la Mesa Directiva de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados.— Presente.

Como usted sabe, el pasado 18 de junio entró en vigencia a nivel nacional el Sistema de Justicia Penal Acusatorio, cuyo proceso de implementación fue guiado por el Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema del Sistema de Justicia Penal y representó un esfuerzo sin precedentes para las instituciones del Estado mexicano, instituciones académicas y organizaciones de la sociedad civil.

A partir de esa fecha, inició una nueva etapa en la que la principal tarea es consolidar este nuevo modelo de justicia, para que su funcionamiento sea eficaz, eficiente y con altos estándares de calidad, y proporcione los resultados esperados a la población mexicana. Esta labor corresponderá al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en cumplimiento del acuerdo del Consejo Nacional de Seguridad Pública que establece que “En virtud de que el mandato constitucional para la existencia de la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema Penal (Setec) es perentorio, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública funja como enlace operativo del Poder Ejecutivo federal e integrante de la instancia tripartita coordinadora de la consolidación del Sistema de Justicia Penal, a partir del 15 de octubre de 2016”.

En virtud de lo anterior, y de que en las próximas semanas expira la vigencia de la Setec, de conformidad con el artículo primero transitorio del decreto por el que se crea el Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal como una instancia de coordinación, aprovecho la ocasión para hacer llegar a usted el Libro Blanco de la gestión 2013-2016 de la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación, que tiene como objetivo dar cuenta de las acciones emprendidas y resultados obtenidos, en cumplimiento de su objeto de creación y de sus atribuciones conferidas, para la Implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal, en cumplimiento al mandato constitucional de 2008.

Este documento fue realizado conforme a los lineamientos para la elaboración e integración de libros blancos y de memorias documentales, emitidos por la Secretaría de la Función Pública y en observancia a la transparencia y rendición de cuentas de la gestión pública.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo y le reitero mi más atenta y distinguida consideración.

Atentamente

Ciudad de México, a 4 de octubre de 2016.— María de los Ángeles Fromow Rangel (rúbrica), titular de la Setec.»

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Remítase a la Comisión de Justicia, para su conocimiento.

———————— o ————————

El Secretario diputado Andrés Fernández del Valle Laisequilla:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.

Diputado Javier Bolaños Aguilar, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

En atención del punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión invita al Colegio Nacional del Notariado Mexicano y al propio Congreso de la Unión a que instalen un módulo de atención en el Palacio Legislativo de San Lázaro y en el Senado de la República durante septiembre, con motivo de la campaña Septiembre, Mes del Testamento, turnado a la Mesa Directiva por acuerdo del pleno de la Cámara de Diputados en sesión del martes 6 de septiembre, adjunto se rinde informe sobre la instalación de la Mesa de Asesoría Testamentaria y Notarial en el Palacio Legislativo de San Lázaro.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de octubre de 2016.—Mauricio Farah Gebara (rúbrica), secretario general.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.

Respuesta al punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión invita al Colegio Nacional del Notariado Mexicano y al propio Congreso de la Unión a que instalen un módulo de atención en el Palacio Legislativo de San Lázaro y en el Senado de la República durante septiembre, con motivo de la campaña Septiembre, Mes del Testamento

El 17 de agosto de 2016, la diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala, en nombre de los diputados del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presentó un punto de acuerdo por el que se invita al Colegio Nacional del Notariado Mexicano a instalar un módulo de atención en el Palacio Legislativo de San Lázaro y el Senado de la República durante septiembre, con motivo de la campaña Septiembre, Mes del Testamento, el cual fue turnado a la Primera Comisión –Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia–. Posteriormente, fue aprobado en comisión el 23 de agosto y se presentó para su aprobación al pleno de la Comisión Permanente correspondiente al segundo receso del primer año de ejercicio constitucional de la LXIII Legislatura el 24 de agosto, siendo aprobado en los siguientes términos:

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión invita al Colegio Nacional del Notariado Mexicano y al propio Congreso de la Unión a que instalen un módulo de atención en el Palacio Legislativo de San Lázaro y en el Senado de la República durante septiembre, con motivo de la campaña Septiembre, Mes del Testamento.

En sesión del 6 de septiembre de 2016, el pleno de la Cámara de Diputados dio cuenta de la comunicación de dicho acuerdo por la Comisión Permanente y se turnó a la Mesa Directiva para su atención.

La Secretaría General de la Cámara de Diputados estableció comunicación con el licenciado Guillermo Escamilla Narváez, presidente de la Comisión de Enlace Legislativo del Colegio Nacional del Notariado Mexicano y con la representante de la Secretaría Técnica de dicho Colegio, con quienes se sostuvieron dos reuniones de planeación (8 y 19 de septiembre), a las que asistieron personal de la Secretaría General, de la Dirección General de Servicios a Diputados y de la Dirección de Relaciones Interinstitucionales y de Protocolo, en las que se acordaron fechas y horarios del módulo de atención, ceremonia de inauguración, método para la operación y de difusión del evento.

Mediante comunicado de fecha 13 de septiembre, el presidente del Consejo del Colegio Nacional del Notariado Mexicano, licenciado Héctor Guillermo Galeano Inclán, informó que el módulo de atención se denominaría Mesa de Asesoría Testamentaria y Notarial, que funcionaría el 22, 23, 24, 27, 28 y 29 de septiembre, en un horario de 10:00 a 14:00 horas, y sería atendido por notarios públicos de distintos estados de la República Mexicana.

A efecto de difundir entre la comunidad de la Cámara de Diputados las fechas y el horario de atención de la Mesa de Asesoría Testamentaria y Notarial, se elaboraron y colocaron carteles alusivos, volantes, y se remitió la invitación a asistir a través del correo electrónico a las direcciones institucionales de las diputadas y los diputados, así como del personal de este órgano legislativo.

La Mesa de Asesoría Testamentaria y Notarial se colocó en el vestíbulo del edificio A, lado sur, y fue inaugurada el martes 20 de septiembre, a las 12:00 horas, con la presencia del presidente de la Mesa Directiva, diputado Javier Bolaños Aguilar; de la vicepresidenta de la Mesa Directiva diputada Sharon Cuenca Ayala; y del presidente del Colegio Nacional del Notariado Mexicano, licenciado Héctor Guillermo Galeano Inclán. Al acto de apertura asistieron también la vicepresidenta de la Mesa Directiva diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez, y los diputados del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México Alma Lucía Arzaluz Alonso, Evelyng Soraya Flores Carranza, María Ávila Serna, Lía Limón García y Arturo Álvarez Angli.

La Coordinación de Comunicación Social de la Cámara de Diputados emitió el boletín de prensa número 2067, con encabezado “Se inaugura Mesa de Asesoría Testamentaria y Notarial en San Lázaro” el 20 de septiembre de 2016.

Del 22 al 29 de septiembre, 12 notarios agremiados al Colegio Nacional del Notariado Mexicano provenientes de la Ciudad de México, Hidalgo y el estado de México brindaron 206 asesorías, que versaron sobre el otorgamiento de testamento, también abordaron temas como trámites para la cancelación de hipotecas, constitución de sociedades, contratos de compraventa y elaboración de copias certificadas.

Con un promedio de 35 asesorías otorgadas por día y un tiempo aproximado de 7 minutos por cada una, el jueves 29 de septiembre, a las 14:00 horas, la Mesa de Asesoría Testamentaria y Notarial concluyó su operación.

A través del presente informe, la Secretaría General da cuenta del cumplimiento del punto de acuerdo aprobado por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el 24 de agosto de 2016.»

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: De enterado.

INICIATIVA DE CONGRESO ESTATAL LEY GENERAL DE EDUCACIÓN

El Secretario diputado Andrés Fernández del Valle Laisequilla:«Congreso del Estado de Jalisco.

Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.— Presente.

Enviándole un atento saludo, hago de su conocimiento que la Sexagésima Primera Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Jalisco en sesión verificada el jueves 8 de septiembre de 2016, aprobó el acuerdo legislativo número 688-LXI-2016, del que le adjunto copia, en el cual de manera atenta y respetuosa, se le exhorta a efecto de que en términos que a su representación compete se atienda lo expuesto en el punto resolutivo del acuerdo legislativo de referencia para los efectos procedentes.

Por instrucciones de la directiva de esta soberanía, hago de su conocimiento lo anterior, para efectos de la comunicación procesal respectiva.

Sin otro en particular, propicia hago la ocasión para reiterarle las seguridades de mi consideración.

Atentamente

Guadalajara, Jalisco, a 9 de septiembre de 2016.— Licenciado José de Jesús Reynoso Loza (rúbrica), secretario general del Honorable Congreso del Estado.»

«Congreso del Estado de Jalisco.

Acuerdo Legislativo

Único. Se eleva a consideración del Honorable Congreso de la Unión la iniciativa con proyecto de decreto que reforma la fracción XII del artículo 7 de la ley General de Educación, para quedar como sigue:

Decreto

Se reforma la fracción XII del artículo 7 de la Ley General de Educación

Artículo Único. Se reforma la fracción XII del artículo séptimo de la Ley General de Educación, para quedar como sigue:

Artículo 7o....

I. a la XI. ...

XII. Fomentar actitudes sociales de solidaridad, de esfuerzo hacia el trabajo, del ahorro y bienestar, así como impartir educación financiera, fomentando con ello el desarrollo de las habilidades relativas al manejo de la economía personal;

XIII. a la XVI. ...

Artículo Segundo. Se instruye a la Secretaría General de este Congreso del Estado, a efecto de que remita el presente acuerdo legislativo al Honorable Congreso de la Unión.

Transitorio

Único. La presente reforma entrará en vigor 180 días después de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de Sesiones del Honorable Congreso del Estado de Jalisco. Guadalajara, Jalisco, agosto de 2016.— La Comisión de Puntos Constitucionales, Estudios Legislativos y Reglamentos, Diputados: María del Rocío Corona Nakamura (rúbrica), Hugo Contreras Zepeda, Salvador Arellano Guzmán (rúbrica), Hugo René Ruiz Esparza Hermosillo (rúbrica), Liliana Guadalupe Morones Vargas (rúbrica), Édgar Oswaldo Bañales Orozco (rúbrica), Juana Ceballos Guzmán (rúbrica), Érika Lizbeth Ramírez Pérez, Augusto Valencia López (rúbrica), Ramón Demetrio Guerrero, Felipe de Jesús Romo Cuellar, Saúl Galindo Plazola (rúbrica), José García Mora (rúbrica).»

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Túrnese a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para dictamen. Continúe la Secretaría.

DECLARATORIA DE PUBLICIDAD DE DICTÁMENES DE LEY O DECRETO

LEY FEDERAL PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACIÓN

La Secretaria diputada Ernestina Godoy Ramos:Dictamen de la Comisión de Derechos Humanos, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: De conformidad con lo que se establece en el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple con la declaratoria de publicidad.

DECRETO POR EL QUE ESTABLECE EL HORARIO ESTACIONAL QUE SE APLICARÁ EN LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

La Secretaria diputada Ernestina Godoy Ramos:«Dictamen de la Comisión de Energía, con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción IV al decreto por el que se establece el horario estacional que se aplicará en los Estados Unidos Mexicanos

Honorable Asamblea:

La Comisión de Energía de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 80, 82 numeral 1, 85, 157, numeral 1, fracción I, y 158, numeral 1, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás relativos de dicho ordenamiento, y habiendo analizado el contenido de la iniciativa de referencia, somete a la consideración de esta Honorable Asamblea el presente dictamen, al tenor de los siguientes:

I. Antecedentes

1.- En sesión de la Comisión Permanente del Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio Constitucional de la LXIII Legislatura de fecha 17 de agosto de 2016, la diputada Gretel Culin Jaime, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó iniciativa con Proyecto de decreto que adiciona una nueva fracción IV, recorriéndose en su orden las fracciones subsecuentes, al artículo Único del Decreto por el que se establece el horario estacional que aplicará en los Estados Unidos Mexicanos.

2.- En esa misma fecha, la Mesa Directiva de la Comisión Permanente turnó a la Cámara de Diputados el proyecto en comento y ésta a su vez lo remitió a la Comisión de Energía, para su estudio y dictamen.

II. Contenido de la Iniciativa

La Diputada Culin Jaime refiere que de acuerdo a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) de fecha 31 de enero de 2015, del artículo 3, fracción IV, de la Ley de Sistema de Horario en los Estados Unidos Mexicanos, el estado de Quintana Roo, se ubica dentro de una nueva zona geográfica para efecto de los husos horarios, correspondiéndole el meridiano 75 grados al oeste del meridiano de Greenwich. Y por el contrario el Decreto por el que se establece el horario estacional que se aplicará en los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo único, fracción IV, sigue estableciendo que todas las demás entidades que integran la federación, incluyendo Quintana Roo, estarán sujetas al meridano 90 grados por ubicación y por el meridiano 75 grados por horario estacional.

Por lo anterior, la legisladora considera necesaria la reforma al Decreto por el que se establece el horario estacional que se aplicará en los Estados Unidos Mexicanos, para actualizarlo de acuerdo a la nueva disposición establecida en la Ley del Sistema de Horario en los Estados Unidos Mexicanos.

Por lo expuesto anteriormente la Diputada Culin Jaime propone reformar el Decreto por el que se establece el horario estacional que se aplicará en los Estados Unidos Mexicanos, de acuerdo a lo siguiente:

Se adiciona una nueva fracción IV, recorriéndose en su orden las fracciones subsecuentes al artículo único del Decreto por el que se establece el horario estacional que aplicará en los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo Único . ...

I. ...

II. ...

III. ...

V. Todas las demás entidades integrantes de la federación estarán sujetos al meridiano 90 grados por ubicación y por el meridiano 75 grados por horario estacional, y

VI. Islas, arrecifes y cayos, el correspondiente a su situación geográfica y de acuerdo a los instrumentos del derecho internacional aceptados donde no aplica el horario estacional.

El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Una vez establecidos los antecedentes y el objetivo de la iniciativa, se elabora el dictamen correspondiente con base en las siguientes:

III. Consideraciones

A. La Comisión de Energía de la Cámara de Diputados, alude a la fracción X del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a través del cual se encuentra plenamente justificada su competencia y su facultad para conocer y resolver la materia del asunto que se analiza.

B. Con fecha 29 de diciembre de 2001, se publicó en el DOF la Ley del Sistema de Horario en los Estados Unidos Mexicanos, en la que se reconoció para nuestro país la aplicación y vigencia de los husos horarios 90 grados, 105 grados y 120 grados oeste del meridiano de Greenwich y los horarios que les corresponden conforme a su ubicación, de acuerdo a lo siguiente:

Para el efecto de la aplicación de esta Ley, se establecen dentro del territorio nacional las siguientes zonas y se reconocen los meridianos que les correspondan:

Referida al meridiano 90 grados al oeste de Greenwich y que comprende la mayor parte del territorio nacional, con la salvedad de lo establecido en los numerales II, III y IV de este mismo artículo;

Referida al meridiano 105 oeste y que comprende los territorios de los estados de Baja California Sur, Chihuahua, Nayarit, Sinaloa y Sonora;

Referida al meridiano 120 oeste y que comprende el territorio del Estado de Baja California, y

as islas, arrecifes y cayos quedarán comprendidos dentro del meridiano al cual corresponda su situación geográfica y de acuerdo a los instrumentos de derecho internacional aceptados.

Posteriormente, el Poder legislativo aprobó la reforma a los artículos 2 y 3 de la Ley del Sistema de Horario en los Estados Unidos Mexicanos, con la finalidad de reconocer en el artículo 2, la vigencia y aplicación del uso horario 75 grados, así como la de establecer en la fracción IV, del artículo 3, una nueva zona horaria en el territorio nacional, comprendiendo a la zona sureste, referida precisamente al meridiano 75 grados oeste y que corresponde al territorio del estado de Quintana Roo. En ese sentido, con fecha 31 de enero de 2015, se publicó en el DOF la reforma en los siguientes términos:

Se reforman los artículos 2; 3, numeral I y se adiciona un numeral IV, pasando el actual IV a ser V al artículo 3 de la Ley del Sistema de Horario en los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Se reconoce para los Estados Unidos Mexicanos la aplicación y vigencia de los husos horarios 75 grados, 90 grados, 105 grados y 120 grados oeste del meridiano de Greenwich y los horarios que les corresponden conforme a su ubicación, aceptando los acuerdos tomados en la Conferencia Internacional de Meridianos de 1884, que establece el meridiano cero.

...

Referida al meridiano 90 grados al oeste de Greenwich y que comprende la mayor parte del territorio nacional, con la salvedad de lo establecido en los numerales II, III, IV y V de este mismo artículo;

...

Referida al meridiano 120 oeste y que comprende el territorio del Estado de Baja California;

Las islas, arrecifes y cayos quedarán comprendidos dentro del meridiano al cual corresponda su situación geográfica y de acuerdo a los instrumentos de derecho internacional aceptados.

C. Con base en dicha Ley, el viernes 01 de marzo de 2002, se publicó el Decreto por el que se establece el horario estacional que se aplicará en los Estados Unidos Mexicanos, de acuerdo a las atribuciones que otorgaba al Congreso de la Unión para establecer horarios estacionales. En este Decreto se definieron los husos horarios aplicables en las entidades federativas durante el verano (abril-octubre de cada año).

Con fundamento en las fracciones XVIII y XXX del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se aplica el horario estacional a partir de las dos horas del primer domingo de abril, terminando a las dos horas del último domingo de octubre de cada año, de conformidad con lo siguiente:

Estados de Baja California Sur, Chihuahua, Nayarit y Sinaloa, sujetos al meridiano 105 grados por ubicación y 90 grados por horario estacional;

Estado de Sonora, sujeto al meridiano 105 grados por ubicación y 105 grados por horario estacional;

Estado de Baja California, sujeto al meridiano 120 grados por ubicación y 105 grados por horario estacional;

Todas las demás entidades integrantes de la Federación estarán sujetos al meridiano 90 grados por ubicación y por el meridiano 75 grados por horario estacional, y

Islas, arrecifes y cayos, el correspondiente a su situación geográfica y de acuerdo a los instrumentos del derecho internacional aceptados donde no aplica el horario estacional.

D.Tomando en cuenta que el Decreto al que nos hemos referido en el inciso anterior, no fue armonizado durante la reforma de 2015 a la Ley del Sistema de Horario en los Estados Unidos Mexicanos, la que Dictamina coincide con la proponente respecto a la pertinencia de actualizar el Decreto y que se contemple de manera independiente al estado de Quintana Roo, indicando claramente que en la aplicación del horario estacional a partir de las dos horas del primer domingo de abril y terminado a las dos horas del último domingo de octubre de cada año, se tomara como base el meridiano 75 grados oeste por ubicación y 75 grados oeste por horario estacional.

E. A partir de las consideraciones vertidas en los incisos anteriores, los diputados integrantes de la Comisión de Energía, someten a la consideración del Pleno de esta Honorable Asamblea, el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA UNA FRACCIÓN IV AL DECRETO POR EL QUE SE ESTABLECE EL HORARIO ESTACIONAL QUE SE APLICARÁ EN LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Artículo Único. Se adiciona una fracción IV, recorriéndose en su orden las fracciones subsecuentes al Artículo Único del Decreto por el que se establece el Horario Estacional que aplicará en los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo Único. ...

I. ...

II. ...

III. ...

IV. Estado de Quintana Roo, sujeto al meridiano 75 grados oeste por ubicación y 75 grados oeste por horario estacional;

V. Todas las demás entidades integrantes de la federación estarán sujetos al meridiano 90 grados por ubicación y por el meridiano 75 grados por horario estacional, y

VI. Islas, arrecifes y cayos, el correspondiente a su situación geográfica y de acuerdo a los instrumentos del derecho internacional aceptados donde no aplica el horario estacional.

Transitorio

Único. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas:

1 http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=757732&fecha= 29/12/2001

2 http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5380123&fecha= 31/01/2015

3 http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=734901&fecha= 01/03/2002

Palacio Legislativo de San Lázaro, Ciudad de México, a 5 de octubre de 2016.

La Comisión de Energía, diputados:Georgina Trujillo Zentella (rúbrica), presidenta; Jerico Abramo Masso (rúbrica), Alfredo Anaya Orozco (rúbrica), Fernando Navarrete Pérez, Ricardo Taja Ramírez, Nelly del Carmen Márquez Zapata, César Augusto Rendón García (rúbrica), Juan Carlos Ruiz García (rúbrica), Elio Bocanegra Ruiz, Julio Saldaña Morán, Sofía González Torres (rúbrica), Norma Rocío Nahle García (rúbrica), Macedonio Salomón Tamez Guajardo (rúbrica), secretarios; Leonardo Amador Rodríguez, José Antonio Arévalo González, Carlos Bello Otero (rúbrica), Juan Alberto Blanco Zaldívar (rúbrica), Juan Manuel Cavazos Balderas, Susana Corella Platt (rúbrica), José del Pilar Córdova Hernández (rúbrica), Daniela de los Santos Torres, Guadalupe Hernández Correa (rúbrica), Luis Manuel Hernández de León, David Jiménez Rumbo (rúbrica), Érick Alejandro Lagos Hernández, Rocío Matesanz Santamaría (rúbrica), Fernando Quetzalcóatl Moctezuma Pereda (rúbrica), María de los Ángeles Rodríguez Aguirre, Esdras Romero Vega (rúbrica), Nancy Guadalupe Sánchez Arredondo.»

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: De conformidad con lo que se establece en el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple con la declaratoria de publicidad.

LEY GENERAL DE EDUCACIÓN

La Secretaria diputada Ernestina Godoy Ramos:«Dictamen de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Educación para incorporar el principio de interés superior de la niñez

HONORABLE ASAMBLEA:

La Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, de conformidad con lo enunciado en los artículos 50 y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 39 y 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como de los artículos 80, 81, 82, 84, 85, 92, 95, 157, 158, 167, 176 y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta Honorable Asamblea el presente:

DICTAMEN

I. ANTECEDENTES

1. En sesión celebrada por el pleno de la Cámara de Senadores el 11 de abril de 2013 fue presentada la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Educación (LGE), por la senadora Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXII Legislatura.

2. En sesión celebrada por el pleno de la Comisión Permanente de la Cámara de Senadores el 23 de agosto de 2013 fue presentada la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el primer párrafo del artículo 4º de la Ley General de Educación (LGE), por el Senador Sofío Ramírez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXII Legislatura

3. La Mesa Directiva de la Cámara de Senadores, en uso de sus atribuciones, acordó turnar la iniciativa a las Comisiones Unidas de Educación y de Estudios Legislativos para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente.

4. Con fecha del 08 de abril de 2015, el Pleno de la Cámara de Senadores aprobó el dictamen correspondiente, con 88 votos a favor. En consecuencia, la Mesa Directiva turnó la iniciativa a la Cámara de Diputados para los efectos del apartado A) del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

5. La Cámara de Diputados recibió la Minuta el 14 de abril de 2015 y la presidencia de la Mesa Directiva, en uso de sus facultades legales y reglamentarias, ordenó su turno a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, el día 13 de octubre de 2015, para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente.

II. DESCRIPCIÓN DE LA MINUTA

En la Minuta se propone que se armonice la Ley General de Educación con la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (LGDNNA), a partir de uno de los principios rectores de la política educativa y de los servicios educativos sea el Interés Superior de la Niñez (ISN).

Los derechos de las niñas, niños y adolescentes deben estar por encima de cualquier impedimento para acceder o permanecer a la educación; es decir, que “en todas las medidas concernientes a niñas, niños y adolescentes que tomen los órganos jurisdiccionales, autoridades administrativas y órganos legislativos, se tomará en cuenta, como consideración primordial, el interés superior de la niñez. Dichas autoridades elaborarán los mecanismos necesarios para garantizar este principio” (artículo 18, LGDNNA).

El propósito de la Minuta es que conforme al principio del Interés Superior de la Niñez, los niños tengan el “derecho a una educación de calidad que fomente su dignidad humana, impulse sus capacidades, desarrolle sus potencialidades y los prepare para el logro de su proyecto de vida”. Lo anterior, de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los Tratados Internacionales.

En este contexto y con base en los anteriores argumentos, en la Minuta se propone la siguiente iniciativa con Proyecto de Decreto:

Único. Se reforman el primer párrafo del artículo 3o.; el primer párrafo del artículo 4o., y el primer párrafo del artículo 8o.; y se adicionan un segundo párrafo al artículo 3o., un segundo párrafo al artículo 4o., recorriéndose el subsecuente, un segundo párrafo al artículo 11, recorriéndose el subsecuente; un tercer párrafo al artículo 78, recorriéndose el subsecuente, y un cuarto párrafo al artículo 79, recorriéndose el subsecuente, todos de la Ley General de Educación, para quedar como sigue:

Artículo 3o. Conforme al interés superior de la niñez, el Estado está obligado a prestar servicios educativos de calidad que garanticen el máximo logro de aprendizaje de los educandos, para que toda la población pueda cursar la educación preescolar, la primaria, la secundaria y la media superior. Estos servicios se prestarán en el marco del federalismo y la concurrencia previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y conforme a la distribución de la función social educativa establecida en la presente Ley.

Asimismo, la educación que impartan el Estado, sus organismos descentralizados y los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios deberá basarse en un enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva que garantice el respeto a la dignidad humana de las personas, el desarrollo armónico de sus potencialidades y personalidad, y que fortalezca la protección, el ejercicio y el respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales, en los términos del artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de los tratados internaciones de los que el Estado mexicano sea parte.

Artículo 4o. Todos los habitantes del país tienen el derecho y la obligación de cursar la educación preescolar, la primaria, la secundaria y la media superior.

Atendiendo al principio rector del interés superior de la niñez, ningún interés podrá estar por encima del derecho a la educación de niñas, niños y adolescentes que imposibilite el pleno ejercicio de este derecho o que impida su acceso y permanencia en los servicios educativos prestados por el Estado, sus organismos descentralizados y los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial.

...

Artículo 8o. El criterio que orientará a la educación que el Estado y sus organismos descentralizados impartan –así como toda la educación preescolar, la primaria, la secundaria, media superior, la normal y demás para la formación de maestros de educación básica que los particulares impartan– atenderá en todo momento el interés superior de la niñez; se basará en los resultados del progreso científico; luchará contra la ignorancia y sus causas y efectos, las servidumbres, los fanatismos, los prejuicios, la formación de estereotipos, la discriminación y la violencia especialmente la que se ejerce contra las mujeres y niños, debiendo implementar políticas públicas de Estado orientadas a la transversalidad de criterios en los tres órdenes de gobierno.

I.a IV. ...

Artículo 11. ...

Las actuaciones y decisiones que tomen dichas autoridades deberán considerar, primordialmente, el interés superior de la niñez, cuando se trate de la educación que concierna a niñas, niños y adolescentes. Las autoridades establecerán los mecanismos necesarios para garantizar este principio.

...

I. a VI. ...

Artículo 78. ...

...

Cuando se tome una decisión que afecte a educandos menores de edad, en lo individual o colectivo, las autoridades educativas y escolares deberán evaluar y ponderar las posibles repercusiones a fin de salvaguardar su interés superior y sus garantías procesales.

...

Artículo 79. ...

...

...

Dicha resolución deberá considerar de manera primordial el interés superior de la niñez cuando se trate de decisiones sobre una cuestión que involucre a educandos menores de edad. Cuando se presenten diferentes interpretaciones, se elegirá la que satisfaga de manera más efectiva este principio rector.

III. CONSIDERACIONES GENERALES

En opinión de la Comisión Dictaminadora, reconoce la importancia de armonizar la Ley General de Educación a partir del principio de Interés de Educación de la Niñez, el cual se considera un eje rector para la toma de decisiones concernientes a asuntos de los niños, niñas y adolescentes. De acuerdo con la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, para garantizar la protección y el ejercicio de los derechos de ellos, las autoridades deben realizar las acciones conforme a uno de los principios rectores, el Interés Superior de la Niñez.

En la Convención sobre los Derechos del Niño, realizada en 1989 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, se le otorgó una nueva encomienda a la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), en la cual la educación debe contemplar dos grandes principios: el interés superior de la niñez y la no discriminación.

“En pro del interés superior del niño, la Convención garantiza el derecho del menor a participar y a expresar su opinión, a ejercer la libertad de conciencia, y a participar activamente en la comunidad a través de la libertad de expresión y de asociación. Esta actitud de participación social en los niños se alimenta, en la práctica, a través de la educación, dentro de la familia y en la escuela, con el fin de prepararlos como ciudadanos activos y responsables”.

En el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, se pretende garantizar “los derechos de la infancia a través de un mejor diseño institucional y programático, además del incremento de la inversión en el bienestar de los más pequeños de acuerdo con el principio del interés superior del niño establecido en la legislación nacional e internacional”. Asimismo, menciona que para lograr la paz se debe iniciar con la erradicación de la violencia hacia las niñas, niños y adolescentes y observar en cada una de las acciones de los funcionarios públicos el interés superior de la niñez.

Por otra parte, en el Programa Sectorial de Educación 2013-2018, se menciona que la educación es un medio primordial para la construcción de una sociedad más justa, democrática, incluyente y tolerante, por lo que en este programa se comprometen a promover “el respeto a los derechos humanos, la equidad de género, la tolerancia, y en particular, la observancia irrestricta del principio de interés superior de la niñez y la adolescencia”. Asimismo, una de las estrategias para mejorar la gestión del sector educativo, es la de impulsar la perspectiva de género y de derechos humanos en los procesos de evaluación y planeación, para ello, las subsecretarías de educación básica y media superior y los órganos desconcentrados incorporaran de manera transversal el principio de Interés Superior de la Niñez en el sector educativo conforme lo marca el artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

IV. CONSIDERACIONES ESPECÍFICAS

En lo que respecta al Proyecto de Decreto de la Minuta, se tienen los siguientes argumentos:

En la Ley General de Educación existe un apartado de criterios que orientarán la educación (artículo 8). Por lo que, el “interés superior de la niñez, como tal, es un principio o un criterio que regirá el derecho a la educación, es decir, su acceso y permanencia en los servicios educativos. Por ende, no se estima procedente la reforma al primer párrafo del artículo tercero de la Ley General de Educación.

Además en el párrafo que se agrega a este artículo en cuestión, que a la letra dice: “Asimismo, la educación que impartan el Estado, sus organismos descentralizados y los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios deberá basarse en un enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva que garantice el respeto a la dignidad humana de las personas, el desarrollo armónico de sus potencialidades y personalidad, y que fortalezca la protección, el ejercicio y el respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales, en los términos del artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de los tratados internaciones de los que el Estado mexicano sea parte”. Dicho párrafo está considerado en la Ley General de Educación, en el artículo séptimo sobre los fines de la educación y en el artículo octavo referente a los criterios que orientan la educación que el Estado y sus organismos descentralizados impartan. Por lo cual, no se requiere reformar dicho artículo.

En lo que respecta al artículo 4º de la Ley General de Educación, no es necesario incluir un criterio o un principio rector en un artículo que está expresamente redactado para establecer el derecho y la obligación de los mexicanos en cursar la educación básica y media superior que ofrece el Estado y los particulares. Este artículo está relacionado con el artículo 31 Constitucional que a la letra dice:

Son obligaciones de los mexicanos:

I. Hacer que sus hijos o pupilos concurran a las escuelas públicas o privadas, para obtener la educación preescolar, primaria, secundaria, media superior y reciban la militar, en los términos que establezca la ley.

II. a la IV. ...

Por lo cual, no se estima procedente la reforma.

La reforma a estos artículos se estima procedente, ya que como lo establece la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes “el interés superior de la niñez deberá ser considerado de manera primordial en la toma de decisiones sobre una cuestión debatida que involucre niñas, niños y adolescentes” (artículo 2) y “en todas las medidas concernientes a niñas, niños y adolescentes que tomen los órganos jurisdiccionales, autoridades administrativas y órganos legislativos, se tomará en cuenta, como consideración primordial, el interés superior de la niñez. Dichas autoridades elaborarán los mecanismos necesarios para garantizar este principio” (artículo 18). Por tanto, el principio sobre interés superior de la niñez, debe ser un criterio que oriente la educación y un eje rector que incorporen las autoridades educativas de la Federación, de las entidades federativas y de los municipios en la toma de decisiones.

En virtud de lo expuesto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 72 Apartado E de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos propone a esta Honorable Asamblea que el presente Proyecto de Decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Educación sea devuelto a la Cámara de Senadores, para efecto de que las modificaciones aprobadas por esta Cámara de Diputados sean discutidas por el Senado de la República en su calidad de Cámara de Origen.

Por lo anterior, y una vez analizada la Minuta materia de este Dictamen, la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos somete a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN

Único. Se reforma el primer párrafo del artículo 8o.; y se adicionan un segundo párrafo al artículo 11, recorriéndose el subsecuente; un tercer párrafo al artículo 78, recorriéndose el subsecuente, y un cuarto párrafo al artículo 79, recorriéndose el subsecuente, todos de la Ley General de Educación, para quedar como sigue:

Artículo 8o. El criterio que orientará a la educación que el Estado y sus organismos descentralizados impartan –así como toda la educación preescolar, la primaria, la secundaria, media superior, la normal y demás para la formación de maestros de educación básica que los particulares impartan– atenderá en todo momento el interés superior de la niñez; se basará en los resultados del progreso científico; luchará contra la ignorancia y sus causas y efectos, las servidumbres, los fanatismos, los prejuicios, la formación de estereotipos, la discriminación y la violencia especialmente la que se ejerce contra las mujeres y niños, debiendo implementar políticas públicas de Estado orientadas a la transversalidad de criterios en los tres órdenes de gobierno.

I. a IV. ...

Artículo 11. ...

Las actuaciones y decisiones que tomen dichas autoridades deberán considerar, primordialmente, el interés superior de la niñez, cuando se trate de la educación que concierna a niñas, niños y adolescentes. Las autoridades establecerán los mecanismos necesarios para garantizar este principio.

...

I. a VI. ...

Artículo 78. ...

...

Cuando se tome una decisión que afecte a educandos menores de edad, en lo individual o colectivo, las autoridades educativas y escolares deberán evaluar y ponderar las posibles repercusiones a fin de salvaguardar su interés superior y sus garantías procesales.

...

Artículo 79. ...

...

...

Dicha resolución deberá considerar de manera primordial el interés superior de la niñez cuando se trate de decisiones sobre una cuestión que involucre a educandos menores de edad. Cuando se presenten diferentes interpretaciones, se elegirá la que satisfaga de manera más efectiva este principio rector.

Transitorio

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas:

1 UNESCO (1989) Convención sobre los derechos del Niño. Recuperado el 20 de febrero de 2016, desde: http://unesdoc.unesco.org/images/0010/001012/101215s.pdf

2 Ídem. Pág. 3

3 Gobierno de la República (2013) Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. Recuperado el 20 de febrero de 2016, desde: http://pnd.gob.mx/

4 Secretaría de Educación Pública (2013) Programa Sectorial de Educación 2013-2018. Recuperado el 20 de febrero de 2016, desde: http://www.sep.gob.mx/es/sep1/programa_sectorial_de_educacion_13_18#.VswzSfnhDI U

Palacio Legislativo de San Lázaro, México, D.F., a 12 de abril de 2016.

La Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, diputados:Hortensia Aragón Castillo (rúbrica), presidenta; María Esther Guadalupe Camargo Félix (rúbrica), Martha Hilda González Calderón (rúbrica), Miriam Dennis Ibarra Rangel (rúbrica), Matías Nazario Morales (rúbrica), Adriana del Pilar Ortiz Lanz, Rocío Matesanz Santamaría, María del Rosario Rodríguez Rubio (rúbrica), Patricia Elena Aceves Pastrana, Carlos Gutiérrez García (rúbrica), Jorge Álvarez Máynez, María Luisa Beltrán Reyes (rúbrica), Jorgina Gaxiola Lezama, secretarios; Laura Mitzi Barrientos Cano (rúbrica), Manuel Jesús Cloutier Carrillo (rúbrica), Hersilia Onfalia Adamina Córdova Morán (rúbrica), Juana Aurora Cavazos Cavazos, Delfina Gómez Álvarez (rúbrica), Gustavo Enrique Madero Muñoz, Adolfo Mota Hernández (rúbrica), María Guadalupe Murguía Gutiérrez (rúbrica), María del Carmen Pinete Vargas (rúbrica), Yulma Rocha Aguilar, María Guadalupe Cecilia Romero Castillo, Juan Carlos Ruiz García (rúbrica), Francisco Alberto Torres Rivas (rúbrica), Luis Maldonado Venegas, Francisco Martínez Neri (rúbrica), Cesáreo Jorge Márquez Alvarado (rúbrica), Joaquín Jesús Díaz Mena, Virgilio Daniel Méndez Bazán.»

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: De conformidad con lo que se establece en el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple con la declaratoria de publicidad.

DICTÁMENES A DISCUSIÓN DE LEY O DECRETO

LEY DE LA COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS Y DE LA LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen de las Comisiones Unidas de Asuntos Indígenas y de Igualdad de Género, con proyecto de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, y de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida Libre de Violencia.

La Secretaria diputada Ernestina Godoy Ramos:«Dictamen de las Comisiones Unidas de Asuntos Indígenas, y de Igualdad de Género, con proyecto de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones de las Leyes de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, y General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia

HONORABLE ASAMBLEA:

Las Comisiones Unidas de Asuntos Indígenas y de Igualdad de Género de la Cámara de Diputados de la LXIII Legislatura, con fundamento en los artículos 39 y 45 numeral 6, incisos e), f) y g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 68; artículo 80, numeral 1; artículo 81, numeral 1; artículo 157, numeral 1, fracción I; 158 numeral 1, fracción IV y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a su consideración el presente dictamen, bajo la siguiente:

I. METODOLOGÍA

I. En el apartado denominado “Antecedentes”, se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, así como de la recepción y turno para el dictamen de la minuta.

II. En el apartado “Contenido de la Minuta”, se plasma de manera resumida, el objeto, alcance y propuesta de la Minuta en estudio.

III. En las “Consideraciones de las Comisiones Dictaminadoras”, se exponen los argumentos de valoración lógico-jurídicos, así como los razonamientos y motivos que sustentan el sentido del dictamen.

I. ANTECEDENTES

Primero. El 28 de noviembre de 2013, en la sesión del Pleno del Senado de la República los senadores Isidro Pedraza Chávez y Angélica de la Peña Gómez, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática y Eviel Pérez Magaña, Juana Leticia Herrera Ale y Teófilo Torres Corzo, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentaron, iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

Segundo. En esa misma fecha, la Mesa Directiva del Senado de la República, turnó la Iniciativa de referencia a las Comisiones Unidas de Asuntos Indígenas y de Estudios Legislativos, Primera, para su estudio y dictamen.

Tercero. El 27 de noviembre de 2014 las Comisiones Unidas de Asuntos Indígenas y de Estudios Legislativos, Primera, aprobaron dictamen de la iniciativa de referencia.

Cuarto.El 2 de diciembre de 2014 se aprobó por el Pleno de la Cámara de Senadores el dictamen de la iniciativa de mérito.

Quinto. En esa misma fecha, mediante oficio No. DGPL-1P3A.-5671 el Vicepresidente del Senado, Luis Sánchez Jiménez remitió a esta Cámara de Diputados la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

Sexto. En la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados, celebrada el 4 de diciembre de 2014, la Presidencia de la Mesa Directiva de esta Cámara de Diputados turnó copia del expediente 5660 con la minuta en estudio, a las Comisiones Unidas de Asuntos Indígenas y de Igualdad de Género, para estudio y dictamen.

Séptimo. El 5 de diciembre de 2014 se recibió en esta Comisión el oficio N° D.G.P.L. 62-II-2-1747, remitido por la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, por el cual turna a las Comisiones Unidas de Asuntos Indígenas y de Igualdad de Género para dictamen, copia del expediente 5660 con la Minuta de referencia.

Octavo. En fecha 23 de abril de 2015, mediante oficio CAI/089/2015, fue remitido dictamen aprobado por comisiones Unidas de Asuntos Indígenas y de Igualdad de Género, para los trámites legislativos subsecuentes.

Noveno. Mediante oficio Bo. D.G.P.L. 62-II-2-2166, de fecha 15 de mayo de 2015, se devuelve Dictamen con Proyecto de Decreto por el que se adicionan una fracción XIX al artículo 2, una fracción V al artículo 6 de la ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, y una fracción XII al artículo 36 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en atención al acuerdo aprobado por el Pleno de la Cámara de Diputados el 30 de abril de 2015.

Décimo.Con fecha 14 de octubre de 2015 se recibió en la Comisión de Asuntos Indígenas, oficio de la Mesa Directiva número D.G.P.L. 63-II-8-0103, haciendo del conocimiento de estas Comisiones dictaminadoras que la Minuta en comentó, con número de expediente 5660 de la LXII legislatura, se encontraba pendiente.

II. CONTENIDO DE LA MINUTA

En el dictamen de la minuta la colegisladora señala lo siguiente:

a. En lo general

Efectivamente, el artículo 22 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas aprobada el 20 de diciembre de 2007, por la Asamblea General de ese organismo, que establece:

Artículo 22

1. Se prestará particular atención a los derechos y necesidades especiales de los ancianos, las mujeres, los jóvenes, los niños y las personas con discapacidad indígenas (Sic) en la aplicación de la presente Declaración.

2. Los Estados adoptarán medidas, junto con los pueblos indígenas, para asegurar que las mujeres y los niños indígenas gocen de protección y garantías plenas contra todas las formas de violencia y discriminación.

En el mismo sentido, la Declaración de las Naciones Unidas sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, aprobada el 20 de diciembre de 1993, determina en su artículo 3°:

Artículo 3

La mujer tiene derecho, en condiciones de igualdad, al goce y la protección de todos los derechos humanos y libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural, civil y de cualquier otra índole. Entre estos derechos figuran:

El derecho a la vida; el derecho a la igualdad; el derecho a la libertad y la seguridad de la persona; el derecho a igual protección ante la ley; el derecho a verse libre de todas las formas de discriminación; el derecho al mayor grado de salud física y mental que se puede alcanzar; el derecho a condiciones de trabajo justas y favorables; el derecho a no ser sometida a tortura, ni otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.

De la misma forma, la colegisladora enfatiza lo que disponen los artículos 3 y 7 de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención Belem do Pará), ratificado por nuestro país en fecha 19 de enero de 1999, a saber:

Artículo 3

Toda mujer tiene derecho a una libre de violencia, tanto en el ámbito público como en el privado.

Artículo 7

Los Estados Partes condenan todas las formas de violencia contra la mujer y convienen en adoptar, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia y en llevar a cabo los siguientes:

...

Disposiciones que indican que toda mujer tiene derecho a una vida libre de violencia, los estados parte condenan todas las formas de ésta.

Posteriormente, en el dictamen de la colegisladora, se da cuenta del análisis y la valoración jurídica realizados a la iniciativa que dio origen al mismo, señalando que es pertinente integrar a la CDI al Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres pues participará, por ley, en la conjunción de esfuerzos e instrumentos.

De igual manera, se propone incluir a la titular del Instituto Nacional de las Mujeres en la Junta de Gobierno de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, y viceversa; que la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas integre el Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres.

III. CONSIDERACIONES

Las Comisiones Dictaminadoras, compartimos con lo señalado por la colegisladora sobre la imperante necesidad de legislar para hacer frente a una realidad social, la violencia y discriminación en contra de las mujeres y niñas indígenas.

En esta tesitura, estas dictaminadoras consideramos pertinente realizar las siguientes precisiones respecto a la Minuta, por lo cual procedemos a analizar dividiéndola en dos apartados: Primero, las adiciones que se aprueban en sus términos y Segundo, las adiciones que se aprueban con modificaciones.

1. Análisis de las adiciones que se aprueban en sus términos.

a. La adición de la fracción XII al artículo 36, de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, para que la CDI sea parte del Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres se muestra en los términos siguientes:

En esta tesitura, se considera importante aprobar en sus términos la adición de la fracción XII al artículo 36 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, debido a que en materia de derechos humanos de las mujeres indígenas, en su artículo 41 dispone que la Federación está obligada a asegurar la difusión y promoción de los derechos de las mujeres indígenas con base en el reconocimiento de la composición pluricultural de la nación, además que vigile que los usos y costumbres de toda sociedad no atenten contra sus derechos. Considerando que el artículo 36 se reformó en el lapso de la recepción de la minuta a la aprobación de este dictamen se estima pertinente recorrer la subsecuente fracción XX vigente y adecuar la redacción.

Considerando lo antes señalado y en congruencia con su participación de instancia coordinadora de las políticas y acciones en materia indígena, con una visión de inclusión, es que la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), también se obliga para que de manera conjunta con el Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, coadyuve en garantizar acciones a favor de prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las niñas y mujeres indígenas y que sean respetados sus derechos, en este sentido, es que se hace necesaria la incorporación de la CDI al Sistema.

2. Análisis de la adición que se aprueba con modificaciones.

Las Comisiones dictaminadoras, en uso de nuestras atribuciones constitucionales como Cámara revisora, consideramos pertinente hacer las siguientes precisiones:

a. La Minuta que nos ocupa establece la adición de la fracción XIX, del artículo 2 de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, en los siguientes términos:

Estas Comisiones Dictaminadoras coinciden en aprobar la adición de una fracción XIX al artículo 2 de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas para establecer que la CDI tenga como función el coadyuvar con el Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres y dar seguimiento a las acciones de las autoridades en sus tres órdenes de gobierno para la prevención, protección, sanción y erradicación de todas las formas de discriminación cometidas contra las mujeres y niñas indígenas.

Al respecto, estas dictaminadoras consideran que dicha reforma legal ayudará a que la CDI coordine esfuerzos y coadyuve con los tres órdenes de gobierno para que se implementen políticas públicas tendientes a eliminar la violencia en contra de las mujeres y niñas indígenas.

Así también, y de conformidad con lo mandatado en el artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la reforma que nos ocupa, encuentra sustento jurídico en diversos tratados internacionales en materia de derechos humanos, ratificados por el Estado mexicano, tales como:

La Declaratoria de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, en su artículo 22 numeral 2 que dispone que los estados adoptarán, junto con los pueblos indígenas, medidas que aseguren que las mujeres y niños indígenas gocen de protección y garantías plenas contra todas las formas de violencia y discriminación.

Del mismo modo, encuentra sustento en diversas disposiciones legales establecidas en la Declaración de las Naciones Unidas sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, en la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) o la Convención de Belém do Pará, entre otros, por lo cual constituye una obligación para el Estado mexicano, llevar a cabo las medidas necesarias para eliminar cualquier práctica discriminatoria y de violencia en contra de las mujeres y niñas indígenas.

Asimismo, en atención a la reforma Constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación de fecha 29 de enero de 2016, respecto del cambio de denominación del Distrito Federal por Ciudad de México, establecido en los artículos 40, 41, 43, 44 y demás relativos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en consecuencia, estas Comisiones Dictaminadoras consideran pertinente actualizar el texto de la minuta, para quedar como sigue:

Artículo 2. ...

I. a XVII. ...

XVIII. Publicar un informe anual sobre el desempeño de sus funciones y los avances e impacto de las acciones de las dependencias y entidades paraestatales de la Administración Pública Federal, estatal y municipal en materia de desarrollo de los pueblos indígenas;

XIX. Coadyuvar con el Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, establecido en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y dar seguimiento a las acciones de las autoridades federales, estatales, de la Ciudad de México y municipales para la prevención, protección, sanción y erradicación de todas las formas de discriminación cometidas contra las mujeres y niñas indígenas, y

XX. Las demás que establezcan las disposiciones legales aplicables.

En virtud de lo anterior, estas comisiones dictaminadoras consideran viable y procedente adicionar una fracción XIX al artículo 2, recorriendo la subsecuente de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas vigente a la fecha.

Con relación a la adición de una fracción II al artículo 6 de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, es de mencionar que el dictamen que aprobaron las Comisiones Unidas del Senado, era referente a la adición de un inciso n) a la fracción II del artículo 6, pero en la discusión de la Sesión Ordinaria de fecha 2 de diciembre de 2014, este fue modificado para que se precise que esta adición se inserte en una fracción III al artículo 6, recorriéndose las subsecuentes en su orden, en virtud de que INMUJERES no es una Secretaría de Estado.

En este orden de ideas y siguiendo con el estudio de la Minuta que nos ocupa, transcribimos a continuación el texto recibido por la colegisladora:

Artículo 6. ...

I. ...

II...

a) a m) ...

III. El titular del Instituto Nacional de las Mujeres;

IV. El presidente del Consejo Consultivo, y

V. El director general de la comisión, sólo con derecho a voz.

En los casos a que se refiere la fracción II, cada miembro propietario contará con un suplente, que deberá tener un nivel jerárquico de subsecretario de Estado. Los integrantes a que se refieren las fracciones I, II y IV tendrán derecho a voz y voto. El presidente podrá invitar a la persona que considere pertinente con relación al asunto por tratar, sólo con derecho a voz.

En este sentido y después de realizar las precisiones antes señaladas, estas Comisiones dictaminadoras, llegan a las siguientes conclusiones:

Observamos que en la propuesta de incorporar al Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES) a la Junta de Gobierno de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, no se establece el alcance de su participación en este órgano de Gobierno, quedando a la libre interpretación; por lo que a la luz del principio de legalidad, el legislador no está regulando en modo alguno el actuar de esta dependencia, dejando así, un vacío legal con amplia discrecionalidad.

Por lo anterior, se considera necesario precisar la forma en que participará el INMUJERES en su calidad de miembro de la Junta de Gobierno de la CDI.

Así también, es de señalar que es de considerar que el espíritu de la propuesta es loable, en virtud de que la perspectiva de género en el tema indígena es de suma importancia y de interrelación estrecha, por ello es necesario que mediante mandato legal se establezca y no por convenio institucional.

Bajo estos términos, es que estamos de acuerdo en que el Instituto Nacional de las Mujeres sea parte de la Junta de Gobierno, a fin de que coadyuve con sus valiosas aportaciones en las acciones a favor de las niñas y mujeres indígenas, haciendo hincapié de que el INMUJERES tendrá derecho a voz en su participación en la Junta de Gobierno de Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI).

Por otra parte, siguiendo con el análisis de la propuesta de adición al artículo 6 de la Ley que nos ocupa, se establece una relación de jerarquía entre quienes integran la Junta de Gobierno; en los términos siguientes:

I. Presidente del Órgano de Gobierno;

II. Los titulares de las Secretarias de Estado y los subsecuentes, el Presidente del Consejo Consultivo y el Director General de la Comisión, sucesivamente.

Por lo que, siendo congruentes con esta prelación del texto vigente y tomando en consideración que el Instituto Nacional de las Mujeres, de conformidad con el artículo 90 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 3 fracción II de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, artículos 1, 3, 14 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, así como, del artículo 2 y demás relativos de la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres, es un Organismo Público Descentralizado que pertenece a la Administración Pública Paraestatal, es que proponemos que la adición del INMUJERES se inserte como fracción V, del artículo 6 de Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas vigente, que es la que sigue en su orden, sin afectar las fracciones I y II, ni el último párrafo del artículo en comento, quedando la redacción siguiente:

En conclusión, las Comisiones Unidas de Asuntos Indígenas y de Igualdad de Género, acuerdan aprobar en los términos de la Minuta original, la adición de una fracción XII al artículo 36 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y actualizar su redacción.

Asimismo, acuerdan aprobar con modificaciones, la adición de una fracción XIX al artículo 2, recorriéndose la subsecuente, y la adición de una fracción V, al artículo 6 de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.

Por lo anteriormente expuesto y fundado y para los efectos de lo dispuesto en la fracción E del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta Soberanía el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE LA COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS Y DE LA LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA.

ARTÍCULO PRIMERO. Se adicionan una fracción XIX, al artículo 2 recorriéndose la subsecuente y una fracción V, al artículo 6 de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, para quedar como sigue:

Artículo 2. ...

I. a XVII. ...

XVIII. Publicar un informe anual sobre el desempeño de sus funciones y los avances e impacto de las acciones de las dependencias y entidades paraestatales de la Administración Pública Federal, estatal y municipal en materia de desarrollo de los pueblos indígenas;

XIX. Coadyuvar con el Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, establecido en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y dar seguimiento a las acciones de las autoridades federales, estatales, de la Ciudad de México y municipales para la prevención, protección, sanción y erradicación de todas las formas de discriminación cometidas contra las mujeres y niñas indígenas, y

XX. Las demás que establezcan las disposiciones legales aplicables.

Artículo 6....

I. y II. ...

III. El Presidente del Consejo Consultivo;

IV. El Director General de la Comisión, sólo con derecho a voz, y

V. Titular del Instituto Nacional de las Mujeres, solo con derecho a voz.

...

ARTÍCULO SEGUNDO. Se adiciona una fracción XII, recorriéndose la subsecuente al artículo 36 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, para quedar como sigue:

Artículo 36. ...

I. a X. ...

XI. El Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia;

XII. La Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas; y

XIII. Los mecanismos para el adelanto de las mujeres en las entidades federativas.

TRANSITORIO

ÚNICO.El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro a nueve de febrero de 2016.

La Comisión de Asuntos Indígenas, diputados:Vitálico Cándido Coheto Martínez (rúbrica), presidente; Dora Elena Real Salinas, Hernán de Jesús Orantes López (rúbrica), Miguel Ángel Sulub Caamal (rúbrica), Edith Villa Trujillo (rúbrica), Lillian Zepahua García (rúbrica), Hugo Alejo Domínguez (rúbrica), Joaquín Jesús Díaz Mena (rúbrica), Luis de León Martínez Sánchez (rúbrica), Victoriano Wences Real (rúbrica), Modesta Fuentes Alonso (rúbrica), Karina Sánchez Ruiz (rúbrica), Jorge Álvarez López, secretarios; Rosa Guadalupe Chávez Acosta (rúbrica), Eva Florinda Cruz Molina (rúbrica), J. Guadalupe Hernández Alcalá (rúbrica), Próspero Manuel Ibarra Otero (rúbrica), Araceli Madrigal Sánchez (rúbrica), Cesáreo Jorge Márquez Alvarado (rúbrica), María Elena Orantes López, Janette Ovando Reazola, Álvaro Rafael Rubio, Heidi Salazar Espinosa (rúbrica), Christian Joaquín Sánchez Sánchez (rúbrica), Guillermo Rafael Santiago Rodríguez (rúbrica), Francisco Ricardo Sheffield Padilla (rúbrica), Timoteo Villa Ramírez (rúbrica).

La Comisión de Igualdad de Género, diputados:Laura Nereida Plascencia Pacheco (rúbrica), presidenta; Sofía del Sagrario de León Maza (rúbrica), Carolina Monroy del Mazo (rúbrica), Erika Araceli Rodríguez Hernández (rúbrica), Carmen Salinas Lozano (rúbrica), Guadalupe González Suástegui (rúbrica), Janette Ovando Reazola (rúbrica), Karen Orney Ramírez Peralta (rúbrica), María Candelaria Ochoa Avalos (rúbrica), Angélica Reyes Ávila (rúbrica); Lucely del Perpetuo Socorro Alpízar Carrillo (rúbrica), Hortensia Aragón Castillo (rúbrica), Erika Lorena Arroyo Bello (rúbrica), Ana María Boone Godoy (rúbrica), Gretel Culin Jaime (rúbrica), Sasil Dora Luz de León Villard (rúbrica), David Gerson García Calderón (rúbrica), Patricia García García, Genoveva Huerta Villegas (rúbrica), Irma Rebeca López López (rúbrica), María Verónica Muñoz Parra (rúbrica), Karina Padilla Ávila, Flor Estela Rentería Medina (rúbrica), María Soledad Sandoval Martínez (rúbrica), Concepción Villa González.»

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado Vitalico Cándido Coheto Martínez, para fundamentar el dictamen de conformidad con el artículo 104, numeral 1, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados.

El diputado Vitalico Cándido Coheto Martínez:Con su venia, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados, el dictamen que hoy someto a su amable consideración, reviste especial relevancia porque tiene como objetivo fortalecer las acciones de prevención y combate a la violencia y la discriminación en contra de nuestras hermanas indígenas.

La primera modificación que plantea el presente dictamen, es al artículo 36 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a fin de que la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, sea integrante del sistema nacional para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres.

La inclusión de la CDI, dependencia que coordina a las políticas de acciones en materia de desarrollo indígena, al sistema nacional, permitirá impulsar de manera conjunta acciones decisivas que garanticen la integridad y el respeto a los derechos de las niñas y mujeres indígenas.

Esta reforma se sustenta en el artículo 1o. de nuestra Carta Magna, así como en los diversos instrumentos internacionales en materia de derechos humanos ratificados por el Estado mexicano tales como: la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas que dispone que los estados adoptarán, junto con los pueblos indígenas, medidas que aseguren que las mujeres y los niños indígenas gocen de protección y garantías plenas contra todas las formas de violencia y discriminación.

La segunda modificación que contiene el presente dictamen consiste en reformar el artículo 2o. de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, para que esta institución coadyuve con el Sistema Nacional en la promoción y el seguimiento de las acciones de prevención, sanción y erradicación de todas las formas de discriminación en contra de las mujeres y las niñas indígenas que realicen las autoridades de los tres órdenes de gobierno.

La tercera modificación consiste en el artículo 6 de la Ley de la CDI que el Instituto Nacional de las Mujeres forme parte de la Junta de Gobierno para fortalecer con ello la perspectiva de género y la política de desarrollo de los pueblos y comunidades indígenas.

Compañeras diputadas y compañeros diputados, las mujeres y las niñas indígenas tienen pleno derecho a una vida libre de violencia y de toda forma de discriminación, por ello se deben impulsar acciones para abatir las causas de la marginación que históricamente han padecido tanto por su origen indígena como por su condición de mujer, situación que las coloca en grave desventaja y vulnerabilidad.

Estamos conscientes que la violencia y la discriminación hacia las mujeres y, en particular, hacia los indígenas tienen causas estructurales de orden cultural, social y político, sin embargo la pobreza y la marginación son los factores que más propician esas prácticas inaceptables, que lastiman la dignidad humana. Quien vive en pobreza siempre será discriminado y padecerá las perores formas de violencia.

Por ello, resulta imperativo garantizar el pleno ejercicio de los derechos humanos de las mujeres indígenas para que puedan desarrollar sus capacidades y posicionarse en el plano económico, político y social.

Con la aprobación del presente dictamen se contribuirá a lograr tal objetivo porque se fortalecerán las acciones enfocadas a prevenir, sancionar y erradicar la violencia y la discriminación, a la vez que se incorporará la perspectiva de género en el diseño y la ejecución de las estrategias de desarrollo integral de los pueblos originarios.

Por lo antes expuesto pido respetuosamente su voto favorable para este dictamen, lo que nos permitirá contribuir solidariamente a crear las condiciones que permitan un trato más justo, igualitario e incluyente a las mujeres, a las niñas y a los niños de México. Su voto será un mensaje de solidaridad para las mujeres y los niños de México. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Muchas gracias, diputado Cándido Coheto Martínez.

Está a discusión en lo general y en lo particular. De conformidad con el artículo 104 numeral 1, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados, se han registrado para fijar la posición de su grupo parlamentario las siguientes diputadas y diputados, quienes tendrán el uso de la palabra hasta por cinco minutos.

La diputada Cynthia Gissel García Soberanes, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social; la diputada Karina Sánchez Ruiz, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza; la diputada María Candelaria Ochoa Avalos, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano; el diputado Virgilio Dante Caballero Pedraza, del Grupo Parlamentario de Morena; el diputado Diego Valente Valera Fuentes, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; la diputada Eva Florinda Cruz Molina, del Grupo Parlamentario del PRD; el diputado Luis de León Martínez Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, y la diputada Sofía del Sagrario de León Maza, del Grupo Parlamentario del PRI.

En ese sentido tiene el uso de la tribuna hasta por cinco minutos, la diputada Cynthia Gissel García Soberanes, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.

La diputada Cynthia Gissel García Soberanes:Con su venia, señor presidente. Honorable asamblea, me permito presentar el posicionamiento de mi Partido, Encuentro Social, respecto al dictamen mediante el cual se adicionan diversas disposiciones de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

Según la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el varón y la mujer son iguales ante la ley, asimismo, nuestra máxima ley prohíbe toda discriminación por motivos de origen étnico y de género.

Si bien es cierto, el derecho positivo mexicano ha evolucionado a tal grado, que hoy los ha elevado a rango de derechos humanos. Los mismos que no se ven reflejados en las leyes secundarias, por lo que no se encuentra totalmente garantizado su ejercicio.

Desgraciadamente, en nuestro país, las mujeres indígenas se ven inmersas dentro de un fenómeno de vulnerabilidad, sufren discriminación y victimización.

En muchos de los casos son consideradas menos capaces que los hombres dentro de su propia comunidad y, además, también son menospreciadas e incluso excluidas por la sociedad mexicana que, lejos de reconocer en ellas la riqueza de nuestros pueblos originarios, fomenta al menos indirectamente su marginación.

Según la encuesta inter censal 2015, elaborada por el Inegi, en el territorio nacional existen 3 millones 786 mil 673 mujeres, de tres años o más, que se hablan alguna lengua indígena, mismas que por el simple hecho de haber nacido mujeres se encuentran más expuestas a sufrir discriminación.

Resultaría ilusorio el pretender dotar de efectividad a los derechos humanos referidos para nuestras mujeres indígenas, exclusivamente a través de la expedición de instrumentos normativos. Sin embargo, el primer paso firme para garantizar su efectiva implementación lo es el que encuentren plasmados en la ley.

El presente dictamen con proyecto de decreto ofrece importantes avances y en Encuentro Social reconocemos como bondades:

Primeramente amplía las funciones de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, a efecto de que se enlace y se embone con el sistema nacional para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres.

Seguidamente, integra el titular del Instituto Nacional de las Mujeres a la junta de gobierno de la referida Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, dotándolo de atribuciones para hacer las aportaciones que estime pertinentes; nutriendo así el debate de los temas a revisión.

Finalmente, en su ejercicio de depurada técnica y conciencia legislativa, se modifica el artículo 36 de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a efecto de incluir a la Comisión Nacional para el Derechos de los Pueblos Indígenas en el sistema nacional para prevenir, atender, sancionar, erradicar la violencia contra las mujeres, medida con la que se fortalece el reconocimiento y perspectiva técnica en materia de los pueblos indígenas.

En Encuentro Social buscamos la superación del encono y somos proclives a incidir en el entramado normativo nacional para abrir las puertas a las mejores propuestas de instauración de un nuevo orden social. En este contexto, la violencia no tiene lugar en una sociedad en que las mujeres, sin excepción, son actores activos de la transformación de sus comunidades.

Estamos por ello dispuestos a ser la voz de las mujeres indígenas y, en consecuencia, votaremos a favor del presente dictamen, cuyo contenido sin duda sostendrá las políticas públicas en materia, dejando en claro que vamos en el camino correcto hacia un mejor país.

No más violencia contra las mujeres y nunca más un Estado sin coordinación para erradicarla. Mujeres y hombres iguales ante la ley y en los hechos. Superando los desencuentros alcanzaremos el mejor de los encuentros, el encuentro social. Es cuanto, señor presidente. Muchísimas gracias.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputada García Soberanes. Tiene el uso de la tribuna, hasta por cinco minutos, la diputada Karina Sánchez Ruiz, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.

La diputada Karina Sánchez Ruiz:“Esforzarse por erradicar la violencia contra la mujer no es sólo una buena idea, se convierte también en la obligación de un gobierno”, Charlotte Brunch.

Con la venia, diputado presidente. Compañeras y compañeros legisladores, la violencia es un problema cotidiano que afecta a la vida de millones de mujeres a lo largo y ancho de nuestro país, poniéndolas en un riesgo permanente.

En el caso de las mujeres indígenas, el problema se agudiza al presentarse la violencia estructural al interior de sus comunidades. Aunado a ello, estas mujeres enfrentan una doble condición de vulnerabilidad, que es el ser mujer y el ser indígenas.

La Declaración de las Naciones Unidas sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer establece que toda mujer tiene el derecho a una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público como en el privado.

Por su parte, la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas señala que los Estados adoptarán medidas, junto con los pueblos indígenas, para asegurar que las mujeres y los niños gocen de protección y garantías plenas contra todas las formas de violencia y discriminación.

Para Nueva Alianza es una convicción proteger y salvaguardar los derechos de los sectores más desprotegidos y nuestra labor legislativa se ha enfocado en ello.

En este sentido nuestro voto será a favor de este dictamen para incluir a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas en el Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, a fin de coordinar esfuerzos y acciones afirmativas tendientes a proteger y erradicar la violencia que viven más de 8 millones de mujeres indígenas en nuestro país.

El dictamen que hoy estamos discutiendo busca resarcir las omisiones y vacíos que existen en la legislación, a fin de cerrar el círculo que permita garantizarles sus derechos fundamentales.

Coincidimos con el dictamen en la conveniencia de incorporar al Instituto Nacional de las Mujeres, Inmujeres, a la junta de gobierno de la CDI, estableciendo el alcance de su participación con el derecho a su voz, así como su representación en dicho órgano.

Con ello se da certeza jurídica al papel que debe desempeñar cada institución involucrada en el diseño e implementación de estrategias, cuyo objetivo sea prevenir que las mujeres y niños indígenas sean víctimas de violencia.

Compañeras y compañeros legisladores, tenemos una deuda enorme con las mujeres que por años hemos sido relegadas e históricamente hemos sido objeto de múltiples formas de discriminación, subordinación, exclusión y desigualdad.

Si bien la igualdad entre mujeres y hombres es un derecho fundamental reconocido tanto por la Constitución, por los diversos tratados internacionales ratificados por el Estado mexicano, la realidad nos demuestra una constante violación de los derechos humanos de los grupos más vulnerables, fundamentada en relaciones desiguales de poder que ancestralmente han sido validadas.

Es momento de acabar con esta inercia histórica y emprender acciones integrales de manera transversal y desde todos los niveles de gobierno que permitan garantizar la dignidad e integridad de las mujeres indígenas.

Mientras una mujer sea maltratada y violentada, y hasta que logremos que goce plenamente de su derecho a una vida libre de violencia tendremos una deuda con México. Refrendemos nuestro compromiso con las mujeres indígenas votando a favor de este dictamen. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Muchas gracias, diputada Sánchez Ruíz. Tiene el uso de la tribuna hasta por cinco minutos la diputada María Candelaria Ochoa Avalos, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

La diputada María Candelaria Ochoa Avalos:Compañeras y compañeros diputados, el dictamen que se presenta hoy tiene un retraso de tres años. Desde 2013 estaba en las dos comisiones, por eso nos parece que no solo es atendible, sino que permitirá generar sinergia institucional, positiva, que avance en la mejora de la situación de las mujeres indígenas. Porque son las que viven más marginación, pobreza, desigualdad, discriminación y violencia; pues las políticas públicas les llegan como una dádiva y no como un derecho.

Sin duda, necesitamos avanzar en la protección de los derechos. El fortalecimiento y la cooperación de las instituciones se han creado para atender las necesidades y particularidades comunitarias.

Hoy más que nunca es apremiante refrendar en esta tribuna la igualdad de género. Hemos visto con preocupación que se usa este discurso en contra de la igualdad, a la cual se le ha clasificado como ideología.

No obstante, la igualdad de género ha permitido cumplir una de las metas más importantes de las presentes generaciones. Es un derecho humano reconocido en el ámbito nacional e internacional.

La igualdad de género aboga por la eliminación de las desigualdades económicas, sociales, políticas y de poder que padecen las mujeres a causa de un sistema. Y también de discursos construidos durante siglos en el cual se nos da un trato no solo de servidumbre, sino de dominación y de subordinación. Esta desigualdad es producto de una tradición cultural que se nos impuso a sangre y fuego desde la Colonia y que hoy amenaza con regresar.

Hoy, por medio de propuestas anticonstitucionales y de la tergiversación, tanto de los tratados internacionales como de investigaciones científicas, se intenta eliminar el progreso que hemos alcanzado en el reconocimiento de las mujeres, de nuestros derechos. El feminismo y las teorías de la igualdad han conseguido derechos para las mujeres feministas, para las no feministas, incluso para las que se consideran antifeministas.

Por desgracia, el discurso de la desigualdad sigue teniendo una fuerte incidencia en las poblaciones indígenas debido a la misma marginación que padecen. La legislación y los derechos se deben ejercer y garantizar desde un Estado laico, desde un Estado libre y no confesional, en el que el ser humano y el conocimiento científico sustenten los argumentos para la toma de decisiones.

Parecería que el desarrollo nos planteaba la eliminación de diferencia de raza, de clase, de etnia, de origen, de preferencia sexual y religión. Pero hoy esas diferencias están más presentes que nunca y se promueven desde ámbitos conservadores que siguen teniendo vigencia.

Tenemos que legislar desde una posición laica y libertaria, es por ello que fortalecer las instituciones y la cooperación permitirá proteger los derechos humanos de todas las mexicanas, así como llevar a cabo acciones eficientes en la búsqueda de soluciones a los problemas nacionales. En este caso a favor de las mujeres indígenas.

Nos congratulamos en la fracción ciudadana porque votaremos a favor de este dictamen. Muchas gracias.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputada Ochoa Avalos. Tiene el uso de la tribuna, hasta por cinco minutos, el diputado Virgilio Dante Caballero Pedraza, del Grupo Parlamentario de Morena.

El diputado Virgilio Dante Caballero Pedraza:Gracias, presidente. Compañeras diputadas, compañeros diputados. Nuestra Constitución establece claramente el derecho de igualdad y no discriminación por etnia o género. También ello está en varios tratados internacionales como las Declaratorias de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y sobre la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer.

Las dos disponen que los Estados adoptará, junto con los pueblos indígenas, medidas que aseguren que las mujeres y los niños indígenas gocen de protección y garantías plenas contra todas las formas de violencia y discriminación. Esta es una obligación para el Estado mexicano y a nosotros nos toca legislar sobre ello.

En México hay 68 pueblos indígenas con casi 16 millones de mexicanos indígenas. La condición de pobreza que caracteriza a estos pueblos se nota claramente en los asentamientos donde viven, los cuales en su mayoría están ubicados en zonas de difícil acceso, aisladas y sin posibilidad de obtener los servicios básicos.

De los 20 municipios con mayor porcentaje de pobreza extrema en el país, en 18 de ellos más del 70 por ciento de su población es indígena y es aquí donde la desigualdad y la violencia contra las mujeres y las niñas indígenas se presenta con más frecuencia.

Tenemos ejemplos como la preferencia que las culturas tienen hacia los niños, pues se cree que ellos serán el principal apoyo de su familia, por lo que reciben mayor y mejores cuidados y alimentación, mientras que a las niñas se les recarga de tareas reproductivas y de labores domésticas. Dejan de asistir a la escuela e incluso se les obliga a contraer matrimonio o se les vende. La discriminación es una realidad; el abuso que la acompaña también.

A pesar del reconocimiento de las mujeres como integrantes de nuestras comunidades no reciben igual trato que los hombres y sus derechos no son respetados. A diario viven la violencia familiar y comunitaria y la discriminación.

Las comunidades indígenas se rigen por usos y costumbres. Esta situación coloca a las mujeres en una situación de desventaja social, económica y cultural, que provoca violación de sus derechos humanos.

Los hombres aparecen como la autoridad en los hogares indígenas, y ello les da poder de decisión sobre la vida familiar, principalmente sobre las mujeres ejerciendo además violencia económica.

La discriminación y la violencia contra las mujeres es un tema que es indispensable entender de manera universal y terminar ya con él. Cómo es posible que esta iniciativa que hoy presentamos haya esperado casi tres años para dar sólo un paso en contra de la violencia que ellas viven. En Morena votaremos a favor de esta minuta esperando que se le dé rápido trámite; se necesita y lo demandamos. Gracias.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputado Caballero Pedraza.

Esta Presidencia saluda al señor gobernador de Guanajuato, don Miguel Márquez Márquez, presente aquí en el pleno. Bienvenido, señor gobernador.

Tiene el uso de la tribuna hasta por cinco minutos, el diputado Diego Valente Valera Fuentes, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

El diputado Diego Valente Valera Fuentes:Para nadie es un secreto que los pueblos originarios de México han sido segregados, y que históricamente han sido marginados y despojados de sus tierras, de sus bienes e incluso de su propia identidad. Estos hechos vergonzosos que no están a la altura de la posición del progreso que queremos en nuestro país, han generado un serio retraso y no solamente en materia económica, sino también en materia tecnológica, educativa, en la salud, y principalmente en materia de derechos para nuestros pueblos indígenas.

Y de entre esa comunidad indígena, en esos pueblos, en esa identidad, encontramos a las mujeres y a las niñas con el índice más elevado de analfabetismo, de rezago educativo, de acceso limitado a su alimentación, así como a enfermedades letales como el cáncer cervicouterino. Y en el resto de la población mexicana ha sido motivo de fuertes campañas preventivas y de atención, pero en las comunidades indígenas pareciera que no hubiera interés por atenderlo. Los derechos de las mujeres indígenas están escritos en las convenciones y tratados internacionales, así como en nuestra propia Constitución. Son instrumentos jurídicos que deben respetar todas las autoridades, pero al parecer aún falta mucho camino por recorrer y mucho por legislar para garantizar el respeto a los derechos de los pueblos indígenas de nuestro país, y en especial a sus mujeres.

Sin duda, el presente proyecto es un paso importante, pero no podemos decir que es un paso dado a tiempo. Mi amiga querida Candelaria, de Movimiento Ciudadano, manifestó que tiene tres años detenido este dictamen. Quisiera abonar a su dicho y decirle que hace 20 años, en el levantamiento zapatista surgido en Chiapas, se planteaba que una de sus cuatro meses de trabajo, estas propuestas para contrarrestar lo que hoy estamos exponiendo en tribuna.

La deuda histórica es muy alta, y personalmente estoy a favor de emprender todas las acciones que sean necesarias para hacer justicia y reivindicar a las mujeres indígenas, por todo el derecho que les pertenece.

Me pronuncio ante esta tribuna a favor de este decreto, pero que este dictamen no quede limitado, construyamos las leyes reglamentarias del segundo constitucional. Nos presiona la congruencia, nos exige la deuda histórica con nuestros pueblos originarios, nos obligan nuestros tratados internacionales, pero que sea la voluntad de este Poder Legislativo la que genere esta amalgama, porque también es violencia hacia las mujeres que tengan que emigrar de sus campos agrícolas hacia otros lugares, porque sus tierras fueron concesionadas por empresas mineras, porque también es violencia que presidentas municipales tengan que huir porque les impusieron colores y partidos, porque también es violencia, que no sean capaces y no tengan la libertad de profesar una religión sin el miedo a ser expulsadas, sin el miedo a ser humilladas.

Pero además me pronuncio por la incorporación de un nuevo modelo de representación política para nuestros pueblos indígenas, que tenga como miras incrementar la participación de sus mujeres en el Estado mexicano.

Asimismo me señalo a favor de la implementación de estrategias jurídicas que garanticen cuotas de mujeres indígenas para conformar esta Cámara de Diputados, las locales y la Cámara de Senadores.

Las mujeres y las niñas indígenas han cambiado sus modelos exitosos, ya no es casarse el ideal de vida. Hoy las mujeres tienen aspiraciones distintas, participativas y organizadas, que luchan día con día, encabezando grupos de mujeres como allá en San Juan Chamula, la socióloga Patricia Díaz López, a quien desde aquí le hago mi reconocimiento por su esfuerzo al frente de muchas y muchas mujeres que hoy siguen sin ser escuchadas en ese municipio del estado de Chiapas.

Por lo anterior, y para finalizar, compañeros legisladores, el día de hoy convoco a robustecer la legislación aplicable a los pueblos indígenas y, en lo general, a sus mujeres. Es una tarea pendiente a nivel federal como local, pues sus derechos se encuentran claramente soslayados a la vasta mayoría de los ordenamientos jurídicos impidiendo el ejercicio de sus derechos humanos, civiles, políticos, económicos, sociales y culturales.

Por un México justo y progresista, votemos a favor de las mujeres indígenas mexicanas. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputado Valera Fuentes. Tiene el uso de la tribuna la diputada Eva Florinda Cruz Molina, del Grupo Parlamentario del PRD.

La diputada Eva Florinda Cruz Molina:Compañeros diputados y compañeras diputadas de este honorable Congreso de la Unión. Con su permiso, diputado presidente. A un día de conmemorar el 12 de octubre, Día de la Raza, día de la resistencia y dignidad indígena, me honro en acudir a esta tribuna para posicionar respecto a modificaciones legislativas a favor de un sector de los pueblos y comunidades indígenas. Me refiero a las mujeres, niños y niñas indígenas del país.

Es de sobra conocida una frase que sintetiza la situación de las mujeres indígenas en el país, las tres veces discriminadas por ser: pobres, indígenas y mujeres. De acuerdo al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Coneval, 7 de cada 10 personas hablantes de lengua indígena se encuentran en situación de pobreza extrema. La vulnerabilidad de esta situación implica entre otras cosas, la dificultad para acceder a la salud y a la educación.

De la población hablante de lengua indígena, 13 de cada 100 sólo pueden expresarse en su lengua materna. Esta situación es más evidente entre las mujeres que entre los varones, 15 de cada 100 mujeres indígenas son monolingües, contra 9 de cada 100 hombres. Este monolingüismo crea condiciones desfavorables de marginación en términos de acceso a la educación, salud y justicia.

Según el Banco Internacional de Desarrollo, en el país persiste una brecha significativa entre la población indígena y la no indígena, en cuanto al acceso al derecho de la educación. Especialmente las mujeres indígenas son quienes presentan los niveles más altos de analfabetismo y baja escolaridad.

Los datos obtenidos son relevantes, existen 636 mil 720 mujeres monolingües, entre 381, 83 hombres en esta situación. Su rezago educativo se incrementa conforme avanza el nivel de escolaridad. Mientras que el porcentaje de niñas que concluyó el ciclo de educación primaria es de 64.3 por ciento y el de los niños es del 68.1 por ciento. En la secundaria sólo el 31.7 por ciento de las mujeres concluyó sus estudios, frente al 35.9 por ciento de los varones.

Ambos fenómenos están íntimamente relacionados con la deserción escolar de las niñas, a quienes se les niega la oportunidad de continuar sus estudios, pues se les obliga a dedicarse a las labores domésticas. Cuando esto sucede en la etapa de instrucción primaria se acentúa la tendencia al analfabetismo y al monolingüismo.

Siendo la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas la instancia responsable de la orientación y coordinación del seguimiento y evaluación de los programas, proyectos, estrategias y acciones públicas para el desarrollo integral de los pueblos indígenas, la incorporación de sus funciones para coadyuvar con el sistema nacional para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y dar seguimiento a las acciones de las autoridades en sus tres órdenes de gobierno para la prevención, protección, sanción y erradicación de todas las formas de discriminación cometidas contra las mujeres y niñas indígenas, así como de su incorporación en la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de las Mujeres, como lo propone el dictamen en comento, contribuirá a enfrentar con mayor eficacia las acciones para superar la discriminación que viven las mujeres indígenas.

Por las consideraciones anteriores, el Grupo Parlamentario de mi partido, el PRD, votará a favor de este dictamen.

Compañeros y compañeras diputadas, es el momento en que todos unidos vamos a apoyar a nuestros pueblos indígenas, a nuestra raza, que hoy en día, cada día, sufren las consecuencias del gobierno, que están más abandonados en nuestro país. Gracias, compañeros. A votar todos a favor por nuestros pueblos indígenas, por las mujeres...

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Concluya, diputada.

La diputada Eva Florinda Cruz Molina:... niños y jóvenes que merecen ser atendidos. Gracias, compañeros.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputada. Tiene el uso de la tribuna, hasta por cinco minutos, el diputado Luis de León Martínez Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

El diputado Luis de León Martínez Sánchez:Con su venia, señor presidente. Compañeras y compañeros, el dictamen que hoy se discute tiene como propósito impulsar acciones que hagan posible a las mujeres y niñas indígenas de nuestro país ejercer su derecho a una vida libre de violencia.

En este sentido, se presentan reformas a la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y a la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, a fin de incluir a la titular del Instituto Nacional de las Mujeres en la Junta de Gobierno de la comisión, y de instituir a este como parte del Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres.

Con lo anterior, se pretende principalmente consolidar, reforzar y dar seguimiento a las acciones que en la materia realicen las autoridades federales, estatales, de la Ciudad de México y municipales, para terminar con la lacerante violencia que aqueja a la mayoría de las mujeres y niñas indígenas por el simple hecho de ser mujeres.

Acción Nacional reconoce que en nuestro país hay un grave problema no resuelto para garantizar el derecho de las mujeres indígenas a una vida libre de violencia. Ante este panorama, consideramos que es inaplazable hacer partícipe al Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, que tiene por objeto la conjunción de esfuerzos, instrumentos, políticas y servicios y acciones interinstitucionales para la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.

Asimismo, nuestro Grupo Parlamentario coincide con la propuesta de incluir a la titular del Instituto Nacional de las Mujeres en la Junta de Gobierno de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, considerándola como una acción afirmativa, con visión incluyente en favor de las mujeres indígenas.

Compañeras y compañeros, se ha dicho en innumerables ocasiones que tenemos una deuda histórica con las mujeres, pero en el caso de las mujeres y niñas indígenas la deuda es aún mayor.

Por ello, el Grupo Parlamentario del PAN los convoca a que cumplamos con nuestro compromiso de reconocer y cuestionar la aceptación social y la perpetuación de prácticas tradicionales, perjudiciales contra las mujeres indígenas, que en realidad son la ruina de un pasado insostenible.

Subsanemos pues, las deficiencias y lagunas existentes en el cuerpo normativo nacional, reconociendo la existencia de las desigualdades profundas que las mujeres indígenas enfrentan por el sólo hecho de ser mujeres y que de manera tradicional han permeado en la sociedad mexicana y se han visto reflejadas en los diversos esquemas jurídicos, sociales, económicos y culturales.

El Grupo Parlamentario de Acción Nacional expresa su voto a favor de la aprobación del presente dictamen y los invitamos a todos y todas no solo a votar a favor, sino actuar consecuentemente con la defensa de la dignidad de las mujeres y niñas indígenas, y por el ejercicio real de sus derechos humanos.

Diputadas y diputados, el progreso de las mujeres es el progreso de toda esta nación. Dar prioridad a las mujeres no es una opción, es una necesidad. Es cuanto, presidente.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputado Luis de León Martínez. Tiene el uso de la tribuna, hasta por cinco minutos, la diputada Sofía del Sagrario de León Maza, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

La diputada Sofía Del Sagrario De León Maza:Las personas se miden por la capacidad de sus sueños. Y la igualdad se logra cuando esos sueños se juntan. Con su venia, señor presidente. Compañeros legisladores, con este dictamen que hoy se pone a consideración del pleno se busca fortalecer a nuestras instituciones y dar certeza a la participación tanto de las mujeres como del sector indígena.

En el Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres y en la junta de gobierno de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.

Lo que hoy vamos a votar es de la mayor relevancia porque estamos refiriéndonos a dos instituciones que hemos construido para la defensa y reivindicación plena de los derechos de las mujeres y de nuestros hermanos indígenas.

Históricamente, las mujeres han sufrido violencia, discriminación, maltrato y exclusión. Apenas hace unos días conmemoramos el Día Internacional de la Niña, y lo hacemos para generar conciencia de sus derechos, de que solamente puede haber prosperidad de un pueblo cuando hay oportunidad de oportunidades, cuando hay respeto a los derechos de las personas; pero sobre todo, cuando no hay discriminación.

Creo en las instituciones como la mejor herramienta para lograr la equidad, la paridad y la igualdad de género. Creo en la tenacidad y en la lucha diaria de las mujeres para posicionarse en la vida pública del país. Creo en la fortaleza de nuestros hermanos indígenas y en su participación decidida para enriquecer la grandeza de la nación.

Las mujeres tenemos en el presidente Enrique Peña Nieto a un gran aliado, lo ha demostrado con hechos a través de sendas iniciativas que nos han dotado de paridad en la participación política y con acciones firmes, orientadas a la erradicación de la violencia de género.

En el Grupo Parlamentario del PRI estamos convencidos de que el desarrollo de México se inicia y propicia con el reconocimiento de los principios de igualdad. En el PRI trabajamos para crear y vigorizar la vida de nuestras instituciones. Por eso, vamos a votar a favor de este dictamen, para que la voz de las mujeres y de nuestros hermanos indígenas se escuche en los órganos de gobierno de las instituciones. Porque cuando se escucha la voz de las mujeres no solamente se mueven corazones, también se transforman realidades y es lo que queremos y anhelamos, mover corazones y transformar la realidad.

Queremos y trabajamos por un México próspero. Si. Pero sobre todo, incluyente. Queremos un México sin exclusión ni discriminación. Queremos un México para todas y todos. Un México con instituciones fuertes, para eso estamos trabajando, para lograr la igualdad. Igualdad que le dará la prosperidad al país. Es cuanto. Muchas gracias, señor presidente.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Muchas gracias, diputada Sofía del Sagrario de León Maza. Agotada la lista de oradores, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica si se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular.

La Secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica, se consulta a la asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Suficientemente discutido en lo general y en lo particular.

Se pide a la Secretaría que abra el sistema electrónico por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular.

La Secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular.

(Votación)

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Esta Presidencia saluda a estudiantes de la licenciatura en derecho de la Universidad Univer Milenium Plantel Toluca, estado de México. Invitados por la diputada Jacqueline Nava Mouett. Igualmente, saludamos a integrantes del Instituto Municipal de la Juventud de Cuautlancingo, Puebla. Invitados por el diputado Miguel Ángel Huepa Pérez. Y a los alumnos de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Invitados por el diputado Renato Josafat Molina Arias. Sean todas y todos ustedes bienvenidos.

Esta Presidencia saluda a integrantes de la Universidad México de la licenciatura de Derecho del cuarto trimestre, del municipio de Texcoco, estado de México, invitados por el diputado Telésforo García Carreón. Bienvenidos.

La Secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos: ¿Falta alguna diputada o diputado por emitir su voto? El sistema aun se encuentra abierto. Se pregunta nuevamente si falta alguna diputada o diputado por emitir su voto. Está abierto aun el sistema, diputados. Ciérrese el sistema de votación electrónico. Señor presidente, se emitieron 384 votos a favor, cero abstenciones y cero en contra.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: A ver, antes de cantar la votación, de viva voz, por favor, secretaria.

La Secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos: De viva voz, diputada, de favor.

La diputada Natalia Karina Barón Ortiz (desde la curul): A favor.

La Secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos: Señor presidente, se emitieron entonces 385 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Aprobado en lo general y en lo particular por 385 votos el proyecto de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, y de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Se devuelve al Senado para los efectos de la fracción E del artículo 72 constitucional.

LEY GENERAL DE SALUD

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: El siguiente punto del orden del día es la discusión de dos dictámenes de la Comisión de Salud. El primero con proyecto de decreto por el que se adicionan un tercer, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno y décimos párrafos al artículo 51 Bis-1 de la Ley General de Salud; y el segundo con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción V Bis al artículo 73 de la Ley General de Salud.

La Secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos: «Dictamen de la Comisión de Salud, con proyecto de decreto por el que se adicionan los párrafos tercero a décimo al artículo 51 Bis 1 de la Ley General de Salud

HONORABLE ASAMBLEA:

A la Comisión de Salud de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, le fue turnada para su estudio, análisis y dictamen correspondiente, la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA EL ARTICULO 51 BIS 1 DE LA LEY GENERAL DE SALUD.

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39, numerales 1, 2 y 45 numeral 6 incisos, e y f de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 80, numeral 1, 81 numeral 2, 82 numeral 1, 84 numeral 1, 85 fracción XI, 157 numeral 1 fracción 1 y 167 numeral 4 y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados, se presenta a consideración de esta Soberanía el siguiente Dictamen:

METODOLOGÍA

I. ANTECEDENTES GENERALES. Se da constancia del trámite legislativo dado a la proposición objeto del presente dictamen, así como del recibo y turno de la misma.

II. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN. Se exponen los motivos y alcances de las propuestas en estudio, se hace una breve referencia a los temas que la componen y se transcribe textualmente la propuesta de resolutivo.

III. CONSIDERACIONES QUE MOTIVAN EL SENTIDO DEL DICTAMEN. Los integrantes de la Comisión Dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos con base en los cuales se sustenta el sentido del presente dictamen.

IV. RESOLUTIVO. Es el resultado del análisis, discusión e investigación sobre el tema, mismo que se someterá a votación del Pleno de la Cámara de Diputados.

I. ANTECEDENTES

Primero. Con fecha 18 de febrero de 2016en sesión plenaria de esta H. Cámara de Diputados, se presentó la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 51 Bis 1 de la Ley General de Salud, presentada por la diputada Arlet Mólgora Glover del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Segundo.- Con fecha 23 de febrero del año 2016la Mesa Directiva de este órgano legislativo, acordó el turno de la propuesta a la Comisión de Salud para su estudio y posterior dictamen, con número de orden 1758/LXIII.

II. CONTENIDO

En la exposición de motivos de la Iniciativa de origen, se manifiesta que el derecho de la protección a la salud, está tutelado por el artículo 4º de nuestra carta fundamental, así como en diversas convenciones internacionales adoptadas por nuestro Estado.

Asimismo, en la Observación General 14 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Organización de las Naciones Unidas dispone una serie de lineamientos a seguir para la protección del derecho en comento.

Como puede advertirse, en las líneas antes citadas se establece que el ejercicio de la prerrogativa de mérito implica el ejercicio de otros derechos humanos, dentro de los que se encuentra el acceso a la información, disposición legal que se halla en el segundo párrafo del artículo 6 la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental que a la letra dice:

“El derecho de acceso a la información pública se interpretará conforme a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; la Declaración Universal de los Derechos Humanos; el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; la Convención Americana sobre Derechos Humanos; la Convención Sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer, y demás instrumentos internacionales suscritos y ratificados por el Estado Mexicano y la interpretación que de los mismos hayan realizado los órganos internacionales especializados”.

No obstante, en el caso concreto a pesar de que el acceso a la información relevante en materia de salud puede considerarse una faceta del referido derecho de acceso a la información, debe precisarse que el derecho mencionado forma parte primordial del proceso de atención médica el cual utiliza como una herramienta fundamental el expediente clínico.

Mismo que podemos definir como lo contempla la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública en su artículo 3 fracción IX y más específicamente al punto 4.4., de la “Norma Oficial Mexicana NOM-004-SSA3-2012, del expediente clínico.

Se manifiesta que el acceso al expediente clínico en nuestro país enfrenta algunas problemáticas relacionadas con la negativa de acceso a la información; en concreto la negativa de algunas autoridades del sector salud e instituciones privadas de brindar a los usuarios de los servicios médicos la información de mérito, asimismo se ha presentado la dificultad de los representantes legales e incluso a los deudos de un paciente para acceder a los referidos datos, lo cual implica un problema para la realización y conclusión de trámites legales de importancia, por lo anterior en el año 2009 el entonces Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI), emitió el criterio 4/09.

No obstante, a pesar de existir las citadas disposiciones, las problemáticas mencionadas con antelación como la negativa a acceder al expediente clínico por parte del paciente y titular de los datos personales en el contenido, o de su representante legal, han persistido.

Es relevante mencionar que durante el año 2013 mediante el sistema electrónico infomex se recibieron 97 solicitudes relacionadas con el expediente clínico, en el año 2014 fueron recepcionadas 160, y hasta el 31 de agosto del 2015 han sido admitidas 59 peticiones sobre dicho tópico, lo cual demuestra el interés de la ciudadanía en acceder a la citada información.

A partir de las cifras mencionadas, es una realidad que una de las dificultades que enfrentan los usuarios de los servicios de salud, es la negativa de acceder a la información de su expediente clínico, bajo el argumento de que el citado documento es propiedad de la institución de salud que lo haya generado y lo tenga en su posesión.

Lo mismo sucede con los familiares de un paciente fallecido para acceder a los datos del expediente clínico, con independencia de la finalidad con la que sean requeridos, como puede ser dar seguimiento a un trámite o procedimiento jurídico.

Aunado a lo anterior la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el Amparo en Revisión 632/2014, en el que se impugnaron los puntos 5.4 a 5.7 de la norma oficial “NOM-004-SSA3-2012, del expediente clínico”, determinó que a un paciente, debe otorgársele el acceso a la información de su salud, contenida en su expediente clínico.

Por ello se propone lo siguiente:

III. CONSIDERACIONES

PRIMERO. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su Artículo 4º dicta que toda persona tiene derecho a la protección de la salud.

SEGUNDO.La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su Artículo 6º establece en su segundo párrafo que toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión.

Para efectos de lo dispuesto en el presente artículo se observará lo siguiente:

A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación, los Estados y el Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por los siguientes principios y bases:

I. Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, en los términos que fijen las leyes. En la interpretación de este derecho deberá prevalecer el principio de máxima publicidad. Los sujetos obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones, la ley determinará los supuestos específicos bajo los cuales procederá la declaración de inexistencia de la información.

TERCERO. La Observación General 14 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de las Naciones Unidas dispone al respecto en el párrafo 3 lo siguiente:

El derecho a la salud está estrechamente vinculado con el ejercicio de otros derechos humanos y depende de esos derechos, que se enuncian en la Carta Internacional de Derechos, en particular el derecho a la alimentación, a la vivienda, al trabajo, a la educación, a la dignidad humana, a la vida, a la no discriminación, a la igualdad, a no ser sometido a torturas, a la vida privada, al acceso a la información y a la libertad de asociación, reunión y circulación. Esos y otros derechos y libertades abordan los componentes integrales del derecho a la salud.

CUARTO. La Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública en su artículo 3º. fracción IX: define al Expedientecomo la Unidad documental constituida por uno o varios documentos de archivo, ordenados y relacionados por un mismo asunto, actividad o trámite de los sujetos obligados;

QUINTO. La Norma Oficial Mexicana NOM-004-SSA3-2012, del expediente clínico en su punto 4.4 define al Expediente clínico, como al conjunto único de información y datos personales de un paciente, que se integra dentro de todo tipo de establecimiento para la atención médica, ya sea público, social o privado, el cual, consta de documentos escritos, gráficos, imagenológicos, electrónicos, magnéticos, electromagnéticos, ópticos, magneto-ópticos y de cualquier otra índole, en los cuales, el personal de salud deberá hacer los registros, anotaciones, en su caso, constancias y certificaciones correspondientes a su intervención en la atención médica del paciente, con apego a las disposiciones jurídicas aplicables

SEXTO. El Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI) antes Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI), emitió el criterio 4/09 sobre el particular, el cual dice Expediente clínico:Por regla general su confidencialidad no es oponible al titular de los datos personales o a su representante legal. El expediente clínico contiene información relacionada con el estado de salud del paciente -titular de los datos-, por lo que con independencia de que puedan obrar opiniones, interpretaciones y criterios de los profesionales de la salud que trataron al paciente, dicha información se ubica dentro de la definición de datos personales que establece la fracción II del artículo 3 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, ya que éstas no se generaron de forma abstracta, sino en clara relación con el estado de salud del paciente y su evolución. En este sentido, si bien es posible afirmar que se actualiza la causal de clasificación prevista el artículo 18, fracción II de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, dicha clasificación únicamente resulta oponible frente a terceros, pero no frente a su titular o representante legal, ya que son precisamente estos últimos quienes tienen derecho a solicitar su acceso o corrección, por tratarse de información personal concerniente a su persona y por lo tanto información de la que únicamente ellos pueden disponer.

SÉPTIMO. Por lo antes vertido los integrantes de la Comisión de Salud, proponen hacer las siguientes modificaciones a la iniciativa de origen:

IV. RESOLUTIVO

Por las Consideraciones que anteceden esta comisión dictaminadora establece que es de aprobarse con las modificaciones de redacción propuestas al contenido de la Iniciativa, por encontrarlo debidamente fundado y motivado, y se presenta a consideración de esta Soberanía el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN UN TERCER, CUARTO, QUINTO, SEXTO, SÉPTIMO, OCTAVO, NOVENO Y DÉCIMO PÁRRAFOS AL ARTICULO 51 BIS 1 DE LA LEY GENERAL DE SALUD.

Artículo Único.-Se adicionan un tercer, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno y décimo párrafos al artículo 51 bis 1 de la Ley General de Salud para quedar como sigue:

Artículo 51 Bis 1.- ...

...

Los usuarios de servicios de salud en el ámbito público o privado tienen el derecho de acceso a la información contenida en su expediente clínico, así como a obtener una copia del mismo, esta información deberá ser manejada con máxima discreción y confidencialidad por parte de los prestadores de servicios de salud señalados en el artículo 34 de la presente Ley.

En todo momento el titular de los datos contenidos en el expediente clínico podrá oponerse y restringir en forma expresa el acceso a dicha información.

El derecho de acceso a la información del expediente clínico también podrá ejercerse por representante legal debidamente acreditado, por el tutor, quien ejerza la patria potestad, quien acredite el parentesco en línea recta, y el cónyuge o concubino del usuario de servicios médicos.

Los prestadores de servicios de salud públicos o privados sólo permitirán el acceso al expediente clínico de los pacientes fallecidos a las personas señaladas en el párrafo que antecede, salvo en el caso que el extinto usuario lo hubiese prohibido en forma expresa y ello se acredite de manera fehaciente.

En el caso de los menores de edad, el acceso al expediente clínico se otorgará al titular o a quien ejerza su patria potestad, ponderando en todo momento el interés superior del menor.

El acceso al expediente clínico no podrá negarse a los sujetos legitimados para ejercer ese derecho, alegando la reserva de la información en términos de las disposiciones en materia de transparencia y protección de datos personales, como tampoco argumentando la propiedad del citado expediente por parte de la institución o prestador de servicios de salud.

El personal médico que acceda a los datos del expediente clínico en el ejercicio de sus funciones, deberá resguardar dicha información conforme al deber del secreto profesional.

Los prestadores de los servicios de salud tomarán las medidas administrativas pertinentes para proteger los datos personales contenidos en el expediente clínico a efecto de prevenir el acceso, alteración, comunicación, difusión o cualquier otro manejo indebido o no autorizado respecto del referido documento.

Transitorios

Primero. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. La Secretaría de Salud contará con noventa días a partir de la publicación para adecuar y emitir las disposiciones normativas y reglamentarias necesarias para la aplicación del presente Decreto.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de septiembre de 2016

La Comisión de Salud, diputados: Elías Octavio Iñiguez Mejía (rúbrica), presidente; Sylvana Beltrones Sánchez (rúbrica), Marco Antonio García Ayala (rúbrica), Rosalina Mazari Espín (rúbrica), María Verónica Muñoz Parra (rúbrica), Pedro Luis Noble Monterrubio (rúbrica), Teresa de Jesús Lizárraga Figueroa (rúbrica), Eva Florinda Cruz Molina (rúbrica), José Guadalupe Hernández Alcalá, Araceli Madrigal Sánchez, Mariana Trejo Flores (rúbrica), Rosa Alba Ramírez Nachis (rúbrica), Melissa Torres Sandoval (rúbrica), Rosa Alicia Álvarez Piñones (rúbrica), Jesús Antonio López Rodríguez (rúbrica), secretarios; Xitlalic Ceja García (rúbrica), Román Francisco Cortés Lugo (rúbrica), Rocío Díaz Montoya (rúbrica), Pablo Elizondo García (rúbrica), Delia Guerrero Coronado (rúbrica), Roberto Guzmán Jacobo, Genoveva Huerta Villegas (rúbrica), Víctor Ernesto Ibarra Montoya (rúbrica), Alberto Martínez Urincho (rúbrica), Evelyn Parra Álvarez (rúbrica), Carmen Salinas Lozano (rúbrica), Karina Sánchez Ruiz (rúbrica), José Refugio Sandoval Rodríguez (rúbrica), Adriana Terrazas Porras, Wendolín Toledo Aceves (rúbrica), Yahleel Abdala Carmona (rúbrica).»

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Se informa a la asamblea que la fundamentación de los dos dictámenes se hará en un solo acto, así como el posicionamiento de los grupos parlamentarios.

En consecuencia tiene la palabra, hasta por 10 minutos, el diputado Elías Octavio Íñiguez Mejía, para fundamentar los dos dictámenes, de conformidad con el artículo 104, numeral 1, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados. Adelante.

El diputado Elías Octavio Iñiguez Mejía:Muy buenas tardes, diputadas y diputados. Con su anuencia, diputado presidente. El día de hoy la Comisión de Salud una vez más presenta ante ustedes un dictamen a favor, de una compañera diputada, Arlet, dl PRI, que pretende que votemos y apoyemos una iniciativa en materia de acceso al expediente clínico.

Compañeras y compañeros diputados, todos sabemos lo complicado que es tener acceso a un expediente clínico cuando estamos en alguna institución ya sea pública o ya sea privada. Los usuarios del servicio de salud tienen que tener el derecho al acceso a la información, tienen que conocer su expediente y tienen que saber qué han hecho con su enfermedad y con la evolución de la enfermedad, así como en el tratamiento.

El expediente clínico en nuestro país enfrenta grandes problemáticas relacionadas principalmente con la negación del acceso a esta información.

En concreto, la negativa de algunas autoridades del sector salud o instituciones privadas, brindan a los usuarios la información de su expediente clínico. Por darles una cifra, diputadas y diputados, en 2013, mediante el sistema electrónico de Infomex se recibieron 97 solicitudes relacionadas con información del expediente clínico, y en 2014 se recibieron 160, pero en 2015 solamente se admitieron 59, lo cual demuestra que sí hay interés por parte de la ciudadanía y de los mexicanos acceder al expediente clínico.

La Constitución Política de nuestro país, en el artículo 6, establece que toda persona tiene derecho de libre acceso a información plural y oportuna, y el Instituto Nacional de Acceso a la Información, el cual dice que el expediente clínico por regla general, debe de ser confidencial, no es suponible al titular de los datos personales o a su representante legal.

Por tal situación, la Comisión de Salud decidió que votáramos a favor este dictamen porque estamos convencidos que la información de un expediente clínico puede fortalecer tanto a las instituciones como a los pacientes que acuden o deciden acudir de una institución pública a una privada o de una institución privada a una pública.

¿Cuántas de las veces, diputadas y diputados, somos pacientes de un lugar? Queremos cambiar y llegamos a esta nueva institución o a ese nuevo hospital, y nos vuelven a solicitar los estudios, los laboratoriales y todos los estudios de gabinete, primero ocasionando un gasto y segundo, volviendo el tiempo, que puede convertirse en tiempo valioso de calidad de vida al paciente.

La postura de la comisión, vemos muy viable esta iniciativa y les pedimos votarla en sentido positivo, porque la Ley General de Salud con nuestra Carta Magna y demás normas aplicables, y sobre todo, necesitamos que se cumpla con una de las garantías fundamentales establecida en nuestra ley máxima.

Por lo tanto, si votamos a favor esta iniciativa de nuestra compañera, los usuarios de salud o su representante legal, debidamente acreditado, el tutor o quien ejerza la patria potestad, tiene el derecho de acceso a la información contenida en su expediente clínico, no importa que sea en el ámbito público o privado. Y en caso de pacientes que fallezcan tendrán acceso únicamente las personas señaladas para ello.

Finalizo este primer dictamen diciéndoles, diputadas y diputados: cada vez la transparencia tiene que estar al día, cada vez nosotros como diputados tenemos que dar ejemplo de la transparencia, por eso la Comisión de Salud le ha dado sí a este dictamen de nuestra compañera diputada.

El segundo dictamen es de nuestra compañera diputada Karla Osuna, del PAN. Esta iniciativa pretende establecer como ley la promoción de la salud mental. Necesitamos que el suicido, que es el valor de esta iniciativa, sea atendido como se debe, sea atendido realmente como el problema que tenemos que conocer.

Diputadas y diputados, si no ponemos atención a este problema de la prevención del suicidio desgraciadamente en el 2020 será la primera causa de muerte en nuestros niños. Pero además de eso quisiera compartirles algunas cifras, algunas cifras alarmantes, anualmente 800 mil personas en el mundo se quitan la vida, pero también es la segunda causa principal de defunción en la edad de 15 a 19 años de edad en todo el mundo.

En nuestro país se registraron más de 6 mil casos de suicidio, pero lo más complicado y lo más delicado de esto es que la mayoría de niños de 12 años fueron los que se ocasionaron el suicidio.

Una de las causas que provocan el suicidio en niñas y en niños y adolescentes, una de tantas, es el acoso escolar o el bullying, por eso nosotros calculamos que entre 8 y 10 veces, hasta 20 veces dice la Organización Mundial de la Salud, intentan los niños quitarse la vida.

Y es donde me pregunto dónde están los padres de familia, dónde están los maestros, dónde están los que hacemos las políticas públicas para prevenir el suicidio, dónde están los gobiernos municipales estatales y federales para que no más niños y adolescentes se sigan quitando la vida.

Pero además de eso se calcula que el costo anual antidepresivo en nuestro país más o menos anda en 4 mil 500 millones de pesos, pero además si sabemos que el gasto en salud mental en México es sólo del 2 por ciento del gasto total en salud, no podemos y no vamos a poder contener la prevención del suicidio si no nos ponemos a trabajar en políticas públicas de prevención, si no involucramos a los consejos municipales, para que tengan esos Consejos Municipales de Salud políticas públicas y acciones en prevención del suicidio, si no involucramos a los maestros, si no involucramos a los padres de familia con escuelas para padres en todas las escuelas de nuestro país.

La prevención del suicidio tiene muchas causas para que estos niños intenten suicidarse. Comentaba una, que es el acoso escolar, pero podría comentarles la falta de economía, la falta de oportunidades para los padres, la pobreza en que viven algunas de las familias de los mexicanos, pero además necesitamos estar muy en alerta porque nosotros como diputados tenemos que decirle alto al suicidio.

No queremos más niños ni más niñas que intenten suicidarse en nuestro país, pretendemos con esta iniciativa de ley que se lleve a cabo la realización y promoción de programas de la prevención del suicidio como los trastornos mentales y del comportamiento, preferentemente en grupos vulnerables como son nuestras niñas y nuestros niños mexicanos.

Diputadas y diputados, este dictamen de nuestra compañera Karla habla más que nada y necesitamos tener conciencia que esto no distingue si eres rico o eres pobre. Tenemos suicidios en niñas muy marginadas como en niñas de una clase social o de un ingreso de sus padres muy alto.

El acoso escolar ha venido a la alza, el suicidio, ya lo dije, si en 2020 no ponemos atención va a ser la primera causa de muerte. Estamos a muy buen tiempo, diputadas y diputados, estamos en el mejor tiempo para decirle a nuestros niños y a nuestras niñas que estamos viendo por el bienestar de ellos, pero más que nada que queremos prevenir que ni un niño más, ni una niña más mexicana se quite la vida, porque tiene que disfrutar de este bello país que es México. Es cuanto, diputado presidente.

Con la aclaración de que se dejó una adenda en la Mesa Directiva, para el segundo dictamen.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: De conformidad con el artículo 104, numeral 1, fracción IV del Reglamento de la Cámara de Diputados, se han registrado para fijar la posición de su grupo parlamentario para los dos dictámenes las siguientes diputadas y diputados, quienes harán uso de la palabra hasta por cinco minutos: el diputado Gonzalo Guízar Valladares, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social; el diputado Carlos Gutiérrez García, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza; la diputada Ma. Victoria Mercado Sánchez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano; la diputada Sandra Luz Falcón Venegas, del Grupo Parlamentario de Morena; el diputado José Refugio Sandoval Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; el diputado Guadalupe Hernández Alcalá, del Grupo Parlamentario del PRD; la diputada Karla Karina Osuna Carranco, del Grupo Parlamentario del PAN; la diputada Arlet Mólgora Glover, del Grupo Parlamentario del PRI.

En consecuencia, tiene el uso de la palabra el diputado Gonzalo Guízar Valladares, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.

El diputado Gonzalo Guízar Valladares:Muchas gracias. Decía un pensador oriental, que donde hay educación y salud no hay distinción de clases, son elementos indispensables para la igualdad. Ahí está la fortaleza de estos dictámenes que hoy nos ocupan en la etapa de discusión y por supuesto como Partido Encuentro Social, una de las prioridades fundamentales del programa de acción, de los principios, documentos básicos, es precisamente preservar la vida. El bien tutelar ante la ley superior es la vida, y para nosotros la vida es sagrada y todo lo que tenga que ver con la preservación de la vida y para propiciar la unidad familiar, la salud familiar, es indispensable, es prioridad.

Hoy venimos a decirles a ustedes, que estos dictámenes de la Ley General de Salud, el artículo 51 y el artículo 73 vamos a votarlos a favor por varias razones. Reconociendo en el primero, en el 51, el acceso a la información, es un derecho que además ya está considerado en la Constitución General de la República, en la Ley General de Transparencia, en la ONU, en los acuerdos y tratados internacionales.

Es decir, ya están considerados, pero sigue siendo un obstáculo para que los pacientes, sus familiares no se les pueda brindar la información de los expedientes clínicos, se siente ahora que es propiedad de la dependencia o de la institución que presta el servicio, sea esta pública o privada, pero con esta reforma, que a lo mejor en una interpretación simple no hubiera razón de ser si se aplicara lo que ya está en la Constitución.

Sin embargo, reconocemos que en derecho público, el servidor público, en este caso de dependencias públicas, no puede hacer lo que expresamente no le dice la ley. Estamos tipificando, estamos estableciendo, estamos aclarando de manera específica que, por supuesto, con el simple hecho de ser y representar documentalmente, acreditar que soy familiar, que tengo la tutoría del paciente o que soy representante legal de él, tenga yo el acceso a la información. Eso es lo que se trata, amigas y amigos, el primer dictamen.

El 51 de la Ley General de Salud va a obligar ahora a las dependencias públicas y privadas a no ser pretexto legal, de ahí la importancia de armonizar esta ley con los acuerdos ya constitucionales que he mencionado, para que los representantes legales o familiares tengan el acceso a la situación del paciente y le eviten gastos innecesarios, como bien decía aquí nuestro presidente de la comisión de manera muy precisa, evitar gastos innecesarios.

De por sí ya la economía familiar está erosionada, derivado de la crisis económica que vivimos, ahorrarle gastos también significa economía familiar, este tipo de reformas que parecieran sencillas pero tienen una gran trascendencia en el sentido social.

El segundo, desde luego, el 73 de la Ley General de Salud. Todo lo que tenga que prevenir, todo lo que tengamos qué hacer con la conciencia de que sobre todo los jóvenes que están demostrando las estadísticas, que son los más proclives a suicidarse, por razones obvias, discriminación, el bullying, decía el presidente de la comisión, es uno de ellos.

Pero yo diría más profundo, la situación económica, la distinción de clases que prevalece en este país, la discriminación de personas. Tienen qué ver mucho con esos problemas emocionales, y por supuesto, la falta de unidad familiar.

Tenemos que rescatar principios y tenemos que retomar valores que le daban a la familia esa unidad, esa capacidad espiritual de estar unidos y vigilar a los nuestros. La institución más antigua de la sociedad es la familia, es la célula básica, es el motor de desarrollo, y por supuesto, también debe ser el motor del cuidado de nuestras niñas, de nuestros niños adolescentes y jóvenes.

Todo lo que tenga qué ver con la salud emocional de las niñas, de los niños, de los jóvenes, por supuesto que es un obligado, es un imperativo. Más allá de colores es una condición humana, de ahí la importancia que vamos como partido, como fracción a favor, como seguramente irán la totalidad de los grupos parlamentarios. Muchas gracias. Muy amables.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputado Guízar. Tiene el uso de la tribuna, hasta por cinco minutos, el diputado Carlos Gutiérrez García, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.

El diputado Carlos Gutiérrez García:Con el permiso de la Presidencia, compañeras y compañeros diputados. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, anualmente más de 800 mil personas cometen suicidio y por cada caso de muerte hay 20 personas que intentan quitarse la vida.

El suicidio es considerado como un problema de salud pública, al convertirse en la segunda causa de muerte entre la población de 15 a 29 años. En México la tasa de suicidios ha alcanzado cifras alarmantes. Tan solo en el año 2012 se registraron más de 5 mil casos, mientras que en 2013 la cifra se incrementó a cerca de 6 mil.

A pesar de ser un fenómeno que posee múltiples causas, las enfermedades mentales, principalmente la depresión y los trastornos por consumo de alcohol, el abuso de sustancias, la violencia, las sensaciones de pérdida y diversos entornos culturales y sociales, constituyen importantes factores de riesgo fuertemente asociados al suicidio.

Si bien la muerte es una tragedia, esta impacta más cuando es niño o un adolescente quien se priva de la vida. La tristeza, angustia y desolación que un acto así provoca en los padres, hermanos, familiares, amigos y en los miembros de la comunidad en general es sumamente devastadora.

En este contexto, para Nueva Alianza es clara la necesidad de impulsar acciones positivas tendientes a prevenir el suicidio, principalmente entre las niñas, niños y adolescentes, que son el sector más vulnerable; pues si bien las cifras son desoladoras, debemos emprender acciones preventivas a fin de evitar que más jóvenes tomen el suicidio como la única salida a una vida que consideran en desesperanza.

Por ello, los diputados de Nueva Alianza votaremos a favor del presente dictamen para fomentar y apoyar la realización de promoción de programas enfocados en la prevención del suicidio, preferentemente en las niñas, niños y adolescentes.

En lo que respecta al segundo dictamen, siendo que la salud es un derecho fundamental de todo individuo consagrado en la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU y en el artículo 4o. de nuestra Constitución, consideramos oportunas las adiciones propuestas a la Ley General de Salud, las cuales buscan corregir el constante rechazo por parte de las instituciones de entregar los expedientes clínicos a los pacientes, bajo el argumento de la confidencialidad, de la información y la propiedad del documento, con lo cual se vulneran los derechos fundamentales de los usuarios de los servicios médicos.

El libre acceso a la información es un principio fundamental, por lo cual el objetivo del segundo dictamen de establecer que los usuarios de salud, en el ámbito público o privado, tengan el derecho de acceder a la información contenida en su expediente clínico, así como una copia del mismo es por demás pertinente.

El acceso del paciente a su expediente le permitirá estar plenamente informado y tomar las decisiones más certeras acerca de su salud, como puede ser cambiar de médico o buscar una segunda opinión. En ese sentido, debe contar con la total garantía de que en caso de requerirlo se le proporcionará sin objeciones y para los fines que él decida.

Esta garantía se extiende al representante legal debidamente acreditado, así como también a quien acredite el parentesco en línea recta, además del cónyuge o concubino; de igual manera, aplica para los representantes de pacientes fallecidos. En el caso de los menores de edad, el acceso se otorgará al titular o a quien ejerza su patria potestad, ponderando en todo momento el interés superior del menor.

En Nueva Alianza, estamos convencidos que con la aprobación de este dictamen se allana el camino para ejercer de manera plena e integrar el derecho a la salud y lo votamos, por supuesto, además de manera personal, porque es una iniciativa hoy votada de mi amiga y compañera paisana, la diputada Arlet Mólgora, de Quintana Roo. Es cuanto, por su atención muchas gracias. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputado Gutiérrez García. Tiene el uso de la tribuna hasta por cinco minutos, la diputada Ma. Victoria Mercado Sánchez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Esta Presidencia saluda a los alumnos del Colegio Alemán. Invitados por la diputada Claudia Sánchez Juárez. Igualmente, al grupo de mujeres de la colonia El Molino, de aquí de la Ciudad de México. Invitadas por el diputado Vicepresidente, diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano. Bienvenidas y bienvenidos. Adelante, diputada.

La diputada Ma. Victoria Mercado Sánchez:Con su venia, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados y diputadas, el derecho a la salud declarado en nuestra Constitución, consiste en un ideal, el gozar del máximo estado posible de bienestar biopsicosocial. Este bienestar se expresa en un cuerpo sano, íntegro, fuerte, consiste en el ámbito social, en un estado de seguridad, de protección a las personas y sus bienes, de vivir en paz, de tener oportunidades de convivencia, de trabajo y de recreación, pero sobre todo consiste en una mente sana con plena capacidad cognitiva, con el más alto desempeño intelectual, con la prolija capacidad de expresar sentimientos y pensamientos que permitan una relación humana basada en el respeto y la dignidad.

Así, el dictamen que hoy se discute precisa ese vacío que existía, pues si bien la Ley General de Salud reconocía este derecho en las personas, no incluía con el suficiente énfasis las responsabilidades de asegurar salud mental en su mayor riesgo, el suicidio.

La experiencia de vivir constituye la apertura cognitiva a nuestros deseos y nuestras voluntades. La conciencia de nuestra existencia se refleja en nuestra capacidad de adaptación al medio, pero sobre todo despierta nuestros sentimientos afectivos y nuestras intenciones de futuro.

En situación de estrés, en condiciones de violencia crítica, cuando la vida se ve amenazada en forma constante, cuando la ausencia de perspectiva de futuro se anula, el deseo de terminar con la vida se hace presente. Así, el suicidio no es solo una condición patológica que surge de una mente sicótica, es también producto de las condiciones del medio social.

Es por eso que para el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano la iniciativa que hoy se discute pone el acento en la responsabilidad del Estado de promover una adecuada salud mental para detener los alarmantes índices de suicidio, particularmente el incremento del suicido en jóvenes.

Es completamente entendible que alguien disponga de su vida en la vejez y ante una enfermedad terminal, cuando todo futuro se ve agotado, pero que las personas jóvenes se suiciden, tal como lo señala el diagnóstico presente en la iniciativa que da origen al dictamen, nos muestra cómo ha impactado en la vida de las personas la crisis social, moral, económica y de violencia que se ha desatado en los últimos años en nuestro país.

Si bien el dictamen que está sujeto a aprobación respeta un avance sustantivo en el reconocimiento de una verdad lacerante, es justo reconocer que hace falta insistir en la generación de mecanismos que aseguren el futuro para los jóvenes.

Cuando un individuo llega a la conclusión de que la vida debe terminar en el momento de mayor potencial, se presenta el fracaso de una sociedad incapaz de ofrecer un futuro para todos y todas. Que uno solo se suicide sin sufrir una patología mental, ya es un drama. ¿Cómo llamaríamos a una tasa de suicidio de 7.5 por cada 100 mil?

No quiero excluir la importancia que tiene el suicidio a cualquier edad, pero la reducción de la edad de las personas suicidas es un signo de debilitamiento de la red social de apoyo, una fractura de la capacidad del sistema social de ofrecer un futuro, y sobre todo, evidenciar las deficiencias del Estado y asegurar la salud integral de las personas. Por esta razón el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano va a favor de estas modificaciones, y su servidora siempre estará atenta y apoyando el bienestar de las personas que vayan a reforzar los temas de atención de salud mental.

Invito a las diputadas y a los diputados de todos los demás partidos, como hoy lo hacemos en nuestro grupo, que logremos armonizar la salud para todos y que no se recorte ningún gasto de esos programas del Presupuesto de Egresos de la Federación para el 2017 en materia de salud, ya que de lo contrario estaríamos expuestos a un sinnúmero de problemas que pueden ir en detrimento de la vida sana de las personas en cuestión; se manifiesta que en el acceso al expediente clínico en nuestro país, enfrenta algunas problemáticas relacionadas con la negativa de acceso a la información, en concreto a la negativa de algunas autoridades del sector salud e instituciones privadas de brindar al usuario de los servicios médicos la información de mérito; asimismo se ha presentado la dificultad de los representantes legales e incluso de los adeudos de un paciente para acceder a los referidos datos, lo cual implica un problema para la decisión y conclusión de trámites legales de importancia.

Por lo anterior, en el año 2009, el entonces Instituto Federal del Acceso a la Información emitió un criterio que estamos de acuerdo que los derechos de los pacientes a su expediente que se ha llevado con discrecionalidad, debe de ser un derecho, por lo tanto el grupo de Movimiento Ciudadano, estamos de acuerdo en los dos dictámenes. Muchas gracias. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputado Mercado Sánchez. Tiene el uso de la tribuna, hasta por cinco minutos, la diputada Sandra Luz Falcón Venegas, del Grupo Parlamentario de Morena. Esta Presidencia saluda a estudiantes de la Universidad Privada del Estado de Morelos, invitados por la diputada Lucía Virginia Meza Guzmán.

La diputada Sandra Luz Falcón Venegas:Buenas tardes a todas y a todos. Los derechos de los pacientes deben ser respetados. El derecho a recibir información suficiente, clara, oportuna y veraz, el derecho a ser tratado con confidencialidad y a contar con un expediente cínico.

El expediente clínico es el conjunto único de información y datos personales de un paciente, el que se integra dentro de un establecimiento para la atención médica, ya sea pública, social o privada, el cual consta de toda clase de documentos, en los cuales el personal de salud deberá hacer los registros, anotaciones, y en su caso, todo lo concerniente a su intervención en la atención médica del paciente.

Todos los prestadores de servicios médicos están obligados a integrar y conservar el expediente clínico, los establecimientos serán solidariamente responsables respecto del cumplimiento de esta obligación por parte del personal que preste sus servicios en los mismos. Los expedientes clínicos son propiedad de la institución o del prestador de servicios médicos que lo genere cuando éste no depende de una institución pública.

Las instituciones públicas se rigen por lo establecido en la norma oficial mexicana sobre expedientes clínicos. El paciente como aportante de la información y beneficiario de la atención médica tiene derecho de titularidad sobre la información para la protección de su salud y de sus datos personales, de acuerdo a las disposiciones de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

La información del expediente clínico es confidencial, los profesionales de la salud están obligados a proporcionar información verbal o escrita al paciente, a quien ejerce la patria potestad, la tutela al representante legal o a las autoridades competentes que lo soliciten. En ningún caso se podrá difundir la información médica o datos personales de los pacientes sin autorización escrita del mismo.

Sin embargo, y a pesar de estas normas jurídicas que establece el derecho de los pacientes acceder a la información de su expediente clínico, muchas veces estas no son proporcionadas por el personal de atención a la salud, basados en que los expedientes pertenecen a las instituciones o a los prestadores de servicios de salud. Sin embargo, sabemos que este derecho lo tiene el enfermo.

Existen varias tesis dictaminadas por el Instituto Nacional de Acceso a la Información en su criterio 04/90 en donde se establece por regla general, que la confidencialidad del expediente clínico no es oponible al titular de los datos personales o a su representante legal, ya que el documento contiene información relacionada con el estado de salud del paciente, por lo que con independencia de que pueden obrar opiniones, interpretaciones y criterios de los profesionales de salud que trataron al paciente.

Dicha información se ubica dentro de la definición de datos personales que establece la ley, en virtud de que estas no se generaron de forma abstracta, sino en clara relación con el estado de salud del paciente y su evolución.

Esta iniciativa de reforma a la Ley General de Salud trata de resolver esta problemática, incluyendo un inciso en donde ese establece el derecho que se tiene al paciente acceder a la información de su expediente clínico. Es por esto que Morena votará a favor del dictamen, para que se pueda cumplir a cabalidad los derechos a la información y transparencia de los pacientes que tantas veces han sido vulnerados. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Muchas gracias, diputada Falcón Venegas. Tiene le uso de la tribuna el diputado José Refugio Sandoval Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, hasta por cinco minutos.

El diputado José Refugio Sandoval Rodríguez:Muchas gracias, diputado presidente. El día de hoy estamos discutiendo dos dictámenes de la Comisión de Salud, que sin duda le vienen a sumar al reconocimiento a la salud como un derecho humano.

En cuanto al primer dictamen reconocemos la obligación del Estado de proteger la salud de la población, lo que ha llevado al diseño de mecanismos que permitan la participación conjunta y activa de la sociedad en acciones que abonen al fortalecimiento de este derecho humano.

Coincidimos en que el derecho a la salud está estrechamente vinculado con el ejercicio de otros derechos humanos, como lo es el acceso a la información, también contemplado en la Carta Internacional de los Derechos Humanos.

En nuestro país el acceso de los ciudadanos a su expediente clínico enfrenta algunos obstáculos para materializarse. Abemos de la negativa de algunas autoridades del sector salud e incluso de instituciones privadas para brindar a los usuarios de los servicios médicos la información que integra dicho expediente clínico, escalando la problemática a los familiares y representantes legales de los pacientes para acceder a los referidos datos.

Coincidimos en que el expediente clínico contiene datos que no pueden presentársele a cualquier persona, sin embargo esta restricción no puede extenderse hasta obrar en contra o incluso en contra del propio paciente o el titular del expediente.

Tratándose de la salud es fundamental acceder fácilmente a nuestro expediente clínico sin mayor restricción, porque ello abona a la simplificación y agilización de trámites, los cuales son vistos como uno de los principales obstáculos que el día de hoy enfrentan los usuarios de los servicios sanitarios, en perjuicio del ejercicio efectivo de lo establecido por el artículo 4o de nuestra Carta Magna.

Respecto al segundo dictamen que hoy estamos discutiendo, la Organización Mundial de la Salud dice que el suicidio se define como un acto deliberadamente iniciado y realizado por una persona en pleno conocimiento o expectativa de su desenlace fatal. Según datos de la misma organización sobre salud mental, más de 800 mil personas mueren cada año en el mundo a causa del suicidio.

En este sentido, hablamos de un fenómeno global y un problema grave de salud pública que afecta a todas las regiones del mundo, y el cual se puede presentar en cualquier etapa de la vida, sin embargo estudios recientes indican que la problemática está afectando en mayor medida a los jóvenes que se encuentran entre los 15 y los 2 años de edad, presentándose desgraciadamente como la segunda causa de muerte en los jóvenes que se encuentran en este rango de edad.

En México, durante los últimos años la tasa de suicidios ha seguido una tendencia creciente. Entre el año 2000 y 2013 se mostró un incremento de 3.5 a 4.9 suicidios por cada 100 mil habitantes.

Esto quiere decir que aumentó poco más del 30 por ciento, sin embargo lo más preocupante es el aumento en el número de suicidios entre la población más joven y lamentablemente para este año 2016 el panorama empeoró, lo cual se reflejó en una afectación significativa a los niños de entre los 10 y los 14 años, convirtiéndose en un problema que requiere de la atención urgente del gobierno para poner en marcha campañas de prevención y de vigilancia con la finalidad de evitar que más personas, pero especialmente los menores de edad, sigan poniéndole fin a su propia vida.

Si bien es claro el vínculo existente entre el suicidio y los trastornos mentales, en específico los relacionados con la depresión y el consumo de sustancias nocivas, como el alcohol y las drogas, se encuentra también documentado, que en los últimos años complicaciones del tipo social, tales como dificultades financieras, relaciones interpersonales, enfermedades, incluso la violencia, se ha convertido en un factor de riesgo más que lleva a las personas a intentar quitarse la vida.

Siempre es lamentable una pérdida humana, pero es inaceptable no hacer nada para impedir que quienes apenas comienzan a florecer, acaben con su existencia, especialmente cuando muchos de esos problemas que los orillan a tomar esta salida falsa tienen solución si se les atiende de un modo adecuado.

Bajo esta lógica, en el Verde apoyamos todas aquellas iniciativas y propuestas que deriven en la implementación de una estrategia de acceso a la información y de prevención del suicidio. Por ello votaremos a favor de estos dictámenes que contribuyen en el perfeccionamiento de nuestro andamiaje jurídico en materia de salud. Por su atención, muchas gracias.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputado Sandoval Rodríguez. Tiene el uso de la tribuna el diputado Guadalupe Hernández Alcalá, del Grupo Parlamentario del PRD, hasta por cinco minutos.

El diputado J. Guadalupe Hernández Alcalá:Buenas tardes, compañeras diputadas, compañeros diputados. Con su venia, diputado presidente. El Grupo Parlamentario del PRD va a favor de estos dos dictámenes de la Comisión de Salud, que el día de hoy se encuentran a discusión.

En primer término, tenemos la firme convicción de que el acceso del paciente a su expediente médico, a su expediente clínico es una condición muy importante para ejercitar el derecho a estar informado y así tomar decisiones importantes acerca de su salud.

El expediente clínico contiene información relacionada con el estado de salud del paciente, el cual es el dueño, es el titular de los datos que están ahí consignados. Por eso las interpretaciones y los criterios de los profesionales de la salud que trataron al paciente, ahí también van a estar consignados.

Esa información se ubica dentro de la definición de datos personales que establece el artículo 3o. de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

El expediente clínico, compañeras diputadas, compañeros diputados, es el minuto a minuto de la patología que presenta un enfermo, ahí están consignadas las notas clínicas, está consignada la historia clínica, están consignados los estudios que solicita el médico, los diagnósticos, los tratamientos médicos o quirúrgicos.

En pacientes hospitalizados, ahí está consignada también información tan importante, como lo es el pase de la visita diaria y la consignación de los datos minuto a minuto, el cambio de tratamientos, el agregar o quitar algún medicamento al paciente. Todo eso está consignado en el expediente técnico.

Por ello, compañeras diputadas, compañeros diputados, estamos a favor de la modificación del artículo 51 Bis-1 que hoy nos ocupa, el cual reconoce el derecho de los usuarios de los servicios de salud, a recibir información suficiente, clara, oportuna y veraz, así como la orientación que sea necesaria respecto a su salud y por supuesto incluir ahí el consentimiento informado.

En resumen, esta reforma da certeza y claridad a la Norma Oficial Mexicana 004SSA3/12, evitando así dificultades en su interpretación. Si los hospitales públicos o privados se niegan a proporcionar a los pacientes el expediente técnico clínico, lo que contiene la información que ya comenté, los estudios que ya comenté, si se niegan a otorgar ese derecho, que ya estará plasmado, están violando el derecho a la salud y el derecho al acceso a la información. Con esta reforma los ciudadanos contarán con una poderosa herramienta para mejorar la protección de sus derechos.

Por otro lado, compañeras diputadas, compañeros diputados, respecto a la reforma al artículo 73 de la Ley General de Salud, en materia de prevención del suicidio en niñas y niños y adolescentes, la fracción parlamentaria del PRD va a favor, porque nos preocupa que el suicidio, como ya se ha dicho aquí, representa un grave problema de salud pública, que deriva de la precaria salud mental de millones de seres humanos, que entre la desesperación, la frustración, la tristeza y el enojo con sus sociedades o con sus entornos, sobre todo el familiar y el escolar, deciden que es preferible quitarse la vida, deciden dejar de vivir, a continuar padeciendo los males reales o imaginarios que ellos tienen, que les aquejan.

En los últimos 10 años se han registrado en México 51mil 381 suicidios. En ese periodo hubo un incremento del 43 por ciento en el número de suicidios en nuestro país, al pasar de 4 mil 315 a 6 mil 337.

De acuerdo al Inegi, en México las adolescentes, los adolescentes, por causas de depresión, de ansiedad, de daño neurológico en etapas tempranas, así como el consumo de sustancias adictivas, son consideradas como el grupo de edad más vulnerable para el suicidio.

Por grupos de edad el Inegi identifica 4.3 por ciento de casos, se trata en adolescentes de entre 10 y 14 años de edad. Esto es terrible y es patético, compañeras diputadas, compañeros diputados.

En el 31 por ciento de los casos tenían entre 15 y 24 años de edad, mientras que el 22 por ciento se trataba a jóvenes de 25 a 34 años de edad.

Estos datos implican que el 58 por ciento de los suicidios se ubican entre mexicanas y mexicanos de 35 años de edad.

Por ello pues, compañeras diputadas, compañeros diputados, es importante que implementemos políticas públicas desde aquí, desde el Congreso, para mejorar e instrumentar los esquemas que ya existen de promoción de la salud mental y la atención de las personas con trastornos mentales y del comportamiento, así como el fomento y apoyo a la promoción de programas para la prevención del suicidio, preferentemente, ya lo dije, en niñas y niños adolescentes.

Por ello, la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática votará a favor de estos dos dictámenes. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputado Hernández Alcalá. Tiene el uso de la tribuna la diputada Karla Karina Osuna Carranco, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Esta Presidencia saluda a alumnos de la carrera de derecho en diferentes escuelas del estado de Puebla, invitados por el diputado Charbel Jorge Estefan Chidiac. Bienvenidos. Adelante, diputada.

La diputada Karla Karina Osuna Carranco:Con su venia, diputado presidente. Compañeras y compañeros diputados. En México lamentablemente el suicidio es un grave problema de salud pública. El suicidio es todo acto por el que un individuo se causa a sí mismo una lesión o un daño con un grado variable de tener una intención de morir.

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, es importante citar que el artículo 2o. se la Ley General de Salud establece entre sus finalidades el derecho a la protección de la salud, el bienestar físico y mental de las personas para contribuir al ejercicio pleno de sus capacidades y el disfrute de los servicios de salud y de asistencia social que satisfagan eficaz y oportunamente las necesidades de la población.

El suicidio, por tanto, debe ser prevenido en el marco de la Ley de Salud, para cumplir con el derecho de salud que tenemos todos los mexicanos. De acuerdo al Inegi, la tasa de suicidios en este país ha crecido alarmantemente. Tan solo en 2012 se registraron casi 5 mil suicidios, y para 2013 rebasaron la cantidad de 6 mil suicidios.

Aunque se trata de un fenómeno que tiene múltiples causales, el componente de salud mental está fuertemente asociado en él. Deseo resaltar que las diferencias por sexo en tema de suicidio son notorias. En 2013 la tasa de mortalidad de suicidio fue 8.1 por cada 100 hombres y 1.7 por cada 100 mil mujeres. Asimismo, es alarmante que 40.8 por ciento de los suicidios ocurran en el rango de edad de 15 a 29 años de edad.

De acuerdo con los datos de la Organización Mundial de la Salud, anualmente se suicidan 800 mil personas, pero más alarmante es que anualmente intentan suicidarse muchas más de estas 800 mil personas.

Cabe citar que el suicidio se puede producir en cualquier edad. El suicidio no solo se produce en los países de altos ingresos, sino que es un fenómeno global que afecta a todas las regiones del mundo.

En 2012 el 75 por ciento de los suicidios ocurrió en países con ingresos medios e ingresos bajos. Con estos datos resulta claro el gran impacto de lo que es este problema de salud pública, que se está manifestando en la edad adolescente de México.

Es necesario señalar que el suicidio es la segunda causa de muerte en nuestros jóvenes, solamente seguido de los accidentes tránsito-vehiculares. El suicido y el intento de suicidio constituyen las manifestaciones dramáticas del fracaso del adolescente al enfrentarse con este nuevo mundo.

Para el Partido Acción Nacional, el suicidio es prevenible mediante intervenciones oportunas, basadas en datos fidedignos. Para que las respuestas nacionales sean eficaces se requiere de una estrategia de prevención al suicido multisectorial e integral. Es por ello, que para los diputados de Acción Nacional resulta urgente el desarrollo de políticas públicas para enfrentar este grave problema de salud pública en beneficio de nuestras niñas, niños y adolescentes.

El presente dictamen que hoy se discute en este recinto parlamentario, corresponde a la iniciativa de ley que adiciona la fracción V Bis 1 al artículo 73 de la Ley General de Salud, la cual busca que para la promoción de salud mental y la atención a personas con trastornos mentales y de comportamiento, la Secretaría de Salud, las instituciones de salud y los gobiernos de entidades federativas fomentarán y apoyarán la realización, promoción de programas y acciones para la prevención del suicidio, preferentemente en nuestras niñas, niños y adolescentes.

Por lo anteriormente expuesto, las diputadas y los diputados del Partido Acción Nacional, nos pronunciamos a favor de este dictamen, por lo que pido a mis compañeros legisladores de todas las bancadas partidistas, se sumen a la aprobación de este tan importante dictamen, el cual beneficia no solamente a nuestros niños, niñas y adolescentes sino a todos los mexicanos. Ni un solo suicidio más. Muchas gracias. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputada Osuna Carranco. Tiene el uso de la tribuna, la diputada Arlet Mólgora Glover, del Grupo Parlamentario del PRI.

Esta Presidencia saluda al ingeniero Gómer Monárrez, director de la Secretaría de Educación Pública y Cultura de Sinaloa. Igualmente, saludamos a niños con nivel de excelencia de la comunidad rural y zona urbana de San Miguel de Allende, Guanajuato. Invitados por la diputada Verónica Agundis. Bienvenidas y bienvenidos.

La diputada Arlet Mólgora Glover:Con su permiso, diputado presidente. Muy buenas tardes, compañeras y compañeros legisladores. El día de hoy hago uso de esta máxima tribuna, a título personal, pero también en nombre de mi Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para hablar de un dictamen que tuvo a bien la Comisión de Salud desarrollar en semanas pasadas. Aprovecho estar acá presente para darle las gracias al presidente de la Comisión de Salud y desde luego a todos los que integran dicha comisión, por la sensibilidad que tuvieron para dictaminar esta iniciativa.

Esta iniciativa modifica el artículo 51 Bis-1 de la Ley General de Salud en materia de acceso a la información respecto de nuestros expedientes clínicos. La salud es un derecho de todas y todos los mexicanos, el cual está previsto en el artículo 4o. de la Constitución Federal y que implica, para su correcta aplicación, el desarrollo de diversas prerrogativas dentro de la que se encuentra el acceso a la información, debido a que mediante su ejercicio, los pacientes pueden contar con datos relevantes respecto de las enfermedades que padecen, así como los tratamientos y medicamente efectivos y seguros para su curación.

La información antes mencionada, constituye datos personales en materia de salud que son registrados precisamente ahí, en los expedientes clínicos, que es el documento que contiene la historia médica de una persona que va dejando constancia de los padecimientos, diagnósticos y desde luego de los tratamientos que se van aplicando y suministrando a cada uno de los pacientes.

En este orden de ideas, debe resaltarse que desde el inicio de su mandato y como parte de sus estrategias en materia de salud, el presidente de la República, el licenciado Enrique Peña Nieto, delimitó tres ejes fundamentales con la finalidad de lograr esa transformación de la salud en México. Estamos hablando, primero, de un acceso efectivo; segundo, al aspecto de la prevención y, el tercero, a la calidad de los servicios de salud.

Por lo anterior, y sumándonos a las acciones que promueve el titular del Ejecutivo federal en materia de transparencia y de acceso a la información, se trata de un avance ––como aquí ya se ha expresado por todos los grupos parlamentarios que me antecedieron– totalmente institucional, pero lo más importante, significativo en el contenido de las iniciativas que hoy nos traen acá presentes, toda vez que la transparencia y la rendición de cuentas son indispensables para generar confianza y seguir perfeccionando nuestra democracia.

Los mexicanos teneos derecho de conocer cómo y en qué se invierten los recursos públicos; tenemos derecho de saber qué pasa con la salud y cuáles son los resultados; por eso como diputada del Partido Revolucionario Institucional celebro la aprobación que tuvo a bien realizar la Comisión de Salud, del presente dictamen, que estoy segura tendrá un beneficio para los usuarios de los servicios de salud tanto en el ámbito público como en el privado de nuestro país, porque al existir disposiciones de rango de ley en materia, podrá prevenirse la negativa de acceso al expediente clínico, y de esta manera fortalecer a su vez la protección de los datos personales de los pacientes.

Por todo lo antes mencionado, pero sobre todo coadyuvando con las acciones del Ejecutivo federal en materia de salud, estoy totalmente convencida de que esta propuesta parlamentaria que el día de hoy me ocupa, a la par de producir importantes beneficios, nos pondrá a la vanguardia porque representa un verdadero acto de justicia social para cada paciente que ha visto vulnerado el derecho de acceso a su expediente clínico.

Amigas y amigos; compañeras y compañeros diputados, el día de hoy, de verdad que me llena mucho de emoción contar con el apoyo, con el respaldo de todos los que están aquí presentes, diputados que integramos esta LXIII Legislatura, porque el tema de la salud es un tema que no tiene colores, porque el tema de la salud es un tema primordial y prioritario para todos. Por eso les pido el apoyo y el respaldo para votar a favor este dictamen que hoy nos ocupa. Muchas gracias. Es cuanto, presidente.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputada Mólgora Glover.

De conformidad con el artículo 104, numeral 1, fracción V, esta Presidencia informa que se han registrado para la discusión en lo general, los diputado Roberto Guzmán Jacobo del Grupo Parlamentario de Morena, y la diputada Araceli Madrigal Sánchez, del Grupo Parlamentario del PRD, para hablar en pro.

Por ese motivo tiene el uso de la tribuna, hasta por tres minutos, el diputado Roberto Guzmán Jacobo, del Grupo Parlamentario de Morena.

El diputado Roberto Guzmán Jacobo:Muy buenas tardes. Con la venia de la Presidencia. Compañeras, compañeros diputados. Hoy hago uso de esta tribuna para tocar un tema sensible, y espero tocar la conciencia de todos y cada uno de los presentes.

Como los diputados que me antecedieron, Morena se suma a favor de este dictamen de la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 73 de la Ley General de Salud, proponiendo que por la ley se atienda prioritariamente el combate al suicidio en niños, niñas y adolescentes.

Como sociedad hemos fracasado en muchas cosas, estamos fracasando en dejarles a nuestros hijos, nietos, un país mejor. Ahora en el presente les heredamos un país violento, un país en crisis, sin empleo para los jóvenes, competitivo con las economías en el extranjero por los bajos salarios. Nuestros jóvenes tienen un futuro muy confuso.

Millones de niños en México tienen hambre, tienen frío, la familia mexicana, la del pueblo, la del barrio, se sienten traicionadas por el gobierno, ya no creen en las instituciones, pero creen en Morena, creen que podemos cambiar el país por un México mejor, donde la desigualdad se vaya estrechando.

Morena se suma a este proyecto con voto a favor de la lucha contra el suicidio por la necesidad que tenemos de generar mejores condiciones de vida para los mexicanos. Con nuestro voto a favor de esta iniciativa, estamos refrendando nuestro compromiso con los ciudadanos.

Tenemos que pensar en las acciones gubernamentales, tendientes a la prevención del suicidio en niñas, niños y adolescentes. Esto implica la formulación de políticas públicas y por ende, tiene que afrontar no sólo la problemática de la población objetivo, también por los padres de los menores y las condiciones de vida en las que se desarrollan.

Las acciones de políticas públicas que pueden arrancar desde esta Ley General de Salud deberán contar con el respaldo financiero necesario que puedan implementarse en su totalidad.

El gobierno federal y los gobiernos de las entidades han pasado por alto la problemática actual de nuestras generaciones de niños y jóvenes. El Estado ha perdido el rumbo, nuestro gobierno ha fracasado y está perdido el interés superior de cualquier nación en su infancia y la juventud.

Aquí en México la vida de los jóvenes solo son estadística, importa más que hoy nuestros niños de la montaña de Guerrero coman y cenen a que estemos pensando en la compra de unas prendas costosas que sean estrenadas en las próximas apariciones públicas de nuestro presidente de la Republica.

Exhorto a esta legislatura a trabajar por el bien común de la nación y dejar de defender los intereses del Ejecutivo federal, que es su prioridad. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputado Guzmán Jacobo. Tiene el uso de la tribuna la diputada Araceli Madrigal Sánchez, del Grupo Parlamentario del PRD, hasta por tres minutos.

La diputada Araceli Madrigal Sánchez:Con su venia, diputado presidente. Mi posicionamiento a favor de dos dictámenes para la reforma de la Ley General de Salud. En primer término el uso de expediente clínico. Tenemos la convicción de que el acceso del paciente a un expediente médico es una condición para ejercitar el derecho a estar informado y así tomar decisiones en materia de salud.

En relación a la prevención del suicidio, entendemos por salud mental el estado de bienestar que una persona experimenta como resultado de su buen funcionamiento en los aspectos cognitivos, afectivos y conductuales, así como de sus potencialidades individuales para la convivencia, el trabajo y la recreación.

El suicidio representa ya un problema de salud pública, en los últimos 10 años se han registrado en México 51 mil 381 suicidios. De acuerdo al Inegi en México los adolescentes, por causas como depresión, ansiedad, daño neurológico, así como el consumo de sustancias adictivas o incluso problemas económicos, son el grupo más vulnerable para el suicidio.

Según el Inegi el 58 por ciento de los suicidios se han presentado entre personas menores de 35 años de edad. Mi estado de Tabasco, con una tasa de incidencia superior a 7 por cada 100 mil adolescentes, se encuentra entre las entidades con mayores casos de suicidio, por lo que resulta pertinente instrumentar políticas orientadas a la promoción de la salud mental, a la atención de personas con trastornos mentales y del comportamiento, así como el fomento, apoyo y promoción de programas para la prevención del suicidio preferentemente en niñas, niños y adolescentes, con políticas, campañas y programas enfocados a fomentar en todas las personas una buena autoestima e imagen personal; confianza en sí mismos; relaciones familiares sanas y estables; el desarrollo de habilidades sociales que faciliten la integración y el sentido de pertenencia a un grupo; el desarrollo de una afectividad sana y equilibrada; el fortalecimiento del carácter con herramientas para responder ante situaciones de crisis de dificultad o de tristeza.

Nuestro grupo parlamentario votará a favor de estos dos dictámenes, sin embargo debemos reconocer que para lograr una verdadera efectividad del propósito de estas reformas a la Ley General de Salud, así como para la adecuada difusión institucional de los programas de prevención del suicidio, necesitamos preservar y no recortar los presupuestos en materia de salud, educación, cultura, deportes, desarrollo y atención de los satisfactores que hoy los jóvenes y los adolescentes de este mundo global requieren para sentirse incluidos dentro de nuestra sociedad. Estamos a tiempo, seguimos en tiempo, está en nuestras manos. Gracias, presidente.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputada Madrigal Sánchez. Agotada la lista de oradores, consulte la Secretaría a la asamblea en votación económica, si los dictámenes se encuentran suficientemente discutido en lo general y en lo particular.

El Secretario diputado Andrés Fernández del Valle Laisequilla:Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si los dictámenes se encuentran suficientemente discutidos en lo general y en lo particular. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Suficientemente discutidos.

Se pide a la Secretaría abra el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular, del primer proyecto de decreto, por el que se adicionan un tercer, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno y décimo párrafos al artículo 51 Bis 1, de la Ley General de Salud, en sus términos.

El Secretario diputado Andrés Fernández del Valle Laisequilla:Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico, por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular.

(Votación)

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Esta Presidencia saluda a alumnos de secundaria y preparatoria del Colegio Freinet, invitados por el diputado Víctor Manuel Giorgana Jiménez. Igualmente saludamos a estudiantes y catedráticos del Instituto Tecnológico de Zacatepec, Morelos. Bienvenidas y bienvenidos todos. Recordamos a las diputadas y a los diputados, que terminando este proceso de inmediato iniciaremos la votación del segundo dictamen.

El Secretario diputado Andrés Fernández del Valle Laisequilla:¿Alguna diputada o diputado falta por emitir su voto? Ciérrese el sistema de votación electrónico. De viva voz.

La diputada María García Pérez (desde la curul): A favor.

El diputado Diego Valente Valera Fuentes (desde la curul): A favor.

El Secretario diputado Andrés Fernández del Valle Laisequilla:Señor presidente, se emitieron 393 votos a favor, 0 abstenciones, 0 en contra.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Aprobado en lo general y en lo particular por 393 votos el proyecto de decreto por el que se adicionan un tercer, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno y décimo párrafos al artículo 51 Bis de la Ley General de Salud. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.

LEY GENERAL DE SALUD

El Secretario diputado Andrés Fernández del Valle Laisequilla:«Dictamen de la Comisión de Salud, con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción V Bis 1 al artículo 73 de la Ley General de Salud

HONORABLE ASAMBLEA:

A la Comisión de Salud fue turnada para su estudio, análisis y dictamen correspondiente, la iniciativa con proyecto de decretopor el que se reforma el artículo 73 de la Ley General de Salud, en materia de prevención del suicidio en niñas, niños y adolescentes.

Esta Comisión, con fundamento en los artículos 72 y 73, fracción XXX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 39 y 45, numeral 6, inciso f), y numeral 7, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 80, 157, numeral 1, fracción I, 158, numeral 1, fracción IV, y 167, numeral 4, del Reglamento de la Cámara de Diputados, y habiendo analizado el contenido de la iniciativa de referencia, somete a la consideración de esta honorable asamblea el presente dictamen, basándose en la siguiente.

METODOLOGÍA:

I. En el capítulo de “ANTECEDENTES” se da constancia del proceso legislativo, en su trámite de inicio, recibo de turno para el dictamen de las referidas iniciativas y de los trabajos previos de la Comisión.

II. En el Capítulo correspondiente a “CONTENIDO DE LA INICIATIVA” se exponen los motivos y alcance de la propuesta de reforma en estudio.

III. En el capítulo de “CONSIDERACIONES” la Comisión dictaminadora expresa los argumentos de valoración de la propuesta y de los motivos que sustentan la decisión de respaldar o desechar la iniciativa en análisis.

I. ANTECEDENTES

El 11 de febrero de 2016, la diputada Karla Karina Osuna Carranco del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona una fracción V Bis 1, al artículo 73 de la Ley General de Salud.

En la misma fecha la Mesa Directiva de éste órgano legislativo, turnó la mencionada iniciativa a la Comisión de Salud para su estudio y posterior dictamen.

II. CONTENIDO DE LA INICIATIVA

En su exposición de motivos, la diputada promovente señala que el suicidio es, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), “todo acto por el que un individuo se causa a sí mismo una lesión, o un daño, con un grado variable de la intención de morir, cualquiera sea el grado de la intención letal o de conocimiento del verdadero móvil”.

Indica además que datos proporcionados por esta misma organización evidencian que anualmente, más de 800 mil personas se quitan la vida y muchas más intentan hacerlo. El suicidio se puede producir a cualquier edad, y en 2012 fue la segunda causa principal de defunción en el grupo etario de 15 a 29 años en todo el mundo.

Por su parte, en nuestro país, la tasa de suicidios ha alcanzado cifras alarmantes. Tan solo en el año 2012 se registraron más de cinco mil suicidios; en el 2013 alrededor de seis mil casos. Aunque se trata de un fenómeno que posee múltiples causas, el componente de salud mental se encuentra fuertemente asociado al suicidio.

En este orden de ideas, señala que las diferencias por sexo en materia de suicidio son notorias y constantes. En el año 2013, la tasa de mortalidad por suicidio fue de 8.1 por cada 100 mil hombres y de 1.7 por cada 100 mil mujeres. Asimismo, reconoce como alarmante que 40.8 % de los suicidios ocurran en el grupo de jóvenes de 15 a 29 años, en el que la tasa de incidencia es de 7.5 suicidios por cada 100 mil.

Con fundamento en el artículo segundo de la Ley General de Salud, que establece entre las finalidades del derecho a la protección de la salud el bienestar físico y mental de la persona, para contribuir al ejercicio pleno de sus capacidades y el disfrute de servicios de salud y de asistencia social que satisfagan eficaz y oportunamente las necesidades de la población, la promovente considera que es preciso crear políticas públicas de prevención del suicidio.

Por esto, la diputada pretende establecer en la Ley General de Salud, que para la promoción de la salud mental y la atención de las personas con trastornos mentales y del comportamiento, la Secretaría de Salud, las instituciones de salud y los gobiernos de las entidades federativas, en coordinación con las autoridades competentes en cada materia, fomentarán y apoyarán la realización y promoción de programas para la prevención del suicidio, preferentemente en niñas, niños y adolescentes.

Por estas razones propone reformar la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

III. CONSIDERACIONES.

Esta Comisión considera que la iniciativa de la diputada Karla Karina Osuna es una manera muy loable de atender las necesidades y los riesgos a los que se enfrentan las niñas, niños y adolescentes.

Tal como lo menciona la promovente en su exposición de motivos, actualmente el suicido es considerado como la segunda causa de muerte en la adolescencia y juventud en los países desarrollados; en algunos representa incluso la primera causa de muerte. Entre las niñas y niños de entre 5 y 14 años ocupa el sexto lugar entre las causas de muerte.

Asimismo, según un estudio realizado por diversos especialistas en salud mental de Bilbao, España, en los años recientes se ha constatado una creciente tasa de tentativas de suicido –diferente del suicidio consumado—. Por los estudios existentes en la materia, se calcula que hay entre 8 y 10 intentos por cada suicidio en la población general y se estima que esta proporción es aún mayor en la población adolescente, siendo que las tentativas aumentan claramente a partir de los 17 años, manteniendo una tasa estable hasta los 35 años para luego descender.

Lo anterior se ve reforzado por estadísticas del Instituto Nacional de Geografía, Estadística e Informática (INEGI) que indican que en México los adolescentes, por causas como situaciones o problemas, factores de depresión, ansiedad, daño neurológico en etapas tempranas, así como el consumo de sustancias adictivas, son considerados como el grupo de edad más vulnerable para el suicidio.

El Sistema Municipal del DIF en Puebla, reconoce en el Manual de Prevención del Suicidio en el Municipio de Puebla elaborado en 2011, que las tendencias suicidas son desórdenes mentales que se pueden tratar. Igualmente, en el estudio realizado por especialistas en salud mental, mencionado en párrafos anteriores, se habla también del suicidio y las tendencias de suicidio como la consecuencia de un mal funcionamiento de la salud mental de la persona.

En virtud de lo anterior, se podría pensar que bastaría con atender a la salud mental de los ciudadanos y en específico de las niñas, niños y adolescentes, como medida para prevenir el suicidio.

El artículo 73 de la ley General de Salud prevé ya en sus fracciones VIII y IX, la detección de los grupos poblacionales en riesgo de sufrir trastornos mentales y del comportamiento, preferentemente niñas, niños y adolescentes, y las demás acciones que directa o indirectamente contribuyan a la prevención, atención y fomento de la salud mental de la población, respectivamente. No obstante, las causas del suicidio son numerosas y no todas están relacionadas con trastornos mentales.

Diversos estudios realizados en el tema sustentan lo anterior. El Manual de Prevención del Suicidio en el Municipio de Puebla del 2011, reconoce como causas del suicidio, las siguientes:

a) Problemas:

a. Emocionales

b. Sentimentales

c. Familiares

d. Económicos

e. Violaciones

f. Drogadicción y/o alcoholismo

b) Trastornos mentales

a. Depresión

b. Bipolaridad

Por otro lado, está el trabajo de análisis de notas suicidas de personas que se suicidaron de 2005-2008 en el estado de Guanajuato. Tanto el proceso de análisis como los resultados, se publicaron en un artículo de investigación titulado Notas suicidas. Un análisis cualitativopublicado por la Universidad de Guanajuato en septiembre en el 2011.

De acuerdo con lo indicado en el artículo, los autores afirman que los resultados de la investigación consideran al suicidio más como la manifestación extrema de un dolor psicológico insoportable (hipótesis que había sido planteada originalmente por Shneidman en el libro Autopsia de una mente suicida en 2004), que como un trastorno psicótico y más un evento propiciado por factores psicosociales que por determinismos genéticos.

Esto pues dentro de las razones mencionadas por las personas que dejaron notas antes de acabar con su vida, las que más se repitieron fueron las siguientes:

a. Problemas de relaciones interpersonales tales como problemas amorosos, desarmonía marital, problemas con la familia nuclear, problemas sexuales, soledad.

b. Estado anímico como la desesperanza, el no encontrarle sentido a la vida.

c. Afectos negativos, actitudes como la fatalidad o la sensación de ser el culpable de los problemas a su alrededor.

d. Problemas económicos y de salud

e. Venganza

Con el fin de ahondar más, se incluyen las actitudes que generalmente presenta una persona con pensamientos y/o conductas suicidas. El Manual mencionado anteriormente señala, por ejemplo:

a. El aislamiento

b. La expresión de tristeza tanto de manera verbal como físicamente

c. La pérdida de interés en cualquier actividad cotidiana

d. Cambios en los hábitos alimenticios y en los hábitos de sueño

e. Conductas autodestructivas como lesiones en el cuerpo, la exposición a situaciones que ponen en riesgo la integridad física, entre otros.

f. Hacer referencias constantes a la muerte

g. Expresiones recurrentes de sentirse solo, de falta de cariño, de sensación de ser innecesario en el mundo, etc.

En este orden de ideas, aun cuando todo esfuerzo realizado con el objetivo de detectar grupos poblacionales en riesgo de sufrir trastornos mentales y del comportamiento y cualquier acción tendiente a prevenir, atender y fomentar la salud mental, son bastante útiles en el combate al suicido, este problema, al ser multi causal y bastante complejo, requiere una atención más específica.

Es decir, la prevención del suicidio debe incluir políticas, campañas y programas enfocados a fomentar en todas las personas una buena autoestima e imagen personal y confianza en sí mismo; relaciones familiares sanas y estables; buena comunicación entre los miembros de la familia; el desarrollo de habilidades sociales que faciliten la integración y el sentido de pertenencia a un grupo; el desarrollo de una afectividad sana y equilibrada; el fortalecimiento del carácter, por ejemplo con herramientas para responder ante situaciones de crisis, de dificultad o de tristeza.

Asimismo, se deben contemplar campañas para evitar que, en particular las niñas, niños y adolescentes, consuman sustancias adictivas y nocivas como el alcohol, drogas, tabaco, fármacos, entre otros y que caigan en conductas autodestructivas como cortarse.

Finalmente, para estar acorde con lo establecido por el capítulo VII de la Ley General de Salud, denominado Salud Mental, se propone integrar a la propuesta de la diputada: “a causa de trastornos mentales y del comportamiento”,que como señala la legisladora en la mayoría de los casos se da por cuestiones que provocan que la persona que se suicida sufra alteraciones de los procesos cognitivos y afectivos del desarrollo, consideradas como anormales con respecto al grupo social de referencia del cual proviene el individuo.

Por lo antes expuesto, esta Comisión considera pertinente agregar una fracción específica para fomentar y apoyar la realización y promoción de programas para la prevención del suicidio, preferentemente en niñas, niños y adolescentes y somete a consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 73 DE LA LEY GENERAL DE SALUD

Único.Se adiciona una fracción V Bis 1 al artículo 73 de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

ARTI?CULO 73.-...

I. a la V Bis. ...

V Bis 1. La realización y promoción de programas para la prevención del suicidio a causa de trastornos mentales y del comportamiento, preferentemente en niñas, niños y adolescentes.

VI. a la IX. ...

TRANSITORIOS

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Las acciones que realicen las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal para dar cumplimiento al presente Decreto, se sujetarán a los programas presupuestarios en la materia y se cubrirán con los recursos que aprueba la Cámara de Diputados en el Presupuesto de Egresos de la Federación del ejercicio fiscal de que se trate, por lo que no se autorizarán recursos adicionales para el presente ejercicio fiscal y los subsecuentes.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de junio de 2016.

Notas:

1 Aproximación a las tentativas de suicidio en los adolescentes ,Jara Segura, Ana Berta, Fernando González Serrano, Paz San Miguel y Maite Urizar. http://psiquiatriaintegral.com.mx/principal/?p=297

2 Notas suicidas. Un análisis cualitativo,Chávez Hernández, Ana María, Luis Fernando Macías García y María Gabriela Luna Laram, Universidad de Guanajuato, 2011.

La Comisión de Salud, diputados: Elías Octavio Íñiguez Mejía (rúbrica), presidente; Sylvana Beltrones Sánchez (rúbrica), Marco Antonio García Ayala, Rosalina Mazari Espín (rúbrica), María Verónica Muñoz Parra (rúbrica), Pedro Luis Noble Monterrubio (rúbrica), Teresa de Jesús Lizárraga Figueroa (rúbrica), Eva Florinda Cruz Molina (rúbrica), José Guadalupe Hernández Alcalá, Araceli Madrigal Sánchez (rúbrica), Mariana Trejo Flores (rúbrica), Rosa Alba Ramírez Nachis (rúbrica), Melissa Torres Sandoval (rúbrica), Rosa Alicia Álvarez Piñones (rúbrica), Jesús Antonio López Rodríguez (rúbrica), secretarios; Xitlalic Ceja García (rúbrica), Román Francisco Cortés Lugo (rúbrica), Rocío Díaz Montoya (rúbrica), Pablo Elizondo García (rúbrica), Delia Guerrero Coronado (rúbrica), Roberto Guzmán Jacobo (rúbrica), Genoveva Huerta Villegas (rúbrica), Víctor Ernesto Ibarra Montoya (rúbrica), Alberto Martínez Urincho (rúbrica), Evelyn Parra Álvarez (rúbrica), Carmen Salinas Lozano (rúbrica), Karina Sánchez Ruiz (rúbrica), José Refugio Sandoval Rodríguez, Adriana Terrazas Porras (rúbrica), Wendolín Toledo Aceves (rúbrica), Yahleel Abdala Carmona (rúbrica).»

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Solicito a la Secretaría dar lectura a la propuesta de modificación presentada por el titular de la Comisión de Salud, modificación al segundo dictamen.

El Secretario diputado Andrés Fernández del Valle Laisequilla:Perfecto. Por instrucciones de la Presidencia.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Consulte la Secretaría a la asamblea si se acepta la modificación propuesta a nombre de la comisión por el presidente, diputado Octavio Íñiguez Mejía, al segundo dictamen.

El Secretario diputado Andrés Fernández del Valle Laisequilla:Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a la asamblea si se acepta la modificación propuesta a nombre de la comisión al segundo dictamen. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Consulte de nuevo, secretario, por favor.

El Secretario diputado Andrés Fernández del Valle Laisequilla:Okey. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a la asamblea si se acepta la modificación propuesta a nombre de la comisión al segundo dictamen. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Se acepta.

Están a discusión en lo general y en lo particular, en sus términos, el primer dictamen y con la modificación propuesta por la comisión y aceptada por la asamblea al segundo.

Se pide a la Secretaría abra el sistema electrónico, por tres minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular, del segundo proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción V Bis 1 al artículo 73 de la Ley General de Salud, con la modificación aceptada por la asamblea.

El Secretario diputado Andrés Fernández del Valle Laisequilla:Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico, por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular.

(Votación)

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Esta Presidencia saluda a Rodolfo Bladimir Cámara y Erik Alberto Cupul Burgos, representantes del Tecnológico de la Ciudad de Valladolid, invitados del diputado Liborio Vidal de Yucatán. Bienvenidos.

El Secretario diputado Andrés Fernández del Valle Laisequilla:¿Alguna diputada o diputado que falte de emitir su voto? Continúa abierto el sistema. Ciérrese el sistema de votación electrónico. Señor presidente, se emitieron 377 votos a favor, 1 abstención y 1 en contra.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Aprobado en lo general y en lo particular por 377 votos el proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción 5 Bis 1 al artículo 73 de la Ley General de Salud. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.

REGLAMENTO DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción XIX, recorriéndose en su orden actual al artículo 6 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

El Secretario diputado Andrés del Valle Laisequilla: «Dictamen de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción XIX, y se recorre el orden actual, al artículo 6 del Reglamento de la Cámara de Diputados

Honorable Asamblea:

La Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, de esta Cámara de Diputados de la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 40 numerales 1 y 2; y 45, numeral 6, incisos e), f) y g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 80, numeral 1, fracción II; 157, numeral 1, fracción I y 158 numeral 1, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de este Pleno el presente dictamen al tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES

PRIMERO. Con fecha martes ocho de marzo de dos mil dieciséis, la diputada Lluvia Flores Sonduk, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presento ante el Pleno de esta Cámara de Diputados, una Iniciativa suscrita por la también Diputada Karen Orney Ramírez Peralta (PRD), con Proyecto de Decreto que reforma el artículo 6 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

SEGUNDO. Con esta misma fecha y mediante oficio No.: D.G.P.L. 63-II-4-649, la Mesa Directiva, turnó a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias la Iniciativa de mérito, para su respectivo dictamen.

TERCERO. Mediante oficio CRRPP/225-LXIII de fecha jueves 17 de marzo de 2016, la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, envió copia de la Iniciativa turnada, a los Diputados integrantes de la Comisión, con el fin de que emitieran sus observaciones y comentarios a la misma.

CUARTO. A efecto de cumplir con lo dispuesto por el artículo 84 del Reglamento de la Cámara de Diputados, los integrantes de esta Comisión se reunieron el jueves 16 dieciséis de junio de dos mil dieciséis, para dictaminar la Iniciativa señalada con anterioridad, con el fin de someterla a la consideración del Pleno, bajo las siguientes:

CONSIDERANDOS

PRIMERO.- Que esta Comisión es competente para conocer y resolver respecto de la Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma el artículo 6 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

SEGUNDO.-Que la Iniciativa busca establecer en el Reglamento de la Cámara de Diputados, que quienes pertenezcan a una comunidad indígena, puedan participar en tribuna y demás espacios legislativos en su lengua materna, facilitándoles la traducción simultánea y servicios de interpretación u otros medios adecuados.

Para lo anterior, lo harán saber previamente a la Mesa Directiva con el objeto de tomar las previsiones correspondientes.

TERCERO.- En la Exposición de Motivos, las Diputadas proponentes mencionan que la Cámara de Diputados históricamente es un espacio de gran diversidad política, cultural y lingüística, en donde han hecho uso de la palabra innumerables diputadas y diputados que pertenecen a una comunidad indígena, haciendo uso de un idioma que no es el suyo. Que en ese lugar, sus lenguas maternas han sido silenciadas y excluidas.

Que las lenguas maternas indígenas no tienen un lugar para hablarse con familiaridad en la llamada casa del pueblo, por lo que es urgente que la soberanía se abra a la diversidad cultural y lingüística.

Que en el corazón mismo de la soberanía nacional no se practica la diversidad lingüística, siendo un derecho fundamental que está protegido y reconocido por la Carta Magna y por la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de marzo de 2003, y que dio lugar a la creación del Instituto Nacional de las Lenguas Indígenas.

Que la importancia de reconocer voces de la diversidad lingüística en la Cámara de Diputados marca la ruta de dónde venimos, quiénes somos y la idea de comunidad a la que pertenecemos. Que la lengua materna es una fuente esencial de la identidad que nos identifica y nos dignifica como seres humanos con identidad primaria, donde se guardan los conocimientos ancestrales, siendo nuestra memoria colectiva e individual.

Mencionan que, de acuerdo con el escritor y premio Nobel de la literatura, Mario Vargas Llosa, “la lengua que hablamos habla también a través de nosotros. La lengua nos sitúa en el mundo, ordena nuestra vida y nos modela psicológicamente. Es parte constitutiva e inseparable de lo que somos”.

Que reconocer las voces que nos dan identidad, es reconocer nuestra propia realidad y riqueza lingüística.

Señalan las proponentes, que la conciencia de identidad y el orgullo de pertenencia a una comunidad indígena, debe reconocerse y practicarse en la soberanía popular. Asimismo, que es el camino o la ruta para lograr en el futuro un bilingüismo perfecto que nos ayude a entendernos y comprendernos, pero también para respetarnos. Que no hay orgullo lingüístico sin reconocimiento; el orgullo de identidad o conciencia de identidad son pilares básicos para compartir sentimientos de responsabilidad, solidaridad, intereses comunes, creencias, códigos de conducta, normas, principios, modos de comportamiento y sueños comunes.

Que el orgullo o conciencia de identidad nos aleja de prejuicios y complejos de grandeza o inferioridad, que pasa por el reconocimiento y respeto, particularmente en los espacios políticos como lo es la Cámara de Diputados.

Que según los especialistas en la materia, el plurilingüismo constituye una herramienta para promover, proteger y conservar la diversidad de las lenguas y culturas de nuestro país. Al preservarse una lengua se salvaguarda también una cultura, el conocimiento y su íntima relación con la naturaleza y por consiguiente se enriquece el conocimiento humano acumulado por miles de años.

Que recientemente la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió que el uso de las lenguas indígenas en el proceso penal -tanto en la comunicación como en la defensa- es una obligación del estado y, como tal, se debe asegurar su uso como un derecho básico. Que la utilización del idioma materno debe extenderse a toda la función y atención pública estatal y especialmente en los espacios políticos de debate nacional.

Que la pluralidad lingüística es reconocer a su vez al diferente, es reciprocidad y convivencia, vivir juntos en la diferencia y con diferencias. El diálogo de lenguas y culturas potencia la unidad y la diversidad.

Que la Cámara de Diputados no puede ser un espacio de miedo, rechazo y hostilidad con la diversidad lingüística. Que los diferentes, con lenguas diferentes pueden convivir en diversidad con respeto y con concesiones reciprocas. Que el respeto es la palabra que nos une hacia un destino común y hacia una vida más fecunda y feliz. Y que las lenguas maternas-indígenas nacen de un mismo parto con sus hablantes, por lo que dignificar y devolverle el orgullo por hablar y preservar las lenguas indígenas es también devolver la conciencia identitaria del sujeto hablante.

CUARTO.- Esta Comisión Dictaminadora comparte los motivos de las Diputadas proponentes, al considerar que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el artículo 4, párrafo 12, establece que “toda persona tiene derecho al acceso a la cultura y al disfrute de los bienes y servicios que presta el Estado en la materia, así como el ejercicio de sus derechos culturales. El Estado promoverá los medios para la difusión y desarrollo de la cultura, atendiendo a la diversidad cultural en todas sus manifestaciones y expresiones con pleno respeto a la libertad creativa. La ley establecerá los mecanismos para el acceso y participación a cualquier manifestación cultural.”

En el ámbito internacional, la Declaración Universal de Derechos Lingüísticos de junio de 1996, contempla diversos preceptos bajo los cuales se garantizan derechos de las comunidades lingüísticas.

Por otra parte, en noviembre de 1999 la Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), proclamó el Día Internacional de la Lengua Materna, que a partir del año 2000 se celebra cada 21 de febrero, con el objeto de impulsar la diversidad lingüística y cultural y el multilingüismo.

Asimismo, la Declaración Universal de la UNESCO sobre la Diversidad Cultural, adoptada por la XXXI Sesión de la Conferencia General de la UNESCO el 2 de noviembre de 2001, establece en el artículo 4, que la defensa de la diversidad cultural es un imperativo ético, inseparable del respeto de la dignidad de la persona humana, que supone el compromiso de respetar los derechos humanos y libertades fundamentales, en particular con las minorías y los pueblos autóctonos.

En este sentido, nuestro país tiene una riqueza pluricultural y pluriétnica que es motivo de orgullo, donde se reconocen una gran variedad de lenguas. En cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (antes, “INEGI”), en México hay 7, millones 382 mil 785 personas de tres años o más que hablan alguna lengua indígena, de las cuales las más habladas son: el Náhuatl, Maya y Tseltal. Las Entidades con mayor porcentaje de hablantes de lengua indígena son Oaxaca, Chiapas y Yucatán.

En razón de la riqueza lingüística y cultural de nuestro país, se han expedido ordenamientos jurídicos que buscan su protección y preservación, como el caso de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas de 2003, cuyo objeto es regular el reconocimiento y protección de los derechos lingüísticos, individuales y colectivos de los pueblos y comunidades indígenas, así como la promoción del uso y desarrollo de las lenguas indígenas.

Por otra parte, la representación de los pueblos y comunidades indígenas en los órganos legislativos es cada vez más relevante, ya que nuestro país cuenta con un importante sector poblacional, asentado a lo largo del todo el territorio nacional.

Por ello, coincidimos en que la Cámara de Diputados, al ser un espacio de participación plural, no puede ser ajena a la demanda de una representación incluyente de este sector social.

QUINTO.- Esta Comisión Dictaminadora coincide con las autoras de la Iniciativa, ya que es necesario que los pueblos y comunidades indígenas tengan una representación legislativa incluyente respecto a sus tradiciones y costumbres, que les permita preservar su identidad haciendo uso de su lengua originaria, en un entorno de libertad.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, las y los legisladores que integramos esta Dictaminadora, sometemos a la consideración de la honorable Asamblea, el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XIX AL ARTÍCULO 6 DEL REGLAMENTO DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS, EN MATERIA DE DERECHOS LINGÜÍSTICOS DE LAS DIPUTADAS Y LOS DIPUTADOS.

Artículo Único. Se adiciona una fracción XIX, recorriéndose en su orden la actual, al artículo 6 del Reglamento de la Cámara de Diputados, quedar como sigue:

Artículo 6.

1. ...

I. a XVII. ...

XVIII. Obtener apoyo institucional para mantener un vínculo con sus representados;

XIX. Ejercer sus derechos lingüísticos, quienes pertenezcan a una comunidad indígena, participando en tribuna y demás espacios legislativos en su lengua materna, facilitándoles la traducción simultánea, así como los servicios de interpretación u otros medios adecuados.

Para hacer uso de esta prerrogativa, la diputada o el diputado lo harán saber previamente por escrito y con al menos cuarenta y ocho horas antes a la Mesa Directiva, con la finalidad de que se ordene habilitar a un intérprete que traduzca la exposición del legislador de que se trate, y

XX. Las demás previstas en este Reglamento.

Transitorios

Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Una vez aprobado el presente Decreto la Cámara de Diputados tendrá sesenta días para integrar un grupo de traductores e intérpretes indígenas para garantizar el derecho lingüístico de las diputadas y los diputados.

Notas:

1 H. Cámara de Diputados. http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_29ene16.pdf

2 Instituto Nacional de Estadística y Geografía. http://cuentame.inegi.org.mx/poblacion/lindigena.aspx?tema=P

Así lo resolvimos las Diputadas y los Diputados que conformamos la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, en nuestra Sexta Reunión Ordinaria de trabajo legislativo, de fecha miércoles 6 de julio de 2016, en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.

La Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, diputados:Jorge Triana Tena (rúbrica), presidente; Mario Braulio Guerra Urbiola (rúbrica), Cristina Sánchez Coronel (rúbrica), Santiago Torreblanca Engell (rúbrica), Francisco Martínez Neri (rúbrica), Jesús Sesma Suárez (rúbrica), secretarios; Antonio Amaro Cancino, Rogerio Castro Vázquez (rúbrica), Samuel Alexis Chacón Morales, María Gloria Hernández Madrid, Omar Ortega Álvarez (rúbrica), Ivonne Aracelly Ortega Pacheco, Esthela de Jesús Ponce Beltrán, Macedonio Salomón Tamez Guajardo (rúbrica), Oscar Valencia García (rúbrica), Diego Valente Valera Fuentes.»

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Tiene la palabra por cinco minutos, el diputado Jorge Triana Tena, para fundamentar el dictamen de conformidad con el artículo 104, numeral 1, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados.

El diputado Jorge Triana Tena:Con el permiso de la Presidencia. En toda democracia que funda sus normas en la participación de las y los ciudadanos, el Congreso es reflejo de la pluriculturalidad que lo conforma. En nuestro caso, esta Cámara de Diputados es fiel y sólido testimonio de esa diversidad política, social, cultural y en este caso también lingüística.

Particularmente en este último, hemos sido testigos a lo largo de la residente historia parlamentaria del uso de la tribuna de legisladoras y de legisladores, cuyo arribo a este Congreso se da a partir de su representación como parte de una comunidad indígena o pueblo originario, que al tomar la palabra lo hacen en un idioma que no corresponde al que utilizan en su comunidad, teniendo que silenciar su lengua materna como consecuencia de la falta de una previsión reglamentaria.

Las y los legisladores integrantes de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, coincidimos con el espíritu y contenido de la propuesta en el sentido de establecer en el Reglamento de la Cámara de Diputados, que quienes pertenezcan a una comunidad indígena puedan participar en tribuna y demás espacios legislativos con su lengua materna, facilitándoles la traducción simultánea y servicios de interpretación, u otros medios adecuados para el caso.

Para ello, lo harán saber previamente a la Mesa Directiva con el objeto de tomar las previsiones correspondientes y que en sus intervenciones se puedan preservar y mantener intactos aquellos conceptos, ideas y argumentos que tienen una carga emotiva y significa específica en su lengua y cuyo sentido pudiera diluirse o hasta perderse en la traducción al idioma español.

Resulta por demás paradójico, que aunque en esta Cámara se han dado discusiones que enriquecen el catálogo de normas jurídicas de manera integral y con ello se han creado leyes de gran envergadura como la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas del año 2003, que dio lugar a la creación del Instituto Nacional de las Lenguas Indígenas, no contamos con la previsión reglamentaria interna que permite a quienes digna y destacadamente representan a sus comunidades y que puedan expresarse en su propia lengua.

Coincidimos que en esta iniciativa se fortalece la identidad y se ayuda a la preservación de las lenguas originarias, y con ello se salvaguarda también una cultura y su íntima relación con la naturaleza; por consiguiente, se enriquece el conocimiento humano acumulado por miles y miles de años.

Cabe señalar que hace unos meses la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que el uso de las lenguas indígenas en el proceso penal, es una obligación del Estado y, como tal, se debe asegurar su uso como un derecho vigente contemplado en nuestra Norma Fundamental.

Con la propuesta que se dictamina, esta Cámara de Diputados viene a sumarse a la tendencia establecida por el máximo tribunal de nuestro país, modificando uno de los momentos parlamentarios más importantes en la vida de todo Congreso: El uso de la tribuna legislativa.

Así, al compartir los motivos de la iniciativa que se dictamina, colmamos una urgencia, una necesidad en donde los pueblos y comunidades indígenas que logran tener una representación legislativa incluyente, se les permita preservar su identidad haciendo uso de su lengua originaria en un entorno democrático en la más alta tribuna de nuestra nación. Es cuanto diputado presidente, muchas gracias.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputado Jorge Triana.

De conformidad con el artículo 104 –numeral 1, fracción IV– del Reglamento de la Cámara de Diputados, se han registrado para fijar la posición de su grupo parlamentario las siguientes diputadas y diputados.

La diputada Ana Guadalupe Perea Santos, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social; el diputado Ángel García Yáñez, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza; el diputado Macedonio Tamez Guajardo, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano; la diputada Modesta Fuentes Alonso, del Grupo Parlamentario de Morena; el diputado Diego Valente Valera Fuentes, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; el diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano, del Grupo Parlamentario del PRD; el diputado Santiago Torreblanca Engell, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional y el diputado Antonio Amaro Cancino, del Grupo Parlamentario del PRI.

Tiene el uso de la tribuna hasta por cinco minutos la diputada Ana Guadalupe Perea Santos, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.

La diputada Ana Guadalupe Perea Santos:Con su permiso, diputado presidente. Compañeras y compañeros legisladores. En el Diario Oficial de la Federación del 14 de enero de 2008, el catálogo de lenguas indígenas en México reconoce 68 agrupaciones lingüísticas o lenguas. Cada una de ellas relacionadas estrechamente con uno de nuestros pueblos indígenas; y si bien su listado constituye una valiosa aportación, el mismo no implica su cabal reconocimiento ni colma el interés que como nación debemos tener en que las lenguas indígenas sean respetadas y preservadas.

El dictamen que hoy nos ocupa nos presenta importantes reflexiones como mexicanos, pues dada la estrecha relación que existe entre las lenguas y los pueblos indígenas que a través de ellas se expresan.

¿Cómo podemos propugnar por la permanencia y conservación de nuestros pueblos originarios si mediante la omisión poco a poco marginamos su lengua? ¿Cómo apreciar la riqueza cultural de nuestras lenguas si estas nunca han sido escuchadas por un número importante de la población?

El dictamen a discusión tiene por objeto principal, el hacer posible que aquellas diputadas y diputados que pertenezcan a una comunidad indígena, puedan hacer uso de la tribuna y de los demás espacios legislativos expresándose en su lengua materna.

Y respecto del mismo encontramos como bondades su congruencia con el reconocimiento constitucional de la pluralidad de los derechos humanos a la no discriminación y la diversidad cultural, así como de los compromisos internacionales que ha suscrito.

Adicionalmente debemos tener en cuenta la labor que los demás poderes federales realizan en la materia, por su parte el Ejecutivo a través del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, constantemente desarrolla planes, políticas públicas y exhortos, para la propagación y conservación de nuestras lenguas indígenas.

El 10 de octubre del año en curso, el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, a través de su director general adjunto académico y de políticas lingüísticas, convocó a la sociedad a continuar el trabajo en favor de las lenguas indígenas que se hablan en el país, y nosotros como representantes de la sociedad, no podemos quedarnos con los brazos cruzados.

Mientras que el Poder Judicial ha interpretado que el derecho a la diversidad lingüística debe extenderse a todas las etapas de los procedimientos jurisdiccionales, siendo posible la presentación de una demanda de amparo redactada en la lengua indígena del quejoso.

De esta manera, como diputados e integrantes de uno de los tres poderes federales, no podemos quedarnos estáticos siendo menester aprobar un dictamen que en sus términos hará asequible el mensaje de todos y cada uno de los diputados a sus representados en su lengua materna. Asimismo se estima que las medidas a implementar fomentarán desde el momento de su aprobación una mayor participación de aquellos miembros de comunidades indígenas que hasta ahora se veían inhibidos ante su falta de fluidez en el idioma castellano.

Por último, estimamos que el procedimiento planteado es correcto y ágil, pues cualquier gasto que pudiera implicar la disponibilidad de traductores de lenguas indígenas, resulta a todas luces justificable, cuando de garantizar derechos humanos y fortalecer la democracia se trate.

Hoy como ayer, en el contexto de la conmemoración del 12 de octubre, exhortamos a nuestros compañeros legisladores a revalorar la importancia de nuestra identidad indígena e invitándolos, cómo haremos nosotros a votar a favor del dictamen, cuyo contenido redundará en el marco del 524 aniversario del encuentro de dos mundos, alcanzar el mejor de los encuentros actuales, el encuentro social. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, diputado presidente.

Presidencia del diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano

El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Gracias, diputada Perea. Esta Presidencia saluda al grupo de estudiantes de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM que nos visitan, invitados por la diputada María Eugenia Ocampo Bedolla. Sean ustedes bienvenidos. Tiene el uso de la voz, hasta por cinco minutos, el diputado Ángel García Yáñez, de la Fracción Parlamentaria de Nueva Alianza.

El diputado Ángel García Yáñez:Con el permiso de la Presidencia, compañeras y compañeros legisladores, e dictamen que estamos discutiendo el día de hoy pretende adicionar una fracción XIX al artículo 6 del Reglamento de la Cámara de Diputados, a fin de garantizar los derechos lingüísticos de quienes pertenecen a alguna comunidad indígena.

La fracción IV del Apartado A del artículo 2o. constitucional reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y las comunidades indígenas a preservar y enriquecer sus lenguas, conocimientos y de todos los elementos que constituyan su cultura e identidad.

La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas señala, en su artículo 2, que los pueblos y los individuos indígenas son libres e iguales de todos los demás pueblos y personas, y tienen derecho a no ser objeto de ningún tipo de discriminación en el ejercicio de sus derechos. En particular, la fundada en su origen o identidad indígena.

En congruencia con lo anterior, la Declaración Universal de Derechos Lingüísticos de junio de 1996 contempla diversos conceptos bajos los cuales se garantizan los derechos de las comunidades lingüísticas. Uno de ellos se establece en el numeral 1 del artículo 3, y reconoce el derecho al uso de la lengua en privado y en público como un derecho personal, inalienable, ejercible en cualquier situación.

De acuerdo con estos principios se impone como una necesidad, elemental justicia de los derechos lingüísticos de las diputadas y de los diputados que pertenecen a alguna comunidad indígena, estén protegidos por el artículo 6 de nuestro Reglamento.

El Grupo Parlamentario Nueva Alianza enarbola los principios de igualdad y dignidad de todas las personas, manifestándose en contra de cualquier tipo de discriminación. Entendemos que México es un país rico en tradiciones e historia, la población que habla lenguas indígenas constituye parte esencial de nuestra identidad, da forma a la expresión de nuestra diversidad cultural y nos convierte en una sociedad pluriétnica y multicultural.

Por esa razón queremos reafirmar nuestro compromiso por promover y fortalecer nuestros valores y tradiciones, contribuyendo a pesar las lenguas indígenas y dándoles el espacio que les corresponde en este recinto. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Gracias, diputado García. Tiene el uso de la voz, hasta por cinco minutos, el diputado Macedonio Tamez Guajardo, de la fracción parlamentaria de Movimiento Ciudadano.

El diputado Macedonio Salomón Tamez Guajardo:Señor presidente, con su venia. Amigos, no deja de ser una coincidencia significativa, como hubiera dicho Carlos Gustavo Jung, el que ayer hayamos conmemorado en este recinto un aniversario del descubrimiento de América y hoy estemos en proceso de aprobar una reforma al Reglamento de esta Cámara, que autoriza y promueve el uso de lenguas indígenas en este recinto.

Y digo que es una coincidencia significativa porque el encuentro de dos mundos que se dio a finales del siglo XV, en 1492, y en México a partir de 1519, no dejó de representar la dominación de una cultura sobre otras. Fue algo inercial, la historia lo demandaba, lo predisponía, era verdaderamente inevitable.

Y finalmente en ese encuentro brotaron cosas buenas, malas y regulares entre lo bueno, excelso, diría yo, estamos nosotros los mexicanos, que somos genética y culturalmente mestizos, sin embargo también lamentablemente se perdieron culturas, se perdieron culturas, se perdieron idiomas, se perdieron manifestaciones artísticas, de tal manera que ahora 500 años después, en pleno siglo XXI, todavía tenemos cosas que reparar.

Por lo tanto me es muy grato expresar mi opinión y la de mi fracción, Movimiento Ciudadano, a favor de esta reforma que a través de un nuevo párrafo en el artículo 6 del Reglamento de esta Cámara autoriza y promueve el uso de lenguas indígenas aquellos diputados que sean de alguna de las etnias que hay en México, y no sólo promueve el uso y lo acepta con agrado, sino que además ayuda y establece que haya traductores de por medio para que no se lesione la comunicación que debemos tener entre los diputados.

De tal manera que es una iniciativa noble, es una iniciativa a la que invito a todos ustedes a votar en su favor, y finalmente, como decía Vasconcelos, José Vasconcelos, que era oaxaqueño de origen, lo decía en la parte buena, en la parte sensata de su obra, que fue la primera, decía que el destino de México es integrar una raza cósmica. Pues ojalá decisiones como esta ayuden a terminar con enfrentamientos, ayuden a que este encuentro de dos mundos se convierta en una fusión y juntos tengamos en México no sólo una raza sino una cultura cósmica. Es cuanto lo que tengo que decir, muchas gracias.

El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Gracias, diputado Tamez. Tiene el uso de la voz hasta por cinco minutos, la diputada Modesta Fuentes Alonso, del Grupo Parlamentario de Morena.

La diputada Modesta Fuentes Alonso:Con su venia, señor presidente. Las lenguas indígenas son la esencia de nuestras comunidades, representan nuestra cultura, razón por la cual deben preservarse. Sin embargo, la falta de trasmisión oral hacia las nuevas generaciones, el rezago educativo, económico, social son algunos de los factores que propician la pérdida de nuestras lenguas indígenas.

Por desgracia, los estados que tienen mayor marginación son los que tienen el más alto número de hablantes de lengua indígena. En el año 2015, según cifras del Inegi, solo el 6. 5 por ciento de la población habla una lengua, mientras que de la población indígena solo 13 de cada 100 puede expresarse en su lengua materna.

Lo anterior debido a un atraso en la política educativa, pues desde hace décadas se impusieron estrategias formativas para mexicanizar a los ciudadanos mediante una lengua nacional, lo que deja totalmente descartada la posibilidad de que hoy nuestros niños aprendan a hablar alguna lengua indígena, o bien, que continúen utilizando su lengua materna.

Nuestros niños ya no practican su lengua, porque el sistema educativo no contribuye a ello, dado que los libros de texto están escritos en la lengua oficial, el español. De la misma manera, los perjuicios ante la entidad indígena provocan la extinción de nuestra lengua.

Según el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, México cuenta con 364 idiomas nacionales agrupadas en 11 familias lingüísticas, misma que está en riesgo de desaparecer debido a la discriminación de la que son objeto nuestros pueblos originarios, pues son los mismos hablantes que renuncian a ella, al sentirse rechazados en nuestra sociedad.

Luchar contra nuestros prejuicios es una tarea dura que debemos realizar, pues solo de esa manera acabaremos con la discriminación y nos sentiremos orgullosos de la pluriculturalidad de nuestro México.

Es por eso que el Grupo Parlamentario de Morena votará a favor de este dictamen, pues somos nosotros los legisladores de origen indígena quienes debemos sentirnos orgullosos de pertenecer a nuestra comunidad y hacer valer el derecho de expresarnos en nuestra lengua, y qué mejor que hacerlo desde aquí, la máxima tribuna del pueblo mexicano.

Son muchos los peligros que atentan contra nuestro patrimonio cultural, defendamos lo que es nuestro, defendamos a nuestros pueblos. Ser indígena no es sinónimo de pobreza y marginación. Ser indígena es sinónimo de libertad, riqueza cultural y conciencia de entidad. Ser indígena es un orgullo.

Diputadas y diputados, ca didxa rininudila’? ¡Cadi guinitiludicani! Ngueruni guzidinu ca xhiñinu ne ca xiaganu’. Ti guinica didxa stinu. Ti que guinitiluni. Ndani ca guidxi roo, naapa jma guendazi. Racanga rinicabe stale pe didxa stinu. Lu ti’ gayua’ binni laanu’. Chi ne chonna nga rini’ didxa guleneca’. Dxique la’? Rinacabe ca yoo rizidi ca xcuidi’ que guinica’. Didxa gueleneca’ guinica’ nisi didxa stia’. Benda ne bizana ca cadi guitui’ lutu guinitu’ didxa gulenetu. Purti nganga didxa jma sicaru ni naapanu’ ra’zuguadi yoo roo guidxi mexicu rinaaba gucaalunu’. Ne gusizacaanu’ didxa guelenenu’. Gracias, diputado presidente.

El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Gracias, diputada. Tiene el uso de la voz el diputado Diego Valente Valera Fuentes, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

El diputado Diego Valente Valera Fuentes: Mili o shuke tácotocolic. Taj shi no shuck tá loil.

No hemos caído en cuenta que México tiene una identidad que se basa en la riqueza y en la diversidad de las culturas indígenas, no se construyó esta nación bajo los cimientos de la migración, sino se edificó con un origen propio, por miles de años de historia, de tradiciones, de costumbres, identidad.

Vemos mucho hacia afuera y seguimos esquemas y modelos democráticos del exterior constantemente.

Nos regocijamos importando baratijas pero poco hacemos para mirarnos al espejo y reconocer que tenemos país gracias a la enorme herencia de los pueblos indígenas que durante toda la historia de México han estado aquí.

Qué falta de respeto para nosotros mismos. Y ni aun prostituyendo nuestra grandeza étnica, vendiendo a México como destino turístico cultural en el mundo somos capaces de regresarles a nuestros pueblos nativos lo que por ley les corresponde.

México, señores, debe ser uno mismo a pesar de sus diferencias. Ciertamente en México hay muchos Méxicos pero todos somos uno y debemos tener los mismos derechos y las mismas oportunidades de desarrollo.

Alrededor del mundo, y México no es la excepción, las comunidades indígenas enfrentan grandes dificultades para gozar de plenitud de sus servicios y bienes que les debe de proporcionar el Estado para hacer efectivo su derecho a la educación, a la justicia, a la salud. Para conseguir empleo digno o para acceder a recursos productivos e información.

¿Y saben cuál es precisamente la más grande de sus dificultades? Poder comunicarse con el resto de los mexicanos, porque miles de ellos no hablan español.

No obstante lo anterior, resulta alarmante que debido a la exclusión de lenguas hoy existan muchas de ellas en nuestro país que están en peligro de extinción. Que es lo que a los mexicanos nos hace diferentes del mundo.

La lengua es la voz de los pueblos y representa la memoria viva de su paso por la tierra. Por eso la pérdida del idioma constituye una forma de empobrecimiento para la humanidad, para nuestra cultura, para nuestro origen.

Debemos de entender que la lengua es como un músculo que si no se ejercita se va perdiendo. Con ella se perderá parte de nuestra historia, parte de México, parte de nuestra humanidad.

Por ese motivo es nuestro deber como legisladores reconocer la identidad y la práctica de la diversidad lingüística, siendo este recinto el lugar idóneo por ser un espacio de diversidad, de culturas, de ideas y que cuenta con diputados y diputadas pertenecientes a distintas comunidades indígenas que representan dignamente a esos pueblos.

Reconocer la diversidad lingüística no solo nos enaltece como legisladores sino también como mexicanos, de compartir sentimientos de identidad, de responsabilidad y de creencias en común.

Por ello, los exhorto, compañeros, a que votemos a favor de dar vida a los debates de la tribuna reforzando la utilización de lenguas indígenas. Durante mucho tiempo la diversidad de lenguas fue consideraba como una barrera para el progreso humano, hoy debemos eliminar ese enfoque. El enfoque de eliminar barreras y que en los hechos no nos permite ser y reconocer lo que nuestra Carta Magna dice: una nación pluricultural.

Y dejemos en la agenda de este Poder Legislativo un tema pendiente, que las lenguas, por mencionar algunas: náhuatl, otomí, zapoteco, tzotzil, rarámuri, maya, mixteco, purépecha, tzeltal, kakchiquel, puedan ser nombradas y reconocidas como nuestro país como lenguas oficiales, dejando a un lado solamente el español, que nos limita y que nos coarta como un país pluricultural. Y de aquí partir a lo que por añadidura representaría en México el libro de texto gratuito en clases y en la vida pública de lo que en nuestro país resulte.

Personalmente, me siento orgulloso de ser parte de este país, con raíces culturales diversas y de contar con una población pliriétnica. Me siento orgulloso de ser chiapaneco. Kolabalic tacotolic chinic comel kaj baltic. Muchas gracias.

Presidencia de la diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Gracias, diputado Valera. Para fijar la postura del Grupo Parlamentario del PRD, tiene el uso de la palabra hasta por cinco minutos el diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano.

El diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano:Con su permiso, presidenta. Compañeras y compañeros diputados,

padiushi.Buenas tardes. Acudo a esta tribuna para fijar el posicionamiento del Grupo Parlamentario del PRD, con relación al dictamen por el que se adiciona una fracción XIX al artículo 6o. del Reglamento de la Cámara de Diputados.

La Cámara de Diputados históricamente ha sido un espacio de gran diversidad política y cultural. Aquí han hecho uso de la palabra innumerables diputados y diputadas que pertenecen a una comunidad indígena.

Las luces, lenguas maternas indígenas no tienen un lugar para hablarse con familiaridad en la llamada casa del pueblo, por lo que celebramos la aprobación de este dictamen. Debemos reconocer las voces de la diversidad lingüística en la Cámara de Diputados, porque una lengua es una visión del mundo que marca la ruta de dónde venimos, quiénes somos y la idea de comunidad a la que pertenecemos. Reconocer y escuchar lenguas diversas en esta soberanía, es reconocer nuestra propia realidad y riqueza lingüística en el país. Qué mejor que tener muchas visiones del mundo, valores comunes y enseñanzas recíprocas.

En lo personal estoy convencido, que las lenguas indígenas son portadoras de sabiduría. Al preservar una lengua se protege una cultura, el conocimiento y su íntima relación con la naturaleza. Tenemos la obligación de darle un espacio de valor y reconocimiento a las lenguas indígenas, para poder fortalecer y darle orgullo de identidad a quienes hablamos una lengua materna. El reconocimiento no lo vemos como una concesión sino como un derecho humano.

Quiero mencionarles que las lenguas indígenas no son enemigas del desarrollo y son las rutas para regresar al pasado, son una fuente de conocimiento y de valores que se transmiten, sabiduría y enseñanza para futuras generaciones. Hoy podemos decir que ya basta al confinamiento y al ámbito casero de las lenguas indígenas, todos los espacios del Estado deben ser abiertos a la rica y digna diversidad de las voces indígenas.

Por lo anterior mencionado, quiero agradecerles a todos ustedes, compañeras y compañeros diputados, por aprobar el presente dictamen. Es cuanto, diputada presidenta.

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Gracias, diputado Ojeda. Esta Presidencia saluda al grupo de jóvenes provenientes del estado de Querétaro. Invitados por el diputado Hugo Cabrera Ruiz.

Para fijar el posicionamiento del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, tiene el uso de la palabra hasta por cinco minutos, el diputado Santiago Torreblanca Engell.

El diputado Santiago Torreblanca Engell:Amigos diputados, en primera instancia felicitar a las diputadas promoventes de esta iniciativa, la diputada Karen Ramírez Peralta y a la diputada Lluvia Flores Sonduk, por la presentación de esta iniciativa.

Casi todos pensamos y damos por sentado que el español es el idioma oficial de México. Si a cualquier persona en la calle le preguntáramos, cuál es el idioma oficial de México, la gran mayoría contestaría sin titubear que el español, si no es que incluso uno que otro el castellano, que o es lo mismo.

La realidad es que México no cuenta con un idioma oficial, no hay ningún precepto en el texto constitucional que lo diga. Por el contrario, s hay un precepto constitucional, un artículo 4o. que nos dice que México es un país sustentado en sus pueblos indígenas, un país pluricultural´.

¿Por qué, si somos una nación pluricultural y los representantes de esa nación pluricultural somos los diputados, a algunas minorías les coartamos su derecho a expresarse en su lengua materna? Es un absurdo.

¿Por qué necesariamente el idioma de la mayoría –que no oficial– debe ser el que escuchemos aquí y en el cual se expresen las ideas políticas y se debatan? No tiene razón de ser.

Cada idioma tiene una particularidad especial. Hay palabras en varios idiomas que no tiene una traducción expresa y concordante con las demás. A manera de ejemplo, en el idioma Náhuatl –que es un idioma, no un dialecto como muchos dicen– existen más de seis palabras para conjugar el verbo reír, dependiendo si ríes de una persona o con una persona, y otras particularidades. En el momento en que se lleva a cabo una traducción eso se pierde.

Esta reforma va a permitir que la persona hablante de una lengua indígena pueda expresar sus ideas en la manera que la concibió de una manera directa, y garantiza el derecho de aquellos diputados como yo –lo acepto–, que no hablamos una lengua indígena, tengamos capacidad de entender su contenido.

Hay que ser congruentes. Si en la Constitución hablamos de una pluriculturalidad y no existe ningún dispositivo constitucional que establezca un idioma oficial, no tenemos por qué discriminar a las minorías –porque es una forma de discriminación callada– en expresarse en su lengua materna.

Celebro esta iniciativa y estoy seguro que el día de mañana podremos incluso afinar de su operación para que no tenga un gran impacto presupuestal y sí un gran beneficio de justicia lingüística. Muchísimas gracias. El Partido Acción Nacional va a votar a favor, y estoy por lo visto viendo que todos los demás partidos también. Muchas gracias.

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Gracias, diputado Santiago Torreblanca. Para fijar el posicionamiento del Grupo Parlamentario del PRI, tiene el uso de la palabra el diputado Antonio Amaro Cancino, hasta por cinco minutos.

El diputado Antonio Amaro Cancino:Jundaré, presidenta, jundaré, compañeros diputados. Con su venia, diputadas y diputados; la Cámara de Diputados es, como lo establece la Carta Magna, reflejo de pluralidad de nuestra nación. La posibilidad real de que cualquier ciudadano llegue a esta representación, genera democracia, controla y evita la concentración del poder.

Esta Cámara históricamente ha tenido la encomienda de traducir en normas jurídicas los anhelos de todos los mexicanos y solamente escuchando a todos podremos cumplirle a nuestra nación.

El artículo 2o., de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala que la nación tiene una composición pluricultural, sustentada originalmente en sus pueblos indígenas que son aquellos que descienden de poblaciones que habitan en el territorio actual del país, al iniciarse la colonización, y que conserva sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas o parte de ellas.

La conciencia de su identidad indígena deberá ser criterio fundamental para determinar a quiénes se aplican las disposiciones sobre pueblos indígenas. Asimismo el artículo 4o., de nuestra Carta Magna dispone que toda persona tiene derecho al acceso a la cultura y al disfrute de los bienes y servicios que presta el Estado en la materia, así como el ejercicio de sus derechos culturales.

El Estado promoverá los medios para la difusión y desarrollo de la cultura, atendiendo a la diversidad cultural en todas sus manifestaciones y expresiones, con pleno respeto a la libertad creativa. La ley establecerá los mecanismos para el acceso y participación a cualquier manifestación cultural.

De acuerdo con la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas, en México existen alrededor de 12 millones de indígenas, lo cual representa aproximadamente el 10 por ciento de la población.

Las lenguas indígenas son parte integrante del patrimonio cultural y lingüístico nacional. La pluralidad de lenguas indígenas es reflejo de la composición pluriétnica y pluricultural de la nación mexicana; reconocer su uso es abrir los ojos a la realidad de nuestro país.

El Grupo Parlamentario del PRI apoya el presente dictamen porque protege los derechos lingüísticos individuales y colectivos de los pueblos y comunidades indígenas, así como la promoción de su uso y su desarrollo.

Votaremos a favor porque promueve que los legisladores hagan uso de sus lenguas maternas durante el desempeño del quehacer parlamentario. Para tal propósito se les facilitará la traducción simultánea, así como los servicios de interpretación adecuados.

Estamos a favor del presente dictamen porque tal como lo manifiesta el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, en su objetivo: transitar hacia una sociedad equitativa e incluyente. Buscamos: impulsar la armonización del marco jurídico nacional en materia de derechos indígenas; que ningún mexicano quede fuera del desarrollo de México.

Lo hacemos en concordancia con nuestra plataforma electoral, la cual manifiestan su objetivo 8, el respeto y desarrollo integral de las comunidades indígenas. Queremos un México que reconozca y valore la identidad y riqueza de los pueblos indígenas, y que genere oportunidades para superar los rezagos existentes. Queremos hacer de México un país con esperanza y oportunidades para todos los sectores.

Nunca más, nunca más en esta tribuna estarán excluidas las voces y las formas de expresión de nuestros paisanos. Desde aquí a Oaxaca, a lo zoques, a los triquis, a los huaves, a los chontales, a los mixtecos, ixcatecos y oxitecos, nuestro reconocimiento a esa necesidad de expresarse: aviritijá–habla en su lengua– el derecho para todos, aviritijá siempre para que aquí en el Parlamento podamos hacer que la letra no se quede en canciones solamente, en el gueta gubelazá –habla en su lengua– sino que podamos decir desde aquí, con el cariño y el sentimiento, que vale la pena reconocer la nacencia de nuestro pueblo.

Reconocer las voces del pasado es dar sustento al presente y esperanza al futuro, es admitir que la diversidad de lenguas indígenas representa una de las principales expresiones de la composición pluriétnica y pluricultural de nuestro país. Vamos de frente a la búsqueda de esa prosperidad para todos, y hagamos de esta oportunidad el parteaguas para que no solamente en la Cámara, sino en las constituciones, en nuestras leyes, en las promociones que hace el gobierno para beneficiar a nuestros pueblos, también se traduzca en las lenguas maternas de cada comunidad la oportunidad para que no tengamos más discriminación, y para que la mujer acceda cada día más, como lo hicimos hoy, en el dictamen pasado, a mejores oportunidades y calidad de vida. Es cuanto, diputada presidente.

Presidencia del diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano

El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Gracias, diputado Amaro. Agotada la lista de oradores, consulte la Secretaria a la asamblea, en votación económica, si se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular.

El Secretario diputado Raúl Domínguez Rex: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Suficientemente discutido en lo general y en lo particular.

Se pide a la Secretaría que abra el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular.

El Secretario diputado Raúl Domínguez Rex: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular.

(Votación)

¿Falta algún diputado o diputada por emitir su voto? Diputado Fidel Almanza, ya. ¿Falta algún diputado o diputada por emitir su voto? Está abierto el sistema.

Ciérrese el sistema de votación electrónico. Señor presidente, se emitieron a favor 370 votos a favor, 0 abstenciones, 0 votos en contra.

Presidencia del diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Aprobado en lo general y en lo particular por 370 votos, el proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción XIX, recorriéndose en su orden actual, al artículo 6 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Publíquese en el Diario Oficial de la Federación.

INICIATIVAS DE DIPUTADAS Y DIPUTADOS

LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

El Secretario diputado Raúl Domínguez Rex: «Iniciativa que reforma la fracción XXV del artículo 79 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, a cargo de la Dip. Ernestina Godoy Ramos, del Grupo Parlamentario de Morena.

Ernestina Godoy Ramos, diputada integrante del Grupo Parlamentario de MORENA, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, numeral 1, fracción I, 77, numeral 1, 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás relativos y aplicables, presento iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción XXV del artículo 79 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.

Exposición de Motivos

I. Planteamiento del problema

El artículo 79 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta previsto en el Título III “Del Régimen de las Personas Morales con Fines no Lucrativos”, determina que para que las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) sean consideradas como no contribuyentes de dicho impuesto, deben contar forzosamente con el permiso para ser donatarias autorizadas, lo que implica fácticamente que sean consideradas como cualquier otra sociedad mercantil.

No obstante lo anterior, es preciso mencionar que el valor social de las OSC que realizan actividades en términos de la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil (LFFAROSC), deriva precisamente de las actividades que realizan y no del carácter de donatarias autorizadas, pues su naturaleza intrínseca contribuye al mejoramiento del nivel de vida de la población, a construir una sociedad más justa e incluyente, así como a la consolidación de la democracia.

De ahí que establecer como requisito para las OSC la circunstancia de ser donatarias autorizadas para ser consideradas no contribuyentes del impuesto sobre la renta resulta desproporcionado, pues no se trata de una sociedad mercantil cualquiera, razón por la cual se propone la presente iniciativa.

II. Argumentos que la sustentan

Las OSC a que se refiere la LFFAROSC están inscritas en el Registro Federal de Organizaciones, y rinden informes periódicos de su gestión, con lo que sus actividades y su operación son de carácter público y transparente.

En este sentido el artículo 79 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, relaciona es sus veintiséis fracciones las personas morales que serán consideradas para efectos de dicha normativa personas morales con fines no lucrativos y que por ese motivo, estarán sujetas a un régimen de tributación acorde con esta naturaleza.

Cuando se trata de OSC relacionadas con necesidades sociales, la taxonomía de las organizaciones es relativamente compleja porque dentro de ese marco cabe la atención de una gran cantidad de temas o problemas.

Se ha hecho un esfuerzo por identificar las diferentes áreas en las que actúan este tipo de organizaciones, a fin de otorgar mayor certidumbre legal a los posibles beneficiarios del régimen fiscal de las personas morales con fines no lucrativos.

Por ello, considerando el beneficio social derivado de las OSC a que se refiere la LFFAROSC, con anterioridad el artículo 95 ya consideraba algunas de las actividades características de este tipo de organizaciones y en el actual artículo 79 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, particularmente en la actual fracción XXV, se han incluido prácticamente todas las actividades establecidas en el artículo 5 de la LFFAROSC.

Sin embargo, como se ha mencionado, aparece una contradicción en el tratamiento fiscal de las mismas, porque si bien están expresamente incluidas dentro del Título III “Del Régimen de las Personas Morales con Fines no Lucrativos”, al mismo tiempo se les considera sociedades mercantiles al condicionar su estatus a tener forzosamente el permiso de donatarias autorizadas para no tributar impuesto sobre la renta.

Con la publicación de la LFFAROSC se estableció el marco jurídico que define y acota a las personas morales que realizan actividades de bienestar social y que por este hecho, reciben el reconocimiento del estado y deben ser objeto de fomento.

Por estos motivos se propone la reforma de la fracción XXV del artículo 79 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta con el fin de incluir de manera explícita como personas morales no contribuyentes a las organizaciones de la sociedad civil que son objeto de fomento en los términos de la multicitada LFFAROSC y que se encuentran inscritas en el Registro Federal de las Organizaciones de la Sociedad Civil creado por la Ley de referencia.

En ese sentido, se propone condicionar el carácter no lucrativo de las OSC a la inclusión en sus estatutos sociales de la prohibición de distribuir remanentes de cualquier naturaleza, lo anterior para equiparar los requisitos de estas personas morales con los exigidos a aquéllas que cuentan con autorización para recibir donativos deducibles.

En el esfuerzo de armonizar la legislación a fin de impulsar un compromiso creciente de la sociedad para participar en los problemas nacionales, la reforma que se propone para incluir como no lucrativas a las organizaciones que no tienen el carácter de donatarias pero que trabajan en la promoción del desarrollo a favor de la sociedad, parece ineludible.

Por tal motivo, se propone la presente iniciativa:

Texto vigente

Artículo 79. No son contribuyentes del impuesto sobre la renta, las siguientes personas morales:

I.a XXIV. ...

XXV. Instituciones de asistencia o de beneficencia, autorizadas por las leyes de la materia y organizadas sin fines de lucro, así como las sociedades o asociaciones civiles, organizadas sin fines de lucro y autorizadas para recibir donativos en los términos de esta ley, dedicadas a las siguientes actividades:

...

Artículo 79.No son contribuyentes del impuesto sobre la renta, las siguientes personas morales:

I.a XXIV. ...

XXV. Instituciones de asistencia o de beneficencia, autorizadas por las leyes de la materia y organizadas sin fines de lucro, así como las sociedades o asociaciones civiles, organizadas sin fines de lucro, que se encuentran inscritas en el Registro Federal de las Organizaciones de la Sociedad Civil establecido en la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil, en cuyos estatutos se consigne la prohibición de distribuir remanentes de cualquier naturaleza, dedicadas a las siguientes actividades:

...

III. Fundamento legal

Lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, numeral 1, fracción I, 77, numeral 1, 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás relativos y aplicables.

IV. Denominación del proyecto

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción XXV del artículo 79 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.

V. Ordenamientos a modifica

Se modificará la fracción XXV del artículo 79 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.

VI. Texto normativo propuesto

Artículo Único. Se reforma la fracción XXV del artículo 79 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta para quedar como sigue:

Artículo 79. No son contribuyentes del impuesto sobre la renta, las siguientes personas morales:

I.a XXIV.

XXV.Instituciones de asistencia o de beneficencia, autorizadas por las leyes de la materia y organizadas sin fines de lucro, así como las sociedades o asociaciones civiles, organizadas sin fines de lucro, que se encuentran inscritas en el Registro Federal de las Organizaciones de la Sociedad Civil establecido en la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil, en cuyos estatutos se consigne la prohibición de distribuir remanentes de cualquier naturaleza, dedicadas a las siguientes actividades:

...

VII. Artículos transitorios

Artículo primero. Publíquese el presente Decreto en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo segundo.El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente a su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro en la Ciudad de México, el 13 de octubre de 2016.— Diputada Ernestina Godoy Ramos(rúbrica).»

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

LEY DEL INSTITUTO MEXICANO DE LA JUVENTUD

El Secretario diputado Raúl Domínguez Rex: «Iniciativa que reforma el artículo 8o. de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, a cargo de la diputada Jasmine María Bugarín Rodríguez, del Grupo Parlamentario del PRI

La que suscribe, Jasmine María Bugarin Rodríguez, diputada federal de la LXIII Legislatura, e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en ejercicio de la facultad que me otorga el artículo 71, Fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los artículos 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta soberanía, iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 8 y adhiere un inciso k) al numeral I de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud.

Exposición de Motivos

Con fecha 8 de septiembre de 2015 el Presidente de la Republica, Lic. Enrique Peña Nieto, envió a esta soberanía el paquete económico para el Ejercicio Fiscal 2016, del cual se desprenden algunas reformas a diversas normas jurídicas de trascendencia nacional, que tienen como objetivo, dar celeridad y pronta respuesta a las necesidades del pueblo mexicano.

Dentro de estas reformas encontramos la señalada a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, cuyo objeto es adicionar una dependencia más a las que conforman la Administración Pública Federal.

El citado decreto señala, lo que a la letra se inserta:

Iniciativa de decreto por el que se reforman, adicionan y Derogan diversas disposiciones de la ley orgánica de la Administración pública federal, así como de otras leyes para crear la Secretaría de Cultura

Artículo Primero. Se reforman el artículo 26, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, para quedar como sigue...

Artículo 26. Para el despacho de los asuntos del orden administrativo, el Poder Ejecutivo de la Unión contará con las siguientes dependencias:

Secretaría de Gobernación;

Secretaría de Relaciones Exteriores;

Secretaría de la Defensa Nacional;

Secretaría de Marina;

Secretaría de Hacienda y Crédito Público;

Secretaría de Desarrollo Social;

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales;

Secretaría de Energía;

Secretaría de Economía;

Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación;

Secretaría de Comunicaciones y Transportes;

Secretaría de Educación Pública;

Secretaría de Salud;

Secretaría del Trabajo y Previsión Social;

Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano;

Secretaría de Cultura;

Secretaría de Turismo, y

Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal.

La citada iniciativa tiene por objeto crear la Secretaría de Cultura del Gobierno Federal, en atención a una visión histórica de fortalecimiento de las instituciones culturales. Es, en su fundamento, una clara expresión de que la política cultural es una responsabilidad del Estado mexicano.

La diversidad cultural, signo fundamental de nuestra identidad, hace que cualquier espacio de la geografía nacional sea cuna de expresiones y tradiciones. La cultura es una actividad descentralizada por su propia naturaleza, y es imperativo desplegar su acción en todo el país.

Por lo cual, dentro los cambios efectuados a esta norma no se establece la necesidad de modificar la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, que da margen a que nuestros jóvenes mexicanos, tengan mayores posibilidades de acceder a distintos programas para su desarrollo profesional y personal.

El titular del Ejecutivo Federal, ha demostrado la preocupación y atención a todos los jóvenes del país teniendo ellos a un presidente aliado para enfrentar las adversidades del futuro, con una visión de miras y propuestas claras.

Nos queda claro, que la atención de diversos grupos sociales del país, requieren de su fortalecimiento y aceleración a través de políticas comunes e integrales orientadas, además de a la atención específica de los mismos, a una política general que promueva el respeto, la diversidad y que al mismo tiempo propicie las condiciones para la debida integración de la sociedad mexicana en su conjunto y la respectiva inclusión de diversos grupos al desarrollo.

Por las razones expuestas, me permito someter a consideración de esta soberanía el siguiente proyecto de

Decreto

Único. Se reforma el artículo 8, fracción I, y se adiciona un inciso k), numeral I, de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, para quedar como sigue:

Artículo 8. La junta directiva se integrará por dieciocho miembros, de los cuales serán:

I.Once miembros propietarios:

a)El secretario de Desarrollo Social, quien la presidirá;

b)El secretario de Hacienda y Crédito Público;

c)El secretario de Gobernación;

d)El secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación;

e)El secretario del Trabajo y Previsión Social;

f)El secretario de Salud;

g)El secretario de Educación Pública;

h)El secretario de Economía;

i)El secretario de Comunicaciones y Transportes, y

j)El director general de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y

k) El Secretario de Cultura.

Por cada miembro propietario, el titular podrá nombrar a un suplente, quien deberá tener el nivel de Director General Adjunto o equivalente;

II. ...

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro en la Ciudad de México, el 13 de octubre de 2016.— Diputada Jasmine María Bugarin Rodríguez(rúbrica).»

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Túrnese a la Comisión de Juventud, para dictamen.

LEY DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

El Secretario diputado Raúl Domínguez Rex: «Iniciativa que reforma y adiciona el artículo 23 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, suscrita por la diputada Lía Limón García e integrantes del Grupo Parlamentario del PVEM

Quienes suscriben, Lía Limón García, y diputados federales del Partido Verde Ecologista de México, en la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 77, numeral 1, y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a la consideración de esta soberanía, la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN III Y SE ADICIONA UNA FRACCIÓN IV, RECORRIENDOSE LA SUBSECUENTE, DEL ARTÍCULO 23 DE LA LEY DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

El objeto de esta iniciativa es exigir una experiencia mínima en materia de derechos humanos a las personas que aspiren a ocupar el cargo de visitador general en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Para efectos de mejor entender el planteamiento, a continuación se presenta un cuadro comparativo entre el texto vigente de la Ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la propuesta de redacción de esta iniciativa:

Si se revisa el texto actual del Artículo 23 de la Ley en comento, se observará que en cuanto experiencia para ocupar el cargo de visitador general, se exige un rango etario y una patente profesional específica con una antigüedad de al menos tres años de haberse expedido, pero en ninguno de los requisitos del citado Artículo 23 se requiere una experiencia o conocimiento en los temas referentes al ámbito de los derechos humanos, pese a ser la pericia o capacidad requerida para el ejercicio del cargo.

En consecuencia, la propuesta es adicionar una fracción IV en la que se prevea que las personas que aspiren a ocupar el cargo de visitador general de la Comisión Nacional deberán contar con experiencia de tres años en materia de derechos humanos.

En cuanto a técnica legislativa, cabe hacer la precisión, que además de la fracción IV que se añade al Artículo 23 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, se propone reformar la fracción III, en razón de que al ser –actualmente- la penúltima fracción del precepto de marras, contiene al final la conjunción “y”, misma que se elimina. Asimismo, dada la adición planteada, la actual fracción IV se recorre para corresponderle la V.

Hecha la precisión formal anterior, continuamos con la argumentación de fondo de la iniciativa.

La experiencia y las vivencias de las personas, máxime en un ámbito profesional especializado, como es el de los derechos humanos conllevan a entender el marco en el que se actúa.

Sin duda que el conocimiento que da la práctica complementa la teoría y técnica, de ahí que no baste con acreditar contar con un título profesional con efectos de patente como licenciado en derecho, sino que además resulte pertinente la exigencia de que las personas tengan experiencia probada en el ámbito de la promoción, prevención y cumplimiento de los derechos humanos, con ello se alinea la capacidad teórica y la experiencia de la praxis.

Ello es así, ya que los estudios profesionales de la licenciatura en derecho pueden ser muy amplios y generales, asimismo la propia ruta personal de carácter profesional puede significar diversos caminos o especialidades como sería la rama civil, mercantil, laboral, penal, administrativa.

Incluso, el campo profesional de un licenciado en derecho puede darse desde diversas posiciones como la docencia, la postulancia o el servicio público; en consecuencia, estimo adecuado proponer que los visitadores generales de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos tengan una experiencia de al menos tres años en este ámbito.

A continuación se enuncian los puntos esenciales que justifican este proyecto de iniciativa, para posteriormente desarrollarlos en párrafos subsecuentes:

1.- La posición de visitador general debe ser una posición técnica y no política, de ahí, la posición de exigir una experiencia profesional mínima para dicho cargo.

2.- Existe una correlación entre elevar el nivel de experiencia y pericia exigida a los visitadores generales y la calidad de su trabajo en el ámbito de los derechos humanos.

3.- Al elevarse el conocimiento en materia de derechos humanos se exalta el enfoque y consideración sobre tal materia, ya que existe una mejor perspectiva y sensibilidad de los servidores públicos al conocer del tema.

4.- Se alinea más una democracia de méritos, para quien se desarrolla en dicho ámbito, por lo que se da solidez a la carrera profesional de quienes desean desarrollarse en la promoción y defensa de los derechos humanos.

5.- La experiencia mínima que se propone, es acorde con las exigencias que se requieren para cargos similares en otros órganos constitucionales autónomos, donde igualmente se requieren perfiles técnico-especializados.

6.- Se fortalece la capacidad institucional de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, al tener cuadros profesionales idóneos para el cargo de visitador general.

En primer término, refiero que la posición de visitador general debe ser una posición técnica y no política, que si bien tiene un componente de poder político, el mismo no es preeminente, sino lo que se busca es un servidor público con un perfil adecuado, idóneo y competente para el ejercicio del cargo, tan es así que no hay que dejar de considerar que la función de los visitadores generales dentro de la estructura de la Comisión Nacional es, la de ser pilares ejecutivos en la función de la atención de quejas, inconformidades así como de labores de investigación y redacción de recomendaciones; al efecto citamos el Artículo 24 de la Ley que nos ocupa:

Los Visitadores Generales tendrán las siguientes facultades y obligaciones:

I.- Recibir, admitir o rechazar las quejas e inconformidades presentadas por los afectados, sus representantes o los denunciantes ante la Comisión Nacional;

II.- Iniciar a petición de parte la investigación de las quejas e inconformidades que le sean presentadas, o de oficio, discrecionalmente aquéllas sobre denuncias de violación a los derechos humanos que aparezcan en los medios de comunicación;

III.- Realizar las actividades necesarias para lograr, por medio de la conciliación, la solución inmediata de las violaciones de derechos humanos que por su propia naturaleza así lo permita;

IV.- Realizar las investigaciones y estudios necesarios para formular los proyectos de recomendación o acuerdo, que se someterán al Presidente de la Comisión Nacional para su consideración; y

V.- Las demás que le señale la presente ley y el Presidente de la Comisión Nacional, necesarias para el mejor cumplimiento de sus funciones.

Los visitadores adjuntos auxiliarán en sus funciones a los Visitadores Generales en los términos que fije el Reglamento y para tal efecto deberán reunir los requisitos que establezca el mismo para su designación.

Es indudable que si existe una mayor exigencia profesional especializada debiese significar una labor de servicio público de mayor nivel, con mayor eficiencia y eficacia, en consecuencia, afirmamos que existe una correlación directa entre la variable consistente en la elevación del nivel de experiencia y pericia exigida a los visitadores generales respecto de la calidad de su trabajo.

Por otra parte, cuando una persona conoce a profundidad los temas, y mejor aun cuando tiene experiencia práctica en ellos, existe una mayor empatía, familiaridad e incluso sensibilidad ante las cuestiones y retos que representa la defensa y promoción de los derechos humanos, por lo que si elevamos el nivel de conocimiento en esta materia, propiciamos condiciones para que haya un adecuado enfoque y consideración respecto de la importancia de tales derechos.

De igual forma, al exigir una cualidad profesional específica, estaríamos ante un modelo que se alinea con una democracia de méritos para quienes se desarrollan en dicho ámbito, con ello, se favorece la cultura del esfuerzo, la dedicación y el estudio, además de que se traduce en controles específicos para evitar caer en prácticas perniciosas de nombrar a perfiles afines y allegados pero sin experiencia profesional en el servicio público que se debe desempeñar. Por tanto, aquellas personas conocedoras de los derechos humanos tendrán mayores posibilidades ante perfiles políticos que no pudiese acreditar la experiencia mínima.

Con esta adenda a la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, estamos actualizando el marco jurídico, y se hace acorde con las exigencias que se requieren para cargos similares en otros órganos constitucionales autónomos, por ejemplo en temas de telecomunicaciones se exige a los aspirantes a Comisionados a que cumplan con una experiencia profesional mínima afín a la complejidad técnica de las telecomunicaciones y radiodifusión, lo mismo pasa en los órganos creados por las reformas constitucional energética y educativa.

Finalmente, debo señalar que al fomentar la ocupación de cargos públicos con perfiles idóneos se fortalece la capacidad institucional de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, por lo que se torna más legítima la integración de sus cargos y se refrenda la importante labor de protección y promoción de la dignidad de las personas.

De lo que antecede, someto a consideración de esta soberanía el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN III Y SE ADICIONA UNA FRACCIÓN IV, RECORRIENDOSE LA SUBSECUENTE, DEL ARTÍCULO 23 DE LA LEY DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

Único. Se reforma la fracción III y se adiciona una fracción IV, recorriéndose la subsecuente, del artículo 23 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, para quedar en los siguientes términos:

Artículo 23. Los Visitadores Generales de la Comisión Nacional deberán reunir para su designación, los siguientes requisitos:

I. Ser ciudadano mexicano en pleno ejercicio de sus derechos;

II. Ser mayor de treinta años de edad, el día de su nombramiento;

III. Tener título de Licenciado en Derecho expedido legalmente, tener tres años de ejercicio profesional cuando menos;

IV.- Contar con experiencia de tres años en materia de derechos humanos, y

V.- Ser de reconocida buena fama.

Transitorio

Único.- El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 12 días del mes de octubre de 2016.— Diputada y diputado: Lia Limón García, Jesús Sesma Suárez (rúbricas).»

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Túrnese a la Comisión de Derechos Humanos, para dictamen.

CÓDIGO PENAL FEDERAL

El Secretario diputado Raúl Domínguez Rex: «Iniciativa que adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal, suscrita por la diputada Lorena Corona Valdés e integrantes del Grupo Parlamentario del PVEM

Quienes suscriben, diputada Lorena Corona Valdés y diputados federales del Partido Verde Ecologista de México, en la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 77, numeral 1, y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a la consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto que adiciona diversos artículos al Código Penal Federal, al tenor del siguiente:

Exposición de Motivos

Problemática

La usurpación o robo de identidad ha crecido exponencialmente en México. De acuerdo a información de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), ocupamos el octavo lugar mundial en este delito.

Según la Condusef durante el primer semestre de 2015, las reclamaciones imputables a un posible robo de identidad se incrementaron 40% respecto al mismo periodo de 2014, al pasar de 20 mil 168 a 28 mil 258.

El derecho a la identidad es tanto un derecho en sí mismo como medio para acceder a los demás derechos que consagran las leyes y los tratados, ya que permite la individualización de cada persona, haciéndola única e insustituible. Asimismo, la identidad permite establecer las posibles consecuencias de una conducta para su autor.

En la actualidad, la usurpación o robo de identidad no está tipificada en el Código Penal Federal, por lo que existe un vacío legal que genera impunidad. En consecuencia, se propone regular estas conductas ilícitas en el citado ordenamiento legal.

Argumentación

“El derecho a la identidad consiste en el reconocimiento jurídico y social de una persona como sujeto de derechos y responsabilidades y, a su vez, de su pertenencia a un Estado, un territorio, una sociedad y una familia, condición necesaria para preservar la dignidad individual y colectiva de las personas.”

En este sentido, el derecho a la identidad consistiría en el reconocimiento del derecho a un nombre, derecho a la nacionalidad y el derecho a la personalidad jurídica que le permitan a un individuo ejercer su ciudadanía.

El artículo 4o., párrafo octavo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone en su parte conducente que “Toda persona tiene derecho a la identidad...”

Asimismo, la Convención Americana sobre Derechos Humanos suscrita en San José de Costa Rica el 22 de noviembre de 1969 y ratificada por México el 02 de marzo de 1981, establece obligaciones a los Estados que estarían referidas al derecho a la identidad como los artículos 3 (derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica), 18 (derecho al nombre) y 20 (derecho a la nacionalidad).

La Convención Americana no sólo obliga a reconocer y respetar tales derechos, sino que impone el compromiso de adoptar las medidas legislativas y de otro carácter que fueren necesarias para garantizar y hacer efectivos tales derechos y libertades. El derecho a la identidad es tanto un derecho en sí mismo como medio para acceder a los demás derechos que consagran las leyes y los tratados, ya que permite la individualización de cada persona, haciéndola única e insustituible.

Asimismo, la identidad permite establecer las posibles consecuencias de una conducta para su autor. El uso de internet ha dado lugar al surgimiento de la identidad electrónica o identidad digital, que puede estar constituida por datos personales como claves de acceso a cuentas bancarias o redes y cuyo uso es potencialmente peligroso ante su apropiación no autorizada.

El robo de identidad afecta a miles de personas en el mundo. En México, de acuerdo con la Condusef, durante el primer semestre de 2015, las reclamaciones imputables a un posible robo de identidad se incrementaron 40 por ciento respecto al mismo periodo de 2014, al pasar de 20 mil 168 a 28 mil 258.

Según la Condusef, en 2015 de cada 100 reclamaciones imputables a un fraude, 2 corresponden a un posible robo de identidad. El monto reclamado por los usuarios de la Banca ascendió a 118 millones de pesos, 19% más que lo reclamado en 2014. De cada 10 reclamaciones, 9 son de tarjeta de crédito y 1 de tarjeta de débito no contratadas. Para determinar las causas como posible fraude, el criterio que se empleó fue que los defraudadores utilizan los medios de pago para realizar operaciones activas o pasivas a nombre del Titular y éste las objeta por no haberlas realizado.

De acuerdo a información de la Condusef, México ocupa el octavo lugar mundial en el delito de robo o usurpación de identidad.

La usurpación o robo de identidad se presenta cuando una persona se apropia indebidamente de los datos de otra persona para cometer un delito. Conducta que se realiza en dos pasos, el primero consiste en robar la información de una persona; es decir que una persona se apropia y utiliza de manera indebida los datos de otra persona sin su autorización y, el segundo, en que quien robó la información o datos personales se hace pasar por esa persona ante terceros para cometer un delito, es decir con la información contrata productos y servicios financieros a nombre de la víctima.

Entre los datos personales que se obtienen de manera ilícita se encuentran los nombres de usuario, contraseñas, número de seguridad social, números de cuentas bancarias, números de identificación personal (pin), números de tarjetas de crédito y fecha de nacimiento.

Se ha hecho frecuente que por medios informáticos o telemáticos, se obtengan de manera ilícita datos personales para utilizarlos con fines económicos, imputando falsamente la conducta a los verdaderos titulares de los datos. A esta conducta se le ha denominado suplantación o usurpación de identidad, la cual actualmente no se encuentra tipificada en el Código Penal Federal por lo que tenemos un vacío legal que genera impunidad.

Si bien el Código Penal Federal regula el acceso ilícito a sistemas y equipos de informática, particularmente, en los artículos 211 Bis 1, 211 Bis 4 y 211 Bis 5, que se transcriben a continuación:

“ Artículo 211 Bis 1.- ...

Al que sin autorización conozca o copie información contenida en sistemas o equipos de informática protegidos por algún mecanismo de seguridad, se le impondrán de tres meses a un año de prisión y de cincuenta a ciento cincuenta días multa.”

“ Artículo 211 Bis 4.- ...

Al que sin autorización conozca o copie información contenida en sistemas o equipos de informática de las instituciones que integran el sistema financiero, protegidos por algún mecanismo de seguridad, se le impondrán de tres meses a dos años de prisión y de cincuenta a trescientos días multa.”

“ Artículo 211 Bis 5.- ...

Al que estando autorizado para acceder a sistemas y equipos de informática de las instituciones que integran el sistema financiero, indebidamente copie información que contengan, se le impondrán de tres meses a dos años de prisión y de cincuenta a trescientos días multa.

Las penas previstas en este artículo se incrementarán en una mitad cuando las conductas sean cometidas por funcionarios o empleados de las instituciones que integran el sistema financiero.”

De la lectura de los preceptos transcritos se desprende que éstos únicamente sancionan la obtención ilícita de información, más no su uso que, por una parte, lesionaría la intimidad y su apoderamiento podría producir la usurpación o robo de identidad y, por otra parte, la conducta se realice con el fin de obtener un lucro indebido, por lo que a falta de regulación se dejaría sin protección el bien jurídico que se pretende tutelar con la presente iniciativa que es por un lado el patrimonio y por otro el derecho a la propia imagen del titular de la identidad.

No existen tipos penales específicos que regulen estas conductas ilícitas en el Código Penal Federal, por lo que se propone:

1. Tipificar la usurpación de identidad como delito autónomo, adicionando un Título Vigésimo Séptimo con un artículo 430 del Código Penal Federal. Estableciendo como bien jurídico tutelado la dignidad, intimidad e integridad personal y la seguridad jurídica respecto de la persona o identidad. La finalidad de la conducta típica consiste en engañar a un tercero respecto de la identidad de la persona con el fin de obtener un beneficio ilícito.

2. Adicionar una fracción XXII al artículo 387 del Código Penal Federal, a efecto de sancionar el lucro indebido que se obtiene a través del uso de información contenida en una red de telecomunicaciones, sistema o equipo de informática, en detrimento del patrimonio de la víctima.

La propuesta de reforma resulta ineludible, toda vez que en los últimos años ha crecido exponencialmente el robo de identidad en México.

Fundamentación

Artículos 4, 71, fracción II, y 73, fracción XXX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3o., numeral 1, fracción VIII; 6, numeral 1, fracción I; 77, numeral 1, y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

Denominación del proyecto

Decreto por el que se adicionan diversos artículos al Código Penal Federal

Artículo Único. Se adicionan un Título Vigésimo Séptimo “Delitos contra la identidad de las personas” con un artículo 430 y una fracción XXII al artículo 387 del Código Penal Federal, para quedar como sigue:

Artículo 387. ...

I. a XXI. ...

...

XXII. El que para cometer este delito utilice indebidamente información contenida en una red de telecomunicaciones, sistema o equipo de informática.

Titulo Vigésimo Séptimo“Delitos contra la identidad de las personas”

Capítulo ÚnicoUsurpación de Identidad

Artículo 430. Al que por cualquier medio usurpe la identidad de otra persona, se le impondrá una pena de cuatro meses a cuatro años de prisión y de cuatrocientos a seiscientos días multa. Si la usurpación tiene por objeto causar un daño económico o moral a la víctima o a terceros la pena será de cuatro a ocho años de prisión y de seiscientos a ochocientos días multa.

Las penas previstas en el párrafo anterior se aumentaran hasta en una mitad cuando:

I. El usurpador fuese servidor público y utilizare los medios o circunstancias que el encargo le proporcione, y

II. A quien se valga de la homonimia para cometer el delito previsto en este artículo.

A quien otorgue su consentimiento a otra u otras personas para llevar a cabo la usurpación en su identidad, se le impondrá una pena de dos meses a un año de prisión y cien a dos cientos días multa.

Si la usurpación tiene por objeto obtener un beneficio o lucro para sí o para otro, además de la pena prevista para dicho delito, se le impondrá de cuatro a ocho años de prisión

Transitorio

Único.El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Nota:

1 El derecho a la identidad como derecho humano. Secretaría de Gobernación. 2010

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a 13 de octubre de 2016.— Diputada y diputado: Lorena Corona Valdés,Jesús Sesma Suárez (rúbrica).»

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Túrnese a la Comisión de Justicia, para dictamen.

LEY FEDERAL DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA

El Secretario diputado Raúl Domínguez Rex: «Iniciativa que adiciona los artículos 6, 20 y 29 de la Ley Federal de la Defensoría Pública, a cargo del diputado Waldo Fernández González, del Grupo Parlamentario del PRD

Waldo Fernández González, diputado federal a la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, e integrante del Grupo Parlamentario del PRD, con fundamento en los artículos 71, fracción 11, 73, fracción XIV, y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 77 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del Congreso de la Unión, iniciativa con proyecto de decreto, por el que se deroga el párrafo octavo del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Planteamiento del problema

El 18 de junio, entró en vigor el nuevo Sistema de Justicia Penal el cual ha instaurado en el país la nueva modalidad del sistema de justicia, a fin de darle mayor certeza y celeridad a los procesos judiciales. Lo que implica que la defensa pública deberá ser de calidad.

Hoy en día la desigualdad económica ha provocado, que muchos mexicanos no puedan contar con los suficientes recursos para acceder a una defensa de calidad, es por ello, que la defensoría pública juega un papel importante para abatir las desigualdades en que se encuentran aquellos grupos vulnerables como lo son: los adultos mayores, los desempleados, los migrantes, las personas con capacidades especiales, entre otros.

Hablar de defensoría pública, es darle protección jurídica a las clases más necesitadas con lo cual se está dando una función que tiene el Estado que es la protección de los derechos humanos, no más presuntos culpables en nuestros penales.

Argumentación

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 20, inciso B, fracción VIII, señala que:

“Toda persona imputada, tendrá derecho a una defensa adecuada por abogado, al cual elegirá libremente incluso desde el momento de su detención. Si no quiere o no puede nombrar un abogado, después de haber sido requerido para hacerlo, el juez le designará un defensor público. También tendrá derecho a que su defensor comparezca en todos los actos del proceso y éste tendrá obligación de hacerlo cuantas veces se le requiera”.

La Declaración Universal de Derechos Humanos en su artículo 11 numeral 1, señala que1:

“Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa”.

Por otro lado, el artículo 8 incisos d) y e), de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, mencionan que:

“Derecho del inculpado de defenderse personalmente o de ser asistido por un defensor de su elección y de comunicarse libre y privadamente con su defensor”.

“Derecho irrenunciable de ser asistido por un defensor proporcionado por el Estado, remunerado o no según la legislación interna, si el inculpado no se defendiere por sí mismo ni nombrar e defensor dentro del plazo establecido por la ley”.

Como podemos observar en estos ordenamientos jurídicos se regula la defensoría pública en nuestro país.

De acuerdo al informe anual de labores 2015-2016, el Instituto cuenta con una plantilla 891 Defensores Públicos, 161 asesores jurídicos, 46 asesores sociales (analistas especializados) y mil 242 oficiales administrativos, distribuidas en todo el territorio nacional.

Asimismo, este informe señala que en defensa en averiguación previa se otorgaron 21 mil 362 servicios: defensa a 18 mil 620 personas, asistiendo a 2 mil 742 en diligencias ministeriales.

En lo que se refiere a defensa en primera instancia, realizaron 20 mil 866 defensas, haciendo 112 mil 170 visitas a defendidos y promoviendo 2 mil 635 juicios de amparo. En la defensa de segunda instancia asumieron el patrocinio de 33 mil 647 inculpados y sentenciados promoviendo 4,629 juicios de amparo.

En cuanto a la ejecución de sentencias, intervinieron en 7 mil 493 casos, de los cuales 4 mil 497 corresponden a inicio del procedimiento de ejecución de pena, en 2.996 se tramitaron incidentes no especificados.

Ahora bien, hay algo de llamar la atención en el informe en donde se menciona que:

En el Complejo Penitenciario Islas Marías se brindó el servicio de defensa penal a través de 5 defensores públicos y 4 oficiales administrativos con los siguientes resultados: se otorgaron 309 orientaciones, 3 mil 808 servicios de defensa consistentes en la promoción y seguimiento de amparos indirectos contra actos de autoridades del propio complejo.

Sin embargo con estos datos, de los párrafos anteriores nos podemos dar cuenta de que la carga de trabajo es abundante, lo que significa que se encuentran con pocas posibilidades de hacer una defensa jurídica de calidad.

En el ámbito internacional, podemos ver que en Nicaragua la Dirección de Defensores Públicos cuenta con auxiliares en abogacía, para que colaboren con los defensores públicos en el ejercicio de sus cargos y tendrán las funciones que les señalen la dirección y la presente ley. Así también, los estudiantes de las escuelas de Derecho que hubiesen concluido el tercer año, de la carrera, incorporados en Bufetes Jurídicos, pueden ejercer las funciones equivalentes de auxiliares de defensa pública o defensores de oficio.

En nuestro país, en algunas entidades es algo que ya sucede, por ejemplo en Sonora de conformidad con la Ley Orgánica de la Defensoría de Oficio, los pasantes pueden suplir las faltas temporales o absolutas de los defensores de oficio y estos últimos deben informar en caso de que los pasantes incurran en negligencia.

En la Ley del Servicio de Defensoría de Oficio para Nayarit, se prevé que el secretario de Gobierno pueda por necesidades del servicio dispensar el requisito del título de licenciado en derecho a los aspirantes a defensores de oficio, debiendo estos ostentar el carácter de pasantes y titularse en un plazo máximo de seis meses a partir de que obtuvieron su nombramiento.

De acuerdo con el doctor Miguel Carbonell en un artículo denominado “Demasiados abogados” señaló que son un poco más de 255 mil los estudiantes de derecho en México. Lo que significa que hay que abrir nuevas oportunidades a los estudiantes de derecho por medio de esta opción.

Cabe mencionar que la presente iniciativa se ve reforzada con el criterio que ha emitido la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la siguiente tesis:

Defensor de oficio. Dispensa condicionada del título profesional a los pasantes en derecho (legislación del estado de Morelos).

Si bien es cierto que el artículo 11, fracción III, de la Ley Orgánica de la Defensoría Pública del estado de Morelos sería la que para ser defensor de oficio se requiere ser licenciado en derecho con título legalmente expedido y registrado, también lo es que en la parte final del citado numeral se otorga una dispensa a los pasantes en derecho para ocupar ese cargo, siempre y cuando el nombrado asuma el compromiso de sustentar y aprobar en el plazo de seis meses el examen profesional; de ahí que no constituya un requisito indispensable que quien desempeñe el cargo de defensor de oficio en un asunto penal cuente con título profesional; lo cual es acorde con el artículo 20, Apartado A, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, puesto que éste no refiere que el defensor de oficio deba ser licenciado en derecho.

Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Octavo Circuito.

Amparo directo 602/2007. 31 de octubre de 2007. Unanimidad de votos. Ponente: Alejandro Roldán Velázquez. Secretario: Salvador Núñez González.

Nota: Por ejecutoria de fecha 10 de septiembre de 2008, la Primera Sala declaró inexistente la contradicción de tesis 59/2008-PS en que participó el presente criterio.

Cabe destacar y de acuerdo al informe de labores 2015-2016 del Instituto de Defensoría Pública, la firma de un convenio con la facultad de Derecho de la UNAM para que alumnos de ese institución puedan realizar sus prácticas profesionales, trayendo como consecuencia que 10 de ellos ya se encuentran adscritos al área de asesoría jurídica y al de defensa penal.

Es por ello que la presente propuesta encuentra otro sustento para transitar de forma favorable.

Por lo expuesto y en virtud de que la siguiente Iniciativa ayudaría a los jóvenes egresados de la carrera de derecho, someto a su consideración la siguiente iniciativa:

Fundamento legal

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción 11, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 77 Y 78 Y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración del pleno de la Cámara de Diputados la siguiente iniciativa con proyecto de:

Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Defensoría Pública.

Único: Se adiciona la fracción VII y se recorre la subsecuente para ser VIII al artículo 6; se adiciona la fracción I bis al artículo 20 y se adicionan las fracciones XII y XIII recorriéndose la subsecuente para ser XIV al artículo 29, de la Ley de Defensoría Pública, para quedar como sigue:

Artículo 6. Los defensores públicos y asesores jurídicos están obligados a:

I. a VI. ...

VII. Informar al director general del Instituto Federal de Defensoría Pública, en los casos que los pasantes incurran en negligencia en las defensas que le fueron encomendadas; y

VIII. ...

Artículo 20. ...

I. ...

1 Bis. Se permitirá la contratación de abogados pasantes, siempre y cuando hayan acreditado el examen de conocimientos que para tal efecto realice el Instituto de Defensoría Pública, quienes serán designados para suplir faltas temporales o absolutas de defensores. Dichos pasantes contarán con el plazo improrrogable de un año para presentar los documentos que lo acrediten como licenciado en derecho;

II. y III. ...

Artículo 29. ...

I. a XI. ...

XII. Publicar en la página de internet del Instituto Federal de Defensoría Pública el informe anual de Labores;

XIII. Establecer un Padrón de Defensores Públicos, de carácter público y que contenga los datos de los abogados y pasantes acreditados por el instituto, y

XIV. ...

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el siguiente día al de su publicación, en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. El Instituto Federal de Defensoría Pública contará con sesenta días a partir de la entrada en vigor del presente decreto para levantar el Padrón de Defensores Públicos a que hace referencia la fracción XIII del artículo 29 de la presente ley.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de septiembre de 2016.— Diputado Waldo Fernández González(rúbrica).»

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Túrnese a la Comisión de Justicia, para dictamen.

LEY DE MIGRACIÓN

El Secretario diputado Raúl Domínguez Rex: «Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Migración, a cargo del diputado Waldo Fernández González, del Grupo Parlamentario del PRD

Planteamiento del problema

El tránsito de personas provenientes de Centroamérica hacia los Estados Unidos, en condiciones irregulares, ha cobrado importancia en las últimas décadas, debido a que este se ha incrementado de forma considerable. Es por ello, que debe ser tomado en cuenta en las agendas de los tres órdenes de gobierno.

México, como país de origen, tránsito, retorno y llegada de migrantes, representa un fenómeno migratorio complejo, pero el mayor problema es el tránsito de miles de migrantes indocumentados y nacionales, ya que durante las últimas décadas este fenómeno se ha dado en un contexto de inseguridad y por lo tanto de mayor complicación para las personas que atraviesan nuestro país, frente a las extorsiones, robos, asaltos y violaciones entre otras vejaciones.

Este aumento de los riesgos, en particular de la violencia, así como las violaciones a los derechos de los migrantes y las políticas de control migratorio, ocupan la mayor parte del trabajo de los gobiernos, la sociedad civil y la academia de México y Centroamérica, así como de organismos internacionales, en lo relativo a la migración en tránsito por México.

Argumentos

Cabe destacar, que los migrantes en tránsito por nuestro país, tienen los mismos derechos que los nacionales, reconocidos y garantizados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y por los diversos instrumentos internacionales de derechos humanos signados por nuestro país.

El volumen de flujo de migrantes centroamericanos en tránsito irregular por México hacia Estados Unidos presentó una tendencia incremental desde mediados de los noventa hasta 2005, año en que alcanzó el máximo histórico, con un volumen entre 390,000 y 430,000 migrantes. Entre 2006 y 2009, hubo una caída pronunciada de cerca de 70%. Las estimaciones preliminares para 2012 evidencian que existió un repunte de los flujos de cuando menos un 40%.

Cabe señalar, que una vez que ingresan por la frontera sur, los ciudadanos de Guatemala, Honduras y El Salvador, se tardan en llegar a la frontera de Estados Unidos de ocho a treinta días, el 70% de guatemaltecos uso coyote en su tránsito por México, el 42% Hondureños y 49% Salvadoreños.

Tan sólo de Guatemala hacia México hubo 772, 191 cruces fronterizos, con una edad promedio de 32 años, de los cuales 45% de ellos tiene una escolaridad de 1 a 6 años y el 90% son hombres y el 10% mujeres.

El 75% de los guatemaltecos utiliza el autobús o camioneta, el 63% usan los hondureños y sólo el 51% los salvadoreños.

En lo que se refiere a personas devueltas por Estados Unidos a Centroamérica, fueron 114, 333, con una edad promedio de 28 años, con escolaridad que va de los 7 a los 12 años y abarcando al 52% de los mismos, de este universo de población el 85.3% son hombres y 14.7% mujeres.

Por otro lado, el escenario de violencia e impunidad generalizada ha redimensionado el fenómeno migratorio, generalizando el secuestro, tráfico y trata de migrantes como negocios altamente redituables ante la debilidad institucional crónica que ya se padecía en el país.

La inseguridad y los abusos contra los migrantes en tránsito también están relacionados con la falta de coordinación y capacidades en el funcionamiento de diversas autoridades. No hay sincronía de la normatividad entre las distintas dependencias, y éstas tampoco tienen la capacidad para cumplir con su mandato y la posibilidad de trabajar coordinadamente.

La delincuencia organizada ha analizado a los migrantes en tránsito: sus movimientos, cómo se agrupan, a dónde llegan y cómo se trasladan. Incluso los han infiltrado, lo cual facilita su secuestro y extorsión. En esta cadena delictiva, también participan centroamericanos, sea por coerción, por convencimiento o porque ya participaron en actividades delictivas.

La intervención de la industria del crimen organizado en las redes antes domesticas de tráfico de personas migrantes mediante el control de los caminos por donde se trazan las rutas de migración no documentada no sólo ha encarecido los costos del traslado y el cruce de la frontera norte de México, sino que ha impuesto, por medio del secuestro y la extorsión a lo largo de la ruta que atraviesa Chiapas, Tabasco, Veracruz y Tamaulipas.

De acuerdo a la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2014, los delitos no denunciados o que no derivaron en averiguación previa fueron de 92.8% a nivel nacional durante este periodo. En el caso de los migrantes el porcentaje es mayor debido a que evitan el contacto con las autoridades.

Dados los altos niveles de violencia y pobreza en Centroamérica, es fundamental que México evalúe a migrantes para que los refugiados y víctimas de la trata u otros delitos reciban la protección que necesitan.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, al enterarse de la entrada en vigencia de la Ley de Migración, como lo señala en su párrafo 291 de su respectivo informe de 2013, acento lo siguiente “algunos de los principales avances reconocidos en esta ley son, entre otros el libre tránsito para migrantes [...] la Comisión considera que la implementación adecuada de la Ley de Migración puede representar un cambio paradigmático en el reconocimiento y la protección de los derechos humanos de las personas migrantes”.

Por su parte, el padre Alejandro Solalinde, ha señalado que los migrantes siguen enfrentando los mismos abusos por parte de los zetas, los maras, las autoridades locales, las federales, Estatales, los agentes migratorios, los Grupos Beta, es decir es la misma problemática, únicamente que agravada, ya que ahora se les obliga a transitar por nuevas rutas mucho más peligrosas que antes.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, emitió la recomendación CNDH/5/ 2013/4649/Q, en el caso de un ciudadano cubano que fue retenido de forma ilegal y por prestar indebidamente el servicio público, así como por acciones y omisiones que transgreden los derechos de las personas migrantes y sus familiares.

Dos de las recomendaciones, que presentó este organismo, son:

“Se difundan entre el personal del Instituto Nacional de Migración los procedimientos previstos en la Ley de Migración y su Reglamento, en los que se establecen de manera específica las acciones a realizar en los casos de los extranjeros sujetos a rechazo”

“Se adopten medidas para que se diseñen e impartan programas integrales de capacitación y formación a los servidores públicos adscritos al Instituto Nacional de Migración, en materia de Derechos Humanos”

En días pasados, en un medio de circulación nacional salió una nota periodística que señalaba: “Entregaba el INM migrantes al narco” en una de las investigaciones realizadas por este medio, se señaló que el 4 de abril de 2011, personas que manifestaron ser agentes migratorios interceptaron un autobús en Altamira, Tamaulipas donde viajaban tres salvadoreños, que los hicieron abordar en un vehículo oficial y luego los entregaron a los miembros del grupo criminal que los llevarían a Tampico, donde los mantuvieron secuestrados en un departamento mientras negociaban el rescate con sus familiares.

De acuerdo al estudio de campo realizado en un albergue, ubicado en el municipio de Reynosa, Tamaulipas, se realizaron entrevistas a migrantes provenientes de Honduras, El Salvador y Guatemala, en las mismas entrevistas los migrantes Centroamericanos nos mencionaron de los robos a los que fueron objeto durante su trayecto por México, de los golpes que recibieron, del maltrato psicológico, de los chantajes, del temor que tienen de acercarse a los servicios de salud y del abuso en el cobro de transporte tan sólo por ser migrantes. Asimismo, nos señalaron que los albergues sirven para protegerlos de ser víctimas de los secuestradores.

Podemos observar, que no se está respetando nuestra Carta Magna, asimismo, la Ley de Migración y su reglamento ya que siguen las vejaciones en contra de los migrantes Centroamericanos y no se está facilitando la movilidad de los migrantes.

Cabe destacar, que uno de los puntos de coincidencia entre los migrantes fueron los apoyos que se brindan en las Casas del Migrante, ya que en estas se sienten protegidos de la inseguridad, además, de que estos albergues proporcionan ayuda para su aseo, alimentación y descanso, asimismo, coadyuvan en las labores de las instancias que los reciben.

El Artículo 11 de nuestra Carta Magna, señala que:

“Toda persona tiene derecho para entrar en la República, salir de ella, viajar por su territorio y mudar de residencia, sin necesidad de carta de seguridad, pasaporte, salvoconducto u otros requisitos semejantes. El ejercicio de este derecho estará subordinado a las facultades de la autoridad judicial, en los casos de responsabilidad criminal o civil, y a las de la autoridad administrativa, por lo que toca a las limitaciones que impongan las leyes sobre emigración, inmigración y salubridad general de la República, o sobre extranjeros perniciosos residentes en el país”.

Por otro lado, el Artículo 24, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en lo que se refiere a laIgualdad ante la Ley, señala que:

“Todas las personas son iguales ante la ley. En consecuencia, tienen derecho, sin discriminación, a igual protección de la ley”.

Por lo antes señalado y en virtud de las vejaciones que han sufrido los migrantes centroamericanos al momento de circular por nuestro país, sometemos a su consideración la siguiente iniciativa.

Fundamento legal

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 77 y 78 y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración del pleno de la Cámara de Diputados la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Migración

Único. Se adiciona la fracción II Bis, se reforma la fracción X, se adiciona la fracción XIX Bis al artículo 3; se reforma el tercer párrafo al artículo 8; se reforma la fracción VI del artículo 20; se adiciona el segundo párrafo al artículo 72; se adiciona la fracción II Bis y la fracción IV Bis, y se reforma el último párrafo al artículo 140, todos de la Ley de Migración, para quedar como sigue:

Artículo 3. Para efectos de la presente Ley se entenderá por:

I. a II. (...)

II. Bis. Albergues temporales: a los lugares públicos o privados autorizados por el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, en los que se les brinda alojamiento temporal a los migrantes nacionales o extranjeros;

III. a IX. (...)

X. Estación Migratoria: a la instalación física que establece el Instituto para alojar temporalmente a los extranjeros que no acrediten su situación migratoria regular, en tanto se resuelve su situación migratoria, de ninguna manera constituirá prisión alguna;

X. a XIX. (...)

XIX BIS. Organizaciones Civiles: a las organizaciones civiles que alojan a extranjeros, en donde se le brinda ayuda de alimentación, psicológica y médica.

XX. a XXXI. (...)

Artículo 8. (...)

(...)

Los migrantes independientemente de su situación migratoria, tendrán derecho a recibir de manera gratuita y sin restricción alguna, cualquier tipo de atención médica urgente que resulte necesaria para preservar su vida. En caso de recibir terapia postoperatoria por sus lesiones, la misma será gratuita y sin limitación.

Artículo 20.(...)

I. a V. (...)

VI. Llevar y mantener actualizado el Registro Nacional de Extranjeros, la cual deberá publicarse en el Diario Oficial de la Federación.

VII. a X.(...)

Artículo 72. (...)

Igualmente se difundirá la creación y operación de albergues temporales públicos o privados en donde les brinde alojamiento y asistencia integral a los migrantes nacionales o extranjeros.

Artículo 140. (...)

I. (...)

II. (...)

II Bis. Retener en las Estaciones Migratorias a los migrantes sin causa legal alguna;

III. a IV (...)

IV Bis. Entregar a migrantes sin que medie ningún tipo de autorización a personas diversas a las autoridades;

V. a VII (...)

Se considerará infracción grave y se sancionará con la destitución, la actualización de las conductas previstas en las fracciones IV , IV Bis y VI del presente artículo, sin perjuicio de lo previsto en otras disposiciones jurídicas aplicables.

Transitorios

Primero.El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. La creación y operación de albergues temporales públicos, se hará de conformidad con la disponibilidad presupuestal de las autoridades.

Notas:

1 Migración centroamericana en tránsito por México hacia Estados Unidos: Diagnostico y recomendaciones “Hacia una visión integral, regional y de responsabilidad compartida, ITAM, junio 2014.

2 “Migración Centroamericana en tránsito por México hacia Estados Unidos” Encuestas sobre migración en las fronteras norte y sur de México, 2014.

3 Ibídem.

4 Ibídem.

5 Martínez Graciela, Cobo Salvador David, Narváez Juan Carlos “Trazando rutas de la migración de tránsito irregular o no documentada por México, 2015, pp 134.

6 Entregaba el INM migrantes al narco, periódico Reforma, 22 de abril de 2016.

7 Con la colaboración de: Fortino López, Fred Regalado, Álvaro Arce, Marcela Aguirre y Leonardo Manuel Rodríguez.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de septiembre de 2016.— Diputado Waldo Fernández González (rúbrica).»

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Túrnese a la Comisión de Asuntos Migratorios, para dictamen.

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Tiene la palabra por cinco minutos, el diputado Hernán de Jesús Orantes López, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El diputado Hernán de Jesús Orantes López:Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores, las normas jurídicas previstas en nuestra ley fundamental, consagran aquellos derechos a que todo mexicano puede acceder y exigir que se cumplan en aras de su bienestar y convivencia armónica.

No obstante, en el texto constitucional se establece un derecho que se mandata, pero que no cuenta con los elementos necesarios para garantizar su cumplimiento, por lo tanto, cae en el ámbito de la discrecionalidad de parte de la entidad responsable de observar.

Me refiero, compañeras y compañeros, al derecho de petición, consagrado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual tiene como fin establecer la forma en que este derecho debe ejercerse para solicitar o reclamar un acto u omisión de la autoridad.

El segundo párrafo de dicho artículo señala que a toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene la obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario.

De la lectura del precepto citado se advierte la obligación de la entidad recurrida a contestar a toda petición, a condición de que sea planteada de manera pacífica y respetuosa.

Sin embargo, no establece un término de tiempo en el cual se obligue a la autoridad a dar respuesta al peticionario, ocasionando con esto una afectación en la esfera jurídica del gobernado.

El concepto de breve término no es preciso, no está acotado, y por lo tanto, queda a la interpretación del obligado.

Como consecuencia de ese limbo jurídico el gobernado ha tenido que recurrir al juicio de amparo, motivando así que el Poder Judicial de la Federación, mediante sus tribunales colegiados de circuito, haya emitido tesis respecto del término de tiempo para contestar al peticionario.

En su tesis el tribunal de mérito estableció que la expresión de breve término sea el necesario para que la autoridad estudie y acuerde la petición respectiva sin que, desde luego, en ningún caso exceda de cuatro meses.

No se deja de reconocer el esmero que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha realizado, sin embargo, el plazo fijado en la resolución referida anteriormente es excesivo, y por lo tanto, lesiona el derecho del peticionario a recibir una respuesta a su solicitud en un periodo de tiempo largo.

Por ello es imperativo definir el término del tiempo máximo del que debe gozar la autoridad para responder a una petición.

Cierto es que la tesis citada acota la discrecionalidad con que la autoridad puede manejar el tiempo para responder, pero desde mi punto de vista, el tiempo que señala la mencionada tesis es excesivo, porque a lo anterior hay que sumarle que los sectores más vulnerables no cuentan con los medios necesarios para recurrir al juicio de amparo en demanda de un derecho supremo que la Constitución consagra.

Considero que no es de justicia regatear a través de ningún trámite administrativo judicial adicional el derecho de petición.

El objetivo de mi propuesta a esta honorable Cámara de Diputados es eliminar el mero carácter prescriptivo del derecho de petición consagrado en el artículo 8 constitucional, dotándola de un elemento que le dé el efectus correspondiente.

De aprobarse la presente reforma se le otorgará certeza jurídica al precepto que en este momento se deja a la conciencia de las autoridades.

De esta manera, propongo adicionar un tercer párrafo al artículo 8 de nuestra Constitución, en el que se precise que la autoridad requerida tenga un término de 45 días hábiles para dar respuesta al derecho de petición. Cuarenta y cinco días hábiles serían suficientes para que la identidad requerida estudie, evalúe y dé respuesta a cualquier petición de todo ciudadano mexicano. Es necesario darle un carácter coactivo a la norma para hacerla eficaz. Está suficientemente probado que sin obligatoriedad no hay cumplimiento. Es cuanto, diputada presidenta.

Presidencia de la diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala

La Presidenta diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala: Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL, LEY GENERAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE, LEY GENERAL DE EDUCACIÓN, LEY GENERAL PARA LA INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y LEY DE PREMIOS, ESTÍMULOS Y RECOMPENSAS CIVILES

La Presidenta diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala:Tiene la palabra por cinco minutos el diputado José Adrián González Navarro, del Grupo Parlamentario del PAN, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, de la Ley General de Cultura Física y Deporte, de la Ley General de Educación, de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad y de la Ley de los Premios, Estímulos y Recompensas Civiles.

El diputado José Adrián González Navarro: Gracias. Con su venia, señora presidenta. No les quito mucho el tiempo, ya nos vamos todos a casa. Las iniciativas que se presentan buscan... Es muy sencillo. Acaba de terminar la justa deportiva más importante a nivel mundial y hoy creo que tenemos que empezar a ver la visión clara de qué queremos en México para el deporte.

Nuestros deportistas, y a poco las yo sé que muy valiosas y pocas medallas que tuvimos, valiosas por aquellos que dedicaron sus vidas para poder darnos esas glorias deportivas creo que no tienen el reconocido y justo lugar en la legislación de nuestro país.

Por eso, yo promuevo y trato de impulsar –esta es mi segunda ocasión– la creación de la Secretaría del Deporte. La Secretaría del Deporte lo que busca no solamente es tener conocimiento de los deportistas de alto rendimiento, sino que también se haga el salón de la fama de aquellos que nos han dado gloria en una justa olímpica.

Que se hagan los programas de activación física para los adultos mayores, para aquellos que tienen alguna enfermedad degenerativa; para que también tengamos quien se responsabilice de los espacios deportivos. Porque generalmente se pelean los recursos, pero a la hora de dar mantenimiento y conservación ya no hay quien quiera hacerse responsable de estos espacios deportivos.

Yo les pongo un ejemplo: Canadá al día de hoy ya tiene el programa deportivo de aquí a Tokio. Nosotros no tenemos definidos ni los momentos de este año del cierre de las federaciones de las especialidades deportivas de nuestro país. Creo que la Secretaría del Deporte daría una relevancia y una importancia trascendental en nuestro país al deporte. Debemos de dejar de ver al deporte como anexo de la Secretaría de Educación. Debemos de pelear por aquellos que han dado gloria a nuestro país.

También lo que busca la iniciativa o las iniciativas que se presentan es hablar de aquella transparencia que mucho exige el presidente de Conade, Castillo, a las federaciones, y entonces lo que se busca es que haya mecanismos para que el presupuesto de todas las federaciones se transparente y podamos tener acceso y saber cómo se gastan tanto los recursos públicos, como los recursos privados que se invierten en las federaciones para el manejo y control del deporte en nuestro país.

Otro órgano que no ha tenido vigencia y que, parte de las reformas que presento, buscan es integrar el Coved. El Coved es el órgano rector de todas las asociaciones deportivas. Ese órgano, al día de hoy después de tres años que se ha aprobado la nueva Ley de Educación Física, Cultura y Deporte en nuestro país, no tiene vigencia.

No podemos exigir la famosa transparencia cuando ni siquiera hemos logrado a través de los órganos que manejan el deporte en nuestro país integrar el Coved. Entonces esto es lo que persiguen las iniciativas que están presentadas y puestas a su consideración y esperemos que pronto las podamos ver en discusión en esta tribuna. Les agradezco mucho por el tiempo y consideración.

La Presidenta diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala: Se turna a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Deporte, para dictamen.

LEY GENERAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE

El diputado José Adrián González Navarro:

La Presidenta diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala: Se remite a la Comisión de Deporte, para dictamen.

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

El diputado José Adrián González Navarro:

«Iniciativa que adiciona el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado José Adrián González Navarro, del Grupo Parlamentario del PAN

Planteamiento del problema

En México, la propiedad privada se encuentra reconocida en el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) como un derecho que tiene la nación para transmitirla al dominio a los particulares y considerada como propiedad derivada. Por su parte, el Código Civil Federal, en el título cuarto, “De la propiedad”, capítulo I, “Disposiciones generales”, artículo 830, establece que el propietario de una cosa puede gozar y disponer de ella con las limitaciones y modalidades que fijen las leyes. Asimismo, reconoce en los artículos 770 y 772, a dos titulares: los particulares y el poder público y, como sujetos dotados de poder público se encuentran la federación, los estados y los municipios.

Pese a su reconocimiento formal, el derecho de propiedad, se encuentra restringido en su ejercicio cuando la ciudadanía acude a tramitar el permiso y licencia de construcción con la finalidad de garantizar que una edificación proteja a quienes la habitan o se encuentran regularmente en ella. Sin embargo para este tipo de trámite, cada uno de los 2454 municipios en el país, establece una serie de requisitos que varían de ciudad a ciudad y de igual forma, cuando se alude a los plazos para dar respuesta a las solicitudes en la materia.

De igual forma, cuando una obra en construcción es notificada con la suspensión de actividades con carácter de indefinido, dejando al arbitrio de la autoridad correspondiente la discrecionalidad del plazo para su resolución y por último, cuando un bien inmueble sea instrumento, objeto o producto del delito, aun cuando no se haya dictado la sentencia que determine la responsabilidad penal, pero existan elementos suficientes para determinar que el hecho ilícito sucedió; cuando hayan sido utilizados o destinados a ocultar o mezclar bienes producto del delito; cuando esté siendo utilizado para la comisión de delitos por un tercero, si su dueño tuvo conocimiento de ello y no lo notificó a la autoridad o hizo algo para impedirlo, o cuando el bien esté intitulado a nombre de terceros, pero existan suficientes elementos para determinar que son producto de delitos patrimoniales o de delincuencia organizada, y el acusado por estos delitos se comporte como dueño.

Como se observa, en los casos anteriores la característica común es la discrecionalidad en materia de plazos con la que cuenta la autoridad federal, estatal o municipal ya sea para autorizar una licencia o permiso de construcción, otorgar una suspensión temporal o definitiva según sea el caso o cuando se trate de devolver los bienes no extintos junto con los intereses, rendimientos y accesorios en cantidad líquida que efectivamente se hayan producido durante el tiempo en que hayan sido administrados por el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes.

En el país, el derecho fundamental a la propiedad privada y modalidades a cargo de la nación no han sido objeto de reforma desde su promulgación en 1917, La evolución normativa del artículo 27 constitucional, ha tenido dos momentos históricos: 1934 con la reforma agraria y 1992 cuando culminó el reparto agrario y las reformas al artículo 2o. de la ley fundamental en materia de reconocimiento de pueblos y comunidades indígenas. La falta de certeza en los plazos que las modalidades imponen a la propiedad privada, han generado desde hace varias décadas que las autoridades en el ámbito de sus competencias manera discrecional, interrumpan el derecho de cualquier persona al uso, goce y disposición de la propiedad privada.

Por lo anterior se considera fundamental adicionar un párrafo cuarto al artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos con objeto de garantizar que en las modalidades impuestas a la propiedad privada, las autoridades en el ámbito de sus competencias, no podrán exceder el plazo de noventa días hábiles a partir del inicio de la sustanciación de la acción.

Argumentos

La necesidad de establecer límites al derecho de propiedad en México tiene como antecedente la doctrina jurídica francesa de León Duguit, que indudablemente tuvo influencia en la legislación mexicana, al determinarse como límite a la propiedad privada, el bienestar colectivo y que el ejercicio del derecho a la propiedad privada no fuera perjudicial a los intereses de la colectividad. Por ello, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, se caracterizó por determinar un régimen constitucionalista, garante de sus instituciones y crear un Estado social que reconocía los derechos del hombre de manera colectiva como el derecho a la educación, al trabajo y a la propiedad social. El derecho de propiedad desde la promulgación de la Carta Magna, tiene una función que se traduce en la imposición de limitaciones de uso, disfrute y aprovechamiento del bien inmueble encaminadas a privilegiar el interés colectivo respecto del interés particular.

Desde hace 98 años, en el país, el derecho de propiedad privada vigente ha privilegiado el interés público y el beneficio social que hoy por hoy se han convertido en serias limitaciones y restricciones para usar, disfrutar, aprovechar y disponer de los bienes inmuebles este hecho que contraviene la garantía de seguridad jurídica prevista en los artículos 14 y 16 constitucionales al dejar al arbitrio de las autoridades federales, estatales y municipales el establecimiento de un plazo máximo razonable cuando se encuentre tramitando una licencia y permiso para construcciones; cuando una obra en construcción es notificada con la suspensión de actividades con carácter de indefinido o cuando, un bien inmueble sea instrumento, objeto o producto de un delito previsto en la legislación relativa a la extinción de dominio de bienes a favor del Estado.

En aras de tutelar el derecho fundamental de la propiedad privada garantizado en los artículos 1o., 14, 16 y 27, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 17 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; XXIII de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, el objeto de la reforma que se propone, es garantizar este derecho frente a cualquier acto de las autoridades de los ámbitos federal, estatal y municipal que limitan su pleno ejercicio.

Se vincula a las autoridades para que en el ámbito de sus competencias, en un plazo razonable desahoguen toda acción que las leyes establezcan para el pleno uso, goce, disfrute o aprovechamiento de la propiedad privada, la cual puede ser limitada por diversas leyes como sería el caso, por ejemplo, de las leyes sobre asentamientos humanos o desarrollo urbano, las leyes sobre equilibrio ecológico y protección al medio ambiente, o bien, las leyes sobre monumentos históricos y zonas arqueológicas, entre otras.

Si bien a Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los artículos 14, 16 y principalmente 27, reconoce como derecho fundamental el de la propiedad privada, ahí se garantizan otros bienes y principios constitucionales, como el bien común, el respeto al ejercicio de los derechos de los demás integrantes de la sociedad o un ambiente sustentable, que limita ese derecho a la función social. Pese a lo anterior, en mi carácter de diputado federal e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, considero indispensable garantizar el derecho a la propiedad privada, frente a los actos de cualquier autoridad derivados de las facultades que la propia Constitución y las leyes otorgan a los distintos órdenes de gobierno que en ejercicio de sus atribuciones condicionan el pleno ejercicio del derecho de propiedad.

En este marco y con la firme intención de fortalecer la presente expresión legislativa, se citan algunas de las Tesis relacionadas con la propiedad privada y la actuación de las autoridades responsables en el ámbito de sus competencias, en el sentido siguiente:

Propiedad privada, modalidades a la. El Congreso de la Unión no es el único facultado para imponerlas, en términos de lo dispuesto en el artículo 27 de la Constitución federal.

Si bien el Congreso de la Unión está facultado legalmente para imponer las modalidades a la propiedad privada, a través de las leyes que expida, dicha facultad legislativa no opera en todos los casos, pues es menester para ello que el interés público que legitime constitucionalmente la imposición de la modalidad, incida en alguno de los ramos o materias que formen el cuadro competencial del citado Congreso; de manera tal que si, por el contrario, el ramo o materia incumbe legislativamente a los congresos de los estados por virtud del principio contenido en el artículo 124 de la Constitución federal, las leyes que impongan modalidades a la propiedad privada pueden provenir de éstos, lo que encuentra apoyo en lo previsto en la fracción II del artículo 121 de la Ley Fundamental que consagra el principio lex rei sitae, al disponer que los bienes muebles e inmuebles se regirán por la ley del lugar de su ubicación. Así, al ser evidente que la propiedad es un derecho real que se ejerce sobre un bien mobiliario o inmobiliario, sin el cual tal derecho sería inconcebible, la imposición de modalidades a la propiedad repercute necesariamente en su objeto constituido por dichos bienes en cuanto a la manera o forma de usarlos, disfrutarlos y disponer de ellos. De ahí que respecto de los bienes muebles e inmuebles que se ubiquen dentro de su territorio, las legislaturas locales pueden dictar las leyes que regulen su uso, goce y disponibilidad, siempre que el interés público que funde dicha regulación no concierna a ninguno de los ramos o materias que sean de la competencia constitucional del Congreso de la Unión, integrada por las facultades expresas e implícitas de dicho órgano legislativo federal, pues considerar lo contrario, es decir, que el mencionado Congreso, en todos los casos, es el único facultado para imponer modalidades a la propiedad privada en términos de lo dispuesto en el artículo 27 constitucional, implicaría un impedimento para aquéllas de establecer las modalidades necesarias en función del interés público.

Amparo en revisión 686/99. Centro Maguen David, AC, 5 de julio de 2000. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Humberto Román Palacios. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario: Jaime Flores Cruz.

Tesis: P./J. 37/2006. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, 175498, 42 de 570. Pleno, tomo XXIII, marzo de 2006, página 1481. Jurisprudencia (constitucional).

Propiedad privada. El derecho relativo está limitado por su función social.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en sus artículos 14, 16 y principalmente el 27, reconoce como derecho fundamental el de la propiedad privada; sin embargo, lo delimita fijando su contenido, a fin de garantizar otros bienes o valores constitucionales, como el bien común o el respeto al ejercicio de los derechos de los demás integrantes de la sociedad. Luego, tratándose de aquel derecho, la Constitución Federal lo limita a su función social, toda vez que conforme al indicado artículo 27, el Estado puede imponer modalidades a la propiedad privada por causas de interés público o bien, podrá ser objeto de expropiación por causas de utilidad pública y, por tanto, es ella la que delimita el derecho de propiedad en aras del interés colectivo, por lo que no es oponible frente a la colectividad sino que, por el contrario, en caso de ser necesario debe privilegiarse a esta última sobre el derecho de propiedad privada del individuo, en los términos que dispone expresamente la norma fundamental.

Acción de inconstitucionalidad 18/2004. Diputados integrantes de la Quincuagésima Cuarta Legislatura del Congreso de Colima, 24 de noviembre de 2005. Mayoría de nueve votos. Disidentes: José Ramón Cossío Díaz y José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretaria: Laura García Velasco.

El tribunal pleno, el 16 de febrero en curso, aprobó, con el número 37/2006, la tesis jurisprudencial que antecede.- México, Distrito Federal, a 16 de febrero de 2006.

Tesis: P./J. 37/2006, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, 175498, 42 de 570, pleno, tomo XXIII, marzo de 2006, página 1481. Jurisprudencia (constitucional).

Propiedad privada. El derecho relativo está limitado por su función social.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los artículos 14, 16 y principalmente el 27, reconoce como derecho fundamental el de la propiedad privada; sin embargo, lo delimita fijando su contenido, a fin de garantizar otros bienes o valores constitucionales, como el bien común o el respeto al ejercicio de los derechos de los demás integrantes de la sociedad. Luego, tratándose de aquel derecho, la Constitución federal lo limita a su función social, toda vez que conforme al indicado artículo 27, el Estado puede imponer modalidades a la propiedad privada por causas de interés público o bien, podrá ser objeto de expropiación por causas de utilidad pública y, por tanto, es ella la que delimita el derecho de propiedad en aras del interés colectivo, por lo que no es oponible frente a la colectividad sino que, por el contrario, en caso de ser necesario debe privilegiarse a esta última sobre el derecho de propiedad privada del individuo, en los términos que dispone expresamente la norma fundamental.

Acción de inconstitucionalidad 18/2004. Diputados integrantes de la Quincuagésima Cuarta Legislatura del Congreso de Colima, 24 de noviembre de 2005. Mayoría de nueve votos. Disidentes: José Ramón Cossío Díaz y José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretaria: Laura García Velasco.

El tribunal pleno, el 16 de febrero en curso, aprobó, con el número 37/2006, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a 16 de febrero de 2006.

Tesis: 2a. LVII/2000. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, 191538, 70 de 570. Segunda Sala, tomo XII, julio de 2000, página 158. Tesis aislada (constitucional, administrativa).

Desarrollo urbano del Distrito Federal. La ley expedida por la Asamblea de Representantes del Distrito Federal no viola el artículo 27 constitucional al imponer modalidades a la propiedad privada.

De la interpretación relacionada de los artículos 27, párrafos primero y tercero, 73, fracciones XXIX-C y XXIX-G, y 122, apartado C, base primera, fracción IV, inciso g), de la Constitución Federal, vigente cuando se expidió la ley reclamada, deriva que las facultades para imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés público, por parte de la nación, corresponden tanto a la federación, como a los estados, municipios y al Distrito Federal, quienes deben ejercerlas en forma concurrente en el ámbito de sus respectivas competencias determinado por la propia Constitución. En consecuencia, la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, expedida por la Asamblea de Representantes de esa entidad, a través de la cual se legisla sobre usos y destinos del suelo como modalidades a la propiedad privada que dicta el interés público, no viola el párrafo tercero del artículo 27 de la Carta Magna.

Amparo en revisión 1661/98. Fernando Tremari Gálvez, 19 de mayo de 2000. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: María Estela Ferrer Mac Gregor Poisot.

Tesis: P. XXXVIII/95. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, 200354, 83 de 570. Pleno, tomo II, julio de 1995, página 25, tesis aislada (constitucional, administrativa).

Afirmativa ficta derivada de la falta de respuesta a una solicitud de licencia de construcción. Para resolver si se actualiza, debe aplicarse la Ley de Desarrollo Urbano, por ser la especial que rige el acto (legislación de Jalisco).

Cuando una norma especial regula una situación concreta, resulta improcedente aplicar una general o suplir con ésta, aun cuando se refieran a una misma figura jurídica, pues la primera se expidió para una materia específica, es decir, con carácter especial; por tanto, ésta prevalece sobre aquélla. Siguiendo este principio, para resolver si se actualiza la afirmativa ficta derivada de la falta de respuesta a una solicitud de licencia de construcción, con base en disposiciones de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Jalisco y de la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Jalisco y sus Municipios, que regulan dicha figura de manera distinta, en cuanto a plazos y formalidades, debe aplicarse el primero de tales ordenamientos, por ser la legislación especial que rige el acto, pues regula en forma íntegra el trámite de la solicitud de revisión de un proyecto de edificación con el fin de obtener una licencia o permiso de construcción.

Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito.

Amparo directo 214/2008. Operadora Kuk, SA de CV, 15 de mayo de 2009. Unanimidad de votos. Ponente: Juan Bonilla Pizano. Secretaria: Alma Delia Nieves Barbosa.

Tesis: XIX.2o.P.T.10 P. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Novena época, 171485, 34 de 570. Tribunales colegiados de circuito. Tomo XXVI, septiembre de 2007, página 2517, tesis aislada (penal).

Asentamientos humanos. La garantía de audiencia previa no rige cuando se trata de limitar o restringir el derecho de propiedad en esa materia.

La garantía de audiencia previa, consagrada en el artículo 14 constitucional, segundo párrafo, opera siempre y cuando no se modifique por otro precepto constitucional. En el caso, el artículo 27, párrafo tercero, de la Constitución, sin señalar como requisito la previa audiencia, establece el derecho de la nación de imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés público, así como el de regular, en beneficio social, el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación señalando que, en consecuencia, se dictarán las medidas necesarias para ordenar los asentamientos humanos. Así, esta disposición, al no contemplar la previa audiencia de los particulares afectados, establece un régimen de excepción a dicha garantía cuando se trata de limitar o restringir el derecho de propiedad en materia de asentamientos humanos. La exclusión de tal garantía de la órbita del particular busca privilegiar los intereses colectivos de carácter social por encima de los intereses individuales encontrando su explicación en la función social que debe cumplir la propiedad privada en estos casos. No existe contradicción entre ambos preceptos pues el primero de ellos establece la garantía de audiencia como regla general que, como tal, rige tratándose de derechos públicos subjetivos, mientras que el segundo tutela garantías sociales que, por su propia naturaleza, están por encima de las individuales, a las que restringe y condiciona en su alcance liberal. En consecuencia, la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, que no prevé un procedimiento que otorgue audiencia a los particulares afectados, no resulta inconstitucional, amén de que es de orden público e interés social que se aplique sin trabas de ninguna clase.

Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito.

Tesis: 1a. XLII/2000. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Novena época, 190598, 65 de 570. Primera Sala. Tomo XII, diciembre de 2000, página 256, tesis aislada (constitucional).

Por lo expuesto, en mi calidad de diputado federal del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional a la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración del pleno de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se adiciona un párrafo cuarto al artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Único.Se adiciona un párrafo cuarto al artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, recorriéndose en su orden los subsecuentes, para quedar como sigue:

Artículo 27.La propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional, corresponde originariamente a la Nación, la cual ha tenido y tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares, constituyendo la propiedad privada.

Las expropiaciones sólo podrán hacerse por causa de utilidad pública y mediante indemnización.

La nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés público, así como el de regular, en beneficio social, el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación, con objeto de hacer una distribución equitativa de la riqueza pública, cuidar de su conservación, lograr el desarrollo equilibrado del país y el mejoramiento de las condiciones de vida de la población rural y urbana. En consecuencia, se dictarán las medidas necesarias para ordenar los asentamientos humanos y establecer adecuadas provisiones, usos, reservas y destinos de tierras, aguas y bosques, a efecto de ejecutar obras públicas y de planear y regular la fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población; para preservar y restaurar el equilibrio ecológico; para el fraccionamiento de los latifundios; para disponer, en los términos de la ley reglamentaria, la organización y explotación colectiva de los ejidos y comunidades; para el desarrollo de la pequeña propiedad rural; para el fomento de la agricultura, de la ganadería, de la silvicultura y de las demás actividades económicas en el medio rural, y para evitar la destrucción de los elementos naturales y los daños que la propiedad pueda sufrir en perjuicio de la sociedad.

Respecto de las modalidades impuestas a la propiedad privada, las autoridades en el ámbito de sus competencias, no podrán exceder el plazo de noventa días hábiles a partir de la substanciación de la acción.

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Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.Dentro del plazo de 180 días naturales, contados a partir de la entrada en vigor de la presente reforma, el Congreso de la Unión y las legislaturas de los estados, llevarán a cabo las reformas necesarias para armonizar la legislación vigente con el presente decreto.

Dado en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a 4 de octubre de 2016.— Diputados y diputadas: José Adrián González Navarro, María de los Ángeles Rodríguez Aguirre, Ximena Tamariz García (rúbricas).»

La Presidenta diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala: Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

LEY GENERAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE

El diputado José Adrián González Navarro:

La Presidenta diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala: Se turna a la Comisión de Deporte para dictamen.

LEY DEL SEGURO SOCIAL

La Presidenta diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala:Tiene la palabra por cinco minutos el diputado Felipe Reyes Álvarez, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 130 de la Ley del Seguro Social.

El diputado Felipe Reyes Álvarez:Con la venia de la Presidencia. Diputadas y diputados. El tema que hoy me permito presentar es en torno a la igualdad y equidad de género –en este caso para los hombres–, basado en el principio constitucional que estipula que hombres y mujeres son iguales ante la ley. Esto significa que todas las personas, sin distingo alguno, tenemos los mismos derechos y deberes frente al Estado y a la sociedad en su conjunto.

La presente reforma que propongo busca que la ley se adecúe cada vez más a la realidad mediante los hechos, particularmente en el tema de seguridad social. En la actualidad encontramos un sesgo en la Ley del Seguro Social, en la cual se deja desprotegido al esposo o concubino de una mujer trabajadora asegurada en el IMSS.

El día de hoy, si el trabajador hombre asegurado llegara a fallecer, es posible, prácticamente en automático, proteger económicamente a la esposa o concubina mediante el pago de una pensión. Sin embargo no aplica lo mismo para el varón, pues según la referida ley, el esposo o concubino, al solicitar la pensión de viudez debe de demostrar antes una dependencia económica, además de acreditar que se encuentra totalmente incapacitado a través de un dictamen que realicen los servicios médicos institucionales del IMSS.

Lo anterior acontece en la práctica, a pesar de que en nuestro país existe una norma oficial en materia de igualdad laboral y no discriminación. La norma citada funciona como un mecanismo de adopción para reconocer a los centros de trabajo que cuenten con prácticas en materia de igualdad laboral y no discriminación, para favorecer el desarrollo integral de las y los trabajadores.

Es importante resaltar la necesidad de la presente reforma, pues según el Consejo Nacional de Población, las mujeres jefas de familia pasarán de 5 a 15 millones en una tendencia creciente y constante hacia el año 2050. Asimismo el Inegi puntea que de los casi 49 millones de mexicanos que trabajan, 19 millones son mujeres, es decir el 38 por ciento.

Diputadas y diputados, es preciso destacar que en nuestro país apenas el 4 por ciento de las pensiones derivadas del IMSS pertenecen a viudos, debido principalmente al desconocimiento y a que en la práctica el IMSS pone muchos obstáculos para que los hombres puedan obtener el beneficio pese a tener el derecho a poseerlo.

En consecuencia es necesario reformar el párrafo segundo del artículo 130 de la Ley del Seguro Social que establece un proceso de discriminación al mencionar el término “que dependiera económicamente” para que la pensión se le otorgue al esposo o concubino.

También debo de exponer que ante esta contraposición en la ley, ya tribunales laborales se han pronunciado a favor de que los hombres viudos tienen derecho a la pensión de viudez sólo por ser esposos o concubinos de la mujer trabajadora asegurada.

Condicionar de esta manera el otorgamiento de la pensión de viudez al hombre, mientras que este no acredite la dependencia económica y el dictamen del IMSS, viola las garantías de igualdad y no discriminación. Es cuanto, diputada presidenta.

La Presidenta diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala: Túrnese a la Comisión de Seguridad Social, para dictamen.

LEY GENERAL PARA PREVENIR, SANCIONAR Y ERRADICAR LOS DELITOS EN MATERIA DE TRATA DE PERSONAS Y PARA LA PROTECCIÓN Y ASISTENCIA A LAS VÍCTIMAS DE ESTOS DELITOS

La Presidenta diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala: Tiene la palabra por cinco minutos la diputada Sara Paola Félix Díaz, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones a la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas, y para la Protección y Asistencia de las Víctimas de estos Delitos, del Grupo Parlamentario del Partido Verde.

La diputada Sara Paola Galico Félix Díaz:Con el permiso de la Presidencia. Compañeros y compañeras legisladores, “lo que se le dé a los niños, los niños se lo darán a la sociedad” Karl A. Menninger.

Las víctimas de trata de personas no son sólo víctimas de delitos atroces, sino de graves violaciones a sus derechos humanos. En esta victimización genera un agravio a su dignidad personal y afectaciones serias a su salud física, mental y emocional.

Como sabemos, toda victimización requiere para ser superada cuando menos tres supuestos: acceso a la justicia, sanción a los responsables, una justa e integral reparación de los daños y perjuicios. Si estos tres supuestos no se cumplen, las víctimas y la sociedad quedan en estado de vulnerabilidad, indefensos. De ahí la importancia de que el Estado mexicano cumpla cabalmente con los tratados y los compromisos internacionales que ha contraído en diferentes instrumentos.

Actualmente la Ley General para Prevenir y Erradicar los Delitos en materia de trata de personas y para la protección y asistencia de las víctimas, establece para las niñas, los niños y adolescentes, que los tres niveles de gobierno a través del sistema DIF, deberán crear albergues, refugios y casas de medio camino especializado para la protección y asistencia de las víctimas, donde se garantice un alojamiento digno por el tiempo necesario, asistencia material, médica, psicológica, social, alimentación y cuidados atendiendo a sus necesidades y evolución.

Sin embargo, es justo reconocer que en la gran mayoría de los casos estos refugios y albergues existen gracias al trabajo de las organizaciones de la sociedad civil y no del Estado, y los menores de edad que son llevados a estos albergues y refugios, en la inmensa mayoría de los casos, vivieron vulnerados sus derechos en el primer espacio natural de seguridad y protección que debió ser su hogar o simplemente no lo tuvieron.

Tenemos un reto pendiente y una deuda con las víctimas, principalmente con las menores de edad, ya que ellas y ellos sólo cuentan con el estado y sus instituciones para proveerles no sólo lo más básico, sino el acceso a oportunidades reales de desarrollo y el resarcimiento de sus derechos.

En nuestro país el 42 por ciento de las víctimas de trata de personas son niños y niñas, cada mes un mínimo de 100 niños caen en manos de redes de prostitución o explotación sexual, comercial infantil, que equivale a un promedio de mil 200 niños al año. Más de 60 mil niños y niñas son víctimas de explotación sexual en México.

Por ello, la presente iniciativa tiene como eje central establecer en la ley que estos albergues, refugios o casas de medio camino especializados deberán adoptar las medidas apropiadas para promover su recuperación física y psicológica, así como la restitución de sus derechos.

Lo anterior atendiendo que somos un país receptor, de tránsito, de personas víctimas de trata. Se propone también establecer expresamente en la ley que todos los casos se deberán considerar la edad, el sexo, el desarrollo evolutivo, cognoscitivo, madurez de las y los menores de edad para la implementación de las acciones de asistencia y protección respectivos, los cuales se realizarán en un ambiente que fomente la dignidad de los niños y niñas y adolescentes víctimas del ilícito de trata de personas, reconociendo en todo momento el interés superior del menor.

Compañeras diputadas y compañeros diputados, ellas y ellos necesitan certeza y seguridad jurídica, certeza jurídica en el presente y en el futuro. La trata de personas en sus diferentes modalidades es una forma de esclavitud moderna. Pero no olvidemos que la pobreza, la exclusión, la falta de oportunidades y la invisibilidad social también son esclavizantes.

Las niñas y los niños que han vivido y han sido víctimas de trata de personas tienen derecho a soñar con una vida feliz. Las niñas y los niños que han vivido y han sido víctimas de trata de personas también son nuestros niños y nos representados, no los defraudemos.

Muchísimas gracias, compañeros. Es cuanto, presidenta.

La Presidenta diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala: Túrnese a las Comisiones Unidas de Justicia y de Derechos Humanos, para dictamen.

LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

La Presidenta diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala:Tiene la palabra por cinco minutos la diputada Ariadna Montiel Reyes, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

La diputada Ariadna Montiel Reyes:Con su venia, diputada presidenta. Buenas tardes, compañeras diputadas y buenas tardes a los ciudadanos que nos siguen esta tarde a través del Canal del Congreso.

La suscrita diputada, Ariadna Montiel, con fundamento en los artículos 71, 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, me permito presentar la siguiente iniciativa con proyecto de decreto.

El 1 de enero de 2014, como consecuencia de la reforma hacendaria propuesta por el Ejecutivo federal, entró en vigor el Régimen de Incorporación Fiscal en sustitución del Régimen Intermedio de Personas Físicas con Actividades Empresariales y el Régimen de Pequeños Contribuyentes, los que eran conocidos como Repecos.

Entre los objetivos centrales de la reforma hacendaria, según se desprende de la presentación entonces del gobierno federal al momento de su exposición, se encuentra entre otros el fortalecimiento de la responsabilidad hacendaria, el aumento de la capacidad financiera del Estado, la mejora de la equidad tributaria, la promoción de la formalidad y el otorgamiento de facilidades para el cumplimiento de las obligaciones fiscales.

En el mismo documento, el gobierno federal reconoció la baja capacidad que ha tenido el Estado mexicano en los últimos años para conformar un sistema tributario eficiente, progresivo y equitativo, con consecuencias diversas que se expresan tanto en la reducida cantidad de los ingresos como contra la proporción del producto interno bruto, la desigualdad de la distribución del ingreso y la informalidad económica. A más de dos años de haberse implementado la reforma hacendaria ésta no ha tenido los beneficios que suponía, por el contrario, ha sido perjudicial para las finanzas públicas.

De acuerdo con los datos de la Secretaría de Hacienda, la proporción de los ingresos tributarios del impuesto sobre la renta fue de 5.2 por ciento en 2011, de 5.2 en 2012, de 5.9 en 2013, 5.6 en 2014 y 6.7 en 2015, cifras muy por debajo del promedio registrado en los países de la OCDE, que fue por arriba del 32 por ciento correspondiente a estos años.

Después de la reforma este indicador no ha presentado una mejora sustantiva, ya que en 2014 registró una proporción del 10 por ciento, cifra menor al promedio de los países de la mencionada Organización de Cooperación y Desarrollo Económico.

En relación a la distribución del ingreso, en México ha prevalecido la desigualdad. De acuerdo con datos proporcionados por la Encuesta Nacional de Ingreso-Gasto de los Hogares del Inegi, se desprende que en los últimos años existe una mayor concentración del ingreso y mayor pobreza.

Si bien uno de los objetivos de la reforma hacendaria es promover la formalidad, se crea un régimen especial para facilitar que las personas ingresen a la formalidad y, con ello, cada vez más mexicanos cumplan con sus obligaciones fiscales. Esto no ha sucedido.

En concusión, podemos afirmar que la reforma hacendaria no ha cumplido con los objetivos planteados en ella, como se expresa en el aumento de la informalidad, derivada de las medidas administrativas impuestas, así como el cierre paulatino de los pequeños comercios, afectando a la economía de los más necesitados.

Por lo anterior, desde el Grupo Parlamentario de Morena consideramos que es necesario regresar al esquema tributario del régimen de pequeños contribuyentes, así como al régimen intermedio, con el fin de que de manera directa se pueda beneficiar a los contribuyentes que no cuentan con las condiciones administrativas suficientes para tributar en el régimen general. Es cuanto, diputada presidenta.

La Presidenta diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES

La Presidenta diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala: Tiene la palabra, por cinco minutos, la diputada Claudia Corichi García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 485 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

La diputada Claudia Sofía Corichi García:Gracias, presidenta. Compañeras y compañeros diputados, de entre todas las conductas que afectan a la sociedad, el derecho penal sanciona aquellas que más lastiman a la sociedad o a los individuos, las más reprobables, las que más lastiman a la dignidad humana.

Nadie puede poner en duda que uno de los bienes jurídicos más valiosos de la humanidad son las niñas y los niños, pues estos representan el presente y el futuro.

Todas las sociedades han tenido una protección especial hacia la infancia y es plenamente justificable que se dé un tratamiento jurídico distinto para proteger a los menores. Ahí reside la esencia del interés superior de la niñez.

México ha ratificado diversos instrumentos internacionales y la realidad es que se señalan en general que el niño, por su falta de madurez física y mental, necesita protección y cuidado especial, incluso la debida protección legal, por lo cual resulta oportuno que tratándose de delitos en contra de menores de edad y siendo que estos no tienen la capacidad de entender la magnitud y alcances del agravio que han sufrido, la figura de prescripción de delitos se extienda a otras particularidades de las que hoy tiene, aunque prácticamente no existen datos disponibles desafortunadamente, lo cual es ya un gran problema.

Según la Procuraduría General de la República, entregados al Comité de los Derechos del Niño y la Niña, de la ONU, de 2011 a 2014, los abusos y violencia contra niños, niñas y adolescentes aumentaron en un 232 por ciento.

Durante este periodo sólo se han dictado tres sentencias en materia penal federal contra probables responsables de delitos, en los que la víctima es una menor o un menor de edad.

Pero doy un ejemplo que es verdaderamente preocupante. En 2014, la Policía Cibernética detectó 11 mil casos de pornografía infantil y solamente 16 sujetos fueron detenidos y solamente uno consignado.

Estamos hablando, sí de un tema de impunidad, pero también en el que tenemos que plantearnos cómo cambiar la realidad, siendo que la mayoría de los delitos contra menores se persiguen de oficio por ser delitos que atentan no sólo contra el menor, sino contra la sociedad en su conjunto, tenemos que la imprescriptibilidad de estos delitos tendría por efecto que estos puedan ser denunciados y castigados en el momento en que el menor, en su momento agraviado, cuente con la capacidad suficiente para entender que ha sido víctima y que su agresor merece el castigo del Estado, con lo cual allanaríamos el camino a la reinante impunidad en nuestro país.

Y la imprescriptibilidad de delitos no es una figura nueva, ya existe en el delito de corrupción de menores y también en otros delitos más. Sin embargo, existen otras series de delitos graves que no están catalogados como imprescriptibles: la pornografía sexual de menores, turismo sexual, pederastia, hostigamiento sexual, abuso sexual, violación y estupro.

Por lo anterior, es que propongo que adicionemos, en esta soberanía, un párrafo al artículo 485 del Código Nacional de Procedimientos Penales, para establecer que sean imprescriptibles las sanciones de los delitos contra el libre desarrollo de la personalidad, la libertad y el normal desarrollo psicosexual, así como los delitos patrimoniales en agravio de las personas menores de edad.

Casos como los que hemos visto, el caso de Matatena, el de Succar Kuri, las víctimas del padre Maciel y muchas otras han salido a la luz pública. Muchos otros están ahí sin ser castigados, sin ser conocidos y en la obscuridad y las tinieblas, y seguramente si no cambiamos las cosas, pocas veces serán perseguidos y acusados aquellos que abusaron de un pequeño o de una pequeña, porque cuando ya sea tiempo de denunciar, cuando se tenga la posibilidad de denunciar habrá prescripto los delitos, por eso tenemos que tomar medidas.

Hoy les pido, compañeras, compañeros diputados, que tomemos esas medidas, que protejamos a esos pequeños que muchas veces sufren, incluso, abusos por parte de sus familiares que tienen miedo, que están ahí lastimados, para que cuando tengan conciencia puedan denunciar a sus agresores y estos puedan ser castigados.

Es cuanto, presidenta de esta Cámara de Diputados. Compañeras y compañeros diputados, espero que podamos respaldar esto en esta vía de acabar con la impunidad y también, sobre todo, en aquellos que se comete, la impunidad que se comete y de los delitos que se cometen contra los pequeños y las pequeñas de nuestro país. Muchas gracias.

La Presidenta diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala: Túrnese a la Comisión de Justicia para dictamen.

LEY NACIONAL DEL SISTEMA INTEGRAL DE JUSTICIA PENAL PARA ADOLESCENTES

La Presidenta diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala:Tiene la palabra, por cinco minutos, la diputada María Eugenia Ocampo Bedolla, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que adiciona diversas disposiciones a la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes.

La diputada María Eugenia Ocampo Bedolla:“Ganamos justicia más rápidamente si hacemos justicia a la parte contraria”. Gandhi.

Con el permiso de la Presidencia, compañeras diputadas y diputados. En junio pasado aprobamos la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para adolescentes. Lo hicimos como respuesta a la necesidad de garantizar a los niños y adolescentes de entre 12 y 18 años que han cometido delitos contar con un sistema de justicia que privilegie el interés superior de la niñez cuando tengan que ser juzgados.

En ella se contemplan los derechos específicos que la Constitución reconoce para los menores de edad. Además refleja los principios de la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.

No obstante, en Nueva Alianza consideramos que presenta omisiones, ambigüedades y vacíos importantes que afectan el espíritu de la creación y aprobación.

Toda ley es perfectible, por ello hoy vengo a presentar una iniciativa que adiciona diversas disposiciones a la Ley Nacional de Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, con la finalidad de resarcir dichas omisiones, complementando el trascendental cambio en la vida jurídica y social de nuestro país que representa dicha norma.

Las adiciones que proponemos se enfocan en esclarecer y reafirmar los principios de igualdad, el derecho a la intimidad, a la privacidad y confidencialidad de la persona adolescente, en virtud de que la ley vigente no los establece expresamente.

En primer lugar, proponemos agregar –artículo 39 de la ley, que impide incomunicar a los menores– la prohibición de aislar u ocultar a la persona sometida a procedimiento.

Con ello se pretende una mayor transparencia evitando casos de desapariciones, cuando por razones de seguridad sea estrictamente necesario aplicar la medida de aislamiento del menor. Será obligación de la autoridad administrativa y judicial hacerle saber sus derechos y la forma que tiene para ejercerlos.

De igual manera, se notificará su situación no solo a su defensor, sino que será extensiva a una persona de confianza designada por el infractor; así como la procuraduría de protección competente, para garantizar el derecho a la privacidad que propone una adición al artículo 67, cuyo objetivo es que las entrevistas entre el menor infractor y su defensor se realicen en privado, sin injerencia de ninguna autoridad y previo a su declaración, brindándoles todas las facilidades, en aras de estructurar una estrategia legal y estar en la posibilidad de ofrecer los datos y medios de prueba pertinentes para llevar a cabo una adecuada defensa.

La ley establece el derecho del menor a recibir una valoración médica al momento de su ingreso a algún centro correccional o penitenciario. La propuesta que planteamos consiste en contemplar un posible estado de gravidez, y en caso de presentarse, adoptar las medidas necesarias para su adecuada atención.

De igual manera, la legislación vigente establece que la autoridad administrativa o judicial tiene la facultad de requerir muestras, previo aviso, para detectar el posible uso de alcohol o drogas prohibidas o el resultado del examen de las mismas, que violenta el derecho a la intimidad del menor. Para evitar esta situación, proponemos que solamente se proceda a la realización de estudios médicos de este tipo cuando existan datos suficientes para presumir que el adolescente ha consumido sustancias prohibidas.

Por otra parte, la referida ley establece los mecanismos por los cuales se podrá obtener la restitución en materia de reparación del daño; sin embargo, omite quien puede recibir el beneficio en caso de muerte del ofendido. La iniciativa pretende subsanar esta omisión a fin de fijar el orden de prelación, garantizando el derecho de restitución.

Un punto importante de la ley es el principio de especialización. En este apartado se especifica que todas las autoridades del sistema deberán ser formadas, capacitadas y especializadas en materia judicial para los adolescentes en el ámbito de sus atribuciones.

Lo que proponemos es la incorporación de las figuras del criminólogo, pedagogo y perito en materia de psicología, a fin de brindar una mayor y mejor asistencia en el proceso.

Finalmente, proponemos una adición al artículo 87 con el objeto de que las declaraciones vertidas de las partes en las diligencias de mediación, de ninguna manera sirvan como material probatorio en caso de que no se logren los acuerdos.

En Nueva Alianza estamos convencidos que muchos de los jóvenes que delinquen son los que necesitan una nueva oportunidad para reintegrarse de manera productiva sana y acogidos por la sociedad, darles esa certeza, garantizarles un proceso justo y transparente, que privilegie los derechos humanos, es el primer paso para lograrlo. Por su atención y apoyo, muchas gracias. Los jóvenes necesitan que los apoyemos irrestrictamente. Es cuanto, compañera presidenta.

La Presidenta diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala: Túrnese a la Comisión de Justicia, para dictamen.

El diputado Francisco Javier Pinto Torres(desde la curul): Presidenta.

La Presidenta diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala:Sonido en la curul del diputado Pinto. Permítame, diputada.

El diputado Francisco Javier Pinto Torres (desde la curul): Gracias, presidenta. Nada más, a nombre del Grupo Parlamentario Nueva Alianza y con el permiso de nuestro coordinador, pedirle a la diputada María Eugenia, si nos permite adherirnos a su iniciativa, y además felicitarla por esa iniciativa que los jóvenes merecen aquí en México.

La diputada María Eugenia Ocampo Bedolla (desde la curul): Sí, adelante.

La Presidenta diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala: Ha accedido. Puede pasar a firmar la iniciativa, diputado.

LEY MONETARIA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y CÓDIGO DE COMERCIO

La Presidenta diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala: Tiene el uso de la palabra, la diputada Cynthia Gissel García Soberanes, del Grupo Parlamentario del PES. Para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 8o. de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos y 359 del Código de Comercio.

La diputada Cynthia Gissel García Soberanes:Con su venia, señora presidenta. Saludo a nuestros televidentes del Canal del Congreso. Buenas tardes, honorable asamblea. Siempre que hablamos de economía o de finanzas, lo primero que señalamos es que debemos impulsar el desarrollo económico de nuestro país, de manera sustentable y sostenida, entiendo por esto, según la Declaración de Río de 1992 a la administración eficiente y racional de los recursos, de manera tal que sea posible mejorar el bienestar de la población actual sin comprometer la calidad de la vida de las generaciones futuras, además de que sea eficiente y eficaz.

Por ello, estoy cierta que la estrategia para alcanzar dicha sustentabilidad, debe estar basada en mejorar e4l mercado interno en una mayor competitividad hacia el comercio exterior, acompañado de una mayor y mejor productividad. En un estado de derecho como el nuestro, es decir, que se rige por un sistema de leyes e instituciones ordenado en torno a una Constitución, la cual el fundamento jurídico de las autoridades y funcionarios debemos de entender que la ley se encuentra en constante transformación y debe adecuarse a las necesidades y a las exigencias de la sociedad.

México es una nación con una franja fronteriza norte que colinda con los Estados Unidos de Norteamérica. Abarca seis estados como mi estado, Baja California, Sonora, Tamaulipas, Nuevo León, Chihuahua y Coahuila, con 38 municipios, y al igual de una franja fronteriza sur que limita con Guatemala y Belice y comprende cuatro estados: Quintana Roo, Campeche, Tabasco y Chiapas.

Con una frontera tan dinámica, quizá la de mayo flujo comercial a nivel mundial hacia el norte y al sur, con una integración de las economías cada vez mayor, motivan una creciente cantidad de diversidad de todo tipo de contratos en moneda extranjera.

Actualmente el artículo 8 de la Ley Monetaria textualmente reza: Las obligaciones de pago en moneda extranjera contraídas dentro o fuera de la República para ser cumplidas en ésta, se solventarán entregando el equivalente en moneda nacional al tipo de cambio vigente en el lugar y fecha en que deba hacerse el pago.

En los últimos tiempos hemos visto una serie de medidas que han contraído la economía de esos estados fronterizos como la alza al impuesto al valor agregado del 11 al 16 por ciento, incremento en la paridad peso-dólar norteamericano, aumento en los precios de la gasolina, la recesión del país vecino al norte, etcétera, que vuelven cada vez más difícil acceder sobre todo a la divisa norteamericana denominada dólar, con lo que conlleva que las obligaciones de naturaleza pecuniaria que tanto las personas físicas como morales contraten, se vean afectadas e incidan directamente en los costos de administración, producción y liquidez.

Es el caso que dentro de la vida cotidiana de la frontera mexicana se acostumbra consentir una serie de convenios en dólares norteamericanos, desde una dación en pago, un contrato de arrendamiento hasta una compra-venta de inmuebles a plazos.

Así las cosas, al momento de la celebración si bien hay una cantidad cierta de moneda extranjera, no hay certeza en un monto de moneda nacional, ya que la misma varía constantemente y generalmente a la alza en virtud de la constante fluctuación de la paridad peso-dólar norteamericano, que al inicio de la presente administración federal se encontraba en los 13.74 pesos en moneda nacional y a la fecha a los 18.30 pesos moneda nacional al tipo de cambio libre existente en el mercado.

En este sentido, compañeros diputados y diputadas, debemos estar atentos a las voces de las mayorías y en un reclamo popular en el que actuemos de inmediato en este sentido.

Por lo tanto con la finalidad de no inhibir el comercio exterior para con otras regiones del continente americano y el mundo, pero sí con la intención de proteger al ciudadano mexicano y a la industria local, con lo que se entorpece la actividad económica y el crecimiento económico, es que se somete a la consideración de esta Legislatura la presente proposición con cuya finalidad es en la que la imposición señalada de la Ley Monetaria, se contenga de todo tipo de transacciones comerciales o pecuniarias y deban fijarse en moneda nacional, y en el supuesto de que pactarán de moneda extranjera se entienda que la misma se estipuló en cantidad equivalente a la moneda de curso legal en los estados unidos mexicanos, al tipo de cambio libre y vigente al momento de la celebración del contrato y convenio que haya fijado el Banco de México.

Tal propuesta tiene que dar certeza jurídica a los contratantes y sobre todo otorga la seguridad de que no sufrirá un menoscabo en el patrimonio, puesto que lo común en estas zonas de la república es pactar en dólares norteamericanos por costumbre, más no porque los precios estipulados se encuentren dentro de la realidad social.

De lo contrario se propone una modificación al primer párrafo del artículo 8 de la Ley Monetaria para quedar como sigue: la moneda extranjera no tendrá uro legal en la república, salvo en los casos en la que la ley expresamente determine otra cosa. Las obligaciones de pago en moneda extranjera contraídas dentro o fuera de la república, para ser cumplidas en estas se solventarán entregando el equivalente de moneda nacional al tipo de cambio vigente y en lugar y fecha que se celebró. El acto jurídico con el que se contrajo la obligación. Es cuanto. Gracias.

La Presidenta diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala: Túrnese a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Economía, para dictamen.

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

La Presidenta diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala: Tiene la palabra por cinco minutos la diputada María Elena Orantes López, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La diputada María Elena Orantes López:Muchas gracias, presidenta. Compañeras y compañeros, agradezco primeramente la voluntad política de los señores coordinadores de todas las fracciones parlamentarias que integran dentro de la Comisión de Protección Civil, y a mis compañeras y compañeros de donde hemos firmado una propuesta importante para temas que de esa naturaleza tendría México que estar a la vanguardia de otros países.

El día de hoy, el día internacional para la reducción del riesgo, implementado desde el año de 1989, instaurado en el año 2009 para que el 13 de octubre podamos en todos los países adquirir una cultura preventiva que pueda evitar muertes, pero sobre todo que pueda salvar vidas y poder tener presupuestos más sólidos.

Por eso, desde la Comisión de Protección Civil, hemos siempre impulsado, sin distinguido de color, el hecho de generar una cultura preventiva en una materia de gestión de riesgos.

México participó y ha participado en distintos acuerdos internacionales, uno de ellos en el 2015, en Japón, en el marco del Convenio de Sendai, firmó los siete temas que son fundamentales, sobre todo, para proteger la vida de los ciudadanos del mundo.

Pero para eso, tendríamos que conocer, de seguir firmando acuerdos internacionales y no aplicarlos a las leyes y hacerlos vigentes en la conformación de lo que México es capaz, un país tan rico, un país tan solidario, pero sobre todo, un país que ante los fenómenos de distinta naturaleza siempre actuamos los mexicanos a favor y en forma de poder proteger y ayudar.

Y es por eso que estamos solicitando que en la Constitución Política también quede la solidaridad de todas las fracciones parlamentarias para poder contribuir y estar preparados y no hacer en el momento, atribuciones que podríamos con prevención, poder lograr desde antes.

Quien no recuerda, el día 28 de marzo a las 23:30 del año de 1982, cuando despertó un volcán, el Chichonal, en el norte del estado de Chiapas, y en poco más de una hora más de 100 kilómetros habían invadido las cenizas. Así también, México y el mundo sentían las cenizas de un volcán que dio la vuelta al mundo porque esa agresividad y violencia con la que despertó, hundió dos pueblos: Francisco León y Chapultenango, y se perdieron más de 2 mil vidas, que cuantificando en precios, a una vida no le podemos poner precio.

Y qué decir del 19 de septiembre de 1985, cuando entonces en esa Ciudad de México el gran terremoto que cambió la huella y la vida de este país, transformó en una nueva cultura, porque ante estos acontecimientos, como muchos otros vividos por inundaciones, por sequías, por trombas, por vientos, por lluvias fuertes o por sismos que a este año hay más de 11 mil registrados, entonces no sabíamos qué hacer cuando sucedieron cosas, antes de 30 años que se conmemora la instalación de protección civil, después de esos fenómenos en los que en este país no teníamos instrumentos ni patrones para actuar.

Es por eso que a partir de entonces hemos participado con una cultura de prevención en lugar de reacción, porque ahí, además de perder vidas, también es muy costoso. Por eso los siete ejes temáticos del acuerdo de Sendai, el de evitar la mortandad, reducir el número de personas afectadas, participar en las pérdidas económicas, en la reducción de daños y en el poder generar la reducción de riesgo de desastre que hoy se conmemora y que en México también está dentro de los acuerdos, es aumentar la capacitación y la instrumentación.

Y las diputadas y los diputados de todas las fracciones parlamentarias que formamos parte de la Comisión de Protección Civil, en mi calidad de presidenta, les expresamos y les queremos pedir su solidaridad para que podamos darle facultades a los municipios de poder ser los primeros en atender este tipo de acciones. Son quienes la ciudadanía buscan en el momento de cualquier vulnerabilidad.

Y esta reforma al artículo 115 constitucional, que hoy les presentamos y que les dejamos para su supervisión, apelamos a la sensibilidad y a ese miedo interno de que hombres y mujeres, niños y gente de la tercera edad ante fenómenos naturales no sabemos cómo actuar.

Requerimos patrones, requerimos cultura, pero sobre todo necesitamos prevención. Capacitar a los alcaldes, pero sobre todo proveerlos de recurso para que el recurso no llegue cuando ya no haga falta, sino cuando sea el momento idóneo. Por su atención, muchas gracias, presidenta.

La Presidenta diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala: Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, para su dictamen.

El diputado Jesús Emiliano Álvarez López (desde la curul): Presidenta.

La Presidenta diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala:Sonido en la curul del diputado Emiliano Álvarez.

El diputado Jesús Emiliano Álvarez López (desde la curul): Muchas gracias, presidenta. Solamente para felicitar a nuestra presidenta de la Comisión de Protección Civil y, como integrante de esta, pedirle que nos deje adherirnos a su importante iniciativa.

La Presidenta diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala:Diputada Orantes, ¿acepta la adhesión? ¿Sí?

La diputada María Elena Orantes López (desde la curul): Sí, presidenta.

El diputado Macedonio Salomón Tamez Guajardo (desde la curul): Presidenta.

La Presidenta diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala: Sonido en la curul del diputado Macedonio Tamez y, después del diputado, el diputado Gustavo Cárdenas.

El diputado Macedonio Salomón Tamez Guajardo (desde la curul): Presidenta. Felicito a mi compañera por tan noble iniciativa y le pido también que nos permita a Gustavo Cárdenas y a mí, y a Claudia Corichi, firmarla junto con ella. Gracias.

La Presidenta diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala:Queda a disposición de ustedes en la Secretaría.

Continúe la Secretaría con comunicaciones.

COMUNICACIONES

La Secretaria diputada Ernestina Godoy Ramos:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Poder Legislativo Federal.— Cámara de Diputados.— Mesa Directiva.

Honorable asamblea:

La Presidencia de la Mesa Directiva de conformidad con lo que establecen los artículos 73 y 74, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, comunica que se realizó modificación de turno a las siguientes:

• Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 89 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, presentada por el diputado Virgilio Dante Caballero Pedraza, del Grupo Parlamentario de Morena, el 6 de octubre de 2016.

“Se turna a la Comisión de Radio y Televisión, para dictamen.”

• Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 18 Bis, 52, 52 Bis y 87 de la Ley de Aviación Civil, presentada por la diputada Ivonne Aracelly Ortega Pacheco, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, el 6 de octubre de 2016.

“Se turna a la Comisión de Transportes, para dictamen.”

Atentamente

Ciudad de México, a 13 de octubre de 2016.— Diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar (rúbrica), Presidente.»

La Presidenta diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala: De conformidad con lo establecido en los artículos 73 y 74, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, se modifican los turnos. Actualícense los registros parlamentarios.

Continúe la Secretaría con acuerdos de la Junta de Coordinación Política.

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La Secretaria diputada Ernestina Godoy Ramos:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.— Junta de Coordinación Política.

Diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar, Presidente de la Mesa Directiva de la Honorable Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le ruego someter a consideración del pleno las modificaciones en la integración de comisiones que se señalan, solicitadas por el Grupo Parlamentario del Partido de Revolucionario Institucional.

• Que el diputado Otniel García Navarro cause baja como integrante en la Comisión de Marina.

• Que el diputado Fidel Kuri Grajales cause baja como integrante en la Comisión de Vivienda

• Que el diputado Otniel García Navarro cause alta como integrante en la Comisión de Vivienda

Atentamente

Ciudad de México, a 13 de octubre de 2016.— Diputado Francisco Martínez Neri (rúbrica), Presidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.— Junta de Coordinación Política.

Diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar, Presidente de la Mesa Directiva de la Honorable Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 34, inciso c) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le ruego someter a consideración del pleno la modificación en la integración de grupos de amistad que se señalan, solicitadas por el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional:

• Que el diputado Miguel Ángel Salim Allé cause alta como integrante en el Grupo de Amistad México-Palestina.

• Que la diputada Guadalupe González Suástegui cause alta como integrante en el Grupo de Amistad México-Filipinas.

Sin otro particular, le reitero mi consideración distinguida.

Atentamente

Ciudad de México, a 13 de octubre de 2016.— Diputado Francisco Martínez Neri (rúbrica), Presidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.— Junta de Coordinación Política.

Diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar, Presidente de la Mesa Directiva de la Honorable Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le ruego someter a consideración del pleno la modificación en la integración de comisión que se señala, solicitada por el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional:

• Que la diputada Verónica Agundis Estrada cause baja como presidenta de la Comisión Especial de seguimiento a las agresiones a periodistas y medios de comunicación.

• Que la diputada Brenda Velázquez Valdez cause alta como presidenta como presidenta en la Comisión Especial de seguimiento a las agresiones a periodistas y medios de comunicación.

Sin otro particular, le reitero mi consideración distinguida.

Atentamente

Ciudad de México, a 13 de octubre de 2016.— Diputado Francisco Martínez Neri (rúbrica), Presidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.— Junta de Coordinación Política.

Diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar, Presidente de la Mesa Directiva de la Honorable Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le ruego someter a consideración del pleno las modificaciones en la integración de comisiones que se señalan, solicitadas por el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

• Que el diputado Agustín Francisco de Asís Basave Benítez cause baja como integrante en la Comisión de Relaciones Exteriores.

• Que el diputado Agustín Francisco de Asís Basave Benítez cause alta como secretario en la Comisión de Relaciones Exteriores.

Atentamente

Ciudad de México, a 13 de octubre de 2016.— Diputado Francisco Martínez Neri (rúbrica), Presidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.— Junta de Coordinación Política.

Diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar, Presidente de la Mesa Directiva de la Honorable Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le ruego someter a consideración del pleno la modificación en la integración de comisiones que se señalan, solicitadas por el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México:

• Que el diputado José Alberto Couttolenc Buentello cause baja como secretario de la Comisión de Recursos Hidráulicos.

• Que la diputada Alma Lucía Arzaluz Alonso cause alta como secretaria en la Comisión de Recursos Hidráulicos.

• Que la diputada Alma Lucía Arzaluz Alonso cause baja como integrante de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

• Que el diputado José Alberto Couttolenc Buentello cause alta como integrante en la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

Sin otro particular, le reitero mi consideración distinguida.

Atentamente

Ciudad de México, a 13 de octubre de 2016.— Diputado Francisco Martínez Neri (rúbrica), Presidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.— Junta de Coordinación Política.

Diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar, Presidente de la Mesa Directiva de la Honorable Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le ruego someter a consideración del pleno las modificaciones en la integración de comisiones que se señalan, solicitadas por el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

• Que el diputado Gustavo Adolfo Cárdenas Gutiérrez cause baja como secretario en la Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego.

• Que el diputado Moisés Guerra Mota cause alta como secretario en la Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego.

• Que el diputado Moisés Guerra Mota cause baja como secretario en la Comisión de Reforma Agraria.

• Que el diputado Adán Pérez Utrera cause alta como secretario en la Comisión de Reforma Agraria.

Atentamente

Ciudad de México, a 13 de octubre de 2016.— Diputado Francisco Martínez Neri (rúbrica), Presidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.— Junta de Coordinación Política.

Diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar, Presidente de la Mesa Directiva de la Honorable Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 34, inciso c) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le ruego someter a consideración del pleno la modificación en la integración de grupos de amistad que se señalan, solicitadas por el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano:

• Que el diputado Gustavo Adolfo Cárdenas Gutiérrez cause alta como integrante en el Grupo de Amistad México-India.

Sin otro particular, le reitero mi consideración distinguida.

Atentamente

Ciudad de México, a 13 de octubre de 2016.— Diputado Francisco Martínez Neri (rúbrica), Presidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.— Junta de Coordinación Política.

Diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar, Presidente de la Mesa Directiva de la Honorable Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le ruego someter a consideración del pleno la modificación en la integración de comisiones que se señalan, solicitadas por el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano:

• Que el diputado Adán Pérez Utrera cause baja como presidente de la Comisión de Marina.

• Que el diputado Gustavo Adolfo Cárdenas Gutiérrez cause alta como presidente en la Comisión de Marina.

Sin otro particular, le reitero mi consideración distinguida.

Atentamente

Ciudad de México, a 13 de octubre de 2016.— Diputado Francisco Martínez Neri (rúbrica), Presidente.»

En votación económica, se pregunta si son de aprobarse. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señora presidenta, mayoría por la afirmativa.

La Presidenta diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala: Aprobadas. Comuníquese.

INICIATIVAS Y PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO

La Presidenta diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala:En términos de los artículos 100 y 102 del Reglamento, las iniciativas y proposiciones contenidas en el orden del día serán turnadas a las comisiones que correspondan, publicándose el turno en la Gaceta Parlamentaria.(*)

( *) Las iniciativas y proposiciones se encuentran en el Apéndice de esta sesión.

DÍA MUNDIAL DE LAS MUJERES RURALES

«Efeméride con motivo de la conmemoración del Día Mundial de las Mujeres Rurales, a cargo del diputado Ramón Bañales Arámbula, del Grupo Parlamentario del PRI

Tenemos claro el papel fundamental que desempeñan las mujeres campesinas en el mundo. Mucho más en México.

De ellas depende la seguridad alimentaria de muchas familias. Y esto lo logran a pesar de que las condiciones en que desarrollan sus actividades no son las más favorables por razones sociales, económicas y culturales.

Al hecho de compartir con el resto de la población rural la problemática general del campo, en términos de pobreza y marginación, se suman las particularidades que padecen por su condición género.

La mujer rural es aquella que está enfocada en actividades de producción agrícola, sin embargo, su verdadera definición va más allá de esto.

Sus actividades no solo se centran en producir sino ser base de las familias mexicanas menos favorecidas.

Hoy en día, la mujer del medio rural enfrenta la constante ignominia producto de la desvalorización de su trabajo.

En gran medida esto surge de las concepciones más tradicionales y, hasta cierto punto, retrógradas, sobre el rol que las mujeres deben de cumplir en la sociedad.

Esto se ve acentuado por las ínfimas condiciones de trabajo a las que por regla se tienen que enfrentar, tales como la falta de medidas de salubridad en las zonas de trabajo, la escasez del agua potable y electrificación, y un deficitario equipamiento en el hogar y en la comunidad.

Según cifras de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), las mujeres en medios rurales dedican más tiempo que los hombres y las mujeres del medio urbano a las tareas domésticas y quehaceres del hogar. Esto, complementado con el tiempo que destinan para ejercer sus labores en el campo, actividad por la que buscan alguna compensación monetaria para el sustento de sus familias.

Los datos son tristemente contundentes: las mujeres dedicadas a la agricultura controlan menos tierra que los hombres y además se enfrentan a un acceso sumamente limitado a los insumos, semillas y créditos.

Respecto a los temas de salubridad la ONU también declaró que las muertes maternas afectan de manera desproporcionada a las mujeres rurales. Una mujer rural tiene 38 por ciento menos posibilidades en comparación con una mujer urbana de dar a luz con la asistencia calificada de un profesional de la salud.

En particular en el estado de Jalisco, de acuerdo con estimaciones del Consejo Estatal de Población, la población rural, de entre 20 y 39 años, suma 249 mil habitantes de los cuales 55 por ciento está representado por las mujeres. Son mayoría, y sin embargo cuentan con menos propiedad y derechos en términos absolutos.

Hoy en día las mujeres se han visto en la necesidad de convertirse en jefas de familia, empresarias, comerciantes, productoras y han demostrado ser una parte fundamental en la práctica de estrategias de sobrevivencia en el ámbito rural, ya sea para reemplazar a los hombres debido al fenómeno de migración que sufren algunas zonas del estado o por diversificar actividades (esto debido a que en ocasiones una sola actividad no basta para la sobrevivencia de una familia).

El fenómeno de la migración ha sido uno de los factores que más ha mermado la economía familiar en las localidades rurales de mi estado.

Las mujeres son actores clave al momento de diseñar cambios económicos, institucionales y sociales.

Su participación en este sector resulta de vital importancia, ya que contribuyen a la erradicación de la pobreza y del hambre.

Son mujeres de trabajo y de sacrificio. Buscan fomentar el desarrollo de sus familias con su vida misma. Además de buscar la satisfacción de necesidades básicas, buscan proveer alimento, agua, vestido, educación y salud con el puro esfuerzo de sus manos, en la tierra.

Esta contribución a sus familias, a nuestro estado, a nuestro país, se ve constantemente mermada por factores, insisto, como la discriminación y el estereotipo de género.

Por estas razones es que el mes pasado, presenté una iniciativa, que busca:

(i) Otorgar una capacitación constante a las mujeres que se encuentran laborando en este sector;

(ii) Promover la conclusión de la educación básica de las mujeres;

(iii) Complementar las prestaciones del ramo de guarderías otorgadas por el régimen de Protección Social de la Salud y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), mediante el apoyo de trabajadores sociales en las propias comunidades rurales,

(iv) La constante difusión de información para el combate a cualquier tipo de violencia por razón de género.

Este es solo el inicio. Tenemos que seguir trabajando para mejorar las condiciones de trabajo para las mujeres rurales de todo el país.

Actualmente no sólo basta con reconocer el arduo trabajo que llevan a cabo estas mujeres. Es necesario que se comiencen a tomar medidas para disminuir las adversidades a las que se enfrentan día con día, ya que en sus manos se encuentran depositadas las más grandes esperanzas de las familias y del campo mexicano.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de octubre de 2016.— Diputado Ramón Bañales Arambula (rúbrica).»

DÍA INTERNACIONAL PARA LA REDUCCIÓN DE LOS DESASTRES

«Efeméride con motivo del 13 de octubre, Día Internacional para la Reducción de los Desastres, a cargo de la diputada María Elena Orantes López, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

La que suscribe, María Elena Orantes López, integrante de la LXIII Legislatura en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, vicecoordinadora del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6, fracción I, y 79, párrafos primero, fracción II, y segundo, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta ante el pleno de esta soberanía efeméride del Día Internacional para la Reducción de los Desastres, 13 de octubre.

Desde 1989 y a partir de una disposición de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, el 13 de octubre se ha dispuesto como el Día Internacional para la Reducción de Desastres. Esta conmemoración tiene el objetivo de difundir la cultura sobre la reducción de desastres, desde una perspectiva que involucra la prevención y mitigación como ejes de las políticas y acciones que se desarrollen en la materia.

Para 2016 se acordó promover la campaña “Sendai siete” de la Oficina de la Organización de las Naciones Unidas para la Reducción de Riesgos de Desastres (UNISDR, por sus siglas en inglés), que implica las siete metas que a escala global plantean la perspectiva que actualmente rige las políticas en materia de protección civil. Éstas son las siguientes:

1. Reducir la mortandad mundial causada por desastres para que entre 2020 y 2030 sea inferior a la registrada entre 2005 y 2015;

2. Reducir el número de personas afectadas por desastres para que entre 2020 y 2030 sea inferior a las registradas entre 2005 y 2015;

3. Reducir las pérdidas económicas directas ocasionadas por desastres con relación al producto interno bruto mundial para 2030;

4. Reducir considerablemente los daños causados por desastres en infraestructuras esenciales e irrupción de servicios básicos como educación y salud, entre otras cosas, mediante el aumento de su resiliencia para 2030;

5. Aumentar el número de países que cuenten con estrategias nacionales y locales a fin de reducir riesgos de desastres para 2020;

6. Aumentar la cooperación internacional mediante un apoyo adecuado y sostenible a fin de complementar sus acciones nacionales en la aplicación del Marco Sendai para 2030; y

7. Aumentar la disponibilidad y el acceso de las personas a sistemas de alertas tempranas respecto a múltiples amenazas, igual que la información y evaluación del riesgo de desastres para 2030.

Aunado a lo anterior, el lema de este año para promover las metas descritas es “Vivir para contarlo: concientizando y reduciendo la mortalidad”.

En resumen, como se infiere del marco de Sendai y de los acuerdos para la conmemoración de este día, la principal herramienta a fin de alcanzar nuestros objetivos globales es la prevención de riesgos.

Invito a que esta fecha sea un motivo para plantearnos seriamente la necesidad de impulsar políticas y presupuestos orientados a construir capacidades institucionales y capital humano en los tres niveles de gobierno, en el ámbito de la prevención de riesgos.

Notas:

1 Véase conmemoración del Día Internacional para la Reducción de los Desastres, 13 de octubre, promovida por la UNISDR y disponible en http://www.un.org/es/events/disasterreductionday/

2 Véase campaña Vivir para Contarlo, disponible en

http://www.preventionweb.net/files/49467_iddr2016conceptnoteses.pdf.pdf

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de octubre de 2016.— Diputada María Elena Orantes López (rúbrica).»

DÍA MUNDIAL DE LA ALIMENTACIÓN

«Efeméride con motivo del 16 de octubre, Día Mundial de la Alimentación, a cargo de la diputada Dennisse Huaffen Torres, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

El derecho alimentación es un derecho fundamental reconocido universalmente, inalienable por obviedad a la condición humana, pero en el marco del Día Internacional de la Alimentación hay que reconocer que este derecho ha sido negado a muchos mexicanos, la dinámica social y económica a atentado contra derechos fundamentales, como es la libertad, el libre tránsito, un empleo digno, la educación y en el problema que nos atañe la alimentación.

Tan mal estamos en México, que hemos permitido la acumulación de la riqueza a unos cuantos, como los latifundios del viejo México en los que sólo caciques podían dar el derecho de a quienes daban de comer a cambio de su libertad y de su mano de obra, en pleno siglo XXI estamos siendo testigos de la pobreza alimentaria en las grandes urbes, y de aquéllos que pueden subsistir con lo que les da el campo.

En el marco del Día Mundial de la Alimentación convoco a los empresarios y compañeros de tribuna en que sigamos apoyando al campo, a que impulsemos acciones de verdad para fortalecer a la agroindustria y dar apoyo directo a los campesinos de cada uno de nuestros estados, el campo es la base fundamental de la alimentación en México, sigamos hombro a hombro con nuestros productores, impulsemos e incentivemos a aquéllos que procuren la alimentación de los mexicanos.

Invito a hacer conciencia de qué es lo que estamos haciendo para que se acabe la pobreza alimentaria, ¿realmente sólo es problema del gobierno?, ¿en qué estamos fallando los mexicanos? Que vemos la severidad de la pobreza alimentaria urbana, nadie puede ser feliz si no está alimentado, pero no basta comer, nuestra Carta Magna en su artículo 4o. establece que toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. El estado lo garantizará.

Por ende, compañeros, nos corresponde a nosotros y al gobierno federal buscar el camino, las condiciones para garantizar la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, no sólo la alimentación reitero, sino la alimentación nutritiva, reconocemos que los tiempos no son buenos pero debemos hacer un compromiso con los mexicanos de que las cosas estarán mejor, que los mexicanos que trabajan duro, que estudian, que se preparan tendrán un mejor México.

La seguridad alimentaria se da cuando todas las personas tienen acceso físico, social y económico permanente a alimentos seguros, nutritivos y en cantidad suficiente para satisfacer sus requerimientos nutricionales y preferencias alimentarias, y así poder llevar una vida activa y saludable. Es tiempo de que en México todos tengamos seguridad alimentaria, que los empresarios y gobierno garanticen esto, un empleo digno con un salario que permita tener acceso a lo que establece nuestra Constitución, alimento, vestido, vivienda, educación y sano esparcimiento.

La Cruzada Nacional contra el Hambre es una estrategia de política social, integral y participativa. Pretende una solución estructural y permanente a un grave problema que existe en México: el hambre, cuyo objetivo principal es Cero Hambre a partir de una alimentación y nutrición adecuada de las personas en pobreza multidimensional extrema carencia de acceso a la alimentación.

Entonces busquemos lo anterior, no permitamos que en el marco de este día tan importante los programas sociales sean ocupados como una estrategia política que aumenta cada elección el clientelismo político, el estado debe dejar de jugar con las necesidades básicas de la comunidad, la Cruzada Nacional contra el Hambre debe ser una estrategia social con un verdadero plan integral que inmiscuya al gobierno y a los grupos de poder en todo el país, ni un mexicano debe vivir con hambre, en el día mundial de la alimentación es tiempo de garantizar a todo los mexicanos la seguridad alimentaria.

Notas:

1 México, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, título primero, capítulo I De los Derechos Humanos y sus Garantías Artículo 4, de http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/htm/1.htm

2 Estadísticas sobre Seguridad Alimentaria (s.f.). Recuperado el 10 de octubre de 2016 de http://www.fao.org/economic/ess/ess-fs/es/.

3 Cruzada Nacional contra el Hambre (s.f.). Recuperado el 10 de octubre de 2016 de http://www.gob.mx/sedesol/acciones-y-programas/cruzada-nacional-contra-el-hambr e-18938.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de octubre de 2016.— Diputada Angie Dennisse Hauffen Torres (rúbrica).»

CLAUSURA Y CITA

La Presidenta diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala(a las 16:02 horas): Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el martes 18 de octubre de 2016 a las 11 horas.

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