INICIATIVAS Y PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO

«Comunicación de la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, por la que informa el turno que le corresponde a las iniciativas con proyecto de decreto y a las proposiciones con punto de acuerdo registradas en el orden del día del martes 25 de octubre de 2016, de conformidad con los artículos 100, numeral 1, y 102, numeral 3, del Reglamento de la Cámara de Diputados.

Con fundamento en los artículos 100, numeral 1, y 102, numeral 3, del Reglamento de la Cámara de Diputados, se informa a la honorable asamblea los turnos dictados a las iniciativas con proyecto de decreto y a las proposiciones con punto de acuerdo, registradas en el orden del día del 25 de octubre de 2016 y que no fueron abordadas.(*)

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de octubre de 2016.— Diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar (rúbrica), Presidente.»

Iniciativas con proyecto de decreto

1. Que reforma el artículo 46 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a cargo de la diputada Ximena Tamariz García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Turno:Comisión de Derechos de la Niñez, para dictamen.

2. Que reforma el artículo 74 Bis de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Laura Valeria Guzmán Vázquez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno:Comisión de Salud, para dictamen.

3. Que reforma los artículos 3o,, 27 Bis, 56, 58, y 70 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, a cargo del diputado Alfredo Javier Rodríguez Dávila, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Turno:Comisión de Gobernación, para dictamen.

4. Que reforma el artículo 138 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Ximena Tamariz García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Turno:Comisión de Justicia, para dictamen.

5. Que reforma y adiciona los artículos 9o., 27, 96 y 100 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, suscrita por la diputada Laura Valeria Guzmán Vázquez y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno:Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen.

6. Que reforma el artículo 7o. de la Ley General de Educación, suscrita por la diputada Laura Valeria Guzmán Vázquez y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno:Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para dictamen.

7. Que reforma el artículo 57 de la Ley General de Educación, suscrita por la diputada Laura Valeria Guzmán Vázquez y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno:Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para dictamen.

8. Que adiciona el artículo 7 de la Ley General de Protección Civil, a cargo del diputado Javier Octavio Herrera Borunda y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Turno:Comisión de Protección Civil, para dictamen.

Proposiciones con punto de acuerdo

1. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal para que, a través de la SHCP, emita los lineamientos concernientes a la aplicación del estímulo fiscal al diésel agropecuario 2016, a que se refiere el Transitorio Segundo del Acuerdo por el que se establecen estímulos fiscales a la gasolina y el diésel en los sectores pesquero y agropecuario, publicado en el DOF el 30 de diciembre de 2015, a cargo del diputado Alex Le Barón González, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno:Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego, para dictamen.

2. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la ASF, para que a través de su auditoría especial de cumplimiento financiero, verifique y lleve a cabo las acciones correspondientes e informe a la opinión pública sobre el ejercicio de los recursos otorgados con motivo de la construcción del nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México, a cargo del diputado Jorge López Martín, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Turno:Comisión de Transparencia y Anticorrupción, para dictamen.

3. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la STPS, para que en el ámbito de sus atribuciones, implemente programas dirigidos a formentar el trabajo decente en la población joven, a cargo de la diputada Karen Hurtado Arana, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Turno:Comisión de Trabajo y Previsión Social, para dictamen.

4. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las autoridades educativas y de salud de los diferentes niveles de gobierno, ejecutar campañas informativas para concientizar sobre la importancia de la detección oportuna del cáncer infantil, suscrito por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Turno:Comisión de Salud, para dictamen.

5. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la ASF, para que realice una auditoría a los programas sociales a través de los cuales se han entregado tarjetas con dinero y despensas en diferentes municipios del Estado de México de parte de Sedesol y Sedatu, suscrito por las diputadas Delfina Gómez Álvarez y Sandra Luz Falcón Venegas, del Grupo Parlamentario de Morena.

Turno:Comisión de Transparencia y Anticorrupción, para dictamen.

6. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Seguridad Pública del gobierno del estado de Guerrero, a reforzar el programa Escuelas Seguras, para generar un ambiente de libre de violencia en todas las escuelas de la entidad, a cargo de la diputada Marbella Toledo Ibarra, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Turno:Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para dictamen.

7. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sagarpa, para que en coordinación con el gobierno del estado de Chihuahua, emita la declaratoria de desastre natural en el sector agropecuario y se liberen los recursos del programa componente atención a desastres naturales en el sector agropecuario y pesquero, a fin de mitigar los daños ocasionados por la granizada de los últimos días, a cargo del diputado Alex Le Barón González, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno:Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego, para dictamen.

8. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la ASF, a efecto de que se realice una auditoría especial de cumplimiento financiero y se establezcan las acciones correspondientes por los hechos ocurridos en el Estado de México en donde funcionarios públicos hicieron entrega de despensas y tarjetas con dinero electrónico, a cargo del diputado Jorge López Martín, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Turno:Comisión de Transparencia y Anticorrupción, para dictamen.

9. Con punto de acuerdo, relativo a la seguridad e integridad física de artesanos y comerciantes de la zona arqueológica de Chichen Itzá y la salvaguarda de sus derechos humanos respecto del desalojo que se pretende realizar de sus lugares de trabajo, a cargo de la diputada Isaura Ivanova Pool Pech, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Turno:Comisión de Cultura y Cinematografía, para dictamen.

10. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Finanzas y Planeación del gobierno del estado de Veracruz, a llevar a cabo todas las acciones conducentes para transferir de modo inmediato los recursos federales que corresponden a los municipios de la entidad, a cargo del diputado Javier Octavio Herrera Borunda y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Turno:Comisión de Desarrollo Municipal, para dictamen.

11. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Semarnat, a que en el ámbito de sus atribuciones elabore y publique el plan de manejo del área natural protegida Yum Balam, y no permita el cambio de uso de suelo en la isla de Holbox, ambos ubicados en Quintana Roo; así como a la Profepa, para que investigue que los desarrollos turísticos y urbanísticos de la misma isla se hayan llevado a cabo conforme a la normatividad ambiental, a cargo del diputado Ángel Antonio Hernández de la Piedra, del Grupo Parlamentario de Morena.

Turno:Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen.

12. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud y a los hospitales civiles de Guadalajara, a llevar a cabo los servicios de salud con calidad y garantizar el suministro de medicamentos a los derechohabientes, a cargo de la diputada Rosa Alba Ramírez Nachis, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Turno:Comisión de Salud, para dictamen.

13. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud y a las 32 entidades federativas para que implementen campañas de prevención, detección oportuna y tratamiento de enfermedades cardiovasculares, a cargo del diputado Marco Antonio García Ayala, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno:Comisión de Salud, para dictamen.

14. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno del Estado de México, a conducirse con legalidad, y al INE y al Instituto Electoral del Estado de México, a investigar y sancionar presuntas acciones anticipadas de campaña, a cargo del diputado Omar Ortega Álvarez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Turno:Comisión de Transparencia y Anticorrupción, para dictamen.

15. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las entidades federativas, a erogar de forma eficiente, en tiempo y forma del presupuesto etiquetado en el Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género, el correspondiente al anexo 13 Erogaciones para la Igualdad de Género, suscrito por las diputadas Laura Nereida Plascencia Pacheco y Erika Araceli Rodríguez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno:Comisión de Igualdad de Género, para dictamen.

16. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a distintas dependencias del Ejecutivo federal, para que atiendan la situación que vive el estado de Baja California por la migración de nacionales africanos y haitianos en tránsito en el país, a cargo del diputado Felipe Reyes Álvarez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Turno:Comisión de Asuntos Migratorios, para dictamen.

17. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sagarpa, a la SE, a la SHCP y a la Secretaría de Salud, a fin de implementar las medidas necesarias para atender la problemática de la producción y comercialización de manzana del país, suscrito por los diputados Germán Escobar Manjarrez y Alex Le Baron González, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno:Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego, para dictamen.

18. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal y la SHCP, para que diseñen y ejecuten programas para la protección, conservación y restructuración a la infraestructura deportiva, así como en materia deportiva para el próximo año 2017, a cargo del diputado Ángel II Alanís Pedraza, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Turno:Comisión de Deporte, para dictamen.

19. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SE y a la SRE, a solicitar al gobierno de la República de Chile, que basen su determinación en el caso antidumping contra las barras de acero originarias de México, en pruebas positivas y en un examen objetivo de las importaciones investigadas, a cargo del diputado Waldo Fernández González, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Turno:Comisión de Economía, para dictamen.

20. Con punto de acuerdo, por el que esta soberanía celebra la decisión de la CIDH para abordar el caso de Mariana Selvas Gómez y otras contra México, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, esperando encontrar justicia en los hechos ocurridos en los municipios de Texcoco y San Salvador Atenco, Estado de México, el 3 y 4 de mayo de 2006, a cargo del diputado Omar Ortega Álvarez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Turno:Comisión de Derechos Humanos, para dictamen.»

INICIATIVAS                                                                                                                                                         LEY GENERAL DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

«Iniciativa que reforma el artículo 46 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a cargo de la diputada Ximena Tamariz García, del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, Ximena Tamariz García, diputada federal de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo establecido en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta Honorable Cámara de Diputados la presente iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un párrafo al artículo 46 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Según la Organización Mundial de la Salud, el maltrato infantil se define como los abusos y la desatención de que son objeto los menores de 18 años, e incluye todos los tipos de maltrato físico o psicológico, abuso sexual, desatención, negligencia y explotación comercial o de otro tipo que causen o puedan causar un daño a la salud, desarrollo o dignidad del niño, o poner en peligro su supervivencia, en el contexto de una relación de responsabilidad, confianza o poder.

Según estudios internacionales de la ya mencionada organización, una cuarta parte de todos los adultos, manifiestan haber sufrido maltratos físicos durante su infancia, y 1 de cada 5 mujeres y 1 de cada 13 hombres, declaran haber sufrido abusos sexuales en la misma etapa. Fuera de esto, actualmente, muchos niños sufren de maltrato psicológico, comúnmente referido como bullying.

Ambos maltratos, tanto el psicológico como el físico, conllevan graves consecuencias a largo plazo, que son causantes de problemas de salud, sociales, morales, económicos y académicos de la persona.

Según un estudio realizado por la Organización Mundial de la Salud, el maltrato infantil, causa estrés y se asocia a trastornos del desarrollo cerebral temprano, en algunos casos, alterando el desarrollo cerebral, trayendo como consecuencia problemas conductuales, físicos y mentales tales como: actos de violencia, depresión, obesidad, comportamientos sexuales de alto riesgo, embarazos no deseados, entre otros.

Dejando el lado social y humano de las consecuencias en las personas sobre el maltrato infantil, ésta también tiene un impacto económico, debiendo tratar costos de hospitalización, tratamientos y políticas públicas para su erradicación.

Con cifras del 2013, en México, según el Informe Nacional Sobre Violencia y Salud, que desarrolla la Secretaría de Salud, 2 niños con menos de 14 años mueren cada día a causa de la violencia en México.

A pesar de las mejoras en el acceso a la educación básica, y media, en lograr la equidad y eliminar la desigualdad; México, según la Organización de las Naciones Unidas, se encuentra en el sexto lugar en América Latina en el número de homicidios de menores, desde hace ya 25 años, son asesinados 2 niños o adolescentes, menores de 14 años, diariamente.

También con datos de la UNICEF, se sabe que entre el 55 y 62% de los niños en México han sido maltratados por lo menos en algún momento de su vida, 7 de cada 10 jóvenes, han tenido violencia en su noviazgo, y 10.1% de los estudiantes de secundaria han padecido algún tipo de agresión física durante horario de clase.

Las últimas estadísticas sobre maltrato infantil que existen en México son del año 2013, seguramente, las cifras van en aumento, porque no existen datos que prueben lo contrario.

Las estadísticas, muestran que la violencia y el maltrato infantil, son un problema de primer orden. Cada vez, aparecen nuevos episodios y formas aún más graves y tempranas de violencia, como el acoso escolar, un ejemplo tan fácil de decir. Es por eso que es necesario crear planes y estrategias de sensibilización, prevención e intervención

La Convención sobre los Derechos del Niño, ratificadas por México, estipula en el Artículo 4to la obligación de los Estados parte de adoptar todas las medidas administrativas, legislativas y de otra índole para dar efectividad a los derechos reconocidos en la Convención hasta el máximo de los recursos que dispongan.

De acuerdo con la Constitución Mexicana, todas las decisiones del gobierno tienen que velar y guiarse por el interés superior del niño, un principio bajo el cual las decisiones que se tomen tienen que procurar garantizar que son la mejor opción posible para el niño, teniendo como referencia el cumplimiento integral de sus derechos.

El maltrato infantil, es un problema a nivel mundial de primer orden. Es necesario prevenirlo y combatirlo, ya que cada vez aparecen a temprana edad nuevas formas de violencia más graves, un ejemplo de ello es el acoso escolar.

Planes y estrategias de sensibilización, prevención e intervención son necesarias por parte de los diferentes órdenes de gobierno para poder fortalecer capacidades, relaciones afectivas y el equilibro familiar, como una posible vía para erradicar la violencia infantil. De igual forma, es indispensable la creación de programas preventivos eficaces, que tengan como objetivo apoyar a los padres con conocimientos y técnicas positivas para criar a sus hijos.

Por lo anteriormente expuesto, someto a su consideración la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto

Artículo Único:Se adiciona un segundo párrafo al artículo 46 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, para quedar como sigue:

Artículo 46....

Las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, están obligadas a la creación, desarrollo y promoción de acciones y estrategias, que tengan como finalidad la prevención y erradicación de la violencia contra niñas, niños y adolescentes en cualquier ámbito.

Transitorios

Primero.El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.El Ejecutivo federaltendrá 90 días, contados a partir de la entrada en vigor del presente decreto, para realizar las adecuaciones reglamentarias correspondientes.

Tercero. Los Congresos locales tendrán 90 días, contados a partir de la entrada en vigor del presente decreto, para armonizar su marco legal en la materia a lo previsto en dicho decreto.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de septiembre de 2016.— Diputada Ximena Tamariz García (rúbrica).»

Se remite a la Comisión de Derechos de la Niñez, para dictamen.

LEY GENERAL DE SALUD

«Iniciativa que reforma el artículo 74 Bis de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Laura Valeria Guzmán Vázquez, del Grupo Parlamentario del PRI

La que suscribe, diputada Laura Valeria Guzmán Vázquez, en representación de los diputados abajo firmantes, todos integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la Cámara de Diputados de la LXIII Legislatura, en ejercicio de las facultades constitucionales que nos otorgan los artículos 71, fracción 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 5, 6, fracción 1, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, sometemos a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 74 Bis de la Ley General de Salud, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

Actualmente, el párrafo cuarto del artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consagra el derecho a la salud:

“Artículo 4o. ...

Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución.

...”

Del precepto constitucional antes señalado, se desprende que el derecho a la salud, es un derecho social y universal que debe ser protegido por un sistema de normas jurídicas.

La Ley General de Salud, en su artículo 72, establece en su párrafo segundo que la salud mental es el estado de bienestar que una persona experimenta como resultado de su buen funcionamiento en los aspectos cognoscitivos, afectivos y conductuales, y, en última instancia el despliegue óptimo de sus potencialidades individuales para la convivencia, el trabajo y la recreación.

La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (1948) en su artículo XI, determina que toda persona tiene derecho a que su salud sea preservada por medidas sanitarias y sociales, relativas a la alimentación, el vestido, la vivienda y la asistencia médica, correspondientes al nivel que permitan los recursos públicos y de la comunidad.

De igual forma, la Declaración Universal de los Derechos Humano de 1984, establece en el artículo 25 que “toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar...”

El Pacto Internacional Derechos Económicos, Sociales y Culturales, consagra en su artículo 12 que el derecho a la salud debe otorgarse a toda persona en su más alto nivel posible disfrute de salud física y mental.

En México, la Ley General de Salud regula en su Capítulo VII el tema de Salud Mental, estableciendo que las personas con trastornos mentales tienen el derecho a:

a) Una mejor atención en materia de salud mental, acorde con sus antecedentes culturales, en establecimientos de la red del Sistema de Nacional de Salud, mediante un trato sin discriminación y con respeto a la dignidad de la persona.

b) Tener un representante que cuide en todo momento sus intereses.

c) Estar informado para que otorgue su consentimiento en relación al tratamiento que debe recibir, siempre y cuando no se trate de un caso urgente

d) Que le sean impuestas las restricciones necesarias con el fin de garantizar su protección y la de terceros. Cuidando que el internamiento sea lo menos restrictivo posible y a que el tratamiento sea lo menos alterador posible.

e) No ser sometido a tratamientos irreversibles o que cambien su integridad.

f) A que su tratamiento este basado en un estudio individual basado en su historial clínico, y revisado periódicamente, con el fin de modificarlo, cuando sea el caso.

g) Ser atendido cerca de su comunidad, de sus familiares o amigos.

h) La confidencialidad de su información psiquiátrica.

En materia de salud, encontramos el tema de salud mental, la cual de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud es el “bienestar que una persona experimenta como resultado de su buen funcionamiento en los aspectos cognoscitivos, afectivos y conductuales, y, en última instancia el despliegue óptimo de sus potencialidades individuales para la convivencia, el trabajo y la recreación”.

Contrario a lo anterior, encontramos las enfermedades mentales, las cuales son alteraciones de los procesos cognitivos y efectivos del desarrollo, en el que el estado de las personas se encuentra alterado por el razonamiento, el comportamiento, la facultad de reconocer la realidad o de adaptación a las condiciones de vida.

Dentro de los problemas de salud mental se encuentran los trastornos que van, desde esquizofrenia, depresión, obsesión, ansiedad, epilepsia, demencia y trastornos de la infancia, que pueden ser determinados por factores sociales, ambientales, biológicos y psicológicos.

Las personas que cuentan con algún tipo de trastornos son personas vulnerables, al convertirlas en personas con discapacidad, por lo que el Estado debe establecer políticas públicas en beneficio de ellas.

Las enfermedades mentales las puede sufrir cualquier persona, pero se incrementa en ciertos grupos sociales, entre ellos, aquellos que viven en extrema pobreza, las personas desempleadas, las que han sido víctimas de la violencia, migrantes, refugiados, indígenas, mujeres, hombres, niños, las de la tercera edad; es decir, las enfermedades mentales, afectan a las personas de cualquier edad, sexo, raza, religión, status social o económico.

Dada su condición de salud este tipo de personas tienen que enfrentar discriminación, estigmatización y marginación por parte de la sociedad, aumentando la probabilidad de que se violen sus derechos.

Por ello, es importante llevar a cabo reformas al artículo 74 Bis, con el fin de reconocer otros derechos, a los que debe acceder toda persona que sufre algún padecimiento mental.

Tales como a garantizarles el ejercicio de sus derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales; así como al derecho de trabajar, en la medida de lo posible, y a otorgarle un trato con humanidad; tienen derecho a no ser explotados económica, sexual o de otra índole, ni a que se les dé una un mal trato, sea este físico o denigrante.

Por todo lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta soberanía, el siguiente proyecto de

Decreto por el que se reforma el artículo 74 Bis de la Ley General de Salud.

Único. Se modifica la fracción I y se adicionan las fracciones IX, X y XI al artículo 74 Bis de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

Artículo 74 Bis. La persona con trastornos mentales y del comportamiento tendrá los siguientes derechos:

I. Derecho a la mejor atención disponible en materia de salud mental y acorde con sus antecedentes culturales, lo que incluye el trato sin discriminación y con respeto a la dignidad de la persona y humanidad, en establecimientos de la red del Sistema Nacional de Salud;

II. a VI. ...

VII. Derecho a ser tratado y atendido en su comunidad o lo más cerca posible al lugar en donde habiten sus familiares o amigos;

VIII. Derecho a la confidencialidad de la información psiquiátrica sobre su persona;

IX. A trabajar, en la medida de lo posible;

X. No ser explotados económica, sexual o de otra índole, ni a que se les dé un mal trato, sea este físico o denigrante, y

XI. Ejercer todos sus derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales.

Transitorio

Único. La presente reforma entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas:

1 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/l_150816.pdf. pág. 8

2 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/142_010616.pdf. pág. 23.

3 http://www.oas.org/dil/esp/Declaraci%C3%B3n_Americana_de_ los_Derechos_y_Deberes_del_Hombre_1948.pdf

4 http://www.un.org/es/documents/udhr/

5 http://www.ordenjuridico.gob.mx/Tratint/Derechos%20Humanos/ D50.pdf

6 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/142_010616.pdf

7 Sandoval de Escurdia, Juan Martín, La Salud Mental en México, Servicio de Investigaciones y Análisis, División de Política Social, pág. 5

Dado en Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de septiembre de 2016.— Diputados: Laura Valeria Guzmán Vázquez, José Luis Orozco Sánchez Aldana, Martha Lorena Covarrubias Anaya, Hugo Daniel Gaeta Esparza, Laura Nereida Plascencia Pacheco, Francisco Javier Santillán Oceguera, Rafael Yerena Zambrano (rúbricas).»

Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.

LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS PARTICULARES

«Iniciativa que reforma los artículos 3o., 27 Bis, 56, 58 y 70 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, a cargo del diputado Alfredo Javier Rodríguez Dávila, del Grupo Parlamentario del PAN

Alfredo Javier Rodríguez Dávila, diputado de la LXIII Legislatura del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el 6, numeral 1, fracción I, y 77 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta asamblea la iniciativa con proyecto de decreto que reforma la fracción XI del artículo 3, modifica los artículos 56 y 58, y adiciona los artículo 27 Bis y 70 a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, conforme a la siguiente

Exposición de Motivos

I. Problemática

La reforma constitucional de 2014 en materia de transparencia, acceso a la información y de protección de datos personales ha generado la necesidad de crear nuevas leyes secundarias para regular las nuevas disposiciones constitucionales. De este modo, por ejemplo, se publicó en mayo de 2015 la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la nueva Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y actualmente en el Senado está pendiente de ser discutido y, en el caso, aprobado el dictamen por el que se expide la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.

En este momento de actualización del marco jurídico nacional en esta materia resulta conveniente actualizar, asimismo, la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares. La iniciativa que aquí presento pretende hacerlo en tres aspectos: a) reconocer el derecho de los titulares de los datos a recibir una indemnización en caso de que sus derechos hayan sido vulnerados, como se hace en otros Estados; b)eliminar la posibilidad de que los particulares recurran al juicio de nulidad ante Tribunal de Justicia Fiscal y administrativa por las sanciones determinadas por el INAI, y c) establecer como “delito en materia de tratamiento indebido de datos personales” la vulneración (física o informática) de las bases de datos en posesión de los particulares.

II. Argumentación

1. Derecho a la indemnización

La Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares es el resultado de un esfuerzo que tuvo su origen en el Congreso de la Unión. En el dictamen realizado en 2010 por la Comisión de Gobernación, los legisladores señalaron la necesidad de contar con una legislación que regulara el uso de la información en posesión de los particulares y que permitiera contar con formas de garantizar los derechos de los titulares de la información. Lo anterior permitiría, asimismo, contrarrestar el atraso que la legislación mexicana presentaba en la materia, en comparación con otros países.

En el dictamen puede encontrarse un extenso análisis acerca de diferentes instrumentos internacionales y casos de legislación extranjera, en el que se explica cómo la protección de los datos personales es en realidad una de las maneras de salvaguardar el derecho de toda persona a no ser objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada.

Entre los instrumentos jurídicos a los que el dictamen hace referencia, se encuentra la Directiva 95/46/CE de la Unión Europea, por medio del cual los Estados miembros homologaron su normativa nacional a efecto de permitir el libre intercambio de datos entre ellos, pero garantizando en todo momento su uso correcto y la protección de los mismos. Entonces los legisladores mexicanos advirtieron: “en América Latina, únicamente Argentina cuenta con el reconocimiento de la Unión Europea como país con nivel adecuado de protección de datos... mismo que representa para la economía argentina ingresos anuales significativos tan sólo en el terreno de las inversiones en el ámbito de la investigación médica y de ensayos clínicos”. De lo anterior puede entenderse que la actual Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares encontró en este documento de la Unión Europea una fuerte influencia.

Sin embargo, esa Directivaestipuló, desde 1995, “que los daños que pueden sufrir las personas a raíz de un tratamiento ilícito han de ser reparados por el responsable de tratamiento de datos”. Es decir, las personas cuyos derechos fueron vulnerados por los responsables del tratamiento de datos, tienen –asimismo– el derecho a obtener la reparación del daño.

De los dictámenes que dieron lugar a la ley vigente en México no puede determinarse cuáles fueron los motivos por los cuales en el catálogo de los derechos de los titulares de los datos, el de la reparación de daños no haya sido incluido, pues ni siquiera es mencionado. No obstante, si los legisladores no hicieron mención al porqué el derecho a la reparación de daños no fue establecido en la legislación, tampoco especificaron por qué no debe ser incluido.

Cabe recordar que el objeto de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares (LFPDP) es el de “la protección de los datos personales en posesión de los particulares, con la finalidad de regular sus tratamiento legítimo, controlado e informado, a efecto de garantizar la privacidad y el derecho a la autodeterminación informativa de las personas” (Artículo 1). Precisamente, una de las formas de hacer efectiva esa protección es reconociendo el derecho a la reparación del daño.

Es cierto que la ley ya determina qué conductas, por parte de los responsables del tratamiento de datos, constituyen infracciones, así como las sanciones que a éstas corresponden. De igual forma, contiene un capítulo en el que se especifican cuáles son los delitos en materia de tratamiento indebido de datos personales. Sin embargo, con el actual sistema de sanciones, el titular de la información –que es el sujeto directo de los derechos– queda prácticamente marginado. En dado caso, a lo más que puede aspirar es a que el particular responsable que comete una infracción respete los derechos del titular, después de haberlos vulnerado.

Más allá de las infracciones y las penas que ya señala la ley, debe tenerse presente que la importancia de la reparación del daño radica en que es uno de los modos con los que cualquier sistema democrático debe contar a fin de prevenir la repetición de las conductas que incurren en infracciones o delitos y, sobre todo, para hacer efectivo los derechos de los titulares de la información.

Debido a que el fin que persiguen los particulares que hacen uso de los datos personales no es otro que el del lucro, la modificación a la ley que aquí se plantea (mediante la creación de un artículo 27 Bis) propone que la reparación del daño se dé mediante el otorgamiento de una indemnización monetaria. Corresponderá al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) decidir las maneras en que se fijarán los montos de las indemnizaciones. Se considera que al facultar al INAI a fijar las indemnizaciones, y no especificarlas desde el texto de la ley, se respeta la autonomía que la Constitución le otorga al Instituto y se garantiza que se ciñan al principio constitucional de proporcionalidad, de acuerdo a cada caso particular.

Por último, la modificación propone que en la determinación de los montos de indemnizaciones se considere como agravante el manejo de datos personales sensibles, en el uso ilícito de información.

No omito señalar que el artículo 58 de la Ley estipula actualmente que los titulares que consideren que haya sufrido un daño en sus bienes o derechos como consecuencia del incumplimiento a lo dispuesto en la Ley por el responsable o el encargado del tratamiento de información “pueden ejercer los derechos que estimen pertinentes para efectos de la indemnización que proceda, en términos de las disposiciones legales correspondientes”.

De lo anterior deben destacarse dos aspectos: en primer lugar, si bien la legislación enuncia la posibilidad del titular de los datos a solicitar una indemnización, no la reconoce como un derecho y, por tanto, para que la indemnización pueda darse depende de la decisión y la iniciativa que el titular tenga para promover un recurso jurídico (y, en el caso, que éste proceda en un sentido favorable) y no como un acto a priorique deba darse como consecuencia de la vulneración de un derecho. En segundo lugar, el artículo 58 se limita a enunciar que el titular puede “ejercer los derechos que estimen pertinentes para efectos de la indemnización que proceda, en términos de las disposiciones legales correspondientes”; debe hacerse notar que este enunciado es por lo menos ambiguo y confuso y que, por tanto, contraviene al principio del derecho de la claridad que debe tener toda disposición jurídica. Por tal motivo, se propone la modificación de este artículo, vinculándolo con el artículo 27 Bis propuesto.

2. La incompatibilidad actual del juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa

a) La reforma constitucional de 2014 hizo del INAI un organismo con autonomía, “responsable de garantizar el cumplimiento del derecho de acceso a la información pública y a la protección de datos personales en posesión de los sujetos obligados” (fracción VIII del inciso “A”, artículo 6 de la Constitución).

Es importante señalar que la constitución establece que este organismo garante (el INAI) tiene competencia de conocer los asuntos en la materia de cualquier autoridad u organismo de los tres poderes de la unión, además de órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicatos que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal. También le corresponde conocer de los recursos que interpongan los particulares respecto de las resoluciones de los organismos autónomos especializados de las entidades federativas.

El párrafo séptimo de ese mismo inciso señala: “las resoluciones del organismo garante son vinculatorias, definitivas e inatacables para los sujetos obligados”. De igual forma advierte que es posible interponer un recurso de revisión ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación siempre y cuando las resoluciones “puedan poner en peligro la seguridad nacional”.

b) Ahora bien, actualmente la LFPDP señala en su artículo 56: “Contra las resoluciones del Instituto, los particulares podrán promover el juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa”.

Esta disposición buscó en su momento garantizar el derecho de todo particular a ejercer una acción jurídica contra la resolución de cualquier autoridad. Cabe mencionar que la LFPDP fue publicada en julio de 2010. Es decir, fue publicada antes de la reforma que diera lugar al INAI como organismo garante con autonomía constitucional, y cuando el organismo encargado a nivel federal de la protección de datos era el IFAI (Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos).

El IFAI, de acuerdo a la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, era un organismo de la Administración Pública Federal, con autonomía operativa, presupuestaria y de decisión, y por este motivo fue que la LFPDP contempló al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa como la instancia ante la cual los particulares pudieran acudir a promover el juicio de nulidad contra sus resoluciones.

Debe recordarse que el artículo 14 de la Ley Orgánica del Tribunal mencionado establece que éste puede conocer de los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos dictados por autoridades fiscales federales, organismos fiscales autónomos, o bien que impongan multas por infracción a las normas administrativas federales (entre otros supuestos). Asimismo, debe tenerse en cuenta que el juicio de nulidad en general, puede ser promovido también por las autoridades administrativas.

c) De lo anterior se concluye que ya no puede corresponder al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa el conocimiento de los juicios de nulidad que los particulares promovieran ante las resoluciones del organismo encargado de la protección de datos personales, debido a que éste posee, desde 2014, un carácter de autonomía constitucional y no uno administrativo (como sí lo tenía IFAI).

El hecho de que la LFPDP continúe permitiendo el juicio de nulidad para particulares, contraviene al artículo 6 de la Constitución que –como se ha visto– indica que “las resoluciones del organismo garante son vinculatorias, definitivas e inatacables para los sujetos obligados”. Si bien es cierto que los particulares que tratan datos personales no hacen parte de la categoría de “sujeto obligado”, no puede negarse que por sus actividades son responsables de la protección de los datos personales con los que trabajan. Por este motivo es que la presente iniciativa busca modificar el artículo 56 de la LFPDP.

Esta posible modificación no vulneraría el derecho de los particulares a recurrir una resolución de la autoridad competente pues, como en la Ley Federal de Transparencia de Acceso a la Información Pública vigente, se propone establecer que contra las resoluciones de sanción del Instituto procederá el juicio de amparo ante el Poder Judicial de la Federación.

d) Además, esta propuesta de modificación responde a una problemática en particular, dado que la posibilidad de promover el juicio de nulidad ha provocado que la facultad sancionatoria del Instituto carezca, en la práctica, de verdadera efectividad: durante los primeros cinco años de vigencia de la LFPDP, el Instituto sólo ha podido hacer efectivo el pago de una sola multa; todas las demás se encuentran en litigio ante Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

3. La necesidad de tipificar el acceso ilícito a las bases de datos de los responsables

Por último, esta iniciativa propone tipificar el acceso ilícito a las bases de datos personales en posesión de los particulares, ya que tanto en la LFPDP como en el Código Penal Federal se omite este acto como delito y, por tanto, no existen consecuencias punitivas contra el mismo. Esta omisión no es menor, pues presenta un rezago de México en la materia, ya que legislaciones como la argentina o la española tipificaron la actividad desde hace más de quince años.

En el capítulo X de la ley vigente –de las infracciones y sanciones–, únicamente se considera como infracción la vulneración de “la seguridad de bases de datos, locales, programas o equipos, cuando resulte imputable al responsable”. Pero no se hace referencia a la vulneración de las bases de datos que los responsables pudieran sufrir, de forma ilícita, por parte de terceros.

Por este motivo se hace la propuesta de agregar un artículo 70 a la LFPDP para sancionar con hasta siete años de prisión “al que por cualquier medio accediera, violando sistemas de confidencialidad y seguridad, a las bases de datos en posesión del responsable.”

Adicionalmente, se contempla que en caso de que una vulneración de este tipo ocurriera, el Instituto deberá sancionar al responsable del manejo de datos personales con una multa equivalente a la establecida en la fracción II del artículo 64 de la Ley. Lo anterior se propone, tomando en cuenta que:

1) En buena medida, la vulneración de bases de datos, por parte de terceros, puede ocurrir por negligencia de los responsables de los datos y esta modificación de ley obligaría a los responsables a priorizar los aspectos relacionados con la seguridad de sus bases de datos;

2) A este tipo de acción no puede corresponder una sanción mayor o igual a aquella que se impone cuando en la vulneración de la seguridad de bases de datos resulta “imputable el responsable” –como lo establece la fracción XI del artículo 63 de la Ley–, dado que el sujeto imputable en este supuesto sería un tercero.

Por lo anteriormente expuesto, pongo a consideración de esta asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto que reforma la fracción XI del artículo 3, modifica los artículos 56 y 58, y se adicionan los artículos 27 Bis y 70 a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares

Artículo Único. Se reforma la fracción XI del artículo 3, se modifican los artículos 56 y 58, y se adicionan los artículos 27 Bis y 70 a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares para quedar como sigue:

Artículo 3.Para los efectos de esta Ley, se entenderá por

I. a X. ...

XI. Instituto: Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, a que hace referencia la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Artículo 27 Bis.El Titular tendrá derecho a recibir la indemnización correspondiente, por parte del Responsable, cuando uno o más de los derechos reconocidos en esta ley le sean vulnerados.

La indemnización tendrá lugar cuando el Instituto determine que el responsable incurrió en una o más de las infracciones señaladas en el artículo 63 de esta Ley.

El Instituto elaborará los criterios mediante la cual se establecerán las formas de determinar los montos de las indemnizaciones, procurando la proporcionalidad entre el monto de la indemnización y la infracción cometida, y teniendo en cuenta como agravante el tratamiento de datos personales sensibles.

Artículo 56. En contra de las resoluciones derivadas del procedimiento de imposición de sanciones previsto en esta Ley, procede el juicio de amparo ante el Poder Judicial de la Federación.

Artículo 58.Los titulares que consideren que han sufrido un daño o lesión en sus bienes o derechos como consecuencia del incumplimiento a lo dispuesto en la presente Ley por el responsable o el encargado, podrán ejercer los derechos que estimen pertinentes para efectos de la indemnización que proceda, en términos del artículo 27 Bis de esta Ley.

Artículo 70. Se sancionará con una pena de uno a siete años de prisión al que por cualquier medio accediera, violando sistemas de confidencialidad y seguridad, a las bases de datos en posesión del responsable.

Cuando la autoridad judicial competente determine que se ha incurrido en el delito señalado en el párrafo anterior, el Instituto sancionará al responsable del tratamiento de datos personales conforme a la fracción II del artículo 64 de esta Ley.

Artículos Transitorios

Primero.El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales contará con un plazo de hasta un año, a partir de la publicación del decreto, para emitir y publicar los lineamientos en los que se establezca los criterios señalados en el artículo 27 Bis de esta Ley.

Notas:

1 Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados, Dictamen con proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares..., 25 de marzo de 2010. Página 24. Disponible en internet en: http://www3.diputados. gob.mx/camara/content/download/231031/621446/file/Version_final_ley_proteccion_ datos_personales.pdf.

2 Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, considerando 55.

3 De acuerdo con el artículo 3, fracción VI, se consideran como datos personales sensibles aquellos “que afecten a la esfera más íntima de su titular, o cuya utilización indebida pueda dar origen a discriminación o conlleve un riesgo grave para éste. En particular, se consideran sensibles aquellos que puedan revelar aspectos como origen racial o étnico, estado de salud presente y futuro, información genética, creencias religiosas filosóficas y morales, afiliación sindical, opiniones políticas, preferencia sexual”.

4 Urrutia Alonso, “en 5 años, el Inai sólo ha cobrado una multa en materia de protección de datos”, La Jornada,Sec. Política, 23 de noviembre de 2015. Disponible en internet en: http://www.jornada.unam. mx/2015/11/23/politica/004n2pol

Palacio Legislativo de San Lázaro, Ciudad de México, a 4 de octubre de 2016.— Diputado Alfredo Javier Rodríguez Dávila (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Gobernación, para dictamen.

LEY DE AMPARO, REGLAMENTARIA DE LOS ARTÍCULOS 103 Y 107 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

«Iniciativa que reforma el artículo 138 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Ximena Tamariz García, del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, Ximena Tamariz García, diputada de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo establecido en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta Honorable Cámara de Diputados la presente iniciativa de reforma por modificación del artículo 138 de la Ley de Amparo, Reglamentaria del Artículo 103 y 107:

Exposición de Motivos

Según la Organización de las Naciones Unidas, el medio ambiente, es el conjunto de todas las cosas vivas que nos rodean; un ecosistema, es decir, conjunto de elementos que interactúan entre sí, dentro de los cuales se integran organismos vivos, que se presentan como sistemas.

En los últimos años, las actividades del ser humano han causado deterioro ambiental, trayendo como consecuencia el cambio climático y diversos acontecimientos catastróficos.

Además de los diferentes acuerdos y tratados en los que México forma parte para la protección del medio ambiente, como la Declaración de Estocolmo, firmada en 1970 y la Convención de Johanesburgo de 2002.

México contempla desde el año 2011 los derechos humanos dentro de su Constitución. Lo anteriormente expuesto, reconoce dichos derechos, que según la Organización de las Naciones Unidas, en su oficina comisionada de Derechos Humanos son:

Derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, religión, lengua, o cualquier otra condición. Estos derechos son interrelacionados, interdependientes e indivisibles.

En México, a diferencia de muchos otros países, existe el conocido Recurso de Amparo, que tiene como finalidad proteger los derechos de los ciudadanos, y defenderlos contra los actos del poder público.

Pero no fue hasta la reforma del año 2011 en dicha ley, el ampliar la protección de la esfera jurídica del gobernado, incluyendo entre muchas otras cosas, la defensa de los derechos humanos establecidos desde aquél momento en la constitución.

Como se menciona anteriormente, el amparo es el recurso que protege los derechos de los ciudadanos ante acciones de particulares o actos del poder público. Pero no está bien estipulado ni limitado los derechos a los que la Constitución Mexicana establece el derecho a un medio ambiente sano como un Derecho Humano, que se debe respetar y garantizar:

Artículo 1. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en ésta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.

Artículo 4. Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el respeto a éste derecho. El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la Ley.

Este derecho es reconocido como un derecho humano de tercera generación, ya que los destinatario no sólo son los habitantes de cierto territorio, sino, toda la humanidad. Por lo tanto, el Estado tiene la obligación de garantizar un medio ambiente digno. Por tal razón es necesario que el Estado realice una serie de diversos cambios en las legislaciones, para darle el verdadero goce de “Derecho Humano”.

En Nuevo León, en el municipio que represento, existe un litigio que ha durado bastantes años. Es el conflicto entre el Estado y Asociaciones Civiles contra las Pedreras.

Según la Real Academia Española, las canteras, o mejor conocidas como pedreras son las empresas que explotan y procesan piedra desde los cerros, con la finalidad de utilizar esto como materia prima para la elaboración de cemento o algunos otros materiales de construcción. Actualmente en el estado de Nuevo León existen poco más de 60 sitios en donde ocurre esta actividad. Teniendo especial enfoque a los distritos que represento, en el municipio de Santa Catarina, en la sierra de las Mitras que es área natural protegida, existen un total de 6 pedreras, que sin duda son las que más contribuyen contundentemente al problema de contaminación que se tiene en la zona metropolitana de Monterrey.

Los habitantes de este municipio conviven en su vida diaria junto con las substancias arrojadas al ambiente por estas industrias extractoras. Esto provoca la acumulación de partículas suspendidas en el aire, las cuales resultan dañinas para la salud.

De acuerdo a la Agencia de Protección del Medio Ambiente en Nuevo León, el exceso de polvo en el aire, al ser respirado, provoca que se acumule en las vías respiratorias, trayendo como consecuencia diversas enfermedades, tales como; la rinofaringitis alérgica, conjuntivitis alérgica y ciertas enfermedades de la piel.

Según la Agencia de Protección del Medio Ambiente en Nuevo León, en el año 2008, las pedreras son una de las principales fuentes de contaminación en el aire, ya que el polvo desechado de las pedreras contribuye con un aproximado de 30 por ciento del total de las partículas suspendidas en el ambiente de la ciudad de Monterrey.

Mediante decreto del presidente Lázaro Cárdenas y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de noviembre 1939, se declaró como Área Natural Protegida, con el carácter de Parque Nacional, a la región conocida como “Cumbres de Monterrey”, en los municipios de Garza García, Monterrey, Santa Catarina, porciones de García, Escobedo, San Nicolás de los Garza, Apodaca, Guadalupe, Santiago y Allende. En junio 24 de 1942, Manuel Ávila Camacho, emitió un decreto con relación al Parque Nacional Cumbres de Monterrey, al considerar que había perjuicio a la economía de la región, toda vez que el ordenamiento anterior prohibía el cultivo de terrenos agrícolas aún enmontados.

En noviembre de 2000 se publicó el decreto por el que se redelimitó el Parque Nacional Cumbres de Monterrey, basándose en la propuesta de ordenamiento ecológico realizada por el ITESM, con lo cual se derogaron los decretos de 1939 y 1942.

En el Programa de Conservación y Manejo del “Parque Nacional Cumbres de Monterrey”, publicado en diciembre del 2006, se establece que esta ANP tiene la necesidad de “considerarla como región terrestre prioritaria y como una isla biogeográfica, la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio) considera el área como de alto valor para la conservación, ya que se presentan zonas alternadas de bosques de pino y chaparral en buen estado de conservación”.

Además se establece que: “Sus funciones en la producción de servicios ambientales son fundamentales, ya que el 50 por ciento del agua que abastece a los más de 4 millones de habitantes de Monterrey y su área metropolitana es captada en el Parque”.

En el Parque Nacional Cumbres de Monterrey se encuentran las comunidades vegetales de mayor valor ecológico del Estado de Nuevo León, como lo son el bosque de coníferas y latifoliadas, los chaparrales, el matorral desértico rosetófilo, el matorral submontano y el bosque de galería, reportándose a la fecha 1368 especies de flora y fauna, de las cuales 73 son consideradas en peligro de extinción, amenazadas, endémicas, raras, vulnerables o de protección especial;

Que además cuenta con una gran diversidad de especies de fauna silvestre como son el coyote, el puma, el tejón, el mapache, el venado cola blanca, el tlacuache, el armadillo, el jabalí, la zorra gris, la liebre, la ardilla gris y roja, la cotorra serrana oriental, el carpintero arlequín, el pato arcoiris, el cardenal, el halcón pálido, el halcón peregrino y el jilguero americano;

Que por los ecosistemas existentes, así como por su extensión y ubicación geográfica, es indispensable mantener el régimen de protección en el Parque Nacional Cumbres de Monterrey y modificar su poligonal para continuar cumpliendo con los objetivos de conservación al mantener el equilibrio hídrico de la región a través de la cubierta de vegetación, al evitar la erosión en los terrenos de declive, al controlar los riesgos de inundaciones del Río Santa Catarina por los derrumbes en las laderas de las montañas circunvecinas, así como al conservar los recursos naturales del área.

Las llamadas pedreras se ubican principalmente en el Cerro de Mitras que abarca parte de los municipios de Monterrey, Santa Catarina y García; esta elevación forma parte de la Sierra Madre Oriental y que la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) ubicó en la región de la Huasteca con objeto de hacer una descripción que responda a zonas con características similares.

En cuanto al diagnóstico ambiental se apunta que la región La Huasteca. Se caracteriza por tener presión ecoturística, cambios de uso de suelo, pasivos ambientales, contaminación de suelos, sobrepastoreo y minas activas, entre otros problemas.

Es así que la actividad minera de las “pedreras”, está afectando la vocación principal y alterando el equilibrio medioambiental de área Natural Protegida y en específicamente de un Parque Nacional, al realizarse actividades económicas que dañan los ecosistemas, la salud de los habitantes dentro y colindantes a la zona y disminuyen los servicios ambientales que esta zona provee.

Los efectos que las pedreras han provocado en el medio ambiente, violan lo que la Ley General del Equilibrio Ecológico y  Protección al Ambiente establece en su artículo 50:  Los parques nacionales se constituirán, tratándose de representaciones biogeográficas, a nivel nacional, de uno o más ecosistemas que se signifiquen por su belleza escénica, su valor científico, educativo, de recreo, su valor histórico, por la existencia de flora y fauna, por su aptitud para el desarrollo del turismo, o bien por otras razones análogas de interés general.

En los parques nacionales sólo podrá permitirse la realización de actividades relacionadas con la protección de sus recursos naturales, el incremento de su flora y fauna y en general, con la preservación de los ecosistemas y de sus elementos, así como con la investigación, recreación, turismo y educación ecológicos.

De igual manera, la extracción de material pétreo, infringe la regla número 58, de las Reglas Administrativas incluidas en el Programa de Conservación y Manejo del “Parque Nacional Cumbres de Monterrey”, donde establecen las actividades prohibidas, precisando en la fracción XI, que está prohibido: “La extracción o introducción de tierra, rocas o cualquier tipo de material inerte.”

Por las consideraciones anteriores, propongo lo siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto

Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo 138. Promovida la suspensión del acto reclamado, el órgano jurisdiccional deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y la no afectación del medio ambiente, del interés social y la no contravención de disposiciones de orden público en su caso, acordará lo siguiente:

Transitorio

Artículo Único. La presente ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas:

1 http://www.conanp.gob.mx/anp/consulta/PCM-20DIC06.pdf página 8.

2 Ibid, página 10.

3 Ibid, página 43.

4 Ibid, página 155.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de octubre de 2016.— Diputada Ximena Tamariz García (rúbrica).»

Se remite a la Comisión de Justicia, para dictamen.

LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS

«Iniciativa que reforma y adiciona los artículos 9o., 27, 96 y 100 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, suscrita por la diputada Laura Valeria Guzmán Vázquez e integrantes del Grupo Parlamentario del PRI

La que suscribe, diputada Laura Valeria Guzmán Vázquez, y en representación de los firmantes, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la Cámara de Diputados de la LXIII Legislatura, en ejercicio de las facultades constitucionales que nos otorgan los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 5, 6, fracción I, 77 y 78 del Reglamento para la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, sometemos a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma diversas disposiciones de  la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

Ya lo decía Al Gore, “la contaminación nunca debería ser el precio de la prosperidad”.

El desarrollo económico e industrialización que hemos venido observando en las últimas cinco décadas, a nivel mundial, han creado consecuencias ambientales negativas, tales como generación de contaminantes y gases de efecto invernadero; adelgazamiento de la capa de ozono; contaminación de los suelos y aguas; proliferación de fauna nociva y transmisión de enfermedades, entre otras.

Dentro de los contaminantes encontramos a los Residuos Sólidos Urbanos (RSU), que de acuerdo a cifras de la Secretaría de Desarrollo Social se generaron en 2011, alrededor de 41 millones de toneladas, lo que equivale a cerca de 112.5 diariamente. Asimismo, señala que la generación total de RSU por región, en el mismo año, la que más contribuyó fue la zona centro con el 51 por ciento; seguida de la zona norte con el 16 por ciento; y el Distrito Federal con el 12 por ciento. De igual forma apunta que la generación por habitante de 1950 a 2011, aumento más de tres veces pasando de 300 a 990 gramos promedio.

Entre los RSU encontramos los envases, embalajes, empaques y bolsas de plástico, los cuales por su alta utilización son los que más se generan y contaminan. Por ello el objetivo de esta iniciativa es prohibir o restituir paulatinamente la utilización de los materiales no biodegradables, dada sus diversas implicaciones que genera en el medio ambiente. En particular, el asunto de las bolsas de plástico es el más conocido.

A más de 50 años de su aparición, el consumo en las grandes ciudades sigue siendo una práctica común y un problema sin resolver. Si bien su introducción fue dándose de manera progresiva en los mercados, supermercados y centros comerciales, su utilidad, accesibilidad, practicidad para transportar mercancías, permitió que su popularidad creciera, desplazando las bolsas de tela o yute.

Cabe recordar que para su elaboración se requiere de polietileno de baja densidad, lineal, de alta densidad, así como de polipropileno, polímeros de plástico no biodegradable, productos altamente contaminantes y no biodegradables.

De un estudio del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, señala que una familia mexicana consume alrededor de catorce bolas de asa y 16 rectangulares a la semana lo que genera alrededor de 37 mil 717 millones de bolsas de plástico.

Estas bolsas, una vez que fueron utilizadas son desechadas de manera inmediata en su mayoría, convirtiéndose en basura que termina en la calle, ríos, lagos o mares generando contaminación.

Diversos estudios señalan que con ellas se contaminan los océanos, se afecta la vida silvestre, el ganado, el sistema de drenaje y alcantarillado, así como contaminación visual.

Para poder dimensionar el problema, se enlistan algunos datos:

• A nivel mundial se usan 1 trillón de bolsas de plástico

• Anualmente, a nivel mundial, se gastan 100 millones de barriles de petróleo, para fabricarlas

• En China se consumen diariamente 3.000 millones de bolsas al día.

• Cada minuto se usan 1 millón de bolsas

• Menos del 5 por ciento de las bolsas son recicladas a nivel global.

• En Estados Unidos se consume cerca de 100 mil millones de bolsas cada año. Unos 12 millones de barriles de petróleo se requieren para fabricar las mismas. La ciudad de San Francisco ha sido la única en prohibir en 2007 las bolsas de plástico hechas con combustibles fósiles en centros comerciales y mercados.

• Para fabricar 14 bolsas se necesita la suficiente cantidad de combustible para que un automóvil recorra 1,6 kilómetros.

• Se necesitan unos 1.000 años en las peores condiciones para que el plástico sea degradado por la naturaleza y 20 años cuando las condiciones son ideales.

• Cerca al 10 por ciento del total de los plásticos en el mundo terminan en los océanos. El 70 por ciento de los mismos yacen en el fondo del mar, lugar donde nunca serán degradados.

• Hay zonas marinas que tienen 3 kilogramos de plástico por cada 0,5 kilogramos de plancton.

• Más de 100 mil animales marinos y más de 1 millón de aves mueren debido a los residuos plásticos que están dispersos en el medio ambiente. Las tortugas principalmente, mueren junto a otros animales marinos al engullir las bolsas debido a su parecido a las medusas, alimento de las mismas.

De igual forma, el blog Natura-Medioambiente, señala que las bolsas de plástico generan los siguientes efectos nocivos:

• Las bolsas plásticas causan más de 100 mil muertes de tortugas marinas cada año cuando estos animales las confunden por comida.

• Para la elaboración de las bolsas plásticas, cada año se liberan miles de toneladas de emisiones atmosféricas que contaminan los cielos y favorecen al efecto invernadero.

• Si se prohibiera el uso de las bolsas plásticas en el Reino Unido, equivaldría a retirar cerca de 18 mil automóviles de circulación que no contaminarían más.

• Muchísimo más de 500 mil millones de bolsas son usadas cada año en el planeta (algo así como 1 millón de bolsas por minuto), demandándose entre 60 a 100 millones de barriles de petróleo para la fabricación de las mismas.

• La mayoría de las bolsas plásticas necesitan 400 años para ser biodegradadas si no son más de 1.000 años para haber “desaparecido” de la faz del planeta.

• China usa cerca de 3 mil millones de bolsas cada día y el promedio por persona en el Reino Unido es de 220 bolsas plásticas por año. En Estados Unidos se desechan 100 mil millones de bolsas por año.

A nivel mundial algunos países han tomado acciones para solucionar el problema que generan las bolsas de plástico, las cuales se señalan a continuación:

Legales

1. Bangladesh en 1998 prohibió el uso y venta de bolsas de plástico.

2. India en 2002, cambio la densidad del plástico para no tapar el drenaje.

3. Sudáfrica prohibió en 2003, el uso de bolsas de polietileno de alta densidad.

4. Eritrea en 2005, prohibió el uso de las bolsas de plástico.

5. Francia en 2007, prohibió el uso de bolsas no biodegradables.

6. Argentina en el 2008 prohibió el uso bolsas de nylon y polietileno.

7. China en 2008, prohibió la producción, uso y venta de bolsas de polietileno de alta densidad.

8. Australia, en el año 2009 estableció multas a tiendas que distribuyeran gratuitamente o vender bolsas de polietileno.

9. Italia en el 2011, prohibió el uso de bolsas no biodegradables.

Fiscales:

1. Alemania en 1991 estableció el cobro al consumidor un impuesto de 5-10 ¢€.

2. Dinamarca en 1994 estableció el impuesto a bolsas de plástico de 22 coronas danesas por kilo de plástico.

3. Irlanda cobra un impuesto, desde 2002, de 15 ¢€ que se cobra al consumidor.

Como se puede observar, dentro de las acciones encontramos que se han implementado van desde la prohibición en su uso, hasta el pago de un impuesto.

Actualmente, en México algunas entidades federativas como Veracruz, San Luis Potosí, Quintana Roo, Distrito Federal, prohíben otorgara a título gratuito bolsas de plástico de material no biodegradable. En algunos otros, como Colima, Nuevo León y Baja California se están realizando intentos por regular su consumo.

No obstante, se tienen avances, también lo es que no han sido los suficientes, por ello, México debe implementar acciones legales que coadyuven a mitigar los efectos negativos que se generan por su utilización, como son el reducir o eliminar el daño a la flora y fauna, atemperar el efecto invernadero, entre otros.

Por otro lado, el párrafo quinto del artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consagra el derecho a un medio ambiente sano:

Artículo 4o. ...

...

...

...

Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley.

...”

De igual forma la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos establece en el párrafo segundo del artículo 1o. que la ley tiene por objeto garantizar el derecho de toda persona al medio ambiente sano y propiciar el desarrollo sustentable a través de la prevención de la generación, la valorización y la gestión integral de los residuos peligrosos, de los residuos sólidos urbanos y de manejo especial; prevenir la contaminación de sitios con estos residuos y llevar a cabo su remediación.

Debemos entender que la producción de bolsas de plástico, proviene de materiales conformados por estructuras químicas, las cuales en su mayoría no son biodegradables, y altamente toxicas, y al degradarse contaminan el ambiente (agua y aire).

Es crucial considerar todos los impactos que la producción de bolsas de plástico tiene sobre el ambiente y los humanos y, si a lo anterior, le agregamos los impactos negativos que genera su reciclado, la situación se vuelve mucho más complicada.

Por todo lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta soberanía, el siguiente proyecto de

Decreto por el que se reforma diversas disposiciones de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos  

Único.Se adiciona una fracción XXI al artículo 9; una fracción IV al artículo 100 y una fracción VI al artículo 27, y se modifica el artículo 96 de la Ley para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, para quedar como sigue:

Artículo 9. Son facultades de las entidades federativas:

I. a XIX...

XX. Determinar los indicadores que permitan evaluar la aplicación del presente ordenamiento, e integrar los resultados al Sistema de Información Ambiental y de Recursos Naturales;  

XXI. Prohibir el otorgamiento a título gratuito, materiales no biodegradables, y

XXII. Las demás que se establezcan en esta Ley, las normas oficiales mexicanas y otros ordenamientos jurídicos que resulten aplicables.

...

...

Artículo 27. Los planes de manejo se establecerán para los siguientes fines y objetivos:

I. a III...

IV. Establecer esquemas de manejo en los que aplique el principio de responsabilidad compartida de los distintos sectores involucrados;

V. Alentar la innovación de procesos, métodos y tecnologías, para lograr un manejo integral de los residuos, que sea económicamente factible, y

VI. Fomentar la sustitución de materiales no biodegradables.

Artículo 96. Las entidades federativas y los municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, con el propósito de promover la reducción de la generación, valorización y gestión integral de los residuos sólidos urbanos, en particular los no biodegradables, y de manejo especial, a fin de proteger la salud y prevenir y controlar la contaminación ambiental producida por su manejo, deberán llevar a cabo las siguientes acciones:

I. a XIII...

Artículo 100. La legislación que expidan las entidades federativas, en relación con la generación, manejo y disposición final de residuos sólidos urbanos podrá contener las siguientes prohibiciones:

I...

II.  Incinerar residuos a cielo abierto,

III. Abrir nuevos tiraderos a cielo abierto , y

IV. Transportar, contener y envasar en materiales no biodegradables;

...

...

Transitorio

Único.La presente reforma entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas:

1 La Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, define en su artículo 5, fracción XXXIII, a los Residuos Sólidos Urbanos como aquellos generados en las casas habitación, que resultan de la eliminación de los materiales que utilizan en sus actividades domésticas, de los productos que consumen y de sus envases, embalajes o empaques; los residuos que provienen de cualquier otra actividad dentro de establecimientos o en la vía pública que genere residuos con características domiciliarias, y los resultantes de la limpieza de las vías y lugares públicos, siempre que no sean considerados por esta Ley como residuos de otra índole.

2 Residuos Sólidos Urbanos, El Medio Ambiente en México 2013-2014. http//apps1.semarnat.gob.mx, págs. 318-322.

3 Para obtener polietileno, el petróleo es manipulado para formar polímetros plásticos. En este proceso con el fin de obtener la película de polietileno, se derriten pequeños círculos de plástico llamados resina, para luego ser derretidos y formar un molde circular para crear un tubo. Para luego ser seccionado, inflado y estirado. Para efecto de manipular el petróleo y obtener los polímetros, se utiliza energía eléctrica en la fabricación de las bolsas de plástico. La cual proviene de plantas que utilizan carbón, combustóleo o, en el peor de los casos, queman llantas usadas. Este proceso produce emisiones de impactos negativos al medio ambiente, a la salud.

4 http://www.inegi.gob.mx/sistemas/sisept/default.aspx?t=mhog 01&s=est&c=22222.

5 Datos impresionantes sobre el consumo de bolsas de plástico. http://www.natura-medioambiental.com/datos-impresionantes-sobre-el-consumo-de-b olsas-de-plastico/

6 http://www.natura-medioambiental.com/

7 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_150816.pdf, pág. 8

8 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/263_220515.pdf, pág. 1

Dado en Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de octubre de 2016.— Diputados: Laura Valeria Guzmán Vázquez, José Luis Orozco Sánchez Aldana, Martha Lorena Covarrubias Anaya, Hugo Daniel Gaeta Esparza, Laura Nereida Plascencia Pacheco, Francisco Javier Santillán Oceguera, Rafael Yerena Zambrano (rúbricas).»

Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen.

LEY GENERAL DE EDUCACIÓN

«Iniciativa que reforma el artículo 7o. de la Ley General de Educación, suscrita por la diputada Laura Valeria Guzmán Vázquez e integrantes del Grupo Parlamentario del PRI

La que suscribe, diputada Laura Valeria Guzmán Vázquez y en representación de los diputados abajo firmantes, todos integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la Cámara de Diputados de la LXIII Legislatura, en ejercicio de las facultades constitucionales que nos otorgan los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 5, 6, fracción I, 77 y 78 del Reglamento para la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, sometemos a consideración de esta Soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción IX del el artículo 7 de la Ley General de Educación, con base en la siguiente:

Exposición de Motivos

Mike Adams, en una de sus frases dice “Hoy en día, más del 95% de las enfermedades crónicas está causada por la comida, ingredientes tóxicos, deficiencias nutricionales y falta de ejercicio físico”. Por ello, una buena dieta y nutrición resultan de lo más importante para conservar durante toda la vida, la salud, es decir, existe una relación muy estrecha entre nutrición y salud.

Existen enfermedades crónicas que están directamente relacionadas con una mala nutrición y un mal régimen alimenticio, las cuales representan una carga onerosa para el gobierno y la sociedad. Dentro de estas enfermedades encontramos la obesidad, la diabetes, las enfermedades cardiovasculares.

De acuerdo al Informe de una Consulta Mixta de Expertos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), elaborado en 2003, “Dieta Nutrición y Prevención de Enfermedades Crónicas”, señala que “La carga de enfermedades crónicas está aumentando rápidamente en todo el mundo. Se ha calculado que, en 2001, las enfermedades crónicas causaron aproximadamente un 60% del total de 56,5 millones de defunciones notificadas en el mundo y un 46% de la carga mundial de morbilidad (1). Se prevé que la proporción de la carga de Enfermedades No Transmisibles, aumente a un 57% para 2020. Casi la mitad del total de muertes por enfermedades crónicas son atribuibles a las enfermedades cardiovasculares; la obesidad y la diabetes también están mostrando tendencias preocupantes, no sólo porque afectan ya a una gran parte de la población sino también porque han comenzado a aparecer en etapas más tempranas de la vida.”

Por ello, recomiendan que debe prestarse especial atención aquellas acciones que promuevan y difundan una cultura alimentaria preventiva, argumentando que una adecuada dieta y nutrición, acompañado de actividades físicas, previenen este tipo de enfermedades.

En ese sentido, si no se presta atención a los temas de nutrición y buena alimentación, tendremos una población obesa. En 2014, México ocupo el primer lugar en obesidad, según datos de la Secretaría de Salud se diagnosticaron de enero a noviembre de ese año a 323 mil 110 casos nuevos de obesidad, el mayor número de casos se encontraron entre las personas de 25 y 44 años, es decir, casi el 40% de los pacientes están en ese rango de edad; también informó que México era líder en obesidad infantil, en el mismo periodo se registraron 35 mil 157 nuevos casos entre niños de 1 a 14 años y 15 mil 626 nuevos casos entre adolescentes de 15 a 19 años, esto es, 1 de cada 3 niños tiene sobrepeso u obesidad.

Como parte de las causas que generan la obesidad es la poca o nula actividad física, así como el alto consumo de alimentos hipercalóricos, ricos en grasas, sales y azúcares, es decir, los conocidos como “comida chatarra”.

Algunas estimaciones de la OMS al respecto señalaban que en 2014, más de 1900 millones de adultos padecen sobrepeso y de ellos más de 600 millones ya sufren un grado de obesidad, por lo que alrededor del 13% de la población adulta mundial, eran obesos.

Un artículo de la revista Forbes titulado “Obesidad, un problema de 5,500 mdd para México”, señala que en 2008 a la economía mexicana le costó unos 5,500 millones de dólares (mdd), y si no se atiende el problema, la cifra para el 2017 podría ser de 12,500 mdd.

Dado que la obesidad se encuentra íntimamente ligada con la diabetes y las enfermedades cardiovasculares, afectan a un alto número de la población mexicana de entre 20 y 79 o más años de edad, situación que, si no se tiende, aumentará día con día.

No debemos olivar que el Estado Mexicano se encuentra obligado por el artículo 4° constitucional a garantizar el derecho a una alimentación nutritiva, así como al garantizar la protección de la salud, tal como se desprende a continuación:

“Artículo 4o...

Toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. El Estado lo garantizará.

Toda persona tiene derecho a la protección de la salud...”

Por ello, el reto y responsabilidad de las autoridades en México, para abatir los altos índices de obesidad requieren de políticas públicas efectivas que prevengan el consumo de comida sin valor nutricional. Políticas públicas que incluyan toda una gama de información sobre el beneficio de tener una dieta balanceada y una buena nutrición, así como los beneficios de realizar actividades físicas, las cuales en conjunto generaran una cultura alimentaria preventiva y equilibrada.

No desconocemos que actualmente los artículos 114 y 115 de la Ley General de Salud, facultan a la Secretaría de Salud para formular, desarrollar, promover e impulsar programas de nutrición, de control y prevención del sobrepeso, obesidad y otros trastornos de la conducta alimentaria, sin embargo, estos esfuerzos no han alcanzado sus objetivos, por ello es necesario que tomemos nuevas medidas que coadyuven a brindar a una mejor solución, sobre este problema de salud pública.

Si bien se han tomado algunas medidas, como las de cobrar un impuesto (Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios –IEPS–) respecto de los alimentos de alto contenido calórico o restricción la venta de productos de bajo nivel nutricional (comida chatarra) y campañas que fomentan una alimentación saludable en las escuelas, esto no ha sido suficiente, por ello debemos seguir enfatizando a través de la educación los beneficios de una buena alimentación y cultura de una buena nutrición y la realización de actividades físicas.

Razón por la cual, resulta de suma importancia impartir mayor y mejor educación en materia de salud y promoción de un estilo de vida saludable, regulación más estricta para la publicidad de alimentos que reflejen la política de Estado requerida ante este problema de salud pública.

Tampoco debemos olvidar que los medios de comunicación cumplen un papel importante en la forma de consumo sobre alimentación, debido a que ofrecen una serie de ofertas a la población sobre diversos productos “saludables”, o sobre la pluralidad de ofertas no profesionales de todo tipo, libros, revistas, o en el peor de los casos venta de productos milagro.

Por otro lado, la Universidad del Valle de México, señala que:

• En el mundo, enfermedades crónico-degenerativas relacionadas con la nutrición, como obesidad y enfermedades cardiovasculares, son el quinto factor de riesgo de defunción

• La diabetes, enfermedad ligada a los hábitos de alimentación, es la segunda causa de muerte en México.

• En el país, uno de cada 10 adultos tiene diabetes. Es decir, hay más de 6.4 millones de personas con diabetes (9.2 por ciento de la población).

• En México, la atención de la diabetes representa un gasto de 3,430 millones de dólares al año.

• La prevalencia combinada de sobrepeso y obesidad es del 71.28 por ciento, (48.6 millones de personas); esto significa que 7 de cada 10 mexicanos tienen sobrepeso u obesidad.

En ese orden de ideas, es importante llevar a cabo reformas a la Ley General de Educación, con el fin de concientizar a la sociedad, sobre la importancia de la actividad física en las escuelas, la importancia de informar y enseñar a la niñez mexicana a leer las etiquetas de los productos que consumen; así como la importancia de tener una alimentación sana y balanceada como medida de prevención para no contraer enfermedades crónicas, como la obesidad, la diabetes, las enfermedades cardiovasculares, entre otras.

Por todo lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta Soberanía, el siguiente proyecto de

Decreto por el que se reforma el artículo 7 de la Ley General de Educación

Único.Se reforma la fracción IX del artículo 7 de la Ley General de Educación, para quedar como sigue:

Artículo 7o. La educación que impartan el Estado, sus organismos descentralizados y los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios tendrá, además de los fines establecidos en el segundo párrafo del artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los siguientes:

I. a VIII...

IX. Inculcar conceptos y principios fundamentales de la sana alimentación y buena nutrición, sobre la prevención de enfermedades crónicas, así como la protección y conservación de la salud como un elemento esencial para su buen desarrollo. Se deberán enseñar aspectos básicos para saber leer el etiquetado de los alimentos; así como estimular la educación física y la práctica del deporte;

X a XVI...

Transitorio

Único.La presente reforma entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas:

1 http://www.who.int/nutrition/publications/obesity/WHO_TRS_916_spa.pdf, pág. 16

2 http://noticieros.televisa.com/mexico/1501/mexico-encabeza-estadisticas-obesida d-adultos-ninos/

3 La expresión de “comida chatarra” fue creada por Michael Jacobson, Director del Centro para la Ciencia en 1972. Y la designa a todos aquellos alimentos que no poseen valor nutricional. Lo que único que aportan son muchas calorías, sal, azúcar y grasas para el organismo. http://www.imujer.com/salud/2010/10/04/que-es-la-comida-chatarra

4 http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs311/es/

5 http://www.forbes.com.mx/obesidad-un-problema-de-5500-mdd-para-mexico/#gs.YOSfZ _w

6 http://universidaduvm.mx/licenciatura-en-nutricion/

Dado en Palacio Legislativo de San Lázaro a 20 de octumbre de 2016.— Diputados: Laura Valeria Guzmán Vázquez, José Luis Orozco Sánchez Aldana, Martha Lorena Covarrubias Anaya, Hugo Daniel Gaeta Esparza, Laura Nereida Plascencia Pacheco, Francisco Javier Santillán Oceguera, Rafael Yerena Zambrano (rúbricas).»

Se remite a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para dictamen.

LEY GENERAL DE EDUCACIÓN

«Iniciativa que reforma el artículo 57 de la Ley General de Educación, suscrita por la diputada Laura Valeria Guzmán Vázquez e integrantes del Grupo Parlamentario del PRI

La que suscribe, Laura Valeria Guzmán Vázquez, en representación de los abajo firmantes, todos del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la Cámara de Diputados de la LXIII Legislatura, en ejercicio de las facultades constitucionales que confieren los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 5, 6, fracción I, 77 y 78 del Reglamento para la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción III del artículo 57 de la Ley General de Educación, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

Donde hay educación no hay distinción de clases.

Confucio (551- 478 antes de nuestra era), filósofo chino.

El Plan Nacional de Desarrollo expone que ha quedado demostrado que los países que logran una apropiación social del conocimiento, aceleran el crecimiento económico en forma sostenida e incrementan la calidad de vida en su población.

Señala que es importante realizar esfuerzos para transitar hacia una Sociedad del Conocimiento, lo que depende en gran medida de lo que se haga hoy por la educación de la niñez y la juventud. Por ello propone implantar políticas de Estado que garanticen el derecho a la educación de calidad, con el fin de generar un capital humano de calidad que detone la innovación nacional.

La educación es un instrumento permanente que coadyuva al desarrollo de las personas y por ende a la transformación de la sociedad, transformación que se da a través de escuelas públicas y privadas.

Según datos del sistema educativo nacional 2013-2014, hay 258 mil 401 escuelas: 214 mil 600 públicas y 43 mil 801 privadas. Atienden a 35 millones 745 mil 871 alumnos; de ellos, 30 millones 922 mil 747 son atendidos en instituciones públicas y 4 millones 823 mil 124 en privadas. En los planteles de educación media superior públicas y privadas se están atendiendo un total de 4.6 millones de jóvenes, mientras que la matrícula para la educación superior es de 3.4 millones de alumnos y para educación básica hay 25.9 millones de alumnos.

La Ley General de Educación establece en el artículo 57, fracción III, que los particulares que impartan educación con autorización o con reconocimiento oficial deberán proporcionar un mínimo de becas en los términos de los lineamientos generales que la autoridad que otorgue las autorizaciones o reconocimiento haya determinado.

Con base en lo anterior, la Secretaría de Educación Básica emitió el 10 de julio de 1995, en el Diario Oficial de la Federación, el acuerdo número 205 por el que se determinan los lineamientos generales para el otorgamiento de becas en instituciones particulares de educación inicial, básica, especial, media superior y superior, que cuentan con autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios otorgado por la Secretaría de Educación Pública, que en el artículo 3o. señala lo siguiente:

Artículo 3o. La institución educativa deberá otorgar un número de becas completas o el correspondiente número en becas parciales, equivalente a cinco por ciento del monto total obtenido por concepto de inscripciones y colegiaturas, de los alumnos inscritos en las instituciones que cuentan con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios, otorgados por la Secretaría de Educación Pública. Dentro de este porcentaje no deberán considerarse las becas que la institución conceda a los hijos o familiares de su personal con el carácter de prestación laboral. Las instituciones educativas podrán otorgar un número de becas mayor de cinco por ciento referido.

Desde 1995, dicho porcentaje no se ha incrementado; no obstante, el número de alumnos que asisten a escuelas privadas sí ha tenido un aumento. Situación que sin lugar a dudas, deja a muchos alumnos de bajos recursos, que no lograron entrar a escuelas públicas, continuar sus estudios.

El Observatorio de Política Social y Derechos Humanos señala:

• De los estudiantes en México, 28.12 por ciento tiene una beca escolar, cifra que representa 10 millones 362 mil alumnos.

• De los estudiantes que reciben una beca escolar, 79.2 por ciento lo hace a través del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades, por lo que en su mayoría las becas están enfocadas a apoyar a los alumnos de niveles básicos y a estudiantes que provienen de hogares con alto o medio grado de marginación.

• De las becas que se otorgan, 91.8 por ciento es en dinero.

• De acuerdo con datos de la ENIGH, desde 1992 el número de alumnos de las escuelas públicas se ha incrementado de manera considerable, lo que no ha ocurrido en las escuelas privadas.

• Entre 2000 y 2010, el porcentaje de alumnos de escuelas privadas tuvo un incremento considerable. Lo anterior puede estar ligado a que dicho periodo fue de estabilidad macroeconómica y uno de los efectos de la crisis de 2009 fue una reducción de 11.8 a 8.9 por ciento de los estudiantes de escuelas privadas en México.

Es de suma importancia establecer un porcentaje más alto para el otorgamiento de las becas que cada institución educativa privada debe otorgar, el cual se propone que sea por lo menos de 10 por ciento de la matrícula registrada del periodo escolar anterior, mismo que podrá distribuirse en becas completas o parciales, no menores de 25 por ciento del costo de la colegiatura.

Resulta importante garantizar que cada vez más alumnos que no cuenten con recursos económicos suficientes, puedan tener acceso a una educación. Y con ello hacer efectivo el derecho a la educación consagrado en la Constitución, que a la letra señala:

Artículo 3o. Todo individuo tiene derecho a recibir educación...

Por ello, el objetivo de esta iniciativa es que más alumnos no vean truncados sus estudios por el hecho de no contar con recursos económicos que les impida asistir a la escuela, a través del otorgamiento de una beca.

Por lo expuesto sometemos a consideración de esta soberanía el siguiente proyecto de

Decreto por el que se reforma la fracción III del artículo 57 de la Ley General de Educación

Único.Se reforma la fracción III del artículo 57 de la Ley General de Educación, para quedar como sigue:

Artículo 57.Los particulares que impartan educación con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios deberán

I. y II. ...

III. Proporcionar por lo menos 10 por ciento de becas sobre la matrícula registrada en el ciclo anterior, el porcentaje por otorgar se podrá distribuir en becas completas o parciales, no menores de 25 por ciento del costo de la colegiatura, y con baseen los términos de los lineamientos generales que la autoridad que otorgue las autorizaciones o reconocimientos haya determinado;

IV. y V. ...

Transitorio

Único.La presente reforma entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas:

1 file:///C:/Users/diana/Downloads/PND-Eje-3.pdf

2 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/137_010616.pdf, páginas 24 y 25.

3 http://becascoahuila.gob.mx/docs/acuerdo-205.pdf

4 http://observatoriopoliticasocial.org/accesibilidad-derecho-educacion/

5 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/htm/1.htm

6 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_150816.pdf

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de octubre de 2016.— Diputados: Laura Valeria Guzmán Vázquez, José Luis Orozco Sánchez Aldana, Martha Lorena Covarrubias Anaya, Hugo Daniel Gaeta Esparza, Laura Nereida Plascencia Pacheco, Francisco Javier Santillán Oceguera, María Esther de Jesús Scherman Leaño, Rafael Yerena Zambrano (rúbricas).»

Se turna a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para dictamen.

LEY GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL

«Iniciativa que adiciona el artículo 7 de la Ley General de Protección Civil, a cargo del diputado Javier Octavio Herrera Borunda e integrantes del Grupo Parlamentario del PVEM

Quienes suscriben, Javier Octavio Herrera Borunda y diputados federales integrantes de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 6, fracción I del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración del pleno de esta honorable Asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un párrafo a la fracción III del artículo 7 de la Ley General de Protección Civil al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El hombre ha descubierto, a lo largo de los años, gracias a la observación y a la experiencia, que la naturaleza concentra una gran cantidad de energía y que ésta puede convertirse en una potente fuerza destructiva, por lo cual es pertinente reflexionar sobre el hecho de que estamos expuestos a que los efectos negativos propiciados por fenómenos físicos o meteorológicos como son inundaciones, sequías, terremotos, maremotos, tornados, ciclones, huracanes, erupciones volcánicas, desprendimientos de tierra, entre otros desencadenen grandes catástrofes que terminan afectando a poblaciones de todo el mundo.

A este tipo de fenómenos se les considera desastre natural únicamente cuando impactan o generan daños en lugares donde hay vida humana y se producen tanto muertos y heridos como daños económicos difíciles de reparar.

Si bien el hombre se encuentra impedido para luchar en contra de las fuerzas de la naturaleza, sí le es posible, gracias a los conocimientos técnicos y científicos con los que hoy cuenta, crear instrumentos preventivos para enfrentarlas.

En los últimos veinte años, alrededor del mundo, se ha observado un aumento de la frecuencia con que ocurren los desastres naturales, esta situación ha causado la muerte de cientos de miles de personas y ha provocado cuantiosas pérdidas materiales en todo el orbe.

Lo anterior ha terminado por afectar en una mayor proporción a los países menos desarrollados y más pobres quienes por carecer de infraestructura y recursos financieros suficientes son incapaces de evitar que los fenómenos naturales se conviertan en tragedia.

Por este motivo, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) ha desempeñado desde la década de los años 60 del siglo pasado, un papel activo en materia de prevención de desastres, exhortando a la comunidad internacional a prevenir los riesgos, brindando apoyo a los programas de investigación científica en torno al tema y contribuyendo a la elaboración de proyectos de preparación contra los desastres.

Su propósito es aprovechar los adelantos científicos y tecnológicos, la educación y la formación multidisciplinarias para la sensibilización de la población en general y de los funcionarios y servidores públicos encargados de tomar decisiones para abatir los riesgos provocados por los fenómenos naturales.

La Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) decidió en 2009 designar el 13 de octubre como el Día Internacional para la Reducción de los Desastres (mismo que desde 1990 se celebraba el segundo miércoles del mes de octubre) con el propósito de concientizar a los gobiernos y a las personas para que tomen medidas encaminadas a minimizar los riesgos.

El tema del Día Internacional para la Reducción de Desastres para este año 2015 es “Conocimiento para la Vida” y su finalidad es promover el uso del conocimiento y las prácticas tradicionales, indígenas y locales, para complementar el conocimiento científico en la gestión del riesgo de desastres, haciendo partícipes con ello a las comunidades y pueblos indígenas en el aumento de la resiliencia de las personas, en el plano individual, y de la sociedad en conjunto.

Cabe señalar, que en nuestro país el estado de Chiapas se ha destacado como pionero en este sentido, pues el año pasado el gobernador Manuel Velasco Coello y el secretario de Protección Civil, Luis Manuel García Moreno recibieron a nombre del Consejo Estatal de Protección Civil, el Premio Nacional de Protección en el campo de la Prevención, que entregó el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, por su labor ejemplar en la realización de acciones de autoprotección y autopreparación frente a los desastres naturales, destacando la creación de más de cuatro mil Comités de Prevención y Participación Ciudadana en la entidad.

Para cumplir con la meta de aumentar la capacidad de las sociedades para afrontar las afectaciones y riesgos derivadas de las catástrofes naturales, la ONU se ha fijado, entre otros, los siguientes objetivos:

• Crear sistemas de alerta temprana que combinan la transmisión rápida de datos con la capacitación de los grupos de población vulnerables a estos siniestros;

• Preparar planes previsores de ocupación de suelos que eviten el establecimiento de asentamientos humanos en zonas de riesgo;

• Adoptar planes de construcción apropiados;

• Salvaguardar los edificios escolares y los monumentos culturales; y

• Promover trabajos de investigación después de los desastres; así como adoptar medidas de rehabilitación.

Después del tsunami que devastó las costas del Océano Índico en diciembre de 2004, se llevó a cabo en Hyogo, Japón la Primera Conferencia Mundial sobre la Reducción de los Desastres, celebrada en enero de 2005, que aprobó tres documentos relativos a la atenuación de los riesgos de desastres naturales, entre los que figura un plan de acción decenal para el periodo 2005-2015. Los cuatro mil participantes (entre éstos representantes de 168 Estados, así como de 78 organismos de la ONU y otras organizaciones) adoptaron la Declaración de Hyogo, que recomienda fomentar “una cultura de prevención de desastres [...] a todos los niveles” y señala los vínculos entre la reducción de los desastres, el desarrollo sustentable y la mitigación de la pobreza.

La coordinadora residente de los Sistemas de Naciones Unidas en México, Marcia De Castro, al participar en el Taller de Transversalización de la Política Pública de Prevención de Desastres y Reducción de Riesgos, organizado por la Secretaría de Gobernación en 2013, consideró que México debe elevar la reducción de riesgos de desastres a prioridad nacional y destinar los recursos que emplea para ese fin a otros rubros.1

De Castro señaló que entre 2005 y 2007, pero sobre todo en 2010, la inversión en México de fondos públicos para recuperarse de los desastres fue de casi dos mil millones de dólares anuales, lo cual fue equivalente al presupuesto otorgado al combate a la pobreza en el marco del Programa Oportunidades. Ese monto también equivale al destinado para el combate a la delincuencia organizada en el país, a través del Secretariado del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP).2

La funcionaria de la ONU planteó que en un país con inequidades y carencias como el nuestro sería más positivo que los recursos destinados a la recuperación de desastres se utilicen para el combate a la pobreza y agregó que éste no es un tema menor y por ende requiere ubicarse entre las prioridades más altas del gobierno federal poniendo así el ejemplo a los gobiernos estatales y municipales, al sector privado y a la sociedad en general.3

De Castro precisó que a más de ocho años de la firma del acuerdo se han registrado importantes avances en el mundo, como es la identificación y análisis de riesgo, la cultura de resiliencia, así como el establecimiento de sistemas de alarma y preparación. “México ha tenido sin duda un excelente desempeño en estas áreas como se ha hecho patente en sus comunicaciones bianuales de avance”, anotó la funcionaria.4

Sin embargo, el gran reto sigue siendo elevar la reducción de riesgos de desastres a una prioridad nacional contando con una sólida base institucional para su gestión integral.

Cabe destacar que el hecho de que la ONU realice recomendaciones a nuestro país en materia de prevención de desastres no es nuevo, pues ya en el 2009, por citar un ejemplo, el representante residente adjunto del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en México, Arnaud Peral, recomendó al gobierno mexicano invertir en materia de prevención ante eventuales contingencias por desastres naturales, considerando que esta es una inteligente y hábil inversión financiera, que equivale como máximo a 15 por ciento de las pérdidas económicas evitadas.5

Peral advirtió también que en naciones como México, altamente expuestas a riesgos climáticos, las pérdidas por concepto de desastres naturales podrían ser enormes en los próximos 10 años, mientras los recursos destinados para evitarlos siempre resultarán sumamente reducidos. Para respaldar su dicho, Arnaud Peral afirmó que el número de desastres climáticos del planeta ha pasado de 17 a 72 por decenio, y se ha multiplicado por 4.5 en sólo 50 años. Anualmente, de acuerdo a lo señalado por Peral, los desastres ocasionan la pérdida de aproximadamente 55 mil millones de pesos y provocan un serio retroceso en los índices de desarrollo humano de los países que los sufren.6

Lamentablemente, en nuestro país los presupuestos públicos reflejan una diferencia abismal entre la cantidad de recursos que se invierten en prevención de desastres y aquellos que se destinan a la reparación de los daños causados por los mismos.

El Fondo de Desastres Naturales (Fonden) que es un instrumento financiero para apoyar a las entidades federativas, así como a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, en la atención y recuperación de los efectos que produzca un fenómeno natural, recibe cada año un presupuesto mucho mayor que el que se le asigna al Fondo para la Prevención de Desastres Naturales (Fopreden) cuyo objeto es otorgar apoyos a las entidades federativas así como dependencias y entidades federales, destinados a la realización de acciones y mecanismos tendientes a reducir riesgos, así como evitar o disminuir los efectos del impacto destructivo de los fenómenos naturales sobre la vida y bienes de la población, los servicios públicos y el medio ambiente.

La diferencia puntual entre el Fonden y el Fopreden, de acuerdo a datos obtenidos de los Presupuestos de Egresos de la Federación para los ejercicios fiscales 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015, es decir los últimos cinco años, se expresa en la siguiente tabla:

El análisis de los datos contenidos en la tabla arroja que durante el último lustro nuestro país ha gastado más de 33 mil millones de pesos en la recuperación de los efectos producidos por la ocurrencia de desastres naturales (sin contar los recursos extraordinarios aprobados para financiar la reconstrucción en entidades donde los daños sufridos a consecuencia de fenómenos hidrometeorológicos fueron de gran escala, por ejemplo Guerrero en 2013 y Baja California Sur en 2014).7

En contraste, el fondo para financiar la realización de acciones y mecanismos tendientes a reducir los desastres ha recibido un presupuesto que apenas rebasa los mil 635 millones de pesos. Lo anterior, indica que en cinco años el monto de los recursos del Fopreden en relación al presupuesto del Fonden ha sido equivalente al 4.94 por ciento en promedio anual.

En virtud de las observaciones hechas por diversos organismos de la ONU, se hace necesario adoptar un enfoque preventivo más que reactivo en lo que respecta a la manera en la cual nuestro país enfrenta los desastres naturales y equilibrar, en alguna medida, los recursos que se invierten en prevención y aquellos que se destinan a la reparación de daños.

Resulta indispensable que entendamos que a través de la prevención y los esfuerzos encaminados a avanzar en la creación de sociedades resilientes a los desastres se puede contribuir a ahorrar dinero, pero lo más importante es que éstos resultan fundamentales para salvar vidas humanas.

Un ejemplo claro de la importancia que tiene la educación y la cultura en materia de prevención y protección civil de una sociedad son los casos de Haití y Chile, donde en 2010 ocurrieron dos terremotos de magnitud similar pero con diferencias considerables en cuanto a las consecuencias de los eventos catastróficos. El terremoto de Haití, de magnitud 7,0 grados Richter, tuvo como resultado 316 mil muertos, 350 mil heridos y un millón y medio de damnificados, mientras que en el plano económico acabó con más de una década de avances en materia de crecimiento. En contraste, el sismo chileno, que fue 31 veces más fuerte y liberó casi 178 veces más energía que el terremoto ocurrido en Haití un mes antes, dejó 525 fallecimientos y 25 desaparecidos.

La abismal diferencia entre un evento y otro radica, sin duda alguna, en la capacidad de reacción de la gente y las autoridades para responder ante las eventualidades de la naturaleza, lo cual requiere de años de preparación, así como de un compromiso firme y decidido por parte del sector público de destinar recursos suficientes para la prevención.

Por este motivo el que suscribe propone a consideración de esta asamblea el siguiente

Decreto que adiciona un párrafo a la fracción III del artículo 7 de la Ley General de Protección Civil

Artículo Único. Se adiciona un párrafo a la fracción III del artículo 7 de la Ley General de Protección Civil, para quedar como a continuación se presenta:

Artículo 7.Corresponde al Ejecutivo Federal en materia de protección civil:

I. y II. ...

III. Contemplar, en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de cada ejercicio fiscal, recursos para el óptimo funcionamiento y operación de los Instrumentos Financieros de Gestión de Riesgos a que se refiere la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, con el fin de promover y apoyar la realización de acciones de orden preventivo; así como las orientadas tanto al auxilio de la población en situación de emergencia, como la atención de los daños provocados por los desastres de origen natural.

El Ejecutivo Federal deberá procurar que el presupuesto asignado al Fondo para la Prevención de Desastres Naturales sea equivalente por lo menos al diez por ciento del presupuesto asignado al Fondo de Desastres Naturales.

IV. a IX. ...

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas:

1 Véase “México debe invertir para prevenir desastres: ONU”, en el Informador.com.mx, 25 de marzo de 2013.

2 Ibídem.

3 Ibídem.

4 Ibídem.

5 Véase “Invertir en prevención de desastres naturales, pide el PNUD a México”, en Periódico La Jornada, 15 de octubre de 2009.

6 Ibídem.

7 En el caso de Guerrero, el Presupuesto de Egresos de la Federación 2014 contempló una partida de 7 mil millones de pesos para atender y mitigar los daños causados por las fuertes lluvias en la entidad. Por su parte, para ejercicio fiscal 2015 se aprobaron recursos por 300 millones de pesos para la creación de un fondo con el fin de financiar la reconstrucción de la infraestructura estatal que resultó dañada en Baja California Sur.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro a los 25 días del mes de octubre del año 2016.— Diputados: Javier Octavio Herrera Borunda, Jesús Sesma Suárez (rúbricas).»

Se remite a la Comisión de Protección Civil, para dictamen.

PROPOSICIONES                                                                                                                          APLICACIÓN DEL ESTÍMULO FISCAL AL DIÉSEL AGROPECUARIO 2016

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a emitir por la SHCP los lineamientos concernientes a la aplicación del estímulo fiscal al diésel agropecuario de 2016 a que se refiere el transitorio segundo del acuerdo por el cual se establecen estímulos fiscales a la gasolina y el diésel en los sectores pesquero y agropecuario, publicado en el DOF el 30 de diciembre de 2015, a cargo del diputado Alex Le Baron González, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, diputado Alex Le Baron González, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 79, fracción II, numeral 2, fracción VI, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta soberanía el presente punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, con base en los siguientes

Antecedentes

Hasta 2015 se otorgaron precios preferenciales a la gasolina menor a 92 octanos que se utiliza para la pesca ribereña, así como al diésel que se utiliza en las actividades de pesca, acuacultura y agropecuarias, a efecto de apoyar el desarrollo de las mismas cuando las realizan los integrantes del sector agropecuario inscritos en el padrón que al efecto lleva la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.

Con la finalidad de impulsar programas para promover la integración de la población rural al desarrollo productivo del país, y considerando que los energéticos agropecuarios constituyen insumos fundamentales para las labores productivas del sector agropecuario y pesquero, y que representan un porcentaje importante del costo de las actividades agropecuarias de los productores rurales, la Ley de Energía para el Campo y su Reglamento, así como diversas disposiciones de orden público e interés social, señalan que el Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) debe establecer las condiciones y mecanismos que permitan a los productores agropecuarios tener acceso a una cuota energética de diésel agropecuario a precios y tarifas de estímulo, insumo básico utilizado para actividades de producción primarias.

De tal manera que, en ejercicios pasados, el apoyo mencionado en la Ley de Energía para el Campo se ejecutó mediante un programa presupuestario en el cual la Sagarpa distribuía recursos económicos equivalentes al beneficio mediante una cuenta bancaria definida por el beneficiario; sin embargo, para el 2016 la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) publicó el acuerdo 29/2015 por el que se establecen estímulos fiscales a la gasolina y el diésel en los sectores pesquero y agropecuario.

Lo anterior implica mecanismos de dispersión y control de los beneficios distintos, al tratarse de un estímulo fiscal y no de un programa presupuestario derivado del Presupuesto de Egresos de la Federación.

Este programa, estructurado por la SHCP en coordinación con Petróleos Mexicanos (PEMEX) y la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, está dirigido particularmente a los productores que forman parte del Padrón de Diésel Agropecuario que recibieron apoyo en el año 2013(el programa se había suspendido a partir de 2014 y durante 2015).

De conformidad con lo indicado en el nuevo acuerdo para 2016, se integraron los padrones de pesca y agricultura de los ejercicios 2015 y 2013 respectivamente. Dichos padrones fueron entregados a la SHCP el 9 de marzo de 2016.

En el caso del diésel agrícola, la SHCP solicitó depurar el padrón de acuerdo al esfuerzo para la desincorporación que realizó la Sagarpa en ejercicios pasados y suprimiendo a los beneficiarios que causaron baja por defunción o falta de renovación de su registro por tres años consecutivos, situación que quedó solventada en el documento del 9 de marzo.

Por otro lado, la Sagarpa ha exhortado a los productores involucrados a que acudan al Centro de Apoyo al Desarrollo Rural correspondiente para reinscribirse como beneficiarios del programa antes del cierre de ventanillas; previsto para el 30 de octubre del presente año.

Cabe reiterar que mediante el acuerdo, los beneficiarios no recibirán dinero en efectivo, sino que se les aplicará una exención del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (IEPS), que está incluido en el costo total del litro de diésel al público en general. Además, de acuerdo al Procedimiento Operativo, el consumo de la cuota energética del Estímulo Fiscal al Diésel Agropecuario 2016 para el ciclo Primavera-Verano 2016, deberá consumirse exclusivamente en el periodo de abril a diciembre de 2016 y la correspondiente al ciclo Otoño-Invierno 2016/2017 en el periodo de agosto de 2016 a junio de 2017.

Actualmente Sagarpa ha cumplido con las condiciones definidas por la SHCP para el arranque del programa, sin embargo, hay cerca de 200 mil productores beneficiarios inscritos en el padrón que al día de hoy no han obtenido aún ningún beneficio del programa.

Asimismo, la SHCP publica mensualmente, desde enero a la fecha, las tarifas de los estímulos fiscales a la gasolina y el diésel pesquero y agropecuario, sin embargo, no ha emitido los lineamientos para aplicar dicho estímulo.

En todo caso, el acuerdo establece que en tanto se emiten los lineamientos, los contribuyentes podrán aplicar el estímulo fiscal siempre que cumplan con los requisitos de control emitidos por la Sagarpa, aplicables hasta 2015, en materia de precios de estímulo para la gasolina utilizada en las actividades de pesca ribereña, y del diésel utilizado para pesca, acuacultura y uso agropecuario.

Por ello, es necesario que los productores del país puedan acceder al beneficio con el que el gobierno federal se ha comprometido y así apoyar a estos sectores elementales de nuestra economía, para que se cumpla con lo previsto en el Plan Nacional de Desarrollo sexenal.

En ese sentido me permito someter a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición de urgente y obvia resolución, con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta al titular del Ejecutivo federal para que, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, emita a la brevedad los lineamientos concernientes a la aplicación del estímulo fiscal al diésel agropecuario 2016 a que se refiere el transitorio segundo del acuerdo por el que se establecen estímulos fiscales a la gasolina y el diésel en los sectores pesquero y agropecuario, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre de 2015.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de octubre de 2016.— Diputado Alex Le Baron González (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego, para dictamen.

INFORME A LA OPINIÓN PÚBLICA SOBRE EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS OTORGADOS CON MOTIVO DE LA CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO AEROPUERTO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la ASF a verificar a través de una auditoría especial de cumplimiento financiero, y llevar a cabo las acciones correspondientes e informar a la opinión pública sobre el ejercicio de los recursos otorgados con motivo de la construcción del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, a cargo del diputado Jorge López Martín, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, Jorge López Martín, integrante del Grupo Parlamentario Partido Acción Nacional en la Cámara de Diputados de la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de los artículos 3, numeral 1, fracción XX; 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracciones I y II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, 116 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como artículos 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta asamblea del Honorable Congreso de la Unión, la siguiente proposición con punto de acuerdo con base en las siguientes

Consideraciones

La Auditoría Superior de la Federación es un órgano especializado de la Cámara de diputados que cuenta con autonomía técnica para decidir sobre su organización funcionamiento, resoluciones y manejo de los recursos presupuestales que le son asignados.

Para poder llevar acabo sus funciones la Auditoria Superior realiza diversos tipos de auditorías dentro de las cuales resalta auditoría de cumplimiento financiero que se encarga de revisar que la recaudación, captación, administración, ejercicio y aplicación de recursos aprobados por el Congreso se lleven a cabo de acuerdo a la normativa correspondiente y que su manejo y registro financiero haya sido correcto.

Rescatando que la propia ley de Fiscalización y Cuenta Pública define auditoria como: proceso sistemático en el que de manera objetiva se obtiene y se evalúa evidencia para determinar si las acciones llevadas a cabo por los entes sujetos a revisión se realizaron de conformidad con la normatividad establecida o con base en principios que aseguren una gestión pública adecuada.

Durante 2015 inició la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM), bajo un esquema de máxima transparencia, de tres fallos del primero de los 21 paquetes de licitaciones.

Cabe precisar que de acuerdo al sitio oficial del nuevo aeropuerto se le otorgo el siguiente financiamiento:

Consultado: http://www.aeropuerto.gob.mx/costo-financiamiento.php

En vista de los recursos otorgados es importante saber, cómo se han gastado, invertido y si realmente se han empleado en atención del destino para el que fueron presupuestados.

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Auditoría Superior de la Federación para que, de conformidad con el artículo 17, fracciones I, III, IV y V del Reglamento Interior de la Auditoria Superior de la Federación realice una auditoría de cumplimiento financiero para que revise que la recaudación, captación, administración, ejercicio y aplicación de recursos aprobados para la construcción del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México se esté llevando a cabo de conformidad con ley; y llevado a cabo esto informe a la opinión pública los resultados.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de octubre de 2016 octubre de 2016.— Diputado Jorge López Martín (rúbrica).»

Se remite a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, para dictamen.

FOMENTAR EL TRABAJO DECENTE EN LA POBLACIÓN JOVEN

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la STPS a implantar en el ámbito de sus atribuciones programas dirigidos a fomentar el trabajo decente en la población joven, a cargo de la diputada Karen Hurtado Arana, del Grupo Parlamentario del PRD

La que suscribe, diputada Karen Hurtado Arana, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXIII Legislatura de la Honorable Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; artículo 79, numeral 1, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, exhorta  a la Secretaria de Trabajo y Previsión Social para que en el ámbito de sus respectivas competencias, implemente programas dirigidos a fomentar el trabajo decente en la población joven, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) define  una situación laboral mínima a través del el Trabajo Decente el cual lo define de la siguiente manera:

El trabajo decente sintetiza las aspiraciones de las personas durante su vida laboral. Significa la oportunidad de acceder a un empleo productivo que genere un ingreso justo, la seguridad en el lugar de trabajo y la protección social para las familias, mejores perspectivas de desarrollo personal e integración social, libertad para que los individuos expresen sus opiniones, se organicen y participen en las decisiones que afectan sus vidas, y la igualdad de oportunidades y trato para todos, mujeres y hombres.

En el mismo sentido, la Ley Federal del Trabajo contempla en su artículo segundo;

Se entiende por trabajo digno o decente aquél en el que se respeta plenamente la dignidad humana del trabajador; no existe discriminación por origen étnico o nacional, género, edad, discapacidad, condición social, condiciones de salud, religión, condición migratoria, opiniones, preferencias sexuales o estado civil; se tiene acceso a la seguridad social y se percibe un salario remunerador...

Quizá el punto medular del Trabajo Decente radica en obtener seguridad social  y un trabajo que permita satisfacer la vida diaria.

En este sentido, en México, los jóvenes  enfrentan problemas para poder obtener un empleo, apoyo económico, capacitación para un trabajo o auto emplearse, ello implica que no puedan acceder a un empleo digno, y parte de estos jóvenes terminan delinquiendo o introduciéndose al empleo informal, en donde son mal remunerados, no cuentan con la protección de las leyes, y sin seguridad social.

La falta de programas a nivel nacional que promuevan el Trabajo Decente, evita que jóvenes que realicen exitosamente su vida social. Según datos del Instituto Nacional de Geografía Estadística e Informática (INEGI), en nuestro país habitan 31.4 millones de personas entre 15 y 29 años, que representan el 26.3% de la población total, de ellos, el Instituto señala que el 70% no cuentan con seguridad social. Asimismo, es necesario mencionar que el mismo instituto señaló que en 2014, el 85% de los 14 648 678 de los jóvenes empleados perciben un ingreso menor a 6.000 pesos.

Por lo anterior, es necesario la implementación de programas diseñados hacia los jóvenes en los cuales se garantice el acceso al trabajo decente en las empresas que los emplean.

Por todo ello, se pone a su consideración el siguiente

Punto de Acuerdo

Único.Se exhorta a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para que, en el ámbito de sus respectivas competencias, implemente programas dirigidos a fomentar el trabajo decente en la población joven.

Notas:

1 http://www.ilo.org/global/topics/decent-work/lang—es/index.htm

2 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/125_120615.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de octubre de 2016.— Diputada Karen Hurtado Arana (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, para dictamen.

EJECUTAR CAMPAÑAS INFORMATIVAS PARA CONCIENTIZAR SOBRE LA IMPORTANCIA DE LA DETECCIÓN OPORTUNA DEL CÁNCER INFANTIL

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las autoridades educativas y de salud de los diferentes niveles de gobierno a ejecutar campañas informativas sobre la importancia de la detección oportuna del cáncer infantil, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PVEM

Quienes suscriben, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta asamblea proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Anualmente, en México hay entre 5 mil y 6 mil nuevos casos de cáncer en menores de 18 años, según datos aportados por la Secretaría de Salud, señalan que los 3 tipos de cáncer infantil más comunes son la leucemia, con 31 por ciento de los casos y una tasa de supervivencia de 80 por ciento; le siguen los tumores cerebrales, con 16 por ciento de presencia y 67 de supervivencia; y por último, el linfoma, igualmente con 15 por ciento de presencia, pero con una tasa de supervivencia de 91 en casos de linfoma de Hodkin, y de 72 en casos de linfoma no Hodkin.

Las posibilidades de sobrevivir al cáncer han aumentado desde la década de 1970. Hoy, más de 75 por ciento de los niños diagnosticados con cáncer sobreviven 5 años o más.

No obstante, el cáncer infantil es la principal causa de muerte en menores de 5 y 14 años de edad, cada 4 horas muere un niño por esta enfermedad, lo que representa un promedio anual de 2 mil 150 muertes en la última década, conforme a las cifras reportadas en el Sistema Estadístico Epidemiológico de las Defunciones.

Lo anterior se debe principalmente a la falta de un diagnóstico a tiempo, ya que conforme avanza la investigación de nuevos tratamientos curativos para el cáncer en adultos, los tratamientos en el cáncer infantil ha ido en disminución, por lo que muchas de las veces a los niños le son suministrados tratamientos descubiertos con más de treinta años de antigüedad, dejando en grado de vulnerabilidad a este sector poblacional.

Por lo que hace al país, actualmente se cuenta con 54 unidades médicas acreditadas para la atención de pacientes menores de 18 años con cáncer, así como con 135 oncólogos pediatras; sin embargo, los costos tan elevados de los tratamientos y medicamentos provocan una atención inadecuada.

Entonces, ¿por qué se habla de las grandes posibilidades de subsistencia de esta enfermedad si no hay capacidades médicas, técnicas y económicas para tratarlo? Lo cierto es que efectivamente 80 por ciento de los niños con cáncer podrían recuperarse, siempre y cuando tengan la facilidad de asistir a los centros de atención y en ocasiones que tengan la capacidad económica para cubrir los gastos que ello implica.

Como se ha referido, hay amplia posibilidad de cura para los niños enfermos de cáncer, sin embargo, para que ello sea así es indispensable la detección temprana y un diagnóstico certero que permita dar el tratamiento necesario y oportuno.

Atendiendo a dicha necesidad, anualmente se conmemora el Día Internacional del Cáncer Infantil (15 de febrero), con la finalidad de invitar a sumar esfuerzos para que las naciones dirijan sus labores a la atención del cáncer infantil.

Se busca generar conciencia en la sociedad para que se informe y conozca de los síntomas de los cánceres con mayor prevalencia en niños, y de esta forma se esté a tiempo de diagnosticar e implementar un tratamiento.

Paralelamente, se busca despertar el interés entre profesionales de la medicina para especializarse en la atención e investigación de nuevos tratamientos para el cáncer infantil.

Si bien la fecha representa un estímulo y recordatorio para trabajar conjuntamente en el establecimiento de programas y políticas públicas a favor de los niños enfermos de cáncer, lo cierto es que no debemos limitarnos a que acontezca esta fecha para diseñar e impulsar acciones que abonen al tratamiento y cura de esta enfermedad.

Por todo lo anterior se somete a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único.La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a las autoridades educativas y de salud de los diferentes niveles de gobierno, a efecto de que diseñen e implementen campañas informativas constantes respecto de los síntomas y consecuencias de los principales cánceres en niños, mismas que se impartirán a los padres de familia en las escuelas públicas primarias y secundarias, cuya finalidad sea concientizar a las niñas, niños y adolescentes sobre la importancia de la detección oportuna de este padecimiento, y con ello elevar el índice de sobrevida en cáncer infantil.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de octubre de 2016.— Diputado Jesús Sesma Suárez (rúbrica)».

Se remite a la Comisión de Salud, para dictamen.

AUDITORÍA A LOS PROGRAMAS SOCIALES A TRAVÉS DE LOS CUALES SE HAN ENTREGADO TARJETAS CON DINERO Y DESPENSAS EN DIFERENTES MUNICIPIOS DEL ESTADO DE MÉXICO

«Proposición con  punto de acuerdo, por el que se exhorta a la ASF a fiscalizar los programas sociales a cuyo amparo la Sedesol y la Sedatu han entregado tarjetas con dinero y despensas en el estado de México, suscrita por las diputadas Delfina Gómez Álvarez y Sandra Luz Falcón Venegas, del Grupo Parlamentario de Morena

Delfina Gómez Álvarez y Sandra Luz Falcón Venegas, integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Regeneración Nacional en la LXIII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6 y el numeral 1, fracción II, del artículo 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración del pleno la presente proposición con puntos de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

En la mayoría de los países, el desarrollo social es una de las funciones más importantes que todo gobierno, en sus tres niveles (federal, estatal y municipal) debe atender, ya que en teoría podría decirse que constituye uno de los principales objetivos que debería buscar cumplir cualquier administración pública. En el caso de los países en vías de desarrollo, esta función debería ser quizás de las prioritarias en la gestión gubernamental; sin embargo, en la realidad se puede ver que no es así. El desarrollo social a escala federal en México está cargo de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), la cual a través de una serie de programas intenta cumplir esta función.

En lo que va del sexenio, la Sedesol acumula tres titulares, los dos primeros ofrecieron blindar los programas sociales e impedir su uso con fines electorales.

Cada año se han presentado denuncias por esa causa. Algunos delegados renunciaron, o fueron despedidos, por ese motivo, sin mayores consecuencias. El tercer titular acaba de ofrecer lo mismo, lo que, de inicio, significa que lo prometido por sus antecesores no se cumplió.

Por ello se debe garantizar la transparencia e imparcialidad en la selección de beneficiarios, dar a conocer el padrón de éstos y disponer su revisión en línea por la Auditoría Superior de la Federación y organizaciones de la sociedad civil.

El pasado domingo 9 de octubre, los gobiernos federal y del estado de México entregaron despensas y tarjetas electrónicas en un evento masivo en Huixquilucan.

Como parte de la Feria de Servicios de la Administración Federal, que coordina la Sedatu, el acto fue encabezado por el jefe de la Oficina de la Presidencia, Francisco Guzmán, y el gobernador Eruviel Ávila. El funcionario federal dijo a los asistentes que tiene instrucciones del Presidente Peña de atender al estado de México como una prioridad.

Ahí, Francisco Guzmán recordó la orden de Peña Nieto.

“Y él me dijo: ‘Francisco, te encargo el estado de México; debe tener atención prioritaria’”, relató el funcionario federal.

Para reafirmar sus palabras, se proyectó un video con un mensaje del presidente de la República.

Tras entregar copia de su credencial de elector, los presentes recibieron una tarjeta Efectiva, con 2 mil 750 pesos de saldo (16.5 millones).

Los plásticos se entregaron a 6 mil personas.

Después se distribuyeron despensas de Diconsa.

Hasta la zona boscosa del municipio llegaron los miles de beneficiarios en micros y camiones, procedentes de Huixquilucan, Naucalpan, San Juan Totoltepec, Nicolás Romero y Valle de Chalco, principalmente.

El 16 de octubre, en Zinacantepec, el jefe de la Oficina de la Presidencia, Francisco Guzmán, encabezó un acto público en el estadio de beisbol de la localidad, donde llegaron más de 5 mil personas.

Este día repartieron 4 mil 700 tarjetas Efectiva, con 2 mil 750 pesos cada una, y cerca de 6 mil despensas de Diconsa.

Lo que ocurrió en Huixquilucan y en Zinacantepec ocurre en casi todos los municipios del estado de México: el uso y abuso de programas sociales y recursos federales y estatales con fines electorales.

Por lo expuesto ponemos a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara Diputados del Congreso de la Unión solicita a la Auditoría Superior de la Federación que en el ámbito de sus atribuciones, realice una auditoría a los programas sociales a través de los cuales se han entregado tarjetas con dinero y despensas en diferentes municipios del estado de México por las Secretarías de Desarrollo Social, y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.

Segundo.Se exhorta a las Secretarías de Desarrollo Social, y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano a hacer públicos los criterios de selección de los beneficiarios de los programas sociales y de los apoyos económicos recientemente entregados en Huixquilucan y Zinacantepec, México, y los que posteriormente se entregaran en otros municipios.

Tercero. Se exhorta a las Secretarías de Desarrollo Social, y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano a hacer pública la información sobre el monto que se destinará para los diferentes programas sociales y apoyos económicos que se entregarán durante 2016, así como el universo de beneficiarios, en los municipios del estado de México.

Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a 25 de octubre de 2016.— Diputadas: Delfina Gómez Álvarez, Sandra Luz Falcón Venegas (rúbricas).»

Se turna a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, para dictamen.

REFORZAR EL PROGRAMA ESCUELAS SEGURAS, PARA GENERAR UN AMBIENTE DE LIBRE DE VIOLENCIA

«Proposición con  punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Seguridad Pública de Guerrero a reforzar el programa Escuelas Seguras para generar un ambiente libre de violencia en los planteles de la entidad, a cargo de la diputada Marbella Toledo Ibarra, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

La que suscribe, Marbella Toledo Ibarra, Diputada Federal a la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en los artículos 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea, proposición con punto de acuerdo, bajo la siguiente

Exposición de Motivos

El término inseguridad, acorde con el diccionario de la Real Academia Española (RAE) se define como la falta de seguridad; este concepto, deriva del latín secur?tas, que hace referencia a aquello que está exento de peligro, daño o riesgo, o que es cierto, firme e indubitable. A partir de las definiciones aportadas por la obra lexicográfica académica en cita, podemos determinar que la inseguridad, implica la existencia de un peligro, de un riesgo.

Para quienes radicamos en el Estado de Guerrero, la inseguridad se ha convertido en una amenaza en nuestro ser y nuestro estar, la violencia ha dejado de ser una excepción a la regla, para convertirse en la regla en sí. Según la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), Acapulco y Chilpancingo continúan siendo de las ciudades donde sus habitantes se sienten más inseguros.

Los resultados arrojados por la ENSU, dan muestra irrefutable de que la violencia sigue presente y se ha vuelto cotidiana en estas tierras del sur; el Estado ha sido secuestrado por el crimen, los guerrerenses nos encontramos inmersos en una espiral de violencia que parece no tener fin, cada día son más las notas periodísticas que hablan de fosas clandestinas, de donde son extraídos cientos de cuerpos sin vida  de los que alguna vez fueron padres, madres, hermanos, hermanas, hijos o hijas, crímenes que, pese a ser de lesa humanidad, permanecen en completa impunidad.

La sangre continua desbordándose por las calles y los crímenes son cada vez más atroces, hasta alcanzar limites inimaginable, a grado tal, que pareciera que el salvajismo sea convertido en un sello característico, nutriendo con su veneno la situación de miedo y pánico que ha descompuesto el tejido social, afectando principalmente a los municipios de Chilpancingo de los Bravos, pero en especial Acapulco de Juárez, que han sido calificados como de las ciudades más peligrosas del mundo.

La escalada de violencia, ha alcanzado a uno de los sectores más vulnerables de toda sociedad, la niñez; en Guerrero, se han documentado casos de menores que han optado por imitar las conductas de sus familiares los cuales colaboran con el crimen organizado y llevar sus prácticas criminales a las aulas.

Al respecto, el Presidente de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos en Guerrero, Ramón Navarrete Magdaleno, en el marco de la jornada nacional contra el acoso escolar, celebrada en mayo de este año, señaló que; “desgraciadamente hay niños que obligan a otros a que les entreguen parte de su recreo y eso es una retroalimentación de lo que estamos viendo afuera [...] el problema de la violencia allá afuera se nutre de la violencia que hay en las escuelas, ustedes se dan cuenta que cada vez hay más niños metidos en el tema de la inseguridad porque ya iniciaron con su actividad violenta desde la escuela, esos jovencitos que han detenido [...] eran los niños más gandallas en las escuelas, con esos perfiles estamos alimentando la delincuencia allá afuera”.

Como una contramedida a la propagación del mal que ha generado la delincuencia al interior de las instituciones educativas, en el año 2007, se implementó el programa “Escuelas Seguras”, a cargo de la Secretaría de Seguridad Pública; el objetivo de este programa es de generar un ambiente en la comunidad escolar, libre violencia y promover la inhibición de los delitos en todas las escuelas del estado, no solo trabajar en las que se encuentran dentro del programa Escuela Segura Federal.

Sin embargo, a más un lustro desde su implementación, los resultados no han sido los esperados, por ejemplo, en la nota intitulada “Niños cobran ‘derecho de piso’ a compañeros en Guerrero, publicada por Milenio, el 4 de mayo de 2016, expone como casos documentados, los siguientes:

“El 14 de abril pasado, la agencia de noticias IRZA publicó una nota en la que refiere la detención de un menor de 12 años, mismo que fue capturado por la policía cuando intentaba cobrar la cuota impuesta por un grupo delictivo.

Antes, el 15 de julio de 2014, la agencia Quadratín difundió una nota informativa en la que señala que en la secundaria Caritino Maldonado, del puerto de Acapulco, los alumnos de tercer grado cobraban piso a sus compañeros.

En marzo pasado, el alcalde de Pungarabato, Ambrosio Soto Duarte, manifestó que en una secundaria técnica, de la que se abstuvo de precisar la ubicación, estaba confirmado que un alumno, de nombre Felipe, tenía sometidos a sus compañeros al pago de una cuota, con la amenaza de que su padre era delincuente.”

Por estas razones, la Bancada de los Ciudadanos, con la finalidad de erradicar la violencia que se da entre los mismos alumnos dentro de los planteles educativos, en uso de las facultades que nos confieren los artículos 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a consideración de esta soberanía popular, el siguiente

Acuerdo Parlamentario

Único.La LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con pleno respeto a los órdenes de gobierno y esferas de competencia, hace un atento y respetuoso exhorto al Titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Estado de Guerrero, General Pedro Almazán Cervantes, para que refuerce la implementación del programa “Escuelas Seguras” en las instituciones educativas, a efecto de que se cumpla con el objetivo de este programa de generar un ambiente en la comunidad escolar, libre violencia y promover la inhibición de los delitos en todas las escuelas del estado.

Notas:

1 Real Academia Española. Diccionario de la lengua española. 23a. ed. Madrid: Espasa. 2014.

2 Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana. 2016.

3 http://bajopalabra.com.mx/guerrero-primer-lugar-en-personas-desaparecidas-segun -la-pgr#.V-3YVfnhDIU

4 http://www.forbes.com.mx/los-municipios-mas-inseguros-de-mexico-1/ #gs._rW2_bM

5 http://www.milenio.com/politica/Ninos_derecho_de_piso-cobro_derecho_de_piso-Cod dehum-acoso_escolar_0_731326902.html

6 http://www.milenio.com/politica/Ninos_derecho_de_piso-cobro_derecho_de_piso-Cod dehum-acoso_escolar_0_731326902.html

7 http://guerrero.gob.mx/programas/programa-escuela-segura-guerrero/

8 http://www.milenio.com/politica/Ninos_derecho_de_piso-cobro_derecho_de_piso-Cod dehum-acoso_escolar_0_731326902.html

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de octubre de 2016.— Diputada Marbella Toledo Ibarra (rúbrica).»

Se remite a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para dictamen.

DECLARATORIA DE DESASTRE NATURAL EN EL SECTOR AGROPECUARIO Y SE LIBEREN LOS RECURSOS DEL PROGRAMA COMPONENTE ATENCIÓN A DESASTRES NATURALES

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sagarpa a emitir con el gobierno de Chihuahua la declaratoria de desastre natural en el sector agropecuario y liberar los recursos del programa Componente Atención a Desastres Naturales en el Sector Agropecuario y Pesquero para mitigar los daños ocasionados por la granizada de los días recientes, a cargo del diputado Alex Le Baron González, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, diputado Alex Le Baron González, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 79, fracción II, numeral 2, fracción VI, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía el presente punto de acuerdo de urgente y obvia resolución con base en los siguientes

Antecedentes

De acuerdo a la información obtenida para el seguimiento a la operación de los Seguros Agropecuarios Catastróficos publicado por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), la agricultura es una actividad de alto riesgo, debido a la eventual presencia de condiciones climáticas adversas. El seguro agropecuario es un medio utilizado para la reducción de pérdidas inciertas o riesgos, a través de la transferencia de riesgos a los agentes financieros especializados. A pesar de la importancia de la agricultura en las economías de la mayoría de los países, los mercados formales de seguro, para la transferencia de riesgos relacionados con la producción agrícola, son aún incompletos cuando no inexistentes. En este contexto, el cambio climático, tal como lo señala la propia Sagarpa, es un factor que cobra mayor relevancia en nuestros días, por la estrecha relación que guarda con la ocurrencia cada vez más frecuente de fenómenos climatológicos extremos y de alto impacto en la población y en el ciclo económico-productivo en las zonas rurales del país.

Para el estado de Chihuahua la agricultura y la conservación de sus campos de cultivo es un tema de suma importancia por la trascendencia que esta actividad tiene en la vida y sustento de las familias chihuahuenses, y en la economía del estado.

Siendo Chihuahua un estado con un clima muy extremo, veranos de mucho calor e inviernos de intenso frío, con temporadas de intensas sequías o temporadas de lluvias y granizos torrenciales, la temporada de lluvias normalmente es en los meses de julio, agosto y septiembre, pero como en esta ocasión se presentan lluvias torrenciales y granizos no esperados en el mes de octubre.

El 7 de octubre de 2016 la Comisión Nacional del Agua (Conagua), a través del Servicio Meteorológico Nacional, emitió una alerta de lluvias fuertes y granizo para el estado de Chihuahua, tan solo unas horas de la alerta el 8 de octubre se presentó un granizo atípico de grandes proporciones en los municipios de Cuauhtémoc, Casas Grandes, Nuevo Casas Grandes y Galeana, siendo fuertemente afectados los poblados de: Dublan, San José, Sección Enríquez, Sección Hidalgo, Guadalupe Victoria, Cuauhtémoc, Ascensión, el Camello, y en otras zonas del noroeste del estado, que al día de hoy nos es imposible tener un dato completo de la cantidad de cultivos y arboles destrozados, esto por las distancias enormes con las que cuenta nuestra región, con el paso de los días se sabrá el daño causado por este fenómeno natural del granizo, afectaciones de miles de cosechas de chile, nuez, algodón, maíz, sorgo, creando pérdidas aun incalculables y diferentes árboles sin fruta que para el siguiente ciclo estos árboles tendrán poca o nula producción.

Diferente personal está tratando aún de cuantificar los daños pero se estima que entre 7 mil y 8 mil 500 hectáreas de cultivo se vieron afectadas, causando daños económicos millonarios, pero sobretodo la pérdida irrecuperable de las cosechas, algunas casi lista para su recolección; también que cientos de metros de malla protectora e infraestructura de los campos se vieron afectados, lo cual implica una pérdida económica de varios millones de pesos sumados a los de las cosechas perdidas.

Chihuahua, siendo líder en cultivos como el primer productor de algodón de riego con 56.7 por ciento de la superficie sembrada nacional y aporta 46.6 por ciento de la producción nacional, primer productor de avena forrajera de temporal, contribuye con 35.1 por ciento de la superficie sembrada total y 40.9 por ciento de la producción nacional, primer productor de manzana con 43.1 por ciento de la superficie sembrada nacional y 73.7 por ciento de la producción total, primer productor de nuez, contribuyendo con 60.7 por ciento de la superficie sembrada nacional y 56.2 por ciento de la producción nacional.

Las superficies en hectáreas cosechadas en el estado, para algunos productos son: nuez: 32 mil 386 hectáreas, algodón: 63 mil 76 hectáreas, manzana: 23 mil 587 hectáreas, chile: 25 mil 958 hectáreas, sorgo: 44 mil 148 hectáreas y maíz: 24 mil 194 hectáreas.

Debido a esto, y ante la existencia en nuestro país de instrumentos de transferencia de riesgos aplicables al sector rural, y a la cada vez mayor participación de agentes especializados en estos esquemas, es importante seguir reforzando los mecanismos de aseguramiento en el ámbito rural para proteger a un mayor número de productores; sobre todo aquellos que por sus ingresos no tienen acceso a los mercados financieros privados de seguros. En virtud de lo anterior, pongo a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo único: La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión respetuosamente exhorta a la Secretaría de Agricultura, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, la aplicación del programa Componente Atención a Desastres Naturales en el Sector Agropecuario y Pesquero (Cadena) a efecto de que se apoye a productores agropecuarios de bajos recursos de los municipios afectados por el granizo.

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta al titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y que en coordinación con el gobierno del estado de Chihuahua, emita la declaratoria de desastre natural en el sector agropecuario y se liberen los recursos del programa Componente Atención a Desastres Naturales en el Sector Agropecuario y Pesquero (Cadena) para mitigar los daños ocasionados a los productores del sector por las afectaciones que dejó el granizo durante los últimos días.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de octubre de 2016.— Diputado Alex Le Baron González (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego, para dictamen.

ESTABLEZCAN LAS ACCIONES CORRESPONDIENTES POR LOS HECHOS OCURRIDOS EN EL ESTADO DE MÉXICO EN DONDE FUNCIONARIOS PÚBLICOS HICIERON ENTREGA DE DESPENSAS

«Proposición con  punto de acuerdo, por el que se exhorta a la ASF a practicar una auditoría especial de cumplimiento financiero y establecer las acciones correspondientes por los hechos ocurridos en el estado de México, donde servidores públicos entregaron despensas y tarjetas con dinero electrónico, a cargo del diputado Jorge López Martín, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, Jorge López Martín, integrante del Grupo Parlamentario Partido Acción Nacional en la Cámara de Diputados de la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de los artículos 3, numeral 1, fracción XX; 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracciones I y II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, 116 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como artículos 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta asamblea del Honorable Congreso de la Unión, la siguiente proposición con punto de acuerdo con base en las siguientes

Consideraciones

La Auditoría Superior de la Federación es un órgano especializado de la Cámara de diputados que cuenta con autonomía técnica para decidir sobre su organización funcionamiento, resoluciones y manejo de los recursos presupuestales que le son asignados.

Para poder llevar acabo sus funciones la Auditoria Superior realiza diversos tipos de auditoria dentro de las cuales resalta auditoría de cumplimiento financiero que se encarga de revisar que la recaudación, captación, administración, ejercicio y aplicación de recursos aprobados por el Congreso se lleven a cabo de acuerdo a la normativa correspondiente y que su manejo y registro financiero haya sido correcto.

Rescatando que la propia ley de Fiscalización y Cuenta Pública define auditoria como: proceso sistemático en el que de manera objetiva se obtiene y se evalúa evidencia para determinar si las acciones llevadas a cabo por los entes sujetos a revisión se realizaron de conformidad con la normatividad establecida o con base en principios que aseguren una gestión pública adecuada.

Es en estos tiempos cuando se acercan periodos de elecciones que los partidos políticos y demás personas interesadas comienzan a realizar actividades para despertar el interés de las personas, tomando del gasto público para poder realizar dichas acciones, en ocasiones se desvían recursos, y de esta manera ganar votos, cosa que no es jurídica, ni éticamente hablando viable.

El gobierno del Estado de México apoyado por el gobierno Federal, empiezan a realizar actos de campaña anticipados, por su puesto disfrazados de “apoyos” o “estímulos”, para habitantes del Estado de México, ya que arribaron en transportes pagados por el propio gobierno, además hicieron entrega de despensas, así como una tarjeta con la cantidad de 2 mil 750 pesos y para obtenerla tenían que entregar una copia de su credencial de elector. Es bien sabido que este gobierno se vale de jugadas como esta para obtener votos, más aún cuando se acercan las alecciones en esta Entidad, no es de sorprendernos que el mismo presidente de la Republica los apoye , ya que hasta un mensaje envió refiriéndose a Eruviel como su paisano y que juntos seguirían “sumando esfuerzos” por dicho Estado. Ya basta de que el PRI se siga valiendo de actos proselitistas comprando el voto de los ciudadanos con pequeños “apoyos “de los que no sabemos de dónde proceden.

En una nota publicada en un portal de internet retomando la noticia publicada por grupo Reforma de fecha 9 de octubre de 2016 hacen mención a lo siguiente:

El día 8 de octubre “...El gobierno federal en coordinación con el gobierno del estado de México entregaron despensas y vales electrónicos durante un evento masivo en municipio de Huixquilucan. Esto de acuerdo con una nota de Reforma.

El acto fue encabezado por el jefe de la Oficina de la Presidencia de México, Francisco Guzmán, y por el Gobernador de esa entidad, Eruviel Ávila, la cual, de acuerdo al primero, por instrucciones del Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, se debe atender como prioridad.

En el evento, que formó parte de la Feria de Servicios de la Administración federal, que coordina la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), los asistentes recibieron una tarjeta con saldo de 2 mil 750 pesos, que pueden hacer valido a partir de este lunes, a cambio de una copia de su credencial de elector. Además hubo distribución despensas de Diconsa, acciones que Francisco Guzmán aseguró, nada tienen que ver con algún acto electoral.

“Es un trabajo permanente donde ha sido siempre público el trabajo en equipo del Gobierno estatal con el Gobierno de la República”, dijo el funcionario.

Reforma detalló que los beneficiarios procedentes de Huixquilucan, Naucalpan, San Juan Totoltepec, Nicolás Romero y Valle de Chalco, principalmente, arrobaron al evento en micros y camiones.

Ahí, se proyectó un video con un mensaje del Presidente de la República...“Para mí es muy importante que sepas que me siento muy orgulloso de ser tu paisano y de seguir trabajando por el Estado de México, que tanto queremos. Sumando esfuerzos con el Gobernador Eruviel Ávila hemos incrementado recursos

Que se invierten en nuestro estado en acciones a favor de nuestra gente”, dijo el Mandatario en el video.

Mensaje que reafirmó Guzmán, a través de la orden de Peña Nieto le dio: “Y él me dijo: ‘Francisco, te encargo al Estado de México, tiene que tener una atención prioritaria’”, relató el funcionario federal.

El diario volvió a preguntar si la entrega de monederos electrónicos de Banorte y despensas tuvieron alguna intención electoral en Edomex, a lo que el funcionario manifestó: “Estamos trabajando de manera institucional, ajeno a cualquier tipo de motivación electoral”, según explicó, “son acciones de carácter institucional que el Gobierno de la República realiza con otros estados”.

Para obtener dichas tarjeta los beneficiarios se inscribieron en una lista, para posteriormente recibir un “sticker” de identificación.

Después de recibir las tarjetas, los asistentes se formaron en la fila de las despensas, para las cuales no hubo necesidad de identificarse ni entregar ningún documento, por algunas personas se formaron dos veces, para después regresar a sus respectivos municipios en los mismos autobuses en los que llegaron”.

Es importante que realicemos estas acciones, toda vez que debemos saber de dónde se están obteniendo esos recursos y si esto no es un acto de proselitismo, o bien acciones de campaña anticipados.

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al titular de la Auditoria Superior de la Federación para que, de conformidad con el artículo 17 fracciones I, III, IV y V del Reglamento Interior de la Auditoria Superior de la Federación realice una auditoría de cumplimiento financiero para que revise que la recaudación, captación, administración, ejercicio y aplicación de los recursos; con motivo de los hechos ocurridos en el estado de México en donde funcionarios públicos hicieron entrega de despensas y tarjetas con dinero electrónico fue de conformidad a lo establecido en la ley.

Nota:

1 Texto recuperado en: http://www.sinembargo.mx/09-10-2016/3102064

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de octubre de 2016.— Diputado Jorge López Martín (rúbrica).»

Se remite a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, para dictamen.

SEGURIDAD E INTEGRIDAD FÍSICA DE ARTESANOS Y COMERCIANTES DE LA ZONA ARQUEOLÓGICA DE CHICHÉN ITZÁ

«Proposición con punto de acuerdo, relativo a la seguridad e integridad física de artesanos y comerciantes de la zona arqueológica de Chichén Itzá y la salvaguarda de sus derechos humanos respecto al desalojo que se pretende realizar de sus lugares de trabajo, a cargo de la diputada Isaura Ivanova Pool Pech, del Grupo Parlamentario del PRD

Quien suscribe, diputada Isaura Ivanova Pool Pech, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

1. En México hay un registro de 65 pueblos originarios, más de 11 millones de personas indígenas, 7 millones hablan 68 lenguas con 364 variantes diferentes al español; cerca de la quinta parte del territorio pertenece a estos pobladores, y aun así los hemos ignorado.

Los pueblos indígenas se organizan y guardan la esperanza de convivir con una sociedad más justa, de ser escuchados y alcanzar la paz y el respeto que merecen, sin embargo las condiciones en las cuales se encuentran permanecen; siguen siendo víctimas del despojo de su territorio, explotación y de graves violaciones a sus derechos.

Desde esta tribuna hago uso de la voz en nombre de un grupo de ellos; los artesanos de Chichén Tiza, quienes se encuentran en riesgo de sufrir una injusticia más y ser despojados del sitio donde ancestralmente se han dedicado a esta actividad.

2. Actualmente más de ochocientos artesanos y comerciantes mayas laboran al interior de la zona arqueológica de Chichén Itzá, pues bien, se trata de comunidades indígenas que generación tras generación se han dedicado a esta actividad en este sitio.

De su actividad dependen directamente más de diez mil indígenas e indirectamente más de veinte mil personas. A pesar de este contexto el gobierno de Yucatán; la Dirección del Patronato de Cultura; la Dirección del INAH México, y la delegación del INAH Yucatán, pretenden desalojarlos.

Hace ocho años habían firmado un acuerdo mediante el cual se instauraba una mesa de dialogo con estos mismos actores, pero no se le dio continuidad y mucho menos cause a algún acuerdo, por el contrario, hoy se pone en riesgo su integridad física y la propia vida de estas familias niños y mujeres que diariamente buscan subsistir con su trabajo.

3. Es importante señalar que el abandono que sufre el pueblo maya, y el rezago social y económico de las comunidades indígenas, los ha orillado a emprender esta batalla legítima y una denuncia pública sobre las múltiples vejaciones discriminatorias de las que han sido objeto.

Los intereses tanto de las autoridades como de prestadores de servicios y empresarios, se reflejan en campañas de difamación, y calumnia, al calificarlos como una mala imagen para el turista.

En este orden de ideas es necesario que alcemos la voz a favor de los pueblos originarios, mismos que como en este caso, padecen abusos y sufren numerosas desigualdades y violaciones a sus derechos.

4.Nuestro país tiene una deuda histórica con ellos, siguen sufriendo de forma desproporcionada la pobreza; el pago de salarios insuficientes; bajos niveles de educación; reducida esperanza de vida; elevada mortalidad materna e infantil; falta de acceso a saneamiento y agua potable. En fin, un sin número de carencias.

Ahora mismo y en este caso particular, es notorio que a comunidades enteras, se les niega el acceso a sus tierras ancestrales, y se les pretende someter a la represión violenta y a los abusos por manifestarse pacíficamente en demanda de sus derechos.

Los pueblos indígenas en Chichén Itzá se han visto cada vez más excluidos, desplazados, marginados de los procesos en toma de decisiones de los gobiernos y las empresas son quienes se apropiaron de sus entornos sin respetar sus usos y costumbres.

Este es el ejemplo claro de la opresión y la intimidación, por tal razón, antes de que se convierta en un hecho lamentable más, pedimos respetuosamente a los gobiernos federal y local,  así como a las autoridades competentes, garanticen las condiciones necesarias para que la población indígena pueda preservar sus derechos sin temor a sufrir amenazas y agresiones, y para que desarrollen su actividad artesanal y comercial tal y como como lo vienen haciendo por generaciones.

Por lo antes expuesto, someto a la consideración de esta honorable asamblea, los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa, al gobierno federal a través de la Secretaría de Cultura, al gobernador de Yucatán y al Instituto Nacional de Antropología e HistoriaINAH, para que se garanticen la seguridad e integridad física de los artesanos y comerciantes de Chichén Itzá.

Segundo. Se reinstale la mesa de diálogo que se conformó el 26 de Febrero del 2008, a fin de atender, analizar y conciliar intereses, para mejorar las condiciones de vida de los pueblos originarios del municipio de Tinum, y los poblados de Pisté, Xcalacoop, San Felipe Nuevo, San Felipe Viejo, entre otros.

Tercero.Se exente de pago a todos los yucatecos y avecindados en el Estado para ingresar a cualquier zona arqueológica abierta al público, y se reconozca formalmente el lugar de trabajo al interior de la zona de Chichén Itzá de los artesanos, brindándoles espacios dignos y humanos ya que actualmente no cuentan con ello.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de octubre de 2016.— Diputada Isaura Ivanova Pool Pech (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Cultura y Cinematografía, para dictamen.

LLEVAR A CABO TODAS LAS ACCIONES CONDUCENTES PARA TRANSFERIR DE MODO INMEDIATO LOS RECURSOS FEDERALES

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Finanzas y Planeación de Veracruz a llevar a cabo acciones para transferir de inmediato los recursos federales correspondientes a los municipios de la entidad, a cargo del diputado Javier Octavio Herrera Borunda e integrantes del Grupo Parlamentario del PVEM

Quien suscribe, diputado Javier Octavio Herrera Borunda, en nombre de los diputados del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México de la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta honorable asamblea, la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Los servicios que prestan los municipios a través de sus administraciones deben apoyar de manera directa el crecimiento económico y el desarrollo social, así como fomentar la actividad y participación económica de sus comunidades, con la finalidad de apoyar el bienestar de su población.

En este tenor, es importante tener servicios públicos municipales capaces de implementar diversos programas y actividades a favor del tejido social y aplicar recursos monetarios orientados a crear efectos positivos en la generación de riqueza.

El compromiso entre los diferentes órdenes de gobierno es el de coordinarse para ofrecer las mejores políticas públicas y legislaciones posibles. La actual administración pública federal ha puesto en marcha diversos ejes transversales para generar certeza, confianza y efectividad en el ámbito económico y el de las finanzas públicas en beneficio de las y los mexicanos.

En este sentido, consideramos importante hacer un llamado al cumplimiento de las responsabilidades institucionales que por diversas omisiones han obstaculizado la satisfacción de las demandas y necesidades de la población en el nivel municipal. A este respecto, se requiere de una coordinación más estrecha entre la Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado de Veracruz y todos los municipios de la entidad en comento, con el propósito de que la falta de recursos, o bien, la dilación en la transferencia de los mismos, sea un pretexto para que las autoridades no cumplan con sus fines prioritarios.

Cabe señalar que en días recientes, los presidentes municipales de Atoyac, Atzacan, La Perla, Mariano Escobedo, Zongolica, Río Blanco, Nogales, Ciudad Mendoza, Orizaba, Ixtaczoquitlán, Fortín, Córdoba, Yanga, Amatlán, Omealca, Cuichapa, Naranjal, Tezonapa, Tomatlán, Chocaman, Calcahualco, Coscomatepec, Ixhuatlán del Café, Soledad, Tepatlaxco, Comapa, Tlacotepec de Mejía, Juan Rodríguez Clara, Naulinco, Tlaltetela, Coatzacoalcos, Minatitlán, Nanchital, Moloacán y Las Choapas, han denunciado varias veces y por diferentes medios de comunicación la retención de recursos federales por parte de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado de Veracruz. Estas denuncias de autoridades municipales tienen siempre la misma referencia “no recibimos en tiempo y forma los recursos que fueron etiquetados por el gobierno federal”.

Esto propicia un desgarramiento del tejido social al no estar garantizados los recursos económicos necesarios para cumplir con las responsabilidades administrativas y sociales de los órganos de gobierno más cercanos con la sociedad, es decir, los municipios.

Esta situación provoca que obras de infraestructura en zonas de alta marginación no se pongan en marcha o no se culminen por falta de recursos pecuniarios, lo cual genera a corto y largo plazo graves irregularidades para los municipios. Resulta más grave aún la nulidad de información y la falta de compromiso manifestados desde la Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno Estado de Veracruz que no da una respuesta clara a quienes reclaman el dinero que ya fue autorizado por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Por este motivo consideramos indispensable realizar un exhorto encaminado a que los recursos financieros en comento lleguen a su destino final para dar paso a servicios vitales como las retribuciones en materia de infraestructura, el pago de servicios públicos y la atención de las necesidades directamente vinculadas con la seguridad pública de sus habitantes.

En este orden de ideas se promueve que se garantice a los municipios antes enlistados la recepción puntual y efectiva de las trasferencias federales a las que tienen derecho. Puesto que la insuficiencia de recursos constituye la principal limitación para cumplir sus funciones.

No está demás señalar que las administraciones municipales dependen, según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) para el año 2016, en 70.1 por ciento del patrimonio que proviene de la federación, es decir, sin este suministro regular hacia los municipios, virtualmente se paralizan todos sus proyectos y programas municipales, lo cual va en detrimento de sus poblaciones y fundamentalmente de los grupos más vulnerables, lo cual desalienta seriamente el desarrollo económico y social de la región.

Por lo aquí expuesto y fundado, sometemos a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único.La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Finanzas y Planeación del gobierno del estado de Veracruz a llevar a cabo todas las acciones conducentes para transferir de modo inmediato los recursos federales que corresponden a los municipios de la entidad, cuyos presidentes municipales reportan no haber recibido.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de octubre de 2016.— Diputado Jesús Sesma Suárez (rúbrica).»

Se remite a la Comisión de Desarrollo Municipal, para dictamen.

PUBLIQUE EL PLAN DE MANEJO DEL ÁREA NATURAL PROTEGIDA YUM BALAM, Y NO PERMITA EL CAMBIO DE USO DE SUELO EN LA ISLA DE HOLBOX, AMBOS UBICADOS EN QUINTANA ROO

«Proposición con punto de acuerdo, por el cual se exhorta a la Semarnat a elaborar y publicar en el ámbito de sus atribuciones el plan de manejo del área natural protegida Yum Balam, y no permitir el cambio de uso de suelo en la isla de Holbox, en Quintana Roo; y a la Profepa, a investigar que los desarrollos turísticos y urbanísticos de la misma isla se hayan ajustado a la normativa ambiental, a cargo del diputado Ángel Antonio Hernández de la Piedra, del Grupo Parlamentario de Morena

El que suscribe, Ángel Antonio Hernández de la Piedra, diputado federal a la LXIII Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto en la fracción I del numeral 1 del artículo 6o. y el artículo 79, numeral 1, fracción II, todos del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, bajo las siguientes:

Consideraciones

Holbox es un sitio excepcional, pocas veces se juntan tantas variables que forman un verdadero paraíso, como la ubicación geográfica, el clima, las corrientes de los océanos  y el tiempo, mucho tiempo. La ocurrencia de cada una de estas situaciones requiere de eventos multifactoriales,  por ello debemos reconocer que sitios como Holbox, no abundan en la circunferencia de nuestro planeta. Es necesario partir de esta premisa para valorar en su justa dimensión la problemática que vive la paradisiaca Isla.

La isla se ubica en el municipio de Lázaro Cárdenas, a unos 160 kilómetros de Cancún, mide 42 kilómetros de largo y dos de ancho y forma parte del Área Natural Protegida Yum Balam (ANPYB), que cuenta con categoría de área de protección de flora y fauna, como costa en el decreto de creación, publicado en el Diario Oficial de la Federación del día 6 de junio de 1994.

Yum Balam presenta características geológicas, biológicas, hidrológicas y geomorfológicas poco comunes en México y conserva las selvas tropicales más norteñas existentes en un área natural protegida (ANP) de nuestro país, su riqueza de ambientes, tanto acuáticos como terrestres, se refleja en el elevado número de especies que habitan en ella.

Con alrededor de 400 especies de pájaros, que de forma permanente o migratoria viven en ella, se hayan representadas el 85% de las especies de aves registradas en la Península de Yucatán, con un alto endemismo, ya que entre estas se encuentran el 90% de las especies endémicas de esta categoría que habitan dicha península.

Otros datos que nos muestran la riqueza biológica del lugar los hayamos cuando consultamos los documentos publicados por la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), cuando está Comisión nos dice que en un muestreo rápido, se registraron 311 especies de fauna silvestre, de las cuales 186 son invertebrados y 125 vertebrados, agrupados en siete clases taxonómicas: Insecta, Arachnida, Miriapoda, Amphibia, Reptilia, Aves y Mammalia, y se colectaron 168 especies de insectos, 186 de artrópodos, 18 de lepidópteros y seis de dípteros, entre otras.

En cuanto a la flora, esta muestra una amplia diversidad, ya que en la ANP en comento se tienen regiones de selva baja subcaducifolía; selva mediana subcaducifolia; selva mediana subperennifolia; pastizal inundable; selva baja inundable; tasistal; manglar de cuenca baja; manglar de franja; manglar de salitral; petenes y vegetación de duna costera.

Simultáneamente a lo anterior, en las playas de la Isla de Holbox, así como en las de Punta Caracol, anidan las tortugas marinas de Carey y Caguama, y existen evidencias de uso del hábitat marino por parte de otras especies como la lora, laúd y la verde, todas en peligro de extinción.

Debido a que en esta ANP contiene humedales de gran importancia para la conservación de la diversidad biológica en general y en particular de aves migratorias, ya que muchas especies, varias en peligro de extinción habitan de forma temporal sus manglares, el ANPYB fue inscrita el día 2 de febrero de 2004 en los sitios de la Convención Relativa a los Humedales de Importancia Internacional especialmente como Hábitat de Aves Acuáticas, es decir, a partir de esa fecha es sitio Ramsar, lo que compromete a nuestro país ante el mundo a la conservación y el uso racional de los humedales de dicha ANP.

Pero, pese a que el decreto por medio del cual se declara a Yum Balam como ANP, como ya se mencionó, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación del día 6 de junio de 1994, y de la importancia ambiental de la misma, reconocida a nivel mundial, al día de hoy no cuenta con su respectivo programa de manejo y su degradación ambiental va en aumento.

Si bien es cierto que el decreto por el que se crea el ANPYB es previo a las reformas a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA), que exigen la elaboración del mencionado programa, en particular el artículo 65 de este ordenamiento, que a la letra señal:

“Artículo 65.- La Secretaría formulará, dentro del plazo de un año contado a partir de la publicación de la declaratoria respectiva en el Diario Oficial de la Federación, el programa de manejo del área natural protegida de que se trate, dando participación a los habitantes, propietarios y poseedores de los predios en ella incluidos, a las demás dependencias competentes, los gobiernos estatales, municipales y del Distrito Federal, en su caso, así como a organizaciones sociales, públicas o privadas, y demás personas interesadas.”

También es cierto que las áreas naturales que se establecieron antes de la reforma deben de tener su plan de manejo, y es obligación de la Semarnat el formularlo y publicarlo, en los términos de la LGEEPA vigente, como ya lo sustentó de forma contundente la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), en su “recomendación general número 26 Sobre la falta y/o actualización de programas de manejo en áreas naturales protegidas de carácter federal y su relación con el goce y disfrute de diversos derechos humanos.”, publicada en el Diario Oficial de la Federación del día 25 de abril de 2016.

Es también de destacar que la falta del programa de manejo conlleva a la violación del derecho humano a un ambiente sano y el de la certeza jurídica, entre otros, además de propiciar que los objetivos por los cuales se crean estas áreas no se cumplan. A decir de la CNDH en la recomendación citada:

“El programa de manejo es un instrumento de gestión fundamental para el objeto de las propias áreas protegidas: conservación de los ecosistemas y su biodiversidad; que a su vez, contribuye a garantizar la observancia del derecho humano a un medio ambiente sanoen virtud de las características propias de cada área, al sentar las bases de manejo y administración en materia de desarrollo sustentable, conservación y preservación. Asimismo, con su elaboración y ejecución se promueve, procura y garantiza el ejercicio de otros derechos humanos, como a la seguridad jurídica y legalidad, además de la libre determinación en la toma de decisiones, para favorecer un desarrollo sustentable y mejora de las condiciones de vida, particularmente en el caso de pueblos indígenas asentados en dichas áreas.”

Entonces, la falta del programa de manejo es parte de la problemática que lleva a la degradación ambiental del ANPYB, misma que se ve reflejada en las especies que en ella se encuentran.

De los pájaros que la habitan de forma permanente o temporal se tiene un gran número de especies con algún estatus de riesgo, enlistadas en la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010, como son: el flamenco ( Phoenicopterus ruber), así como el jabirú ( Jabiru mycteria), el zopilote rey ( Sarcoramphus papa), el halcón peregrino ( Falco peregrinus), el halcón aplomado ( Falco femoralis), el milano de cabeza gris ( Leptodon cayanensis), el milano de pico de gancho ( Chondrohieras uncinatus), el milano de doble diente ( Harpagus bidentatus), así como dos águilas neotropicales, la negra ( Spizaetus tyrannus) y la ornada ( Spizaetus ornatus), el hocofaisán ( Crax rubra), el cojolite ( Penelope purpurascens), y el garzón cenizo en su variedad blanca ( Ardea herodias).

Entre las especies de flora relevantes a nivel nacional tenemos: Rhizophora mangle(mangle rojo), Laguncularia racemosa(mangle blanco), Avicennia germinans(mangle negro) y Conocarpus erectus(mangle botoncillo), todas con alguna categoría de riesgo según la misma NOM-059-SEMARNAT-2010.

En igual situación se encuentran el jabalí de labios blancos ( Tayassu pecarí), monos arañas ( Atelles geofroyii) y aulladores ( Allouata pigra), venado cola blanca ( Odocoileus virginianus), el tepezcuintle ( Agouti paca) y el sereque ( Dasiprocta punctata), por citar tan solo a algunas de las especies que están siendo afectadas por la falta del programa de manejo.

Regresando al caso particular de Holbox, esta isla toma su nombre del maya y significa Hoyo negro y se refiere a la gran profundidad que tiene la laguna Yalahau, que la diferencia del resto con las que cuenta México. Además la riqueza de los nutrientes del mar que la rodea permite que una gran cantidad de especies marinas se desarrollen en esa zona, muchas de estas carismáticas, como por ejemplo, el tiburón ballena, que se ha convertido en la imagen emblemática de la isla.

Pero, la belleza tiene un costo, atrae al turismo y con ellos la basura, la contaminación y el ataque a las especies protegidas, el que Holbox sea parte del ANPYB ha servido de poco para las especies y el ambiente.

Los hoteles y viviendas se instalan sin control, la organización “Salvemos a Holbox” estima que el día de hoy existen 50 construcciones en desarrollo, entre ellas cinco nuevos hoteles con vista al mar. Hotel Villa Cocoteros, Villa Flamencos, Villas Paraíso del Mar, Holbox “Residence”, y proyectos urbanísticos como Casa de las Tortugas, Casa Iguana, son algunos de los desarrollos que han presentado solicitud de operación o construcción ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) en los últimos meses. De hecho, las guías turísticas “online” ofrecen hasta 81 hoteles distintos para hospedarse en la isla. Una noche en ese paraíso puede costar 500 dólares en temporada alta. Lo anterior, sin contar la demanda de vivienda que se requiere para los prestadores de servicios, empleados y diverso personal para estos hoteles.

La asociación Comunicación y Ambiente, AC, advierte que este desarrollo traerá muchos problemas, argumentando que sólo para atender a los turistas circulan por las calles arenosas hasta 500 carritos de golf, 150 motocicletas y decenas de cuatrimotores, poco más de 600 bicicletas se rentan y prevé que en dos años habrá 10,000 habitantes, 8,600 más de los que hoy radican ahí. Hoy el basurero de Holbox, es dominado por los zopilotes, la basura se quema y si hay lluvia son las corrientes las que se encargan de dispersar los contaminantes.

Los ambientalista confirman que en temporada alta puede llegar a concentrarse hasta 12 toneladas de basura por día y 6 en período normal. La creciente degradación de este paraíso, paradójicamente se debe a la belleza del lugar, que propicia el desarrollo hotelero, con lo que se perjudicará irremediablemente el frágil equilibrio del medio ambiente que tiene la isla.

La manera que se está llevando a cabo el turismo por parte de los inversionistas, contrario totalmente al ecoturismo que los habitantes del ANP practicaron por décadas, está afectando severamente a las especies que se busca proteger, algunas en peligro de extinción, y al propio hábitat. Esto es conocido por la Conanp, órgano desconcentrado de la Semarnat, por mencionar tan solo un ejemplo de lo anterior, tenemos que está comisión publica con respecto a las tortugas marinas lo siguiente:

 “Asimismo, el desarrollo turístico costero, pone en riesgo los sitios de anidación al modificar artificialmente la estructura de la vegetación de las dunas costeras, así como por la incidencia de iluminación artificial frente a las playas de desove. La compactación de la duna costera por el tránsito turístico y la construcción de estructuras para favorecer los servicios al turista en la playa se han convertido en un obstáculo para el libre tránsito y natural selección de los sitios de anidación de las tortugas marinas. Se está observando en las playas un incremento en la construcción de “muros de contención” para proteger las casas habitación, comercios y hoteles de los embates de un eventual huracán. Estas estructuras son una barrera para el acceso de las tortugas para anidar en los sitios más protegidos de la playa. El resultado es que las tortugas tienden a anidar en sitios expuestos al oleaje de un eventual mal tiempo, lo cual erosiona estos sitios de anidación y expone los huevos a la intemperie y a depredadores.”

El desarrollos turísticos depredadores que en Holbox se está implementando, de manera legal solo se pueden dar con la anuencia de la Semarnat, de cualquier otra forma serían contrarios a la legislación ambiental, ya que el artículo 62 de la LGEEPA prevé el cambio del uso de suelo, a decir de dicho artículo:

“Artículo 62.- Una vez establecida un área natural protegida, sólo podrá ser modificada su extensión, y en su caso, los usos del suelo permitidos o cualquiera de sus disposiciones, por la autoridad que la haya establecido, siguiendo las mismas formalidades previstas en esta Ley para la expedición de la declaratoria respectiva.”

Al ser Holbox parte de un ANP de carácter federal, la autoridad a la que hace alusión el artículo señalado es la Semarnat, entonces, o esta secretaría está en alguna forma actuando en contra de la misma ANP, o, los desarrollos señalados son ilegales y a Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) debe de tomar acciones al respecto.

En otro orden de ideas, el pasado 17 de septiembre en la isla se inició un incendio que afectó 87 hectáreas. De acuerdo con el Gerente de la Comisión Nacional Forestal (Conafor) en Quintana Roo, C. Rafael León Negrete, para combatir el siniestro participaron 54 personas , con equipo especializado. En esas labores se utilizó una pipa de 10 mil litros, una UNIMOG carro motobomba, una lancha, cuatro camionetas pick up, una cuatrimoto, dos retroexcavadoras, un jeep militar, tres unidades tipo Hummer VTP, una bomba de extracción de agua tipo Mark 3, una motocicleta y un volquete.

De acuerdo con ambientalistas de las organizaciones “Pronatura Península de Yucatán” y “Yo Defiendo a Holbox” los habitantes que tienen varias generaciones viviendo en la isla y que hoy en día se dedican a proveer servicios turísticos ecológicos, informaron sobre el siniestro a las autoridades cuando desde sus embarcaciones vieron que una nube de humo salía del interior de la isla.

En redes sociales, pobladores y activistas acusaron que la atención no fue inmediata, lo que provocó que el daño se extendiera, afectando una amplia zona con especies endémicas, como la palma nacax y la palma chit, esta última con categoría de amenaza según la NOM-059-SEMARNAT-2010. También resultaron afectadas otras especies de importancia ecológica, como el chechen tissiche ( Pithecelobium keyense), uva de mar ( Coccoloba uvifera), limoncillo ( Jacquinia aurantiaca), maguey ( Agave antugustifolia) y orégano de playa ( Lantana involucrata).

Posteriormente y como parte de la revisión realizada por la Profepa, se determinó por medio de los indicios encontrados que el incendio fue provocado, en la revisión, la Profepa también constató la eliminación y desplazamiento de fauna silvestre como venados, mapaches, ocelotes, lagartijas escamosas, iguanas rayadas, la iguana tolok, langosta, además de aves como el cenzontle, la chara yucateca y el hocofaisan.

Sin que el que esto suscribe tenga los elementos para determinar quién causó el incendio y por lo mismo lanzar una acusación, si es un hecho que personas morales, como por ejemplo, La empresa Península “Maya Development”, desde hace muchos años ha querido “desarrollar” la zona.Al principio por medio de un proyecto inmenso, donde contemplaba campos de golf, dragados, y nuevas comunidades dentro de la isla. Ante la oposición al ecocidio que se pretendían llevar a cabo, hace casi dos años ingresaron un nuevo proyecto que contemplaba la creación de una comunidad, aunque de menor tamaño, misma que denominaron, “La Ensenada”, con 875 villas, condominios, tres hoteles y área comercial, este proyecto está bajo revisión de la Semarnat desde 2012.

Con respecto al incendio mencionado, la Conanp señaló en un comunicado del 19 de septiembre que sí el dictamen confirmaba la versión de un incendio provocado, solicitaría aplicar la veda establecida en la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, misma que prohíbe cambiar el uso de suelo en la zona afectada hasta lograda su recuperación,  y por su parte la Profepa confirmó en un boletín del día 20 del mismo mes, que solicitará a la Semarnat la implementación de dicha medida hasta por 20 años en la zona,  es decir, no se podrá otorgar autorización de cambio de uso de suelo en terreno incendiado sin que hayan pasado 20 años y se acredite fehacientemente ante la Semarnat que el ecosistema se ha regenerado totalmente.

Si bien, de manera acertada ambas instituciones están pidiendo la Semarnat la aplicación del tercer párrafo del artículo 117 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, que a la letra señala: “No se podrá otorgar autorización de cambio de uso del suelo en terreno incendiado sin que hayan pasado 20 años y que se acredite fehacientemente a la Secretaría que el ecosistema se ha regenerado totalmente, mediante los mecanismos que para tal efecto se establezcan en el reglamento correspondiente.”, consideramos que no está por demás que esta soberanía se una a esta petición.

Por lo anteriormente expuesto someto a consideración del pleno de esta soberanía la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, exhorta de manera respetuosa a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a que en el ámbito de sus atribuciones elabore y publique el Plan de Manejo del Área Natural Protegida Yum Balam, ubicada en el estado de Quintana Roo.

Segundo. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, exhorta de manera respetuosa a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a que en el ámbito de sus atribuciones, cumpla de forma irrestricta con lo mandatado en el tercer párrafo del artículo 117 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, y por ningún motivo permita el cambio de uso de suelo en los terrenos que fueron incendiados en la Isla Holbox, misma que forma parte del área natural protegida Yum Balam, estado de Quintana Roo.

Tercero. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, exhorta de manera respetuosa a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, a que en el ámbito de sus atribuciones investigue que los desarrollos turísticos y urbanísticos, construidos y en proceso de construcción, en la Área Natural Protegida Yum Balam, estado de Quintana Roo, y en especial en la Isla Holbox, cuenten con los cambios de uso de suelo y otros trámites legales necesarios para la construcción de los mismos, conforme a la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente y demás ordenamientos jurídicos relacionados con la protección del ambiente, y de no ser el caso, proceda conforme a derecho.

Notas:

1 Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010, Protección ambiental-Especies nativas de México de flora y fauna silvestres-Categorías de riesgo y especificaciones para su inclusión, exclusión o cambio-Lista de especies en riesgo.

2 Ficha Informativa de los Humedales de Ramsar. Disponible en: https://rsis.ramsar.org/RISapp/files/RISrep/MX1360RIS.pdf

3 Carlos Álvarez Flores, Comunicación y Ambiente A.C.; Gamaliel Zapata Moguel, Avaaz “Salvemos  a Holbox”; Trinidad García, Carlos Martínez Correa, de Yo Defiendo a Holbox, entre otros

4 Al respecto se puede consultar:

http://www.publimetro.com.mx/noticias/si-el-incendio-en-holbox-fue- provocado-se-solicitara-veda-conanp/mpit!S4xfVtimCXKw/

http://www.gob.mx/conanp/prensa/el-incendio-en-la-isla-de-holbox-a- punto-de-ser-controlado?idiom=es

5 Al respecto se puede consultar: http://www.profepa.gob.mx/innovaportal/v/8859/1/mx/determina_profepa_que_incend io_en_la_isla_de_holbox_fue_provocado_clausura_87_hectareas_siniestradas.html

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de octubre de 2016.— Diputado Ángel Antonio Hernández de la Piedra (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen.

GARANTIZAR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A LOS DERECHOHABIENTES

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Ssa y los hospitales civiles de Guadalajara a prestar servicios de salud con calidad y garantizar el suministro de medicamentos a los derechohabientes, a cargo de la diputada Rosa Alba Ramírez Nachis, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

La diputada Rosa Alba Ramírez Nachis, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 45, párrafo 6, inciso e) y f) de la Ley Orgánica, y en los artículos 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior, todos del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a la consideración de esta honorable asamblea el presente punto de acuerdo.

Consideraciones

1. Todo ciudadano tiene derecho a la protección de la salud, dicha premisa es un derecho humano consagrado en nuestra Carta Magna, en el artículo 4o., párrafo cuarto que a la letra dice: “Toda persona tiene derecho a la protección de la salud”.

2. El comisionado nacional de Protección Social en Salud, Gabriel O’Shea Cuevas, puntualizó que los medicamentos constituyen sin duda un factor esencial en el cuidado de la salud, por lo que se ha estructurado una diversidad de políticas públicas, encaminadas a asegurar tanto la compra, como la distribución y acceso a los mismos, así como a su promoción responsable, afirmó que el abasto de medicamentos en México alcanzó el 80 por ciento, como promedio nacional.

3. Que obtener el medicamento necesario y la atención básica, para que los médicos de los hospitales civiles puedan ofrecer un mejor servicio, atendiendo en primera instancia el carácter preventivo y correctivo, donde el objetivo sea preservar la salud de los derechohabientes y de los ciudadanos.

4. El pasado 24 de junio, los Hospitales Civiles viejo y nuevo dejaron de prestar algunos servicios debido a que los proveedores dejaron de surtirles insumos, por la deuda que mantiene con ellos y que ascendió a unos 800 millones de pesos.

5. Que la falta de los insumos, particularmente los medicamentos, generan un problema social en los hospitales civiles de Guadalajara, Jalisco, ya que el pasado 19 de octubre de 2017, médicos, enfermeras y organizaciones de la sociedad civil marcharon ante la Secretaría de Salud Jalisco, para dialogar con los funcionaros y obtener soluciones que ayuden a mejorar el servicio de los pacientes.

6. Los médicos residentes (estudiantes de especialidad) en entrevistas mencionan, que siempre han tenido carencias, pero desde mediados de 2015, ha sido más focalizado la falta del mismo.

7. Se reconoce el esfuerzo que se hace en las instancias de salud, pero si este no es efectivo en tiempo y forma, el daño a la salud vuelve irrelevante dicho esfuerzo, los mismos se traducen en una disciplina y responsabilidad, por lo tanto, deben ser medibles a través de indicadores y evaluaciones del desempeño.

Esta problemática que nos aqueja año con año a ciudadanos y funcionarios del sector salud, nos manifiestan grandes desafíos, pues escuchamos y conocemos informes sobre la operatividad ex profeso para los mismos fines y nos damos cuenta en noticias e informes que son desviados a otros programas que no cumplen con el propósito universal aunque haya sido presupuestado, pues la transparencia y rendición de cuentas no ejerce los lineamientos de la propia Auditoría Superior de la Federación y si fuese auditable, se fiscaliza a años anteriores.

Derivado de lo anterior, someto a consideración de esta honorable soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud y a los hospitales civiles de Guadalajara, Jalisco, para que se lleven a cabo los servicios de salud con calidad y garantizar el suministro de medicamentos a los derechohabientes, en especial los del cuadro básico de insumos para el primer nivel de atención médica.

Fuentes

• http://www.informador.com.mx/jalisco/2009/152823/6/hospitales-civiles-analizan- ahora-si-paro-de-labores.htm

• http://www.informador.com.mx/jalisco/2016/671130/6/entre-carencias-pacientes-so n-atendidos-en-el-hospital-civil.htm.

• http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/htm/1.htm

• http://www.salud.gob.mx/ssa_app/noticias/datos/2015-08-30_7864. html

• http://www.milenio.com/region/Paro_hospital_civil_Guadalajara-urgencias_hospita l_civil-consultas_hospital_civil_0_761923905.html

• http://www.informador.com.mx/jalisco/2010/237587/6/demandan-sensibilidad-del-go bierno-estatal-para-hospitales-civiles.htm

• http://movil.informador.com.mx/jalisco/2013/483435/6/deudas-truncan-proyectos-d el-civil.htm

•http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Recomendaciones/1997/Rec_1997_002.pdf

Notas:

1 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/htm/1.htm

2 http://www.salud.gob.mx/ssa_app/noticias/datos/2015-08-30_7864. html

3 http://www.informador.com.mx/jalisco/2016/671130/6/entre-carencias-pacientes-so n-atendidos-en-el-hospital-civil.htm.

4 http://www.informador.com.mx/jalisco/2009/152823/6/hospitales-civiles-analizan- ahora-si-paro-de-labores.htm

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de octubre de 2016.— Diputada Rosa Alba Ramírez Nachis (rúbrica).»

Se remite a la Comisión de Salud, para dictamen.

IMPLEMENTEN CAMPAÑAS DE PREVENCIÓN, DETECCIÓN OPORTUNA Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud y las 32 entidades federativas a implantar campañas de prevención, detección oportuna y tratamiento de enfermedades cardiovasculares, a cargo del diputado Marco Antonio García Ayala, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, diputado Marco Antonio García Ayala, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, numeral 1, fracción I; 62, numeral 2; 65, 76, numeral 1, fracción II; 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados somete a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo para exhortar respetuosamente a la Secretaría de Salud y al gobierno de las treinta y dos entidades federativas para que implementen campañas de prevención, detección oportuna, atención y tratamiento de enfermedades cardiovasculares, al tenor de los siguientes

Antecedentes

1. Las enfermedades cardiovasculares (ECV) son un grupo de desórdenes del corazón y de los vasos sanguíneos, entre los que se incluyen:

• Cardiopatía coronaria: enfermedad de los vasos sanguíneos que irrigan el músculo cardiaco;

• Enfermedades cerebrovasculares: enfermedades de los vasos sanguíneos que irrigan el cerebro;

• Arteriopatías periféricas: enfermedades de los vasos sanguíneos que irrigan los miembros superiores e inferiores;

• Cardiopatía reumática: lesiones del músculo cardiaco y de las válvulas cardíacas debidas a la fiebre reumática, una enfermedad causada por bacterias denominadas estreptococos;

• Cardiopatías congénitas: malformaciones del corazón presentes desde el nacimiento; y

• Trombosis venosas profundas y embolias pulmonares: coágulos de sangre (trombos) en las venas de las piernas, que pueden desprenderse (émbolos) y alojarse en los vasos del corazón y los pulmones.

2. Según el Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades de la Secretaría de Salud señala que las dislipidemias, hipertensión arterial, obesidad y síndrome metabólico así como las enfermedades que se generan como complicaciones de éstas son consideradas como de riesgo cardiovascular.

3. La Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que las ECV son la principal causa de muerte en todo el mundo. Cada año mueren más personas por ECV que por cualquier otra causa. Se calcula que en 2012 murieron por esta causa 17.5 millones de personas, lo cual representa 31 por ciento de todas las muertes registradas en el mundo. De estas muertes, 7.4 millones se debieron a la cardiopatía coronaria, y 6.7 millones, a los accidentes vasculares cerebrales.

4. La incidencia de las enfermedades cardiovasculares aumentó desde el inicio de siglo XX; esto se debió en gran medida a los cambios de estilo de vida tradicionales. La OMS señaló en 1995 que las enfermedades cardiovasculares representaban la causa más frecuente de mortalidad en el ámbito mundial, rebasando a la mortalidad ocasionada por enfermedades infecciosas y parasitarias.

5. Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), de las 623 mil 600 defunciones registradas en 2013, 116 mil 2 corresponden a enfermedades del corazón, incluyendo paro cardíaco, siendo la primera causa de muerte en México.

6. De acuerdo con el Instituto Nacional de Salud Pública 68.5 por ciento de los mexicanos tiene problemas de obesidad y sobrepeso, 58 por ciento padece de diabetes, 21 por ciento de dislipidemia y otro 43.2 por ciento hipertensión arterial, padecimientos que en los últimos 13 años ha crecido 22 por ciento.

7. La mayoría de los decesos ocurren por cardiopatías isquémicas, el padecimiento considerado más letal, ya que afecta comúnmente a personas mayores de 40 años y con más frecuencia en los hombres, en 65 por ciento. Los padecimientos son asintomáticos, lo que dificulta su detección oportuna e incrementa los factores de riesgo asociados, al iniciar tratamientos de control tardíos.

8. De acuerdo con datos de la Secretaría de Salud actualmente las enfermedades cardiovasculares son la cuarta causa de muerte entre adultos mayores; aunado a que en 2050 habrá 32.4 millones de adultos mayores con estos padecimientos, lo que representaría 25 por ciento de la población total.

9. La OMS ha identificado una serie “inversiones óptimas” o intervenciones muy costo-eficaces para prevenir y controlar las ECV, cuya aplicación es viable incluso en entornos con escasos recursos, tales como:

• Políticas integrales de control del tabaco;

• Impuestos para reducir la ingesta de alimentos con alto contenido de grasas, azúcar y sal;

• Construcción de vías peatonales y carriles para bicicletas con el fin de promover la actividad física;

• Estrategias para reducir el consumo nocivo de alcohol;

• Suministro de comidas saludables en los comedores escolares.

10. La mayoría de las ECV pueden prevenirse actuando sobre factores de riesgo en el comportamiento, como son: el consumo de tabaco, las dietas malsanas y la obesidad, la inactividad física o el consumo excesivo de alcohol, utilizando estrategias que abarquen a toda la población.

11. El 9 de marzo de 2016, se aprobó en la Comisión de Salud de esta Cámara de Diputados, la minuta con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción III, del artículo 112 de la Ley General de Salud con la finalidad de incluir en el capítulo II Educación para la Salud, la orientación y capacitación en materia de prevención, diagnóstico y control de enfermedades cardiovasculares, sentido con el que el presente punto de acuerdo coincide plenamente.

Considerandos

Primero. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el artículo 4o. establece el derecho a la protección de la salud, del cual debe gozar toda persona dentro del territorio nacional sin excepción alguna; texto constitucional que en su parte conducente es del tenor siguiente:

“Artículo 4o. ...

Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XI del artículo 73 de esta Constitución.”

Segundo. Que la misma Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo octavo señala que:

“Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República.

A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario.”

Tercero. Que es facultad de las y los diputados de esta soberanía presentar proposiciones con punto de acuerdo, de confinidad con lo establecido con el Reglamento de la Cámara de Diputados en el artículo 6o. numeral 1, fracción I; mismo que señala:

“Artículo 6.

1. Serán derechos de los diputados y diputadas:

I. Iniciar leyes, decretos y presentar proposiciones ante la Cámara;

...”

Cuarto. Que el ordenamiento antes señalado precisa en el artículo 79, numeral 1, fracción II, lo siguiente:

“Artículo 79.

1. El pleno podrá conocer proposiciones que busquen el consenso de sus integrantes, a través de:

I. ...

II. Puntos de acuerdo, que representan la posición de la Cámara, en relación con algún asunto específico de interés nacional o sus relaciones con los Poderes de la Federación, organismos públicos, entidades federativas y municipios, y

2. a 3. ...”

Quinto. Que la presente proposición con punto de acuerdo da cumplimiento a lo señalado por la fracción I del numeral 2 del artículo 79, y se sujetará a lo previsto por las fracciones II y V del numeral 2 del mismo artículo:

“Artículo 79.

1. ...

2. Las proposiciones con punto de acuerdo se sujetarán a lo siguiente:

I. Deberán presentarse a través de un escrito fundado, con una propuesta clara de resolutivo y firmadas por sus autores;

II. Las proposiciones presentadas por las diputadas y los diputados y las que se registren a nombre de grupo, pasarán a comisión;

III. a IV. ...

V. Las proposiciones que la junta no considere proponer ante el pleno con el carácter de urgente u obvia resolución, se tramitarán conforme al artículo 62, numeral 3, de este Reglamento;

VI. a VII. ...

3. ...”

Sexto. Que de conformidad con el artículo 3 de la Ley General de Salud es materia de salubridad general:

“Artículo 3o. En los términos de esta Ley, es materia de salubridad general:

I. a X. ...

XI. Educación para la salud;

XII. La prevención, orientación, control y vigilancia en materia de nutrición, sobrepeso, obesidad y otros trastornos de la conducta alimentaria, enfermedades respiratorias, enfermedades cardiovasculares y aquellas atribuibles al tabaquismo;

XIII. a XV. ...

XVI. . La prevención y el control de enfermedades no transmisibles y accidentes;

XVII. a XXVIII. ...  ”

Séptimo. Que el capítulo II Educación para la Salud de la ley en cita señala que:

“Artículo 112. La educación para la salud tiene por objeto:

I. Fomentar en la población el desarrollo de actitudes y conductas que le permitan participar en la prevención de enfermedades individuales, colectivas y accidentes, y protegerse de los riesgos que pongan en peligro su salud;

II. Proporcionar a la población los conocimientos sobre las causas de las enfermedades y de los daños provocados por los efectos nocivos del ambiente en la salud, y

III. Orientar y capacitar a la población preferentemente en materia de nutrición, salud mental, salud bucal, educación sexual, planificación familiar, cuidados paliativos, riesgos de automedicación, prevención de farmacodependencia, salud ocupacional, salud visual, salud auditiva, uso adecuado de los servicios de salud, prevención de accidentes, donación de órganos, tejidos y células con fines terapéuticos, prevención de la discapacidad y rehabilitación de las personas con discapacidad y detección oportuna de enfermedades.”

Octavo. Que la misma ley en el título octavo Prevención y Control de Enfermedades y Accidentes, en su capítulo III Enfermedades no Transmisibles señala que:

“Artículo 158. La Secretaría de Salud y los gobiernos de las entidades federativas, en sus respectivos ámbitos de competencia, realizarán actividades de prevención y control de las enfermedades no transmisibles que las propias autoridades sanitarias determinen.

Artículo 159. El ejercicio de la acción de prevención y control de las enfermedades no transmisibles comprenderá una o más de las siguientes medidas, según el caso de que se trate:

I. La detección oportuna de las enfermedades no transmisibles y la evaluación del riesgo de contraerlas;

II. La divulgación de medidas higiénicas para el control de los padecimientos;

III. La prevención específica en cada caso y la vigilancia de su cumplimiento;

IV. La realización de estudios epidemiológicos, y

V. La difusión permanente de las dietas, hábitos alimenticios y procedimientos que conduzcan al consumo efectivo de los mínimos de nutrimentos por la población general, recomendados por la propia secretaría, y

VI. Las demás que sean necesarias para la prevención, tratamiento y control de los padecimientos que se presenten en la población.

Artículo 160. La Secretaría de Salud coordinará sus actividades con otras dependencias y entidades públicas y con los gobiernos de las entidades federativas, para la investigación, prevención y control de las enfermedades no transmisibles.”

Noveno. De acuerdo con la estrategia “Hacer de las acciones de protección, promoción y prevención un eje prioritario para el mejoramiento de la salud.” del objetivo “Asegurar el acceso a los servicios de salud.” del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, se establece como línea de acción:

“Reducir la carga de morbilidad y mortalidad de enfermedades crónicas no transmisibles, principalmente diabetes e hipertensión.”

Décimo. Que en materia de prevención de enfermedades cardiovasculares, la Norma Oficial Mexicana NOM-037-SSA2-2002, para la prevención, tratamiento y control de dislipidemias, establece como lineamiento que: “Las acciones de prevención para reducir el riesgo de enfermedad cardiovascular deben tener como objetivo reducir la ingesta de grasas saturadas y de colesterol desde la niñez, derivadas de cinco estrategias: 1) Alimentación correcta, 2) Mantenimiento del perfil lipídico dentro de límites normales, 3) Mantener un peso saludable, 4) Mantener la presión arterial entre valores normales y 5) Prevención primaria y secundaria.”

Undécimo. Que es necesario implementar campañas a nivel nacional para la prevención, detección y tratamiento de las enfermedades cardiovasculares.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta soberanía, el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Secretaría de Salud y a las treinta y dos entidades federativas, para que en coordinación y en el ámbito de su competencia, implementen campañas de prevención de enfermedades cardiovasculares.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de octubre de 2016.— Diputado Marco Antonio García Ayala (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.

CONDUCIRSE CON LEGALIDAD, Y AL INE Y AL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE MÉXICO, A INVESTIGAR Y SANCIONAR PRESUNTAS ACCIONES ANTICIPADAS DE CAMPAÑA

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno del estado de México a conducirse con legalidad; y al INE y el Instituto Electoral de esa entidad, a investigar y sancionar presuntas acciones anticipadas de campaña, a cargo del diputado Omar Ortega Álvarez, del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, Omar Ortega Álvarez, diputado integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXIII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de la Cámara de Diputados, la siguiente proposición con punto de acuerdo con base en las siguientes

Consideraciones

El pasado 8 de octubre, con motivo de la Feria Integral de Servicios en el Estado de México, que coordina la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), el gobierno federal, en coordinación con el gobierno mexiquense, entregó despensas y tarjetas electrónicas durante un evento masivo en el municipio de Huixquilucan.

El acto fue encabezado por el jefe de la Oficina de la Presidencia, Francisco Guzmán, y el gobernador Eruviel Ávila. De acuerdo con el funcionario federal, las acciones que se emprendían estaban sujetas por instrucciones del presidente Enrique Peña Nieto para atender como máxima prioridad las necesidades del estado de México.

Al respecto, Grupo Reforma detalló que en el evento, los asistentes recibieron despensas de Diconsa y tarjetas electrónicas – La Efectiva– con un saldo de 2 mil 750 pesos en cada una, a cambio de una copia de su credencial de elector. Los plásticos –emitidos por Banorte– se entregaron a 6 mil personas.

Durante el evento, se le preguntó a Francisco Guzmán si las acciones realizadas tenían propósitos electorales pero el jefe de Oficina de Presidencia negó tal interrogante y aseguró que nada tenía que ver el trabajo conjunto de gobierno federal y estatal con algún acto electoral.

El 15 de octubre del año en curso se volvieron a repetir los hechos. Como el realizado en Huixquilucan, los gobiernos federal y del estado de México, entregaron despensas y tarjetas electrónicas ahora en el Valle de Toluca, en el municipio de Zinacantepec. Nuevamente, el jefe de la Oficina de la Presidencia, Francisco Guzmán, encabezó el acto público en el estadio de beisbol de la localidad, acompañado de funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol).

En dicho evento efectuado en Zinacantepec, se repartieron 4 mil 700 tarjetas con el mismo saldo de 2 mil 750 pesos cada una, y cerca de 6 mil despensas de Diconsa. En ese contexto, el secretario general de Gobierno, José Sergio Manzur, afirmó que las ferias continuarían cada semana y negó motivos electorales. Sin embargo, a menos de ocho meses de entrar a uno de los procesos electorales más importantes rumbo al 2018, para elegir al nuevo gobernador de la entidad, comienzan a demostrarse las peores y más viejas prácticas del PRI, que recuerdan que ya empezó el proceso electoral.

El reparto de despensas y tarjetas es inaceptable no sólo porque los gobiernos federal y estatal hagan caso omiso y se aprovechen de las necesidades que han creado en los ciudadanos con la poca o nula atención efectiva a las necesidades básicas de éstos, sino también porque pareciera un intento de compra de conciencias.

Aunque este repentino reparto de despensas no pueda considerarse aún como un delito electoral sí puede ser considerado como un acto anticipado de campaña por parte del partido promovente como una compra de conciencias. Y es que además, resulta lamentable que el pueblo mexiquense que ha estado olvidado por su gobierno estatal y federal, sea atendido ahora aparentemente con fines electorales.

Aunado a esto, otras acciones de la índole deben ser prevenidas puesto que si a estas alturas el gobierno estatal cobijado por el gobierno federal, realiza este tipo de “entregas”, resultan preocupantes las tácticas que desarrollen para el proceso electoral.

La ciudadanía tiene derecho a un proceso electoral transparente y democrático, y a que sus necesidades básicas de salud, vivienda, alimentación y educación sean cubiertas por un estado garante y efectivo, que no se beneficie cada sexenio de las condiciones vulnerables de su población.

Por lo antes expuesto, someto a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con:

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo del estado de México para que se conduzca bajo los principios de legalidad, transparencia y respeto irrestricto en torno al proceso electoral próximo en dicha entidad.

Segundo. La Cámara de Diputados exhorta a la Auditoría Superior de la Federación a investigar y al Instituto Nacional Electoral para que en el ámbito de sus atribuciones, investigue y sancione el posible desvío de recursos públicos y el uso electoral de programas sociales federales y locales en el proceso electoral en el estado de México, en particular, el reparto de despensas y dinero, a través de tarjetas electrónicas que el gobierno federal en conjunto con el gobierno del estado de México, han llevado a cabo durante las Ferias Integrales de Servicios en el Estado de México.

Tercero. La Cámara de Diputados exhorta al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México y al Instituto Electoral del Estado de México a investigar y, en su caso, sancionar las presuntas acciones anticipadas de campaña derivadas del reparto de despensas y dinero a través de tarjetas electrónicas que el gobierno federal en conjunto con el gobierno del estado de México han llevado a cabo durante las Ferias Integrales de Servicios en el Estado de México.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de octubre de 2016.— Diputado Omar Ortega Álvarez (rúbrica).»

Se remite a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, para dictamen.

EROGAR DE FORMA EFICIENTE, EN TIEMPO Y FORMA DEL PRESUPUESTO ETIQUETADO EN EL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las entidades federativas a erogar de forma eficiente, y en tiempo y forma el presupuesto etiquetado en el Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género, correspondiente al anexo 13, “Erogaciones para la igualdad de género”, suscrita por las diputadas Laura Nereida Plascencia Pacheco y Érika Araceli Rodríguez Hernández, del Grupo Parlamentario del PRI

Las que suscriben, diputadas Laura Nereida Plascencia Pacheco y Érika Araceli Rodríguez Hernández, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en la LXIII legislatura del Congreso de la Unión, y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el artículo 79, numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete consideración de esta honorable asamblea el presente punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Los derechos humanos de las mujeres en México, se fundamenta en diversos instrumentos y convenciones internacionales de protección y tutela de los mismos, entre los que destacan: la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, 1979), la Convención Interamericana para Prevenir, Atender, Sancionar y erradicar laViolencia contra las Mujeres (Belém Do Pará, 1994), y la Plataforma de Acción de la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer (Beijing, 1995).

Es en la IV Conferencia Mundial de la Mujer (Beijing 1995) que estableció la necesidad de integrar la perspectiva de igualdad de género en las legislaciones, políticas públicas, es decir; programas y proyectos de gobierno.

Producto de esta conferencia; surge la Plataforma de Acción de Beijing, que mandata a más de 185 países, entre ellos México, iniciar el proceso de (GenderMaintreaming) o como lo conocemos tranversalidad de la perspectiva de género en toda la política pública: Desde su diagnóstico, pasando por su formulación, diseño, implementación y evaluación de las políticas instrumentadas por el gobierno.

La Conferencia Mundial sobre la Mujer Beijing + 5 urge a los Estados miembros a integrar la perspectiva de género en los presupuestos públicos en todos los niveles de gobierno. Ambas ratificadas con carácter vinculatorio por el estado mexicano.

En el marco jurídico mexicano se resalta que la Constitución Política de las Estados Unidos Mexicanos  (artículos 1o. y 4o.); la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; Ley General para prevenir, sancionar y erradicar los Delitos en materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las víctimas de estos delitos; Ley Federal para prevenir y eliminar la Discriminación (artículos 4o., 5o., 9o., 15, 83). Ley de Presupuesto Público.

Es así, que el estado mexicano, ha generado políticas públicas en materia de igualdad de género, y presupuesto con enfoque de género que cada año se contemplan en el anexo 13 Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, que forma parte del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación.

Por otro lado, es importante precisar, que la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres tiene por objeto regular y garantizar la igualdad de oportunidades y de trato entre mujeres y hombres. Estableciendo en su artículo 12 fracción VII Incorporar en los Presupuestos de Egresos de la Federación la asignación de recursos para el cumplimiento de la Política Nacional en Materia de Igualdad de género.

Así también, de acorde a lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, la inclusión de la perspectiva de género como un principio transversal de la política pública. El Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y no Discriminación contra las Mujeres (Proigualdad) 2013-2018.

Por su parte, la Ley de Planeación que en 2012 incorpora en su artículo primero; el principio de la Igualdad y la perspectiva de género, que garantiza la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y promueve el adelanto de las mujeres mediante el acceso equitativo a los bienes, recursos y beneficios del desarrollo.

Por su parte, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 2012; integra los anexos transversales: Igualdad entre Mujeres y Hombres, y decreta como anexo regular, los llamados anexos transversales, entre ellos el anexo “Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres”.

En relación a lo anterior, podemos hablar de un sin fin de marco normativo que garantiza la igualdad entre mujeres y hombres, sin embargo, resulta primordial que toda la administración pública tanto federal como estatal y local, implante en todas sus políticas, programas y presupuesto el enfoque de género.

Por otra parte, en el marco de los avances metodológicos del presupuesto Base cero (PBC) en relación al Anexo 13 “Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres” en el cual destaca el “ Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género” como una de las estrategias más importantes para erogar recursos presupuestales bajo la responsabilidad de los Mecanismos para el Adelanto de las Mujeres en los estados. Desde el año 2008, se constituyó el Fondo para la Transversalidad de la Perspectiva de Género, con el fin de favorecer el desarrollo de acciones y proyectos orientados a contribuir a la disminución de las brechas de género.

Es a partir de la Institucionalización de la Perspectiva de Género en las acciones de gobierno en los ámbitos estatales y, en su caso, municipales que el Fondo se consolida como prioritario.   Para el 2009, se denominó Fondo de Fomento para la Transversalidad de la Perspectiva de Género.  A partir del 2010, se opera como Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género.

Compañeras y compañeros legisladores, los gobiernos comprometidos con la igualdad entre mujeres y hombres, son aquellos en el que sus políticas y acciones, responden día a día a las necesidades e intereses de las mujeres y hombres, garantizando su acceso a los bienes, servicios y recursos públicos, y así mejorar su calidad de vida.

Por lo anterior, someto a consideración de esta honorable asamblea, la aprobación del siguiente

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta a la titular y titulares de los gobiernos estatales a que, en el marco de sus facultades y responsabilidades ejerzan de manera eficiente, en tiempo y forma la totalidad el presupuesto público asignado en el Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género, etiquetado a los mecanismos para el adelanto de las mujeres en el anexo 13 “Erogaciones para la igualdad entre mujeres y hombres”. Asimismo, que etiqueten al programa mayores recursos estatales; con el fin de asegurar las políticas, programas y acciones que garanticen el ejercicio de los derechos humanos de las mujeres para eliminar las desigualdades de género.

Segundo.Que de conformidad con lo que establecen las reglas de operación del Programa de Fortalecimiento a la transversalidad de la perspectiva de género, la y los titulares de los gobiernos estatales, fortalezcan y brinden las facilidades necesarias a los mecanismos para el adelanto de las mujeres a fin de dar cumplimiento al ejercicio total de los recursos públicos del año fiscal y se abstengan de reintegrarlos a la federación al final del ejercicio fiscal, a efecto de no frenar el acceso de las mujeres a todos los beneficios del desarrollo.

Dado en el salón del pleno del Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 octubre de 2016.— Diputada Laura Nereida Plascencia Pacheco (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Igualdad de Género, para dictamen.

ATIENDAN LA SITUACIÓN QUE VIVE EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA POR LA MIGRACIÓN DE NACIONALES AFRICANOS Y HAITIANOS

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a distintas dependencias federales a atender la situación presente en Baja California por la migración de nacionales africanos y haitianos en tránsito en el país, a cargo del diputado Felipe Reyes Álvarez, del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, diputado federal de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, del Honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 79, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, pongo a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo de conformidad con las siguientes

Consideraciones

La frontera entre México y Estados Unidos tiene una extensión de 3,152 kilómetros, desde el Monumento 258 al noroeste de Tijuana en la costa del océano Pacífico, hasta la desembocadura del río Bravo en el Golfo de México. A lo largo de esta línea divisoria se forma una franja compuesta por 38 municipios mexicanos de los estados de Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, los cuales colindan con 25 condados norteamericanos pertenecientes a los estados de California, Arizona, Nuevo México y Texas.

En fechas recientes se ha registrado una alta inmigración africana y caribeña de personas procedentes principalmente de la República del Congo, Ghana Senegal y otros países africanos, y de Haití y Cuba en el Caribe.

La inmigración a nuestro país se originó cuando Estados Unidos abrió sus fronteras al asilo humanitario para los ciudadanos del Congo quienes huyen de la violencia política y para los ciudadanos de Haití quienes buscan superar de la pobreza extrema y otras calamidades causadas por fenómenos naturales como el huracán Matthew, que arrojó grandes destrozos a su paso por Haití.

Los inmigrantes africanos y caribeños han arribado al país a través de Tapachula, Chiapas con el objetivo de buscar asilo político o protección humanitaria en Estados Unidos. Según el Instituto Nacional de Migración (INM), los inmigrantes emprenden un camino desde África hasta México, cruzando el océano Atlántico por la vía marítima o aérea para llegar a Sao Paulo, Brasil, de ahí se mueven a través de la selva a Perú, en autobuses, camionetas y tramos a pie o en lancha, se trasladan por Ecuador, Colombia, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras y Guatemala, hasta llegar a Chiapas.

Los inmigrantes africanos tienen una edad promedio de entre 26 y 35 años y se ha incrementado la presencia de menores que viajan con sus padres y mujeres embarazadas.

Diariamente se emiten solicitudes de salida, consistentes en un permiso de 20 días naturales para poder trasladarse sin alojarse en alguna estación migratoria y realizar los trámites necesarios para ingresar a Estados Unidos, con una solicitud de asilo; sin embargo, por el gran número de migrantes que lo requieren, la entrega de los permisos es insuficiente y la concentración de éstos en ambas fronteras está generando que la situación se convierta en una crisis social y humanitaria.

Cada día están cruzando 330 migrantes por la frontera de Tapachula Chiapas, quienes al llegar a la frontera entre México y Estados Unidos permanecen en Tijuana y Mexicali en condiciones de vulnerabilidad y necesidad extrema. Este flujo no ha cesado y se ha convertido en una dificultad para las organizaciones civiles que no se dan abasto para brindarles apoyo.

Datos del Instituto Nacional de Migración (INM) arrojan que la cantidad de inmigrantes africanos y caribeños varados en la frontera es de, aproximadamente, 4 mil 300 personas, teniéndose una mayor afluencia en las localidades de Tijuana, Mexicali y en el estado de Sonora.

De los anteriores, 1 mil 521 extranjeros se encuentran a la espera de ser recibidos por las autoridades de Estados Unidos, quienes diariamente entregan 40 turnos de ingreso a su territorio por Caléxico-Mexicali y 75 por San Isidro-Tijuana.

El mismo Instituto informa que 1 mil 883 son hombres y 1 mil 309 mujeres, siendo 221 menores de edad; además, 1 mil 950 se encuentran alojados en hoteles y casas-habitación y 1 mil 571 en albergues de la sociedad civil.

Las organizaciones de la sociedad civil que apoyan en la atención de los inmigrantes aseguran que la situación ya se salió de control en los albergues y comedores y que la crisis migratoria en nuestro país se está agravando.

De acuerdo con el Comité Ciudadano en Defensa de Naturalizados y Afromexicanos en todo el país hay varados poco más de 11 mil migrantes entre haitianos y africanos.

El INM informó que del 1 de Enero al 4 de Octubre del presente año, ha otorgado 14 mil 471 oficios de salida a migrantes extranjeros de nacionalidades haitiana y africana.

La difícil situación por la que atraviesan estos extranjeros los hace víctimas de actos racistas por parte de los habitantes de las ciudades en donde estos se encuentran albergados.

En nuestro país la discriminación por racismo prácticamente no se denuncia por la falta de mecanismos legales para castigar a los culpables, por lo que, es importante visibilizar y erradicar cualquier tipo de acción que amenace la integridad de las personas por cuestiones de raza.

En días recientes se han registrado diferentes denuncias en contra de policías y agentes del INM por presuntos actos de extorsión y de tráfico de personas, por lo que resulta necesario que las autoridades correspondientes atiendan e investiguen lo sucedido.

Es necesario que se dé la participación conjunta de gobierno federal y del Estado de Baja California para establecer programas de apoyo que velen por la dignidad y los derechos humanos de todos estos ciudadanos.

Por lo anteriormente citado me permito poner a consideración de esta asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al Instituto Nacional de Migración, en el ámbito de su competencia, amplíe el término de estancia legal en el país a los inmigrantes africanos y del Caribe que se encuentran varados en el estado de Baja California, en tanto se resuelven sus solicitudes de asilo presentadas ante el gobierno de Estados Unidos, y otorgue la protección complementaria a los inmigrantes que han solicitado el reconocimiento de la condición de refugiado en nuestro país.

Segundo. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados se dispongan de los recursos necesarios del Programa de Atención a Refugiados en el País, y/o de otros fondos presupuestarios disponibles, con el fin de garantizar el alojamiento temporal y la atención sanitaria urgente de los inmigrantes africanos y del Caribe que se encuentran en tránsito en el Estado de Baja California.

Tercero. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional para la Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, disponga de los recursos necesarios para dar atención integral a los menores migrantes africanos y del Caribe que se encuentran en tránsito en el Estado de Baja California.

Cuarto.La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al titular de la Consejo Nacional para prevenir la discriminación (CONAPRED), para que, en el ámbito de sus competencias, garantice el cumplimiento de la normatividad en materia de respeto a los derechos humanos y a la diversidad racial y evite la propagación de grupos racistas y actividades xenófobas que amenazan la integridad de los inmigrantes en tránsito.

Quinto.La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a los titulares del Instituto Nacional de Migración y de la Procuraduría General de la República, para que profundicen en las investigaciones sobre la red de trata y tráfico de personas y actos de corrupción que presuntamente operan en el país y que agravan esta crisis humanitaria.

Dado en el palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de octubre de 2016.— Diputado Felipe Reyes Álvarez (rúbrica).»

Se remite a la Comisión de Asuntos Migratorios, para dictamen.

IMPLEMENTAR LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA ATENDER LA PROBLEMÁTICA DE LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE MANZANA DEL PAÍS

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sagarpa, la SE, la SHCP y la Ssa a implantar medidas para atender la problemática de la producción y comercialización de manzana del país, suscrita por los diputados Germán Escobar Manjarrez y Alex Le Baron González, del Grupo Parlamentario del PRI

Los suscritos, diputados Germán Escobar Manjarrez y Alex Le Baron González, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados y a nombre de los diputados integrantes de la Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego, así como, con fundamento en lo señalado en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, somete a consideración la siguiente proposición con punto de acuerdo, por el cual se exhorta a las Secretarías de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, de Economía, de Hacienda y Crédito Público, y de Salud para que en el ámbito de sus atribuciones y en coordinación implementen acciones y medidas de emergencia para atender la problemática de la producción y comercialización de manzana del país, mediante la cual se solicita bajo las siguientes

Consideraciones

Que de acuerdo a las estadísticas del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera, dependiente de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SIAP-Sagarpa), la manzana está siendo cultivada en 23 estados de la República Mexicana; siendo el estado de Chihuahua el principal productor con 28 mil 515 hectáreas; le siguen por número de hectáreas sembradas Durango con 9 mil 611 y Puebla con 9 mil 115 y Coahuila con 5 mil 763 hectáreas, además de que Nuevo León, Hidalgo, Querétaro, que conforman el Sistema Producto Manzana y participan también Aguascalientes, Baja California, Chiapas, Distrito Federal, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Morelos, México, Oaxaca, San Luis Potosí, Sonora, Tlaxcala, Veracruz y Zacateca s, en donde todos ellos contribuyen con la siembra de 60 mil 409 hectáreas de dicho cultivo.

De acuerdo al SIAP, en el año 2010, existían 61 mil 219 hectáreas sembradas, para 2015 se reportaron 60 mil 409 hectáreas, es notoria una disminución de 810 hectáreas; a pesar de este fenómeno, en los últimos años la producción de manzana ha mejorado año con año los rendimientos, solo por mencionar en los dos ciclos anteriores, para 2014 se obtuvo una producción de 716.8 mil toneladas, para 2015 fue de 745.2 mil toneladas, con rendimientos superiores a las 12.6 toneladas por hectárea.

La importancia económica que guarda la producción de manzana es que es generadora de fuentes de empleo sobre todo indígenas, por decir algo, en Chihuahua se crean en todo el ciclo más de 22 mil empleos directos.

Ya desde hace vario años las manzanas importadas han sido un problema serio en la comercialización de la producción del país, provocando pérdidas para los productores mexicanos; los datos de la Secretaria de Economía, señalan que las importaciones de México, año con año se incrementan, como referencia tenemos que para el año 2010 se importaron 221 mil 301 toneladas; para 2013 se importaron 274 mil 978 toneladas, el año pasado fue de 273 mil 603 toneladas.

Desde la apertura comercial de 2003 del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, se han venido acreditando demandando acciones de investigación antidumping ante la Secretaría de Economía de los productores mexicanos, que han sufrido por competencia desleal de las importaciones realizadas en las épocas de cosecha, invadiendo los mercados del país por la nula o inexistente política pública de inventarios de la producción nacional; se requiere que las Secretarías de Agricultura, Economía y Hacienda, trabajen en una política de cupos o cuotas de importación en función de los inventarios de producción de alimentos, como lo establece la Ley de Desarrollo Rural Sustentable; derivado de lo anteriormente señalado es de gran importancia que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), que a través del Sistema Nacional de Información para el Desarrollo Rural Sustentable, cumpla con su función de generar la información pertinente de los inventarios de producción y las expectativas de producción nacional a fin de facilitar a los productores del país la comercialización de sus cosechas.

La Secretaría de Economía ha aplicado medidas provisionales, que no han hecho efectos favorables para el productor nacional, se requiere de medidas y acciones serias para evitar estas prácticas ilegales, se deben explorar la aplicación de salvaguardas, estudiar y analizar el padrón de importadores, puntos de entrada exclusivos y otras situaciones que son utilizadas de forma dolosa hacia el productor mexicano, convirtiéndose en contrabando técnico o documentado y peor aún en contrabando bronco que se da por la introducción de las mercancías por los lugares no autorizados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP); bajo su responsabilidad para disminuir estas importaciones tiene que disminuir los puntos de entrada de manzana del exterior para tener mejor control de las importaciones, ya que el contrabando técnico o documentado tiene su raíz en la falsificación de algún documento oficial, como el pedimento de importación aprobada por la Secretaria de Hacienda o la factura comercial del exportador, donde el agente aduanal tiene una responsabilidad administrativa. Sin embargo resoluciones judiciales han determinado que dicha responsabilidad del agente aduanal dentro del contrabando no es su responsabilidad ya que su participación “dolosa” no es comprobable ya que la verificación de la información de la documentación está fuera de sus posibilidades y por lo tanto sale del control aduanal.

Es importante señalar que en Estado Unidos de América, se alertó por la Administración de Alimentos y Medicinas (FDA), el consumo sobre las manzanas, cultivadas en California, ya que tras los análisis de fruta procesada se encontraron dos variedades de bacteria listeria monocytogenes, la bacteria que causa la listeriosis, que se presume son las que causaron el brote de la enfermedad que ya cobró varias vidas.

Malasia y Tailandia, detuvieron el año pasado importaciones de manzana contaminada con la bacteria de listeriosis, provenientes de Estados Unidos, además de ser catalogadas como un peligro para la salud de los consumidores.

De acuerdo con el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC, por sus siglas en inglés), país de donde proviene la manzana contaminada por la bacteria listeria monocytogenes provoca listeriosis, infección gastrointestinal que afecta principalmente a adultos mayores, mujeres embarazadas, recién nacidos y adultos con sistemas inmunológicos debilitados.

En México, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) detectó en 2015 manzanas contaminadas con la bacteria listeria monocytogenes proveniente de Estados Unidos, que fue retirado de los anaqueles para su distribución y venta.

La Autoridad Europea de Seguridad ha prohibido la entrada de manzana proveniente de Estados Unidos por el alto contenido de difenilamina (DPA), componente utilizado como aditivo para prever el moteado “escaldado de almacenamiento” por largos periodos de almacenamiento y prolongar la vida en anaquel, aditivo considerado como cancerígeno, por tal motivo los niveles de difenilamina aceptable en la fruta a 0.1 partes por cada millón; en muestreos realizados por la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria han encontrado en la manzana importada de Estados Unidos 0.42 partes por millón, en más de 80 por ciento de sus importaciones.

Hay preocupación ya que como se ha argumentado, las importaciones de manzana carecen de garantías de inocuidad y sanidad, al cerrar las fronteras europeas al mercado de la manzana producida en Estados Unidos de América, México se convierte en su consumidor potencial, provocando desequilibrios en los mercados internos; la preocupación del productor es la posible importación de plagas o enfermedades que en nuestro país no existen que causen problemas a nuestros cultivos, además de representar problemas de salud pública para el consumidor al no conocerse la situación que guarda la inocuidad del producto.

Se busca que la Secretarías de Economía y de Hacienda y Crédito Público, de acuerdo a las facultades que la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal mandata de fomentar el comercio exterior y el desarrollo del comercio nacional y regional; la finalidad es establecer una coordinación con la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, para analizar la situación de la producción y comercialización de la manzana nacional, para que en el momento de la autorización de la importación de este producto no cause distorsiones al productor nacional:

Con fundamento en la misma ley orgánica se exhorta a la Secretaría de Salud que cumpla con sus facultades de regulación sanitaria, para prevenir posibles riesgos de salud pública, la razón fundamental de la que se tiene conocimiento de la manzana producida en Estados Unidos, como se ha expresado pueda causar posibles daños a la salud de los mexicanos al ser consumidas, ya que se presume que se utilizan químicos para su conservación que se sabe son cancerígenos.

Es de importancia señalar la necesidad que debe existir una coordinación entre la Secretaría de Salud a través de la Comisión Federal para la Prevención contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) y la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación por medio del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) a fin de revisen, analicen y certifiquen que la manzana importada de Estados Unidos no provoca daños a la salud, ello debido a que para conservarla están utilizando químicos como la difenilamina

Se exhorta a la Secretaría de Economía a que a través de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), para implementar el sistema de vigilancia nacional para que el consumidor adquiera producto nacional, ya que existen evidencias de reetiquetado de producto importado con etiquetas de empresas mexicanas y no es válido para el consumidor ser engañado con este juego de intereses que aprovechan para aumentar sus márgenes de ganancias sin importarles las prácticas desleales de comercio y en perjuicio de la salud de los consumidores; por lo que se solicita que la Secretaría de Economía y de la Sagarpa implementen una campaña de consumo de manzana fresca de producción nacional.

Es de suma importancia que la Secretaría de Economía y la Sagarpa, coordinen esfuerzos con la finalidad de que se actualicen las normas mexicanas para que sea aplicada no sólo en el país, sino también aplicarse a las importaciones la NMX-FF-061-SCFI-2003; la razón es que esta norma sólo considera características física u organolépticas de la variedad específica de la manzana y toma en cuenta solamente características de tolerancias de calidad, o de apariencia, como defectos y daños, tamaño o calibre y estado de madurez; pero no las consideraciones de residualidad de plaguicidas o agroquímicos, pero la característica especifica de este punto, es que no hay una norma que indique sobre las características que deban cumplir las substancias para conservar las manzanas en México para establecer la residualidad de dichos conservadores aplicados al producto para su comercialización.

Conocedores de la importancia que para México fue y es la firma del Tratado de Libre Comercio, para el intercambio comercial es necesario señalar que también contiene cláusulas que para cada uno de los firmantes protegen sus sectores o ramas productivas como es caso del sector agropecuario y medidas sanitarias y fitosanitarias, establecidas en los capítulos VII y VIII de Medidas de Emergencia, por lo que tenemos las facultades para exigir e implementar medidas para proteger a nuestros productores y como consecuencia la salud de nuestros consumidores.

Por anteriormente, se deben aplicar urgentemente medidas que orienten a salvaguardar la producción nacional de manzana, ante las importaciones de este producto, lo que permitirá incentivar la producción y comercialización con la debida sanidad e inocuidad para su consumo, garantizando con esto la sustentabilidad y conservación de esta actividad en el país.

Por lo antes expuesto se somete a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Honorable Cámara de Diputados, exhorta a las Secretarías de Economía y de Hacienda y Crédito Público, a fin de no fomentar prácticas ilegales, por lo que se debe explorar el padrón de importadores, puntos de entrada exclusivos y otras situaciones que son utilizadas de forma dolosa hacia la producción nacional, generando contrabando técnico, documentado o contrabando bronco que se da por la introducción de las mercancías por los lugares no autorizados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Segundo. La Honorable Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, que a través del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria; a la Secretaria de Salud para que a través de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, a fin de que se revise, analice y certifique que la manzana de importación cumpla con las condiciones de sanidad e inocuidad, para prevenir que pudiera causar o provocar daños en nuestras plantaciones por alguna plaga o enfermedad introducida de forma accidental o intencional, que en nuestro país no tengamos y que protejamos la salud del consumidor por algún patógeno introducido o por una mala práctica de manejo o por el uso de conservadores químicos que aumentan el tiempo de vida del producto en anaquel.

Tercero. La Honorable Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, para que a través del Sistema Nacional de Información para el Desarrollo Rural Sustentable, cumpla con su función de generar la información pertinente de los inventarios de producción y las expectativas de la producción nacional a fin de facilitar a los productores del país la comercialización de sus cosechas.

Cuarto. La Honorable Cámara de Diputados, exhorta a las Secretarías de Economía, de Salud, y de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, con la finalidad de impulsar, actualizar o restablecer la norma oficial mexicana correspondiente para normar el uso y aplicación de las unidades de medida de la residualidad de los químicos utilizados para la conservación en fresco y establecer los lineamientos de la caducidad para consumo en fresco, para el caso de considerar importaciones sean bajo las condiciones de manzana producida de la temporada del año en curso y no de años de almacenamiento.

Quinto. La Honorable Cámara de Diputados, exhorta a la Secretaría de Economía, para que a través de la Procuraduría Federal del Consumidor, implemente un sistema de verificación nacional, para sancionar y amonestar a los establecimientos comerciales donde se expende manzana fresca ya que existen evidencias de reetiquetado de producto importado con etiquetas de empresas mexicanas, teniendo que inmovilizar este producto ya que es un engaño al consumidor con este juego de intereses, que pone en peligro la cadena productiva, además del riesgo del consumidor, de poner en juego su salud.

Sexto. La Honorable Cámara de Diputados, invita solidariamente a las dependencias como las Secretarías de Desarrollo Social, de Defensa, de Marina, del Sistema DIF, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, del Instituto Mexicano del Seguro Social y otras; que realizan compras consolidadas de frutas y hortalizas para adquirir productos nacionales, con la finalidad de fomentar y reactivar la planta productiva agropecuaria del país y que contribuirán para salir de la crisis en que se encuentran los productores nacionales.

Séptimo. La Honorable Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Economía a fin de que de acuerdo a sus facultades de ordenar el mercado nacional, comprometa a la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales, AC, comercializadoras e importadoras, para que participen en la compra de manzana nacional para ser exhibidas y vendidas en sus anaqueles, evitando en lo posible simulaciones que van en detrimento del productor y del consumidor nacional al ver productos con características diferentes a la presentación nacional.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de octubre de 2016.— Diputados: Alex Le Barón González, Germán Escobar Manjarrez (rúbricas).»

Se turna a la Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego, para dictamen.

DISEÑEN Y EJECUTEN PROGRAMAS PARA LA PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y RESTRUCTURACIÓN A LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal y la SHCP a diseñar y ejecutar programas a fin de proteger, conservar y restructurar la infraestructura deportiva, así como en materia deportiva para 2017, a cargo del diputado Ángel II Alanís Pedraza, del Grupo Parlamentario del PRD

El que suscribe, Ángel II Alanís Pedraza, diputado federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, de la LXIII Legislatura de la Honorable Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 79, numeral I, fracción II, y numeral 2, fracciones I y II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta soberanía la proposición con punto de acuerdo.

Exposición de Motivos

En el latín es donde encontramos el origen etimológico de la palabra deporte y en concreto se halla en el verbo deportareque puede traducirse como deportar.

Para los romanos aquella citada forma verbal tenía dos significados, por un lado el de transportar y por otro el que hacía referencia a unas celebraciones de tipo triunfal (deportae lauream) en las que los generales llevaban rendían honores a Júpiter y llevaban una corona de laurel.

Si bien la Real Academia Española identifica el deporte con el ejercicio físico no son términos sinónimos.

El deporte es entendido como el ejercicio físico con determinadas reglas que puede practicarse como juego o competencia. Existen diferentes disciplinas y variedades de prácticas que incluyen la participación individual o por equipos. El ejercicio fomenta valores como la disciplina, la asociación o el respeto al adversario. La Organización de las Naciones Unidas (ONU) considera al deporte como una “herramienta muy eficiente para impulsar el desarrollo, fomentar la paz y promover el cambio social”. Si bien la actividad física no es propiamente un Objetivo de Desarrollo del Milenio impulsado por la ONU, el organismo declaró 2005 como el año internacional del deporte y resaltó la importancia del deporte para superar las diferencias culturales y étnicas y un medio para mejorar la vida de las personas. Además, en 1992 la ONU hizo el llamado a la “tregua olímpica”, con el fin de que las naciones en Práctica deportiva en México

La historia del deporte es de gran interés pues nos permite saber la influencia que esta ha podido desplegar sobre las gentes y su cultura. Por deporte se puede empezar diciendo que es un espectáculo que mueve masas y una distracción elegida por la juventud.

El juego es la principal manifestación del deporte, este ha de ser una actividad libre, desinteresada y atractiva. Libre, pues debe ser elegida espontáneamente sin que nadie coaccione a ello. Desinteresada, porque hay una gran satisfacción en el desarrollo de la actividad.

Se puede considerar al deporte como una de las actividades principales del ser humano, considerando la primera de ellas la alimentación según escribe Eliseo Reclus en su obra “L’homme et la Terre”.

Se conocen grabados y restos de lo que parece ser una serie de repeticiones deportivas en la China Antigua hace más de 600 años. También en civilizaciones antiguas como Siria y Griega. Aunque la más reconocida ha sido las Olimpiadas antiguas griegas, celebradas en Olimpia.

De esta manera surgió el deporte, meramente competitivo y para una pequeña porción de la sociedad

Las razones por las que se debe practicar el deporte son:

• Promover la salud

• Socializar y enseñar valores y comportamiento

• Desarrollo de personalidad y someterse a las reglas del equipo o grupo.

El deporte debe asumir un mayor protagonismo en el proceso educativo de los niños y jóvenes dominicanos por los temas de salud física que conocemos y por la socialización que permite detectar males conductuales a una edad en la que estos aún se pueden corregir.

El niño que no sabe perder en la cancha será un adulto que se aferre al sistema maquiavélico de que “el fin justifica los medios”, para tocar solo un ejemplo de la influencia del deporte en el carácter del individuo. Es obviar el sentido de cooperación que alimentan las disciplinas por equipo.

Nuestras escuelas adolecen de instalaciones adecuadas para jugar algo más que baloncesto y voleibol. Las competencias escolares son un laboratorio para que las federaciones observen e identifiquen talentos, sin sacarlos de las escuelas.

Solo necesitamos que el Gobierno asuma al deporte como parte esencial del proceso formativo. El país está obligado a ver el deporte como una inversión necesaria para desarrollar ciudadanos solidarios, humanizados, organizados y respetuosos de las jerarquías. Que el respeto al árbitro, al entrenador y al rival sean las bases de un ciudadano con respetos a las personas e instituciones.

“El deporte también es política porque organiza acciones y posibilita la coexistencia de muchos, pero es, en suma, síntesis de naturaleza y condición humana”. “México aspira a más triunfos, a más medallas, a más títulos”, pero sobre todo, lograr una vinculación entre educación, cultura física y deporte que se traduzca en valores humanos más allá de la competencia deportiva. Esto indicó Emilio Chuayffet Chemor, ex secretario de Educación Pública, al inaugurar el Foro de Consulta sobre el Programa Nacional de Cultura Física y Deporte, en el marco de la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018.

El artículo 9 de la Ley General de Cultura Física y Deporte dispone que: “En la Planeación Nacional, se deberá incorporar el desarrollo de la cultura física y el deporte, considerando las disposiciones previstas en la Ley y su Reglamento El Ejecutivo Federal a través de la Conade procurará establecer en el Plan Nacional a su cargo, los objetivos, alcances y límites del desarrollo del sector; así como el deber de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal en relación con la cultura física y el deporte. La Conade, en coordinación con la SEP, integrará el Programa Nacional de Cultura Física y Deporte con base en el diagnóstico nacional, estatal y municipal, debiendo contener al menos: Una clara definición de objetivos y metas; La formulación de estrategias, tomando en cuenta criterios de coordinación institucional para el aprovechamiento de los recursos públicos y privados; El diseño de políticas que aseguren la efectiva participación del sector privado en la actividad deportiva nacional.

Para el Gobierno de la República en los últimos años se ha cansado de divulgar que la práctica de la actividad física y el deporte es una prioridad fundamental para construir una nación de ciudadanos íntegros.

Incorporar el hábito de la activación física sistemática, mejorar la capacidad funcional y la calidad de vida, promover el sentido de pertenencia y el orgullo por los logros de nuestros representantes deportivos, definen la ruta por la que habrá de transitar la política pública en la materia.

El Programa Nacional de Cultura Física y Deporte 2014 2018 se sustenta en un análisis minucioso de la situación actual del sistema deportivo mexicano, desde diez perspectivas diferentes: deporte escolar, deporte de rendimiento, deporte de alto rendimiento, deporte y discapacidad, deporte y transversalidad, deporte y normatividad, deporte social, deporte profesional, infraestructura del deporte y capacitación en el deporte. Esta investigación permitió identificar las fortalezas y debilidades del sistema deportivo mexicano, elementos estratégicos para proyectar el deporte en el país.

Pero parece ser que al gobierno Federal olvido sus programas y apuesta por el deporte mexicano para el próximo año 2017, dado que no se cuenta con programas deportivos, de actividad física, e infraestructura deportiva. Dejando en letra muerta el Programa Nacional de Cultura Física y Deporte 2014 2018 y el Plan Nacional de Desarrollo 2014- 2018.

Resulta discrepante que el Ejecutivo en su Plan Nacional de Desarrollo 2014- 2018 apuesta al deporte y para el año 2017 no implemente programas Deportivos.

En México, dos de cada 10 deportivos requieren una intervención inmediata de las autoridades, debido a que su infraestructura es “mala” y “no apta”.

• En 2016 el presupuesto nacional para deporte fue de $2,825.6 mdp. En suma, los recursos financieros para esta actividad aumentaron durante el periodo referido.

En los últimos tres años, el gobierno de México recortó el presupuesto al desarrollo y apoyo del deporte más de 60 por ciento, lo cual implica más de cuatro mil millones de pesos a los subsidios y apoyos que se otorgan a institutos de deporte en los estados y a las federaciones deportivas.

En 2009, a mitad de la administración federal, el presupuesto de Conade en favor del fomento al deporte fue de casi tres mil 500 millones de pesos. A partir de ese año inició una tendencia al alza hasta alcanzar los 7 mil 179 millones en 2013.

Pero en 2014 comenzó a revertirse la situación pues el gasto destinado a Conade bajó a 4 mil 240 millones de pesos. El recorte se mantuvo en 2015, y para 2016 el presupuesto destinado a la Comisión alcanzó los dos mil 825.6 millones de pesos: 61 por ciento menos en comparación con 2013.

De acuerdo a lo presentado en la estructura programática del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2016, el programa “Sistema Mexicano del Deporte de Alto rendimiento” se fusiona con otros dos programas para crear el  “Programa de Cultura Física y Deporte”. Como resultado a ello, en el 2016, año de Olimpiadas Olímpicas, el PEF no tiene un programa con el objetivo único y específico de mejorar los resultados deportivos de los atletas de alto rendimiento, como era el que tenía el “Sistema Mexicano del Deporte de Alto rendimiento”

Este Programa Nacional de Cultura Física y Deporte, a cargo de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, en el 2016; contó con la participación de 14.3 millones de alumnos de educación básica en 62,700 escuelas y 87,359 promotores durante el ciclo escolar 2015-2016.

Existen también 3,754 Centros de Deporte Escolar y Municipal que atendieron a 9.6 millones de usuarios en 934 municipios durante 2016. En toda su historia el deporte mexicano ha ganado más de 71 medallas en juegos olímpicos. En América Latina, Cuba (208), Brasil (108) y Argentina (70) han ganado más medallas que México en juegos olímpicos. Pero el número de medallas obtenidas la participación de la delegación mexicana en los juegos olímpicos de Londres 2012 fue la mejor (7), sólo detrás de México 1968 (9).

En los Juegos Paraolímpicos los representantes nacionales han obtenido mayores medallas que los atletas olímpicos. México es el país de Latinoamérica que más medallas ha obtenido en estos juegos por encima de Brasil, Argentina, Cuba, Panamá y Perú. Ningún país de América Latina ha ganado alguna medalla en Juegos Olímpicos de Invierno.

La Encuesta Nacional sobre Uso del Tiempo 2013 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) señaló que 29.2% de la población mayor de 12 años práctica algún deporte y ocupa 4.6 horas a la semana para esta actividad.

La mayor población no práctica deporte esta situación puede favorecer trastornos médicos como el sobrepeso y la obesidad. No obstante, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Juventud (ENJ) 2013, la proporción de jóvenes que nunca ha realizado ejercicio disminuyó respecto de la medición de 2015. Sin embargo, aún prevalece la tendencia de que a mayor edad, menor porcentaje de menores de 29 años que practica alguna actividad física

La Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) realizó el Censo Nacional de Infraestructura Deportiva y en todo el país registró 24,565 instalaciones. Las entidades con mayor cantidad fueron:

Aguascalientes (3,805); Guanajuato (2,750); Chiapas (1,525); Hidalgo (1,489) y Querétaro (1,281).

Los estados con menos instalaciones fueron: Distrito Federal (75); Coahuila (70); Nuevo León (59); Guerrero (25) y Tamaulipas (6).

Las acciones de impulso al desarrollo deportivo en México comprenden la práctica estudiantil que a su vez desarrolla la olimpiada y la universiada nacionales. Por otra parte, el deporte selectivo agrupa el ejercicio adaptado, la búsqueda de talentos deportivos y la atención para atletas preseleccionados y seleccionados.

El Centro Nacional de Desarrollo de Talentos Deportivos y Alto Rendimiento (Cnar) tiene el objetivo de “mejorar el desempeño de México en competencias internacionales”. La Conade y los institutos de las entidades federativas operan centros estatales para atender hasta cuatro disciplinas, y los regionales que albergan más de cinco deportes, además de ofrecer educación primaria, secundaria y bachillerato a los atletas que entrenan para representar a México en certámenes centroamericanos, panamericanos y olímpicos.

A escala latinoamericana México es el cuarto país con mayor número de medallas ha obtenido en esta justa deportiva. En las ediciones de los juegos celebrados en el extranjero la delegación nacional obtuvo mayor número de medallas en los certámenes de Londres 2012; Los Ángeles 1984; Sídney 2000 y Londres 1948.

Si bien el número de medallas obtenido por la delegación mexicana en los pasados juegos olímpicos fue una de las mejores fuera del territorio nacional, otros países de la región, como Cuba, Brasil, Jamaica y Colombia, tuvieron un mejor desempeño. Incluso, en este lapso el representativo nacional no pudo superar a las tres primeras naciones antes mencionadas.

México debe estar entre los primeros lugares ya que contamos con recursos humanos en los jóvenes que vienen empujando con fuerza, pero también el Estado debe ser partícipe en darles mayores incentivos e infraestructura para sus entrenamientos.

Por lo anterior expuesto solicito se implementen Programas en infraestructura deportiva, el ejecutivo Federal envió un presupuesto recortado en casi todas los ramos y programas federales, por ejemplo en Salud con un monto de 121, 817.5 millones recortando 10, 399.3, que en el 2016, sin hablar también en infraestructura carretera que su recorte afecto la Ciudad de México y Nayarit que están sus montos en Ceros, Igual en Ceros esta nuestro deporte mexicano. Dado que el Ejecutivo recorto totalmente su presupuesto a los programas deportivos, dejando a nuestros atletas mexicanos fuera de las próximas competencias nacionales e internacionales, y que decir de la infraestructura deportiva que es alarmante por primera vez en todos los años legislativos, la Comisión de Deporte cerro sus ventanillas y éste 2017 no habrá proyectos deportivos, por el recorte presupuestal que el Presidente Enrique Peña Nieto envió a nuestra Cámara de Diputados en ceros.

La Conade hace su mejor esfuerzo de presentarnos programas sociales para incentivar a los mexicanos hacer ejercicio dado que el 56% no practica ningún deporte 38.7% hombres y 61.3% mujeres sin actividad física. Por ello es alarmante que este ejercicio presupuestal 2017 no exista programas federales para infraestructura deportiva y proyectos deportivos.

Les reitero compañeras y compañeros legisladores por primera vez en la historia Legislativa la Comisión de Deporte cierra ventanillas, para proyectos deportivos en el Presupuesto 2017 por el recorte presupuestal del Ejecutivo Federal.

Se requieren mayores y mejores proyectos y programas en infraestructura deportiva dado que varios Estados de la República carecen de centros deportivos, canchas deportivas y equipamiento, nuestros jóvenes y niños desean practicar un deporte y así evitar que caigan en manos de la delincuencia o drogas, es por ello que el Gobierno Federal debe aportarles centros deportivos para que practican algún deporte recreativo y competitivo. México debe estar a la vanguardia de deportivos de primer nivel y con canchas deportivas óptimas.

En mérito de lo anteriormente referido es que se somete a su consideración la proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al titular de Secretaria de Hacienda y Crédito Público, así como al Titular de Ejecutivo Federal, para que diseñe y ejecute programas para la protección, conservación y restructuración a la infraestructura deportiva, así como diseñe y ejecute programas en materia deportiva, para el próximo año 2017

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de octubre del 2016.— Diputado Ángel II Alanís Pedraza (rúbrica).»

Se remite a la Comisión de Deporte, para dictamen.

DETERMINACIÓN EN EL CASO ANTIDUMPING CONTRA LAS BARRAS DE ACERO ORIGINARIAS DE MÉXICO

«Proposición con punto de acuerdo, por el cual se exhorta a la SE y la SRE a solicitar al gobierno de Chile que base su determinación en el caso antidumping contra las barras de acero originarias de México en pruebas positivas y en un examen objetivo de las importaciones investigadas, a cargo del diputado Waldo Fernández González, del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, Waldo Fernández González, diputado federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de la Cámara de Diputados, la siguiente proposición con punto de acuerdo con base en las siguientes

Consideraciones

Antecedentes

En noviembre de 2015 la Comisión Encargada de Investigar la Existencia de Distorsiones en el Precio de la Mercadería Importada (la comisión), a solicitud de la productora chilena CAP y productora brasileña Gerdau, inició la investigación antidumping en contra de las importaciones de barras de acero para hormigón con muescas, cordones, surcos o relieves (varilla) originarias de México, clasificadas en los códigos arancelarios 7213.1000, 7214.2000, 7227.9000 y 7228.3000 del Sistema Armonizado Chileno.

Las empresas productoras chilena y brasileña argumentan haber sufrido un daño a consecuencia de las importaciones originarias de México. Sin embargo, no debe dejar de considerarse que estas importaciones han complementado la oferta en el mercado de Chile que se caracteriza por ser deficitario.

En el mes de mayo de 2016, el Ministerio de Hacienda impuso un derecho antidumpingprovisional del orden de 13,1 % a la varilla de origen mexicano. Posteriormente, mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la República de Chile, con fecha 17 de septiembre de 2016, el Ministerio de Hacienda determinó reconsiderar el derecho antidumping provisional en una tasa del 11,01 % a las mercancías investigadas en comento.

Situación actual

De los hechos esenciales publicados por la comisión se desprende que no se consideró adecuadamente la información aportada por la productora mexicana respecto de la mercancía investigada. A pesar de la reconsideración respecto de la cuota compensatoria provisional, respetuosamente consideramos que, de haberse realizado el análisis pertinente y objetivo al que obliga el acuerdo antidumping y la histórica excelente colaboración que hay entre ambas economías, se pudo haber determinado oportunamente la inexistencia de prácticas dañinas para la producción nacional chilena por parte de la empresa mexicana.

El pasado 14 de octubre la comisión celebró la audiencia pública de la investigación, por lo cual, la investigación antidumping puede considerarse procedimentalmente concluida. Ante lo cual, solo falta la emisión de la resolución final que de formalmente por concluida la investigación. De conformidad con el acuerdo antidumping, toda autoridad investigadora, al emitir la determinación final, está en posibilidad de confirmar, disminuir o eliminar la cuota compensatoria provisional.

No queremos dejar de apuntar que la productora mexicana ha cooperado en todo momento con la comisión, proporcionando la información verificable requerida. Esta información verificada y soportada por prestigiosos economistas chilenos soporta la conclusión de inexistencia de dumping y explica que la situación de la industria local se debe a las condiciones globales del mercado del acero. Dado lo anterior pedimos que se asegure que el gobierno de Chile asegure una determinación final positiva.

Ante lo anterior, y ante el hecho de que la industria siderúrgica en México no recibe ningún tipo de subsidio por parte del gobierno mexicano, este Poder Legislativo solicita respetuosamente que se soliciten garantías al gobierno de Chile de que la autoridad investigadora local realice una determinación basada en pruebas positivas y un examen objetivo de la existencia de daño en atención a lo establecido en el artículo 3.1 del acuerdo antidumping al emitir la resolución definitiva.

Problemática

Al emitir una determinación final, la autoridad investigadora chilena, deberá atender al hecho que el mercado de varilla para hormigón obedece a una economía abierta y se abastece en un volumen sustancial de importaciones. De establecer una cuota compensatoria alta, se estaría otorgando una sobreprotección a los productores nacionales en detrimento del consumidor, el cual es fundamentalmente el sector de la construcción; sector que merece especial atención debido a su participación en el crecimiento económico de cualquier economía.

La imposición de un derecho antidumping definitivo representará un sobrecosto para el consumidor final en Chile, a quien ese le está privando de una oferta complementaria y competitiva.

La relación entre México y Chile se puede ver afectada por este tipo de medidas. México en todo momento ha sido solidario con sus hermanos chilenos cuando lo han necesitado; incluso la industria siderúrgica mexicana ha apoyado a Chile en el suministro de varilla en el año 2010 cuando se sufrió por el terremoto. Los lazos comerciales que nos unen a través de la Alianza del Pacífico hacen que este tipo de medidas parezcan ir en contra del espíritu de este acuerdo.

Una medida contra México puede dar pie a una mayor presión frente al gobierno mexicano por parte de productores locales que buscan limitar el comercio de productos que Chile exporta a México como son la madera, cobre, fertilizantes, nectarina, vino, entre otros. El sano comercio da grandes beneficios para ambas naciones y debe cuidarse.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a su consideración la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados exhorta a la Secretaria de Economía y a la Secretaría de Relaciones Exteriores a que solicite al gobierno de la República de Chile basar su determinación en el caso antidumping contra las barras de acero originarias de México, en pruebas positivas y en un examen objetivo de las importaciones investigadas y su repercusión en los precios de la mercancía similar.

Segundo. Si a pesar de ello, decide emitir una determinación final positiva, se le solicita se sirva considerar las siguientes posibilidades: a) el establecimiento de una cuota compensatoria menor al margen de dumping, la práctica anterior es aceptada como deseable por la propia organización mundial del comercio, b) el establecimiento de un precio no lesivo, el cual se traduce en un precio de referencia para la importación que no cause un daño a la producción nacional; práctica que el gobierno mexicano ha implementado en varios casos.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de octubre de 2016.— Diputado Waldo Fernández González (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Economía, para dictamen.

ABORDAR EL CASO DE MARIANA SELVAS GÓMEZ Y OTRAS CONTRA MÉXICO, A LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS

«Proposición con punto de acuerdo, por el que esta soberanía celebra la decisión de la CIDH de abordar el caso de Mariana Selvas Gómez y otras contra México, en espera de encontrar justicia en los hechos ocurridos el 3 y 4 de mayo de 2006 en Texcoco y San Salvador Atenco, México, a cargo del diputado Omar Ortega Álvarez, del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, Omar Ortega Álvarez, diputado federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de la Cámara de Diputados, la siguiente proposición con punto de acuerdo con base en las siguientes

Consideraciones

El 22 de octubre del 2001, el entonces presidente de México, Vicente Fox Quesada, lanzó un decreto expropiatorio por razones de utilidad pública contra el territorio ejidal de Atenco, para la construcción de un nuevo aeropuerto para la Ciudad de México, sin llevar a cabo ningún proceso previo de consulta con los ejidatarios o con los pueblos que allí se asientan.

Las personas usufructuarias y/o dueños de los terrenos, se opusieron enérgicamente al proyecto, y tras fuertes protestas en contra de éste lograron la anulación del mencionado decreto en 2003 y el pueblo se convirtió en un referente de las luchas sociales del país.

Después de tres años, el 3 de mayo de 2006, inspectores y policías municipales del ayuntamiento de Texcoco en el estado de México, tuvieron un altercado con comerciantes y a partir de estos hechos, los comerciantes pidieron solidaridad de los pobladores de Atenco, agrupados en el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, reconocidos por su lucha en contra del proyecto gubernamental que pretendía quedarse con sus tierras para construir el nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

La llegada de los pobladores de Atenco fue repelida por la policía municipal y el 4 de mayo se integró un operativo conjunto en el que participaron 700 elementos de la Policía Federal Preventiva y 1,815 de la Agencia de Seguridad Estatal (2,515 elementos) para ocupar la población de Atenco.

El saldo represivo fue mayúsculo: Se violaron los derechos humanos a 209 personas y se lesionó y torturó a 206 personas, al tiempo que se provocaron agresiones y violaciones sexuales en contra de 26 mujeres.

Además, debe destacarse que los días 3 y 4 de mayo fueron asesinados dos jóvenes, uno de ellos menor de edad: Javier Cortés Santiago, de 14 años por disparo de arma de fuego y Ollín Alexis Benhumea Hernández, de 20 años por lesión de proyectil que contenía gas lacrimógeno.

Los datos mencionados provienen de la Recomendación 38/2006, emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) el 16 de octubre del mismo año de los sucesos.

En el documento de 1,635 cuartillas, se establece con claridad la violación a diez derechos humanos: 1) detención arbitraria; 2) trato cruel, inhumano o degradante y lesiones; 3) allanamiento de morada; 4) retención ilegal; 5) incomunicación; 6) tortura; 7) abuso sexual y violación; 8) derecho a la vida; 9) derechos de los menores; y 10) derechos a la legalidad y seguridad jurídica.

El informe de la CNDH documentó el uso ilegal de la fuerza pública en contra de los pobladores de Atenco y confirmó que 145 fueron detenidos mediante allanamiento de morada. Además se documentó la alteración de pruebas, especialmente en los casos de violaciones sexuales, en donde se hizo declarar a los detenidos sin defensores particulares y en 51 casos, sin defensores de oficio presentes.

De las más de 200 detenciones, 183 denunciaron abusos policiales y 31 de las 50 mujeres detenidas denunciaron abusos sexuales, todos ocurridos durante su detención y traslado.

Después de estudiar los hechos del caso, el Pleno de la Suprema Corte, por una mayoría de 10 votos, determinó que los días 3 y 4 de mayo de 2006, en Texcoco y Atenco, Estado de México, ocurrieron violaciones graves de derechos fundamentales, debido a que los agentes de las corporaciones policiales que participaron en los distintos operativos ejercieron la fuerza pública de manera excesiva, desproporcionada, ineficiente, improfesional e indolente hacia al respeto de los derechos humanos, tanto de las personas que fueron detenidas en esos operativos, como de otras que estaban en las inmediaciones. Todo ello, en virtud de que los hechos violatorios de derechos fueron el resultado de acciones ilegítimas, violentas, excesivas e injustificables en una policía que opera en un país donde la acción del Estado se limita por la Constitución, que debe ser respetuoso de los derechos fundamentales.

Aunado a lo anterior, debe señalarse que casi nada se investigó para castigar esas conductas abusivas después de cometidas.

De las mujeres detenidas y agredidas sexualmente,once de ellas decidieron denunciar los hechos y luchar por justicia, pero se vieron obligadas a llevar su caso a una instancia internacional después de toparse con trabas en la investigación de sus denuncias, e incluso con la difamación de autoridades locales, incluyendo al entonces gobernador Enrique Peña Nieto. Es así como a una década de los hechos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha turnado un caso para ser analizado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), un tribunal independiente con autoridad legal en México.

Tras una exhaustiva investigación de años, la CIDH señaló que el gobierno mexicano no solo fue incapaz de otorgarles justicia, también encontró que el mismo sistema muchas veces, persigue a sus propias víctimas.

La Comisión sugiere que el gobierno estatal de entonces a cargo del ahora presidente de la República, Enrique Peña Nieto quiso minimizar, e incluso ocultar el suceso. El ejemplo más claro es la decisión del gobierno de perseguir a las víctimas, en vez de ir tras los policías que habían cometido las torturas sexuales; el Estado inicialmente procesó a las mujeres. Cinco fueron encarceladas durante un año o más, por cargos como atacar a un policía. Una mujer que fue abusada sexualmente varias veces pasó dos años en prisión por cargos falsos.

Días después del incidente, el estado negó las acusaciones de las mujeres, y básicamente las llamó “mentirosas”. Peña Nieto le dijo a un periódico local en ese entonces que esa era una táctica conocida de grupos radicales: hacer que las mujeres acusen a los policías de violencia sexual para desacreditar al gobierno; otros en su gobierno hicieron declaraciones similares.

Desde entonces, aunque el gobierno ha reconocido a regañadientes la veracidad de las acusaciones, ni una sola persona ha sido condenada por ningún crimen relacionado con los ataques en Atenco. Más recientemente, cinco médicos a quienes se les acusó de ignorar pruebas de abuso sexual fueron declarados inocentes.

El caso es un ejemplo de los obstáculos que las víctimas deben superar para conseguir justicia en México. Las mujeres sufrieron más de 10 años de amenazas, intimidación y trauma psicológico. Vieron cómo los hombres que las atacaron salieron de prisión.

Las agredidas fueron Mariana Selvas Gómez, Georgina Edith Rosales Gutiérrez, María Patricia Romero Hernández, Norma Aidé Jiménez Osorio, Claudia Hernández Martínez, Bárbara Italia Méndez Moreno, Ana María Velasco Rodríguez, Yolanda Muñoz Diosdada, Cristina Sánchez Hernández, Patricia Torres Linares y Suhelen Gabriela Cuevas Jaramillo.

Pero sin dejar en el olvido el caso y a una década de los hechos, la CIDH no solo ha emitido su dictamen a favor de las víctimas, sino que el sábado 17 de septiembre de 2016 envió el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos que podría obligar al Estado mexicano a establecer responsabilidades en toda la cadena de mando involucrada en los hechos.

En su informe sobre el caso, la CIDH señaló que el Estado debía reparar el daño a las víctimas, tanto en el aspecto material, moral y brindar tratamiento médico y psicológico, o psiquiátrico.

Con lo anterior, existe algo indudable: Las mujeres privadas de la libertad durante el operativo de seguridad realizado en San Salvador Atenco los días 3 y 4 de mayo del 2006 fueron violentadas física y psicológicamente. En dicho operativo se trasgredió la legislación nacional e internacional aplicable.

Las mujeres fueron víctimas de violaciones al debido proceso y el Estado Mexicano incumplió sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.

El marco legal en materia penal y de la política de seguridad pública municipal, estatal y federal, permitió un margen de arbitrariedad en las acciones de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, contraria a las obligaciones del Estado en materia de derechos humanos que afecta especialmente a las mujeres quienes se encuentran en una situación de franca vulnerabilidad en este tipo de operativos policíacos.

Desafortunadamente, pareciera que no existen condiciones suficientes en términos políticos, ni recursos legales eficaces para sancionar a los agentes de Estado que cometan abusos, directa o indirectamente en su debido tiempo, dando pie a un gran margen de tiempo y dejando los actos de lesa humanidad en la impunidad.

Por consiguiente, someto a consideración de la Soberanía la siguiente proposición con:

Puntos de acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados celebra la decisión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para someter el caso Mariana Selvas Gómez y otras contra México a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, esperando que los hechos ocurridos en los municipios de Texcoco y San Salvador Atenco, ubicados en el Estado de México, el 3 y 4 de mayo de 2006, encuentren justicia.

Segundo. La Cámara de Diputados exhorta al gobierno federal a coadyuvar en lo que determine necesario la Corte Interamericana de Derechos Humanos a fin de facilitar la información necesaria para realizar una investigación completa para determinar a todos los responsables de las violaciones a derechos humanos en el caso Mariana Selvas Gómez y otras contra México.

Tercero.La Cámara de Diputados, a quince años de la emisión del decreto de expropiación que generó los lamentables hechos ocurridos en San Mateo Atenco, expresa a las víctimas su mayor solidaridad.

Fuentes

- Ahmed, Azam. La CIDH exige una investigación sobre el abuso sexual que sufrió un grupo de mujeres en Atenco en 2006 [en línea], The New York Times, Dirección de URL: http://www.nytimes.com/es/ 2016/09/22/comision-interamericana-derechos-humanos-atenco-abusos-pena-nieto-me xico/. Fecha de consulta: 09 de octubre de 2016.

- Comisión Nacional de Derechos Humanos. Sobre el caso de los hechos de violencia suscitados los días 3 y 4 de mayo de 2006 en los municipios de Texcoco y San Salvador Atento, Estado de México [en línea], Dirección de URL: http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/ Recomendaciones/2006/Rec_2006_038.pdf. Fecha de consulta: 09 de octubre de 2016.

- BBC Mundo. México: el brutal caso de las 11 mujeres de Atenco que complica a Peña Nieto [en línea], Dirección de URL: http://www.bbc. com/mundo/noticias-america-latina-37514239. Fecha de consulta: 10 de octubre de 2016.

- Olivos, Araceli. Demandan justicia 11 mujeres que fueron torturadas en Atenco, Edomex [en línea], Aristegui Noticias. Dirección URL: http://www.noticiasmvs.com/#!/noticias/demandan-justicia-11-mujeres-que-fueron- torturadas-en-atenco-edomex-65. Fecha de consulta: 10 de octubre de 2016.

- Villalvazo G., María José. Para entender (y no olvidar) el caso Atenco [en línea], Nexos, Dirección de URL: http://eljuegodelacorte.nexos.com.mx/?p=1925. Fecha de consulta: 10 de octubre de 2016.

- Villegas, Paulina. ‘Me quitaron la mitad de mi vida’: el dolor de las mujeres de Atenco, diez años después [en línea], The New York Times, Dirección de URL: http://www.nytimes.com/es/2016/09/22/me-quitaron-la-mitad-de-mi-vida-el-dolor-d e-las-mujeres-de-atenco-diez-anos-despues/. Fecha de consulta: 09 de octubre de 2016.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de octubre de 2016.— Diputado Omar Ortega Álvarez (rúbrica).»

Se remite a la Comisión de Derechos Humanos, para dictamen.