Presidencia del diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar

ASISTENCIA

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Pido a la Secretaría que haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia de diputadas y diputados.

La Secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos:Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 309 diputadas y diputados, por lo tanto hay quórum

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: (a las 11:53 horas): Se abre la sesión.

ORDEN DEL DÍA

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Consulte la Secretaría a la asamblea si se dispensa la lectura al orden del día.

La Secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos:Por instrucciones de la Presidencia en votación económica se consulta a la asamblea si se dispensa la lectura al orden del día. Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa. Se dispensa la lectura.

«Primer periodo de sesiones ordinarias del segundo año de ejercicio de la LXIII Legislatura.

Orden del día

Jueves 27 de octubre de 2016

Lectura del acta de la sesión anterior

Comunicaciones oficiales

De los diputados Leticia Amparano Gamez, Salvador Zamora Zamora, Alfredo Anaya Orozco, Rocío Matesanz Santamaría, Rafael Hernández Soriano, Laura Nereida Plascencia Pacheco, Adriana Ortiz Lanz y Jonadab Martínez García.

Solicitan el retiro de iniciativas.

De la Secretaría de Educación Pública

Remite información de las Unidades Responsables, sobre el Destino de los Recursos Federales que reciben las Universidades e Instituciones Públicas de Educación Media Superior y Superior, correspondiente al tercer trimestre del ejercicio 2016.

De la Secretaría de Salud

Remite informes correspondientes al tercer trimestre de 2016, sobre el presupuesto ejercido entregado a los beneficiarios a nivel capítulo y concepto de gasto, así como informe sobre el cumplimiento de las metas y objetivos con base en indicadores de desempeño previstos en las Reglas de Operación.

Iniciativa de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal

Con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 41, fracción V, Apartado C, numeral 9 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Acuerdos de los órganos de gobierno

De la Junta de Coordinación Política.

Declaratoria de publicidad

De la Comisión de Salud, por el que se reforma el inciso m) y se adiciona un inciso n) a la fracción I del artículo 4 de la Ley de Asistencia Social.

De la Comisión de Salud, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en materia del registro nacional de cáncer.

Dictámenes a discusión de leyes o decretos

De la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de decreto por el que se establecen las características de una Moneda Conmemorativa del Quincuagésimo Aniversario de la Aplicación del Plan DN-III-E.

De la Comisión de Seguridad Pública, con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción IV del artículo 31 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

De la Comisión de Salud, con proyecto de decreto por el que se adicionan los artículos 61 y 64 de la Ley General de Salud.

De la Comisión de Salud, con proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 87 de la Ley General de Salud.

Iniciativas

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y del Código Penal Federal, a cargo de la diputada Nora Liliana Oropeza Olguín, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Protección Civil, a cargo de la diputada Nora Liliana Oropeza Olguín, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Claudia Sofía Corichi García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a cargo del diputado Evelio Plata Inzunza, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 110 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, a cargo del diputado Juan Carlos Ruiz García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que adiciona los artículos 9o. de la Ley General de Cultura Física y Deporte, y 7o. de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Isaura Ivanova Pool Pech, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma los artículos 40 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y 15-C y 540 de la Ley Federal del Trabajo, a cargo de la diputada Isaura Ivanova Pool Pech, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma los artículos 56, 57, 58 y 59 de la Ley General de Educación y 21 de la Ley Reglamentaria del artículo 5o. constitucional, Relativo al Ejercicio de las Profesiones en el Distrito Federal, a cargo de la diputada Isaura Ivanova Pool Pech, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona los artículos 46 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y 61-Bis y 66-Bis de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Lucia Virginia Meza Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 51 de la Ley General de Desarrollo Social, a cargo de la diputada Lucia Virginia Meza Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que adiciona el artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado David Jiménez Rumbo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que expide la Ley General de Propaganda Gubernamental y Comunicación Social Reglamentaria del artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y se adiciona el artículo 1o. de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, a cargo de la diputada Isaura Ivanova Pool Pech, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que adiciona el artículo 113 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, a cargo del diputado Christian Joaquín Sánchez Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Educación, a cargo del diputado Óscar Valencia García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y del Código Penal Federal, a cargo del diputado Juan Antonio Ixtlahuac Orihuela, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 67 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, a cargo de la diputada Evelyn Parra Álvarez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Reglamento de la Cámara de Diputados, a cargo del diputado Braulio Mario Guerra Urbiola, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 16 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, a cargo de la diputada Kathia María Bolio Pinelo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona los artículos 170 de la Ley Federal del Trabajo y 28 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 Constitucional, a cargo de la diputada Alma Carolina Viggiano Austria, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Benjamín Medrano Quezada, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 52 de la Ley de Aviación Civil, a cargo del diputado Francisco Saracho Navarro, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 33 de la Ley General de Educación, a cargo del diputado Gianni Raúl Ramírez Ocampo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales, a cargo de la diputada Mariana Benítez Tiburcio, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 9o. de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, a cargo de la diputada Erika Irazema Briones Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 43 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Santiago Torreblanca Engell, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y deroga diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión y de la Ley Federal de Competencia Económica, a cargo del diputado Rafael Hernández Soriano, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 366 del Código Nacional de Procedimientos Penales, a cargo del diputado Santiago Torreblanca Engell, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma los artículos 61, 64 Bis y 67 de la Ley General de Salud, a cargo del diputado Miguel Ángel Sulub Caamal, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 51 y 73 de la Ley General de Partidos Políticos, suscrita por las diputadas Laura Nereida Plascencia Pacheco y Erika Araceli Rodríguez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 46, 49 y 50 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, suscrita por las diputadas Laura Nereida Plascencia Pacheco y Erika Araceli Rodríguez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, suscrita por las diputadas Laura Nereida Plascencia Pacheco y Erika Araceli Rodríguez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 47 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, a cargo del diputado Christian Joaquín Sánchez Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que adiciona el artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Juan Carlos Ruiz García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Educación y de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, a cargo de la diputada Erika Irazema Briones Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 139 de la Ley de la Industria Eléctrica, a cargo del diputado Efraín Arellano Núñez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que adiciona los artículos 3o. y 8o. de la Ley de Ayuda Alimentaria para los Trabajadores, suscrita por los diputados Rafael Yerena Zambrano, Georgina Zapata Lucero y Marco Antonio Aguilar Yunes, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 7o. de la Ley General de Educación, suscrita por los diputados Hortensia Aragón Castillo y Maricela Contreras Julián, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Cultura Física y Deporte, a cargo del diputado Alejandro Ojeda Anguiano, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona el artículo 93 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, a cargo de la diputada Cynthia Gissel García Soberanes, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.

Que reforma el artículo 52 y adiciona un artículo 52 Bis de la Ley de Aviación Civil, a cargo del diputado Juan Manuel Cavazos Balderas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 115 de la Ley General de Salud, a cargo del diputado Juan Manuel Cavazos Balderas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona los artículos 150 y 154 Bis a la Ley del Seguro Social, suscrita por el diputado César Alejandro Domínguez Domínguez y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 2o., 22 y 67 de la Ley General de Sociedades Cooperativas, a cargo del diputado Francisco Martínez Neri, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma los artículos 7o., 42 y 58 de la Ley General de Educación, cargo del diputado Javier Guerrero García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que adiciona el artículo 149 Quáter del Código Penal Federal, a cargo del diputado David Jiménez Rumbo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona los artículos 187 Bis y 420 de la Ley General de Salud, a cargo del diputado David Jiménez Rumbo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que adiciona los artículos 21 y 42 de la Ley General de Educación, a cargo de la diputada Lluvia Flores Sonduk, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que expide la Ley de la Agencia Mexicana del Servicio de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agrícola, Pecuaria, Agroforestal, Pesquera y Acuícola, y reforma los artículos 92, 93, 94 y 96 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, a cargo del diputado Evelio Plata Inzunza, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona los artículos 23, 26 y 30 de la Ley Agraria, a cargo de la diputada Ruth Noemí Tiscareño Agoitia, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Competencia Económica, a cargo del diputado Luis Fernando Antero Valle, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma los artículos 52, 53 y 54 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada María Guadalupe Oyervides Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, a cargo de la diputada Guadalupe González Suástegui, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona el artículo 5o. de la Ley de Asistencia Social, a cargo del diputado Juan Carlos Ruíz García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona los artículos 1o. y 3o. de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, a cargo de la diputada Maricela Contreras Julián, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Adriana Terrazas Porras, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, a cargo del diputado Daniel Ordoñez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma diversas disposiciones de la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro y de la Ley General de Educación, a cargo del diputado Germán Escobar Manjarrez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 12, 22 y 120 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, a cargo de la diputada Erika Irazema Briones Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma diversas disposiciones del Reglamento de la Cámara de Diputados, a cargo de la diputada Refugio Trinidad Garzón Canchola, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma el artículo 458 del Código Nacional de Procedimientos Penales, a cargo del diputado Ricardo Ramírez Nieto, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Ricardo Ramírez Nieto, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 114-B del Código Fiscal de la Federación, a cargo de la diputada María Guadalupe Oyervides Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del Decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 75, 115, 116, 122, 123 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el DOF el 24 de agosto de 2009, a cargo del diputado Juan Carlos Ruiz García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 97 del Código Fiscal de la Federación, a cargo de la diputada María Guadalupe Oyervides Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 60 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, a cargo de la diputada Gretel Culin Jaime, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por el diputado Alberto Martínez Urincho y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 150 del Código Penal Federal, a cargo de la diputada María Guadalupe Oyervides Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 194 del Código Penal Federal, a cargo de la diputada María Guadalupe Oyervides Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 7o. de la Ley General de Educación, a cargo de la diputada María Guadalupe Oyervides Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 2o. de la Ley General de Cultura Física y Deporte, a cargo del diputado Fernando Quetzalcóatl Moctezuma Pereda, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 1o. de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, a cargo del diputado Fernando Quetzalcóatl Moctezuma Pereda, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud y de la Ley Federal del Trabajo, a cargo de la diputada Evelyn Parra Álvarez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que adiciona un Capítulo VIII Ter de los Principios y Derechos de los Usuarios de Espectáculos Públicos y un artículo 76 Ter a la Ley Federal de Protección al Consumidor, a cargo del diputado Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa y de la Ley General de Educación, a cargo del diputado Ulises Ramírez Núñez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma los artículos 41 Bis y Noveno Transitorio de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a cargo del diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que adiciona el artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Fernando Quetzalcóatl Moctezuma Pereda, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que adiciona el artículo 27 de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Maricela Contreras Julián, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma los artículos 17, 48, 52, 61 y 62 de la Ley de Aviación Civil, a cargo del diputado Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que adiciona el artículo 4o. de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, a cargo del diputado Ricardo del Rivero Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 191 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, a cargo del diputado Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que adiciona el artículo 15 de la Ley del Seguro Social, a cargo de diputado Yerico Abramo Masso, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 45 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, a cargo del diputado Wenceslao Martínez Santos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 8o. de la Ley Federal de Derechos, suscrita por los diputados integrantes de la Comisión de Turismo.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, a cargo del diputado Carlos Alberto de la Fuente Flores, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona el artículo 212 de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Lluvia Flores Sonduk, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que adiciona un artículo 16 Bis a la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 Constitucional, a cargo de la diputada María Candelaria Ochoa Avalos, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma los artículos 3o. y 45 Bis de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, a cargo de la diputada Adriana del Pilar Ortiz Lanz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que abroga la Ley en Favor de los Veteranos de la Revolución como Servidores del Estado, a cargo de la diputada Eloísa Chavarrías Barajas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 1o. de la Ley de la Industria Eléctrica, a cargo del diputado Fernando Quetzalcóatl Moctezuma Pereda, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 109 de la Ley del Seguro Social, a cargo de la diputada Emma Margarita Alemán Olvera, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que expide la Ley Federal de Gobierno de Coalición, Reglamentaria de los Artículos 76 y 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Omar Ortega Álvarez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 4o. de la Ley de Transición Energética, a cargo del diputado Fernando Quetzalcóatl Moctezuma Pereda, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 12 de la Ley de Ayuda Alimentaria para los Trabajadores, a cargo del diputado José Adrián González Navarro, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona el artículo 11 de la Ley de Coordinación Fiscal, a cargo del diputado Candelario Pérez Alvarado, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 3o. de la Ley de Organizaciones Ganaderas, a cargo de la diputada Mirza Flores Gómez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma el artículo 242 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, a cargo de la diputada Liliana Ivette Madrigal Méndez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a cargo de la diputada María Candelaria Ochoa Avalos, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma el artículo 22 de la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, a cargo de la diputada Sofía del Sagrario de León Maza, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que deroga los párrafos octavo y noveno del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada María Concepción Valdés Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona el artículo 115 de La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por los diputados María Elena Orantes López del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, Kathia Bolio Pinelo del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, Carlos Sarabia Camacho del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, Alberto Martínez Urincho del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática y Edgar Spinoso Carrera del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Que reforma el artículo 6o. de la Ley General de Salud, a cargo del diputado Pedro Luis Noble Monterrubio, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 3o. de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Ma. Victoria Mercado Sánchez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que adiciona los artículos 132 de la Ley Federal del Trabajo y 196 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, a cargo de la diputada María Bárbara Botello Santibáñez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona el artículo 2o. de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, a cargo del diputado Germán Ernesto Ralis Cumplido, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que adiciona diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta, a cargo del diputado Jorge Enrique Dávila Flores, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 2o. de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, a cargo del diputado René Cervera García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma los artículos 2 y 10 y deroga el artículo 2o.-C de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, a cargo del diputado René Cervera García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma y adiciona el artículo 171 de la Ley Federal del Trabajo, a cargo de la diputada María del Rocío Rebollo Mendoza, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 2o. de la Ley de Coordinación Fiscal, a cargo del diputado Sergio López Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Con proyecto de Decreto por el que se declara el 15 de octubre de cada año, como el “Día Nacional del Amaranto”, suscrita por los diputados Blanca Margarita Cuata Domínguez, Norma Xochitl Hernández Colín y Rodrigo Abdala Dartigues, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma el artículo 200 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas y adiciona el artículo 162 Bis de la Ley Sobre el Contrato de Seguro, a cargo del diputado Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Premios, Estímulos y Recompensas Civiles, a cargo del diputado Alejandro González Murillo, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.

Que reforma el artículo 191 de la Ley Federal de Derechos, a cargo del diputado Jesús Antonio López Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que adiciona el artículo 381 del Código Penal Federal y reforma el artículo 2o. de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, a cargo del diputado José Luis Orozco Sánchez Aldana, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona el artículo 194 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, a cargo de la diputada Norma Xochitl Hernández Colín, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma el artículo 226 de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Marbella Toledo Ibarra, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que adiciona el artículo 79 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Armando Luna Canales, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 109 Bis de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, a cargo del diputado Juan Carlos Ruiz García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 2o. de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, a cargo del diputado Alberto Martínez Urincho, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo, a cargo de la diputada Norma Xochitl Hernández Colín, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma y adiciona el artículo 17 Bis de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Claudia Sofía Corichi García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma los artículos 192-D, 224 y 282 de la Ley Federal de Derechos, suscrita por los diputados Pedro Luis Noble Monterrubio, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y Cesáreo Jorge Márquez Alvarado, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Que reforma y adiciona los artículos 3o. y 123 de la Ley de la Industria Eléctrica, a cargo del diputado Juan Carlos Ruiz García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que adiciona el artículo 387 del Código Penal Federal, a cargo del diputado Roberto Alejandro Cañedo Jiménez, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma y adiciona los artículos 17 y 18 de la Ley Agraria, a cargo del diputado Pedro Luis Noble Monterrubio, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona los artículos 50 y 59 de la Ley General de Cultura Física y Deporte, a cargo de la diputada Karina Padilla Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Braulio Mario Guerra Urbiola, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que adiciona el artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Santiago Torreblanca Engell, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que adiciona el artículo 172-O de la Ley Federal de Derechos y adiciona un segundo párrafo al artículo 199 de la Ley General de Salud, a cargo del diputado Ricardo David García Portilla, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Yarith Tannos Cruz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 7-Bis de la Ley Federal de Protección al Consumidor, a cargo de la diputada María García Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que expide la Ley General de la Juventud, a cargo de la diputada Yarith Tannos Cruz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona los artículos 3o., 78 y 85 del Reglamento de la Cámara de Diputados, a cargo de la diputada Erika Araceli Rodríguez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que expide la Ley de Zonas Económicas Estratégicas para los Estados de la Frontera Norte, suscrito por diversos diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que adiciona los artículos 54 y 107 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a cargo de la diputada Maricela Contreras Julián, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma diversas disposiciones de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, a cargo del diputado Víctor Manuel Sánchez Orozco, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma el artículo 224 del Código Penal Federal, a cargo de la diputada María Guadalupe Oyervides Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 159 Bis 3 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, a cargo del diputado Juan Carlos Ruiz García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma los artículos 3o., 6o., 104 y 112 de la Ley General de Salud, a cargo del diputado Rafael Hernández Soriano, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona los artículos 10 Bis, 10 Ter y 10 Quáter de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, a cargo del diputado Víctor Manuel Sánchez Orozco, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma los artículos 6o., 9o. y 10 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, a cargo de la diputada Karina Sánchez Ruiz, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.

Que adiciona el artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que adiciona el artículo 2o. de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, a cargo del diputado Jesús Salvador Valencia Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Víctor Manuel Sánchez Orozco, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma el artículo 5o. de la Ley de Ciencia y Tecnología, a cargo de la diputada Ana Guadalupe Perea Santos, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.

Que reforma los artículos 55, 82 y 130 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 12 y 14 de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, a cargo del diputado Hugo Eric Flores Cervantes, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.

Que reforma y adiciona los artículos 57 y 58 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y 7o. y 33 de la Ley General de Educación, a cargo del diputado Tomás Roberto Díaz Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 34 de la Ley General de Cambio Climático, a cargo del diputado Tomás Roberto Díaz Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que adiciona el artículo 17 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Ricardo Ramírez Nieto, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Cultura Física y Deporte, a cargo del diputado Pedro Luis Noble Monterrubio, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 11 y 40 de la Ley Orgánica de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero, a cargo del diputado Antonio Tarek Abdala Saad, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 176 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, suscrita por los diputados Sara Latife Ruíz Chávez del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y Arturo Álvarez Angli, del Grupo Parlamentario Verde Ecologista de México.

Que reforma el artículo 96 de la Ley Federal de Protección al Consumidor y adiciona el artículo 79 a la Ley de Hidrocarburos, a cargo del diputado Ulises Ramírez Núñez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que adiciona el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Alejandro Ojeda Anguiano, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que expide la Ley Federal que establece el Derecho a recibir un Apoyo Económico a las Madres Solas, Jefas de Familia, de Escasos Recursos y Residentes en México, suscrita por el diputado Alfredo Basurto Román y diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Morena.

De decreto por el que se declara el 30 de mayo como Día Nacional de las Personas Sobredotadas, a cargo del diputado Germán Ernesto Ralis Cumplido, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que adiciona el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por los diputados Ruth Noemí Tiscareño Agoitia, César Camacho Quiroz y Jorge Carlos Ramírez Marín, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que adiciona el artículo 107 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a cargo del diputado José Adrián González Navarro, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma los artículos 74, 76 y 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Omar Ortega Álvarez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que adiciona el artículo 302 Bis del Código Penal Federal, a cargo de la diputada Ma. Victoria Mercado Sánchez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que expide la Ley Federal de Mejora Regulatoria, a cargo del diputado Otniel García Navarro, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que adiciona el artículo 10 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, a cargo de la diputada Mónica Rodríguez Della Vecchia, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 10 de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, a cargo de la diputada Marbella Toledo Ibarra, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma el artículo 34 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, a cargo del diputado Francisco Javier Pinto Torres, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.

Que reforma los artículos 89, 94, 97, 99 y 100 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada María Eloísa Talavera Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de revocación de mandato, a cargo del diputado Francisco Xavier Nava Palacios, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona los artículos 3, 3 Bis, 4, 8 y 15 Bis de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, a cargo del diputado Mariano Lara Salazar, del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza.

Que reforma y adiciona los artículos 52, 52 Bis, 52 Ter y 52 Quáter a la Ley de Aviación Civil, a cargo de la diputada Alicia Guadalupe Gamboa Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional

Que reforma y adiciona los artículos 12, 14, 54, 55 y 59 de la Ley General de Educación, suscrita por las diputadas Adriana del Pilar Ortiz Lanz y Yulma Rocha Aguilar, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 27 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, a cargo del diputado Francisco Saracho Navarro, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 1o. de la Ley General de Víctimas, suscrita por los diputados Armando Luna Canales y Julieta Fernández Márquez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 67 de la Ley General de Víctimas, suscrita por los diputados Julieta Fernández Márquez y Armando Luna Canales, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 126 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, a cargo del diputado Alfredo Bejos Nicolás, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 6o. de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, a cargo de la diputada Sara Latife Ruíz Chávez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 5o. de la Ley de Caminos Puentes y Autotransporte Federal, a cargo del diputado Baltazar Martínez Montemayor, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que adiciona los artículos 10 Quinquies y 10 Sexies a la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, a cargo de la diputada Maricela Contreras Julián, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Partidos Políticos y de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, suscrita por el diputado Omar Noé Bernardino Vargas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Que adiciona el artículo 6 de la Ley que crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para Ex Trabajadores Migratorios Mexicanos, suscrita por diversos diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Morena.

Que deroga la fracción IV del artículo 38 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Jorge Álvarez Máynez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de los artículos 61, 111 y 112 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.

Que adiciona el artículo 25 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, a cargo de la diputada Claudia Edith Anaya Mota, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona los artículos 1o. y 9o. de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, a cargo de la diputada Gretel Culin Jaime, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, a cargo del diputado Sergio López Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que adiciona el artículo 51 de la Ley General de Partidos Políticos, suscrita por el diputado Jesús Sesma Suárez y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Que reforma el artículo 222 de la Ley del Seguro Social, a cargo de la diputada Mirza Flores Gómez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

De decreto por el que se declara el 3 de diciembre de cada año, como el Día Nacional para Inclusión de las Personas con Discapacidad, a cargo de la diputada Melissa Torres Sandoval, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.

Que adiciona el artículo 3o. de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Ricardo Ramírez Nieto, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 14 de la Ley del Servicio de Administración Tributaria, a cargo del diputado José Adrián González Navarro, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, a cargo del diputado Sergio López Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que expide la Ley General para la Atención de las Personas en Situación de Desplazamiento Interno, suscrita por el diputado Enrique Zamora Morlet y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Que reforma el artículo 10 de la Ley del Mercado de Valores, a cargo del diputado Salvador Zamora Zamora, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que adiciona el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, a cargo del diputado Ricardo Ramírez Nieto, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que adiciona el artículo 341 Ter de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Teresa de Jesús Lizárraga Figueroa, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que adiciona un artículo 20 Bis a la Ley General de Protección Civil, a cargo del diputado Sergio López Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona los artículos 52, 52 Bis y 87 de la Ley de Aviación Civil, suscrita por el diputado Enrique Zamora Morlet y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Que reforma diversas disposiciones de la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados, a cargo del diputado Salvador Zamora Zamora, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma los artículos 34 y 43 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por las diputadas María Guadalupe Oyervides Valdez y Ana María Boone Godoy, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona los artículos 28 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 Constitucional y 20 y 45 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a cargo de la diputada Teresa de Jesús Lizárraga Figueroa, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Maricela Contreras Julián, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma los artículos 6o., 14, 15 y 154 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, suscrita por la diputada Martha Lorena Covarrubias Anaya y diversos diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Marco Antonio Gama Basarte, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma los artículos 19 y 20 de la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, a cargo de la diputada Martha Lorena Covarrubias Anaya, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que adiciona los artículos 60 y 171 de la Ley Federal del Trabajo, a cargo de la diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que expide la Ley de Elementos Fundamentales de Seguridad para Vehículos Automotores Nuevos, a cargo del diputado Alfredo Javier Rodríguez Dávila, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Proposiciones

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión Especial de Ex braceros, a establecer una mesa de trabajo con la Segob, con la finalidad de retomar el proceso para el otorgamiento de apoyos a los ex braceros de 1942-1964, a cargo del diputado José Hugo Cabrera Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con Punto de Acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal y al Ejecutivo del Estado de Guerrero, para que, de manera coordinada, diseñen políticas y gestionen recursos con el objetivo de restablecer la paz, fortalecer la seguridad y reconstruir el tejido social, con el fin de recuperar la convivencia pacífica en ese estado, a cargo de la diputada Guadalupe González Suástegui, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud, para que implemente acciones, campañas, protocolos y políticas públicas encaminadas a prevenir, disminuir y erradicar la diabetes mellitus en la población en general y particularmente de las niñas y niños, a cargo del diputado Rafael Hernández Soriano, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a los Poderes de la Unión, a que lleven a cabo la construcción de un Acuerdo Nacional para que, previa identificación de los recursos económicos necesarios, se dé atención al 100% de los niños enfermos de cáncer en nuestro país, suscrito por el diputado Jesús Sesma Suárez y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Con punto de acuerdo relativo al seguimiento a las acciones del Estado Mexicano, particularmente aquellas referentes al cumplimiento de acuerdos y esquemas de atención a víctimas, así como el seguimiento de las recomendaciones y medidas cautelares emitidas por la CIDH sobre los hechos ocurridos en Iguala, Guerrero, a alumnos de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa “Raúl Isidro Burgos” y a la recepción y audiencia de diversas comisiones de esta Soberanía, de los padres de familia de los estudiantes desaparecidos en los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014, en una reunión de trabajo en el recinto del Plenos de esta Soberanía, suscrito por los diputados Araceli Damián González y Roberto Guzmán Jacobo, del Grupo Parlamentario de Morena.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SCT y a la Sedatu, para dar cumplimiento a la sentencia mediante la cual deberá restituir o en su caso indemnizar las tierras ejidales del municipio de Tlajomulco de Zúñiga, donde se ubica el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de Guadalajara, a cargo del diputado Salvador Zamora Zamora, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Con punto de acuerdo por el que se solicita al Ejecutivo federal la extensión de la prórroga para la importación definitiva de vehículos usados en la frontera norte, a cargo de la diputada Luz Argelia Paniagua Figueroa, a nombre de los y las Diputadas de Baja California, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Sagarpa y a la Cofepris, a realizar las acciones necesarias para el uso de plaguicidas que están causando serias afectaciones a las abejas y otros polinizadores del país, a cargo de la diputada Natalia Karina Barón Ortíz, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SHCP, a garantizar suficiencia al Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, considerando que sus trabajadores generan investigación y desarrollo tecnológico en este sector estratégico para la seguridad y el progreso nacional, suscrito por los diputados Rodrigo Abdala Dartigues, Ángel Antonio Hernández de la Piedra, Mario Ariel Juárez Rodríguez y Juan Romero Tenorio, del Grupo Parlamentario de Morena.

Con punto de acuerdo relativo a la armonización de constituciones locales con la reforma de Derechos Humanos de 2011 a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada María Élida Castelán Mondragón, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Con punto de acuerdo relativo al desastre natural “Earl”, a cargo del diputado Miguel Alva y Alva, del Grupo Parlamentario de Morena.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, para que a través de la Sedesol, amplíe el descuento de leche Liconsa a un peso en todos los municipios inscritos en el Catalogo de la Cruzada Nacional Contra el Hambre, a cargo de la diputada María Élida Castelán Mondragón, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la PGR, a que remita a la brevedad la solicitud de Declaración de Procedencia en contra de Javier Duarte Ochoa, Gobernador Constitucional de Veracruz con licencia, a efecto iniciar el juicio de procedencia correspondiente para el retiro de la inmunidad constitucional, y a la Subcomisión de Examen Previo, a desahogar las solicitudes de juicio político que están en su poder en contra del mismo, a cargo del diputado Omar Ortega Álvarez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.»

ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la sesión anterior. Pido a la Secretaría que consulte a la asamblea si se dispensa su lectura.

La Secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos:Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea en votación económica si se dispensa la lectura al acta de la sesión anterior. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa. Se dispensa la lectura.

«Acta de la sesión de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, celebrada el martes veinticinco de octubre de dos mil dieciséis, correspondiente al Primer Periodo de Sesiones Ordinarias del Segundo Año de Ejercicio de la Sexagésima Tercera Legislatura.

Presidencia de la diputadaGloria Himelda Félix Niebla

En el Palacio Legislativo de San Lázaro de la capital de los Estados Unidos Mexicanos, sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con una asistencia de doscientos sesenta y un diputadas y diputados, a las once horas con treinta y dos minutos del martes veinticinco de octubre de dos mil dieciséis, el Presidente declara abierta la sesión.

En votación económica se dispensa la lectura al Orden del Día, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria; del mismo modo se dispensa la lectura del acta de la sesión anterior, y no habiendo oradores registrados, en votación económica se aprueba.

Se da cuenta con Comunicaciones Oficiales:

a) De la Junta de Coordinación Política, con relación a cambios de Juntas Directivas e integrantes en Comisiones Ordinarias. En votación económica se aprueban. Comuníquese.

b) Del Servicio de Administración Tributaria, por la que informa que durante el mes de septiembre de dos mil dieciséis únicamente destinó mercancías perecederas, de fácil descomposición o deterioro, que no resultan transferibles al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes. Se remite a la Comisión de Economía, para su conocimiento.

c) De la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, con la que remite el informe Anual de Actividades del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura en México, correspondiente al Ejercicio dos mil quince. Se remite a la Comisión de Derechos Humanos, para su conocimiento.

d) De la Secretaría de Gobernación con las que remite:

• Información relativa a las “Contrataciones por honorarios que realicen los ejecutores de gasto durante el ejercicio fiscal dos mil dieciséis”, del Sector Medio Ambiente y Recursos Naturales, correspondiente al tercer trimestre de dos mil dieciséis. Se remite a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento.

• Tercer Informe Trimestral para el Ejercicio Fiscal de dos mil dieciséis, de los programas sujetos a reglas de operación “S” y otros subsidios “U” a cargo de la Secretaría de Economía. Se remite a las Comisiones de Economía, de Presupuesto y Cuenta Pública, y de Fomento Cooperativo y Economía Social, para su conocimiento.

• Cuatro contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados:

– Por el que se exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, para que a través de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, elabore las estrategias pertinentes, con el fin de ordenar el sector pesquero a nivel nacional, particularmente mejorar el diseño del Programa de Ordenamiento Pesquero y Acuícola, con base en las observaciones del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. Se remite a la Comisión de Pesca, para su conocimiento.

– Por el que se exhorta al Ejecutivo Federal a investigar, previamente a la repatriación, si el retorno al país de origen de las personas migrantes centroamericanos localizados en la casa de seguridad del municipio de Amozoc, Puebla, es seguro y adecuado, y a la Comisión para que brinde asesoría, estudie la situación y determine si existe motivos para solicitar el estatus de refugiado. Se remite a la Junta de Coordinación Política, para su conocimiento.

– Para exhortar respetuosamente al Poder Ejecutivo Federal adopte las medidas pertinentes y urgentes para garantizar, previo a la repatriación, la atención integral interdisciplinaria, incluyendo la asesoría legal de las y los migrantes centroamericanos localizados en la casa de seguridad del municipio de Amozoc, Puebla, el pasado veinte de agosto, y en el interior del tráiler que circulaba por la autopista Puebla-Orizaba. Se remite a la Junta de Coordinación Política, para su conocimiento.

– Por el que se exhorta a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, a la Secretaría de Desarrollo Social, y a la Secretaría de Educación Pública a formular e instrumentar de forma incluyente un programa nacional de educación para el desarrollo sustentable que obedezca al Programa de Acción Mundial de Educación para el Desarrollo Sostenible. Se remite al promovente.

e) De la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México, con la que remite tres contestaciones a puntos de acuerdo, aprobados por la Cámara de Diputados:

• Por el que se exhorta al Gobierno Federal, para que considere al cambio climático como una amenaza real a la seguridad nacional y se implementen acciones para reducir su impacto en la población de nuestro país. Se remite a la Comisión de Cambio Climático, para su conocimiento.

• En relación con hacer públicas las declaraciones patrimoniales, de conflictos de interés y fiscales de los titulares de los tres poderes de la Unión. Se remite a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, para su conocimiento.

• Por el que se exhorta a los Titulares del Poder Ejecutivo de las Entidades Federativas y al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, a que atendiendo las necesidades de leche que requieran sus respectivos programas sociales, ésta sea comprada directamente a LICONSA, para que dicha empresa a su vez, pueda adquirir los excedentes de leche que existen en el mercado nacional. Se remite a la Comisión de Ganadería, para su conocimiento.

f) De la Cámara de Senadores, con la que remite once proposiciones con puntos de acuerdo por las que solicita a la Cámara de Diputados para que, en el proceso de análisis, discusión, y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para dos mil diecisiete, considere y destine recursos para varios rubros, suscritas por senadores de diversos grupos parlamentarios. Se turnan a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su atención.

g) Iniciativas con proyecto de decreto de los Congresos de los estados:

• De Baja California, por el que se adiciona un tercer párrafo, recorriéndose los subsecuentes al artículo setenta y uno de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

• De Jalisco:

– Por el que se reforma el artículo ciento cinco, fracción primera inciso I) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

– Por el que se reforma el artículo ciento treinta y dos de la Ley Federal de Trabajo. Se turna a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, para dictamen.

– Para que se declare el veintisiete de noviembre de cada año, como “El Día Nacional del Mariachi”. Se turna a la Comisión de Gobernación, para dictamen.

h) De la Cámara de Senadores, con la que remite iniciativas con proyecto de decreto:

• Por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, presentada por el senador Héctor Flores Avalos, del Partido Acción Nacional, y senadores de diversos Grupos Parlamentarios. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

• Por el que se adiciona un artículo segundo a la Ley del Impuesto al Valor Agregado, en materia de acreditación del cinco por ciento del Impuesto al Valor Agregado en la región fronteriza, presentada por el senador Ernesto Ruffo Appel, del Partido Acción Nacional. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

La Secretaría informa a la Asamblea que se recibieron dictámenes con proyecto de decreto de las Comisiones:

a) De Hacienda y Crédito Público, por el que se establecen las características de una Moneda Conmemorativa del Quincuagésimo Aniversario de la Aplicación del Plan DN-III-E.

b) De Seguridad Pública, que reforma la fracción cuarta del artículo treinta y uno de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

c) De Salud:

• Por el que se adicionan los artículos sesenta y uno, y sesenta y cuatro de la Ley General de Salud.

• Por el que se adiciona un segundo párrafo a los artículos ochenta y siete de la Ley General de Salud.

De conformidad con lo que establece el artículo ochenta y siete del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple con la Declaratoria de Publicidad.

Desde sus respectivas curules realizan comentarios sobre diversos temas el diputado y la diputada: Enrique Zamora Morlet, del Partido Verde Ecologista de México; y Araceli Damián González, de Morena. La Presidenta hace aclaraciones.

El siguiente punto del Orden del Día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto de la Comisión de Derechos Humanos, por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación. Se concede el uso de la palabra al diputado Armando Luna Canales, para fundamentar el dictamen en nombre de la Comisión. Para fijar postura de sus respectivos grupos parlamentarios intervienen las diputadas y los diputados: Abdies Pineda Morín, del Partido Encuentro Social; Carmen Victoria Campa Almaral, de Nueva Alianza; Víctor Manuel Sánchez Orozco, de Movimiento Ciudadano; Roberto Cañedo Jiménez, de Morena; José Alberto Couttolenc Buentello, del Partido Verde Ecologista de México; Maricela Contreras Julián, del Partido de la Revolución Democrática;

A las doce horas con veintidós minutos, por instrucciones de la Presidencia, se cierra el sistema electrónico de asistencia con un registro de cuatrocientos un diputadas y diputados.

Juan Pablo Piña Kurczyn, del Partido Acción Nacional; y Alma Lilia Luna Munguía, del Partido Revolucionario Institucional. Sin más oradores registrados en votación económica se considera suficientemente discutido en lo general y en lo particular. En votación nominal por cuatrocientos veintidós votos a favor; uno en contra, y tres abstenciones se aprueba en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación. Pasa a Ejecutivo, para sus efectos constitucionales.

En su oportunidad y desde su curul realiza comentarios sobre temas administrativos el diputado Mario Ariel Juárez Rodríguez, de Morena. La Presidencia hace aclaraciones.

El siguiente punto del Orden del Día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Educación, para incorporar el principio de interés superior de la niñez. Se concede el uso de la palabra al diputado Jorge Álvarez Máynez, para fundamentar el dictamen en nombre de la Comisión. Para fijar postura de sus respectivos grupos parlamentarios intervienen las diputadas y los diputados: Norma Edith Martínez Guzmán, del Partido Encuentro Social; María Eugenia Ocampo Bedolla, de Nueva Alianza; Rosa Alba Ramírez Nachis, de Movimiento Ciudadano; Patricia Elena Aceves Pastrana, de Morena; Jorgina Gaxiola Lezema, del Partido Verde Ecologista de México; María Luisa Beltrán Reyes, del Partido de la Revolución Democrática; Juan Carlos Ruíz García, del Partido Acción Nacional; y María Esther Guadalupe Camargo Félix, del Partido Revolucionario Institucional. Sin más oradores registrados en votación económica se considera suficientemente discutido en lo general. La Presidenta informa a la Asamblea que se ha reservado para su discusión en lo particular el artículo setenta y ocho, del proyecto de decreto. En votación nominal por unanimidad de cuatrocientos cuarenta y siete votos, se aprueban en lo general y en lo particular los artículos no reservados del dictamen. Se concede el uso de la palabra a la diputada Norma Xochitl Hernández Colín, de Morena, para presentar propuesta de modificación que en votación económica no se admite a discusión. En votación nominal por cuatrocientos un votos a favor; y treinta y tres en contra, se aprueba en lo particular el artículo setenta y ocho en términos del dictamen. Se aprueba en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Educación, para incorporar el principio de interés superior de la niñez. Se devuelve al Senado, para los efectos de la fracción E del artículo setenta y dos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La Presidenta informa a la Asamblea que el día de hoy se festejan veinte años del periódico La Crónica de Hoy.

El siguiente punto del Orden del Día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto de la Comisión de Energía, por el que se adiciona una fracción cuarta al Decreto por el que se Establece el Horario Estacional que se Aplicará en los Estados Unidos Mexicanos. Se concede el uso de la palabra a la diputada Georgina Trujillo Zentella, para fundamentar el dictamen en nombre de la Comisión. Para fijar postura de sus respectivos grupos parlamentarios intervienen las diputadas y los diputados: Francisco Javier Pinto Torres, de Nueva Alianza; Macedonio Salomón Tamez Guajardo, de Movimiento Ciudadano; Sofía González Torres, del Partido Verde Ecologista de México; Julio Saldaña Morán, del Partido de la Revolución Democrática; Gretel Culin Jaime, del Partido Acción Nacional; y José Luis Toledo Medina, del Partido Revolucionario Institucional. Sin más oradores registrados en votación económica se considera suficientemente discutido en lo general y en lo particular.

Presidencia del diputadoEdmundo Javier Bolaños Aguilar

En votación nominal por de cuatrocientos treinta y ocho votos a favor y una abstención se aprueba en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción cuarta al Decreto por el que se Establece el Horario Estacional que se Aplicará en los Estados Unidos Mexicanos. Pasa al Senado, para sus efectos constitucionales.

Se recibe iniciativa con proyecto de decreto de la diputada Claudia Edith Anaya Mota, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma y adiciona los artículos diecinueve bis, sesenta, y sesenta y cuatro bis de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, para dictamen.

Se concede el uso de la palabra para presentar iniciativas con proyecto de decreto a las diputadas y a los diputados:

• Beatriz Vélez Núñez, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma los artículos veintiuno, cuarenta y cinco, cincuenta y nueve, y ciento sesenta y cuatro, y adiciona el artículo ciento sesenta y cuatro bis de la Ley Sobre el Contrato de Seguro. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

• Gerardo Federico Salas Díaz, del Partido Acción Nacional, que reforma diversas disposiciones de la Ley Agraria. Se turna a la Comisión de Reforma Agraria, para dictamen.

• Victoriano Wences Real, del Partido de la Revolución Democrática, que reforma el artículo diecinueve de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

• María Ávila Serna, a nombre propio y de los diputados integrantes del Partido Verde Ecologista de México, que adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen.

• Renato Josafat Molina Arias, de Morena, que reforma el artículo sesenta y nueve de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

• Salvador Zamora Zamora, a nombre propio y del diputado Clemente Castañeda Hoeflich, de Movimiento Ciudadano, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Aeropuertos y deroga el artículo séptimo de la Ley de Vías Generales de Comunicación. Se turna a la Comisión de Transportes, para dictamen.

• Mirna Isabel Saldívar Paz, del Partido Nueva Alianza, que reforma los artículos segundo, y cuarto de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad. Se turna a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, para dictamen.

• Ana Guadalupe Perea Santos, a nombre propio y del diputado Alejandro González Murillo, del Partido Encuentro Social, que adiciona el artículo veintiocho de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores. Se turna a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, para dictamen.

Se recibe iniciativa con proyecto de decreto de los diputados María Gloria Hernández Madrid y Jorge Carlos Ramírez Marín, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma el artículo ciento treinta y siete del Código Nacional de Procedimientos Penales. Se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen.

• Carlos Barragán Amador, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma los artículos noveno, doce bis seis, y cuarenta y seis de la Ley de Aguas Nacionales. Se turna a la Comisión de Recursos Hidráulicos, para dictamen.

• Martha Cristina Jiménez Márquez, del Partido Acción Nacional, que adiciona los artículos ciento cuarenta, y ciento cuarenta y uno de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, para dictamen.

• Jesús Salvador Valencia Guzmán, del Partido de la Revolución Democrática, que reforma los artículos treinta y cuatro, treinta y cinco, y treinta y seis de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

• Sara Paola Gálico Félix Díaz, a nombre propio y de diputados integrantes del Partido Verde Ecologista de México, que reforma los artículos doce, catorce, y cuarenta y dos de la Ley General de Educación, y ciento dieciséis, y ciento dieciocho de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Se turna a las Comisiones Unidas de Educación Pública y Servicios Educativos, y de Derechos de la Niñez, para dictamen, y a la Comisión Especial de las Tecnologías de Información y Comunicación, para opinión.

• Blanca Margarita Cuata Domínguez, de Morena, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud. Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.

• Germán Ernesto Ralis Cumplido, de Movimiento Ciudadano, que reforma el artículo ciento trece del Código Nacional de Procedimientos Penales. Se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen.

• Ángel García Yáñez, de Nueva Alianza, que reforma el artículo quinto de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores. Se turna a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, para dictamen.

Se da cuenta con Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se aprueban las preguntas parlamentarias que se dirigirán al Presidente de la República con motivo del análisis del Cuarto Informe de Gobierno. En votación económica se aprueba. Comuníquese.

De conformidad con los artículos cien y ciento dos del Reglamento de la Cámara de Diputados, las iniciativas y las proposiciones registradas en el Orden del Día de esta sesión, serán turnadas a las comisiones que correspondan, publicándose el turno en la Gaceta Parlamentaria:

a) Iniciativas con proyecto de decreto:

• Ximena Tamariz García, del Partido Acción Nacional, que reforma el artículo cuarenta y seis de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Se turna a la Comisión de Derechos de la Niñez, para dictamen.

• Laura Valeria Guzmán Vázquez, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma el artículo setenta y cuatro bis de la Ley General de Salud. Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.

• Alfredo Javier Rodríguez Dávila, del Partido Acción Nacional, que reforma los artículos tercero, veintisiete bis, cincuenta y seis, cincuenta y ocho, y setenta de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares. Se turna a la Comisión de Gobernación, para dictamen.

• Ximena Tamariz García, del Partido Acción Nacional, que reforma el artículo ciento treinta y ocho de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos ciento tres, y ciento siete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen.

• Laura Valeria Guzmán Vázquez y diputados integrantes del Partido Revolucionario Institucional:

– Que reforma y adiciona los artículos noveno, veintisiete, noventa y seis, y cien de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen.

– Que reforma el artículo séptimo de la Ley General de Educación. Se turna a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para dictamen.

– Que reforma el artículo cincuenta y siete de la Ley General de Educación. Se turna a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para dictamen.

– Que adiciona el artículo séptimo de la Ley General de Protección Civil, a cargo del diputado Javier Octavio Herrera Borunda y diputados integrantes del Partido Verde Ecologista de México. Se turna a la Comisión de Protección Civil, para dictamen.

b) Proposiciones con puntos de acuerdo:

• Alex Le Barón González, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta al Ejecutivo federal para que, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, emita los lineamientos concernientes a la aplicación del estímulo fiscal al diésel agropecuario dos mil dieciséis, a que se refiere el Transitorio Segundo del Acuerdo por el que se establecen estímulos fiscales a la gasolina y el diésel en los sectores pesquero y agropecuario, publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta de diciembre de dos mil quince. Se turna a la Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego, para dictamen.

• Jorge López Martín, del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta a la Auditoría Superior de la Federación, para que a través de su auditoría especial de cumplimiento financiero, verifique y lleve a cabo las acciones correspondientes e informe a la opinión pública sobre el ejercicio de los recursos otorgados con motivo de la construcción del nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México. Se turna a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, para dictamen.

• Karen Hurtado Arana, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se exhorta a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, para que en el ámbito de sus atribuciones, implemente programas dirigidos a fomentar el trabajo decente en la población joven. Se turna a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, para dictamen.

• Diputados integrantes del Partido Verde Ecologista de México, por el que se exhorta a las autoridades educativas y de salud de los diferentes niveles de gobierno, ejecutar campañas informativas para concientizar sobre la importancia de la detección oportuna del cáncer infantil. Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.

• Delfina Gómez Álvarez y Sandra Luz Falcón Venegas, de Morena, por el que se exhorta a la Auditoría Superior de la Federación, para que realice una auditoría a los programas sociales a través de los cuales se han entregado tarjetas con dinero y despensas en diferentes municipios del Estado de México de parte de Secretaría de Desarrollo Social, y Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. Se turna a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, para dictamen.

• Marbella Toledo Ibarra, de Movimiento Ciudadano, por el que se exhorta a la Secretaría de Seguridad Pública del gobierno del estado de Guerrero, a reforzar el programa Escuelas Seguras, para generar un ambiente de libre de violencia en todas las escuelas de la entidad. Se turna a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para dictamen.

• Alex Le Barón González, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, para que en coordinación con el gobierno del estado de Chihuahua, emita la declaratoria de desastre natural en el sector agropecuario y se liberen los recursos del programa componente atención a desastres naturales en el sector agropecuario y pesquero, a fin de mitigar los daños ocasionados por la granizada de los últimos días. Se turna a la Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego, para dictamen.

• Jorge López Martín, del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta a la Auditoría Superior de la Federación, a efecto de que se realice una auditoría especial de cumplimiento financiero y se establezcan las acciones correspondientes por los hechos ocurridos en el Estado de México en donde funcionarios públicos hicieron entrega de despensas y tarjetas con dinero electrónico. Se turna a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, para dictamen.

• Isaura Ivanova Pool Pech, del Partido de la Revolución Democrática, relativo a la seguridad e integridad física de artesanos y comerciantes de la zona arqueológica de Chichen Itzá y la salvaguarda de sus derechos humanos respecto del desalojo que se pretende realizar de sus lugares de trabajo. Se turna a la Comisión de Cultura y Cinematografía, para dictamen.

• Javier Octavio Herrera Borunda y diputados integrantes del Partido Verde Ecologista de México, por el que se exhorta a la Secretaría de Finanzas y Planeación del gobierno del estado de Veracruz, a llevar a cabo todas las acciones conducentes para transferir de modo inmediato los recursos federales que corresponden a los municipios de la entidad. Se turna a la Comisión de Desarrollo Municipal, para dictamen.

• Ángel Antonio Hernández de la Piedra, de Morena, por el que se exhorta a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, a que en el ámbito de sus atribuciones elabore y publique el plan de manejo del área natural protegida Yum Balam, y no permita el cambio de uso de suelo en la isla de Holbox, ambos ubicados en Quintana Roo; así como a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, para que investigue que los desarrollos turísticos y urbanísticos de la misma isla se hayan llevado a cabo conforme a la normatividad ambiental. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen.

• Rosa Alba Ramírez Nachis, de Movimiento Ciudadano, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud y a los hospitales civiles de Guadalajara, a llevar a cabo los servicios de salud con calidad y garantizar el suministro de medicamentos a los derechohabientes. Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.

• Marco Antonio García Ayala, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud y a las treinta y dos entidades federativas para que implementen campañas de prevención, detección oportuna y tratamiento de enfermedades cardiovasculares. Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.

• Omar Ortega Álvarez, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se exhorta al gobierno del Estado de México, a conducirse con legalidad, y al Instituto Nacional Electoral y al Instituto Electoral del Estado de México, a investigar y sancionar presuntas acciones anticipadas de campaña. Se turna a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, para dictamen.

• Laura Nereida Plascencia Pacheco y Erika Araceli Rodríguez Hernández, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta a las entidades federativas, a erogar de forma eficiente, en tiempo y forma del presupuesto etiquetado en el Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género, el correspondiente al anexo trece Erogaciones para la Igualdad de Género. Se turna a la Comisión de Igualdad de Género, para dictamen.

• Felipe Reyes Álvarez, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se exhorta a distintas dependencias del Ejecutivo Federal, para que atiendan la situación que vive el estado de Baja California por la migración de nacionales africanos y haitianos en tránsito en el país. Se turna a la Comisión de Asuntos Migratorios, para dictamen.

• Germán Escobar Manjarrez y Alex Le Baron González, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, a la Secretaría de Economía, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Secretaría de Salud, a fin de implementar las medidas necesarias para atender la problemática de la producción y comercialización de manzana del país. Se turna a la Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego, para dictamen.

• Ángel II Alanís Pedraza, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se exhorta al Ejecutivo federal y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que diseñen y ejecuten programas para la protección, conservación y restructuración a la infraestructura deportiva, así como en materia deportiva para el próximo año dos mil diecisiete. Se turna a la Comisión de Deporte, para dictamen.

• Waldo Fernández González, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se exhorta a la Secretaría de Economía y a la Secretaría de Relaciones Exteriores, a solicitar al gobierno de la República de Chile, que basen su determinación en el caso antidumping contra las barras de acero originarias de México, en pruebas positivas y en un examen objetivo de las importaciones investigadas. Se turna a la Comisión de Economía, para dictamen.

• Omar Ortega Álvarez, del Partido de la Revolución Democrática, por el que esta soberanía celebra la decisión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para abordar el caso de Mariana Selvas Gómez y otras contra México, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, esperando encontrar justicia en los hechos ocurridos en los municipios de Texcoco y San Salvador Atenco, Estado de México, el tres y cuatro de mayo de dos mil seis. Se turna a la Comisión de Derechos Humanos, para dictamen.

Agotados los asuntos del orden del día, el Presidente cita para la próxima Sesión Ordinaria que tendrá lugar el día jueves veintisiete de octubre de dos mil dieciséis, a las once horas, y levanta la sesión a las dieciséis horas con cuatro minutos.»

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Proceda la Secretaría a poner a discusión el acta.

La Secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos:Está a discusión el acta. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Aprobada el acta.

Continúe la Secretaría.

COMUNICACIONES OFICIALES

El Secretario diputado Andrés Fernández del Valle Laisequilla:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.

Diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar, Presidente de la Mesa Directiva de la Honorable Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en el artículo 77, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, me permito solicitar muy atentamente a este órgano de gobierno, se retire la iniciativa que a continuación se anuncia, que presente el pasado miércoles 30 de marzo del presente año, turnada en Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social, y de Vivienda para dictamen.

Iniciativa por la que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores.

Lo anterior para efecto de que se realicen los trámites pertinentes y se actualicen los registros parlamentarios.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 24 de octubre de 2016.— Diputada Leticia Amparano Gamez (rúbrica).»

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El Secretario diputado Andrés Fernández del Valle Laisequilla:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.

Diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar, Presidente de la Mesa Directiva de la LXIII Legislatura.— Presente.

Con fundamento en el artículo 77, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, le solicito gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda, a efecto de que sea retirada de los registros parlamentarios la “iniciativa que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de las Leyes de Vías Generales de Comunicación, y de Aeropuertos”, presentada por el suscrito en la sesión del martes 26 de abril de 2016.

Sin más por el momento, aprovechamos la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de octubre de 2016.— Diputado Salvador Zamora Zamora (rúbrica).»

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«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.

Diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar, Presidente de la Mesa Directiva de la LXIII Legislatura.— Presente.

Con fundamento en el artículo 77, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, le solicito que gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda, a efecto de ser retirada de los registros parlamentarios la iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General de Desarrollo Metropolitano, presentada por el suscrito en la sesión del día 28 de abril de 2016.

Sin más por el momento, aprovechamos la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de octubre de 2016.— Diputado Salvador Zamora Zamora (rúbrica).»

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El Secretario diputado Andrés Fernández del Valle Laisequilla:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.

Diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

Sirva la presente para solicitarle de la manera más atenta, con fundamento en el artículo 77, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, que la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 50 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal y, 368 Quinquies y 376 Bis del Código Penal Federal, publicada en Gaceta Parlamentaria el 26 de abril del presente año, sea retirada de las Comisiones de Justicia y Transportes para efecto de profundizar sobre su contenido y, en su caso, poder presentarla posteriormente.

Sin otro asunto más por el momento, quedo a sus más distinguidas y finas consideraciones.

Atentamente

Palacio Legislativo, a 25 de octubre de 2016.— Diputado Alfredo Anaya Orozco (rúbrica).»

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El Secretario diputado Andrés Fernández del Valle Laisequilla:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.

Diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 77, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, por este conducto me permito solicitar a usted se retire mi iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 20 Bis y reforma el artículo 46 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, publicada en la Gaceta Parlamentaria el 19 de abril de 2016, con el objetivo de establecer en las convocatorias y contratos de obras públicas y servicios relacionados con las mismas, cláusulas para que los contratistas establezcan programas de responsabilidad social que privilegien la mejora de inmuebles e instalaciones destinados a los servicios del sistema nacional educativo y de salud, la cual fue suscrita por una servidora y turnada a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción para su respectivo dictamen.

Sin otro particular, le refrendo la seguridad de mi consideración distinguida.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de octubre de 2016.— Diputada Rocío Matesanz Santamaría (rúbrica).»

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El Secretario diputado Andrés Fernández del Valle Laisequilla:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.

Diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

Por este conducto, y de conformidad con el artículo 77, numeral 2, del Reglamento de esta Cámara de Diputados, solicito se tengan por retiradas las siguientes iniciativas presentadas por el suscrito:

1. Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en materia de refugios. Publicada en la Gaceta Parlamentaria el 5 de abril de 2016.

2. Que reforma el artículo 6o. de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en materia de violencia obstétrica. Publicada en la Gaceta Parlamentaria el 5 de abril de 2016.

3. Que reforma el artículo 84 de la Ley General del Servicio Profesional Docente, a fin que los centros educativos y órganos desconcentrados hagan una relación de aquellos docentes que hayan sido sentenciados por el delito de pederastia para impedirles volver a tener contacto alguno en el ejercicio de su profesión con la niñez. Publicada en la Gaceta Parlamentaria el 5 de abril de 2016.

Sin otro particular, y seguro de contar con sus finas atenciones, reciba un cordial saludo.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de octubre de 2016.— Diputado Rafael Hernández Soriano (rúbrica).»

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El Secretario diputado Andrés Fernández del Valle Laisequilla:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.

Diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

La suscrita, Laura Nereida Plascencia Pacheco, Diputada Federal de la LXIII Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto por el numeral 2 del artículo 77 del Reglamento de la Cámara de Diputados, solicita retirar de los registros parlamentarios las iniciativas que se enlistan a continuación:

• Decreto, para inscribir con letras de oro en el Muro de Honor del Palacio Legislativo de San Lázaro el nombre de Hermila Galindo Acosta, de fecha 28 de abril de 2016, turnado a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias. Prórroga hasta el 31 de octubre de 2016, otorgada el miércoles 29 de junio de 2016, con base en el artículo 185 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Gaceta Parlamentaria, número 4466-IV, jueves 11 de febrero de 2016. (1329).

• Decreto, para inscribir con letras de oro en el Muro de Honor del Palacio Legislativo de San Lázaro el nombre de Elvía Carrillo Puerto, de fecha 28 de abril de 2016, turnado a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias. Prórroga hasta el 31 de octubre de 2016, otorgada el miércoles 29 de junio de 2016, con base en el artículo 185 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Gaceta Parlamentaria, número 4479-IV, martes 1 de marzo de 2016 (1331).

• Decreto, por el que se crea el reconocimiento Hermila Galindo Acosta, y se reforman y adicionan diversas disposiciones del Reglamento de la Cámara de Diputados, de fecha 28 de abril de 2016, turnado a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias. Prórroga hasta el 31 de octubre de 2016, otorgada el miércoles 29 de junio de 2016, con base en el artículo 185 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Gaceta Parlamentaria, número 4506-VII, martes 12 de abril de 2016 (1338).

Sin otro particular y a gradeciendo la atención que se sirva brindar a la presente, me es grato quedar de usted.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de octubre de 2016.— Diputada Laura Nereida Plascencia Pacheco (rúbrica).»

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El Secretario diputado Andrés Fernández del Valle Laisequilla:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.

Diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

Estimado diputado presidente:

Con fundamento en el artículo 77, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, por medio del presente ocurso y por así convenir a la suscrita, ejerzo mi derecho a retirar la iniciativa con proyecto de’ decreto que reforma los artículos 2, 5 y 6 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, a mi cargo, la que fue publicada en la Gaceta Parlamentaria de fecha 5 de abril de 2016 y turnada a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de octubre de 2016.— Diputada Adriana Ortiz Lanz (rúbrica).»

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El Secretario diputado Andrés Fernández del Valle Laisequilla:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.

Diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.— Presente.

Por este medio y de conformidad con el artículo 77, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, solicito respetuosamente sea retirada la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Asentamientos Humanos, presentada por quien suscribe el 26 de abril de 2016 ante el pleno de la Cámara de Diputados, y turnada para dictamen a la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial.

Lo anterior debido a que:

Con fecha 12 de octubre de 2016, la Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular los artículos no reservados por 303 votos a favor, 31 en contra y 15 abstenciones la minuta con proyecto de decreto que expide la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano; reforma y adiciona el artículo 40 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y reforma el artículo 3o. de la Ley de Planeación.

Con fecha 13 de octubre de 2016, la Cámara de Senadores aprobó en lo general y en lo particular por 81 votos a favor, 4 en contra y 1 abstención; la minuta con proyecto de decreto que expide la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano; reforma y adiciona el artículo 40 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y reforma el artículo 3o. de la Ley de Planeación.

En misma fecha pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.

Consideramos que en el proyecto que fue aprobado por ambas Cámaras, se tomaron en cuenta varios aspectos que se proponían en la iniciativa presentada por mi persona, entre los que se encuentran:

• La obligación de los tres órdenes de gobierno de priorizar en la población la adopción de nuevos hábitos de movilidad urbana sustentable.

• El reconocimiento y respeto a la siguiente jerarquía en cuanto al uso y construcción de la infraestructura urbana: peatones y personas con movilidad limitada, usuarios de transporte no motorizado, usuarios del servicio de trasporte público de pasajeros, prestadores del servicio de trasporte público de pasajeros, prestadores del servicio de transporte de carga y usuarios de trasporte particular de motociclistas y automotor.

• El decretar que se deberán atender las prioridades que establece la estrategia nacional y los planes y programas de desarrollo urbano aplicables, los cuales podrán dirigirse a: apoyar el desarrollo de acciones, obras, servicios públicos, proyectos intermunicipales y de movilidad urbana sustentable.

Por lo anteriormente expuesto, razonamos que la Iniciativa presentada por quien suscribe ha sido atendida en la minuta de referencia.

Sin más por el momento, reciba usted la más alta de mis deferencias.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de octubre de 2016.— Diputado Jonadab Martínez García (rúbrica).»

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Se tienen por retiradas. Actualícense los registros parlamentarios.

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El Secretario diputado Andrés Fernández del Valle Laisequilla:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Educación Pública.

Diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar, Presidente de la Mesa Directiva de la Honorable Cámara de Diputados.— Presente.

Se hace referencia a lo establecido en el artículo 42 del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016, en el cual se indica que los recursos federales que reciban las Universidades e Instituciones Públicas de Educación Media Superior y Superior, incluyendo subsidios, estarán sujetos a la fiscalización que realice la Auditoría Superior de la Federación en términos de lo establecido en la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, y se rendirá cuenta sobre el ejercicio de los mismos en los términos de las disposiciones aplicables.

Al respecto, se remite disco compacto con información correspondiente al tercer trimestre de 2016, de las siguientes unidades responsables:

UR: Descripción

511: Dirección General de Educación Superior Universitaria

514: Coordinación General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas.

515: Dirección General de Educación Superior para Profesionales de la Educación.

600: Subsecretaría de Educación Media Superior.

611: Dirección General de Educación Tecnológica Industrial.

A2M: Universidad Autónoma Metropolitana.

A3Q: Universidad Nacional Autónoma de México.

B00: Instituto Politécnico Nacional.

L3P: Centro de Enseñanza Técnica Industrial.

L4J: Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional.

LSN: Colegio de Bachilleres.

L5X: Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica.

L6H: Comisión de Operación y Fomento de Actividades Académicas del Instituto Politécnico Nacional.

L8K: El Colegio de México, AC.

MGH: Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro.

Colegio de Bachilleres (entidades federativas).

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos (entidades federativas).

Instituto de Capacitación para el Trabajo (Entidades Federativas).

Lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 38 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, 7 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 7 de su Reglamento y 35 del Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública.

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para enviarles un cordial saludo.

Atentamente

Luis Mariano Hermosillo Sosa (rúbrica), Director General de Presupuesto y Recursos Financieros.»

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Remítase a las Comisiones de Educación Pública y Servicios Educativos y de Presupuesto y Cuenta Pública para su conocimiento.

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El Secretario diputado Andrés Fernández del Valle Laisequilla:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Salud.

Diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

Con base en lo dispuesto en los artículos 30 (anexo 25) del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2015 y 181 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, que establece que las dependencias deberán enviar trimestralmente a la Cámara de Diputados, por conducto de las comisiones correspondientes, los informes trimestrales sobre el presupuesto ejercido entregado a los beneficiarios a nivel capítulo y concepto de gasto, así como informes sobre el cumplimiento de las metas y los objetivos con base en indicadores de desempeño previstos en las reglas de operación.

Al respecto, por instrucciones del doctor José Narro Robles, secretario de Salud, y en términos de lo dispuesto en el artículo 13, fracción II, del Reglamento Interior de la Secretaría de Salud, que establece que corresponde a esta unidad coordinadora “coordinar los mecanismos de vinculación con el Poder Legislativo”, me permito enviar copia de la tarjeta número 235/2016 y anexo, suscrita por la licenciada Marcela Velasco González, subsecretaria de Administración y Finanzas, así como el anexo que la acompaña, mediante la cual da respuesta a dicha solicitud.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente

Ciudad de México, a 21 de octubre de 2016.— Doctor Ernesto Héctor Monroy Yurrieta (rúbrica), titular de la Unidad Coordinadora de Vinculación y Participación Social.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Salud.

Para: Licenciada Marcela Velasco González, subsecretaria de Administración y Finanzas.

De: Maestro José Genaro Montiel Rangel, director general de Programación, Organización y Presupuesto.

En atención de lo dispuesto en los artículos 30 (anexo 25) del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2016 y 181 del Reglamento de Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, que establece que las dependencias, a través de la coordinadora de sector, deberán enviar trimestralmente a la Cámara de Diputados, por conducto de las comisiones correspondientes, turnado copia a las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, y de la Función Pública, los informes trimestrales sobre presupuesto ejercido entregado a los beneficiarios a nivel capítulo y por concepto de gasto, así como informe sobre el cumplimiento de las metas y los objetivos con base en indicadores de desempeño previstos en las reglas de operación.

Al respecto, con fundamento en los artículos 27 del Reglamento Interior de la Secretaría de Salud y 7 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; le envío en forma impresa y en disco compacto los informes correspondientes al tercer trimestre de 2016 de los siguientes programas sujetos a reglas de operación: para la Atención a Personas con discapacidad, de desarrollo comunitario Comunidad Diferente, Apoyos para la Protección de las Personas en Estado de Necesidad, Seguro Médico Siglo XXI, Calidad en la Atención Médica, Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras, Fortalecimiento de la Atención Médica (periodos abril-junio y julio-septiembre), y Prospera, Programa de Inclusión Social (antes Programa de Desarrollo Humano Oportunidades, en su componente de salud), este último sobre el cumplimiento de las metas y los objetivos con base en indicadores de desempeño correspondiente al periodo mayo-junio de 2016.

Ciudad de México, a 20 de octubre de 2016.— (Rúbrica).»

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Remítanse a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento.

INICIATIVA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

El Secretario diputado Raúl Domínguez Rex:«Asamblea Legislativa del Distrito Federal.

Diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.— Presente.

Por este conducto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 42, fracción XXV, del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 10, fracción XXI, 50, fracciones IV y V; 58, fracción X, de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, me permito hacer de su conocimiento que el pleno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, en sesión celebrada en la fecha citada al rubro, resolvió aprobar la siguiente:

Propuesta de iniciativa

Iniciativa de iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 41, fracción V, apartado C, numeral 9, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Sírvase encontrar anexo al presente, copia del dictamen en comento para los efectos correspondientes.

Sin otro particular, reitero a usted mi consideración distinguida.

Atentamente

Recinto Legislativo, a 18 de octubre de 2016.— Diputado Antonio Xavier López Adame (rúbrica), Presidente.»

«Dictamen respecto a la iniciativa de iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 41 fracción V, apartado C, numeral 9 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Honorable Asamblea Legislativa del Distrito Federal de la VII Legislatura.— Presente.

El pasado veintiséis de agosto de dos mil dieciséis, fue turnada a esta Comisión de Normatividad Legislativa, Estudios y Prácticas Parlamentarias, para su análisis y dictamen, la iniciativa de iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 41, fracción V, apartado C, numeral 9 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que presenta el diputado Leonel Luna Estrada, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

La Comisión de Normatividad Legislativa, Estudios y Prácticas Parlamentarias, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 122, apartado C, Base Primera, fracción V, incisos o) y q), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2, 8, fracción I, 18, 19, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46 fracción I,48 y 49 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10 fracciones I y II, 11, 14, 17 fracciones III y V, 18 fracciones II, III, IV, VII y X, 59, 60 fracción II, 61, 62 fracción XXIII, 63, 64, 66, 68, 89, 90 y 91 de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal; 1, 2, 3,4, 28 párrafos I, II, III, IV, V y IX, 29, 30, 31, 32, 33, 37, 85 fracción I, 86, 90 y 91 del Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal; 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9 fracción I, 19, 34, 35, 42, 43, 44, 46, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56 y 57 del Reglamento Interior de las Comisiones de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal; se dio a la tarea de trabajar en el análisis de la propuesta en cuestión, para someter a consideración del honorable pleno de la Asamblea Legislativa el presente dictamen, al tenor del siguiente:

Preámbulo

1. Esta Asamblea Legislativa del Distrito Federal es competente para conocer de la iniciativa de iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 41, fracción V, apartado C, numeral 9 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que presenta el diputado Leonel Luna Estrada, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

2. Para cumplir con lo dispuesto por los artículos 28, 32 y 33 del Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, la y los integrantes de la Comisión de Normatividad Legislativa, Estudios y Prácticas Parlamentarias, se reunieron el 28 de septiembre de dos mil dieciséis, a efecto de analizar y elaborar el dictamen que se presenta al pleno de esta honorable Asamblea Legislativa bajo los siguientes:

Antecedentes

1. El veinticinco de agosto de dos mil dieciséis el diputado Leonel Luna Estrada, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó ante la Comisión de Gobierno de esta Asamblea Legislativa, VII Legislatura, la iniciativa de iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 41 fracción V, apartado C, numeral 9 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

2. Con fecha 26 de agosto de 2016, mediante oficio número ALDF/VIIL/CG/ST/1470/2016, de fecha 25 de agosto de 2016, suscrito por el licenciado Luis Gabriel Sánchezcaballero Rigalt, secretario técnico de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal VII Legislatura, fue turnada para su análisis y dictamen a la Comisión de Normatividad Legislativa, Estudios y Prácticas Parlamentarias la iniciativa de iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 41, fracción V, apartado C, numeral 9, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que presenta el diputado Leonel Luna Estrada, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

3. Para cumplir con lo dispuesto por los artículos 28, 32 y 33 del Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, la y los integrantes de la Comisión de Normatividad Legislativa, Estudios y Prácticas Parlamentarias, se reunieron el 28 de septiembre de dos mil dieciséis, a efecto de analizar y elaborar el dictamen que se presenta al pleno de esta honorable Asamblea Legislativa bajo los siguientes:

Considerandos

Primero. Esta Asamblea Legislativa del Distrito Federal es competente para conocer de la presente la iniciativa de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 41, fracción V, apartado C, numeral 9, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que presenta el diputado Leonel Luna Estrada, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 1, 7, 10 fracciones I y XXVII, 89 y demás relativos de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal; 1, 28, 30 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal; y 1, 3, 4, 8, 9 fracción I, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 y demás relativos del Reglamento Interior de las Comisiones de la Asamblea legislativa del Distrito Federal.

Segundo. Qué la iniciativa sujeta a análisis, plantea:

“...La presente iniciativa tiene como objetivo fortalecer la participación ciudadana en las entidades federativas, dejando de considerar a la misma como una rama del derecho electoral y elevando su importancia facultando a los órganos legislativos locales para crear Institutos de participación ciudadana independientes de los organismos públicos locales en materia electoral.

La Ciudad de México y diversas entidades federativas han impulsado mayor número de mecanismos de democracia participativa que de los existentes en el ámbito federal.

En la Ciudad de México, por ejemplo, ya contábamos con una Ley de Participación Ciudadana desde el año 1995, mientras que a nivel federal, fue hasta la reforma constitucional de 9 de agosto de 2012 que se incorporaron las figuras de iniciativa ciudadana y consulta popular.

Es decir, la Ciudad de México cuenta con más de veinte años de experiencia respecto a mecanismos democracia participativa; en el mismo sentido, diversos estados de la República han logrado consolidad las herramientas de participación ciudadana.

I. Distinción entre democracia representativa y democracia participativa

El artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala que la democracia no es solamente una estructura jurídica y un régimen político, sino un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo.

Es decir, el texto constitucional señala que la democracia es más que un régimen político y, más que llevar a cabo elecciones cada tres años, lo cual nos lleva a distinguir entre democracia representativa y democracia participativa.

La democracia representativa puede ser definida como aquella en la que el pueblo gobierna a través de representantes que son electos mediante el sufragio secreto, para que integren los diversos órganos que ejercen atributos de autoridad, es decir, los ciudadanos eligen a sus representantes como diputados y senadores, por medio de quienes tendrán su representación en el Congreso de la Unión, que es el lugar donde se toman las decisiones que impactarán a la sociedad, las leyes que rigen a nuestro país.

Sin embargo, diversos autores señalan la importancia de tomar en cuenta la participación de los ciudadanos más directa en los procesos de toma de decisiones, siempre que existan las vías para hacerlo.

Es decir, la participación social en los actos de gobierno no se agota con el acto de la elección, sino que debe permanentemente subsistir en la legitimación de los actos públicos, lo que da lugar a la teoría de la participación democrática.

De esta manera podemos encontrar a lo que hoy conocemos como democracia semidirecta o participativa que se puede definir como una forma de lograr la participación de la ciudadanía en la toma de decisiones de interés general, a través de la vía institucional que permite conocer la voluntad popular para avalar determinada decisión.

La democracia participativa permite que el gobierno del pueblo, sin necesidad de que toda la población se reúna en lugares públicos a emitir su opinión y tomar decisiones de gobierno, pueda expresar esa voluntad colectiva, a través de mecanismos como el referéndum, el plebiscito, la iniciativa popular, o la revocación del mandato, que permitan escuchar la voz popular antes que sea tomada una decisión importante respecto de alguna actividad del gobierno.

Para ello, resulta necesario reformar el numeral 9, apartado C, fracción V del artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, derogando la facultad exclusiva de los organismos públicos locales en materia electoral de organizar, desarrollar, realizar el cómputo y declaración de resultados en los mecanismos de participación ciudadana.

II. La participaci6n ciudadana en la Ciudad de México

La primera Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal fue publicada el 12 de junio de 1995, la cual fue elaborada por la entonces Asamblea de Representantes del Distrito federal, dentro de los objetivos principales de dicha ley se encontraban: proporcionar mecanismos institucionales que permitan una mejor comunicación entre la administración pública del Distrito Federal y los gobernados.

Este primer texto, incorpora las siguientes figuras: los consejos ciudadanos, la audiencia pública, la difusión pública, la colaboración ciudadana, la consulta vecinal, las quejas y denuncia, los recorridos periódicos del delegado, y los órganos de representación vecinal por manzana, colonia, barrio o unidad habitacional.

La Ley de Participación Ciudadana que actualmente rige en la Ciudad de México fue publicada en la Gaceta Oficial el 17 de mayo de 2004, y su última reforma es de fecha 25 de mayo de 2016.

Dentro de los mecanismos de participación ciudadana existentes se encuentran en el plebiscito, el referéndum, la iniciativa popular, la consulta ciudadana, la colaboración ciudadana, la rendición de cuentas, la difusión pública, la red de contralorías ciudadanas y la audiencia pública, entre otros.

Es decir, en la Ciudad de México existe un amplio elenco de mecanismos de participación ciudadana, a diferencia de los existentes en el ámbito federal, ya que la Constitución hace referencia únicamente a la iniciativa ciudadana y a la consulta popular...

III. Los mecanismos de participación ciudadana en las entidades federativas

Así como existen diversas mecanismos de participación ciudadana en la Ciudad de México, todas los estados de la República han incorporado en sus legislaciones locales figuras como la iniciativa ciudadana, la consulta popular, el referéndum y el plebiscito...

IV. Libertad configurativa de las entidades federativas

Cada una de las entidades federativas atiende al marco que establece el artículo 116, fracción 11, de la Constitución Federal, sin embargo, existe una libertad legislativa para que, dentro de este marco constitucional, lo que permite que exista una evolución mayor a nivel local sobre las figuras de participación ciudadana.

Precisamente, si atendemos a esa libertas configurativa y abrimos el candado del artículo 41 fracción V, Apartado e, numeral 9 de la Constitución, se daría paso a poder establecer a nivel local la legislación necesaria que pueda dotarle al legislador local la posibilidad de establecer las normas necesarias que den paso a la creación de Institutos de Participación local en cada entidad federativa.

Lo anterior, sin que sea necesario un órgano a nivel nacional, ya que como sucedió previamente con la evolución de las figuras de participación ciudadana y sus respectivas regulaciones, una vez más, la innovación se originaria a nivel local, donde se atendería a los mecanismos de participación ciudadana que cada entidad federativa contemple en su propia legislación.

V. Artículo 41, fracción V, apartado C, numeral 9, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Con base en lo establecido por el artículo 41 constitucional, que en su fracción V, apartado C, numeral 9 señala que los procesos de participación ciudadana estarán a cargo del Instituto Nacional Electoral, así como de los organismos públicos locales.

Artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM). [...]

[...]

V. La organización de las elecciones es una función estatal que se realiza a través del Instituto Nacional Electoral y de los Organismos Públicos Locales, en los términos que estableces esta Constitución.

[...]

Apartado C. En las entidades federativas las elecciones locales estarán a cargo de organismos públicos locales en los términos de esta Constitución, que ejercerán funciones en las siguientes materias:

[...]

9. Organización, desarrollo, cómputo y declaración de resultados en los mecanismos de participación ciudadana que prevea la legislación local;

De esta manera, en algunas entidades federativas los institutos electorales locales han cambiado su denominación a Instituto Electoral y de Participación Ciudadana como en los casos de Guerrero, Oaxaca, Yucatán y Jalisco, por mencionar algunos.

En la Ciudad de México el Instituto Electoral del Distrito Federal (JEDF) es la autoridad responsable de llevar a cabo los procesos de participación ciudadana que se encuentran contenidos en el Estatuto de Gobierno, así como en la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal.

Sin embargo, es necesario que para poder dotar de autonomía y otorgarle la importancia e independencias que merece la participación ciudadana, deba separarse del tema electoral, con la finalidad de que los ciudadanos lo entiendan también como un derecho para poder participar activamente en la toma de decisiones.

Por lo tanto para poder proponer la creación de un Instituto de Participación Ciudadana es necesario el proyecto de reforma al artículo 41 constitucional que establezca la posibilidad de una institución distinta e independiente al Instituto Electoral local para que, en lo específico, pueda ser autoridad en los procesos de participación ciudadana...”

Tercero. De la exposición de motivos de la iniciativa en cuestión y toda vez que se ha realizado el estudio y análisis de la misma, la y los integrantes de esta Comisión de Normatividad Legislativa, Estudios y Prácticas Parlamentarias, consideran que es atendible.

Lo anterior en virtud de que este órgano legislativo está facultado en legislar en materia de lo que expresamente le confiere el artículo 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, numeral que dentro de las facultades para legislar se encuentra la de presentar iniciativas de leyes o decretos en materias relativas a la ahora Ciudad de México, ante el Congreso de la Unión, facultad que se encuentra prevista a través del artículo 122, apartado C, base primera, fracción V, inciso o), de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, mismo que a la letra señala:

“ Artículo 122. Definida por el artículo 44 de este ordenamiento la naturaleza jurídica del Distrito Federal, su gobierno está a cargo de los Poderes Federales y de los órganos Ejecutivo, Legislativo y Judicial de carácter local, en los términos de este artículo.

Son autoridades locales del Distrito Federal, la Asamblea Legislativa, el jefe de gobierno del Distrito Federal y el Tribunal Superior de Justicia.

...

...

...

...

A. Corresponde al Congreso de la Unión:

I. Legislar en lo relativo al Distrito Federal, con excepción de las materias expresamente conferidas a la Asamblea Legislativa;

II. Expedir el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal;

III. Legislar en materia de deuda pública del Distrito Federal;

IV. Dictar las disposiciones generales que aseguren el debido, oportuno y eficaz funcionamiento de los Poderes de la Unión; y

V. Las demás atribuciones que le señala esta Constitución.

...

...

...

...

...

...

C. El Estatuto de Gobierno del Distrito Federal se sujetará a las siguientes bases: Base Primera. Respecto a la Asamblea Legislativa:

...

...

...

V. La Asamblea Legislativa, en los términos del Estatuto de Gobierno, tendrá las siguientes facultades:

a) Expedir su ley orgánica, la que será enviada al Jefe de Gobierno del Distrito Federal para el solo efecto de que ordene su publicación;

b) Examinar, discutir y aprobar anualmente el presupuesto de egresos y la ley de ingresos del Distrito Federal, aprobando primero las contribuciones necesarias para cubrir el presupuesto. Al señalar las remuneraciones de servidores públicos deberán sujetarse a las bases previstas en el artículo 127 de esta Constitución.

Los órganos del Distrito Federal. Legislativo. Ejecutivo y Judicial, así como los organismos con autonomía reconocida en su Estatuto de Gobierno, deberán incluir dentro de sus proyectos de presupuestos, los tabulado res desglosados de las remuneraciones que se propone perciban sus servidores públicos. Estas propuestas deberán observar el procedimiento que para la aprobación del presupuesto de egresos del Distrito Federal, establezcan las disposiciones del Estatuto de Gobierno y legales aplicables.

Dentro de la ley de ingresos, no podrán incorporarse montos de endeudamiento superiores a los que haya autorizado previamente el Congreso de la Unión para el financiamiento del Presupuesto de Egresos del Distrito Federal.

La facultad de iniciativa respecto de la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos corresponde exclusivamente al jefe de gobierno del Distrito Federal. El plazo para su presentación concluye el 30 de noviembre, con excepción de los años en que ocurra la elección ordinaria del jefe de gobierno del Distrito Federal, en cuyo caso la fecha límite será el 20 de diciembre.

La Asamblea Legislativa formulará anualmente su proyecto de presupuesto y lo enviará oportunamente al jefe de gobierno del Distrito Federal para que éste lo incluya en su iniciativa. Serán aplicables a la Hacienda Pública del Distrito Federal, en lo que no sea incompatible con su naturaleza y su régimen orgánico de gobierno, las disposiciones contenidas en el segundo párrafo del inciso c) de la fracción IV del artículo 115 de esta Constitución;

c) Revisar la Cuenta Pública del año anterior, por conducto de la entidad de fiscalización del Distrito Federal de la Asamblea Legislativa, conforme a los criterios establecidos en la fracción VI del artículo 74, en lo que sean aplicables.

La Cuenta Pública del año anterior deberá ser enviada a la Asamblea Legislativa a más tardar el 30 de abril. Este plazo, así como los establecidos para la presentación de las iniciativas de la ley de ingresos y del proyecto del presupuesto de egresos, solamente podrán ser ampliados cuando se formule una solicitud del Ejecutivo del Distrito Federal suficientemente justificada a juicio de la Asamblea.

Los informes de auditoría de la entidad de fiscalización del Distrito Federal tendrán carácter público.

El titular de la entidad de fiscalización del Distrito Federal será electo por las dos terceras partes de los miembros presentes de la Asamblea Legislativa por periodos no menores a siete años y deberá contar con experiencia de cinco años en materia de control, auditoría financiera y de responsabilidades;

d) Nombrar a quien deba sustituir en caso de falta absoluta, al jefe de gobierno del Distrito Federal;

e) Expedir las disposiciones legales para organizar la hacienda pública, el presupuesto, la contabilidad y el gasto público del Distrito Federal, y la entidad de fiscalización dotándola de autonomía técnica y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones, y para decidir sobre su organización interna, funcionamiento y resoluciones. La función de fiscalización será ejercida conforme a los principios de legalidad, imparcialidad y confiabilidad;

f) Expedir las disposiciones que garanticen en el Distrito Federal elecciones libres y auténticas, mediante sufragio universal, libre, secreto y directo; sujetándose a las bases que establezca el Estatuto de Gobierno, las cuales cumplirán los principios y reglas establecidos en los incisos b) al o) de la fracción IV del artículo 116 de esta Constitución, para lo cual las referencias que los incisos j) al m) hacen a gobernador, diputados locales y ayuntamientos se asumirán, respectivamente, para Jefe de Gobierno, diputados a la Asamblea Legislativa y jefes delegacionales;

g) Legislar en materia de administración pública local, su régimen interno y de procedimientos administrativos;

h) Legislar en las materias civil y penal; normar el organismo protector de los derechos humanos, participación ciudadana, defensoría de oficio, notariado y registro público de la propiedad y de comercio;

i) Normar la protección civil; justicia cívica sobre faltas de policía y buen gobierno; los servicios de seguridad prestados por empresas privadas; la prevención y la readaptación social; la salud y asistencia social; y la previsión social;

j) Legislar en materia de planeación del desarrollo; en desarrollo urbano, particularmente en uso del suelo; preservación del medio ambiente y protección ecológica; vivienda; construcciones y edificaciones; vías públicas, tránsito y estacionamientos; adquisiciones y obra pública; y sobre explotación, uso y aprovechamiento de los bienes del patrimonio del Distrito Federal;

k) Regular la prestación y la concesión de los servicios públicos; legislar sobre los servicios transporte urbano, de limpia, turismo y servicios de alojamiento, mercados, rastros y abasto, y cementerios;

l) Expedir normas sobre fomento económico y protección al empleo; desarrollo agropecuario; establecimientos mercantiles; protección de animales; espectáculos públicos; fomento cultural cívico y deportivo; y función social educativa en los términos de la fracción VIII, del artículo 3o. de esta Constitución;

m) Expedir la Ley Orgánica de los tribunales encargados de la función judicial del fuero común en el Distrito Federal;

n) Expedir la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa;

ñ) Legislar en materia del derecho de acceso a la información y protección de datos personales en posesión de los sujetos obligados del Distrito Federal, así como en materia de organización y administración de archivos, de conformidad con las leyes generales que expida el Congreso de la Unión, para establecer las bases, principios generales y procedimientos del ejercicio de este derecho. El Distrito Federal contará con un organismo autónomo, imparcial y colegiado responsable de garantizar el derecho de acceso a la información y de protección de datos personales en posesión de los sujetos obligados, contará con personalidad jurídica y patrimonio propio, así como plena autonomía técnica, de gestión, y capacidad para decidir sobre el ejercicio de su presupuesto y su organización interna;

o) Presentar iniciativas de leyes o decretos en materias relativas al Distrito Federal, ante el Congreso de la Unión;

p) Para establecer en ley los términos y requisitos para que los ciudadanos del Distrito Federal ejerzan el derecho de iniciativa ante la propia Asamblea; y

q) Las demás que se le confieran expresamente en esta Constitución.

...

I. a II. ...

...

...

...

I. a VI. ...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

En este orden de ideas y en virtud de que la y los integrantes de esta comisión dictaminadora coinciden que es de suma importancia que la participación ciudadana quede plasmada en nuestro ordenamiento legal fundamental para que así se garantice la misma atendiendo los mecanismos referidos en la propuesta, materia del presente dictamen para la misma y derivado a ello quede contemplada en nuestra próxima legislación local, y en consecuencia de lo antes referido los gobernados cuenten con un ejercicio pleno la democracia representativa y la democracia participativa en la decisiones importantes de nuestra capital, logrando lo anterior ofreciendo el libre y fácil ejercicio de la misma como lo son el plebiscito, el referéndum, la iniciativa popular, la consulta ciudadana, la colaboración ciudadana, la rendición de cuentas, la difusión pública, la red de contralorías ciudadanas y la audiencia pública, entre otros.

En este contexto esta comisión dictaminadora considera necesario aprobar la presente propuesta, lo anterior debido a las razones antes expuestas.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, la Comisión de Normatividad Legislativa, Estudios y Prácticas Parlamentarias de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, VII Legislatura con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1, 7, 10 fracción I y XXXVIII, 89 y los demás relativos del Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal; y 1, 3, 4, 8, 9, fracción I; 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 y demás relativos del Reglamento Interior de las Comisiones de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal:

Resuelve

Primero. Se aprueba la presente iniciativa de iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 41, fracción V, apartado C, numeral 9, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que presenta el diputado Leonel Luna Estrada, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, misma que se anexa al presente dictamen para ser remitida a la Cámara de Diputados.

Segundo. Túrnese el presente dictamen a la Mesa Directiva y a la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, para los efectos a que se refieren los artículos 28, 32 y 33 del Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.

Dado en el Recinto de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, a los 28 días del mes de septiembre de dos mil dieciséis.— Diputados: José Manuel Ballesteros López (rúbrica), presidente; Dunia Ludlow Deloya, vicepresidenta: Raúl Flores García (rúbrica), secretario; Juan Gabriel Corchado Acevedo (rúbrica), José Manuel Delgadillo Moreno (rúbrica).»

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

DECLARATORIA DE PUBLICIDAD DE DICTAMEN DE LEY O DECRETO

LEY DE ASISTENCIA SOCIAL

El Secretario diputado Raúl Domínguez Rex:«Dictamen de la Comisión de Salud, por el que se reforma el inciso m) y se adiciona uno n) a la fracción I del artículo 4 de la Ley de Asistencia Social

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Salud fue turnada para su estudio, análisis y dictamen correspondiente, la iniciativa que reforma el artículo 4o. de la Ley de Asistencia Social en materia de protección a hijos de madres reclusas.

Esta comisión, con fundamento en los artículos 72 y 73, fracción XXX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 39 y 45, numeral 6, inciso f), y numeral 7, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 80, 157, numeral 1, fracción I, 158, numeral 1, fracción IV, y 167, numeral 4, del Reglamento de la Cámara de Diputados, y habiendo analizado el contenido de la iniciativa de referencia, somete a la consideración de esta honorable asamblea el presente dictamen, basándose en la siguiente.

Metodología

I. En el capítulo de Antecedentes se da constancia del proceso legislativo, en su trámite de inicio, recibo de turno para el dictamen de la referida iniciativa y de los trabajos previos de la Comisión.

II. En el Capítulo correspondiente a Contenido de la iniciativa se exponen los motivos y alcance de la propuesta de reforma en estudio.

III. En el capítulo de Consideraciones la comisión dictaminadora expresa los argumentos de valoración de la propuesta y de los motivos que sustentan la decisión de respaldar o desechar la iniciativa en análisis.

I. Antecedentes.

1. Con fecha 16 de marzo de 2016, la diputada María García Pérez del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó una Iniciativa que reforma el artículo 4. de la Ley de Asistencia Social en materia de protección a hijos de madres reclusas.

2. Con la misma fecha, la Mesa Directiva turnó a esta Comisión dicha Iniciativa de con Proyecto de Decreto para su estudio y dictamen, registrándola bajo el número 2224/LXIII.

II. Planteamiento del problema y contenido del asunto

La diputada proponente señala que servidores públicos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), apoyados por personal de los organismos públicos de derechos humanos de diversas entidades federativas, efectuaron visitas de supervisión a 77 de los 389 establecimientos penitenciarios existentes, 5 de ellos bajo la responsabilidad del gobierno federal y 72 estatales, ubicados en los 31 estados de la República y la Ciudad de México. Para integrar esta muestra representativa fueron seleccionados los centros con mayor población.

Entre los establecimientos visitados, se encuentran los 15 exclusivos para mujeres que existen en el país (13 de ellos estatales y dos federales); las 3 prisiones militares, que alojan a población mixta, así como 59 centros también mixtos bajo la administración de autoridades estatales.

El estudio de la CNDH “hace un llamado a las autoridades correspondientes, para diseñar políticas públicas encaminadas a mejorar el sistema y la infraestructura penitenciaria nacional con un enfoque de género, separar a las internas sentenciadas de las procesadas, espacios que permitan el desarrollo infantil y propicios para el tratamiento de las mujeres, tomando en cuenta sus necesidades específicas; así como para que, tanto ellas como sus hijos que conviven con ellas, reciban un trato respetuoso y digno, de acuerdo con la condición de su género, atendiendo a sus necesidades de salud, educación, capacitación, trabajo productivo y remunerado, así como actividades deportivas, entre otras”.

Así pues, el estudio de la CNDH, “de acuerdo con la información proporcionada por las autoridades responsables de los establecimientos visitados, en 10 centros de los estados de Baja California, Chiapas, Ciudad de México, Jalisco, Nayarit, San Luis Potosí, Yucatán y Zacatecas, no se permite la estancia de menores de edad con sus madres internas lo que, por supuesto, vulnera el derecho de los menores de estar y convivir con sus madres, así como el interés superior de la infancia.

El personal que realizó las visitas de supervisión, observó la presencia de menores de edad en 51 centros de reclusión, sin embargo, la estancia de estos menores únicamente se permite cuando nacen, mientras sus madres se encuentran internas, hasta una edad determinada que, dependiendo de cada establecimiento, oscila entre los seis meses y los seis años de edad, aunque se tuvo conocimiento de que en los establecimientos de Acapulco de Juárez y Chilpancingo de los Bravo, ambos en Guerrero, los menores de edad pueden permanecer hasta los 8 y 12 años de edad, respectivamente.

Otro dato importante que arrojó el estudio es que la mayoría de los establecimientos visitados carece de atención médica especializada para los padecimientos propios de las mujeres, así como de los menores que viven con ellas, quienes en el mejor de los casos son atendidos por médicos generales cuando lo requieren.

Por lo expuesto, fundado y motivado, es imperioso cumplir las disposiciones en materia de asistencia social, garantizando, la concurrencia y colaboración de la federación, las entidades federativas, la Ciudad de México y los sectores social y privado, con el propósito de proteger a la clase más vulnerable y desprotegida del país.

Por lo que propone la siguiente reforma:

III. Consideraciones

1. Considerando que el artículo 4o., párrafo noveno, de nuestra carta magna, establece que “En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez”. Los integrantes de esta comisión coincidimos con la legisladora en la necesidad de integrar a los menores de edad que son hijos de madres que se encuentran en reclusión, por lo que vemos viable la aprobación de la presente reforma.

2. En el artículo 6o. de la Ley General de Salud, se establece que uno de los objetivos del Sistema Nacional de Salud es coadyuvar al bienestar social de la población mediante servicios de asistencia social, principalmente a menores en estado de abandono, ancianos desamparados y personas con discapacidad, para fomentar su bienestar y propiciar su incorporación a una vida equilibrada en lo económico y social.

3. Para los efectos de la Ley de Asistencia Social, en el artículo 3o. se entiende por asistencia social el conjunto de acciones tendientes a modificar y mejorar las circunstancias de carácter social que impidan el desarrollo integral del individuo, así como la protección física, mental y social de personas en estado de necesidad, indefensión desventaja física y mental, hasta lograr su incorporación a una vida plena y productiva por lo que, de conformidad con lo establecido en el presente artículo, es necesario adecuar la legislación para que los menores que viven en estas condiciones sean sujetos de asistencia social y puedan tener una incorporación plena a la sociedad.

4. Por otro lado, nuestro país, al ratificar en 1991 la Convención de los Derechos de la Niñez, adquirió el compromiso de velar porque las instituciones públicas o privadas, de bienestar y asistencia social, de salud, educación y justicia, al momento de tomar decisiones que conciernan a niñas y niños, garanticen el reconocimiento y el respeto de sus derechos.

5. Ahora bien, esta población de menores vulnerables, muchos de ellos en total abandono, se les ha llamado “niños invisibles”; son menores que han estado ausentes de la atención de la sociedad, de las instituciones oficiales y beneficios de las políticas públicas en la materia.

6. De acuerdo con el Instituto Nacional de las Mujeres, en México hay 13 mil niños, hijos de mujeres presas. De ellos mil 500 viven con su madre y o padre en prisión, con todo lo que ello implica en términos de desarrollo humano y libertad.

7. También es importante destacar que, en la Ciudad de México, en sus reglamentos de prisiones, no se reconocen los Derechos de los niños y niñas que permanecen internos con sus madres y/o padres; así como las carencias y deficiencias en los penales del resto del país, a las que alude la diputada proponente en su planteamiento y argumentación de la presente iniciativa.

8. Atento a los párrafos anteriores, esta Comisión considera necesaria la reforma propuesta por la legisladora para incluir a la sociedad y proteger a los menores que viven con madres reclusas, y no tienen un nivel de vida optimo, como lo mandata la legislación aplicable en la materia.

Con base en lo expuesto, los integrantes de esta Comisión de Salud sometemos a la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, la siguiente propuesta de proyecto de:

Decreto por el que se reforma el inciso m) y se adiciona un inciso n) al artículo 4, fracción I, de la Ley de Asistencia Social

Artículo Único.Se adiciona un inciso n) a la fracción I, segundo párrafo del artículo 4 de la Ley de Asistencia Social:

Artículo 4. ...

...

I. ...

a)a k)...

l) Ser víctimas de conflictos armados y de persecución étnica o religiosa,

m) Ser huérfanos; o

n) Nacer y permanecer en cualquier centro de prevención y readaptación social y/o ser hijas o hijos de madres reclusas.

...

II. a XII. ...

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, Ciudad de México, a 21 de septiembre de 2016.

La Comisión de Salud, diputados:Elías Octavio Íñiguez Mejía (rúbrica), presidente; Sylvana Beltrones Sánchez (rúbrica), Marco Antonio García Ayala (rúbrica), Rosalina Mazari Espín (rúbrica), María Verónica Muñoz Parra, Pedro Luis Noble Monterrubio (rúbrica), Teresa de Jesús Lizárraga Figueroa (rúbrica), Eva Florinda Cruz Molina (rúbrica), José Guadalupe Hernández Alcalá, Araceli Madrigal Sánchez, Mariana Trejo Flores (rúbrica), Rosa Alba Ramírez Nachis (rúbrica), Melissa Torres Sandoval (rúbrica), Rosa Alicia Álvarez Piñones (rúbrica), Jesús Antonio López Rodríguez (rúbrica), secretarios; Xitlalic Ceja García (rúbrica), Román Francisco Cortés Lugo, Rocío Díaz Montoya (rúbrica), Pablo Elizondo García (rúbrica), Delia Guerrero Coronado (rúbrica), Roberto Guzmán Jacobo, Genoveva Huerta Villegas (rúbrica), Víctor Ernesto Ibarra Montoya (rúbrica), Alberto Martínez Urincho (rúbrica), Evelyn Parra Álvarez (rúbrica), Carmen Salinas Lozano (rúbrica), Karina Sánchez Ruiz (rúbrica), José Refugio Sandoval Rodríguez (rúbrica), Adriana Terrazas Porras (rúbrica), Wendolín Toledo Aceves (rúbrica), Yahleel Abdala Carmona (rúbrica).»

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple con la declaratoria de publicidad.

LEY GENERAL DE SALUD

El Secretario diputado Raúl Domínguez Rex:Dictamen de la Comisión de Salud, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en materia del registro nacional de cáncer.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple con la declaratoria de publicidad.

DICTÁMENES A DISCUSIÓN DE LEY O DECRETO

MONEDA CONMEMORATIVA DEL QUINCUAGÉSIMO ANIVERSARIO DE LA APLICACIÓN DEL PLAN DN-III-E

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: El siguiente punto del orden del día, es la discusión del dictamen de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de decreto por el que se establecen las características de una Moneda Conmemorativa del Quincuagésimo Aniversario de la Aplicación del Plan DN-III-E.

El Secretario diputado Raúl Domínguez Rex:«Dictamen de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de decreto por el que se establecen las características de una moneda conmemorativa del quincuagésimo aniversario de la aplicación del Plan DN-III-E

A la Comisión de Hacienda y Crédito de la Cámara de Diputados de la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión le fue turnada la iniciativa con proyecto de decreto que autoriza la emisión de una moneda conmemorativa del Quincuagésimo Aniversario de la aplicación del Plan DN-III-E.

Los integrantes de esta Comisión de Hacienda y Crédito Público, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39, 44, 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 80, 81, 82, 84, 85, 157, 158, 182 y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, se abocaron al análisis, discusión y valoración de la iniciativa que se menciona.

Asimismo, conforme a las consideraciones de orden general y específico, como a la votación que del sentido de la iniciativa de referencia realizaron los integrantes de estas Comisiones Legislativas, se somete a la consideración de esta Honorable Asamblea, el siguiente:

DICTAMEN

ANTECEDENTES

1. El 29 de junio de 2016, el diputado Virgilio Daniel Méndez Bazán del Grupo Parlamentario Revolucionario Institucional, presentó la iniciativa con proyecto de decreto por el que autoriza la emisión de una moneda conmemorativa del Quincuagésimo Aniversario de la Aplicación del Plan DN-III-E.

2. En sesión ordinaria de la misma fecha, con fundamento en el artículo 23, numeral 1, inciso f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Mesa Directiva de esta H. Cámara de Diputados turnó la iniciativa antes señalada a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para su estudio y dictamen mediante oficio CP2R1A.-1824.

3. Los integrantes de esta comisión legislativa realizaron diversos trabajos a efecto de contar con mayores elementos que les permitieran analizar y valorar el contenido de la citada iniciativa, expresar sus consideraciones de orden general y específico sobre la misma e integrar el presente dictamen.

DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA

El Diputado Méndez Bazán plantea que para la población civil, el Plan DN-III-E es un símbolo de esperanza, de alivio y de protección, derivado de la rapidez de acción y eficacia mostrada por los miembros del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos en ayuda a sus conciudadanos, lo que ha dado como resultado que la sociedad mexicana se sienta respaldada por sus fuerzas armadas, ya que cuando las autoridades civiles se han visto rebasadas, sólo el personal militar ha sido capaz de controlar la situación, lo cual refuerza los lazos de confianza, identidad y solidaridad entre el pueblo de México y sus soldados, haciéndose manifiesta en múltiples muestras de gratitud y reciprocidad.

La iniciativa expone que al transcurrir cincuenta años desde la primera vez que se aplicó el Plan DN-III-E, dichas siglas han adquirido significado especial para los integrantes del Ejército y la Fuerza Aérea Mexicanos, se han convertido en un emblema que conjunta las virtudes militares de lealtad, patriotismo, abnegación y valor; aquellos que son designados para portar el brazalete amarillo que distingue a esta misión, perciben su nombramiento como una oportunidad que se les confiere para convertirse en héroes de su nación.

El Ejército mexicano ha coadyuvado a crear esta cultura de protección civil de manera preponderante, al brindar, en un primer término y de manera inmediata, la atención a un sinnúmero de eventos que han impactado en el territorio nacional de manera significativa, originando en la población nacional, un sentimiento de seguridad y tranquilidad, al tener en mente que el Plan DN-III-E estará siempre en alerta y preparado para atender al país ante cualquier eventualidad.

El Diputado Méndez Bazán menciona que el pueblo de México y los integrantes del Ejército mexicano, debemos conocer y sentirnos orgullosos del plan que por excelencia, es y será una actividad de agradecimiento y beneplácito al ver la actuación y presencia del soldado mexicano vistiendo el brazalete amarillo, tomando en cuenta por igual, a la comunidad internacional que, en el momento que sea requerido el Ejército mexicano brindará el apoyo dentro de las actividades de ayuda humanitaria con el mismo empeño y profesionalismo que en el territorio nacional.

Por esas razones, la iniciativa propone la acuñación de una moneda de curso legal, conmemorativa de los cincuenta años de vigencia del Plan DN-III-E y que represente un justo reconocimiento al Ejército y la Fuerza Aérea Mexicanos. Dicha moneda tendría la denominación de veinte pesos.

CONSIDERACIONES DE LA COMISIÓN

Primera. La Comisión de Hacienda y Crédito Público reconoce que el Plan de Auxilio a la Población Civil en Casos de Desastre, denominado PLAN DN-III-E, es un instrumento de protección civil que se aplica en los momentos en que la naturaleza cimbra la vida del ser humano, o cuando por causas provocadas ocurre un desastre, en los que el Ejército Mexicano entra en acción para defender y proteger la vida y bienes de los connacionales.

Segunda.La Secretaría de la Defensa Nacional de conformidad con lo establecido en el artículo 1/o. de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos y los artículos 21/o. y 73/o. de la Ley General de Protección Civil por conducto de las Regiones. Zonas, Unidades Militares y demás organismos, cooperan con los tres órdenes de gobierno (Federal, Estatal y Municipal), desarrollando actividades tendientes al apoyo a la población civil en casos de desastre.

Este Plan fue elaborado y aplicado a partir de 1966 como consecuencia del desbordamiento del Río Panuco, su denominación data del mismo año, a raíz de su inclusión en la Planeación de Defensa Nacional como anexo “E” y aunque en posteriores revisiones del plan de defensa, se ha presentado la disyuntiva de darle otro nombre, el Secretario de la Defensa Nacional, decidió continuar designándolo como “PLAN DN-III-E”, debido a la identificación que bajo esta denominación tienen autoridades civiles, medios de comunicación y población en general.

Al respecto, el Plan DN-III-E cuenta con tres fases que rigen la participación del personal del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, siendo las siguientes:

1. Fase de Auxilio.

En esta fase se realizan acciones destinadas primordialmente a salvaguardar la vida de las personas, sus bienes y la planta productiva y a preservar los servicios públicos y el medio ambiente, ante la presencia de un agente destructivo.

2. Fase de Prevención.

Permite una preparación para reaccionar en forma oportuna y tomar acciones dirigidas a controlar el riesgo, evitar o mitigar el impacto destructivo de los desastres sobre la vida y bienes de la población, la planta productiva, los servicios públicos y el medio ambiente.

3. Fase de Recuperación.

Es el proceso orientado a la reconstrucción y mejoramiento del sistema afectado (población y entorno), así como, a la reducción del riesgo de ocurrencia y la magnitud de los desastres futuros.

Tercera. La Comisión que dictamina considera adecuado recordar las circunstancias que dieron origen al Plan DN-III-E, así como la evolución que ha tenido en estos cincuenta años de existencia.

Así pues, el 9 de marzo de 1965, el Secretario de la Defensa Nacional, Marcelino García Barragán, ordenó la revisión y actualización del Plan de Defensa Nacional, es decir, al Plan Estratégico Militar a nivel de alto mando destinado a preparar a las Fuerzas Armadas para responder efectiva y coordinadamente contra agresiones del exterior, desastres y cualquier otra eventualidad similar previsible, que perturbe la paz, la seguridad y el orden del país.

El 18 de septiembre de 1965, se incluyó el Plan de Auxilio a la población civil como anexo “E” del Plan de Defensa Nacional número “III”; de ahí derivó el nombre del “Plan DN-III-E”. Dicho Plan fue aprobado por el alto mando el día 22 de septiembre de 1965.

En marzo del año siguiente, el General García Barragán entregó al presidente Gustavo Díaz Ordaz, la primera versión oficial del Plan DN-III-E, quien al considerar su magnitud, ordenó que fuera distribuido entre todos los organismos involucrados, incluso a los 34 comandantes de las zonas militares que existían en aquel entonces, para que estos últimos proyectaran y trazaran los planes de detalle en sus demarcaciones, en los que debían contemplar la participación de autoridades civiles y de la iniciativa privada.

El martes 14 de junio de 1966, el Secretario de la Defensa Nacional puso en manos del Presidente de la República el plan para el auxilio a la población civil en el área de la cuenca baja del río Pánuco, así como los planes a detalle para el auxilio de las poblaciones de Tampico, Tuxpan y otras comunidades que se encontraban en el curso bajo del río Bravo. Las tareas consideradas a desempeñar por parte del Instituto Armado incluían:

• Búsqueda, recolección, análisis y difusión de información específica en todos los niveles.

• Alarma por todos los niveles disponibles, regionales o superiores.

• Apoyo logístico (abastecimientos, alimentos, medicinas, materiales, etc.) y evacuación hacia áreas previamente determinadas.

• Refuerzo en tropas y servicios de seguridad pública, para garantizar el orden y protección de las instalaciones y bienes afectados.

• Salvamento, búsqueda y rescate en general, para entrenar tanto a los organismos responsables, como a la población civil.

El 25 de junio de 1966, el Secretario de la Defensa Nacional remitió a los comandantes de las 34 zonas militares el Plan DN-III-E-Pánuco, con la intención de que se utilizara como ejemplo para la elaboración de los planes correspondientes a cada jurisdicción y de esta forma estandarizar las actividades de planeación, aunque sin limitar la iniciativa de cada comandante.

El 10 de octubre de 1966 la Secretaría de la Defensa Nacional se vio obligada a aplicar por primera vez el Plan DN-III-E. Los integrantes del Ejército y la Fuerza Aérea Mexicanos acudieron al auxilio de la población civil durante tres meses, realizaron actividades de asistencia y evacuación de personas; proporcionaron seguridad y atención médica a los damnificados; establecieron puentes aéreos para el traslado de comida y víveres; ayudaron a la remoción de escombros, entre otras acciones. Incluso, el personal militar formuló un instructivo para damnificados a fin de agilizar las acciones de ayuda.

Cabe destacar que actualmente el Plan DN-III-E también realiza una labor social en coordinación con las entidades Federales, Estatales y Municipales, con el propósito de hacer llegar a la población civil más aislada o de escasos recursos, que vive en áreas rurales o suburbanas marginadas, o que por su ubicación, no tiene acceso a los servicios básicos, tales como servicio médico y odontológico; aplicación de vacunas; reparación de aparatos electrodomésticos; reparación de aparatos electrónicos; cortes de pelo; servicios de mantenimiento a planteles educativos; trabajos de albañilería; trabajos de plomería y, trabajos de herrería.

Para el desarrollo de estas actividades, la Secretaría de la Defensa Nacional cuenta con personal especialista, el cual se traslada a las áreas determinadas, y una vez en ellas, se despliega estableciendo consultorios médicos y odontológicos; talleres de reparación; peluquerías y células de trabajos de mantenimiento.

El servicio que se brinda es totalmente gratuito y no se requiere de ningún trámite o documento para recibir la atención requerida por la población. En los planteles educativos que lo requieren, se proporciona servicio de pintura, herrería, carpintería, plomería, chaponeo y limpieza y arreglo de juegos, con el fin de proporcionar a la población infantil, mayor seguridad, higiene y comodidad durante su estancia en dichas instalaciones. Las actividades son desarrolladas por personal militar especialista, entre los que se encuentran, médicos, enfermeros, plomeros, albañiles, carpinteros y herreros.

Por otro lado, debe destacarse también que las fuerzas armadas que llevan a cabo el Plan DN-III-E han tenido una valiosa participación en el contexto internacional de carácter bilateral, brindando ayuda humanitaria a países afectados, bajo un esquema de coordinación y cooperación con sus autoridades, empleando los mismos procedimientos para la aplicación del Plan en nuestro país. A la fecha se han enviado misiones a los países de Nicaragua, Cuba, República Dominicana, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Perú, Belice, Bolivia, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos de América, Chile, Venezuela, Colombia, Haití, Irán, Indonesia, Panamá y Jamaica.

Cuarta. La Comisión de Hacienda y Crédito Público coincide con el proponente en que al transcurrir cincuenta años desde la primera vez que se aplicó el Plan DN-III-E, dichas siglas han adquirido un simbolismo especial para los integrantes del Ejército y la Fuerza Aérea Mexicanos, se han convertido en un emblema que conjunta las virtudes militares de lealtad, patriotismo, abnegación y valor.

El Ejército mexicano ha coadyuvado a crear entre la población un sentimiento de seguridad y tranquilidad, al tener en mente que el Plan DN-III-E estará siempre en alerta y preparado para atender al país ante cualquier eventualidad.

En particular, destaca el invaluable papel que ha desempeñado el Ejército mexicano en todo el territorio nacional durante los siguientes acontecimientos:

• En 1985, durante el sismo en la Ciudad de México.

• En 1995, en el sismo en Colima y Jalisco.

• En 1997, ante los desastres ocasionados por el huracán Paulina.

• En 1998, al hacer frente a la situación ocasionada por el huracán Isis.

• En 1998, brindó invaluable ayuda frente a una temporada sin precedentes de fuertes lluvias en Chiapas.

• En 1998, realizó importantes labores ante una temporada de incendios forestales a lo largo del país.

• En 1999, destacó su presencia ante la una temporada de fuertes lluvias en Oaxaca y el sismo ocurrido en esa región

• En 1999 y 2000, durante las inundaciones en Hidalgo, Puebla, Veracruz y Tabasco, Valle de Chalco e Ixtapaluca.

Por ello, el pueblo de México y los integrantes del Ejército mexicano, debemos conocer y sentirnos orgullosos del plan que por excelencia, es y será una actividad de agradecimiento y beneplácito al ver la actuación y presencia del soldado mexicano vistiendo el brazalete amarillo, tomando en cuenta por igual, a la comunidad internacional que, en el momento que sea requerido el Ejército mexicano brindará el apoyo dentro de las actividades de ayuda humanitaria con el mismo empeño y profesionalismo que en el territorio nacional.

Quinta. Por otra parte, esta Comisión dictaminadora tiene en consideración que el amplio uso de las monedas permite la difusión de ideas y el esparcimiento del conocimiento del legado histórico y cultural, constituyendo un gran medio para consolidar en la memoria colectiva la importancia de las instituciones y de las acciones emprendidas por las mismas al servicio del pueblo mexicano.

En consideración de lo anterior, la Comisión que dictamina coincide en que el reconocimiento de la obra del Ejército y la Fuerza Aérea Mexicanos mediante la emisión de una moneda conmemorativa de cuño corriente sobre el Quincuagésimo Aniversario de la aplicación del Plan DN-III-E, que por su extensa distribución nacional y la gran aceptación entre los habitantes del país, es el medio óptimo para hacer accesible a todos los ciudadanos el significado de la aplicación y vigencia del instrumento de protección civil que llevan a cabo las fuerzas castrenses con un amplio sentido humanitario.

Sexta. La que dictamina está de acuerdo en establecer las características de una moneda conmemorativa del Quincuagésimo Aniversario de la aplicación del Plan DN-III-E, para lo cual se coincide con la propuesta de que su valor nominal sea de veinte pesos y que el motivo sea presentado por la Secretaría de la Defensa Nacional.

Por las consideraciones anteriores, la Comisión de Hacienda y Crédito Público considera adecuado aprobar la propuesta de mérito, por lo que se somete a la consideración de esta Soberanía el siguiente proyecto de:

DECRETO POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS CARACTERÍSTICAS DE UNA MONEDA CONMEMORATIVA DEL QUINCUAGÉSIMO ANIVERSARIO DE LA APLICACIÓN DEL PLAN DN-III-E.

Artículo Único. Se establecen las características de una moneda conmemorativa del “L Aniversario de la aplicación del Plan DN-III-E”, de conformidad con lo dispuesto en el inciso c) del Artículo 2 de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos, con las siguientes características:

I. Valor nominal: Veinte pesos.

II. Forma: Circular.

III. Diámetro: 32.0 mm (treinta y dos milímetros).

IV. Composición: La moneda será bimetálica y estará constituida por dos aleaciones, una para su parte central y otra para su anillo perimétrico, que serán como sigue:

1. Parte central de la moneda. Aleación de cuproníquel, que estará compuesta en los siguientes términos:

a. Contenido: 75% (setenta y cinco por ciento) de cobre y 25% (veinticinco por ciento) de níquel.

b. Tolerancia en contenido: 2% (dos por ciento) por elemento, en más o en menos.

c. Peso: 7.355 g. (siete gramos, trescientos cincuenta y cinco miligramos).

d. Tolerancia en peso por pieza: 0.294 g. (doscientos noventa y cuatro miligramos), en más o en menos.

2. Anillo perimétrico de la moneda. Aleación de bronce-aluminio, que estará integrado como sigue:

a. Contenido: 92% (noventa y dos por ciento) de cobre, 6% (seis por ciento) de aluminio y 2% (dos por ciento) de níquel.

b. Tolerancia en contenido: 1.5% (uno, cinco décimos por ciento) por elemento, en más o en menos.

c. Peso: 8.590 g. (ocho gramos, quinientos noventa miligramos).

d. Tolerancia en peso por pieza: 0.344 g. (trescientos cuarenta y cuatro miligramos), en más o en menos.

3. Peso total: Será la suma de los pesos de la parte central y del anillo perimétrico de la moneda, que corresponde a 15.945 g. (quince gramos, novecientos cuarenta y cinco miligramos), y la tolerancia en peso por pieza 0.638 g. (seiscientos treinta y ocho miligramos), en más o en menos.

V. Los cuños serán:

Anverso: El Escudo Nacional, con la leyenda “ESTADOS UNIDOS MEXICANOS”, formando el semicírculo superior.

Reverso: El motivo de esta moneda será el que, de conformidad con el artículo Segundo Transitorio del presente Decreto, apruebe el Banco de México, a propuesta de la Secretaría de la Defensa Nacional. Dicho motivo deberá relacionarse con el quincuagésimo aniversario de la aplicación del Plan DN-III-E (1966-2016) y el valor de su participación institucional en la vida nacional.

VI. Canto: Estriado discontinuo.

TRANSITORIOS

Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. A más tardar dentro de los 30 días naturales posteriores a la publicación del presente Decreto en el Diario Oficial de la Federación, la Secretaría de la Defensa Nacional enviará al Banco de México la propuesta del diseño del motivo que se contendrá en el reverso de la moneda a que se refiere el presente Decreto, la cual deberá incluir las leyendas “50 AÑOS” y “PLAN DN-III-E”, así como mencionar los años 1966 y 2016. En caso de que la Secretaría no presente una propuesta del motivo indicado en este artículo dentro del plazo establecido, corresponderá al Banco de México realizar el diseño de que se trate, el cual se contendrá en el reverso de la moneda.

Tercero.La moneda a que se refiere el presente Decreto podrá empezar a acuñarse a los 90 días naturales posteriores a la aprobación del diseño señalado en el artículo Segundo Transitorio del presente Decreto.

Cuarto. Corresponderá a la Casa de Moneda de México realizar los ajustes técnicos que se requieran, los que deberán ser acordes con las características esenciales de la moneda descrita en el presente Decreto.

Quinto. Corresponderán al Banco de México todos los derechos de autor y cualquier otro derecho de propiedad intelectual derivado del diseño y la acuñación de la moneda a que se refiere el presente Decreto.

Dado en la sala de comisiones de la Honorable Cámara de Diputados, en la Ciudad de México, a los trece días del mes de septiembre de dos mil dieciséis.

La Comisión de Hacienda y Crédito Público, diputados:Gina Andrea Cruz Blackledge (rúbrica), presidenta; Mariana Benítez Tiburcio (rúbrica), Charbel Jorge Estefan Chidiac (rúbrica), Ricardo David García Portilla, Miguel Ángel González Salum (rúbrica), Fabiola Guerrero Aguilar (rúbrica), Noemí Zoila Guzmán Lagunes (rúbrica), María Esther de Jesús Scherman Leaño (rúbrica), Herminio Corral Estrada (rúbrica), Carlos Alberto de la Fuente Flores (rúbrica), Armando Alejandro Rivera Castillejos (rúbrica), Fidel Calderón Torreblanca (rúbrica), Waldo Fernández González (rúbrica), Carlos Hernández Mirón (rúbrica), Lucia Virginia Meza Guzmán, Adriana Sarur Torre, Juan Romero Tenorio (rúbrica), María Elena Orantes López (rúbrica), Luis Alfredo Valles Mendoza (rúbrica), Hugo Eric Flores Cervantes, secretarios; Yerico Abramo Masso (rúbrica), Marco Polo Aguirre Chávez (rúbrica), Alejandro Armenta Mier (rúbrica), Pablo Basáñez García (rúbrica), Jesús Ricardo Canavati Tafich, Jorge Enrique Dávila Flores (rúbrica), Federico Döring Casar (rúbrica), Óscar Ferrer Ábalos (rúbrica), Javier Octavio Herrera Borunda, Miguel Ángel Huepa Pérez (rúbrica), Fidel Kuri Grajales (rúbrica), Carlos Lomelí Bolaños (rúbrica), Vidal Llerenas Morales, Rosa Elena Millán Bueno (rúbrica), Ariadna Montiel Reyes (rúbrica), Tomás Roberto Montoya Díaz (rúbrica), Matías Nazario Morales, Javier Antonio Neblina Vega (rúbrica), Jorge Carlos Ramírez Marín, César Augusto Rendón García (rúbrica), José Antonio Salas Valencia (rúbrica), Miguel Ángel Salim Alle (rúbrica), Nancy Guadalupe Sánchez Arredondo (rúbrica).»

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: En tal sentido tiene la palabra, hasta por cinco minutos, la diputada Noemí Zoila Guzmán Lagunes, para fundamentar el dictamen de conformidad con el artículo 104, numeral 1, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados.

Esta Presidencia saluda a Héctor Manuel Haro Pérez, presidente municipal de Jocotepec, Jalisco, y a Héctor Hugo Bravo Hernández, presidente municipal de Tepatitlán de Morelos, invitados por Movimiento Ciudadano. Igualmente, a Lourdes Martínez Pizano, y Fernando Martínez Guerrero, presidente municipal de Cihuatlán, Jalisco.

La diputada Noemí Zoila Guzmán Lagunes:Con su permiso, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados, a nombre de la Comisión de Hacienda y Crédito Público vengo a fundamentar el dictamen por el que se establecen las características de una moneda con valor nominal de 20 pesos, conmemorativa del quincuagésimo aniversario de la aplicación del Plan DN-III-E del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos.

Se trata de la acuñación de una moneda conmemorativa que otorga el reconocimiento a una institución que ha contribuido a salvaguardar la vida de la población en situaciones de desastres.

Los mexicanos estamos celebrando el 50 aniversario del Plan de Auxilio a la Población Civil en Casos de Desastres, conocidas por sus siglas DN-III-E y popularmente DN-III. Hablar del Plan DN-III es referirse ciertamente a situaciones de emergencia, a desastres, a las situaciones de riesgo de la población por el impacto de sismos e inundaciones, y otras calamidades de origen natural y antropogénico.

Pero más que evocar la desgracia, el Plan DN-III nos remite a los actos de heroísmo del Ejército Mexicano, a los actos de la más clara vocación humanitaria y de servicio de nuestras fuerzas armadas. El Plan DN-III representa la institucionalidad, la organización, la capacidad de despliegue, la eficacia, la disciplina y el don de mando del Ejército Mexicano, así como la fuerza que inspira una doctrina de prevención.

Este plan fue elaborado y aplicado a partir de 1966, como consecuencia del desbordamiento del Río Pánuco, en Veracruz, por la presencia del Huracán Inés, su denominación data del mismo año, a raíz de su inclusión en la Planeación de Defensa Nacional como anexo E y aunque en posteriores revisiones del plan de defensa, se ha presentado la disyuntiva de darle otro nombre, se decidió continuar designándolo como Plan DN-III-E, debido a la identificación con las autoridades civiles, los medios d comunicación y la población mexicana.

Han sido 50 años de atención de emergencias y de operativos de búsqueda, rescate y primeros auxilios, de evacuación, de brindar refugio, alimento y protección a nuestros compatriotas damnificados, de vigilancia y seguridad sobre su patrimonio. El Plan DN-III es un plan de auxilio y también una gran labor social en coordinación con las entidades federativas y los municipios. Estas son algunas de las muchas razones por las que los mexicanos reconocemos a nuestro glorioso Ejército Mexicano.

De igual forma, el Plan DN-III es valorado y admirado a nivel internacional por los pueblos y gobiernos a los que ha brindado auxilio. Por ello en la Comisión creemos justa la emisión de una moneda conmemorativa por este Quincuagésimo Aniversario del Plan DN-III.

Las monedas conmemorativas representan un recorrido de hechos que merecen quedar grabados en la historia nacional. El uso de monedas permite la difusión de ideas y el conocimiento del legado histórico y cultural, son un medio formidable para consolidar en la memoria colectiva la importancia de las instituciones y de las acciones al servicio del pueblo mexicano, como es el caso del Plan DN-III.

Desde la fundación de la Real Casa de Moneda 1536, hasta la creación de la Casa de Moneda de México, en 1917, como consecuencia de la creación del Banco de México en 1925 se han acuñado monedas y emitido billetes para conmemorar hechos de importancia nacional. Qué mejor oportunidad que este Quincuagésimo Aniversario del Plan DN-III para acuñar una moneda que deje constancia de la trascendencia que reviste en el porvenir de México.

La Comisión de Hacienda y Crédito Público coincidió con el proponente en que estos 50 años transcurridos dichas siglas han adquirido un simbolismo especial para los integrantes del Ejército y la Fuerza Aérea mexicanos, se han convertido en un emblema que conjunta las virtudes militares de lealtad, patriotismo y valor. Esta presea es más que merecida y simboliza el agradecimiento del pueblo de México a los servicios humanitarios de las fuerzas armadas.

La Comisión considera, de igual manera, que por su extensa contribución nacional y la gran aceptación entre los habitantes del país, la acuñación de esta moneda es el medio propicio para hacer accesible a todos los ciudadanos el significado de la aplicación y vigencia del instrumento de protección civil que llevan a cabo las fuerzas castrenses con un amplio sentido humanitario.

Señoras y señores legisladores, por todas estas razones, a nombre de la Comisión de Hacienda y Crédito Público manifestamos nuestro apoyo y solicitamos a las diputadas y diputados en este pleno su voto a favor a esta iniciativa, presentada por nuestro compañero, el diputado Virgilio Daniel Méndez Bazán. Por su apoyo y atención, muchísimas gracias.

Presidencia de la diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Gracias, diputada Guzmán.

Está a discusión en lo general y en lo particular. De conformidad con el artículo 104, numeral 1, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados, se han registrado para fijar la posición de su grupo parlamentario las siguientes diputadas y diputados, quienes harán uso de la palabra hasta por cinco minutos cada uno.

Por el Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, tiene el uso de la palabra el diputado José Alfredo Ferreiro Velazco.

El diputado José Alfredo Ferreiro Velazco: Con su permiso, señora presidenta. Compañeras diputadas y diputados, de acuerdo con el Programa Nacional de Protección Civil 2014-2018, dos terceras partes de la superficie nacional tiene un riesgo sísmico significativo.

En la historia reciente hemos experimentado terremotos de magnitud hasta de 8.2 grados en la escala de Richter, afectando irreversiblemente la vida de miles de familias y comunidades.

En paralelo, por la ubicación geográfica de nuestro país, estamos bajo la influencia de ciclones tropicales que se generan en el Pacífico, así como en el golfo de México.

En los últimos años, se han presentado grandes huracanes y tormentas tropicales, como el Gilbert en 1988, Wilma en el 2005, el Dean en 2007 o Ingrid y Manuel en el 2013, entre otros meteoros.

Estos fenómenos han traído decenas de miles de millones de pesos en afectaciones estructurales, miles de damnificados y pérdidas de vidas humanas.

Del otro lado de la moneda, nuestro país también ha padecido escasez de lluvias por periodos prolongados, afectándose la agricultura, la ganadería, la economía, en general, ello agravándose con los incendios forestales, que de acuerdo con la Conafor, del 2008 al 2012, fueron 44 mil 824 eventos que devastaron las mismas poblaciones rurales y urbanas.

Ante los embates y la fuerza de la naturaleza que se manifiesta en sismos, volcanes, ciclones tropicales, inundaciones, entre otros, se instrumenta el plan de auxilio a la población civil en caso de desastres, también conocido como el denominado Plan DN-III.

En este año cumple 50 años de haber sido diseñado y aplicado por primera vez en 1966, como consecuencia del desbordamiento del río Pánuco. Desde entonces, con este invaluable instrumento, el Ejército y la Fuerza Aérea desarrolla acciones para proteger la vida de los mexicanos y para asegurar sus bienes materiales, la planta productiva o servicios públicos y el medio ambiente, así como para la reconstrucción de las zonas afectadas, todo ello por medio de sus tres fases de programas que se cuenta. Una de ellas es auxilio, prevención y recuperación.

El Plan DN-III también realiza una labor social en coordinación con las entidades federativas, estatales y municipales, toda vez que brinda auxilio médico y odontológico, aplica vacunas, repara aparatos eléctricos, electrónicos, realiza cortas de pelo, servicio de mantenimiento a planteles educativos, trabajos de albañilería, plomería y herrería a la población de escasos recursos, ubicados en las zonas rurales y urbanas.

Nuestras heroicas Fuerzas Armadas en este tenor han participado en misiones de ayuda en Nicaragua, en Cuba, República Dominicana, Costa Rica, Guatemala en diferentes y múltiples países de América y de Europa.

De este modo, el Grupo Parlamentario de Encuentro Social estamos convencidos que el Plan DN-III se ha convertido para el pueblo de México, para el Ejército y la Fuerza Aérea en un emblema de virtudes militares, como la lealtad, el patriotismo, la abnegación y el valor.

Por lo anterior, vamos a votar a favor del presente dictamen, ya que como mexicanos nos sentimos orgullosos y agradecidos con los soldados de México, que brindan ayuda humanitaria desinteresada, con entrega, profesionalismo y empeño.

Consideramos igualmente conmemorar el Quincuagésimo Aniversario de la Aplicación del Plan DN-III por medio de la acuñación de una moneda, es justo y pertinente, ya que la moneda ayudará a impregnar en la memoria colectiva el significado de la importancia de la institución al servicio del pueblo de México. Desde aquí un reconocimiento a las Fuerzas Armadas de nuestro país. Es cuanto, señora presidenta.

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Gracias, diputado Ferreiro. Para fijar la postura del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, tiene el uso de la tribuna el diputado Luis Manuel Hernández León.

El diputado Luis Manuel Hernández León:Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados, me dirijo a esta asamblea para manifestarme a nombre del Grupo Parlamentario Nueva Alianza a favor del dictamen con proyecto de decreto por el que se establecen las características de una moneda conmemorativa del 50 aniversario de la aplicación del Plan DN-III-E.

Para Nueva Alianza las Fuerzas Armadas y su labor merecen el más amplio reconocimiento, ya que son, sin duda alguna, una de las instituciones más respetadas de nuestro país y un orgullo de los mexicanos.

El plan de auxilio a la población civil en caso de desastre, mejor conocido como DN-III, es un instrumento de protección civil que se aplica en los momentos en que causas naturales o humanas provocan un desastre y es ejecutado por el Ejército mexicano para defender y proteger la vida y bienes de la población civil.

Estas acciones tienen su fundamento en la fracción V del artículo 1 de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanas, que establece como una de sus misiones el prestar ayuda en casos de desastre para el mantenimiento del orden, auxilio de las personas y protección de sus bienes, y para la reconstrucción de las zonas afectadas.

Por su parte, el artículo 21 de la Ley General de Protección Civil señala que es una situación de emergencia, el auxilio a la población es una función prioritaria de la protección civil, por lo que las instancias de coordinación deberán actuar en forma conjunta y ordenada. Además, advierte que se hará del conocimiento de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina para que se implemente el plan de auxilio a la protección civil en caso de desastre y el plan general de auxilio a toda la población.

Nuestras Fuerzas Armadas salvan vidas y su compromiso es el ejemplo del patriotismo que tanta falta hace en nuestro país.

El Plan DN-III realiza también una labor social en coordinación con los diferentes niveles de gobierno, con el propósito de hacer llegar servicios de salud y una diversidad de actividades para ayudar a las comunidades aisladas o de escasos recursos que viven en zonas rurales o suburbanas y marginadas. O que, por su ubicación, carecen de servicios básicos. Sobra decir que dichas actividades son totalmente gratuitas.

Las Fuerzas Armadas son un ejemplo de la vocación de servicio. La esperanza que generan en las poblaciones afectadas por un siniestro cuando se les anuncia que llegará el Plan DN-III es muestra palpable de ello.

Compañeras y compañeros, el tener una moneda conmemorativa que celebre el quincuagésimo aniversario de la aplicación del Plan conocido como DN-III es una pequeña, muy pequeña muestra de agradecimiento a todos los mexicanos a ese compromiso y amor a la patria que cada día nos demuestran los miembros de nuestras Fuerzas Armadas.

En Nueva Alianza reconocemos su labor y su inalterable compromiso con el deber y con México. Por ese motivo, Nueva Alianza votará a favor del dictamen. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, señor presidente.

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Para fijar la postura del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, tiene el uso de la tribuna la diputada María Elena Orantes López.

La diputada María Elena Orantes López:Muy buenas tardes, compañeras y compañeros. Muchas gracias, presidenta. México es un país donde golpea todo tipo de fenómenos, es un país que desde hace 30 años se trabaja en la prevención para no solamente corregir sino prevenir a través de la protección civil. Es por eso que en Movimiento Ciudadano el apoyo a conmemorar al Ejército mexicano en esta moneda no es más que el agradecimiento al esfuerzo y al apoyo de salvar tantas vidas, de rescatar y de dejar en leyenda de la huella de México un presente que servirá para las futuras generaciones.

El dictamen que hoy se presenta en este pleno representa una de esas ocasiones en que podemos agradecer institucionalmente el esfuerzo, el sacrificio y el compromiso de nuestras Fuerzas Armadas. Esas que demuestran día a día en nuestro país, nuestras comunidades, municipios y estados que son afectados por algún desastre, que de manera inmediata asisten a través de este Plan DN-III.

Hace 50 años, tras el desbordamiento del río Pánuco, implementaron un plan de apoyo a la población civil denominándolo, en esta acción que había sido incluido en la planeación de la Defensa Nacional, como Anexo E durante la revisión ordenada por el general Marcelino García Barragán, en el año de 1965.

El sustento de este tipo de actividades de nuestro ejército de tierra y también de aire en materias de apoyo a la población, bajo la determinación Plan DN-III, se sustenta en las Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicana, como también en la Ley de Protección Civil, que a partir de ello se ha estructurado la coordinación de las regiones, de las zonas, de unidades militares con los tres órdenes de gobierno que de manera vertical y transversal trabajan siempre a favor de la vida de las ciudadanas y los ciudadanos.

El esfuerzo del Ejército Mexicano en este ámbito, incluye acciones en atención a que puedan haber puntos importantes en las búsqueda y rescate de personas, en la evacuación de comunidades, en riesgo, en administración de albergues, en recomendaciones a la población, seguridad, vigilancia; asimismo, cuida las etapas de auxilio, de prevención y también de recuperación que es muy importante para volver a la normalidad de la vida, de los pueblos, de las comunidades, de las entidades federativas y del país.

Por fuertes lluvias se desplegaron dos mil 984 elementos que de manera inmediata pudieron evacuar a la población y poderlos poner en lugares y centros a donde pudieran resguardar su vida. Ha habido muchos motivos por los cuales los diputados y las diputadas ciudadanas consideramos que el Plan DN-III es una muestra de la modernidad de nuestras Fuerzas Armadas, quienes después de la Segunda Guerra Mundial decidieron cambiar su visión para proteger dos primicias importantes, la de la seguridad nacional y de la vida de las y los mexicanos.

Cincuenta años de apoyo a la población civil ante desastres de distintas índole, son pruebas suficientes para podernos sentir orgullosos de nuestra Fuerzas Armadas del Ejército del pueblo mexicano, a donde han luchado por salvar vidas y por proteger y prevenir todo este tipo de acciones.

El terremoto de 1985 que encontró a México sin preparación para saber qué hacer ante sucesos y pérdida de vidas, alentó y adicionó el pilar del DN-III. Este sismo en el 95 en Colima, como el despertar violento del Chichonal en 1982; el del 97 en desastres ocasionados en el Huracán Paulina.

Por muchas y muchas razones, en Movimiento Ciudadano pensamos que por todo lo anterior mi Grupo ha tomado la decisión en consecuencia de votar a favor del dictamen y agradecer el desempeño de la Sedena en materia de atención a la población durante desastres, orgullosos de que salvar vidas puede ser el privilegio de cualquier mexicano. Muchas gracias, presidenta.

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Gracias, diputada Orantes. Para fijar la postura del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, tiene el uso de la palabra la diputada Adriana Sarur Torre.

La diputada Adriana Sarur Torre:Con la venia de la Presidencia. Los sistemas coordinados de asistencia humanitaria aparecen por la necesidad de salvaguardar la vida humana, así como para evitar el sufrimiento de las personas ante eventos imprevisibles que las coloquen en estado de vulnerabilidad.

Aun cuando se tienen diversos antecedentes de accidentes ocurridos en nuestro país, la capacidad de reacción de nuestras instituciones para la protección civil ha evolucionado lentamente, sin embargo hay sucesos que marcaron de modo definitivo la pauta para dar una respuesta coordinada de atención a víctimas de desastres naturales.

Ejemplo de ello fueron los hechos acaecidos en mayo de 1966 derivados del desbordamiento del Río Pánuco, el cual dejó cuantiosos daños en los estados de Veracruz y Tamaulipas. Dichos acontecimientos sentaron las bases para la participación del Ejército en las labores de auxilio a la población, motivando la creación del Plan de Defensa número III por parte de la Sedena.

A partir de la atención de desastres causados por el paso del huracán Inés, se inició de la mano del Ejército mexicano una larga cultura de respuesta a las emergencias en este país que actualmente goza de un enorme reconocimiento internacional, pero más significativo es el reconocimiento y agradecimiento social de todos los mexicanos para con nuestras Fuerzas Armadas, para ayudarnos en estos momentos de crisis.

Debemos sentirnos orgullosos de que el Ejército sea una de las instituciones con mejores estándares de evaluación ante la sociedad civil, pues cabe señalar que según los datos del Latinobarómetro, el nivel de confianza de nuestro Ejército en comparación con otros países del continente, lo ubican como una de las cinco fuerzas castrenses con mayor confianza en América Latina. Asimismo de acuerdo con la Encuesta Nacional de Vivienda 2014, para la empresa Parametría, el Ejército aparece como la tercera organización más confiable del país.

En el Partido Verde reconocemos el trabajo realizado por nuestras Fuerzas Armadas a lo largo de un siglo de servicio, no sólo en la construcción de un México mejor, sino por el quincuagésimo aniversario del Plan DN-III.

No olvidemos que el soldado mexicano es símbolo de disciplina y lealtad; por ello queremos reconocerle y destacar que en las acciones cívicas y las obras sociales del Ejército Mexicano, han tenido un gran impacto en el desarrollo del país, sobre todo en momentos de gran apremio.

Son invaluables los apoyos que las Fuerzas Armadas han prestado a la población cuando esta se ha visto afectada por alguna situación de emergencia o desastre natural. Siempre que una catástrofe o accidente ha azotado a nuestro país, los soldados han estado ahí ayudando en las labores de rescate y posteriormente involucrándose en los trabajos de reconstrucción.

Por todas las acciones en que un soldado mexicano ha arriesgado la vida para proteger la de un connacional en apuros, queremos darles las gracias. Y con la emisión de esta moneda conmemorativa, esperamos retribuirle a las Fuerzas Armadas, algo de lo mucho que ellas han dado por nuestro país. Es cuanto, señora presidenta.

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Gracias, diputada Sarur. Para fijar la postura del Grupo Parlamentario del PRD, tiene la palabra la diputada Lucia Virginia Meza Guzmán.

La diputada Lucia Virginia Meza Guzmán:Muy buenas tardes, diputadas y diputados. En México el Ejército mexicano es una institución indispensable porque no solamente garantiza nuestra seguridad y defiende nuestra soberanía. También promueve día a día el desarrollo del país a partir de sus acciones cívicas y de sus obras sociales en beneficio de las familias mexicanas.

Las naciones se han forjado y han definido su destino a la par de sus instituciones armadas concurriendo en un elevado propósito que es la preservación y bienestar de la patria. Los ejércitos que tienen claros estos preceptos, se nutren de sus pueblos, sirven a sus pueblos y trascienden por sus pueblos. Cabe resaltar que actualmente dicho plan también tiene y realiza una labor social en coordinación con las entidades federales, estatales y municipales con el propósito de hacer llegar a la población más civil, más aislada y de escasos recursos.

Por otro lado, debe destacarse también que las Fuerzas Armadas que llevan a cabo el Plan DN-III han tenido una valiosa participación en el contexto internacional de carácter bilateral, brindando ayuda humanitaria a países afectados, bajo un esquema de coordinación y cooperación con sus autoridades, empleando los mismos procedimientos para la aplicación de nuestro plan en su país.

A propósito de este reconocimiento que precisamente se le hace con esta moneda que se va a sacar al Ejército Mexicano, nos manifestamos también con el propósito de discutir el tema de sacar al Ejército de las calles y exigirle a los gobernadores de los estados de la República y al gobierno federal, hacerse cargo de su seguridad pública, asumir esa responsabilidad sin la necesidad de que sea nuestro Ejército Mexicano el que esté patrullando las calles.

Creo que es importante dar este debate con las entidades federativas y no seguir desgastando a esta institución tan prestigiada que es nuestro Ejército mexicano. Ése es el mensaje y la reflexión a propósito de este reconocimiento que hacemos a nuestras Fuerzas Armadas.

Es por ello que el Grupo Parlamentario del PRD, indiscutiblemente estamos a favor de reconocer al Ejército y a la Fuerza Aérea Mexicana mediante la emisión de una Moneda Conmemorativa de cuño corriente sobre el Quincuagésimo Aniversario de la Aplicación del Plan DN-III.

Todos debemos sentirnos orgullosos del citado plan que por excelencia es y será una actividad de agradecimiento y beneplácito a la actuación y la presencia del Ejército mexicano.

A este grupo parlamentario nos enaltece ser parte de esta celebración porque al conmemorar las cinco décadas de lealtad de las fuerzas castrenses mediante sus acciones cívicas, festejamos a México a paz, al orden y a la libertad para el conjunto de nuestra sociedad.

Felicidades, enhorabuena y nuestro más grande reconocimiento a todos ustedes, hombres y mujeres que integran el Ejército Mexicano. Es cuanto. Gracias.

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Gracias, diputada Meza. Para fijar la postura del Grupo Parlamentario de Acción Nacional tiene el uso de la palabra la diputada Gabriela Ramírez Ramos.

La diputada Norma Rocío Nahle García(desde la curul): Presidenta.

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Sonido en la curul de la diputada Nahle. ¿Con qué objeto, diputada?

La diputada Norma Rocío Nahle García (desde la curul): Sí, señora presidenta. Nada más para agregar que el Grupo Parlamentario de Morena se suma y felicita al Ejército Nacional por el programa DN-III, que ha aplicado en toda la república, un trabajo estoico, loable. Y nosotros nos sumamos a la felicitación por este programa del Ejército Nacional. Es todo, señora presidenta.

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Gracias, diputada. Queda asentada su manifestación.

La diputada Gabriela Ramírez Ramos:Con su venia, señora presidenta. Compañeras diputadas y compañeros diputados, muy buenas tardes. El amplio reconocimiento que el pueblo de México le expresa a sus Fuerzas Armadas y especialmente al Ejército es resultado del compromiso mostrado a lo largo de décadas por nuestras instituciones armadas a favor de las causas más nobles, tal es el caso del denominado Plan ND-III-E, que es el Plan de Auxilio a la Población Civil en Casos de Desastres.

México es un país vulnerable a riesgo de la naturaleza y cada año la población civil reciente los efectos de dichos fenómenos: huracanes, inundaciones, terremotos e incendios. Cuando estos ocurren la población tiene la seguridad de que el Ejército Mexicano se presentará a auxiliar en las tareas más difíciles y pesadas para mitigar la contingencia, salvar vidas y el patrimonio de la gente, aplicando medidas urgentes de auxilio, prevención y recuperación.

Me consta, de manera personal, la gran labor que nuestras fuerzas de seguridad realizan para mitigar los efectos negativos de los fenómenos naturales que azotan a nuestro país. Su entrega, compromiso y desinterés para aliviar las necesidades de la población vulnerable damnificada o ubicadas en zonas de riesgo es de digno reconocimiento. Por ello puedo afirmar que el patrimonio y la vida de millones de personas en nuestro país se han visto protegidas por la activación del Plan DN-III-E.

Como se ha dicho, este mecanismo de protección celebra este año su 50 aniversario. En estas 5 décadas ha quedado demostrado su enorme utilidad al servicio del pueblo de México. Es por eso que a manera de homenaje y conmemoración se ha definido la emisión de una moneda alusiva al Plan DN-III. Con dicha moneda cuyo valor nominal será de 20 pesos, millones de mexicanos estaremos en posibilidad de conmemorar las heroicas acciones de los soldados mexicanos.

El Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional al votar a favor de dicha emisión y del dictamen en los términos presentados, reitera su reconocimiento, homenaje y solidaridad con el Ejército Mexicano. Queremos aprovechar esta oportunidad para reiterar nuestro llamado para dotar a las fuerzas armadas de un régimen jurídico robusto y suficiente para realizar labores de coadyuvancia en materia de seguridad pública. A quienes exponen su integridad y su vida diario debemos reconocerlos, pero no simplemente en el discurso sino a través de los elementos y recursos dignos que les permitan seguir desempeñando su tarea y mejorar su calidad de vida y la de sus familias.

Esperamos que la emisión de esta moneda sea el inicio de una serie de acciones para apoyar a quienes día a día están dando su vida por un México mejor, por un México en país. Es cuanto, señora presidenta.

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Gracias, diputada Ramírez. Para fijar la postura del Grupo Parlamentario del PRI tiene el uso de la palabra el diputado Virgilio Daniel Méndez Bazán.

El diputado Virgilio Daniel Méndez Bazán:Con su permiso, presidenta. Honorable asamblea, compañeras y compañeros diputados. el pasado 10 de octubre conmemoramos el Quincuagésimo Aniversario de la aplicación del Plan DN-III-E, el instrumento operativo militar que establece los lineamientos generales a los organismos del Ejército y Fuerza Aérea mexicanos, para realizar actividades de auxilio a la población afectada por cualquier tipo de fenómeno perturbador de origen natural o generado por el hombre, que origine un desastre.

A partir de su primera aplicación en 1966, podemos afirmar que si algo ha permitido generar una alta estima y reconocimiento de los mexicanos hacia nuestras fuerzas armadas, esos son su solidaridad y su valiente respaldo en los momentos más difíciles.

Desde entonces y hasta la actualidad son innumerables las actuaciones dignas de evocarse y en cada una de ellas, la presencia de nuestras Fuerzas Armadas ha significado aliento, alivio, consuelo y esperanza.

Consideramos que con esta moneda conmemorativa más mexicanos tendrán en sus manos un símbolo representativo de honor, valentía, lealtad y el patriotismo de hombres y mujeres que resguardan a nuestra nación.

Al transcurrir 50 años desde la primera vez que se aplicó el Plan DN-III-E dichas siglas han adquirido simbolismo especial para los mexicanos y para los integrantes del Ejército y Fuerza Aérea.

El Plan DN-III y si aplicación ha ido evolucionando. Actualmente cuenta con la capacidad necesaria para organizar y establecer refugios temporales, centros de acopio y cocinas comunitarias, desplegar células de búsqueda, servicio médico, de ingenieros y de seguridad, de establecer puentes aéreos, terrestres y pluviales, para transporte de personas, equipo y abastecimiento de todo tipo a las zonas de desastre.

Para la población en particular, el Plan DN-III-E es un símbolo de esperanza, de alivio y protección. La rapidez de acción y eficacia mostrada por los miembros del instituto armado en ayuda a sus conciudadanos ha dado como resultado que la sociedad mexicana se sienta respaldada por su Ejército y Fuerza Aérea, lo cual ha reforzado los lazos de confianza, identidad y solidaridad entre el pueblo de México y sus soldados, haciéndose manifiesta en múltiples muestras de gratitud y reciprocidad.

Finalmente, los mexicanos debemos conocer y sentirnos orgullosos del plan que por excelencia es y será una actividad donde se ve la actuación y presencia de mujeres y hombres en uniforme militar, que tienen como entrega y pasión a la ciudadanía en situación de desastre.

En este sentido, el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional votará a favor de la emisión de una moneda conmemorativa de curso legal, que represente un justo reconocimiento al Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, en el Quincuagésimo Aniversario de la primera aplicación del Plan DN-III.

Mi agradecimiento a los grupos parlamentarios por el apoyo a nuestras Fuerzas Armadas. Es cuanto, presidenta, muy amable.

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Gracias, diputado Méndez Bazán.

El diputado Gustavo Adolfo Cárdenas Gutiérrez(desde la curul): Presidenta.

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Está solicitando el uso de la palabra el diputado Gustavo Cárdenas, por favor, sonido en su curul. ¿Con qué objeto, diputado?

El diputado Gustavo Adolfo Cárdenas Gutiérrez (desde la curul): Para felicitar al Ejército Mexicano, como presidente de la Comisión de Marina, solidariamente con su programa DN-III los felicitamos, así como el Plan Marina. Muchas gracias.

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Gracias, diputado. Queda asentada su expresión. Agotada la lista de oradores, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular.

La Secretaria diputada Ernestina Godoy Ramos:Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica, se consulta a la asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Presidenta, mayoría por la afirmativa.

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Suficientemente discutido en lo general y en lo particular. Se pide a la Secretaría abra el sistema electrónico, hasta por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular.

La Secretaria diputada Ernestina Godoy Ramos:Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular.

(Votación)

¿Alguna diputada diputado falta de emitir su voto? Por favor, levanten la mano. Sí, ahí vienen. Sigue abierto el sistema. Pregunto nuevamente, ¿alguien falta de emitir su voto? Favor de levantar la mano. Allá viene alguien. ¿Listo? Se encuentra abierto el sistema. Ciérrese el sistema de votación electrónico. A ver, allá, alguien de viva voz.

La diputada Rosalina Mazari Espín (desde la curul): A favor.

La diputada Marisol Vargas Bárcena (desde la curul): A favor.

La Secretaria diputada Ernestina Godoy Ramos:Presidenta, se emitieron 406 votos en pro y 0 en contra.

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Gracias, Secretaria. Aprobado en lo general y en lo particular por 407 votos el proyecto de decreto por el que se establecen las características de una moneda conmemorativa del quincuagésimo aniversario de la aplicación del Plan DN-III-E. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.

LEY GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen de la Comisión de Seguridad Pública con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción IV del artículo 31 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

La Secretaria diputada Ernestina Godoy Ramos:«Dictamen de la Comisión de Seguridad Pública, con proyecto de decreto que reforma la fracción IV del artículo 31 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública

Honorable Asamblea:

La Comisión de Seguridad Pública de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39 y 45, numerales 6, incisos e) y f), y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos , y 80, 82, numeral 1, 85, 157, numeral 1, fracción I, y 158, numeral 1, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás relativos de dicho ordenamiento presenta el siguiente:

DICTAMEN

Metodología

Esta Comisión, encargada del análisis y dictamen de la Iniciativa con proyecto de Decreto, por el que se reforma el artículo 31 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, presentada por el Diputado José Máximo García López, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, efectúa el presente dictamen conforme al siguiente procedimiento:

I. En el apartado denominado Antecedentes, se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo y turno para el dictamen de la Iniciativa.

II. En el apartado Contenido de la Iniciativa, se exponen los motivos y alcances de la propuesta en estudio, y se hace una síntesis de los temas que la componen. Así mismo, se presenta un cuadro comparativo, con el texto de la norma vigente y el texto legislativo que se propone.

III. En el apartado Consideraciones, los integrantes de esta Comisión dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos con base en los cuales se sustenta el sentido del dictamen.

I. Antecedentes

a. Con fecha 29 de abril de 2016, el diputado José Máximo García López, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó ante el pleno la Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 31 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Dicha iniciativa fue turnada para su estudio y dictamen a la Comisión de Seguridad Pública.

b. Con fecha 23 de mayo de 2016, se recibió mediante oficio No. DGPL 63-II-7-792 de la Mesa Directiva en la Comisión de Seguridad Pública la citada iniciativa para su estudio y dictamen.

c. Con la finalidad de un mejor análisis y estudio, esta Comisión solicito la prórroga correspondiente para emitir el dictamen a la iniciativa; dicha prórroga fue autorizada mediante oficio No. D.G.P.L 63-II-7-1095 de fecha de 26 julio de 2016.

II. Contenido de la iniciativa

a. La iniciativa en cuestión propone reformar el artículo 31 Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, agregando como función a la Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario, la de proponer mecanismos para implementar la salud integral, psicológica, psiquiátrica y prevención social, como medios de reinserción social.

b. Dentro del apartado de exposición de motivos del proyecto de decreto que nos ocupa, el iniciante señala que la reinserción social de la delincuencia en el ámbito penitenciario, es uno de los objetivos de las políticas de la Seguridad Pública preceptuados en los artículos 18 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de derechos humanos.

c. En este sentido, continua el proponente, las funciones de la Seguridad Pública en México corren por cuenta de la Secretaría de Gobernación a través del Consejo Nacional de Seguridad Pública, el cual, conforme los Estatutos de la Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario, tienen como objetivo regular la integración organizacional y funcional de los trabajos de promoción y coordinación de esfuerzos de todos los centros de reclusión para recuperar el sentido de la reinserción social, basada en el trabajo, la capacitación laboral, la educación, las actividades deportivas y desde luego, la salud.

d.Argumenta el Diputado que el fin de la reclusión no sólo es mantener al interno aislado de la sociedad, sino generar los esfuerzos para reencausar sus hábitos de conducta, costumbres y procesos cognoscitivos con la mirada puesta al futuro a fin de que el interno sea capaz de generar nuevos patrones de vida ajenos a las tendencias de cometer ilícitos, así como eliminar los factores que llevan a la reincidencia.

e. El iniciante señala lo importante que es para México responder a la exigencia social de brindar certidumbre en los procedimientos penitenciarios, para que operen con eficacia y garantizarla mediante los programas de trabajo comunitario, educativo, salud y deporte en el marco del Sistema de Seguridad Pública que consagra la ley fundamental, es una tarea que también involucra a los responsables del gobierno, custodia, vigilancia y capacitación dentro de los centros penitenciarios, pero ha sido un galimatías hacer tangible la función en forma autónoma para erradicar la corrupción interna de manera coordinada con las funciones de la salud.

Para una mejor compresión, se muestra el siguiente cuadro comparativo:

III. Consideraciones

La Comisión de Seguridad Pública examinó el contenido de la iniciativa a la luz de una revisión del marco normativo vigente y propuesto, consulta de otros antecedentes legislativos, doctrina así como enriquecido por la discusión del mismo en su reunión ordinaria.

En cuanto a los argumentos del autor

1. Se coincide con el espíritu del autor en cuanto que la reinserción social de la delincuencia en el ámbito penitenciario es uno de los objetivos de las políticas de la Seguridad Pública preceptuados en los artículos 18 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos esto con un enfoque en derechos humanos.

2. En este sentido, la reinserción social del sentenciado es uno de los objetivos principales a instrumentar en política pública penitenciaria, siempre con estricto cumplimiento a la legislación aplicable, la cual emana de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

3. Con la reforma al artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos publicada en el Diario Oficial de la Federación el pasado 10 de junio de 2011, además de un cambio de nomenclatura, se incorporan la salud y deporte, que ya se establecían en las legislaciones reguladoras de la ejecución de penas privativas de libertad como medio de reinserción social.

4. No pasa desapercibido para esta Comisión dictaminadora que el artículo 10 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública señala la existencia de las Conferencias con que se integra el Sistema nacional de Seguridad Pública, siendo estas: Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, Conferencia Nacional de Secretarios de Seguridad Pública, Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario y la Conferencia Nacional de Seguridad Pública Municipal.

A su vez el artículo 11 de la misma Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública establece que las Conferencias Nacionales establecerán los mecanismos de coordinación que permitan la formulación y ejecución de políticas, programas, acciones necesarias para el cumplimiento de sus funciones. El Secretario Ejecutivo realizará las acciones necesarias para asegurar que la coordinación sea efectiva y eficaz e informará de ello al Consejo Nacional.

5.Es de destacarse que el pasado 16 de junio del presente año, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se expide la Ley Nacional de Ejecución Penal; se adicionan las fracciones XXXV, XXXVI y XXXVII y un quinto párrafo, y se reforma el tercer párrafo del artículo 225 del Código Penal Federal, y que dicha ley fue producto de un largo proceso de análisis y estudio por parte de ambas Cámaras del Congreso de la Unión, con la finalidad de conseguir el mejor instrumento jurídico que atienda al sistema penitenciario.

En ese sentido, la Ley Nacional de Ejecución Penal en diversos artículos contempla lo relacionado a la salud integral, psicológica, psiquiátrica y prevención social, por lo que, para fortalecer la reinserción social es procedente la propuesta de reforma.

La Comisión dictaminadora hace la precisión en el sentido de que al hablar de salud integral, va inmerso el estado completo de bienestar físico, mental y social, tal y como lo señala el artículo 1 bis de la Ley General de Salud. Por lo anterior considera redundante referirse a la salud psicológica y psiquiátrica, pues estas se encuentran contenidas en el concepto de salud integral.

Por lo anteriormente expuesto, esta Comisión coincide con la propuesta contenida en la iniciativa de mérito, en consecuencia, sometemos a consideración de la Asamblea el siguiente proyecto de

Decreto por el que se reforma la fracción IV del artículo 31 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública

Artículo Único. Se reforma la fracción IV del artículo 31 de la Ley General del Sistema de Seguridad Pública, para quedar como sigue:

Artículo 31. ...

I. a III. ...

IV. Proponer mecanismos para implementar la educación, la salud integral, la prevención social, y el deporte como medios de reinserción social;

V. a IX. ...

TRANSITORIO

Único. El presente Decreto entrara en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de septiembre de 2016.

La Comisión de Seguridad Pública, diputados:Jorge Ramos Hernández (rúbrica), presidente; Francisco Escobedo Villegas (rúbrica), María Marcela González Salas y Petricioli (rúbrica), Carlos Iriarte Mercado (rúbrica), Liliana Ivette Madrigal Méndez (rúbrica), Mayra Angélica Enríquez Vanderkam (rúbrica), José Everardo López Córdova (rúbrica), María Cristina Teresa García Bravo (rúbrica), Cándido Ochoa Rojas (rúbrica), Manuel de Jesús Espino (rúbrica), Melissa Torres Sandoval (rúbrica), secretarios; Federico Döring Casar (rúbrica), Delfina Gómez Álvarez (rúbrica), Luis Alejandro Guevara Cobos, María Gloria Hernández Madrid, Álvaro Ibarra Hinojosa (rúbrica), Jesús Gerardo Izquierdo Rojas (rúbrica), Angélica Moya Marín, Abel Murrieta Gutiérrez (rúbrica), Jisela Paes Martínez, Adriana Sarur Torre, Paulino Alberto Vázquez Villalobos (rúbrica), Jorge Tello López (rúbrica).»

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Tiene la palabra hasta por cinco minutos el diputado Jorge Ramos Hernández, para fundamentar el dictamen de conformidad con el artículo 104, numeral 1, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados.

El diputado Jorge Ramos Hernández:Con su venia, presidenta. estimadas diputadas y diputados, se presenta ante este pleno el día de hoy el dictamen a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, presentada por el señor diputado José Máximo García López.

Con este dictamen se propone reformar el artículo 31 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, agregando como una función más de la Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario la de proponer para implementar mecanismos de salud integral, psicológica, psiquiátrica y prevención social como medios de reinserción social.

Al respecto, estimados compañeros, es importante recordar que todo el sistema de justicia y de seguridad del país empieza por el eslabón de la prevención del delito, pasa por la procuración de la justicia, después para a la etapa de la administración y aplicación de la justicia y termina en uno de los eslabones fundamentales para el establecimiento de la seguridad de la paz social en este país, que es justamente la reinserción social a través del sistema penitenciario.

Es importante, ya hemos hecho iniciativas y propuesto temas relativos a la parte policiaca y a la parte operativa de los temas de seguridad y poco hemos hecho en esfuerzos para reformar el sistema penitenciario mexicano. Hay que recordar, y en este dictamen se precisa, que el objeto de recluir al interno no solo es aislarlo y separarlo, de ponerlo en una condición que no lastime y ponga en riesgo a la comunidad.

Esta iniciativa está tocando de fondo una concepción de que el ser humano tiene la capacidad de rectificar y la capacidad de regenerarse, la capacidad de transformar aquellos hábitos y conductas que lo llevaron a delinquir y que el Estado mexicano debe proveer las herramientas necesarias para que el ser humano por exigencia de su dignidad, de su eminente dignidad humana, el Estado provea la posibilidad de que se atiendan de origen y de raíz los problemas de conducta y de falta de oportunidades que tuvieron estos internos.

Por ello, hace énfasis esta iniciativa a la parte que tiene que ver con la rehabilitación, en la parte de la adicción a la que están sujetos los internos y a la atención psicológica y psiquiátrica que es fundamental para modificar los elementos cognitivos y psicológicos de las personas para poder resolver en la permanencia estos centros de reclusión a hacer un trabajo para transformar y tratar de raíz los problemas psicológicos y psiquiátricos, en su caso, para poder transformar esta persona y permitirle reingresar y reinsertarse dignamente a la sociedad.

Por otra parte, consideramos que la iniciativa que presenta el diputado Máximo García López, es un paso más que estamos dando para reformar integralmente el Sistema de Seguridad y de Justicia en nuestro país. Por lo que este dictamen tiene origen en la Comisión de Seguridad Pública de esta Cámara, en un sentido de unanimidad que agradezco a todos los integrantes de la Comisión de Seguridad Pública que hayan respaldado de manera unánime, la iniciativa del diputado Máximo García.

Por lo tanto, estimadas diputadas, estimados diputados, pedimos a ustedes su voto a favor del presente dictamen, porque con ello cumplimos nuestra función legislativa y damos instrumentos adecuados para atender la reinserción social de personas privadas de su libertad, pero más importante aun, que con esto reitera el Poder Legislativo la convicción de que el ser humano tiene por exigencia su inminente dignidad humana, el derecho fundamental y la capacidad intrínseca de poder tener derecho a una segunda oportunidad a la rehabilitación, a la readaptación y a la transformación que todo ser humano tiene para reintegrarse a la sociedad.

Por lo tanto, solicitamos su apoyo para esta iniciativa. Agradezco su atención, muchas gracias y con su venia, presidenta.

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Gracias, diputado Jorge Ramos.

Está a discusión en lo general y en lo particular. De conformidad con el artículo 104, numeral 1, fracción IV del Reglamento de la Cámara de Diputados, se han registrado para fijar la posición de su grupo parlamentario las siguientes diputadas y diputados, quienes harán uso de la palabra por cinco minutos cada uno.

Por el Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social tiene el uso de la palabra la diputada Melissa Torres Sandoval.

La diputada Melissa Torres Sandoval:Con su venia, diputada presidenta. Honorable asamblea. Quienes integramos el Grupo Parlamentario de Encuentro Social estamos muy conscientes de la urgente necesidad de fortalecer y enderezar nuestro sistema penitenciario.

En consecuencia, permanecemos vigilantes y en respaldo de cualquier propuesta legislativa que nos permita trabajar como Congreso de la Unión en la creación de las leyes que permitan al Ejecutivo diseñar y operar las mejores políticas públicas que faciliten y posibiliten una auténtica reinserción social de la población penitenciaria.

En el mismo sentido, entendemos que el entramado legal y normativo del fenómeno penitenciario merece un trabajo de alta coordinación entre los Poderes de la Unión, a fin de lograr productos socialmente útiles que permitan mejorar las condiciones de las personas privadas de la libertad por decisión judicial.

Cuando se discutió la recién expedida Ley Nacional de Ejecución Penal, se hizo evidente y se puso en la mesa la urgente necesidad de contemplar y abrazar el criterio de prestación de servicios de salud integral y previsión social, toda vez que se admitió que los mismos eran necesarios para conseguir la reinserción integral de los reos.

Como consecuencia de lo anterior, se acordó incluir dentro de dicha ley, la obligación del Estado mexicano de prestar servicios de salud y previsión social, suficientes en calidad y cantidad para toda la población de nuestro sistema penitenciario.

Gracias a lo anterior hoy contamos con una nueva ley que ya garantiza la salud integral, entendida esta como la presencia de un adecuado equilibrio biopsicosocial de todas las personas que se encuentran internas en algún centro penitenciario. De igual forma se establece ya que el Estado mexicano se encuentra obligado a prestar servicios de previsión social a los internos. Lo anterior con la finalidad, nuevamente, de contribuir a una efectiva y posible reinserción social de los mismos.

En ese sentido la reforma que nos encontramos discutiendo, atinadamente busca armonizar la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, con la Ley Nacional de Ejecución Penal, lo que no es poca cosa, y en cambio, abona a una servidumbre jurídica mayor para quienes se acercan al tema.

Con tal fin el dictamen que hoy nos ocupa establece de manera expresa, dentro de la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que la Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario deberá proponer mecanismos para implementar la salud integral y la prevención social dentro del sistema penitenciario.

Con la aplicación de la reforma propuesta, es de esperarse que logremos contribuir, como Legislativo de la unión, a mejorar en cantidad y calidad los índices se reinserción social en torno de nuestro sistema penitenciario, demanda social añeja ante la que no podemos esperar más para su debida atención. De esta suerte la labor de los poderes del Ejecutivo federal y del Poder Judicial de la Federación, en materia penitenciaria, robustece su corresponsabilidad y provechosa colaboración en bien de México.

En consecuencia el Grupo Parlamentario de Encuentro Social se manifiesta, por mi conducto, en favor de la aprobación del dictamen de mérito por su necesario contenido de salud pública en el que se abonará necesariamente a la disminución en los indicadores de reincidencia delictiva. Muchas gracias, es cuanto.

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Gracias, diputada Torres. Para fijar la postura del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, tiene el uso de la palabra la diputada Angélica Reyes Ávila.

La diputada Angélica Reyes Ávila:Con el permiso de la Presidencia, compañeras y compañeros legisladores, les saludo con respeto. Me dirijo a esta asamblea para hablar a favor del dictamen con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción IV del artículo 31 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, con la finalidad de incorporar la salud integral y la prevención social como funciones de la Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario.

El párrafo segundo del artículo 18 constitucional señala, que el sistema penitenciario se organizará sobre la base del respeto a los derechos humanos y del trabajo, la capacitación, la educación, la salud y el deporte, como medios para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad, y procurar que no vuelva a delinquir observando los beneficios que para él prevé la ley.

Del mismo modo, el párrafo noveno del artículo 21 del mismo ordenamiento, establece que la actuación de las instituciones de seguridad pública, se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en nuestra Constitución.

De este modo, en 2009, se publicó la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública como Ley Reglamentaria del artículo 21 antes mencionado, y cuyo objeto, es el de regular la integración, organización y funcionamiento del Sistema Nacional de Seguridad Pública, así como establecer la distribución de competencias y las bases de coordinación entre la Federación, los estados, la Ciudad de México y los municipios en esta materia. Así, la ley referida señala en su artículo 10, que el sistema se integra por varias conferencias, incluyendo la Conferencia Nacional de Sistema Penitenciario.

Derivado de lo anterior, el artículo 11 advierte que las conferencias nacionales establecerán los mecanismos de coordinación que permitan la formulación y ejecución de políticas, programas y acciones necesarias para el cumplimiento de sus funciones.

Ahora bien, recientemente se expidió la Ley Nacional de Ejecución Penal en la que fueron incorporados preceptos que contemplan lo relacionado a la salud integral, psicológica, psiquiátrica y prevención social.

En este sentido, es sensato adecuar las funciones de la Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario para incluir la salud integral y la prevención social. En Nueva Alianza estamos decididos a contribuir de manera sustantiva para fomentar una verdadera reinserción social de quienes tienen una condena privativa de la libertad. Nuestra apuesta será siempre en favor del respeto irrestricto de los derechos humanos, por esta razón votaremos a favor del presente dictamen. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, presidenta.

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Gracias, diputada Reyes. Esta Presidencia saluda la presencia del excelentísimo embajador extraordinario y plenipotenciario de la República Árabe Saharaui Democrática, señor Ahmed Mulay Ali, quien realiza una visita de trabajo con el Grupo de Amistad, presidido por el diputado Virgilio Caballero.

Para fijar la postura del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano tiene el uso de la palabra el diputado Manuel de Jesús Espino.

El diputado Manuel de Jesús Espino:Con su permiso, diputada presidenta. Realmente es gratificante acudir a esta tribuna para respaldar iniciativas que contribuyen al beneficio de los mexicanos.

En esta ocasión para hablar en favor de que todas y todos aprobemos el proyecto de dictamen de la Comisión de Seguridad Pública, mediante el cual estaremos reformando un artículo de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, para permitir que la Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario pueda a su vez facilitar la reinserción social de muchísimos mexicanos y mexicanas que purguen alguna pena en nuestra cárceles, pero que con esta modificación a la ley tendrán un estímulo adicional para mejorar su conducta y tener oportunidad de ser reinsertados en la vida pública del país.

Es verdaderamente estimulante aprobar esta iniciativa del diputado José García López, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, porque con esto se contribuye no solamente a fortalecer el sistema penitenciario, se contribuye también a darle una orientación humanista a las directrices de seguridad en nuestro país, que en las últimas décadas se han significado por ser altamente represivas, por estar sustentadas en medidas policiales o militares. Esta medida, esta reforma vendrá a darle un aspecto más humano a nuestro sistema penitenciario. Muchas felicidades, diputado promovente.

Ese dictamen insisto que espero aprobemos todos, es también una magnífica oportunidad para que desde esta tribuna hagamos un llamado a los órganos del Estado mexicano para que, así como estimulamos la reinserción social de delincuentes, evitemos que muchos delincuentes que andan sueltos no pisen las cárceles y tengan también la oportunidad de corregir sus conductas, pagando con justicia una pena por las conductas delictivas que han cometido.

Es oportuno convocar a las autoridades estatales, federales y por supuesto a las municipales, para que evitemos que muchos prófugos que andan hoy evadiendo la justicia, eviten cumplir sus penas como delincuentes en las cárceles mexicanas, sobre todo aquellos que han tenido cargos públicos, como Guillermo Padrés Elías, en Sonora, o como Javier Duarte, de Veracruz.

Ojalá evitemos que delincuentes acreditados evadan la justicia, como algunos que recientemente han sido postulados como candidatos a cargos de elección popular por diversos partidos políticos, y que ya tomaron protesta en esos cargos públicos o están a punto de asumir su responsabilidad como alcaldes o gobernadores.

Ojalá y evitemos que medidas como esta que hoy aprobaremos, no se vean neutralizadas o nulificadas con la evasión de la justicia que hacen delincuentes como Luis Carlos Vega Pámanes, un delincuente confeso desde 1984, a quien se le han acreditado diversos delitos que van desde el asalto a mano armada hasta el homicidio imprudencial y agresión a policías, a balazos por cierto; un personaje que como ya lo he dicho, es un delincuente acreditado pero que hoy ayuda a otros delincuentes a evadir la justicia, y con ese comportamiento que, insisto, nulifica las buenas medidas como la que hoy pretendemos aprobar en esta Cámara de Diputados.

Este personaje, este delincuente acreditado, Luis Carlos Vega Pámanes, ayuda a evadir la justicia a delincuentes desde su cargo, desde su responsabilidad pública de presidente del Supremo Tribunal de Justicia de Jalisco. Es un personaje que mancilla el Estado de derecho mexicano, que humilla el esfuerzo por la seguridad que hacemos en todo el país y que, por supuesto, avergüenza a los jaliscienses.

Este personaje, Luis Carlos Vega Pámenes, ojalá sea atraído su caso personal delincuencial por el nuevo procurador general de la República, para que no se vuelva a repetir que en este país los delincuentes emanados de la política sigan abonando a la inseguridad pública, protegiendo delincuentes, como lo es Luis Carlos Vega Pámenes.

Nuevamente gracias por el voto que le demos a esta iniciativa y más si apoyamos la convocatoria para que el procurador general de la República atraiga el caso a la instancia federal de Luis Carlos Vega Pámenes. Muchas gracias por su atención, gracias presidenta.

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Gracias, diputado Espino.

La diputada María Candelaria Ochoa Avalos(desde la curul): Presidenta.

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Tiene el uso de la palabra la diputada Candelaria Ochoa, en su curul. Sonido, por favor. ¿Con qué objeto, diputada?

La diputada María Candelaria Ochoa Avalos (desde la curul): Gracias, presidenta. Compañeras y compañeros diputados, no solo nos deberíamos sumar todos a la demanda que el diputado Espino acaba de hacer, el presidente del Supremo Tribunal de Justicia de Jalisco es un delincuente y lo han desenmascarado.

Les pedimos que no solamente sea protegido, que sea absolutamente destituido de su cargo, políticamente necesitamos tener una respuesta ante esta persona. Muchas gracias.

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Diputada, el tema no forma parte del orden del día. Gracias, diputada.

Esta Presidencia saluda a alumnos de la Facultad de Contaduría de la Universidad Autónoma de Zacatecas, invitados por el diputado Alfredo Basurto Román. De igual manera, se saluda la presencia de mujeres emprendedoras de la colonia Puente Blanco, de Iztapalapa, invitadas por el diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano.

Para fijar la postura del Grupo Parlamentario de Morena, tiene el uso de la palabra la diputada Delfina Gómez Álvarez, hasta por cinco minutos.

La diputada Delfina Gómez Álvarez:Buenos días, compañeros y compañeras diputadas, jóvenes universitarios que nos honran con su presencia, sean bienvenidos, mujeres emprendedoras.

El dictamen que ahora está por aprobarse y que el Grupo Parlamentario de Morena acompañará votando a favor, ya que si bien reconocemos que es un gran esfuerzo, sentimos que se queda muy corto en cuanto a las necesidades de nuestro país para fortalecer la seguridad pública.

Bienvenidos sean los esfuerzos por incluir medidas, como la de previsión social y salud integral en las recomendaciones que haga el Consejo Nacional de Seguridad Pública, pero esto no basta.

El Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia 2014-2018, nos advierte que la incidencia de delitos, así como el incremento y agudización de la violencia que se ha registrado en nuestro país durante los últimos años, tiene impactos negativos en la vida de las personas, entre los que destacan la modificación de comportamientos cotidianos para evitar ser víctimas de delitos, el invertir en servicios privados para seguridad, y afectaciones irreparables en la integridad física e incluso lamentablemente se ha llegado a perder la vida de las personas.

Todo lo anterior transforma la manera en que se construyen vínculos sociales, altera la relación de las personas con la comunidad y propicia el deterioro del tejido social y la convivencia comunitaria, propiciando el uso de la violencia como una forma para relacionarse y resolver problemáticas locales.

De acuerdo con la experiencia y con los estudios de investigaciones realizadas, es posible prevenir la violencia y disminuir sus efectos de la misma manera en que las medidas de salud pública han logrado prevenir y disminuir, en muchas partes del mundo, diversas complicaciones que amenazan a la salud humana, según lo expresa el compendió prevención de violencia.

Pero poco o nada podemos hacer y de casi nada servirán las medidas legislativas que tomemos, si dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación que se elabora se le destinan pocos recursos y en ocasiones cero pesos a los programas de recuperación de espacios públicos, a capacitación para el trabajo y a educación en todos sus niveles, y además se les llega a recortar recursos fingiendo que no estamos del todo bien o que no reconocemos que es un fracaso el sistema educativo actual.

Las políticas de prevención social y de salud integral, la cual incluye atención psiquiátrica, no dará ningún resultado ni podrán ayudar a disminuir los índices de violencia si no tomamos decisiones inmediatas y firmes para apoyar el desarrollo y sacar de la pobreza a millones de compatriotas que tengan mayor opción de trabajo, que haya una mejor alimentación, vivienda y salud para sí mismos y para sus familias.

Dictámenes como el que hoy aprobamos y que nos han llevado meses proponer, discutir y aprobar, cuyos efectos se verán a largo plazo, en poco o casi nada ayudarán a detener la ola de violencia que vivimos si no trabajamos los valores y si no trabajamos una política social.

El primer semestre de 2016 cerró con el mayor incremento de homicidios de los últimos 6 años en México.

El pasado 25 de julio de 2016 el Inegi indicó que durante 2015 se contabilizaron 20 mil 525 homicidios en México. Número que por cierto es muy similar al registrado en 2014.

Por eso decimos que es un fracaso la actual política, porque después de cuatro años de gobierno y miles de millones de pesos gastados en seguridad pública estamos igual que en el sexenio anterior con Felipe Calderón y su guerra contra las drogas. Con miles de muertos en las calles.

Al ritmo que llevamos vamos a cerrar el año, seguramente, con cerca de 23 mil homicidios en 2016. Diez mil muertos por hechos de violencia más que el año pasado.

Pero aun así, Morena votará a favor, porque sabemos que esta iniciativa, insisto, contribuye a una mejor acción en beneficio de nuestra seguridad pública y estamos convencidos que las acciones preventivas son las que tienen mayor futuro y las que rinden más frutos.

Por ello los exhortamos a que se sigan haciendo iniciativas de este tipo y reconocemos el esfuerzo que hace nuestro compañero de enviar este tipo de iniciativas. Muchas gracias.

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Gracias, diputada Delfina Gómez. Para fijar la postura del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México tiene el uso de la palabra el diputado Cándido Ochoa Rojas.

El diputado Cándido Ochoa Rojas:Con el permiso de los presentes. El Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México votará a favor del presente dictamen, fundamentalmente porque todo lo que contribuya a la reinserción social de las personas que incurrieron en algún delito debe ser respaldado por esta soberanía. Pero además, porque de esta manera se avanza en el cumplimiento a las reformas recientes efectuadas a los artículos 18 y 21 de la Constitución federal.

En efecto, el dictamen que nos ocupa da continuidad al espíritu de la reforma del artículo 18 de la Carta Magna, modificado el pasado 10 de junio de 2011, que incorpora la salud y el deporte como medios de reinserción social. Asimismo, se complementa con lo que establece la reciente ley aprobada, la Ley Nacional de Ejecución Penal, la cual en su cuerpo de articulado contempla lo relacionado a la salud integral, psicológica, psiquiátrica y la prevención social para fortalecer la reincorporación a la sociedad de las personas que cumplieron una condena en prisión y que ahora se encuentran en libertad.

Como se sabe, la iniciativa que dio origen al presente dictamen proponía reformar el artículo 31 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, agregando como función de la Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario la de proponer mecanismos para implementar la salud integral, psicológica, psiquiátrica y de prevención social como medios de reinserción social.

De ahí que es de destacar el acierto de la comisión dictaminadora al precisar que al hablar de la salud integral va inmerso el estado completo de bienestar físico, mental y social, tal y como lo señala el artículo 1 Bis de la Ley General de Salud. Por lo que se considera rotundamente referirse a la salud psicológica y psiquiátrica, pues estas se encuentran contenidas en el concepto de salud integral.

Como lo ha señalado la jurista Laura Elena Alanís García, a partir de la reforma pública del 18 de junio de 2008 la noción de reinserción social, como uno de los fines de la pena cobró mayor relevancia en el sistema de seguridad pública y justicia penal en nuestro país, porque la judicialización del procedimiento de ejecución se ha centrado en la búsqueda eficaz de la generación de las condiciones para el cumplimiento de ese propósito, con observancia además de los derechos humanos y los beneficios de la ley reconocidos para los sentenciados.

En ese sentido, la reinserción social debe ser precedida por programas de intervención llevados a cabo por profesionales terapéuticos o psicológicos que lo que hacen es conseguir que los presos puedan superar los problemas que dieron origen a su reclusión. Esta es una tarea que le toca a la autoridad penitenciaria fortalecer.

No podemos soslayar que durante mucho tiempo las condiciones generales de nuestro sistema penitenciario impidieron ofrecer un servicio integral de calidad a las personas que se encontraban privadas de la libertad, pero fue precisamente uno de los motivos por los cuales se diseñó la reforma en materia de derechos humanos y de ejecución penal que busca garantizar a los internos el respeto a sus derechos humanos, incluido, desde luego, el acceso efectivo a la protección de la salud.

No olvidemos que el comité de los derechos humanos de la ONU, ha señalado reiteradamente que la obligación de tratar a las personas con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano, comprende entre otras cosas, la prestación de cuidados médicos adecuados, incluso para aquellas personas sobre quienes el Estado detenta una sujeción especial por encontrarse bajo su custodia.

Por estas razones, el sentido de nuestro voto será a favor del presente dictamen. Por su atención gracias. Es cuanto, señora presidenta.

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Gracias, diputado Ochoa. Tiene el uso de la palabra, para fijar la postura del Grupo Parlamentario del PRD, la diputada Cristina Teresa García Bravo.

La diputada María Cristina Teresa García Bravo:Con su permiso, diputada presidenta. Compañeras y compañeros diputados. El sistema penitenciario en México enfrenta una grave crisis, no solo por la falta de una adecuada política nacional que observe y cumpla los principios constitucionales, sino porque en los 419 centros penitenciarios se vive a diario la sobrepoblación, el hacinamiento, el autogobierno delincuencial y una clasificación incorrecta de las personas que se encuentran ahí internadas.

Sabemos que durante los últimos 10 años, el número de internos en el país ha tenido un crecimiento importante, crecimiento que se debe en gran medida a la inseguridad, la corrupción, el narcotráfico, la delincuencia organizada, el tráfico de armas y los abusos de poder, entre otros.

De ahí la importancia que para el Partido de la Revolución Democrática tiene el presente dictamen por el que votaremos a favor para reformar el artículo 31 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la cual permitirá dar pasos importantes al sistema penitenciario en nuestro país, a fin de que la Secretaría de Gobernación, a través de la Conferencia Nacional del Sistema Nacional Penitenciario, proponga mecanismos para implementar la salud integral y la prevención social como medios de reinserción social basados en los principios en materia de derechos humanos previstos en los artículos 18 y 21 constitucionales y en los tratados internacionales donde el Estado mexicano es parte.

Sin duda, con este dictamen vamos a contribuir para que el Consejo Nacional de Seguridad Pública formule y ejecute políticas públicas, programas y acciones necesarios para el cumplimiento de sus funciones.

No queremos dejar de señalar que el fin no es mantener al interno aislado, sino generar las condiciones necesarias para reencauzar sus hábitos de conducta, sus costumbres y procesos cognitivos para que sea capaz de generar nuevos patrones de vida ajenos a la comisión del delito y de ese modo se eliminen factores que conducen a la reincidencia.

Por ello, compañeras y compañeros diputados, las y los diputados del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, votaremos a favor del presente dictamen porque estamos convencidos de que esta reforma a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública va a registrar importantes cambios cualitativos y cuantitativos en las prisiones del país, pero sin duda redundará en mejores resultados para la exigencia social de una auténtica reinserción social y mayor certidumbre en los procedimientos penitenciarios. Es cuanto, señora presidenta.

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Gracias, diputada García Bravo. Esta Presidencia saluda a alumnos de la Universidad Tecnológica Brich que hoy realizan una visita a esta Cámara, invitados por el diputado David Sánchez Isidoro. Bienvenidos. Para fijar la postura del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, tiene el uso de la palabra el diputado José Máximo García López.

El diputado José Máximo García López:Con su venia, diputada presidenta. Miembros de la Mesa Directiva, los saludo esta tarde. Compañeras y compañeros diputados. Me permito hacer uso de esta tribuna a efecto de realizar el posicionamiento de mi Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con respecto del dictamen que se pone a consideración de este pleno con reforma al artículo 31 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Dicho dictamen tiene la finalidad de que se incluya como atribución de la Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario el proponer mecanismos de salud integral y y de prevención social, adicionalmente a los mecanismos ya establecidos en la ley respecto a la implementación de la educación y del deporte como medidas de reinserción social.

La Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, es el ordenamiento derivado de la reforma en materia de seguridad y justicia encaminado a la articulación y homologación de las políticas públicas, programas, mecanismos e instituciones de los tres órdenes de gobierno, a efecto de garantizar un esquema de trabajo coherente y eficaz de dichos órdenes de gobierno en esta sensible materia.

Quiero establecer aquí los criterios que en el caso de un servidor como inicialista, nos dieron el motivo por el cual presentar esta iniciativa a esta Cámara. Fundamentalmente por la gran reincidencia y en donde tenemos una gran cantidad de personas alrededor, hasta el 2014, de 213 presos en nuestro país, y el 18 por ciento siendo reincidentes. Revela que 38 mil 186 reos volvieron a delinquir una vez que cumplieron su condena y su mayoría, el 86 por ciento, se encuentran tras las rejas por algún delito del fuero común. Advierte que durante el 2011 únicamente el 39 por ciento recibió un programa de readaptación social.

Y esto va más allá no solamente de quienes van a atender una problemática y de quienes están cumpliendo una condena, sino que lamentablemente los efectos colaterales de las acciones de estas personas, afectan también a sus familias. Y es por ello la necesidad de no sólo atender la condena de una persona que comete un delito, sino también atender la problemática que genera con sus familias, con sus amigos y con su entorno social.

Trabajar fuertemente en un programa de reinserción que lamentablemente en la mayoría de los penales y los Cereso de este país no se tienen, no se cuentan con ellos, y es por ello la necesidad de atender esta problemática.

Para mí es muy valioso que el día de hoy todos los grupos parlamentarios estén apoyando esta propuesta; agradezco a cada uno de los que intervinieron, y sobre todo agradezco a mi grupo parlamentario, al presidente de la Comisión de Seguridad Pública, al diputado Jorge Ramos Hernández, y a los miembros de la comisión por el apoyo a esta iniciativa.

La prevención social es igualmente indispensable para efectos de la población penitenciaria, de las posibilidades de reinserción de efecto de corresponsabilizarlos del orden social en su entorno.

Es importante resaltar que estaremos atendiendo en lo futuro lo que es el nuevo sistema penal acusatorio que entró en vigor en todo el país y que tendremos grandes retos, sobre todo en las leyes secundarias, y sobre todo en los estados, porque bueno, vienen temas importantes, uno de ellos el problema de las adicciones, y esta iniciativa también tiene gran interés y tenía una gran motivación el atender estar problemática de las adicciones porque básicamente, en su mayoría tampoco hay una atención de manera clara en estos centros de rehabilitación.

Por ello, agradezco y sobre todo invito a que votemos a favor de esta iniciativa que busca atender esta problemática de la reinserción social de las personas que cumplen una condena. Muchísimas gracias, y que tengan una buena tarde.

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Gracias diputado Máximo García.

Se encuentran en este recinto regidoras y regidores del municipio de Tepeapulco Hidalgo, así como su presidente municipal, ingeniero José Alfonso Delgadillo López, invitados por el diputado Carlos Sarabia.

Saludamos también la presencia de alumnos de la Universidad Metropolitana de Xochimilco, invitados por el diputado Alfredo Javier Rodríguez Dávila. De igual manera saludamos a los alumnos del Instituto Salvador Allende, de Puebla, invitados por el diputado Rodrigo Abdala Dartigues.

Para fijar la postura del Grupo Parlamentario del PRI, tiene el uso de la palabra hasta por cinco minutos, el diputado Abel Murrieta Gutiérrez.

El diputado Abel Murrieta Gutiérrez:Gracias. Con su permiso, señor Presidente, y el de la Mesa Directiva, entre los temas de seguridad, indiscutiblemente ha sido uno de los más discutidos en los últimos años.

Desde luego el nuevo sistema de justicia penal ha tenido logros importantes, pero quizá la etapa del proceso penal menos mencionada y menos atendida, ha sido la etapa de reinserción social.

Hoy celebramos que esta legislatura atienda uno de los reclamos más sentidos y más importantes para lograr la seguridad que tanto anhelamos. No todos son juicios, no todo es medidas, también la reinserción social juega un papel muy importante en la seguridad.

Los centros penitenciarios sin duda son un reflejo de nuestra sociedad, pues que esta legislatura ponga también sobre la mesa las medidas para que la sociedad cambie ese reflejo. El individuo no actúa solo, actúa con una consecuencia social. No puede cambiar su pasado, pero sí puede cambiar su futuro.

Con la reforma de 2008 se sustituyó el término de readaptación por el de reinserción, que a diferencia del primero lo reconoce como un problema social y no individual, de forma que al fin de la prisión cambia radicalmente, debido a que no busca readaptar, sino regresar al sujeto a la vida social.

En nuestro país el gobierno federal no ha sido ajeno a la importancia, ha sido congruente con la importancia de la reinserción social. Muestra de esa preocupación ha sido el crecimiento en los espacios de los Centros de Readaptación Social, que han aumentado de 2012 a la fecha hasta en el 41.8 por ciento.

Brindar a aquellos a quienes exigimos integridad es labor fundamental en el seguimiento de las acciones de las personas que hoy tras un agravio a la sociedad cumplen su condena. Esta reforma tiene un gran acierto, parte de una base: no todo es castigo. El ser humano no reacciona solo al castigo, reacciona también al estímulo positivo a la dignidad de las personas. Ese es el mérito.

No estamos hablando de aumentar penas, estamos hablando de reinsertar al individuo en base al estímulo positivo. Por eso, mi bancada, el Partido Revolucionario Institucional, está a favor de esta medida sin ninguna duda. En nuestra plataforma electoral 2015 destacamos la importancia del sistema penitenciario y señalamos que debía ser eficaz, y eficaz no es que cumpla un castigo. Eficaz es que la persona tenga la oportunidad de reinsertarse en la sociedad.

Impulsar la salud integral es fomentar la relación armónica de los procesos biológicos y psicológicos que conforman la vida de los seres humanos. No solamente es hablar de la salud como un tema de derechos humanos, es hablar de la salud como un tema preventivo, cuando una persona es bien tratada seguramente no va a reaccionar con coraje. Muchos de los delincuentes son personas con coraje y reclamo a la sociedad. La dignidad también va a tener el mérito de que esas personas reaccionen favorablemente a la sociedad.

En el Plan Nacional de Desarrollo 2013 se menciona en su meta México en Paz, la transformación institucional mediante el impulso de un sistema penitenciario nacional que promueva la reinserción social efectiva. Esta reforma tiene el mérito de darle a la Secretaría de Gobernación, responsable de este tema, la oportunidad que ya en la Constitución tenía y que seguramente será más eficaz en la práctica con esta nueva disposición en la ley nacional de seguridad pública.

La reinserción social no comienza en las penitenciarías, comienza aquí dejando de condenar a quienes por su pasado hoy purgan una sentencia, ofreciéndoles la oportunidad de un futuro mejor.

La injusticia no se combate con más injusticia, se combate promoviendo valores. Una sociedad en la que cada persona importa, una sociedad consciente de que cada vez que recuperemos a un mexicano para una vida mejor, recuperamos lo mejor, su gente y para su gente. Muchas gracias y a apoyar la medida. Muchas gracias.

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Gracias, diputado Murrieta. Agotada la lista de oradores, consulte la Secretaría a la asamblea en votación económica, si se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular.

La Secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta la asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Diputada presidenta, mayoría por la afirmativa.

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Gracias, secretaria. Suficientemente discutido en lo general y en lo particular.

Se pide a la Secretaría abra el sistema electrónico por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular.

La Secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos:Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular.

(Votación)

¿Falta alguna diputada o diputado por emitir su voto? El sistema aún se encuentra abierto. Se pregunta nuevamente si falta alguna diputada o diputado por emitir su voto. Ciérrese el sistema de votación electrónico. Diputada presidenta, se emitieron 406 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra.

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Aprobado en lo general y en lo particular por 406 votos el proyecto de decreto por el que se reforma la fracción IV del artículo 31 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Pasa al Senado, para sus efectos constitucionales.

LEY GENERAL DE SALUD

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: El siguiente punto del orden del día es la discusión de dos dictámenes de la Comisión de Salud. El primero, con proyecto de decreto por el que se adicionan los artículos 61 y 64 de la Ley General de Salud, y el segundo, con proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 87 de la Ley General de Salud.

La Secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos: Dictamen de la Comisión de Salud, con proyecto de decreto por el que se adicionan los artículos 61 y 64 de la Ley General de Salud.

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Se informa a la asamblea que la fundamentación de los dos dictámenes se hará en un solo acto, así como el posicionamiento de los grupos parlamentarios.

En consecuencia tiene la palabra, hasta por 10 minutos, el diputado Elías Octavio Iñiguez Mejía, para fundamental los dos dictámenes de conformidad con el artículo 104, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados.

El diputado Elías Octavio Iñiguez Mejía:Muy buenas tardes, diputadas y diputados. El día de hoy, representando a la Comisión de Salud, igualmente como los anteriores me siento muy contento de poder sacar estos dictámenes y ojalá los puedan respaldar, pero nada más con la aclaratoria de que uno es una minuta del Senado.

La minuta del Senado habla de un tema muy importante que en México está sucediendo y no lo estamos detectando a tiempo. Diputadas y diputados, estamos hablando de la luxación congénita de cadera, donde probablemente muchos de ustedes, que también muchos de ustedes son médicos, somos médicos, entendemos qué es esta problemática.

Los que no son médicos, les explico. Hay niños que nacen y no pueden, pueden después de dos años, de un año no pueden hacer que sus hijos caminen, los niños no pueden ejercer los pasos, porque nunca se detectaron, nunca se detectó a tiempo que tenía una luxación congénita de cadera.

El día de hoy nosotros tenemos, los médicos, desde el momento del nacimiento se hacen tres pruebas clínicas, donde esas tres pruebas clínicas se les dice ortolani, donde la cadera tenemos que ver que no exista este chasquido, no exista ese problema, pero qué pasa cuando no lo detectamos o cuando el médico no está capacitado para poder detectarlo, ese niño va a ser una persona con discapacidad.

Muchas de ustedes y muchos de ustedes han visto gente que usa un zapato con un tacón más alto que otro, es ocasionado mucha de las veces por este diagnóstico que no fue un diagnóstico oportuno.

En México el 2 por ciento de la población puede llegar a tener este padecimiento. Pero además, un 1.5 por cada mil recién nacidos, y principalmente las niñas, pueden padecer esta luxación congénita de cadera.

En la Comisión fijamos una postura, la cual agradezco, como siempre, a los 30 miembros de la Comisión porque después de darle cifras que entre 2013 a 2023 se prevé que aproximadamente 100 mil niñas y niños sufrirán este padecimiento si no lo detectamos a tiempo.

Así es que, diputadas y diputados, aprobamos y consideramos que el apoyo para esta minuta del Senado, el ultrasonido en esta minuta es indispensable para la detección oportuna. Pero antes del ultrasonido una simple radiografía a tiempo puede evitar que este niño o esta niña tengan una vida saludable y productiva en nuestro querido país.

Así es que les pido el voto a favor para que esta minuta del Senado, a favor de nuestras niñas y de nuestros niños mexicanos sea una realidad y no tengamos esta luxación congénita de cadera en más niñas, en más mexicanas que sufren bastante en una edad adulta.

El siguiente dictamen, si es una iniciativa, y quiero hablar sobre el proyecto de decreto donde se reforma, principalmente, vamos a hablar sobre los pre internos de pregrado, los internos, los residentes y los pasantes de medicina. Es un tema muy dolido por nuestros estudiantes de medicina, pero además, también nosotros hemos visto que al diputado, el cual celebro, el diputado José Bernardo Quezada hubiera presentado el que nuestros pasantes, nuestros internos y los residentes puedan tener realmente un estudio de calidad, de calidez, pero más que nada, que sean respetados los horarios. Que se respeten esas jornadas que nuestros médicos no pueden cubrir.

Los que somos médicos y hemos pasado por estos ciclos de nuestras vidas, que por cierto, son de los mejores ciclos de nuestras vidas como médicos. Pero las jornadas médicas, las guardias médicas que tienen los residentes, los internos y los pasantes son muy extensas. Hay guardias de 36 horas y solamente descansan 12.

Pero además de eso, hay hospitales donde se les turna a las guardias de castigo y el único fundamento es que si a ellos los trataron mal, por qué ellos no van a tratar mal a sus pasantes, a sus internos o a sus preinternos.

Diputadas y diputados, nuestros médicos no pueden seguir sufriendo un acoso por el tema del horario. Nuestros internos también se cansan, nuestros pasantes necesitan de mayores garantías. Hay pasantes que van a lugares muy alejados, a lugares donde hemos visto casos de médicos a los que les han quitado la vida; donde hemos visto que médicos pasantes han sido acosados, han sido presionados y no les queda otra más que retirarse del lugar.

Las guardias que tienen nuestros residentes en los hospitales imagínense ustedes después de 36 horas de arduo trabajo seguir dando consulta y una buena atención. Hay casos de muchos médicos pasantes internos y residentes donde se ha elevado el número de enfermedades mentales, donde hemos tenido médicos que han tenido una depresión y han estado hospitalizados en hospitales donde se les da la atención para que sigan después de la guardia atendiendo con una buena calidad y con calidez a todos nuestros mexicanos.

Repercute principalmente que estas guardias de 36 horas no pueden ser factibles para ningún médico, ninguna doctora. Es indispensable que salvaguardemos la integridad física y mental de nuestros pasantes de carrera de medicina, de nuestros internos y de nuestros residentes.

Ellos en un futuro serán médicos, serán adscritos y estarán al frente de un servicio y estarán al frente de un paciente. Necesitamos que la salud laboral del personal médico sea congruente con la capacidad física de toda la gente que labora más de 36 horas al día.

Es por eso que también les pido que nos sumemos a esta iniciativa a favor, porque el acto médico, diputadas y diputados, es un acto de buena fe. El acto médico no lo podemos criminalizar, como en muchos de los casos ha habido abogados o ha habido gente que se ha involucrado a hacer negocio con el acto médico.

Los médicos estudiamos para salvar vidas. Los médicos estudiamos para atender a las personas y salvaguardar la vida de los mexicanos. No queremos médicos como en otros países que son médicos nada más de estudios de gabinete, que son médicos que dan un diagnóstico con el resultado de una radiografía o de una tomografía. Necesitamos médicos como nos formaron a muchos. Necesitamos médicos clínicos. Necesitamos médicos que puedan tener cercanía con sus pacientes. Necesitamos médicos que toquen, palpen, ausculten y esa historia clínica sea completa.

Por eso yo les pido que, junto a la Comisión de Salud, votemos a favor de los médicos, a favor de los futuros médicos que el día de hoy son internos, a favor de los próximos médicos especialistas que son nuestros residentes, así como nuestros pasantes votemos a favor y consideremos que la propia norma y la propia Secretaría de Salud, así como nuestras instituciones, el IMSS y el ISSSTE, salvaguarde, apoye, pero más que nada, proteja y le dé salud a nuestra gente, que le da la atención a tantos y a tantas mexicanas.

Los pasantes, los internos y los residentes les estarán muy agradecidos por votar a favor esta iniciativa. Es cuanto, diputada presidenta.

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Gracias, diputado Elías Iñiguez.

Está a discusión en lo general y en lo particular. De conformidad con el artículo 104, numeral 1, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados, se han registrado para fijar la posición de su grupo parlamentario, para los dos dictámenes, las siguientes diputadas y diputados quienes harán uso de la palabra, hasta por cinco minutos.

Para fijar la postura del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, tiene el uso de la tribuna la diputada Ana Guadalupe Perea Santos.

La diputada Ana Guadalupe Perea Santos:Con el permiso de la Presidencia, compañeras, compañeros legisladores y medios que el día de hoy nos acompañan. En Encuentro Social reconocemos la necesidad de contar con un sistema nacional de salud robusto, eficiente, de rostro humano y con un marco jurídico en permanente actualización para ofrecer respuestas a 120 millones de mexicanos.

Hoy tenemos en nuestras manos, dos dictámenes que resuelven por una parte el injusto desgaste de los estudiantes de medicina, prestadores de servicio social, y por otra las deficiencias en el diagnóstico oportuno de la displasia de cadera en recién nacidos y niños de hasta cinco años de edad.

Por cuanto al servicio social, de acuerdo con la OCDE, si bien la oferta de trabajadores de la salud en México se ha incrementado en los últimos años pasando de 1.6 médicos por cada mil habitantes en el año 2000 a 2.2 médicos por cada mil habitantes en el año 2012, todavía se encuentra por debajo de los estándares de los países pertenecientes a esta organización, cuyo promedio es de 3.2 médicos.

México se encuentra rezagado además en la formación de estos profesionistas, y uno de los múltiples problemas para el egreso de los estudiantes es el trato al que son sometidos durante su servicio social, destacando prolongadas guardias médicas en este sistema frecuente que, al sistema de guardias de hasta 36 horas continuas, repercuta de manera negativa en su salud física, mental y emocional.

En cuanto al dictamen de la minuta para incluir en la protección materno-infantil y la promoción de la salud materna el diagnóstico oportuno de displasia de cadera a través de exámenes clínicos que van desde la primera semana de nacimiento hasta los 12 meses de edad, así como la atención temprana cuando ya ha sido diagnosticada durante el crecimiento de menores de cinco años de edad, consideramos que se trata de una asignatura pendiente que la sociedad demandaba hace mucho tiempo.

La displasia supone anormalidades anatómicas que afectan la articulación de coxis con el fémur de los infantes originada por afectaciones de la cadera durante los periodos embriológicos fetal o infantil.

Hoy día cuatro de cada mil nacimientos en México presenta estas alteraciones y de acuerdo con cifras del Inegi existen 480 mil mexicanos con este padecimiento. Especialmente en zonas rurales y de alta marginación se tienen pocas posibilidades de detener oportunamente este diagnóstico para lo cual puede bastar con la realización de un ultrasonido.

Quienes padecen secuelas de displasia de cadera, constituye un grupo vulnerable que puede padecer diferentes formas de discriminación, lo que afecta la salud y cohesión social de México.

De este modo, tanto proteger la integridad de los médicos que habrán de dar atención a las generaciones futuras de mexicanos como el facilitar la detección oportuna de un padecimiento que merece mayor atención de legisladores y población en general, se considera de alta prioridad.

En mérito de lo antes expuesto y en tanto se trata de dos dictámenes que fortalecen al Sistema Nacional de Salud, en pro de la sociedad, el Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, votaremos a favor. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, diputada presidenta.

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Gracias, diputada Perea. Para fijar la postura del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, tiene el uso de la palabra el diputado Francisco Javier Pinto Torres.

El diputado Francisco Javier Pinto Torres:Muy buenas tardes. Con el permiso de la presidenta. Y si me lo periten, desde aquí enviar un cordial saludo a toda la comunidad normalista, en especial a la Normal de Colima Lisenco que hoy está teniendo un evento excelente ahí en la capital del estado, y a los estudiantes de medicina de la Universidad de Colima, creo que esto tiene que ver también con ellos.

Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados, hago uso de esta tribuna para referirme al dictamen de la Comisión de Salud con proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 87 de la Ley General de Salud, dictamen que en Nueva Alianza votaremos a favor al ser resultado de una preocupación planteada por medio de una iniciativa de nuestro grupo parlamentario.

El servicio social tiene como propósito vincular al estudiante con su entorno, así como retribuir a la sociedad en forma de acción social, los beneficios que tienen los estudiantes y que ellos recibieron durante su formación.

En nuestro país el sistema de guardias para los alumnos que realizan internado médico, prácticas y/o servicio social, es muy variada, llegando a alcanzar extenuantes jornadas de hasta 36 horas. Cabe mencionar que de ahí la necesidad de aprobar este dictamen para establecer en la ley que en la presentación del servicio social se respeten los ciclos de descanso de los pasantes, salvaguardando su integridad física y también la mental, con la finalidad de mejorar la calidad de la atención médica.

Por la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, es un importante sector de pasantes, quedó fuera de los lineamientos internacionales sobre el tiempo libre como un derecho del trabajador. Las cifras revelan que al 34.4 por ciento no se le respetaron los días para descansar, en 12.6 por ciento de los casos no se acataron los períodos vacacionales que marca el Reglamento del Servicio Social de la Facultad médica de la UNAM, mientras que un 27.9 por ciento no pudo elegir libremente sus períodos vacacionales.

Todo ello aunado a las condiciones de la comunidad o del centro de trabajo puede provocar el llamado síndrome de burnout, que se caracteriza por fatiga, frustración, cansancio emocional, pero además la desesperación.

Compañeras y compañeros, las largas jornadas de guardia ponen en riesgo la salud de los profesionales, pero también la seguridad de los pacientes, ya que se han demostrado que el cansancio aumenta la posibilidad de errores técnicos, asistenciales y en la interpretación de los propios resultados médicos.

Es momento de propiciar mecanismos que permitan a los pasantes de las áreas médicas cumplir su servicio social en ambientes laborales que privilegien su integridad física y su integridad mental, y de esta manera garantizar que puedan proporcionar una adecuada atención médica a toda la ciudadanía.

En lo que respecta al segundo dictamen, la displasia de cadera es una anomalía congénita debido a un desarrollo extraño de la cadera durante el embarazo, aunque habitualmente es diagnosticada en el nacimiento, hay casos en los que los síntomas pueden no percibirse hasta después del mismo.

Se estima que nuestro país, aproximadamente el 2 por ciento de la población, puede llegar a presentar este problema, el cual se cataloga bajo el diagnóstico de congénita de cadera.

Si la displasia de cadera se detecta en los primeros meses de vida, casi siempre puede tratarse con éxito, por medio de un dispositivo ortopédico. Por ello, los controles periódicos son fundamentales para un diagnóstico oportuno que permita iniciar el tratamiento antes de que el niño empiece a dar esos primeros pasos.

En Nueva Alianza sabemos que el desarrollo sano de la infancia es crucial para el bienestar de cualquier sociedad. Por ende, de manera permanente, impulsamos acciones encaminadas a garantizar la salud y crecimiento del desarrollo de las niñas y los niños.

En ese sentido, celebramos y apoyamos este dictamen, a fin de establecer en las disposiciones que regulan la protección materno-infantil, el diagnóstico oportuno de la displasia en el desarrollo de la cadera.

Con ello se aborda de manera integral el problema, pues al detectarse oportunamente en nuestros menores pueden ser tratadas y tratados con mayor eficacia, rapidez y efectividad, evitándoles secuelas que podrían cambiar su vida. Por su atención y apoyo, muchas gracias. Es cuanto, señora presidenta.

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Gracias, diputado Pinto.

Damos la bienvenida a jóvenes del Consejo Estudiantil del Instituto Tecnológico de Celaya, invitados por la diputada Adriana Elizarraraz Sandoval.

De igual manera saludamos la presencia de alumnos de la Escuela Primaria René Avilés Rojas, invitados por el diputado Raymundo Martínez Vite. Asimismo damos la bienvenida a estudiantes de licenciatura del Centro Interamericano del Valle de Tehuacán, invitados por el diputado Sergio Emilio Gómez Olivier.

Para fijar la postura del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano tiene el uso de la palabra, hasta por cinco minutos, la diputada Rosa Alba Ramírez Nachis.

La diputada Rosa Alba Ramírez Nachis:Con el permiso de la Presidencia y de esta honorable Mesa Directiva. Me permito participar con ustedes cuál es la oportunidad, la gran oportunidad de la aprobación de estos dos dictámenes para la salud del pueblo de México.

En Movimiento Ciudadano estamos conscientes que en salud no existe oportunidad de regatear absolutamente nada, que la salud de los mexicanos es básica y la protección de los infantes es primordial para que en el futuro cada uno de esos mexicanos tengan la oportunidad de gozar de un perfecto estado de salud.

Conocedores de esta problemática de salud pública nos referiremos personalmente a la luxación congénita de cadera, que hoy nos ocupa este dictamen para poder implementar técnicas y prácticas que permitan detectar oportunamente este mal que aqueja a muchos infantes mexicanos.

Esta enfermedad conocida como luxación congénita de cadera comprende esas deformidades o anomalías en la articulación y que genera esa displasia, esa mala formación y desarrollo que les impide a los niños, a los adolescentes y en muchas ocasiones hasta llegar a la edad adulta, la funcionalidad correcta en la deambulación o en las posturas.

El promovente de esta iniciativa menciona que el 2 por ciento de la población puede llegar a tener este padecimiento y que lamentablemente si no se detecta genera gran afectación. Esto significa que si de 2013 a 2023, según las estadísticas de la Conapo, tendríamos nosotros 24 millones de habitantes más y 100 mil de estos habitantes tendrían ese grave problema en su cadera.

Por ello es bienvenida y vamos a favor de la aprobación, donde se establezca que las disposiciones regularán la protección materno-infantil y la promoción de la salud en el diagnóstico oportuno y la atención temprana de la displasia en el desarrollo de la cadera, a través de la implementación de exámenes clínicos en las primeras semanas del nacimiento, en el primer mes o en los primeros dos a cuatro años de vida, y seis a nueve meses de edad, así como la implementación del ultrasonido como medio de diagnóstico oportuno y veraz, y la radiografía.

También estamos a favor de esa justicia que los que están en la formación del área médica están demandando ante las condiciones tan graves que tienen de ir en aras de su formación, generando guardias tan extenuantes, tan demandantes que les impide el perfecto aprovechamiento y el desarrollo de sus habilidades y destrezas, pues en estos casos nosotros nos encontramos que existen médicos en formación que hacen guardias que van hasta de 36 horas.

¿Quién, qué humano, quién de nosotros podría soportar semejante carga horaria, y mucho menos atendiendo y generando actividades relacionadas con la salud, con el desarrollo de prácticas médicas? Por eso celebramos la oportunidad de la modificación a este artículo 87, para que nunca más se vuelva a comprometer la integridad de la salud de esos médicos en formación con jornadas extenuantes, pues no sería nada propio ni nada probo que quienes están en formación se encuentren en capacidad de sufrir un riesgo o de generar una afectación a los que están a su cuidado.

Por esta razón, el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, siempre apoyando las buenas prácticas y los compromisos que esta Cámara tiene para con el pueblo de México, se pronuncia a favor de estas dos iniciativas, que vienen a redundar en la integridad de los infantes para su desarrollo futuro y en la seguridad de la salud y de la oportuna restricción de horarios extenuantes para los médicos en formación. Muchas gracias, presidenta.

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Gracias, diputada Ramírez Nachis. Para fijar la postura del Grupo Parlamentario de Morena, tiene el uso de la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado Roberto Guzmán Jacobo.

El diputado Roberto Guzmán Jacobo:Compañeros, compañeras, diputados y diputadas, no cambiemos a la salud por la riqueza ni la libertad por el poder.

Con la venia de la Presidencia, cada año nacen en México miles de niños con deformaciones en la cadera, en el hueso ilíaco y en el fémur. Los médicos dictaminan esta deformidad como displasia en el desarrollo de la cadera.

Las alteraciones en los huesos de la cadera provocan desviación de la columna, acortamiento de la pierna y deformaciones en las rodillas. Además, de producir dolor y pérdida de movilidad.

La displasia del desarrollo de la cadera es una enfermedad que puede desarrollarse en el periodo prenatal o posterior al nacimiento. Entre los principales factores que se predisponen en la enfermedad se encuentra un desarrollo fetal estreñido o estrecho, en una posición no adecuada fetal.

Los niños con antecedentes en sus familiares directos son más propensos a padecer esta enfermedad. Las alteraciones en la cadera convierten a quien la padece en los discapacitados.

Quienes enfrentan esta enfermedad son rechazados en las escuelas, en las actividades deportivas y laborales, son estigmatizados en apodos insultantes, sufren discriminación en la vida cotidiana y marginación social. Adicionalmente, el 60 por ciento de los discapacitados se encuentran entre las personas que padecen en pobreza extrema.

Cualquier retardo en el diagnóstico hará más difícil el tratamiento y provocará peores resultados. A los seis meses puede tener alteraciones patológicas infactibles en el recién nacido.

Con la finalidad de lograr la detención y tratamiento precoz de este padecimiento, es conveniente la aplicación en un estudio radiológico a los niños en las primeras semanas después del nacimiento.

Adicionalmente es conveniente señalar que actualmente la mayoría de los hospitales de primer nivel digitalizan sus archivos radiológicos. Es decir, las imágenes se archivan en forma digitales, sin la necesidad de imprimir el estudio radiológico, lo que abaratará en un gran porcentaje del estudio.

Los diputados de Morena estamos de acuerdo en el dictamen en el que se establece el diagnóstico oportuno y atención temprana de la displasia en el desarrollo de la cadera, por lo que votaremos a favor.

En México, la experiencia del servicio social resulta crucial en la formación profesional. Durante el servicio social, los pasantes integran y aplican los conocimientos adquiridos en los años previos de su formación y es en el inicio del ejercicio de la práctica médica profesional en las instituciones sanitarias del país, en beneficio de la sociedad, aunque el estatus de los estudiantes es becario durante un año, se convierten en responsables de los pacientes asignados en las labores médicas, preventivas y curativas.

En la práctica adquieren deberes y obligaciones de médicos generales como responsables de los consultorios, aunque en condiciones laborables precarias. Los pasantes enfrentan una realidad laboral que se hace confusa desde la llegada al Centro de Salud, mientras que sus expectativas es contar con el apoyo decidido del personal sanitario, la mayoría reporta que no recibieron explicaciones por parte de los médicos acerca de las funciones que deberían realizar.

La falta de la comunicación caracteriza la relación entre los pasantes y los médicos de los centros de salud. En cuanto a la carga de trabajo se espera que el entusiasmo y el deseo de poner en práctica los conocimientos teóricos adquiridos, dispongan a los pasantes a realizar un gran número de acciones preventivas y curativas. Sin embargo, se enfrentan a una sobrecarga de trabajo y a la falta de apoyo de las instituciones educativas y de salud.

Uno de cada cuatro médicos que atiende a la población mexicana en el sector público es un pasante que realiza el servicio social. Sin embargo, no son trabajadores del pleno de las instituciones públicas de salud, por lo que carecen de una relación contractual en donde se plasmen los derechos y las obligaciones, a pesar de su calidad becaria no les exime de las obligaciones y responsabilidades que como médicos generales tienen en los centros de salud.

Los diputados de Morena coincidimos en que la prestación del servicio social no se debe comprometer a la integridad física y mental de los prestadores, toda vez que ellos dependen de la atención y la calidad de la prestación de los servicios médicos, por lo que votaremos a favor del dictamen.

Por lo que la salud es primero para todos los mexicanos, Morena votará a favor de ambos dictámenes. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias.

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Gracias, diputado Roberto Guzmán. Para fijar la postura del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México tiene el uso de la palabra el diputado José Refugio Sandoval Rodríguez, hasta por cinco minutos.

El diputado José Refugio Sandoval Rodríguez:Muy buenas tardes. Gracias. Le agradezco a la Presidencia el uso de la voz. Una vez más comparezco ante esta tribuna para refrendar mi compromiso y de mi partido para sumar esfuerzos que contribuyan a garantizar el acceso efectivo a la salud como una prioridad para el Estado, porque invertir en salud es invertir en un mejor futuro.

En esta ocasión me referiré a dos dictámenes. El primero de ellos tiene como objetivo generar acciones para el diagnóstico oportuno y la atención temprana de la displasia en el desarrollo de la cadera. De acuerdo con el Instituto Internacional de la Displasia de Cadera, aproximadamente 3 de cada mil bebés requerirán tratamiento por inestabilidad en la cadera.

En una proporción de 5 a 1 la displasia de cadera es más frecuente en las niñas que en los niños. Además, el riesgo puede aumentar hasta cuatro veces si la posición del bebé en el vientre de la madre es pélvica.

En tanto que 1 de cada 10 recién nacidos tendrán algún grado de inestabilidad de cadera si uno de sus padres o uno de sus hermanos la padecieron.

Los síntomas de esta enfermedad a una temprana edad se consideran silenciosos. Lo que significa que normalmente el paciente no siente dolor hasta una etapa ya muy tardía, momento en el que ya se pudo haber generado limitación en su movilidad. Y en el peor de los casos, entre un 20 y un 40 por ciento desarrollarán una osteoartrosis, que probablemente podría desencadenar en una cirugía.

Además, las estadísticas muestran que uno de cada 30 adultos, jóvenes mayores de 20 años de edad, requerirán de una prótesis de cadera por diagnóstico no oportuno.

En virtud de lo anterior, la trascendencia del dictamen que hoy votaremos radica en que al diagnosticarse la displasia de cadera dentro de los primeros meses de vida significa que el éxito del tratamiento se haga hasta de un 94 por ciento, pudiendo el paciente desarrollar una cadera de características normales.

En el segundo dictamen que estamos discutiendo hoy lo que buscamos es salvaguardar la estabilidad de los profesionales de la salud durante su proceso de formación. Lo que se pretende con ello es disminuir el índice de deserciones a causa de malas experiencias durante sus prácticas profesionales o durante su servicio social.

De acuerdo a la Secretaría de Educación Pública, de un total de 114 mil estudiantes que se inscribieron a la carrera de medicina para el ciclo escolar 2013-2014 solo egresaron 14 mil. Es decir, por cada 8 alumnos que iniciaron el ciclo escolar únicamente uno egresó con éxito. Además, como ya se mencionó en esta tribuna, México sigue estando muy por debajo del número de médicos que debemos tener por cada mil habitantes.

Según la OCDE, deberíamos tener 3.2 médicos por cada mil habitantes y en México tenemos únicamente 2.2 médicos. Estos motivos son por los cuales los estudiantes de la carrera de medicina no logran la conclusión de su profesión. Van desde razones económicas, culturales o sociales, hasta el trato que reciben durante su periodo de internado o sus prácticas profesionales en las diferentes instituciones de salud de nuestro país.

En México, en el sistema de guardias que realizan los alumnos durante su internado, las jornadas suelen ser de hasta 36 horas continuas, lo cual contraviene a la normativa que señala que entre semana la jornada de prácticas clínicas complementarias no debe ser mayor a 12 horas. Están teniendo prácticas hasta 3 veces más de lo que la norma les indica.

Lo anterior afecta directamente el bienestar físico y emocional de los estudiantes, mermando su capacidad de aprendizaje y generándoles con ello también múltiples problemas, tanto físicos como mentales.

Está documentado que someter a los estudiantes a largas jornadas de trabajo sin descanso genera altos índices de errores, considerados como graves en el cuidado de sus pacientes, llegando a errar hasta en promedio de cinco veces en los diagnósticos. Esto por estar cansados por los excesos de horas que les ponen en sus internados.

Por todo lo expuesto, el Partido Verde votará a favor de los dos dictámenes, ya que ambos contribuyen a consolidar acciones de protección, de promoción de la salud y de prevención de enfermedades en favor de todas y de todos los mexicanos. Por su atención, muchas gracias.

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Gracias, diputado Sandoval. Para fijar la postura del Grupo Parlamentario del PRD, tiene el uso de la palabra, la diputada Evelyn Parra Álvarez.

La diputada Evelyn Parra Álvarez:Buenas tardes. Con su venia, diputada presidenta. El día de hoy me presento ante ustedes en esta tribuna, para exponer el posicionamiento del Grupo Parlamentario del PRD, para hablarles acerca de dos temas importantes para nuestra sociedad.

Por una parte quiero hablar a favor de los médicos del país, ya que las condiciones actuales en las que tienen que desarrollar su profesión no son las más adecuadas ni las más óptimas. También vengo a hablar a favor del interés superior de los niños y las niñas, porque lo que debemos buscar es dar la protección posible, desde su más tierna edad para que puedan acceder a una vida plena, lo que no sucedería si presentaran una alteración tan grave como es la displasia de cadera.

En este orden de ideas tenemos que los médicos durante su formación, así como es durante el servicio social, el internado médico, las prácticas profesionales, son sometidos a jornadas verdaderamente extenuantes y muy excesivas, ya que deben cumplir, no solamente con sus turnos ordinarios sino también con esas guardias, que si bien es cierto son necesarias, dada la escasez de personal y el número de pacientes que debe de atender el sistema público de salud mexicano, ello implica un desgaste físico, mental y emocional y a todos estos estudiantes de medicina y los practicantes, inclusive puede orillarlos a sufrir un síndrome conocido como el estrés laboral, lo cual se ha visto muchas veces en que reduce completamente la capacidad de atención sobre sus pacientes, lo cual también los ha llevado a equivocarse algunas veces en atender y dar el mejor servicio para ellos.

El estrés laboral deriva de sensaciones como irritabilidad, parecer irritable, el mal humor, así como indiferencia hacia los clientes o usuarios, inclusive se pierde el interés hacia los compañeros, hacia sus estudios y se puede perder cualquier atención en el trabajo.

Estudios internacionales como los practicados por la prestigiosa universidad de Harvard, han demostrado que los residentes que han durado en su turno entre 20 y 30 horas y en el caso de nuestro país hasta 36 horas continuas, cometen en promedio 36 por ciento más errores considerados graves y dieron un diagnóstico equivocado en un porcentaje de cinco a uno, comparado contra quienes solo laboraran 16 horas.

Entonces, compañeros diputadas y diputados, me permito preguntarles ¿podemos permitir que se ponga en riesgo la salud e integridad de los pacientes por el agotamiento físico y mental de sus doctores?

El Grupo Parlamentario del PRD considera que no, ya que el derecho humano a la salud debe iniciar precisamente con un tratamiento adecuado, preciso y que sea proporcionado por el mejor personal posible, pero también que se encuentre en pleno uso de sus capacidades, lo cual solo se podrá logar si obtienen el descanso apropiado que le permita recuperar su vigor y su entereza, lo que les hará poner más atención a las necesidades de todos sus pacientes.

Ahora bien, por otro lado tenemos el problema de la displasia de cadera que engloba alteraciones en la cabeza femoral y el acetábulo que es donde encaja la pelvis, por lo que una detección oportuna permitirá corregir más fácilmente el problema y dar una mejor calidad de vida a quien lo padece y en el futuro, lo que también implica un beneficio directo para el sistema de salud del país.

Se ha determinado que si alguna persona tiene antecedentes familiares, tiene entre un 10 a 25 por ciento de posibilidades de padecerla, así como existe la prevalencia en mujeres de tres a ocho veces mayor que en los hombres. Esta situación por supuesto se agrava en zonas rurales donde la marginación y la pobreza hacen casi imposible que sea tratado de manera eficaz.

Con la reforma propuesta se busca ampliar la protección materno-infantil mediante la inclusión y establecimiento como política pública de salud la detección oportuna y temprana de este terrible mal, así como tomar las medidas necesarias para su tratamiento, contribuyendo a evitar una posterior discriminación en la vida adulta, como se ha observado en muchas ocasiones.

Es por eso que pido, con base en el interés superior de la niñez, se haga realidad el acceso a una vida digna y el derecho humano a la salud de aquellos que lo padecen aprobando la iniciativa que se propone y tomando en cuenta que si el tratamiento se realiza durante los primeros tres meses de vida, la evolución suele ser mucho mejor y desarrollando una cadera normal sin deformidades residuales y sin secuelas.

Eso es lo que nosotros a través del Grupo Parlamentario del PRD votaremos a favor de estos dos dictámenes por el bienestar de los niños y por supuesto también por las exigencias de los estudiantes médicos de todo el país. Saludos también a los estudiantes de medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México, mi alma máter. Gracias, es cuanto, señor diputado.

Presidencia del diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputada Parra Álvarez.

Esta Presidencia saluda a alumnos integrantes de la escuela primaria Vicente Guerrero, del municipio de Abasolo, Guanajuato, junto con su maestra Anita Cervantes Trigueros, invitados por la diputada Bárbara Botello. Igualmente saludamos a estudiantes de derecho de la Universidad Abierta y a Distancia, invitados por el diputado Federico Döring Casar, y a alumnos de la FES Aragón, de la carrera de derecho, invitados por el diputado Ángel II Alanís Pedraza. Bienvenidos. Adelante, diputado.

Tiene el uso de la tribuna el diputado Jesús Antonio López Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

El diputado Jesús Antonio López Rodríguez:Con su venia, presidente. Compañeras compañeros diputados, el día de hoy la Comisión de Salud nos presenta un par de dictámenes importantes. El primero de ellos busca que la prestación del servicio social de los becarios en medicina se realice en condiciones adecuadas, que respete los ciclos de descanso de los pasantes para salvaguardar su integridad física, mental, y con la finalidad de mejorar la calidad de atención médica que prestan.

Con esta propuesta se busca atender un añejo problema que enfrentan los internos, pasantes y residentes de las profesiones de la salud al servicio social, particularmente al someterlos a largas y extenuantes jornadas de actividad, lo cual los expone a altos niveles de fatiga o frustración, así como a riesgos innecesarios que repercuten de manera negativa en la salud física, mental y emocional.

Ya se ha señalado que realizar esas actividades con guardias de 36 horas o más, y aún con guardias de castigo que se acostumbra en ciertos hospitales, genera estrés, depresión y ansiedad, situación que repercute en la calidad y precisión de las actividades que se realizan.

En la etapa de adiestramiento se debe adquirir conciencia de su nivel educacional que reafirme sus conocimientos y se replantee la relación que el médico tiene con los servicios de salud, con la comunidad y con los demás miembros del equipo de salud. Por ello es necesario que esa vinculación con el entorno profesional se dé en condiciones adecuadas para alcanzar los objetivos de la formación.

Un internado, pasantía o residencia médica en condiciones dignas, permite consolidar las habilidades y destrezas adquiridas por el médico en el ámbito hospitalario, fortalece un ejercicio profesional de calidad, como se requiere.

Por su parte, el segundo dictamen a discusión se refiere a un problema de salud que afecta principalmente a los recién nacidos, la displasia de cadera. Esta es una dislocación de la articulación de la cadera que está presente al nacer, por ello su diagnóstico oportuno y atención primaria es imprescindible para el cuidado adecuado del recién nacido y en el control del niño sano, ya que puede conllevar a enfermedad articular degenerativa prematura, alternaciones en la marcha y persistencia de dolor.

De acuerdo con el Inegi, se estima que 3 a 4 de cada mil nacimientos en México, presenta alteraciones de cadera, lo que se traduce en 480 mil mexicanos con este padecimiento. La mayoría son casos de displasia en el desarrollo de la cadera.

De ahí la importancia del dictamen a nuestra consideración, dado que con el mismo se fortalecen las disposiciones de la Ley General de Salud para que dentro de la atención materno infantil se considere con carácter prioritario el diagnóstico oportuno y la atención primaria de la displasia en el desarrollo de la cadera a través de exámenes clínicos en la primer semana del nacimiento, en el primer mes de edad y a los dos, cuatro, seis, nueve y doce meses de edad, así como la toma de ultrasonido de cadera o radiografía anteroposterior del pelvis, entre el primero y cuarto mes de vida, sin olvidar que después de seis meses esta patología puede traer trastornos irreversibles.

Además establece que la Organización y Operación de los Servicios de Salud destinados a la atención materno infantil, se establecerán acciones de diagnóstico y atención temprana de la displasia en el desarrollo de cadera durante el crecimiento y desarrollo de los menores de cinco años.

El diagnóstico oportuno permite un tratamiento que en la mayoría de los casos consiste en la utilización de férulas de abducción con el que se obtienen buenos resultado; sin embargo, puede llegar a requerir tratamiento quirúrgico.

En el Grupo Parlamentario del PAN consideramos que el fortalecimiento del derecho a la protección de la salud para todos, pero particularmente para niñas y niños, significa garantizarles un futuro pleno que les permita desplegar todas sus potencialidades y acceder en condiciones de igualdad a las oportunidades de desarrollo.

No son dos temas banales, amigos y amigas diputados, luchemos porque el médico tenga un trato digno y porque nuestras niñas tengan un extraordinario desarrollo. Es cuanto, presidente.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputado López Rodríguez. Tiene el uso de la tribuna la diputada Yahleel Abdala Carmona, del Grupo Parlamentario del PRI, hasta por cinco minutos.

La diputada Yahleel Abdala Carmona:Muchísimas gracias. Con su venia, diputado presidente.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Adelante.

La diputada Yahleel Abdala Carmona: Compañeros de esta honorable asamblea, hoy me presento ante esta tribuna para hacer el posicionamiento del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en estos dos dictámenes sumamente importantes en el área de salud.

En el Grupo Parlamentario del PRI consideramos que la promoción de la salud es una piedra angular de la atención primaria y una función básica de las políticas públicas encaminadas a lograr una mejor calidad de vida.

En el PRI estamos plenamente convencidos que la prioridad en salud es indispensable para lograr un pleno desarrollo de todos los mexicanos. Estamos muy comprometidos con la salud pública de todos nuestros representados, y especialmente con nuestros niños y jóvenes, considerando prioritaria la protección de la salud en la niñez mediante acciones legislativas que garanticen un mayor bienestar.

En el pasado se privilegió la atención médica sobre la prevención de enfermedades. En el actual gobierno se ha marcado un rumbo diferente en el tema de salud, contando con acciones y campañas permanentes de protección, promoción y prevención como un elemento indispensable para el mejoramiento de la salud, dando prioridad a los sectores de la población más vulnerable.

Conscientes de que la salud en los primeros cinco años de vida representa una etapa decisiva en el desarrollo de las capacidades físicas, intelectuales, emocionales de cada niño y niña, las cuales son muy importantes para determinar su salud futura, su desempeño escolar y laboral e inclusive otras conductas sociales, ese es el motivo principal por el cual el día de hoy votaremos a favor de la propuesta que se somete a esta soberanía, en virtud de que estamos plenamente seguros de que se da un paso importante en la protección de uno de los principales activos que tiene este país: nuestros niños.

Convenidos de que incluir dentro de las disposiciones que regulan la protección materno-infantil y la promoción de la salud materna, el diagnóstico oportuno de la displasia de cadera, resultará de gran beneficio para el desarrollo de los menores. Es por eso que hoy y como siempre, los diputados del PRI votaremos a favor de la salud, de la vida y de la niñez.

En el segundo dictamen que hoy se somete a votación no podemos pasar por alto el gran valor e importancia que tiene para los diputados del PRI la juventud mexicana, particularmente los jóvenes estudiantes, quienes día a día luchan y se esfuerzan por convertirse en ciudadanos de bien, hombres y mujeres productivos para esta sociedad que los necesita y reclama mucho.

Hoy no podemos dejar de reconocer la labor tan importante de los profesionales de la salud, siendo la medicina una actividad de gran nobleza, la cual requiere para su aprendizaje grandes esfuerzos, dedicación, sacrificios. Se necesita a ciudadanos entregados y comprometidos al bienestar y cuidado de sus semejantes, haciendo esto con grandes características, particularmente entregados con amor y con muchísima pasión. Nuestro reconocimiento hoy para todos los médicos de este importante país.

En México se ha incrementado el número de dichos profesionales, sin embargo tristemente esta cifra sigue siendo inferior al promedio de otros países. Trabajar en facilitar y mejorar las condiciones de los estudiantes en el área de medicina es un compromiso de los diputados del Partido Revolucionario Institucional.

En este sentido no podemos dejar de mencionar que diversos factores influyen en dificultar el egreso de los estudiantes de las áreas de medicina, siendo el de mayor trascendencia el de sistema de guardias médicas, las cuales en ocasiones llegan a ser mayores de 36 horas continuas, un contraste nada parecido a la jornada laboral máxima en nuestro país, de 12 horas, afectando la salud física y mental de los estudiantes y por ende se ve afectado el cuidado de sus pacientes.

Como diputados priistas siempre velaremos por la protección de los derechos de los ciudadanos, por lo que garantizar el acceso a la calidad, al derecho, a la salud, está consagrado en nuestra Constitución Política y eso es nuestra prioridad.

Tenemos que privilegiar un cuidado y atención médica de calidad, así como la salud de los profesionales que dedican su vida a la medicina. Resulta prioritario realizar acciones que abonen a dicho fin. Es por eso que votando a favor de la presente propuesta, el Grupo Parlamentario del PRI no solo está protegiendo los descansos y la reducción de la jornada laboral de los alumnos de medicina durante la prestación de su servicio social, estamos protegiendo su integridad física, su integridad mental, mejorando así la calidad de vida y la atención médica de los pacientes a su cargo.

La salud, compañeros, es nuestra riqueza fundamental; si estamos y nos sentimos sanos, todo lo demás será posible. Muchísimas gracias.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputada Abdala. Tiene el uso de la tribuna, para hablar en pro de los dictámenes, el diputado Macedonio Tamez Guajardo, hasta por tres minutos.

El diputado Macedonio Salomón Tamez Guajardo:Con su venia, presidente, compañeros, había un escritor escocés, Archibald Cronin, que era médico, que en sus novelas narraba la vida de esos profesionistas y sus vicisitudes.

Hay una novela, en particular, La Ciudadela, en la que al describir lo que un médico experimentaba en su ejercicio, en la Inglaterra de principios del siglo XX, incluyó un párrafo que para mí fue muy significativo. Decía Cronin, que un médico es un ser humano normal que tiene ciertos errores, vicios, virtudes, que va por la vida trabajando, tratando de hacer el bien, como todo mundo. Pero que a diferencia de otras actividades, la del médico lo lleva, en el momento más sorpresivo, en el momento más inesperado, a convertirse en héroe.

Efectivamente, amigos, un médico puede convertirse en héroe en cualquier momento, por curar, por atender, con salvar vidas, por consolar. Sin embargo, debo decirles que al margen de esta visión romántica de la medicina, que es válida y necesaria sin duda alguna, también hace falta para que los médicos sean héroes y traten bien a la gente condiciones materiales, instrumental, medicamentos, espacio, formación y, sobre todo, una disposición personal de habilidad y descanso para poder atender.

Es por eso que vengo a hablar en favor de los dos dictámenes que propone esta tarde la Comisión de Salud, pero en particular del dictamen que se refiere a mejorar las condiciones de los médicos en formación.

Los médicos en formación, tanto los de posgrado como los que están haciendo especialidad, son explotados por el sistema, trabajan jornadas larguísimas, cansadísimos, la gente puede ser mal atendido en virtud de esto.

Yo lo viví en carne propia y les platico no por hacerme la víctima, sino por ser testigo. Una vez cuando hacía mi especialidad de ginecología en el Hospital General de Occidente, que esta, en Zapopan, Jalisco, me dijeron mis jefes: hazte cargo tú, Macedonio, de los pacientes con indicación de cesárea. Y en un lapso de 14 horas hice 8 cesáreas, imagínense ustedes lo pudo haber pasado, no pasó nada si no, no estaría aquí, pero tanto yo, como el ayudante, el anestesiólogo y el pediatra habíamos ya trabajado durante más de 36 horas.

Es por eso que los invito a votar a favor, los invito a considerar a los médicos en formación, por dos razones fundamentales. En primer lugar, por justicia laboral, creo que nadie merece ser tratado de esa manera, y en segundo lugar, por el bien de los pacientes mexicanos.

No es posible que nuestra gente sea atendida por médicos, enfermeras y demás cansados, agotados, nerviosos, sin tanta disposición hacer bien las cosas o tanta posibilidad por tantas horas de trabajo.

Decía el fundador del Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde, que la salud del pueblo es la suprema ley, pues bien, hagamos, a través de esta legislación que estamos modificando nuestro voto a favor, que la salud del pueblo sea predominante en el trabajo de los médicos de México. Buenas tardes y gracias.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputado Tamez. Agotada la lista de oradores, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si los dictámenes se encuentran suficientemente discutidos en lo general y en lo particular.

El Secretario diputado Raúl Domínguez Rex:Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica, se consulta a la asamblea si los dictámenes se encuentran suficientemente discutidos en lo general y en lo particular. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Suficientemente discutidos.

Se pide a la Secretaría abra el sistema electrónico por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular del primer proyecto de decreto por el que se adicionan los artículos 61 y 64 de la Ley General de Salud.

El Secretario diputado Raúl Domínguez Rex:Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular.

(Votación)

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Les recordamos a las diputadas y a los diputados que inmediatamente después de esta votación tenemos la votación del segundo dictamen que está a discusión.

El Secretario diputado Raúl Domínguez Rex:¿Falta algún diputado o alguna diputada por emitir su voto? Ciérrese el sistema de votación. Señor presidente, se emitieron 397 votos a favor, 0 abstenciones, 0 en contra.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Aprobado por 397 votos el proyecto de decreto por el que se adicionan los artículos 61 y 64 de la Ley General de Salud. Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.

LEY GENERAL DE SALUD

El Secretario diputado Raúl Domínguez Rex:«Dictamen de la Comisión de Salud, con proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 87 de la Ley General de Salud

Honorable Asamblea:

A esta Comisión de Salud fue turnada para su estudio, análisis y dictamen correspondiente, la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 87 y 95 de la Ley General de Salud, presentada por el diputado José Bernardo Quezada Salas, integrante del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.

Esta dictaminadora, con fundamento en los artículos 72 y 73 fracción XVI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 39 numerales 1, 2 fracción XLV y 3, artículo 45 numeral 6 incisos e) y f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 6 numeral 1 fracción III, 80 numeral 1 fracción II, 81 numeral 2, 82 numeral 1, 84, 85, 157 numeral 1 fracción I, 158 numeral 1 fracción IV, 162, 167, 175, 176, 177, 180 y 182 del Reglamento de la Cámara de Diputados; y habiendo analizado el contenido de la iniciativa de referencia, somete a consideración de esta honorable asamblea el presente dictamen, basándose en la siguiente:

METODOLOGÍA:

I. En el capítulo de “ANTECEDENTES” se da constancia del proceso legislativo, en su trámite de inicio, recibo de turno para el dictamen de la referida iniciativa y de los trabajos previos de la Comisión.

II. En el capítulo correspondiente a “CONTENIDO DE LA INICIATIVA” se exponen los motivos y alcance de la propuesta de reforma en estudio.

III. En el capítulo de “CONSIDERACIONES” la comisión dictaminadora expresa los argumentos de valoración de la propuesta y de los motivos que sustentan la decisión de respaldar o desechar la iniciativa en análisis.

I. ANTECEDENTES

1. En la sesión celebrada el 5 de abril de 2016, el diputado José Bernardo Quezada Salas, integrante del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, presentó ante el pleno de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 87 y 95 de la Ley General de Salud, para regular la prestación de Servicio Social de los pasantes de los profesionales de la Salud.

2. En la misma fecha, la Mesa Directiva de este órgano legislativo, mediante oficio número D.G.P.L. 63-II-3-738, turnó la citada iniciativa a la Comisión de Salud para su estudio y posterior dictamen, con número de expediente 2445.

II. CONTENIDO DE LA INICIATIVA

En su exposición de motivos el diputado promovente señala que es pertinente especificar los tiempos en los que los prestadores de servicio social en el área médica deben descansar, con la finalidad de salvaguardar y no comprometer su integridad física y mental.

Plantea el promovente que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) señala en su informe sobre la salud 2014:

“...si bien la oferta de trabajadores de la salud en el país se ha incrementado en los últimos años, se encuentra por debajo de los estándares de los países pertenecientes a la OCDE.”

El número de médicos se ha incrementado sustancialmente en México, pasando de 1.6 médicos por cada 1000 habitantes en el año 2000 a 2.2 médicos por cada 1000 habitantes en el año 2012.

El texto de la iniciativa asevera que México se encuentra rezagado en la formación de estos profesionistas, y las razones son variadas y pueden ser económicas, culturales y sociales; sin embargo se identifica como constante obstáculo para el egreso de los estudiantes el trato al que son sometidos durante su internado, prácticas y/o servicio social, destacando el promovente los casos del sistema de guardias médicas.

Señala el diputado José Bernardo Quezada Salas que las jornadas de las guardias médicas suelen ser de hasta 36 horas continuas aún cuando las Normas Oficiales Mexicanas señalan que no deberán ser mayor a 12 horas.

Esta dictaminadora coincide con el promovente en que la situación antes descrita repercute de manera negativa en la salud física, mental y emocional de los estudiantes de las ciencias de la salud; pues se han reportado casos de depresión y ansiedad, uso y abuso de sustancias como analgésicos, tranquilizantes, sedantes, anfetaminas estimulantes, alto consumo de alcohol, lo que repercute en errores técnicos, asistenciales y en la interpretación de resultados clínicos, derivados de la disminución de la capacidad psicomotriz de los estudiantes.

El promovente concluye que no existe en la Ley General de Salud alguna disposición que posibilite la consideración del tiempo y ciclo de descanso en la productividad y atención de un estudiante que realice internado, prácticas o servicio social en ciencias de la salud.

La propuesta considera reformar el artículo 87 y el segundo párrafo del artículo 95 de la Ley General de Salud para no comprometer “...en ningún momento... la integridad física y mental de los pasantes en relación con sus ciclos de descanso, para optimizar la atención médica...”; y propone precisar que el servicio social se preste todos los días del año, incluyendo los inhábiles y festivos, señalando que los turnos en ningún caso podrán exceder de 12 horas continuas, y no podrán exceder de tres veces por semana con intervalos de, por lo menos, dos días.

Las modificaciones señaladas por el promovente a la Ley General de Salud, pretenden reformar el texto legal como a continuación se indica:

III. CONSIDERACIONES

La iniciativa del diputado José Bernardo Quezada Salas, es considerada por esta Comisión como una propuesta encaminada a salvaguardar la integridad física y mental de los pasantes de ciencias de la salud que se encuentran realizando su servicio social, internado de pregrado y residencias médicas, respetando sus ciclos de descanso, señalando los días y el intervalo en los cuales se puede prestar el mismo, así como la duración de los turnos; lo anterior con la finalidad de optimizar la atención médica. No obstante, resulta pertinente para la dictaminadora resaltar las siguientes consideraciones:

PRIMERA. Para estar en condiciones de dar cumplimiento a lo mandatado por el artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (el derecho a la protección de la salud, del cual debe gozar toda persona dentro del territorio nacional sin excepción alguna), texto constitucional que en su parte conducente es del tenor siguiente:

...

Toda Persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XI del artículo 73 de ésta Constitución.”

El Sistema Nacional de Salud debe contar con suficiencia de recursos humanos, principalmente técnicos, auxiliares y profesionales de ciencias de la salud; por lo que de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI), en el 2014 había poco más de 277 mil médicos ocupados, de cada 100 médicos ocupados 36 son mujeres y 64 hombres; lo que de acuerdo con el Programa Sectorial de Salud 2013-2018 significa que hay 2.2 médicos y 2.7 enfermeras por cada mil habitantes.

En virtud de la estadística antes referida, es que esta comisión coincide con el promovente al señalar que nos encontramos por debajo del promedio de médicos en los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), mismo que es de 3.2 médicos y 8.7 enfermeras por cada mil habitantes.

SEGUNDA. Para efecto de tener suficiencia de recursos humanos en el Sistema Nacional de Salud, la Ley General de Salud contempla, en el artículo 79 que para el ejercicio de actividades técnicas, auxiliares y profesionales en las ciencias de la salud, es necesario contar con títulos profesionales, diplomas o certificados de especialización según corresponda, legalmente expedidos y registrados por las autoridades educativas competentes:

Para el ejercicio de actividades profesionales en el campo de la medicina, odontología, veterinaria, biología, bacteriología, enfermería, trabajo social, química, psicología, optometría, ingeniería sanitaria, nutrición, dietología, patología y sus ramas, y las demás que establezcan otras disposiciones legales aplicables, se requiere que los títulos profesionales o certificados de especialización hayan sido legalmente expedidos y registrados por las autoridades educativas competentes.

Para el ejercicio de actividades técnicas y auxiliares que requieran conocimientos específicos en el campo de la atención médica prehospitalaria, medicina, odontología, veterinaria, enfermería, laboratorio clínico, radiología, optometría, terapia física, terapia ocupacional, terapia del lenguaje, prótesis y órtesis, trabajo social, nutrición, citotecnología, patología, bioestadística, codificación clínica, bioterios, farmacia, saneamiento, histopatología y embalsamiento y sus ramas, se requiere que los diplomas correspondientes hayan sido legalmente expedidos y registrados por las autoridades educativas competentes.”

TERCERA. De conformidad con lo anterior, y en el marco de lo establecido por el artículo 5° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de libertad de profesión, industria, comercio o trabajo, la Ley General de Educación establece en el artículo 60 que las instituciones del sistema educativo nacional expiden certificados, constancias, diplomas, títulos o grados académicos a las personas que hayan concluido estudios de conformidad con los requisitos establecidos en los planes y programas de estudio correspondientes:

Los estudios realizados dentro del sistema educativo nacional tendrán validez en toda la República.

Las instituciones del sistema educativo nacional expedirán certificados y otorgarán constancias, diplomas, títulos o grados académicos a las personas que hayan concluido estudios de conformidad con los requisitos establecidos en los planes y programas de estudio correspondientes. Dichos certificados, constancias, diplomas, títulos y grados tendrán validez en toda la República.

La Secretaría promoverá que los estudios con validez oficial en la República sean reconocidos en el extranjero.”

Así también, el artículo 24 del ordenamiento en cita señala que de acuerdo con las disposiciones reglamentarias correspondientes, la prestación del servicio social se deberá prever como requisito para obtener título o grado académico.

CUARTA. Toda vez que esta dictaminadora ha revisado que es requisito indispensable la prestación del servicio social para la obtención del título profesional o de especialización según corresponda, y así poder ejercer en el campo de la salud, se analizaron las características de la prestación del servicio antes referido.

El servicio social se instituyó en México en el año 1936, a fin de dar respuesta a la escasez de médicos en las zonas rurales, indígenas y campesinas, toda vez que se consideraba un grupo etario al margen del desarrollo del país.

Es considerado como un periodo académico obligatorio para todos los profesionales, es requisito previo a la titulación y tiene como propósitos principales la vinculación del estudiante con su entorno, así como retribuir a la sociedad en forma de acción social, los beneficios que como estudiantes se recibieron durante la formación.

De acuerdo con la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior el servicio social es:

“El conjunto de actividades teórico-prácticas de carácter temporal y obligatorio que contribuye a la formación integral del estudiante y que le permiten al aplicar sus conocimientos, destrezas y aptitudes comprender la función social de su perfil académico; realizando actividades educativas, de investigación, de asistencia, de difusión, productivas, de desarrollo tecnológico, económico y social en beneficio de la sociedad.”

QUINTA. El Reglamento para la Prestación del Servicio Social de los Estudiantes de las Instituciones de Educación Superior en la República Mexicana señala que los estudiantes de las instituciones de educación superior prestarán el servicio social con carácter temporal y obligatorio, como requisito previo para obtener el título o grado académico que corresponda; asimismo mandata que:

El servicio social de estudiantes tendrá por objeto I. Desarrollar en el prestador una conciencia de solidaridad y compromiso con la sociedad a la que pertenece. II. Convertir esta prestación en un verdadero acto de reciprocidad para con la misma, a través de los planes y programas del sector público. III. Contribuir a la formación académica y capacitación profesional del prestador del servicio social.”

Las disposiciones contenidas en este Reglamento son aplicables a las instituciones de educación superior de la Federación y a las autorizadas o con reconocimiento de validez oficial de estudios de la Secretaría de Educación Pública.”

Si bien es cierto el ordenamiento en cita tiene como fundamento la Ley Federal de Educación derogada por la Ley General de Educación el 13 julio 1993, además de no ser aplicable en la materia, para las universidades e Instituciones autónomas, el artículo Segundo y Tercero Transitorio de la Ley vigente establecen que:

. Se abrogan la Ley Federal de Educación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29 de noviembre de 1973; la Ley del Ahorro Escolar, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de septiembre de 1945; la Ley que Establece la Educación Normal para Profesores de Centros de Capacitación para el Trabajo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 20 de diciembre de 1963, y la Ley Nacional de Educación para Adultos publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 1975. Se derogan las demás disposiciones que se opongan a la presente Ley.

Las disposiciones normativas derivadas de las leyes mencionadas en el artículo segundo anterior se seguirán aplicando, en lo que no se opongan a la presente Ley, hasta en tanto las autoridades educativas competentes expidan la normatividad a que se refiere esta Ley.”

Desde 1993 a la fecha, el poder ejecutivo no ha expedido normatividad en la materia que actualice el instrumento legal de referencia, por lo que el Reglamento citado es aplicable.

SEXTA. Para la Secretaría de Salud del Gobierno Federal, el servicio social de medicina tiene como propósito fundamental vincular al alumno con su entorno real y retribuir a la sociedad, en forma de acción social lo que recibió durante su formación.

Los prestadores de servicio social en medicina son alumnos que cursan el último año de la carrera, es una etapa en la que el pasante debe adquirir conciencia de su nivel educacional, reafirme sus conocimientos y se replantee la relación que el médico tiene con los servicios de salud, con la comunidad y con los demás miembros del equipo de salud.

Es por lo anterior que la presencia de las Instituciones Educativas y de Salud es fundamental en cuanto a la supervisión y evaluación de las acciones del servicio social, a fin de evaluar el cumplimiento a lo estipulado en un Programa Académico que responda a las expectativas de la Universidad, de la Institución de Salud y del alumno.

SÉPTIMA.Asimismo, la Ley General de Salud establece que todos los pasantes de las profesiones para la salud, están obligados a prestar servicio social, el Capítulo II del Título Cuarto Recursos Humanos para los Servicios de Salud es del tenor siguiente:

“CAPITULO IIServicio Social de Pasantes y Profesionales

Artículo 84. Todos los pasantes de las profesiones para la salud y sus ramas deberán prestar el servicio social en los términos de las disposiciones legales aplicables en materia educativa y de las de esta Ley.

Artículo 85. Los aspectos docentes de la prestación del servicio social se regirán por lo que establezcan las instituciones de educación superior, de conformidad con las atribuciones que les otorgan las disposiciones que rigen su organización y funcionamiento y lo que determinen las autoridades educativas competentes.

La operación de los programas en los establecimientos de salud se llevará a cabo de acuerdo a los lineamientos establecidos por cada una de las instituciones de salud y lo que determinen las autoridades sanitarias competentes.

Artículo 86. Para los efectos de la eficaz prestación del servicio social de pasantes de las profesiones para la salud, se establecerán mecanismos de coordinación entre las autoridades de salud y las educativas, con la participación que corresponda a otras dependencias competentes.

Artículo 87. La prestación del servicio social de los pasantes de las profesiones para la salud, se llevará a cabo mediante la participación de los mismos en las unidades aplicativas del primer nivel de atención, prioritariamente en áreas de menor desarrollo económico y social.

Artículo 88. La Secretaría de Salud y los gobiernos de las entidades federativas, en sus respectivos ámbitos de competencia, con la participación de las instituciones de educación superior, elaborarán programas de carácter social para los profesionales de la salud, en beneficio de la colectividad, de conformidad con las disposiciones legales aplicables al ejercicio profesional.”

OCTAVA. Los integrantes de esta dictaminadora, una vez analizada la institución del servicio social obligatorio para los pasantes de ciencias médicas, coinciden con el promovente en que es indispensable salvaguardar la integridad física y mental del prestador, toda vez que de su actividad profesional depende la calidad en la prestación de los servicios de salud.

El promovente señala que el sistema de guardias utilizado para estudiantes de servicio, práctica o internado repercute de manera negativa en la salud física, mental y emocional, en la que las jornadas de guardias médicas son incluso de 36 horas continuas.

Atento a lo anterior, la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) realizó una investigación a fin de recabar datos sobre la experiencia de los pasantes en esta etapa crucial para el sistema de salud y para el mismo médico.

La encuesta se denominó “La experiencia del pasante en el servicio social”, en la que se enfatizó, dentro de los temas que se abordaron, en las condiciones de trabajo de los médicos pasantes, focalizadas en los espacios físicos de las unidades médicas (tomando en consideración que la prestación del servicio social se realiza en comunidades rurales preferentemente); de aquí se desprendió lo siguiente:

, entendido como el conjunto de cuidados o necesidades de los pasantes para vivir dignamente en su trabajo cotidiano. Se tomaron en cuenta las preguntas que indagaban sobre aspectos económicos como la beca recibida y la ayuda familiar, al igual que las actividades domésticas en el centro de salud y la higiene personal.

La mayoría de los pasantes de medicina que participaron en la encuesta asociaron este rubro de inmediato con la retribución económica por la prestación del servicio social obligatorio.

El pago por la labor realizada no se presentó como “salario”, sino como “beca”.

Los pasantes recibieron una beca cuyo monto promedio mensual (aproximado) ascendía a 1 un mil 230 pesos, cantidad que no les permitió sufragar los gastos para vivir de manera digna e implicó que siete de cada diez pasantes recibieran ayuda económica de alguien más para mantenerse

como necesidad para subsistir. Se tomaron las preguntas que daban cuenta de los hábitos alimenticios, la calidad de la alimentación, lugar para cocinar y conservar alimentos, número de comidas al día y adquisición de alimentos. Alimentarse es una condición para, además de trabajar, mantenerse sano.

El número apropiado de ingestas diarias recomendadas por los estudiosos, quienes sostienen la necesidad de hacer cinco o seis ingestas diarias porque esto influye de manera positiva en la prevención y el tratamiento de padecimientos como la obesidad, enfermedades cardiovasculares o la diabetes.

La información analizada confirmó que 17.6% de los pasantes realizaba sólo una comida al día; 59.5% dos; 20.6% tres; 1.9% cuatro y apenas 0.4% realizaba más de cuatro comidas habitualmente.

La escasez en los alimentos redundó en la percepción que los pasantes tuvieron sobre la calidad en la alimentación, ya que 93.1% mencionó que ésta cambió a partir del inicio del servicio social, en tanto que 55.7% notó cambios en los hábitos alimenticios.

para mantenerse mentalmente saludable. Se consideró como tiempo libre a aquel que no se dedicaba al trabajo o a las responsabilidades relacionadas con el empleo o con otras formas de mantenimiento económico. Se incluyeron aquellas actividades relacionadas con las vacaciones, el descanso, los eventos recreativos y extra laborales junto a la comunidad que fueron realizadas por los pasantes. Se consideraron las preguntas relacionadas con el contacto con familias del lugar, la generación de lazos afectivos con miembros de la comunidad, los días de descanso y los periodos vacacionales, las actividades recreativas y los eventos sociales, así como las actividades extralaborales con el equipo de salud.

Los datos obtenidos muestran que un sector importante de pasantes quedó fuera de los lineamientos internacionales sobre el tiempo libre como un derecho del trabajador: a 34.4% no se le respetaron los días para descansar; en 12.6% de los casos no se acataron los periodos vacacionales que marca el Reglamento del Servicio Social de la Facultad de Medicina de la UNAM, en tanto que 27.9% no pudo elegir libremente los periodos vacacionales.

como una actividad que fue un medio y un fin para concluir la última etapa de la carrera. Se consideraron las preguntas relativas a la relación con el equipo y el comité de salud, que son parte importante de las unidades; el horario de atención, traslado de pacientes al segundo nivel de atención en caso necesario, la realización de guardias nocturnas y los apoyos recibidos por las instituciones de salud y la UNAM para realizar las actividades correspondientes.

El encuentro del médico pasante con el nuevo medio ambiente laboral representó un triple choque de culturas: la biomédica, adquirida por los estudiantes en los años previos al inicio del servicio; la organizacional, entendida como el conjunto de normas, hábitos y valores que practican los individuos de una institución y que hacen de ésta su forma de comportamiento; y la rural, definida por las características propias del lugar en el que se preste el servicio social.

como una cualidad para el desempeño de cualquier actividad laboral.

Se tomaron en cuenta las preguntas relacionadas con la supervisión de la seguridad por las autoridades comunales, la irrupción sin consentimiento al centro de salud, acoso o abuso sexual, robo, la percepción de peligro y la posibilidad de renunciar al servicio social debido a la inseguridad percibida.

que hizo referencia a las circunstancias en que los pasantes realizaron su trabajo, ya que era el lugar en el que pasaban la mayor parte del día. Se consideraron los servicios públicos básicos como agua potable, electricidad, drenaje, ventilación adecuada y suministro de gas, así como los aspectos elementales para el descanso y recuperación de la jornada de todos los días, como poseer una cama y agua caliente para bañarse. También se tomaron en cuenta los medios para estudiar (libros de consulta) y para comunicarse (teléfono e Internet) con el mundo circundante.

Es por lo anterior, y las condiciones a las que los prestadores de servicio social obligatorio en las ciencias de la salud se enfrentan, que se ha presentado en diversos casos el llamado Síndrome de Burnout.

El concepto de burnout fue utilizado por primera vez en el ámbito de la psicología en 1974. Se definió como un estado de fatiga o frustración que se produce por la dedicación a una causa, forma de vida o relación que no produce el esperado esfuerzo. Más tarde, se propuso que este concepto abarcara tres dimensiones interrelacionadas: el cansancio emocional, la despersonalización y la realización personal.

El Síndrome de Burnout está directamente relacionado con el estrés y las enfermedades psicosomáticas, mismas que repercuten directamente con el rendimiento profesional.

El personal médico y paramédico que labora en las instituciones de salud no escapa a esta condición, la que repercute en la calidad de los servicios que ofrece.

Diversos estudios han demostrado la presencia del síndrome de burnout entre el personal médico y paramédico. El contacto estrecho con los pacientes y la sobrecarga de trabajo son las principales causas de este síndrome. En un estudio realizado entre 248 médicos intensivistas de Estados Unidos, el 40% presentó el síndrome con detrimento emocional, lo que coincide con otro estudio realizado en enfermeras que atienden a pacientes con cuidados paliativos y a otros con trasplantes de médula.

También, en un estudio realizado en residentes de medicina interna de la Universidad de Washington, se encontró prevalencia de 76% de desgaste profesional, con una autopercepción de menor calidad en el cuidado profesional de los pacientes al compararlos con los residentes no afectados.

NOVENA. En México, un estudio que investigó el nivel de burnout en un grupo de 450 médicos, enfermeras y paramédicos de 12 instituciones hospitalarias, reveló los siguientes datos: 10.9% de cansancio emocional, 19.6% de despersonalización y 74.9% de baja realización personal.

Se documentó una prevalencia general de 44% del síndrome en médicos anestesiólogos; la sobrecarga de trabajo y el conflicto de valores eran variables que influían en la presencia de este síndrome.

En el Instituto Mexicano del Seguro Social, se realizó un estudio entre médicos familiares, en el que la prevalencia de síndrome de burnout fue del 42,3%. De igual forma, de 236 enfermeras estudiadas, 92 (39%) tuvieron datos compatibles con el padecimiento, con diferencias estadísticamente significativas en cuanto a la edad y la antigüedad en el puesto al compararlas con enfermeras sin el síndrome.

El síndrome de burnout fue considerado por la Organización Mundial de la Salud como riesgo de trabajo. Su trascendencia radica en el impacto que tiene en la relación laboral entre el personal médico y/o paramédico y las instituciones de salud.

DÉCIMA. La salud laboral del personal sanitario puede incidir tanto en la calidad prestada como en su formación. Existen numerosos estudios sobre la prevalencia de este síndrome en diferentes profesionales de la salud.

En la categoría de enfermería llama la atención que no hay ningún dato que revele la presencia de síndrome de desgaste emocional, lo que difiere de lo reportado en otros estudios realizados en España.

En virtud de los estudios antes señalados, el Gobierno Federal ha establecido criterios mínimos para la prestación del servicio social de medicina; mediante las Normas Oficiales Mexicanas y Proyecto de Norma Oficial Mexicana siguientes:

• NOM-009-SSA3-2013, Educación en Salud. Criterios para la utilización de los establecimientos para la atención médica como campos clínicos para la prestación del servicio social de medicina y estomatología.

Esta norma publicada el 2 de julio de 2014 en el Diario Oficial de la Federación, puntualiza los criterios para la atención médica en el Sistema Nacional de Salud, principalmente en la prestación del servicio social de pasantes en medicina y estomatología, también para los responsables de los programas de formación de recursos humanos para la salud.

Dentro de las disposiciones aplicables para las instituciones de salud, se enlistan los siguientes deberes que para el objeto de estudio del presente dictamen, son destacables:

a. Establecer en coordinación con la institución de educación superior y las autoridades estatales, municipales y de la localidad, los mecanismos de protección a la integridad física de los pasantes durante la prestación del servicio social.

b. Realizar la programación de plazas en campos clínicos, con base en lo establecido en los instrumentos consensuales correspondientes y tomando en cuenta el presupuesto disponible para el pago de becas.

c. Acordar con la unidad administrativa competente de la Secretaría de Salud, una vez concluido el periodo regular de adscripción, la asignación de pasantes en los campos clínicos vacantes.

d. Elaborar, aplicar y evaluar el programa operativo, en coordinación con las instituciones de educación superior.

e. Realizar al inicio del servicio social y en coordinación con las instituciones de educación superior, actividades de inducción que deben incluir: contenidos de los programas académico y operativo, características socioculturales de la localidad, recomendaciones de seguridad de los pasantes y otros temas relevantes.

f. Establecer con las instituciones de educación superior, las actividades de supervisión, asesoría y evaluación del desempeño de los pasantes en campos clínicos, durante las cuales se debe corroborar que los establecimientos para la atención médica cumplan con las condiciones de infraestructura, mobiliario, equipamiento, seguridad e insumos, conforme a lo establecido en la norma.

g. Vigilar que los pasantes den cumplimiento a sus obligaciones, conforme a lo establecido en los instrumentos consensuales correspondientes.

h. Otorgar, atendiendo a las disposiciones aplicables, las prerrogativas para los pasantes que se establezcan en los instrumentos consensuales que al efecto se suscriban, las cuales pueden ser, entre otras, las siguientes:

I. Asistencia legal en caso de incurrir en alguna responsabilidad con motivo de la prestación del servicio social.

II. Atención médica, quirúrgica y farmacológica a él y sus parientes en primer grado.

III. Seguro de vida o su equivalente.

IV. El pago oportuno de la beca y apoyos que correspondan.

V. Atender de inmediato, en coordinación con las instituciones de educación superior y la participación que corresponda a las autoridades competentes de la localidad, las denuncias o quejas, tanto del pasante como de la comunidad, por actos u omisiones que afecten la prestación del servicio social o pongan en riesgo la integridad física del pasante en el campo clínico, a fin de implementar las medidas oportunas para su solución.

• NOM-001-SSA3-2012, Educación en Salud. Para la organización y funcionamiento de residencias médicas.

Esta norma considera elementos indispensables para la realización de residencias médicas expresados en deberes de las instituciones de salud integrantes del Sistema Nacional de Residencias Médicas, tales como convenios, disposiciones para los profesores titulares y adjuntos, los requerimientos mínimos de las unidades médicas receptoras de residentes, además de los derechos y obligaciones de los médicos residentes; dejando sin efecto la NOM-090-SSA1-1994.

En el contenido de la norma se establece en materia de guardias médicas que:

a. Los médicos residentes deben cumplir solamente las guardias previstas en el programa operativo correspondiente.

b. Los médicos residentes deben estar disponibles cuando sus servicios sean requeridos durante la realización de las guardias. Cuando no sea así, podrán hacer uso de las áreas de descanso para médicos residentes con la autorización del responsable del servicio.

c. Las guardias deben calendarizarse en el programa operativo correspondiente para desarrollar puntualmente el programa académico, incluyendo la frecuencia, horario y duración; ocurrirán tres veces por semana como máximo y tendrán intervalos de por lo menos dos días entre cada una de ellas.

d. En días hábiles, las guardias inician a la hora que termina el turno matutino y concluyen a la hora establecida para iniciar el turno matutino siguiente, de acuerdo a la normatividad de la institución de salud.

e. Los sábados, domingos y días festivos, la duración de las guardias es de 24 horas; iniciando y concluyendo actividades según se especifique en la normatividad de la institución de salud. Los médicos residentes que terminen su guardia en día hábil, deben continuar las actividades descritas para el turno matutino en el programa operativo.

f. El personal de las unidades médicas receptoras de residentes sólo debe aplicar las guardias establecidas en el programa operativo, respetando los roles de guardias correspondientes de los médicos residentes.

g. Los médicos residentes no deben acreditar guardias, a través de otro médico residente.

Respecto de los derechos de los médicos residentes, refiere que de manera enunciativa y de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables, entre otros, son derechos de los médicos residentes, los siguientes:

a. Recibir las remuneraciones y prestaciones estipuladas por la institución de salud.

b. Recibir los programas académico y operativo de la residencia médica correspondiente y el reglamento interno de la unidad médica receptora de residentes en el que se encuentra adscrito; así como la normatividad relativa a las residencias médicas.

c. Recibir la educación de posgrado, de conformidad con los programas académicos de la institución de educación superior y operativo de la residencia médica correspondiente; bajo la dirección, asesoría y supervisión del profesor titular, el jefe de servicio y los médicos adscritos, en un ambiente de respeto.

d. Contar permanentemente con la asesoría de los médicos adscritos al servicio, durante el desarrollo de las actividades diarias y las guardias.

e. Disfrutar de dos periodos vacacionales por año de diez días hábiles cada uno, de conformidad con lo señalado en el programa operativo correspondiente.

f. Recibir alimentación durante la jornada de trabajo y en las guardias, de acuerdo al programa operativo correspondiente.

g. Utilizar las áreas de descanso durante las guardias.

h. Recibir de la institución de salud en la cual realiza la residencia médica, según sus disposiciones en la materia, asistencia médica, quirúrgica y farmacéutica.

• PROY-NOM-033-SSA3-2013 Educación en Salud. Criterios para la utilización de los establecimientos para la atención médica como campos clínicos para ciclos clínicos e internado de pregrado de la licenciatura en medicina.

Tomando en consideración que la Secretaría de Salud Federal tiene entre otras facultades emitir las Normas con las cuales las instituciones de salud establezcan las bases para la utilización de sus instalaciones y servicios en la formación de recursos humanos para la salud, así como la coordinación entre las instituciones de salud y de educación superior para la formación de recursos humanos, es que se publicó éste proyecto de Norma Oficial Mexicana el 8 de octubre de 2014.

Entre otras cosas, el texto normativo señala que el periodo de ocupación del campo clínico tiene una duración de doce meses continuos, con adscripción a plazas para iniciar el internado médico el primero de enero o de julio de cada año.

Del mismo modo, se establece que las instituciones de salud de conformidad con su normatividad interna deberán entre otras cosas establecer las obligaciones y prerrogativas de los internos, las cuales de manera enunciativa pueden ser:

a. Asistencia legal en caso de incurrir en alguna responsabilidad durante las actividades propias de internado de pregrado.

b. Atención médica, quirúrgica y farmacológica al interno.

c. Seguro de vida o su equivalente.

d. El pago de la beca, apoyos de vestuario y alimentación en los horarios contemplados en el programa operativo.

e. El programa operativo debe describir las prácticas clínicas complementarias en los siguientes términos:

I. Rol, horario, duración, servicio y frecuencia, con al menos dos días entre cada una de ellas, de conformidad con el programa académico.

II. Las jornadas de prácticas clínicas complementarias de lunes a viernes deben ser por un máximo de doce horas; sábados, domingos y días festivos, por un máximo de veinticuatro horas.

III. Sólo deben aplicarse las prácticas clínicas complementarias establecidas en el programa operativo, respetando los roles, servicios, módulos y asignaturas.

IV. Los internos en ningún caso deben acreditar prácticas clínicas complementarias a través de un sustituto, sin la autorización previa del coordinador de internado o el responsable de los procesos de formación de recursos humanos para la salud en la sede o subsede.

V. Es improcedente la realización de prácticas clínicas complementarias o periodos extraordinarios de actividades en el campo clínico, adicionales a las establecidas en los programas académico y operativo.

DÉCIMO PRIMERA. Acorde con lo anterior, dentro del eje transversal “México Incluyente”del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 el Objetivo 2.3. Asegurar el acceso a los servicios de salud, establece como estrategia:

“Garantizar el acceso efectivo a servicios de salud de calidad.”

Y como líneas de acción específicas:

“Instrumentar mecanismos que permitan homologar la calidad técnica e interpersonal de los servicios de salud.”

“Mejorar la calidad en la formación de los recursos humanos y alinearla con las necesidades demográficas y epidemiológicas de la población.”

DÉCIMO SEGUNDA. Asimismo, el Programa Sectorial de Salud en su Objetivo 5establece que en éste rubro, el Gobierno Federal se ha planteado impulsar un sector salud eficiente, con mecanismos que permitan mejorar su desempeño y la calidad de los servicios, con esquemas sectoriales de planeación y evaluación del desempeño; asimismo que impulse la innovación y la investigación científica. Por lo que la estrategia 5.1 “Fortalecer la formación y gestión de recursos humanos en salud” establece como líneas de acción específicas:

5.1.1. Establecer los criterios para el crecimiento responsable y ordenado de los recursos humanos.

5.1.2. Impulsar la formación de los recursos humanos alineada con las necesidades demográficas, epidemiológicas, de desarrollo económico y culturales.

5.1.3. Impulsar la actualización y capacitación continua de los recursos humanos con base en las necesidades nacionales de salud.

5.1.4. Promover la capacitación para mejorar los procesos de atención en salud, gerenciales y de apoyo administrativo.

5.1.5. Participar en la elaboración de criterios y lineamientos de acreditación de las instituciones educativas conjuntamente con las instituciones correspondientes.

5.1.6. Contribuir a la integración de contenidos básicos de género, derechos humanos e interculturalidad en la formación de profesionales.

5.1.7. Impulsar la capacitación en salud pública, salud ocupacional, gestión y calidad de servicios del personal de salud.

5.1.8. Consolidar los mecanismos interinstitucionales de colaboración para la formación de recursos humanos.

5.1.9. Evaluar la aplicación de las políticas nacionales de formación y capacitación de recursos humanos.

5.1.10. Promover la contratación de recursos humanos alineados con un modelo enfocado en la atención primaria.

Los diputados integrantes de ésta comisión consideran que los lineamientos antes referidos, impulsan la formación de los recursos humanos de ciencias de la salud, a fin de contribuir con servicio médico y atención de calidad, procurando su bienestar físico y salud ocupacional y mental.

DÉCIMO TERCERA.Respecto de la propuesta de reforma al artículo 87 de la Ley General de Salud, misma que pretende señalar que en ningún momento se comprometerá la integridad física y mental de los pasantes en relación con los ciclos de descanso de los mismos, para optimizar la atención médica; asimismo establece que “el servicio social se llevará a cabo todos los días del año, incluyendo los inhábiles y festivos, los cuales no podrán exceder para cada pasante de tres veces por semana con intervalos de por lo menos dos días; y los turnos en ningún caso podrán exceder de 12 horas continuas”; esta dictaminadora considera pertinente hacer las siguientes observaciones:

a. Los integrantes de esta comisión coinciden con el promovente respecto a que la prestación del servicio social, no se debe comprometer la integridad física y mental de los prestadores; toda vez que de ellos depende la atención y la calidad de la prestación de los servicios médicos. De manera que si la salud del prestador de servicio social se ve afectada, de conformidad con lo analizado en los considerandos Octavo y Noveno del presente instrumento, el servicio de salud no será de la calidad apropiada, en detrimento del usuario del Sistema Nacional de Salud.

b. Respecto de establecer los días, las veces por semana y los intervalos de los mismos para la prestación del servicio social, esta dictaminadora concluye que es inviable, toda vez que, tal como lo señala la Secretaría de Salud del Gobierno Federal, es el Programa Operativo del Servicio Social el instrumento que señala el desarrollo calendarizado de actividades asistenciales, educativas, académicas y de investigación del médico pasante, así como los tiempos de toma de alimentos, descansos y vacaciones acordes a las necesidades de la jurisdicción sanitaria y la comunidad.

Por lo que no es materia de esta Ley General normar los tiempos, modalidades e intervalos con los que cada Universidad, Institución de Educación Superior e Instituciones de Salud desarrollan su programa de prestación de servicio social obligatorio.

En virtud de lo anterior y tomando en consideración que cada Institución Académica con enseñanza en las áreas médicas debe contar con su propio Programa en coordinación con las autoridades del Sistema Nacional de Salud determinará las particularidades de la prestación del servicio social obligatorio.

El Programa operativo en mención es un elemento del área médica que tiene doble propósito, uno académico y otro asistencial, que al mismo tiempo sirve para fortalecer el proceso formativo del médico general y de atención a las demandas en materia de salud en las unidades médicas que son sede de la prestación del servicio social en las entidades federativas.

c. El programa en cita debe tener al menos las siguientes características:

• Duración.

• Periodos para realizar el servicio social.

• Espacios para realizar el servicio social, en el que establece que deberá ser en Unidades Médicas de Primer Nivel, Hospitales de Cabecera Municipal y Hospitales Integrales autorizados como sedes del Programa de servicio social por entidad federativa.

• Marco legal.

• Justificación.

• Objetivo general.

• Objetivos específicos.

• Contenido del programa.

• Calendario de actividades clínicas y académicas.

d. Por lo expuesto, cada programa considera que el servicio social sirve para consolidar las habilidades y destrezas adquiridas por el médico en el ámbito hospitalario, que le permita un mayor ejercicio profesional y, en consecuencia, una mayor responsabilidad personal que fomente en el pasante el hábito de la enseñanza autodirigida; que permita la necesaria vinculación de la formación profesional y la realidad epidemiológica del país en el ámbito rural.

e. Aunado a lo anterior, las Bases para la instrumentación del Servicio Social de las Profesiones para la Salud, establecen en el Capítulo III de la Práctica del Servicio Social que: la práctica del servicio social tendrá una duración de doce meses continuos y se efectuará en los lugares que para este efecto tengan disponibles la Secretaría de Salud o las instituciones de servicio o las de Educación Superior.

f. Los recursos humanos son estratégicos para el buen desempeño de cualquier sistema de salud, México no es la excepción, y el reto de acuerdo con el Programa Sectorial de Salud, es desarrollar una fuerza laboral para la salud que esté disponible, tenga arraigo en las comunidades, sea competente, productiva y responda a las necesidades de la población con prioridad hacia la prevención y promoción de la salud.

g. Existe una tendencia a que los recursos humanos se concentren en las áreas urbanas, debido a que los incentivos personales y profesionales para establecerse en centros de atención lejanos a las grandes ciudades son escasos o inexistentes. La principal consecuencia es que la atención brindada en los centros de salud rurales suele depender de los médicos en formación que se encuentran realizando su servicio social. Además, la mayor parte de las plantillas de personal de salud en las diferentes instituciones médicas, se concentra en turnos matutinos, careciendo de atención en turnos vespertinos, nocturnos y fines de semana.

h. Establece el mismo Programa Sectorial de Salud que el perfil de la plantilla de profesionales en las unidades médicas del sector salud y la forma grupal de organizarse no están alineados con las necesidades de salud de la población. Se observa, por un lado, una excesiva especialización del personal médico en áreas inadecuadas respecto del perfil epidemiológico y, por el otro, una carencia de profesionales con las habilidades idóneas para atender la problemática particular a la que se enfrentan en las unidades.

Por lo anteriormente expuesto, esta dictaminadora aprueba con modificaciones la reforma al artículo 87 de la Ley General de salud, para quedar como sigue:

Artículo 87. La prestación del servicio social de los pasantes de las profesiones para la salud, se llevará a cabo mediante la participación de los mismos en las unidades aplicativas del primer nivel de atención, prioritariamente en áreas de menor desarrollo económico y social.

La prestación del servicio social a que se refiere el presente capítulo respetará los ciclos de descanso de los pasantes, salvaguardando su integridad física y mental; con la finalidad de mejorar la calidad de la atención médica.

DÉCIMO CUARTA. Esta dictaminadora analizó la propuesta de reforma al artículo 95 de la Ley en cita, misma que pretende dejar el texto como a continuación se indica:

Los aspectos docentes del internado de pregrado y de las residencias de especialización, se regirán por lo que establezcan las instituciones de educación superior, de conformidad con las atribuciones que les otorguen las disposiciones que rigen su organización y funcionamiento y lo que determinen las autoridades educativas competentes.

La operación de los programas correspondientes en los establecimientos de salud, se llevará a cabo de acuerdo a los lineamientos establecidos por cada una de las instituciones de salud y lo que determinen las autoridades sanitarias competentes. Todos los lineamientos deberán evitar comprometer la integridad física y mental de los pasantes en relación con los ciclos de descanso de los mismos. Las jornadas en ningún caso podrán exceder de 16 horas continuas.

Resulta pertinente señalar que dicho numeral de la ley se encuentra dentro del Título Cuarto “Recursos Humanos para los Servicios de Salud”; Capítulo III “Formación, capacitación y actualización del Personal”.

En este capítulo se regula la promoción de actividades tendientes a la formación, capacitación y actualización de los recursos humanos para la satisfacción de las necesidades del país en materia de salud, normando entre otras cosas los aspectos docentes de la formación del personal médico.

Aunado a lo anterior, y toda vez que el artículo que se pretende realizar la reforma establece que los aspectos docentes del internado de pregrado y de las residencias de especialización, se regirán por lo que la propuesta de reforma no es viable ya que de acuerdo con el artículo 94 del ordenamiento objeto de la reforma por lo que como se ha establecido en la consideración novena del presente, las NOM atienden la preocupación del iniciante, dando lugar a ser modificadas de acuerdo con las necesidades de su campo de aplicación.

En atención a lo anterior, esta dictaminadora no es omisa en señalar que los instrumentos que regulan la prestación del servicio social de los pasantes de ciencias médicas, los realiza cada Universidad o Institución Académica en coordinación con las Autoridades Educativas y las Autoridades Sanitarias, a fin de establecer las necesidades y prioridades del Sistema Nacional de Salud.

Sin embargo, gran parte del marco jurídico para la prestación del servicio social es de hace más de 2 décadas y requiere ser actualizado; por lo que el promovente está en posibilidades de agotar los recursos que nuestro marco jurídico le otorga, a fin de exhortar al Gobierno Federal a efecto de actualizar las disposiciones reglamentarias aplicables a la prestación del servicio social obligatorio en el campo de la medicina, el internado de pregrado y las residencias médicas.

Por lo antes expuesto, los integrantes de la Comisión de Salud someten a consideración de ésta Soberanía, el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 87 DE LA LEY GENERAL DE SALUD.

Artículo Único. Se adiciona un segundo párrafo al artículo 87 de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

Artículo 87. ...

La prestación del servicio social a que se refiere el presente capítulo respetará los ciclos de descanso de los pasantes, salvaguardando su integridad física y mental; con la finalidad de mejorar la calidad de la atención médica.

Transitorio

Único.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Nota:

1 Artículo 5o. A ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos. El ejercicio de esta libertad sólo podrá vedarse por determinación judicial, cuando se ataquen los derechos de tercero, o por resolución gubernativa, dictada en los términos que marque la ley, cuando se ofendan los derechos de la sociedad. Nadie puede ser privado del producto de su trabajo, sino por resolución judicial.

La ley determinará en cada entidad federativa, cuáles son las profesiones que necesitan título para su ejercicio, las condiciones que deban llenarse para obtenerlo y las autoridades que han de expedirlo.

Nadie podrá ser obligado a prestar trabajos personales sin la justa retribución y sin su pleno consentimiento, salvo el trabajo impuesto como pena por la autoridad judicial, el cual se ajustará a lo dispuesto en las fracciones I y II del artículo 123.

En cuanto a los servicios públicos, sólo podrán ser obligatorios, en los términos que establezcan las leyes respectivas, el de las armas y los jurados, así como el desempeño de los cargos concejiles y los de elección popular, directa o indirecta. Las funciones electorales y censales tendrán carácter obligatorio y gratuito, pero serán retribuidas aquéllas que se realicen profesionalmente en los términos de esta Constitución y las leyes correspondientes. Los servicios profesionales de índole social serán obligatorios y retribuidos en los términos de la ley y con las excepciones que ésta señale.

...

...

...

...

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de mayo de 2016.

La Comisión de Salud, diputados:Elías Octavio Íñiguez Mejía (rúbrica), presidente; Sylvana Beltrones Sánchez (rúbrica), Marco Antonio García Ayala (rúbrica), Rosalina Mazari Espín (rúbrica), María Verónica Muñoz Parra (rúbrica), Pedro Luis Noble Monterrubio (rúbrica), Teresa de Jesús Lizárraga Figueroa (rúbrica), Eva Florinda Cruz Molina, José Guadalupe Hernández Alcalá (rúbrica), Araceli Madrigal Sánchez, Mariana Trejo Flores, Rosa Alba Ramírez Nachis (rúbrica), Melissa Torres Sandoval (rúbrica), Rosa Alicia Álvarez Piñones (rúbrica), Jesús Antonio López Rodríguez (rúbrica), secretarios; Xitlalic Ceja García (rúbrica), Román Francisco Cortés Lugo (rúbrica), Rocío Díaz Montoya (rúbrica), Pablo Elizondo García (rúbrica), Delia Guerrero Coronado, Roberto Guzmán Jacobo, Genoveva Huerta Villegas (rúbrica), Víctor Ernesto Ibarra Montoya, Alberto Martínez Urincho (rúbrica), Evelyn Parra Álvarez (rúbrica), Carmen Salinas Lozano (rúbrica), Karina Sánchez Ruiz, José Refugio Sandoval Rodríguez, Ana Laura Rodela Soto, Wendolín Toledo Aceves, Yahleel Abdala Carmona.»

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Se pide a la Secretaría que abra el sistema electrónico por tres minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular del segundo proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 87 de la Ley General de Salud.

El Secretario diputado Raúl Domínguez Rex:Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por tres minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular.

(Votación)

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Esta Presidencia saluda a alumnos del séptimo cuatrimestre de la licenciatura en Derecho, en el Colegio de San Francisco, procedentes de San Francisco del Rincón, estado de Guanajuato. Invitados por la diputada Yulma Rocha Aguilar. Bienvenidos.

Igualmente, saludamos a maestras de educación básica del estado de Nuevo León. Invitadas por la diputada María Eugenia Ocampo Bedolla.

Esta Presidencia envía un saludo a las maestras del estado de Nuevo León, que nos visitan el día de hoy. Invitadas por la diputada Mirna Saldívar Paz, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.

El Secretario diputado Raúl Domínguez Rex:¿Falta algún diputado o diputada por emitir su voto? Ciérrese el sistema de votación Electrónico. De viva voz.

La diputada Lilia Arminda García Escobar (desde la curul): A favor.

El Secretario diputado Raúl Domínguez Rex:Señor presidente, se emitieron 392 votos a favor, 0 abstenciones, 0 votos en contra.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Aprobado en lo general y en lo particular por 392 votos el proyecto de decreto por el que se adiciona...

La diputada Erika Lorena Arroyo Bello(desde la curul): A favor, presidente.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Agréguese el voto de la diputada Erika Arroyo a favor, por tanto el dictamen es aprobado en lo general y en lo particular por 393 votos el proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 87 de la Ley General de Salud. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.

INICIATIVAS DE DIPUTADAS Y DIPUTADOS

LEY GENERAL DE EDUCACIÓN

El Secretario diputado Raúl Domínguez Rex:«Iniciativa que reforma el artículo 7o. de la Ley General de Educación, suscrita por las diputadas Hortensia Aragón Castillo y Maricela Contreras Julián, del Grupo Parlamentario del PRD

Planteamiento del problema

La dinámica social y las transformaciones estructurales impactan de manera decidida en las condiciones de vida de las personas, las cuales enfrentan nuevas demandas para la satisfacción de sus necesidades, a través del acceso de servicios básicos que les permitan ejercer sus derechos.

En materia de salud, dichos cambios implican una alteración en las causas de morbilidad y mortalidad, representando un reto para el estado para cumplir con su obligación de garantizar el acceso a la protección social de la salud con la aparición de problemas que se convierten de interés público y verdaderos focos rojos si no se atienden de manera eficaz y oportuna.

Como ejemplo de estos últimos tenemos las cifras crecientes en el consumo de sustancias psicoactivas, la violencia, los trastornos alimentarios, el suicidio, el sobrepeso, la obesidad, los embarazos no deseados, los cuales se presentan de manera más recurrente en nuestros niños, niñas y jóvenes.

De esa manera, tenemos las siguientes cifras:

• En materia de obesidad y sobrepeso, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura indicó que en 2016 México ha superado a Estados Unidos como el país con más personas obesas en el mundo. Aproximadamente 70 por ciento de los mexicanos padece sobrepeso y casi una tercera parte sufre de obesidad. Sin embargo, lo más preocupante es que un tercio de los jóvenes la padecen, cifra que se ha triplicado desde hace 10 años.

• En enfermedades crónico degenerativas como la diabetes, la Federación Internacional de la Diabetes, estima que en el mundo existen más de 382 millones de personas con este padecimiento, de los cuales, 87 por ciento vive en países en vías de desarrollo. En México, la cifra no es alentadora, pues considera que hay entre 9 a 12 millones de personas con diabetes, e igual número de personas en riesgo de padecer esta epidemia. Por su parte, la Secretaría de Salud Federal ha precisado que fueron registradas alrededor de 87 mil defunciones por consecuencia de la diabetes en 2014, por lo cual se establece como la segunda causa de muerte en México, sólo después de las muertes por afecciones cardiacas, las que también están asociadas a la diabetes.

• Por lo que hace a las adicciones, en el Programa Nacional de Prevención y Atención de Adicciones, se reconoce que una de cada tres personas de 12 a 65 años de edad mantiene un consumo nocivo de alcohol, 17 millones son fumadores y al menos 500 mil son adictos a alguna sustancia ilegal. De lo anterior se desprende lo siguiente:

- Por enfermedades asociadas al tabaco, se reportan 44 mil personas al año que mueren, es decir, 120 decesos diarios, representando un costo de atención de 61 mil millones de pesos anualmente.

- Respecto al consumo nocivo de alcohol, se produjo una disminución en la edad de inicio, que la ubica los 12 años de edad, así como el aumento en los patrones de ingesta de las mujeres, los cuales ya son parecidos a los de los hombres.

• El embarazo adolescente, según estimaciones del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, se presenta de manera creciente y alarmante en los últimos años, registrando 400 mil embarazos de mujeres menores de edad cada año en el país, lo que representa 20 por ciento del total de nacimientos. Coahuila y Tamaulipas muestran cifras por arriba de los 10 mil casos por año de los nacidos vivos de madres menores de 19 años, en tanto que en el estado de México se registraron 53 mil 329, que representa 15 por ciento del total, siendo la entidad con el mayor número de embarazos de este tipo. Le sigue Veracruz, con 25 mil 729.

• Respecto a las infecciones de transmisión sexual (ITS), datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) muestran que en 2014, 62.3 por ciento de las mujeres de 15 a 29 años inició su vida sexual; 49.4 por ciento de ellas no utilizó un método anticonceptivo durante su primera relación sexual. Por su parte, investigaciones académicas (L. Campero, E. Atienzo, L. Suárez, B. Hernández y A. Villalobos, 2003, febrero, Salud Sexual y Reproductiva de los Adolescentes en México: evidencias y propuestas, Gaceta Médica de México, 209-307), indican que las ITS se ubican entre las diez primeras causas de morbilidad general en el grupo de 15-44 años de edad.

• En el caso del VIH, el Centro Nacional para la Prevención y Control del VIH-Sida en 2012 reportó que hubo 531 casos de mujeres embarazadas con Sida, originando 61 casos de transmisión perinatal. En el Registro Nacional de Casos de Sida, informe actualizado al segundo trimestre de 2016, se afirma que el grupo de edad de 15 a 19 años han tenido un total de 3 mil 559 personas casos registrados; del grupo de edad de 20-24 años 18 mil 996 casos; y del grupo de 25-29 años, 33 mil 169.

Ante esta realidad, se hace indispensable, además de la atención propia que se proporcione en el sistema de salud de nuestro país en los tres niveles de gobierno, enfocar los esfuerzos en la formación cultural de la sociedad a través de la promoción y educación para la adopción de estilos de vida saludables, objeto de la presente iniciativa.

Argumentos

La Organización de las Naciones Unidas (ONU), durante la Primera Conferencia Internacional para la Promoción de la Salud, celebrada en Ottawa, Canadá, en 1986, puso especial atención en un tema que, como lo definió permite a las personas incrementar el control sobre su condición física para mejorarla, a través de acciones para aumentar sus habilidades, capacidades físicas y la modificación de las condiciones sociales, ambientales y económicas que son determinantes en la salud.

Con esas consideraciones, como parte de las conclusiones de dicha Conferencia, la ONU estableció que “... la promoción de la salud consiste en proporcionar a los pueblos los medios necesarios para mejorar su salud y ejercer un mayor control sobre la misma. Para alcanzar un estado adecuado de bienestar físico, mental y social un individuo o grupo debe ser capaz de identificar y realizar sus aspiraciones, de satisfacer sus necesidades y de cambiar o adaptarse al medio ambiente. La salud se percibe pues, no como el objetivo, sino como la fuente de riqueza de la vida cotidiana. Se trata por tanto de un concepto positivo que acentúa los recursos sociales y personales así como las aptitudes físicas. Por consiguiente, dado que el concepto de salud como bienestar trasciende la idea de formas de vida sanas, la promoción de la salud no concierne exclusivamente al sector sanitario”.

De esa manera, se ha puesto como eje de las políticas de gobierno a la promoción de la salud, dado que se considera una parte de la atención integral en cada uno de los niveles y que, aplicado con otros instrumentos de manera transversal, se convierte en un aspecto indispensable de la prevención.

Por otra parte, en la quinta Conferencia Internacional de Educación de las Personas Adultas celebrada en Hamburgo en 1997, se comenzó a visibilizar la importancia de la educación para la salud como un mecanismo que ayudará a la prevención de enfermedades y como parte del proceso de tratamiento de padecimientos que, por su naturaleza, requirieren de atención constante. Para ello, se emitió una serie de folletos informativos que documentaron la influencia de la educación para la salud en estilos de vida de las personas adultas mayores y que, combinada con otros factores, había mejorado el bienestar de dichas personas.

Sobre este respecto, destaca lo que la doctora Margaret Chan, directora general de la Organización Mundial de la Salud, refiere sobre la educación y la salud a propósito de las reflexiones sobre el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio: “Los datos demuestran que la educación de las niñas es especialmente rentable desde el punto de vista de la salud. En este sentido, la educación y la salud están hermanadas. Por poner solo un ejemplo, las niñas con mayor nivel educativo tienen menos hijos y los tienen a una edad más tarde. Además son mejores madres. Asimismo, las niñas y mujeres alfabetizadas tienen muchas más probabilidades de tener mejores conocimientos sobre la salud. La educación aumenta el estatus de la mujer, favorece su salud sexual y la protege de la violencia doméstica. También sabemos que las mujeres que contribuyen a los ingresos familiares suelen invertir en el bienestar de sus familias: uniformes y libros escolares, mejores alimentos, letrinas, mosquiteros para protegerse del paludismo, etcétera.”

Así, se ha concebido a la educación para la salud como un proceso educativo que comprende las oportunidades de aprendizaje creadas para mejorar la formación en términos de sanidad que incluye:

• La mejora del conocimiento de la población.

• El desarrollo de habilidades personales que conduzcan a la mejora de la salud.

Se convierte también, como una estrategia prioritaria en la prestación de servicios de salud y como parte de las políticas educativas del estado para coadyuvar en la prevención, el tratamiento y la rehabilitación.

Parte de las acciones para atender los problemas de salud pública deben ir encaminadas a la formación que nuestras niñas y niños tengan en los planteles escolares, por lo que es de vital importancia que dentro de los planes y programas de estudio se incorpore la asignatura de educación para la salud.

Es importante destacar que existen antecedentes de la impartición de esta asignatura en los planes y programas de estudio de nuestro sistema educativo nacional. De esa manera la educación para la salud aparece como tal en el plan de estudios de las escuelas normales de 1985, con temas afines a los libros de texto gratuitos de la enseñanza básica; posteriormente, con la reforma del Plan de Estudios de 1997 desaparece y se crea la de ciencias naturales, con una enseñanza enfocada al medio ambiente.

Después en la reforma del plan y programas de la enseñanza básica, se reestructuró los contenidos temáticos colocando los temas de salud al apartado El cuerpo humano y la salud con temas como el cuerpo humano y sus funciones, los alimentos y su valor nutricional, el uso de servicios de salud, la prevención de enfermedades y accidentes, entre otros; finalmente en el Programa de Acción Específico 2007-2012, de la política escuela y salud, se realizó un esfuerzo para concretar un acercamiento de la salud como tema a tratarse en las escuelas de educación básica, sin embargo, se trató fundamentalmente de acercar a los centros escolares y su comunidad a una cultura de la salud y el autocuidado.

Por esas razones, se propone que entre los temas que puedan formar parte del contenido para esta nueva asignatura, se encuentran los siguientes:

• Nutrición

• Cuidado de la salud

• Estilos de vida saludables

• Prevención de enfermedades

• Cultura preventiva ante las adiciones

• Resolución no violenta de conflictos

• Salud ambiental

La presente iniciativa plantea adicionar dentro de los fines de la educación que imparta el estado, sus organismos descentralizados y los particulares, lo relativo al fomento de la educación para la salud, como parte indispensable para el desarrollo pleno de las y los educandos.

Dicha adición permitirá a las autoridades educativas incluir una asignatura de educación para la salud dentro de los planes y programas de estudio, los cuales deben atender los fines establecidos en el artículo 7 de citado ordenamiento que obedece a la propuesta, en la cual se sustituye de lo establecido del texto vigente que se refiere al fomento de la educación en materia de nutrición y crear conciencia sobre la preservación de la salud, por la promoción de la salud integral y la adopción de estilos de vida saludables que son conceptos más amplios de acuerdo a los argumentos esgrimidos.

Las modificaciones a los que se refiere la presente iniciativa son las siguientes:

Fundamento legal

Las suscritas, diputadas integrantes de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados; con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 3, numeral 1, fracción VIII; 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración del pleno de la Honorable Cámara de Diputados el siguiente proyecto de

Decreto por el que se reforma el artículo 7 fracciones IX y X de la Ley General de Educación

Artículo Único. Se reforma el artículo 7, fracciones IX y X de la Ley General de Educación, para quedar como sigue:

Artículo 7o.

I. a VIII. ...

IX. Fomentar la educación en materia de salud integraly estimular la educación física y la práctica del deporte;

X. Desarrollar actitudes solidarias en los individuos y crear conciencia sobre estilos de vida saludables, el ejercicio responsable de la sexualidad, la planeación familiar y la paternidad responsable, sin menoscabo de la libertad y del respeto absoluto a la dignidad humana, así como propiciar el rechazo a los vicios y adicciones, fomentando el conocimiento de sus causas, riesgos y consecuencias;

XI. a XVI. ...

Transitorios

Primero.El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el presente decreto, la Secretaría de Educación Pública convocará al Consejo Nacional de Participación Social en la Educación en un plazo no mayor a 60 días naturales contados a partir de la publicación del presente decreto en el Diario Oficial de la Federación.

Tercero.Las modificaciones a los planes y programas de estudio para incluir los objetivos señalados en el artículo 7, fracciones IX y XI, deberán reflejarse en el ciclo escolar inmediato a la entrada en vigor del presente decreto.

Cuarto. La Secretaría de Educación Pública, en coordinación con las autoridades educativas locales, podrá establecer programas pilotos en entidades federativas para dar cumplimiento a lo establecido en el presente decreto.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de septiembre de 2016.— Diputadas: Hortensia Aragón Castillo,Maricela Contreras Julián (rúbricas).»

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Túrnese a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos para dictamen.

LEY GENERAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE

El Secretario diputado Raúl Domínguez Rex:«Iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Cultura Física y Deporte, a cargo del diputado Alejandro Ojeda Anguiano, del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, diputado Alejandro Ojeda Anguiano, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, de la LXIII Legislatura, en ejercicio de la facultad que me otorgan el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta soberanía iniciativa como proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 9, 15, 17, 20, 80 y 82 de la Ley General de Cultura Física y Deporte, al tenor de lo siguiente:

Planteamiento del problema y argumentos que la sustentan

1. En diciembre de 1988 por Decreto Presidencial, surge la Comisión Nacional del Deporte (Conade), como órgano desconcentrado de la Secretaría de Educación Pública encargado de la promoción y el fomento del deporte y la cultura física.

La estructura orgánica de este organismo no cumplió con la encomienda y objetivos de desarrollo del deporte, ya que no se ha logrado colocar al deporte mexicano como referente mundial en juegos mundiales, ya sean olimpiadas o panamericanos.

2. Mediante Decreto publicado el 24 de febrero de 2003 en el Diario Oficial de la Federación se crea la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, como un organismo público descentralizado de la Administración Pública Federal, con personalidad jurídica, patrimonio propio, la cual desde ese momento y hasta nuestros días, es la conductora de la política nacional en materia de cultura física y deporte.

3. En los Juegos Olímpicos que tuvieron sede en Londres 2012, el desempeño por parte de la delegación mexicana ha sido de las mejores actuaciones en la historia de México, con un total de 7 preseas: una medalla de oro, tres de plata y tres de bronce; en comparación los Juegos Olímpicos que se celebraron en Río de Janeiro, del presente año, la delegación mexicana tuvo un total de 5 preseas, tres de plata y dos de bronce. De ahí que se puede apreciar una notable disminución en los resultados concretos en obtención de medallas.

4. Durante el desarrollo de los Juegos Olímpicos que se celebraron en Rio de Janeiro, se escucharon quejas de los competidores en el sentido de falta de apoyos económicos para la preparación de los deportistas.

En diversos medios de comunicación se dio a conocer el caso de diversos boxeadores quienes para poder participar en el “Campeonato Mundial de Boxeo” sede en Doha, Qatar en el año 2015, tuvieron la necesidad de salir a las calles para “botear” y así poder recaudar los fondos para poder asistir a dicho Campeonato. En contraste en este deporte en las olimpiadas se obtuvo medalla de bronce.

5. Es por ello que se propone con esta iniciativa modificar de raíz la estructura orgánica de la Conade, mediante un procedimiento democrático y transparente en el que Cámara de Diputados designe al titular de la Conade mediante convocatoria abierta particularmente para aquellos que tenga vínculos con el deporte y presenten su currículum para que el titular de la Conade sea elegido por su perfil y compromiso con el deporte, y se eviten amiguismos o compadrazgos políticos.

6. La idea es que los mejores especialistas y conocedores del tema, aspiren a ser titulares de la Conade, permitiendo la designación de mejores perfiles con un compromiso concreto a dar resultados, medibles y con mecanismos que aseguren que el deporte sea verdaderamente un tema de responsabilidad gubernamental.

7. Con esta iniciativa se busca reforzar el plan nacional en el tema para que efectivamente se cumplan las metas, las cuales básicamente consisten en colocar a México como una potencia mundial deportiva.

8. Nombrar a un titular de la Conade comprometido con el ejercicio físico se permitirá consolidar el sistema nacional de cultura física y deporte, para que en todos los municipios del país existan espacios para que los jóvenes vean la opción deportiva amateur y profesional como una alternativa real en su entorno.

9. Fortalecer el deporte en el país, representa una gran oportunidad para usarla como herramienta para enfrentar diversos problemas que aquejan al país como son la inseguridad, el rezago social y la pobreza.

10. En el año 2013 se aprobó la ley general de cultura física y deporte, y desde ese entonces se cuestionó que había fisuras en la ley, básicamente la designación del titular de la Conade por parte del Ejecutivo Federal. El tiempo nos ha dado la razón e independientemente de los resultados que se tengan en Brasil, los recientes escándalos surgidos por el titular de la Conade, Alfredo Castillo, han demostrado que es necesario que quién encabece el organismo, sea alguien conocedor del tema y no improvisados o que la institución sea manejado como espacio para compromisos políticos.

11. El titular de la Conade debe dar cuenta a la Cámara de Diputados para revisar los resultados de forma anual, con esto se crearán instrumentos de medición de carácter concreto.

12. Realizando una revisión histórica del cuadro de medallas en las Olimpiadas del año 2012, se obtuvieron 3 medallas de bronce, 3 de plata y 1 de oro; mientras que en el año 2008 se obtuvo una de bronce y 2 de oro, estos resultados, en lo individual son logros de los deportistas reconocibles y destacables. Sin embargo, como resultados a nivel nación son completamente dispares y no reflejan una evolución en el deporte ni se advierte una clara política gubernamental para detonar a México como potencia deportiva.

13. La falta de apoyo y compromiso son asuntos que se deben superar y no podemos acudir a cada Olimpiada sin que haya apoyo suficiente a los deportistas que representan a México.

14. La presente propuesta tiene como esencia un ya basta de justificaciones por parte de los responsables del deporte en México, de tal manera que el titular de la Conade pueda ser alguien que conozca el tema y que verdaderamente tenga el compromiso de impulsar el ejercicio físico en su historial profesional, sólo así podremos iniciar la discusión de un plan nacional en el tema del deporte.

Fundamento legal

Por lo anteriormente expuesto y motivado, el diputado suscrito, Alejandro Ojeda Anguiano, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, de la LXIII Legislatura, en ejercicio de la facultad que me otorgan el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta soberanía iniciativa como proyecto de

Decreto por el que se reforma los artículos 9, 15, 17, 20, 80 y 82 de la Ley General de Cultura Física y Deporte

Artículo Único. Se reforma los artículos 9, 15, 17, 20, 80 y 82, de la Ley General de Cultura Física y Deporte, para quedar como sigue:

Artículo 9. Existirá un Plan Nacional Integral del Deporte que deberá incorporar el desarrollo de la cultura física y el deporte, considerando las disposiciones previstas en la presente Ley y su Reglamento.

La Conade, en coordinación con la SEP, integrará el Plan Nacional Integral de Cultura Física y Deporte con base en un diagnóstico nacional, estatal y municipal, debiendo contener al menos:

I. Una clara definición de objetivos y metas;

II. La formulación de estrategias, tomando en cuenta criterios de coordinación institucional para el aprovechamiento de los recursos públicos y privados;

III. El diseño de políticas que aseguren la efectiva participación del sector privado en la actividad deportiva nacional, y

IV. El plan de inversiones con los presupuestos de los principales programas y proyectos de inversión pública de los distintos entes deportivos y la especificación de los recursos financieros requeridos para su ejecución; así como, su rendición de cuentas.

Para el cumplimiento de lo dispuesto en este artículo se adoptarán las acciones y estrategias pertinentes, se dictarán los instrumentos normativos a que haya lugar y se formularán los planes operativos anuales que garanticen su ejecución.

Artículo 15. La actuación de la Administración Pública Federal en el ámbito de la cultura física y del deporte, corresponde y será ejercida directamente, por un organismo público descentralizado de la Administración Pública Federal, que será el conductor de la política nacional en estas materias y que se denominará, Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, quien contará con personalidad jurídica, patrimonio propio, autonomía técnica y de gestión con domicilio en la Ciudad de México.

Artículo 17. La administración de la Conade estará a cargo de un órgano de gobierno denominado Junta Directiva y de las estructuras administrativas que se establezcan en el Estatuto Orgánico correspondiente. Asimismo, tendrá un Director General designado por la Cámara de Diputados, mismo que será elegido por las dos terceras partes de los miembros presentes. Previa convocatoria que haga la Comisión de Juventud y Deporte, de la cual surgirá una terna que será votada en pleno.

Artículo 20. El Director General del organismo será nombrado y removido por la Cámara de Diputados, debiendo recaer tal nombramiento en persona que reúna los requisitos señalados en el artículo 21 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales.

Artículo 80. La CAAD se integrará por un Pleno, por las unidades administrativas y Oficinas Regionales, necesarias para el cabal desempeño de sus funciones.

El Pleno se integrará por un Presidente y cuatro Miembros Titulares. Los nombramientos antes citados, deberán recaer en personas con profesión de Licenciado en Derecho o Abogado, amplio conocimiento del ámbito deportivo, y reconocido prestigio y calidad moral, y será designado por la Junta de Gobierno de la Conade.

El Presidente y los Miembros Titulares de la CAAD, durarán tres años en su encargo, pudiendo ser reelectos para un periodo más.

Artículo 82. La Conade expedirá las normas reglamentarias necesarias para la integración y funcionamiento de la CAAD. Asimismo, proporcionará anualmente el presupuesto para su funcionamiento.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación, en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de septiembre de 2016.— Diputado Alejandro Ojeda Anguiano(rúbrica).»

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Túrnese a la Comisión de Deporte para dictamen.

LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE

El Secretario diputado Raúl Domínguez Rex:«Iniciativa que reforma y adiciona los artículos 1o. y 3o. de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, a cargo de la diputada Maricela Contreras Julián, del Grupo Parlamentario del PRD

Planteamiento del problema

El mayor compromiso del Estado y, por ende, de los legisladores es hacer valer la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y garantizar el cumplimiento de los derechos previstos en ella, en este caso, un derecho humano: el derecho al ambiente sano, reconocido en el artículo 4o.:

Artículo 4o. ...

... Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley. Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El Estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la participación de la Federación, las entidades federativas.

La base normativa en el derecho internacional de mencionado derecho ha tenido su desarrollo, reconocimiento y suma de voluntades para su protección, muestra de ello es el Informe los límites del crecimiento elaborado por el Club de Roma en 1972 que puso en la mira internacional las consecuencias negativas de las acciones humanas mal planificadas sobre el planeta. En el mismo año, México adoptó la Declaración de Estocolmo sobre el medio humano, que establece como primer principio lo siguiente:

Principio 1. El hombre tiene derecho fundamental... (al) disfrute de condiciones de vida adecuadas en un medio de calidad tal que le permita llevar una vida digna y gozar de bienestar, y tiene la solemne obligación de proteger y mejorar el medio para las generaciones presentes y futuras.

... La protección y el mejoramiento del medio ambiente, es una cuestión fundamental que afecta al bienestar de los pueblos y al desarrollo económico del mundo entero, un deseo urgente de los pueblos de todo el mundo y un deber de todos los gobiernos.

México aporta al mundo un capital natural invaluable, que lo coloca en el cuarto lugar entre doce de los países reconocidos como “megadiversos”, de acuerdo con la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad. Lo anterior se traduce en una enorme importancia económica a partir del patrimonio natural y cultural que proporciona beneficios no sólo a las y los mexicanos, sino a la humanidad, siempre y cuando se atienda de manera íntegra y responsable su conservación y cuidado de los recursos y servicios ambientales de los que somos responsables.

La Unión Mundial para la Naturaleza, a través de estudios e información de la Alianza para la Extinción Cero, ha señalado a nuestro país como el territorio donde se ha identificado el mayor número de “sitios con cero extinciones”, seguido por Colombia, Brasil, Indonesia y China, lo cual implica acciones urgentes para proteger y garantizar las especies en peligro grave de extinción.

Sin embargo, debido a los efectos que ha producido el cambio climático y algunos proyectos de desarrollo, se ha puesto en peligro diversa riqueza natural que se hace indispensable protegerla, sobre todo a la luz de la preocupación internacional que se ha dado en la materia y por el compromiso de nuestro país por preservar el patrimonio natural.

En la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA), publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 de enero de 1988, se resguardaba la obligación de preservar el patrimonio natural de la nación; sin embargo, una reforma de ese ordenamiento en 1996 derogó el artículo 78, que contenía dicha disposición.

Por lo anterior y a fin de garantizar el cumplimiento de la Carta Magna, se hace indispensable incorporar el concepto de patrimonio natural a la LGEEPA, con objeto de preservarlo a través de la generación de políticas ambientales eficientes y que sean responsables con la conservación del capital natural del país.

Argumentos

La recomendación relativa a la protección en el ámbito nacional del patrimonio cultural y natural junto a la Convención sobre la protección del patrimonio mundial, cultural y natural fueron presentadas durante la Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), el 21 de noviembre de 1972, como parte de los mecanismos de protección del patrimonio natural.

Otros instrumentos que dan forma y hacen responsables de la protección y conservación del patrimonio natural, a los Estados son la Carta de derechos y deberes económicos de los estados, propuesta por primera vez por el presidente de México, Luis Echeverría, en 1972, y aprobada por la Asamblea de la ONU en 1974, que dicta la “protección, preservación y el mejoramiento del ambiente para las generaciones presentes y futuras”.

El 25 de septiembre de 2015, la Asamblea General de la ONU estableció la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, donde el país tiene propuestas claras y esfuerzos encaminados para lograr el objetivo de generar durante 15 años las condiciones para lograr los 17 objetivos y 169 metas en los ámbitos económico, social y ambiental.

Parte de esas acciones se concentrarán en la decimotercera reunión de la Conferencia de las Partes de la cual somos miembros junto con 196 países que han ratificado el Convenio sobre la Diversidad Biológica, y que tendrá lugar el 17 de diciembre de 2016 con el nombre “Integrando la biodiversidad para el bienestar” y del cual México será anfitrión en Cancún, donde se tiene como propuesta integrar el patrimonio natural y la biodiversidad como eje central de los planes, políticas y programas que nos lleven al logro de las metas y procesos internacionales mencionados.

Desde la Cámara de Diputados, a través de la evaluación número 1644, “Evaluación de la política pública al patrimonio natural”, que estuvo a cargo de la Auditoría Superior de la Federación, se señaló la urgencia de armonizar e incorporar en la LGEEPA la definición de “patrimonio natural” conforme a los criterios establecidos en el artículo 2 de la Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural, de la Conferencia General de la UNESCO:

Artículo 2.A los efectos de la presente convención se considerarán “patrimonio natural” Los monumentos naturales constituidos por formaciones físicas y biológicas o por grupos de esas formaciones que tengan un valor universal excepcional desde el punto de vista estético o científico, - las formaciones geológicas y fisiográficas y las zonas estrictamente delimitadas que constituyan el hábitat de especies, animal y vegetal, amenazadas, que tengan un valor universal excepcional desde el punto de vista estético o científico, - los lugares naturales o las zonas naturales estrictamente delimitadas, que tengan un valor universal excepcional desde el punto de vista de la ciencia, de la conservación o de la belleza natural.

La convención es un instrumento que tiene como espíritu proteger y preservar el patrimonio natural mundial de las amenazas que pueden ir desde el deterioro normal, hasta la devastación; y esto se traduce en compromisos que los estados toman parte para, también, armonizar legislación vigente para establecer mecanismos eficientes y lograr los objetivos de la convención.

El artículo 6, numeral 1, de la convención señala:

1. Respetando plenamente la soberanía de los Estados en cuyos territorios se encuentre el patrimonio cultural y natural a que se refieren los artículos 1 y 2 y sin perjuicio de los derechos reales previstos por la legislación nacional sobre ese patrimonio, los Estados parte en la presente convención reconocen que constituye un patrimonio universal en cuya protección la comunidad internacional entera tiene el deber de cooperar.

2. Los Estados parte se obligan, en consecuencia y de conformidad con lo dispuesto en la presente convención, a prestar su concurso para identificar, proteger, conservar y revalorizar el patrimonio cultural y natural de que trata el artículo 11, párrafos 2 y 4, si lo pide el Estado en cuyo territorio esté situado.

La evaluación número 1644, “Evaluación de la política pública al patrimonio natural”, y la síntesis Capital natural de México, conocimiento actual, evaluación y perspectivas de sustentabilidad, publicación de la Conabio, han señalado que las ANP tienen graves limitaciones de carácter metodológico para cumplir las metas y los criterios de la convención:

La principal estrategia de política ambiental para promover la conservación de los ecosistemas y sus servicios ha sido el establecimiento de un sistema de áreas naturales protegidas. Este sistema, sin embargo, requiere mejor planeación y mayor protección a futuro.

La Conabio a través de sus publicaciones respaldadas en estudios y conocimientos de investigadores, académicos, personalidades y autoridades en temas de ecología, como “Áreas naturales protegidas y desarrollo social en México”, incluido en Capital natural de México, ha sido enfática en la necesidad de identificar y armonizar los conceptos jurídicos que norman la protección de los recursos naturales:

Aunque paradójicamente la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente no considera las áreas naturales protegidas un instrumento de política ambiental, actualmente éstas constituyen la mejor herramienta con que cuenta México para conservar la biodiversidad y los servicios ambientales que esta proporciona a la sociedad.

Sin embargo, México al ratificar su adhesión a la UNESCO debe seguir los criterios establecidos en la convención para que los Estados parte identifiquen e inscriban en la lista de patrimonio mundial sus bienes naturales, culturales y mixtos. Hasta 2016 se cuenta con mil 52 bienes: 814 culturales, 203 naturales y 35 mixtos, localizados en los territorios de los 165 Estados parte.

México tiene un registro de 34 sitios inscritos en la lista de patrimonio mundial de la UNESCO, 6 naturales, 27 culturales y 1 mixto. Entre ellos destacan los siguientes:

• Archipiélago de Revillagigedo, 2016;

• El Pinacate y el Gran Desierto de Altar en la Biosfera Reserva, 2013;

• Reserva de la Biosfera de la Mariposa Monarca, 2008;

• Islas y Áreas Protegidas del Golfo de California, 2005-2007;

• Santuario de Ballenas de El Vizcaínas, 1993; y

• Sian Ka’an, 1987.

Los argumentos anteriores develan la urgencia de incorporar y armonizar el concepto de Patrimonio Natural considerado por la Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural, de la UNESCO, dentro de la LGEEPA, a fin de garantizar el cumplimiento de los compromisos internacionales y más importarte velar por la protección del derecho constitucional a un medio ambiente sano, por lo que se propone la siguiente modificación legislativa:

Fundamento legal

La suscrita, integrante de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 3, numeral 1, fracción VIII, 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno el siguiente proyecto de

Decreto por el que se reforma el artículo 1o. y se adiciona el artículo 3o. de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente

Único. Se reforma el artículo 1o., fracción IV, y se adiciona al artículo 3o. la fracción XXIV Bis de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, para quedar como sigue:

Artículo 1o. ...

I. a III. ...

IV. La preservación y protección de la biodiversidad y del patrimonio natural, así como el establecimiento y administración de las áreas naturales protegidas;

V. a X. ......

Artículo 3o. ...

I. a XXIV. ...

XXIV Bis. Patrimonio natural: Los monumentos naturales constituidos por formaciones físicas y biológicas o por grupos de esas formaciones que tengan un valor universal excepcional desde el punto de vista estético o científico, las formaciones geológicas y fisiográficas y las zonas estrictamente delimitadas que constituyan el hábitat de especies, animal y vegetal, amenazadas, que tengan un valor universal excepcional desde el punto de vista estético o científico, los lugares naturales o las zonas naturales estrictamente delimitadas, que tengan un valor universal excepcional desde el punto de vista de la ciencia, de la conservación o de la belleza natural;

XXV. a XXXIX. ...

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas:

1 http://www.ordenjuridico.gob.mx/TratInt/Derechos%20Humanos/ INST%2005.pdf

2 http://codex.colmex.mx:8991/exlibris/aleph/a18_1/apache_media/ Q8X2FXTHXG1IMBR5U76D9BU23QK8JU.pdf

3 El gobierno federal se adhirió a la Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural el 2 de mayo de 1984 con la venia del Senado, como señala el artículo 133 constitucional: “Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la ley suprema de toda la Unión. Los jueces de cada entidad federativa se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de las entidades federativas”.

4 http://whc.unesco.org/archive/convention-es.pdf

5 Bezaury-Creel, J., D. Gutiérrez Carbonell, y otros, 2009. “Áreas naturales protegidas y desarrollo social en México”, en Capital natural de México, volumen II, “Estado de conservación y tendencias de cambio”, Conabio, México, páginas 385-431.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados, a 29 de septiembre de 2016.— Diputada Maricela Contreras Julián(rúbrica).»

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Túrnese a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales para dictamen.

PRINCIPIOS Y DERECHOS DE LOS USUARIOS DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS Y LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR

El Secretario diputado Raúl Domínguez Rex:«Iniciativa que adiciona el Capítulo VIII Ter, “De los principios y derechos de los usuarios de espectáculos públicos”, y el artículo 76 Ter a la Ley Federal de Protección al Consumidor, a cargo del diputado Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

El suscrito, Clemente Castañeda Hoeflich, diputado integrante del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano, de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo señalado en el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, someto a consideración la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un Capítulo VIII Ter, “De los principios y derechos de los usuarios de espectáculos públicos” y un artículo 76 Ter a la Ley Federal de Protección al Consumidor, en materia de espectáculos públicos con base en la siguiente:

Exposición de Motivos

I. La Ley para la Celebración de Espectáculos Públicos en el Distrito Federal, define en su Artículo 4, Fracción V a un espectáculo público como:

“La representación, función, acto, evento o exhibición artística, musical, deportiva, taurina, cinematográfica, teatral o cultural, organizada por una persona física o moral, en cualquier lugar y tiempo y a la que se convoca al público con fines culturales, o de entretenimiento, diversión o recreación, en forma gratuita o mediante el pago de una contraprestación en dinero o especie”.

Los espectáculos públicos son una industria dedicada a la promoción de la cultura, el arte, el deporte y la recreación de la sociedad en nuestro país, la importancia de estos radica en que la sociedad usa su tiempo libre para asistir o participar en este tipo de eventos con fines educativos, recreativos y de entretenimiento.

Sin embargo, a pesar de su noble finalidad y de tener dicha importancia esta industria también se encuentra involucrada en irregularidades y prácticas que afectan a los ciudadanos consumidores de estos servicios.

II. Los principales problemas a los que se enfrentan los usuarios de los espectáculos públicos se generan a partir de la venta de los boletos o tickets de entrada, ya que, al adquirir dichos pases se presentan complicaciones para los consumidores, entre estas se encuentra la reventa, la falsificación de boletos, comisiones y costos extras que aumentan el precio del boleto, las bonificaciones y devolución del costo de los tickets, la falta de un sistema que permita al usuario visualizar las condiciones en que obtendrá el servicio acorde al lugar en donde se realice el evento, entre otros.

La falsificación de boletos es cada vez más común, los revendedores se colocan en los alrededores de los recintos donde se realizan los múltiples espectáculos públicos y ofrecen entradas más baratas o más caras según sea el caso.

Dicho problema, a parte de la ilegalidad de su origen, también trae consigo el sobrecupo en los eventos, por lo tanto, las medidas de seguridad y protección civil establecidas para los recintos no son suficientes, generando situaciones que ponen en peligro a los asistentes, ya que al exceder su capacidad no se cuenta con las instalaciones adecuadas para atender alguna emergencia, inclusive la logística del evento se irrumpe desde el ingreso y salida de las personas hasta el acomodo de estas, agregando que los servicios se vuelven insuficientes inclusive se han dado casos donde el evento ha dado inicio y existen personas afuera esperando a que se les dé el acceso.

La reventa y la falsificación de boletos no son los únicos factores que afectan el sobrecupo, también las empresas dedicadas a la organización de los espectáculos públicos venden boletos extras aun cuando es de su conocimiento la capacidad de cada recinto.

Otro abuso al que se exponen los espectadores de eventos públicos son los costos extra de los boletos, ya que además de incluir en el precio final de los boletos la comisión de la empresa que los vende, ésta cobra un costo extra por la impresión de los mismos. Además, cuando se llega a cancelar un evento, las empresas organizadoras no se hacen cargo por devoluciones o bonificaciones a los usuarios a pesar de que recibieron un servicio incompleto o simplemente no lo recibieron.

De igual forma otro problema en dichos eventos es que los precios de los boletos son asignados con base a la ubicación y visualización que se tiene del escenario donde se presentara el espectáculo, sin embargo, en muchas ocasiones las personas compran un boleto de cierto precio para poder disfrutar del evento de una manera cómoda y al llegar al recinto los asientos o lugares no son de la calidad que esperaban, en algunas ocasiones la visibilidad es nula o no se respetan los espacios de las personas que pagaron una cantidad diferente por el espacio deseado. Igualmente, debe destacarse que se presentan casos de discriminación por falta de accesos suficientes para personas con discapacidad.

III. Pese a la existencia de ordenamientos, principalmente a nivel municipal, que regulan los espectáculos públicos en nuestro país, no se cuenta herramientas específicas para proteger a los consumidores, desde un punto de vista de la calidad del espectáculo y el costo del boleto.

A nivel internacional, el ejemplo de la Comunidad Autónomo del País Vasco destacada por su regulación en materia de espectáculos públicos, que establece principios básicos para su buen desarrollo, en la “Ley 10/2015, de 23 de diciembre, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas”.

Mientras tanto, la normatividad en materia de espectáculos públicos en nuestro país es de índole municipal, a excepción de la Ciudad de México. Mediante la presente iniciativa, se plantea llevar a la Ley Federal de Protección al Consumidor un capítulo “De los principios y derechos de los usuarios de espectáculos públicos”. Dicha propuesta establece los derechos mínimos de los usuarios:

• El ingreso a los recintos sin ningún tipo de discriminación.

• Que sean efectivas las devoluciones y bonificaciones en caso de no cumplir con lo anunciado o en caso de no presentarse o cancelar algún artista o expositor.

• Instituir como derecho de los espectadores el trato digno y respetuoso por parte del personal del recinto y contar con medidas de seguridad para su integridad física y medidas de logística adecuadas por parte de las empresas en dichos eventos.

• Establecer derechos mínimos para evitar fraudes o espectáculos fantasmas.

• Que se usen los medios tecnológicos de información y digitales para que el espectador pueda conocer de antemano la visibilidad con la que contará en el evento.

• Que se les entregue a los espectadores una hoja de reclamación en donde puedan poner todas sus inconformidades.

Por lo anteriormente expuesto, me permito presentar ante esta Soberanía, la siguiente iniciativa con proyecto de:

Decreto que adiciona un Capítulo VIII Ter De los principios y derechos de los usuarios de espectáculos públicos y un artículo 76 Ter a la Ley Federal de Protección al Consumidor, en materia de espectáculos públicos

Artículo Único. Se adiciona un Capítulo VIII Ter De los principios y derechos de los usuarios de espectáculos públicos y un artículo 76 Ter a la Ley Federal de Protección al Consumidor, en materia de espectáculos públicos.

Capítulo VIII TerDe los Principios y Derechos de los Usuarios en Espectáculos Públicos

Artículo 76 Ter. Las disposiciones del presente Capítulo tienen por objeto la regulación de la celebración de espectáculos públicos, estableciendo la relación entre los espectadores y los proveedores de dichos servicios, así como los derechos generales de los usuarios y los principios rectores a los que debe apegarse el desarrollo de este tipo de espectáculos.

Para los efectos de este Capítulo se considerarán a los espectáculos públicos como la representación, función, acto, evento o exhibición organizada por uno o varios proveedores que convocan al público con fines culturales, de entretenimiento, diversión o recreación, en forma gratuita o mediante el pago de una contraprestación en dinero o especie y que se regirán bajo los siguientes principios:

I. El espectador será admitido en cualquier espectáculo o actividad y no se podrá condicionar o negar el acceso por su condición social, preferencia sexual, nacionalidad, étnica, religiosa, de género, discapacidad, estado civil o cualquier otro acto que menoscabar los derechos y libertades de las personas;

II. El espectáculo público se deberá llevar a cabo en la forma y condiciones que hayan sido anunciadas por el proveedor;

III. El espectador podrá solicitar la devolución de las cantidades pagadas, comisiones, o cualquier otra erogación, en los casos de modificación o suspensión del espectáculo público total o parcialmente, salvo por razones de seguridad o de fuerza mayor;

IV. El espectador tiene derecho a recibir un trato respetuoso y no arbitrario, así como a que sea garantizada su seguridad e integridad durante el desarrollo de un espectáculo;

V. Los proveedores deberán conducirse bajo los principios de veracidad y suficiencia de acuerdo con la publicidad anunciada, y ésta no podrá contener información que pueda inducir al error o engaño;

VI. El proveedor deberá respetar los lugares o espacios que hayan sido reservados y pagados en los términos y condiciones contratados por el espectador; en caso contrario el proveedor deberá realizar la devolución inmediata de la cantidad pagada y otorgar una bonificación del 20 por ciento del costo total del boleto;

VII. El proveedor deberá poner a disposición del espectador en sus respectivas páginas electrónicas y en sus puntos de venta de boletos, la fotografía de la vista que tendrá el espectador desde los asientos o localidades del lugar donde se realizará el espectáculo;

VIII. Los boletos adquiridos por el espectador deberán contener las medidas de seguridad digitales con la finalidad de evitar la falsificación de boletos o duplicidad de boletos, y

IX. Los proveedores deberán poner a disposición de los espectadores hojas de reclamación para hacer constar en ellas las quejas que estimen pertinente.

Transitorio

Único.El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas:

1 Asamblea Legislativa del Distrito Federal, “Ley para la Celebración de Espectáculos Públicos en el Distrito Federal”, Artículo 4, Fracción V, 2016, recuperado de: http://www.aldf.gob.mx/archivo-636d6591 d29f3ca807bf93dda762992b.pdf

2 Proceso, “Denuncian a la Arena Ciudad de México por discriminación”, 5 de septiembre de 2014, recuperado de: http://www.proceso. com.mx/381384/denuncian-a-la-arena-ciudad-de-mexico-por-discriminacion

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de octubre de 2016.— Diputado Clemente Castañeda Hoeflich(rúbrica).»

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Túrnese a la Comisión de Economía, para dictamen.

LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL

El Secretario diputado Raúl Domínguez Rex:«Iniciativa que reforma los artículos 41 Bis y noveno transitorio de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a cargo del diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano, del Grupo Parlamentario del PRD

Planteamiento del problema y argumentos que la sustentan

1. La transformación del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta) en una Secretaria de Cultura, se circunscribió al ámbito administrativo para que las acciones del Consejo facilitaran aquellas actividades culturales organizadas por el mismo.

El cambio de Conaculta a la Secretaria de Cultura tuvo como objetivo facilitar la gestión de cultura eliminando barreras burocráticas que nos llevara a una simplificación, ello con el único objetivo de dar cumplimiento al artículo 4° Constitucional en materia de cultura.

En ejercicios anteriores la Comisión de Cultura de la Honorable Cámara de Diputados anualmente aprobaba proyectos culturales que no tenían acceso a los recursos del propio Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. En un ejercicio democrático la Cámara de Diputados aprobaba proyectos que consideraba indispensables de realizarse, ello para promover la cultura en México. Conaculta se encarga de vigilar la debida ejecución y cumplimiento de los recursos asignados a dichos proyectos, garantizando la absoluta transparencia en la realización de los proyectos y eventos culturales.

Ahora en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017 la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, de forma engañosa pretende eliminar los apoyos que se otorgaban por medio de la Cámara de Diputados, en una jugada poco afortunada la Secretaria de Hacienda asigna el equivalente de recursos de los apoyos culturales que venían asignando a la Secretaria de Cultura. Esto rompe con el esquema establecido que se ha venido ejercitando y dando resultados.

2. En el ejercicio 2016 en el tema de cultura se asignaron para la entonces Conaculta la cantidad de 9,015,937,561 millones de pesos, adicionalmente para los apoyos a la cultura conocidos como apoyos PEF se asignó 1,978,150,977 millones de pesos haciendo un total de 10,994,088,538.

3. Actualmente en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017, se asignó a la ahora Secretaria de Cultura, un presupuesto de 9,015,937,561 millones de pesos.

Haciendo una revisión en términos globales en el rubro de cultura solo ocurre una reducción de 66,068,060 millones de pesos.

Mediante decreto publicado el jueves 17 de diciembre de 2015 en el Diario Oficial de la Federación por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, así como de otras leyes para crear la Secretaría de Cultura, como un organismo público descentralizado de la Administración Pública Federal, con personalidad jurídica, patrimonio propio, la cual desde ese momento y hasta nuestros días, es la conductora de la política nacional en materia de cultura, pero en ninguno se eliminó a las atribuciones de esta H. Cámara para asignar recursos a aquellos proyectos que consideren necesarios para promover la cultura.

Fundamento legal

Por lo anteriormente expuesto y motivado, el diputado suscrito, Alejandro Ojeda Anguiano, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, de la LXIII Legislatura, en ejercicio de la facultad que me otorgan por el artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración de esta soberanía, la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforman los artículos 41 Bis fracción VII y noveno transitorio, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal

Artículo Único. Se reforman el artículo 41 Bis, fracción VII, y noveno transitorio de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, para quedar como sigue:

Artículo 41 Bis. A la Secretaría de Cultura corresponde el despacho de los siguientes asuntos:

I. a VI. ...

VII. Diseñar estrategias, mecanismos e instrumentos, así como fomentar la elaboración de programas, proyectos, sin perjuicio de aquellos apoyos a proyectos culturales aprobados por la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados y acciones para promover y difundir la cultura, la historia y las artes, así como impulsar la formación de nuevos públicos, en un marco de participación corresponsable de los sectores público, social y privado;

VIII. a XXIV. ...

Noveno Transitorio. Las erogaciones que se generen con motivo de la entrada en vigor de este decreto, se cubrirán con cargo al presupuesto aprobado al Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, así como a las entidades paraestatales y órganos administrativos desconcentrados que quedan agrupados en el sector coordinado por la Secretaría de Cultura, por lo que no se autorizarán recursos adicionales para tal efecto durante el ejercicio fiscal que corresponda, sin perjuicio de aquellos recursos económicos que, en su caso, puedan destinarse a los programas o proyectos que esa dependencia del Ejecutivo Federal considere prioritarios, con cargo al presupuesto autorizado para tales efectos y en términos de las disposiciones aplicables , sin perjuicio de aquellos apoyos a proyectos culturales aprobados por la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación, en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de octubre de 2016.— Diputado Alejandro Ojeda Anguiano(rúbrica).»

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Túrnese a la Comisión de Gobernación para dictamen.

LEY GENERAL DE SALUD

El Secretario diputado Raúl Domínguez Rex:«Iniciativa que adiciona el artículo 27 de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Maricela Contreras Julián, del Grupo Parlamentario del PRD

Planteamiento del problema

Las poblaciones en condiciones de pobreza y vulnerabilidad son las que mayores retos y dificultades enfrentan para asegurar el derecho a la salud de sus habitantes.

Para la Organización Mundial de la Salud (OMS) tres de las enfermedades transmisibles más mortíferas (paludismo, VIH/sida y tuberculosis) afectan desproporcionadamente a las poblaciones más pobres del mundo e imponen una carga tremenda a las economías de los países en desarrollo; en esta lógica de carencias, son las mujeres quienes más padecen la insuficiencia de los servicios de salud privándolas del acceso a la salud reproductiva con todo lo que este derecho lleva implícito, como el derecho a la información y acceso a la libre determinación sobre el cuerpo de las mujeres; esa restricción eventualmente produce esterilizaciones forzadas, exámenes de virginidad o interrupción del embarazo en condiciones insalubres, inseguras o punitivas.

Es una de las obligaciones del Estado la de garantizar el derecho a la salud (artículo 4o. Constitucional) y de realizar acciones desde un enfoque de género, ya que las mujeres son las que enfrentan mayores dificultades en el acceso a servicios de salud, derivado de una condición de desigualdad y de los roles que se le han impuesto. Si esas circunstancias las trasladamos respecto a las mujeres en reclusión, es más profunda la desigualdad, incluso no tiene garantizado su derecho a una vida sexual y reproductiva.

En 2013 se publicó el Informe especial de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre el estado que guardan los derechos humanos de las mujeres internas en centros de reclusión de la República Mexicana. En el que se menciona que solo 10 instituciones carcelarias son exclusivas para mujeres, los cuales albergan 35.18 % de la población total, el resto (64.80%) se encuentra en los 69 centros mixtos y realiza un diagnóstico de la situación carcelaria, entre las que se destacan las siguientes violaciones de sus derechos en materia de salud:

• La mayoría de los centros penitenciarios carece de espacios para atender a mujeres.

• Se carece de personal médico suficiente para atender a la población en general, y no cuentan con especialistas para la atención específica de las mujeres en el Centro de Readaptación Social Varonil de Mexicali, Tijuana, Baja California; en los similares de la Paz y de Ciudad Constitución, en Baja California Sur; en Ciudad Carmen, Campeche, en el número 14 “El Amate”, en Cintalapa y No. 4 Femenil en Tapachula ambos en Chiapas, en el Municipal de Ciudad Juárez y el de Aquiles Serdán, Chihuahua; en el de Torreón, Coahuila, en el número 1 y 2 de Durango y Gómez Palacio, en el Preventivo y de Readaptación Social de Chalco, Ecatepec, Nezahualcóyotl (Bordo de Xochiaca) y Tlalnepantla, en el Estado de México; en el de Guanajuato, León y Valle de Santiago, en Guanajuato; en Chilpancingo de los Bravo, Iguala y Acapulco, Guerrero; en Pachuca, Tula y Tulancingo, Hidalgo; en el equivalente de Uruapan, Michoacán; en la Cárcel Distrital Cuautla en Morelos; en el Regional de Santiago Ixcuintla, en Nayarit; en Monterrey, Nuevo León, en la Penitenciaría Central Oaxaca de Juárez y el Reclusorio Regional Santo Domingo Tehuantepec, ambos en el estado de Oaxaca, en San Juan del Río, Querétaro; en Chetumal, Quintana Roo, en el Centro de Reclusión Estatal de Río Verde, San Luis Potosí; en Ciudad Obregón, Sonora; en el similar de Huimanguillo, Comalcalco y Villahermosa, Tabasco; así como en el Centro de Readaptación Social Matamoros 2, Tamaulipas; y en Amatlán, Coatzacoalcos y Xalapa, Veracruz.

• En cuanto a la infraestructura el Centro de Readaptación Social Femenil Aguascalientes, de Saltillo, Centro Femenil de Readaptación Social de Santa Martha, Centro Femenil de Readaptación Social Tepepan carecen de instrumental médico o no existe el suficiente.

Ante este panorama la Comisión Nacional de Derechos Humanos recomendó girar instrucciones, en el ámbito de las respectivas competencias de los distintos niveles de gobierno a los funcionarios responsables con la finalidad de que se establezcan programas de atención médica general y especializada a las mujeres en reclusión, así como a los hijos que las acompañan, proporcionando además una adecuada y suficiente alimentación, con el objetivo de que puedan gozar de salud física, emocional y una vida plena, así como se cumpla lo dispuesto en el párrafo cuarto del artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Argumentos

La salud es un derecho humano definido por la (OMS) como “el estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de enfermedades”. La accesibilidad a los servicios de salud está condicionada por el desarrollo de la infraestructura, la calidad de los servicios y la capacidad de cobertura.

El éxito de su cumplimiento va acompañado también de satisfacer otros derechos como la alimentación, el acceso a la información, el trabajo o la educación, así como de políticas públicas que en su planeación incorporen las variables de género y vulnerabilidad.

Es importante precisar que la Organización Panamericana de la Salud, señala que el enfoque de género debe ser adoptado desde cuatro aspectos fundamentales para el logro de la equidad de género en salud: el estado de salud, acceso a la atención, financiamiento y distribución de la carga de responsabilidades; y el poder en la producción de salud; por ello, debe avanzarse hacia la eliminación de aquellas disparidades evitables e injustas en las oportunidades de hombres y mujeres para gozar de las condiciones de vida y servicios que les permitan estar en buena salud y no enfermarse, discapacitarse o morir por causas prevenibles y evitables.

Existe un marco internacional sobre la obligación del Estado de garantizar el acceso a la salud integral de las mujeres, lo cual brinda la pauta para desarrollar las acciones que se proponen.

El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966, ratificado por México el 23 de marzo de 1981, decretó la protección a la salud y la no discriminación, en el cumplimiento de tales garantías, destaca la reducción de la mortinatalidad y de la mortalidad infantil, el sano desarrollo de los niños, así como la creación de condiciones que aseguren a todas las personas asistencia médica y servicios médicos en caso de enfermedad.

La Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, establece la obligación del Estado de adoptar todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en la esfera de salud a fin de asegurar en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres, el acceso a servicios de atención médica, inclusive los que se refieren a la planificación de la familia y a garantizar a la mujer servicios apropiados en relación con el embarazo, el parto y el periodo posterior al parto, proporcionando servicios gratuitos cuando fuere necesario, así como asegurar una nutrición adecuada durante el embarazo y la lactancia.

La Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo, de 1994, mejor conocida como Conferencia del Cairo, establece el concepto de salud reproductiva como un estado general de bienestar físico, mental y social en todos los aspectos relacionados con el sistema reproductivo y con sus funciones y procesos. Ello implica el derecho de la mujer a tener acceso a los servicios de atención de la salud que propicien los embarazos y los partos sin riesgos.

En la cuarta Conferencia Mundial de la Mujer de 1995, se acordó que el derecho de las mujeres a controlar todos los aspectos de su salud, en particular, su propia fecundidad, debe ser reconocido explícitamente con el fin de fortalecer su papel activo y equitativo dentro de la sociedad.

Por otra parte, en la Recomendación general número 24 del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer señala que los Estados Parte deberán ejecutar una estrategia nacional amplia para fomentar la salud de la mujer durante todo su ciclo de vida, que incluirá intervenciones dirigidas a la prevención y el tratamiento de enfermedades y afecciones que atañen solo a la mujer, al igual que respuestas a la violencia contra ella, y a garantizar el acceso universal a una plena variedad de servicios de atención de la salud de gran calidad y asequibles, incluidos de salud sexual y reproductiva.

En cuando a las mujeres en reclusión también existe un marco específico. Las Reglas de las Naciones Unidas para el tratamiento de las reclusas y medidas privativas de la libertad para las mujeres delincuentes (Reglas de Bangkok, 2011). Entre las medidas a adoptar por parte de las instituciones con respecto a los cuidados de la salud entre las que podemos destacar:

“Regla 10

Se brindarán a las reclusas servicios de atención de salud orientados expresamente a la mujer y como mínimo equivalente a las que se presentan en la comunidad.

Regla 11

Si durante el reconocimiento médico se requiere la presencia de personal penitenciario no médico, dicho personal deberá ser femenino, y el reconocimiento se realizará de manera tal que se proteja la intimidad y la dignidad de la reclusa y se mantenga la confidencialidad del procedimiento.

Regla 14

Al preparar respuestas ante el VIH/SIDA en las instituciones penitenciarias, los programas y servicios deberán orientarse a las necesidades propias de las mujeres, incluida la prevención de la transmisión madre a hijo. En ese contexto, las autoridades penitenciarias deberán alentar y apoyar la elaboración de iniciativas sobre la prevención, el tratamiento y la atención del VIH, como la educación por homólogos.

Regla 18

Las reclusas tendrán el mismo acceso que las mujeres de su edad no privadas de libertad a intervenciones de atención preventiva de la salud pertinentes a su género, como pruebas de Papanicolau y exámenes para la detección de cáncer de mama y otros tipos de cáncer que afecten a la mujer.”

En el año 2007 el Instituto Tecnológico Autónomo de México dio a conocer el estudio realizado a partir del reporte que la Comisión Social y Jurídica de la Mujer, que derivaron en la Conferencia Mundial sobre la Mujer llevada a cabo en Beijing, China (Beijing + 5) sobre la condición de las mujeres recluidas en algunos países, estableciéndose entre otras cuestiones que las mujeres tienen derecho a disfrutar de los más altos estándares de salud asequibles, los cuales son determinantes para su desarrollo dentro y fuera de la sociedad, además del acceso al derecho a un estado de completo bienestar físico, mental, social y no meramente la ausencia de enfermedad.

De acuerdo con datos de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, en enero del 2013 la población penitenciaria mexicana ascendía a 242 mil 754 personas, de las cuales 231 mil 113 eran hombres y 11 mil 641 mujeres. En México existen 420 centros de reclusión, de los cuales 15 pertenecen al Gobierno Federal, 11 al Gobierno de la Ciudad de México, 303 a los Gobiernos Estatales y 91 a los Gobiernos Municipales.

Los Centros de Readaptación Social del sistema de impartición de justicia nacional mexicano, son espacio en los que se presentan desigualdades basadas en el género; este sistema sufre carencias y desatención por parte del Estado, la falta de presupuesto, más la sobrepoblación, provoca en la mayoría de los casos hacinamiento, generando una infinidad de conflictos que rebasan la capacidad de resolución a los titulares de dichos centros.

Dentro de las problemáticas que afecta directamente a las mujeres que se encuentran privadas de su libertad, ya sea que estén cumpliendo una pena o que se encuentren en proceso de sentencia, no son exentas de malos tratos, tanto físicos como psicológicos. La falta de acceso en igualdad de condiciones a instalaciones y servicios vulnera en todo momento a las mujeres internas lo que no permite brindarles las garantías de debido proceso de protección de los derechos humanos, ni la evolución para la reinserción en la sociedad, además la atención médica es insuficiente, carecen de equipamiento e instrumental médico adecuado, servicio de enfermería, áreas de hospitalización, medicamentos, así como médicos especializados en ginecología y obstetricia.

En materia de salud, se debe reforzar los siguientes servicios:

• Servicio materno Infantil

• Servicio de salud

• Programas contra las adicciones y enfermedades de transmisión sexual

Por lo anterior, mediante la presente se busca establecer la obligación para que las autoridades en la prestación de servicios de salud a las mujeres en reclusión, tomen en cuenta sus necesidades y se garantice el derecho constitucional de protección social a la salud, poniendo especial énfasis en los servicios materno infantil, de planificación familiar, de prevención de adicciones y de enfermedades de trasmisión sexual.

Las modificaciones propuestas son las siguientes:

Fundamento legal

Las suscritas, diputadas federales integrantes de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados; con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 3, numeral 1, fracción VIII; 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración del Pleno de la H. Cámara de Diputados el siguiente proyecto de

Decreto por el que se adiciona el párrafo segundo al artículo 27 de la Ley General de Salud

Artículo Único. Se adiciona un párrafo segundo al artículo 27 de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

Artículo 27. ...

I. a IX. ...

En la prestación de los servicios a los que se refiere el presente artículo, las autoridades sanitarias dispondrán los medios necesarios para que se otorguen a las personas en reclusión, con énfasis en las mujeres.

Transitorio

Único.El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados, a los 6 días de octubre de 2016.— Diputadas: Maricela Contreras Julián,Laura Nereida Plascencia Pacheco, Mercedes del Carmen Guillén Vicente, Lía Limón García, Érika Araceli Rodríguez Hernández (rúbricas).»

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Túrnese a la Comisión de Salud para dictamen.

LEY DE AVIACIÓN CIVIL

El Secretario diputado Raúl Domínguez Rex:«Iniciativa que reforma los artículos 17, 48, 52, 61 y 62 de la Ley de Aviación Civil, a cargo del diputado Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

El suscrito, Clemente Castañeda Hoeflich, diputado del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano, de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo señalado en el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, someto a consideración la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 17, 48, 52, 61 y 62 de la Ley de Aviación Civil, en materia de protección de los derechos de los usuarioscon base en la siguiente

Exposición de Motivos

I. La aviación mexicana en la actualidad se encuentra en un constante proceso de transformación, sin embargo, el mejoramiento de su calidad no ha ido de la mano con el aumento de la demanda, ya que aun cuando aumentaron las tarifas de los vuelos, se cuenta con un déficit importante en los servicios y atención que prestan las aerolíneas.

En el año 2003 ante la creciente demanda de los usuarios se realizó una ampliación del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, aumentando su capacidad de 20 a 32 millones de pasajeros anualmente. Por su parte, en los últimos años las aerolíneas que operan en los diferentes aeropuertos de nuestro país, incrementaron las tarifas de los vuelos hasta en un 40 por ciento, aumentando también las denuncias y quejas por abusos cometidos por parte de las aerolíneas hacia los pasajeros, en razón de cancelación de vuelos, retrasos en los despegues, sobre venta de boletos, cambios de itinerario sin previo aviso, pérdida o robo de equipaje, entre otros.

A finales de 2008 en el país operaban 13 aerolíneas, sin embargo, en 2010 tras el cese de operaciones de la aerolínea Mexicana de Aviación, también se dieron de baja las líneas aéreas Azteca, Aerocalifornia, Aviacsa, Avolar, Alma, Nova Air y Aladia, quedando tan solo 5 aerolíneas disponibles para ofrecer el servicio.

El servicio de las aerolíneas se encuentra en un constante cuestionamiento, ejemplo de ello es que, en 2011, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) reportó 1,807 quejas, destacando como las principales que las empresas se negaron a entregar algún servicio, se negaron a hacer cambios o devoluciones o a regresar depósitos. La aerolínea con más quejas fue Volaris con 760, seguida por VivaAerobús con 554 y Aeroméxico con 493 reclamos.

De acuerdo a datos de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) del año 2000 a 2015, el crecimiento anual de las aerolíneas nacionales fue de un 4.1 por ciento, superando en un 2.9 por ciento a las extranjeras. A partir de una investigación realizada por esta institución, se encontró que existen efectos anticompetitivos por parte de las aerolíneas mexicanas.

Asimismo, la Cofece desde el año 2014, en un dictamen que se publicó en el Diario Oficial de la Federación, señaló que más de 115 mil vuelos no operaron conforme a los tiempos establecidos y asignados, llegando a la conclusión de se ubican más de 300 vuelos diarios fuera de su horario, además de que los horarios del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México se concentran en dos aerolíneas que controlan el 65 por ciento de los horarios, resaltando la siguiente observación:

“Estas condiciones negativas resultan en afectaciones a los consumidores. Bajo los criterios actuales de asignación de espacios para el aterrizaje y despegue, por citar un ejemplo, muchas aerolíneas comercializan vuelos sin tener asignado previamente un horario. Esto hace que vuelos terminen saliendo con retrasos y que el usuario adquiera un boleto sin la garantía del servicio que espera recibir”

Como consecuencia de lo anterior la Profeco ha seguido recibiendo un sinnúmero de quejas. Tan solo en ese mismo año 2014 las líneas aéreas sumaron 1,888 quejas, siendo Volaris la empresa que más recibió. Mientras tanto, para el año 2015, se registraron ante la Profeco 2,000 quejas. A continuación se puede observar cómo desde el año 2012 el número de quejas sobre el servicio que prestan las aerolíneas se ha incrementado sistemáticamente.

Año Número de quejas

2012 1,352

2013 1,726

2014 1,888

2015 2,000

2016 5,000

En un comunicado reciente de la Cofece se menciona que la falta de reglas claras en la asignación de monitoreo de horarios y despegue (slots) que realizan las aerolíneas, es un aspecto que obstaculiza a las empresas competidoras, lo que ha derivado que desde el año 2014 las aerolíneas nacionales hayan disminuido la calidad de su servicio y ofrezcan una baja disponibilidad de horarios, estableciendo precios elevados y escasa innovación en la cesión de horarios entre aerolíneas.

Estas deficiencias en los servicios prestados por las aerolíneas van en contra de lo que establece el párrafo cuarto del artículo 42 de la Ley de Aviación Civil:

“ La Secretaría podrá negar el registro de las tarifas fijadas por los concesionarios o permisionarios, si las mismas implican prácticas depredatorias, de carácter monopólico, de dominancia en el mercado o una competencia desleal que impida la permanencia en el mercado de otros concesionarios o permisionarios, y podrá establecer niveles tarifarios mínimos o máximos, según sea el caso, para los servicios respectivos, a fin de ordenar dichos niveles, con el objeto de fomentar la sana competencia.”

Cabe señalar, que tan solo durante el periodo vacacional de Semana Santa y Pascua del presente año, se contabilizaron 5 mil quejas recibidas, en donde las aerolíneas con más quejas acumuladas son Volaris y Viva Aerobús. En el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México se registraron 538 usuarios afectados por sobreventa de boletos y por otras causas, por las que reclamaron un millón 300 mil pesos en total. La Profeco, ante tal situación, instaló 125 módulos de atención en todo el país para la atención de los consumidores.

Pese a las constantes fallas en el servicio, la industria aérea mexicana se encuentra en un crecimiento constante, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes reflejó que, en la última década, el número de personas que viajan en avión aumento en un 68 por ciento, y para el 2015 el 1.8 por ciento de la población total del país se transporta por este medio. Adicionalmente, de acuerdo la Asociación Internacional del Transporte Aéreo (IATA), el número de pasajeros aéreos en México aumentará a un ritmo de 4.6 por ciento anual en los próximos 20 años.

II.En el ámbito jurídico se contemplan diversos derechos a los que tienen acceso los pasajeros en caso de incumplimiento de contrato. Sin embargo, la naturaleza jurídica de los contratos en cualquiera de sus modalidades deben de existir términos y condiciones reciprocas; el mismo Código Civil Federal en su artículo 1794 deja claro que para que exista un contrato debe de existir el consentimiento y el objeto del contrato, y no deben de existir vicios en el consentimiento, como en este caso podría ser el de inducir al error al pasajero.

El concepto error en derecho se le conoce como “la falsa apreciación de la realidad” y en la praxis existe cuando al pasajero no se le explica en forma clara y sencilla que el hecho de que adquiera una reservación o compre un boleto para abordar y viajar en avión, no significa que tenga un lugar asegurado, pues únicamente ha adquirido la posibilidad que le asignen un lugar en el embarque, dejando en un estado de indefensión al pasajero, además de ocasionarle un detrimento a sus derechos como consumidor.

Asimismo podemos mencionar que existe otro vicio en el consentimiento en el contrato que otorgan las aerolíneas como es el dolo y la mala fe, ya que como lo establece el Código Civil Federal, en su artículo 1815: “Se entiende por dolo en los contratos, cualquiera sugestión o artificio que se emplee para inducir a error o mantener en él a alguno de los contratantes; y por mala fe, la disimulación del error de uno de los contratantes, una vez conocido.”

En este mismo contexto, las aerolíneas incurren en la modificación de los lugares asignados a su conveniencia, en algunos casos se solicita de manera voluntaria a los pasajeros renunciar a su lugar para poderle asignar el mismo a otro pasajero a cambio de una compensación o bonificación, sin embargo, en algunas ocasiones en caso de no existir ese consentimiento por parte del pasajero la aerolínea prácticamente lo imposibilita en abordar su lugar previamente adquirido y contratado.

Respecto a la naturaleza jurídica del contrato de transporte aéreo de pasajeros se pueden observar diversas deficiencias, por ejemplo, tomando como referencia un contrato de la empresa Aeroméxico, se observa que en distintas cláusulas ésta se exime de responsabilidades, cuando deberían de existir derechos y obligaciones reciprocas, ejemplo de ello es lo siguiente:

“El Transportista se reserva el derecho de cancelar la ruta sin previo aviso, con la obligación de proteger al pasajero en los servicios de otras aerolíneas de ser posible o de reembolsar la tarifa del segmento correspondiente que no se hubiera utilizado, en términos del artículo 52 de la Ley de Aviación Civil, y sujeto a los procedimientos establecidos por los Transportistas respecto a cambios involuntarios y reembolsos.”

De acuerdo en el contrato que exhibe Aeroméxico en su respectiva página electrónica no se encontraron obligaciones para el concesionario, lo cual contrasta con convenios internacionales en la materia, que señala que las aerolíneas deberán informar de las cancelaciones cuando menos una hora antes de la salida prevista y se obligan a ofrecer un transporte alternativo al usuario.

En este mismo contexto, cabe mencionar que la sobreventa de boletos, conocida como overbooking, se podría equiparar al delito de fraude por sus elementos constitutivos, tal y como lo establece el Código Penal Federal en su artículo 386:

“Artículo 386. Comete el delito de fraude el que engañando a uno o aprovechándose del error en que éste se halla se hace ilícitamente de alguna cosa o alcanza un lucro indebido.”

Es importante destacar que la sobreventa de boletos es una práctica que actualmente permite la legislación mexicana, y que consideramos debe ser revisada y regulada de manera adecuada, en beneficio de los usuarios.

En otro contexto, cabe mencionar que las compensaciones que las aerolíneas mexicanas otorgan a los usuarios por haber causado daños en su equipaje, negar el abordaje o cancelar el vuelo es de las más bajas en comparación con otros países. Según la Ley de Aviación Civil la cantidad máxima que está obligada las aerolíneas a pagar a los usuarios afectados son de 75 salarios mínimos, aproximadamente 5 mil478 pesos. Mientras tanto, en Europa las aerolíneas reintegran a los usuarios un máximo 1,220 euros y en Estados Unidos las compensaciones a los pasajeros tienen un límite de 3 mil 400 dólares.

Un aspecto más a resaltar es que el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) realizó un informe de presuntos actos de discriminación por parte de las aerolíneas, en donde la empresa más señalada fue Volaris con más quejas entre 2012 y 2015. En este contexto, vale la pena destacar el caso de un joven con síndrome de down al que le negaron el abordaje ya que no contaba con un acompañante, violando el procedimiento de la Dirección General de Aeronáutica Civil que establece el libre viaje sin importar el tipo de discapacidad.

Otras faltas a las cuales incurren las compañías aéreas es en la publicidad engañosa que manejan en sus páginas web, en donde ofertan un precio al consumidor que no es el final, ya que en este monto no se incluyen los costos adicionales como tasas, cargos y comisiones; a su vez, las aerolíneas usualmente realizan cambios en horarios de los vuelos y sus precios sin previo aviso como fue mencionado con anterioridad, además de incluir en sus contratos cláusulas abusivas que vulneran los derechos de los usuarios, ya que su información no es clara y precisa.

Dichas prácticas vulneran los derechos de los usuarios, ya que, en la Ley Federal de Protección al Consumidor se establece:

Artículo 7. Todo proveedor está obligado a informar y respetar los precios, tarifas, garantías, cantidades, calidades, medidas, intereses, cargos, términos, plazos, fechas, modalidades, reservaciones y demás condiciones conforme a las cuales se hubiera ofrecido, obligado o convenido con el consumidor la entrega del bien o prestación del servicio, y bajo ninguna circunstancia serán negados estos bienes o servicios a persona alguna.

Artículo 7 Bis. El proveedor está obligado a exhibir de forma notoria y visible el monto total a pagar por los bienes, productos o servicios que ofrezca al consumidor.

Dicho monto deberá incluir impuestos, comisiones, intereses, seguros y cualquier otro costo, cargo, gasto o erogación adicional que se requiera cubrir con motivo de la adquisición o contratación respectiva, sea ésta al contado o a crédito.

Artículo 32. La información o publicidad relativa a bienes, productos o servicios que se difundan por cualquier medio o forma, deberán ser veraces, comprobables, claros y exentos de textos, diálogos, sonidos, imágenes, marcas, denominaciones de origen y otras descripciones que induzcan o puedan inducir a error o confusión por engañosas o abusivas.

Para los efectos de esta ley, se entiende por información o publicidad engañosa o abusiva aquella que refiere características o información relacionadas con algún bien, producto o servicio que pudiendo o no ser verdaderas, inducen a error o confusión al consumidor por la forma inexacta, falsa, exagerada, parcial, artificiosa o tendenciosa en que se presenta.

[...]

Artículo 92 Bis. Los consumidores tendrán derecho a la bonificación o compensación cuando la prestación de un servicio sea deficiente, no se preste o proporcione por causas imputables al proveedor, o por los demás casos previstos por la ley.

92 Ter. La bonificación a que se refieren los artículos 92 y 92 Bis no podrá ser menor al veinte por ciento del precio pagado. El pago de dicha bonificación se efectuará sin perjuicio de la indemnización que en su caso corresponda por daños y perjuicios. Para la determinación del pago de daños y perjuicios la autoridad judicial considerará el pago de la bonificación que en su caso hubiese hecho el proveedor. La bonificación que corresponda tratándose del incumplimiento a que se refiere al artículo 92, fracción I, podrá hacerla efectiva el consumidor directamente al proveedor presentando su comprobante o recibo de pago del día en que se hubiere detectado la violación por la Procuraduría y no podrá ser menor al veinte por ciento del precio pagado.

III. La cancelación de vuelos, el aumento a las tarifas sin previo aviso, la sobreventa, el retraso en las salidas, los sobrecostos, la pérdida y daños del equipaje, la publicidad engañosa, la discriminación a los usuarios y en muchas ocasiones el trato inadecuado de los empleados contra los pasajeros, son prácticas vigentes en el actuar de las aerolíneas mexicanas que deben ser corregidas en beneficio de los usuarios.

El crecimiento de las aerolíneas y su constante expansión, aspectos que benefician a la economía mexicana, deben venir acompañados de una visión que ponga en el centro a los consumidores y a los usuarios, que respete sus derechos y que les otorgue la mejor calidad en los servicios.

Por ello, mediante la presente iniciativa, Movimiento Ciudadano, propone lo siguiente:

Prohibir la sobre venta de boletos, evitando las prácticas desleales que trasgreden las normas vigentes y los derechos de los usuarios.

Obligar a transparentarcondiciones, derechos y costos, mediante la exposición clara y concisa de esta información por parte de las aerolíneas.

Evitar la cancelación de los vuelos de última hora sin previo aviso y por causas que sean imputables a los concesionarios o permisionarios.

Pagar o reintegrar el boleto por retrasos de manera inmediata, de tal manera que en caso de que el pasajero opte por realizar su viaje con otra aerolínea, tenga los recursos y el tiempo necesario para realizar sus actividades.

Incrementar la compensación por daños o pérdida total o parcial del equipaje, ya que en muchos casos ni siquiera cubre el 20 por ciento de lo que contenía el equipaje del pasajero, y a fin de armonizar nuestras disposiciones con las del resto de la comunidad internacional.

Establecer términos y condiciones que generen igualdad de responsabilidades y obligaciones en los contratos de transporte aéreo, generando reciprocidad con los concesionarios o permisionarios y los usuarios.

Prohibir y sancionar cualquier práctica de discriminación contra los usuarios por parte de las aerolíneas.

En Movimiento Ciudadano consideramos que resulta fundamental salvaguardar los derechos a que tienen los usuarios frente a los abusos que comenten las aerolíneas, así como evitar que realicen actos desleales y anticompetitivos con las demás aerolíneas. Es necesario acompañar y armonizar el crecimiento y fortalecimiento de las empresas mexicanas con la protección y defensa de los derechos de los consumidores.

Por lo anteriormente expuesto, me permito presentar ante esta Soberanía, la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto que reforma los artículos 17, 48, 52, 61, y 62 de la Ley de Aviación Civil, en materia de protección de los derechos de los usuarios

Artículo Único. Se reforma el artículo 17, 48, el primer párrafo y la fracción I del artículo 52, el artículo 61 y 62, y se adiciona un segundo párrafo al artículo 48 y un último párrafo al artículo 52 de la Ley de Aviación Civil, para quedar como sigue:

Artículo 17. [...]

Los servicios deberán prestarse de manera permanente y uniforme, en condiciones equitativas y no discriminatorias en cuanto a calidad, oportunidad y precio , asegurando las siguientes condiciones:

I. Los concesionarios o permisionarios deberán garantizar en sus respectivos contratos de transporte las mejores condiciones en la prestación de servicios con calidad y eficiencia para los pasajeros;

II. Los concesionarios o permisionarios deberán estipular en sus contratos el precio, tarifas, términos, cargos extras, el procedimiento de las reservaciones, los costos de peso del equipaje desagregado por kilos, las compensaciones por la pérdida o daños del equipaje, así como la penalización a que están sujetos los mismos en casos de retrasos, cancelaciones y cambios de itinerario imputables al concesionario o permisionario;

III. Los concesionarios o permisionarios deberán exhibir de forma notoria y visible en sus oficinas o mostradores del aeropuerto los precios, debiendo incluir impuestos, comisiones o cualquier erogación de los servicios que prestan.

IV. Queda prohibido que los concesionarios o permisionarios obliguen a los usuarios a aceptar condiciones coercitivas, abusivas o a condicionar el servicio para respetar el originalmente contratado;

V. Los concesionarios o permisionarios deberán de exhibir de manera clara y visible en sus oficinas y mostradores del aeropuerto toda la información relativa a los derechos de los pasajeros;

VI. El concesionario o permisionario bajo ninguna circunstancia podrá negar el servicio o condicionarlo a los pasajeros por razones de género, nacionalidad, étnicas, preferencia sexual, religiosas, por discapacidad o cualquier otro motivo.

Artículo 48. Los contratos de servicio de transporte aéreo podrán referirse a pasajeros, carga o correo.

Los concesionarios o permisionarios deberán exhibir de manera clara y sencilla en sus respectivas páginas electrónicas, en mostradores y oficinas los contratos de servicios de transporte aéreo de pasajeros, así como toda la información de los derechos de los usuarios.

Artículo 52. Cuando exista un retraso por más de una horao se cancele el vuelo por causas imputables al concesionario o permisionario, que tengan por consecuencia la denegación del embarque, el propio concesionario o permisionario, a elección del pasajero, deberá:

I. Reintegrarle el costo total del boleto o billete de pasaje o la proporción que corresponda a la parte no realizada del viaje de manera inmediata;

II. Ofrecerle, con todos los medios a su alcance, transporte sustituto en el primer vuelo disponible y proporcionarle, como mínimo y sin cargo, los servicios de comunicación telefónica o cablegráfica al punto de destino; alimentos de conformidad con el tiempo de espera que medie hasta el embarque en otro vuelo; alojamiento en hotel del aeropuerto o de la ciudad cuando se requiera pernocta y, en este último caso, transporte terrestre desde y hacia el aeropuerto, o

III. Transportarle en la fecha posterior que convenga al mismo pasajero hacia el destino respecto del cual se denegó el embarque.

[...]

Queda prohibida cualquier clase de práctica que implique la sobreventa de boletos. El concesionario o permisionario podrá expedir boletos cuando existan lugares disponibles porque el usuario canceló de manera expresa su viaje o no llegó en el tiempo asignado en el contrato.

Artículo 61. Los concesionarios o permisionarios de los servicios de transporte aéreo nacional, serán responsables por los daños causados a los pasajeros, así como los daños o robos totales o parcialesa la carga y al equipaje en el transporte.

[...]

[...]

[...]

Artículo 62. [...]

La indemnización por la destrucción o avería del equipaje de mano será de hasta ochenta veces la Unidad de Medida y Actualización. Por la pérdida o avería del equipaje facturado la indemnización será de hasta ciento cincuenta veces la Unidad de Medida y Actualización.

Transitorios

Primero.El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Una vez publicado el Decreto en el Diario Oficial las empresas de aeronáutica civil deberán de realizar los cambios en sus respectivos contratos en un lapso no mayor a 60 días.

Notas:

1 Sin Embargo, “México perdió ocho aerolíneas en cuatro años; las tarifas caras y mal servicio son las causas”, 1 de junio de 2013, recuperado de: http://www.sinembargo.mx/01-06-2013/639146

2 El Economista, “Falta de competencia en horarios del AICM: Cofece”, 29 de febrero de 2016, recuperado de: http://eleconomista. com.mx/industrias/2016/02/29/falta-competencia-horarios-aicm-cofece

3 Diario Oficial de la Federación ,“ACUERDO mediante el cual el Pleno de la Comisión Federal de Competencia Económica emite las Disposiciones Regulatorias de la Ley Federal de Competencia Económica”, 10 de noviembre de: 2014, recuperado de: http://www.dof. gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5367678&fecha=10/11/2014

4 El Universal,” Aerolíneas y Profeco quieren reducir quejas”, 18 de marzo de 2016, recuperado de: http://www.eluniversal.com.mx/articulo/cartera/finanzas/2016/03/18/aerolineas-y -profeco-quieren-reducir-quejas

5 Tabla elaborada con datos de la Profeco.

6 Con datos registrados hasta el periodo vacacional de “Semana Santa”.

7 El Financiero, “ Cofece denuncia irregularidades en el aeropuerto capitalino” 29 de febrero de 2016 recuperado de: http://www.elfinanciero.com.mx/economia/cofece-denuncia-irregularidades-en-el-a eropuerto-capitalino.html

8 El Universal, “Aerolíneas, con más quejas ante Profeco”, 30 de marzo de 2016, recuperado de: http://www.eluniversal.com.mx/articulo/ cartera/negocios/2016/03/30/aerolineas-con-mas-quejas-ante-profeco

9 El Financiero, “Aerolíneas rebasan a los autobuses en crecimiento de pasaje”, 8 de septiembre de 2015, recuperado de: http://www.elfinanciero.com.mx/empresas/aerolineas-rebasan-a-los-autobuses-en-c recimiento-de-pasaje.html

10 Reforma, “Salen baratas fallas a aerolíneas”, 14 de junio de 2016, recuperado de: http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/articulo/default.aspx?id=868879 &v=3&md5=e693a8a1ad20df0422738b42060c8f1a &ta=0dfdbac11765226904c16cb9ad1b2efe#ixzz4Denn80Vm

11 Animal Político, “Volaris es la Aerolínea con más quejas por discriminación”, Gonzalo Ortuño, junio 29 de 2015, recuperado de: http://www.animalpolitico.com/2015/06/volaris-obliga-a-personas-con-discapacida d-a-viajar-acompanadas-es-la-aerolinea-con-mas-quejas-por-discriminacion/

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de octubre de 2016.— Diputado Clemente Castañeda Hoeflich(rúbrica).»

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Túrnese a la Comisión de Transportes para dictamen.

LEY FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES Y RADIODIFUSIÓN

El Secretario diputado Raúl Domínguez Rex:«Iniciativa que reforma el artículo 191 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, a cargo del diputado Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

El suscrito, Clemente Castañeda Hoeflich, diputado integrante del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano, de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo señalado en el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, someto a consideración la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 191 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, con base en la siguiente:

Exposición de Motivos

I. De acuerdo con información publicada por el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) en 2015 en México se alcanzó la cifra de 107.7 millones de usuarios de telefonía móvil. En términos generales en México por cada 100 habitantes existen 89 usuarios de telefonía móvil, siendo el 83.5 por ciento usuarios del servicio de prepago y el 16.4 por ciento del servicio de postpago. Para el cierre del año 2015 la compañía de Telcel contaba con 72.1 millones de usuarios (69 por ciento del mercado), Movistar 22.5 millones de usuarios (22 por ciento del mercado), y AT&T con 8.9 millones de usuarios (9 por ciento del mercado. Estas empresas obtienen un ingreso anual total de casi 250 mil millones de pesos.

Estudios recientes señalan que durante el año 2014 las compañías de telefonía móvil tuvieron al menos 12 fallas de relevancia, entre las que destacan cortes del servicio por lapsos de entre 2 a 12 horas. Adicionalmente, ninguna de las principales compañías de telefonía móvil brindó información sobre las razones por las que se estaban suscitando las fallas, además de que no se realizaron reembolsos a los usuarios que sufrieron dichas fallas.

En el transcurso del año 2015 de acuerdo con los datos de la segunda encuesta de Patrones de Consumo y Experiencia de los Usuarios de Telecomunicaciones, realizada por el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), la caída de llamadas, el internet lento y las comunes fallas de cobertura fueron problemas experimentados por el 41 por ciento de los usuarios de telefonía móvil en las diferentes empresas que prestan estos servicios.

En este mismo contexto, de acuerdo con el “Informe Estadístico Soy Usuario” del IFT del 1 de febrero al 30 de abril de 2016, el 33.1 por ciento del total de las quejas presentadas por los usuarios de telecomunicaciones fueron dirigidas hacia las compañías de telefonía móvil, principalmente porque prestan un mal servicio distinto al que se prometió. Asimismo, cabe mencionar que de acuerdo con la Procuraduría Federal del Consumidor, actualmente el sector de telecomunicaciones tiene un acumulado de 11,480 quejas, ocupando el primer lugar la telefonía móvil con un 55 por ciento del total, destacando las quejas relacionadas con cobros no reconocidos, fallas en el servicio o prestar un servicio deficiente.

Considerando que el pasado 6 de julio se cumplió un año de la publicación de la “Carta de los Derechos Mínimos de los Usuarios de Servicios Públicos de Telecomunicaciones” que establece los requerimientos mínimos para evitar abusos de las compañías de telefonía móvil hacia los usuarios, debe destacarse que durante el primer semestre de este año, la Procuraduría Federal del Consumidor recibió un promedio de 101 quejas diarias, es decir aproximadamente 4 quejas por hora relacionadas con inconformidades por deficiencias en el servicio de telefonía.

Por otro lado, para dimensionar la problemática de la telefonía celular en México, de acuerdo con el ya citado “Informe Estadístico Soy Usuario” el mayor número de inconformidades corresponde a fallas en el servicio, siguiéndole los problemas relacionados con los cargos, saldos y bonificaciones, posteriormente la portabilidad y contrataciones, incumplimiento en la publicidad o promociones, evasión para realizar el desbloqueo de celulares, y por último el cambio de plan o paquete sin previo aviso y no hacer valida la garantía de equipos y cambio de modalidad.

II. En agosto de 2012 se publicó la Norma Oficial Mexicana “NOM-184-SCFI-2012” en el Diario Oficial de la Federación, que establece los requisitos mínimos que deben estipular los contratos de adhesión en el sector de telecomunicaciones y que deben de otorgar las mejores condiciones para quienes contraten los servicios que prestan las diferentes compañías, a fin de evitar abusos por las mismas bajo el título “Prácticas comerciales. Elementos normativos para la comercialización y/o prestación de los servicios de telecomunicaciones cuando utilicen una red pública de telecomunicaciones”.

Con base a lo anterior, se realiza un comparativo de las cláusulas estipuladas en los contratos de las empresas Telcel y AT&T con cinco rubros de la Norma Oficial Mexicana “NOM-184-SCFI-2012”, la primera empresa por ser la que cuenta con un mayor número de usuarios y la segunda por tener el mayor número de quejas actualmente.

Lo anterior evidencia la falta de concordancia entre los contratos de estas empresas y la mencionada Norma Oficial Mexicana. En primer lugar debe recordarse que la Ley Federal de Protección al Consumidor es clara en la exigencia del cumplimiento de las garantías, ya que en su artículo 79 segundo párrafo establece lo siguiente:

“ El cumplimiento de las garantías es exigible, indistintamente, al productor y al importador del bien o servicio, así como al distribuidor, salvoen los casos en que alguno de ellos o algún tercero asuma por escrito la obligación. El cumplimiento de las garantías deberá realizarse en el domicilio en que haya sido adquirido o contratado el bien o servicio, o en el lugar o lugares que exprese la propia póliza. El proveedor deberá cubrir al consumidor los gastos necesarios erogados para lograr el cumplimiento de la garantía en domicilio diverso al antes señalado.”

El proveedor está obligado a hacer valida la garantía independientemente de lo que establezcan o acuerden las empresas implicadas, destacando que Telcel se exime de su responsabilidad en el contrato de hacer valida la póliza de garantía, mencionando que ésta sólo podrá hacerse efectiva si así lo dispone la empresa fabricante, incumpliendo con el precepto anteriormente citado.

En segundo lugar, debe destacarse que el usuario debe tener la opción de solicitar la rescisión de su contrato en caso de existir una mala calidad, o en su caso una bonificación o compensación por defectos o vicios ocultos, haciendo valer su derecho conforme a lo establecido en el artículo 82 de la Ley Federal de Protección al Consumidor:

“El consumidor puede optar por pedir la restitución del bien o servicio, la rescisión del contrato o la reducción del precio, y en cualquier caso, la bonificación o compensación, cuando la cosa u objeto del contrato tenga defectos o vicios ocultos que la hagan impropia para los usos a que habitualmente se destine, que disminuyan su calidad o la posibilidad de su uso, o no ofrezca la seguridad que dada su naturaleza normalmente se espere de ella y de su uso razonable. Cuando el consumidor opte por la rescisión, el proveedor tiene la obligación de reintegrarle el precio pagado y, en su caso, los intereses a que se refiere el segundo párrafo del artículo 91 de esta ley.”

Sin embargo, en ninguno de los contratos consultados existe la posibilidad de rescindirlo, ni tampoco establece la posibilidad de devolución del precio pagado en el supuesto de que el cliente decida no continuar con el servicio por los defectos que llegara a tener el equipo o por el mal servicio prestado, porque el concesionario, en sentido contrario a la Norma Oficial, se auto exime de dicha obligación.

En este mismo contexto, vale la pena destacar que respecto a las cláusulas del contrato de adhesión por parte de AT&T, en las causas de recisión prácticamente todas son responsabilidades para los usuarios, lo que va en contra a lo establecido por la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, en el artículo 192 fracción I:

“Artículo 192. En los contratos que celebren los concesionarios o autorizados con los usuarios y suscriptores para la prestación de los servicios se deberá? observar lo establecido en esta Ley; serán nulas de pleno derecho y se tendrán por no puestas las cláusulas que:

I. Permitan a los concesionarios o autorizados modificar unilateralmente el contenido del contrato o sustraerse unilateralmente de sus obligaciones.”

Es preciso mencionar ninguno de los contratos es claro en cuales son los patrones de calidad estándar para los usuarios, lo que genera vicios en el consentimiento del contrato y en la exigibilidad de la calidad de los servicios contratados como un derecho de los usuarios.

En otro contexto, los usuarios tienen la posibilidad de contratar un plan post-pago o forzoso, sin embargo, en estos casos el usuario debe pagar un costo adicional para que tenga modalidad de controlado, con la finalidad de que no exceda el límite de los datos, minutos o mensajes adquiridos. En este caso el usuario podría optar por contratar un plan ilimitado, debiéndose remitir y fijar un tope sin que ello implique una erogación adicional para el usuario y en caso de necesitar saldo en su equipo podría realizarlo por medio del sistema de recargas.

Adicionalmente, debe mencionarse que el usuario, de acuerdo con el plan que contrató, por lo general no consume en su totalidad los servicios adquiridos, y sin embargo las empresas de telefonía móvil no reintegran lo que no fue consumido, lo que resulta inconsistente, dado que el costo del plan ya fue cubierto por el usuario con sus respectivos pagos.

III. Vale la pena destacar que en la Reunión Ministerial “La Economía Digital” de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, el titular Secretaría de Comunicaciones y Transportes, señaló que “son las telecomunicaciones las que deban de adaptarse al usuario y no el usuario a ellas”, por lo que se debe impulsar la competitividad y mejores prácticas en el sector.

En Movimiento Ciudadano consideramos que es necesario realizar cambios en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, con el objetivo de salvaguardar los derechos de los usuarios de telefonía móvil, con criterios de competitividad y buscando aplicar las mejores prácticas, evitando abusos contra los usuarios.

Mediante la presente iniciativa, proponemos las siguientes adecuaciones al artículo 191 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión para fortalecer los derechos de los consumidores y usuarios de telefonía móvil:

• Dotar a la Procuraduría Federal de Protección al Consumidor de la facultad de realizar una revisión anual exhaustiva de los contratos de adhesión de telefonía móvil, con la finalidad de que se realice una evaluación de las quejas o denuncias recibidas y se puedan establecer nuevos lineamientos en favor de los usuarios y que efectivamente se vean plasmados en los contratos.

• Realizar el desbloqueo de manera inmediata cuando se realice el pago total del equipo o de manera digital cuando se liquide en su totalidad el equipo, para evitar trámites engorrosos u obstáculos que afecten a los usuarios.

• Enfatizar la máxima transparencia y claridad en los estándares de calidad que deben estar plasmados en los contratos.

• Eliminar los condicionamientos que en los servicios de prepago se aplican a los usuarios y que los obligan a realizar recargas para tener su línea activa por un tiempo determinado, y evitar que pierda su saldo vigente y que lo recupere cuando realice otra recarga.

• Establecer que en los servicios de post-pago o planes tarifarios, el saldo remanente de los servicios que contrató el usuario deberán de ser reintegrados en el mes siguiente, siempre y cuando tenga sus pagos al corriente.

• Permitir que el usuario podrá hacer valida su garantía con la empresa de telefonía con quien adquirió el equipo y no con la empresa fabricante, con el fin de evitar que se deslinde la empresa de telefonía celular para no hacer valida la póliza de garantía.

• Evitar que en los contratos de adhesión que suscriban las empresas de telefonía celular sean objeto de vicios en el consentimiento, así como establecer los términos y condiciones de manera recíproca y no solamente con responsabilidades para el usuario.

En Movimiento Ciudadano consideramos que resulta fundamental el salvaguardar los derechos de los consumidores en este sector, pero sobre todo evitar que ciertas prácticas causen un detrimento a la economía de los usuarios de telefonía móvil.

Por lo anteriormente expuesto, me permito presentar ante esta Soberanía, la siguiente iniciativa con proyecto de:

Decreto que reforma el artículo 191 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión

Artículo Único.Se reforma las fracciones I, VII, IX, XI, XII, XIII, XVI, XX, XXI y se adiciona un último párrafo en la fracción V y una fracción XXII al artículo 191 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, para quedar como sigue:

Artículo 191. [...]

[...]

I. A consultar gratuitamente el saldo en el caso de servicios móviles de prepago y sin condicionamiento a comprar saldo adicional y en los servicios móviles de post-pago fijar un límite del plan o paquete contratado que no implique una erogación adicional para el usuario;

II. a IV. [...]

V. [...]

[...]

[...]

La Profeco verificará de manera anual si existen condiciones que deban de tomar en cuenta los concesionarios o autorizados en los contratos de adhesión, y en su caso, establecerá lineamientos que deban de integrarse o modificarse en los contratos en beneficio del usuario;

VI. [...]

VII. A que le provean los servicios de telecomunicaciones conforme a los parámetros de calidad contratados o establecidos por el Instituto, debiendo establecer en los contratos de adhesión la información necesaria de manera clara y sencilla para los usuarios sobre cuáles son los estándares de calidad que el concesionario o autorizado se compromete a satisfacer, y de no cumplirse a la calidad el usuario podrá rescindir del contrato sin ninguna responsabilidad;

VIII. [...]

IX. A exigir el cumplimiento forzoso del contrato cuando el proveedor del servicio modifique las condiciones originalmente contratadas y en caso de que no las cumpla a rescindir el mismo , lo anterior sin responsabilidad para el usuario;

X. [...]

XI. A solicitar y obtener el desbloqueo de manera inmediata del equipo terminal cuando concluya la vigencia del contrato o se haya liquidado su costo, debiéndose realizar por los medios electrónicos sin necesidad de que el usuario deba de acudir a los centros de atención del concesionario o autorizado;

XII. Al desbloqueo del equipo terminal móvil, cuando lo pague de contado en el mismo acto de contratación, liquide su costo o venza el plazo inicial de contratación, en cualquier supuesto el concesionario o autorizado le deberá proporcionar la clave de desbloqueo de manera inmediata;

XIII. A la bonificación o descuento por fallas en el servicio o cargos indebidos, imputables al concesionario o autorizado, conforme a lo establecido en los contratos que deberán ser de manera clara y sencilla para los usuarios, o cuando así lo determine la autoridad competente;

XIV y XV. [...]

XVI. A que en los servicios móviles de prepago, el saldo no consumido le sea abonado en las recargas que se lleven a cabo dentro del año siguiente a dicha fecha, y a que en los servicios de post-pago o forzoso, los saldos remanentes de los servicios de minutos, de internet, mensajes de texto o los servicios contratados que no fueren consumidos en su totalidad, le sean reintegrados en el mes siguiente de su respectivo corte;

XVII. a XIX. [...]

XX. A que cuando se renueve el contrato de servicios móviles y no adquiera un nuevo equipo, la mensualidad se integre exclusivamente por el cobro de los servicios sin pago del equipo ;

XXI. A que en los contratos de servicios móviles se transparente, en el pago mensual, la parte que corresponda al costo de los servicios y la que corresponda al costo del equipo o instalaciones, el plazo de este pago y que no generen vicios en el consentimientopara el usuario , y

XXII. A hacer valida la póliza garantía del equipo terminal directamente con la concesionaria o autorizada con quien lo adquirieron.

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

Transitorios

Primero.El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.La Procuraduría Federal del Consumidor contará con un término de 60 días contados a partir de la entrada en vigor del presente decreto para realizar una evaluación y revisión de los contratos de adhesión de las empresas de telefonía móvil, para emitir los lineamientos correspondientes conforme al presente decreto.

Notas:

1 Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) “Cuarto informe trimestral estadístico 2015”: http://cgpe.ift.org.mx/4ite15/tel_moviles. html

2 “Reina la opacidad en fallas de telefónicas” , El Financiero,(12-02-2014): http://www.elfinanciero.com.mx/empresas/reina-opacidad-en-reembolsos-de-telefon icas-por-fallas-en-red-movil.html

3 Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) “Segunda encuesta sobre patrones de consumo y experiencia de los usuarios de servicios de telecomunicaciones” Comunicado 70/2015: http://www.ift.org. mx/comunicacion-y-medios/comunicados-ift/es/el-ift-publica-los-principales-hall azgos-de-su-segunda-encuesta-sobre-patrones-de-consumo-y

4 Instituto Federal de Telecomunicaciones, “Informe estadístico Soy Usuario febrero-abril 2016” (mayo 2016): http://usuarios.ift.org.mx/ su161/

5 Procuraduría Federal del Consumidor, “Boletín de prensa 0041” 12 mayo de 2016: http://www.profeco.gob.mx/prensa/prensa16/mayo16/bol00041.php

6 Empresas de telecom reciben 4 quejas por hora. “ La Jornada”, recuperado de: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/07/06/empresas-de-telecomunicaciones-re ciben-4-quejas-por-hora

7 Instituto Federal de Telecomunicaciones. Op. Cit.

8 Diario Oficial de la Federación “Norma Oficial 184 SCFI-2012” (02-12-201): http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5265386&fecha=24/08/2012

9 Contrato de Prestación de Servicios de Telcel (12-182014): http://www.telcel.com/mundo_telcel/quienes-somos/corporativo/contrato-prestacio n-servicios.html

10 Contrato registrado en la PROFECO de AT&T: https://www.att. com.mx/tienda/contrato-registrado-profeco/

11 “Telecom debe ser prioridad para los gobiernos”, El Universal (06-22-2016): http://www.eluniversal.com.mx/articulo/cartera/telecom /2016/06/22/telecom-deben-ser-prioridad-para-los-gobiernos-ruiz-esparza

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de octubre de 2016.— Diputado Clemente Castañeda Hoeflich(rúbrica).»

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Túrnese a las Comisiones Unidas de Comunicaciones y de Radio y Televisión para dictamen.

LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS Y LEY SOBRE EL CONTRATO DE SEGURO

El Secretario diputado Raúl Domínguez Rex:«Iniciativa que reforma el artículo 200 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas y adiciona el 162 Bis de la Ley sobre el Contrato de Seguro, a cargo del diputado Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

El suscrito, Clemente Castañeda Hoeflich, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea iniciativa con proyecto de decreto mediante el cual se reforma la fracción II del artículo 200 de la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas y se adiciona el artículo 162 Bis de la Ley sobre el Contrato de Seguro, de acuerdo con la siguiente

Exposición de Motivos

I. En México, el cálculo de las primas para la cobertura de riesgos en los contratos de seguro se realiza tomando como referencia diversos aspectos del asegurado como pueden ser: edad, sexo, historial clínico, hábitos como tabaquismo o consumo de alcohol, o antigüedad de la póliza. No obstante, los factores de edad y sexo del asegurado son factores determinantes en dicha clasificación de riesgo, al menos en los seguros de automóvil, vida y gastos médicos.

Es decir, ser hombre o mujer influye en el costo de cierto tipo de seguros. Por ejemplo, para determinar las primas de riesgo en los seguros de vida, las compañías aseguradoras utilizan lo que se conoce como tablas de mortalidad sustentadas en registros demográficos de la población. Las tablas actuariales de mortalidad registran mayor longevidad en mujeres, por lo que resulta en una cuantificación dispar en las primas de los seguros de esta naturaleza entre hombres y mujeres.

Una tabla de mortalidad contiene un registro histórico de muertes según el sexo y la edad de las personas en una localidad determinada y a partir de dicha información se hace una proyección de probabilidades de muerte de la población en dicho lugar.

Lo cierto es que con los avances científicos y los cambios en los estilos de vida de las personas, la mortalidad ha evolucionado y la diferencia que separa la mortalidad de acuerdo al sexo se comporta de manera distinta año con año. De acuerdo con el indicador de esperanza de vida del Inegi, en 1990 la expectativa de vida de las mujeres era de 7 años más que la de los hombres; no obstante, en el año 2014 dicha cifra se redujo a 5.4 años, mostrando altibajos en las décadas incluidas en el estudio.

En el caso de los contratos de seguro de automóvil el costo de la prima se fija de acuerdo con proyecciones de siniestralidad por edad y sexo del asegurado, sin tomar en cuenta otros aspectos relevantes como su desempeño y prudencia al conducir y su historial de accidentes, entre otros.

Por último, con relación a los contratos de seguro de gastos médicos las variables de riesgo que influyen para el cálculo de la mayoría de las primas de seguro son: edad, sexo, ocupación y zona geográfica a la que pertenece el asegurado.

Si bien las empresas del ramo asegurador utilizan el sexo y la edad como factores de riesgo por ser datos de fácil acceso que les representa un ahorro en el cálculo de primas, no dejan de ser un referente irreal sobre la esperanza de vida, salud o siniestralidad de un individuo en particular.

La política diferenciada de precios en las primas de seguro en razón del sexo del asegurado resulta una práctica discriminatoria, debido a que carece de una justificación objetiva y razonable.

Lo anterior adquiere relevancia en el contexto del marco legal que nos rige, toda vez que el artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prohíbe la discriminación sustentada en cuestiones de género. Además, en los tratados internacionales en materia de derechos humanos suscritos por México, prevén la eliminación de distinciones injustificadas por cuestiones de género.

II. La experiencia de otros países en los que no se aplica una política diferenciada de precios en las primas de seguro en función del sexo, advierten que existen otros factores de riesgo igual o incluso, más determinantes que el sexo como pueden ser los hábitos de las personas, el estado de salud, el tabaquismo, el sedentarismo, historial de accidentes, e incluso poder adquisitivo del individuo, datos que pueden llegar a ofrecer información más certera sobre su siniestralidad y longevidad.

En efecto, mientras en México el sexo sigue siendo un factor determinante para cuantificar las primas en distintas clases de seguro, en marzo del 2011 la Unión Europea cambió de manera radical ese sistema de cálculo de primas a partir de una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en la que determinó que la consideración del sexo como factor determinante de riesgo en el cálculo de primas de seguro era un acto discriminatorio.

Si bien la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea desató críticas y señalamientos de sectores como el comité europeo de seguros, compañías aseguradoras, actuarios, financieros e intermediarios quienes argumentaron con proyecciones, estudios y cifras que la obligación de eliminar el sexo como factor determinante de riesgo incrementaría el costo de las pólizas de seguro en perjuicio de los asegurados, a la fecha no hay información contundente que confirme las desastrosas consecuencias proyectadas en aquel momento por el sector asegurador, por lo cual la distinción de trato entre hombres y mujeres resulta injustificada.

III. Es cierto que la discriminación sexual en la cuantificación de las primas de seguro afecta tanto a hombres como mujeres, dependiendo del tipo de seguro y la edad del asegurado. Por ejemplo, en los seguros de automóvil los hombres jóvenes pueden llegar a costar 5 por ciento más por la póliza de seguro que las mujeres de su misma edad y tratándose de seguros de vida los hombres pueden pagar 14 por ciento más que una mujer de sus mismas características; en cambio tratándose de seguros de gastos médicos las mujeres son quienes están en desventaja pues sus pólizas pueden llegar a costar 26 por ciento o más que las de los hombres en su misma condición, ubicación geográfica o edad.

Por ello es importante aclarar que nuestra propuesta no pretende que las pólizas de seguro cuesten lo mismo para hombres y mujeres, sino que las primas se calculen de acuerdo a un perfil de riesgo individual, sin utilizar el género como factor determinante de riesgo.

La consideración individual para el cálculo de las primas de seguro puede incluir amplísimos factores como son el estado de salud del asegurado, sus hábitos, historial familiar, preexistencias, historial de accidentes, monto de reclamos anteriores, nivel educativo, riesgos a que puede estar expuesto por su trabajo, lugar de residencia o deportes que practique, entre otros. Como ejemplo, en los ejemplos de los países en los que se ha prohibido la discriminación sexual en las tarifas de los seguros hemos visto que las compañías de seguro modificaron sus productos y políticas, optando por medir el riesgo a través de nuevos instrumentos como exámenes médicos o cuestionarios más amplios que arrojen información específica sobre el nivel de riesgo de esa persona.

Por lo anterior consideramos no sólo viable sino indispensable reformar la normatividad en materia de seguros con la finalidad de prohibir la discriminación sexual en la cuantificación de las primas, aplicando el principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres en los nuevos contratos de seguro.

Por lo expuesto sometemos a consideración la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto que reforma la fracción II del artículo 200 de la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas y se adiciona el artículo 162 Bis de la Ley sobre el Contrato de Seguro

Primero. Se reforma fracción II del artículo 200 de la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas, para quedar como sigue:

Artículo 200.Las instituciones de seguros, al realizar su actividad, deberán observar los siguientes principios:

I.[...]

II.Determinar, sobre bases técnicas y criterios de equidad de género, las primas netas de riesgo a fin de garantizar, con un elevado grado de certidumbre y con arreglo al principio de no discriminación, el cumplimiento de las obligaciones que al efecto contraigan con los asegurados;

III. a VI. [...]

Segundo.Se adiciona el artículo 162 Bis a la Ley sobre el Contrato de Seguro, para quedar como sigue:

Artículo 162 Bis. No podrán establecerse diferencias de trato entre hombres y mujeres en el cálculo de las tarifas de las primas ni en las prestaciones de las personas aseguradas quedando prohibida la consideración del sexo como factor determinante de riesgo.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. La Comisión Nacional de Seguros y Fianzas será la instancia responsable de asesorar, auxiliar y vigilar a las compañías del sector asegurador en la transición y aplicación del nuevo esquema tarifario.

Tercero. Para apoyar a las compañías del sector asegurador en el desarrollo de productos que se ajusten a la presente normatividad, la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas contará con un plazo máximo de seis meses a partir de la entrada en vigor del presente decreto para emitir lineamientos y criterios orientadores sobre el desarrollo y aplicación de políticas de precios con independencia del sexo.

Cuarto. Las compañías del sector asegurador tendrán un plazo de un año para modificar sus políticas sobre el cálculo de primas de seguro de conformidad con el presente decreto.

Quinto. Con la finalidad de evitar un impacto repentino en el mercado, la presente reforma aplicara? únicamente a los nuevos contratos de seguro celebrados a partir de la fecha referida en el cuarto transitorio del presente decreto.

Sexto. La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros deberá ofrecer orientación a los usuarios y público en general sobre el efecto que tendrá la presente reforma en sus esquemas de seguro.

Notas:

1 Véase monto de primas, página 65; también, primas, páginas 87 y 106, en: www.ordenjuridico.gob.mx/Documentos/Federal/wo56471. doc

2 Consúltese el cálculo de la esperanza de vida al nacimiento, elaborado por el Inegi: http://www3.inegi.org.mx/sistemas/sisept/Default. aspx?t=mdemo129&s=est&c=23598

3 Cfr. http://cuentame.inegi.org.mx/poblacion/esperanza.aspx?tema=P

4 MEMO/11/123, disponible en http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-11-123_en.htm?locale=en

5 “Sexo, seguros y la UE”, disponible en http://www.seguros.es/noticias/sexo-seguros-y-la-UE.html

6 Informe de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo y al Comité Económico y Social Europeo, http://www.upm.es/sfs/Rectorado/Gerencia/Igualdad/Documentos/Informe%20sobre%20 aplicacion%20principio%20de%20Igualdad%20de%20trato.pdf

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de octubre de 2016.— Diputado Clemente Castañeda Hoeflich(rúbrica).»

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público para dictamen.

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Tiene la palabra hasta por cinco minutos la diputada Yarith Tannos Cruz, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La diputada Yarith Tannos Cruz, va a presentar dos iniciativas en una sola intervención. También presentará iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley General de la Juventud.

La diputada Yarith Tannos Cruz: Con su permiso, señor presidente. “Donde se encuentra el corazón de la juventud, reposa el espíritu del porvenir, pues éste es atrayente, animoso y vencedor”. Como bien escribiera Rubén Darío.

Donde se encuentra el espíritu de la juventud se sueña con los ojos abiertos, pero que con los pies bien plantados en el piso.

Hoy quiero dejar muy claro que los jóvenes no somos adultos en construcción, somos personas con necesidades y derechos que merecen ser reconocidos y expresarse, y que México debe escucharlos. Representamos el 26 por ciento de la población del país de acuerdo al Consejo Nacional de la Población; hay 31 millones 768 mil 364 mujeres y hombres jóvenes entre 15 y 29 años. Para el 2021 llegaremos al máximo histórico, que se irá reduciendo al 20 por ciento de la población para 2050; sin embargo, pese a la indiscutible importancia que representamos para el país, no se le ha dado el valor y la importancia que merecemos.

Hoy el 47.1 por ciento de los jóvenes viven en pobreza, el 37.3 por ciento de los jóvenes no acceden a las escuelas. Uno de cada dos jóvenes entre 15 y 17 años van al bachillerato, menos del 30 por ciento de los jóvenes han cursado el nivel superior, y de plano 6 de cada 10no tienen empleo y 7 de cada 10 carecen de acceso a la seguridad social. Esa es la realidad que viven los jóvenes en nuestro país.

Sin embargo, hay un hombre visionario, como lo es Enrique Peña Nieto, que entiende bien que no somos solo un sector representativo, somos capacidad, los jóvenes somos creatividad e innovación, por ello le ha apostado a la juventud.

Entre el 2012 y el 2016 se amplió del 64 al 74 por ciento la cobertura para estudiar a nivel superior. Se disminuyó el 28 por ciento los homicidios de los jóvenes. Se incorporaron 6.2 millones de jóvenes al seguro de salud del IMSS. Además de que se inició con la vivienda joven.

Al ver este gran esfuerzo de Enrique Peña Nieto, los diputados, jóvenes del PRI, liderados por Christopher James, firmamos el compromiso de continuar con este esfuerzo de la mano del doctor César Camacho Quiroz.

El Grupo Parlamentario del PRI está convencido de que, aparte de que es nuestra obligación garantizar una mejor calidad de vida a nuestros jóvenes, garantizamos un mejor presente y un mejor futuro para nuestro país.

Por ello someto ante este pleno con toda humildad y con todo respeto la Ley General de Juventud, que tiene por objeto: reafirmar el reconocimiento de los derechos humanos de nuestros jóvenes, como el derecho a la vida, a la salud, al trabajo, a una vida libre de violencia, entre muchos otros.

También garantizar el pleno ejercicio, respeto y promoción a sus derechos; crear y regular el buen funcionamiento del Sistema Nacional de Juventud. Establecer los ejes rectores de la política nacional en materia de juventud; elaborar y coordinar las políticas públicas para que nuestros jóvenes potencialicen todas sus capacidades de una forma integral.

En suma, reconocer los derechos y robustecer las oportunidades para millones de jóvenes en nuestro país. Convencidos como bien dijera el célebre físico alemán, Karl Heisenberg, el mundo será lo que la juventud decida. Es cuanto.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputada Tannos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

EXPIDE LA LEY GENERAL DE LA JUVENTUD

La diputada Yarith Tannos Cruz:

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Se turna a la Comisión de Juventud, para dictamen y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para opinión.

Sonido en la curul del diputado Arturo Santana Alfaro. ¿Con qué objeto, diputado?

El diputado Arturo Santana Alfaro (desde la curul): Gracias, diputado presidente. En virtud de que esta iniciativa tiene similitud con algunas que ha propuesto el Partido de la Revolución Democrática, y felicitar a la ponente, a la diputada Yarith Tannos por esta iniciativa de crear una ley y un ordenamiento exclusivamente para la protección de los jóvenes, preguntarle a la diputada Yarith Tannos si nos permite adherirnos y suscribir esta iniciativa.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Da su venia. Está a su disposición en la mesa de la Secretaría para los trámites de firma correspondientes. Sonido en la curul del diputado Fernando Moctezuma. Adelante, diputado.

El diputado Fernando Quetzalcóatl Moctezuma Pereda (desde la curul): Muchas gracias, señor presidente. Igualmente preguntarle a la diputada Yarith, ponente de este tema sobre la Ley Federal de la Juventud, de la cual las y los hidalguenses diputados federales estamos con ella, por supuesto que le solicitamos respetuosamente nos permita adherirnos a esta iniciativa, que la consideramos trascendente para la nación. Y felicitamos a toda la juventud priista representada en su voz, para que pudiéramos sumarnos varios a lo mismo. Muchas gracias, señor presidente.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputado Moctezuma. Ya nos dio su autorización la diputada. Está a su disposición aquí en la mesa de la Secretaría. Sonido a la curul de la diputada Paola Félix. Adelante, diputada.

La diputada Sara Paola Galico Félix Díaz(desde la curul): Diputado presidente, también de la misma forma felicitar a la diputada Yarith, y también sumarme a esta importante y necesaria iniciativa. Felicidades, Yarith. Muchas gracias, presidente.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputada. Está a su disposición aquí en la mesa de la Secretaría, la iniciativa. ¿Nadie más?

LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL, LEY PARA EL DESARROLLO DE LA COMPETITIVIDAD DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA Y LEY GENERAL DE EDUCACIÓN

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Tiene el uso de la palabra el diputado Ulises Ramírez Núñez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar dos iniciativas en una sola intervención. La primera, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa y de la Ley General de Educación.

La segunda iniciativa, con proyecto de decreto que reforma el artículo 96 de la Ley Federal de Protección al Consumidor y adiciona el artículo 79 de la Ley de Hidrocarburos, hasta por siete minutos.

El diputado Ulises Ramírez Núñez:Muchas gracias, señor presidente, con su venia. Estimados compañeros legisladores, muy buenas tardes a todos. La primera iniciativa propone facultar a la Profeco para que coordine los trabajos de verificación de la calidad de las gasolinas y el diésel, por lo que se propone reformar el artículo 96 de la Ley Federal de Protección al Consumidor y adicionar un segundo párrafo al artículo 79 de la Ley de Hidrocarburos.

Recordemos que la reforma energética de 2013, creó un nuevo andamiaje legal para aprovechar los recursos naturales del país, además para regular las actividades relacionadas con el sector energético. Sin embargo, en Acción Nacional debemos señalar que la trasparencia con el que se ha conducido la presente administración en lo relativo a la calidad de los petrolíferos importados deja mucho que desear.

La Auditoría Superior de la Federación señaló a más de la mitad de la gasolina que Pemex importó, no se le realizó ninguna prueba de calidad, lo que abre una ventana a la especulación, si en este momento se está importando gasolina de pésima calidad.

Esta situación exhibe posibles actos de corrupción en Pemex, o peor aún, demuestra incapacidad por parte de las autoridades reguladoras para verificar la calidad de los petrolíferos que ingresan al país. Asimismo existe la posibilidad de que este tipo de gasolina haya contribuido a las contingencias ambientales ocurridas en el primer semestre del año y que la mala calidad de las gasolinas estén afectando en forma irreparable la salud de los mexicanos.

Si bien es cierto que la Ley de Hidrocarburos faculta a la Comisión Reguladora de Energía, para verificar el cumplimiento de la calidad de la gasolina y del diésel, también es cierto que al revisar los informes anuales de la CRE y de la Secretaría de Energía, no hay registro de una sola visita de verificación antes de 2015, y en el cuarto informe de la Sener sólo se enuncia la realización de 19 visitas a instalaciones de petrolíferos, sin que se den mayores detalles al respecto.

A partir de lo anterior, resulta alarmante y verdaderamente preocupante que las autoridades encargadas de la verificación del cumplimiento de la calidad no estén cumpliendo con sus obligaciones y la ciudadanía sea la más afectada por la contaminación.

Ante este escenario propongo, a nombre de Acción Nacional, que la Procuraduría Federal del Consumidor encabece las tareas de verificación de la calidad de la gasolina y el diésel, tomando en cuenta que desde hace varios años despliega un importante esfuerzo al verificar que las gasolineras entreguen litros de a litro y aplicar las sanciones correspondientes a quienes no lo hagan.

La situación económica que vive nuestro país exige hacer un uso más eficiente de los recursos y si la Profeco ya cuenta con el personal perfectamente capacitado para realizar verificaciones a las gasolineras, Acción Nacional propone que se aproveche esa inversión y capital humano para que sea la Profeco la que encabece las tareas de verificación de la calidad de los petrolíferos, en coordinación con la Comisión Reguladora de Energía, y con ello asegurarle a la sociedad que lo que consume cumple con la ley.

La segunda iniciativa que someto a consideración tiene que ver con la promoción de la competencia económica en las entidades federativas. De acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, los consumidores mexicanos gastan hasta 30 por ciento más en mercados con problemas de competencia, y la propia Secretaría de Economía, la Comisión Federal de Mejora Regulatoria y la Comisión Federal de Competencia Económica han reconocido que sólo el 1 por ciento de la población mexicana sabe quién es la autoridad que promueve la competencia entre las empresas.

Esto pone de manifiesto el distanciamiento e imperceptible conocimiento de la sociedad respecto al trabajo que realiza la autoridad regulatoria en beneficio de la economía familiar.

El gran objetivo de esta iniciativa es llevar a todos los rincones del país el conocimiento básico de las bondades de vivir en competencia. Lo que Acción Nacional propone es alargar el brazo de la Cofece para que estos conceptos no sean exclusivos de unos cuantos, ni que se impartan en forma esporádica en las entidades federativas.

Acción Nacional ha reiterado que para que México crezca debemos impulsar la competitividad.

La Comisión Federal de Competencia Económica juega un papel fundamental en la promoción de la cultura de la competencia. Es responsabilidad de la Comisión fomentar la comprensión del daño que causan los monopolios, las prácticas monopólicas, las concentraciones ilícitas, las barreras a la libre concurrencia y demás restricciones al funcionamiento eficiente de los mercados.

Aunque merece reconocimiento la labor que la Cofece realiza actualmente, todavía queda mucho por hacer.

Particularmente en las entidades federativas, el reto consiste en que coordinación con las secretarías de Estado se complemente el quehacer de las autoridades estatales para que incluyan en sus planes de trabajo la promoción permanente de los principios de la competencia económica.

Con esta medida podemos empoderar a la ciudadanía para que pueda identificar una práctica dañina que afecte el funcionamiento de un mercado y sepa que existe una autoridad reguladora que podrá intervenir.

Por esta razón se propone modificar la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal para responsabilizar a las secretarías de Economía, de Energía, Comunicaciones y Transportes, Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y Turismo a promover la competencia económica.

Por otra parte, se busca que la Secretaría de Educación Pública también lleve a cabo la promoción de los principios de competencia, con la finalidad de acercar los conceptos básicos de competencia económica a los niños y a la juventud del país.

Finalmente, se propone reformar la ley para el desarrollo de la competitividad de la micro, pequeña y mediana empresa para incluir dentro de los objetivos de esta ley la promoción de los principios de competencia económica y de esa forma garantizar que los emprendedores de nuevos negocios y aquellos que buscan la consolidación de sus empresas cuenten con capacitación permanente en esta materia.

Señoras y señores diputados, en Acción Nacional siempre hemos trabajado para tener un México moderno, competitivo, generador de desarrollo.

Las dos iniciativas presentadas son propuestas concretas para alcanzar este objetivo. Por todo lo anterior, espero contar con el respaldo de todos ustedes. Por su atención, muchas gracias.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Muchas gracias, diputado Ulises Ramírez Núñez. Se turna a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Economía, para dictamen.

LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR Y LEY DE HIDROCARBUROS

El diputado Ulises Ramírez Núñez:

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Se turna a las Comisiones Unidas de Economía y de Energía, para dictamen.

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Tiene la palabra hasta por cinco minutos el diputado Omar Ortega Álvarez, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 74, 76 y 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por los diputados Francisco Martínez Neri, el diputado José de Jesús Zambrano Grijalva y por el de la voz. Adelante.

El diputado Omar Ortega Álvarez:Con la venia de la Presidencia. Compañeros legisladores y legisladoras, la propuesta que el día de hoy presento ante ustedes es una reforma constitucional para modificar los artículos 74 y 78, artículo 89 en su fracción XVII, que tiene como finalidad conformar gobiernos de coalición.

Nuestro sistema mexicano ha evolucionado mucho, debemos reconocer que ya desde el año 1997 las elecciones en el Estado mexicano son muy parejas y todas las fuerzas políticas de una manera u otra representan una alta competitividad. En consecuencia, el que gana las elecciones o forma parte del Congreso de la Unión no tiene, en su caso, la mayoría absoluta y en esas mismas condiciones difícilmente tiene la legitimación que requiere tener el control de manera clara de la presencia de la mayoría absoluta, tanto en alguna de las Cámaras, ya sea en la Cámara de Diputados o sea en la de Senadores.

Por ello, la propuesta que se presenta tiene como finalidad eso, lograr gobiernos de coalición. Si bien es cierto ya en el año 2014 hubo una reforma donde se logra que de manera optativa el Poder Ejecutivo pueda decidir si forma gobiernos de coalición.

Hoy, la propuesta es que no sea optativo, sino que sea una obligación del Ejecutivo formar gobiernos de coalición cuando en alguna de las dos Cámaras no tenga la mayoría absoluta. ¿Con qué finalidad? Hoy ya no sería una opción sino sería una obligación del Ejecutivo que participen de manera clara todas las fuerzas políticas que representan de una manera u otra la democracia, la pluralidad en el Estado mexicano.

Porque hemos visto casos tan patéticos, no necesariamente en la Presidencia de la República, pero sí en los municipios donde el que gobierna, gobierna con el 10 por ciento del total de la participación en la votación. Es decir, el 90 por ciento o el 80 por ciento están en contra de esa forma de gobernar y de esa persona que los va a gobernar y va a decidir las políticas públicas de ese municipio. Y así sucesivamente se va incrementando la participación en el ámbito estatal o en el ámbito federal.

Pero si logramos tener de manera clara, no importa quién gane la elección, podrá ganar con el 20 del total de la participación o el 35 por ciento de la participación que representan por supuesto la primera minoría, pero tanto en la Cámara de Diputados o en la Cámara de Senadores no lograr tener la mayoría absoluta, entonces estaría obligado en ese momento a hacer que sea un gobierno de coalición para que todos los partidos políticos sean corresponsables de la forma de gobernar y así podamos en esa pluralidad generar las políticas públicas con todas las personas que conforman la República o que son los gobernados y de una manera u otra se podrá dar de manera clara y evidente las condiciones de un mejor gobierno que sea, de una manera u otra, también parlamentario y evitar el famoso presidencialismo que va de cierta manera minando a los diferentes Poderes, ya sea el Poder Legislativo y el Poder Judicial.

Con esta propuesta de un gobierno de coalición, donde ya se aprobó, por cierto, en el 2014, pero que está todavía en ciernes. Recordemos que toda la ley reglamentaria no se ha aprobado, estamos en un buen momento para generar una modificación al artículo 89 en su fracción que tiene que ver directamente con la obligación del Ejecutivo de formar gobiernos de coalición siempre y cuando no tenga la mayoría absoluta en alguna de las dos Cámaras. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputado Ortega Álvarez. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales para dictamen.

DECLARA EL 15 DE OCTUBRE DE CADA AÑO, COMO EL DÍA NACIONAL DEL AMARANTO

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Tiene la palabra hasta por cinco minutos la diputada Blanca Margarita Cuata Domínguez, para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se declara el 15 de octubre de cada año como el Día Nacional del Amaranto, suscrita también por los diputados Rodrigo Abdala Dartigues y Norma Xochitl Hernández Colín, del Grupo Parlamentario de Morena.

La diputada Blanca Margarita Cuata Domínguez:Con su permiso, presidente. A los televidentes del Canal del Congreso. Diputadas y diputados, compañeros que permanecen todavía en sus curules.

Agradezco a mis compañeros diputada Norma Xochitl Hernández Colín y el diputado Rodrigo Abdala de Artigues, integrantes del Grupo Parlamentario de Morena, que me permiten presentar esta iniciativa para declarar el día 15 de octubre como Día Nacional del Amaranto, ello en razón de que la historia de la planta del amaranto ha corrido en mucho la suerte de nuestro México y tal pareciera que los que no saben de historia están condenados a repetirla.

Es por ello que con esta iniciativa pretendemos iniciar con una lucha en favor de la alimentación sana en México, así como para que sea reconocido como alimento y sea parte activa dentro de la Canasta Básica de los mexicanos, en pro de la soberanía alimentaria de nuestro país.

La historia del amaranto data de más de nueve mil años. Los mayas quizá fueron los primeros en usar el amaranto como cultivo de alto rendimiento apreciando especialmente su valor alimenticio.

Los aztecas lo conocían como huautli y lo ligaban con sus ritos religiosos. Los hincas lo denominaron quihuicha, pequeño gigante y lo respetaban principalmente por sus poderes curativos. Los aztecas lo utilizaron para la realización de transacciones. Lo consideraron sagrado por su resistencia a las sequías, por el vigor que les proporcionaba y lo asociaron con el sol por su color rojizo.

Con la llegada de los españoles la situación cambió ya que prohibieron su cultivo y su consumo por considerarlo pagano. Casi lograron erradicarla. Algunos estudiosos sostienen que se trató de una estrategia militar para mantener a la población débil y conquistarla más fácilmente, pues el amaranto era un alimento de guerreros.

El amaranto sobrevivió a la conquista y a su olvido. Es una planta que pertenece a la familia de las amarantáceas, según evidencias arqueológicas, se cree que es originaria del estado de Puebla. Su nombre significa vida eterna, debido a que crece en tierra poco fértil y con una mínima cantidad de agua; también porque una sola planta puede producir cerca de 1 millón de semillas y sin ser gramínea; pueden también conservar sus propiedades por más de 40 años.

En México se cultiva actualmente en los estados de Morelos, en Huazulco, que es la tierra de la alegría, Puebla, Oaxaca, Veracruz, Tlaxcala, Distrito Federal y el estado de México.

Por su elevado nivel nutricional, desde 1979 la Academia de Ciencias de los Estados Unidos de Norteamérica y la Organización para la Alimentación y Agricultura, de las Naciones Unidas, FAO, determinaron al amaranto como uno de los cultivos en el mundo con un elevado potencial para su explotación económica y nutricional a gran escala. Asimismo lo calificaron como el mejor alimento de origen vegetal para consumo humano.

Sin embargo actualmente los gobiernos no prestan la atención requerida para su protección, fomento y difusión, dado que en el mes de octubre es la fecha en que existe la mayor producción de amaranto, es que se propone establecer el día 15, el 15 de octubre de cada año como el Día Nacional del Amaranto.

Por último, aprovecho esta tribuna para invitarlos este próximo 11 de noviembre a partir de las nueve horas, a que asistan al Segundo Congreso Nacional del Amaranto que se llevará a cabo en el lobby del edificio E de este Palacio Legislativo de San Lázaro. Por cierto, compañeros, hay que cambiarle eso de Palacio; no somos virreyes; vivimos en una República democrática y representativa y aquí somos republicanos, bueno, era un paréntesis. Comencemos a generar políticas públicas en torno al amaranto y en favor de la soberanía alimentaria. Muchas gracias. Viva la alegría.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputada Cuata Domínguez. Túrnese a la Comisión de Gobernación para dictamen.

La diputada Delfina Gómez Álvarez (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Sonido en la curul de la diputada Delfina Gómez, ¿Con qué objeto, diputada?

La diputada Delfina Gómez Álvarez (desde la curul): Gracias, presidente. Nada más para ver si la compañera Blanca Margarita nos permite adherirnos a su iniciativa, a los compañeros de Morena.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Diputada Cuata. Diputada, ¿Acepta la adhesión?

La diputada Blanca Margarita Cuata Domínguez (desde la curul): Sí.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: La diputada está de acuerdo. Está a su disposición aquí en la mesa de la secretaría para la firma correspondiente.

LEY DE ORGANIZACIONES GANADERAS

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, la diputada Mirza Flores Gómez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 3o. de la Ley de Organizaciones Ganaderas.

La diputada Mirza Flores Gómez:Con su venia, diputado presidente. Muy buenas tardes a las compañeras diputadas y compañeros diputados que aún siguen en el pleno. En esta ocasión vengo a presentar una iniciativa de la que pongo a su disposición, que es de una alta sensibilidad humanitaria.

Desde el año 2008, cada 15 de octubre se conmemora el Día Internacional de la Mujer Rural, esto con el objetivo de hacer visible este sector de la población tan vulnerable en todo el mundo, pero con el propósito principal de generar que los gobiernos de la mano de la sociedad civil organizada, generen acciones contundentes para frenar el hambre, la pobreza y reducir las brechas de desigualdad y exclusión social que las mujeres rurales en todo el mundo padecen.

Por ello voy a citar una frase que dijo Ban Ki-moo, Secretario General de las Naciones Unidas, en donde él señala que el empoderamiento de las mujeres rurales es crucial para poner fin al hambre y a la pobreza. Al negar los derechos y oportunidades a las mujeres, negamos a sus hijos y a las sociedades un futuro mejor.

Esto no es ocioso, compañeras y compañeros, ya que en México el 42.6 por ciento de la población, dicho en números, aproximadamente 55.3 millones de personas viven en la pobreza, de los cuales, el 20.3 por ciento vive en pobreza extrema, también poniéndolo en números, aproximadamente 7 millones de personas.

El presidente Peña, cuando llegó a su gobierno, ante esta difícil situación y preocupante, pues comunicó que se implementaba un programa que se llama, perdón, la Cruzada Nacional contra el Hambre. Este programa social es un programa de carácter puramente asistencialista, y las mujeres y los hombres en este país no necesitamos solo proyectos asistencialistas.

Hay un proverbio que dice que si al hombre le regalas un pez comerá un día, pero si lo enseñas a pescar comerá toda su vida. Esto pasa particularmente con las mujeres, las mujeres no queremos que nos regalen nada, no buscamos programas asistenciales que nos obliguen a tener siempre la condición humilde de hacer filas y poner cara de limosneras para ver qué nos regalan o qué nos dan.

Las mujeres, sobre todo las mujeres en el campo, necesitan herramientas de trabajo para arar la tierra, semillas para sembrar, instrumentos para cosechar y políticas públicas incluyentes que nos permitan participar en el proceso de producción y en la toma de decisiones. No solamente de la economía de nuestras comunidades, sino de nuestros países.

Ante este panorama hay un tema que -este tema a mí me preocupa no solo como diputada federal, sino como mujer,- la invisibilidad del trabajo de las mujeres en las zonas rurales y en el campo. Cuando un trabajo es invisible no tiene valor. Y cuando no tiene valor condenamos a las mujeres a vivir siempre al margen de la exclusión y de la pobreza.

Es por eso que solicito ante este pleno que generemos una política pública para poner piso parejo. Eso es todo, ni más ni menos, solamente iguales. Que las mujeres siempre tengan condiciones de igualdad, sobre todo en el área del campo; porque les tengo una noticia: las mujeres no somos propietarias de las tierras, tampoco somos propietarias del ganado y en muchas de las veces cuando hierran al ganado lo hacen con el sello y con el nombre del jefe de familia.

Tampoco las mujeres tenemos acceso a capacitación en materia de campo o agraria y mucho menos acceso al uso de la tecnología. Los programas de capacitación en su mayoría carecen de perspectiva de género.

Y, esto lo tengo que decir claro porque históricamente lo hemos vivido, si no establecemos pisos parejos con acciones afirmativas que beneficien a sectores vulnerables de la población, no podremos hablar de progreso, no podremos frenar el hambre y las situaciones tan graves que vive nuestro país.

Las organizaciones ganaderas solamente han hecho pequeñas reformas y nunca con perspectiva de género. La clave de la perspectiva de género no es, como todas las personas lo ven, otra vez las mujeres. No, son cuotas, son medidas especiales de carácter temporal. ¿Cuándo dejamos de necesitar esas medidas especiales de carácter temporal?, cuando la cultura haya cambiado y no necesitamos legislar.

Necesitamos que generemos en el campo igualdad de oportunidades. Las mujeres en muchas de las ocasiones se quedan en las pequeñas poblaciones en las zonas ganaderas solas. Hay mujeres viudas o poblaciones en donde los hombres se fueron al norte a buscar mejores oportunidades y las mujeres se quedan en condiciones vulnerables, no solamente por la pobreza, sino porque no tienen acceso a igualdad de oportunidades en materia ganadera. Muchas gracias, compañeras. Gracias, presidente.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputada Mirza Flores. Túrnese a la Comisión de Ganadería, para dictamen.

Esta Presidencia saluda a ciudadanos de Río Verde, San Luis Potosí, invitados por el diputado Marco Antonio Gama Basarte. Igualmente, saludamos a alumnos de la Universidad Corporativo Universitario Internacional, de San Juan del Río, Querétaro, invitados por el diputado Hugo Cabrera. Al grupo de personas de Fuerza Social por México, invitados por la diputada María Guadalupe Alcántara Rojas, y a líderes del estado de Puebla, invitados por el diputado Víctor Manuel Giorgana Jiménez. Bienvenidas y bienvenidos.

LEY DEL INSTITUTO MEXICANO DE LA JUVENTUD

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Tiene la palabra por cinco minutos el diputado Mariano Lara Salazar, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 3, 3 Bis, 4, 8 y 15 Bis, de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud.

El diputado Mariano Lara Salazar:Gracias, presidente. Con el permiso de la Presidencia, compañeras y compañeros diputados, nos encontramos próximos a conmemorar el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, proclamado así por la Asamblea General de las Naciones Unidas, por lo que nos resulta muy oportuno cuestionarnos qué estamos haciendo por las personas que padecen alguna discapacidad.

Se calcula que en el mundo viven mil millones de personas con discapacidad, las cuales se ven en la necesidad de enfrentar grandes carencias debido a la falta de inclusión, y sobre todo a la falta de previsión por parte de los gobiernos, de medidas que propicien su inclusión en todas las áreas que una persona necesita desarrollarse, tales como transporte, el empleo, la educación o la participación activa dentro de la vida política de un país.

Los motivos que originan una discapacidad son diversos. La discapacidad puede presentarse al nacer, por enfermedad, ocasionada por accidentes o por llegar a una edad avanzada.

Según el Inegi, de la población total el 6 por ciento padece algún tipo de discapacidad, lo cual nos obliga, como legisladores, a dar respuesta a sus necesidades.

Derivado del a reforma constitucional de junio de 2011, el Estado mexicano se encuentra obligado a adoptar todas las medidas pertinentes para hacer efectivos los derechos relacionados con las personas discapacitadas, impulsando, a través de las instituciones que representan a estos grupos, políticas públicas que permitan la inclusión de las personas discapacitadas, sin limitaciones ni excepciones y promoviendo su participación activa y su acceso en todos los ámbitos sociales, en igualdad de condiciones.

Lamentablemente la discapacidad es un motivo de discriminación y dentro del grupo de jóvenes tiene una menor participación dentro de la economía y, por tanto, registra una tasa de pobreza más alta. Esta circunstancia nos obliga a reforzar el objeto y las atribuciones del Instituto Mexicano de la Juventud, al ser este el principal garante de los derechos de las y los jóvenes mexicanos.

Las y los jóvenes discapacitados han sido considerados de manera equivocada como improductivos y vistos como una carga social, situación que los ha marginado y los limita para realizar las actividades comunes de la vida diaria.

Es por ello que en Nueva Alianza consideramos que existe una necesidad real e inminente desde el Instituto Mexicano de la Juventud de buscar una perspectiva de inclusión y visibilidad para las y los jóvenes mexicanos con alguna discapacidad, mismas que les permita integrarse completamente a nuestra sociedad, en consideración de sus circunstancias particulares.

Así, la iniciativa que hoy pongo a su consideración pretende reformar diversos artículos de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud y propone incorporar a este ordenamiento jurídico, de manera expresa, la protección de los derechos de las y los jóvenes, al tiempo de armonizar la ley en materia conforme al contenido constitucional, provocando una cooperación y sinergia entre el Instituto Mexicano de la Juventud y el Consejo Nacional para el Desarrollo y la inclusión de las personas con discapacidad, a fin de permitir el desarrollo integral de este importante sector de la población, procurando la igualdad de trato y oportunidades para las y los jóvenes discapacitados.

Conforme a lo anterior y atentos al contenido del artículo 18 de la Ley Federal de Entidades Paraestatales, el cual establece el límite de integrantes de los organismos descentralizados y con ánimo de no contravenir el límite legal permitido, consideramos conveniente establecer como invitado permanente al director general del Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad, dentro de la Junta Directiva del Instituto Mexicano de la Juventud, mismo que podrá participar con voz pero sin voto, para que a través de su participación enriquezca con su opinión la perspectiva de inclusión y visibilidad para las y los jóvenes discapacitados, dentro de las políticas públicas dirigidas a la juventud mexicana, con la finalidad de fortalecer al propio Instituto Mexicano de la Juventud.

En Nueva Alianza estamos convencidos que en México se requiere crear conciencia nacional en beneficio de las personas con discapacidad. Todos somos corresponsables de construir un México incluyente, donde las personas con discapacidad sean tratadas con justicia, dignidad y respeto.

Por ello, desde nuestra posición promoveremos la integralidad y la transversalidad de las políticas públicas, para que incluyan la perspectiva de discapacidad en todos los ordenamientos jurídicos que correspondan. No debemos olvidar que todos somos iguales. Por su atención y apoyo, muchas gracias. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputado Lara Salazar. Túrnese a la Comisión de Juventud, para dictamen.

El diputado Francisco Javier Pinto Torres (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Sonido en la curul del diputado Pinto Torres, adelante diputado.

El diputado Francisco Javier Pinto Torres (desde la curul): Sí, gracias, presidente. Únicamente preguntarle al diputado Mariano Lara si nos permite adherirnos a su iniciativa.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: El diputado está de acuerdo, está a su disposición aquí en la Mesa de la Secretaría.

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado Hugo Eric Flores Cervantes, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de los artículos 61, 111 y 112 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.

El diputado Hugo Eric Flores Cervantes:Nuevamente acudimos ante esta tribuna, para dar certidumbre a los ciudadanos mexicanos que votaron por Encuentro Social, no vamos a quitar el dedo del renglón, vamos a seguir pidiendo la eliminación del fuero.

Por segunda ocasión venimos a presentar esta importante iniciativa, no solamente para el Partido Encuentro Social sino para todos aquellos mexicanos que creemos que la inmunidad parlamentaria no puede seguir siendo impunidad.

Este es el día que en nuestro país debemos acabar con las impunidades de la clase política, de los gobernantes, de los poderosos, permitiendo con un simple voto en esta Cámara de Diputados, que por fin se pueda eliminar el fuero.

Hemos escuchado y hemos visto que hay otros partidos políticos con la misma idea que nosotros. Y lo felicitamos, nos da gusto. Nada más que como muchos de ellos han optado por la vía demagógica durante muchos años, desafortunadamente ya no les creemos.

Y los emplazamos hoy a todos aquellos partidos políticos que en conferencia de prensa están diciendo, sí, eliminemos el fuero, pues que ahora lo eliminemos.

Por procedimiento parlamentario tuvimos que retirar nuestra primera iniciativa. Hoy estamos regresando a esta tribuna a insistir. Ha llegado el momento, en nuestro país, de acabar con la impunidad de los políticos. Y por eso es que la estamos volviendo a presentar, solicitándole a la Comisión de Puntos Constitucionales pueda dar rápido turno a dictaminar esta importante Comisión.

Y hay otras, bueno, hay senadores que ya renunciaron, inclusive, a su fuero, eso no lo pueden hacer pero ya renunciaron. Bueno, que renuncien votando por la eliminación del fuero para todos nosotros por el principio de cuentas.

Y hay otras legislaciones que han avanzado a nivel estatal. Tuvimos conocimiento, como todo mundo lo sabe, que en Veracruz, qué paradoja. Sí, Veracruz ya eliminó el fuero. Jalisco ya eliminó el fuero. Pero la pregunta es, y con un amparo muy sencillo, invocando los artículos constitucionales que legitiman y legislan el fuero, ¿no podrá cualquier funcionario terminar, de manera rápida y expedita con esta prohibición en el estado de Jalisco y Veracruz?

Mientras no se quite el fuero a nivel federal podrán surgir todas, todas en todos los estados y no van a tener una validez constitucional. Y cualquier persona fácil y rápidamente podría optar por la Constitución federal y podría quitarse esta posibilidad, aunque su constitución local lo ponga.

Por eso digo, ya quitémonos de demagogias. Si es cierto que PRD, si es cierto que MC, si es cierto que distintos diputados y senadores de otros partidos políticos están a favor de que eliminemos el fuero, pues eliminémoslo ya. Está en nuestras manos.

Solicitamos nuevamente, señor presidente, además de este turno, pudimos haberlo hecho con una excitativa pero aquí dejan que los dictámenes se mueran. Está muy complicado sacar las cosas en comisiones.

Hoy sí queremos pedirle al presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales que de inmediato dictamine este proyecto de iniciativa de ley, porque ha llegado el momento de que todos nosotros pongamos el ejemplo y dejemos de estar en la demagogia pura.

El Grupo Parlamentario del Partido de Encuentro Social está porque ya de manera inmediata eliminemos el fuero constitucional a todos nosotros. Por su atención, muchas gracias.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputado Flores Cervantes. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

Esta Presidencia saluda al grupo de jóvenes procedentes del municipio de Tenancingo, en el estado de México, invitados por el diputado Carlos Iriarte Mercado. Bienvenidos.

COMUNICACIONES OFICIALES

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Igualmente, informamos de la siguiente modificación de turno. La iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley General de Bienestar Animal, presentada por el diputado Federico Döring Casar, del Grupo Parlamentario del Partido de Acción Nacional, se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para opinión.

Actualícense los registros parlamentarios.

INICIATIVAS Y PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: En términos de los artículos 100 y 102 del reglamento, las iniciativas y proposiciones contenidas en el orden del día serán turnadas a las comisiones que correspondan, publicándose el turno en la Gaceta Parlamentaria. (*)

( *) Las iniciativas y proposiciones se encuentran en el Apéndice de esta sesión.

CLAUSURA Y CITA

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar(a las 15:57 horas): No habiendo otro asunto que tratar, se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el jueves 3 de noviembre de 2016, a las 11 horas.

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