Presidencia de la diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala

ASISTENCIA

La Presidenta diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala:Pido a la Secretaría haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia de diputadas y diputados.

La Secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos:Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 274 diputadas y diputados, por lo tanto hay quórum.

La Presidenta diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala(a las 11:38 horas): Se abre la sesión.

ORDEN DEL DÍA

La Presidenta diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala:Consulte la Secretaría a la asamblea si se dispensa la lectura al orden del día.

La Secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos:Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se dispensa la lectura al orden del día. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señora presidenta, mayoría por la afirmativa. Se dispensa la lectura.

«Primer periodo de sesiones ordinarias del segundo año de ejercicio de la LXIII Legislatura.

Orden del día

Miércoles 14 de septiembre de 2016.

Lectura del acta de la sesión anterior.

Comunicaciones oficiales

De los diputados Sasil Dora Luz de León Villard, Alma Carolina Viggiano Austria, Xitlalic Ceja García y María Eloísa Talavera Hernández.

Por los que solicitan los retiros de iniciativas y proposición.

De la Comisión Nacional del Deporte

Remite contestación a punto de acuerdo para que se revisen las condiciones de seguridad de los deportistas en las competencias.

Toma de protesta

Del diputado Luis Fernando Mesta Soule.

Acuerdos de los órganos de gobierno

De la Junta de Coordinación Política.

Efeméride

Aniversario del Inicio de la Independencia de México, a cargo de los grupos parlamentarios.

Iniciativas

Que reforma los artículos 2o. y 5o. de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, a cargo del diputado Braulio Mario Guerra Urbiola, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 2o. de la Ley de Coordinación Fiscal, a cargo del diputado Francisco Escobedo Villegas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 29 de la Ley del Servicio de Administración Tributaria, a cargo del diputado Carlos Hernández Mirón, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que adiciona una fracción V al artículo 11 de la Ley General de Desarrollo Social, a cargo del diputado Ángel García Yanéz, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes y del Código Penal Federal, a cargo de la diputada Nora Liliana Oropeza Olguín, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 54, 90, 93 y 155 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, a cargo del diputado Carlos Alberto de la Fuente Flores, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 2o. de la Ley del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios, a cargo del diputado Carlos Hernández Mirón, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Candelaria Ochoa Ávalos, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma el artículo 151 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, a cargo del diputado Luis Alfredo Valles Mendoza, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.

Que reforma los artículos 27 de la Ley General de Desarrollo Social y 8o. de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, a cargo de la diputada María del Rosario Rodríguez Rubio, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 42 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, a cargo de la diputada María Elena Ornates López, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Protección Civil, a cargo de la diputada Nora Liliana Oropeza Olguín, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que adiciona el artículo 33 de la Ley General de Asentamientos Humanos, a cargo de la diputada María Cristina Teresa García Bravo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Claudia Sofía Corichi García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a cargo del diputado Evelio Plata Inzunza, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 110 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, a cargo del diputado Juan Carlos Ruiz García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 9o. de la Ley General de Salud y 7º de la Ley General de Cultura Física y Deporte, a cargo de la diputada Isaura Ivanova Pool Pech, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma los artículos 40 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y 15-C y 540 de la Ley Federal del Trabajo, a cargo de la diputada Isaura Ivanova Pool Pech, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma los artículos 56, 57, 58 y 59 de la Ley General de Educación y 21 de la Ley Reglamentaria del artículo 5o. Constitucional, Relativo al Ejercicio de las Profesiones en el Distrito Federal, a cargo de la diputada Isaura Ivanova Pool Pech, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo Quinto de las Disposiciones Transitorias de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, a cargo del diputado Carlos Hernández Mirón, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma los artículos 107 y 108 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, a cargo del diputado Juan Fernando Rubio Quiroz, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona los artículos 46 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y 61-Bis y 66-Bis de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Lucia Virginia Meza Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 58 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a cargo de la diputada Lucia Virginia Meza Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 270 de la Ley Federal de Derechos, a cargo de la diputada Lucia Virginia Meza Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 51 de la Ley General de Desarrollo Social, a cargo de la diputada Lucia Virginia Meza Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que adiciona el artículo 45 de la Ley de Coordinación Fiscal, a cargo del diputado Waldo Fernández González, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada María Concepción Valdés Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que expide la Ley General de Consulta de los Pueblos y Comunidades Indígenas de México, a cargo del diputado Victoriano Wences Real, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que adiciona el artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado David Jiménez Rumbo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona el artículo 107 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a cargo del diputado David Jiménez Rumbo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Ruth Noemí Tiscareño Agoitia, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que expide la Ley General de Propaganda Gubernamental y Comunicación Social Reglamentaria del artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y se adiciona el artículo 1o. de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, a cargo de la diputada Isaura Ivanova Pool Pech, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que adiciona el artículo 113 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, a cargo del diputado Christian Joaquín Sánchez Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 173, 174, 176 y 177 y se adiciona un artículo 177 Bis al Código Penal Federal, a cargo de la diputada María Gloria Hernández Madrid, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal, a cargo de la diputada María Gloria Hernández Madrid, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con proyecto de decreto por el que se declara el día 19 de abril de cada año, como el “Día Nacional del Tequio”, a cargo del diputado Óscar Valencia García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona el artículo 33 de la Ley General de Educación, a cargo del diputado Luis Agustín Rodríguez Torres, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que adiciona un artículo 22 a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a cargo del diputado Candelario Pérez Alvarado, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de Seguridad Nacional, a cargo del diputado Manuel de Jesús Espino Barrientos, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que adiciona el artículo 9o. de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, a cargo del diputado Luis Alfredo Valles Mendoza, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.

Que reforma los artículos 16 de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público y 67 y 76 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, a cargo del diputado Hugo Eric Flores Cervantes, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.

Que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Educación, a cargo del diputado Óscar Valencia García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma diversas disposiciones de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a cargo de la diputada Guadalupe González Suástegui, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y deroga los artículos 3o., 10, 16 y 17 de la Ley General para la Atención y Protección a Personas con la Condición del Espectro Autista, a cargo de la diputada Evelyn Parra Álvarez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma los artículos 19, 19 Bis, 23 y 46 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a cargo del diputado Vidal Llerenas Morales, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y del Código Penal Federal, a cargo del diputado Juan Antonio Ixtlahuac Orihuela, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, de la Ley General de Cultura Física y Deporte, de la Ley General de Educación, de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad y de la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles, a cargo del diputado José Adrián González Navarro, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 67 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, a cargo de la diputada Evelyn Parra Álvarez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Reglamento de la Cámara de Diputados, a cargo del diputado Braulio Mario Guerra Urbiola, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 16 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, a cargo de la diputada Kathia María Bolio Pinelo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional

Que reforma y adiciona el artículo 56 de la Ley de Seguridad Nacional, a cargo del diputado Waldo Fernández González, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma los artículos 16 y 29 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Víctor Manuel Sánchez Orozco, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma los artículos 3o. y 34 de la Ley General de Cambio Climático, a cargo del diputado Mariano Lara Salazar, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.

Que reforma los artículos 32 y 33 de la Ley General de Educación, a cargo del diputado Ricardo David García Portilla, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional

Que reforma el artículo 80 de la Ley de Hidrocarburos, a cargo del diputado Ricardo del Rivero Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que adiciona los artículos 6o., 20 y 29 de la Ley Federal de la Defensoría Pública, a cargo del diputado Waldo Fernández González, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática

Que adiciona el artículo 48 de la Ley General de Educación, a cargo del diputado Víctor Manuel Sánchez Orozco, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma los artículos 283 y 284 de la Ley Federal del Trabajo, a cargo de la diputada Rosalinda Muñoz Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional

Que reforma el artículo 46 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a cargo de la diputada Ximena Tamariz García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional

Que reforma el artículo 15 de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Marbella Toledo Ibarra, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma y adiciona los artículos 170 de la Ley Federal del Trabajo y 28 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 Constitucional, a cargo de la diputada Alma Carolina Viggiano Austria, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 168 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, a cargo de la diputada Ximena Tamariz García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma adiciona y deroga los artículos 2o. y 3o. de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, a cargo del diputado René Cervera García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Benjamín Medrano Quezada, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que adiciona un artículo 190 Bis a la Ley del Impuesto Sobre la Renta, a cargo del diputado Santiago Taboada Cortina, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, y de la Ley General de Partidos Políticos, a cargo del diputado Jorge Álvarez Máynez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Timoteo Villa Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Turismo, a cargo del diputado Timoteo Villa Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 52 de la Ley de Aviación Civil, a cargo del diputado Francisco Saracho Navarro, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 2o. de la Ley Federal de Protección al Consumidor, a cargo de la diputada Flor Estela Rentería Medina, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que adiciona un capítulo V Bis a la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, a cargo de la diputada Ana María Boone Godoy, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 33 de la Ley General de Educación, a cargo del diputado Gianni Raúl Ramírez Ocampo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 29, 47, 50 y 54 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, a cargo del diputado Gianni Raúl Ramírez Ocampo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 74 Bis de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Laura Valeria Guzmán Vázquez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Armando Luna Canales, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional

Que reforma el artículo 2o. de la Ley de Planeación, a cargo de la diputada Guadalupe González Suástegui, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Educación, la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación y la Ley General del Servicio Profesional Docente, a cargo del diputado Héctor Javier García Chávez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 2o. de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, suscrita por el diputado Jesús Sesma Suárez y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Que adiciona el artículo 172 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Claudia Sofia Corichi García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma los artículos 1o. y 2o. de la Ley del Impuesto al Valor Agregado y adiciona el artículo 25 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, suscrita por el diputado Alejandro González Murillo, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.

Que adiciona un Capítulo VI al Título Sexto de la Ley de Aguas Nacionales, a cargo de la diputada Claudia Edith Anaya Mota, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 96 y 152 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, suscrita por el diputado Francisco Martínez Neri y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que adiciona el artículo 422 del Código Penal Federal, suscrita por el diputado Jesús Sesma Suárez y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Que adiciona los artículos 260 bis y 260 ter del Código Penal Federal, a cargo de la diputada Norma Edith Martínez Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.

De decreto para emitir una Moneda Conmemorativa del Centenario de la Fundación de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo de los Estados Unidos Mexicanos, (Concanaco Servytur), a cargo del diputado Jorge Enrique Dávila Flores, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 47 y 116 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, suscrita por el diputado Jesús Sesma Suárez y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Que reforma y adiciona los artículos 346 y 349 de la Ley General de Salud, suscrita por la diputada María Ávila Serna y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Segunda ronda del análisis del 4to. Informe de Gobierno del Presidente de la República, en materia de política social

Proposiciones

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SEP y a las Secretarías de Educación de las entidades federativas, para que vigilen la prohibición de la venta de productos alimenticios “chatarra”, en las escuelas del Sistema Educativo Nacional, a cargo del diputado Armando Luna Canales, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con punto de acuerdo relativo al impacto ambiental y las afectaciones a la comunidad derivados del proyecto de obra de ampliación e incorporación de la autopista México-Puebla, a cargo de la diputada Ana Leticia Carrera Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a los Gobiernos de las entidades federativas, para que impulsen políticas públicas encaminadas a generar en la población una cultura de separación de residuos sólidos, suscrito por el diputado Enrique Zamora Morlet y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Con punto de acuerdo relativo a la autorización el proyecto hidroeléctrico “Coyolapa-Atzala”, a cargo del diputado Miguel Alva y Alva, del Grupo Parlamentario de Morena.

Con punto de acuerdo relativo a la Plataforma Nacional de Transparencia, a cargo de la diputada María Candelaria Ochoa Ávalos, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a los Congresos Locales de las 32 entidades federativas, que en el ámbito de sus atribuciones, procuren la revisión, estudio y en su caso, reformar o adicionar el tipo penal del delito de acoso sexual, suscrito por la diputada Evelyng Soraya Flores Carranza y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la ASF, a auditar los procesos de contratación de los Hospitales Generales de Ticul, Mérida y Culiacán, y a la SFP, a difundir las consecuencias de la auditoría realizada al Hospital General doctor Gonzalo Castañeda Escobar, suscrito por los diputados Araceli Damián González, Mariana Trejo Flores y Rogerio Castro Vázquez, del Grupo Parlamentario de Morena.

Con punto de acuerdo relativo a la implementación de medidas en contra del uso de asbesto en las tuberías de agua potable de la CDMX, y con ello prevenir efectos adversos en la salud, a cargo de la diputada María Victoria Mercado Sánchez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SEP, a que implemente una campaña masiva de comunicación donde informe a la población sobre la naturaleza voluntaria de las cuotas en favor de centros escolares, y sobre las responsabilidades en que incurren las personas o servidores públicos que infrinjan la normatividad aplicable, suscrito por las diputadas Norma Xochitl Hernández Colín y Patricia Aceves Pastrana, del Grupo Parlamentario de Morena.

Con punto de acuerdo relativo a la descarga de aguas residuales en los ríos, lagunas y playas del municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, a cargo del diputado Moisés Guerra Mota, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Segob, a instruir a la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, para que a través del Mecanismo de Seguimiento de Casos de Tortura Sexual, emita el dictamen correspondiente al caso de Verónica Razo, a cargo de la diputada Claudia Sofia Corichi García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Efemérides

Con motivo del Aniversario del Inicio de la Independencia de México, suscrita por diputados integrantes del Partido Revolucionario Institucional.

Con motivo del CCVI Aniversario de la Independencia de México, a cargo de la diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Con Motivo del 16 de septiembre, Aniversario del Inicio de la Guerra de Independencia en México, suscrito por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Con Motivo del 11 de septiembre, Aniversario de la Victoria sobre el Ejército Español en Tampico 1829, a cargo del diputado Abdies Pineda Morín, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.

Con motivo del 192 Aniversario de la Anexión de Chiapas a México, a cargo del diputado Hernán Orantes López, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.»

ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR

La Presidenta diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala:El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la sesión anterior. Pido a la Secretaría consulte a la asamblea si se dispensa la lectura.

La Secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos:Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se dispensa la lectura del acta de la sesión anterior. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señora presidenta, mayoría por la afirmativa. Se dispensa su lectura.

«Acta de la sesión de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, celebrada el martes trece de septiembre de dos mil dieciséis, correspondiente al Primer Periodo de Sesiones Ordinarias del Segundo Año de Ejercicio de la Sexagésima Tercera Legislatura.

Presidencia de la diputadaMaría Guadalupe Murguía Gutiérrez

En el Palacio Legislativo de San Lázaro de la capital de los Estados Unidos Mexicanos, sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con una asistencia de doscientos noventa y siete diputadas y diputados, a las once horas con treinta y dos minutos del martes de trece de septiembre de dos mil dieciséis, el Presidente declara abierta la sesión.

En votación económica se dispensa la lectura al Orden del Día, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria; del mismo modo se dispensa la lectura del acta de la sesión anterior, y no habiendo oradores registrados, en votación económica se aprueba.

Se da cuenta con Comunicaciones Oficiales:

a) De la Junta de Coordinación Política, en relación con cambios de integrantes y de juntas directivas de comisiones ordinarias. En votación económica se aprueban. Comuníquense.

b) De los diputados:

• Norma Xochitl Hernández Colín, de Morena; por la que solicita se retire de los registros de la Comisión de Gobernación la iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley que regula la Publicidad del Estado, presentada el ocho de marzo de dos mil dieciséis.

• Jesús Salvador Valencia Guzmán, del Partido de la Revolución Democrática, por la que solicita se retire de los registros de la Comisión de Derechos de la Niñez, la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo ciento veintisiete de la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños, y Adolescentes, presentada el veintinueve de marzo de dos mil dieciséis.

• Lluvia Flores Sonduk, del Partido de la Revolución Democrática, por la que solicita se retiren de los registros de la Comisión de Economía dos iniciativas la primera, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Propiedad Industrial; y la segunda, por la que se reforma el artículo séptimo Bis de la Ley de Propiedad Industrial, ambas presentadas el veintiséis de abril de dos mil dieciséis.

Se tienen por retiradas, actualícense los registros parlamentarios.

c) De la Secretaría de Gobernación, por la remite el Cuarto Informe de Labores de la Secretaría de Desarrollo Social. De enterado, distribúyanse a las diputadas y los diputados, y a la Comisión correspondiente.

d) De la Cámara de Senadores:

• Comunica la designación de una Secretaría adicional de la Mesa Directiva para el Segundo Año de Ejercicio de la Sexagésima Tercera Legislatura. De enterado.

• Remite Acuerdo que recibió del Congreso del estado de Guerrero, por el que exhorta al Congreso de la Unión para que establezca y etiquete dentro del dictamen del Presupuesto de Egresos de la Federación dos mil diecisiete, una partida para construir un Centro Regional de Investigación Pesquera en el estado de Guerrero. Se remite a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su atención.

e) El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con la que remite contestación a punto de acuerdo para fortalecer las campañas de difusión para la prevención de cáncer en niños y adolescentes. Se remite a la Comisión de Salud, para su conocimiento.

f) De la Secretaría de Desarrollo Social, con la que:

• Comunica que se encuentra disponible en la página electrónica del Instituto Nacional de la Economía Social el Informe Final correspondiente al Programa de Fomento a la Economía Social (S-017), y anexa Tarjeta Informativa que detalla fe de erratas.

• Remite el Informe Final de la Evaluación de Diseño correspondiente al “Programa de Promoción y Evaluación de Política de Desarrollo Social y Comunitario, la Participación y la Cohesión Social” (P002) 2015-2016.

Se remiten a la Comisión de Desarrollo Social, para su conocimiento.

g) De la Cámara de Senadores, con la que remite las minutas con proyecto de decreto:

• Por el que se reforma el párrafo tercero del artículo veinticinco de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, que devuelve para los efectos de la Fracción E del artículo setenta y dos de Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Transporte, para dictamen.

• Por el que se reforman y adicionan los artículos treinta y cinco, treinta y nueve, y cincuenta de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, que devuelve para los efectos de la Fracción E del artículo setenta y dos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Transporte, para dictamen.

h) Iniciativas del titular del Poder Ejecutivo Federal:

• Con proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal dos mil diecisiete. Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para dictamen.

• De Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de dos mil diecisiete. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

• Informe sobre el uso de la facultad conferida al Ejecutivo Federal en materia arancelaria, durante el periodo comprendido entre el nueve de septiembre de dos mil quince, y el ocho de septiembre de dos mil dieciséis, que se presenta de conformidad con el artículo ciento treinta y uno de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

• Con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

• Con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

• Con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado y del Código Fiscal de la Federación. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

• Criterios Generales de Política Económica para la Iniciativa de Ley de Ingresos y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente al Ejercicio Fiscal de dos mil diecisiete. Se remite a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público, y de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento.

• Declaratoria de las Zonas de Atención Prioritaria dos mil diecisiete y la Estimación del monto de recursos para cumplimentar la política de subsidios del Gobierno Federal, en materia de vivienda. Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para dictamen; y a la Comisión de Desarrollo Social, para opinión.

• Con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. Se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen.

• Con proyecto de decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones de la Ley de Petróleos Mexicanos y de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad. Se turna a la Comisión de Energía, para dictamen.

El siguiente punto del Orden del Día es el capítulo de proposiciones calificadas por el Pleno de urgente u obvia resolución. Para presentarlas se concede el uso de la palabra a la diputada y al diputado:

• Susana Corella Platt, y suscrita por diversos diputados integrantes del Partido Revolucionario Institucional, relativo al incumplimiento del Grupo México, con los municipios del estado de Sonora afectados por el derrame toxico de la Mina Buenavista del Cobre, en dos mil catorce. En votación económica se considera de urgente resolución. Desde sus respectivas curules realizan comentarios sobre el punto de acuerdo los diputados: Cecilia Guadalupe Soto González, del Partido de la Revolución Democrática; Jorge Carlos Ramírez Marín, del Partido Revolucionario Institucional. Se concede el uso de la palabra para referirse al punto de acuerdo los diputados: Francisco Javier Pinto Torres, de Nueva Alianza; Diana Marcela Márquez Canales, de Morena; Refugio Trinidad Garzón Canchola, de Movimiento Ciudadano; Alma Leticia Arzaluz Alonso, del Partido Verde Ecologista de México; Juan Fernando Rubio Quiroz, del Partido de la Revolución Democrática; y Leticia Amparano Gamez, del Partido Acción Nacional. En votación económica se considera suficientemente discutido, de la misma manera se aprueba el acuerdo. Comuníquese.

• Kathia María Bolio Pinelo, del Partido Acción Nacional, por el que se solicita a las Comisiones de Atención a Grupos Vulnerables, de Deporte y de Juventud, organicen un reconocimiento público a los deportistas mexicanos con Síndrome de Down que participaron en los Primeros Juegos de la Trisomía celebrados en Florencia, Italia, durante el mes de julio. En votación económica se considera de urgente resolución. Se concede el uso de la palabra para referirse a punto de acuerdo a los diputados: Renato Josafat Molina Arias, de Morena; Víctor Manuel Sánchez Orozco, de Movimiento Ciudadano. En votación económica se considera suficientemente discutido, de la misma manera se aprueba el punto de acuerdo. Comuníquese.

Presidencia de la diputadaGloria Himelda Félix Niebla

Se concede el uso de la palabra para presentar iniciativas con proyecto de decreto a los diputados:

• Laura Valeria Guzmán Vázquez, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma el artículo cincuenta y ocho del Código Civil Federal. Se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen.

Se da cuenta con acuerdo de la Mesa Directiva, por el que la Cámara de Diputados manifiesta su preocupación por la situación de inseguridad que se vive en Michoacán. En su oportunidad y desde su curul realizan comentarios en relación al acuerdo los diputados Jesús Sesma Suarez, Omar Noé Bernardino Vargas, ambos del Partido Verde Ecologista de México; Juan Antonio Ixtlahuac Orihuela, del Partido Revolucionario Institucional; Hortensia Aragón Castillo, Erik Juárez Blanquet, ambos del Partido de la Revolución Democrática; Jorge Alejandro Carvallo, Delfín, del Partido Revolucionario Institucional; y Jorge Ramos Hernández, del Partido Acción Nacional. En votación económica se aprueba. Comuníquese.

Continúa la presentación de iniciativas con proyecto de decreto y se concede el uso de la palabra a las diputadas y a los diputados:

• Karina Padilla Ávila, del Partido Acción Nacional, que reforma el artículo ciento treinta y dos de la Ley Federal del Trabajo. Se turna a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, para dictamen.

• Maricela Contreras Julián, del Partido de la Revolución Democrática:

– Que reforma los artículos doscientos uno, y doscientos cinco de la Ley del Seguro Social. Se turna a la Comisión de Seguridad Social, para dictamen.

– Que deroga el párrafo segundo del artículo cuatrocientos sesenta y seis de la Ley General de Salud. Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.

A las trece horas con cinco minutos, por instrucciones de la Presidencia, se cierra el sistema electrónico de asistencia con un registro de cuatrocientos sesenta y dos diputadas y diputados.

• Omar Noé Bernardino Vargas y diversos diputados integrantes del Partido Verde Ecologista de México, que reforma el artículo segundo de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. Se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen.

• María Chávez García, de Morena, que reforma los artículos sesenta, sesenta y cinco, y sesenta y seis de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen.

• Rosa Alba Ramírez Nachis, de Movimiento Ciudadano, que expide la Ley de Justicia Social y Equidad Distributiva de la Riqueza. Se turna a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Fomento Cooperativo y Economía Social, para dictamen; y a las Comisiones de Trabajo y Previsión Social, y de Presupuesto y Cuenta Pública

• Carmen Victoria Campa Almaral, de Nueva Alianza, que reforma y adiciona los artículos: segundo, octavo, cuarenta y uno, cuarenta y ocho, y cincuenta y uno de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. Se turna a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, para dictamen.

• Norma Edith Martínez Guzmán y José Alfredo Ferreiro Velazco, Encuentro Social, que adiciona el artículo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

• Felipe Cervera Hernández, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal. Se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen.

• Santiago Torreblanca Engell, del Partido Acción Nacional:

– Que reforma el artículo catorce de la Ley General de Educación. Se turna a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para dictamen.

– Que reforma el artículo ciento doce de la Ley del Impuesto Sobre la Renta. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen; y a la Comisión Especial de Apoyo a Comerciantes en Pequeño y Microempresas para Fomentar la Economía Familiar, para opinión.

– Que reforma los artículos veintisiete, y ciento cincuenta y uno, de la Ley del Impuesto Sobre la Renta. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen; y a la Comisión Especial de Apoyo a Comerciantes en Pequeño y Microempresas para Fomentar la Economía Familiar, para opinión.

– Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

• Julio Saldaña Morán, del Partido de la Revolución Democrática, que reforma los artículos veintinueve, y treinta de la Ley General de Desarrollo Social. Se turna a la Comisión de Desarrollo Social, para dictamen.

La Presidenta saluda la presencia en el Salón de Sesiones del excelentísimo señor Mohammed Azhar Bin Mazclan, Embajador de Malasia en México, quien ha sido testigo de honor en la instalación del grupo de amistad México-Malasia, que preside el diputado Luis de León Martínez Sánchez, del Partido Acción Nacional.

• Alfredo Basurto Román, de Morena, que reforma los artículos ciento treinta y tres de la Ley Federal del Trabajo y veintisiete de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Se turna a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social, y de Justicia, para dictamen.

• Germán Ernesto Ralis Cumplido, de Movimiento Ciudadano, que reforma el artículo ochenta y nueve de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos. Se turna a las Comisiones Unidas de Justicia, y de Derechos Humanos, para dictamen.

• Carlos Gutiérrez García, de Nueva Alianza, que reforma diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo. Se turna a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, para dictamen.

• Javier Octavio Herrera Borunda, a nombre propio y del diputado Jesús Sesma Suárez, y de diversos diputados integrantes del Partido Verde Ecologista de México:

– Que reforma y adiciona los artículos: sexto, noveno, y décimo-f de la Ley de Coordinación Fiscal. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

– Que reforma y adiciona los artículos: tercero, y octavo de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y treinta y siete, y cincuenta y tres de la Ley de Coordinación Fiscal. Se turna a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

– Que se adicionan diversas disposiciones a la Ley del Impuesto sobre la Renta, en materia de estímulos fiscales para los contribuyentes que tomen medidas de protección al medio ambiente. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen

Presidencia de la diputadaMaría Guadalupe Murguía Gutiérrez

Se da cuenta con oficio del diputado Gustavo Enrique Madero Muñoz, del Partido Acción Nacional, por el que solicita licencia por tiempo indefinido para separarse de sus funciones como diputado federal electo en la Primera Circunscripción, a partir de esta fecha. Desde sus respectivas curules realizan comentarios los diputados: Gustavo Enrique Madero Muñoz; Marko Antonio Cortés Mendoza, ambos del Partido Acción Nacional; Hortensia Aragón Castillo, y Guadalupe Acosta Naranjo, ambos del Partido de la Revolución Democrática. En votación económica se aprueba. Comuníquese.

Presidencia del diputadoJerónimo Alejandro Ojeda Anguiano

El siguiente punto del Orden del Día es el Análisis del Cuarto Informe de Gobierno del ciudadano Presidente de la República. En tal virtud, para dar cumplimiento al numeral uno, del artículo segundo del acuerdo aprobado en la Sesión del día seis de septiembre de dos mil dieciséis, se da inicio con el tema de Política Social. En la primera ronda de intervenciones se concede el uso de la palabra a la diputada y a los diputados: Norma Edith Martínez Guzmán, del Partido de Encuentro Social; Luis Manuel Hernández León, de Nueva Alianza; René Cervera García, de Movimiento Ciudadano; Araceli Damián González, de Morena; Evelyng Soraya Flores Carranza, del Partido Verde Ecologista de México; Hortensia Aragón Castillo, del Partido de la Revolución Democrática; Lorena Alfaro García, del Partido Acción Nacional; y Edith Anabel Alvarado Varela, del Partido Revolucionario Institucional. En su oportunidad y desde su curul realiza moción de procedimiento el diputado Jorge Carlos Ramírez Marín, del Partido Revolucionario Institucional, quien solicita a la Presidencia se permita la intervención del diputado Edgardo Melhem Salinas, del Partido Revolucionario Institucional, para referirse al tema. El Presidente obsequia dicha solicitud y le concede el uso de la palabra.

El Presidente informa a la Asamblea que por acuerdo de los Grupos Parlamentarios, se desahogará el día de mañana la segunda ronda de intervenciones relativa al Análisis del Cuarto Informe de Gobierno del ciudadano Presidente de la República en materia de Política Social.

El Presidente hace referencia a que el día de hoy, trece de septiembre, se conmemora la “Gesta heroica del Ignacio Pérez”, personaje de la historia que en mil ochocientos diez, por instrucciones de Josefa Ortiz de Domínguez, arriesgó su vida para avisar al padre de la patria, el cura Miguel Hidalgo y Costilla y a Ignacio Allende, que habían descubierto la conspiración y que se pretendía aprehenderlos, mensaje oportuno que permitió adelantar la lucha por la independencia de México, desde su curul realiza comentarios sobre la efeméride el diputado José Hugo Cabrera Ruiz, del Partido Revolucionario Institucional.

De igual forma comenta que el día de hoy se conmemora el “Día Internacional del chocolate”. Desde sus respectivas curules realizan comentarios en relación con el tema las diputadas y los diputados: Janette Ovando Reazola, María Elena Orantes López, ambas del Partido Acción Nacional; y Guillermo Rafael Santiago Rodríguez, de Morena.

Se da cuenta con acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se exhorta al Poder Ejecutivo Federal a adoptar las medidas pertinentes y urgentes, para garantizar, previo a la repatriación, la atención integral interdisciplinaria, incluyendo la asesoría legal de las y los migrantes centroamericanos localizados en la casa de seguridad del municipio de Amozoc, Puebla, el veinte de agosto de dos mil dieciséis en el interior del tráiler que circulaba por la autopista Puebla-Orizaba. En votación económica se aprueba. Comuníquese.

En su oportunidad y desde su curul realiza comentarios sobre diversos temas legislativos la diputada María Luisa Beltrán Reyes, del Partido de la Revolución Democrática. El Presidente hace aclaraciones

De conformidad con los artículos cien y ciento dos del Reglamento de la Cámara de Diputados, las iniciativas, y las proposiciones registradas en el Orden del Día de esta sesión, serán turnadas a las comisiones que correspondan, publicándose el turno en la Gaceta Parlamentaria, las de los siguientes diputados:

a) Iniciativas con proyecto de decreto:

• Adriana del Pilar Ortiz Lanz, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se declara el día cuatro de agosto de cada año, como el “Día Nacional de Calakmul, Campeche, Primer Patrimonio Mixto de la Humanidad en México”. Se turna a la Comisión de Gobernación, para dictamen.

• Sasil Dora Luz de León Villard y diversos diputados integrantes del Partido Verde Ecologista de México, que adiciona el artículo cincuenta Bis a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Se turna a la Comisión de Igualdad de Género, para dictamen.

• Sara Latife Ruiz Chávez, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma los artículos: segundo, cuarto, y cincuenta y siete, segundo, cuarto, cincuenta y siete, y adiciona un sesenta y tres Bis a la Ley General de Turismo. Se turna a la Comisión de Turismo, para dictamen.

• Nancy Guadalupe Sánchez Arredondo, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma diversas disposiciones de la Ley de Migración. Se turna a la Comisión de Asuntos Migratorios, para dictamen.

• Jonadab Martínez García, de Movimiento Ciudadano, que reforma el artículo cincuenta de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal. Se turna a la Comisión de Transportes, para dictamen.

• Francisco Saracho Navarro, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma los artículos doscientos uno, y doscientos cinco de la Ley del Seguro Social. Se turnas a la Comisión de Seguridad Social, para dictamen.

b) Proposiciones con puntos de acuerdo:

• Xitlalic Ceja García, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta a diversas autoridades del gobierno del estado de Puebla, a fin de implementar un programa de capacitación a los titulares e integrantes de las unidades de Protección Civil en los municipios de esa entidad. Se turna a la Comisión de Protección Civil, para dictamen.

• Waldo Fernández González y Oscar Ferrer Abalos, del Partido de la Revolución Democrática, relativo a las afectaciones provocadas por la fractura hidráulica en el estado de Nuevo León. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen.

• José Refugio Sandoval Rodríguez y diputados integrantes del Partido Verde Ecologista de México, relativo a la creación de Centros Estatales de Trasplantes. Se turna a la Comisión de Salud)

• Guillermo Santiago Rodríguez, de Morena, relativo a la regularización y donación del predio sobre el cual se asienta la colonia cinco de marzo, ubicada en la ciudad de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, en favor de sus residentes actuales. Se turna a la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, para dictamen.

• Víctor Manuel Sánchez Orozco, de Movimiento Ciudadano, por el que se solicita la creación de una “Comisión Especial de Seguimiento a los Hechos Ocurridos en Nochixtlán, Oaxaca, el pasado diecinueve de junio de dos mil dieciséis”. Se turna a la Junta de Coordinación Política, para su atención

• José Hugo Cabrera Ruiz, del Partido Revolucionario Institucional, relativo a la conmemoración del doce de septiembre como el Día de Ignacio Pérez, “el mensajero de la libertad”. Se turna a la Comisión de Gobernación, para dictamen.

• Ricardo Ángel Barrientos Ríos, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se exhorta a la Secretaría de Gobernación, a emitir las declaratorias de emergencia y desastre para distintos municipios del estado de Guerrero afectados por el fenómeno hidrometeorológico “Newton”. Se turna a la Comisión de Gobernación, para dictamen.

• Enrique Zamora Morlet y diputados integrantes del Partido Verde Ecologista de México, por el que se exhorta a la Coordinación Nacional de Protección Civil para que en coordinación con el Centro Nacional de Prevención de Desastres, y los gobiernos estatales, realicen acciones para informar a la sociedad sobre los protocolos de seguridad y protección civil para prevenir los fenómenos hidrometeorológicos en temporadas de lluvias. Se turna a la Comisión de Protección Civil, para dictamen.

• Virgilio Dante Caballero Pedraza, de Morena, por el que se exhorta a la Presidencia de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado de Guanajuato, a evitar la violación a la libre manifestación y garantizar las peticiones o protestas de las personas que acudan a su nuevo Recinto Legislativo. Se turna a la Comisión de Derechos Humanos, para dictamen.

• Jorge Álvarez Máynez, de Movimiento Ciudadano, por el que se exhorta a la Secretaría de Gobernación y al gobierno de la Ciudad de México, a garantizar la seguridad e integridad física del activista y periodista José Alberto Escorcia Gordiano. Se turna a la Comisión de Derechos Humanos, para dictamen.

• María Antonia Cárdenas Mariscal, de Morena, por el que se exhorta a la Secretaría de Educación Pública, a que se intensifiquen las campañas de salud reproductiva en todas las escuelas secundarias y de educación media superior del Sistema Educativo Nacional, a fin de prevenir el embarazo adolescente. Se turna a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para dictamen.

• Jonadab Martínez García, de Movimiento Ciudadano, por el que se exhorta al gobierno de la Ciudad de México y a la demarcación territorial Cuauhtémoc, a instalar bancas públicas para el descanso de los peatones en las calles del Centro Histórico. Se turna a la Comisión del Distrito Federal, para dictamen.

• Concepción Villa González, de Morena, por el que se exhorta al gobierno del Estado de México, para que difunda la información relacionada con las acciones que se implementaron en los once municipios en donde se decretó la alerta de violencia de género y los resultados obtenidos. Se turna a la Comisión de Igualdad de Género, para dictamen.

• Víctor Manuel Sánchez Orozco, de Movimiento Ciudadano, por el que se exhorta a la colegisladora, a discutir y en su caso aprobar el Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley de Pensión Universal, y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, de la Ley del Seguro Social, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores y de la Ley Federal del Trabajo. Se turna a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Seguridad Social, para dictamen.

• Norma Xóchitl Hernández Colín, de Morena, relativo a la integración de la Junta Instaladora y las labores a realizar por parte de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México. Se turna a la Comisión del Distrito Federal, para dictamen.

• María Elena Orantes López, de Movimiento Ciudadano, relativo a la capacitación para servidores públicos de los municipios en materia de políticas de desarrollo e inclusión de personas con discapacidad. Se turna a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, para dictamen.

• María Elena Orantes López, de Movimiento Ciudadano, por el que se exhorta al Ejecutivo Federal y al gobierno del estado de Chiapas, a mantener garantías de seguridad pública y derechos humanos a la población del municipio de Oxchuc, así como a salvaguardar los derechos políticos y la integridad física de la Presidenta Municipal, su familia y colaboradores. Se turna a la Comisión de Derechos Humanos, para dictamen.

• Mirza Flores Gómez, de Movimiento Ciudadano, relativo al Septuagésimo Aniversario del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Zubirán. Se turna a la Junta de Coordinación Política, para su atención

• Jonadab Martínez García, de Movimiento Ciudadano, por el que se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a eliminar de la NOM-012-SCT-2-2014, el numeral 6.1.2.2, que incrementa el peso bruto vehicular máximo autorizado para los tracto camiones doblemente articulados en sus diferentes configuraciones vehiculares. Se turna a la Comisión de Transportes, para dictamen.

• Marbella Toledo Ibarra, de Movimiento Ciudadano, relativo a la creación de medidas que garanticen la protección y resguardo de los trabajadores de los centros de salud del estado de Guerrero, a fin de garantizar la disponibilidad de unidades de atención médica para sus habitantes. Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.

Agotados los asuntos del orden del día, el Presidente cita para la próxima Sesión Ordinaria que tendrá lugar el día miércoles catorce de septiembre de dos mil dieciséis, a las once horas, y levanta la sesión a las quince horas con cincuenta y siete minutos.»

La Presidenta diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala:Proceda la Secretaría a poner a discusión el acta.

La Secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos:Está a discusión el acta. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señora presidenta, Mayoría por la afirmativa.

La Presidenta diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala: Aprobada el acta.

COMUNICACIONES

El Secretario diputado Andrés Fernández del Valle Laisequilla:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.

Diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

Quien suscribe, Sasil Dora Luz de León Villard, diputada federal de la LXIII Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, por este medio le solicito el retiro de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 28 Bis a la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B del Artículo 123 Constitucional, en materia de licencia de paternidad remunerada, que presenté a esta soberanía el 25 de febrero de 2016.

Sin otro particular quedo a sus órdenes.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de septiembre de 2016.— Diputada Sasil Dora Luz de León Villard (rúbrica).»

———————— o ————————

El Secretario diputado Andrés Fernández del Valle Laisequilla:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.

Diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar, Presidente de la Mesa Directiva de la Honorable Cámara de Diputados de la LXIII Legislatura.— Presente.

En uso de la facultad que me confiere lo dispuesto en el artículo 77, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, mediante el presente vengo a ejercer mi derecho de retirar la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de las Leyes General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; y para regular las Sociedades de Información Crediticia, presentadas por la suscrita el 27 de abril de 2016 durante el segundo periodo de sesiones del primer año legislativo y turnada a las Comisiones Unidas de Derechos de la Niñez, y Hacienda y Crédito Público.

Sobre el particular, solicito a usted gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda, a efecto de que se realicen las modificaciones correspondientes en los registros parlamentarios de esta Cámara.

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de septiembre de 2016.— Diputada Alma Carolina Viggiano Austria (rúbrica).»

———————— o ————————

El Secretario diputado Andrés Fernández del Valle Laisequilla:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.

Diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar, Presidente de la Mesa Directiva de la Honorable Cámara de Diputados.— Presente.

La que suscribe, Xitlalic Ceja García, diputada federal de la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 77, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, solicito respetuosamente sea retirada la iniciativa que presenté con fecha 11 de mayo del presente año, misma que fue turnada a la Comisión de Transportes.

Sin más por el momento, reitero a usted las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

Atentamente

Recinto Legislativo de San Lázaro, a 13 de septiembre de 2016.— Diputada Xitlalic Ceja García (rúbrica).»

———————— o ————————

El Secretario diputado Andrés Fernández del Valle Laisequilla:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.

Diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar, Presidente de la Mesa Directiva de la Honorable Cámara de Diputados de la LXIII Legislatura.— Presente.

Por este conducto, me permito solicitar a usted, de conformidad con lo establecido en el artículo 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, tenga a bien girar sus apreciables instrucciones, a efecto de retirar la proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita a las Comisiones de Deporte, y Juventud a organizar un reconocimiento público a los deportistas mexicanos con síndrome de down que participaron en los primeros Juegos de la Trisomía celebrados en Florencia, Italia en julio, suscrito por la diputada Kathia María Bolio Pinelo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la cual fue registrada en el orden del día de 6 de septiembre de 2016.

Sin otro particular, agradezco de antemano sus atenciones.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de septiembre de 2016.— Diputada María Eloísa Talavera Hernández (rúbrica), vicecoordinadora de Proceso Legislativo y Agenda Política del PAN.»

La Presidenta diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala: Se tienen por retiradas, actualícense los registros parlamentarios.

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El Secretario diputado Andrés Fernández del Valle Laisequilla:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Comisión Nacional del Deporte.

Diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar, vicepresidente de la Mesa Directiva de la LXIII Legislatura de la Honorable Cámara de Diputados.— Presente.

Me refiero a su oficio DGPL 63-II-5-1006 dirigido al licenciado Alfredo Castillo Cervantes, director general de esta Comisión Nacional, por medio del cual informa el punto de acuerdo aprobado por la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, en sesión celebrada el 29 de abril de 2016, que se transcribe a continuación:

Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa a la Comisión Nacional de cultura Física y Deporte, para que se coordine con la federaciones y confederaciones, así como de la calidad de los servicios médicos que realizan la primera atención y de igual forma se generen estrategias de difusión de información sobre accidentes y mortalidad de deportistas durante las competencias. De igual forma, se solicita garantizar que tal y como lo señala la fracción XX del artículo 30 de la Ley General de Cultura Física y Deporte, dentro de los programas centro del territorio nacional, se ofrezcan las medidas de seguridad necesarias, de acuerdo con las normas oficiales mexicanas y demás disposiciones que para el efecto se expidan con respecto a la práctica del deporte regulado por las fedeaciones.

Sobre el particular, remito a usted el oficio número SCD/CE/00682/2016, suscrito por el licenciado José Alejandro López Armendáriz, coordinador ejecutivo de la Subdirección de Calidad para el Deporte, por medio del cual remite a su vez el similar SCD/DMCA/198/16 suscrito por el doctor Jeshua Daniel Ortiz Gómez director de Medicina y Ciencias Aplicadas de la Conade, en el cual informa que de acuerdo a la fracción XX del artículo 30 de la Ley General de Cultura Física y Deporte dentro de los programas en los que se establezca la práctica de actividades de cultura física recreación, rehabilitación o deporte dentro del territorio nacional, se ofrezcan las medidas de seguridad necesarias, de acuerdo con las normas oficiales mexicanas y demás disposiciones que para tal efecto se expidan, con respeto a la práctica del deporte regulado por las federaciones.

Adjunto al presente y para mayor referencia, encontrará copias simples del oficio antes referido.

Atentamente

México, DF, a 8 de agosto de 2016.— Licenciado Fernando Martínez Galindo (rúbrica), subdirector de Normatividad y Enlace Internacional.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Comisión Nacional del Deporte.

Licenciado Fernando Martínez Galindo, subdirector de Normatividad y Enlace Interinstitucional.— Presente.

En atención a su oficio, CNAJ/419/2016, mediante el cual solicito las acciones o elementos que concierne al exhorto, realizado por la Cámara de Diputados a la Comisión Nacional de Cu1tura Física y Deporte que a la letra dice:

Único. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte para que se coordine con las federaciones y confederaciones deportivas para revisar las condiciones de seguridad de los deportistas dentro de los campeonatos, así como de la calidad de los servicios médicos que realizan la primera atención y de igual se generen estrategias de difusión de información sobre accidentes y mortalidad de deportistas durante las competencias.

De igual forma, se solicita garantizar que tal y como lo señala la fracción XX el artículo 30 de la Ley General de Cultura Física y Deporte dentro de los programas en los que se establezca la práctica de actividades de cultura física recreación, rehabilitación o deporte dentro del territorio nacional, se ofrezcan las medidas de seguridad necesarias, de acuerdo con las Normas Oficiales Mexicanas y demás disposiciones que para tal efecto se expidan, con respecto a la práctica del deporte regulado por las federaciones.

Al respecto, le remito Oficio número SCD/DMCA/198/16, signado por el doctor Jeshua Daniel Ortiz Gómez, director de Medicina y Ciencias Aplicadas, que contiene las acciones o elementos, para dar respuesta a lo solicitado por la soberanía antes mencionada.

Sin más por el momento, le .envío un cordial saludo.

Atentamente

Ciudad de México, a 6 de septiembre de 2016.— Licenciado José Alejandro López Armendáriz (rúbrica), coordinador Ejecutivo de la Subdirección de Calidad para el Deporte.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Comisión Nacional del Deporte.

Ciudadano Manuel Portilla Diéguez, subdirector de Calidad para el Deporte.— Presente.

Por este medio hago referencia al oficio número CNAJ/419/2016 con fecha del 30 de mayo de 2016. Y que concierne al exhorto realizado por la Cámara de Diputados a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte que a la letra dice:

Único. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte para que se coordine con las federaciones y confederaciones deportivas para revisar las condiciones de seguridad de los deportistas dentro de los campeonatos, así como de la calidad de los servicios médicos que realizan la primera atención y de igual forma se generen estrategias de difusión de información sobre accidentes y mortalidad de deportistas durante las competencias.

De igual forma, se solicita .garantizar que tal y como lo señala la fracción XX del artículo 30 de la Ley General de Cultura Física y Deporte, dentro de los programas en los que se establezca la práctica de actividades de cultura física, recreación, rehabilitación o deporte dentro del territorio nacional, se ofrezcan las medidas de seguridad necesarias, de acuerdo con las normas oficiales mexicanas y demás disposiciones que para tal efecto se expidan, con respecto a la práctica del deporte regulado por las federaciones.

Al respecto le informo, que existe plena coordinación con las diversas federaciones y asociaciones deportivas nacionales, para que en el marco de lo previsto en la Ley General de Cultura Física y Deporte se tienen aseguradas las condiciones de seguridad de los deportistas en sus diversas competencias.

Asimismo se hace constar que la Dirección de Medicina cuenta con 18 médicos especialistas certificados para dar atención médica a los atletas registrados en sus instalaciones, además de 20 médicos especialistas certificados para otorgar la atención médica debida a los atletas de alto rendimiento seleccionados nacionales, además se cuenta con 2 ambulancias de soporte vital operadas por personal paramédico debidamente capacitado y acreditado que dan servicio en las diversas competencias a nivel nacional.

Independientemente de lo anterior se cuenta con la contratación de un servicio de traslado de terapia intensiva exclusivo para el Centro Nacional de Desarrollo de Talentos Deportivos y Alto Rendimiento.

Aunado a esto y en cumplimiento al artículo 105 de la Ley General de Cultura Física y Deporte, la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte tiene contratado un seguro de gastos médicos mayores de cobertura amplia para protección de los atletas seleccionados nacionales y talentos deportivos.

Por último, se hace de su conocimiento que existe una estadística minuciosa de las lesiones presentes en cada evento de los que toma parte la Dirección de Medicina y Ciencias, la cual es entregada junto con el reporte de estos actos a la Subdirección de Calidad para el Deporte.

Sin mayor información que agregar quedo a sus órdenes.

Atentamente

Ciudad de México, a 5 de septiembre de 2016.— Doctor Jeshua Daniel Ortiz Gómez (rúbrica), director de Medicina y Ciencias Aplicadas.»

La Presidenta diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala: Remítase a la Comisión de Deporte, para su conocimiento.

TOMA DE PROTESTA

La Presidenta diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala:Se encuentra a las puertas de este recinto el ciudadano Luis Fernando Mesta Soule, diputado federal electo por la primera circunscripción plurinominal. Se designa en comisión para que lo acompañen en el acto de rendir la protesta de ley, a las siguientes legisladoras y legisladores: diputado César Alejandro Domínguez Domínguez, diputado Luis Agustín Rodríguez Torres, diputada María Elida Castelán Mondragón y diputada Yaret Adriana Guevara Jiménez.

El Secretario diputado Raúl Domínguez Rex: Se pide a la comisión cumplir con este encargo.

(La comisión cumple el encargo)

El Secretario diputado Raúl Domínguez Rex: Se invita a los presentes a ponerse de pie.

La Presidenta diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala:Ciudadano Luis Fernando Mesta Soule ¿Protesta guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de diputado que el pueblo le ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión?

El ciudadano Luis Fernando Mesta Soule: Sí, protesto.

La Presidenta diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala: Si así no lo hiciera, que la nación se lo demande.Muchas felicidades. Pueden tomar asiento.

EFEMÉRIDE

La Presidenta diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala:El siguiente punto del orden del día es la efeméride con motivo del Aniversario del inicio de la Independencia de México. Se han registrado, para referirse al tema, los siguientes diputados, quienes tendrán el uso de la palabra, hasta por cinco minutos: diputada Cynthia Gissel García Soberanes, diputado Luis Alfredo Valles Mendoza, diputado Macedonio Salomón Tamez Guajardo, diputada Delfina Gómez Álvarez, diputado Luis Ignacio Avendaño Bermúdez, diputada Olga Catalán Padilla, diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez y diputada María Gloria Hernández Madrid.

Tiene la palabra el diputado Macedonio Tamez Guajardo, hasta por cinco minutos.

El diputado Macedonio Salomón Tamez Guajardo:Buenos días, con su permiso señora presidenta. Compañeros, no soy en realidad muy afecto a las efemérides, no porque no me guste la historia, como dijo Heródoto: esta es la maestra de la vida. Tampoco porque no creo que sea conveniente recordar glorias pasadas, siempre es bueno tenerlas presentes.

Simplemente pienso, compañeros y compañeras, que las efemérides, las conmemoraciones, los posicionamientos distraen, son parte de ese gran mecanismo de evasión que tenemos en este país y que nos distrae del abordaje de los problemas que nos aquejan.

Cuántas veces en esa tribuna no hemos oído ocho o nueve veces el mismo discurso redactado por anónimos y dirigentes, asesores, leído con diversos grados de capacidad por compañeros y compañeras y que no llevan a nada, se pierde el tiempo mientras en ese país los gravísimos problemas que nos aquejan, la inseguridad, la corrupción, la indigencia, la falta de justicia social, siguen estando vigentes y sin remedio alguno.

Sin embargo, hoy es un día de efemérides, septiembre es el mes en el que conmemoramos no solo el inicio de la guerra de Independencia, sino consumación. Así que aprovecho la ocasión, tratando de ser productivo para México, para recordar algunos conceptos fundamentales. Los libertadores, comenzando por el padre Hidalgo, expresaron dos conceptos fundamentales: independencia y libertad.

En cuanto al de independencia quiero decir dos cosas: en primer lugar señalo que si bien la logramos respecto a la monarquía española, a la monarquía de sangre, seguimos teniendo –como decía Daniel Cosío Villegas– una monarquía absoluta, sexenal y hereditaria por la vía transversal.

No es posible que el presidente de la república, y no me refiero a este en particular, sino a la institución, no es posible que tenga todavía tantos poderes, lo vemos, lo sufrimos. Tal vez sea momento ya de pensar en algún régimen parlamentario o, como con elegancia y picardía dicen los franceses, alguna connotación entre un presidente y un primer ministro de origen parlamentario.

En segundo lugar, respecto a la viva independencia, si bien ya la logramos en 1821 respecto a la monarquía española, seguimos siendo altamente dependientes de los poderes fácticos, los poderes de hecho que de alguna manera controlan muchas de las decisiones que se toman en la vida de este país y muchas de las vidas de los mexicanos. Me refiero a las grandes empresas nacionales e internacionales, omnipotentes, cada vez más poderosas en esta crisis capitalista que predijo con prudencia Marx.

Tenemos también el poder fáctico del crimen organizado y el poder real de grupos, cofradías, camarillas, sindicatos, políticos, que asociados a los demás poderes siguen tomando decisiones de espaldas al pueblo. De tal manera que seguimos, a mi ver, sin una verdadera independencia, dependiendo –como estamos– de los ominosos poderes de hecho y desentendiendo –como estamos también– de un presidente de la República con poderes, a mi ver, exagerados.

La otra frase que usó Hidalgo fue la promoción de la libertad. Tenemos libertades, están consagradas en la Constitución, sin embargo no es posible ejercerlas a plenitud. ¿Cómo puede el mexicano promedio ejercer sus derechos a transportarse, a educarse, a emprender, a trabajar, si no tiene recursos?

Con un país con 50 millones de pobres, una clase media reduciéndose, una clase rica con cada vez más poder, cómo es posible que se puedan ejercer a plenitud las libertades si no se tiene dinero en el bolsillo. ¿De qué sirve, por ejemplo, tener las más hermosas playas del mundo, y plazas también, por qué no decirlo, si la gente no tiene dinero para ir a visitarlas?

¿De qué sirve tener escuelas en todos los estados del país, en todos los rincones, si los niños van a clases sin desayunar y a veces van y no encuentran a los maestros? ¿De qué sirve tener carreteras, medios de transporte, grandes avenidas, el Paseo de la Reforma, si la gente no lo puede recorrer porque no tiene qué comer?

Entonces el ejercicio de la libertad está sometido a la posibilidad económica, una posibilidad que simplemente no hemos alcanzado en este país. De tal manera, amigos, que siento que es ocasión de celebrar, sí, la lucha de Independencia, pero también recordar y señalar paradójicamente que quedaron muchas asignaciones pendientes.

Así como recurrí a Miguel Hidalgo y Costilla para recordar los principios de independencia y libertad, también quiero mencionar a José María Morelos en sus Sentimientos de la Nación. Me los encontré ayer repasando el tema y sólo voy a leerles un estupendo, maravilloso articulo que es el número 12, y que dice así: que como la buena ley es superior a todo hombre, las que dicte nuestro Congreso, que somos nosotros, deben ser tales que obliguen a constancia y patriotismo, moderen la opulencia y la indigencia y de tal suerte se aumente el jornal del pobre, que mejore sus costumbres, aleje la ignorancia, la rapiña y el hurto.

Me pregunto, ¿hemos logrado independencia, tenemos libertades a plenitud, logramos constancia y patriotismo en nuestra gente y en nosotros mismos? ¿Hemos aumentado el jornal del pobre, éste ha mejorado sus costumbres y ha dejado la ignorancia? No, la respuesta es no. De tal manera que sirva esta conmemoración de septiembre de 2016 para recordar tantos temas pendientes y podamos verdaderamente los mexicanos ser libres, independientes y felices. Muchas gracias.

La Presidenta diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala:Tiene el uso de la palabra el diputado Luis Alfredo Valles Mendoza hasta por cinco minutos.

El diputado Luis Alfredo Valles Mendoza: Con el permiso de la Presidencia. Diputadas y diputados, los mexicanos coincidimos en que la conmemoración de la Independencia nacional es la fecha más importante de nuestro calendario cívico y de nuestra historia. Es la ocasión en la que rendimos homenaje a los héroes que ofrendaron su vida por darnos patria, aquellos hombres y mujeres que con su sangre construyeron el inicio del país en el que hoy vivimos y disfrutamos.

Con la celebración de la Independencia nacional las mujeres y los hombres de todo México y muchos, más allá de nuestras fronteras, viven a sentir el noble honor del origen que todos compartimos. Es un día de unión, que refrenda los altos valores que nos identifican como nación y que hoy, más que nunca, nos obligan a la acción.

Pensar en la Independencia es también pensar en aquello que orilló a nuestros héroes nacionales a formar un movimiento que le diera sentido y desarrollo a los más necesitados. La lucha de Hidalgo, Morelos y de todas y todos los héroes de la Independencia fue para unir a los mexicanos, para darnos libertad e igualdad.

Hay mucho que reconocer de los avances que hemos tenido, pero igualmente es cierto que no hemos logrado aún alcanzar a cabalidad los anhelos por los que los insurgentes ofrendaron su vida, todavía hay un largo camino por recorrer para llegar al México que soñaron los héroes que hoy recordamos y honramos con gratitud.

Como ustedes saben, compañeras y compañeros diputados, Hidalgo a sus 17 años era maestro de filosofía y teología, sabía francés, leyó a Moliere, comprendía varias lenguas indígenas, impartía clases de latín y filosofía, al tiempo que continuaba con sus estudios y crecía su compromiso social.

Cuando era maestro conoció a Aldama y Allende, a quienes escuchó y reconoció su experiencia militar en los primeros días del movimiento insurgente. Conoció también a José María Morelos, a quien Hidalgo reconoció como el estratega militar con conciencia social, que sumaría al movimiento de Independencia de un contenido mucho más profundo.

Todos los héroes de la Independencia, con sus conocimientos y talentos individuales, con sus orígenes particulares, se centran en Hidalgo y su llamado libertario.

Hidalgo no pudo ver concluida su obra, pero aquellos hombres y mujeres que comparten la vocación de la docencia que tuvo don Miguel, saben que la verdadera trascendencia se alcanza a través de los alumnos.

El mejor reflejo de la trascendencia del cura de Dolores son Los Sentimientos de la Nación, de don José María Morelos y Pavón. En este documento, origen del constitucionalismo mexicano, Morelos retoma el ideario de Hidalgo, destacando que el presupuesto básico de la democracia es la equidad, que todos somos iguales ante la ley, y que solo nos distingue la virtud o el vicio de nuestras acciones. Para alcanzar la equidad, dice el cura de Carácuaro: se deben moderar la opulencia y la indigencia, y la mejor manera de moderarlas será que el hijo del labrador reciba la educación como el hijo del más rico hacendado.

Para Morelos, legislador, las leyes no sólo deben ser dictadas por los más sabios, sino que deben ser superiores a todo hombre, estos son ideales con vigencia total en nuestros días. Sin educación no somos libres, como no es libre tampoco aquél que no tiene trabajo con salario digno o servicios de salud.

Para que alcancemos el México democrático de igualdad, de libertad, de desarrollo pleno, como legisladores debemos de ponernos de acuerdo en los temas esenciales y tener la generosidad, la madurez y la altura de miras para definir una ruta que nos lleve a cumplir el anhelo de aquellos que nos dieron patria.

Los retos están ahí y son muy claros, los problemas están ahí y no se resuelven por sí mismos, hay que enfrentarlos y lograr en la alianza política el camino para superarlos. Para poder superar nuestros desafíos, reconozcamos que compartimos los mismos anhelos. Entonces, debemos luchar juntos por ellos.

Nos toca, como legisladores, estar a la altura del momento para lograr la nación justa, igualitaria y próspera que México está destinada a hacer. En una ocasión el llamado libertador de América, Simón Bolívar expresó que las armas nos darán la independencia, las leyes nos darán la libertad. Cumplamos con nuestro deber. Muchas gracias. Buenos días.

La Presidenta diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala: Tiene el uso de la palabra la diputada Delfina Gómez Álvarez, hasta por cinco minutos.

La diputada Delfina Gómez Álvarez:Buenos días a todos compañeros. En México, el tema de la independencia parece acercarse más a un mito que a una realidad. El verdadero origen de la desgracia que vive México es la dependencia, dependencia que se traduce en un pobre desempeño de nuestro país en el plano internacional, como proveedor de mano de obra barata, recursos naturales que han sido entregados y malbaratados en el nuevo orden mundial.

Poco o nada nos ha servido la independencia cuando hay un estudio estremecedor reciente, en 2015, publicado por la Comisión Económica para América Latina y El Caribe, CEPAL, en donde se señala que alrededor de 40 millones de mexicanos viven en la pobreza y 14 millones en la indigencia.

El economista norteamericano Lester, en su libro El futuro del capitalismo, establece que en dos décadas el capitalismo ha perdido un 60 por ciento de su impulso a nivel mundial.

¿A qué tipo de dependencia o independencia, mejor dicho, nos referimos cuando el tema de la alimentación, tema sensible y sustantivo para nuestro país, existe una dependencia?

Ha aumentado de manera alarmante y está por encima de lo que recomienda la FAO. Han pasado del 25 por ciento al 45 por ciento, según un estudio de la Unidad de Evaluación y Control de la Cámara de Diputados debido al abandono del campo, a la insuficiente producción nacional y a la excesiva concentración de las grandes empresas que han desplazado a las unidades de negocios familiares.

Paralelamente, con este fenómeno artificial se ha incrementado la pobreza en el medio rural, han disminuido las remesas de los mexicanos en el extranjero y el campo mexicano aporta una escasa generación de empleos.

La dependencia alimentaria también trae efectos negativos que inciden en que los precios de los alimentos se aviven en la pobreza alimentaria, generando erosión en la seguridad mexicana.

¿Por qué tendríamos que festejar la independencia de nuestro país cuando nuestra nación es altamente dependiente de la tecnología que se genera en otros países?

La ausencia de inversión por parte del gobierno en investigación y desarrollo tecnológico, la fuga de cerebros al extranjero han sido parte de los elementos que han estado ausentes de la política industrial en el actual gobierno.

Las empresas trasnacionales, que solo buscan mano de obra barata y recursos naturales en los países como México, han transferido sus ganancias al exterior y han permitido la transmisión de tecnología, que es un factor que contribuye a la pobreza de la nación.

Independencia o saqueo. Cuando la producción minera en nuestro país ha estado presente por décadas y la inversión extranjera en los sectores es muy fuerte, siendo un verdadero contraste que estados como Sonora, Zacatecas, Chihuahua, San Luis Potosí, Durango y Guerrero sean entidades productoras de oro, plata y otros minerales.

Independencia o sumisión. Toda vez que la reciente visita de Donald Trump a México, como candidato a la presidencia de Estados Unidos por el Partido Republicano, dejó un mal sabor de boca en los mexicanos que nos hemos quedado con ese sentimiento hibrido entre el odio y la burla.

Primero, por ser Donald Trump una persona no grata debido a los comentarios discriminatorios que ha hecho respecto a los mexicanos y a nuestros connacionales que trabajan en Estados Unidos. Pero quizás el mayor problema se tuvo cuando la respuesta del Ejecutivo en el encuentro fue tibia y de una profunda sumisión. Una ofensa clara en donde los ciudadanos no solo han escuchado la violencia verbal de Trump, sino que han encarado el odio que su campaña ha generado en contra de nuestra comunidad.

El 15 de septiembre tendría que ser una fecha de reflexión, más que de celebración, para saber si la Independencia que unió a los mexicanos en un solo grito hoy se encuentra vigente. Si hoy es un día para festejar o para levantar las voces y demandar al gobierno un México sin sangre y respetado en el mundo entero.

Por ello, Morena invita a que salgamos a gritar, sí, que viva México, pero ese México que todos anhelamos y por el que estamos dispuestos a pelear. Ese México que es una esperanza y urgido de cambios. Ese México que ha sido noble y que, a pesar de que lo han saqueado, a pesar de que se ha abusado de él, sigue siendo rico. Y rico no solamente en sus recursos naturales, rico en su gente, rico en sus tradiciones, rico en su ideología y rico en su cultura.

Por ello, pedimos a todos ustedes que nos unamos a decir: sí, viva nuestro México. Ese México tan querido y tan lastimado por todos los partidos que han urgido en lograr mejores resultados para ellos, aun en contra de nuestro querido México. Es cuanto, señora presidenta.

La Presidenta diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala: Le damos la más cordial bienvenida a un grupo de estudiantes de la Universidad Autónoma de Chihuahua, invitados por la diputada Martha Cristina Jiménez Márquez.

Tiene el uso de la palabra el diputado Luis Ignacio Avendaño Bermúdez, hasta por cinco minutos.

El diputado Luis Ignacio Avendaño Bermúdez:Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados, en nuestro calendario cívico nacional no existe fecha histórica, celebración física o festejo popular más importante y trascendente que el festejo de Independencia de nuestra nación.

El proceso de Independencia en nuestro país no constituyó un proceso aislado; por el contrario, fue un movimiento que siguió los ideales liberales pregonados por la Independencia de Estados Unidos en 1776 y la Revolución francesa en 1789. Asimismo, fue un proceso conjunto en el que participaron la mayoría de naciones latinoamericanas. Las naciones hermanas del cono sur de nuestro continente, iniciaron y alcanzaron su respectivas independencias en las tres primeras décadas del siglo XIX, comenzando por Haití que lo hizo al amanecer el siglo, hasta Brasil que terminó con el ciclo.

Cabe recalcar que fue nuestro país el precursor de los procesos continentales de emancipación que surgieron a partir de 1808 y que posteriormente se expandieron de manera virulenta por todo el continente. Dichos movimientos insurgentes levantaron a los pueblos con el grito común de acabar con la opresión y alcanzar la libertad.

Aprovechamos esta ocasión para agradecer y reenumerar a los hombres y mujeres que con visión y valentía hicieron realidad el suelo libertario, nuestros libertadores rompieron las cadenas que nos ataban con la metrópoli y dieron vida a las múltiples y jóvenes naciones americanas.

Habiendo establecido la base y antecedentes del acontecimiento independiente como fenómeno estructural, consideramos oportuno sentarnos en nuestro proceso emancipador. Nuestro camino a la vida independiente comenzó el 16 de septiembre de 1810 y culmino habiéndose conseguido los anhelos libertarios el 27 de septiembre de 1821.

Tenemos que resaltar que el precio de la Independencia fue muy costoso, a lo largo de 10 años de lucha, de guerra, fueron cegadas miles de vidas de hombres y mujeres, otras consecuencias nefastas fue la pérdida de la enorme riqueza generada a través de los años, fruto del trabajo y del esfuerzo de generaciones enteras. Pero quizás la consecuencia más grave que dejó la guerra de Independencia fue la semilla de edición entre los bandos, que fue superada luego con la construcción de la identidad nacional, pero igualmente reconocemos que su sacrificio no fue en vano, ya que dio vida a una nueva nación, una nación que ha logrado grandes avances.

En primer momento, reconocemos y celebramos que vivimos bajo un régimen democrático, con un régimen federal funcional, pero perfectible, y un ambiente de libertades públicas nunca antes vistas. Y si bien nos queda mucho por hacer para conseguir una sociedad con justicia social y con plena seguridad individual y colectiva, reconocemos que desde el gobierno federal, desde la clase política, desde la ciudadanía, desde los medios de comunicación, se hacen los esfuerzos necesarios para que a mediano y a largo plazo seamos una sociedad inclusiva y próspera, en donde todos los mexicanos puedan gozar y podamos gozar y ejercer libremente de todos los derechos que nuestra Constitución Política nos concede.

A lo largo de estos 206 años de vida independiente, nuestros antepasados hicieron su parte para sacar adelante a nuestro país. El día de hoy nos toca a nosotros hacer nuestra parte tratando de construir para las generaciones futuras un país viable y más próspero, y de esta manera poder ser recordados como el día de hoy estamos recordando a los héroes que nos dieron patria.

En el Partido Verde celebramos la independencia de México y al mismo tiempo apelamos a la unidad para que en tiempos de división de logren los acuerdos y consensos necesarios para seguir trabajando por el México que tanto amamos. Es cuanto.

La Presidenta diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala:Queremos destacar y agradecer la presencia en este salón de sesiones del excelentísimo señor Surab Eristavi, embajador de Georgia en México, quien ha sido testigo de honora en la instalación del Grupo de Amistad México-Georgia, presidido por el diputado Leonel Cordero Lerma.

Este cuerpo colegiado le da la más cordial bienvenida y hace votos por el fortalecimiento del diálogo, la colaboración y los lazos de amistad en ambas naciones. Sea usted bienvenido.

Tiene el uso de la palabra la diputada Olga Catalán Padilla, hasta por cinco minutos.

La diputada Olga Catalán Padilla:“Y al acercarme ante este altar de victoria, donde la patria y la historia contemplan nuestro placer, yo vengo a unir al tributo que en darle al pueblo se afana mi canto de mexicana, mi corazón de mujer –Manuel Acuña–”.

Compañeras y compañeros diputados, estamos por celebrar un aniversario más de la gesta heroica que dio inicio a nuestra independencia, hecho que nos da significado e identidad como nación.

¿Qué denota ser mexicano? Es haber nacido en un lugar rico en recursos naturales, paisajes que arroban, con un patrimonio multicultural y poliétnico vasto, habitado por gente buena y trabajadora que día a día ofrece su mejor esfuerzo por sus hijos, por su familia, su comunidad, gente con fe en sí mismos, con plena convicción de que “la adversidad podría quitarnos el triunfo pero no la gloria”, como diría el poeta Salvador Díaz Mirón. Desgraciadamente ser mexicano también significa haber crecido en medio de un sistema corrupto que busca coartar la libertad por la que tantas mujeres y hombres dieron la vida.

Cómo hablarle a 53 millones de mexicanos que están inmersos en condiciones de pobreza, de celebraciones y festejos, por una libertad que no viven que está limitada, porque no están en posibilidades de ejercer plenamente sus derechos humanos y sociales; cómo la mitad de la población puede sentir la independencia si tienen que vender su voto por una tarjeta Monex, una despensa, o su asistencia al Zócalo a una fiesta vacía, por 200 pesos; más por necesidad que por darle gusto a un presidente que se encuentra alejado de la realidad de la población y que compromete nuestra dignidad nacional ante extranjeros que insultan a nuestros paisanos.

Señoras y señores diputados, los invito a comprometernos con la Independencia de México y de los mexicanos, a garantizar la libertad por la que lucharon los padres fundadores de nuestra patria, a través del pleno goce de los derechos humanos y sociales que se encuentran consagrados en nuestra Carta Magna, a lograr que México sea un país donde nuestros hijos se sientan orgullosos de su identidad y no consideren un pecado ser mexicanos; un México con justicia social que permita que todas las personas tengan las mismas posibilidades de acceder al bienestar social, que gocen de los mismos derechos políticos y civiles donde se proteja y respete a las mujeres, a los niños, a los adultos mayores, a las minorías; un México libre, próspero, con igualdad de oportunidades, sin corrupción, sin violencia, pero sobre todo, independiente, donde se respete y haga valer la voluntad del pueblo. Que viva México, pero que viva en libertad y justicia. Es cuanto.

La Presidenta diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala: Tiene el uso de la palabra la diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, hasta por cinco minutos.

La diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:Con el permiso de la Presidencia. El eco de la valentía trasciende las barreras del tiempo, porque su ejemplo inspira a través de los siglos y sus frutos de libertad siguen floreciendo a lo largo de las generaciones, renovando el espíritu de cada persona, el compromiso de hacer vida a los valores de aquellos valientes y construir con dignidad a partir del legado que confiaron en nosotros.

El próximo viernes 16 de septiembre, celebraremos 206 años de uno de los momentos de definición en la historia de nuestro país. Aquella madrugada don Miguel Hidalgo convocó al pueblo de Dolores para alzarse en contra de la tiranía, no sólo desafió a una de las potencias del mundo, sino que marcó para siempre el lienzo de la historia mexicana encarnando los anhelos de libertad, encarnando los anhelos de la independencia, del progreso de esta nación.

En la historia de Hidalgo se refleja la valentía de iniciar la lucha, pero también refleja los grandes desafíos de integrar visiones y pasiones de una sociedad que sólo a base de esfuerzo, de prueba y error ha emprendido y ha aprendido también el indispensable, pero indomable arte de vivir en libertad.

Más de dos siglos después, los mexicanos seguimos luchando y seguimos aprendiendo. Hace apenas 20 años iniciamos de lleno el proceso de transición democrática. Hace apenas en el año 2000 tuvimos una alternancia en el gobierno federal, apenas hoy caminamos hacia la consolidación de una democracia que sea moderna, una democracia que sea efectiva, porque no sólo se trata de respetar el voto, sino de que todos los mexicanos asumamos plenamente el papel de ciudadanos.

Se trata también de que todos los mexicanos tengamos una autoridad no solamente legítima sino moral Se trata de que todos los mexicanos seamos realmente ciudadanos y no súbditos. Hoy celebramos el inicio de este largo camino que comenzó en el estado de Guanajuato, bajo las primeras luces de una mañana cualquiera en el pueblo de Dolores.

En Acción Nacional creemos que conmemorar el inicio de la Guerra de Independencia no es solamente la expresión de un nacionalismo, sino también la oportunidad para reflexionar sobre la situación que está viviendo México.

Estas luces, las de los sueños de los libertadores y la valentía de quienes respondieron a su llamado, deben seguir iluminándonos nuestros esfuerzos para ser protegida la independencia, y hacer de ella la primera condición de una vida digna para todos nuestros compatriotas.

Esta es la vocación que heredamos el 16 de septiembre de 1810, que va más allá del ámbito de la administración pública porque nos compromete a los mexicanos a poner todo nuestro talento, a poner nuestra voluntad, a poner nuestro trabajo al servicio de esta labor, que es el bien común.

En Acción Nacional creemos que la celebración del Aniversario de la Independencia debe convertirse en una buena oportunidad para hacer propios los valores y principios que dieron origen a la patria. A esos valores y principios, que son fuente de identidad y que son fuente del orgullo de ser mexicanos.

Los diputados y las diputadas integrantes del Grupo Parlamentario de Acción Nacional aceptamos este llamado con el orgullo de ser mexicanos, con la humildad de saber que todavía falta mucho por lograr y con la certeza de que cumplirlo es la única forma de ser dignos del legado de libertad, es la única forma de ser dignos de la tradición, es la única forma de ser dignos de cultura, de fe y de futuro que define nuestra nación mexicana.

Siempre estaremos los mexicanos que decimos sí a la democracia; que decimos sí al diálogo y a los acuerdos, y al consenso, sí al entendimiento y a los métodos pacíficos. Siempre estaremos los mexicanos que decimos sí a la transparencia y al voto libre, sí a las instituciones y al Estado de derecho. Siempre estaremos los mexicanos, los que decimos sí se puede a México.

¿Qué viva México? Sí, pero que viva México como una patria ordenada y generosa. ¿Qué viva México? Sí, que viva México pero con una vida mejor y más digna para todos los ciudadanos. Es cuanto, presidenta.

La Presidenta diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala:Tiene el uso de la palabra la diputada Gloria Hernández Madrid hasta por cinco minutos.

La diputada María Gloria Hernández Madrid:Con su permiso, diputada presidenta. Con el permiso de los integrantes de la Mesa Directiva, saludo a las diputadas y a los diputados, así como al público que se encuentra presente y a quienes nos siguen a través del Canal del Congreso.

Agradezco al diputado César Camacho la oportunidad que me brindó para dar este mensaje en la conmemoración del 206 Aniversario del inicio de la lucha por la Independencia de México. Para los diputados de la fracción del Grupo Parlamentario del PRI, la grandeza de un país se proyecta en la manera de transformar sus procesos históricos en mejores condiciones de vida y desarrollo para la sociedad que la conforma; nuestra gente.

En México, la lucha por la independencia iniciada la madrugada del 16 de septiembre de 1810, fue mucho más que un movimiento armado y emancipador de un gobierno extranjero, fue la pasión y el coraje para buscar un destino colectivo y autónomo. Fue el amor de mujeres y hombres por una tierra bendecida en la fertilidad de sus campos, la defensa de su conocimiento ancestral y único.

Fue el noble campesino transformando un fuerte guerrero protector de su familia y en un constructor de una nueva historia. Fue el nacimiento de los sentimientos de la nación conformados por la multiculturalidad como factor de unión y no como distinción de personas o clases sociales.

Nombres como los de Josefa Ortiz de Domínguez, Gertrudis Bocanegra, María Ignacia Rodríguez, la Güera Rodríguez, o Leona Vicario, nos dicen que la patria fue gestada, nacida y crecida en el vientre ilustrado de muchas mujeres que dieron más que su vida por la causa independiente.

Moldearon el espíritu de las y los mexicanos como ideal de patriotismo y valor en un combate que no se da con las armas, sino en la estrategia, en la anticipación a los movimientos de los enemigos de la libertad mexicana, sin importar el riesgo de su posición o la penuria del encierro.

Los diputados priistas no caemos en el error de creer en la Independencia como un proceso histórico concluido hace poco más de dos siglos y cuya conmemoración nos llena de júbilo y alegría una vez al año. No es así, en el México moderno la independencia es una acción cotidiana, es una herencia que debemos de ganarnos con dignidad todos los días.

Desde el ejercicio público la independencia del siglo XXI nos impone el compromiso de lograr un México de mayores libertades, derechos y garantías, dar continuidad a los ideales de una patria orgullosa y fuerte, con instituciones a la altura de la sociedad que representamos, con la proyección internacional de un pueblo respetuoso de sus compromisos internacionales, pero con la solidez para hacer frente a las amenazas que pretendan perjudicar lo que con grandes sacrificios fue ganado.

En México somos gente buena, que trabaja y que lucha por las condiciones de desarrollo óptimo, con estándares educativos de mayor calidad, con leyes que ponen en el centro de su interés jurídico a la dignidad de las personas.

Somos un pueblo que se abre paso con la bandera de la tolerancia y el respeto. Decidimos que el camino de los acuerdos es un factor fundamental para evitar los rezagos sociales. Abrimos los brazos a los amigos y no buscamos enemigos. Pero no tememos a las advertencias.

En este sentido, rechazamos cualquier expresión xenofóbica o discriminatoria, más aun si proviene de apetitos de poder de un ambicioso extranjero.

En el ejercicio político tenemos un gran cúmulo de divergencias, pero hemos sabido encontrar las coincidencias necesarias para hacer frente en el futuro con la certeza de construir nuestro propio camino.

El 16 de septiembre es el Día de la Independencia y por él recordamos que en México todas las personas gozamos de libertad y no tenemos la menor duda que con el trabajo de toda la LXIII Legislatura, el día de mañana podamos celebrar que todos somos iguales. Viva México. Es cuanto, diputada presidenta.

La Presidenta diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala: Esta Presidencia recibió solicitud de la diputada Ana Guadalupe Perea, para su intervención. Tiene el uso de la palabra, hasta por cinco minutos.

La diputada Ana Guadalupe Perea Santos:Gracias, presidenta. Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores, la tradición educativa de la Compañía de Jesús, la Ilustración, los aires de libertad provenientes de la Francia y de los Estados Unidos y la debilidad de la Corona española fueron –entre otros factores– que mezclados dieron origen a las cimiente de la Independencia de lo que hoy son los Estados Unidos Mexicanos.

Hoy, a 206 años de distancia, podemos extrapolar la historia y percatarnos que hoy, como entonces, estamos inscritos en una sucesión de eventos, internos, externos e imperiales, que con relación causa-efecto inciden en el hacer y quehacer de México.

Con una reforma educativa en marcha que ha provocado la iracundia y la violencia de pocos en perjuicio de muchos, con una súper potencia en el umbral de transición o continuidad, con una turbulencia económica global que ciertamente afecta a las variables locales y nos obliga como Estado a responder creativamente a los desafíos de la independencia mundial y nos exige a una corresponsabilidad constructiva y respetuosa entre poderes, vivimos ahora un tiempo, que si ha de pasar a la historia depende de nosotros si lo hacemos de modo luminoso o sombrío.

Como legisladores, que tenemos el mandato de 120 millones de mexicanos, somos herederos de los valores libertarios de hace 200 años y necesitamos legar a las generaciones que nos habrán de continuar, un país próspero, libre, ordenado e incluyente, ello será viable en tanto seamos capaces de pensar, actuar y reaccionar con apertura de pensamiento y altura de miras.

Si bien es entendible que cada expresión política tenga sus dinámicas orientadas y agendas propias, no es demasiado pedir que seamos capaces de actuar de manera flexible y poniendo el amor por México y sus familias por delante de cualquier interés egoísta y mezquino.

El equilibrio entre soberanía nacional, con interdependencia mundial, no sólo es posible, sino deseable. El balance entre la sana crítica y la capacidad de proponer, es indispensable para poder progresar como país.

Como legisladoras y legisladores somos gobierno y somos parte del Estado mexicano, no es posible pensar en una patria libre y justa, si quienes hacemos y damos lustre a la legalidad apostamos por el descarrilamiento del Estado, si celebramos todo lo que amenace al gobierno y si defendemos las acciones y excesos de la delincuencia organizada que corrompe y destruye al tejido social.

Superemos el encono y celebremos el mes y las fiestas patrias saliendo de nuestra cerrazón y legislando, mirando en todo por el mayor y mejor interés de la nación. Superemos el desencuentro, beneficiemos, mejor, los encuentros, el encuentro social. Es cuanto, señora presidenta. Por su atención, muchas gracias.

El diputado Jorge López Martín(desde la curul): Presidenta.

La Presidenta diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala:Solicita la palabra el diputado Jorge López Martín, ¿con qué objeto, diputado?

El diputado Jorge López Martín (desde la curul): Sí, presidenta, en el marco del 206 Aniversario de la Independencia de nuestro país, me han llamado poderosamente la atención los discursos patrióticos de mis compañeras y compañeros que han pasado a tribuna.

Sin embargo, también me ha llamado la atención la participación de la diputada, de la compañera diputada Gloria Hernández refiriéndose a que la grandeza de un país...

La Presidenta diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala:Diputado, su grupo parlamentario ya intervino. ¿Cuál es el objeto de su intervención?

El diputado Jorge López Martín (desde la curul): Quiero hacer solamente un apunte a la intervención del Grupo Parlamentario del PRI.

La Presidenta diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala:Pero no ha lugar a su intervención en este momento, diputado.

El diputado Jorge López Martín (desde la curul): Una intervención, y voy a concluir de manera muy breve, presidenta, en el sentido...

La Presidenta diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala: Diputado, no ha lugar, porque el grupo parlamentario ya tuvo su intervención. No está a discusión el asunto. Continuamos.

El diputado Jorge López Martín (desde la curul): Es simplemente una intervención al respecto, pero está bien, está patente la intolerancia, está patente la intolerancia del Grupo Parlamentario del PRI.

La Presidenta diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala:Gracias, diputado. Continuamos la sesión.

Proceda la Secretaría a dar lectura al Acuerdo de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos.

ACUERDOS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO

El Secretario diputado Raúl Domínguez Rex: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.— Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos.

Acuerdo de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, por el que se establece el calendario legislativo correspondiente al primer periodo de sesiones ordinarias del segundo año de ejercicio, de la LXIII Legislatura.

La Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 38, numeral 1, inciso a) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 36, numeral 1, del Reglamento de la Cámara de Diputados, al tenor de los siguientes

Considerandos

1. Que de conformidad con el artículo 38, numeral 1, inciso a), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, corresponde a la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos establecer el programa legislativo de los periodos de sesiones y el calendario para su desahogo.

II. Que el artículo 65, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que el Congreso se reunirá a partir del 1 de septiembre de cada año para celebrar su primer periodo de sesiones ordinarias.

III. El artículo 36, numeral 1 del Reglamento de la Cámara de Diputados señala que por regla general, se realizarán las sesiones los martes y jueves de cada semana y podrán realizarse sesiones en días diferentes a los señalados, cuando así lo determine la conferencia.

IV. Que, de acuerdo con el artículo 66 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el primer periodo no podrá prolongarse sino hasta el 15 de diciembre del mismo año.

Con base en lo antes expuesto, este órgano de gobierno acuerda someter a la consideración del Pleno el siguiente:

Acuerdo

Primero. Se establece el siguiente calendario legislativo para el primer periodo de sesiones ordinarias del segundo año de ejercicio de la LXIII Legislatura.

Segundo.Comuníquese y publíquese en Gaceta Parlamentaria.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de septiembre de 2016.— Diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar (rúbrica), Presidente; diputado César Octavio Camacho Quiroz (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; diputado Marko Antonio Cortés Mendoza (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; diputado Francisco Martínez Neri (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; diputado Jesús Sesma Suárez (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; diputada Norma Rocío Nahle García (rúbrica), Coordinadora del Grupo Parlamentario de Movimiento de Regeneración Nacional; diputado José Clemente Castañeda Hoeflich (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano; diputado Luis Alfredo Valles Mendoza (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza; diputado Alejandro González Murillo (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.»

La Presidenta diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala:Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se aprueba.

El Secretario diputado Raúl Domínguez Rex: En votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señora presidenta, mayoría por la afirmativa.

La Presidenta diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala: Aprobado. Comuníquese.

INICIATIVAS DE DIPUTADAS Y DIPUTADOS

LEY DE CAMINOS, PUENTES Y AUTOTRANSPORTE FEDERAL

La Presidenta diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala:Tiene la palabra, por cinco minutos, el diputado Braulio Mario Guerra Urbiola, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 2o. y 5o. de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal.

El diputado Braulio Mario Guerra Urbiola:Buenos días, diputadas, diputados. Con el permiso de la Mesa Directiva, compañeros, compañeras. Saludo a quienes nos ven en el Canal del Congreso de la Unión y a quienes nos siguen en las redes sociales.

Este día hablo a nombre de miles de queretanos que esperan ser escuchados por las autoridades responsables de los temas que ocupan a las carreteras y caminos de nuestro país. Y estoy seguro también que a nombre de millones de mexicanos.

Siento un profundo compromiso con quienes me dan la oportunidad de representarlos. Por ello presento esta iniciativa, que a la par hace un llamado enérgico y respetuoso pero categórico a Capufe, a la SCT y a Banobras, para que arreglen y solucionen el tramo de la carretera de Querétaro a México, que se ha convertido en un peligro para la gente que lo circula.

Salir a esta carretera da miedo. Hay heridos y muertos cada semana y la situación se ha vuelto insostenible. Por ello, presento esta iniciativa que pretende ser parte de la solución, reformando la fracción III del artículo 2o.; las fracciones V y VIII del artículo 5o. de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal.

Son 750 mil personas las que terminan en nuestro país en un hospital al año por motivo de un accidente carretero. Son 24 mil personas quienes pierden la vida en un accidente carretero anualmente. Por ello, debemos plantearnos nuevas políticas públicas, nuevas fórmulas e ideas que permitan darles a los ciudadanos un tránsito seguro por las carreteras mexicanas.

En este sentido, propongo programas y reglas que sean más rígidos para la circulación del transporte de carga. Que se encuentre debidamente confinado en los carriles que le corresponda, salvaguardando así la vida de los vehículos particulares y sus familias.

Proponemos programas que otorguen tarifas preferenciales y dinámicas por las carreteras con obras que no otorgan buen servicio, las cuotas que muchas veces se cobran en una caseta no son justas y no corresponden al servicio que nos da una carretera.

La obra, cualquiera que ésta sea, con una mala planeación provoca accidentes. Nos dividen en la circulación con unos simples conos o bardas de plástico que en el contraflujo y en el sentido de unos y otros terminan provocando semana por semana el impacto frontal, de frente, de los vehículos que ahí se encuentran perdiéndose vidas. Cualquier obra no puede ser sinónimo de la pérdida de una vida, esto es injustificable.

En México cada día mueren 13 personas por accidentes suscitados en nuestras carreteras a causa del transporte de carga, controles y reglas de ejecución de obras para que no pongan en riesgo por ningún motivo la vida de las familias. Propongo programas de vehículo compartido, que disminuyan las tarifas cuando los ciudadanos comparten su carro y van dos o más pasajeros en él.

De acuerdo a la información del Sistema Estadístico de Movilidad Urbana, México 2014-2015, se señala que el 70 por ciento de los vehículos que circulan en nuestras carreteras, solamente los ocupa un solo pasajero. No obstante a que el presupuesto traerá recortes, también hago un llamado para poder seguir adelante y concretar la obra de la carretera México-Querétaro en la parte de Palmillas a Apaseo, esto permitiría que los trailers, los camiones de carga, ya no entren a la ciudad de Querétaro, evitando accidente en la Cuesta China y en la carretera Panamericana y resolviendo también la movilidad y el tránsito vehicular en el estado de Querétaro.

Por ello comparto y acompaño de esta iniciativa, este llamado, esta exigencia respetuosa, pero enérgica a Capufe, porque sin duda nuestras familias, nuestros hijos, nuestros padres, nuestras esposas, nos esperan siempre que salimos a carretera para que lleguemos con bien a nuestras casas. Es cuanto, y muchas gracias.

Presidencia del diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputado Guerra. Túrnese a la Comisión de Transportes, para dictamen.Sonido en la curul del diputado Moctezuma. ¿Con qué objeto, diputado?

El diputado Fernando Quetzalcóatl Moctezuma Pereda (desde la curul): Muchas gracias, señor presidente. Si me permite mi compañero diputado de la bancada hidalguense que me permitiera adherirme a esta iniciativa que presenta, y más particularmente porque somos colindantes entre Hidalgo y Querétaro en esta autopista de alto riesgo, que es la México-Querétaro.

En los últimos días han vivido compañeras y compañeros diputados la inclusive llegada tarde a este recinto por los graves accidentes que han sucedido. Muchas personas han fallecido y podemos darnos cuenta de la obra que ha demorado mucho, que ha venido afectando inclusive a vecinos que han sufrido daños directamente en asalto.

Tenemos también una colindancia de alto riesgo que no permite inclusive que vecinos de colonias cercanas puedan llegar a la autopista. Tan solo tarda uno de dos a cuatro horas para cruzar un kilómetro en determinados lugares, haciendo falta un distribuidor en el entronque Jorobas-Tula con la autopista México-Querétaro.

Nos sumamos a su propuesta. Exhortamos a la SCT que implemente trabajos acelerados inclusive nocturnos, y por supuesto en relación a todo lo planteado por nuestro compañero le pedimos que nos pudiera permitir acompañarlo en esta propuesta.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias. Diputado Guerra, compañero diputado, ¿acepta?

El diputado Braulio Mario Guerra Urbiola (desde la curul). Con gusto, presidente.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Da su autorización el compañero diputado, así es que con el procedimiento acostumbrado estará en la Mesa de la Secretaría para las firmas de aquellos que se quieran sumar.

Esta Presidencia saluda y da la bienvenida al asambleísta Eduardo García, del estado de California de los Estados Unidos, quien se encuentra con nosotros a invitación de las diputadas y diputados del estado de Baja California. Sea usted bienvenido, don Eduardo García. Bienvenido.

LEY DE HIDROCARBUROS

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Tiene la palabra por cinco minutos el diputado Ricardo del Rivero Martínez, del Grupo Parlamentario del PAN, para presentar iniciativas con proyecto de decreto que reforma el artículo 80 de la Ley de Hidrocarburos.

El diputado Ricardo Del Rivero Martínez:Con la venia de la Presidencia. El sano desarrollo económico y social del país se encuentra directamente vinculado a la existencia de una política energética eficaz y eficiente. El desarrollo de inventarios estratégicos de combustible fue una de las omisiones de la que la reforma energética ha dejado fuera en esta ocasión. La Secretaría de Energía y la Comisión Reguladora de Energía fijarán las reglas para establecerlos, lo que hasta hoy no se ha hecho, a diferencia de países europeos o asiáticos en los que la ley cuenta hasta con 90 días de abasto en gasolina, las TAR Terminales de Almacenamiento y Reparto cuentan con la capacidad de almacenar gasolina para abastecer el mercado nacional de dos a seis días como máximo, lo que genera un riesgo para la seguridad nacional ya que en la actualidad existen 7 mil 874 concesionarios de estaciones de servicio Pemex, sin contar las que aumentarían con la nueva reforma energética.

Cabe señalar que para atender la demanda de los distintos tipos de combustible se importan el 53 por ciento de gasolinas, el 38 por ciento de diésel, el 34 por ciento de turbosina, el 35 por ciento de gas LP, y el 40 por ciento de gas natural.

Las ventas de gasolina realizadas por esta red comercial, son en promedio de 72 mil barriles por día. Por ello el 92 por ciento es de gasolina Magna, el 7 por ciento de gasolina Premium, y de diésel se consumen 332 mil barriles por día, a diferencia de lo que sucede en países como Estados Unidos, donde se tiene regulado que el Estado contará como mínimo de 90 días sin contar con la llamada capacidad de emergencia, que en un total son de 2 millones de barriles de petrolíferos para abastecer a las casas y comercios en una situación de riesgo.

En Francia se tiene establecido contar con 98 días de reservas, en Japón con 70 días de reservas, en Sudáfrica con 60 días, mientras que la India sólo se cuenta para almacenar combustible por tres días, pero que hoy en día ya se construye infraestructura para almacenar hasta por 90 días.

Por lo anterior es que presento esta iniciativa que tiene como objeto que la Secretaría de Energía determine, contar con 30 días en los niveles de almacenamiento para garantizar el suministro de hidrocarburos en nuestro país, a fin de garantizar los intereses y la seguridad nacional, ya que el desabasto implicaría un desorden en el desarrollo de las actividades económicas de toda índole y las consecuencias en las finanzas públicas del país, al dejar de recibir miles de millones de pesos diarios que representa el impuesto especial sobre la producción y servicios, el impuesto al valor agregado (IVA) y la cuota de IEPS de gasolina que se entrega a las entidades federativas además de los cuantiosos derechos de hidrocarburos que Petróleos Mexicanos aporta a la Federación.

Por ello, es que sometemos a la consideración de esta soberanía la iniciativa con proyecto de decreto que reforma la fracción II, artículo 80 de la Ley de Hidrocarburos para quedar como sigue:

Artículo 80. Corresponde a la Secretaría de Energía determinar la política pública en materia de energética con el fin de que se cuente con 30 días en los niveles de almacenamiento para garantizar el suministro de hidrocarburos y petrolíferos, a fin de salvaguardar el interés y la seguridad nacional.

Los niveles mínimos de almacenamiento deberán de garantizar por lo menos 30 días de abasto de hidrocarburos y petrolíferos, y su gestión podrá ser llevada a cabo por la Secretaría de Energía o la instancia por la cual ésta determine. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias diputado del Rivero. Túrnese a la Comisión de Energía, para dictamen.

EXPIDE LA LEY GENERAL DE CONSULTA DE LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS DE MÉXICO

El Secretario diputado Raúl Domínguez Rex: «Iniciativa que expide la Ley General de Consulta de los Pueblos y Comunidades Indígenas de México, a cargo del diputado Victoriano Wences Real, del Grupo Parlamentario del PRD

El que suscribe, Victoriano Wences Real, diputado de la LXIII Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en ejercicio de la facultad que otorga el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con fundamento en la fracción I, numeral I, del artículo 6, el numeral I del artículo 77 y el artículo 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta ante la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley General de Consulta de los Pueblos y Comunidades Indígenas de México, conforme a la siguiente

Exposición de Motivos

El Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales, fue adoptado el 27 de junio de 1989 por la Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo, en su septuagésima sexta reunión realizada en Ginebra; ratificado por el Senado de la República el 11 de julio de 1990, y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 3 de agosto de ese último año. El presidente de la República emitió el decreto promulgatorio del instrumento de ratificación de dicho convenio, el 25 de septiembre de 1990, que fue publicado el 24 de enero de 1991 en el Diario Oficial de la Federación. Dicho convenio establece en los artículos 6 y 7, respectivamente:

Artículo 6

1. Al aplicar las disposiciones del presente convenio, los gobiernos deberán

a) consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente;

b) establecer los medios a través de los cuales los pueblos interesados puedan participar libremente, por lo menos en la misma medida que otros sectores de la población, y a todos los niveles en la adopción de decisiones en instituciones electivas y organismos administrativos y de otra índole responsables de políticas y programas que les conciernan; y

c) establecer los medios para el pleno desarrollo de las instituciones e iniciativas de esos pueblos, y en los casos apropiados proporcionar los recursos necesarios para este fin.

2. Las consultas llevadas a cabo en aplicación de este Convenio deberán efectuarse de buena fe y de una manera apropiada a las circunstancias, con la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las medidas propuestas.

Artículo 7.

1. Los pueblos interesados deberán tener el derecho de decidir sus propias prioridades en lo que atañe al proceso de desarrollo, en la medida en que éste afecte a sus vidas, creencias, instituciones y bienestar espiritual y a las tierras que ocupan o utilizan de alguna manera, y de controlar, en la medida de lo posible, su propio desarrollo económico, social y cultural. Además, dichos pueblos deberán participar en la formulación, aplicación y evaluación de los planes y programas de desarrollo nacional y regional susceptibles de afectarles directamente.

2. El mejoramiento de las condiciones de vida y de trabajo y del nivel de salud y educación de los pueblos interesados, con su participación y cooperación, deberá ser prioritario en los planes de desarrollo económico global de las regiones donde habitan. Los proyectos especiales de desarrollo para estas regiones deberán también elaborarse de modo que promuevan dicho mejoramiento.

3. Los gobiernos deberán velar por que, siempre que haya lugar, se efectúen estudios, en cooperación con los pueblos interesados, a fin de evaluar la incidencia social, espiritual y cultural y sobre el medio ambiente que las actividades de desarrollo previstas puedan tener sobre esos pueblos. Los resultados de estos estudios deberán ser considerados como criterios fundamentales para la ejecución de las actividades mencionadas.

4. Los gobiernos deberán tomar medidas, en cooperación con los pueblos interesados, para proteger y preservar el medio ambiente de los territorios que habitan.

Asimismo, el 14 de agosto de 2001, en el Diario Oficial de la Federación se publicó el decreto de reformas y adiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículos 1o., 2o., 4o., 18 y 115, en materia de derechos y cultura indígenas.

El artículo 2o., Apartado B, del citado decreto consigna que “la federación, los estados y los municipios, para promover la igualdad de oportunidades de los indígenas y eliminar cualquier práctica discriminatoria, establecerán las instituciones y determinarán las políticas necesarias para garantizar la vigencia de los derechos de los indígenas y el desarrollo integral de sus pueblos y comunidades, las cuales deberán ser diseñadas y operadas conjuntamente con ellos”.

Asimismo, señala que se deberá consultar a los pueblos indígenas en la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo y de los estatales y municipales y, en su caso, incorporar las recomendaciones y propuestas que realicen.

Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones señaladas en este apartado, la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, las legislaturas de las entidades federativas y los ayuntamientos, en el ámbito de sus respectivas competencias, establecerán las partidas específicas destinadas al cumplimiento de estas obligaciones en los presupuestos de egresos que aprueben, así como las formas y procedimientos para que las comunidades participen en el ejercicio y vigilancia de las mismas.

Que no obstante que han transcurrido más de 10 años de la reforma del artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos sin que a la fecha se haya aprobado una ley de consulta indígena.

Debemos señalar que la Cámara de Diputados ya ha conocido de iniciativas de consulta indígena, sin embargo no ha existido el acuerdo para poder legislar, lo que resulta en detrimento de los pueblos y comunidades indígenas del país.

Debemos reconocer que la reforma constitucional en materia a la fecha sigue incompleta, debemos de generar marcos normativos que garanticen la autodeterminación de las comunidades indígenas, no hacerlo sería incumplir nuestra obligación como legisladores, por ello, la presente iniciativa tiene como propósito fundamental garantizar el derecho de los pueblos y las comunidades indígenas a la consulta.

Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55, fracción II, 56 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presento ante la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto que expide la Ley General de Consulta de los Pueblos y Comunidades Indígenas de México

Único. Se expide la Ley General de Consulta de los Pueblos y Comunidades Indígenas de México, para quedar como sigue:

Ley General de Consulta de los Pueblos y Comunidades Indígenas de México

Capítulo PrimeroDisposiciones Generales

Artículo 1o.La presente ley es de orden público e interés general, reglamentaria del artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo en materia de consulta a pueblos y comunidades indígenas, así como de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Tiene por objeto establecer los casos en que debe consultarse a las comunidades indígenas, y la forma en que deben llevarse a cabo las consultas, en sus fases de diseño, planeación, operación, seguimiento, y evaluación.

Artículo 2o.La consulta a pueblos y comunidades tiene por objeto

I. Establecer las bases y mecanismos para la consulta directa a las comunidades indígenas en los asuntos que establece la presente ley;

II. Conocer la opinión, la posición, o las aportaciones de las comunidades indígenas sobre temas o asuntos trascendentes, relacionadas a sus condiciones de vida, o cuando pretendan instrumentarse medidas legislativas, administrativas o políticas públicas dirigidas a pueblos y comunidades indígenas;

III. Permitir el diálogo intercultural y la construcción de consensos, para fortalecer la relación entre el Estado, los pueblos y comunidades indígenas y la sociedad;

IV. Alcanzar acuerdos, o lograr el consentimiento fundamentado previo de pueblos y comunidades indígenas, con respecto a medidas legislativas, programas sociales, o propuestas de políticas públicas que les sean aplicables;

V. Impulsar la participación efectiva de pueblos y comunidades indígenas en el diseño, la planeación, ejecución, seguimiento y evaluación de los proyectos y programas orientados a fomentar su desarrollo integral; y

VI. Identificar las propuestas que los consultantes tomarán en consideración, como resultados de las consultas, según proceda, para incorporarlos en iniciativas de ley, planes y programas de desarrollo, reformas institucionales, o acciones que puedan impactar en el desarrollo de los pueblos y comunidades indígenas.

Artículo 3o.Para efectos de la presente ley se entiende por

I. Asamblea: máxima autoridad de las comunidades indígenas;

II. Autoridades Indígenas: las autoridades tradicionales, sean agrarias, administrativas, civiles y ceremoniales, electas mediante los procedimientos establecidos en los sistemas normativos de las comunidades;

III. CDI: Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas;

IV. Comunidad indígena. A las colectividades humanas que descienden de un pueblo indígena que habitan en el territorio del Estado desde antes de la colonización y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas;

V. Pueblos indígenas. Aquellos que forman una unidad social, económica y cultural y política, asentados en un territorio determinado y que reconocen autoridades propias de acuerdo con sus usos y costumbres;

VI. Consulta: procedimiento por el cual le presentan a los pueblos y comunidades indígenas, iniciativas, propuestas de planes y programas, modelos de políticas públicas y reformas institucionales, que les afectan directamente, con el propósito de conocer sus opiniones y recoger e identificar sus propuestas;

VII. Consultante: La federación, las instituciones, dependencias, entidades u organismos de éstos, que se encuentren obligados a llevar a cabo las consultas con las comunidades indígenas;

VIII. Coordinación interinstitucional: estrategia de política pública que consiste en articular y coordinar los esfuerzos de los poderes del estado y de los municipios, orientados a racionalizar y eficientar los recursos públicos, con el propósito de atender los rezagos sociales y construir amplios consensos entre pueblos y comunidades;

IX. Padrón de comunidades indígenas: es la nómina o listado que se hace de las comunidades indígenas, para saber sus nombres, número de población, autoridades y organización, así como sus usos y costumbres; y

X. Registro de comunidades indígenas: es la inscripción asentada en el libro de gobierno, realizada por el Ejecutivo del Estado, a través de la Secretaría de Asuntos Indígenas, cuyo objeto es recabar información relacionada con su estructura, organización y cultura.

Artículo 4o.Las consultas que se lleven a cabo con las comunidades indígenas deben adecuarse a las circunstancias de éstos, con la finalidad de alcanzar acuerdos o el consentimiento informado, relacionado con las propuestas que las instituciones públicas les presenten y, en su caso, incorporar las recomendaciones y conclusiones que realicen.

Artículo 5o.En los procesos de consulta queda prohibido:

I. Inducir las respuestas de los consultados, con preguntas, acciones coactivas, o mensajes propagandísticos;

II. Introducir elementos técnicos o académicos que conduzcan a favorecer determinada tendencia o posición, relacionada al tema objeto de la consulta; y

III. Manipular cifras o distorsionar los resultados de la consulta.

Los servidores públicos que actualicen alguno de los supuestos que establece este artículo, incurrirán en responsabilidad y serán sancionados de conformidad con lo previsto en la ley de la materia.

Capítulo IIDe los Sujetos de Consulta

Artículo 6o.La federación, garantizarán el derecho de los pueblos y comunidades indígenas a ser consultados, respecto a los asuntos públicos fundamentales que les atañen directamente. Es obligación de los órdenes de gobierno, adoptar las medidas necesarias para hacer efectivo ese derecho.

Artículo 7o.Serán sujetos de consulta todos los pueblos y comunidades indígenas del país, que habitan en el territorio nacional, sin distinción de credo religioso, lengua, cultura, género, filiación partidista o ideológica.

Artículo 8o.Las autoridades, representantes y personas indígenas que participen en los procesos de consulta, deberán acreditar su identidad y la representación de su pueblo o comunidad ante la autoridad, institución u organismo consultante, y ratificarán su voluntad de participar por mandato en el ejercicio de consulta.

Capítulo IIIDe las Materias de Consulta a Pueblos y Comunidades Indígenas

Artículo 9o.Serán objeto obligado de consulta

I. El Plan Nacional de Desarrollo;

II. Los planes de desarrollo urbano, y de centro estratégico de población, cuando afecten el territorio correspondiente a las comunidades indígenas;

III. El otorgamiento de concesiones, contratos, y demás instrumentos jurídicos que afecten el uso y disfrute de sus tierras o recursos naturales; y

IV. Forma de régimen de gobierno y elección de autoridades.

Artículo 10.No podrán ser materia de consulta los siguientes asuntos:

I. El nombramiento de mandos medios y superiores de los organismos especializados en la atención a pueblos indígenas, exceptuando al Secretario de Asuntos Indígenas del Estado de Guerrero;

II. El presupuesto consolidado en materia de desarrollo de los pueblos y comunidades indígenas, a ser incluido en el Presupuesto de Egresos del estado;

III. Las reformas del marco jurídico nacional que sean de carácter tributario o fiscal, así como las reformas de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y

IV. Ninguno que no esté contemplado en la presente ley.

Capítulo IVDe los Procedimientos de Consulta

Artículo 11.Toda consulta podrá realizarse cuando se considere necesario u obligado conforme a lo dispuesto en la presente ley, debiendo acordarse con las autoridades indígenas la fecha conveniente, con por lo menos treinta días de anticipación.

Las entidades normativas de la consulta del país serán

I. En el Poder Ejecutivo a través de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas en coordinación con las dependencias de la materia relacionada; y

II. En las entidades del país y Distrito Federal las representaciones locales de la comisión.

Artículo 12.Cualquiera de las entidades públicas según corresponda, podrá establecer al o los grupos técnicos operativos que se integrarán con la institución o instituciones que deban realizar la consulta.

Los procesos de consulta que se pretendan impulsar deberán tomar en cuenta las distintas fases de ésta, tales como

I. Diagnóstico de la situación por consultar;

II. Elaboración del marco lógico de consulta, calendario y presupuesto;

III. Concertación de la concurrencia institucional para la realización de la consulta;

IV. Establecimiento del grupo técnico operativo;

V. Diseño metodológico de la consulta;

VI. Trabajo pre-operativo con comunidades muestra;

VII. Emisión de convocatoria de la consulta;

VIII. Consulta directa en comunidades representativas de la situación a consultar;

IX. Sistematización de los resultados;

X. Análisis y documento ejecutivo de los resultados;

XI. Entrega a comunidades consultadas de los resultados;

XII. Difusión de los resultados de la consulta; y

XIII. Institucionalización de los resultados.

Artículo 13.Las convocatorias y demás aspectos relacionados con la consulta deberán darse a conocer a la asamblea de la comunidad, de forma escrita y a través de los medios que la misma generalmente utilice para la difusión de sus comunicados y, adicionalmente, publicarse en algún medio de comunicación oral u escrito del lugar, tanto en la lengua que se hable predominantemente en la comunidad, como en español.

Las autoridades, instituciones, u organismos consultantes entregarán, con cuando menos quince días naturales de anticipación a la Asamblea General y a las autoridades indígenas, los elementos de análisis para dejar claro el objeto y alcance de la consulta, a fin de que estos elementos surgidos de la experiencia o de las necesidades institucionales, se analicen con antelación y posibiliten la construcción de ideas, valores, argumentos, formas de resolver y de participar en los procesos institucionales, con base en la demanda y las capacidades de las comunidades indígenas.

Artículo 14.Las convocatorias de consulta deberán contener como mínimo los siguientes elementos:

I. Institución convocante;

II. Exposición de motivos;

III. Objetivos de la misma;

IV. Objeto, asunto, tema o materia o motivo de consulta;

V. Forma y modalidad de participación;

VI. Sedes y fechas de celebración; y

VII. La demás que se considere necesaria conforme a la materia de la consulta.

Artículo 15.Para llevar a cabo las consultas podrán celebrarse convenios de colaboración interinstitucionales, entre las dependencias e instituciones públicas de los órdenes de gobierno federal, estatal y municipal involucrados, en los que se establecerán los objetivos de aquéllas, y los compromisos que asumen los participantes para sumar y coordinar esfuerzos con el fin de hacer posible su eficiente realización.

Artículo 16.La autoridad, institución u organismo consultante, a fin de llevar a cabo las consultas, deberá

I. Considerar a la entidad normativa y su opinión en sus actos y designar a los miembros del grupo técnico operativo que llevará a cabo la consulta, y a su secretario técnico;

II. Aprobar el programa de trabajo y el calendario de actividades de la consulta que le presente el secretario técnico;

III. Definir los instrumentos técnicos y metodológicos que se aplicarán, así como dar seguimiento a las acciones que se realicen durante la consulta;

IV. Aprobar las sedes de la consulta, así como tramitar y proporcionar los recursos financieros, humanos y logísticos necesarios para llevarla a cabo;

V. Coordinar, supervisar y orientar los trabajos del grupo operativo; y

VI. Revisar los resultados de la consulta, enviarlos a las autoridades indígenas a la brevedad posible, y publicarlos, en su caso, en los medios de comunicación.

Artículo 17.La instrumentación operativa de las consultas estará a cargo de un Grupo Técnico Operativo, designado por la autoridad, institución u organismo consultante, el cual se integrará preferentemente con profesionales de diferentes disciplinas que estarán bajo su mando.

El Grupo Técnico Operativo será constituido únicamente durante el periodo que duren los procesos de consulta, y podrá contar con el auxilio de consultorías técnicas y de especialistas en la materia, para asesorarse sobre la metodología e instrumental de consulta que considere pertinentes, preferentemente la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas o de la entidad normativa.

Artículo 18.El Grupo Técnico Operativo contará con un secretario técnico que será el coordinador general del mismo, y fungirá como responsable de la ejecución de las acciones de consulta ante la autoridad, institución u organismo consultante. Para ser designado como tal se requiere

I. Tener amplio conocimiento de la materia indígena, y contar con experiencia en el ámbito de las políticas de desarrollo de pueblos y comunidades; y

II. No ser servidor público al momento de su designación, ni haber ocupado cargos de dirección en partido político alguno, por lo menos dos años anteriores al día de su nombramiento.

Artículo 19.Para ser parte del Grupo Técnico Operativo se requiere

I. Contar con amplio conocimiento de la diversidad económica, social y cultural de los pueblos indígenas;

II. Experiencia acreditada en la organización y operación de procesos de consulta en campo; y

III. Preferentemente, hablar la lengua indígena del pueblo o comunidad en la que vaya a realizarse la consulta.

Artículo 20.Corresponde al Grupo Técnico Operativo

I. Planear y desarrollar las acciones relacionadas con los procesos de consulta;

II. Formular el calendario de actividades de la consulta;

III. Presentar los instrumentos técnicos y metodológicos, así como la mecánica de los trabajos relacionados con la consulta;

IV. Acordar con las autoridades indígenas lo relativo a las convocatorias, y coordinar junto con éstas y las instituciones estatales encargadas de atención a comunidades indígenas;

V. Hacer llegar los documentos de consulta a las autoridades indígenas, al menos con quince días naturales de anticipación a la fecha de la consulta, y corroborar su entrega;

VI. Entregar las relatorías y el informe de actividades a más tardar quince días naturales después de realizada la consulta; y

VII. Sistematizar la información surgida de las consultas, y presentar sus resultados dentro de los quince días hábiles siguientes a la conclusión del proceso de consulta.

Capítulo VDe las Modalidades de las Consultas

Artículo 21.Las consultas que se hagan a los pueblos y comunidades indígenas deberán privilegiar la consulta directa a las comunidades indígenas, a través de las asambleas comunitarias que para tal efecto sean convocadas, con respeto a sus sistemas normativos en la organización y celebración de las mismas.

Dichas consultas podrán complementarse con algunas de las siguientes modalidades, eligiendo en cada caso la aplicable en consideración a la materia y amplitud de la consulta, así como la opinión de las autoridades indígenas:

I. Foros abiertos en los que se registren puntualmente las intervenciones orales y escritas de los participantes;

II. Talleres temáticos; y

III. Encuentros de servidores públicos de las instituciones públicas convocantes, con autoridades indígenas.

Artículo 22.Las sedes de los eventos de la consulta directa serán en las localidades que las comunidades consideren, a través de sus autoridades, y los eventos complementarios de la consulta se definirán atendiendo a los criterios de volumen y densidad de población consultada, en sus regiones tradicionales de asentamiento.

Artículo 23.Para asegurar la eficiente realización del proceso de consulta, el Grupo Técnico Operativo recibirá asesoría de las entidades normativas consultante. En su oportunidad este grupo brindará y multiplicará la asesoría técnica y cursos de capacitación al personal de apoyo que trabajará en las sedes, previamente a la celebración de los eventos.

Artículo 24.En cada uno de los eventos de las consultas organizados en las sedes deberá estar presente al menos un representante de los organismos e instituciones públicas convocantes, y uno más de las entidades normativas.

Artículo 25.A fin de generar transparencia en los procesos de consulta, se solicitará la presencia de organismos públicos y organizaciones de la sociedad civil, que tengan reconocimiento en trabajo de derechos humanos y derechos indígenas, instituciones académicas, observadores ciudadanos, y medios de comunicación, que constante la certeza de la consulta. Además de informar del proceso de consulta y sus resultados en los medios electrónicos, difundiendo las páginas de las entidades convocantes.

Artículo 26.Para la organización de la consulta se tomará como base el Padrón de Comunidades Indígenas, debiendo incluir según la región, a todas aquéllas que resulten afectadas por la ley, decreto, plan, programa o acciones materia de la consulta, considerando la representación de todas las localidades, barrios, ejidos o parajes que las integren, a través de las autoridades indígenas respectivas.

Capítulo VIDel Resultado de las Consultas

Artículo 27.Los resultados de las consultas deberán difundirse con amplitud, en los medios electrónicos en forma bilingüe; y entregarse por escrito a las autoridades indígenas, en un plazo no mayor a sesenta días naturales posteriores a la consulta.

Artículo 28.Las instituciones públicas consultantes deberán tomar en consideración las propuestas y recomendaciones que resulten de la consulta, en la elaboración planes de desarrollo nacional, de políticas públicas, programas o reformas institucionales en materia indígena, que hayan sido objeto de la misma.

Artículo 29.El seguimiento de la aplicación o incorporación efectiva de las propuestas y recomendaciones que hubieran surgido de los procesos de consulta, estarán a cargo de las comunidades indígenas consultadas, a través de sus autoridades.

Capítulo VIIDe las Sanciones Aplicables

Artículo 30. Se considerará violación de esta ley que los servidores públicos de la federación, así como sus dependencias y entidades, pretendan aplicar programas, proyectos o políticas públicas, o legislar en asuntos que afectan directamente a dichos pueblos, sin haberlos consultado en los términos previstos por la presente ley.

Artículo 31.Los pueblos y comunidades indígenas podrán interponer denuncias y quejas por violaciones al derecho de consulta, contra los servidores públicos que infrinjan esta Ley, solicitando ante las autoridades competentes sean sancionados conforme a la legislación vigente.

Transitorios

Primero.Esta ley entrará en vigor a los sesenta días naturales siguientes a su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.El Poder Ejecutivo, a través de la Secretaría de Gobernación, deberá difundir la presente ley en el sistema de radiodifusoras indígenas; traducirla en las lenguas del país, y distribuirla entre los pueblos y comunidades, dentro de los siguientes ciento veinte días naturales contados a partir de la publicación del respectivo decreto de ley.

Tercero. Remítase al titular del Poder Ejecutivo para los efectos legales correspondientes.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de octubre de 2015.— Diputado Victoriano Wences Real(rúbrica).»

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Túrnese a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Asuntos Indígenas, para dictamen. Y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para opinión.

LEY DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Tiene la palabra, por cinco minutos, el diputado Carlos Hernández Mirón, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar tres iniciativas en una sola intervención: la primera con proyecto de decreto que reforma el artículo 29 de la Ley del Servicio de Administración Tributaria, la segunda iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 2o. de la Ley del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios, y la tercera, con proyecto de decreto que reforma el artículo quinto de las disposiciones transitorias de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios. Adelante, diputado.

El diputado Carlos Hernández Mirón:Muchas gracias, diputado presidente. Con su permiso. El producto legislativo que presento hoy tiene que ver principalmente con la reforma a la fracción III del artículo quinto de las disposiciones transitorias de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de noviembre de 2015.

Compañeras diputadas y compañeros diputados, el 20 de diciembre de 2013 fue publicada la reforma constitucional en materia energética, conforme a la cual se privatizó desafortunadamente toda la cadena de producción de la industria petrolera.

Con base en dicha reforma constitucional, el 11 de agosto de 2014 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la normatividad secundaria de la materia, entre la que se encuentra la Ley de Hidrocarburos. La Ley de Hidrocarburos, que en su artículo decimocuarto transitorio establece el proceso de liberación de los precios de las gasolinas y el diésel conforme a lo siguiente:

1. En el 2014 la determinación de precios se realizará con arreglo a las disposiciones hasta entonces vigentes,

2. El 1o. de enero de 2015 y hasta el 31 de diciembre de 2017 habrá una regulación sobre precios máximos, y

3. A partir del 1o. de enero de 2018 los precios se determinarán bajo las condiciones del mercado.

Por lo que, como parte del paquete presupuestal del 2016, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público planteó una serie de cambios a la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios en materia de gasolinas y diésel, entre los que se incluyó la adición de una fracción III al artículo quinto de las disposiciones transitorias de dicha ley, en el ámbito de la fijación de los precios de la gasolina y diésel para los ejercicios fiscales 2016 y 2017.

Este mecanismo de fijación de precios de las gasolinas y el diésel no es el idóneo, porque otorga un gran margen de discrecionalidad a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público al tiempo que ha llevado a una serie de aumentos en el transcurso del año que ubica a los precios en los límites máximos, afectando severamente a la economía de las mexicanas y de los mexicanos.

Por ello se considera conveniente modificar dicho mecanismo de fijación a las gasolinas y al diésel de la siguiente manera.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público es la encargada de establecer la banda anual de precios máximos y mínimos de los ejercicios fiscales 2016 y 2017. El precio máximo mensual se determina conforme a una fórmula que incluye el precio de referencia internacional, el margen de la comercialización y costos y el IEPS, y en otros conceptos.

3. Se posibilita la aplicación de cuotas complementarias y temporales cuando los precios sean superiores o inferiores a los establecimientos en la banda de precios. Para 2016 la banda de precios puede fluctuar en un rango de más, menos 3 por ciento con respecto a octubre de 2015.

Estas reglas generan desde, nuestro punto de vista, cuatro problemáticas que hay que atender.

1. No señalan el periodo de tiempo a considerar en los precios de referencia internacionales para la fijación de la banda de precios anual, por lo que es necesario acotar la discrecionalidad que tiene la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a este respecto.

2. Indican el periodo de tiempo a considerar de los precios de referencia internacional para la fijación de los precios máximos mensuales, por lo que hay que restringir la discrecionalidad de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

3. Debe eliminarse la posibilidad de aplicar cuotas complementarias y temporales que posibiliten incrementos mayores de los precios a las gasolinas y el diésel.

Estamos proponiendo que se congelen los precios de las gasolinas, que no vaya a permitir que suban más en 2017 cuando se dé la liberación.

Para 2017 hay que hacer extensiva la regla conforme a la cual la banda de precios puede fluctuar en un rango de más, menos 3 por ciento con respecto a octubre de 2016.Diputadas y diputados, lo que solicitamos es ordenamientos a modificar es:

Único. Se reforma la fracción III del artículo de las disposiciones transitorias de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, publicadas en el Diario Oficial de la Federación del 18 de noviembre de 2015.

Solicito, diputado presidente, se pueda integrar el texto de la iniciativa de manera completa, al igual que el resto de las iniciativas que por obviamente falta de tiempo no pude dar lectura y conocimiento al pleno. Muchas gracias, diputado presidente.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputado Hernández. Atiéndase la petición del diputado, insértense los textos íntegros en el Diario de los Debates y túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

LEY DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS

El diputado Carlos Hernández Mirón:

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

LEY DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS

El diputado Carlos Hernández Mirón:

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

LEY FEDERAL CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Tiene la palabra, por cinco minutos, el diputado Arturo Álvarez Angli, para presentar dos iniciativas en una sola intervención, la primera, con proyecto de decreto que reforma el artículo 2o. de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, suscrita por el diputado Jesús Sesma Suárez y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, así como iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 422 del Código Penal Federal, suscrita por el diputado Jesús Sesma Suárez y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. Adelante, diputado.

El diputado Arturo Álvarez Angli:Gracias. Con el permiso de la Presidencia. A más de una década de la aparición de las primeras disposiciones legales en materia ambiental, el gobierno federal ha puesto especial atención al diseño e implementación de políticas públicas encaminadas a la protección de los recursos naturales existentes en nuestro país. Dichas políticas están sustentadas en diferentes preceptos jurídicos que cada vez adquieren mayor especialización. Tan es así, que la propia Constitución hoy mismo consagra el derecho humano de los mexicanos a un medio ambiente sano, lo cual sin duda establece bases sólidas para la conformación de nuevos cuerpos normativos que garanticen la adecuada protección y defensa de este bien jurídico.

El origen de dichas disposiciones legales siempre ha tenido un enfoque preventivo cuyo objeto es la preservación de nuestros recursos naturales. Sin embargo, ello no ha sido suficiente para lograr su efectiva protección.

El deterioro de los ecosistemas se debe indudablemente a la intervención negativa del hombre en los mismos, a lo cual es necesario poner un alto inmediato si queremos conservar nuestro patrimonio natural.

Desafortunadamente, a pesar de que la población tiene hoy una mayor conciencia en la importancia de respetar y conservar el medio ambiente, seguimos observando la comisión de conductas en perjuicio de la naturaleza. No obstante que quienes incurren en ellas tengan conocimiento del daño que generan.

A consecuencia de lo anterior, se han tenido que diseñar acciones para inhibir dichas prácticas, por lo cual resulta necesario adicionar a las sanciones administrativas aquellas que correspondan en materia penal. Ello como una medida urgente para poner un alto a la creciente tasa de acciones constitutivas de delito en materia ambiental.

Para que las adiciones en comento produzcan los efectos deseados en la protección de nuestros ecosistemas, las autoridades penales y ambientales deben allegarse de las herramientas jurídicas mínimas necesarias que le otorgan las leyes en la materia, siendo necesaria la modificación y actualización de las mismas en correspondencia con las necesidades que implica la protección de los recursos naturales.

Este tipo de modificaciones a los cuerpos normativos no son recientes, ejemplo de ello son las reformas al Código Penal Federal, en materia de delitos contra el ambiente del 6 de febrero de 2002, así como diversas adiciones al Código de Procedimientos Penales, con el objeto de calificar como graves ciertas hipótesis de los delitos en contra del ambiente.

Las referidas adecuaciones a la norma obedecen a que frecuentemente la comisión de estos delitos va acompañada de acciones que pueden ser consideradas agravantes, en equivalencia a la ejecución de otros delitos ya contemplados dentro de dichos códigos.

Atendiendo a esta distinción plasmada en la norma se considera importante, que se distingan aquellas conductas que deben tener un tratamiento especial frente aquellas que constituyen la generalidad de los delitos al ambiente, procesadas por el sistema penal de manera cotidiana.

No obstante, dicha distinción se disuelve ante la entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos Penales, ya que la anterior calificación de delitos graves es sustituida por el listado de delitos que merecen prisión preventiva de oficio.

Consideramos pertinente la creación del referido listado y la revisión del mismo. No obstante ello, resulta esencial recuperar la distinción de delitos graves mediante el incremento en la punibilidad de su parámetro inferior, el cual actualmente establece un año de prisión para que este sea elevado en dos años de pena privativa de la libertad adicional, sin que ello represente un aumento en la pena máxima vigente de tres años, por supuesto.

Lo anterior, atendiendo a que delitos como los relacionados con las actividades tecnológicas y peligrosas, así como los cometidos contra la biodiversidad van en aumento.

En este caso, en particular, merece especial mención la pesca ilegal de la totoaba, la cual se ha caracterizado por ser una actividad altamente lucrativa, en la que se han involucrado distintas organizaciones delictivas para su captura y comercialización.

Por lo anterior, se considera que el incremento a la pena mínima contemplada en el artículo 422 del Código Penal Federal, así como la inclusión en el artículo 2o. de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, de las diversas hipótesis previstas en el artículo 420 del referido código, tratándose de la especie totoaba macdonaldi, representan una vía idónea para inhibir acciones dolosas que atentan en contra del equilibrio ecológico, al tiempo de lograr también la preservación de los recursos naturales referidos, y consecuentemente la protección al derecho de las y los mexicanos a gozar de un medio ambiente sano para su bienestar y desarrollo. Es cuanto, diputado presidente. Y siendo septiembre, que viva México.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputado. Que viva. Gracias, diputado Álvarez Angli. Túrnese a la Comisión de Justicia, para dictamen.

CÓDIGO PENAL FEDERAL

El diputado Arturo Álvarez Angli:

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Túrnese a la Comisión de Justicia, para dictamen.

LEY DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Tiene la palabra por cinco minutos el diputado Vidal Llerenas Morales, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 19, 19 Bis, 23 y 46 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

El diputado Vidal Llerenas Morales:Con el permiso del diputado presidente. Uno de los problemas que hoy tiene el país tiene qué ver sí con el endeudamiento del gobierno federal, sin duda, pero ese mismo endeudamiento y la credibilidad del gobierno para no tener más deuda, sí tiene qué ver con un uso discrecional de los ingresos y del gasto público a lo largo del ejercicio.

Tenemos un gobierno que por ejemplo, el año pasado fue capaz de que con el impuesto a las gasolinas, presupuestado en algo así como 20 mil millones de pesos, pues recaudara 210, por ejemplo.

Y lo que tenemos es que año con año, tanto en la administración pasada como en ésta, el gobierno federal tiene alrededor de 200 mil millones de pesos adicionales a los que había presupuestado.

Es decir, hay una dinámica en que entre las facultades tributarias, propias del Ejecutivo, y la subestimación de los ingresos en la ley, sistemáticamente el gobierno tiene mágicamente más dinero del que programa.

Por eso, el año pasado se dijo que iba a haber un recorte, se recortaron ciertos rubros de gasto, especialmente los que tienen qué ver con infraestructura, pero el gasto fue mayor, incluso, al gasto aprobado originalmente por los diputados.

¿Esto por qué es? Pues porque hay una gran discrecionalidad a la hora de poder repartir, de poder asignar recursos que se retiran de unas áreas de la administración pública que se ponen a las otras, o los que son vía los ingresos excedentes.

Pongamos un ejemplo, a estas alturas del año la Presidencia de la República, de acuerdo con el segundo informe trimestral, es decir, al segundo trimestre ha ejercido la totalidad de su presupuesto, algo así como mil quinientos millones de pesos.

¿Esto qué significa? Que en este año vamos a tener que darle al presidente de la República el doble de su presupuesto, pues porque ya se lo acabó.

Como la Secretaría de Hacienda tiene esa gran discreción para mover los recursos a distintas áreas, puede hacer eso. ¿Esto a qué nos ha llevado? Nos ha llevado a una mala calidad del gasto público. Uno de los problemas que hemos tenido es que no solo nos hemos endeudado, sino que el gasto que hemos ejercido no ha sido capaz de impulsar a la economía. No ha sido capaz, por supuesto, de reducir la pobreza, porque justo hemos reducido los presupuestos de los programas públicos y de la inversión para el gasto operativo del gobierno.

El problema ha sido que hemos dejado de vigilar a detalle qué hacen los funcionarios públicos de la Secretaría de Hacienda con el dinero. Es por eso que los 2 últimos años hemos tenido, por ejemplo, una transferencia de algo así como 125 mil millones de pesos a los fondos de pensiones de CFE y de Pemex. O hemos tenido partidas de seguridad nacional en los 3 últimos años que han incrementado de 100 millones a más de 7 mil millones de pesos. Y así está, lleno de joyas el presupuesto cuando uno compara lo que fue presupuestado con la Cuenta Pública.

Si queremos resolver el problema de credibilidad del gobierno y lo que hace con el dinero, tenemos que decirle qué va a hacer si tiene ingresos adicionales. Nuestra propuesta es muy sencilla, todo el dinero adicional que se recaude porque se hizo mayor esfuerzo, porque no se calculó bien, que vaya a la inversión y al pago de servicios de educación y de salud, que han sido completamente recortados en este presupuesto.

Todo el dinero de más tendría que ir o a inversión o a servicios públicos, no al presidente de la República; no al gasto en comunicación social, que el año pasado pasó de mil 500 millones autorizados a más de 7 mil millones de pesos.

En este país estamos desperdiciando el dinero y en buena medida es porque lo permitimos, porque no hay una regulación estricta a lo que el Ejecutivo puede hacer con el mismo. Cumplamos con nuestro trabajo como diputados y obliguemos a que el Ejecutivo todo lo que tenga de más sea para inversión o para servicios públicos; no para la Presidencia de la República. Gracias.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputado Llerenas. Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para dictamen.

Esta Presidencia saluda a Rubén Alcides, presidente municipal electo de Nochixtlán, Oaxaca. Invitado por el diputado Jesús Valencia Guzmán. Bienvenido, señor presidente electo.

LEY DE SEGURIDAD NACIONAL

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Tiene la palabra por cinco minutos el diputado Manuel de Jesús Espino Barrientos, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de Seguridad Nacional.

El diputado Manuel de Jesús Espino Barrientos:Gracias, presidente. Estimadas amigas y amigos compañeros, a casi 12 años de haber sido promulgada la Ley de Seguridad Nacional en nuestro país, creo que es pertinente reconocer que con ella logramos en México un avance conceptual, organizacional y legal en esta materia, fue una aportación sin duda importante de este Poder Legislativo, para articular mejor los esfuerzos institucionales en beneficio de la seguridad.

Hoy podemos valorar como positivo aquella aportación, sin embargo las circunstancias actuales de México y del mundo se hace necesario una actualización de la Ley de Seguridad Nacional, tema en el que evidentemente México tiene una crisis actual.

Es propósito de esta iniciativa dotar al Estado de una legislación que tenga como eje de la seguridad nacional, la seguridad de las personas y sus necesidades vitales. Es importante que desde la ley traslademos las prioridades que hoy establecen nuestra legislación en materia de seguridad hacia las personas y no circunscribirla al territorio, a las fronteras, a la soberanía nacional.

Esta propuesta pretende establecer los intereses nacionales prioritarios que no están definidos en la ley y que eso genera ambigüedad, imprecisión en las políticas públicas, genera también hasta disputas en las instancias encargadas de la seguridad nacional.

Se propone superar las actuales deficiencias de coordinación interinstitucional, ocasionados por esta ambigüedad, en conceptos clave como amenazas que aún conserva el criterio militarista propio de la Guerra Fría, o el concepto de la seguridad nacional que desde una visión reduccionista la ley define como acciones de defensa, cuando la seguridad es un estado, es una situación, es una posibilidad de preservar los intereses de los mexicanos.

Tampoco está definido en la ley lo que es el sistema de seguridad nacional, aunque se refiere al mismo en diversos momentos de esta legislación. Para corregir ese desenfoque, la iniciativa propone una precisión de conceptos dando a esto significado en razón de las circunstancias e intereses nacionales, orientando la seguridad nacional más hacia la prevención y prospectiva por inteligencia estratégica que hacia el uso de la fuerza y a la reacción policiaca o militarista, como ha venido sucediendo, poniendo énfasis en la dimensión humanista de la seguridad y fortaleciendo la tesis de que la Defensa Nacional forma parte de la seguridad nacional y que ésta no se limita a la seguridad interior.

Para conceptualizar correctamente la seguridad nacional atendiendo recomendaciones de organismos internacionales, de la ONU, de la OEA, atendiendo incluso recomendaciones del Poder Judicial de nuestro país, es que esta iniciativa recoge la intención institucional internacional y nacional de poner énfasis en que la Defensa Nacional debe orientarse a proteger aquello que es prioritario para el desarrollo vital de las personas como la protección de la educación, la protección de la salud, la protección del medio ambiente en que se desarrollan nuestras comunidades a lo largo y ancho del territorio nacional.

En esta iniciativa proponemos también redefinir la integración del Consejo de Seguridad Nacional, hoy integrado preponderantemente con una visión militarista o policiaca, y abrir la integración de este órgano deliberativo tan importante en nuestro país para que sean incorporadas todas las secretarías de Estado y donde debe tener un papel preponderante la Secretaría de Salud, la Secretaría de Educación, la Secretaría del Medio Ambiente y hasta la nueva Secretaría de Cultura.

Esta iniciativa también propone definirle una misión al Cisen, a este órgano del Estado encargado de la investigación, de la inteligencia de nuestro país, que conserva aun prácticas propias de aquellos tiempos en los que se acumularon capas de abusos en materia de inteligencia en nuestro país. Se propone darle una nueva dimensión, un nuevo enfoque a los trabajos del consejo, a los trabajos del Cisen.

Termino. Con esta adecuación a la ley, pretendemos dar una dimensión más humana a las tareas del Estado en orden a la protección de los intereses nacionales –y última instancia– y estaremos contribuyendo a contrarrestar las nuevas amenazas que se han presentado en el mundo a los intereses de los Estados nacionales. México con esto fortalecerá su capacidad de protección y defensa a los intereses vitales de los mexicanos, fundada en valores y principios recogidos, incluso en la Declaración de los Derechos Humanos. Por su atención, compañeras y compañeros, muchas gracias. Gracias, diputado presidente.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputado Espino Barrientos. Túrnese a la Comisión de Gobernación, para dictamen. Se atiende la petición del diputado y túrnese igualmente a las comisiones de Marina y de Defensa Nacional, para opinión.

La diputada María Elena Orantes López (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Sonido en la curul de la diputada María Elena Orantes, por favor.

La diputada María Elena Orantes López (desde la curul): Muchas gracias, presidente. Solamente pedirle al diputado proponente nos permita sumarnos a esta importante iniciativa; ojalá también sea turnada y revisada por la Comisión de Seguridad, y agradecerle que en el tema de vulnerabilidad y gestión de riesgo, es un tema que él considera dentro del espíritu de esa iniciativa, ya que las pandemias la violencia, la rapiña, cuando suceden este tipo de acontecimientos en México, deben ser considerados en esta materia. Muchas gracias, presidente.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Da su aquiescencia el señor diputado, así que está a su disposición de los trámites que ya conocemos, en la mesa de la Secretaría.

LEY GENERAL DE CAMBIO CLIMÁTICO

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Tiene la palabra por cinco minutos el diputado Mariano Lara Salazar, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 3o., y 34 de la Ley General de Cambio Climático.

El diputado Mariano Lara Salazar:Disminuir los efectos del cambio climático no es una opción, es una responsabilidad global. Con el permiso de la Presidencia, compañeras y compañeros legisladores. Estoy ante ustedes para presentar la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción III, recorriéndose las subsecuentes del artículo 3o. así como el párrafo primero y el inciso i) de la fracción I del artículo 34 de la Ley General del Cambio Climático. Lo anterior, para construir a través de la implementación de azoteas verdes naturadas, una alternativa viable para las grandes ciudades y sus áreas urbanas, y contener de este modo las emisiones de gases de efecto invernadero.

En Nueva Alianza estamos convencidos de que hoy más que nunca el equilibrio entre las actividades económicas y la protección del medio ambiente es una prioridad, esto nos lleva a proponer una visión integral que fomente la utilización de tecnologías limpias en todos los hogares y empresas del país.

Nuestra Constitución establece en su artículo número 4, que toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley.

Pero no sólo es el texto constitucional el que nos obliga a tomar medidas para la protección del medio ambiente. México ha suscrito compromisos internacionales en las diversas materias para conseguir la reducción del daño al ambiente.

Entre estos instrumentos se encuentra por ejemplo, el Protocolo de Kioto, que como parte de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático tiene como objetivo reducir las emisiones de seis gases de efecto invernadero que son los principales causantes del calentamiento global.

Asimismo, nuestro país es parte del acuerdo de París, el cual nos obliga a tomar acciones respecto al cambio climático y establece que todos los países deben determinar su contribución nacional y comprometerse a efectuar y comunicar sus esfuerzos en términos de reducción de emisiones de manera ambiciosa y acorde a sus capacidades.

Estamos decididos a convertir a las grandes ciudades urbanizadas en ciudades verdes. Las acciones que debemos tomar para reducir las emisiones contaminantes tienen carácter de urgencia. Algunos datos que ejemplifican esta situación, son los que nos muestra el Centro Mario Molina, en los que nos señala que México está entre los principales países con mayores índices de deforestación a causa de la urbanización.

Según cifras deportadas por la Agencia Internacional de Energía, para el año 2003 México ocupaba el lugar número 12 a nivel mundial en las emisiones de CO2, por quema de combustibles fósiles equivalente al 1.5 de las emisiones globales.

Si bien México ha iniciado una serie de medidas legislativas y regulatorias para disminuir las emisiones contaminantes tales como la creación de la Ley General de Cambio Climático publicada en el 2012, también es cierto que aún estamos muy lejos de lograr las metas planteadas.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 13 de la ley, se creó el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático el cual tiene como uno de sus objetivos realizar análisis de prospectiva sectorial y colaborar en la elaboración de estrategias, planes, programas, instrumentos y acciones relacionados con el desarrollo sustentable.

En este sentido también se cuenta con la Norma Mexicana de Edificación Sustentable: Criterios y requerimientos ambientales mínimos, emitida por la Secretaría de Economía en el año 2013 y en la cual se especifican los criterios y requerimientos ambientales mínimos para que exista una edificación sustentable.

Las azoteas verdes pueden proporcionar muchos beneficios, como el aumentar la producción de oxígeno y mejorar la calidad del aire en las ciudades, contribuir a reducir el efecto invernadero, habilitar espacios no usados en los edificios de vivienda y oficinas, permitiendo crear entornos sanos, armónicos o inclusive hasta pueden funcionar como un sistema de impermeabilización de larga duración, entre otras muchas ventajas.

Sin embargo, la Ley de Cambio Climático no contempla en sus definiciones estos ordenamientos y, por tanto, no se promueven como una alternativa real para promover de mejor manera las edificaciones en las zonas urbanas y contribuir a disminuir las emisiones contaminantes, principalmente del bióxido de carbono.

Es por ello que Nueva Alianza queremos incorporar la promoción de las azoteas verdes naturales en la mayor cantidad de inmuebles posibles. Sabemos que son medidas audaces, pero el propio marco internacional nos llama a ser ambiciosos.

En Nueva Alianza estamos convencidos de que la única manera de detener el deterioro ambiental es con valentía. Nos ayudan a cambiar las cosas. Y por su atención, muchas gracias. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputado Lara Salazar. Túrnese a la Comisión de Cambio Climático, para dictamen.

La diputada María de los Ángeles Rodríguez Aguirre (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Sonido en la curul de la diputada María de los Ángeles. Adelante, diputada. Sonido. Sonido en la curul 164, por favor. Listo.

La diputada María de los Ángeles Rodríguez Aguirre (desde la curul): Gracias, señor presidente. Para preguntarle al diputado proponente si me permite adherirme a su iniciativa. Y además felicitar a mis compañeros senadores que en este momento están ratificando el Acuerdo de París, en el cual México forma parte de este sistema para poder combatir el cambio climático. Gracias.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: El diputado Lara Salazar da su autorización y está por consecuencia a su disposición aquí en la mesa de la Secretaría.

CÓDIGO PENAL FEDERAL

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Tiene la palabra por cinco minutos, la diputada Norma Edith Martínez Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que adiciona los artículos 260 Bis y 260 Ter, del Código Penal Federal.

La diputada Norma Edith Martínez Guzmán:Muy buenas tardes. Saludo con respeto a los integrantes de la Mesa Directiva. Muy buenas tardes, compañeros diputados.

Para el Partido Encuentro Social la construcción de una sociedad justa a través de una nueva manera de hacer política, es la causa de las causas de nuestro quehacer político. En este sentido, las tecnologías y particularmente las de la información y su desarrollo, son aliadas amplificadoras de cualquier proyecto que aspire a dicha transformación social.

En Encuentro Social siempre buscaremos la conformación de un gobierno impulsor de elementos tecnológicos, estrategias y estadísticas que beneficien en la mayor cantidad de áreas posibles: educación, seguridad, transparencia, información para la comunidad, economía, desarrollo, etcétera.

No obstante, somos conscientes de que esta potencialidad conlleva también una responsabilidad y toda responsabilidad cuando es impulsora de fuertes avances, conlleva por supuesto también riesgos. En este caso me refiero a las amenazas contra la intimidad y libertad de nuestros niños, derivada de las tecnologías de información y comunicación.

El acoso, el abuso sexual, la trata y la pornografía con la que adultos y a veces inclusive adolescentes, acosan a nuestros niños, no es un riesgo menor. En 2007, la IWF tomó medidas contra aproximadamente 16 mil 700 casos de abuso sexual contra niños, cuando en 2006 solamente habían sido 10 mil 600 casos. Eso sin contar casos de ciberbullying, ciberacoso, sexing, grooming, etcétera. Solamente contando el tema de abusos sexuales.

Ante este panorama habrá que incluir también que sólo 45 de 196 países tienen legislación suficiente en el tema y 89 de esos 196 no tienen legislación en absoluto sobre el tema de pornografía infantil.

Puedo contar con mis dos manos los países que tienen una legislación adecuada con respecto a estos importantes temas, por ejemplo, sobre el grooming.

No por nada la Organización Mundial de la Salud hace ya más de una década advertía que 150 millones de niñas y 73 millones de niños, menores de 18 años, experimentaron relaciones sexuales forzadas y otras formas de violencia sexual física.

Con todo lo anterior, México es uno de los países que no tiene tipificado como delito este tipo de conductas, pues aunque se contemple el abuso sexual, como bien sabemos, el derecho penal es de interpretación literal y estricta y muchas de estas conductas evidencian que la tipificación actual no corresponde a lo que el convenio del 25 de octubre de 2007 sobre protección de niños contra la explotación sexual y abuso sexual establece en su artículo 23.

Por ello, me congratulo de haber escuchado en días anteriores a nuestra compañera Mariana Arámbula y a nuestro compañero Felipe Cervera, quienes se han sumado a este urgente y delicadísimo tema que hoy nos ocupa y que su servidora, como activista de las organizaciones de la sociedad civil y ahora en mi calidad como presidenta de la Comisión Especial para la Prevención y Erradicación de la Pornografía y el Abuso Sexual Infantil, he tomado desde hace décadas. Los felicito e invito a trabajar conjuntamente desde la comisión este importante tema.

Hoy propongo la tipificación de estas conductas mediante la adición de los artículos 260 Bis y 260 Ter del Código Penal Federal y, con ello, sancionar a quien a través de las tecnologías de la información y la comunicación contacte con personas menores de 18 años o incapaces, con el fin probado de cometer cualquiera de los delitos que arriba he mencionado.

Nuestros niños no son un botín, nuestros hijos no son un experimento alquimista de una utopía de libertad, nuestros hijos son el núcleo de lo que en sociedad llamamos bien común, desarrollo, justicia.

La justicia tiene en el rostro de un niño su principal lugar y en su inocencia su evidencia más real. Lo que a cada niño corresponde en justicia es afecto, protección, educación, respeto, impulso y todo nuestro esfuerzo por hacer posible la realidad de sus potencias.

Hoy con esta iniciativa nos comprometemos con ellos decididamente, pues como dice Karl Menninger: “lo que se les dé a los niños, los niños darán a la sociedad”. Démosle protección, protejamos su sueño, protejamos su inocencia, su capacidad de amar.

El tesoro tremendamente inmenso de su corazón, pues concuerdo con Gram Greene, y con esto cierro, cuando afirmaba: “el mejor olor, el del pan; el mejor sabor, el de la sal; el mejor amor, el de nuestros niños”. Es cuanto, diputado.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputada Martínez Guzmán. Túrnese a la Comisión de Justicia, para dictamen. El siguiente punto del orden del día es el análisis...

La diputada Mariana Arámbula Meléndez (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Un segundo, sonido en la curul de la diputada Arámbula, ¿con qué objeto, diputada?

La diputada Mariana Arámbula Meléndez (desde la curul): Gracias. Referente a la iniciativa que se acaba de presentar, presidente. Nada más decir que me congratula y estoy feliz. Estoy feliz que cada vez sean más los partidos que se están sumando para algo tan sensible y a un fenómeno como al día de hoy está atacando y poniendo en vulnerabilidad a nuestra niñez que es el grooming. Ayer también se sumó el Partido Revolucionario Institucional, hoy se suma Encuentro Social.

Y hago la invitación para que se sumen las demás fuerzas políticas que faltan, que todos a través de esta trinchera ataquemos y levantemos la voz para que nuestros niños no sigan siendo víctimas ni en la vida real ni a través de redes sociales. Es cuanto.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputada.

La diputada Norma Edith Martínez Guzmán(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Sonido en la curul de la diputada Edith, adelante, por favor.

La diputada Norma Edith Martínez Guzmán (desde la curul): Sí, quiero solicitar que a la iniciativa se le turne también para opinar a la Comisión que presido. Y por otro lado, agradezco esta sensibilidad de mis compañeros diputados.

Mariana recordará que como activista social este es un tema que impulsé fuertemente en Jalisco y que dejaré, por supuesto, que sea fortalecido en todo México. Es cuanto, diputado.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Diputada, ¿qué comisión es la que preside?

La diputada Norma Edith Martínez Guzmán (desde la curul): Soy presidenta de la Comisión Especial de prevención y erradicación de la pornografía y el abuso sexual infantil.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Ha lugar a su petición, diputada. Túrnese para opinión.

ANÁLISIS CORRESPONDIENTE AL 4TO. INFORME DE GOBIERNO EN MATERIA DE POLÍTICA SOCIAL

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: El siguiente punto del orden del día es el análisis del 4to. Informe de Gobierno del presidente de la república. En tal virtud, para dar cumplimiento al numeral 3 del artículo 2 del acuerdo aprobado en la sesión del 6 de septiembre continuaremos con el tema de política social.

Para la segunda ronda, los grupos parlamentarios han inscrito a los siguientes diputados: el señor diputado Abdies Pineda Morín, del Grupo Parlamentario del PES. Diputada Angélica Reyes Ávila, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza. Diputada Angie Dennisse Hauffen Torres, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. Diputada Norma Xochitl Hernández Colín, del Grupo Parlamentario de Morena. Diputada Jorgina Gaxiola Lezama, del Grupo Parlamentario del Partido Verde. Diputada Araceli Saucedo Reyes, del Grupo Parlamentario del PRD y diputada Teresa de Jesús Lizárraga Figueroa, del Grupo Parlamentario del PAN.

En tal sentido, tiene la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado Abdies Pineda Morín, del Grupo Parlamentario del PES.

El diputado Abdies Pineda Morín:Con su venia, diputado presidente. Honorable asamblea. Posiciono al Grupo Parlamentario de Encuentro Social en este análisis del 4to. Informe de Gobierno, relativo a su glosa en materia de política social.

Encuentro Social ve en la glosa la oportunidad para señalar lo que la gente piensa y siente de la gestión gubernamental.

Esta glosa es una oportunidad de diálogo entre poderes. Entrando en materia, el informe mismo nos da la pauta para entender los resultados y las metas presentadas.

Dice el Informe, cito: “pero también hay otra parte que no ha podido aprovechar su potencial productivo y sufre de carencias sociales”. Cierro cita.

Para este gobierno la pobreza, la marginación y la injusticia social es producto de no aprovechar el potencial productivo.

Así no es posible detener el deterioro de la calidad de vida de los mexicanos ni propiciar su bienestar y progreso. Definitivamente urge cambiar este paradigma que lleve al gobierno a administrar la pobreza y no a superarla.

Esta soberanía no ha escatimado su apoyo para las iniciativas del presidente, para apuntalar sus estrategias de desarrollo social; sin embargo, el Ejecutivo federal no se ha comprometido con un Estado social y de derechos.

Veamos la estrategia de inclusión social, no ha sido capaz de producir más y mejores salarios ni poner al alcance de las familias la canasta básica. En consecuencia, no podemos afirmar que la estrategia vaya bien, que esté dando resultados positivos para la gente.

Nuestra bancada se pronuncia porque el gobierno de la República priorice las acciones que produzcan trabajos decentes y dignos, que den a nuestras familias seguridad alimentaria, educación plena, esparcimiento, seguridad, un hogar en armonía. En síntesis, una vida digna y feliz.

Pero desglosamos los datos de la Cruzada Nacional contra el Hambre. Esta Cruzada cifra sus resultados en 13 mil comedores comunitarios, que han beneficiado a un millón 100 mil mexicanos. Si tomamos en cuenta que somos alrededor de 120 millones, este programa beneficia al 0.91 por ciento de la población, por lo que la evaluación del impacto de la Cruzada la podemos considerar como un programa que resulta insignificante e insuficiente para tan alta meta social.

En el caso de Liconsa, el informe señala que ha beneficiado a 6 millones 400 mil mexicanos. ¿Qué porcentaje representa del total de nuestra población? La respuesta es 5.33 por ciento nada más.

En Diconsa habrá que realizar un estudio sobre los productos que ahí se venden: galletas, pastas, aceite de mala calidad, harinas, pan; productos que nada aportan para reducir el sobrepeso y la obesidad en nuestra gente.

Encuentro Social hace un llamado a que hagamos un recorrido por los centros de distribución Diconsa, para evaluar en qué situación se encuentran y reorientar esta política pública.

Nos manifestamos a favor del aprovechamiento de los productos del campo y del mar para combatir el hambre, el sobrepeso y la obesidad que afectan a los mexicanos. Si quieren que las cosas buenas se noten, no hay que mentir.

En el caso del seguro médico para estudiantes, nos preguntamos qué atención les darán si no hay infraestructura, personal médico, medicinas e insumos suficientes ni para los derechohabientes.

Finalmente, nuestra bancada se pronuncia porque la política social tenga como una de sus vertientes prioritarias, el fomento a los organismos de economía social. Ya el Congreso de la Unión aprobó una reforma para que el fomento de la economía social esté bajo la rectoría de la Secretaría de Desarrollo Social. Nosotros ya hicimos la tarea, ahora le corresponde al Ejecutivo aplicar la ley.

Diputadas, diputados, dice el presidente que lo bueno casi no se cuenta, pero que cuenta mucho. En Encuentro Social, no queremos que se cuente. Queremos que nuestras familias lo sientan en su bienestar y progreso. Es cuanto, presidente.

Presidencia del diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano

El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Gracias, diputado Pineda. Tiene el uso de la voz, hasta por cinco minutos, la diputada Angélica Reyes Ávila, de Nueva Alianza.

La diputada Angélica Reyes Ávila:Buenas tardes. Con el permiso de la Presidencia, compañeras y compañeros diputados, les saludo con mucho respeto. En Nueva Alianza queremos un México igualitario e incluyente, donde el bienestar pueda percibirse en cada familia y en cada rincón de nuestro territorio. Sabemos que para ello debe existir una redistribución equitativa de los recursos materiales promoviendo las mismas oportunidades para mujeres y hombres, para las comunidades indígenas, para los jóvenes y para las personas con discapacidad.

Sin duda, uno de los principales retos que enfrenta nuestro país es el desempleo y la falta de oportunidades para los sectores más vulnerables. El lento crecimiento económico y un mercado laboral estrecho han propiciado la desigualdad laboral y salarial.

El informe que hoy analizamos, señala puntualmente la generación de dos millones de empleos formales, cifra alentadora, pero no suficiente, sobre todo cuando observamos la precariedad de muchos de esos empleos. Peor aún, cuando 9.3 millones de personas laboran en la informalidad, es decir, seis de cada 10 personas trabajan sin ningún tipo de seguridad social, esto significa que a pesar de ser productivos no cuentan con servicios de salud, planes de crédito para vivienda y mucho menos ahorro para poder retirarse con la tranquilidad de contar con los recursos económicos necesarios para ello.

En Nueva Alianza sabemos que uno de los principales retos de cualquier gobierno es lograr que más familias tengan acceso a los beneficios de la seguridad social. Celebramos que esta administración haya fortalecido las acciones para que cada vez más mexicanos cuenten con servicios de salud, de vivienda, ahorro para el retiro y apoyo a las mujeres, niños y adultos mayores.

Sin embargo, no debemos olvidar que la mejor ayuda no es aquella que se brinda como una dádiva, sino la que impulsa el crecimiento y el desarrollo de la sociedad mediante el fomento de la productividad. Se debe dejar atrás el asistencialismo para transitar hacia una dinámica de productividad y competencia que propicie el bienestar de toda la población.

Por otra parte, para Nueva Alianza la búsqueda de la igualdad de género es un tema prioritario no solo de discurso, sino de hechos. Desde nuestro ámbito aplaudimos y apoyamos la inclusión de políticas públicas con perspectiva de género que de manera transversal atiendan la necesidad de alcanzar la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres, porque para hablar de igualdad es necesario rectificar los desequilibrios que enfrentan las mujeres en todos los ámbitos, ya sea en el económico, en el laboral, el social, incluso en el familiar, y de esta manera derribar los prejuicios sociales que impiden alcanzar plenamente los derechos de las mujeres.

México es un país con una gran riqueza multicultural. Contamos con 68 pueblos originarios que históricamente han sido objeto de múltiples formas de subordinación, desigualdad y discriminación, situación que los ha mantenido en una condición estructural de pobreza, explotación, marginación y exclusión, colocándolos en el nivel más bajo del bienestar social.

Reconocer los derechos de los pueblos originarios y revertir la brecha de desigualdad e inclusión, es un tema que aun tenemos pendiente, como pendiente está también alcanzar la total inclusión de las personas con discapacidad quienes con frecuencia viven al margen de la sociedad, toda vez que cuentan con escasas oportunidades de asistir a la escuela, de obtener un empleo, de poseer su propio hogar, incluso de fundar una familia, criar a sus hijos y disfrutar de la vida social.

Si bien el informe nos revela las acciones emprendidas para proteger los derechos de las personas que sufren de alguna discapacidad, la realidad rebasa dichos esfuerzos.

Compañeras, compañeros legisladores, alcanzar el bienestar, la equidad y la igualdad social, es una labor que requiere del compromiso de todos. Asumamos la responsabilidad de construir un país de oportunidades iguales, justo e incluyente, con una verdadera visión social que nos permita revertir la marginación, en especial en aquellas regiones donde la pobreza y las diferencias culturales aún marcan una distancia de desigualdad entre todos los mexicanos. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Gracias, diputada Reyes. Tiene el uso de la voz, hasta por cinco minutos, la diputada Angie Dennisse Hauffen Torres, del Partido Movimiento Ciudadano.

La diputada Angie Dennisse Hauffen Torres:Muy buenas tardes, compañeras y compañeros. Hoy toca la revisión del 4to. Informe de Gobierno del presidente de la República Enrique Peña Nieto, en el rubro de Política Social. Y esta política social no solamente va encaminada en el tema del desarrollo social, sino también de la vivienda, la salud, el desarrollo económico, por qué no decirlo también.

De acuerdo a cifras del Coneval, existen 6 mil 751 programas y acciones de desarrollo social en el país, y lo repito nuevamente, 6 mil 751 programas y acciones. Cito textualmente que este Inventario Nacional de Coneval de Programas y Acciones para el Desarrollo Social tiene la finalidad de dar a conocer cuáles son las intervenciones del gobierno en ese ámbito, y con ello proveer la información para que se contribuya a mejorar la política pública; 6 mil 751 programas que no han ayudado ni por poco, a disminuir el tema del rezago en salud, en vivienda, educación, alimentación, desarrollo social.

Y bueno, es que yo les puedo poner un claro ejemplo de lo que está pasando en el país, y esto es que en días recientes se entregaron tanto en los gobiernos estatales como en el gobierno federal, estados de cuenta social o cartillas sociales. Se han acercado a su servidora informando que se están recibiendo en cada uno de los domicilios por parte del gobierno del estado, al menos del estado de México, y la cartilla social por parte del gobierno federal, situación que ha generado inconformidades de las cuales se han detectado lo siguiente:

La ciudadanía se siente agraviada, ya que en muchos de los casos no se reciben los apoyos manifestados en esos dichosos estados de cuenta social. Con la entrega de estos estados de cuenta social y cartillas sociales, la ciudanía también se ha sentido violentada en su derecho a la protección de datos personales fundamentada en los artículos 6o. y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el artículo 23 de la Ley de Acceso a la Información Pública.

Es evidente la molestia causada por los elevados costos reflejados en estos estados de cuenta social, en comparación con cotizaciones ordinarias en el mercado regional de servicios, llegan a decir que hasta una mastografía cuesta al gobierno 750 pesos, cuando si nosotros hacemos una cotización en el mercado es mucho más bajo el costo.

Manifestando entonces que ellos perciben con esta entrega las cartas del gobierno, un acondicionamiento del libre derecho de las prácticas democráticas generan confusión e incertidumbre al no saber si se adeuda el costo del servicio indicado en estos estados de cuenta. También motivan un sentimiento de reproche por lo invertido en los programas y servicios estipulados, casualmente dando cara a las elecciones en diferentes estados del país, como es el estado de México.

Hoy suena, tal vez también quisquilloso el nombramiento de Luis Miranda ante esta Secretaría de Desarrollo Social, principal operador de Enrique Peña Nieto, mexiquense, compadre y amigo íntimo.

Como lo hemos dicho en otros aspectos y en otras –el año pasado también lo mencioné, con la entrega de pantallas– en donde nos apantallaron con la entrega de más de 10 millones de pantallas que en poco han reducido la pobreza del país.

Por lo antes manifestado, se ha puesto en juicio la honestidad y transparencia en el manejo de tanto programas sociales, 6 mil 751 programas. Lamentamos que el presidente de la República dé a los mexicanos un informe lleno de cifras y que su gobierno lo esté tomando únicamente como un requisito que hay que cumplir, dando paso una vez más a la poca credibilidad de su gobierno.

Este 4to. Informe de Gobierno refiere que el período pasado la canasta básica tuvo una inflación en decremento, será también porque, como lo ha mencionado en diversas ocasiones, él no es el ama de casa. Y también no sabe el costo de estos productos tan necesarios para la canasta de los mexicanos.

El salario mínimo, compañeras y compañeros, debe ser aumentado. Por eso, desde esta tribuna les solicito que abatamos esa brecha tan importante que existe y ese rezago en nuestro país de la pobreza. Muchísimas gracias. Es cuanto.

El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Gracias, diputada Hauffen. Tiene el uso de la voz, hasta por cinco minutos, la diputada Norma Xochitl Hernández Colín, del Grupo Parlamentario de Morena.

La diputada Norma Xochitl Hernández Colín:Con su venia, diputado presidente. El 4to. informe evidencia la ausencia de los temas importantes, omite la inconformidad en contra de la mal llamada reforma educativa. No mencionan las protestas, movilizaciones y represión a miles de trabajadores que exhibieron el tinte administrativo laboral y punitivo de la reforma.

No se aprecia la mención de los errores técnicos en la configuración de exámenes estandarizados, creados por el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, ni las fallidas mesas de negociación con la Secretaría de Gobernación.

El informe es la descripción de un país que no existe, de un gobierno que se niega a aceptar los errores cometidos y a mencionar su incapacidad para que todas y todos disfrutemos de los derechos consagrados en la Constitución. Solo se dedica a emitir propaganda institucional.

Por ello, honrando el mandato constitucional y la base lógica que lo funda, esta alta tribuna debe ser empleada con respeto y dignidad. Nuestra función no debe estar relacionada con alabanzas basadas en filias partidistas.

Por lo anterior, en materia de desarrollo social, me parece prudente plantear algunos cuestionamientos. ¿En cuatro años de gobierno se aprecia de manera significativa un desarrollo social en el país? ¿Las políticas y programas sociales han cumplido con su cometido? ¿Es correcta la forma de medición de la pobreza? ¿Se asigna y ejecuta de manera correcta el presupuesto a este rubro? Por desgracia, para los 53 millones de personas en pobreza, según Coneval, o 48 millones, según el Inegi y sus nuevos estándares, las preguntas anteriores tienen respuestas negativas.

Lo expongo no sólo desde la perspectiva pragmática de la oposición como suele desdeñarse y descalificarse todo lo que no sea un halago, lo digo con base en datos fundados. Basta recordar que hace algunos días se presentó el Informe de Desarrollo en México, donde se menciona que no se ha logrado el incremento de la actividad económica ni el crecimiento de la actividad productiva, debido a la falta de inversión y a la deficiente distribución del ingreso, por lo que se aprecia el incremento de pobreza en 2 puntos porcentuales.

Lo anterior es síntoma de la tremenda incapacidad para gobernar en ésta y en todas las materias. Evidencia la errónea percepción sobre la pobreza, sobre la multiplicidad de factores que originan y sobre las acciones requeridas para disminuirla.

No es aventurado aseverar que el gobierno actual medra con la pobreza, de ahí que no asuma la responsabilidad de reducirla. La requiere como aliada para conseguir votos a cambio de despensas o de incorporarse a un programa. Tal es el caso de Prospera y la Cruzada Nacional contra el Hambre, que en palabras de la Auditoría Superior de la Federación, no cumple con los objetivos debido a las fallas en el diseño de la estrategia, las deficiencias de la implementación, focalización y coordinación de acciones que no permiten verificar en qué proporción se garantizó el acceso de alimentación a los demás derechos sociales de más de 7 millones de personas que viven en condiciones extremas. Se evidenció que los parámetros establecidos no son los estipulados en la Ley General de Desarrollo Social.

Para efecto de lo anterior es necesario recordar que algunas semanas se hizo pública la crítica del Coneval sobre la modificación del Inegi que llevó a cabo al Módulo de Condiciones Socioeconómicas, con la intención de disminuir la pobreza. De un tajo, un grupo ya ganó más de 3 mil pesos.

Se han desperdiciado cuatro años donde no se han establecido criterios sólidos y consistentes para abatir y no sólo sostener la pobreza. Se han anulado las medidas que favorezcan el crecimiento económico, la sustentabilidad ambiental, la implementación de un régimen de bienestar universal basado en el ejercicio de los derechos sociales.

Debemos detener la simulación, en contraposición recalcamos la urgencia de aprobar la ley de austeridad propuesta por Morena. Es vergonzoso que solo se haya asignado al gasto corriente más de 2 billones de pesos, mientras que para la operación de programas sociales, a cargo de la Secretaría de Desarrollo Social, se le asignaron solo 71 mil millones de pesos. Menos del 3 por ciento, y en el caso de la economía social se le recortaron 950 millones de pesos.

La disminución de los recursos tiene que enfocarse en el gasto corriente no prioritario, no se deben afectar los programas sociales, los servicios públicos o la inversión en materia de infraestructura.

El futuro es desolador en materia presupuestal...

El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Concluya, por favor.

La diputada Norma Xochitl Hernández Colín:... y, en este sentido, no se vislumbra un augurio prometedor con el cambio del secretario de Desarrollo Social, al contrario, la designación atiende de nueva cuenta a intereses cupulares y a necesidades del Ejecutivo y a un partido en debacle.

Es reprochable que para el desempeño de un cargo público de tal envergadura...

El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Concluya, por favor, diputada.

La diputada Norma Xochitl Hernández Colín:... y no se requiera sensibilidad política y social, vocación, austeridad y, sobre todo, preparación institucional, solo ser cercano al presidente para preparar la maquinaria para el siguiente proceso en el Estado de México.

En Morena estaremos muy al pendiente en cuanto haya una mejor...

El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Concluya, por favor, diputada.

La diputada Norma Xochitl Hernández Colín:... y más justa erogación de los ingresos, así como el correcto desempeño de las funciones del nuevo secretario.

Estamos conscientes de que el país requiere un cambio en la administración pública como funcionarios comprometidos al servicio de la población, no operadores políticos al servicio de unos cuantos. Es cuanto.

El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Gracias, diputada Hernández. Tiene el uso de la voz, hasta por cinco minutos, la diputada Jorgina Gaxiola Lezama, del Partido Verde Ecologista.

La diputada Jorgina Gaxiola Lezama:Gracias. Con la venia de la Presidencia. Compañeros y compañeras, el día de hoy estamos dando cumplimiento al mandato constitucional que nos obliga a analizar el informe presidencial.

Al paso de cuatro años de la actual administración revisamos los avances que se han logrado durante este periodo de gobierno, especialmente tratándose de uno de los rubros más importantes, como lo es la educación.

Insistimos en que la reforma educativa es la reforma estructural más importante, porque ya empieza a marcar un cambio trascedente en nuestro país.

La educación debe ser observada como la herramienta indispensable para lograr erradicar la brecha de desigualdad entre los mexicanos. Reconocemos que en la presente administración se han ido implementando profundas transformaciones, que si bien son retos con muchas complejidades, lo cierto es que traen consigo cambios muy importantes en beneficio de la sociedad.

Como lo refiere el 4to. Informe de gobierno de la república, la reforma educativa establece siete prioridades, las cuales además son congruentes con los acuerdos alcanzados en lo que fue el Pacto por México.

La primera. Fue colocar a la escuela en el centro del sistema educativo para disminuir la carga burocrática de los planteles escolares y otorgarles mayor autonomía de gestión.

La segunda. Invertir más y mayor infraestructura, equipamiento y materiales educativos a través del programa de Escuelas al Cien y así mejorar las condiciones de infraestructura a más de 33 mil escuelas en todo el país.

Tercera. Fortalecer el desarrollo profesional docente, porque los maestros a través de su enseñanza son quienes llevan a los estudiantes la posibilidad de su desarrollo. La evaluación y capacitación busca que los maestros sean mejores, para que los alumnos también sean mejores.

El desarrollo profesional docente pone fin a los privilegios y prácticas ilegales que no ven ni por el bien de la niñez ni por el futuro del país.

Cuarta. La reforma educativa ha impulsado un nuevo modelo educativo, renovando el currículo de educación obligatoria. El mundo globalizado e interdependiente avanza a una velocidad que México debe de alcanzar.

Los estudiantes que hoy están en la escuela van a enfrentar un sistema internacional aún más complejo, para el cual deben estar preparados. No hay un camino más fácil, tenemos que tener mejores materiales educativos.

Quinta. Dar un renovado impulso a la equidad y la inclusión. Parte imprescindible de esta transformación es lograr erradicar la desigualdad y discriminación, lo que garantiza la integración equitativa de nuestras niñas y niños y adolescentes en todos los niveles de la enseñanza.

Sexta. La vinculación entre la educación y el mercado laboral. Busca que los estudiantes encuentren un trabajo formal, tanto en las empresas mexicanas como en las empresas extranjeras que se han establecido en el país.

El modelo mexicano de educación dual es un esfuerzo que apoyamos todos.

Séptima. La reforma administrativa de la Secretaría de Educación Pública. Porque su gestión debe estar a la altura de la transformación que estamos viviendo.

Del inicio de este gobierno al día de hoy hay un millón más de estudiantes que asisten a la escuela, hoy hay 36.4 millones de alumnas y alumnos entre educación básica, media superior, superior y técnica.

El 49.9 por ciento son mujeres y el 50.1 por ciento son hombres. El 86.7 por ciento del total de nuestros alumnos en México estudia en escuelas públicas.

La equidad y la educación en la educación pública es una realidad y eso es, sin duda, un motivo de celebración.

La educación como un derecho esencial para el desarrollo personal y profesional de las personas requiere ser de calidad y estamos en ese camino y el Partido Verde Ecologista no solo lo reconoce, lo apoya.

Estamos convencidos que desde su presentación la reforma educativa sentó bases sólidas para la construcción de nuevas políticas públicas en materia educativa.

Todo lo anterior es un esfuerzo imprescindible para alcanzar el desarrollo, al tiempo que garantizan la transición a una nación más incluyente, más equitativa, más justa y también más competitiva. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Gracias, diputada Gaxiola. Tiene el uso de la voz, hasta por cinco minutos, la diputada Araceli Saucedo Reyes, del Grupo Parlamentario del PRD.

La diputada Araceli Saucedo Reyes:Con su venia, presidente. ¿Qué ha cambiado en materia social en nuestro país, a cuatro años de la llegada de este gobierno? Tres secretarios que lo único que han hecho bien es una pasarela por esta dependencia, olvidándose que lo más importante es trabajar por una política social en México que nos ayude a erradicar la pobreza y la desigualdad que existe. Esos cambios repentinos en este gabinete han agregado cien mil pobres en nuestro país.

Ése es el resumen de la política social que vive nuestro país. Si en el 2015 la noticia fueron los dos millones de mexicanos que se sumaron a las filas de la pobreza, en el 2016 la noticia que da el Inegi es pretender acabar con la pobreza por decreto estadístico.

El gobierno federal prometió un entorno de mayor igualdad de oportunidades para todas y para todos. Sin embargo, vivimos en un país envuelto en la violencia, producto de esta exclusión social. Nuestra sociedad ha tenido grandes cambios que han imposibilitado este desarrollo para nuestras familias, olvidando que se requieren oportunidades educativas, laborales que permitan una vida digna y decorosa.

El gobierno ha propuesto enfocar las acciones del Estado en garantizar el ejercicio de los derechos sociales. En cambio, 22.3 millones de mexicanos presentan rezago educativo; 21.7 millones de mexicanos no cuentan con servicios de salud; y 27.9 millones de mexicanos no tienen hoy para comer en este país.

Cabe señalar que en materia de salud se concentra uno de los fracasos más rotundos de este gobierno. Y si acaso pensamos que es fatalista este argumento, los invito a pasar 48 horas en un hospital de servicio público, para ver las decadencias en las que hoy se encuentran nuestras familias mexicanas esperando un servicio digno para sus enfermos. Pero el gobierno, insensible, instrumenta una paulatina silenciosa de lo que será la próxima privatización de este sector. Esta circunstancia solo conducirá a la mala calidad en los servicios médicos.

En relación con la educación, el gobierno se sigue impulsando en medidas claramente laborales, generadoras de conflicto social. Pero sigue pendiente una gran reforma en materia educativa que nuestra fracción parlamentaria sigue y seguirá impulsando.

También el gobierno propuso cerrar las brechas de la desigualdad a nivel nacional, sin embargo, México se consolidó como un país pobre y desigual. El 1 por ciento de los mexicanos poseen el 43 por ciento de la riqueza. El siguiente 9 por ciento tiene el 21 y el 90 por ciento solamente posee el 36 por ciento.

México ocupa el lugar 16 por el tamaño de su economía, pero también 76 países del mundo presentan menor desigualdad de ingresos que el nuestro. En México los más ricos tienen ingresos 23 veces mayores que los más pobres, es decir, otro fracaso más de este gobierno federal.

Decisiones como estas permean en una sociedad que hoy se siente humillada y traicionada, engañada por un gobierno que ha demostrado su incapacidad de gobernar en política social. El aumento y la desconfianza en las instituciones generan esa brecha entre los ciudadanos y el gobierno, que cada día se hace más grande.

Compañeros diputados, la falta de esta política social e incluyente, con diagnósticos precisos que combatan las causas de los problemas que aquejan a la población, nos aleja de las medidas asistencialistas que solo sirven como paliativo a los grandes problemas nacionales que han limitado el ejercicio pleno de los derechos sociales y genera un uso opaco de los recursos que invariablemente tienden a utilizarse de manera electoral.

Con el nombramiento del nuevo titular de esta dependencia, pues hoy nos deja claro que el gobierno lo que pretende es cuidar ese bastión priísta que tiene en el estado de México, olvidándose que lo más importante es un perfil que sea capaz de generar esa política de fondo y que nos permita transformar lo que hoy México requiere.

No le tengamos miedo a estos cambios, una mayor igualdad puede ser éticamente superior y moralmente preferible. Desde esta tribuna, nuestra fracción parlamentaria seguirá trabajando por lo que hoy también se requiere en este país, que es la busca de ese salario digno que tanta falta le hace a las y los mexicanos. Muchísimas gracias. Es cuanto, presidente.

El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Gracias, diputada Saucedo. Tiene el uso de la voz, hasta por cinco minutos, la diputada Teresa de Jesús Lizárraga Figueroa, de la fracción parlamentaria del PAN.

La diputada Teresa de Jesús Lizárraga Figueroa:Con su venia, señor presidente, compañeras y compañeros diputados. Resulta necesario realizar un ejercicio crítico, pero también muy objetivo de lo hecho por este gobierno en materia de política social, los que sí sabían gobernar nos han entregado resultados mediocres en el último año, al igual que los tres años anteriores. No han sido capaces de atender los graves y profundos problemas sociales que enfrenta nuestro país.

El panorama es desolador en materia de salud y seguridad social, o en la atención de derechos de grupos de población como son las mujeres, los niños, los jóvenes, las personas con discapacidad o los pueblos indígenas a los cuales este gobierno les está quedando a deber.

Es evidente que los resultados de este 4to. Informe de Gobierno a nadie satisfacen y para muestra lo siguiente:

En materia de salud, la creciente afiliación al Seguro Popular que reporta el informe no nos dice mucho, pues la atención que reciben los beneficiarios es deficiente. No existe la infraestructura adecuada ni suficiente. Además, la falta de personal y de medicamentos en las unidades de atención sigue siendo la característica invariable de ese programa.

La ineficacia en la instrumentación de un enfoque preventivo en materia de salud nos enfrenta a serios problemas en materia de obesidad infantil, embarazo adolescente y adicciones, entre otros, lo que pone en grave riesgo a la niñez y nuestros jóvenes. Pero también en las poblaciones adultas el enfoque preventivo en materia de salud ha fallado y los problemas van en aumento.

La muerte materna sigue siendo un gran pendiente, pues todavía miles de mujeres mueren por falta de atención oportuna o por la falta de insumos para la salud que permitan una atención adecuada. Las personas con discapacidad, los adultos mayores y otros grupos de población vulnerable enfrentan los mismos problemas.

En materia de seguridad social se presume el fortalecimiento administrativo y financiero del IMSS, pero esto no se ha traducido en una mejor y mayor cobertura de las prestaciones de salud y seguridad social a que tienen derecho las trabajadoras y trabajadores.

En materia de vivienda, el informe del PRI-gobierno presume que más de dos millones 500 mil familias han adquirido una vivienda con créditos del Infonavit o del Fovissste, pero le faltó aclarar que 70 por ciento de los créditos otorgados provienen del Infonavit, quien presenta los créditos más caros del mercado financiero. No son créditos baratos para los trabajadores mexicanos.

Ahora bien, en cuanto a la perspectiva de género se presume una inversión de 26 mil millones de pesos en distintos programas y acciones para avanzar a la igualdad. Sin embargo, el CEAMEG ha detectado que en siete de cada 10 de los programas para mujeres existen subejercicios, y en varios programas más se gastan el dinero que se etiqueta para la igualdad entre mujeres y hombres en la limpieza y mantenimiento de edificios públicos.

Para los jóvenes tampoco hay buenas noticias en el informe del PRI-gobierno. Vale la pena tener claro que en primer trimestre del año la tasa de desempleo juvenil fue la mayor en más de 11 años. Ante esta realidad el Servicio Nacional del Empleo reporta la colocación en un empleo de 134 mil jóvenes de enero a junio de 2016; hablamos de 900 mil jóvenes desempleados y sólo poco más de 134 mil fueron contratados a través de sus programas; más del 80 por ciento de los jóvenes se quedan sin oportunidades laborales.

Por otro lado, en relación con los apoyos a los adultos mayores, el informe minimiza el retroceso evidente en el programa Pensión para adultos mayores, pasando de 5.7 millones de beneficiarios en 2015, a 5.5 en 2016. Esto significa que mientras la población de adultos mayores crece en nuestro país, las acciones de gobierno para su atención retroceden.

El 4to. Informe del PRI-gobierno señala un firme compromiso con el bienestar y el desarrollo integral de todas las comunidades indígenas. Sin embargo en el informe no observamos una estrategia integral y coherente que se encamine a cambiar la situación tan indigna que enfrentan los pueblos y comunidades indígenas. Basta lo que se ha señalado para reformar una política social fallida, ineficaz y poco transparente. Se ha repetido una y otra vez que las cosas buenas casi no se cuentan, pero hay muchas más que el gobierno quisiera que no se cumplieran.

En Acción Nacional lamentamos que el nuevo titular de la Sedesol en lugar de estar preocupado por buscar alternativas para combatir la pobreza y la desigualdad, esté más ocupado en sus propios lujos como pedir un Jetta al Estado Mayor Presidencial para viajar más cómodo a Chiapas, o solicitar un helicóptero para trasladarse de Campo Marte al aeropuerto, y más preocupante aún es que quien va a administrar los recursos destinados al desarrollo social no ha presentado aún su declaración patrimonial, y se ha caracterizado por su opacidad. Vaya forma de comenzar su encargo.

Compañeras y compañeros diputados, asumamos nuestra responsabilidad frente a la nación y sus ciudadanos. Que quede claro, Acción Nacional seguirá trabajando de manera responsable y constructiva en favor de las familias mexicanas. Es cuanto, diputado presidente.

Presidencia del diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, compañera diputada.

De conformidad con lo que establece el artículo 7o., numeral cinco de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la versión estenográfica de esta sesión será remitida al presidente de la república, para su conocimiento.

Continúe la Secretaría con comunicaciones.

COMUNICACIONES OFICIALES

La Secretaria diputada Ernestina Godoy Ramos: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LXIII Legislatura.— Mesa Directiva.

Maestro Mauricio Farah Gebara, Secretario General de la Cámara de Diputados.— Presente.

Para su conocimiento y efectos procedentes, en cumplimiento del resolutivo segundo del acuerdo de la Junta de Coordinación Política aprobado en esta fecha, me permito comunicarle que el día de hoy, el Senado de la República, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo transitorio séptimo del decreto de reforma constitucional en materia de reforma política de la Ciudad de México, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de enero del año en curso, designó a los siguientes senadores que fungirán como diputados constituyentes de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México:

1. Senadora María Lorena Marín Moreno.2. Senador Juan Carlos Romero Hicks.3. Senador Armando Ríos Piter.4. Senador Carlos Alberto Puente Salas.

Las cuatro designaciones anteriores complementan la lista de senadores que integraran la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, designados en la sesión del 28 de abril de 2016 y cubren las vacantes generadas por la separación de los senadores que por diversos motivos no están en posibilidad de cumplir con el encargo de diputados constituyentes.

Por lo anterior y después de haber realizado los procesos de selección dispuestos por el decreto de reformas constitucionales antes mencionado y las disposiciones reglamentarias, quedan completas las catorce designaciones que debe hacer el Senado de la República.

La lista completa y actualizada de senadores designados para constituir y participar en la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México es la siguiente:

Senador Raúl Cervantes AndradeSenador Enrique Burgos GarcíaSenadora Lisbeth Hernández LeconaSenador Joel Ayala AlmeidaSenadora Yolanda de la Torre ValdezSenador Roberto Gil ZuarthSenadora Mariana Gómez del Campo GurzaSenador Ernesto Javier Cordero ArroyoSenadora Gabriela Cuevas BarrónSenadora María de los Dolores Padierna LunaSenadora Lorena Marín MorenoSenador Juan Carlos Romero HicksSenador Armando Ríos PiterSenador Carlos Alberto Puente Salas

Atentamente

Ciudad de México, a 13 de septiembre de 2016.— Senador Pablo Escudero Morales (rúbrica), presidente.»

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: De enterado.

———————— o ————————

La Secretaria diputada Ernestina Godoy Ramos: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.— Junta de Coordinación Política.

Diputado Edmundo Javier Bolaño Aguilar, Presidente de la Mesa Directiva de la Honorable Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le ruego someter a consideración del pleno de la Cámara de Diputados las modificaciones en la integración de las comisiones que se señalan, solicitadas por el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

• Que la diputada Ruth Noemí Tiscareño Agoitia cause baja como secretaria de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción.

• Que la diputada Juana Aurora Cavazos Cavazos cause alta como secretaria en la Comisión de Transparencia y Anticorrupción.

• Que el diputado Jorge Carlos Ramírez Marín cause baja como integrante de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción.

• Que la diputada Ruth Noemí Tiscareño Agoitia cause alta como integrante en la Comisión de Transparencia y Anticorrupción.

• Que el diputado Fidel Almanza Monroy cause baja como integrante de la Comisión de Defensa Nacional.

• Que el diputado Fidel Almanza Monroy cause alta como integrante en la Comisión de Deporte.

• Que el diputado Efraín Arellano Núñez cause baja como integrante de la Comisión de Reforma Agraria.

• Que el diputado Efraín Arellano Núñez cause alta como integrante en la Comisión de Agua Potable y Saneamiento.

• Que el diputado Benjamín Medrano Quezada cause baja como integrante de la Comisión del Distrito Federal.

• Que el diputado Benjamín Medrano Quezada cause alta como integrante en la Comisión de Derechos Humanos.

Sin otro particular, le reitero mi consideración distinguida.

Atentamente

Palacio Legislativo, México, DF, a 14 de septiembre de 2016.— Diputado Francisco Martínez Neri (rúbrica), Presidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.— Junta de Coordinación Política.

Diputado Edmundo Javier Bolaño Aguilar, Presidente de la Mesa Directiva de la Honorable Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le ruego someter a consideración del pleno de la Cámara de Diputados las modificaciones en la integración de las comisiones que se señalan, solicitadas por el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

• Que el diputado Gustavo Madero Muñoz cause baja como presidente de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables.

• Que el diputado Gustavo Madero Muñoz cause baja como integrante de la Comisión de Desarrollo Social.

• Que el diputado Gustavo Madero Muñoz cause baja como integrante de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos.

• Que el diputado Gustavo Madero Muñoz cause baja como integrante del Comité del Centro de las Finanzas Públicas.

• Que el diputado Gustavo Madero Muñoz cause baja como integrante del Grupo de Amistad México-Francia.

• Que el diputado Gustavo Madero Muñoz cause baja como integrante del Grupo de Amistad México-Honduras.

• Que el diputado Gustavo Madero Muñoz cause baja como vicepresidente del Grupo de Amistad México-Reino Unido.

• Que el diputado Luis Fernando Mesta Soule cause alta como presidente de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables.

• Que el diputado Jorge Ramos Hernández cause baja como integrante de la Comisión de Desarrollo Rural.

• Que el diputado Jorge Ramos Hernández cause alta como integrante en la Comisión de Desarrollo Social.

• Que la diputada Adriana Elizarrarás Sandoval cause baja como integrante de la Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego.

• Que la diputada Adriana Elizarrarás Sandoval cause alta como integrante en la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos.

• Que el diputado Luis Fernando Mesta Soule cause alta como integrante en la Comisión de Desarrollo Rural.

• Que el diputado Luis Fernando Mesta Soule cause alta como integrante en la Comisión de Agricultura y Ganadería.

Sin otro particular, le reitero mi consideración distinguida.

Atentamente

Palacio Legislativo, México, DF, a 14 de septiembre de 2016.— Diputado Francisco Martínez Neri (rúbrica), Presidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.— Junta de Coordinación Política.

Diputado Edmundo Javier Bolaño Aguilar, Presidente de la Mesa Directiva de la Honorable Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le ruego someter a consideración del pleno de la Cámara de Diputados las modificaciones en la integración de las comisiones que se señalan, solicitadas por el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

• Que el diputado Guadalupe Acosta Naranjo cause baja como integrante de la Comisión de Recursos Hidráulicos.

• Que el diputado Daniel Ordoñez Hernández cause baja como presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales.

• Que el diputado Guadalupe Acosta Naranjo cause alta como presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales.

Sin otro particular, le reitero mi consideración distinguida.

Atentamente

Palacio Legislativo, México, DF, a 14 de septiembre de 2016.— Diputado Francisco Martínez Neri (rúbrica), Presidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.— Junta de Coordinación Política.

Diputado Edmundo Javier Bolaño Aguilar, Presidente de la Mesa Directiva de la Honorable Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le ruego someter a consideración del pleno de la Cámara de Diputados las modificaciones en la integración de las comisiones que se señalan, solicitadas por el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

• Que el diputado José de Jesús Zambrano Grijalva cause alta como vicepresidente del Grupo de Amistad México-República Árabe Saharahui.

• Que el diputado Juan Fernando Rubio Quiroz cause alta como integrante del Grupo de Amistad México-República Árabe Saharahui.

Sin otro particular, le reitero mi consideración distinguida.

Atentamente

Palacio Legislativo, México, DF, a 14 de septiembre de 2016.— Diputado Francisco Martínez Neri (rúbrica), Presidente.»

En votación económica se pregunta si es de aprobarse. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y lo diputados que estén por la negativa sírvase manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Aprobadas, comuníquese.

INICIATIVAS Y PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: En términos de los artículos 100 y 102 del Reglamento, las iniciativas y proposiciones contenidas en el orden del día serán turnadas a las comisiones que correspondan, publicándose el turno en la Gaceta Parlamentaria.

«Comunicación de la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, por la que informa el turno que le corresponde a las iniciativas con proyecto de decreto y a las proposiciones con punto de acuerdo registradas en el orden del día del miércoles 14 de septiembre de 2016, de conformidad con los artículos 100, numeral 1, y 102, numeral 3, del Reglamento de la Cámara de Diputados.

Con fundamento en los artículos 100, numeral 1, y 102, numeral 3, del Reglamento de la Cámara de Diputados, se informa a la honorable asamblea los turnos dictados a las proposiciones con punto de acuerdo, registradas en el orden del día del 14 de septiembre de 2016 y que no fueron abordadas.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de septiembre de 2016.— Diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar (rúbrica), Presidente.»

«Iniciativas con proyecto de decreto

1. Que reforma los artículos 47 y 116 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, suscrita por el diputado Jesús Sesma Suárez y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Turno:Comisión de Derechos de la Niñez, para dictamen.

Proposiciones con punto de acuerdo

1. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SEP y a las Secretarías de Educación de las entidades federativas, para que vigilen la prohibición de la venta de productos alimenticios “chatarra”, en las escuelas del Sistema Educativo Nacional, a cargo del diputado Armando Luna Canales, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno:Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para dictamen.

2. Con punto de acuerdo, relativo al impacto ambiental y las afectaciones a la comunidad derivados del proyecto de obra de ampliación e incorporación de la autopista México-Puebla, a cargo de la diputada Ana Leticia Carrera Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Turno:Comisión de Transportes, para dictamen.

3. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los Gobiernos de las entidades federativas, para que impulsen políticas públicas encaminadas a generar en la población una cultura de separación de residuos sólidos, suscrito por el diputado Enrique Zamora Morlet y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Turno:Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen.

4. Con punto de acuerdo, relativo a la autorización el proyecto hidroeléctrico Coyolapa-Atzala, a cargo del diputado Miguel Alva y Alva, del Grupo Parlamentario de Morena.

Turno:Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen.

5. Con punto de acuerdo, relativo a la Plataforma Nacional de Transparencia, a cargo de la diputada María Candelaria Ochoa Ávalos, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Turno:Comisión de Transparencia y Anticorrupción, para dictamen.

6. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los congresos locales de las 32 entidades federativas, que en el ámbito de sus atribuciones, procuren la revisión, estudio y en su caso, reformar o adicionar el tipo penal del delito de acoso sexual, suscrito por la diputada Evelyng Soraya Flores Carranza y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Turno:Comisión de Justicia, para dictamen.

7. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la ASF, a auditar los procesos de contratación de los hospitales generales de Ticul, Mérida y Culiacán, y a la SFP, a difundir las consecuencias de la auditoría realizada al hospital general doctor Gonzalo Castañeda Escobar, suscrito por los diputados Araceli Damián González, Mariana Trejo Flores y Rogerio Castro Vázquez, del Grupo Parlamentario de Morena.

Turno:Comisión de Transparencia y Anticorrupción, para dictamen.

8. Con punto de acuerdo, relativo a la implementación de medidas en contra del uso de asbesto en las tuberías de agua potable de la CDMX, y con ello prevenir efectos adversos en la salud, a cargo de la diputada María Victoria Mercado Sánchez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Turno:Comisión del Distrito Federal, para dictamen.

9. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SEP, a que implemente una campaña masiva de comunicación donde informe a la población sobre la naturaleza voluntaria de las cuotas en favor de centros escolares, y sobre las responsabilidades en que incurren las personas o servidores públicos que infrinjan la normatividad aplicable, suscrito por las diputadas Norma Xóchitl Hernández Colín y Patricia Aceves Pastrana, del Grupo Parlamentario de Morena.

Turno:Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para dictamen.

10. Con punto de acuerdo, relativo a la descarga de aguas residuales en los ríos, lagunas y playas del municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, a cargo del diputado Moisés Guerra Mota, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Turno:Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen.

11. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Segob, a instruir a la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, para que a través del Mecanismo de Seguimiento de Casos de Tortura Sexual, emita el dictamen correspondiente al caso de Verónica Razo, a cargo de la diputada Claudia Sofia Corichi García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Turno:Comisión de Igualdad de Género, para dictamen.»

INICIATIVA

LEY GENERAL DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

«Iniciativa que reforma los artículos 47 y 116 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, suscrita por el diputado Jesús Sesma Suárez e integrantes del Grupo Parlamentario del PVEM

Quienes suscriben, diputado Jesús Sesma Suárez y diputados del Partido Verde Ecologista de México, en la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 77, numeral 1, y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 47, adicionando un párrafo VIII; y la fracción 15 del artículo 116 de la Ley General de los Derechos d Niñas, Niños y Adolescentes, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El Partido Verde Ecologista de México está convencido que se debe contribuir al fortalecimiento nacional a través de proveer un marco legislativo federal adecuado a las condiciones actuales sociales, económicas y ambientales del país, vinculando y articulando esta tarea legislativa con todos los actores que confluyen en este sector y asegurando que las niñas, niños y adolescentes de México tengan satisfecho su derecho a la prevención de los problemas de salud mental.

México ratificó la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) el 21 de septiembre de 1990, reconociendo que todas las niñas, niños y adolescentes, sin ninguna excepción, tienen derechos. Asimismo, de acuerdo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la CDN forma parte del orden jurídico mexicano.

Como parte de los compromisos adquiridos al ratificar la CDN, el Estado mexicano se comprometió a presentar informes ante el Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, sobre las medidas que ha adoptado para dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en dicho tratado internacional.

El 19 y 20 de mayo de 2015, el Comité de los Derechos del Niño, como órgano de vigilancia de la CDN, examinó las medidas y acciones que se han llevan a cabo en México y, en respuesta, emitió sus Observaciones Finales (CRC/C/MEX/CO/4-5) con la finalidad de que éstas sean implementadas en concordancia con las disposiciones y principios de la CDN, para cumplir con el objeto de la misma: el respeto y garantía de los derechos de niñas, niños y adolescentes.

Las oficinas en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) y del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), como parte de sus mandatos de divulgar el contenido de la Convención de los Derechos del Niño y las actividades que desarrolla el comité, presentaron observaciones finales sobre los informes periódicos cuarto y quinto consolidados de México.

El Partido Verde Ecologista de México está preocupado por el bienestar físico y mental de los niños expuestos a la violencia del toreo, y las actuaciones asociadas a ella, así como del bienestar mental y emocional de los niños espectadores que están presentes en dichas corridas de toros.

En ese orden de ideas el Comité de los Derechos del Niño de la Organización de las Naciones Unidas en el documento denominado Observaciones finales sobre los informes periódicos cuarto y quinto consolidados de México, en el apartado 31 de la página siete: Derecho de niñas y niños a una vida libre de toda forma de violencia.

Señala que “Aunque el comité acoge con satisfacción los contenidos de la Ley General de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, en relación con la aprobación de legislación y políticas en los niveles federal y estatal para prevenir, atender y sancionar todo tipo de violencia contra niñas y niños, les preocupa la efectiva implementación de estos contenidos y la prevalencia de la impunidad frente a casos de violencia contra niñas y niños en el país. Además, el comité está preocupado de manera particular por el apartado d).

d) El bienestar mental y físico de niñas y niños involucrados en entrenamiento para corridas de toros y en actuaciones asociadas a esto, así como el bienestar mental y emocional de los espectadores infantiles que son expuestos a la violencia de las corridas de toros .

Asimismo en el apartado 32 del citado documento se menciona que en retrospectiva de las observaciones generales octava (2006) sobre el derecho del niño a la protección contra los castigos corporales y otras formas de castigo crueles o degradantes y decimotercera (2011) sobre el derecho del niño a no ser objeto de ninguna forma de violencia, el comité había instado al Estado mexicano, parte a adoptar, a nivel federal y estatal, leyes y políticas integrales para prevenir y sancionar toda forma de violencia y proteger y asistir a niñas y niños víctimas.

Por lo que el Partido Verde Ecologista de México coincide con el comité en que el “El estado parte también debe:

g) Adoptar medidas para hacer cumplir la prohibición en lo relacionado a la participación de niñas y niños en el entrenamiento y actuaciones de corridas de toros como una de las peores formas de trabajo infantil, y tomar medidas para proteger a niñas y niños en su capacidad de espectadores, creando conciencia sobre la violencia física y mental asociada con las corridas de toros y el impacto de esto sobre niñas y niños .

Los tratados internacionales en materia de derechos humanos firmados por los estadossuelen tener tres partes:

1. El listado de derechos que se van a reconocer o su contenido normativo.

2. Las obligaciones del estado respecto a esos derechos.

3. Una estructura “remedial” o los recursos que se pueden intentar en caso de incumplimiento de esa obligación (Amparo)

4. Derivado de la reforma constitucional, el estado asume obligaciones emanadas de instrumentos internacionales en materia de derechos humanos.

El derecho internacional reconoce cuatro tipos de obligaciones por parte del estado:

1. El deber de respetar;

2. El deber de garantizar;

3. El deber de adoptar medidas apropiadas, y;

4. El deber de establecer recursos efectivos.

Por lo que el Partido Verde Ecologista de México coincide con el comité en que el “El estado parte también debe abstenerse de vulnerar un contenido normativo reconocido en un tratado de derechos humanos. Una obligación de no hacer cuyo alcance es radical, su prohibición absoluta, la negativa es terminante. Significa que “los estados (...) deben abstenerse de violar los derechos reconocidos (...) y cualquier restricción a cualquiera de esos derechos debe ser permisible de conformidad con las disposiciones (aplicables al caso) 4. La salud puede ser entendida, en una primera aproximación, como un estado de equilibrio no solamente físico, también psíquico y espiritual. En este sentido se puede decir que la salud es uno de los anhelos esenciales del ser humano que constituye la cualidad preciada para poder satisfacer cualquiera otra necesidad o aspiración de bienestar y felicidad, si bien, la salud no puede ser identificada taxativamente como felicidad o bienestar sin más.

Asimismo la salud es el medio que permite a los seres humanos y a los grupos sociales desarrollar al máximo sus potencialidades, esto es, sería como la condición de posibilidad que permite la realización del potencial humano de cualquier persona.

Desde un enfoque integrador y convergente, se puede decir que la salud es uno de los mayores bienes del ser humano y que se inscribe en todas las dimensiones de su existencia, y en este sentido tiene que establecerse como derecho, para que en la medida de los posible se pueda garantizar y ser justificable.

En toda una variedad de elementos y percepciones se puede destacar cómo se concibe la salud desde algunas de vertientes o de qué tipos de modelos de salud podemos hablar hoy día:

La salud psíquica: es la capacidad de autonomía mental para reaccionar ante las dificultades y los cambios del ambiente (poseer capacidades intelectuales, procesar y comprender la información dada, ejecutar la capacidad para tomar decisiones, etcétera.) Cobra importancia la capacidad de asimilar los cambios y las dificultades, así como la de aceptar y/o modificar el ambiente para obtener satisfacciones personales básicas, de manera que la persona sea capaz de establecer relaciones interpersonales armoniosas.

La salud social: es la condición necesaria para la salud física y mental. La salud vendría identificada, desde esta comprensión, con la capacidad del individuo para relacionarse e integrarse con la urdimbre cultural que le haya tocado vivir, así como con su capacidad de desarrollar o adaptarse al rol o la tarea social que el mismo pueda y quiera darse o la sociedad decida otorgarle.

La salud ecológica: Las posibilidades de llevar una vida mínimamente normal están en relación directa con la salud ambiental: aire puro, agua limpia, control de ruidos, belleza del ambiente, etcétera.

El hombre es un ser vivo solidario del resto de la biosfera, esto es un ser con un entorno. El ambiente, puede influir o predisponer a la persona a tener más o menos salud y a desarrollar o no alguna enfermedad.

De lo anterior se colige que por sus elementos, su transformación y por lo que el ser humano es o puede llegar a ser en relación a la salud, la determinación es compleja.

Quienes integramos el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México defendemos la protección animal, pero sobre todo, nos oponemos a las actividades que atenten contra los derechos de nuestros niños y que ya se señalen por la comunidad internacional y académica como actividades particulares que inciden en la interacción social de manera nociva, y en donde sea necesario que el estado intervenga, como en el caso del costumbrismo o incitación a la violencia a la cual exponen los padres aficionados a la tauromaquia a sus hijos de manera reiterada, generando una habituación a la violencia.

En congruencia, también nos pronunciamos para que los congresos locales realicen su labor para proteger los derechos de los niños y niñas mexicanos, y que ha motivado este documento, a fin de cumplir con las directrices establecidas en la Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por México.

En el artículo 6 se pone de relieve la obligación de los estados parte de garantizar la supervivencia, el crecimiento y el desarrollo del niño, en particular las dimensiones físicas, mentales, espirituales y sociales de su desarrollo.

Hay que determinar sistemáticamente los numerosos riesgos y factores de protección que determinan la vida, la supervivencia, el crecimiento y el desarrollo del niño para idear y poner en práctica intervenciones de base empírica encaminadas a hacer frente a los diversos determinantes que surgen durante la trayectoria mental, un estudio realizado en 2004 por psicólogos de la Universidad Complutense de Madrid y la Universidad de Swansea en Gales concluye que los mensajes verbales que acompañan la retransmisión de una corrida de toros tienen consecuencias significativas en la agresividad, la ansiedad y los niveles de impacto emocional de los niños y niñas de entre 8 y 12 años.

Más entre los niños varones que entre las niñas. También, que los niños están más mediatizados por la interpretación cognitiva de lo que está sucediendo que por el espectáculo de la violencia y la crueldad dado que señala que “... el medio ambiente es, sin duda, un importante modulador de la conducta humana [Bandura, 1977, 1989].

Las costumbres de una determinada sociedad están estrechamente relacionados con sus actividades. Los medios de comunicación, televisión, prensa, radio y películas de reestructurar las prácticas institucionales e influencia la forma en que se comporta la gente.

Estas comunicaciones son las principales formas de configurar nuestra socialmente actitudes, creencias y opiniones, y pueden tener un impacto aún mayor en los niños y adolescentes, que no han desarrollado el pensamiento crítico o una apreciación trascendente de lo social”.

El estudio revela en su metodología y experimentación que “(...) escenas violentas tiene un mayor impacto en el comportamiento en los niños que en los adultos. Viemerö (1986) y Viemerö et al. (1998) han demostrado que la visualización de escenas violentas tiene un efecto mayor en personas menores a 19 años de edad que en los adultos. Las niñas parecen ser capaces de distinguir mejor entre la realidad y la ficción. Los niños tienden a interpretar lo que ven en términos de lo que podría ser posible o socialmente esperado, identificar más fácilmente con los personajes agresivos (Huesmann, 1986; Huesmann et al., 1998).

La justificación moral de escenas violentas también juega un papel interesante en el comportamiento final del espectador. Cuanto más se trata de justificar moralmente la acción, mayores expectativas sociales en este sentido se crean, es más aceptable el comportamiento resultante (Ramírez, 1991, 1993).

Creencias normativas (creencias individuales acerca de qué comportamientos son adecuados o no en situaciones específicas, para discriminar la relación entre la visión escenas violentas y actos reales de agresión (Huesmann et al., 1996). Sin embargo, la observación de escenas violentas aumenta la tolerancia a la agresión y enseña a los observadores a aumentar sus niveles de agresión aceptable (Drabman et al. 1977; Drabman y Thomas, 1975; Molitor y Hirsch, 1994; Watt y Krull, 1977).

Por lo que en virtud de lo aquí expuesto quienes integramos el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, proponemos y ponemos a consideración de esta honorable asamblea la presente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforma el artículo 47, adicionando un párrafo VIII; y la fracción 15 del artículo 116 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes

Artículo Único. Se reforma el artículo 47, adicionando un párrafo VIII; y la fracción 15 del artículo 116 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, para quedar como sigue:

Artículo 47. Las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, están obligadas a tomar las medidas necesarias para prevenir, atender y sancionar los casos en que niñas, niños o adolescentes se vean afectados por:...

I. a VII. ...

VIII. La asistencia y/o la participación en eventos taurinos que por su naturaleza implique el ejercicio de violencia explícita, lo cual atenta contra la integridad psicológica de niñas, niños y adolescentes.

Artículo 116. ...

...

XV. Propiciar las condiciones idóneas para crear un ambiente libre de violencia en las instituciones educativas, se establezca la promoción, en todos los niveles de la enseñanza, del fomento del respeto a los animales, excluyendo expresamente las corridas de toros como tales de los contenidos educativos y se prohíba la asistencia de niñas, niños y adolescentes a eventos taurinos.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas:

1 Comité de los Derechos del Niño de la Organización de las Naciones Unidas. (2015). Derecho de niñas y niños a una vida libre de toda forma de violencia. En Observaciones finales sobre los informes periódicos cuarto y quinto consolidados de México (8, 9). México, D.F.: Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) México.

2 Ibídem.

3 Carlos Villán Durán describe al derecho internacional de los derechos humanos como el “sistema de principios y normas que regulan un sector de las relaciones de cooperación institucionalizada entre Estados (...), cuyo objeto es el fomento del respeto a los derechos humanos y libertades fundamentales universalmente reconocidos, así como el establecimiento de mecanismos de garantía y protección de tales derechos y libertades, los cuales se califican de preocupación legítima y, el algunos casos, de interés fundamental para la actual comunidad internacional de estado en su conjunto” Carlos Villán dura, Curso de derecho internacional de los derechos humanos, Trotta, Madrid, 2002, pp. 85 y 86.

4 Comité de Derechos Humanos, Observación general 31, “Comentarios generales adoptados por el Comité de los Derechos Humanos, la índole de la obligación jurídica general impuesta”, 80 periodo de sesiones, UN.DocHRI/GEN/I/Rev.7al225 (2004), párrafo 6.

5 L. Fleito, Ética profesional de la enfermería, PPC, Madrid 2000, 148.

6 J.L. Gran, J.A. Cruzado, J.M. Andreu, M.J. Muñoz-Rivas, M.E. Peña and P.F. Brain. (2004). Effects of Viewing Videos of Bullfights on Spanish Children. En AGGRESSIVE BEHAVIOR (1-28). Madrid. Spain: Wiley-Liss, Inc.

7 Ibídem.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de septiembre de 2016.— Diputados: Jesús Sesma Suárez (rúbrica).»

Se remite a la Comisión de Derechos de la Niñez, para dictamen.

PROPOSICIONES

PROHIBICIÓN DE LA VENTA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS “CHATARRA”, EN LAS ESCUELAS DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a la SEP y sus homólogas locales a vigilar que se cumpla la prohibición de vender comida “chatarra” en las escuelas del sistema educativo nacional, a cargo del diputado Armando Luna Canales, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, diputado Armando Luna Canales integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracciones I, III, IV y VI, y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Educación Pública Federal y a las secretarías de educación de las entidades federativas, para que vigilen la prohibición de la venta de productos alimenticios “chatarra” en las escuelas del Sistema Educativo Nacional, conforme a las siguientes:

Consideraciones

I. La Diabetes: un problema de salud grave en México y en el mundo

En años recientes, países desarrollados y en vías de desarrollo se han visto enormemente afectados por la prevalencia de las enfermedades que la Organización Mundial de la Salud (OMS) denomina “no transmisibles”. Se trata de aquéllos padecimientos que no se contagian de una persona a otra, sino que se desarrollan debido a otros factores tales como la predisposición genética, el estilo de vida o la exposición a ciertos elementos ambientales (como el tabaco u otras toxinas).

Hemos dejado atrás la etapa en que los únicos grandes riesgos para la salud pública eran los padecimientos transmitidos por virus, bacterias o insectos, pues hoy en día este tipo de padecimientos –que aún existen y azotan fuertemente a regiones en desarrollo, como lo hacen el Sida y la malaria– conviven también con otras nuevas amenazas, que son las enfermedades no transmisibles.

Mientras que ciertas regiones del mundo (en especial las menos desarrolladas) aún destinan grandes cantidades de sus recursos a luchar contra enfermedades infecciosas como la tuberculosis y la malaria; los nuevos estilos de vida del hombre moderno y sedentario han traído nuevas enfermedades mortales: como el tabaquismo, la hipertensión, el cáncer, y la diabetes Tipo II.

La obesidad está ahora reconocida por la Organización Mundial de la Salud como una epidemia, particularmente en países desarrollados, pero cada vez más entre países de ingresos medios, gracias al acceso facilitado y barato a comidas y bebidas “chatarra” y azucaradas.El costo relativamente bajo de estas comidas “chatarra”, así como su intenso mercadeo en sociedades como la mexicana –en particular su disponibilidad en escuelas y centros educativos infantiles– contribuye al problema de obesidad que ha sido prevalente en México en las últimas décadas, y que crece alarmantemente entre niños y adolescentes. La Organización Mundial de la Salud ha aclarado, más allá de toda duda, que la obesidad incrementa el riesgo de padecer Diabetes Tipo II 1.

En países como México, persisten grandes disparidades internas en cuanto a desarrollo y salud. Podemos encontrar que, mientras en ciertas regiones hay grupos poblacionales que aún sufren el tipo de desnutrición “clásico” –por falta de alimentos suficientes, estrictamente falta de calorías, proteínas y vitaminas– que solemos ver representado en forma de niños demasiado delgados, con su crecimiento estancado por falta de nutrientes; otro tipo de malnutrición se manifiesta cada vez más entre las poblaciones rurales y urbanas. La obesidad también es un tipo de malnutrición, pues representa una ingesta excesiva de sustancias que el cuerpo necesita sólo en cantidades bajas (como azúcares refinadas, colesterol y grasas industrializadas), en lugar de ingerir los nutrientes adecuados como vitaminas, minerales, fibra y proteínas; y es una malnutrición que también causa daños y que pone en riesgo la vida. La obesidad es causada generalmente por alguno o, con mayor frecuencia, varios de los siguientes factores: la ingesta excesiva de calorías, el ejercicio físico insuficiente, y la ingesta elevada de azúcares refinadas como las presentes en refrescos, bebidas azucaradas, golosinas y las comidas denominadas “chatarra”.

Mientras que en muchas regiones aún hay niños de grupos vulnerables que presentan la desnutrición “clásica” que suele ser sintomática de la marginación extrema, otros niños –de todos los grupos socioeconómicos– se encuentran malnutridos a la manera del siglo XXI: presentando obesidad u obesidad mórbida que los coloca en alto riesgo de desarrollar Diabetes Tipo II.

México está liderando tasas globales de obesidad en adultos, y de obesidad infantil. De acuerdo a la Encuesta Nacional en Salud y Nutrición (Ensanut) de 2006, 26 por ciento de los niños mexicanos entre 5 y 11 años de edad presentaban una “prevalencia combinada de sobrepeso y obesidad”, y lo mismo presentaba 31 por ciento de adolescentes (de lo cual se infiere que a mayor edad, está habiendo mayores tasas de sobrepeso y obesidad); y los números han empeorado en los años más recientes.

De acuerdo con los perfiles-país de la Organización Mundial de la Salud, las tasas de obesidad en México en adultos de más de 20 años son de 26.7 por ciento en varones y 38.4 por ciento en mujeres. A efectos comparativos, en un país como Suecia las tasas son de 18.2 por ciento y 15.0 por ciento, respectivamente. Como se mencionó anteriormente, niños y adolescentes obesos o con sobrepeso, tienen altas probabilidades de seguir obesos en su edad adulta.

El consumo de refrescos y otras bebidas azucaradas es especialmente alto en México: datos de la propia Compañía Coca-Cola revelan que México tuvo, por mucho, el consumo per-cápita más alto de porciones de refrescos y bebidas azucaradas en el mundo, en 2011.

El peso excesivo y la obesidad han seguido aumentando entre todos los grupos socioeconómicos, edades y regiones; lo que ha llevado a México a ocupar el segundo lugar a nivel mundial en obesidad adulta y el primero en obesidad infantil. Esto presenta un serio riesgo a la salud pública, toda vez que una buena parte de estos niños crecerán desarrollando condiciones que se ha demostrado que es más fácil adquirir cuando el sobrepeso y la obesidad están presentes, como Diabetes Tipo II y enfermedades cardiovasculares. En años recientes, enfermedades que estaban previamente asociadas a la edad adulta, se ven más y más entre niños y adolescentes. La Diabetes Tipo II es una de ellas.

Pese a que se han emprendido acciones para atajar este problema, han resultado insuficientes. Por ser en sí mismo un tema multifactorial, ha sido y sigue siendo necesario adoptar estrategias diversas:fomentar la educación del público mediante campañas de salud, incentivar la actividad física y el deporte desde edades preescolares, adoptar medidas como los impuestos a las bebidas azucaradas y comidas chatarra, y prohibir la venta de productos “chatarra” en escuelas y otros centros infantiles.

En el marco del Día Mundial de la Diabetes, que celebran organismos internacionales el 14 de noviembre, es necesario que se sigan diseñando y sobre todo implementando eficazmente medidas para la prevención de la obesidad y su consecuente riesgo de desarrollar Diabetes Tipo II.Una de las medidas más importantes a este respecto, debe ser la prohibición de la venta de productos “chatarra” en las escuelas.

I. Ejemplo de consumo excesivo de calorías por productos “chatarra” en niños

Para ilustrar cuántas calorías excesivas podría estar consumiendo un niño de edad escolar durante horas escolares, gracias a la disponibilidad de productos “chatarra” en escuelas, sirva el siguiente ejemplo:

Si un niño compra en su escuela una botella de Coca-Cola de 600 mililitros (la presentación más común en México), consume 252 calorías, lo cual representaría, de acuerdo a la Norma Oficial Mexicana: Recomendaciones de Consumo para la Población Mexicana, un 16 por ciento de la ingesta recomendada diaria de calorías (basado en una ingesta diaria de mil 580 calorías diarias para un niño entre 8 y 11 años de edad). Y dado que se trata de una bebida, son “calorías vacías” que no dan satisfacción completa a la sensación de hambre, por lo que casi está garantizado que el niño consumirá otro producto chatarra como galletas, papas fritas, etcétera. La bebida, por lo tanto, casi alcanza por sí sola la ingesta diaria recomendada de aproximadamente 276 calorías durante el horario escolar, para dicho grupo de edad.

Asumiendo que el niño comprará una botella de Coca-Cola de 600 mililitros y, además, un paquete de ocho galletas de chocolate que contienen alrededor de 400 calorías en total, esto da un total de aproximadamente 650 calorías: casi la mitad de la ingesta calórica recomendada para todo el día, y tres veces la ingesta calórica recomendada durante las horas de escuela, por la Norma Oficial Mexicana citada anteriormente.

II. Acciones internacionales contra la diabetes

La Organización Mundial de la Salud ha presentado una extensa cantidad de literatura, consistente en estudios, estándares y recomendaciones a los gobiernos de los países miembros, relativos a los riesgos de la obesidad y de diabetes, y proponiendo medidas y políticas públicas a implementar. Ha publicado, por ejemplo, recomendaciones sobre cómo reducir y regular el “marketing” y publicidad de alimentos poco saludables dirigido a niños 8.

El marketing irresponsable e indiscriminado de comidas poco saludables, dirigido a niños, y el facilitar su acceso en lugares como escuelas, centros de estudio o centros deportivos infantiles, no sólo incrementa su consumo entre la población infantil, sino que establece y fomenta preferencias tempranas por los alimentos “chatarra”, reforzando también entre los niños la idea de que el consumo rutinario de alimentos “chatarra” es normal o saludable. Estas preferencias suelen mantenerse durante el resto de la vida del niño, incrementando fuertemente el riesgo de obesidad y de enfermedades no transmisibles como la Diabetes Tipo II, hipertensión y fallas cardiacas. Múltiples estudios de la Organización Mundial de la Salud demuestran que “un niño con sobrepeso y obesidad, tiene altas probabilidades de seguir siendo obeso en su vida adulta, y de desarrollar enfermedades como diabetes y enfermedades cardiovasculares a una edad más temprana” 9.

III. Acciones en México para la prevención de la diabetes: normativas y leyes

Diversas medidas se han adoptado en México para combatir la obesidad infantil y el riesgo de Diabetes Tipo II. Éstas han incluido:

• Campañas de concientización y educación por la Secretaría de Salud .

• El Acuerdo mediante el cual se establecen los lineamientos generales para el expendio y distribución de alimentos y bebidas preparados y procesados en las escuelas del Sistema Educativo Nacional, publicado el 16 de mayo de 2014.

• En su Título V, Capítulo Único “De las prohibiciones y sanciones”. Art. Decimoctavo: “Queda prohibida la preparación, expendio y distribución de alimentos y bebidas en las escuelas del Sistema Educativo Nacional, que por representar una fuente de azúcares simples, harinas refinadas, grasas o sodio, no cumplan con los criterios nutrimentales del Anexo Único del presente Acuerdo y, en consecuencia, no favorezcan la salud de los educandos y la pongan en riesgo”.

• Dicho ordenamiento se basa también en diversas Normas Oficiales:

- Norma Oficial Mexicana NOM-043-SSA2-2012, “Servicios básicos de salud. Promoción y educación para la salud en materia alimentaria. Criterios para brindar orientación” publicada en el Diario Oficial de la Federación el 22 de enero de 2013; señala en su punto 4.2 que la orientación alimentaria debe llevarse a cabo mediante acciones de educación para la salud, haciendo énfasis en el desarrollo de capacidades y competencias, participación social y comunicación educativa;

- Norma Oficial Mexicana NOM-173-SCFI-2009, que regula la cantidad máxima de kilocalorías que podrán estar presentes en jugos de frutas y verduras que se vendan en establecimientos escolares, así como tamaños máximos de porciones.

- Norma Oficial Mexicana NOM-186-SSA1/SCFI-2002, “Productos y servicios. Cacao, productos y derivados. I Cacao. II Chocolate. III Derivados. Especificaciones sanitarias”. Denominación comercial, que establece que los chocolates únicamente podrán expenderse de forma eventual (durante festividades, tales como: Día de Reyes, Día del Niño o eventos escolares).

Marco legal actual:

• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

- En el Decreto por el que se reforman los artículos 3o. en sus fracciones III, VII y VIII; y 73, fracción XXV, y se adiciona un párrafo tercero, un inciso d) al párrafo segundo de la fracción II y una fracción IX al artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 26 de febrero de 2013, Artículo Transitorio Quinto, está establecido que “el Congreso de la Unión y las autoridades competentes deberán prever al menos lo siguiente: (...) III. Las adecuaciones al marco jurídico para: (...) c) Prohibir en todas las escuelas los alimentos que no favorezcan la salud de los educandos”.

• Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes:

- Este ordenamiento jurídico, que entró en vigor el 4 de diciembre de 2014; establece en su Capítulo Noveno, “Del Derecho a la Protección de la Salud y a la Seguridad Social”, Art. 50, que: “Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a disfrutar del más alto nivel posible de salud, así como a recibir la prestación de servicios de atención médica gratuita y de calidad de conformidad con la legislación aplicable, con el fin de prevenir, proteger y restaurar su salud. Las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, en relación con los derechos de niñas, niños y adolescentes, se coordinarán a fin de: (...) III. Promover en todos los grupos de la sociedad y, en particular, en quienes ejerzan la patria potestad, tutela o guarda y custodia, de niños, niñas y adolescentes, los principios básicos de la salud y la nutrición (...) VIII. Combatir la desnutrición crónica y aguda, sobrepeso y obesidad, así como otros trastornos de conducta alimentaria mediante la promoción de una alimentación equilibrada, el consumo de agua potable, el fomento del ejercicio físico, e impulsar programas de prevención e información sobre estos temas;”

• Ley General de Salud:

- En su artículo 27, fracción. IX, establece que: “Para los efectos del derecho a la protección de la salud, se consideran servicios básicos de salud los referentes a: (...) La promoción del mejoramiento de la nutrición”.

- En su Capítulo III, artículo 115 fracción. II, reforma del 2 de junio de 2004, afirma que: “La Secretaría de Salud tendrá a su cargo: (...) Normar el desarrollo de los programas y actividades de educación en materia de nutrición, prevención, tratamiento y control de la desnutrición y obesidad, encaminados a promover hábitos alimentarios adecuados, preferentemente en los grupos sociales más vulnerables”; y en su Frac. IV: “Normar el valor nutritivo y características de la alimentación en establecimientos de servicios colectivos y en alimentos y bebidas no alcohólicas”.

- En su Capítulo III, “Enfermedades No Transmisibles”, artículo 159, fracción. V, adicionada el 26 de diciembre de 2005, establece que: “El ejercicio de la acción de prevención y control de las enfermedades no transmisibles comprenderá una o más de las siguientes medidas, según el caso de que se trate: (...) La difusión permanente de las dietas, hábitos alimenticios y procedimientos que conduzcan al consumo efectivo de los mínimos de nutrimentos por la población general, recomendados por la propia Secretaría; y VI. Las demás que sean necesarias para la prevención, tratamiento y control de los padecimientos que se presenten en la población”.

• Ley General de Educación

- El Artículo 24 Bis, adicionado en 2013, establece que: “La Secretaría, mediante disposiciones de carácter general que se publiquen en el Diario Oficial de la Federación y sin perjuicio del cumplimiento de otras disposiciones que resulten aplicables, establecerá los lineamientos a que deberán sujetarse el expendio y distribución de los alimentos y bebidas preparados y procesados, dentro de toda escuela, en cuya elaboración se cumplirán los criterios nutrimentales que para tal efecto determine la Secretaría de Salud. Estas disposiciones de carácter general comprenderán las regulaciones que prohíban los alimentos que no favorezcan la salud de los educandos y fomenten aquellos de carácter nutrimental”.

Con base en estos lineamientos y disposiciones legales, puede apreciarse que está plenamente fundamentada la necesidad de que dentro de toda escuela o plantel educativo, en particular las escuelas preescolares, primarias, secundarias y de educación media superior, se prohíba la venta de productos alimenticios de escaso valor nutritivo, y de que se vigile e implemente dicha prohibición.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se somete a consideración de esta asamblea el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único.La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Educación Pública federal y a las secretarías de educación de las entidades federativas, para que vigilen la prohibición de la venta de productos alimenticios “chatarra” en escuelas del Sistema Educativo Nacional.

Notas:

1 “Diabetes”, Organización Mundial de la Salud, Hoja de Datos No. 312, Centro Mediático de la OMS. Marzo de 2013. http://www.who.i nt/mediacentre/factsheets/fs312/en/

2 “Acuerdo Nacional para la Salud Nutricional: Estrategia contra el Sobrepeso y la Obesidad”, publicación conjunta entre la Secretaría de Educación Pública (SEP) y la Secretaría de Salud (SS), Agosto 23, 2010, pp. 4. http://www.sep.gob.mx/work/models/sep1/Resource/635/1/images/acuerdo_lin.pdf

3 “México: Perfil de Salud”, Organización Mundial de la Salud. http://www.who.int/gho/countries/mex.pdf

4 “Suecia: Perfil de Salud”, Organización Mundial de la Salud. http://www.who.int/gho/countries/swe.pdf

5 “Passionately Refreshing a Thirsty World: 2011 Annual Review”, publicado por la Coca-Cola company, 2011. http://www.coca-colacompany.com/annual-review/2011/pdf/TCCC_2011_Annual_Review. pdf

6 “ ¿Cuáles son los riesgos de la diabetes en niños?”, Organización Mundial de la Salud, 6 de Marzo de 2013. http://www.who.int/features/qa/65/en/

7 “Acuerdo Nacional para la Salud Nutricional: Estrategia contra el Sobrepeso y Obesidad”, publicación conjunta de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y la Secretaría de Salud (SS), Agosto 23, 2010, Sección de Criterios Técnicos, pp. 5. http://www.sep.gob.mx/work/ models/sep1/Resource/635/1/images/acuerdo_lin.pdf

8 “Promoción de alimentos y bebidas no alcohólicas dirigida a los niños”, Organización Mundial de la Salud, 2010. http://www.who.int/ dietphysicalactivity/marketing-food-to-children/es/

9 “Sobrepeso y Obesidad Infantil”, Organización Mundial de la Salud, Estrategia Global sobre la Dieta, la Actividad Física y la Salud, 2013. http://www.who.int/dietphysicalactivity/childhood/en/

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de septiembre de 2016.— Diputado Armando Luna Canales (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para dictamen.

IMPACTO AMBIENTAL Y LAS AFECTACIONES A LA COMUNIDAD DERIVADOS DEL PROYECTO DE OBRA DE AMPLIACIÓN E INCORPORACIÓN DE LA AUTOPISTA MÉXICO-PUEBLA

«Proposición con punto de acuerdo, relativo al efecto ambiental y las afectaciones a la comunidad derivados de la ampliación e incorporación de la autopista México-Puebla, a cargo de la diputada Ana Leticia Carrera Hernández, del Grupo Parlamentario del PRD

La suscrita, diputada Ana Leticia Carrera Hernández, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de los siguientes

Considerandos

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su artículo 25 que corresponde al Estado garantizar que el desarrollo nacional sea integral y sustentable.

La integralidad del desarrollo implica prever y asegurarla debida planeación y articulación de acciones correspondientes a los diversos programas y obras de gobierno, conforme las políticas, objetivos y estrategias que se establecen en los diversos instrumentos de la planeación nacional del desarrollo, dentro de nuestro marco normativo vigente.

La sustentabilidad del desarrollo, por su parte, presupone que éste se debe caracterizar y materializar como una realidad de crecimiento continuo y permanente en el tiempo, que asegure la satisfacción de necesidades de presentes y futuras generaciones mediante la más adecuada y óptima conjunción de los importantes factores económico social y ambiental en nuestro territorio nacional.

También el artículo 25 de la carta federal establece que el Estado regulará y fomentará las actividades que demande el interés general en el marco de libertades que otorga la Constitución; y que, bajo criterios de equidad social, productividad y sustentabilidad, el Estado apoyará e impulsará a las empresas de los sectores social y privado de la economía sujetándolos a las modalidades que dicte el interés público así como al uso, en beneficio general, de los recursos productivos cuidando su conservación y el medio ambiente.

La legislación en materia de preservación y restauración del equilibrio ecológico y protección al ambiente establece principios de política ecológica general, tales como entre otros, que los ecosistemas son patrimonio común de la sociedad y de su equilibrio dependen la vida y las posibilidades productivas del país; que los ecosistemas y sus elementos deben ser aprovechados de manera que se asegure una productividad óptima y sostenida, compatible con su equilibrio e integridad; y, que quien realice obras o actividades que afecten o puedan afectar el ambiente está obligado a prevenir minimizar o reparar los daños que cause así como a asumir los costos que dicha afectación implique.

La referida legislación también establece instrumentos de política ambiental, como entre otros, la evaluación del impacto ambiental, procedimiento a través del cual la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) establece las condiciones a que se sujetará la realización de obras y actividades que puedan causar impactos en el ambiente y sus elementos, procedimiento que debe realizar dicha dependencia de la administración pública federal conforme lo determinan las disposiciones aplicables de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, así como en su Reglamento en materia de Evaluación de Impacto Ambiental.

En la especie, la norma determina que quienes pretendan llevar a cabo obras y actividades, entre éstas las relacionadas con las vías generales de comunicación, requerirán previamente de dicha Secretaría la autorización en materia de impacto ambiental.

Observar la forma establecida por la norma para desarrollar este procedimiento exige que se cumplan los requisitos básicos de presentación de documentos como la solicitud de autorización y la manifestación de impacto ambiental, así como su oportuna publicación, y la debida realización de la correspondiente reunión pública de información y la de consulta pública previas a su desarrollo; así como la emisión legal de las resoluciones, permisos, licencias, concesiones y autorizaciones respectivas.

Además de considerar los posibles impactos ambientales y desequilibrios ecológicos que eventualmente pudieran causarse con las obras de ampliación y de incorporación que nos ocupan, de la referida carretera México-Puebla, se deben considerar los desequilibrios urbanos y de movilidad vial, así como los factores para reducir la vulnerabilidad de la población, y propiciar su resiliencia.

Está probado que en seguida de la construcción de una gran vialidad, ahí aumenta la afluencia y cantidad de vehículos automotores, y en consecuencia aumenta la emisión de contaminantes a la atmósfera en la zona de influencia. En lo específico, el impacto en la movilidad y congestionamiento viales que resulta de esta obra, se presentará acentuado en esta parte de la delegación Iztapalapa de la Ciudad de México, zona de influencia de la obra, que ya hoy registra altos índices de contaminación, congestionamiento vehicular y hacinamiento poblacional, lo cual la caracteriza y distingue en relación a muchas otras zonas urbanas de la república.

El impacto social de esta obra recae a la población asentada en las colonias directamente afectadas, ubicadas en la zona de influencia, que en este caso son las colonias: San Francisco Apolocalco, Ampliación Emiliano Zapata, Campestre Potrero y San Miguel Teotongo.

La resiliencia de los sistemas naturales y sociales, esto es, la capacidad de dichos sistemas para recuperarse o soportar los efectos derivados de las afectaciones climáticas y ambientales, está prevista por la Ley General de Cambio Climático. Tanto esta ley como la Estrategia Nacional y el programa especial sobre la materia, derivados de ella, determinan indispensable la evaluación y diagnóstico de la vulnerabilidad y capacidad de adaptación ante impactos adversos en los centros de población.

En materia de transportes y comunicaciones, establecer, regular e instrumentar las acciones para la mitigación y adaptación al cambio climático es atribución de la federación de conformidad con la referida ley, los tratados internacionales aprobados y demás disposiciones jurídicas aplicables. El transporte está considerado por obviedad en esta ley, dentro de la categoría de fuentes emisoras.

Este ordenamiento jurídico también determina como atribución de las entidades federativas celebrar convenios de coordinación con la federación y los municipios para la implementación de acciones para la mitigación y adaptación referidas.

La Ley General de Cambio Climático dispone que la política nacional de adaptación frente al cambio climático se sustentará en instrumentos de diagnóstico, planificación, medición, monitoreo, reporte, verificación y evaluación, y tendrá como objetivos, entre otros, reducir la vulnerabilidad de la sociedad y los ecosistemas frente a los efectos del fenómeno; fortalecer la resiliencia y resistencia de los sistemas naturales y humanos; e identificar la vulnerabilidad y capacidad de adaptación y transformación de los sistemas ecológicos, físicos y sociales.

La infraestructura de transportes y comunicaciones está considerada por este ordenamiento como un ámbito en el que la Federación, las entidades federativas y los municipios deberán ejecutar, conforme sus respectivas competencias, acciones para la adaptación en la elaboración de políticas, la Estrategia Nacional y el Programa Especial de Cambio Climático y demás programas relativos.

Igualmente esta ley considera como importante acción de adaptación la restauración de suelos, así como la construcción y mantenimiento de infraestructura. Además, respecto a la mitigación determina que la política correspondiente deberá establecer planes, programas, acciones, e instrumentos regulatorios para el logro gradual de emisiones específicas a fin de reducir las emisiones nacionales, objetivo básico de la ley de referencia.

Respecto a las atribuciones de la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático, destacan las de formular e instrumentar políticas nacionales para la mitigación y adaptación al cambio climático, así como su incorporación en los programas y acciones sectoriales correspondientes; desarrollar los criterios de transversalidad e integralidad de las políticas públicas para enfrentar al cambio climático para que los apliquen las dependencias y entidades de la administración pública federal; convocar a las organizaciones de los sectores social y privado, así como a la sociedad en general a que manifiesten su opinión y propuestas con relación al fenómeno climático; y, aprobar la Estrategia Nacional sobre la materia.

Conforme esta ley, dicha Estrategia Nacional deberá reflejar los objetivos de las políticas de mitigación y adaptación al cambio climático establecidas en aquella y contendrá entre otros elementos, la evaluación y diagnóstico de la vulnerabilidad y capacidad de adaptación, de regiones, ecosistemas, centros de población, equipamiento e infraestructura, sectores productivos y grupos sociales.

Cierto es que existen leyes que regulan la materia de Telecomunicaciones y Transportes como son la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal y la Ley de Vías Generales de Comunicación, sin embargo éstas no prevén los efectos y consecuencias que el desarrollo de actividades de ese sector provoca en los sistemas naturales y sociales, como sí lo hacen las disposiciones antes referidas; pues la primera de estas se concreta a regular derechos de vía, concesiones, permisos, tarifas; construcción conservación y explotación de los caminos y puentes, autotransporte federal de pasajeros turismo de carga; servicios auxiliares, de la responsabilidad, inspección, sanciones, etcétera.

La Ley de Vías Generales de Comunicación, que por cierto aproximadamente 80 por ciento de su está derogado, por su parte también se concreta a regular lo que corresponde a concesiones permisos y contratos; caducidad; construcción, establecimiento y explotación de vías generales de comunicación; carga y descarga de mercancías; inspección, etc.; siendo entonces la normatividad arriba referida la que se ha encargado de regular la remediación de los efectos del desarrollo de la actividad correspondiente a la infraestructura de este sector en los ecosistemas y centros de población de las zonas afectadas por la construcción del tipo de obras de infraestructura carretera como la que nos ocupa.

Por lo anterior, y sin eludir la responsabilidad del Estado de asegurar las más indispensables condiciones a fin de propiciar el bienestar general y un desarrollo equilibrado, integral y sustentable en los centros de población del país, pero sobre todo en aquellos centros de población en que los aspectos urbanos y poblacionales acusan características acentuadas como es el presente caso, en que las obras de ampliación e incorporación de la autopista México-Puebla han causado por su construcción, afectando las colonias referidas de la Delegación Iztapalapa de la Ciudad de México.

Por lo expuesto y fundado, se somete a la consideración de esta soberanía el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático a impulsar acciones de remediación, adaptación y mitigación del impacto físico y social causado por el proyecto descrito, mediante mejoras en infraestructura en la zona de influencia y la concertación de acciones para propiciar la resiliencia de la población afectada, consistentes en la restauración, composición o construcción de las vías por donde transitaran toda la descarga vehicular ocasionada por el proyecto descrito.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de septiembre de 2016.— Diputada Ana Leticia Carrera Hernández (rúbrica).»

Se remite a la Comisión de Transportes, para dictamen.

IMPULSEN POLÍTICAS PÚBLICAS ENCAMINADAS A GENERAR EN LA POBLACIÓN UNA CULTURA DE SEPARACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los gobiernos locales a impulsar políticas públicas encaminadas a generar una cultura ciudadana de separación de residuos sólidos, suscrita por el diputado Enrique Zamora Morlet e integrantes del Grupo Parlamentario del PVEM

El que suscribe, diputado Enrique Zamora Morlet, en nombre de los diputados federales del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México de la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta honorable asamblea, la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El actual problema de contaminación que afecta a diversas zonas metropolitanas se atribuye principalmente a las emisiones generadas por el parque vehicular, sin embargo, se le resta importancia a otros factores igualmente problemáticos y preocupantes, por ejemplo, el de la basura.

En todo el país, se recolectan diariamente 100 mil toneladas de basura, es decir, 1 kilogramo por persona, aproximadamente. Esta cantidad es generada principalmente en casas-habitación, edificios, calles y avenidas, así como parques y jardines. Se separa diariamente sólo el 11 por ciento de la basura recolectada; 46 de cada 100 hogares separan la basura; mientras que 87 por ciento de los tiraderos de basura son a cielo abierto y 13 por ciento rellenos sanitarios.

Más de la mitad de la basura que se genera en todo el país se recolecta en siete entidades:

El problema de la gestión de residuos se agudiza en las ciudades en crecimiento. México compite con los vertederos de Shanghái, Río de Janeiro, Seúl y Corea del Norte por el primer lugar en vertederos que reciben más residuos sólidos.

La importancia de separar la basura como principal solución del problema radica en las consecuencias que la generación de basura trae consigo:

• La mayor parte de los desechos fueron manufacturados con energía y recursos naturales no renovables, al tirar a la basura algunos productos, también se está desechando la materia prima de los mismos.

Un ejemplo de lo anterior es el caso de Argentina en 2011, cuando Greenpeace en su informe ecológico anual, detalló que el país desechó 228 kilogramos de oro y mil 750 kilogramos de plata al no reciclar los 10 millones de celulares que ahora se encuentran generando tóxicos que contaminan la tierra, el agua y el aire. Más allá de lo que se estaría perdiendo económicamente por la falta de un procesamiento adecuado de estos residuos, plataformas ecologistas alertan del creciente riesgo que su descarte inadecuado supone para los países de América Latina.

En Estados Unidos por ejemplo, la Agencia Ambiental (EPA) estimó que la basura electrónica genera 70 por ciento de la contaminación por metales pesados (como mercurio, cadmio, plomo, bromo y selenio), al quedar esta almacenada en basurales o rellenos sanitarios que terminan contaminando los cauces de agua y el aire. Ante esta situación se ha propuesto un programa llamado “Minería urbana” cuyo objetivo es, que los países de América Latina reciclen los materiales de valor presentes en los residuos electrónicos, que en países de Europa y Asia ya han dejado una derrama económica de alrededor de mil 800 millones de dólares.

Entre las consecuencias de no separar los residuos generados se cuentan:

• La contaminación del agua. En los lugares donde se concentra basura se filtran líquidos, conocidos como lixiviados, que contaminan el agua del subsuelo.

• La contaminación del suelo. La basura que arrojamos al campo cambia la composición química del suelo y obstruye la germinación y crecimiento de la vegetación.

• La contaminación del aire. Por la descomposición de la materia orgánica, los frecuentes incendios y por los residuos y bacterias que son dispersados por el viento.

• Desequilibrios ambientales.

• Aumento en la proliferación de fauna nociva.

• Obstrucción de coladeras y drenajes, desencadenando inundaciones en épocas de lluvia.

Beneficios

La separación de basura trae como consecuencia inmediata la facilitación del proceso de reciclaje. Reciclar ayuda a prolongar la vida y utilidad de los recursos, así que los beneficios son tanto para el medio ambiente como para los seres vivos. Algunos de estos beneficios son:

• Posibilidad de crear composta para fertilizar suelos.

• Dignifica el trabajo y disminuye los riesgos de salud del personal de las plantas de selección, pues se realiza en residuos más limpios e inodoros.

• Incrementa el acopio de residuos reciclables.

• Elimina malos olores en el hogar y en zonas aledañas a las plantas de selección.

• Disminuye la posibilidad de inundaciones al tener las calles limpias.

La norma NADF-024-AMBT-2013

En nuestro país, la preocupación por el problema de la basura no es reciente. Las propuestas de programas que ayuden a aminorar la situación de contaminación datan desde 1997 con el “Reglamento de la Ley ambiental del Distrito Federal” Publicado en la gaceta oficial del Distrito Federal y en el Diario Oficial de la Federación el 3 de diciembre ese año. Aunque existen antecedentes a esta norma en forma de leyes y reglamentos, ninguno ha llegado a tener éxito en un porcentaje importante de la sociedad, como para ser implementado de forma permanente.

Actualmente, la legislación ambiental en materia de residuos peligrosos y sitios contaminados está conformada por los siguientes ordenamientos jurídicos:

• Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos (LGPGIR);

• Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (sólo es vigente en cuanto a criterios para prevenir la contaminación de suelos y algunas disposiciones para la importación y exportación de residuos peligrosos);

• Reglamento de la LGPGIR

• NOM-052-SEMARNAT-2005. Que establece las características, el procedimiento de identificación, clasificación y los listados de residuos peligrosos.

• NOM-055-SEMARNAT-2003. Que establece los requisitos que deben reunir los sitios que se destinarán para un confinamiento controlado de residuos peligrosos.

• NOM-056-ECOL-1993. Que establece los requisitos para el diseño y construcción de las obras complementarias de un confinamiento controlado para residuos peligrosos.

• NOM-057-ECOL-1993. Que establece los requisitos que deben observarse en el diseño, construcción y operación de celdas de un confinamiento controlado de residuos peligrosos.

• NOM-058-ECOL-1993. Que establece los requisitos para la operación de un confinamiento controlado para residuos peligrosos.

• NOM-087-SEMARNAT-SSA-1-2002. Protección Ambiental-Salud Ambiental Residuos Peligrosos biológico infecciosos-Clasificación y especificaciones de manejo.

• NOM-098-SEMARNAT-2002. Protección Ambiental. Incineración de residuos, especificaciones de operación y límites de emisión de contaminantes.

• NOM-133-SEMARNAT-2000. Protección Ambiental-Bifenilos policlorados (BPC)-Especificaciones de manejo.

• NOM-138- Semarnat-2003. Límites máximos permisibles de hidrocarburos en suelos y las especificaciones para su caracterización y remediación.

• NOM-147-Semarnat/SSA1-2004. Que establece criterios para determinar las concentraciones de remediación de suelos contaminados por arsénico, bario, berilio, cadmio, cromo hexavalente, mercurio, níquel, plata, plomo, selenio, talio o vanadio.

En fechas más recientes, la Secretaría del Medio Ambiente con la finalidad de fomentar en la sociedad la participación y encauzarla en el cumplimiento del tratamiento de residuos sólidos, creó con base en las leyes y reglamentos anteriores a 2013 la norma NADF-024-AMBT-2013 con el objetivo de establecer los criterios bajo los cuales se debería llevar a cabo la separación de los residuos sólidos al menos en el Distrito Federal, que ocupa el primer lugar en generación de residuos en nuestro país. Esta norma, publicada el ocho de julio de 2015, entraría en vigor este año, pero será hasta 2017 cuando comience a aplicarse.

La dependencia explicó que el Comité de Normalización Ambiental de la Ciudad de México acordó, el 15 de abril del 2016, ampliar el plazo para dar tiempo a implantar un programa piloto de recolección selectiva de los residuos y permitir a los ciudadanos que se familiaricen con las nuevas disposiciones.

El programa piloto arrancó el 8 de julio del 2016, mientras que la Secretaría de Obras y Servicios, y las delegaciones con el apoyo y coordinación de la Secretaría del Medio Ambiente, deberán emitir en un plazo de seis meses, el programa de recolección respectivo, para aplicarlo, ahora sí, en julio de 2017.

La nueva separación de residuos pasará de ser de dos fracciones (orgánica e inorgánica) a cinco: biodegradables, inorgánicos, con potenciales de reciclaje (papel, cartón, vidrio, metal y plástico), especiales y voluminosos y peligrosos.

Esta política de gestión de residuos, está basada en el principio de “Basura Cero”, el cual consiste en disminuir, aprovechar y valorizar al máximo la cantidad de residuos que actualmente llegan a sitios de disposición final, a través de la reutilización, reciclaje y aprovechamiento energético; en su mayoría éstos están constituidos por materiales que pueden ser seleccionados con facilidad para usarse como materias primas recuperables.

Asimismo, en el país existen 241 centros de acopio operados por municipios o delegaciones para recibir todo tipo de materiales y ser clasificados como la siguiente gráfica lo señala:

Esto indica, que los centros de acopio solo están preparados para recibir los residuos inorgánicos con potencial de reciclaje. Éstos y las plantas de separación deberán estar capacitados y equipados para recibir los residuos en esta nueva clasificación.

Sin embargo, y aunque se equipen las plantas de separación, el factor más importante para que esta norma arroje resultados está en la participación ciudadana. Toda vez que es a la población a la que se le debe educar y capacitar para que aprendan a separar los residuos sólidos correctamente.

En primer lugar, las clasificaciones deberán ser más específicas para que se haga uso correcto de ellas. La leyenda “con potencial de reciclaje” deja la puerta abierta a diferentes interpretaciones.

En segundo lugar, es importante transmitir un mensaje permanente de la separación de residuos en los medios de comunicación (radio, televisión, y redes sociales).

En tercer lugar, la regulación de la norma también recae en las delegaciones y municipios, que deberán destinar presupuesto a la modernización de los camiones recolectores de basura para que cuenten con depósitos destinados para cada clasificación, así como destinar de 3 a 5 contenedores con las clasificaciones más comunes, y colocarlos en las calles con distancias de 50 a 100 metros entre cada grupo. Esto con la finalidad de que la población termine de familiarizarse con las clasificaciones y la separación de residuos se vuelva algo cotidiano.

Otra medida deberá ser implementar en los libros de educación primaria las diferentes clasificaciones y especificar en qué consiste cada una de ellas, para que los estudiantes crezcan con la conciencia de la separación de residuos.

Resulta relevante entonces contar con el apoyo de las delegaciones y municipios de todo el país a fin de que se logre la implementación permanente de normas de separación de residuos como la NADF-024-AMBT-2013, inicialmente en la Ciudad de México y posteriormente en el resto de las entidades federativas, para generar una cultura entre los mexicanos que permita disminuir el problema de la contaminación por el mal manejo de la basura.

Por lo expuesto, sometemos a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los gobiernos de las entidades federativas para que impulsen políticas públicas encaminadas a generar en la población una cultura de separación de residuos sólidos, informando sobre los beneficios que ello implica para el medio ambiente.

Notas:

1 http://www.greenpeace.org/mexico/es/Campanas/Toxicos

2 http://cuentame.inegi.org.mx/territorio/ambiente/basura.aspx?tema=T

3 http://web.worldbank.org/wbsite/external/topics/exturbandevelopment/0,,contentM DK:23172887~pagePK:210058~piPK:210062~theSitePK:337178,00.html

4 http://www.bbc.com/mundo/noticias/2012/10/120924_tecnologia_mineria_urbana_aa

5 http://www.transparenciamedioambiente.df.gob.mx/ index.php?option=com_content&view=article &id=192%3Aicomo-y-por-que-separar-los-residuos &catid=55%3Aresiduos-solidos&Itemid=446

6 http://biblioteca.semarnat.gob.mx/janium/Documentos/Ciga/libros2009/CD002173.pd f

7 http://www.anipac.com/NADF024OFICIAL.pdf

8 http://www.greenpeace.org/mexico/es/Campanas/Toxicos

9 http://cuentame.inegi.org.mx/territorio/ambiente/basura.aspx?tema=T

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de septiembre de 2016.— Diputados: Jesús Sesma Suárez (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen.

AUTORIZACIÓN EL PROYECTO HIDROELÉCTRICO “COYOLAPA-ATZALA”

«Proposición con punto de acuerdo, relativo a la autorización del proyecto hidroeléctrico Coyolapa-Atzala, a cargo del diputado Miguel Alva y Alva, del Grupo Parlamentario de Morena

El suscrito, diputado Miguel Alva y Alva, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento de Regeneración Nacional en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, con fundamento en el artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno la presente proposición con punto de acuerdo, bajo las siguientes

Consideraciones

El 15 de marzo de 2012 la Semarnat autorizó los proyectos de impacto ambiental para la construcción del Sistema Hidroeléctrico “Coyolapa-Atzalan”, con un expediente de Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) 21PIJ2015E0024 y con una concesión aún no mostrada en la página del INAI, que prevé la construcción de tres hidroeléctricas en los ríos Coyolapa, Atzala y Huitzilatl, para los siguientes 30 años afectando los municipios de Coyomeapan, San Sebastián Tlacotepec y Zoquitlán.

El megaproyecto está a cargo de la empresa Proyectos Hidroeléctricos Puebla S.A. de C.V perteneciente al Grupo Ferrominero de México que tendrá una inversión de 1,327 millones de pesos; en Zoquitlán se asentará el proyecto principal donde se invertirá 635 millones de pesos en una presa de 11 metros de altura sobre el cauce del río Coyolapa; y en Tlacotepec de Porfirio Díaz se construirá una subestación eléctrica que servirá para la operación de las hidroeléctricas en los ríos Atzala y Huitzilatl.

La energía eléctrica que produzcan estos sistemas no dotaran de electricidad a las comunidades aledañas de la región, por lo contrario el proyecto ejecutivo servirá para abastecer los hornos de la Compañía Minera Autlán en Teziutlán, proveedora de ferroaleaciones en la fabricación de acero y filial del Grupo Ferrominero México.

La consulta del diseño del plan hidroeléctrico debió haber sido de manera previa e informada a los pueblos afectados; para proteger su integridad cultural, social y económica; ya que ocasionara la perdida de la flora, la vida silvestre y causara gran afectación a la agricultura, ganadería y pesca de más 17 comunidades indígenas.

La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha mantenido que la protección efectiva de los derechos fundamentales de los pueblos y las comunidades indígenas requiere garantizar el ejercicio de ciertos derechos humanos de índole procedimental, principalmente el de acceso a la justicia, a la información y a la participación en la toma de decisiones.

En acatamiento a lo anterior, la consulta debe cumplir con los siguientes parámetros: a) debe ser previa; b) culturalmente adecuada a través de sus representantes o autoridades tradicionales; c) informada; y, d) de buena fe.

En este sentido, lo que procede en este caso es que la Semarnat deje sin efectos la autorización de impacto ambiental y revoque la autorización, toda vez que no observaron los contenidos mínimos señalados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

La Semarnat otorgó el permiso ambiental al proyecto sin haber garantizado el derecho a la consulta previa de los pueblos originarios; como así lo exige el artículo 15° del Convenio 169 de la OIT del cual el Estado Mexicano forma parte; que menciona lo siguiente:

Artículo 15.

I. En caso de que pertenezca al Estado la propiedad de los minerales o de los recursos del subsuelo, o tenga derechos sobre otros recursos existentes en las tierras, los gobiernos deberán establecer o mantener procedimientos con miras a consultar a los pueblos interesados, a fin de determinar si los intereses de esos pueblos serían perjudicados, y en qué medida, antes de emprender o autorizar cualquier programa de prospección o explotación de los recursos existentes en sus tierras. Los pueblos interesados deberán participar siempre que sea posible en los beneficios que reporten tales actividades, y percibir una indemnización equitativa por cualquier daño que puedan sufrir como resultado de esas actividades.

También está lejos de darle cabal cumplimiento a lo establecido en el artículo 2° de la Carta Magna de 1917 que dispone en su inciso A, fracción V y VI como obligaciones generales de las autoridades del Estado Mexicano, conservar y mejorar el hábitat, preservar la integridad de sus tierras de los pueblos indígenas y acceder con respeto a las modalidades de propiedad y tenencia de la tierra establecidas en esta Constitución.

Por ello, todas las autoridades, en el ámbito de sus atribuciones, están obligadas a consultarlos antes de adoptar cualquier medida que afecte sus derechos e intereses, y de no hacer caso omiso de las grandes afectaciones que trae consigo este megaproyecto hidroeléctrico a los pueblos indígenas, que lejos de beneficiarlos traerá el saqueo de su cultura, de lo cual los únicos beneficiarios serán los grandes empresarios involucrados.

Por eso el Grupo Parlamentario de Morena se comprometió a defender la autonomía política de los pueblos indígenas y sus formas de gobierno; por ello solicitamos respetar, salvaguardar y garantizar sus derechos humanos y los acompañamos en su resistencia ante todas estas violaciones a sus derechos que intenta llevar a cabo las autoridades federales, estatales y municipales que actúan de manera discrecional y arbitraria vulnerando sus derechos humanos y tratados internacionales.

Por lo anterior expuesto, someto a consideración del pleno de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Rafael Pacchiano Alamán, para que revoque las autorizaciones otorgadas al proyecto hidroeléctrico “Coyolapa Atzalan”.

Segundo. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión con pleno respeto de sus atribuciones exhorta al Titular del Medio Ambiente y Recursos Naturales, así como del Director de la Comisión Federal de Electricidad, para que realicen la consulta de los pueblos indígenas en apego con lo previsto en la Constitución y el Convenio OIT.

Nota:

1 Cfr. Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXIII, agosto de 2013, Tomo 1, Tesis: 1a. CCXXXVI/2013 (10a.), visible en la página: 736

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de septiembre de 2016.— Diputado Miguel Alva y Alva (rúbrica).»

Se remite a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen.

PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA

«Proposición con punto de acuerdo, relativo a la Plataforma Nacional de Transparencia, a cargo de la diputada María Candelaria Ochoa Avalos, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

La suscrita, María Candelaria Ochoa Avalos, diputada federal a la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo que se dispone en el artículo 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de este pleno, la siguiente proposición con punto de acuerdo, bajo las siguientes

Consideraciones

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 6o., apartado A, prevé, para el ejercicio del derecho de acceso a la información en posesión de la Federación y Entidades Federativas, la existencia de un órgano autónomo, especializado, imparcial, con personalidad jurídica y patrimonio propio, responsable de garantizar el cumplimiento del derecho a la información pública y a la protección de datos personales, según se desprende de la fracción VIII delo mismo artículo 6º. constitucional.

El organismo garante previsto en la Constitución, a nivel Federal es el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de datos Personales, que se encuentra regulado en La Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Para poder sistematizar el acceso de los particulares a la información pública, en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en el Título Tercero, Capitulo Único, se establece lo referente a La Plataforma Nacional de Transparencia y en el artículo 49 se establece “ Los Organismos garantes desarrollarán, administrarán, implementarán y pondrán en funcionamiento la plataforma electrónica que permita cumplir con los procedimientos, obligaciones y disposiciones señaladas en la presente ley para los sujetos obligados y Organismos garantes, de conformidad con la normatividad que establezca el Sistema Nacional, atendiendo a las necesidades de accesibilidad de los usuarios”.

A su vez en el artículo 50 del mismo ordenamiento se dispone: “la Plataforma Nacional de Transparencia estará conformada por, al menos, los siguientes sistemas:

I. Sistema de solicitudes de acceso a la información;

II. Sistema de gestión de medios de impugnación;

III. Sistema de portales de obligaciones de trasparencia, y

IV. Sistema de comunicación entre Organismos garantes y sujetos obligados”.

Como se puede apreciar de la transcripción del artículo 50, éste se convierte en la piedra angular del sistema de acceso a la información pública por la trascendencia y relevancia de los elementos que lo conforman.

Si se quiere hablar de que en nuestro país el ciudadano tiene pleno acceso a la información que generen los sujetos obligados, la plataforma nacional de transparencia debe funcionar adecuadamente.

El día 12 de septiembre del año en curso el periódico El Universal publica una nota en donde el encabezado señala: “ Inservible, la plataforma de transparencia del Inai”.

En dicha nota se describe que “la Plataforma Nacional de Trasparencia del Inai tiene fallas que la han hecho prácticamente inservible, de acuerdo con especialistas.

“Con una inversión de más de 19.6 millones de pesos, desde el 5 de mayo en que fue lanzada, presenta constantes fallas y quejas de los usuarios”.

Si regresamos al estudio del artículo 50 de La Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública veremos que cualquier falla en la plataforma Nacional de Transparencia impacta en todo el sistema y puede colapsarlo, haciéndolo inoperante con lo cual el derecho del gobernado de acceso a la información pública se ve vulnerado por errores y fallas en el sistema, que deben ser atribuidas al Organismo garante Inai, sin perjuicio de la responsabilidad en que puedan incurrir los proveedores del sistema.

Debemos tener presente que la vigente Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 4 de mayo de 2015 y se encuentra en vigor a partir del 5 de mayo de ese año, resultando, por ello, que el funcionamiento de la plataforma Nacional de Transparencia es a partir del día 5 de mayo 2016, en virtud de que en el Transitorio Quinto de La Ley General de Trasparencia y Acceso a la Información Pública se estableció la obligación del Congreso de la Unión, las Legislaturas de los Estados y del Distrito Federal para en un plazo de un año, contado a partir del inicio de vigencia de la Ley General para armonizar sus legislaciones a la Ley General.

Por ello a partir del 5 de mayo de este año el Inai publicó la Plataforma Nacional de Trasparencia en donde se debe encontrar la información que los sujetos obligados previstos en el artículo 1 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública deben poner a disposición de la ciudadanía.

Por las consideraciones antes expuestas y con fundamento en el artículo 79, numeral 1, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, se presenta la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Artículo Único. Que el Inai, haga públicas las acciones que está tomando para normalizar el servicio de la Plataforma Nacional de Transparencia y que se deslinde responsabilidades para sancionar a quienes por faltas u omisiones hayan provocado el que la plataforma nacional no funcione adecuadamente, entorpeciendo el derecho de acceso a la información pública por parte de los ciudadanos.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 14 días del mes de septiembre de 2016.— Diputada María Candelaria Ochoa Avalos (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, para dictamen.

REVISIÓN, ESTUDIO Y, EN SU CASO, REFORMAR O ADICIONAR EL TIPO PENAL DEL DELITO DE ACOSO SEXUAL

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los 32 congresos locales a procurar en el ámbito de sus atribuciones la revisión, el estudio y, en su caso, la reforma o adición del tipo penal del delito de acoso sexual, suscrita por la diputada Evelyng Soraya Flores Carranza e integrantes del Grupo Parlamentario del PVEM

La que suscribe, diputada Evelyng Soraya Flores Carranza, en nombre de los diputados federales del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México de la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta honorable asamblea, la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El pasado 24 de agosto presenté ante la Comisión Permanente de Honorable Congreso de la Unión, una iniciativa de reforma legal, para modificar el Código Penal Federal, con los siguientes objetivos:

• Agravar la sanción a quien cometa hostigamiento sexual. Actualmente, el Código Penal Federal establece una sanción nimia de hasta 40 días multa. Adicionalmente, en el caso de servidores públicos se fijaría una inhabilitación por un término adicional al que se hubiere impuesto como pena privativa de libertad;

• Agravar los delitos de abuso sexual y violación cuando fueren cometidos previa suministración a la víctima de estupefacientes o psicotrópicos, y

• Tipificar el delito de acoso sexual mediante la adición del siguiente tipo penal:

Comete el delito de acoso sexual el que, sin importar el sexo de la víctima, solicite favores sexuales para sí o para una tercera persona o realice una conducta de naturaleza sexual indeseable para quien la recibe, que le cause un daño o sufrimiento psicoemocional que lesione su dignidad. Esta conducta se sancionará independientemente de que se ejecute en uno o varios eventos. Este delito será sancionado con una pena de seis meses a tres años de prisión. La pena se incrementará en una mitad si la agresión se cometiera en el transporte público.

La anterior propuesta surgió al verificar los alarmantes números de la violencia sexual que sufren particularmente las mujeres.

En efecto, de acuerdo con El Universal y un estudio financiado por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas:

• En los últimos 5 años se han registrado casi 3 millones de casos de violencia sexual en México.

• 90 por ciento de las víctimas son mujeres.

• 9 de cada 10 de los agresores son hombres de entre 16 y 45 años de edad.

En México según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), la violencia emocional es la que presenta una prevalencia más alta con un porcentaje de 44.3 por ciento. Adicionalmente, la violencia sexual ha sido experimentada por poco más de un tercio de todas las mujeres, es decir, el 35.4 por ciento declararon haber sufrido de violencia sexual.

La referencia inmediata en la legislación federal a las conductas conocidas como hostigamiento y acoso sexual, así como su puntual distinción, la encontramos en el artículo 13 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a Una Vida Libre de Violencia, que a la letra establece:

El hostigamiento sexual es el ejercicio del poder, en una relación de subordinación real de la víctima frente al agresor en los ámbitos laboral o escolar. Se expresa en conductas verbales, físicas o ambas, relacionadas con la sexualidad de connotación lasciva.

El acoso sexual es una forma de violencia en la que, si bien no existe la subordinación, hay un ejercicio abusivo de poder que conlleva a un estado de indefensión y de riesgo para la víctima, independientemente de que se realice en uno o varios eventos.

Ahora bien, advertimos que la legislación local es, por distribución competencial, aquella que resulta aplicable en la mayor parte de los casos, y únicamente por excepción es aplicable la legislación federal.

Por ello, resulta por demás preocupante: (i) el hecho de que el acoso sexual no se encuentre tipificado a nivel Federal –razón por la que hemos propuesto la iniciativa detallada líneas arriba– y que (ii) de acuerdo con una investigación periodística realizada por el diario Excélsior, a nivel local solo la mitad de las entidades tipifican el delito de acoso sexual.

Entre las entidades que reconocen en su legislación penal el delito de acoso sexual –refiere la nota en cita– se encuentran Baja California Sur, Campeche, Coahuila, estado de México, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Nayarit, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Tamaulipas, Veracruz, y la Ciudad de México.

En verificación de la investigación de referencia, encontramos que, efectivamente, en el estado de Aguascalientes no se encuentra explícitamente el delito de acoso sexual, aunque sí se tipifica el delito de atentados al pudor cuya descripción pudiera coincidir en alguna medida con las características del acoso sexual.

En los demás casos no se sanciona el acoso sexual, aunque sí se sanciona el hostigamiento sexual, el abuso sexual o ambos.

Desde luego, también advertimos que en aquellos casos en que sí está establecido el delito de acoso sexual, la descripción de su tipo penal y la sanción establecida, es sumamente variable.

En lo que se refiere al tipo penal, en algunos casos se habla de la necesidad de conductas reiteradas y en otros se hace mención de que la conducta sea en un solo evento.

Por lo que toca a las sanciones, estas varían de una simple multa hasta una sanción de 8 años. Esta disparidad ocasiona que en entidades como Puebla, únicamente se imponga una sanción económica mínima, mientras que en la Ciudad de México o en Oaxaca se alcance una pena privativa de libertad de 7 y 8 años, respectivamente, y según medien agravantes.

La disparidad en la legislación, como hemos dicho, provoca que una misma conducta sea evaluada de forma muy diversa según se cometa en un Estado u otro. Sin embargo, la afectación a la víctima en lo individual sería de la misma magnitud.

Tal como lo establecimos en la iniciativa de reforma que planteamos hace algunas semanas, el tipo penal marco debería contener los siguientes elementos:

• Hacer la mención expresa de la no distinción del género, tanto del agente pasivo como del agente activo.

• Establecer la mención de la posibilidad de la intermediación para la solicitud de favores sexuales a un tercero.

• Como se refirió, la posibilidad de que se ejecute en uno o varios eventos.

• Una sanción privativa de libertad como sanción mínima.

• La posibilidad de establecer agravantes, según se trate de conductas cometidas en el transporte público o por servidores públicas.

Entendemos que la tipificación de delitos del orden común es atribución y competencia exclusiva de cada una de las entidades federativas, razón por la cual, este punto de acuerdo, persigue el único objetivo de llamar la atención a los Congresos locales para que se aboquen al estudio del delito de acoso sexual y, en su caso, apliquen los estándares internacionales recogidos en las sugerencias anteriores y en la iniciativa presentada por la suscrita y detallada líneas arriba.

Por lo expuesto, someto a consideración de esta asamblea el presente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del hojnorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los 32 Congresos locales a que, en el ámbito de sus atribuciones, y con plena consideración a su soberanía, procuren la revisión, estudio y, en su caso, reforma o adición del tipo penal del delito de acoso sexual.

Notas:

1 El Universal, 15 de marzo de 2016, “Aumenta la violencia sexual en México en 5 años”,Juan Omar Fierro. Visible en: http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/seguridad/2016/03/15/aumenta-la-v iolencia-sexual-en-mexico-en-5-anos (Fecha de consulta: 11 de septiembre de 2016).

2 Inegi,“Estadísticas a propósito del día internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer”; Fecha: 23 de noviembre de 2015. Visible en:

http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2015/violencia0.pdf (Fecha de consulta: 12 de septiembre 2016).

3 Excélsior, “Estados ignoran acoso a la mujer; el Código Penal no lo establece como crimen”,Laura Toribio. Visible en:

http://www.excelsior.com.mx/nacional/2016/05/09/1091474 (Fecha de consulta: 11 de septiembre de 2016).

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 días de septiembre de 2016.— Diputado Jesús Sesma Suárez (rúbrica).»

Se remite a la Comisión de Justicia, para dictamen.

AUDITAR LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN DE LOS HOSPITALES GENERALES DE TICUL, MÉRIDA Y CULIACÁN

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la ASF a fiscalizar los procesos de contratación de los hospitales generales de Ticul, Mérida y Culiacán; y a la SFP, a difundir las consecuencias de la auditoría practicada al hospital general Doctor Gonzalo Castañeda Escobar, suscrita por los diputados Araceli Damián González, Mariana Trejo Flores y Rogerio Castro Vázquez, del Grupo Parlamentario de Morena

Araceli Damián González, en su calidad de diputada federal de la LXIII Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto en la fracción I del numeral 1 del artículo 6 y numeral 1, fracción II, del artículo 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno la presente proposición con punto de acuerdo, bajo las siguientes

Consideraciones

Primero. El 16 de mayo de 2012, a iniciativa del Ejecutivo, el Congreso de la Unión promulgó la Ley de Asociaciones Público-Privadas; iniciativa mediante la cual, además, se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; de la Ley de Expropiación; y de la Ley General de Bienes Nacionales y del Código Federal de Procedimientos Civiles. Esta norma codifica un nuevo régimen de contratación pública en México, basado en la colaboración entre el sector privado y el sector público para el impulso de proyectos de inversión. Aunque la figura jurídica de la asociación público-privada se desarrolla como resultado de la mencionada Ley de 2012, este esquema tiene sus antecedentes directos en las concesiones, en los contratos para el aprovechamiento de activos y en los proyectos de prestación de servicios (PPS), los cuales incluían diversas fórmulas de colaboración público-privada.

No obstante, los proyectos de asociación público-privados (APP) son iniciativas que comprometen grandes desembolsos de recursos públicos a lo largo de prolongados periodos de tiempo. Es habitual que estos esquemas impliquen la construcción y la operación de inversiones estratégicas en infraestructuras o la prestación de servicios públicos esenciales. Este modelo de contratación ha sido difundido masivamente en varios países a nivel global, en correspondencia con el avance hegemónico de las políticas de desregulación, repliegue del estado y extensión del mercado. Su introducción en México como figura jurídica central de la contratación pública tiene que enmarcarse en un entorno de restricciones financieras en el cual el Estado decide trasladar una parte de sus responsabilidades básicas hacia el sector privado de la economía. Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, este modelo de inversión es eficiente y asegura beneficios compartidos entre el sector público y el privado. Sin embargo, en México han sido revelados varios casos en los cuales las asociaciones público-privadas han generado problemas, opacidades, ineficiencias y derroches del presupuesto público.

Teniendo en cuenta la entidad de los proyectos que se desarrollan mediante los esquemas de Asociación Público Privada y afines, resulta esencial que la Auditoría Superior de la Federación, en el ejercicio de sus funciones, examine el desempeño, la transparencia y la viabilidad de este tipo de obras. En específico, los contratos de asociación público-privados para la construcción y la gestión de hospitales públicos se desarrollan en un terreno de elevada sensibilidad e impacto social, por cuanto afecta de lleno a un derecho humano garantizado por la Constitución mexicana y diferentes tratados internacionales.

Segundo. Desde 2012, el gobierno de Yucatán viene ejecutando la construcción del hospital general de Ticul, mediante la modalidad de contrato de prestación de servicios con la empresa Infraestructura Hospitalaria de la Península, SAPI de CV, y su obligado solidario, “Marhnos Construcciones, SA de CV. Como ha trascendido en la prensa y como ha reconocido el propio gobierno de Yucatán, el 6 de mayo de 2015 el contrato fue rescindido por el Ejecutivo estatal, alegando incumplimientos en los plazos establecidos para la entrega de la obra y para el inicio de la prestación del servicio. A pesar de que el gobierno de Yucatán afirmó que el proyecto continuaría su curso tras la rescisión del contrato, la realidad es que aún hoy el hospital no ha sido inaugurado, cuando en el pliego de condiciones contractuales estaba previsto el comienzo de su funcionamiento para el 15 de septiembre de 2015. Además, a través de un litigio que ha llegado a la Corte Internacional de Arbitraje, la empresa contratista ha demandado al gobierno de Yucatán “el pago de 253 millones de pesos en compensación por la terminación anticipada del contrato”.

La extensa demora en el inicio del funcionamiento del hospital, así como la posible responsabilidad patrimonial en la que incurra el estado en concepto de indemnizaciones a su contraparte privada, expresan un manejo a todas luces irresponsable de los recursos públicos. Ello debería ser objeto de análisis y evaluación por parte de la Auditoría Superior de la Federación, con la finalidad de esclarecer responsabilidades administrativas o penales, asegurar la apertura del hospital general de Ticul y promover la no repetición de esquemas fallidos de contratación público-privada.

Tercero. El pasado 22 de agosto de 2016 el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) notifica el fallo de la licitación pública internacional mixta para la para la construcción y operación del hospital regional de Mérida, el cual benefició a la constructora y edificadora GIA+A. Esta compañía está presidida por Hipólito Gerard Rivero, cuñado del ex presidente Carlos Salinas de Gortari. En el mencionado fallo de adjudicación del contrato que emite el ISSSTE, se establecen una serie de requisitos y garantías por las cuales el adjudicatario deberá responder. No obstante, en cuanto al hecho de adjudicar la obra a la empresa GIA+A, el fallo se encuentra motivado de forma insuficiente, señalándose prácticamente en exclusiva que dicha compañía “cumple con los requisitos señalados en la convocatoria y en las bases de licitación del concurso”.

En ese sentido, en el artículo 55 de la Ley de Asociaciones Público-Privadas se establece que “la institución convocante elaborará un dictamen que servirá de base para el fallo, en el que se hará constar el análisis de las propuestas, las razones para admitirlas o desecharlas, la comparación de las mismas, y los elementos por los cuales la propuesta ganadora es la que ofrece las mejores condiciones para el Estado”. Una adecuada motivación del fallo constituye un requisito esencial en términos de transparencia, publicidad y legitimidad de las decisiones de adjudicación de contratos públicos. La exigencia de argumentación suficiente en el fallo supone un requisito mínimo de protección institucional contra el nepotismo y la corrupción; máxime en un caso en el cual la obra ha sido otorgada a una compañía que pertenece a un familiar cercano al expresidente Carlos Salinas de Gortari. En adición, el grupo GIA ha sido beneficiario de otros proyectos de construcción hospitalaria mediante esquemas de contratación público-privadas, como es el caso del hospital Dr. Martiano Carvajal, en Mazatlán, Sinaloa.

Además, la asociación pública-privada para la construcción del hospital de Mérida se ha desarrollado bajo el esquema de propuesta no solicitada (PNS), el cual implica que la iniciativa para originar el proyecto corresponde a la contraparte privada y no a la administración pública, como ocurre en la mayoría de los casos. Ello supone que no ha sido ninguna institución pública la que, en el ejercicio de sus funciones constitucionales, ha identificado un interés público que puede ser satisfecho mediante esta modalidad de contratación. Esto último genera unas necesidades aún superiores de transparencia y justificación del proyecto. Todos los elementos anteriores deben ser considerados por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) para implantar una auditoría financiera y de desempeño del mencionado contrato público.

Cuarto. El 9 de mayo de 2014, el ISSSTE notificó el fallo de adjudicación del contrato de asociación público-privada para la sustitución del hospital general de Culiacán, Doctor Bernardo J. Gastelum, que benefició a las compañías Promotora y Desarrolladora Mexicana de Infraestructura, SA de CV, y Desarrolladora en Infraestructura de Salud Proan, SA y CV. Según ha trascendido, el monto que tendrá que pagar el estado de Sinaloa por el terreno donde se construirá el hospital supera en 3.5 veces la cuantía original aprobada por el Congreso del estado. Un desfase presupuestario de esta gravedad, aun cuando fuera aprobado por el legislativo estatal, debe ser auditado. Además, una investigación periodística ha revelado que la empresa inmobiliaria que vendió los terrenos a la contraparte privada para la ejecución de la obra sólo adquirió dichos predios una vez que el proyecto de asociación-público privada se estaba elaborando. Ello puede señalar el ejercicio de prácticas de especulación inmobiliaria alrededor de los recursos públicos que moviliza el proceso de contratación del hospital general de Culiacán. Es necesario que la ASF examine y evalúe todo el proceso de licitación, adjudicación y ejecución del proyecto.

Quinto. En octubre de 2014, también mediante licitación internacional y bajo el formato de asociación público-privada, el ISSSTE adjudicó a la compañía Consorcio Tradeco IGSA el proyecto de prestación de servicios del hospital general Doctor Gonzalo Castañeda Escobar, en la Ciudad de México. El diseño incluye la demolición, construcción, equipamiento, mantenimiento, operación y prestación de servicios médicos, por un monto de 8 mil 68 millones de pesos sin impuesto al valor agregado durante 23 años. La ASF implementó una auditoría financiera y de cumplimiento, análisis que señaló que “la fase de demolición que se estimaba finalizar el 4 de marzo de 2015 aún se encontraba inconclusa el 23 de junio de 2015, cuando se realizó una visita. Además, el ISSSTE no informó de las causas de los retrasos, ni demostró contar con mecanismos de supervisión y control”

La ASF señala que el ISSSTE “no celebró operación alguna constitutiva de deuda pública en términos de los artículos 1 y 2 de la Ley General de Deuda Pública, mientras que la realidad es que el proyecto de prestación de servicios bajo el esquema de asociación público-privada presenta características análogas a una deuda; su formalización contractual representa obligaciones ineludibles de gasto a largo plazo con cargo en el organismo descentralizado y por ende en el gobierno federal”. Además, el modelo financiero elaborado por el ISSSTE determinó un monto de 7 mil 544 millones de pesos que difiere en 523 millones de pesos con el pactado en el contrato por 8 mil 68 millones de pesos. Resulta necesario que la Secretaría de la Función Pública informe de qué consecuencias y medidas de seguimiento se han establecido para solventar las irregularidades descubiertas por la Auditoría Superior de la Federación respecto del citado contrato.

Sexto. La erogación de inversiones y gastos de capital en concepto de gasto corriente mediante la figura de la asociación público-privada es un problema que no sólo afecta al caso señalado. Ello supone el ejercicio de una práctica financiera fraudulenta desde el punto de vista contable, por cuanto permite evadir la legalidad vigente sobre deuda y comprometer recursos públicos a largo plazo sin límites. Como en el caso del hospital general Doctor Gonzalo Castañeda Escobar, las inversiones a largo plazo a través de esquemas de asociación público-privada encubren el endeudamiento de las instituciones federales, comprometiendo la sostenibilidad financiera del Estado y presionando su balance fiscal en el futuro. Por ello, la motivación de los proyectos de colaboración público-privadas tienen que poner énfasis en las necesidades y beneficios objetivos de este tipo de fórmulas, que como se ha demostrado generan una catálogo de serios peligros y desafíos en el manejo de los recursos públicos.

Todos los casos expuestos en la presente proposición con punto de acuerdo tienen en común ser proyectos de colaboración hospitalaria entre el sector público y el privado y haber sido señalados por irregularidades en alguna de sus fases de implementación. Ello nuevamente enfatiza la necesidad de que la Auditoría Superior de la Federación y el resto de instituciones públicas implicadas redoblen la vigilancia y el escrutinio sobre cada proyecto de asociación público-privada, máxime cuando éstos afectan a servicios públicos esenciales y comprometen los recursos financieros del Estado a largo plazo. Tal y como los casos relatados muestran, el compromiso con la transparencia, la austeridad y el manejo eficiente de los recursos públicos encuentra un serio desafío en la proliferación de los esquemas de contratación público privada. Es tarea de todas las instituciones públicas implicadas velar por el correcto funcionamiento de este tipo de formatos de inversión, evitar la colusión de intereses y asegurar que no se produzca malversación y desvío de fondos públicos.

Por lo expuesto, ponemos a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión exhorta a la Auditoría Superior de la Federación a auditar los procesos de contratación pública del hospital general de Ticul, en Yucatán; del hospital general de Mérida, también en Yucatán; y del hospital general de Culiacán, en Sinaloa.

Segundo. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de la Función Pública a que comunique a la opinión pública las acciones que se han generado como resultado de la “Auditoría Financiera y de Cumplimiento número 14-1-00GYN-02-0160 DS-092” realizada a la asociación pública-privada para la prestación de servicios del hospital general Doctor Gonzalo Castañeda Escobar, de la Ciudad de México.

Tercero. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión exhorta al secretario de Salud pública, José Ramón Narro Robles, a comunicar a la opinión pública, en el ámbito de sus competencias, las condiciones de desarrollo general de estos proyectos de colaboración público-privados, en términos de su justificación y beneficios.

Notas:

1 Mayntz, R. (2001). El Estado y la sociedad civil en la gobernanza moderna. Reforma y democracia, (21), 7-22.

2 OCDE (2012) Public Governance of Public-Private Partnerships, 16 de Mayo del 2012, disponible el 6 de Septiembre del 2016 en https://www.oecd.org/governance/budgeting/PPP-Recommendation. pdf

3 Zuñiga N, “Dejan en el tintero hospitales vía APP”, 25 de agosto de 2016, disponible el 6 de septiembre de 2016 en http://www.elnorte.com/aplicacioneslibre/articulo/ default.aspx?id=923386&md5=96a693dc6d3fd06fae77459add5b1aa3 &ta=0dfdbac11765226904c16cb9ad1b2efe&po=4

4 Gobierno del estado de Yucatán, “Acciones del gobierno estatal por los Hospitales de Ticul y Tekax”, 5 de mayo de 2015, disponible el 5 de septiembre de 2016 en http://yucatan.com.mx/merida/gobierno-merida/acciones-del-gobierno-estatal-por- los-hospitales-de-ticul-y-tekax

5 Santana R. (2016) “Empresa ligada a cuñado de Salinas gana licitación para construir hospital del ISSSTE en Mérida”, 23 de agosto de 2016, disponible el 5 de septiembre de 2016 en http://www.proceso. com.mx/452056/empresa-ligada-a-cunado-salinas-gana-licitacion-construir-hospita l-del-issste-en-merida

6 ISSSTE (2016) Acta del fallo de Licitación Pública Internacional Mixta APP-019GYN006-E3-2016, de conformidad con la Ley de Asociaciones Público-Privadas, 22 de Agosto del 2016, disponible el 5 de Septiembre del 2016 en http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/ file/127003/ACTA_FALLO_APP_MERIDA.PDF

7 Ídem

8 Ley de Asociaciones Público-Privadas, artículo 55, disponible en http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lapp.htm

9 Cuamea F. y otros “El nuevo hospital de Culiacán endeudaría a los próximos cinco gobernadores”, 21 de julio de 2015, Arístegui Noticias, disponible el 6 de septiembre de 2016 en http://m.aristeguinoticias. com/2107/mexico/hospital-de-culiacan-el-expediente-oculto-investigacion-de-noro este/

10 Auditoría Superior de la Federación (2014), “Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 14-1-00GYN-02-0160 DS-092”

11 Ídem, página 14.

12 Ídem, página 19.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de septiembre de 2016.— Diputados: Araceli Damián González, Rogerio Castro Vázquez (rúbricas).»

Se turna a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, para dictamen.

IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS EN CONTRA DEL USO DE ASBESTO EN LAS TUBERÍAS DE AGUA POTABLE DE LA CDMX

«Proposición con punto de acuerdo, relativo a la implantación de medidas contra el uso de asbesto en las tuberías de agua potable de la Ciudad de México y prevenir con ello efectos adversos en la salud, a cargo de la diputada Ma. Victoria Mercado Sánchez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

La suscrita, Ma. Victoria Mercado Sánchez, diputada de esta LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6, fracción I, y 79, párrafos primero, fracción II, y segundo del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía el siguiente

Consideraciones

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), existen en el mundo aproximadamente 125 millones de personas que se encuentran están expuestas a un mineral altamente tóxico, denominado asbesto o amianto; capaz de producir cáncer de pulmón, mesotelioma, cáncer de laringe, de ovarios, y asbestosis (fibrosis de los pulmones). La principal exposición se da a través de la inhalación de estas fibras que se encuentran en el aire o en el agua del lugar de trabajo, lo que provoca que los empleados que laboran dentro de las fábricas sean los principales afectados, asimismo, el aire cercano a los puntos de producción o distribución afecta gravemente a la población aledaña.

“En 2004, el cáncer de pulmón relacionado con el amianto, el mesotelioma y la asbestosis causados por exposiciones laborales dieron lugar a 107 mil muertes y 1 millón 523 mil años de vida ajustados por discapacidad a nivel mundial”.

Debido al alto índice de mortandad provocado por la exposición a este mineral, se firmó el Convenio de Rótterdam, sobre el procedimiento de consentimiento fundamentado previo aplicable a ciertos plaguicidas y productos químicos peligrosos objeto de comercio internacional, mismo que entró en vigor el día 24 de febrero de 2004; a la fecha cuenta con 96 partes contratantes y pese a que nuestro país es miembro, es el principal importador de este material desde Brasil y Canadá. Cuyo objetivo principal es el siguiente:

“Establecer un mecanismo de autorización previa a la importación y exportación de sustancias químicas peligrosas y plaguicidas comerciales, denominado Consentimiento Fundamentado Previo, PIC por sus siglas en inglés, con la finalidad de tener toda la información necesaria para conocer las características y los riesgos que implica el manejo de dichas sustancias, permitiendo que los países importadores decidan que sustancias químicas desean recibir y excluir aquellas que no puedan manejar de manera segura para evitar riesgos a la salud humana y el ambiente”.

En nuestro país, pese al impacto nocivo que causa a la salud la utilización de este mineral, su producción y uso no ha sido descontinuado, y para muestra de ello, el pasado 8 de marzo del año en curso, el actual director del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, el Ingeniero Ramón Aguirre Díaz, sostuvo que la red de agua que abastece a la Ciudad de México, tiene más de 60 años de antigüedad, razón de que las tuberías estén hechas a base de asbesto, y que únicamente han sido reemplazadas las que por algún motivo han sufrido alguna ruptura o desgaste, provocando fugas de agua. Asimismo, mencionó que:

“Se necesitan al menos mil millones de pesos por un año (unos 54 millones de dólares) para poder reemplazar las tuberías, adicionales a los 120 mil millones de pesos (652 millones de dólares) que actualmente asigna el congreso local al Sistema de Aguas”.

Por lo anteriormente expuesto, solicito de la manera más atenta, se exhorte respetuosamente a la Secretaría de Salud y al gobierno de la Ciudad de México a tomar las medidas conducentes en pro de la eliminación del asbesto en las tuberías que recorren toda la ciudad, reemplazando el amianto por productos más seguros y formulando mecanismos económicos y tecnológicos para estimular su erradicación, con ello, lograremos fortalecer la salud de todos los habitantes, ya que las fibras de asbesto no se evaporan en el aire, ni se disuelven en agua, por lo que su inhalación o ingestión puede producir que las partículas se alojen en los pulmones o en el tubo digestivo causando serias enfermedades.

Por lo anteriormente expuesto, me permito presentar ante esta honorable asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud, a la Secretaría de Salud de la Ciudad de México y al Gobierno de la Ciudad de México, a efecto de implementar medidas en contra del uso de asbesto en las tuberías de agua potable de la Ciudad de México, y con ello prevenir efectos adversos en la salud, a cargo de la diputada María Victoria Mercado Sánchez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Notas:

1 OMS. http://www.who.int/ipcs/assessment/public_health/asbestos/ es/

2 Semarnat. http://www.semarnat.gob.mx/temas/agenda-internacional/convenio-de-rotterdam

3 Telesur. “Las tuberías de agua potable en México están hechas de asbesto”. 8 marzo 2016. http://www.telesurtv.net/news/Las-tuberias-de-agua-potable-en-Mexico-estan-hech as-de-asbesto-20160308-0051.html

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de septiembre de 2016.— Diputada Ma. Victoria Mercado Sánchez (rúbrica).»

Se remite la Comisión del Distrito Federal, para dictamen.

NATURALEZA VOLUNTARIA DE LAS CUOTAS EN FAVOR DE CENTROS ESCOLARES

«Proposición con punto de acuerdo, por el cual se exhorta a la SEP a implantar una campaña de comunicación masiva para informar a la población sobre la naturaleza voluntaria de las cuotas en favor de centros escolares y las responsabilidades en que incurren quienes infrinjan la normativa aplicable, suscrita por las diputadas Norma Xochitl Hernández Colín y Patricia Aceves Pastrana, del Grupo Parlamentario de Morena

La que suscribe, diputada federal Norma Xochitl Hernández Colín, integrante del Grupo Parlamentario de Morena a la XLIII Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por la fracción II y numeral 2 del artículo 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución por el que se exhorta a la Secretaría de Educación Pública federal a que, en atención a lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley General de Educación, implemente de manera urgente, una campaña masiva de comunicación donde informe a la población sobre la naturaleza voluntaria de las cuotas en favor de centros escolares, y sobre las responsabilidades en que incurren las personas o servidores públicos que infrinjan la normatividad en cita.

Lo anterior, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

El pasado seis de septiembre fue difundido, en diversos medios de comunicación, así como en las redes sociales, un video grabado por un profesor de la Escuela Primaria “Leona Vicario”, ubicada en la localidad de Tlapacoyan, Veracruz; en el que se aprecia a la supuesta Presidenta de la Asociación de Padres de Familia de la escuela, María del Carmen Cruz Hernández, presuntamente cometiendo el delito de robo de libros de texto gratuitos en perjuicio de las alumnas y alumnos de la escuela que, según ella, a ese momento no habían realizado el pago de la cuota que la Ley estipula como voluntaria.

Derivado de lo anterior, el titular de la Secretaría de Educación Pública, instruyó a la Unidad de Asuntos Jurídicos de la dependencia, a interponer la denuncia correspondiente ante la Procuraduría General de la República, solicitando el ejercicio de la acción penal en contra de quien o quienes resulten responsables.

Sin menospreciar la reacción de la autoridad, es necesario recalcar que se trata de una acción aislada que no enfrenta ni resuelve el problema que representan las represalias en contra de quienes no aportan las referidas cuotas. En la actualidad, dado el avance tecnológico, este tipo de prácticas se evidencia con mayor facilidad, sin embargo, son comportamientos ilegales muy arraigados no sólo en las personas integrantes de las asociaciones de madres y padres de familia.

Es necesario hacer del conocimiento de la sociedad que la acción cometida por la ciudadana puede ser constitutiva de delito, puesto que la legislación estipula que los libros de texto que distribuye la Secretaría de Educación Pública son gratuitos, y su entrega no puede estar supeditada a retribución alguna. Además, hasta el momento, la Ley estipula que cualquier aportación que las personas deseen realizar en favor de los centros educativos, es completamente voluntaria, y que la ausencia de apoyo monetario o en especie no puede derivar en la suspensión de servicio alguno. Por lo que cualquier acción en esos sentidos debe ser denunciada ante la autoridad jurisdiccional competente.

Por desgracia, pueden contarse por decenas las injusticias e ilegalidades que desde hace mucho tiempo sufren las personas que deciden no aportar dinero a los centros educativos donde estudian sus hijas o hijos, en algunos casos se prohíbe la inscripción, en otros la entrada a los inmuebles educativos y, como en este caso, el robo de los libros de texto que la autoridad está obligada a repartir de manera gratuita.

Sin duda alguna se trata de un problema recurrente, por citar un ejemplo, se sabe que la Secretaría de Educación de Jalisco, hasta agosto de 2015, había recibido 61 quejas en contra de diversas escuelas que tomaban represalias en contra de personas que no pagaban la cuota voluntaria, como se puede constatar en el periódico “Milenio Jalisco”.

También en agosto de 2015, la Unión Nacional de Padres de Familia hizo un llamado a la Secretaría de Educación Pública Federal, con la intención de solicitarle la vigilancia de los proceso de cobro de cuotas en las escuelas públicas, ya que existe una tremenda opacidad, de igual manera solicitó se ejecute una campaña masiva de información donde se dé a conocer el contenido de la legislación y los alcances de las denominadas cuotas voluntarias.

Por su parte, en agosto de 2016, la Organización Nacional Anticorrupción informó que a su buzón digital llegan diversas quejas provenientes principalmente de los estados de Veracruz, Oaxaca y Estado de México, todas relativas a las cuotas cobradas de manera obligatoria que, en el peor de los casos, representan un requisito indispensable para que las niñas y niños puedan ser inscritos en el curso escolar.

El problema del cobro obligatorio de cuotas voluntarias no sólo representa un problema de semántica, puesto que al ser voluntarias no podría existir obligación de pagarlas, sin embargo, el problema es aún más complejo, mismo que genera diversos cuestionamientos, ¿quién o quiénes deciden a cuánto asciende el monto de la cuota a pagar?, ¿bajo qué criterio se establece el monto?, ¿a cuánto ascienden los montos recaudados por escuela, por región, por entidad federativa y a nivel nacional?, ¿el monto recaudado es homogéneo en todos los centros escolares?, ¿quién recauda y eroga los recursos económicos acumulados?, ¿quién establece los castigos ante la negativa de pago?, ¿quién ejecuta los castigos ante la negativa de pago?

Sin lugar a dudas, la autoridad educativa del país es responsable no sólo de responder los cuestionamientos, también de impedir que con el argumento del apoyo a los centros escolares, se obligue al pago de cuotas, siendo que en la Ley no se encuentra descrita tal figura.

La mal llamada Reforma Educativa, implementada como reforma laboral en perjuicio de las personas trabajadoras de la educación, fue omisa en atender esta añeja problemática, en diversas ocasiones, el Secretario de Educación Pública ha enfatizado que no se privatizará la educación y que quien así lo afirme lo hace desde una perspectiva desinformada; sin embargo, al ser omisa y negligente ante la problemática, la autoridad educativa fomenta una forma de privatización tamizada.

Para efectos de lo anterior, debemos recordar el Derecho Humano consagrado en el Artículo 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, donde se establece que todas las personas tienen derecho a recibir educación gratuita, también estipula que para garantizar ese derecho, el Estado deberá aportar los materiales y la infraestructura educativa necesaria; por lo que, de manera lógica, no existe argumento válido para la solicitud de cuota alguna, mucho menos para su obligatoriedad; puesto que ello implicaría la abdicación de las obligaciones por parte de las administraciones federal y local.

Ninguna persona, bajo ninguna circunstancia puede ser obligada, ya sea por una persona física, por una persona jurídica colectiva o por alguna persona servidora pública, a aportar cantidad de dinero alguna para el ejercicio del Derecho Humano a la educación, ya que, reiterando, el Estado está constitucionalmente obligado a proporcionarla de manera gratuita.

Me parece necesario aclarar que al hacer uso de esta Tribuna, no peco de insensible ante las grandes y graves carencias de las escuelas públicas, también comprendo y valoro la buena voluntad de quien aporta dinero buscando mejorar la calidad de educación del país; sin embargo, nadie puede estar a favor de que la mejora de las condiciones de las escuelas corra a cargo de las madres y padres de familia, siendo que se trata de una responsabilidad constitucionalmente asignada al Estado. Por otro lado, debemos recordar que para los requerimientos del gasto público, tanto las madres como los padres de familia ya colaboran al cumplir con sus obligaciones fiscales, como el pago de impuestos.

Con la intención de resolver el problema, aprovecho este medio para informar que presentaré una iniciativa con la intención de modificar el contenido del Artículo 6 de la Ley General de Educación, a efecto de estipular claramente la prohibición a civiles y autoridades administrativas, de cobrar o recibir cuota alguna, ya sea en dinero o en especie. Entretanto, a través del presente solicito que la Secretaría de Educación Pública, en ejercicio de sus atribuciones y obligaciones legales, garantice el pleno ejercicio del derecho humano a la educación gratuita, tal y como está descrito en la Constitución.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único.Se exhorta a la Secretaría de Educación Pública Federal a que, en atención a lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley General de Educación, implemente de manera urgente, una campaña masiva de comunicación donde informe a la población sobre la naturaleza voluntaria de las cuotas en favor de centros escolares, y sobre las responsabilidades en que incurren las personas o servidores públicos que infrinjan la normatividad en cita.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de septiembre de 2016.— Diputadas: Norma Xochitl Hernández Colín, Patricia Elena Aceves Pastrana (rúbricas).»

Se turna a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para dictamen.

DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES EN LOS RÍOS, LAGUNAS Y PLAYAS DEL MUNICIPIO DE BAHÍA DE BANDERAS, NAYARIT

«Proposición con punto de acuerdo, relativo a la descarga de aguas residuales en ríos, lagunas y playas de Bahía de Banderas, Nayarit, a cargo del diputado Moisés Guerra Mota, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

El que suscribe, diputado Moisés Guerra Mota, integrante de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto en la fracción I del numeral 1 del artículo 6 y el artículo 79, numeral 1, fracción II, todos del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Nuestro país enfrenta una grave problemática en el manejo de los recursos acuíferos a grado tal que prácticamente todas las cuencas en el país presentan algún grado de contaminación y, en el caso, sobreexplotación. De acuerdo con informes de la propia Comisión Nacional del Agua 106 de 653 acuíferos en el país se encuentran sobreexplotados, de éstos la gran mayoría se encuentran en el centro y norte de la República y sólo unos cuantos en zonas de Veracruz y Puebla.

La contaminación de ríos, lagunas y mares, alcanza en el país condiciones de alarma, de acuerdo con diversos informes de organismos internacionales sin fines de lucro como Greenpeace, en nuestro país más de 70 por ciento de los cuerpos de agua presentan algún grado de contaminación, lo que ocasiona fundamentalmente dos efectos negativos, en primer lugar la disponibilidad del vital líquido para consumo humano se reduce, en segundo lugar las aguas contaminadas generan condiciones para el desarrollo de enfermedades infecto-contagiosas que afectan gravemente a la población infantil. De hecho, las enfermedades infecto-contagiosas en México representan la tercera causa de muerte en niños menores de 1 año.

La contaminación de los cuerpos de agua ha reducido radicalmente la disponibilidad anual por habitante al pasar de 11 mil 500 metros cúbicos en 1955 a 4 mil 263 metros cúbicos en 2011. Sin embargo, lo más grave pudiera estar por venir, pues la citada organización no gubernamental (ONG) señala que hacia el año 2025, es decir en sólo 9 años más, la disponibilidad de agua por habitante en nuestro país podría desplomarse a 4 mil metros cúbicos por año, esto es una reducción de casi 30 por ciento de lo disponible en 1955 y 84 por ciento de los mexicanos resentirían dicha disminución de manera preocupante.

Señala el informe que los ríos de México se encuentran contaminados gravemente por metales pesados y sumamente tóxicos como el plomo, mercurio, cromo, cadmio, cuyos efectos negativos en la salud de las personas han quedado lamentablemente, demostrados de forma plena.

Entre los ríos más contaminados del país es posible mencionar el Atoyac que corre por los estados de Tlaxcala, Puebla y Oaxaca, el cual se ha vuelto un vertedero de los residuos industriales de maquiladoras y otras empresas asentadas en sus márgenes, así como de residuos no tratados provenientes de centros poblacionales aledaños a las riveras por donde corre. El otro caso muy grave es el del río Lerma-Santiago, el cual cruza amplias zonas industriales y de producción agropecuaria en los estados de México, Guanajuato, Michoacán, Jalisco y Nayarit y cuyas aguas han sido calificadas como “no aptas para el consumo humano”, un desastre natural pues sus aguas atraviesan poblaciones donde millones de mexicanos habitan.

En este sentido, diversos estudios demuestran que el origen de la contaminación de los ríos en la mayoría de los casos en México, están íntimamente relacionados con la actividad industrial y agropecuaria que generan descargas sin control y lo más grave, sin tratamiento alguno antes de depositarse en los afluentes.

Se trata de un problema grave en el cual muchas veces las autoridades encargadas de vigilar y sancionar las descargas contaminadas a los ríos y afluentes, no hacen su trabajo o se encuentran francamente rebasadas por la magnitud del problema.

En México es la Secretaría del medio ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) a través de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) la encargada de expedir la norma oficial que limita los máximos permisibles de descargas de contaminantes en las descargas de aguas residuales a los sistemas de alcantarillado urbano o municipal, tratándose específicamente de la NOM-002-SEMARNAT-1996. Dicha norma establece claramente en su numeral 4.8 que “ No se deben descargar o depositar en los sistemas de alcantarillado urbano o municipal, materiales o residuos considerados peligrosos, conforme a la regulación vigente en la materia.”

Se involucra por tanto a los municipios en la corresponsabilidad de vigilar los límites máximos que podrán verterse a los drenajes y por consecuencia habrán de llegar a ríos y cuerpos de agua de deposición final.

Sin embargo, limitar la cantidad de contaminantes no puede ser el ideal de la norma ni mucho menos del actuar de los municipios, sino que éstos deben reconocer la responsabilidad que les compete para garantizar la solución de la descarga de aguas residuales y propiciar el establecimiento, puesta en marcha y funcionamiento de largo plazo de plantas de tratamiento de aguas residuales.

De acuerdo con datos de la Conagua, en 2012 existían en el país 2 mil 342 plantas tratadoras de agua, de diferentes capacidades, por ejemplo: sólo existen 21 plantas tratadoras de aguas residuales con capacidad de tratar un caudal mayor a 1 metro cúbico por segundo, 22 capaces de tratar caudales de entre 0.5 y menor o igual a 1 metro cúbico por segundo, 45 de 0.2 a 0.5 metros cúbicos por segundo y 76 de 0.1 a 0.2 metros cúbicos por segundo, la mayoría de las plantas tratadoras de aguas residuales, es decir 2,178 o 93 por ciento de las plantas de tratamiento de aguas residuales en el país tienen una muy baja capacidad de tratamiento.

Bahía de Banderas es el municipio más sureño sobre la costa del estado de Nayarit, colinda con el estado de Jalisco, conformando la zona metropolitana de Puerto Vallarta, pues es vecino de dicho puerto, divido solamente por el río Ameca y se ha distinguido como uno de los núcleos económicos más importantes del estado por el despegue de su actividad turística, reconocida internacionalmente como Riviera Nayarit, con playas espectaculares como: Lo de Marcos, San Pancho, Sayulita, Punta de Mita, entre otros. Se trata de playas que son visitadas por miles de turistas provenientes de Europa, Estados Unidos y Canadá principalmente y por supuesto de compatriotas mexicanos.

Sin embargo la calidad del agua de sus playas está en riesgo pues la capacidad de tratamiento de las aguas residuales por el municipio puede considerarse rebasada, pues aunque existe una planta de tratamiento de aguas residuales relativamente nueva, ésta sólo tiene capacidad para tratar 600 litros por segundo, es decir 0.6 metros cúbicos de agua y atiende de manera prioritaria a las poblaciones de Bucerías, la Cruz de Huanacaxtle, Valle Dorado, El Porvenir, entre otras.

El problema radica en que aún existen vertederos irregulares a los caudales, arroyos y afluentes que corren por el municipio, llegando muchos de estos vertidos directamente a las playas de sitios como Sayulita, en donde la contaminación con residuos orgánicos comienza a ser palpable y de no controlarse, podría detonar un grave problema de contaminación de las aguas del mar que bañan las playas de la riviera, trayendo consigo graves afectaciones a la salud de los habitantes y paseantes, así como el decrecimiento de los visitantes del exterior que anualmente se hospedan en la Riviera Nayarit.

Un ejemplo más de esta lamentable situación se da en la Laguna del Quelele, el cuerpo de agua lacustre más importante del municipio de Bahía de Banderas y cuya contaminación proveniente de vertederos irregulares, está comprometiendo su viabilidad ecológica, como también ocurre con el arroyo El Tonderoque el estero El Chino, ambos contaminados con aguas residuales provenientes de fincas y casas que han expandido la zona urbana sin un adecuado control y desarrollo de infraestructura para el drenaje y el tratamiento de aguas.

La importancia de también atender este problema radica en que la citada Laguna, tiene un importante potencial turístico, que ampliaría la oferta de servicios a los visitantes del municipio, además de garantizar el abastecimiento de agua dulce adecuada para el consumo humano.

La riviera en sí misma es un paraíso con el que contamos los mexicanos, debemos por todos los medios mantenerla inmaculada, toda vez que las actividades humanas dejan siempre una huella.

Y aunque la contaminación del agua no es un asunto privativo de México, pues los ríos más contaminados del planeta son el Mekong, el Salween, el Ganges y hasta el Danubio, en Asia y Europa respectivamente, de acuerdo con el World Wildlife Fund (WWF), toca a nosotros resolver los problemas que en el ámbito local están afectando a la población, a las actividades económicas como la agricultura y evidentemente a la vida silvestre.

Tanto la contaminación de las playas de la Riviera Nayarit, como de la Laguna del Quelele, deben de ser atendidos de manera prioritaria por las dependencias federal y municipales correspondientes, con la finalidad de tomar acciones determinantes a dicha situación, y si esto es con la construcción de otra planta de tratamiento de aguas residuales o bien, una ampliación de la infraestructura instalada para llegar a más comunidades por medio de la red de drenaje, que las autoridades correspondientes tomen cartas en el asunto y lo hagan.

En virtud de lo anterior es que me permito proponer al pleno de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Comisión Nacional del Agua y al municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, a resolver urgentemente la problemática relacionada con las descargas de aguas residuales en los ríos, lagunas y playas del municipio del mismo nombre.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de septiembre de 2016.— Diputado Moisés Guerra Mota (rúbrica).»

Se remite a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen.

MECANISMO DE SEGUIMIENTO DE CASOS DE TORTURA SEXUAL, EMITA EL DICTAMEN CORRESPONDIENTE AL CASO DE VERÓNICA RAZO

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Segob a instruir a la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, a fin de que emita por el Mecanismo de Seguimiento de Casos de Tortura Sexual el dictamen correspondiente al caso de Verónica Razo, a cargo de la diputada Claudia Sofía Corichi García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

La suscrita Claudia Sofía Corichi García, diputada integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados somete a consideración del pleno de esta asamblea, el siguiente punto de acuerdo, por el que la H. Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Gobernación a instruir a la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), para que a través del Mecanismo de Seguimiento de Casos de Tortura Sexual, se emita el dictamen correspondiente al caso de Verónica Razo, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

I. El pasado 28 de junio, Amnistía Internacional México presentó el Informe “Sobreviviendo a la muerte, tortura de mujeres por policías y fuerzas armadas en México”, en él muestra el más brutal panorama de tortura hacia las mujeres en nuestro país.

II. Según revela su investigación, 100 mujeres recluidas en prisiones federales contaron a Amnistía Internacional que habían sufrido tortura u otros malos tratos afirmando haber sufrido algún tipo de acoso sexual o abuso psicológico durante su arresto e interrogatorio a manos de policías municipales, estatales o federales o e miembros del ejército y la marina. “Según su relato, 72 habían sufrido abusos sexuales durante su arresto o en las horas posteriores, y 33 habían sido violadas.”

III. “Un total de 66 dijeron que habían denunciado los abusos ante un juez u otra autoridad, pero sólo en 22 casos se habían abierto investigaciones”. Amnistía Internacional no tiene conocimiento de que se hayan presentado cargos de alguna clase a partir de estas investigaciones.

IV. “Los casos de estas mujeres dibujan un cuadro absolutamente escandaloso que refleja el nivel de tortura que sufren las mujeres en México, incluso para lo que se acostumbra en la región. La violencia sexual usada como tortura parece haberse convertido en parte habitual de los interrogatorios.”

V. “Las mujeres procedentes de entornos marginados son las más vulnerables en la denominada ‘guerra contra el narcotráfico’ de México. Las autoridades, normalmente más preocupadas por que se vea que están encarcelando a gente que por encontrar a los verdaderos delincuentes, suelen considerarlas objetivos fáciles.”

VI. En el informe, Amnistía Internacional narra las historias sobre estas mujeres que sufrieron abusos que van desde tocamientos, manoseos hasta violaciones, así como golpes, palizas y descargas eléctricas durante su arresto e interrogatorio. Resaltan el nivel socioeconómico de la mayoría, ya que proceden de zonas de ingresos muy bajos, lo que hace casi imposible que puedan defenderse debidamente.

VII. “Según datos de las comisiones local y nacional de derechos humanos, sólo en 2013 se presentaron más de 12.000 denuncias de tortura y otros malos tratos ante estos organismos en todo el país, donde 8.943 de las posibles víctimas eran hombres y 3.618 eran mujeres. Entre 2013 y 2014 se duplicaron las querellas por tortura presentadas ante la Procuraduría General de la República en México, pero sólo se ha abierto un número limitado de investigaciones.”

VIII. Los organismos encargados de hacer cumplir la ley, ministerios públicos y tribunales de México siguen sin investigar, enjuiciar y castigar la violación y otros actos graves de violencia sexual usados como forma de tortura por funcionarios públicos. Las denuncias de tortura y otros malos tratos a menudo no se investigan, y es incluso más excepcional que los presuntos responsables comparezcan ante la justicia.

IX. Tal es el caso de Verónica Razo, “Verónica tiene 37 años y lleva cinco años en prisión, separada de sus dos hijos. El 8 de junio de 2011 caminaba por una calle cercana a su casa, en el centro de la Ciudad de México, cuando unos hombres armados y sin uniforme que viajaban en un automóvil la agarraron y la secuestraron. La llevaron a un galpón de la Policía Federal, donde la retuvieron durante 24 horas y la torturaron. La golpearon, la sometieron a semiasfixia y a descargas eléctricas, y varios policías la violaron repetidamente. La amenazaron y la obligaron a firmar una “confesión”.

Tras ser interrogada por policías y agentes del ministerio público, se desmayó y tuvo que ser llevada a toda prisa al hospital, donde recibió tratamiento por palpitaciones cardíacas graves. Los policías dijeron que la habían detenido al día siguiente y la acusaron de pertenecer a una banda de secuestradores. Sin embargo, la noche de su detención su madre ya había presentado ante las autoridades locales una denuncia de persona desaparecida.

Dos años después de su detención, unos psicólogos de la PGR confirmaron que Verónica presentaba síntomas coincidentes con tortura. Verónica ha pasado cinco años en prisión en espera del resultado de su juicio. Su hija tenía sólo seis años cuando Verónica fue detenida, y su hijo tenía 12. Los compañeros de colegio de su hija se burlan de ella por tener una madre “delincuente” en prisión, y la llaman “huérfana”. Sin embargo, su hija dice a Verónica que, gracias a ella, ha aprendido a ser fuerte. Su hijo, que ahora tiene 18 años, no ha podido ir a la universidad a causa de la carga económica que el encarcelamiento de su madre ha supuesto para la familia. La madre de Verónica tuvo que dejar su casa y vender su auto y su pequeño local a causa de las dificultades económicas que ha representado apoyar a su hija.”

X. Amnistía Internacional denuncia que las autoridades les han negado acceso a información relevante acerca de estos casos y su investigación. “La Secretaría de Gobernación (Segob) impidió a la delegación de Amnistía Internacional el acceso a un gran número de mujeres bajo custodia y, en algunas ocasiones, la entrada en un centro penitenciario. Además, representantes del Ejército y la Marina rechazaron las solicitudes de Amnistía Internacional para tener reuniones.”

XI. Este es un tema que ha llamado la atención de organismos Nacionales e Internacionales, y en México ha ido en crecimiento y con casos alarmantes, este Informe sólo releva crudamente la realidad de cientos de mujeres en nuestro país que siguen sufriendo torturas, y lo más grave, están encerradas en alguna cárcel del territorio mexicano sin haber cometido ningún delito, y que después de años aún no les resuelven su situación legal.

XII. “Como resultado de un compromiso adquirido por el Estado mexicano en la audiencia temática sobre tortura sexual en México, llevada cabo el 20 de marzo de 2015, a solicitud de las organizaciones Asociadas por lo Justo (JASS), el Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan”, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, en el marco del 154° período ordinario de sesiones de esa Comisión Interamericana, se estableció el Mecanismo de Seguimiento de Casos de Tortura Sexual cometida contra mujeres. En seguimiento a la referida audiencia, durante 2015 la Conavim llevó a cabo reuniones con las organizaciones peticionarias de la audiencia y con diversas dependencias del gobierno federal con el fin de acordar la instalación y funcionamiento del mencionado Mecanismo.”

XIII. El Mecanismo de Seguimiento de Casos de Tortura Sexual fue instalado formalmente el 9 de septiembre de 2015, iniciando con el análisis de sus primeros casos. “El Mecanismo está integrado por la Conavim, como coordinadora; por la Secretaría de Relaciones Exteriores; la Unidad para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos de la Segob; la Subprocuraduría de Derechos Humanos de la Procuraduría General de la República; la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, la Comisión Nacional de Derechos Humanos; y por las organizaciones solicitantes de la audiencia temática. El Mecanismo tiene como principales objetivos:

1. Revisar casos de mujeres denunciantes de tortura sexual, comenzando con los casos contemplados en la campaña “Rompiendo el silencio: Todas juntas contra la tortura sexual” y, prioritariamente, aquellos casos de mujeres que se encuentran en reclusión, como Yecenia Armenta (Sinaloa), Cristel Piña Jasso (Chihuahua) y Verónica Razo (Federal).

2. Emitir un dictamen conjunto con recomendaciones sobre cada uno de los casos revisados, el cual tendrá el objetivo de abonar a la aplicación de los más altos estándares internacionales de derechos humanos en cada caso y ofrecer asistencia técnica para avanzar en la investigación de la tortura sexual.

3. Conformar políticas públicas dirigidas a la prevención y combate de la tortura sexual, con el fin de que esta práctica sea erradicada.”

XIV. A poco más de un año de la instalación de este Mecanismo de Seguimiento de Casos de Tortura Sexual Cometida contra las Mujeres, Verónica sigue esperando acceder a la justicia, incluso su caso fue uno de los primeros en ser presentado ante el Mecanismo.

Por todo lo anteriormente expuesto, es que someto a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único.La Honorable Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Gobernación a instruir a la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), para que a través del Mecanismo de Seguimiento de Casos de Tortura Sexual, se emita el dictamen correspondiente al caso de Verónica Razo.

Notas:

1 Amnistía Internacional México, “Sobrevivir a la muerte. Tortura de mujeres por policías y fuerzas armadas en México”, informe. Junio de 2016. México.

2 Erika Guevara-Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional, Conferencia de Prensa “Presentación Informe “Sobrevivir a la muerte. Tortura de mujeres por policías y fuerzas armadas en México”, informe. 28 de junio de 2016.

3 Ibídem

4 “La Tortura en México: una mirada desde los organismos del Sistema de Naciones Unidas”, Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Naciones Unidas Derechos Humanos Oficina del Alto Comisionado. México, Noviembre, 2015.

5 Amnistía Internacional México, “Sobrevivir a la muerte. Tortura de mujeres por policías y fuerzas armadas en México”, informe. Junio de 2016. México, p. 34.

6 Ibídem. p. 6

7 Conavim, informe de actividades 2015, Segob.

8 Conavim, informe de actividades 2015, Segob.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 14 días del mes de septiembre de 2016.— Diputada Claudia Sofía Corichi García (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Igualdad de Género, para dictamen.

EFEMÉRIDES

ANIVERSARIO DEL INICIO DE LA GUERRA DE INDEPENDENCIA EN MÉXICO

«Efeméride con motivo del 16 de septiembre, aniversario del inicio de la Guerra de Independencia en México, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PVEM

En nuestro calendario cívico nacional no existe fecha histórica, celebración cívica o festejo popular más importante y trascendente que el festejo de la Independencia de nuestra nación.

El proceso de Independencia de nuestro país no constituyó un proceso aislado, por el contrario, fue un movimiento que siguió las ideas liberales pregonadas por la Independencia de los Estados Unidos de América en 1776 y de la Revolución Francesa de 1789, asimismo, fue un proceso conjunto en el que participaron la mayoría de la naciones latinoamericanas.

Las naciones hermanas del cono sur de nuestro continente iniciaron y alcanzaron sus respectivas independencias en las tres primeras décadas del siglo XIX, comenzando por Haití, que lo hizo al amanecer del siglo, hasta Brasil, que terminó el ciclo.

Cabe recalcar que fue nuestro país el precursor de los procesos continentales de emancipación que surgieron a partir de 1808 y que posteriormente se expandieron de manera virulenta por todo el continente, dichos movimientos insurgentes levantaron a los pueblos con el grito común de acabar con la opresión y de alcanzar la libertad.

Aprovechamos esta ocasión para agradecer y rememorar a los hombres y mujeres que con visión y valentía hicieron realidad el sueño libertario, nuestros libertadores rompieron las cadenas que nos ataban con la metrópoli y dieron vida a las múltiples y jóvenes naciones americanas.

Habiendo establecido las bases y antecedentes del acontecimiento independiente como fenómeno estructural, consideramos oportuno centrarnos en nuestro proceso emancipador. Nuestro camino a la vida independiente comenzó el 16 de septiembre de 1810 precedido por la Invasión napoleónica en 1808, la cual ocasionó una grave crisis de legitimidad en las Colonias hispanoamericanas.

Viendo el entonces virrey, José de Iturrigaray que la situación en la Península Ibérica era caótica tomó la acertada decisión de desconocer a José Bonaparte y reclamó la soberanía, lo anterior ocasionó un golpe de estado instrumentado por aquéllos que deseaban mantener el estatus quo. A pesar de haber fracasado la intentona independentista del virrey, las ideas liberales y los deseos libertarios continuaron fluyendo a lo largo y ancho de nuestro territorio, prueba de lo anterior fue que dos años después del golpe de estado y más concretamente el 16 de septiembre de 1810, las fuerzas insurgentes dieron inicio a la revuelta, una revuelta que a pesar de los vaivenes propios de la guerra vio coronado sus anhelos el 27 de septiembre de 1821.

A partir de este momento, el territorio de la Nueva España pasó a convertirse en el Imperio Mexicano, el cual tuvo una duración de sólo dos años y a partir de ese entonces se conformó la Republica federal, la cual, a la postre y después de años de peleas intestinas, invasiones, revoluciones y periodos de paz, esplendor, orden y crecimiento llegamos a constituir el gran país que con orgullo llamamos: México.

Tenemos que resaltar que el precio de la Independencia fue muy costoso, a lo largo de los diez largos años de guerra fueron cegadas miles de vidas de hombres y mujeres, otra consecuencia nefasta fue la pérdida de la enorme riqueza generada a través de los años fruto del trabajo y del esfuerzo de generaciones enteras, pero quizás la consecuencia más grave que dejó la guerra de Independencia fue la semilla de división entre los bandos y que fue superada luego con la construcción de la identidad nacional.

El día de hoy conmemoramos 206 años de vida independiente, una fecha que a la par de unirnos como nación, nos obliga a reconocer y a hacer un recuento de nuestros logros y fracasos.

En un primer momento, reconocemos y celebramos que vivimos bajo un régimen democrático, con un régimen federal funcional pero perfectible, y en un ambiente de libertades políticas nunca antes vistas.

Y si bien nos queda mucho por hacer para conseguir una sociedad con justicia social y con plena seguridad individual y colectiva, reconocemos que desde el gobierno federal se hacen los esfuerzos necesarios para que a mediano y largo plazo seamos una sociedad inclusiva y próspera, en donde todos los mexicanos puedan gozar y ejercer libremente de todos los derechos que nuestra Constitución nos concede.

Hoy más que nunca necesitamos de políticos y personajes que tengan la valentía, iniciativa y audacia de luchar por el pueblo de México, personajes como Hidalgo, Allende, Aldama, Rayón, Abasolo, Morelos, Galeana, Matamoros, Guerrero, Josefa Ortiz de Domínguez, Leona Vicario, Los hermanos Bravo, entre otros que darían su vida para mejorar la de todo un pueblo.

A lo largo de estos 206 años de vida independiente nuestros antepasados hicieron su parte para sacar adelante a nuestro país, el día de hoy nos toca a nosotros hacer nuestra parte, tratando de construir para las generaciones futuras un país viable y próspero, y de esta manera poder ser recordados, como el día de hoy estamos recordando a los héroes que nos dieron patria.

En el Partido Verde Ecologista de México celebramos la Independencia de México y al mismo tiempo apelamos a la unidad para que en estos tiempos de división se logren los acuerdos y consensos necesarios para seguir trabajando por México.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de septiembre de 2016.— (Rúbrica).»

ANIVERSARIO DE LA VICTORIA SOBRE EL EJÉRCITO ESPAÑOL EN TAMPICO EN 1829

«Efeméride con motivo del 11 de septiembre, aniversario de la victoria sobre el Ejército Español en Tampico en 1829, a cargo del diputado Abdies Pineda Morín, del Grupo Parlamentario del PES

El 11 de septiembre de 1829, se constituye un hito en la historia patria porque no sólo las armas mexicanas se cubrieron de gloria, sino que además, se concluyó para siempre y en definitiva, el capítulo de la presencia española en el territorio del país.

La invasión española era una amenaza efectiva hacia y para tal fin en 1829, España dispuso una empresa militar junto con la difusión de proclamas a través de manifiestos dirigidos a los habitantes de la república, en donde no quedaba duda sobre sus intenciones de reconquista del antiguo virreinato.

Los acontecimientos previos a esa fecha, no sólo ponen de relieve la férrea voluntad del pueblo de México, sino además, su capacidad de entrega y su vocación de sacrificio; luego del desembarco español el 27 de julio de 1829 en Cabo Rojo, Veracruz, a una distancia aproximada de 70 kilómetros del heroico puerto de Tampico, las fuerzas mexicanas conjuntas de Tamaulipas y Veracruz intentaron detener la marcha de los españoles hacia el puerto; ante la imposibilidad de frenar el avance del ejército invasor, el gobierno mexicano hizo un llamado a la población civil para que abandonaran sus hogares.

En el proceso, las mujeres tampiqueñas no titubearon en poner en práctica la estrategia de “tierra quemada” y no sólo destruyeron fincas y arrasaron huertos y parcelas, sino que clausuraron pozos y aljibes y destruyeron cualquier vestigio que pudiera haber sido de alguna utilidad al invasor.

Las fuerzas mexicanas se reagruparon y abandonaron la ciudad, la cual fue tomada por las tropas extranjeras el 5 de agosto; establecido su cuartel por los soldados españoles en una finca del actual centro histórico, los combatientes mexicanos establecieron el suyo en Pueblo Viejo, Veracruz; de donde regresarían para cobrar justa revancha. Menos de un mes después, el 21 de agosto, el contingente español se dividió; una parte marchó de Tampico para tomar Villerías (actual Altamira, Tamaulipas) y otra, más reducida, permaneció en el puerto.

A su vez, el Ejército Mexicano atravesó el río Pánuco e hizo frente a la milicia extranjera hasta la capitulación española, que se interrumpió cuando el grueso de sus tropas regreso de su expedición para prestarles auxilio.

A partir de ese momento las hostilidades se recrudecieron; el cuartel general de los peninsulares fue bombardeado por los mexicanos desde el paso conocido como “El Humo” a la espera de los refuerzos que debían llegar de la capital del país. Como medida adicional, los nacionales empezaron a construir una serie de fortificaciones para envolver y paralizar al enemigo que, paulatinamente, empezó a padecer la falta de víveres, agua potable, así como los estragos de la fiebre amarilla.

Aprovechándose de las condiciones climáticas, el 9 de septiembre azotó un fuerte huracán las playas y costas en la entidad, las tropas mexicanas empezaron ataque definitivo; la noche del 10 de septiembre, los mexicanos ocuparon el Fortín de la Barra. Tras la dura refriega, las bajas considerables y el agotamiento de la fuerza invasora, ésta capituló a la mañana siguiente, esto es, el 11 de septiembre.

Esta serie de acontecimientos viene a unirse, sin duda, a las gestas de Miguel Hidalgo y Costilla, José María Morelos y Pavón, Vicente Guerrero, entre otros esforzados mexicanos, pues con su valor y bravura dieron inicio y llevaron al feliz término la Independencia de México, los héroes de Tampico, con esta victoria indiscutible consolidaron para siempre y en forma definitiva, la Independencia Nacional, ya que gracias a ella ambos gobiernos se reunieron años más tarde y firmaron un Pacto de Paz y Amistad, donde por primera vez, España reconoció la independencia de México.

Esta gran victoria, ante una intervención extranjera, constituyó el último intento de la corona española por reconquistar México.

El 11 de septiembre de 2005, el pleno del Honorable Congreso de Tamaulipas, a petición de la sociedad civil organizada, representada por Rescate Histórico de México, AC, otorgó la distinción de Heroica la Ciudad y Puerto de Tampico en reconocimiento al heroísmo con el que se alcanzó el triunfo para nuestra Ciudad y, por ende, la consolidación de la Independencia de nuestro país.

Por todo ello expuesto Encuentro Social se congratula en conmemorar que el 17 de junio del 2011 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma al artículo 18 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacional, donde establece que en términos del artículo 15 de la antes mencionada ley, la bandera debe izarse cada 11 de septiembre en honor a la victoria que en 1829 obtuvieron los mexicanos sobre el ejército español en la ciudad y puerto de Tampico.

Por último deseo resaltar, que como Tamaulipeco me es grato celebrar que cada 11 de septiembre sea reconocida la Batalla de Tampico , la cual es una celebración que consiste en la presentación de una poesía alusiva a esta gesta heroica, se arroja una ofrenda floral al río Pánuco para honrar la memoria de lo tampiqueños que perdieron la vida al impedir el último intento de la Corona Española por reconquistar México y se detona el histórico cañón perteneciente al Museo de La Victoria de Tampico, al igual hacer de conocimiento que ahora ya es efeméride nacional.

Notas:

Gaceta Parlamentaria, Número 3236-II, miércoles 23 de marzo de 2011

1 “Minuta con proyecto de decreto que adiciona la fecha 11 de septiembre, “aniversario de la victoria sobre el Ejército Español en Tampico”, al inciso a) del artículo 18 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales.”

2 Itca.gob.mx

Diario Oficial de la Federación

3 Se adiciona un párrafo al inciso a) del artículo 18 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de septiembre de 2016.— Diputado Abdies Pineda Morín (rúbrica).»

ANIVERSARIO DE LA ANEXIÓN DE CHIAPAS A MÉXICO

«Efeméride con motivo del 192 aniversario de la anexión de Chiapas a México, a cargo del diputado Hernán de Jesús Orantes López, del Grupo Parlamentario del PRI

Es un enorme privilegio para los chiapanecos recordar el 14 de septiembre de 1824, fecha en la que decidimos de forma espontánea federarnos a la República Mexicana, y con ello contribuir al progreso y crecimiento de esta gloriosa nación, de la cual nos sentimos profundamente orgullosos de ser parte fundamental.

Chiapas representa el origen de la nación, con una rica y complicada gama de costumbres, tradiciones y creencias, que conviven de manera extraordinaria desde el principio de los tiempos.

Cada uno de los grupos étnicos que allí habitan, conservan hondas raíces prehispánicas, ricas en secretos de la historia, de los cuales fueron protagonistas nuestros más antiguos ancestros.

A partir de nuestra anexión a México, los chiapanecos hemos participado de manera sobresaliente en todos y cada uno de los movimientos más significativos de esta nación; es por ello importante reconocer que hace 192 años y derivado de una lección democrática, marcada por la pluralidad y la participación popular, expresamos públicamente nuestro deseo de que Chiapas perteneciera a México, con todas las riquezas culturales y naturales que distinguen a nuestro territorio.

Somos el único estado de la Republica que a través del plebiscito, decidimos abrazar el estandarte tricolor y profesar el himno nacional mexicano, optando con dicho acto el caminar juntos con el futuro de México.

Si bien en los años más recientes el trabajo de los chiapanecos los ha ido incorporando paulatinamente a los avances del pueblo mexicano, Es una realidad que es uno de los estados que a lo largo de su historia ha sufrido los mayores índices de rezago y marginación.

Los impulsos a la educación y el desarrollo de la infraestructura han facilitado el crecimiento de algunas actividades económicas, no obstante lo cual persisten viejos rezagos en los ámbitos agrario educativo, social y político.

A raíz de la aprobación de la reforma educativa indispensable para lograr salir del atraso, se ha generado un problema social de grandes magnitudes, que hace nugatorio el derecho a la educación de niños y jóvenes. Es urgente resolver este problema, porque sin educación de calidad no habrá progreso.

Es un hecho que estamos pasando por una situación de apremio en las finanzas nacionales, pero existen prioridades y Chiapas debe ser una de ellas. Por lo que representa en términos históricos y por las deuda ancestral que hay con su gente, es la que menos debe salir afectada en los recortes presupuestales.

Es de elemental justicia, darle a Chiapas elementos para que construya su progreso.

¡Que viva Chiapas!

¡Que viva México!

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de septiembre de 2016.— Diputado Hernán de Jesús Orantes López (rúbrica).»

CLAUSURA Y CITA

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar(a las 14:15 horas): Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el martes 20 de septiembre de 2016 a las 11 horas.

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