Diario de los Debates

organo oficial de la camara de diputados
del congreso de los estados unidos mexicanos
Poder Legislativo Federal, LXIII Legislatura
Correspondiente al Primer Periodo de Sesiones Ordinarias del Segundo Año de Ejercicio
Director General de
Crónica Parlamentaria
Gilberto Becerril Olivares
Presidente

Diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar
Director del
Diario de los Debates
Luis Alfredo Mora Villagómez
Año II
México, DF, martes 20 de septiembre de 2016
Sesión No. 7

SUMARIO


COMUNICACIONES

De la diputada Arlette Ivette Muñoz Cervantes, del PAN, por la que solicita el retiro de la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, presentada el 3 de febrero de 2016

Del diputado Jorge López Martín, del PAN, por la que solicita el retiro de la iniciativa con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversos artículos de la Ley de Aviación Civil, presentada el 14 de abril de 2016

De la diputada Maricela Contreras Julián, del PRD, por la que solicita el retiro de la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona los artículos 42 y 49 de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, presentada el 30 de marzo de 2016

De la diputada Laura Nereida Plascencia Pacheco, del PRI, por la que solicita el retiro de dos iniciativas con proyecto de decreto: la primera, que reforma el artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo; y la segunda, que reforma los artículos 132 de la Ley Federal del Trabajo y 28 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B del Artículo 123 Constitucional, presentadas el 3 de marzo de 2016

Del diputado Jesús Sesma Suárez, coordinador del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, por la que solicita el retiro de la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Asentamientos Humanos, presentada el 7 de abril de 2016

Se tienen por retiradas, actualícense los registros parlamentarios

De la Secretaría de Gobernación, por la que remite los informes definitivos de las evaluaciones de diseño 2016 de los programas del sector economía coordinados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Se remite a las comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública y de Desarrollo Social, para su conocimiento

De la Secretaría de Gobernación, por la que remite los informes finales de las fichas de monitoreo y evaluación 2015-2016 de diversos programas presupuestarios a cargo del sector economía. Se turna a las comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública y de Desarrollo Social, para su conocimiento

De la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por la que remite la información relativa al pago de las participaciones a las entidades federativas correspondiente al mes de agosto de 2016, desagregada por tipo de fondo, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal y por entidad federativa, efectuando la comparación correspondiente al mes de agosto de 2015. Se remite a las comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento

De la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, por la que comunica que se declaró legalmente constituida para el desempeño de sus funciones e informa la integración de la Junta Instaladora. De enterado

Del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, por la que informa que las versiones finales de las evaluaciones en materia de diseño del Programa de Infraestructura, del Programa de Apoyo a Pequeños Productores y del Programa de Productividad Rural, se encuentran disponibles para su consulta en la página electrónica del Coneval. Se turna a la Comisión de Desarrollo Social, para su conocimiento

De la Cámara de Senadores, por la que remite tres proposiciones con puntos de acuerdo por las que solicita a la Cámara de Diputados para que, en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2017, considere y destine recursos para varios rubros, suscritas por senadores de diversos grupos parlamentarios. Se remiten a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su atención

MINUTAS

LEY GENERAL DE SALUD

De la Cámara de Senadores, se recibió la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud, para prevenir el sobrepeso, la obesidad y los trastornos de la conducta alimentaria. Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen

DECLARA EL DÍA 21 DE SEPTIEMBRE DE CADA AÑO COMO “EL DÍA NACIONAL DE LA LUCHA LIBRE Y DEL LUCHADOR PROFESIONAL MEXICANO”

De la Cámara de Senadores, se recibió la minuta con proyecto de decreto por el que se declara el día 21 de septiembre de cada año como “El Día Nacional de la Lucha Libre y del Luchador Profesional Mexicano”. Se remite a la Comisión de Gobernación, para dictamen

LEY GENERAL DE ASENTAMIENTOS HUMANOS

De la Cámara de Senadores, se recibió la minuta con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción I del artículo 7 de la Ley General de Asentamientos Humanos. Se turna a la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, para dictamen

INICIATIVA DE SENADORA

LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO Y LEY ADUANERA

De la senadora Ninfa Salinas Sada, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, se recibió iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Sobre la Renta; de la Ley del Impuesto al Valor Agregado y de la Ley Aduanera. Se remite a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen

PRONUNCIAMIENTO CON MOTIVO DEL 31 ANIVERSARIO DE LOS SISMOS DE 1985

El diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar, presidente de la Mesa Directiva, hace un pronunciamiento con motivo del 31 aniversario de los sismos de 1985, en el Distrito Federal

Minuto de silencio

INICIATIVAS DE DIPUTADAS Y DIPUTADOS

LEY DE COORDINACIÓN FISCAL

Del diputado Waldo Fernández González, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, se recibió la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 45 de la Ley de Coordinación Fiscal. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen

LEY DEL BANCO DE MÉXICO

Del diputado Alberto Martínez Urincho, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, se recibió la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 5o. de la Ley del Banco de México. Se remite a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen

LEY FEDERAL DE COMPETENCIA ECONÓMICA

Del diputado Alberto Martínez Urincho, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, se recibió la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 9o. y 132 de la Ley Federal de Competencia Económica. Se turna a la Comisión de Competitividad, para dictamen

CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN

El diputado Ramón Bañales Arambula, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presenta la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 86-B del Código Fiscal de la Federación. Se remite a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen

LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

La diputada Ximena Tamariz García, del Grupo Parlamentario del PAN, presenta la iniciativa de reforma al artículo 186 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

El diputado Erik Juárez Blanquet, a nombre propio y de la diputada María Concepción Valdés Ramírez, del Grupo Parlamentario del PRD, presenta la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se remite a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen

LEY GENERAL DE SALUD

La diputada María Ávila Serna, a nombre propio y de diversos diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presenta la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 346 y 349 de la Ley General de Salud. Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen

LEY DE COORDINACIÓN FISCAL

La diputada Ariadna Montiel Reyes, del Grupo Parlamentario de Morena, presenta la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 25 de la Ley de Coordinación Fiscal. Se remite a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

La diputada María Candelaria Ochoa Avalos, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, presenta la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen

LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

El diputado Luis Alfredo Valles Mendoza, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, presenta la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 9o. de la Ley del Impuesto al Valor Agregado. Se remite a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen

LEY GENERAL DE TURISMO

El diputado Timoteo Villa Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presenta la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Turismo. Se turna a la Comisión de Turismo, para dictamen

LEY GENERAL DE EDUCACIÓN

El diputado Luis Agustín Rodríguez Torres, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presenta la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 33 de la Ley General de Educación. Se remite a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para dictamen, y a la Comisión de Juventud, para opinión

LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

El diputado Francisco Martínez Neri, a nombre propio y de diversos diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presenta la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 96 y 152 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen

EXPIDE LA LEY GENERAL DE DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE

La diputada Alma Lucia Arzaluz Alonso, a nombre propio y de diversos diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México presenta la iniciativa con proyecto de decreto que abroga la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable vigente, y expide la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable. Se remite a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen, y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para opinión

LEY DE COORDINACIÓN FISCAL Y LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA

El diputado Vidal Llerenas Morales, del Grupo Parlamentario de Morena, presenta la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona los artículos 25 y 47 Bis de la Ley de Coordinación Fiscal; y 42 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Se turna a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Presupuesto y Cuenta Pública, para dictamen

LEY GENERAL PARA LA INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

La diputada María Elena Orantes López, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, presenta la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 42 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad. Se remite a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, para dictamen

CÓDIGO PENAL FEDERAL

La diputada Angélica Reyes Ávila, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, presenta la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 98 Bis al Código Penal Federal. Se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen

LEY DE AGUAS NACIONALES

De la diputada Claudia Edith Anaya Mota, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, se recibió la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un capítulo sexto al Título Sexto de la Ley de Aguas Nacionales. Se remite a la Comisión de Recursos Hidráulicos, para dictamen

LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA

De la diputada Maricela Contreras Julián, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, se recibió la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 42 y 48 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Se turna a la Comisión de Igualdad de Género, para dictamen

LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

De la diputada Claudia Edith Anaya Mota, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, se recibió la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Se remite a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, para su dictamen

LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA

De la diputada Maricela Contreras Julián, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, se recibió la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 42 y 49 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Se turna a la Comisión de Igualdad de Género, para dictamen

DECLARATORIA DE PUBLICIDAD DE DICTAMEN

DECLARA EL 22 DE SEPTIEMBRE “DÍA NACIONAL SIN AUTOMÓVIL”

Con fundamento en el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, la Presidencia anuncia la declaratoria de publicidad del dictamen de la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto por el que se declara el 22 de septiembre “Día Nacional sin Automóvil”

Dispensa de trámites

DICTAMEN A DISCUSIÓN

DECLARA EL 22 DE SEPTIEMBRE “DÍA NACIONAL SIN AUTOMÓVIL”

A discusión el dictamen de la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto por el que se declara el 22 de septiembre “Día Nacional sin Automóvil”

Para fundamentar el dictamen, hace uso de la voz:

El diputado Macedonio Salomón Tamez Guajardo, de MC

Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se declara el 22 de septiembre “Día Nacional sin Automóvil”. Pasa al Senado de la República, para sus efectos constitucionales

ANÁLISIS CORRESPONDIENTE AL 4TO. INFORME DE GOBIERNO EN MATERIA DE POLÍTICA EXTERIOR

Para referirse al tema, interviene:

El diputado Manuel Jesús Clouthier Carrillo, Independiente

El diputado Gonzalo Guizar Valladares, del PES

La diputada Mirna Isabel Saldívar Paz, de NA

El diputado Jorge Álvarez Maynez, de MC

La diputada Alicia Barrientos Pantoja, de Morena

La diputada Yaret Adriana Guevara Jiménez, del PVEM

El diputado Agustín Francisco de Asís Basave Benítez, del PRD

La diputada Arlette Ivette Muñoz Cervantes, del PAN

La diputada Jasmine María Bugarín Rodríguez, del PRI

Para la segunda ronda, participa:

La diputada Cynthia Gissel García Soberanes, del PES

El diputado Francisco Javier Pinto Torres, de NA

La diputada Claudia Sofía Corichi García, de MC

El diputado Rodrigo Abdala Dartigues, de Morena

El diputado Enrique Zamora Morlet, del PVEM

La diputada Cecilia Guadalupe Soto González, del PRD

El diputado Román Francisco Cortés Lugo, del PAN

El diputado Víctor Manuel Giorgana Jiménez, del PRI

De conformidad con lo que establece el artículo 7, numeral 5 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, remítase la versión estenográfica de esta sesión al Presidente de la República, para su conocimiento

ACUERDOS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO

De la Junta de Coordinación Política, relativa a la comparecencia del Secretario de Hacienda y Crédito Público, a fin de realizar el análisis del 4to. informe de Gobierno del Presidente de la República en materia de política económica, así como para que dé cuenta de las iniciativas que comprenden el paquete económico para el ejercicio fiscal 2017. Aprobado, comuníquese

De la Junta de Coordinación Política, por el que se aprueba el calendario y el formato de las comparecencias ante comisiones de los funcionarios de la Administración Pública Federal, con motivo del análisis del 4to. informe de Gobierno del Presidente de la República. Aprobado, comuníquese

De la Junta de Coordinación Política, por el que se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Gobernación, a efecto de que declare zona de desastre al municipio de Juárez, estado de Chihuahua, y le sean asignados recursos del Fonden, toda vez que ha sido afectado por las recientes lluvias intensas ocasionadas por el huracán Newton. Aprobado, comuníquese

De la Junta de Coordinación Política, por el que se solicita respetuosamente al jefe de Gobierno de la Ciudad de México que, a través de la Secretaría de Medio Ambiente, implemente en áreas cercanas a la Cámara de Diputados el Sistema Integral de Bicicletas Públicas, denominado Ecobici. Aprobado, comuníquese

De la Junta de Coordinación Política, por el que exhorta respetuosamente a la Cámara de Senadores a nombrar a los integrantes que formarán parte de la Comisión Bicameral de Disciplina Financiera de las entidades federativas y de los municipios. Aprobado, comuníquese

De la Junta de Coordinación Política, por el que se modifica la denominación y objeto de la Comisión Especial para continuar las investigaciones y dar seguimiento a los resultados del GIEI, designado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, relacionado con los hechos ocurridos en Iguala, Guerrero, a los alumnos de la escuela Normal Rural de Ayotzinapa, Raúl Isidro Burgos. Aprobado, comuníquese

De la Junta de Coordinación Política, por el que se crea la Comisión Especial para dar seguimiento a los acuerdos del informe presentado por la Comisión Permanente, respecto a los hechos ocurridos en el municipio de Asunción Nochixtlán, Oaxaca, el pasado 19 de junio de 2016. Aprobado, comuníquese

De la Junta de Coordinación Política, por el que se designa a las legisladoras que representarán a la Cámara de Diputados ante la Comisión Intersecretarial para prevenir, combatir y sancionar los delitos en materia de Trata de Personas. Aprobado, comuníquese

De la Junta de Coordinación Política, en relación a cambios de integrantes de comisiones ordinarias, grupos de amistad y parlamentos internacionales. Aprobado, comuníquese

INICIATIVAS Y PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO

El presidente Edmundo Javier Bolaños Aguilar informa que, en términos de lo dispuesto por los artículos 100 y 102 del Reglamento de la Cámara de Diputados, las proposiciones y las iniciativas que no se presentaron en tribuna serán turnadas a las comisiones que correspondan, publicándose el turno en la Gaceta Parlamentaria

EFEMÉRIDES

TRIGÉSIMO PRIMER ANIVERSARIO LUCTUOSO DE LAS VÍCTIMAS DEL SISMO OCURRIDO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 1985

De la diputada Noemí Zoila Guzmán Lagunes, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, se recibió efeméride con motivo del trigésimo primer aniversario luctuoso de las víctimas del sismo ocurrido el 19 de septiembre de 1985 en la Ciudad de México

ANIVERSARIOS TRIGÉSIMO DE PROTECCIÓN CIVIL EN MÉXICO Y TRIGÉSIMO PRIMERO DE LOS SISMOS DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 1985

De la diputada María Elena Orantes López, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, se recibió efeméride con motivo de los aniversarios trigésimo de protección civil en México y trigésimo primero de los sismos del 19 de septiembre de 1985

PRIMER ANIVERSARIO LUCTUOSO DE ERACLIO ZEPEDA RAMOS

De la diputada María Elena Orantes López, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, se recibió efeméride con motivo del 17 de septiembre, primer aniversario luctuoso de Eraclio Zepeda Ramos

VOTACIONES

De conformidad con lo que dispone el Reglamento de la Cámara de Diputados, se publican las votaciones de los dictámenes:

De la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto por el que el Congreso de la Unión declara el 22 de septiembre de cada año como “Día Nacional sin Automóvil” (en lo general y en lo particular)

APÉNDICE

Comunicación de la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, por la que informa el turno que le corresponde a las iniciativas con proyecto de decreto y a las proposiciones con punto de acuerdo registradas en el orden del día del martes 20 de septiembre de 2016, de conformidad con los artículos 100, numeral 1, y 102, numeral 3, del Reglamento de la Cámara de Diputados



Presidencia del diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar

ASISTENCIA

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Pido a la Secretaría haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia de diputadas y diputados.

La Secretaria diputada Isaura Ivanova Pool Pech: Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 261 diputadas y diputados, por lo tanto hay quórum.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar(a las 11.27 horas): Se abre la sesión.

ORDEN DEL DÍA

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Consulte la Secretaría a la asamblea si se dispensa la lectura al orden del día

La Secretaria diputada Isaura Ivanova Pool Pech: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se dispensa la lectura al orden del día. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Diputado presidente, mayoría por la afirmativa. Se dispensa la lectura.

«Primer periodo de sesiones ordinarias del segundo año de ejercicio de la LXIII Legislatura.

Orden del día

Martes 20 de septiembre de 2016

Lectura del acta de la sesión anterior

Comunicaciones oficiales

De los diputados Arlette Muñoz Cervantes, Jorge López Martín, Maricela Contreras Julián, Laura Nereida Plascencia Pacheco y Jesús Sesma Suárez

Por los que solicitan el retiro de iniciativas.

De la Secretaría de Gobernación

Remite los informes definitivos de las Evaluaciones de Diseño 2016 de los Programas del Sector Economía coordinados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Remite los informes finales de las Fichas de Monitoreo y Evaluación 2015-2016 de diversos programas presupuestarios a cargo del sector Economía.

De la Secretaría de Hacienda y Crédito Público

Remite la información relativa al pago de las participaciones a las entidades federativas correspondiente al mes de agosto de 2016, desagregada por tipo de fondo, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal y por entidad federativa, efectuando la comparación correspondiente al mes de agosto de 2015.

De la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México

Comunica que se declaró legalmente constituida para el desempeño de sus funciones e informa la integración de la Junta Instaladora.

Del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social

Informa que las versiones finales de las evaluaciones en materia de Diseño del Programa de Infraestructura, del Programa de Apoyo a Pequeños Productores y del Programa de Productividad Rural, se encuentran disponibles para su consulta en la página electrónica del Coneval.

De la Cámara de Senadores

Remite tres proposiciones con puntos de acuerdo por las que solicita a la Cámara de Diputados para que, en el proceso de análisis, discusión, y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2017, considere y destine recursos para varios rubros, suscritas por senadores de diversos grupos parlamentarios.

Minutas

Con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud, para prevenir el sobrepeso, la obesidad y los trastornos de la conducta alimentaria.

Con proyecto de decreto por el que se Declara el día 21 de septiembre de cada año como “El Día Nacional de la Lucha Libre y del Luchador Profesional Mexicano”.

Con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción I del artículo 7 de la Ley General de Asentamientos Humanos.

Iniciativa de senadora

Con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Sobre la Renta; de la Ley del Impuesto al Valor Agregado y de la Ley Aduanera, presentada por la Sen. Ninfa Salinas Sada, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Acuerdos de los órganos de gobierno

De la Junta de Coordinación Política.

Iniciativas

Que reforma el artículo 2o. de la Ley de Coordinación Fiscal, a cargo del diputado Francisco Escobedo Villegas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que adiciona una fracción V al artículo 11 de la Ley General de Desarrollo Social, a cargo del diputado Ángel García Yanéz, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes y del Código Penal Federal, a cargo de la diputada Nora Liliana Oropeza Olguín, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 54, 90, 93 y 155 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, a cargo del diputado Carlos Alberto de la Fuente Flores, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Candelaria Ochoa Ávalos, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma el artículo 151 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, a cargo del diputado Luis Alfredo Valles Mendoza, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.

Que reforma los artículos 27 de la Ley General de Desarrollo Social y 8o de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, a cargo de la diputada María del Rosario Rodríguez Rubio, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 42 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, a cargo de la diputada María Elena Orantes López, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Protección Civil, a cargo de la diputada Nora Liliana Oropeza Olguín, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que adiciona el artículo 33 de la Ley General de Asentamientos Humanos, a cargo de la diputada María Cristina Teresa García Bravo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Claudia Sofía Corichi García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a cargo del diputado Evelio Plata Inzunza, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 110 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, a cargo del diputado Juan Carlos Ruiz García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 9o. de la Ley General de Salud y 7o. de la Ley General de Cultura Física y Deporte, a cargo de la diputada Isaura Ivanova Pool Pech, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma los artículos 40 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y 15-C y 540 de la Ley Federal del Trabajo, a cargo de la diputada Isaura Ivanova Pool Pech, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma los artículos 56, 57, 58 y 59 de la Ley General de Educación y 21 de la Ley Reglamentaria del artículo 5o. Constitucional, Relativo al Ejercicio de las Profesiones en el Distrito Federal, a cargo de la diputada Isaura Ivanova Pool Pech, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma los artículos 107 y 108 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, a cargo del diputado Juan Fernando Rubio Quiroz, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona los artículos 46 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y 61-Bis y 66-Bis de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Lucia Virginia Meza Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 58 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a cargo de la diputada Lucia Virginia Meza Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 270 de la Ley Federal de Derechos, a cargo de la diputada Lucia Virginia Meza Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 51 de la Ley General de Desarrollo Social, a cargo de la diputada Lucia Virginia Meza Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que adiciona el artículo 45 de la Ley de Coordinación Fiscal, a cargo del diputado Waldo Fernández González, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada María Concepción Valdés Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que adiciona el artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado David Jiménez Rumbo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona el artículo 107 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a cargo del diputado David Jiménez Rumbo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Ruth Noemí Tiscareño Agoitia, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que expide la Ley General de Propaganda Gubernamental y Comunicación Social Reglamentaria del artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y se adiciona el artículo 1o. de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, a cargo de la diputada Isaura Ivanova Pool Pech, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que adiciona el artículo 113 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, a cargo del diputado Christian Joaquín Sánchez Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 173, 174, 176 y 177 y se adiciona un artículo 177 Bis al Código Penal Federal, a cargo de la diputada María Gloria Hernández Madrid, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal, a cargo de la diputada María Gloria Hernández Madrid, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con proyecto de decreto por el que se declara el día 19 de abril de cada año, como el “Día Nacional del Tequio”, a cargo del diputado Óscar Valencia García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona el artículo 33 de la Ley General de Educación, a cargo del diputado Luis Agustín Rodríguez Torres, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que adiciona un artículo 22 a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a cargo del diputado Candelario Pérez Alvarado, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que adiciona el artículo 9o. de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, a cargo del diputado Luis Alfredo Valles Mendoza, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.

Que reforma los artículos 16 de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público y 67 y 76 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, a cargo del diputado Hugo Eric Flores Cervantes, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.

Que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Educación, a cargo del diputado Óscar Valencia García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma diversas disposiciones de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a cargo de la diputada Guadalupe González Suástegui, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y deroga los artículos 3o., 10, 16 y 17 de la Ley General para la Atención y Protección a Personas con la Condición del Espectro Autista, a cargo de la diputada Evelyn Parra Álvarez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y del Código Penal Federal, a cargo del diputado Juan Antonio Ixtlahuac Orihuela, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, de la Ley General de Cultura Física y Deporte, de la Ley General de Educación, de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad y de la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles, a cargo del diputado José Adrián González Navarro, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 67 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, a cargo de la diputada Evelyn Parra Álvarez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Reglamento de la Cámara de Diputados, a cargo del diputado Braulio Mario Guerra Urbiola, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 16 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, a cargo de la diputada Kathia María Bolio Pinelo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona el artículo 56 de la Ley de Seguridad Nacional, a cargo del diputado Waldo Fernández González, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma los artículos 16 y 29 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Víctor Manuel Sánchez Orozco, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma los artículos 32 y 33 de la Ley General de Educación, a cargo del diputado Ricardo David García Portilla, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional

Que adiciona los artículos 6o., 20 y 29 de la Ley Federal de la Defensoría Pública, a cargo del diputado Waldo Fernández González, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que adiciona el artículo 48 de la Ley General de Educación, a cargo del diputado Víctor Manuel Sánchez Orozco, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. .

Que reforma los artículos 283 y 284 de la Ley Federal del Trabajo, a cargo de la diputada Rosalinda Muñoz Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional

Que reforma el artículo 46 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a cargo de la diputada Ximena Tamariz García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 15 de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Marbella Toledo Ibarra, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma y adiciona los artículos 170 de la Ley Federal del Trabajo y 28 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 Constitucional, a cargo de la diputada Alma Carolina Viggiano Austria, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 168 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, a cargo de la diputada Ximena Tamariz García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma adiciona y deroga los artículos 2o. y 3o. de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, a cargo del diputado René Cervera García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Benjamín Medrano Quezada, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que adiciona un artículo 190 Bis a la Ley del Impuesto Sobre la Renta, a cargo del diputado Santiago Taboada Cortina, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, y de la Ley General de Partidos Políticos, a cargo del diputado Jorge Álvarez Máynez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Timoteo Villa Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Turismo, a cargo del diputado Timoteo Villa Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 52 de la Ley de Aviación Civil, a cargo del diputado Francisco Saracho Navarro, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 2o. de la Ley Federal de Protección al Consumidor, a cargo de la diputada Flor Estela Rentería Medina, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que adiciona un capítulo V Bis a la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, a cargo de la diputada Ana María Boone Godoy, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 33 de la Ley General de Educación, a cargo del diputado Gianni Raúl Ramírez Ocampo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 29, 47, 50 y 54 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, a cargo del diputado Gianni Raúl Ramírez Ocampo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 74 Bis de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Laura Valeria Guzmán Vázquez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Armando Luna Canales, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 2o. de la Ley de Planeación, a cargo de la diputada Guadalupe González Suástegui, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. .

Que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Educación, la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación y la Ley General del Servicio Profesional Docente, a cargo del diputado Héctor Javier García Chávez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que adiciona el artículo 172 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Claudia Sofia Corichi García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma los artículos 1o. y 2o. de la Ley del Impuesto al Valor Agregado y adiciona el artículo 25 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, suscrita por el diputado Alejandro González Murillo, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.

Que adiciona un Capítulo VI al Título Sexto de la Ley de Aguas Nacionales, a cargo de la diputada Claudia Edith Anaya Mota, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 96 y 152 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, suscrita por el diputado Francisco Martínez Neri y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

De decreto para emitir una Moneda Conmemorativa del Centenario de la Fundación de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo de los Estados Unidos Mexicanos, (Concanaco Servytur), a cargo del diputado Jorge Enrique Dávila Flores, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona los artículos 346 y 349 de la Ley General de Salud, suscrita por la diputada María Ávila Serna y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales, a cargo de la diputada Mariana Benítez Tiburcio, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 1915 del Código Civil Federal, a cargo del diputado Alfredo Javier Rodríguez Dávila, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 69 del Código Fiscal de la Federación, a cargo de la diputada Araceli Saucedo Reyes, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que abroga la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable vigente y expide la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, suscrita por la diputada Alma Lucia Arzaluz Alonso y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Que adiciona los artículos 25 y 47 Bis de la Ley de Coordinación Fiscal y 42 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a cargo del diputado Vidal Llerenas Morales, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma el artículo 52 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, a cargo de la diputada Rosa Alba Ramírez Nachis, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que adiciona un artículo 98 Bis al Código Penal Federal, a cargo de la diputada Angélica Reyes Ávila, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Vivienda, de la Ley General de Asentamientos Humanos, de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, y de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, suscrita por los diputados Laura Mitzi Barrientos Cano y Jorge Carlos Ramírez Marín, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona el artículo 195 del Código Nacional de Procedimientos Penales, a cargo del diputado Carlos Alberto de la Fuente Flores, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 14 y adiciona un artículo 15 E a la Ley Federal del Trabajo, a cargo de la diputada María Elida Castelán Mondragón, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que adiciona un artículo 28 Bis a la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, suscrita por la diputada Sasil Dora Luz De León Villard y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Que reforma y adiciona los artículos 34 Bis y 34 Ter de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, a cargo de la diputada Blanca Margarita Cuata Domínguez, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que adiciona el artículo 17 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a cargo del diputado Germán Ernesto Ralis Cumplido, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma el artículo 86-B del Código Fiscal de la Federación, a cargo del diputado Ramón Bañales Arámbula, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona el artículo 93 de la Ley General de Víctimas, a cargo del diputado José Hernán Cortés Berumen, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 9o. de la Ley de Personas Adultas Mayores, a cargo de la diputada Erika Irazema Briones Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, a cargo del diputado Juan Romero Tenorio, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma el artículo 36 de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Marbella Toledo Ibarra, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma los artículos 6o. de la Ley Agraria y 2o. de la Ley Orgánica de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero, a cargo del diputado Ramón Bañales Arámbula, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 61, 111, 112 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Mayra Angélica Enríquez Vanderkam, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona los artículos 27, 28, 41 y 111 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, suscrita por los diputados Maricela Contreras Julián y Armando Luna Canales, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, del Reglamento de la Cámara de Diputados, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a cargo del diputado Vidal Llerenas Morales, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que adiciona el artículo 59 de la Ley Federal del Trabajo, a cargo del diputado Germán Ernesto Ralis Cumplido, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma los artículos 17 de la Ley Agraria y 154 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, a cargo del diputado Ramón Bañales Arámbula, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 43 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Santiago Torreblanca Engell, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y deroga diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de la Ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión y de la Ley Federal de Competencia Económica, a cargo del diputado Rafael Hernández Soriano, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos y de la Ley Minera, a cargo del diputado Vidal Llerenas Morales, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma el artículo 162 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, a cargo del diputado Ramón Bañales Arámbula, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Juan Carlos Ruiz García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona el artículo 5o. de la Ley del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios, a cargo del diputado Juan Fernando Rubio Quiroz, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma los artículos 14 y 42 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, a cargo del diputado Jorge Enrique Dávila Flores, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que se reforma el artículo 366 del Código Nacional de Procedimientos Penales, a cargo del diputado Santiago Torreblanca Engell, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Juan Fernando Rubio Quiroz, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta, a cargo del diputado Jorge Enrique Dávila Flores, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona los artículos 42 y 48 de la Ley General de Acceso a una Vida Libre de Violencia, a cargo de la diputada Maricela Contreras Julián, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Claudia Edith Anaya Mota, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona los artículos 42 y 49 de la Ley General de Acceso a una Vida Libre de Violencia, a cargo de la diputada Maricela Contreras Julián, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 50 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, a cargo del diputado José Luis Orozco Sánchez Aldana, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que adiciona el artículo 5o. de la Ley del Banco de México, a cargo del diputado Alberto Martínez Urincho, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 41 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, a cargo de la diputada María del Rocío Rebollo Mendoza, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona los artículos 9o. y 132 de la Ley Federal de Competencia Económica, a cargo del diputado Alberto Martínez Urincho, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma los artículos 61, 64 Bis y 67 de la Ley General de Salud, a cargo del diputado Miguel Ángel Sulub Caamal, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 51 y 73 de la Ley General de Partidos Políticos, suscrita por las diputadas Laura Nereida Plascencia Pacheco y Erika Araceli Rodríguez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 46, 49 y 50 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, suscrita por las diputadas Laura Nereida Plascencia Pacheco y Erika Araceli Rodríguez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, suscrita por las diputadas Laura Nereida Plascencia Pacheco y Erika Araceli Rodríguez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 47 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, a cargo del diputado Christian Joaquín Sánchez Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 25 de la Ley de Coordinación Fiscal, a cargo de la diputada Ariadna Montiel Reyes, del Grupo Parlamentario de Morena.

Declaratoria de publicidad de dictamen

De la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto por el que el Honorable Congreso de la Unión, declara el Día 22 de Septiembre de cada Año como “Día Nacional sin Automóvil”.

Análisis del 4to. informe de gobierno del Presidente de la República, en materia de política exterior.

Proposiciones

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al SAT, a fin de otorgar beneficios fiscales a los alumnos que se encuentren estudiando la licenciatura en escuelas particulares, a cargo del diputado Francisco Escobedo Villegas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a los gobiernos y congresos estatales de las 32 entidades federativas del país, a presupuestar recursos financieros suficientes para la instrumentación efectiva del Sistema Nacional Anticorrupción, a cargo del diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SE, para que implemente políticas públicas necesarias para promover el acceso de los jóvenes al campo laboral, a cargo de la diputada Karen Hurtado Arana, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta la Secretaría de Salud a nivel federal y a las de los estados de Coahuila de Zaragoza y Durango, para que en sus posibilidades presupuestarias se aumenten operativos de Nebulizaciones y Fumigaciones para el control y eliminación de especies nocivas para la salud, como el dengue, zika, y chikungunya, suscrito por el diputado José Refugio Sandoval Rodríguez, y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo federal, al IFT y a la SCT, para que implementen un plan que asegure la cobertura total en materia de infraestructura de telecomunicaciones (TDT) relativo al tema del “Apagón Analógico”, suscrito por los diputados Blanca Margarita Cuata Domínguez y Renato Josafat Molina Arias, del Grupo Parlamentario de Morena.

Con punto de acuerdo relativo a la regulación y operación de las empresas que proveen servicios de alertamiento sísmico, a cargo de la diputada María Elena Orantes López, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Sagarpa, a la SCT y a la Semar, a fin de modificar el Acuerdo Intersecretarial número 117, en materia de pesca en la Sonda de Campeche, a cargo de la diputada Adriana del Pilar Ortiz Lanz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Sedatu, a difundir un informe sobre la entrega de viviendas a damnificados del huracán Ingrid y la tormenta tropical Manuel en el estado de Guerrero, a cargo de la diputada Lluvia Flores Sonduk, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Conade, a difundir los mecanismos que ha implementado para impulsar a los atletas paralímpicos en el país así como los resultados de los mismos, a cargo de la diputada Delfina Gómez Álvarez, del Grupo Parlamentario de Morena.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Senado de la Republica, para que dictamine la minuta referente a incrementar la edad para contraer matrimonio, a cargo el diputado Germán Ernesto Ralis Cumplido, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal para que, en coordinación con los gobiernos de las entidades federativas, se implementen las acciones previstas en los memorandos de entendimiento suscritos por los gobiernos de México y de la República de Singapur, el 10 de junio de 2016, a cargo del diputado Christian Joaquín Sánchez Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SCT, a difundir los avances y resultados del “Programa México Conectado”, a cargo de la diputada Lluvia Flores Sonduk, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SEP, a detener todo acto punitivo y lesivo en contra de los derechos de los trabajadores, como lo es el despido de profesores en Oaxaca, Chiapas, Michoacán y Guerrero, a cargo de la diputada Araceli Damián González, del Grupo Parlamentario de Morena.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Ciudad de México, para que a través de la Secretaria de Medio Ambiente local, implemente en áreas cercanas a Cámara de Diputados, el sistema integral Ecobici, a cargo de la diputada Mirza Flores Gómez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Con punto de acuerdo por el que se solicita a los congresos locales, a las instituciones públicas y privadas de educación media superior y superior, así como a las organizaciones de la sociedad civil, a sumarse al Frente Parlamentario contra el Hambre Capítulo México, a fin de conformar un grupo plural y dinámico, en el que participen todos los actores de la sociedad, a cargo del diputado David Mercado Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud y al Conapo, a promover campañas de prevención del embarazo en adolescentes, dirigidas a mujeres y hombres, a cargo del diputado Daniel Ordoñez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Con punto de acuerdo relativo a los asesinatos del abogado León Agustín Vela y el maestro Jorge Vela Díaz, ambos militantes de Morena, acaecidos en Oaxaca en el mes de septiembre, suscrito por diversos diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Morena.

Con punto de acuerdo relativo a las licitaciones públicas realizadas, para el suministro de los servicios y financiamiento a proveedores, para la construcción del nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, a cargo de la diputada Mirza Flores Gómez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, a los gobiernos estatales y a las comisiones de Asuntos Indígenas y Gobernación, a que atiendan la recomendación general número 27 de la CNDH, suscrito por los diputados Sergio López Sánchez, Isaura Ivanova Pool Pech y Victoriano Wences Real, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud, a tomar las acciones necesarias para satisfacer la demanda de servicios en materia de salud, a cargo de la diputada Marbella Toledo Ibarra, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Efemérides

Con motivo de la conmemoración del XXXI aniversario luctuoso de las víctimas del sismo del 19 de septiembre en la Ciudad de México, a cargo de la diputada Noemí Zoila Guzmán Lagunes, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con Motivo del 30 aniversario de protección civil en México y del 31 aniversario de los sismos del 19 de septiembre de 1985, a cargo de la diputada María Elena Orantes López, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Con Motivo del 17 de septiembre, primer aniversario luctuoso de Eraclio Zepeda Ramos “Laco”, a cargo de la diputada María Elena Orantes López, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.»

ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la sesión anterior. Pido a la Secretaría consulte a la asamblea si se dispensa su lectura.

La Secretaria diputada Isaura Ivanova Pool Pech: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se dispensa la lectura al acta de la sesión anterior. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Diputado presidente, mayoría por la afirmativa. Se dispensa su lectura.

«Acta de la sesión de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, celebrada el miércoles catorce de septiembre de dos mil dieciséis, correspondiente al Primer Periodo de Sesiones Ordinarias del Segundo Año de Ejercicio de la Sexagésima Tercera Legislatura.

Presidencia de la diputadaSharon María Teresa Cuenca Ayala

En el Palacio Legislativo de San Lázaro de la capital de los Estados Unidos Mexicanos, sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con una asistencia de doscientos setenta y cuatro diputadas y diputados, a las once horas con treinta y ocho minutos del miércoles catorce de septiembre de dos mil dieciséis, el Presidente declara abierta la sesión.

En votación económica se dispensa la lectura al Orden del Día, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria; del mismo modo se dispensa la lectura del acta de la sesión anterior, y no habiendo oradores registrados, en votación económica se aprueba.

Se da cuenta con Comunicaciones Oficiales:

a) De los diputados:

• Sasil Dora Luz de León Villard, del Partido Verde Ecologista de México, por la que solicita que se retire de los registros de la Comisión de Puntos Constitucionales, la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo veintiocho Bis a la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B del artículo ciento veintitrés de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de licencia de paternidad remunerada, presentada el día veinticinco de febrero de dos mil dieciséis.

• Alma Carolina Viggiano Austria, del Partido Revolucionario Institucional, por la que solicita que se retire de los registros de las Comisiones de Derechos de la Niñez, y de Hacienda y Crédito Público la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de las Leyes General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; y para regular las Sociedades de Información Crediticia, presentada el día veintisiete de abril de dos mil dieciséis.

• Xitlalic Ceja García, Partido Revolucionario Institucional, por la que solicita que se retire de los registros de la Comisión de Transportes, la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un segundo párrafo a la fracción octava, del artículo quinto, de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, presentada el día once de mayo de dos mil dieciséis.

• María Eloísa Talavera Hernández, Partido Acción Nacional, por la que solicita que se retire de los registros de las Comisiones de Deporte, y Juventud, la proposición con punto de acuerdo para otorgar un reconocimiento a los deportistas mexicanos con Síndrome de Down que participaron en los Primeros Juegos de la Trisomía celebrados en Florencia, Italia, presentada el día seis de septiembre de dos mil dieciséis.

Se tienen por retiradas, actualícense los registros parlamentarios.

b) De la Comisión Nacional del Deporte, con la que remite contestación a punto de acuerdo para que se revisen las condiciones de seguridad de los deportistas en las competencias. Se remite a la Comisión de Deporte, para su atención.

El Presidente informa a la Asamblea que se encuentra a las puertas del Salón de Sesiones el ciudadano Luis Fernando Mesta Soule, diputado federal electo por la Primera Circunscripción. El Presidente designa una comisión que lo acompañe en su ingreso al Salón, acto seguido rinde protesta de Ley y entra en funciones.

El siguiente punto del Orden del Día es la efeméride con motivo del Ducentésimo Sexto Aniversario de la Independencia de México. Intervienen para referirse al tema las diputadas y los diputados: Macedonio Salomón Tamez Guajardo, de Movimiento Ciudadano; Luis Alfredo Valles Mendoza, de Nueva Alianza; Delfina Gómez Álvarez, de Morena; Luis Ignacio Avendaño Bermúdez, del Partido Verde Ecologista de México;

La Presidenta saluda la presencia en el Salón de Sesiones del excelentísimo señor Zurab Eristavi, embajador de Georgia en México, quien ha sido testigo de honor de instalación del Grupo de Amistad México-Georgia, presidido por el diputado Leonel Gerardo Cordero Lerma, de Partido Acción Nacional.

Olga Catalán Padilla, del Partido de la Revolución Democrática; Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, del Partido Acción Nacional; María Gloria Hernández Madrid, del Partido Revolucionario Institucional; y Ana Guadalupe Perea Santos, del Partido de Encuentro Social. Desde su curul realiza comentarios el diputado Jorge López Martín, del Partido Acción Nacional. La Presidencia hace aclaraciones.

Se da cuenta con acuerdo de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, por el que se establece el calendario legislativo para el Primer Periodo de Sesiones Ordinarias del Segundo año del Ejercicio de la Sexagésima Tercera Legislatura. En votación económica se aprueba. Comuníquese.

Se concede el uso de la palabra para presentar iniciativas con proyecto de decreto a los diputados:

• Braulio Mario Guerra Urbiola, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma los artículos: segundo y quinto de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal. Se turna a la Comisión de Transportes, para dictamen.

Presidencia del diputadoEdmundo Javier Bolaños Aguilar

La Presidencia saluda la presencia en el Salón de Sesiones del asambleísta Eduardo García del estado de California, Estados Unidos de América, invitado por las diputadas y diputados del estado de Baja California.

• Ricardo del Rivero Martínez, del Partido Acción Nacional, que reforma el artículo ochenta de la Ley de Hidrocarburos. Se turna a la Comisión de Energía, para dictamen.

Se recibe iniciativa con proyecto de decreto del diputado Victoriano Wences Real, del Partido de la Revolución Democrática, que expide la Ley General de Consulta de los Pueblos y Comunidades Indígenas de México. Se turna a las Comisiones Unidas de Gobernación, y de Asuntos Indígenas, para dictamen, con opinión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

A las doce horas con cuarenta y seis minutos, por instrucciones de la Presidencia, se cierra el sistema electrónico de asistencia con un registro de cuatrocientos treinta diputadas y diputados.

• Carlos Hernández Mirón, del Partido de la Revolución Democrática:

– Que reforma el artículo veintinueve de la Ley del Servicio de Administración Tributaria. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

– Que reforma el artículo segundo de la Ley del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

– Que reforma el artículo Quinto de las Disposiciones Transitorias de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

• Arturo Álvarez Angli, a nombre propio y de los diputados Jesús Sesma Suárez y diputados integrantes del Partido Verde Ecologista de México:

– Que reforma el artículo segundo de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada. Se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen.

– Que adiciona el artículo cuatrocientos veintidós del Código Penal Federal. Se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen.

• Vidal Llerenas Morales, de Morena, que reforma los artículos diecinueve, diecinueve Bis, veintitrés, y cuarenta y seis de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para dictamen.

• Manuel de Jesús Espino Barrientos, de Movimiento Ciudadano, que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de Seguridad Nacional. Se turna a la Comisión de Gobernación, para dictamen, y a las Comisiones de Marina, y de Defensa Nacional, para opinión.

• Mariano Lara Salazar, de Nueva Alianza, que reforma los artículos: tercero, y treinta y cuatro de la Ley General de Cambio Climático. Se turna a la Comisión de Cambio Climático, para dictamen.

• Norma Edith Martínez Guzmán, del Partido Encuentro Social, que adiciona los artículos doscientos sesenta Bis, y doscientos sesenta Ter del Código Penal Federal. Se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen, y a la Comisión Especial de Prevención y Erradicación de la Pornografía y Abuso Sexual Infantil, para opinión.

El siguiente punto del Orden del Día es el Análisis del Cuarto Informe de Gobierno del ciudadano Presidente de la República. En tal virtud, para dar cumplimiento al numeral uno, del artículo segundo del acuerdo aprobado en esta Sesión, se continúa con la Segunda Ronda de intervenciones relativas al tema de Política Social, y se concede el usado de la palabra a las diputadas y a los diputados: Abdies Pineda Morín, del Partido de Encuentro Social;

Presidencia del diputadoJerónimo Alejandro Ojeda Anguiano

Angélica Reyes Ávila, de Nueva Alianza; Angie Dennisse Hauffen Torres, de Movimiento Ciudadano; Norma Xochitl Hernández Colín, de Morena; Jorgina Gaxiola Lezama, del Partido Verde Ecologista de México; Araceli Saucedo Reyes, del Partido de la Revolución Democrática; y Teresa de Jesús Lizárraga Figueroa, del Partido Acción Nacional. De conformidad con lo que establece el artículo siete, numeral cinco de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la versión estenográfica de esta sesión será remitida al Presidente de la República, para su conocimiento.

Se da cuenta con oficio de la Cámara de Senadores, por el que comunica la designación de los senadores que fungirán como diputados constituyentes de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México. De enterado.

Se da cuenta con oficios de la Junta de Coordinación Política, en relación con cambios de integrantes y de juntas directivas de Comisiones Ordinarias. En votación económica se aprueban. Comuníquense.

De conformidad con los artículos cien y ciento dos del Reglamento de la Cámara de Diputados, de la iniciativa y las proposiciones registradas en el Orden del Día de esta sesión, serán turnadas las de los siguientes diputados a las comisiones que correspondan, publicándose el turno en la Gaceta Parlamentaria:

a) Iniciativa con proyecto de decreto, Jesús Sesma Suárez, y diputados integrantes del Partido Verde Ecologista de México, que reforma los artículos cuarenta y siete, y ciento dieciséis de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Se turna a la Comisión de Derechos de la Niñez, para dictamen.

b) Proposiciones con puntos de acuerdo:

• Armando Luna Canales, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta a la Secretaría de Educación Pública y a las Secretarías de Educación de las entidades federativas, para que vigilen la prohibición de la venta de productos alimenticios “chatarra”, en las escuelas del Sistema Educativo Nacional. Se turna a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para dictamen.

• Ana Leticia Carrera Hernández, del Partido de la Revolución Democrática, relativo al impacto ambiental y las afectaciones a la comunidad derivados del proyecto de obra de ampliación e incorporación de la autopista México-Puebla. Se turna a la Comisión de Transportes, para dictamen.

• Enrique Zamora Morlet y diputados integrantes del Partido Verde Ecologista de México, por el que se exhorta a los Gobiernos de las entidades federativas, para que impulsen políticas públicas encaminadas a generar en la población una cultura de separación de residuos sólidos. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen.

• Miguel Alva y Alva, de Morena, relativo a la autorización el proyecto hidroeléctrico Coyolapa-Atzala. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen.

• María Candelaria Ochoa Ávalos, de Movimiento Ciudadano, relativo a la Plataforma Nacional de Transparencia. Se turna a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, para dictamen.

• Evelyng Soraya Flores Carranza y diputados integrantes del Partido Verde Ecologista de México, por el que se exhorta a los congresos locales de las treinta y dos entidades federativas, que en el ámbito de sus atribuciones, procuren la revisión, estudio y en su caso, reformar o adicionar el tipo penal del delito de acoso sexual. Se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen.

• Araceli Damián González, Mariana Trejo Flores y Rogerio Castro Vázquez, de Morena, por el que se exhorta a la Auditoría Superior de la Federación, a auditar los procesos de contratación de los hospitales generales de Ticul, Mérida y Culiacán, y a la Secretaría de la Función Pública, a difundir las consecuencias de la auditoría realizada al hospital general doctor Gonzalo Castañeda Escobar. Se turna a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, para dictamen.

• Ma. Victoria Mercado Sánchez, de Movimiento Ciudadano, relativo a la implementación de medidas en contra del uso de asbesto en las tuberías de agua potable de la Ciudad de México, y con ello prevenir efectos adversos en la salud. Se turna a la Comisión del Distrito Federal, para dictamen.

• Norma Xochitl Hernández Colín y Patricia Aceves Pastrana, de Morena, por el que se exhorta a la Secretaría de Educación Pública, a que implemente una campaña masiva de comunicación donde informe a la población sobre la naturaleza voluntaria de las cuotas en favor de centros escolares, y sobre las responsabilidades en que incurren las personas o servidores públicos que infrinjan la normatividad aplicable. Se turna a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para dictamen.

• Moisés Guerra Mota, de Movimiento Ciudadano, relativo a la descarga de aguas residuales en los ríos, lagunas y playas del municipio de Bahía de Banderas, Nayarit. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen.

• Claudia Sofia Corichi García, de Movimiento Ciudadano, por el que se exhorta a la Secretaría de Gobernación, a instruir a la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, para que a través del Mecanismo de Seguimiento de Casos de Tortura Sexual, emita el dictamen correspondiente al caso de Verónica Razo. Se turna a la Comisión de Igualdad de Género, para dictamen.

Agotados los asuntos del orden del día, el Presidente cita para la próxima Sesión Ordinaria que tendrá lugar el día martes veinte de septiembre de dos mil dieciséis, a las once horas, y levanta la sesión a las catorce horas con quince minutos.»

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Proceda la Secretaría a poner a discusión el acta.

La Secretaria diputada Isaura Ivanova Pool Pech: Está a discusión el acta. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Diputado presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Aprobada el acta.

Permítame, secretaria. Un segundo. Sonido en la curul del diputado Amador Rodríguez. ¿Con qué objeto, diputado?

El diputado Leonardo Amador Rodríguez(desde la curul): Buenos días, honorable asamblea. Quiero manifestar desde esta tribuna nuestras condolencias a la iglesia católica, a los habitantes de Poza Rica y a los familiares de los sacerdotes Jiménez Juárez y Suárez de la Cruz, quienes fueron secuestrados y asesinados el día de ayer en la ciudad de Poza Rica.

Pedimos se redoblen las medidas encaminadas a terminar con la violencia en Veracruz, sin embargo, recordemos que estos hechos con la consecuencia en la zona de la pérdida de más del 23 por ciento de los empleos formales en los últimos tres años, de acuerdo a las cifras.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Diputado Rodríguez, hemos escuchado sus condolencias, la pena que embarga al pueblo de Veracruz por este sensible fallecimiento. Le solicitaría, si desea hacer un pronunciamiento específico sobre el tema, acercar a la Junta de Coordinación Política la propuesta para incluirla al orden del día, si es tan amable, compañero diputado. Gracias. No está a discusión el tema, diputado, le solicito por favor sigamos esta sesión. Muchas gracias.

Continúe la Secretaría.

La Secretaria diputada Verónica Delgadillo García: Se recibieron...

La diputada Melissa Torres Sandoval(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Un segundo, diputada. Sonido a la curul de la diputada Melissa Torres Sandoval. ¿Con qué objeto, diputada?

La diputada Melissa Torres Sandoval (desde la curul): Gracias, presidente, buenos días. Quiero hacer una invitación a todos mis compañeros diputados, a formar parte de la campaña de donación de sangre que vamos a tener la próxima semana, los días 26, 27 y 28.

En cada uno de sus curules podrán encontrar un folleto con toda la información y los requisitos, al igual que en el recinto van a haber módulos de información. De la misma forma, quiero invitarlos a que nos concienticemos del acto tan generoso que es donar sangre y que se traduce en salvar vidas. Muchas gracias.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputada. Continúe la Secretaría, por favor.



COMUNICACIONES

La Secretaria diputada Verónica Delgadillo García:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.

Diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar, Presidente de la Mesa Directiva de la Honorable Cámara de Diputados de la LXIII Legislatura.— Presente.

Con fundamento en el numeral 2 del artículo 77 del Reglamento de la Cámara de Diputados, solicito de manera respetuosa se realice el trámite correspondiente a fin de retirar la iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, presentada por la suscrita ante esta Honorable Cámara de Diputados LXIII Legislatura, el pasado 3 de febrero del año en curso.

Sin otro particular, y reiterándole mis más distinguidas consideraciones, quedo de usted.

Ciudad de México, a 13 de septiembre de 2016.— Diputada Arlette Muñoz Cervantes (rúbrica).»

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La Secretaria diputada Verónica Delgadillo García:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.

Diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar, Presidente de la Cámara de Diputados de la Mesa Directiva.— Presente.

Por este conducto y de la manera más, respetuosa, solicito dicte sus apreciables instrucciones a quien corresponda a fin de que se retire de los registros parlamentarios la iniciativa con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversos artículos de la Ley de Aviación Civil, presentada por el suscrito el jueves 14 de abril de 2016, por así convenir a mis intereses.

La iniciativa fue turnada para estudio y dictamen a la Comisión de Transportes.

Sin otro particular por el momento, le agradezco la atención que brinde a la presente y me es propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de septiembre de 2016.— Diputado Jorge López Martín (rúbrica).»

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La Secretaria diputada Verónica Delgadillo García:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.

Diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar, Presidente de la Mesa Directiva de la Honorable Cámara de Diputados de la LXIII Legislatura.— Presente.

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 77, párrafo segundo, del Reglamento de la Cámara de Diputados, le solicito de la manera más atenta gire sus amables instrucciones a quien corresponda a fin de que se retire de los registros parlamentarios la siguiente iniciativa, asunto turnado a la Comisión de Igualdad de Género:

• Iniciativa

Con proyecto de’ decreto por el que se reforma el artículo 42, fracción V Bis y artículo 49, fracción X Bis, de la Ley General de Acceso a una Vida Libre de Violencia.

• Turno a Comisión

Fecha de presentación: 30 de marzo de 2016.

- Igualdad de Género

Sin más por el momento, agradezco la atención que sirva dar a la presente.

Atentamente

Recinto Legislativo de San Lázaro, a 14 de septiembre de 2016.— Diputada Maricela Contreras Julián (rúbrica).»

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La Secretaria diputada Verónica Delgadillo García:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.

Diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

Quien suscribe Laura Nereida Plascencia Pacheco, diputada federal de la LXIII Legislatura integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 77, inciso 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, solicito retirar de los registros parlamentarios las iniciativas que presenté el jueves 3 de marzo de 2016, que fue publicada en la Gaceta Parlamentaria el 9 y 16 de febrero de 2016, las cuales son:

• Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo, y

• Iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 132 de la Ley Federal del Trabajo y 28 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B del Artículo 123 Constitucional.

Sin otro particular y agradeciendo la atención al presente, quedo de usted.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de septiembre de 2016.— Laura Nereida Plascencia Pacheco (rúbrica).»

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La Secretaria diputada Verónica Delgadillo García:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.

Diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en el artículo 77, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, me permito solicitar muy atentamente a ese órgano de gobierno, se retire la siguiente iniciativa presentada el pasado 7 de abril de 2016 y turnada a la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial.

• Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Asentamientos Humanos, a fin de promover el desarrollo de ciudades compactas, seguras, incluyentes, resilentes y sustentables. Presentada por diputados del Grupo Parlamentario del PVEM.

Para efecto de que, se realicen las acciones conducentes y se actualicen los registros parlamentarios.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de septiembre de 2016.— Diputado Jesús Sesma Suárez (rúbrica), coordinador del GP PVEM.»

Es cuanto.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Se tienen por retiradas. Actualícense los registros parlamentarios.

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La Secretaria diputada Verónica Delgadillo García:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Integrantes de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

Por este medio me permito adjuntar el oficio número 113. 2016. DGVP. 261, suscrito por el licenciado Édgar Alejandro Guerrero Flores, director general de Vinculación Política de la Secretaría de Economía, por el que remite los informes definitivos de las evaluaciones de diseño de 2016 de los programas del sector “Economía” coordinados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 28, fracción III, del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2016; y decimoséptimo y vigésimo noveno de los Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas Federales de la Administración Pública Federal; y los numerales 10 y 23, anexo 1-A, del Programa Anual de Evaluación de 2016, a efecto de que por su amable conducto sea enviado a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, y de Desarrollo Social de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.

Por lo anterior y con fundamento en lo dispuesto en la fracción VIII del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, les acompaño para los fines procedentes copia del oficio a que me he referido, así como tres discos compactos.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

Atentamente

Ciudad de México, a 13 de septiembre de 2016.— Licenciado Felipe Solís Acero (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Economía.

Licenciado Felipe Solís Acero, subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

En cumplimiento de las obligaciones señaladas en el artículo 28, fracción III, del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2016; y decimoséptimo y vigésimo noveno de los Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas Federales de la Administración Pública Federal, y en alcance de los oficios números 113. 2016. DGVP. 213 y 113. 2016. DGVP. 225, me permito informarle que la Unidad de Evaluación del Desempeño de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en el ámbito de su competencia, emitió observaciones sobre los informes de las evaluaciones de diseño de 2016 de los siguientes programas presupuestarios a cargo del sector “Economía”:

E008 Protección y Promoción de los Derechos de Propiedad Industrial

F002 Financiamiento del Sector Minero y su Cadena de Valor

F005 Asistencia Técnica y Capacitación del Sector Minero y su Cadena de Valor

P002 Negociaciones Internacionales para la Integración y Competitividad de México en las Cadenas Globales de Valor

Al respecto, y una vez atendidas las observaciones por los equipos evaluadores, se adjuntan de manera electrónica las versiones ejecutivas de conformidad con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Asimismo, en atención de los numerales 10 y 23, anexo 1-A, del Programa Anual de Evaluación de 2016, y del oficio número 419-A-16-0880 de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mediante la cual autoriza la ampliación del plazo para la entrega de la evaluación de diseño del programa G001, “Aplicación y modernización del marco regulatorio y operativo en materia mercantil, de normalización e inversión extranjera”, se adjunta de manera electrónica el informe definitivo de la evaluación.

Con fundamento en los artículos 27 y 34 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y la fracción II del artículo 48 del Reglamento Interior de la Secretaría de Economía, así como el acuerdo por el que se emiten los lineamientos para la conducción y coordinación de las relaciones del Poder Ejecutivo federal con el Poder Legislativo de la Unión, publicado el 1 de octubre de 2003 en el Diario Oficial de la Federación, me permito solicitarle que por su amable conducto se remita la información en comento a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, y de Desarrollo Social, así como a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un saludo cordial.

Atentamente

México, Distrito Federal, a 9 de septiembre de 2016.— Édgar Alejandro Guerrero Flores (rúbrica), director general de Vinculación Política.»

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La Secretaria diputada Verónica Delgadillo García:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Integrantes de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

Por este medio me permito adjuntar el oficio número 113.2016.DGVP.266, suscrito por el licenciado Edgar Alejandro Guerrero Flores, director general de Vinculación Política de la Secretaría de Economía, por el que remite de manera electrónica los informes finales de las fichas de monitoreo y evaluación 2015-2016 de los programas del sector economía, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 28, fracción III, del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016; el décimo séptimo y vigésimo noveno de los Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas Federales de la Administración Pública Federal y los numerales 10 y 27, así como al anexo 2b del Programa Anual de Evaluación 2016, a efecto de que por su amable conducto, sea enviado a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, y de Desarrollo Social de ese órgano legislativo.

Por lo anterior y con fundamento en lo dispuesto por la fracción VIII del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, les acompaño para los fines procedentes, copia del oficio al que me he referido, así como 3 discos compactos.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

Ciudad de México, a 15 de septiembre de 2016.— Licenciado Felipe Solís Acero (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Enonomía.

Licenciado Felipe Solís Acero, subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

En atención a las obligaciones señaladas en el artículo 28, fracción III, del decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016; el décimo séptimo y vigésimo noveno de los Lineamientos Generales para la evaluación de los Programas Federales de la Administración Pública Federal; a los numerales 10 y 27, así como al anexo 2b del Programa Anual de Evaluación 2016, me permito adjuntar de manera electrónica los informes finales de las fichas de monitoreo y evaluación 2015-2016 de los siguientes programas presupuestarios a cargo del sector economía:

S020: Fondo Nacional del Emprendedor.

S021: Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario y a la Mujer Rural

S151: Programa para el desarrollo de la industria de Software y la Innovación.

S220: Programa para la Productividad y la Competitividad Industrial.

U004: Proyectos para la atracción de inversión extranjera estratégica.

Lo anterior, a fin de que por su amable conducto se remita la información en comento a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública y de Desarrollo Social, y a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados; así como a la Comisión de Desarrollo Social de la Cámara de Senadores del honorable Honorable Congreso de la Unión.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

Ciudad de México, a 14 de septiembre de 2016.— Licenciado Edgar Alejandro Guerrero Flores (rúbrica), director general de Vinculación Política.»

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Remítanse a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, y de Desarrollo Social, para su conocimiento.

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La Secretaria diputada Verónica Delgadillo García:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.— Presente.

Con el propósito de dar cumplimiento a lo señalado en el artículo 107, tercer párrafo, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, me permito anexar la información relativa al pago de las participaciones a las entidades federativas correspondiente al mes de agosto de 2016, desagregada por tipo de fondo de acuerdo con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal y por entidad federativa, efectuando la comparación correspondiente al mes de agosto de 2015.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Ciudad de México, a 13 de septiembre de 2016.— Miguel Messmacher Linartas (rúbrica), subsecretario de Ingresos.»

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Remítase a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público, y de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento.

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La Secretaria diputada Verónica Delgadillo García:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Asamblea Constituyente de la Ciudad de México.

Ciudadanos Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

De conformidad con lo establecido en el artículo séptimo transitorio del decreto por el que se declaran reformadas y derogadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de la reforma política de la Ciudad de México, comunicamos a usted, que en sesión celebrada en esta fecha la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, se declaró legalmente constituida para el desempeño de sus funciones.

Previa integración de la Junta Instaladora, la cual quedó de la siguiente forma:

Presidente: Augusto Gómez Villanueva.

Vicepresidentes: Bernardo Bátiz y Vázquez, Ifigenia Martha Martínez y Hernández.

Secretarios: Porfirio Alejandro Muñoz Ledo y Lazo de la Vega, Javier Jiménez Espriú.

Ciudad de México, a 15 de septiembre de 2016.— Diputado Porfirio Alejandro Muñoz Ledo y Lazo de la Vega (rúbrica), secretario.»

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: De enterado.

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La Secretaria diputada Verónica Delgadillo García:«Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.

Diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.— Presente.

Con fundamento en el artículo 72 de la Ley General de Desarrollo Social, en el numeral 23 y anexo 2a del Programa Anual de Evaluación (PAE) 2016; y con el propósito de generar información útil y oportuna para la toma de decisiones, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) coordinó las evaluaciones en materia de Diseño del Programa de Infraestructura, del Programa de Apoyos a Pequeños Productores y del Programa de Productividad Rural. Estas evaluaciones valoran el diseño de estos programas de reciente reestructuración programática con la finalidad de proveer información que retroalimente su diseño, gestión y resultados.

En este sentido, me permito enviarle las ligas a las versiones finales de dichas evaluaciones publicadas en la página del Coneval, esperando que sean de utilidad para las importantes funciones que usted desempeña:

1) Evaluación de Diseño del Programa de Infraestructura

http://www.coneval.orq.mxlEvaluacion/Documents/EVALUACIONES/SEDATU 2016 Diseno S273 Programa Infraestructura.zip

2) Evaluación de Diseño del Programa de Apoyos a Pequeños Productores

http://www.coneval.oro.mxlEvaluacion/Documents/EVALUACIONES/SAGARPA 2016 Diseno 8266 Apoyos a Pequeños Productores.zip

3) Evaluación de Diseño del Programa de Productividad Rural http://www.coneval.orq.mxlEvaluacionlDocuments/EVALUACIONES/SAGARPA 2016 Diseno 8258 Productividad Rural.zip

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Ciudad de México, a 13 de septiembre de 2016.— Gonzalo Hernández Licona (rúbrica), secretario ejecutivo del Coneval.»

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Remítase a la Comisión de Desarrollo Social, para su conocimiento.

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La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, se recibió de la Comisión Permanente, propuesta con punto de acuerdo que exhorta al ejecutivo federal a realizar una contribución financiera voluntaria a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y a liderar los esfuerzos regionales ante la Organización de los Estados Americanos para asegurar la autonomía financiera de la Corte Interamericana de Derechos Humanos; y exhorta a la Cámara de Diputados a asignar una partida presupuestal especial en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2017, para que el Estado mexicano realice una contribución financiera a la corte y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, presentada por los senadores Laura Angélica Rojas Hernández, Angélica de la Peña Gómez, Mariana Gómez del Campo Gurza, Gabriela Cuevas Barron y Fernando Yunes Márquez, el 24 de agosto de 2016.

La Presidencia dispuso que dicho punto de acuerdo se turnara a la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Senadores los resolutivos primero y segundo, y a la Cámara de Diputados el tercero de ellos, mismo que se anexa.

Atentamente

Ciudad de México, a 6 de septiembre de 2016.— Senadora Blanca Alcalá Ruiz (rúbrica).»

«Los senadores Laura Angélica Rojas Hernández, Angélica de la Peña Gómez, Fernando Yunes Márquez, Mariana Gómez del Campo Gurza, y Gabriela Cuevas Barron, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Y en los artículos 58, 60 Y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo por el que Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta al Ejecutivo federal a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores a realizar una contribución financiera voluntaria a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y a que lidere los esfuerzos regionales ante la Organización de los Estados Americanos para asegurar la autonomía financiera de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y por el que exhorta a la Cámara de Diputados a asignar una partida presupuestal especial en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2017 para que el Estado mexicano realice una contribución financiera a la Corte y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al tenor de las siguientes

Consideraciones

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) tiene la facultad de supervisar el cumplimiento de las obligaciones adquiridas por los Estados bajo la Convención Americana sobre Derechos Humanos y los demás tratados internacionales en la materia que han sido adoptados en la región americana. Desde su primera sesión en 1979, la Corte IDH ha conocido casos contenciosos sobre diversas materias y ha emitido múltiples opiniones consultivas, fortaleciendo el marco jurídico internacional sobre derechos humanos en la región americana, constituyéndose así como una referencia para otros tribunales internacionales y cortes nacionales.

Nuestro país ha mantenido una colaboración estrecha con el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y particularmente con la Corte IDH. Cabe destacar que los criterios jurisprudenciales emanados de la sentencia Radilla Pacheco c. México animaron la reforma al artículo 10 constitucional, del 10 de junio de 2011, mediante la cual se incorporaron formalmente los tratados internacionales de derechos humanos a nuestro orden jurídico. Por otro lado, el Poder Judicial, por conducto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha impulsado criterios normativos que buscan incorporar la jurisprudencia de la Corte IDH en el orden jurídico interno. Los esfuerzos legislativos y judiciales de Méx.ico han sido reconocidos internacionalmente.

Actualmente, la Corte IDH atraviesa por un momento de austeridad financiera. Las cuotas obligatorias de los Estados miembros de la OEA que componen el fondo regular de ésta han sido insuficientes para financiar la actividad del tribunal internacional. De acuerdo con su informe anual 2015, el total de ingresos recibidos por la Corte para su funcionamiento durante 2015 fue de 4 millones 565 mil 842.50 dólares americanos (USD). El 58 por ciento de esta cantidad correspondió a ingresos ordinarios, provenientes del fondo regular de la OEA, mientras que el 42 por ciento provino de ingresos extraordinarios los cuales se integraron por (i) aportaciones voluntarias de los Estados; (ii) aportaciones de proyectos de cooperación internacional; y (iii) aportaciones de otras instituciones Y acuerdos de asistencia técnica. El presupuesto otorgado por la OEA a la Corte IDH para 2016 asciende a 2 millones 661 mil 100 dólares, lo cual claramente resulta insuficiente para el cumplimiento de su mandato de protección y promoción de los derechos humanos en la región americana.

De la misma manera, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) anunció, desde el 23 de mayo de 2016, que atraviesa por una crisis financiera que la orilló a suspender audiencias públicas y probablemente la llevará a recortar a más de la mitad de su personal. Únicamente el 6 por ciento del presupuesto del fondo regular de la OEA es asignado a la comisión. Ante el anuncio de la CIDH, la Secretaria Claudia Ruiz Massieu anunció que México no incrementaría el apoyo económico a la CIDH.

Históricamente, Méx.ico ha sido uno de los países más cumplidos en el pago de sus aportaciones al fondo regular de la OEA, Sin embargo, nuestro país cuenta con una responsabilidad de contribuir al Sistema Interamericano de Derechos Humanos más allá de las cuotas obligatorias. Se destaca que, de manera regular, México había aportado voluntariamente alrededor de 300 mil dólares a la Corte IDH para el cumplimiento de su misión. Sin embargo, como el Informe Anual 2015 lo indica, se ha modificado la postura respecto de las contribuciones voluntarias de nuestro país al tribunal internacional. Resulta paradójico que un país con una tradición de colaboración tan cercana con la Corte IDH, que se ha beneficiado de manera inmensa de su jurisprudencia y aportaciones en materia de derechos humanos, no contribuya financieramente cuando es momento de hacerla. La negativa a otorgarle los fondos suficientes a ese tribunal internacional únicamente perjudica a las y los ciudadanos mexicanos. Las mismas consideraciones son aplicables a la situación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Por otro lado, resulta inadmisible que el financiamiento para el cumplimiento del mandato de la Corte IDH dependa casi en un 50 por ciento de las aportaciones extraordinarias. La CIDH se enfrenta a una situación similar, pues más de la mitad de su presupuesto proviene de contribuciones voluntarias. México, como Estado parte a la Convención Americana sobre Derechos Humanos y como Estado líder en la región debería impulsar los debates ante la Organización de los Estados Americanos que aseguren el pleno financiamiento de la Corte IDH y el cumplimiento de su mandato con autonomía. La insuficiencia presupuestaria se traduce en un retraso en la administración de justicia y en un rezago de casos, perjudicando a los últimos beneficiarios del Sistema Interamericano de Derechos Humanos: los ciudadanos de la región americana.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración de esta Soberanía la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta al Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, a que realice una contribución financiera voluntaria a la Corte Interamericana de Derechos Humanos; y

Segundo. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta al Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, a que lidere los esfuerzos regionales ante la Organización de los Estados Americanos para asegurar la autonomía financiera de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Tercero. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta a la Cámara de Diputados a asignar una partida presupuestal especial en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2017 para que el Estado mexicano realice una contribución financiera a la Corte y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Notas:

1 Corte IDH. Informe anual 2015. Disponible en http://www.coneidh.or.crltablas/informe2015íesoanol.pdf. página 142

2 Íbid, página 146

3 OEA. Programa-presupuesto de la organización, aprobado por la Asamblea General XLVIII Periodo Extraordinario de Sesiones-octubre 2014 Ag/Res. 1 (XIviii-E/14) Bienio 2015-2016. Disponible en http://www.oas.or0budl!et!2015fPro2.rama%20Presuouesto%20203VI.pdf. Página 11.

4 CIDH, Grave crisis financiera de la CIDH lleva a suspensión de audiencias e inminente pérdida de casi la mitad de su personal, disponible en http://www.oas.ore/esicidh/orensafcomunicados/2016/069.asp

5 Excélsior, No incrementaremos apoyo económico a CIDH: SRE, disponible en http://www.excelsior.com.mx/nacionaI/2016/05/241/ 1094683

6 Corte IDH, Informe anual 2015. Op cit, página 143 “El Gobierno de México anunció que iba a entregar a la Corte Interamericana la cantidad de 300 mil dólares. No obstante, al cierre de 2015 aún no se ha recibido dicho aporte”.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, a 24 de agosto de 2016.— Senadores: Laura Angélica Rojas Hernández (rúbrica), Angélica de la Peña Gómez (rúbrica), Fernando Yunes Márquez (rúbrica), Mariana Gómez del Campo Gurza, Gabriela Cuevas Barron (rúbrica).»

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«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Comunico a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, la senadora Ana Gabriela Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, presentó proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a que, en el proyecto de Presupuesto de Egresos para 2017, considere dotar de una partida presupuestal al sector salud del gobierno de Sonora para desarrollar y acelerar procesos de investigación de ciencia y tecnología para atacar la proliferación del mosca “Aedes Aegypti” que apoye las campañas ya activas del gobierno local.

Con fundamento en los artículos 66, párrafo 1, inciso a) y 67, párrafo 1, inciso b) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 276, párrafo 2, del Reglamento del Senado, se dispuso que dicho punto de acuerdo, que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.

Atentamente

Ciudad de México, a 13 de septiembre de 2016.— Senadora Blanca Alcalá Ruiz (rúbrica).»

«La suscrita, senadora Ana Gabriela Guevara, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en esta LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, fracción II; 76, fracción IX, 276 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración de esta soberanía, la presente proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la CÁMARA de Diputados, a que en el proyecto de Presupuesto de Egresos para 2017, considere dotar de una partida presupuestal al sector salud del gobierno de Sonora para desarrollar y acelerar procesos de investigación de ciencia y tecnología para atacar la proliferación del mosco Aedes Aegyptique apoye las campañas ya activas del gobierno local, bajo las siguientes:

Consideraciones

1. Es conocido por esta institución el crecimiento exponencial de las afectaciones a humanos producidas por la picadura del mosco Aedes aegypti. Los casos crecen y se multiplican aún más en temporadas de lluvia y por eventos climatológicos como el que acaba de ocurrir en el país por el huracán Newton que precipito lluvia que crearán depósitos de agua que sirven de nichos de reproducción del citado mosco que según investigadores especializadas es responsable de las enfermedades de dengue, chikungunya y otras de tipo hemorrágico.

Diversos medios y análisis acusan una inversión insuficiente en ciencia y tecnología en este tema como uno de los obstáculos para evitar una propagación aún más lesiva: El gobierno local de Sonora ha emprendido una gran campaña en los medios de comunicación social para ejecutar diversas medidas que involucran a la población; sin embargo no es suficiente y 10 pesos escasos se mantienen. Ya vimos, en el marco de la Jornada Nacional contra el zika, dengue y chikungunya que la Secretaría de Salud opera su estrategia institucional que involucró a los gobiernos municipales en la limpieza de calles, bulevares y panteones, así como de las autoridades de salud en acciones propias de comunicación y difusión en torno a este tema.

En Sonora se han confirmado un total de 111 casos de dengue en lo que va del presente año, alrededor de un 600 por ciento menos a los reportados en el mismo periodo de 2015 que sumaban 662 afectados, 470 del tipo clásico y 192 hemorrágico.

Del total de casos portados este 2016, 91 son del tipo clásico y se registraron en los municipios Hermosillo, Guaymas, Huatabampo, Navojoa, Cajeme, Empalme, Álamos, Nacozari, Etchojoa, Ures y Bácum. En tanto que 11 son del tipo hemorrágico en los municipios de Navojoa, Cajeme, Huatabampo, Guaymas, Etchojoa, Hermosillo, Bácum y San Luis Río Colorado. Respecto a chikungunya, de este padecimiento se acumulan 11 casos confirmados en Sonora en los municipios de Guaymas, Hermosillo, Huatabampo y Navojoa.

Sin embargo el flanco de las estrategias de investigación exige atención y por supuesto un apoyo presupuestal suficiente. Hay países, como el caso de Brasil, “uno de los países líderes en casos de dengue que decidió invertir en ciencia y tecnología y actualmente se están generando estrategias innovadoras como la introducción de una especie bacteriana (Wolbachia) en mosquitos Aedes Aegypti, lo cual evita la transmisión del dengue. En África y otras regiones endémicas de malaria o fiebre amarilla se perfeccionó la tecnología de aplicación de un plaguicida mejorado a través de redes o mosquiteros impregnados con este producto para reducir los riesgos de contaminación ambiental y para atacar mosquitos resistentes a los organofosforado (abate)”. Estamos seguros que hay centros de estudio sonorenses que agradecerán este apoyo en sus investigaciones Y que, además se servirán de investigaciones foráneas para agilizar las estrategias y operaciones.

Hay que considerar que de los 17 ciclones que se prevén para esta temporada, se pronostica que en Sonora serán cuatro los que impacten la entidad, además de las precipitaciones pluviales leves, que también son propicias para la expansión del mosco Aedes y la probable multiplicación de las enfermedades asociados a los moscos en general.

En este ciclo de dotación presupuestal se propone considerar apoyo en este sentido.

Por lo anterior, sometemos a la consideración de esta asamblea, el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a que en el proyecto de Presupuesto de Egresos para 2017 considere dotar de una partida presupuestal al sector Salud del gobierno de Sonora para desarrollar y acelerar procesos de investigación de ciencia y tecnología para atacar la proliferación del mosco Aedes Aegyptique apoye las campañas ya activas del gobierno local.

Ciudad de México, a 13 de septiembre de 2016.— Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza (rúbrica).»

———————— o ————————

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Comunico a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, el senador Raúl Gracia Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó proposición con punto de acuerdo que exhorta a los integrantes de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión a no realizar ningún recorte a las participaciones federales que recibe el gobierno de Nuevo León, en comparación a las recibidas en el ejercicio fiscal de 2016.

Con fundamento en los artículos 66, párrafo 1, inciso a) y 67, párrafo 1, inciso b) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 276, párrafo 2 del Reglamento del Senado, se dispuso que dicho punto de acuerdo, que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.

Atentamente

Ciudad de México, a 13 de septiembre de 2016.— Senadora Blanca Alcalá Ruiz (rúbrica).»

«Senador Pablo Escudero Morales, Presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República.— Presente.

Raúl Gracia Guzmán, en mi carácter de Senador de la República, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, fracción II, y 276 del Reglamento del Senado de la República, presento a consideración de esta honorable asamblea la proposición con punto de acuerdo, en el que se exhorta respetuosamente a los integrantes de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, para que en función de sus facultades, no realicen ningún recorte a las participaciones federales que recibe el gobierno del estado de Nuevo León, en comparación a las recibidas en el ejercicio fiscal 2016.

Exposición de Motivos

1. El Ejecutivo federal por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y en cumplimiento de la fracción IV del artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, del pasado 8 de septiembre de 2016, entregó a la Cámara de Diputados el Paquete Económico correspondiente al ejercicio fiscal de 2017, el cual está integrado de los siguientes documentos:

• Criterios Generales de Política Económica

• Iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación

• Iniciativa de Reformas a la Ley del Impuesto sobre la Renta; Ley del Impuesto al Valor Agregado y del Código Fiscal de la Federación.

• Iniciativa de Reformas a la Ley Federal de Derechos

• Iniciativa de Reformas a la Ley de Ingresos Sobre Hidrocarburos.

• Proyecto de Presupuesto de Egresos

2. El contenido del Paquete Económico 2017, establece modificaciones sustanciales en muchos ramos; contiene cambios y recortes al presupuesto en general por un monto de 239 mil millones de pesos en el gasto del gobierno.

3. El Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, en su informe Criterios Generales de Política Económica (CGPE) de 2017, publicado el 9 de septiembre de 2016, exhibe las características del Paquete Económico 2017, entre las que se destacan las siguientes:

Actividad económica

Se estima, que el producto interno bruto (PIB) tenga un crecimiento entre 2.0 y 2.6 por ciento en 2016 y que se dinamice en 2017 al predecir un aumento entre 2.0 y 3.0 por ciento (entre 2.6 y 3.6 por ciento para 2016 y 2017, respectivamente, en Pre-Criterios). Por otra parte, utilizó un crecimiento puntual del PIB para las evaluaciones de finanzas públicas de 2.4 y 2.5 por ciento para 2016 y 2017, respectivamente. La previsión para 2016 estaría fundamentada en la dinámica de la demanda interna como consecuencia del crecimiento del empleo formal, el aumento del crédito a empresas y hogares, la disminución de la tasa de desocupación y la reducción de la inflación.

Para 2017, se prevé una mayor aportación de la demanda interna y una moderada recuperación de la externa apoyada por la creación de empleos formales, la expansión del crédito, aumento del salario real y una mejoría paulatina de la confianza de los consumidores y las empresas; así como por una expansión de la construcción y los servicios menos vinculados con el sector externo; además, del mejor desempeño de las exportaciones nacionales ante un mejor comportamiento de la economía estadounidense. Por su parte, el sector privado pronostica un incremento del PIB de 2.16 por ciento para 2016, cifra dentro del intervalo previsto por CGPE; mientras que para 2017, anuncia un aumento de la actividad económica de 2.52 por ciento, también dentro del intervalo advertido por CGPE. (Públicas, 2016)

4. Referente al gasto federal y en comparación con el proyecto de Egresos de la Federación de 2016 el Centro de Estudios de las Finanzas Pública, señala en el siguiente cuadro comparativo lo siguiente:

5. Considerando los numeras y datos antes descritos el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, en el informe Aspectos Relevantes del Gasto Federalizado PPEF de 2017, señala que:

El gasto federalizado propuesto por el Ejecutivo federal en el proyecto PEF 2017 asciende a 1 billón 637 mil 365.0 millones de pesos, monto que representa un incremento nominal respecto a lo aprobado en el PEF 2016 de 1 mil 149.0 millones de pesos. Sin embargo, en términos reales, lo anterior equivale a una caída de las transferencias a entidades federativas de 3.1 por ciento.

El 45.1 por ciento de los recursos del Gasto Federalizado se concentran en el Ramo 28 Participaciones Federales, cifra mayor al año previo que se ubicó en 41.5 por ciento. Por su parte, el 42.9 por ciento corresponde al Ramo 33 Aportaciones Federales, mientras que el restante 12.0 por ciento se concentró en Convenios de Descentralización (7.1 por ciento), Protección Social en Salud (4.2 por ciento) y Gasto Federalizado identificado en el Ramo 23. Provisiones Salariales Y Económicas (0.7 por ciento). 3 (Federalizado, 2016)

Para expresar lo antes descrito, de manera gráfica presento el siguiente cuadro con la intención de expresarlo de manera gráfica:

6. Lo anterior, representa una menor trasferencia de recursos de la Federación a las entidades federativas, para el caso específico de Nuevo León, los recursos Federales en proyectos prioritarios no fueron considerados en este presupuesto como es el caso de la Línea 3 del Metro, la cual se encuentra en construcción y que no se está contemplada en el presupuesto de Egresos de la Federación. En Este sentido se les da prioridad a otros proyectos, como a continuación se describe:

Principales proyectos de inversión 2017

En el PPEF de 2017 se prevén importantes proyectos de inversión, entre los que destacan por sus montos de inversión básicamente seis:

Secretaría de Comunicaciones y Transportes:

Tren Interurbano México-Toluca. Dicho proyecto forma parte de la estrategia de desarrollo del sistema masivo de transporte de pasajeros, el cual incluye 6 estaciones: 2 son terminales (Zinacantepec Y Observatorio) Y 4 intermedias (Terminal de Autobuses, Metepec, Lerma y Santa Fe).

Ampliación del Sistema del Tren Eléctrico Urbano en la Zona Metropolitana de Guadalajara con 4 mil 880.1 millones de pesos. Con esta obra, conforme se indica en el Programa Nacional de Infraestructura 2014-2018, se busca beneficiar a la población de la zona metropolitana de Guadalajara, ayudando a descongestionar algunas de las principales vialidades de la ciudad y reduciendo los tiempos de traslado.

7. Al estado de Nuevo León, se le redujo el presupuesto de manera considerable en comparación con los estados de México y Jalisco, –en el estado de México habrá elecciones para elegir gobernador en 2017– en estos dos estados sus proyectos estratégicos seguirán en construcción, mientras que en el estado de Nuevo León las obras tendrán que detener su construcción por la falta de recursos económicos, pues no figuran dentro de los proyectos estratégicos del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2017. Lo anterior, es preocupante ya que los proyectos de infraestructura no solo estaban contemplados para su construcción, sino, que son obras de importancia y necesarias para los neoleoneses.

En el Presupuesto de Egresos de 2017 se puede observar con claridad que las participaciones federales son inferiores a los estados de Jalisco y México:

Lo anteriores preocupante por las condiciones tan particulares que se presentan el siguiente año electoral tanto el Estado de México.

Considerandos

I. Como Senador de la República, considero de gran importancia ser sensible a los acontecimientos sociales que afectan nuestra localidad y ser la voz a quien no la tiene para dar a conocer y exigir estabilidad social, transparencia y liderazgo.

II. Ante la posible reducción de las participaciones federales para Nuevo León, es necesario que los diputados integrantes de la LXIII legislatura, quienes conforme a lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el artículo 74, fracción IV. Son los responsables de aprobar el presupuesto de Egresos que envía el Poder Ejecutivo Federal consideren que para la aprobación del presupuesto de Egresos de la Federación para el año 2017, el Estado de Nuevo León es el tercer Estado en aportar mayores recursos económicos al Producto Interno Bruto de acuerdo a datos proporcionados por el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi):

III. En caso de que los diputados aprueben el Presupuesto de Egresos de la Federación en los términos que lo entregó el Poder Ejecutivo a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en el estado de Nuevo los proyectos de infraestructura que se venían realizando en dicha entidad federativa se verían seriamente deteriorados y los neoleoneses son los que van a resentir este tipo de medidas.

Por lo expuesto y fundado, someto a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Único. El Senado de la República del Honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a los integrantes de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, para que, en función de sus facultades, no realicen ningún recorte a las participaciones federales que recibe el gobierno del estado de Nuevo León, en comparación a las recibidas en el ejercicio fiscal 2016.

Fuentes Consultadas

- Federalizado, C.d. (12 de septiembre de 2016). Aspectos Relevantes del Gasto Federalizado PPEF 2017. PPEF 2017: http://VJW:N.cefp .gob. mxlpubl icaciones/nota/20 16/septiembre/notacefp03320 16.pdf

- Instituto Nacional de Estadística y Geografía (12 de septiembre de 2016). Producto interno bruto por entidad federativa:

http://www.inegi.org. mxlsaladeprensa/boletines/2015/especialeslespeciales 2015_12_2.pdf

- Pública, C.d. (12 de septiembre de 2017). Gasto Federalizado. PEF 2016 versus PPEF 2017 Millones de pesos variaciones porcentuales.

http://www.cefp.gob.mxlpublicaciones/nota/20 16/septiembre/notacefp02820/16.pdf

- Públicas, C. d. (12 de septiembre de 2016). Criterios Generales de Política Económica. 2017: http://www.cefp.gob.mxlpublicaciones/nota/20 16/septiembre/notacefp03420 16.pdf

- Público, S. d. (12 de septiembre de 2016). Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2017:

http://ppef.hacienda.gob.mxlworklmodels/PPEF20 17/paquete/egresos/Proyecto_Decreto. pdf

Notas:

1 Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, Criterios Generales de Política Económica de 2017.

Véase en http://www.cefp.gob.mx.publicaciones/nota/2016/septiembre/notacefp0342016.pdf, revisión hecha el 12 de septiembre de 2016.

2 Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, Criterios Generales de Política Económica de 2017.

Véase en http://www.cefp.gob.mx.publicaciones/nota/2016/septiembre/notacefp0342016.pdf, revisión hecha el 12 de septiembre de 2016.

3. Centro de Estudios de las Finanzas Públicas Gasto Federalizado Aspectos Relevantes del Gasto Federalizado PPEF 2017 véase en: http://www.cef.ob.mx/ublicaciones/nota/2016/septiembre/notacefp 0332016. df revisión hecha el 12 de septiembre de 2016

4 Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017 véase en:

htt :// ef.hacienda. ob.mx/worklmodels/PPEF2017/paquete/egresos/ Proyecto Decreto. df revisión hecha el12 de septiembre de 2016.

5 Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 2016.

Véase en: http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/boletines/2015/especiales/especiales2015 12 2.pdf revisión hecha el 12 de septiembre de 2016

Senador Raúl García Guzmán (rúbrica).»

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Túrnense a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su atención.

MINUTAS



LEY GENERAL DE SALUD

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Para los efectos constitucionales, me permito remitir a ustedes el expediente que contiene proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud, para prevenir el sobrepeso, la obesidad y los trastornos de la conducta alimentaria.

Atentamente

Ciudad de México, a 13 de septiembre de 2016.— Senadora Blanca Alcalá Ruiz (rúbrica), vicepresidenta.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Proyecto de Decreto

CS-LXIII-II-1P-90

Por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud, para prevenir el sobrepeso, la obesidad y los trastornos de la conducta alimentaria

Único. Se reforma la fracción XIII Bis del artículo 7o. y se adicionan la fracción IV Bis al artículo 115 y los artículos 272 Bis 4, 272 Bis 5 y 272 Bis 6 de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

Artículo 7o. ...

I. a XIII. ...

XIII Bis. Promover e impulsar programas y campañas de información sobre los buenos hábitos alimenticios, una buena nutrición y la activación física para contrarrestar el sobrepeso, la obesidad y los trastornos de la conducta alimentaria;

XIV. y XV. ...

Artículo 115. ...

I. a IV. ...

IV Bis. Normar el establecimiento de información nutrimental de alimentos y bebidas no alcohólicas, que incluyan el contenido en calorías, en las cartas y menús de establecimientos de comida rápida con 10 sucursales o más;

V. a XI. ...

Artículo 272 Bis 4. Las instituciones públicas que forman parte del Sistema Nacional de Salud podrán integrar la cirugía bariátrica como tratamiento de la obesidad mórbida y sus comorbilidades.

Los candidatos a cirugía bariátrica deberán cumplir con los criterios de selección, de acuerdo con las normas y protocolos de salud en la materia.

Artículo 272 Bis 5. Las instituciones de salud pública y privada, así como los establecimientos autorizados que practiquen la cirugía bariátrica, procurarán contar con la infraestructura multidisciplinaria adecuada para dichos procedimientos de alta complejidad.

Artículo 272 Bis 6. Los establecimientos que presten servicios que ofrezcan cirugía bariátrica, sin apego a lo dispuesto en la presente ley y en las disposiciones jurídicas aplicables, serán sancionados en términos del artículo 420 de la presente ley.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. La Secretaría de Salud contará con un plazo no mayor de 180 días para emitir las disposiciones jurídicas que se deriven del presente decreto.

Tercero. Las acciones que, en su caso, deban realizar las dependencias y entidades de la administración pública federal para dar cumplimiento a lo dispuesto por el presente decreto se cubrirán con cargo al presupuesto autorizado para el presente ejercicio fiscal y los subsecuentes.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores. Ciudad de México, a 13 de septiembre de 2016.— Senadora Blanca Alcalá Ruiz (rúbrica) vicepresidenta; senadora Rosa Adriana Díaz Lizama (rúbrica), secretaria.»

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Túrnese a la Comisión de Salud, para dictamen.



DECLARA EL DÍA 21 DE SEPTIEMBRE DE CADA AÑO COMO “EL DÍA NACIONAL DE LA LUCHA LIBRE Y DEL LUCHADOR PROFESIONAL MEXICANO”

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Para los efectos constitucionales, me permito remitir a ustedes el expediente que contiene proyecto de decreto por el que se declara el 21 de septiembre de cada año como Día Nacional de la Lucha Libre y del Luchador Profesional Mexicano.

Atentamente

Ciudad de México, a 14 de septiembre de 2016.— Senador Pablo Escudero Morales (rúbrica), Presidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Proyecto de Decreto

CS-LXIII-II-1P-91

Por el que se declara el día 21 de septiembre de cada año como “El Día Nacional de la Lucha Libre y del Luchador Profesional Mexicano”

Artículo Único. El Honorable Congreso de la Unión declara el 21 de septiembre de cada año como “El Día Nacional de la Lucha Libre y del Luchador Profesional Mexicano”.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores. Ciudad de México, a 14 de septiembre de 2016.— Senador Pablo Escudero Morales (rúbrica), Presidente; senadora María Elena Barrera Tapia (rúbrica), secretaria.»

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Túrnese a la Comisión de Gobernación, para dictamen.



LEY GENERAL DE ASENTAMIENTOS HUMANOS

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Para los efectos constitucionales, me permito remitir a Ustedes expediente que contiene proyecto de decreto por el que se reforma la fracción I del artículo 7o. de la Ley General de Asentamientos Humanos.

Atentamente

Ciudad de México, a 14 de septiembre de 2016.— Senador Pablo Escudero Morales (rúbrica), Presidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

PROYECTO DE DECRETO

CS-LXIII-II-1P-92

POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCION 1 DEL ARTICULO 7o. DE LA LEY GENERAL DE ASENTAMIENTOS HUMANOS

ÚNICO. Se reforma la fracción I del artículo 7o. de la Ley General de Asentamientos Humanos, para quedar como sigue:

ARTÍCULO 7o. ...

I. Proyectar y coordinar la planeación del desarrollo regional, elaborar los programas de desarrollo regional y especiales, con la participación que corresponda a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, los gobiernos de las entidades federativas, de los municipios y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, incorporar las propuestas que realicen los grupos sociales y los pueblos y comunidades indígenas interesados;

II. a XVI. .”

TRANSITORIO

Único. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la Honorable Cámara de Senadores. Ciudad de México, a 14 de septiembre de 2016.— Senador Pablo Escudero Morales (rúbrica), Presidente; senadora María Elena Barrera Tapia (rúbrica), secretaria.»

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Túrnese a la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, para dictamen.

INICIATIVA DE SENADORA



LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO Y LEY ADUANERA

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Comunico a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, la senadora Ninfa Salinas Sada, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presentó iniciativa con proyecto de decreto que modifica y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado y de la Ley Aduanera, en materia de incentivos para promover la producción y uso de motocicletas eléctricas.

Con fundamento en los artículos 66, párrafo 1, inciso a) y 67, párrafo 1, inciso b) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 174, 175, párrafo 1; 176, 177, párrafo 1, y 178 del Reglamento del Senado, se dispuso que dicha iniciativa, misma que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.

Atentamente

Ciudad de México, a 13 de septiembre de 2016.— Senadora Blanca Alcalá Ruiz (rúbrica), vicepresidenta.»

«La suscrita, senadora Ninfa Salinas Sada, integrante del Partido Verde Ecologista de México del Senado de la República de la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción 11 y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 164 y 169, del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que modifica y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado y, de la Ley Aduanera en materia de incentivos para promover la producción y uso de motocicletas eléctricas, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La movilidad en las zonas urbanas del país se caracteriza por vialidades saturadas e ineficientes que afectan la calidad de vida de los habitantes.

Datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), muestran que al mes de junio de este año había 26 millones 239 mil 711 automóviles particulares, de los cuales 6.8 millones circulan en la Zona Metropolitana el Valle de México.

De acuerdo al Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo (ITDP, por sus siglas en inglés), las Zonas Metropolitanas del Valle de México, Guadalajara y Monterrey son las que tienen una mayor intensidad en el uso del automóvil y las que concentran el mayor número de automóviles.

Dicho instituto señala que el crecimiento de la tasa actual de motorización en México es de 6.32 por ciento anual, por lo que, de continuar esta tendencia, hacia 2030 podría tenerse una flota de 50 millones de vehículos, compuestos principalmente de vehículos particulares. Más significativo resulta el hecho de que, en los próximos cuatro años, tan solo la Ciudad de México podría llegar a tener 11 millones de vehículos, derivando en una total inmovilidad vehicular por la insuficiencia de infraestructura.

Según Fideicomiso para el Mejoramiento de las Vías de Comunicación del Distrito Federal 7 de cada 10 vehículos que circulan en la zona metropolitana son particulares, y en 60 por ciento los conductores viajan solos o con un acompañante.

El mismo fenómeno se presenta en otras zonas urbanas como Guadalajara y su zona metropolitana, Monterrey, Tijuana, Ciudad Juárez y Puebla.

Esta situación nos lleva a que diversos estudios a nivel mundial concluyan que México es el país con peores niveles de congestionamiento vial.

Según el estudio denominado índice de Tráfico 2016, los habitantes de la Ciudad de México, comparado con un periodo de tráfico fluido, pierden adicionalmente alrededor 347 horas al año, lo que representa 14,4 días, es decir que “los conductores de la capital mexicana suelen pasar un promedio de 59 por ciento del tiempo de viaje adicional retenidos en atascos de tráfico durante cualquier momento del día y a cualquier hora, y hasta 103 por ciento en los periodos de hora pico de la tarde, en comparación con periodos de tráfico fluido, u horarios no congestionados”.

La afectación en la movilidad aumenta año con año, por lo que las personas pueden gastar entre 2 y 4 horas todos los días para trasladarse desde sus hogares hacia sus centros de trabajo, escuela o lugares de abastecimiento.

El uso indiscriminado del automóvil, que lleva a un insostenible congestionamiento vial, deriva en externalidades negativas con consecuencias ambientales, económicas y de salud que afectan la productividad y la competitividad.

No cabe duda que los vehículos automotores son la principal fuente de emisiones contaminantes y de que el congestionamiento vial tiene una incidencia directa en el aumento de la contaminación. Tan sólo en lo que va del año, se han declarado diez contingencias ambientales.

El Centro Mario Molina enfatiza que la problemática vinculada a la movilidad, la calidad del aire y. por lo tanto, de calidad de vida de la población, se han profundizado. En este sentido, señala que “las concentraciones atmosféricas de ozono y partículas suspendidas menores a 2.5 y 10 micrómetros exceden de manera persistente los límites permisibles fijados por las normas mexicanas de salud ambiental y, en el caso del promedio anual de ozono, han aumentado de 2011 a la fecha”.

Existe evidencia científica de que los contaminantes con más riesgo para la salud son las partículas suspendidas y dentro de éstas, las PM2,5 son las más preocupantes, ya que por su tamaño pueden penetrar directamente en los pulmones.

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) señala que existe una relación directa de 22 mil muertes prematuras al año asociadas a la contaminación del aire, y otros daños colaterales como el incremento de ausentismo laboral derivado de enfermedades por exposición a los contaminantes.

Desde todos los ángulos, resulta necesario impulsar una nueva forma de movilidad que contrarreste las externalidades negativas que genera el uso del automóvil, que sea más amigable con el medio ambiente y disminuya los índices de contaminación. Sin duda, el uso compartido del automóvil y la bicicleta son estrategias que contribuyen a lograr dicho objetivo; sin embargo, es necesario que quienes, por las características orográficas de su hábitat, no disponen de la infraestructura para el uso de la bicicleta, o que carecen de recursos para adquirir un automóvil hibrido o eléctrico, cuenten con mayores medios alternativos de movilidad.

En concreto, es necesario promover una visión más inclusiva de los diferentes medios de transporte, impulsar cada tipo de movilidad a fin de que redunde en beneficios colectivos.

Uno de esos medios es el uso de la motocicleta eléctrica, que resultaría una gran alternativa para aquellos automovilistas que suelen viajar solos o con un solo acompañante.

Si tomamos en consideración que 80 por ciento de los viajes en la ciudad son de distancias menores a 8 kilómetros (según el ITDP), podemos concluir que la motocicleta resulta un medio idóneo para desplazarse en zonas urbanas.

De hecho, los mexicanos ven en la motocicleta un transporte accesible que responde a sus necesidades de movilidad. De acuerdo con el Inegi, mientras en 1980 se tenía el registro de 277 mil 84 motocicletas, para 2014 se tenían 2 millones 270 mil 458 unidades registradas y circulando, un aumento de 719 por ciento en 34 años.

Ahora, la innovación y los avances tecnológicos, posibilitan el uso de tecnologías más amigables con el ambiente y las motocicletas eléctricas son ya una realidad, que ofrecen las siguientes ventajas:

• Es propulsada por medio de un motor eléctrico que funciona exclusivamente con energía eléctrica.

• No tiene tubo de escape; por eso no echa humo, no hace ruido y no contamina.

• Las baterías son recargables por medio de enchufes convencionales, que se pueden cargar en casa.

• La recarga suele tardar entre 4 y 8 horas y una carga al 80 por ciento se realiza en aproximadamente 2 horas.

• La autonomía de su batería dependiendo del modelo oscila entre los 70 y los 120 kilómetros por carga.

• Dependiendo del modelo, la vida útil de las baterías está entre 5.000 y 50.000 kilómetros o entre 2 y 10 años y pueden recargarse hasta en 8.000 ciclos.

• Su costo de mantenimiento es más bajo porque no lleva partes mecánicas que requieran un mantenimiento programado. Tampoco lleva filtros ni aceite. Por sus dimensiones, se tiene un uso más racional del espacio urbano.

• Permite mayor fluidez del tráfico en la ciudad.

• A mayor circulación de vehículos eléctricos menor contaminación ambiental.

• Ofrece mayor rapidez en los desplazamientos, sobre todo en áreas con deficiencias en el transporte público o que carecen de infraestructura para el uso de bicicletas.

Sin duda, lo más deseable sería el uso del transporte público, pero la realidad es que hay muchas zonas en la periferia con insuficiencias insalvables por lo que la motocicleta se convierte en la alternativa más viable, siendo así, que mejor que sea eléctrica.

Es por eso que la presente iniciativa tiene como objetivo promover incentivos fiscales a las motocicletas eléctricas, como una alternativa de movilidad económica, que reduzca los tiempos de traslados de las personas a la vez que se contribuye a mejorar la calidad del aire, por medio de:

• Deducciones del Impuesto sobre la Renta a las personas morales que impulsen la manufactura, ensamble y producción de motocicletas eléctricas;

• Deducciones del Impuesto sobre la Renta a las personas físicas que adquieran motocicletas eléctricas para transportarse;

• Tasa del cero por ciento del Impuesto al Valor Agregado en la enajenación de motocicletas eléctricas;

• Desgravación del IVA en la importación de este tipo de vehículos, y

• Desgravación de otros impuestos relacionados con el comercio exterior a la entrada o salida del territorio nacional de motocicletas eléctricas.

En resumen, atendiendo a la realidad diaria que viven y padecen los habitantes de las zonas urbanas de nuestro país, a sus necesidades y circunstancias, a que una motocicleta representa un mínimo indispensable de volumen sobre la vía; que utiliza el mínimo de combustible indispensable; que su contribución al desgaste del pavimento es ínfima, a que, siendo eléctrica, no contamina y además que puede resultar un transporte eficiente hasta para dos personas a la vez, se propone el siguiente proyecto de

Decreto

Artículo Primero. Se adiciona la fracción XIV al artículo 34; la fracción XV al artículo 35 y se adiciona la fracción VIII al artículo 103 de la Ley del Impuesto sobre la Renta para quedar como sigue:

Artículo 34. Los porcentajes máximos autorizados, tratándose de activos fijos por tipo de bien son los siguientes:

I. a XIII. ...

XIV. 100 por ciento para motocicletas, incluidos ciclomotores, de propulsión con motor eléctrico.

Artículo 35. Para la maquinaria y equipo distintos de los señalados en el artículo anterior, se aplicarán, de acuerdo a la actividad en que sean utilizados, los porcentajes siguientes:

I. a XIV. ...

XV. 100 por ciento por la manufactura, ensamble y producción de motocicletas, incluidos ciclomotores, de propulsión con motor eléctrico.

Artículo 103. Las personas físicas que obtengan ingresos por actividades empresariales o servicios profesionales, podrán efectuar las deducciones siguientes:

I. a VII. ...

VIII. La adquisición de motocicletas, incluidos ciclomotores, de propulsión con motor eléctrico, cuyo uso sea para transporte.

Artículo Segundo. Se adiciona el inciso j) a la fracción I del artículo 2o.-A y se adiciona una fracción X al artículo 25 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, para quedar como sigue:

Artículo 2o.-A. El impuesto se calculará aplicando la tasa de 0 por ciento a los valores a que se refiere esta ley, cuando se realicen los actos o actividades siguientes:

1. La enajenación de:

a) a i) ...

j) Motocicletas, incluidos ciclomotores, de propulsión con motor eléctrico.

II. a IV. ...

Artículo 25. No se pagará el impuesto al valor agregado en las importaciones siguientes:

I. a IX. ...

X. La de motocicletas, incluidos ciclomotores, importados de forma definitiva en términos de la Ley Aduanera, cuya propulsión sea con motor eléctrico.

Artículo Tercero. Se adiciona la fracción XVIII al artículo 61 de la Ley Aduanera para quedar como sigue:

Artículo 61. No se pagarán los impuestos al comercio exterior por la entrada al territorio nacional o la salida del mismo de las siguientes mercancías:

I. a XVII. ...

XVIII. Las motocicletas, incluidos ciclomotores, cuya propulsión sea con motor eléctrico.

Transitorio

Primero. El presente decreto entrará en vigor al siguiente ejercicio fiscal después de su publicación.

Notas:

1 La Importancia de Reducción del Uso del Automóvil en México. Salvador Medina Ramírez, ITDP, 2012.

2 El Financiero. Nota de Felipe Rodea, 28 de abril de 2016.

3 5 razones para no tener auto en la Ciudad de México, Revista Forbes, 15 de agosto de 2015.

4 https:/ /www.tomtom.com/es_ mx/trafficindex/city /MEX

5 Ídem

6 Estrategia Integral de Movilidad Sustentable Y Calidad del Aire para la Zona Metropolitana del Valle de México. Centro Mario Molina, 2015.

Salón de sesiones del Honorable Senado de la República, a 13 de septiembre de 2016.— Diputadas: Ninfa Salinas Sada, María Elena Barrera Tapia, Luz María Beristain Navarrete (rúbricas).»

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público para dictamen.



PRONUNCIAMIENTO CON MOTIVO DEL 31 ANIVERSARIO DE LOS SISMOS DE 1985

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.— Mesa Directiva.

Pronunciamiento de la Mesa Directiva por el que se conmemora el día 19 de septiembre de 1985.

Honorable Asamblea:

El día de ayer, 19 de septiembre evocamos uno de los sucesos más dolorosos para nuestro país: el terremoto sucedido en 1985. Bastaron sólo unos minutos para que el sismo de 8.1 grados en escala de Richter devastara la Ciudad de México. Han pasado desde entonces 31 años y ese triste acontecimiento sigue presente en nuestro pueblo.

Hoy recordamos la memoria de nuestros fallecidos, el dolor que vivieron miles de connacionales que perdieron todo: su hogar, su patrimonio y sus seres queridos. Fueron sin duda, tiempos de gran sufrimiento para México. Sin embargo, –en esa situación de desesperanza–, los mexicanos dimos todo lo que pudimos para hacer frente a la tragedia y nos unimos para ayudar al necesitado. El mundo entero se sorprendió al contemplar la unión y fortaleza con la que nos levantamos de la catástrofe.

Por eso, queridos legisladores, a nombre de todos los grupos parlamentarios que conformamos este cuerpo legislativo,pido guardemos un minuto de silencio a manera de homenaje para nuestro pueblo, para todo aquel mexicano que vivió y sufrió la tragedia, pero que ayudó también a la reconstrucción de nuestra ciudad, convirtiendo la desolación y la destrucción, en ejemplo de solidaridad y fortaleza. este momento para conmemorar a las personas que perdieron la vida el 19 de septiembre de 1985.

Palacio Legislativo de San Lázaro a 20 de septiembre de 2016.— Por la Mesa Directiva, diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar (rúbrica), Presidente.»

(Minuto de silencio)

La diputada María Elena Orantes López(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Diputada María Elena Orantes, ¿con qué objeto, diputada?

La diputada María Elena Orantes López (desde la curul): Buenas tardes, presidente. Solamente, en mi calidad de presidenta de la Comisión de Protección Civil, hacer un llamado para que en México no solamente 14 millones de mexicanos que ayer respondieron a este protocolo preventivo, sino que esto sea una cultura que para siempre se establezca en México.

También considerar que es muy importante que estemos atentos a que no se reduzcan los presupuestos del Fondo de Desastres, que hoy así se considera, ya que cada día acontecimientos vulnerables de esta naturaleza suceden en nuestro país.

Ayer la Cámara de Diputados realizó esta ruta de evacuación y a través de este sistema se pudieron rápidamente en ocho minutos evacuar a más de 4 mil empleados. Sin embargo, señor presidente, el llamado es a todas las fuerzas políticas para que también se instrumente un recurso y pueda haber rutas más seguras de evacuación y escaleras alternas, con las que no cuenta este recinto parlamentario. Muchas gracias, presidente.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Quedan consignadas sus expresiones, compañera diputada.

INICIATIVAS DE DIPUTADAS Y DIPUTADOS



LEY DE COORDINACIÓN FISCAL

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:«Iniciativa que adiciona el artículo 45 de la Ley de Coordinación Fiscal, a cargo del diputado Waldo Fernández González, del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, Waldo Fernández González, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6, numeral 1, fracción I; 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de la Cámara de Diputados, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 45 de la Ley de Coordinación Fiscal para garantizar atención médica gratuita a las víctimas de los delitos, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

Planteamiento del Problema

Una de las mayores preocupaciones de los organismos protectores de los derechos de las víctimas de los delitos, existentes tanto en el orden nacional como en el de las entidades federativas, denominados comisiones ejecutivas de atención a víctimas (CEAV), se refiere a la atención inmediata de las víctimas en situación de emergencia, en los momentos, horas y días siguientes en que han ocurrido los hechos victimizantes.

La experiencia ha mostrado que cuando las víctimas acuden a los servicios médicos públicos para su atención de emergencia, con mucha frecuencia les he negado el servicio aduciendo la carencia de obligación legal para atenderles o la inexistencia de recursos presupuestarios para ello, con lo que se genera un proceso perverso de revictimización de la víctima, porque no sólo fue víctima del delito, sino también de la insensibilidad de los servidores públicos de los servicios públicos de salud.

Por ende, consideramos necesario actualizar los criterios previstos en la Ley de Coordinación Fiscal para que el Consejo Nacional de Seguridad Pública pueda asignar una parte de los recursos que la Federación transfiere a las haciendas públicas de los Estados y de la Ciudad de México a través del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP), para la atención de las víctimas como un tema inherente a la seguridad pública y sus consecuencias. Es decir, la víctima y los daños sufridos por la comisión de un delito o violación a Derechos Humanos deben ser considerados ejes rectores determinantes del Fondo citado.

En opinión de la Comisión Estatal Ejecutiva de Atención a Víctimas de Nuevo León, las medidas de prevención para la no victimización o revictimización del gobernado deben ser consideradas dentro de los Programas con Prioridad Nacional del Consejo Nacional de Seguridad Pública, en razón de que la falta de efectividad para brindar seguridad publica provoca la actualización de un mayor número de hechos víctimizantes y la consecuencia primigenia de estos, es el nacimiento de una víctima.

Argumentos

Del análisis sistemático de los artículos 16, 21 y 133, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, encontramos que todas las autoridades que tienen atribuciones relacionadas, directa o indirectamente con la seguridad pública, en los tres órdenes de gobierno, están obligadas a coadyuvar para lograr los objetivos de ésta, traducidos en libertad, orden y paz pública como condiciones imprescindibles para gozar de los derechos que la Constitución reconoce a los gobernados.

Al respecto, la Constitución nacional define, en el artículo 21, que implica la institución de la seguridad pública en el Sistema Jurídico mexicano al establecer que:

La seguridad pública es una función a cargo de la federación, el Distrito Federal, los estados y los municipios, que comprende la prevención de los delitos; la investigación y persecución para hacerla efectiva, así como la sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las respectivas competencias que esta Constitución señala.

El examen de los diferentes preceptos citados, con los demás elementos que permiten fijar su alcance, lleva a concluir que, jurídicamente, los conceptos de derechos fundamentales y seguridad pública se condicionan recíprocamente.

La razón de ser la seguridad pública es precisamente crear condiciones adecuadas para que los gobernados gocen de sus derechos; de ahí que el Constituyente originario y el poder reformador de la Constitución, hayan dado las bases para que equilibradamente y siempre en el estricto marco del derecho se puedan prevenir, remediar y eliminar o al menos atenuar significativamente, situaciones de violencia que como hechos notorios se ejercen en contra de las personas en su vida, libertad, posesiones, propiedades y derechos.

Por tanto, es obligación fundamental de las autoridades establecer un equilibrio entre la defensa plena de los derechos fundamentales y la seguridad pública.

Sobre el particular, destaca la obra de Irvin Waller, “Derechos para las Víctimas de Delito. Equilibrar la Justicia”, donde visibiliza la responsabilidad de los Estados por los insuficientes avances que han logrado respecto de este tema, así como la omisión de invertir en programas de compensación y apoyo para que las víctimas recuperen sus gastos y que contengan servicios adecuados que reconozcan los sentimientos de las víctimas y .sus allegados, y las apoyen para mitigar su perdida, frustración e ira.

De manera general y derivado de los estudios de Waller y de la “Guía para los diseñadores de políticas sobre la aplicación de la declaración sobre los principios fundamentales de justicia para las víctimas de delitos y del abuso de poder”, de la oficina de las Naciones Unidas para el Control de Drogas y Prevención del Delito, los gobiernos deben atender sin dilación las siguientes necesidades de las víctimas:

• Las víctimas requieren que los sistemas de seguridad y justicia penal den respuesta en lugar de agravar sus problemas;

• Las víctimas deben recibir información adecuada para la correcta canalización y seguimiento del proceso, así como apoyo emocional en primer contacto;

• Las víctimas deben recibir asistencia para tener acceso a servicios, atención de las autoridades del orden público respecto de sus necesidades fundamentales;

• Las autoridades deben garantizar el acceso de todas las víctimas a los servicios de atención, y

• El Estado debe crear fondos para prevención y garantizar la atención médica a las víctimas.

Todos los anteriores de forma gratuita e independientemente de que denuncien los delitos.

En este sentido resulta indispensable brindar capacitación a los cuerpos policiales, ofrecerles adiestramiento e información para la atención de primer contacto con víctimas del delito, procurar las condiciones para que brinden apoyo a las víctimas en estado de crisis, garantizar directrices o estándares que puedan seguir los policías que les ayuden para equilibrar las necesidades de la víctima y proporcionarle información confiable y válida sobre las medidas de prevención de la victimización, entre otras.

Es de señalar que el “Modelo integral de atención a víctimas”, elaborado por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (nacional) y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio de 2015, considera que la seguridad pública es una necesidad fundamental de las personas en situación de víctima, y relaciona el concepto de “Mejor Seguridad Pública” al de “Buen gobierno”.

Al respecto, la Ley General de Víctimas, establece en su artículo 1, Párrafo Tercero, lo siguiente:

Artículo 1. ...

...

La presente ley obliga, en sus respectivas competencias, a las autoridades de todos los ámbitos de gobierno, y de sus poderes constitucionales, así como a cualquiera de sus oficinas, dependencias, organismos o instituciones públicas o privadas que velen por la protección de las víctimas, a proporcionar ayuda, asistencia o reparación integral.

...

Asimismo, en el artículo 5 dispone que los mecanismos, medidas y procedimientos establecidos en dicha Ley, serán diseñados, implementados y evaluados aplicando, entre otros, el “Principio de máxima protección”, que consistente en lo siguiente:

Máxima protección. Toda autoridad de los órdenes de gobierno debe velar por la aplicación más amplia de medidas de protección a la dignidad, libertad, seguridad y demás derechos de las víctimas del delito y de violaciones a los derechos humanos. Las autoridades adoptarán en todo momento, medidas para garantizar la seguridad, protección, bienestar físico y psicológico e intimidad de las víctimas.”

En tanto que, la fracción XIX del artículo 7o., establece lo siguiente:

Artículo 7o. Los derechos de las víctimas que prevé la presente ley son de carácter enunciativo y deberán ser interpretados de conformidad con lo dispuesto en la Constitución, los tratados y las leyes aplicables en materia de atención a víctimas, favoreciendo en todo tiempo la protección más amplia de sus derechos.

Las víctimas tendrán, entre otros, los siguientes derechos:

XIX. A ser beneficiaria de las acciones afirmativas y programas sociales públicos para proteger y garantizar sus derechos...

De lo anterior se entiende que los derechos de las víctimas son progresivos, nace el derecho a la víctima a ser beneficiada de todo actuar estatal que proteja y garantice sus derechos.

Por su parte, Ley de Coordinación Fiscal establece en los artículos 25, fracción VII, 44 y 45, el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP), cuyos recursos, de conformidad con lo dispuesto por el citado artículo 44 se pueden destinar exclusivamente a los siguientes gastos:

I. La profesionalización de los recursos humanos de las instituciones de seguridad pública vinculadas al reclutamiento, ingreso, formación, selección, permanencia, evaluación, reconocimiento, certificación y depuración;

II. Al otorgamiento de percepciones extraordinarias para los agentes del Ministerio Público, los peritos, los policías ministeriales o sus equivalentes de las Procuradurías de Justicia de los Estados y del Distrito Federal, los policías de vigilancia y custodia de los centros penitenciarios; así como, de los centros de reinserción social de internamiento para adolescentes;

III. Al equipamiento de los elementos de las instituciones de seguridad pública correspondientes a las policías ministeriales o de sus equivalentes, peritos, ministerios públicos y policías de vigilancia y custodia de los centros penitenciarios, así como, de los centros de reinserción social de internamiento para adolescentes;

IV. Al establecimiento y operación de las bases de datos criminalísticas y de personal, la compatibilidad de los servicios de telecomunicaciones de las redes locales, el servicio telefónico nacional de emergencia y el servicio de denuncia anónima;

V. A la construcción, mejoramiento, ampliación o adquisición de las instalaciones para la procuración e impartición de justicia, de los centros penitenciarios, de los centros de reinserción social de internamiento para adolescentes que realizaron una conducta tipificada como delito, así como de las instalaciones de los cuerpos de seguridad pública de las academias o institutos encargados de aplicar los programas rectores de profesionalización y de los Centros de Evaluación y Control de Confianza, y

VI. Al seguimiento y evaluación de los programas relacionados con las fracciones anteriores.

Dichos recursos deben aplicarse conforme a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y los acuerdos aprobados por el Consejo Nacional de Seguridad Pública...”

Derivado de lo anterior, se transfieren a los Estados y la Ciudad de México recursos a para cumplir diversas estrategias englobadas en 10 Programas con Prioridad Nacional, acordados por el Consejo Nacional de Seguridad Pública, los cuales son:

1) Desarrollo de las ciencias forenses en la investigación de hechos delictivos;

2) Desarrollo, profesionalización y certificación policial;

3) Sistema nacional de información para la seguridad pública;

4) Tecnologías, infraestructura y equipamiento de apoyo a la operación policial

5) Sistema nacional de atención de llamadas de emergencia y denuncias ciudadanas;

6) Implementación y Desarrollo del Sistema de justicia penal;

7) Fortalecimiento de capacidades para la prevención y combate a delitos de alto impacto,

8) Fortalecimiento al Sistema penitenciario y de ejecución de medidas para adolescentes;

9) Especialización de las instancias responsables de la búsqueda de personas, y

Diseño de políticas públicas destinadas a la prevención social de la violencia y la delincuencia con participación ciudadana

En tal virtud, se propone adicionar los fines establecidos en el artículo 44 de la Ley de Coordinación Fiscal, a fin de que el Consejo Nacional de Seguridad Pública pueda asignar una parte de los recursos que la Federación transfiere a los Estados y la Ciudad de México para la seguridad pública para la atención de las víctimas de los delitos.

Fundamento legal

En vista de lo anterior, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 77, 78 y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración del pleno de la Cámara de Diputados, la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se adiciona el artículo 45 de la Ley de Coordinación Fiscal para garantizar atención médica gratuita a las víctimas de los delitos

Único. Se adicionan una fracción V Bis y un párrafo tercero al artículo 45 de la Ley de Coordinación Fiscal, recorriendo los actuales párrafos Tercero y Cuarto a ser Cuarto y Quinto respectivamente, para quedar como sigue:

Artículo 45. ...

IV. ...

V. ...

V. Bis. Otorgar atención médica gratuita a las víctimas de los delitos, preferentemente a través de los servicios de los sistemas de salud pública estatal o federal, de conformidad con lo dispuesto por la Ley General de Víctimas, independientemente de que denuncien los delitos, incluyendo servicio en urgencias, hospitalario, medicamentos, seguimiento posthospistalario, rehabilitación, apoyo emocional al primer contacto y posterior, y demás tratamientos necesarios a juicio de la comisión estatal ejecutiva de atención a víctimas respectiva, y

VI. ...

...

Los recursos a que se refiere la fracción V Bis deberán enterarse a las comisiones ejecutivas de atención a víctimas de los estados y la Ciudad de México para su debida aplicación a los fines ahí señalados.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el 1 de enero de 2017.

Segundo. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto.

Tercero. La Secretaría de Gobernación, a través del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, en un plazo que no exceda de 90 días naturales contados a la entrada en vigor del presente Decreto, deberán suscribir convenios de coordinación con las autoridades de los sistemas de salud pública federal para la debida atención de las víctimas, en términos de lo dispuesto por la Ley General de Víctimas.

Cuarto. Las Secretarías de Gobierno, a través del Secretariado Ejecutivo Estatal de Seguridad Pública, y los organismos públicos estatales de atención a víctimas y de la Ciudad de México, en un plazo que no exceda de 90 días naturales contados a la entrada en vigor del presente Decreto, deberán suscribir convenios de coordinación con las autoridades de los sistemas de salud pública de la federación y de sus estados para la debida atención de las víctimas, en términos de lo dispuesto por la Ley de Víctimas de la entidad federativa.

Nota:

1 http://www.secretariadoejecutivo.gob.mx/fondos-subsidios/fasp.php

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de septiembre de 2016.— Diputado Waldo Fernández González(rúbrica).»

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

La diputada Noemí Zoila Guzmán Lagunes(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Sonido en la curul de la diputada Noemí Guzmán Lagunes. ¿Con qué objeto, diputada? Sonido. Ya está.

La diputada Noemí Zoila Guzmán Lagunes (desde la curul): Para sumarme a este sentido pésame, que hace 31 años los sismos de 85 enlutaron, conmocionaron al pueblo de México. Hacer, sobre todo, un referente preventivo adonde la Cámara de Diputados debe no solamente participar en un simulacro, sino apoyar a que por la fase preventiva los fenómenos naturales no lleguen a ocasionar desastres en la población mexicana. Trabajemos todos por una cultura de prevención para México. Muchas gracias.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputada. Quedan sus expresiones consignadas.



LEY DEL BANCO DE MÉXICO

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:«Iniciativa que adiciona el artículo 5o. de la Ley del Banco de México, a cargo del diputado Alberto Martínez Urincho, del Grupo Parlamentario del PRD

Planteamiento del problema

En México, como en otras naciones, la imagen impresa en billetes es representativa de personajes relevantes en la historia política y cultural de la nación. La utilización de billetes representa un símbolo de identidad y soberanía nacional. Nuestra historia y cultura se reflejan en ellos.

Por otro lado, la igualdad de género prevista en el artículo 4o. constitucional ha permitido abandonar modelos jurídicos y culturales donde se segregaba o discriminaba a las mujeres. Hoy corresponde al Estado mexicano impulsar políticas públicas que permitan el reconocimiento y empoderamiento de las mujeres.

Esta propuesta legislativa tiene el propósito de que en los billetes o las monedas circulantes donde se elija imponer retratos de personaje o celebridades de hombres o mujeres, se haga en igual proporción.

Argumentos

Primero.En México, la historia del papel moneda se remonta hacia el año de 1813 con piezas de cartón que fueron emitidas en San Miguel el Grande, Guanajuato. La primera emisión oficial mexicana de billetes fue durante el gobierno monárquico de Agustín de Iturbide en 1822, pero fue hasta el Imperio de Maximiliano de Habsburgo (1864) que el proyecto de la emisión de billetes a cargo de El Banco de Londres, México y Sudamérica resultó exitoso.

Durante el movimiento revolucionario, el uso del billete de banco fue rechazado nuevamente. En esta época el retiro de circulación de enormes cantidades de moneda metálica obligó a las autoridades municipales, a jefaturas militares y a comerciantes, mineros y hacendados a emitir piezas de necesidad siendo Venustiano Carranza el primero en emitir este tipo de piezas y quien autorizara a numerosos jefes revolucionarios la emisión de sus propios billetes, vales y cartones, generando una gran diversidad de billetes en todo el territorio nacional, por lo que pronto surgió la necesidad de formar un nuevo sistema bancario.

Así pues, en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917 quedo establecido en el artículo 28 el monopolio de la emisión de billetes bajo control gubernamental, a cargo de El Banco de Méxicoque inicio sus actividades en 1925 “...gracias a los esfuerzos presupuestales y de organización del entonces presidente de la República Plutarco Elías Calles. Al recién creado instituto se otorgó la facultad exclusiva para crear moneda mediante la acuñación de piezas metálicas y a través de la emisión de billetes. También se le encargó regular la circulación monetaria, las tasas de interés y el tipo de cambio”.

Segundo.Desde los comienzos de la emisión del primer billete del Banco de México y a lo largo de su historia, los personajes que han aparecido en el papel moneda han sido en su mayoría hombres ilustres, héroes de la patria y grandes personajes políticos, entre ellos destacan: Miguel Hidalgo y Costilla, Francisco I. Madero, José María Morelos y Pavón, Ignacio Allende, Benito Juárez, entre otros. Mientras que la mujer ha sido representada limitadamente en los billetes a una o dos piezas.

De 1925 a 1968, los billetes de México fueron impresos por la empresa estadounidense American Bank Note Company de Nueva York (ABNC). En el caso de México eran elegidos los elementos y personajes que aparecían en cada denominación.

El primer billete en ser entregado a México fue el de 5 pesos, más conocido como “el de la Gitana”,pues llevó esta viñeta por 45 años, y que según cuenta la historia, el entonces Secretario de Hacienda y Crédito Público Alberto J. Pani guardaba una estrecha relación de amistad con Gloria Faure, quien se cree utilizo como modelo de este billete. Esta historia se consideraba la oficial sin embargo años después se dio a conocer que Gloria Faure no era la protagonista de dicha imagen por lo que la identidad de la Gitana se desconoce.

Fuente: https://eldatonumismatico.wordpress.com/el-banco-de-mexico-su-creacion-y-primer os-billestes/

Posteriormente, de 1936 a 1942 se emitió una segunda serie de billetes también fabricada por la ABNC, donde aparecieron los primeros personajes mexicanos, con la imagen de Ignacio Zaragoza en billetes de 50 pesos y la de Francisco I. Madero en el de 100. Al mismo tiempo, se puso en circulación una tercera serie de billetes (1936-1978) en donde la imagen de Josefa Ortiz de Domínguez, La Corregidora, aparece en los billetes con denominación de 20 pesos (impreso del 21 de abril de 1937 al 22 de julio de 1970); y la imagen de Estela Ruiz Velázquez, La Tehuana, en billetes de 10 (impresos del 22 de septiembre de 1937 al 10 de mayo de 1967).

Fuente: http://www.banxico.org.mx/billetes-y-monedas/material-educativo/ basico/%7BA29C46B4-65AB-995E-7961-146624BC06E0%7D.pdf

En 1969 comenzó a funcionar la fábrica de billetes del Banco de México. Con su apertura, surgió una cuarta serie (1969-1991), la primera de fabricación nacional.

El primer billete producido en México fue de 10 pesos; tenía la figura de Miguel Hidalgo y Costilla. La imagen de “la Gitana” ya no aparecía en los billetes, siendo reemplazada por Josefa Ortiz de Domínguez, quien tomó su lugar en el billete de 5 pesos (impreso del 3 de diciembre de 1969 al 27 de junio de 1972). También aparece por primera vez Juana Inés de Asbaje y Ramírez de Santillana, escritora conocida como Sor Juana Inés de la Cruz, en la denominación de mil pesos (impreso del 5 de julio de 1978 al 19 de julio de 1985).

Años más tarde, Josefa Ortiz de Domínguez desaparecía y el retrato de Juana de Asbaje se encontraba en las denominaciones de doscientos pesos (impreso el 10 de diciembre 1992).

En la actualidad se aprecian en los billetes mexicanos las imágenes de los siguientes personajes:

- Benito Juárez, en billetes con denominación de 20 pesos;

- José María Morelos y Pavón, en billetes con denominación de 50 pesos;

- Nezahualcóyotl, en billetes con denominación de 100 pesos;

- Juana de Asbaje, en billetes con denominación de 200 pesos;

- Diego Rivera (anverso) y Frida Kahlo (reverso), en billetes con denominación de 500 pesos; y

- Miguel Hidalgo y Costilla, en billetes con denominación de mil pesos.

Como se ve, sólo en dos de ellos aparece la imagen de la mujer: en la denominación de doscientos pesos con Juana de Asbaje y en el revés del billete de quinientos pesos con Magdalena Carmen Frida Kahlo Calderón, mejor conocida como Frida Kahlo, que comparte con Diego Rivera y que apareció en 2010.

Si retomamos desde el comienzo del Banco de México, entonces se aprecia la mínima aparición de la mujer en los billetes mexicanos, siendo de 1937 a 1967 el único periodo donde aparece la mayor cantidad de mujeres en el papel moneda (en las denominaciones de 5 pesos con “la Gitana”, de 10 con “la Tehuana” y de 20 con “la Corregidora”), cuando en realidad la participación de la mujer en la vida política, cultura, social, y económica del país ha sido notable tanto a nivel nacional como internacional.

Tercero.Los billetes y LAS monedas se encuentran presentes en cada momento de nuestra vida pues son utilizados como medio de pago en las transacciones diarias circulando una y otra vez por nuestras manos, no obstante, todos hemos dedicado un momento a observar detenidamente su diseño ya sea por la curiosidad de conocer los personajes plasmados en ellos o por los gráficos que hace de las monedas y billetes trabajos únicos y creativos.

En la actualidad, los billetes mexicanos tienen por tema central algún personaje notable de México. Esto se complementa con imágenes de objetos, lugares o símbolos que aluden a su vida y obra [...] En general, los billetes y monedas constituyen un elemento de identidad cultural de las naciones. Mediante estos se busca recalcar aspectos notables de nuestra historia, tradiciones y valores.

En el contexto internacional, la ausencia de una figura femenina en los billetes se repite en la mayoría de países en los que claramente hay una mayor inclinación por los hombres, reservando en el mejor de los casos una o dos piezas para las mujeres, e incluso a menudo su lugar en un billete o moneda es debido a su nacimiento o matrimonio. Otros países, como Noruega y Dinamarca, optan por los diseños como el mar, puentes y objetos prehistóricos como temática evitando la figura humana.

Mientras en países como Argentina, Colombia, Chile, Venezuela, Perú y Costa Rica sólo cuentan con una mujer en sus billetes, México cuenta con la imagen de dos mujeres.

No obstante, hay países donde la situación es muy distinta. En Suecia se encuentran circulando actualmente tres billetes con figuras femeninas y en su próximo diseño la paridad será completa, con tres hombres y tres mujeres; asimismo en Australia, la división también es a 50 por ciento, ya que cada billete muestra una mujer en un lado y un hombre en el otro.

Más recientemente, el anuncio de Estados Unidos de incluir en el billete de 20 dólares un retrato de Harriet Tubman, una afroamericana que combatió la esclavitud en el siglo XIX, impulsado por el grupo de activistas Women on 20s, muestra que la inclusión de la mujer no debe estar limitada a ciertos aspectos como en el ámbito laboral sino que debe ser en una visión general, en los aspectos sociales, político y económicos.

Cuarto.En febrero de 2015, durante el encuentro de alto perfil Las mujeres en el poder y la toma de decisiones: construyendo un mundo diferente se urgieron a los gobiernos y al sector privado a tomar medidas contundentes para cerrar la brecha de la desigualdad. Según datos revelados “al ritmo del progreso actual, se necesitarán 81 años para lograr la paridad de género en el lugar de trabajo, más de 75 años para alcanzar igual remuneración entre hombres y mujeres por el mismo trabajo realizado; y más de 30 años para lograr el equilibrio entre mujeres y hombres en los puestos de toma de decisión”.

El secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, expresó: “El mundo nunca alcanzará el ciento por ciento de su potencial si se continúa excluyendo a 50 por ciento de la población mundial”.

Actualmente, más de la mitad de la población mexicana pertenece al sexo femenino.

El camino hacia la paridad en México se remonta con la lucha por el reconocimiento de los derechos de la mujer el cual ha sido un proceso marcado mayormente después del movimiento revolucionario aunque de manera lenta en nuestro país, colocándose entre uno de los últimos del continente en reconocer los derechos políticos de su población femenina pues fue hasta 1953 cuando se reconoció el derecho al sufragio femenino en el ámbito federal a pesar de que desde la promulgación de la Constitución de 1917 se consideró en su artículo 4o. que “el varón y la mujer son iguales ante la ley” (El texto sigue vigente hasta nuestros días.)

El Estado como rector de la vida política y económica, debe garantizar la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres y la no discriminación, por lo que la necesidad de avanzar hacia una democracia paritaria se ha convertido no sólo una propuesta que acelere los procesos de participación equilibrada entre hombres y mujeres, sino que busca transformar todos los ámbitos de la sociedad, con el único fin de que mujeres y hombres puedan gozar de igualdad en el ejercicio pleno de sus derechos y responsabilidades de manera compartida.

El punto de partida de la reflexión hacia la paridad en el ámbito de la política ha sido la revisión del concepto de ciudadanía, bajo la consideración de que ésta se compone por igual de mujeres y hombres y, en consecuencia, ambos deben estar representados en porcentajes iguales en el sistema político. No se trata únicamente de cubrir una cuota mayor de cargos políticos a favor de las mujeres, sino de reconocer y respetar, de manera efectiva y en un sentido amplio, la igualdad entre mujeres y hombres.

Así, al aumento cuantitativo de las mujeres en los espacios políticos debe seguirle un cambio cualitativo en los modos de hacer política, construyendo una nueva cultura política.

Consentir la paridad de género en los billetes, no significa desplazar las imágenes actuales de aquellos rostros que representan la historia de México, sino más bien, es armonizar esfuerzos que tanto hombres como mujeres han dedicado para mejorar la vida económica, política y social del país, ya que “quienes apoyan una mayor igualdad de género en los billetes señalan la inspiración que tales heroínas pueden ser inspiración para las ulteriores generaciones”.

Por todo lo expuesto, quien suscribe, Alberto Martínez Urincho, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6, numeral 1, fracción I; 77, numeral 1, y 78 numeral 1 del Reglamento de la Cámara de Diputados; someto a la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, el siguiente proyecto de

Decreto

Único. Se adiciona el artículo 5o. de la Ley del Banco de México, para quedar como sigue:

Artículo 5o....

Siempre que se consignen rostros en los billetes o monedas circulantes, y en igual proporción, se impondrán los retratos de hombres y mujeres célebres en la historia nacional o cuyas aportaciones hayan sido de gran importancia a la humanidad.

...

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas:

1 Información del Banco de México, Historia de la moneda y del billete en México, consultado el 15 de junio de 2016 en http://www.banxico.org.mx/divulgacion/ billetes-y-monedas/6—historia-moneda-del-billet.html #Elbilletemexicano

2 Consultado el 15 de junio de 2016 en https: //eldatonumismatico. wordpress.com/el-banco-de-mexico-su-creacion-y-primeros-billetes/

3 Consultado el 15 de junio de 2016 en https://alexorbeuam.wordpress.com/2014/12/09/historia-de-los-billetes-de-mexico /

4 Consultado el 15 de julio de 2016 en

http://www.banxico.org.mx/divulgacion/billetes-y-monedas/ importancia-billetes-monedas-.html

5 Consultado el17 de junio de 2016 en http://www.bbc.com/mundo/ noticias/2015/04/150413_pais_billetes_sexistas_ac

6 Ídem.

7 Consultado el 19 de agosto de 2016 en http://www.unwomen.org/ es/news/stories/2015/02/women-leaders-call-to-step-it-up-for-gender-equality#st hash.gap9sWUs.dpuf

8 Medina Espino, Adriana. La participación política de las mujeres. De las cuotas de género a la paridad, primera reimpresión, Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género, Congreso de la Unión, Cámara de Diputados, LXI Legislatura, febrero de 2010, página 26.

9 Coakley, Christopher.“Mujeres dignas de atención”, en Finanzas & Desarrollo,septiembre de 2015, páginas 44-45,https://www.imf. org/external/pubs/ft/fandd/spa/2015/09/pdf/currency.pdfConsultadoel 29 de junio de 2016.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de septiembre de 2016.— Diputado Alberto Martínez Urincho(rúbrica).»

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.



LEY FEDERAL DE COMPETENCIA ECONÓMICA

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:«Iniciativa que reforma y adiciona los artículos 9o. y 132 de la Ley Federal de Competencia Económica, a cargo del diputado Alberto Martínez Urincho, del Grupo Parlamentario del PRD

Planteamiento del problema

La competencia económica supone un entorno en el que las empresas rivalizan entre ellas, se esfuerzan por hacerse de más consumidores y de aumentar sus ganancias. Las prácticas que emprenden los agentes económicos para lograr estos fines se orientan a la reducción de precios, disminución de costos en la producción, lanzamiento de nuevos productos y servicios, y mejora de la calidad,

Contamos con leyes para emprender acciones que contra las concentraciones ilícitas y dar paso a la competencia económica efectiva; inclusive, contamos con una Comisión Federal de Competencia Económica para evitar las prácticas ilícitas que distorsionen el mercado, que afectan a los consumidores e incidan en los precios, particularmente de los artículos de la canasta básica. Por ello, esta propuesta de ley se centra en otorgar a la Comisión Federal de Competencia, en coordinación con otras dependencias y entidades afines, se encuentre facultada para supervisar, evitar y sancionar a los agentes económicos que realicen prácticas mercantiles ilícitas que pongan en riego el abasto, propicien la alteración de precios o afecten sustancialmente los derechos de los consumidores.

Argumentos

Primero. Desde la Constitución de 1824, hasta la de 1917, la prohibición de monopolios ha quedado instaurada. Actualmente en su artículo 28 de la carta fundamental se establece que:

...quedan prohibidos los monopolios, las prácticas monopólicas, los estancos y las exenciones de impuestos...

...la ley castigará severamente, y las autoridades perseguirán con eficacia, toda concentración o acaparamiento en una o pocas manos de artículos de consumo necesario y que tenga por objeto obtener el alza de los precios...

Por ello, con la finalidad de reforzar y dar cumplimiento al mandato constitucional, fue creada la Ley Federal de Competencia Económica, que en su artículo 2 establece su principal objetivo:

Artículo 2. Esta ley tiene por objeto promover, proteger y garantizar la libre concurrencia y la competencia económica, así como prevenir, investigar, combatir, perseguir con eficacia, castigar severamente y eliminar los monopolios, las prácticas monopólicas, las concentraciones ilícitas, las barreras a la libre concurrencia y la competencia económica, y demás restricciones al funcionamiento eficiente de los mercados.

Segundo. Se ha definido a la competencia económica como “la rivalidad entre empresas que participan en un mercado aplicando sus mejores estrategias de manera que pueden minimizar sus costos, maximizar sus ganancias y así mantenerse activas e innovadoras frente a otras empresas rivales”. Sin embargo, en el mercado pueden observarse, en ocasiones, la prevalencia de prácticas tendientes a la concentración, y por tanto, a monopolizar la actividad económica. Dichas prácticas se encuentran proscritas y sancionadas por la Constitución Federal, porque no solo redundan en los precios a los consumidores y la calidad de los productos, sino que también establecen barreras a la competencia y a la libre competencia.

En este sentido, en criterio jurisprudencial, el Poder Judicial de la federación, ha estimado que las prácticas monopólicas como un daño que afecta a los mercados y perjudica al público en general o alguna clase social sobre todo en artículos de consumo necesario:

Prácticas monopólicas. El artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las prohíbe no sólo cuando esa conducta tenga por objeto el alza de precios. El análisis integral de los párrafos primero y segundo del precepto constitucional referido conduce a establecer que toda práctica monopólica, al afectar la eficiencia de los mercados de bienes y servicios, daña al consumidor o a la sociedad, y no sólo cuando la práctica “tenga por objeto obtener el alza de precios” u “obligar a los consumidores a pagar precios exagerados”, lo que explica que en la parte final del segundo párrafo de la norma constitucional, el poder reformador haya incluido la mención de que la ley castigará, en general, todo lo que constituya una ventaja exclusiva indebida a favor de una o varias personas determinadas y con perjuicio del público en general o de alguna clase social; lo que es lógico, porque todos los actos que constituyan monopolio o práctica monopólica, por sus características, disminuyen el proceso de competencia y libre concurrencia, afectando el funcionamiento eficiente de los mercados de bienes y servicios, esto es, las cadenas de producción y, por ende, al último eslabón de éstas, es decir, al consumidor, porque no reflejan el costo real de los bienes y servicios, el cual sólo existe en un ambiente de competencia (Tesis: 2a. LXXXVIII/2015 (10a.).

Por ello, resulta trascendente hacer una revisión legal de las atribuciones de las entidades públicas facultadas para evitar los monopolios y alentar la libre concurrencia en el mercado nacional. Es más, para el PRD resulta de importante que los agentes reguladores públicos eviten la concentración y vigilen los precios de la canasta básica a fin de garantizar precios competitivos que incurran a la libre decisión de compra de bienes básicos entre la población, reforzando el compromiso del gobierno federal de contribuir a la protección de los derechos del consumidor.

Tercero. En una revisión de la canasta de consumo en los últimos años, Comisión Federal de Competencia Económica ubicaba diez productos claves que abarcaban 23.3 por ciento del peso en el gasto de las familias con serios problemas de competencia de distinto tipo.

Actualmente la canasta básica está compuesta por 82 bienes y servicios agrupados en las categorías siguientes: alimentos, bebidas y tabaco; ropa, calzado y accesorios; vivienda; muebles, aparatos y accesorios domésticos; salud y cuidado personal; transporte; educación y esparcimiento, así como otros servicios, estos productos son determinados con base en la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH). A continuación se presenta la canasta básica proporcionada por Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) aunque hay otras instituciones que generan su propia canasta.

http://www.profeco.gob.mx/transparencia/transfocaliza/Nota_Productos_cana stas_basicas.pdf

Resulta importante resaltar que en la economía mexicana “tres bancos dominan los servicios financieros; dos empresas controlan los canales de televisión abierta; una empresa controla la red de conexión telefónica; dos grupos controlan la distribución de gas LP; dos empresas controlan el mercado de cemento; una empresa controla dos tercios de la producción de harina de maíz; tres empresas controlan la producción de pollo y huevo; dos empresas controlan el 80 por ciento del mercado de leche; tres empresas dominan el mercado de carnes procesadas; dos empresas controlan el mercado de refrescos, jugos y aguas envasadas; una empresa controla la producción de pan industrializado y dos empresas controlan la distribución de medicamentos”.

Cabe señalar que en el año pasado, la Alianza por la Competencia presentó un informe donde se revela que gran parte de la población mexicana no entiende lo que es un monopolio. Un 49 por ciento de los encuestados considera que los monopolios son malos, mientras que un 34 por ciento piensa que los precios de los productos o servicios bajan cuando una sola empresa abarca el mercado. Un 16 por ciento considera que las prácticas anticompetitivas no deberían ser castigadas. Asimismo, el estudio demuestra que los consumidores perciben poca competencia en diversos productos de la canasta básica como el huevo, el pollo, el arroz, las tortillas, el frijol, la leche, el pan y la carne, siendo la carne, el pollo y las verduras los productos que más consumen semanalmente.

En 2015, los hogares con menores ingresos destinaron 45 por ciento de su gasto a la compra de alimentos y bebidas. En este asunto, la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) tiene abiertas varias investigaciones por prácticas monopólicas en distintos productos de la canasta básica, como el huevo, el maíz y el azúcar, en servicios de transporte terrestre, aéreo y marítimo y en el sistema de las afore.

Cuarto. En años anteriores la Cofece realizó diversas actividades de promoción de la competencia, destacando su labor para posicionar el tema de competencia en la agenda pública y encamino sus esfuerzos en materia de política de competencia en dos ejes: a) el monitoreo y la supervisión de las condiciones de competencia en los mercados; y b) la realización de evaluaciones para estimar, en términos monetarios, el impacto que tienen las intervenciones de la Cofece en los mercados.

Hay que recodar además que el artículo 12, fracción XXIII de la Ley Federal de Competencia Económica faculta a la Cofece, para elaborar estudios en materia de competencia y libre concurrencia. Cuando estos estudios detectan riesgos al proceso de competencia en los mercados, la Comisión emite recomendaciones de liberación, desregulación o modificación del marco legal del mercado analizado.

Así, con el fin de evitar que los agentes económicos ya sancionados por su presunta participación en prácticas monopólicas y concentraciones ilícitas recurran nuevamente a realizarlos –como es el caso de las empresas de telecomunicaciones, avícolas y productoras de maíz– es necesario garantizar el mantener un monitoreo de dichos agentes económicos.

Por lo expuesto, quien suscribe Alberto Martínez Urincho, diputado integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 77, numeral 1, y 78 numeral 1 del Reglamento de la Cámara de Diputados; someto a la consideración del pleno de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, el siguiente proyecto:

Decreto

Único: Se adicionan y reforman los artículos 9 y 132 de la Ley Federal de Competencia Económica, para quedar como sigue:

Artículo 9. ...

I. ...

La comisión, en coordinación con otras dependencias y entidades afines, podrá supervisar y sancionar a los agentes económicos que realicen concentraciones ilícitas, sea mediante la alteración o incremento de los precios de los insumos contemplados dentro de la canasta básica. Además de la imposición de las sanciones administrativas que correspondan, la Comisión auxiliará y coadyuvará con la autoridad competente para que los responsables sean sancionados en los términos previstos en los artículos 253, 254 y 254 Bis del Código Penal Federal.

II. ...

...

...

Artículo 132. ...

La comisión, en su facultad de dar seguimiento a los procesos derivados de prácticas monopólicas o concentraciones ilícitas, se cerciorará una vez remitido a las autoridades correspondientes, del debido cumplimiento de la ley a fin de evitar que los agentes económicos presuntos responsables de prácticas anticompetitivas sean partícipes nuevamente de dichos actos. En la imposición de sanciones se considerará la reincidencia de los agentes económicos.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas:

1 Ley Federal de Competencia Económica, nueva ley publicada en el Diario Oficial de la Federación el 23 de mayo de 2014, disponible en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFCE.pdf

2 La Competencia Económica, consultado el 19 de agosto de 2016, en: http://www.coparmex.org.mx/upload/bibVirtualDocs/6_entorno_octubre_08.pdf

3 Tesis: 2a. LXXXVIII/2015 (10a.), Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 22, Septiembre de 2015, Tomo I, p. 693.

4 Ríos Piter, Armando, “Competencia: la nueva lucha de la izquierda el poder de los monopolios y su impacto en el bienestar de la población”, Revista La Zurda, Año 2, número 14 Abril-Mayo 2013, pp. 4-13, http://www.lazurda.mx/portal/images/stories/zurdas/swf/lazurda14.swf, consultado el 17 de julio de 2016.

5 Consultado el 18 de julio de 2016, en: http://elinpc.com.mx/canasta-basica-mexicana/

6 López Dávila, Irak, “Poderes monopólicos y oligopólicos: impacto silencioso en el bienestar de los mexicanos”, Revista Zurda, Año 3, número 27 Junio-Julio 2015, páginas 40-46, consultado el 17 de julio de 2016 en:

http://www.lazurda.mx/portal/images/pdf/lazurda/lazurda_27.pdf

7 “Estudio para identificar el nivel de conocimiento y percepción de la competencia económica en México” Marzo 2015. Consultado el 19 de agosto de 2016 en: http://www.alianzaxcompetencia.mx/wp-content/uploads/2015/06/0.pdf

8 Comisión Federal de Competencia Económica, Cuarto Informe Trimestral 2015 Aprobado por el pleno de la comisión durante su tercera sesión ordinaria 2016, celebrada el 21 de enero de 2016. México, DF, página 57.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de septiembre de 2016.— Diputado Alberto Martínez Urincho(rúbrica).»

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Túrnese a la Comisión de Competitividad, para dictamen.



CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Tiene la palabra, por cinco minutos, el diputado Ramón Bañales Arambula del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 86-B del Código Fiscal de la Federación.

El diputado Ramón Bañales Arámbula: Muy buenos días. Con la venia de la Presidencia, compañeras y compañeros diputados. El 9 de diciembre de 1974 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la resolución de la entonces Secretaría de la Industria y Comercio, por la cual se otorgó la protección a la denominación de origen Tequila. Mucho antes de esta protección especial, el tequila ya se consideraba como una bebida de corte nacional e internacional que nos distinguía al país mexicano.

Hoy, la industria tequilera genera más de 70 mil empleos directos y producto de ello se exporta a más de cien países. Prácticamente el 70 por ciento de la producción tequilera es exportado y muy bien recibido a cada rincón que llega gracias al inigualable sabor que tiene.

Amigas y amigos, hace unas semanas tuve la oportunidad de reunirme con la industria tequilera de nuestro país; asimismo me reuní con el Consejo Regulador del Tequila y pude constatar que estas instituciones desde su muy particular vocación cumplen con objetivo común de salvaguardar la integridad, inocuidad y calidad de nuestra bebida nacional.

Desgraciadamente en ésta, como en otras industrias, existen personas que intentan aprovecharse del buen nombre de un producto y generar mercados y ganancias ilícitas. Es el caso de la falsificación o adulteración de los licores, situación de la que no se salva el tequila.

En efecto, aprovechando el prestigio que con mucho esfuerzo han logrado algunas denominaciones de origen y algunas marcas importantes, hay quienes mediante la imitación y con prácticas engañosas inducen al error al consumidor para que piense que adquiere un producto determinado amparado en una denominación de origen, cuando en realidad es solo una imitación y en muchos de los casos es falsificación del producto ilegal.

De acuerdo con cifras de 2011, más del 50 por ciento de las bebidas que se consumen en México son adulteradas. En octubre del año pasado la cifra no disminuyó mucho, pues cerca del 43 por ciento de las bebidas alcohólicas en México son ilegales, falsificadas o subvaluadas.

Sobre el particular, cabe reconocer la importante labor que está llevando a cabo la Comisión para la Industria de Vinos y Licores que, junto con el SAT y la Cofepris, han emprendido diversas acciones para combatir la informalidad y en distintos ejes han ejecutado su trabajo. Por ejemplo, la cruzada para promover la formalidad, la creación de indicadores sobre la subvaluación y la promoción de destrucción de mercancías en mercado ilegal.

Apenas en octubre de 2015, estas instancias, además de la PGR, participaron en el decomiso de más de un millón de litros de mercancía ilegal. Esta preocupación por el combate a la ilegalidad se debe de fortalecer en el seno del Poder Legislativo con la construcción de normas que permitan el mejor ejercicio de las tareas de las autoridades y con la protección debida a las denominaciones de origen. En especial es importante destacar la protección referida a los destilados y bebidas espirituosas como el bacanora, la charanda, el mezcal, el sotol y por supuesto el tequila.

¿Cuál es nuestra propuesta? Del estudio que hemos hecho podemos advertir que las disposiciones de protección a las denominaciones de origen en la Ley de la Propiedad Industrial son insuficientes –del mismo–, que las sanciones establecidas en la Ley General de la Salud, cuyo bien jurídico tutelado es la salud del consumidor, no hacen una vinculación suficiente entre la violación al uso de la denominación con el riesgo que implica en términos de salud.

Por ello, la manera que proponemos para asegurar la bebida y tener su protección a la salud y de los derechos de los consumidores, ante el riesgo de la falsificación o adulteración de destilados y de bebidas espirituosas, es a través del agravamiento de las penas en el marco del derecho tributario cuyo control ha resultado sumamente efectivo.

El marbete es actualmente el elemento de fácil acceso para que el público en tiempo real adquiera información que le ayude a tomar la decisión de la compra, pero sobre todo, que le permite colaborar en la verificación de la legalidad del producto, pudiendo hacer una denuncia vía electrónica. El marbete es un mecanismo altamente eficaz sobre el control del producto que se habrá de distribuir y por el cual debieron pagar los impuestos correspondientes a su ingreso al país y su venta al público.

Por ello se propone aumentar al doble las penas establecidas en la fracción I al V del artículo 86-B del Código Fiscal de la Federación, con la finalidad de proteger contra la falsificación de marbetes de cualquier bebida alcohólica, y adicionalmente establecer un último párrafo que a la letra señale: “En caso de que se trate de bebidas alcohólicas protegidas mediante declaración de denominación de origen, en términos de lo dispuesto por la ley, la propiedad industrial, la pena establecida en las fracciones I al V, anteriores, se duplicará”. De esta manera buscamos que la alteración de tequilas y productos con alcohol no sea legal y que sobre todo se castigue duplicándose las penas.

Quiero agradecer la atención, les pido su apoyo para que esta iniciativa sea aprobada, y definitivamente al aprobar esta iniciativa estaremos protegiendo los empleos que toda esta industria genera. Por su atención muchas gracias. Es cuanto, señor presidente.

«Iniciativa que reforma el artículo 86-B del Código Fiscal de la Federación, a cargo del diputado Ramón Bañales Arámbula, del Grupo Parlamentario del PRI

Ramón Bañales Arámbula, diputado federal a la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presento la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un último párrafo al artículo 86-B del Código Fiscal de la Federación, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

De acuerdo con la Procuraduría Federal del Consumidor, la denominación de origen es la protección de:

...productos que cuenta con calidad y características únicas que exclusivamente se dan en el medio geográfico, comprendiendo los factores naturales y humanos de nuestro país, con el fin de evitar la competencia desleal a través de imitaciones, falsificaciones o adulteraciones.

Esta protección especial a determinados productos en nuestro país, data de 1958, fecha en que México suscribe el Arreglo de Lisboa, que en el numeral 2° de su artículo primero establece que los países-parte:

Se comprometen a proteger en sus territorios, según los términos del presente Arreglo, las denominaciones de origen de los productos de los otros países de la Unión particular, reconocidas y protegidas como tales en el país de origen y registradas en la Oficina Internacional de la Propiedad Intelectual (llamada en lo sucesivo la “Oficina Internacional” o la “Oficina”) a la que se hace referencia en el Convenio que establece la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (llamada en lo sucesivo la “Organización”).

En este mismo instrumento internacional se define el concepto de denominación de origen en el siguiente sentido:

Se entiende por denominación de origen, en el sentido del presente Arreglo, la denominación geográfica de un país, de una región o de una localidad que sirva para designar un producto originario del mismo y cuya calidad o características se deben exclusiva o esencialmente al medio geográfico, comprendidos los factores naturales y los factores humanos.

Por su parte, el Acta de Ginebra del Arreglo de Lisboa relativo a las Denominaciones de Origen y las Indicaciones Geográficas, adoptado el 20 de mayo del año pasado, establece en su artículo 9, la obligación de los Estados-parte de proteger en el siguiente sentido:

Cada parte contratante protegerá en su territorio, a tenor de su propio sistema y práctica jurídica, pero de conformidad con las cláusulas de la presente Acta, las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas registradas, a reserva de cualesquiera denegaciones, renuncias, invalidaciones o cancelaciones que pudieren ser efectivas con respecto a su territorio, y en el entendimiento de que no se exigirá que las Partes Contratantes en cuya legislación nacional o regional no se distingan las denominaciones de origen de las indicaciones geográficas introduzcan dicha distinción en su legislación nacional o regional.

Ahora bien, en México contamos con 14 productos protegidos mediante una declaración de denominación de origen: Ámbar de Chiapas, Arroz del estado de Morelos, Bacanora, Café Chiapas, Café Veracruz, Charanda, Chile Habanero de la península de Yucatán, Mango Ataulfo del Soconusco de Chiapas, Mezcal, Olinalá, Sotol, Talavera, Tequila y Vainilla de Papantla.

De estos, llamamos la atención sobre los destilados y bebidas espirituosas: el Bacanora, la Charanda, el Mezcal, el Sotol y, por supuesto, el Tequila: la bebida tradicional mexicana por antonomasia.

En ese contexto, es preocupante advertir que, de acuerdo con cifras de 2011, más del 50% de las bebidas que se consumen en México son adulteradas. En octubre de 2015 la cifra no disminuyó mucho: cerca del 43% de las bebidas alcohólicas en México son ilegales, falsificadas o subvaludas.

Sobre el particular, cabe reconocer la importante labor que ha llevado a cabo la Comisión para la Industria de Vinos y Licores (CIVyL) que, junto con el Sistema de Administración Tributaria (SAT) y la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) han emprendido diversas acciones para combatir la informalidad en muy distintos ejes, entre los que destaca la cruzada para promover la formalidad; la creación de indicadores sobre la subvaluación, y la promoción de destrucción de mercancías en el mercado ilegal.

Apenas en octubre de 2015 estas instancias, además de la PGR participaron en el decomiso de más de un millón de litros de mercancía ilegal.

Ahora bien, la preocupación común por el combate a la ilegalidad se debe soportar desde el seno del Poder Legislativo, con la construcción del andamiaje legal y reglamentario que permita el mejor ejercicio de las atribuciones con que cuentan cada Institución y, por supuesto, con la protección debida a las denominaciones de origen que, como veremos más adelante, cuentan con cierta pero insuficiente protección.

De acuerdo con nuestro arreglo constitucional y lo dispuesto por su artículo 133, el Arreglo de Lisboa y el Acta de Ginebra relacionada con el mismo, son Ley Suprema de la Unión, al constituirse en derecho positivo mexicano y, por tanto, obligatorio para los gobernados y vinculante para las autoridades que lo apliquen, sean administrativas, judiciales e incluso legislativas.

En aplicación de los diversos instrumentos internacionales suscritos por México en materia de protección a la propiedad industrial, el 27 de junio de 1991 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial.

En materia de protección a las denominaciones de origen, esta Ley cuenta con un título Quinto, dividido en dos capítulos: I. De la Protección a la Denominación de Origen y II. De la Autorización para su Uso. Ambos capítulos, apenas compuestos por 23 artículos, sirven de soporte, apenas suficiente, para la protección ordenada en el concierto internacional.

La regulación y protección establecida para las denominaciones de origen se resume en los siguientes puntos:

• Definición de denominación de origen y protección extensiva contra el uso ilegal y de expresiones que generen confusión.

• Procedimiento para la declaración de protección de una denominación de origen (de oficio o a petición de parte) y documentos probatorios.

• La posibilidad de modificación de los términos de la declaración de protección de la denominación de origen.

• El procedimiento ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) para la solicitud de autorización del uso de una denominación de origen.

Reviste fundamental importancia los artículos 167 y 173 de la Ley en comento que a la letra establecen:

• El Estado Mexicano será el titular de la denominación de origen. Esta sólo podrá usarse mediante autorización que expida el Instituto.

• El usuario de una denominación de origen está obligado a usarla tal y como aparezca protegida en la declaración. De no usarla en la forma establecida, procederá la cancelación de la autorización.

Adicionalmente, la propia Ley de la Propiedad Industrial establece una serie de sanciones para quien haga un uso indebido de una autorización de denominación de origen. La tabla 1 resume las conductas y las sanciones admirativas en la siguiente tabla.

La lista de conductas que derivan en responsabilidad administrativa se extiende en el catálogo general de sanciones del artículo 213 de la Ley de la Propiedad Industrial y, en lo que se refiere a las denominaciones de origen, únicamente incluyen la conducta de: usar sin autorización o licencia correspondiente una denominación de origen. Para esta conducta, el artículo 214 de la Ley ofrece el catálogo común de sanciones administrativas: I.- Multa hasta por el importe de veinte mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; II.- Multa adicional hasta por el importe de quinientos días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, por cada día que persista la infracción; III.- Clausura temporal hasta por noventa días; IV.- Clausura definitiva y V.- Arresto administrativo hasta por 36 horas.

En cuanto a responsabilidad penal, la reincidencia en el uso sin autorización o licencia de una denominación de origen se encuentra dentro del catálogo de delitos con una sanción de dos a seis años de prisión y multa por el importe de cien a diez mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal

Adicionalmente, la venta a cualquier consumidor final en vías o en lugares públicos, en forma dolosa y con fin de especulación comercial, de objetos que ostenten falsificaciones de marcas protegidas por esta Ley es igualmente sancionada con pena de prisión de dos a seis años.

En consecuencia, podemos advertir que en cualquier caso, las conductas referidas específicamente para el caso de las denominaciones de origen se considerarían delitos no graves, con las consecuencias procesales que ello conlleva.

Por su parte, la Ley General de Salud establece en su artículo 464 que a quien adultere, altere, contamine o permita la adulteración, alteración o contaminación de bebidas alcohólicas, se le aplicarán las siguientes sanciones:

I. Cuando se trate de bebidas alcohólicas adulteradas o falsificadas, en términos de los artículos 206 y 208 Bis de la Ley General de Salud, de seis meses a tres años de prisión y de cincuenta a doscientos cincuenta días multa;

II. Cuando se trate de bebidas alcohólicas alteradas, acorde con la fracción II del artículo 208 de la Ley General de Salud, de tres a siete años de prisión y de doscientos cincuenta a quinientos días multa, y

III. Cuando se trate de bebidas alcohólicas contaminadas, conforme a lo dispuesto por el artículo 207 de la Ley General de Salud, de cinco a nueve años de prisión y de quinientos a mil días multa.

El artículo concluye estableciendo que: las mismas penas se aplicarán a quien, a sabiendas, por sí o a través de otro, expenda, venda o de cualquier forma distribuya bebidas alcohólicas adulteradas, contaminadas o alteradas.

Como vemos, las disposiciones de protección de las denominaciones de origen en la Ley de la materia, es decir, en la Ley de la Propiedad Industrial resultan insuficientes. El bien jurídico tutelado es la denominación misma, cuyo titular, el Estado, se ve afectado en derechos de corte marcario pero no se tutela en particular el caso de las violaciones al uso de la denominación de origen por poner en riesgo la salud de los usuarios o el derecho de los consumidores.

Del mismo modo, las sanciones establecidas en la Ley General de Salud, cuyo bien jurídico tutelado es estrictamente la salud del consumidor, no hacen una vinculación suficiente entre la violación al uso de la denominación de origen con el riesgo que implica tanto en términos de salud, como en términos de derechos de los consumidores.

La pregunta que surge entonces es: ¿cómo asegurar la debida protección de la salud y de los derechos de los consumidores de bienes amparados por una denominación de origen, en particular de consumidores de destilados y bebidas espirituosas ante el riesgo de falsificación o adulteración? La respuesta que proponemos es, a través del agravamiento de penas en el marco del derecho tributario, cuyo control ha resultado sumamente efectivo como advertimos líneas arriba.

Por otra parte, adicional a la protección por el uso indebido de una Denominación de Origen, es necesario también atender el grave daño de la imitación y la competencia desleal de la que son objeto sistemáticamente los productos de dichas Denominaciones de Origen.

En efecto, aprovechando el prestigio que con mucho esfuerzo han logrado algunas Denominaciones de Origen, hay quienes mediante la imitación y con prácticas engañosas, inducen al error al consumidor para que piense que adquiere un producto determinado, amparado por una Denominación de Origen, cuando en realidad es solo una imitación, y en muchos de los casos es falsificación o producto ilegal.

Sólo por poner un ejemplo, existen estudios hechos por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, y por una empresa encuestadora de reconocido prestigio, que arribaron a la conclusión de que 8 de cada 10 personas creía adquirir Tequila, cuando en realidad era un producto diferente.

Lo anterior se agrava con el hecho de que algunas bebidas alcohólicas sin Denominaciones de Origen atienden regulaciones mínimas de corte sanitario. Por referir un ejemplo, específicamente en cuanto a lo que producto se refiere, sólo se les obliga al cumplimiento de las disposiciones de la NOM-142-SSA1/SCFI-2014, Bebidas alcohólicas - Especificaciones sanitarias. Etiquetado sanitario y comercial.

Dicha norma, en su numeral 11, establece que la misma no es certificable, es decir, es obligatoria, pero no es certificable, luego entonces no hay garantía total de que se cumpla, a diferencia de las Denominaciones de Origen que tienen que pasar por procesos de verificación y certificación rigurosos que aseguran el cumplimiento de los lineamientos normativos para preservar la calidad y autenticidad de las mismas.

Aunado a lo anterior debemos tener en cuenta de que a la autoridad encargada de vigilar dicho cumplimiento debe ser fortalecida en cuanto a recursos humanos y materiales suficientes para atender al universo de productos contra su fiscalización.

A dicha carencia institucional, abona el hecho de que las sanciones no son ejemplares, entonces seguramente hay quienes se arriesgan y aprovechan esa situación para lucrar con productos que carecen de la calidad y sanidad debida, poniendo incluso en riesgo la salud de los consumidores y engañándolos con productos que no cumplen con lo que ofrecen en su información comercial, lo que genera además una ventaja competitiva desleal contra las bebidas que cuentan con Denominación de Origen.

En ese sentido, creemos que las modificaciones que recientemente se han hecho al marbete son un medio que contribuye al combate de prácticas de engaño y del mismo modo sirve para la protección de las bebidas alcohólicas con Denominación de Origen, ya que cada marbete cuenta con un Código QR que se puede escanear con cualquier dispositivo móvil (teléfono celular). Dicho dispositivo se enlaza a sitios electrónicos del SAT en donde el público en general puede verificar, en tiempo real, la información sobre las características del producto, las cuales deben coincidir físicamente con el envase que tiene a la vista. Por ejemplo la categoría de la bebida, la marca, número de lote, folio de marbete, fechas, clase del producto etc.

Ahora bien, para que una productora de bebidas alcohólicas pueda contar con marbetes tiene que tener acreditado ante el SAT la existencia de instalaciones adecuadas, capacidad de producción, etc., lo que ayuda al combate a las falsificación y adulteración de las bebidas.

En ese sentido, el marbete resulta actualmente un elemento de fácil acceso para que el público en tiempo real adquiera información que le ayude a tomar la decisión de compra, pero sobre todo, que colabore en la verificación de la legalidad del producto, pudiendo hacer la denuncia ante la autoridad correspondiente por vía electrónica y de forma fácil. Así mismo, la cultura del escaneo del código QR de los marbetes contribuirá a la reflexión del consumidor y que tenga tiempo de analizar cuando una bebida es o no Denominación de Origen y sea víctima del error o engaño.

Ahora bien, como se mencionó anteriormente, el Estado Mexicano es el Titular de las Denominaciones de Origen y tiene la obligación de protegerlas, no sólo por el mal uso de la mismas, sino que además, en términos del artículo 157 de Ley de la Propiedad Industrial, debe sancionar los casos de imitación, manera, tipo u otras expresiones que productos diversos tomen en contra de las Denominaciones de Origen, mismo compromiso adquirido a nivel internacional previsto en el Arreglo de Lisboa relativo a la Protección de las Denominaciones de Origen, del cual México forma parte.

Por ello, creemos que robustecer el marco jurídico en torno a los marbetes, como el aumentar las sanciones respecto a los incumplimientos en materia de marbetes previstos en el Código Fiscal de la Federación, contribuirá para que el Estado Mexicano refleje acciones concretas respecto a dicha obligación de protección de las Denominaciones de Origen.

De acuerdo con la fracción V del artículo 19 de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, los contribuyentes:

...deberán adherir marbetes a los envases que contengan bebidas alcohólicas, inmediatamente después de su envasamiento. Tratándose de bebidas alcohólicas a granel, se deberán adherir precintos a los recipientes que las contengan, cuando las mismas se encuentren en tránsito o transporte. No será aplicable lo dispuesto en este párrafo tratándose de bebidas alcohólicas envasadas que se destinen a la exportación, siempre que se cumplan con las reglas de carácter general que al efecto se señalen en el Reglamento de esta Ley.

Quienes importen bebidas alcohólicas y estén obligados al pago del impuesto en términos de esta Ley, deberán colocar los marbetes o precintos a que se refiere esta fracción previamente a la internación en territorio nacional de los productos o, en su defecto, tratándose de marbetes, en la aduana, almacén general de depósito o recinto fiscal o fiscalizado, autorizados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. No podrán retirarse los productos de los lugares antes indicados sin que se haya cumplido con la obligación señalada.

El marbete para bebidas alcohólicas podrá colocarse en el cuello de la botella, abarcando la tapa y parte del propio envase. En los casos en que por la forma de la tapa no sea posible adherir el marbete en el cuello de la botella, éste podrá colocarse en la etiqueta frontal del envase, abarcando parte de la etiqueta y parte del propio envase, previa autorización de la autoridad fiscal.

...

Estas obligaciones son de puntual aplicación por parte de la autoridad fiscal, porque cumplen el doble propósito de garantizar el método para la determinación de las obligaciones fiscales, por un lado, y la autenticidad del bien que se produce, importa, almacena, transporta y distribuye hasta su acceso al consumidor final.

Es por ello que se considera un mecanismo altamente eficaz sobre el control de producto que se habrá de distribuir, y por el cual se debieron pagar los impuestos correspondientes a su ingreso al país y a su venta al público minorista.

En ese contexto, el artículo 86-A del Código Fiscal de la Federación establece a la letra lo siguiente:

Artículo 86-A. Son infracciones relacionadas con marbetes, precintos o envases que contienen bebidas alcohólicas, en los términos de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, las siguientes:

I. No adherir marbetes o precintos a los envases o recipientes que contengan bebidas alcohólicas, o bien, que los marbetes o precintos sean falsos o se encuentren alterados.

II. Hacer cualquier uso diferente de los marbetes o precintos al de adherirlos a los envases o recipientes que contengan bebidas alcohólicas.

III. Poseer, por cualquier título, bebidas alcohólicas, cuyos envases o recipientes carezcan del marbete o precinto correspondiente, o bien, que éstos sean falsos o se encuentran alterados; así como no cerciorarse de que los citados envases o recipientes que contengan bebidas cuentan con el marbete o precinto correspondiente al momento de adquirirlas, salvo en los casos en que de conformidad con las disposiciones fiscales no se tenga obligación de adherirlos, ambas en términos de lo dispuesto en el artículo 19, fracción V de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios.

IV. No destruir los envases vacíos que contenían bebidas alcohólicas cuando se esté obligado a ello.

V. No acreditar que los marbetes o precintos fueron adquiridos legalmente.

Estas infracciones encuentran su sanción en el artículo siguiente, 86-B del mismo ordenamiento:

Artículo 86-B. A quienes cometan las infracciones señaladas en el artículo 86-A de este Código, se impondrán las siguientes multas:

I. De $50.00 a $100.00, a la comprendida en la fracción I, por cada marbete o precinto no adherido, o bien, por cada marbete o precinto falso o alterado.

II. De $30.00 a $110.00, a la comprendida en la fracción II, por cada marbete o precinto usado indebidamente.

III. De $20.00 a $50.00, a la comprendida en la fracción III, por cada envase o recipiente que carezca de marbete o precinto, según se trate, o bien por cada marbete o precinto falso o alterado.

IV. De $30.00 a $100.00, a la comprendida en la fracción IV, por cada envase vacío no destruido.

V. De $400.00 a $600.00, por cada marbete o precinto que haya sido adquirido ilegalmente.

En caso de reincidencia, la sanción consistirá en la clausura del establecimiento del contribuyente o poseedor de los bienes a que se refiere el artículo 86-A, por un plazo de 3 a 15 días. Para determinar dicho plazo, las autoridades fiscales tomarán en consideración lo previsto por el artículo 75 de este Código.

En este punto, dado el absoluto control de la autoridad fiscal en el particular, es posible y necesario hacer más gravosas las sanciones de corte administrativo y fiscal, para vincular la verificación de la autenticidad de una bebida alcohólica, con la protección ordenada a través de la insuficiente Ley de la Propiedad Industrial, y de la declaratoria de denominación de origen de cada bebida espirituosa.

En consecuencia, se propone aumentar al doble las penas establecida en las fracciones I a V del artículo 86-B antes citado.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta H. Asamblea la presente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforma el artículo 86-B del Código Fiscal de la Federación

Único. se reforma el artículo 86-B del Código Fiscal de la Federación, para quedar como sigue:

Artículo 86-B.- A quienes cometan las infracciones señaladas en el artículo 86-A de este Código, se impondrán las siguientes multas:

I. De $100.00 a $200.00, a la comprendida en la fracción I, por cada marbete o precinto no adherido, o bien, por cada marbete o precinto falso o alterado.

II. De $60.00 a $220.00, a la comprendida en la fracción II, por cada marbete o precinto usado indebidamente.

III. De $40.00 a $100.00, a la comprendida en la fracción III, por cada envase o recipiente que carezca de marbete o precinto, según se trate, o bien por cada marbete o precinto falso o alterado.

IV. De $60.00 a $200.00, a la comprendida en la fracción IV, por cada envase vacío no destruido.

V. De $800.00 a $1200.00, por cada marbete o precinto que haya sido adquirido ilegalmente.

En caso de reincidencia, la sanción consistirá en la clausura del establecimiento del contribuyente o poseedor de los bienes a que se refiere el artículo 86-A, por un plazo de 3 a 15 días. Para determinar dicho plazo, las autoridades fiscales tomarán en consideración lo previsto por el artículo 75 de este Código.

En caso de que se trate de bebidas alcohólicas protegidas mediante declaración de denominación de origen, en términos de lo dispuesto por la Ley de la Propiedad Industrial, la pena establecida en las fracciones I a V anteriores, se duplicará.

Transitorio

Único.El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas:

1 http://www.profeco.gob.mx/revista/publicaciones/adelantos_04/denom_orig_ene_04. pdf [fecha de consulta: 20 de mayo de 2016].

2 Arreglo de Lisboa relativo a la Protección de las Denominaciones de Origen y su Registro Internacional; visible en: http://www.wipo.int/wipolex/es/treaties/text.jsp?file_id=285840 [fecha de consulta 20 de mayo de 2016].

3 Ídem

4 Acuerdo de Ginebra del Arreglo de Lisboa relativo a las Denominaciones de Origen y las Indicaciones Geográficas; Visible en: http://www.wipo.int/wipolex/es/treaties/text.jsp?file_id=371577 [fecha de consulta: 20 de mayo de 2016]

5 http://www.excelsior.com.mx/2011/12/22/dinero/796768 [fecha de consulta: 20 de mayo de 2016]

6 http://www.milenio.com/negocios/Ilegal-bebidas-alcoholicas-Mexico_0_608339181.h tml [fecha de consulta: 20 de mayo de 2016]

7 Cabe advertir que cuando se habla de informalidad no siempre se habla de adulteración de productos. Sin embargo, un producto que no hubiera sido ingresado al país legalmente o cuyo importador o productor no hubiera cumplido con la totalidad de sus obligaciones sanitarias y fiscales, tiene la presunción de resultar en un potencial riesgo a la salud. Por ello, es necesario destruir el producto ilegal (en sentido amplio) a pesar de no tratarse necesariamente de una falsificación o adulteración.

8 http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/sociedad/2015/10/8/ industria-del-vino-reconoce-decomiso-de-bebidas-ilegales [fecha de consulta: 25 de mayo de 2016]

9 Esta Ley vino a sustituir la, hasta entonces vigente, Ley de Invenciones y Marcas, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 1976, así como la Ley sobre el Control y Registro de la Transferencia de Tecnología y el Uso de Explotación de Patentes y Marcas, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de enero de 1982.

10 No obstante los delitos de falsificación, en forma dolosa y con fin de especulación comercial, de marcas protegidas por la Ley, y la producción, almacenamiento, transportación, introducción al país, así como la distribución o venta, en forma dolosa y con fin de especulación comercial, de objetos que ostenten falsificaciones de marcas protegidas por la Ley, y el aportar o proveer de cualquier forma, a sabiendas, materias primas o insumos destinados a la producción de objetos que ostenten falsificaciones de marcas protegidas por la Ley, es penado con prisión de tres a diez años de prisión y multa de dos mil a veinte mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal.

11 Recordemos que la Ley Federal de Protección al Consumidor otorga la posibilidad de que la Profeco aplique medidas de apremio (apercibimiento, multa y uso de la fuerza pública) o bien, aplique ciertas medidas precautorias (inmovilización de envases, bienes, productos, etc.; aseguramiento de bienes, suspensión de comercialización, retiro de bienes o productos del mercado, colocación de sellos y suspensión de información o publicidad). Medidas por cierto, insuficiente para garantizar la protección de la salud y los derechos de los consumidores

12 De acuerdo con las definiciones establecidas en la Ley del IEPS, Marbete es el signo distintivo de control fiscal y sanitario, que se adhiere a los envases que contengan bebidas alcohólicas con capacidad que no exceda de 5,000 mililitros, y precinto, el signo distintivo de control fiscal y sanitario, que se adhiere a los recipientes que contengan bebidas alcohólicas con capacidad que exceda a 5,000 mililitros.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los veinte días del mes de septiembre de 2016.— Diputados y diputadas: Ramón Bañales Arambula,Alfredo Bejos Nicolás, Ana Georgina Zapata Lucero, Ana María Boone Godoy, Carlos Sarabia Camacho, Cesáreo Jorge Márquez Alvarado, Evelyng Soraya Flores Carranza, Flor Estela Rentería Medina, Francisco Javier Santillán Oceguera, Francisco José Gutiérrez De Velasco Urtaza, Francisco Saracho Navarro, Gerardo Federico Salas Díaz, Gianni Raul Ramírez Ocampo, Héctor Ulises Cristopulos Ríos, Heidi Salazar Espinosa, Hugo Daniel Gaeta Esparza, J. Jesús Zúñiga Mendoza, Javier Guerrero García, José Hugo Cabrera Ruiz, José Luis Orozco Sánchez Aldana, Juan Alberto Blanco Zaldívar, Laura Nereida Plascencia Pacheco, Laura Valeria Guzmán Vázquez, Lillian Zepahua García, Luis Fernando Mesta Soule, María Guadalupe Oyervides Valdez, Martha Lorena Covarrubias Anaya, Miguel Ángel Salim Alle, Noemí Zoila Guzmán Lagunes, Patricia García García, Rafael Yerena Zambrano, Refugio Trinidad Garzón Canchola (rúbricas).»

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputado Bañales. Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.



LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Tiene la palabra por cinco minutos la diputada Ximena Tamariz García, del Grupo Parlamentario del PAN, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 46 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

La diputada Ximena Tamariz García:Con su venia, señor presidente. En esta ocasión tenemos dos iniciativas pero me voy a referir a la de reforma a la Ley del Impuesto Sobre la Renta.

Compañeras y compañeros diputados, el día de hoy vengo a proponer a ustedes una iniciativa de reforma al artículo 186 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, para incluir el otorgamiento de estímulos fiscales a empresas que contraten a jóvenes entre los 18 y los 29 años de edad.

Quiero destacar que esta iniciativa surge de una propuesta ciudadana. Se trata de una de entre muchas ideas que pudimos obtener a través de un concurso al que hace unos meses convoqué en mi estado, Nuevo León, para que los ciudadanos realizaran propuestas que pudieran ser incorporadas como iniciativas de ley y que su voz pudiera escucharse en esta Cámara de Diputados. La iniciativa fue formulada por un joven de San Pedro Garza García, Gabriel Zubieta, a quien el día de hoy quiero reconocer desde la más alta tribuna de la nación.

Miren, desde los últimos 30 años en México se ha llevado una intensa política de incentivos fiscales para promover un mayor desarrollo industrial, con el objetivo primordial de inducir a la iniciativa privada a coadyuvar en el impulso a la economía nacional.

El Presupuesto de Egresos de la Federación 2016 incluyó cerca de 30 incentivos fiscales dentro de sus planes, para de esta forma lograr un desarrollo nacional en la cultura, educación e inversión, pero entre dichos estímulos no se ha contemplado apoyar a aquellas empresas que ayuden a fomentar la participación juvenil en el campo laboral, un problema que acontece actualmente a nuestra nación.

El desempleo juvenil es uno de los principales problemas a resolver a nivel nacional. Según datos de la OCDE, la tasa de desempleo juvenil en México ascendía a 8.6 por ciento en el primer trimestre del 2015. Las actuales políticas públicas para atender el problema del desempleo juvenil han sido ineficaces, y no han logrado asegurar que existan oportunidades de empleo productivo para dar cabida a sus competencias laborales y a sus talentos.

Cabe recordar que anteriormente existía un incentivo para la creación de empleos de calidad para los jóvenes. En la anterior Ley del Impuesto Sobre la Renta, que fue derogada gracias a la promulgación de la reforma fiscal del 2013, se incluyó un capítulo octavo intitulado “Del fomento al primer empleo”, que tenía como objetivo primordial incentivar la creación de nuevos empleos de carácter permanente en el territorio nacional, así como fomentar el primer empleo y otorgaba a los empleadores el derecho a una deducción adicional en el impuesto sobre la renta al momento de contratar a trabajadores de primer empleo para ocupar puestos de nueva creación. Ahora no existen beneficios para ello, y eso es lo que queremos resolver.

Señoras y señores diputados, en el PAN estamos ciertos de que invertir en los jóvenes es invertir en el presente y futuro de México. Estamos seguros de que las empresas encontrarán atractivos los estímulos fiscales y buscarán emplear a la población joven, esta propuesta no se concentra en la creación de empleos, sino en la disminución de los índices actuales de desocupación juvenil.

Esta iniciativa se centra en mejorar la calidad de vida de los jóvenes, y por ende, de toda la sociedad. Por lo que Gabriel, así como miles de jóvenes, confían en que esta Cámara estará a favor de ella. Es cuanto, señor presidente, gracias.

«Iniciativa que reforma el artículo 186 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, a cargo de la diputada Ximena Tamariz García, del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, Ximena Tamariz García, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 6, fracción I, 77 y 78 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del pleno la presente iniciativa de reforma por modificación del artículo 168 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta:

Exposición de Motivos

Según la Enciclopedia económica, un incentivo fiscal es un estímulo en forma de reducción o exenciones en el pago de ciertos tributos que se concede a los sujetos pasivos de dichos tributos para promover la realización de determinadas actividades consideradas de interés público por el Estado.

Desde los últimos 30 años, en México se ha llevado una intensa política de incentivos fiscales que promuevan un mayor desarrollo industrial, con el objetivo primordial de inducir a la iniciativa privada a coadyuvar en las en los primordiales temas del Estado.

Algunos de los propósitos de los incentivos fiscales son, además de promulgar las actividades prioritarias del estado, encaminar a mejorar efectos inmediatos económicos, como lo es el de la devaluación, fomentar la inversión y evitar problemas sociales, económicos o políticos.

El Presupuesto de Egresos de la Federación de 2016 incluyó cerca de 30 incentivos fiscales entre sus planes para, de esta forma, lograr un desarrollo nacional en la cultura, educación e inversión. Es necesario crear incentivos fiscales que fomenten la participación juvenil en el campo laboral, que es un problema que acontece actualmente a la nación.

El desempleo juvenil es uno de los principales problemas a resolver a nivel mundial, porque; pone en riesgo el sistema político global, conlleva un costo socioeconómico elevado y representa una amenaza para el tejido social al no poder asegurar trabajo para los jóvenes recién graduados. Esta situación preocupa a los gobiernos de todo el mundo y es ahora prioridad en la agenda de distintos países, desarrollando una estrategia global para el empleo de los jóvenes, que se ha integrado a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de 2030.

Las actuales políticas ineficaces no han logrado impulsar la empleabilidad de los jóvenes, al mismo tiempo asegurando que existan oportunidades de empleo productivo para dar cabida a sus competencias laborales y a sus talentos. El origen de la dificultad es principalmente, además de la crisis económica y la inestabilidad laboral actual, la inexperiencia.

La falta de experiencia es un círculo vicioso, porque la gran mayoría de las vacantes requieren como mínimo una cierta cantidad de años al servicio del trabajo al que se está solicitando, el problema se podría resumir a que sin experiencia, no hay trabajo.

Con cifras de 2015 de la Organización Internacional del Trabajo, la proporción de jóvenes desempleados en el mundo es de 13 por ciento, es decir, 73.3 millones. La tasa de desempleo juvenil triplica la tasa de desempleo de los adultos, si no se adoptan medidas inmediatas, la comunidad mundial se enfrentará a una generación perdida. Invertir en los jóvenes es invertir en el presente y en el futuro de nuestras sociedades.

Según datos de la OCDE, la tasa de desempleo juvenil en México ascendía a 8.6 por ciento en el primer trimestre de 2015.

Eduardo Loria Díaz, académico de la UNAM, menciona que las tasas de desempleo aumentan en los jóvenes que cuentan con un nivel educativo medio superior y superior. Según estadísticas del INEGI de 2014, muestran que el desempleo entre la población con primaria cursada es de 5 por ciento, mientras que los de un nivel medio superior y superior es de 13 por ciento. Esto se explica debido a que los jóvenes que cuentan con educación básica, están dispuestos a aceptar un salario bajo, mientras que los jóvenes con educación medio superior y superior aspiran a obtener trabajos mejor remunerados.

Atendiendo a las dificultades que actualmente enfrentan los jóvenes para encontrar empleo, causadas por las diversas condiciones económicas a nivel nacional y global, es necesario generar políticas que alienten a un número mayor de empleadores a invertir y a generar nuevas oportunidades de empleo para jóvenes.

Uno de los mecanismos para poder incentivar la incorporación de los jóvenes al mercado laboral, es mediante la utilización de incentivos fiscales que funjan como herramienta de política pública para impulsar su contratación y generar mejores condiciones de vida en ellos.

Antes había un incentivo para la creación de empleos de calidad para las jóvenes. En la anterior Ley del Impuesto sobre la Renta, derogada gracias a la reforma fiscal de 2013, se adicionó en 2011 el capítulo VIII, “Del fomento al primer empleo”, que tenía como objetivo primordial incentivar la creación de nuevos empleos de carácter permanente en el territorio nacional, así como fomentar el primer empleo, y otorgaba a los empleadores derecho a una deducción adicional en el impuesto sobre la renta al momento de contratar a trabajadores de primer empleo para ocupar puestos de nueva creación.

Esta previsión fue derogada en la reciente reforma fiscal, que trajo como consecuencia la nueva Ley del Impuesto sobre la Renta. Ahora no existen beneficios para la creación de empleos de calidad para los jóvenes.

Una forma de facilitar la incorporación de los jóvenes al mercado laboral y mejorar los resultados del empleo juvenil, es mediante la promoción de incentivos fiscales que impulsen el crecimiento de la demanda agregada y la inversión productiva, aumentando así la capacidad de creación de empleo y facilitar el acceso a la financiación.

El artículo 186 de la Ley del Impuesto sobre la Renta ya considera estímulos fiscales para los patrones que contraten a personas que padezcan discapacidad y a adultos mayores. A pesar de los estímulos mencionados, en la Ley del Impuesto sobre la Renta, los estímulos para la contratación de población joven no se encuentran considerados en la ley vigente, lo que contrasta con los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo en materia de diseñar políticas enfocadas al creciente número de jóvenes que no trabajan.

Las empresas encontrarían atractivos los estímulos fiscales propuestos y buscarían emplear a la población joven, lo cual provocaría que la tasa de desempleo de los jóvenes se redujera y así se solucionaría uno de los mayores obstáculos que actualmente se enfrentan los jóvenes, que es; la falta de empleo.

Esta propuesta no se concentra en la creación de empleos, si no, en la disminución de los índices de desocupación juvenil actual, seguir la agenda global 2030 y encaminar la política del Estado a mejorar la calidad de vida de los jóvenes y la sociedad.

Por lo expuesto, la suscrita, diputada del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, somete a su consideración la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto

Ley del Impuesto sobre la Renta

Artículo 186. El patrón que contrate a personas que padezcan discapacidad motriz y que para superarla requieran usar permanentemente prótesis, muletas o sillas de ruedas; mental; auditiva o de lenguaje, en un ochenta por ciento o más de la capacidad normal o tratándose de invidentes, podrá deducir de sus ingresos, un monto equivalente a 100 por ciento del impuesto sobre la renta de estos trabajadores retenido y enterado conforme al capítulo I del título IV de esta Ley, siempre y cuando el patrón esté cumpliendo respecto de dichos trabajadores con la obligación contenida en el artículo 12 de la Ley del Seguro Social y además obtenga del Instituto Mexicano del Seguro Social el certificado de discapacidad del trabajador.

Se otorgará un estímulo fiscal a quien contrate adultos mayores de 65 años y más, y a jóvenes entre 18 y 29 años de edad, consistentes en el equivalente a 25 por ciento del salario efectivamente pagado a estas personas.

Para estos efectos, se deberá considerar la totalidad del salario que sirva de base para calcular, en el ejercicio que corresponda, las retenciones del impuesto sobre la renta del trabajador de que se trate, en los términos del artículo 96 de esta ley.

Transitorio

Único. La presente ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de septiembre de 2016.— Diputadas y diputados: Ximena Tamariz García, Alejandra Gutiérrez Campos, Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, Alfredo Bejos Nicolás, Cesáreo Jorge Márquez Alvarado, Eloisa Chavarias Barajas, Emma Margarita Alemán Olvera, Evelyn Parra Álvarez, Francisco José Gutiérrez De Velasco Urtaza, Genoveva Huerta Villegas, Gerardo Federico Salas Díaz, Guadalupe González Suástegui, Herminio Corral Estrada, Hugo Alejo Domínguez, Jesús Antonio López Rodríguez, José Everardo López Córdova, Juan Alberto Blanco Zaldívar, Juan Romero Tenorio, Karla Karina Osuna Carranco, Kathia María Bolio Pinelo, Leticia Amparano Gamez, Lilia Arminda García Escobar, Luis Fernando Mesta Soule, María de los Ángeles Rodríguez Aguirre, Miguel Ángel Huepa Pérez, Miguel Ángel Salim Alle, Mónica Rodríguez Della Vecchia, Patricia García García, René Mandujano Tinajero, Ricardo Del Rivero Martínez, Rubén Alejandro Garrido Muñoz, Sergio Emilio Gómez Oliver, Tania Victoria Arguijo Herrera, Ulises Ramírez Núñez, Víctor Ernesto Ibarra Montoya (rúbricas).»

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputada Tamariz. La diputada presentó iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 168 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Y se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

La diputada Karla Karina Osuna Carranco (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Sonido en la curul de la diputada Osuna, por favor.

La diputada Karla Karina Osuna Carranco (desde la curul): Gracias. Buenos días, diputado presidente. Solamente para felicitar a mi compañera diputada Ximena y solicitarle que me permita adherirme a su iniciativa que fue formulada por un joven de Nuevo León, a quien felicito ampliamente. Gabriel, muchas felicidades por tu aportación. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputada. La diputada Ximena da su autorización, así es que está a su disposición aquí en la Mesa de la Secretaría para el trámite correspondiente.



CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Tiene la palabra por cinco minutos el diputado Erik Juárez Blanquet, a nombre de la diputada María Concepción Valdés Ramírez, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El diputado Erik Juárez Blanquet:Con su permiso, presidente. A nombre de mi amiga, la diputada Concepción Valdés Ramírez, tengo a bien presentar esta iniciativa que reforma el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Diputados y diputadas, en la última década los feminicidios en nuestro país se han incrementado de manera alarmante. De la nada un día comenzamos a mirar en los medios masivos de difusión a más y más mujeres desaparecidas primero y luego encontrados sus cuerpos sin vida.

Nuestro país ocupa uno de los primeros 10 lugares a nivel mundial en feminicidios por armas de fuego, es una de las 25 naciones que concentran toda la mitad de los crímenes cometidos en contra de las mujeres y niñas a escala mundial.

Esta iniciativa sencillamente pretende contribuir en la emisión de la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres, sin tener que esperar a que la Secretaría de Gobernación crea pertinente o no emitir dicha convocatoria y deje de hacer oídos sordos ante los organismos de derechos humanos a nivel nacional o de las entidades federativas, los organismos de la sociedad civil u organismos internacionales.

El feminicidio se entiende como la muerte violenta de mujeres por razones de género, ya sea que tenga lugar dentro de la familia o en cualquier otra relación interpersonal, en la comunidad por parte de cualquier otra persona, o que sea perpetrada o tolerada por el Estado y sus agentes; por acción, por omisión.

Ha despertado la alarma en diversos espacios a la comunidad internacional a partir del fenómeno que hizo conocido en países de Centroamérica y México. Un concepto originalmente de las ciencias sociales fue permeando en la opinión pública, hasta llegar a los ordenamientos jurídicos.

Según el Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio, de 2005 a 2013 unas mil 767 mujeres han sido asesinadas en el estado de México y otras mil 500 desaparecieron, muchas de ellas adolescentes de entre 15 y 17 años. La ONU informó que entre 2006 y 2012 los feminicidios en México aumentaron un 40 por ciento, y que el 95 por ciento de ellos quedaron en la impunidad. Y no sólo eso, en varias entidades de la república mexicana el asesinato de mujeres es 15 más que el promedio a nivel mundial.

De acuerdo al documento, en promedio 60 mil mujeres pierden la vida en circunstancias violentas y de acuerdo a éste mismo, la opacidad es uno de los problemas. El maltrato en nuestro país, tenemos que reconocer, compañeros y compañeras, que es casi cultural. La mujer históricamente ha sido sometida a violencia durante siglos, durante décadas, en los hogares, en la sociedad, en el ámbito laboral, emocional y económico.

En la procuración de justicia falta la capacidad técnica y de conocimientos sobre legislación, género y violencia. Por eso la importancia de esta iniciativa.

Todas estas prácticas deben de modificarse, debe de capacitarse a los cuerpos ministeriales y darles a conocer las actualizaciones legislativas, tanto para la procuración de justicia como en el tema de derechos humanos.

Por lo anterior, se presenta esta iniciativa con proyecto de decreto, por el que se reforma el primer párrafo del inciso a), numeral XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:

Único. Se reforma el primer párrafo, inciso a), numeral XXI de nuestra Carta Magna. Muchas gracias, compañeros.

«Iniciativa que reforma el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada María Concepción Valdés Ramírez, del Grupo Parlamentario del PRD

La suscrita, diputada federal María Concepción Valdés Ramírez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el primer párrafo del inciso A, numeral XXI, artículo 73 de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, al tenor de lo siguiente:

Planteamiento del problema

En la última década los feminicidios en nuestro país se han incrementado alarmantemente. De la nada, un día comenzamos a mirar en los medios masivos de difusión a más y más mujeres desaparecidas primero, y luego encontrados sus cuerpos ya sin vida. Mujeres que han sido violentadas brutalmente.

Nuestro país ocupa uno de los 10 primeros países a nivel mundial en feminicidios por armas de fuego. Es una de las 25 naciones que concentran la mitad de todos los crímenes cometidos en contra de mujeres y niñas a escala mundial.

Y lamentablemente y hasta el momento la políticas públicas encaminadas a la erradicación de éste delito no han ayudado en mucho. Al contrario, pareciera que de feminicidios no se puede hablar públicamente porque no es políticamente correcto. Habría que preguntarnos ¿cuál sería la cifra límite para abordar de lleno el tema y dejar de lado las cuestiones políticas para encaminarnos de una buena vez a otorgar seguridad a nuestras mujeres?

Quizá para la gran mayoría, el tema en cuestión no amerita una reforma constitucional. Sin embargo conmino a los legisladores a que se unan al llamado de justicia y aplicación de justicia certera a la que estamos obligados. No se trata meramente de cifras. Se trata de vidas humanas. De las vidas de miles de mujeres que por violencia de género están siendo asesinadas, no por cualquier persona, sino por familiares, parejas sentimentales, amigos y conocidos. Mujeres que han sido cazadas como presas. En las que el delito no ha sido accidental, sino planeado fríamente y llevado al hecho.

La violencia que se ejerce día con día en contra de las mujeres y niñas, en todos los ámbitos, constituye una violación a sus derechos humanos. Y que tiene impacto en todos los ámbitos de su vida: social, salud, libertad, educación, desarrollo y su propia vida. Que finalmente se ve vulnerada cuando el delito es cometido.

Exposición de Motivos

En el Modelo de protocolo latinoamericano de investigación de las muertes violentas de mujeres por razones de género, el término de feminicidio se entiende como “la muerte violenta de mujeres por razones de género, ya sea que tenga lugar dentro de la familia, unidad doméstica o en cualquier otra relación interpersonal, en la comunidad, por parte de cualquier persona, o que sea perpetrada o tolerada por el Estado y sus agentes, por acción u omisión”.

Se estima que entre 2007 y 2012, un promedio anual de 60 mil mujeres en el mundo fueron víctimas de homicidios, representa el 16% de los homicidios intencionales.

Los hechos de violencia contra las mujeres constituyen una violación de los derechos humanos y dan origen a obligaciones específicas de los Estados de acuerdo con el derecho internacional. Los Estados de América Latina y el Caribe han contraído compromisos con la comunidad internacional, estipulados en diversos instrumentos de derechos humanos, tales como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y los tratados específicos sobre las mujeres. Son en particular relevancia la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, su Protocolo Facultativo y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer.

Los tratados se complementan con una importante y creciente jurisprudencia sobre la violencia de género, tanto desde la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) como desde la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Todos los anteriores instrumentos y otros más, se han convertido en un cúmulo de recomendaciones a los gobiernos, a los organismos del Estado y a la sociedad civil para garantizar los derechos humanos de las mujeres que son víctimas de distintas formas de violencia.

Las Naciones Unidas definen la violencia contra las mujeres como “todo acto de violencia basado en la pertinencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privatización arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada”.

Paso a paso, quizá lento pero constante, a partir de la Conferencia Mundial de Derechos Humanos realizada en Viena en 1993 y de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer celebrada en Beijing en 1995, la violencia en contra de las mujeres ha ido marcando la agenda internacional de los derechos humanos. Desde antes y hasta ese momento se comenzó con un movimiento de mujeres que han, no sólo levantado la voz, sino se han hecho escuchar por todo el mundo, han dado difusión masiva lo que estaba sucediendo y de lo que nadie hablaba abiertamente.

El reconocimiento de la violencia en contra de las mujeres como un tema internacional. En los instrumentos internacionales y regionales que sirven de marco para las legislaciones nacionales se distinguen distintas formas de violencia contra las mujeres. En el Estudio a fondo sobre todas las formas de violencia contra la mujer: Informe del Secretario General (2006), se identifica una amplia variedad de modalidades bajo las cuales se presenta la violencia, y se diferencian los ámbitos en los que ocurre.

Diana Russell y Jane Caputi dieron a conocer el término en el artículo Speaking the Unspeakable, publicado originalmente en la revista Ms, 1990. Es el asesinato de mujeres realizado por hombres motivado por odio, desprecio, placer o un sentido de propiedad de las mujeres. En 1992, Diana Russell y Jill Radford lo defendieron como “el asesinato misógino de mujeres cometido por hombres”.

El feminicidio comprendido como la muerte violenta de mujeres por razones de género, ya sea que tenga lugar dentro de la familia, doméstica o en cualquier otra relación interpersonal, en la comunidad, por parte de cualquier persona, o que sea perpetrada o tolerada por el Estado y sus agentes, por acción u omisión; ha despertado la alarma en diversos espacios de la comunidad internacional. A partir del fenómeno que hizo conocido en países de Centroamérica y México, un concepto originalmente de las ciencias sociales fue permeando en la opinión pública hasta llegar a los ordenamientos jurídicos.

Los países que han generado leyes o articulados penales específicos en la región no tienen un tipo único de feminicidio. Hasta el año 2011, siete países había tipificado el feminicidio: Chile, Costa Rica, Guatemala, El Salvador, México, Nicaragua y el Perú; y tres habían construido una agravación para el homicidio: Argentina, Colombia y Venezuela. Para el 2014, cuatro países más han legislado: Bolivia, Ecuador, Honduras y Panamá.

De acuerdo al documento Carga Global de la Violencia Armada 2015. Cada Cuerpo Cuenta, América Latina es la región del mundo en donde las mujeres corren el mayor riesgo de ser asesinadas. El Salvador tiene la tasa más alta de feminicidios a escala global con 17 crímenes en promedio por cada cien mil mujeres, seguido de Honduras con un índice de 14 feminicidios. En tercer sitio está Sudáfrica y en el cuarto lugar Guatemala, con una tasa de poco más de diez feminicidios. Belice, Venezuela, Colombia, Brasil, Republica Dominicana y Panamá son los otros países de la región junto con México que se encuentran entre los 25 con más feminicidios.

El maltrato hacia la mujer en nuestro país es casi cultural. La mujer ha sido sometida durante décadas: en los hogares, en la sociedad, en el ámbito laboral, emocional y económicamente. Y también muchas mujeres han logrado impulsar e impulsarse ellas mismas y contagiarlo a otras mujeres. Estas mujeres son quienes desde sus puestos logran cambios en cuanto a la violencia y la cultura que existe.

Con la reforma al Código Penal Federal en el año 2012, se tipifica el feminicidio como delito autónomo.

Artículo 325. Comete el delito de feminicidio quien prive de la vida a una mujer por razones de género. Se considera que existen razones de género cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias:

I. La victima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo;

II. A la víctima se le hayan infligido lesiones o mutilaciones infamantes o degradantes, previas o posteriores a la privación de la vida o actos de necrofilia;

III. Existan antecedentes o datos de cualquier tipo de violencia en el ámbito familiar, laboral, escolar, del sujeto activo en contra de la víctima;

IV. Haya existido entre el activo y la victima una relación sentimental, afectiva o de confianza;

V. Existan datos que establezcan que hubo amenazas relacionados con el hecho delictuoso, acoso o lesiones del sujeto activo en contra de la víctima;

VI. La victima haya sido incomunicada, cualquiera que sea el tiempo previo a la privación de la vida;

VII. El cuerpo de la víctima sea expuesto o exhibido en un lugar público.

A quien cometa el delito de feminicidios se le impondrá de cuarenta a sesenta años de prisión y de quinientos a mil días de multa.

Además de sanciones descritas en el presente artículo, el sujeto activo perderá todos los derechos con relación a la víctima, incluidos los de carácter sucesorio.

En caso de que no se acredite el feminicidio, se aplicarán las reglas del homicidio.

Al servidor público que retarde o entorpezca maliciosamente o por negligencia la procuración o administración de justicia se le impondrá pena de prisión de tres a ocho años y de quinientos a mil quinientos días multa, además será destituido e inhabilitado de tres a diez años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos.

En enero de 1993 fue encontrado el cadáver de Alma Chavira Farel en Ciudad Juárez, Chihuahua. Tenía 16 años. Presentaba golpes en su cuerpo; señales de violación. Fue estrangulada. Hasta el día de hoy nadie sabe quién o quiénes fueron los autores del crimen. Se trata del primer caso del conjunto a más de 20 de distancia conocemos como las Muertas de Juárez y que abrió a nivel internacional el debate sobre la violencia contra las mujeres.

Sin embargo no fue hasta el año 2007 en que en respuesta a la exigencia nacional e internacional se promulga la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vidal Libre de Violencia (LGAMVLV). Esta Ley define por primera vez en México, en el ámbito normativo, la violencia feminicida y contempla como parte del proceso de atención a las mujeres víctimas de violencia, la creación de una Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres. En un inicio a cargo de la Secretaría de Seguridad Pública y actualmente de la Secretaría de Gobernación. Sin embargo de la página oficial, no es posible acceder al link de acceso a información pública.

Además de la incorporación del delito en el Código Penal Federal, en el ámbito estatal 30 entidades federativas han incorporado en sus códigos penales el delito de feminicidio. Encontrándose pendiente de tipificar en los estados de Chihuahua y Nayarit.

Y es importante señalar que 16 entidades federativas cuentan con tipos penales homologados a la tipificación del delito federal de feminicidio como son: Chiapas, Colima, Distrito Federal, Jalisco, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Querétaro, Quintana Roo, Sonora, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas.

En algunas de las entidades federativas es necesaria la homologación con el Código Penal Federal, ya que presentan inconsistencias que pueden llegar a impedir la correcta investigación y sanción del delito de feminicidio, como en los casos de Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Durango, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, San Luis Potosí y Tamaulipas.

Ahora bien, cuando un hecho delictivo deriva en una denuncia penal, es porque en éste caso en particular, la mujer que ha sido violentada tomó la seguridad necesaria de presentar la denuncia. No es nada nuevo el trato que reciben cuando se acercan al ministerio público. Ni nada nuevo es tampoco el trato que reciben de la sociedad en general: pareciera que una mujer violentada, merece la violencia de la que es presa. Por lo que es imperante que los funcionarios públicos que laboran en las instituciones responsables de atender, prevenir y sancionar la violencia contra las mujeres, en perspectiva de género y violencia contra las mujeres; deben aplicar la NOM 046 y la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de cada entidad.

En la procuración de justicia falta la capacidad técnica y de conocimientos sobre legislación, género y violencia por parte de los servidores públicos, así como la re-victimización hacia las mujeres a través de acciones de muchos funcionarios que culpabilizan a las mujeres que van a denunciar a sus agresores.

Una práctica común de las autoridades ministeriales para resolver los casos de violencia contra las mujeres cuando los agresores son pareja de la víctima, es recurrir a la conciliación como medida para inhibir la presentación de la denuncia o, que una vez presentada, al amparo del nuevo sistema de justicia penal, se alienta y presiona a las mujeres a conciliar con sus agresores. Otra práctica común de las autoridades ministeriales, consiste en no brindar información a las y los familiares de las víctimas sobre el avance de las investigaciones o, bien, que los expedientes se trasladen constantemente de una agencia del Ministerio Público a otra o de una fiscalía a otra.

Todas estas prácticas deben modificarse. Capacitar a los cuerpos ministeriales y darles a conocer las últimas actualizaciones legislativas tanto para la procuración de justicia como en tema de derechos humanos.

Cuando se habla de crímenes asociados al odio de género, no estamos hablando de un simple homicidio. El feminicidio se refiere al asesinato de mujeres por parte de hombres que las matan por el hecho de ser mujeres. Los feminicidios son asesinatos motivados por la misoginia, porque implican el desprecio y el odio hacia las mujeres. Expresan situaciones contra las mujeres y niñas.

Pero no estoy abordando, lamentablemente, un tema que sea desconocido para los legisladores o para la ciudadanía en general. Al contrario. Es bien sabido que las cifras de feminicidios en el país no han disminuido y que pareciera que desde hace tiempo comenzara a haber una epidemia que va contagiando.

Lo preocupante es que los feminicidios en México siguen presentándose en su forma más cruel, brutal y dolorosa. La mayoría de ellos los llevan a cabo los familiares o quienes tienen una relación. Los ocho estados en los que más cifras hay son Chihuahua, Distrito Federal, Baja California, Jalisco, Michoacán, Veracruz y el estado de México que ha ocupado el primer lugar desde 1988 a 1997 de manera continua.

En el estado de México se tiene el 20 por ciento de los feminicidios que se cometen en el país; de los que se concentran en tres de sus ayuntamientos: Ecatepec (12.4%), Nezahualcóyotl (7.6%) y Toluca (5.2%). De acuerdo con la información proporcionada por la PGJEM al OCNF, de 2011 a 2013 se registraron 840 asesinatos de mujeres en la entidad, de los cuales solo 145 fueron investigados como feminicidios, y entre 2011 y 2012 la procuraduría local informó que desaparecieron 1,258 mujeres, de las cuales más de 53% tenía entre 10 y 17 años de edad.

Según el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio de 2005 a 2013, unas mil 767 mujeres han sido asesinadas en el estado de México, y otras mil 500 desaparecieron, muchas de ellas adolescentes de 15 a 17 años.

La ONU informó que entre el 2006 y 2012 los feminicidios en México aumentaron un 40% y que y que 95% de ellos quedaron en la impunidad. Y no sólo eso: en varias entidades el asesinato de mujeres es de 15 veces más alto que el promedio mundial.

En seis años más de 1,900 mujeres y niñas fueron asesinadas de manera violenta, casi la mitad de ellas con armas de fuego. Lo anterior, ubica a nuestro país entre los 25 países con la mayor tasa de feminicidios del mundo.

De acuerdo al documento en promedio 60 mil mujeres pierden la vida en circunstancias violentas. Y de acuerdo a éste mismo la opacidad es uno de los problemas. En el periodo del 2007 a 2012 se cometieron 1,909 feminicidios en el país (ya comprobados y verificados). Nuestro país fue, entre el 2011 y el 2014 el quinto con el mayor crecimiento en su tasa de feminicidios.

El 20 de abril de éste año, fue publicado por la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres, el Estudio “La Violencia Feminicida en México, aproximaciones y tendencias 1985-2014”.

En el que señala que:

• En 2014 ocurrieron 2 mil 289 casos de feminicidios en México.

• Entre 1985 y 2014 son 47 mil 178 defunciones de mujeres presuntamente por homicidio.

• Sostiene que a nivel nacional existe un decremento en las tasas de homicidios contra mujeres y o entidades federativas incrementaron sus cifras: Tlaxcala, Tamaulipas, Hidalgo Sinaloa, Oaxaca, Nayarit, San Luis Potosí y Sonora.

• En 2014 a nivel nacional el estado de México ocupa el primer lugar con 359 muertes de mujeres presuntamente por homicidio; Guerrero el segundo con 176; Chihuahua el tercero con 167; Ciudad de México el cuarto con 141; Oaxaca el quinto con 133; Tamaulipas el sexto con 127 y Jalisco el séptimo con 106 muertes de mujeres presuntamente por homicidio.

• En 10 municipios se aglomeran los mayores índices de homicidios por cuestiones de género: Ecatepec de Morelos, Ciudad Juárez, Acapulco de Juárez, Culiacán, Tijuana, Chihuahua, Iztapalapa, Gustavo A. Madero, Guadalajara y León.

Cabe hacer hincapié en que se carece de estadísticas oficiales reales, debido a que muchas de las denuncias presentadas por los familiares ni siquiera son perseguidas de origen por feminicidio, ya sea porque la victima está desaparecida o porque sólo se persigue el delito de homicidio. De lo anterior es que no se pueda tener con certeza una cifra oficial.

Lo preocupante es que nuestra sociedad está acostumbrándose a vivir el día a día con los feminicidios. Niñas desaparecidas y luego encontradas muertas comienzan a tomar las primeras planas de periódicos internacionales. Pero, aún más allá de lo que nos deba preocupar la opinión pública internacional, es nuestro deber implementar acciones que verdaderamente auxilien, no sólo a la justicia o a los servidores públicos a castigar éste tipo de actos ilícitos, sino también dar a conocer a la sociedad en general, que nuestro país de ninguna manera seguirá permitiendo que sigan sucediendo éste tipo de acciones en contra de las mujeres.

La Secretaría de Gobernación se comprometió a dictar las acciones urgentes para los estados y municipios identificados como los de mayor índice de violencia feminicida. Pero no bastan hasta ahora las acciones ni los estudios que pueda acompañar, si no se enfoca verdaderamente a aplicar políticas públicas y capacitación, más allá del mero discurso.

Por todo lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos en los artículos 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presento iniciativa con proyecto de decreto porel que se reforma el primer párrafo del inciso a), numeral XXI, artículo 73 de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Proyecto de Decreto

Único.Se reforma el primer párrafo del inciso A, numeral XXI, Artículo 73 de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

XXI. Para expedir:

a) Las leyes generales que establezcan como mínimo, los tipos penales y sus sanciones en las materias de secuestro, feminicidios, desaparición forzada de personas, otras formas de privación de la libertad contrarias a la ley, trata de personas, tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, así como electoral.

...

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas:

1 http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Women/WRGS/ProtocoloLatinoamericanoDeInve stigacion.pdf

2 http://www.genevadeclaration.org/measurability/global-burden-of-armed-violence/ global-burden-of-armed-violence-2015.html

3 Naciones Unidas, “Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer”, resolución 48/104 de la Asamblea General, 20 de diciembre de 1993.

4 http://www.cepal.org/mujer/noticias/paginas/1/27401/InformeSecreGeneral.pdf

5 http://www.genevadeclaration.org/fileadmin/docs/GBAV3/GBAV-2015-ExecSum-SP.pdf

6 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/9_070416.pdf

7 https://www.mujereslibresdeviolencia.gob.mx/

8 https://www.mujereslibresdeviolencia.gob.mx/

9 Estudio realizado por el CEDIP.

10 http://www.inm.gob.mx/static/Autorizacion_Protocolos/SSA/Violencia_familiar_sex ual_y_contra_las_mujeres_criterios_par.pdf

11 http://www.genevadeclaration.org/measurability/global-burden-of-armed-violence/ global-burden-of-armed-violence-2015.html

12 https://www.gob.mx/conavim/documentos/la-violencia-feminicida-en-mexico-aproxim aciones-y-tendencias-1985-2014

13 http://www.proceso.com.mx/?p=401355

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de septiembre de 2016.— Diputados y diputadas: Erik Juárez Blanquet, Alfredo Basurto Román, Ana Leticia Carrera Hernández, Araceli Madrigal Sánchez, Blanca Margarita Cuata Domínguez, Candelario Pérez Alvarado, David Gerson García Calderón, Delfina Gómez Álvarez, Diana Marcela Márquez Canales, Emma Margarita Alemán Olvera, Erika Irazema Briones Pérez, Evelyn Parra Álvarez, Felipe Reyes Álvarez, Gerardo Federico Salas Díaz, Guadalupe Hernández Correa, Irma Rebeca López López, Jesús Antonio López Rodríguez, Jorge Tello López, José Santiago López, Juan Alberto Blanco Zaldívar, Juan Romero Tenorio, Julio Saldaña Morán, Karen Hurtado Arana, Lluvia Flores Sonduk, Luis Fernando Mesta Soule, María Candelaria Ochoa Avalos, María Concepción Valdés Ramírez, María Luisa Beltrán Reyes, Miguel Ángel Salim Alle, Modesta Fuentes Alonso, Olga Catalán Padilla, Óscar Ferrer Abalos, Patricia García García, Refugio Trinidad Garzón Canchola, Roberto Alejandro Cañedo Jiménez, Urtaza Francisco José Gutiérrez de Velasco, Víctor Ernesto Ibarra Montoya, Victoriano Wences Real (rúbricas).»

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputado. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

Esta Presidencia da la bienvenida a don Joaquín Caballero Rosiñol, presidente municipal de Coatzacoalcos, a Amado Jesús Cruz Malpica, diputado electo del estado de Veracruz y, sobre todo, damos la más cordial bienvenida a Bibi Wetzel Aguilar, pequeña gimnasta mexicana de 12 años de edad, hija de Mónica Claudia Aguilar de la Garza y Humberto Wetzel Castillejos.

Bibi, a sus 11 años de edad, en noviembre de 2015, conquistó el título de campeona mundial por su desempeño gimnástico en competencias de alto rendimiento para atletas con síndrome de down, ganando cuatro medallas de oro de cinco posibles. Es orgullo e inspiración para niños y adultos.

Bibi entrena gimnasia regularmente de 35 a 40 horas a la semana, asiste a su escuela regular, cursa primero de secundaria sin adecuaciones curriculares y ha obtenido su primer certificado Cambridge en el nivel inicial de inglés.

Igualmente ganó en las primeras Olimpiadas para Síndrome de Down, por su nombre conocidos como los Trisome Games, tres medallas de oro y dos de plata. Bienvenida, Bibi, a la Cámara de Diputados.



LEY GENERAL DE SALUD

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Tiene la palabra, por cinco minutos, la diputada María Ávila Serna, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 346 y 349 de la Ley General de Salud, suscrita también por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

La diputada María Ávila Serna:Con su venia, diputado presidente. Compañeras y compañeros legisladores, el interés común del ser humano es encontrar un equilibrio sano en la convivencia social en un ámbito de tranquilidad.

La premisa consistiría en hacerlo con apego y respeto a las leyes que rige nuestro país, las cuales buscan salvaguardar la dignidad y derechos humanos que merece todo individuo a lo largo de la su vida, los mismos que se deben de aplicar también en la muerte.

Si logramos sensibilizarnos nos haremos más conscientes de lo doloroso que es la incertidumbre de no volver a saber sobre el paradero de un ser amado. Nadie está exento de vivir una situación así, se puede tratar de un padre o una madre de familia y sustento de la misma, de un hijo, de un hermano, de un familiar o amigo que salió de casa y nunca regresó.

En nuestro país hay miles de personas buscando a un ser querido que nunca regresó a casa. Paradójicamente las cosas comunes están al tope, debido a que una gran mayoría de los servicios médicos forenses trabajan en condiciones deplorables, sin respetar requisitos indispensables y la correcta aplicación de protocolos que permitan la posterior identificación de los cadáveres.

Es por ello, la imperante necesidad de la creación de una ley de carácter general que obligue a cada estado y sus respectivos municipios al cumplimiento de requisitos, pruebas y protocolos mínimos indispensables en los servicios médicos forenses.

En el Grupo Parlamentario del Partido Verde, sabemos lo urgente que resulta abordar este tema, por lo cual presentamos la presente iniciativa con la intención de seguir los protocolos adecuados en el tratamiento y resguardo de información de los cadáveres.

La mayoría de los servicios médicos forenses de los diferentes estados de la república, presentan muestras de abandono y descuido, tanto en sus instalaciones como en sus procedimientos.

Por este motivo, consideramos preciso la activación del protocolo ante mortem, post mortem, am, pm, en los servicios médicos forenses a nivel nacional, el cual es una herramienta informática que permitirá la identificación de personas desaparecidas.

Se trata de una base de datos creada por la Agencia Internacional de Búsqueda al término de la Segunda Guerra Mundial en 1945, cuya licencia de uso del software ha comenzado a entregar al Comité Internacional de la Cruz Roja.

De los pocos servicios médicos forenses que se apegan a los protocolos establecidos, se puede mencionar al Instituto de Ciencias Forenses del Tribunal Superior de la Ciudad de México, el cual cuenta con un departamento de identificación, donde a cada cuerpo que no es identificado se le practican pruebas tales como: impresión de huellas dactilares, fotografía, muestras genéticas, radiografía dental y estudio antropológico.

Sin embargo, es inverosímil que existiendo los expedientes que contienen los datos antes mencionados y que se encuentran disponibles para todas las fiscalías de la república, estos no sean consultados.

El Observatorio Nacional Ciudadano documentó cómo trabajan algunos servicios médicos forenses, los resultados son escalofriantes ya que van desde los estados que adaptan casas para llevar a cabo las necropsias, en otros utilizan los hospitales civiles, algunos más lo hacen en panteones, y en el peor de los casos se creman todos los cuerpos que no han sido identificados.

Los servicios médicos forenses trabajan en condiciones insalubres, no cuentan con el personal capacitado, sus cámaras frigoríficas no funcionan bien o incluso tienen cuerpos apilados en calidad de desconocidos, solo por mencionar algunos datos.

El Comité Internacional de la Cruz Roja donó a todas las entidades federativas el software Anti mortem, post mortem, el cual es un programa que permite contar con un banco de datos de personas que no fueron identificadas, tener un expediente digital de cada cadáver, huellas dactilares, fotografías, características del lugar de donde fue recogido, trabajo de antropología forense, genética y odontología.

Sé que existe una Ley Nacional de Registro de Personas Extraviadas y Desaparecidas, sin embargo, dicha ley solo habla de la creación de un registro sin especificar la necesidad de que haya ambos registros.

Con esta iniciativa buscamos impulsar la creación y uso adecuado del mencionado software para que los servicios médicos forenses de todo el país caminen al mismo nivel, con los mismos conocimientos y puedan generar resultados efectivos.

Consideramos que los requisitos mínimos de dignidad y respeto hacia los cadáveres deben basarse en pruebas específicas llevadas a cabo por un especialista, utilizando los métodos necesarios en genética, fotografía y dactiloscopia, así como lo requerido en el protocolo Ante mortem, post mortem. Por su atención, muchas gracias y es cuanto, diputado presidente.

«Iniciativa que reforma y adiciona los artículos 346 y 349 de la Ley General de Salud, suscrita por la diputada María Ávila Serna e integrantes del Grupo Parlamentario del PVEM

Quienes suscriben, diputada María Ávila Serna y diputados federales del Partido Verde Ecologista de México en la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 77, numeral 1, y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a la consideración de esta soberanía, la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 346 y se adiciona un párrafo segundo al artículo 349 de la Ley General de Salud, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El interés común del ser humano es encontrar un equilibrio sano en la convivencia social, en un ámbito de tranquilidad, la premisa consistiría en hacerlo con apego y respeto a las leyes que rigen nuestro país, las cuales buscan salvaguardar la dignidad y derechos humanos que merece todo individuo a lo largo de su vida, incluyendo el proceso y las circunstancias que implica la extinción de la misma

La intención de esta iniciativa es dirigir y enfocar la urgente atención que requiere el tema del Servicio Médico Forense (Semefo), pues no existen por ejemplo, protocolos de tratamiento y resguardo de información de los cadáveres. Claro ejemplo de ello, es que la mayoría de los Servicios Médicos Forenses de los diferentes estados de la República presentan muestras de abandono y descuido tanto en sus instalaciones como en sus procedimientos. Por este motivo consideramos preciso la activación del Protocolo Ante Mórtem-Post Mórtem (AM-PM) en los Servicios Médicos Forenses a nivel nacional, el cual es una herramienta informática que permitirá la identificación de personas desaparecidas. Se trata de la base de datos Ante Mórtem y Post Mórtem (AM-PM) que fue creada por la Agencia Internacional de Búsqueda, al término de la Segunda Guerra Mundial en 1945, cuyas licencias de uso del software ha comenzado a entregar el Comité Internacional de la Cruz Roja.

Lograr sensibilizarnos en este tema traerá como resultado el hacernos conscientes de lo doloroso que es la incertidumbre de no saber sobre el paradero de un ser amado; nadie está exento de vivir una situación así, se puede tratar de un padre o madre de familia y sustento de la misma, de un hijo, hermano, familiar o amigo, que salió de casa y nunca regresó.

Las deficiencias en la aplicación de los recursos financieros destinados al buen funcionamiento del servicio médico forense con que debe contar cada entidad federativa es una situación que coloca a la población en un estado de vulnerabilidad.

Es de trascendental importancia la creación de una ley de carácter general que obligue a cada estado y sus respectivos municipios al cumplimiento de requisitos, pruebas y protocolos mínimos indispensables en los servicios médicos forenses.

El Estado debe garantizar ese mínimo respeto al tratamiento que se le da a las personas fallecidas, toda vez que al cumplir con los protocolos adecuados se tendrán datos suficientes que pondrán fin a la búsqueda desesperada por parte de los familiares y así darle un poco de descanso a las familias.

En nuestro país hay miles de personas buscando a un ser querido que nunca regresó a casa, paradójicamente, las fosas comunes están al tope, debido a que una gran mayoría de los servicios médicos forenses trabajan en condiciones deplorables, sin respetar requisitos indispensables y la correcta aplicación de protocolos que permitan la posterior identificación de los cadáveres.

De acuerdo a cifras reveladas por el Sistema Nacional de Seguridad Pública, existen más de 28 mil 210 personas no localizadas o desaparecidas en el país incluyendo al fuero común y fuero federal, y resulta imposible saber cuántas de ellas están muertas.

No se cuenta con un banco de datos que pudiera facilitar la búsqueda de personas desaparecidas, vivas o muertas. México no tiene cifras exactas de las personas que llegaron a un servicio médico forense, y no se sabe con precisión si se abrió o no un expediente de identificación o los cadáveres terminaron en una fosa común.

El magistrado Édgar Elías Azar, presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, ha expuesto que en los Servicios Médicos Forenses hay cadáveres que no se identifican correctamente, cadáveres de los que no se tienen registros del ADN, otros que fueron enviados a la fosa común, ya que se carece de un centro de información genética en todo el país. Considera igualmente que factores como la negligencia y falta de interés contribuyen a agravar aún más este serio problema.

De los pocos Servicios Médicos Forenses que se apegan a los protocolos establecidos se puede mencionar al Instituto de Ciencias Forenses del Tribunal Superior de la Ciudad de México, el cual cuenta con un departamento de identificación, donde a cada cuerpo que no es identificado se le practican pruebas tales como impresión de huellas dactilares, fotografía, muestras genéticas, radiografía dental y estudio antropológico.

Sin embargo, es inverosímil que existiendo los expedientes que contienen los datos antes mencionados y que se encuentran disponibles para todas las fiscalías de la República, éstos no sean consultados.

Según declaraciones del doctor Felipe Takajashi, director del Instituto de Ciencias Forenses de la Ciudad de México, resulta increíble que, a pesar de la cercanía, el Servicio Médico Forense de la Ciudad de México, desconozcan la cantidad de cadáveres en calidad de desconocidos que ingresan en el Servicio Médico Forense del Estado de México, y de igual forma, ellos desconocen los que ingresan al servicio a su cargo.

Esto nos hace darnos cuenta de la magnitud del problema, toda vez que si fallece alguien en los estados de Morelos, Chihuahua, Tamaulipas, solo por citar un ejemplo, y sus cuerpos son reclamados en otra entidad federativa no existe forma alguna de ubicarlos.

Lo anterior trae como consecuencia, que esos cadáveres terminen en una fosa común, debido a que no se le realizaron los protocolos adecuados para su debida identificación, sin importar que haya familiares desesperados buscándolos. El Estado debería tener la obligación de contar con esa información.

El panorama es desalentador, no hay información homogénea en el país, cuando esto no debería de representar un problema así de grave, si se contara con un banco de datos de ADN.

En 2011, las procuradurías del país, se comprometieron a usar el mismo protocolo para la identificación de cadáveres, sin embargo, al día de hoy sólo cuatro entidades cuentan con dichos protocolos.

A través de solicitudes de acceso a la información, el Observatorio Nacional Ciudadano, documentó cómo trabajan algunos servicios médicos forenses. Los resultados son escalofriantes, ya que van desde los estados que adaptan casas para llevar a cabo las necropsias, en otros utilizan los hospitales civiles, algunos más lo hacen en panteones y en el peor caso, se creman todos los cuerpos que no son identificados.

Como consecuencia de lo anterior, los servicios médicos forenses trabajan en condiciones in-salubres, no cuentan con el personal capacitado, sus cámaras frigoríficas no funcionan bien o incluso tienen cuerpos apilados en calidad de desconocidos y no cuentan ni con los protocolos de identificación ni con el personal suficiente, en algunos de ellos, es el propio personal quien debe llevar su material para poder trabajar, toda vez que el mismo no les es proporcionado.

En algunos estados, el servicio médico forense es administrado por la Secretaría de Salud estatal, como es el caso de Guerrero; en otras entidades federativas, están a cargo de los Tribunales Superiores de Justicia. En este sentido, un primer paso sería homologar la instancia o dependencia que debe estar a cargo de los mismos, así como indagar respecto al uso del presupuesto que tienen asignado, con la finalidad de que mejoren el servicio.

En otro orden de ideas, cabe señalar que en el año 2011 el Comité Internacional de la Cruz Roja ofreció capacitación a instituciones forenses del país, con la intención de lograr el desarrollo y diseño de protocolos que ayudaran a tener entre los estados prácticas estandarizadas, en aras de que éstas manejen un lenguaje común, homologando así los protocolos de identificación, tal y como lo establece el Comité Internacional de la Cruz Roja.

Derivado de lo anterior, esta noble institución internacional donó a todas las entidades federativas un software denominado Ante Mórtem-Post Mórtem (AM-PM), el cual es un programa que permite contar con un banco de datos de personas que no fueron identificadas, tener un expediente digital de cada cadáver, huellas dactilares, fotografía, características del lugar de donde fue recogido, trabajo de antropología forense, genética y odontología.

Además, este programa cuenta con un Sistema de Gestión de Información, capaz de resguardar toda la información para que ésta se administre, se organice, se intercambie, se comunique y se ponga al servicio de quien lo necesite.

Como lo señalamos, es lamentable que, a pesar de contar con este programa, sean sólo cuatro entidades federativas las que lo estén utilizando. Por lo tanto, con esta iniciativa buscamos impulsar la reactivación y uso adecuado del software Ante Mórtem-Post Mórtem para que los servicios médicos forenses de todo el país, caminen al mismo nivel, con los mismos conocimientos y puedan generar resultados efectivos.

Consideramos que los requisitos mínimos de dignidad y respeto hacia los cadáveres, deben basarse en pruebas específicas llevadas a cabo por un especialista, tales como las mencionadas en el protocolo del software Ante Mórtem-Post Mórtem (AM-PM), así como de todos los métodos necesarios especializados de genética, fotografía y dactiloscopia.

Respecto al posible impacto presupuestal que pueda tener la implementación del protocolo del software ante mórtem-post mórtem, es importante resaltar que al ser una donación de un organismo internacional no representaría gasto alguno por parte de la federación, estados o municipios.

Por lo aquí expuesto y fundado, someto a consideración de esta honorable asamblea el siguiente proyecto de

Decreto por el que se reforma el artículo 346 y se adiciona un párrafo segundo al artículo 349 de la Ley General de Salud

Artículo Único.Se reforma el artículo 346 y se adiciona un párrafo segundo al artículo 349 de la Ley General de Salud, para quedar como a continuación se presenta:

Ley General de Salud Capítulo V
Cadáveres

Artículo 346. Los cadáveres no pueden ser objeto de propiedad y siempre serán tratados con respeto, dignidad y consideración, cumpliendo cabalmente con el protocolo ante mórtem-post mórtem (AM-PM).

Artículo 349. El depósito y manejo de cadáveres deberán efectuarse en establecimientos que reúnan las condiciones sanitarias que fije la Secretaría de Salud.

La Secretaría, en coordinación con las autoridades federales, estatales y locales, encargadas del manejo de cadáveres, supervisará que se cumpla con lo establecido en el protocolo Ante Mórtem-Post Mórtem (AM-PM), así como todos los métodos necesarios especializados de genética, fotografía y dactiloscopia.

La propia Secretaría determinará las técnicas y procedimientos que deberán aplicarse para la conservación de cadáveres.

Transitorio

Artículo Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de septiembre de 2016.—Diputadas y diputados: María Ávila Serna,Alfredo Bejos Nicolás, Carlos Sarabia Camacho, Cesáreo Jorge Márquez Alvarado, Emma Margarita Alemán Olvera, Evelyn Parra Álvarez, Evelyng Soraya Flores Carranza, Gianni Raúl Ramírez Ocampo, Héctor Ulises Cristópulos Ríos, Jesús Serrano Lora, Jesús Sesma Suárez, Juan Romero Tenorio, Victoriano Wences Real (rúbricas).»

Presidencia del diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano

El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Gracias, diputada Ávila. Túrnese a la Comisión de Salud para dictamen.

La diputada Delfina Gómez Álvarez (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Sonido a la curul de la diputada Delfina Gómez.

La diputada Delfina Gómez Álvarez (desde la curul): Gracias. Mire, nada más es para pedirle al compañero que antecedió a la última compañera, en lo que reforma al artículo 73 de la Constitución Política, si me podría adherir a esa iniciativa, ya que efectivamente, el feminicidio es algo a que debemos de dar atención, porque es algo que le debemos a nuestras mujeres de nuestra sociedad. Si me permite adherirme me daría mucho gusto.

El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Pregunto al diputado Erik Juárez si no hay inconveniente.

El diputado Erik Juárez Blanquet (desde la curul): No hay inconveniente.

El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Manifiesta que no hay inconveniente. Queda a su disposición en la mesa de esta Secretaría para la adhesión correspondiente.

La diputada María Candelaria Ochoa Avalos (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Sonido a la curul de la diputada Candelaria Ochoa.

La diputada María Candelaria Ochoa Avalos (desde la curul): Gracias, presidente. También quisiera sumarme a esta iniciativa. Yo propuse un punto de acuerdo que desafortunadamente fue rechazado por este pleno, pero que es exactamente en el mismo espíritu de dicha iniciativa. Entonces, le pediría a la diputada sumarme a la misma. Muchas gracias.

El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Diputada Ávila

La diputada María Ávila Serna: Sí.

El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: No existe inconveniente. Queda a su disposición en la mesa de esta Secretaría para hacer la adhesión correspondiente.

El diputado Alfredo Basurto Román(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Sonido en la curul del diputado Basurto.

El diputado Alfredo Basurto Román (desde la curul): Sí, gracias, presidente. En el mismo sentido, creo que es una iniciativa de mucho fondo, que trascendería en todo el país. Sabemos los casos recientes, cómo se han dado exhumaciones a veces de cadáveres que no se sabe la identificación ni su identidad.

Creo que es muy importante que se lleve un registro como la exponente lo dijo, pero al mismo tiempo también pedir que en su momento se aplique y se apoye con la partida presupuestal a tal respecto. De lo contrario, no tendría eco. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Gracias, diputado. Como se ha manifestado, está a su disposición en la mesa de esta Secretaría.



LEY DE COORDINACIÓN FISCAL

El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Tiene la palabra por cinco minutos la diputada Ariadna Montiel Reyes, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 25 de la Ley de Coordinación Fiscal.

La diputada Ariadna Montiel Reyes:Con su venia, presidente. El 29 de enero del presente año fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el decreto que modifica y adiciona diversas disposiciones de la Constitución en materia de la reforma política de la Ciudad de México.

En esa discusión las y los legisladores de Morena evidenciamos sus limitaciones, al no dotar de plena autonomía en diversos rubros, principalmente en materia presupuestal y seguridad. Aunado a que la Constitución de la ciudad será propuesta en su totalidad o ha sido propuesta por el jefe de gobierno, otorgando a la Asamblea Constituyente solo la facultad de aprobarla.

No obstante, los cambios a los artículos 44 y 122 constitucionales reconocieron a la Ciudad de México como entidad federativa, capital de los Estados Unidos Mexicanos y sede de los Poderes de la Unión; lo que permitirá contrarrestar la inequidad de la distribución federal en materia impositiva y fiscal y en el reparto de los recursos federales en contra de la Ciudad de México.

El artículo 122 constitucional, en su Apartado B, profundiza el concepto de capitalidad al establecer que el gobierno de la Ciudad de México deberá garantizar en todo momento las condiciones necesarias para el ejercicio de las facultades constitucionales de los Poderes federales. Esto implica el reconocimiento del gasto en el que debe incurrir la Ciudad de México para cumplir con esa función. En consecuencia, resulta imperativo que la Ciudad de México cuente con la certeza jurídica y presupuestal sin que medie negociación política alguna, que le permitan cumplir con su obligación de ser la ciudad capital.

De acuerdo con los estudios hechos en 2011 por la Secretaría de Finanzas del gobierno de la ciudad, los recursos necesarios para cubrir el costo de capitalidad aproximadamente oscilan entre siete mil 500 y nueve mil millones de pesos.

Asimismo, con objeto de ir reduciendo la situación de inequidad, en 2014 la Ciudad de México recibió de la Federación a través del recién creado Fondo de Capitalidad del Ramo 23, provisiones salariales y económicas, tres mil millones de pesos; en 2015, tres mil 500 millones y en 2016, cuatro mil millones de pesos, los cuales se destinaron principalmente a los rubros de inseguridad, infraestructura y movilidad, es decir, que aun cuando los recursos no eran suficientes para cumplir con su objetivo estos venían creciendo en términos nominales y reales.

No obstante la desaparición del Fondo de Capitalidad del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2017, es un claro ejemplo de esa falta de certeza. En consecuencia, se propone al Congreso de la Unión, adicionar una fracción IX al artículo 25 de la Ley de Coordinación Fiscal, que incluya el Fondo de Aportaciones para la Atención de los Costos de la Capitalidad.

De esta manera, los recursos que debe recibir la Ciudad de México proveerán del Ramo 33, aportaciones federales para entidades federativas y municipios, proporcionándole la garantía de permanencia que la reforma constitucional exige de conformidad con el artículo 122 constitucional que a la letra señala que la Cámara de Diputados al dictaminar el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, analizará y determinará los recursos que se requieran para apoyar a la Ciudad de México en su carácter de capital de los Estados Unidos Mexicanos y las bases para su ejercicio.

De tal modo, que la capital del país requiere que seamos responsables con los costos que conllevan esta circunstancia, anteponiendo el bienestar de la ciudad e intereses particulares.

Es de extrañarse que este Fondo de Capitalidad debió venir ya incluido en el presupuesto 2017, ya que emana de la reforma constitucional que pactaron entre el PRI y el PRD. No queremos que este fondo sea sujeto a negociación permanente. Queremos, que este fondo y este presupuesto 2017, respete el mandato constitucional de tener un fondo para la ciudad y que pueda asumir sus costos, derivado de ser la capital de la República.

Por lo anteriormente planteado, es urgente discutir y aprobar la presente iniciativa que tiene como objeto regular los montos y distribución de estas participaciones que serán entregadas a la ciudad.

Desde Morena defenderemos los recursos de la Ciudad de México, por lo que en su oportunidad presentaremos ante la comisión dictaminadora la reserva del proyecto de Egresos enviado por el Ejecutivo, además de solicitar que desde la Comisión del Distrito Federal se observe la no constitucionalidad de dicho proyecto 2017. Es cuanto, diputado presidente.

«Iniciativa que reforma el artículo 25 de la Ley de Coordinación Fiscal, a cargo de la diputada Ariadna Montiel Reyes, del Grupo Parlamentario de Morena.

Quien suscribe, Ariadna Montiel Reyes, diputada en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario de MORENA, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y del artículo 6, numeral 1, fracción I, y 77 numeral 1 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta honorable soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción IX del artículo 25 de la Ley de Coordinación Fiscal, de conformidad con lo establecido en el artículo 122, Apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

I. Exposición de motivos

En enero de 2016 fue promulgada la Reforma Política de la Ciudad de México. Dicha reforma implicó la modificación y derogación de diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, destacando los cambios a los artículos 44 y 122 que reconocen a la Ciudad de México como entidad federativa, Capital de los Estados Unidos Mexicanos y sede de los Poderes de la Unión.

Asimismo, el artículo Décimo transitorio del decreto de esa reforma constitucional señala que las leyes a que se refiere el párrafo tercero del Apartado B del artículo 122 deberán estar activos en la fecha en que inicie la vigencia de la Constitución Política de la Ciudad de México, lo cual será, de acuerdo con el artículo Séptimo transitorio del mismo decreto, a más tardar el 31 de enero de 2017.

Si bien la reforma constitucional representa avances en los derechos políticos de los ciudadanos que viven en la Capital del país, aún persisten serias limitaciones a la autonomía de la Ciudad de México; una inequitativa distribución federal en materia impositiva y fiscal y en el reparto de los recursos federales; y la ausencia de las leyes secundarias que garanticen la asignación y montos de recursos obligatorios para la Ciudad de México, aun cuando ya están consideradas en la reforma política citada.

Un grave y significativo ejemplo de la falta de seguridad jurídica que aún afrontamos los habitantes de la Capital del país es la desaparición del Fondo de Capitalidad del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2017, no obstante que la reforma política de la Ciudad de México establece, desde hace más de medio año, que la Federación deberá canalizar recursos a la Ciudad de México por su calidad de Capital del país.

El concepto de capitalidad se refiere a los gastos que debe cubrir el gobierno de una ciudad capital en la cual se asientan los poderes de la Nación. La experiencia internacional de las capitales sedes de los poderes, evidencian que los costos de la capitalidad son una responsabilidad común de todo el país, por lo cual, se otorgan fondos específicos y debidamente regulados para dar la atención integral suficiente a los compromisos que conlleva esta circunstancia.

Esa obligación implica la atención de obras de infraestructura vial primaria, incluyendo su construcción, modernización, reconstrucción, ampliación, remodelación, mantenimiento, conservación, equipamiento y el servicio de alumbrado público que su operación requiera; infraestructura de transporte público, incluyendo adquisición y renovación del equipo que la complemente, considerando el mantenimiento preventivo y correctivo; inversión en materia ambiental, como mantenimiento de suelos de conservación, infraestructura hidráulica, y para el manejo integral de residuos sólidos, incluyendo la adquisición del equipo correspondiente; infraestructura cultural, turística y de transporte público, incluyendo su construcción, modernización, reconstrucción, ampliación, remodelación, mantenimiento, conservación y equipamiento; infraestructura, equipamiento y mantenimiento en materia de vigilancia, que permita desarrollar y aplicar políticas públicas para la prevención del delito; inversión en equipamiento y operación de estrategias tecnológicas que permitan incrementar la recaudación en la Ciudad de México.

Desde tiempos de La Colonia, los distintos gobiernos que han regido a la hoy Ciudad de México han debido realizar fuertes erogaciones en materia de servicios para diversas instancias gubernamentales de orden nacional e internacional y para habitantes de otras regiones del país. Un ejemplo actual lo encontramos en el déficit que presenta la Ciudad de México por concepto del impuesto predial que no pagan embajadas y residencias diplomáticas, edificios de la administración pública federal y de paraestatales. En particular, en la Ciudad de México se albergan las oficinas principales de los poderes ejecutivo y judicial, federales; el Congreso de la Unión; y los tribunales de justicia y electoral, federales. Cabe mencionar que la Ciudad de México alberga 164 embajadas y residencias diplomáticas; más de 100 inmuebles de la administración pública federal; a las principales Universidades y centros de salud; y al aeropuerto internacional más importante del país.

Consecuentemente, el costo de capitalidad se traduce en la serie de gastos en bienes, obras y servicios que la Ciudad de México asume para recibir a alrededor de cinco millones de personas que se trasladan y trabajan en esta urbe, de manera temporal, y en donde no pagan los impuestos correspondientes por no ser habitantes de esta ciudad.

Los costos operativos para la población flotante de cinco millones de personas que diariamente se mueve en la Capital, son de aproximadamente 7 mil 500 millones de pesos, cifra estimada por la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal para el año 2014.

De acuerdo con estudios hechos en 2011 por la Secretaría de Finanzas del Gobierno del entonces Distrito Federal, los recursos necesarios para cubrir el costo de capitalidad oscilan aproximadamente entre 7 mil 500 y 9 mil millones de pesos.

Con objeto de ir reduciendo esa situación de inequidad, en 2014 la Ciudad de México recibió de la federación, a través del recién creado Fondo de Capitalidad, del Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas, 3 mil millones de pesos que representaron el 2.4 por ciento del total de ese ramo. En 2015 la Capital del país recibió 3 mil 500 millones y en 2016 4 mil millones de pesos, representando el 2.7 y 2.8 por ciento del Ramo 23, respectivamente. Esos recursos se destinaron principalmente a seguridad, infraestructura y movilidad. El monto de esos recursos estuvo sujeto a la suficiencia presupuestal y a la distribución realizada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Es decir, que aun cuando los recursos no eran suficientes para cumplir con su objetivo, éstos venían creciendo en términos nominales y reales, así como de manera proporcional respecto al total del Ramo 23. Por ello llama notablemente la atención que, existiendo el Fondo de Capitalidad, teniendo recursos crecientes y existiendo la Reforma Política de la Ciudad de México la cual le reconoce el estatus de Capital del país a esa ciudad y la obliga a responsabilizarse de cumplir con las condiciones necesarias para que los poderes federales cumplan con el ejercicio de sus facultades constitucionales.

En el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2016, en su artículo 10, fracción III, se refiere al Fondo de Capitalidad para el Distrito Federal y señala que el este fondo tiene por objeto apoyar al Distrito Federal, en consideración a su condición de sede de los Poderes de la Unión y capital de los Estados Unidos Mexicanos, en términos del artículo 44 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Uno de los avances de la Reforma Política de la Ciudad de México se encuentra en la modificación hecha al artículo 44 constitucional que cambia el estatus de la Ciudad de México, ésta deja de ser Distrito Federal y se erige como entidad federativa. Ello conduce a que la Ciudad de México sea objeto de dos fondos federales, a los que no tenía acceso previamente: el Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social (FAIS) y a la parte correspondiente a infraestructura para educación básica y superior del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM). Si bien los recursos que conforman a esos fondos han venido disminuyendo sustancialmente en los últimos años, también es cierto que con este cambio constitucional la distribución de recursos federales tiende a ser menos inequitativa.

Adicionalmente, tanto el artículo 44 como el 122 constitucionales reconocen el carácter de la Ciudad de México como Capital de los Estados Unidos Mexicanos y sede de los Poderes de la Unión. El artículo 122, en su apartado B, profundiza el concepto de capitalidad al establecer que el Gobierno de la Ciudad de México deberá garantizar, en todo momento, las condiciones necesarias para el ejercicio de las facultades constitucionales de los poderes federales. Esto implica el reconocimiento del gasto en el que debe incurrir la Ciudad de México para cumplir con esa función.

De manera consecuente con lo expuesto; con lo estipulado en la Constitución, en lo relativo a la Reforma Política de la Ciudad de México -particularmente en el artículo 122, apartado B- y con la de dar certeza jurídica y continuidad al Fondo de Capitalidad, es necesario que el Congreso de la Unión expida las leyes que establezcan las bases para la coordinación entre los poderes federales y los poderes locales de la Ciudad de México; así como establecer los lineamientos para que, de acuerdo con el artículo 122 constitucional, la “Cámara de Diputados, al dictaminar el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, analice y determine los recursos que se requieran para apoyar a la Ciudad de México”.

En consecuencia, resulta de primordial importancia que el Congreso de la Unión apruebe en este primer periodo ordinario de sesiones del segundo año de trabajo de la LXIII Legislatura, antes de que inicie la revisión y aprobación del proyecto de presupuesto de egresos de la federación.

Con objeto de cumplir con lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de dar certidumbre a la Ciudad de México en lo relativo a contar con recursos que le permitan cumplir con su obligación de ser la capital del país, se propone al Congreso de la Unión adicionar en el artículo 25 de la Ley de Coordinación Fiscal una fracción IX en donde se incluya al Fondo de Aportaciones para la Atención de los Costos de Capitalidad, y de esta manera transferir los recursos que se dieron a la Ciudad de México del Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas, en donde no cuentan con la garantía de permanencia, al Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, ramo donde cuyos fondos son permanentes.

Se propone que los recursos del Fondo de Aportaciones para la Atención de los Costos de Capitalidad provengan de la Recaudación Federal Participable (RFP), particularmente del 80 por ciento de la RFP que no está dirigido al Fondo General de Participaciones; y representen cuando menos el 21 por ciento de ese 80 por ciento de la RFP con objeto de que los recursos del fondo de capitalidad no sean menores en términos reales a los del año anterior y de que el Gobierno central de la Ciudad de México tenga certeza en el monto recursos de los cuales dispondrá para cumplir con estas obligaciones.

De acuerdo con lo planteado y con lo dispuesto en el cuarto párrafo del Apartado B del artículo 122 constitucional que a la letra indica:

La Cámara de Diputados, al dictaminar el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, analizará y determinará los recursos que se requieran para apoyar a la Ciudad de México en su carácter de Capital de los Estados Unidos Mexicanos y las bases para su ejercicio.

Proponemos que el Fondo de Aportaciones para la Atención de los Costos de Capitalidad sume la cantidad de cuatro mil 500 millones de pesos para el ejercicio fiscal de 2017.

De manera complementaria y dado que aún no existen las leyes generales que regularán la Reforma Política de la Ciudad de México —dentro de las cuales destaca una Ley de Coordinación Fiscal de la Ciudad de México—proponemos varios lineamientos transitorios para el ejercicio del fondo de capitalidad, los cuales serán vigentes en tanto el Congreso de la Unión emite las leyes correspondientes.

Esos lineamientos disponen que el total de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Atención de los Costos de Capitalidad será destinado a gasto en infraestructura vial, infraestructura de transporte público, cuidado del medio ambiente, vigilancia, cultura y turismo. Los recursos federales asignados al Fondo, serán intransferibles a otras actividades, y deberán erogarse íntegramente en el año en que se reciban para cumplir con los compromisos de la Ciudad de México como ciudad capital.

De igual forma, los recursos del Fondo serán entregados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público al gobierno central de la Ciudad de México, mensualmente, prorrateados en los primeros diez meses del año, de manera ágil y directa, sin más limitaciones ni restricciones que el cumplimiento de los objetivos de la ciudad capital.

Asimismo, el gobierno de la Ciudad de México, en todos sus niveles, deberá contar con un registro de las operaciones del Fondo que permita identificar de manera específica y clara el destino de los recursos y el cumplimiento de los objetivos y metas del Fondo.

Por lo anterior presentamos el siguiente comparativo entre la Ley de Coordinación Fiscal vigente y la propuesta que presentamos:

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración la siguiente

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción IX a la Ley Federal de Coordinación Fiscal

Artículo Único.Se reforma el artículo 25 de la Ley de Coordinación Fiscal, para quedar como sigue:

Artículo 25. Con independencia de lo establecido en los capítulos I a IV de esta Ley, respecto de la participación de los Estados, Municipios y la Ciudad de México en la recaudación federal participable, se establecen las aportaciones federales, como recursos que la Federación transfiere a las haciendas públicas de los Estados, la Ciudad de México, y en su caso, de los Municipios, condicionando su gasto a la consecución y cumplimiento de los objetivos que para cada tipo de aportación establece esta Ley, para los Fondos siguientes:

I. Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal;

II. Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud;

III. Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social;

IV. Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México;

V. Fondo de Aportaciones Múltiples.

VI. Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos, y

VII. Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Ciudad de México.

VIII. Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas;

IX. Fondo de Aportaciones para la Atención de los costos de Capitalidad.

Transitorios

Primero.El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Las siguientes disposiciones serán vigentes hasta que se apruebe la Ley de Coordinación Fiscal de la Ciudad de México.

1. Los recursos del Fondo de Aportaciones para la Atención de los Costos de Capitalidad provendrán anualmente de la Recaudación Federal Participable (RFP), particularmente del 80 por ciento de la RFP que no está dirigido al Fondo General de Participaciones; y representarán cuando menos el 21 por ciento de ese 80 por ciento de la RFP con objeto de que los recursos del Fondo de Aportaciones para la Atención de los Costos de Capitalidad no sean menores en términos reales a los del año anterior y de que el Gobierno central de la Ciudad de México tenga certeza en el monto recursos de los cuales dispondrá para cumplir con estas obligaciones.

2. El total de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Atención de los Costos de Capitalidad será destinado a gasto en infraestructura vial, infraestructura de transporte público, cuidado del medio ambiente, vigilancia, cultura y turismo. Los recursos federales asignados al Fondo, serán intransferibles a otras actividades, y deberán erogarse íntegramente en el año en que se reciban para cumplir con los compromisos de la Ciudad de México como ciudad capital.

3. Los recursos del Fondo de Aportaciones para la Atención de los Costos de Capitalidad serán entregados, de manera ágil y directa, por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público al gobierno central de la Ciudad de México, mensualmente, prorrateados en los primeros diez meses del año, sin más limitaciones ni restricciones que el cumplimiento de los objetivos de la ciudad capital.

4. El gobierno de la Ciudad de México, en todos sus niveles, deberá contar con un registro de las operaciones del Fondo que permita identificar de manera específica y clara el destino de los recursos y el cumplimiento de los objetivos y metas del Fondo.

5. A la entrada en vigor del presente decreto y dentro de los treinta días naturales siguientes a su publicación en el Diario Oficial de la Federación se emitirán las Reglas de Operación correspondientes al Fondo de Aportaciones para la Atención de los Costos de la Capitalidad, mismas que deberán publicarse en el Diario Oficial de la Federación y en la Gaceta Oficial del Distrito Federal.

Salón de sesiones de la Cámara de Diputados, a 21 de septiembre de 2016.— Diputadas y diputados: Ariadna Montiel Reyes,Ana Leticia Carrera Hernández, Araceli Damián González, Candelario Pérez Alvarado, Cuitláhuac García Jiménez, Diana Marcela Márquez Canales, Ernestina Godoy Ramos, Guadalupe Hernández Correa, Guillermo Rafael Santiago Rodríguez, Irma Rebeca López López, Jorge Tello López, Modesta Fuentes Alonso, Oscar Ferrer Abalos, Rogerio Castro Vázquez (rúbricas).»

El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Gracias, diputada Montiel. Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público para dictamen.

El diputado Cuitláhuac García Jiménez (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Sonido a la curul del diputado Cuitláhuac.

El diputado Cuitláhuac García Jiménez (desde la curul): Solo para solicitarle a la diputada Ariadna si nos podemos adherir algunos diputados de Morena a su iniciativa.

El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Diputada.

La diputada Ariadna Montiel Reyes (desde la curul): Con gusto sí, presidente.

El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: La diputada acepta la adhesión y está a su disposición en la Mesa de esta Presidencia. Gracias.

Esta Presidencia da la más cordial bienvenida a las alumnas y alumnos del Instituto Tecnológico Autónomo de México, invitados por el diputado José Máximo García López. Asimismo, a los alumnos de tercer de la escuela secundaria licenciado Rafael Carrillo, de Zinapécuaro, Michoacán, invitados por el diputado Marko Antonio Cortés Mendoza, y a los alumnos de la Escuela Libre de Derecho, Asociación Civil, de Puebla, invitados por la diputada Genoveva Huerta Villegas. Todos ustedes sean bienvenidos.



CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Tiene la palabra por cinco minutos la diputada Candelaria Ochoa Avalos, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La diputada María Candelaria Ochoa Avalos:Gracias, presidente. Compañeras y compañeros diputados. Se ha dicho que el propósito de la reforma educativa, tal como está diseñada actualmente, es incentivar a los docentes para prepararse más y así mejorar la calidad de la educación en México, sin embargo la realidad parece otra.

La reforma educativa ha ignorado los contextos rurales e indígenas y se ha concentrado en las y los docentes, casi como factor único del logro educativo. Estas fallas de la reforma han surgido de origen por la exclusión de personal docente en el proceso de reforma.

La reforma actual parte de la premisa de que el cambio en las reglas de contratación habrá de llegar al aula, y que a los aprendizajes a través de una mejora en su desempeño. Esta reforma dispuso que los lineamientos previos de acceso, permanencia y ascenso para las y los docentes, así como los estímulos salariales quedaran supeditados a la evaluación de las y los docentes; además devolvió la nómina magisterial a la federación, separó la competencia laboral del sindicato de maestros de la competencia académica, amplió las facultades del Instituto Nacional para la Evaluación Educativa, para definir criterios de evaluación, y fijó sanciones para el ausentismo de los maestros.

La reforma educativa, en pocas palabras, violó derechos laborales y profesionales básicos del personal docente, y violentó la investidura docente utilizando el desprestigio y el escarnio público para restarles el respaldo social que históricamente las maestras y maestros han tenido en nuestro país.

La evaluación docente abre la consulta para construir un discurso defensor de la reforma que no tiene como objetivo la capacitación profesional, sino el despido de las y los profesores, el despojo de los niveles salariales adquiridos a través del programa de carrera magisterial, así como el que se podrá reducir el monto de las pensiones hasta en un 60 por ciento, el desprestigio y la devaluación de la educación normalista y el abandono financiero de la misma.

La reforma educativa últimamente evalúa conocimientos pero no evalúa las habilidades del docente frente a grupos, no evalúa la capacidad de una persona para tener control e incidencia sobre sus estudiantes ni su habilidad para transmitir conocimientos. Aunado a ello la incapacidad de diálogo por parte de las autoridades ha llevado a que el enfrentamiento con las y los profesores haya escalado a niveles de violencia inaceptables.

Hoy se cumplen tres meses de los sucesos en Nochixtlán, pues el conflicto ha devenido en profesores muertos, desaparecidos, presos políticos y la represión. Por eso decimos y reiteramos que México no se mueve en la dirección correcta.

Mediante esta iniciativa proponemos la reforma a la fracción III del artículo 3o. constitucional y la derogación de la fracción II del artículo transitorio quinto del decreto de reforma a los artículos 3o. en sus fracciones III, VII, VIII y 73, fracción XXV.

Pero también estamos proponiendo otra iniciativa porque creemos que sin duda nuestro país requiere una reforma educativa integral, amplia y consensuada. Se requiere un amplio debate y discusión en torno al perfil de las y los ciudadanos que este país necesita.

Vamos dejando atrás un discurso fácil de culpar a unos y la aceptación de las recomendaciones que organismos internacionales han realizado sobre el país que necesitamos y que aspiramos tener.

Es necesario que no tengamos miedo al debate, ya se ha dado en otros momentos en esta misma Cámara y ha tenido frutos importantes. Se ha pasado de la educación como un privilegio a la educación como un derecho humano.

En estos debates se ha creado un núcleo de principios que rige la educación en nuestro país. En el contexto actual la globalización, la integración de México al mundo es necesario fortalecer el amor a la patria, el respeto a los derechos humanos y la conciencia de solidaridad internacional tal como se plantea en nuestra Carta Magna, pero también es necesario integrar a ése núcleo de principios el respeto al medio ambiente, y esa es la segunda iniciativa que les quiero comentar, el respeto a medio ambiente como un compromiso de los seres humanos en el planeta con una conciencia universal, así como el respeto a la igualdad de género como un compromiso nacional que reconoce...

El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Concluya, por favor, diputada.

La diputada María Candelaria Ochoa Avalos:... la demanda histórica de desigualdad que queremos erradicar. Ya voy a terminar y son dos iniciativas.

Es por ello que hoy también presento la iniciativa para reformar el segundo párrafo del artículo 3o. constitucional para integrar el respeto al medio ambiente y la igualdad de género.

En estos días se ha dicho mucho que los padres deben tener el derecho de educar a sus hijos, no sólo tienen el derecho, tienen la obligación de educar a sus hijos...

El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Concluya, por favor, diputada.

La diputada María Candelaria Ochoa Avalos: Porque en la familia educamos y nos educan en la igualdad, en la desigualdad, en la honestidad, en la deshonestidad, en la mentira, en la verdad, incluso la sexualidad se aprende en la familia. A la escuela vamos a aprender ciencia...

El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Concluya, por favor, diputada.

La diputada María Candelaria Ochoa Avalos: Por eso hoy nuestro país requiere repensar la educación, requiere el diálogo y el consenso, de la integración de todos los actores del proceso de enseñanza-aprendizaje, requiere diagnósticos objetivos y certeros...

El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Diputada, concluya, por favor.

La diputada María Candelaria Ochoa Avalos:Sobre las condiciones reales del sistema educativo, de las disparidades regionales, de los desafíos sociales que debemos hacer frente. Por eso hoy les hago un llamado a todo este Congreso, para que superemos las barreras ideológicas y partidistas; y avancemos en la construcción de una verdadera reforma educativa. Gracias.

«Iniciativa que reforma el artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada María Candelaria Ochoa Avalos, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Quien suscribe, María Candelaria Ochoa Avalos, diputada de la LXIII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta asamblea, iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para incluir el respeto al medio ambiente y la igualdad de género, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El artículo 3o. constitucional consagra el derecho a la educación en nuestro país. La historia de este artículo muestra que ya, desde la constitución de 1857, se reconoce la educación como uno de los “derechos del hombre” que se ejerce en libertad.

Esta visión liberal de la educación se mantuvo hasta el proyecto constitucional de 1917, en el cual se reconoce a la educación como un derecho con características particulares: libre, laica y gratuita, reconociendo a sí mismo el carácter del estado como garante de la educación y su contenido.

A partir de lo establecido en el cuerpo constitucional del 17 se han realizado diversas reformas al artículo 3o. que han avanzado hacia la construcción de un derecho amplio y universal, reafirmando al estado como el garante del mismo y dejando abonado el camino para la formulación de los contenidos educativos en elementos objetivos del desarrollo de la ciencia, la historia y el avance de los derechos humanos.

La reforma realizada en 1934 planteó como núcleo central orientador a la educación socialista, entendiéndola como el derecho social que debe llegar a toda la población, en particular a los obreros y campesinos analfabetas y sus hijos –que eran la gran masa de pueblo. La educación socialista se entendió como aquélla basada en el estudio sistemático y científico de la vida social, coherente con los elementos del saber y con una interpretación del universo derivada de ellos, es decir, basada en el desarrollo de la ciencia y los conocimientos derivados de ella, que libre a las personas de prejuicios y dogmas religiosos.

Entender el contexto histórico de esta reforma es importante para comprender la radicalidad de la misma. El país venía consolidando las instituciones nacidas de la revolución social; y también venía de un conflicto armado contra los grupos cristeros, que a través de las armas buscaron imponer a la iglesia como actor político e ideológico –que entre otros elementos, controlaría la educación. De tal suerte, el término socialista adquiere una posición política ante estos elementos, reivindicando el carácter social de la revolución y marcando una separación tajante con el clero y su participación en la vida política nacional.

Sin embargo, más allá del carácter político que contenía, esta reforma permitió un avance trascendental en torno a los valores y principios que deben regir la educación de nuestro país; es decir, los valores de la justicia social y el desarrollo científico de la nación.

Por su lado, la reforma realizada en 1945 reestructuró los valores y principios que dirigirían la educación del país, eliminando el socialismo como la doctrina social que regía la educación del país, pero, de acuerdo al dictamen con que se presentó la reforma:

“Se trató esencialmente de consignar en el texto del artículo 3o. vigente un propósito de justicia social, por más que este anhelo, como aspiración de nuestro pueblo y de la humanidad entera, en su afán de mejoramiento, e independientemente de las doctrinas que lo preconizan, es algo permanente y pudiéramos decir indestructible, por lo que queda contenido en la reforma que estudiamos, si bien en términos distintos, no por eso menos precisos y que no varía sustancialmente el concepto, cuando se expresa que el criterio que orientará la educación, basada en el progreso científico, luchará contra la ignorancia y sus efectos, las servidumbres, los fanatismos y los prejuicios; y además contribuirá a la mejor convivencia humana, tanto por los elementos que aporte a fin de robustecer en el educando, junto con el aprecio para la dignidad de la persona y la integridad de la familia, la convicción del interés general de la sociedad, cuanto por el cuidado que ponga en sustentar los ideales de fraternidad e igualdad de derechos de todos los hombres, evitando los privilegios de masa, de sectas, de grupos, de sexos o de individuos

Así, con esta modificación al artículo 3o. constitucional, la educación del país pasa a ser universal y neutral en términos ideológicos en cuanto a su alcance y contenido, pero reafirmando el carácter científico en su construcción de contenidos.

Estas son quizás las principales reformas directas al artículo tercero que han formado el núcleo central de valores y principios que la educación en nuestro país debe tener. Sin embargo, hay otra reforma trascendental para la vida nacional que impacto dicho núcleo central de valores y principios: la reforma constitucional en materia de derechos humanos que se materializo en 2011.

En el artículo tercero sólo se integró el respeto a los derechos humanos como uno de los elementos que fomentará la educación de nuestro país, pero esta pequeña adicción marca un cambio de rumbo, pues por un lado integra un cuerpo doctrinario que reconoce nuevos valores en la democracia, acordes al avance social y al contexto histórico actual, y por otro lado, deja patente la obligación del Estado mexicano para garantizar el respeto a los derechos humanos reconocidos en los tratados internacionales que ha suscrito nuestro país.

El reconocimiento constitucional de los derechos humanos marcó un parteaguas en la legislación de nuestro país, pues avanzó hacia una protección más amplia de los ciudadanos y sus derechos, protegiéndolos de los excesos del estado y de otras instituciones sociales, permitiendo el desarrollo individual y colectivo en libertado y justicia.

La adición de los derechos humanos como parte de los valores que deben regir la educación de nuestro país ha dado pie al reconocimiento de nuevos valores propios de la época actual que han nacido del avance democrático internacional y de la necesidad de proteger a los ciudadanos de las nuevas amenazas sociales que ahora enfrentamos.

En este sentido, la propuesta que hago consiste en incluir el respeto al medio ambiente y a la igualdad de género al párrafo segundo del artículo tercero constitucional como parte de los valores que deben regir la educación de nuestro país.

Incluir el respeto al medio ambiente es una necesidad fundamental para garantizar el bienestar de los ciudadanos, tanto en el presente como en el futuro. Los problemas de contaminación ambiental, de calentamiento global, de sobreexplotación y agotamiento de recursos naturales, la pérdida de especies de fauna y flora, y la reducción creciente de bancos acuíferos para consumo humano son grandes problemas que amenazan el desarrollo armónico de los pueblos e inclusive han empezado a verse como amenazas a la propia sobrevivencia de la especie humana.

Por ello, crear cambios de comportamiento con respecto al medio ambiente, la necesidad de su protección y cambios de consumo que no generen más presiones sobre la capacidad de carga de la naturaleza, es una tarea urgente y que debe iniciarse desde las primeras etapas de formación de las personas. Debe iniciarse con las niñas y los niños desde la escuela.

Aunado a ello, incluir la igualdad de género equivale a saldar una deuda histórica que aún tenemos pendiente como nación. A pesar de que se ha avanzado en legislación y en políticas públicas hacia la igualdad de género, lo cierto es que aun permean patrones de comportamiento, actitudes y acciones machistas que atentan contra la igualdad y la dignidad de las personas.

Es imposible no reconocer que la sociedad está cambiando y evolucionando en temas relacionados con el género. El proyecto de igualdad entre hombres y mujeres es una empresa que actualmente sigue vigente y cuya labor debe iniciar en los primeros años de vida; asimismo, las personas LGBTTTI, a quienes históricamente se les han negado derechos tanto humanos como civiles, comprenden una parte esencial de la sociedad y es imperante inculcar tanto el reconocimiento como la tolerancia hacia todas las personas desde la etapa escolar.

Poder lograrlo es una tarea ardua de concienciación y de inclusión, fomentada en todas las edades de nuestra vida, pero es esencial inculcarlo en las niñas y a través de la escuela, pues es ahí donde se puede romper el círculo perverso de ignorancia-dogmatismo-discriminación.

Incluir la igualdad de género como valor en la educación es incluir una visión que pugna por la igualdad de las personas, pero que reconoce la existencia de desigualdades sociales y culturales que no permiten el libre y pleno desarrollo de las personas; que están basadas en desequilibrios de poder económico, político y social, y que deben eliminarse para avanzar a una sociedad con justicia social.

Esto no significa cambiar los valores y principios individuales ni familiares, significa generar en la educación un sentido crítico que permita a los infantes mexicanos tener la visión de un México más justo, incluyente y democrático; valores que nuestra nación, desde la fundación de la carta magna, ha perseguido.

Por lo anterior, presento el siguiente proyecto de

Decreto que reforma el artículo 3o., párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo Único. Se reforma el párrafo segundo del artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue:

Artículo 3o. ...

La educación que imparta el estado tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la Patria, el respeto a los derechos humanos, el respeto al medio ambiente, la igualdad de género y la conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y en la justicia.

...

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Nota:

1 Cámara de Diputados, 1945, Diario de Debates, Legislatura XXXIX - Año III - Período Ordinario - Fecha 19451224 - Número de Diario 27

http://cronica.diputados.gob.mx/DDebates/39/3er/Ord/19451224.html

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de septiembre de 2016.— Diputadas: María Candelaria Ochoa Avalos,María Concepción Valdés Ramírez (rúbricas).»

El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Gracias, diputada Ochoa. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales para dictamen.

Rogamos a todos los oradores se ciñan al acuerdo y también a la ley, en el artículo 76, en su fracción II, para que podamos concluir en el tiempo que todos nos hemos dado y acordado.



LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Tiene la palabra por cinco minutos el diputado Luis Alfredo Valles Mendoza, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 9o. de la Ley del Impuesto al Valor Agregado.

El diputado Luis Alfredo Valles Mendoza:Con la venia de la Presidencia. En la actualidad la contaminación ambiental no puede ser vista como un subproducto del desarrollo económico, ya que el impacto negativo que generan los contaminantes, como el ozono, azufre, carbono negro, entre otros, se puede contabilizar lamentablemente en vidas humanas.

La Organización Mundial de la Salud estimó que en 2012 la contaminación atmosférica en todo el mundo provocó alrededor de 3.7 millones de defunciones prematuras. Desafortunadamente en los últimos años esta problemática se ha extendido a diversas ciudades del país.

De acuerdo con los resultados del Informe Nacional de la Calidad del Aire 2014, en 15 de 20 entidades federativas monitoreadas y evaluadas al menos en una de sus ciudades presentaron problemas de calidad del aire por partículas suspendidas, mientras que el ozono está afectando a habitantes de algunos municipios y delegaciones de la Ciudad de México, estado de México, Jalisco, Morelos, Nuevo León y Veracruz.

El origen de la contaminación ambiental proviene de diversas fuentes; puntales, móviles, de área y naturales. De acuerdo al Inventario Nacional de Emisiones de Gases y Compuestos de Efecto Invernadero, las fuentes móviles, en particular los vehículos que utilizan diésel y gasolina son la principal fuente de contaminación en gases como el bióxido de carbono, gases de efecto invernadero del carbono negro, ya que representan alrededor de una cuarta parte de la emisión total.

Para Nueva Alianza, asegurar la calidad del aire que respiran las familias mexicanas es un tema central de nuestra agenda legislativa. Considerando las estadísticas ambientales, reconocemos la importancia de brindar incentivos para priorizar medios alternativos al automóvil, los cuales deben ser alcanzables para todos los mexicanos.

El Reporte Nacional de Movilidad Urbana en México, 2014-2015, de la Organización de las Naciones Unidas, señala que a pesar de la preferencia por el transporte motorizado, zonas metropolitanas como Guadalajara, León y Puebla tienen una proporción elevada de transporte no motorizado, es decir cuatro de cada 10 personas se desplaza a pie o usando bicicleta. Por su parte, el Centro Mario Molina indica que tres de cada cuatro viajes urbanos se realizan en transporte público, a pie o en bicicleta.

Un estudio reciente del Instituto para el Transporte y el Desarrollo de Políticas, en colaboración con la Universidad de California, señala que el incremento en el uso de las bicicletas como medio de transporte podría reducir hasta en un 11 por ciento las emisiones de bióxido de carbono en los próximos 35 años. De aumentar el uso de la bicicleta y del transporte público, las emisiones podrían reducirse a la mitad, logrando una disminución potencial de 2 giga toneladas para el año 2050.

En este tenor, el principal incentivo para incrementar el uso de las bicicletas es la disminución de los contaminantes emitidos al aire, aunque existen otros beneficios como la reducción de la congestión vehicular, de la obesidad y disminuye los costos de transportación, entre otros.

La iniciativa que hoy presentamos ante el pleno tiene el objetivo de incentivar el uso de medios alternativos a los automóviles que usan diésel y gasolina, esto a través de la exención del pago del IVA a la enajenación de bicicletas convencionales, bicicletas eléctricas y motocicletas eléctricas, en términos del artículo 9 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado.

En Nueva Alianza reconocemos la situación actual de la hacienda pública, no obstante los impactos sociales de esta iniciativa superan el costo fiscal.

El Instituto Mexicano para la Competitividad estima que la contaminación ambiental generada, solamente por partículas suspendidas, representan pérdidas por 3 mil 396 millones de pesos en términos de productividad de los mexicanos y de 728 millones de pesos en gastos de la salud al año, mientras que el Centro de Estudios para las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados estima un impacto recaudatorio negativo de 434.6 millones de pesos a precios de 2016, por el otorgamiento de este incentivo fiscal.

Dicho monto solo representa el 0.06 por ciento de la recaudación total por concepto de IVA, de acuerdo a la Ley de Ingresos de la Federación 2016.

La presente iniciativa guarda congruencia con las líneas de acción del Ejecutivo federal para estimular, a través de la política fiscal, los equipos de alimentación para vehículos eléctricos, presentada en la Miscelánea Fiscal 2017. Con lo anterior fortalecemos los esquemas de movilidad libre de contaminación.

Las y los diputados de Nueva Alianza estamos comprometidos con el desarrollo sustentable de las ciudades mexicanas, así como garantizar la calidad del aire que respiran las familias mexicanas.

Los incentivos fiscales son una herramienta de política pública que pueden ofrecer resultados eficaces que permitan vincular el desarrollo económico al cuidado del medio ambiente. Por tal motivo, invitamos a todos los grupos parlamentarios a que se sumen a esta iniciativa que hoy se propone. Muchas gracias, es cuanto, señor presidente.

«Iniciativa que adiciona el artículo 9o. de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, a cargo del diputado Luis Alfredo Valles Mendoza, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza

El suscrito, Luis Alfredo Valles Mendoza, diputado federal de la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción X al artículo 9 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado.

Planteamiento del Problema

En la realidad actual de las urbes y sus habitantes la contaminación ambiental no puede ser vista como un subproducto del desarrollo económico. Ya que el impacto negativo que generan los contaminantes ambientales como el ozono, azufre, carbono negro, entre otros gases, se pueden contabilizar desafortunadamente en vidas humanas. La Organización Mundial de la Salud (OMS) estimó que la contaminación atmosférica en todo el mundo provocó alrededor de 3.7 millones de defunciones prematuras en 2012.

En 2014, el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC) elaboró un estudio similar para México, en el cual se evalúa el cumplimiento de las normas de calidad del aire en las tres mayores zonas metropolitanas del país: el Valle de México, Guadalajara y Monterrey. Los resultados muestran que de haberse cumplido las normas de calidad del aire de la OMS se hubieran evitado aproximadamente 2 mil 170 muertes prematuras en México en dicho año (mil 317 se evitarían de cumplirse con la norma oficial mexicana que es más laxa).

Asimismo, los resultados de este estudio muestran que si la calidad del aire se mantuviera dentro de los límites recomendados por la OMS (concentraciones de partículas finas, PM2.5) en estas tres zonas metropolitanas, en 2010 se hubieran capitalizado beneficios económicos por 45 mil millones de pesos y de 27 mil millones de pesos de cumplirse con la NOM mexicana.

El origen de la contaminación ambiental proviene de diversas fuentes: puntuales, móviles, de área y naturales. Según el INECC el automóvil es la principal fuente móvil de contaminación del aire, ya que produce grandes cantidades de monóxido de carbono (CO) y cantidades menores de óxidos de nitrógeno (NOx) y compuestos orgánicos volátiles (COVs).

De igual forma, el Inventario Nacional de Emisiones de Gases y Compuestos de Efecto Invernadero (INECC, 2013) muestra que las fuentes móviles, en particular los vehículos que utilizan diésel y gasolina son la principal fuente de contaminación en gases como el Dióxido de Carbono (CO2), Gases de Efecto Invernadero y del Carbono Negro, ya que representan alrededor de una cuarta parte de la emisión total.

Desafortunadamente, la problemática de la contaminación del aire se ha extendido a más ciudades del país. De acuerdo con los resultados del Informe Nacional de Calidad del Aire 2014, en 15 de 20 entidades federativas monitoreadas y evaluadas en al menos una de sus ciudades presentan problemas de calidad de aire por partículas suspendidas (PM10 y PM2.5), mientras que el ozono (O3) afecta a los habitantes de al menos un municipio de la Ciudad de México, Estado de México, Jalisco, Morelos, Nuevo León y Veracruz.

En este sentido, asegurar la calidad del aire que respiran las familias mexicanas para el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza es un tema central de nuestra Agenda Legislativa. Reconocemos que son múltiples los factores y fuentes que afectan la calidad del aire, no obstante, las estadísticas ambientales reflejan la importancia de priorizar medios alternativos a los automóviles que utilizan diésel y gasolina.

Argumentación

El Reporte Nacional de Movilidad Urbana en México 2014-2015 de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) señala que a pesar de la preferencia por el transporte motorizado, zonas metropolitanas como Guadalajara, León y Puebla tienen una proporción elevada de transporte no motorizado; es decir, 4 de cada 10 personas se desplaza a pie o usando bicicleta (el 40 por ciento). Por su parte, el Centro Mario Molina indica que tres de cada cuatro viajes urbanos se realizan en transporte público, a pie o en bicicleta.

De acuerdo con el Inegi (2007), alrededor de 6.3 millones de viajes se realizan a diario en la zona metropolitana del valle de México; de los cuales, el 29 por ciento es a través de automóvil privado, 60.6 por ciento en transporte público concesionado de baja capacidad (taxi, combi, microbús y autobús suburbano); sólo 8 por ciento usa el sistema integrado de transporte público masivo (Metro, Metrobús, Tren ligero y Trolebús) y únicamente 2.4 por ciento se traslada a través de bicicleta (o motocicleta).

Los beneficios por el uso de la bicicleta como medio de transporte no sólo se limitan a la disminución de contaminantes del aire, sino que alcanzan diversas aristas. Cuando las ciudades deciden invertir en la construcción de infraestructura ciclo-inclusiva, el hecho, per se, incentiva el incremento del número de ciclistas, además de reducir sustancialmente el riesgo de accidentes entre automóviles y usuarios de transporte no motorizado.

De acuerdo con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), de las ciudades mexicanas, Guadalajara es la que realiza el mayor porcentaje de viajes en bicicleta por día con 2.5 por ciento; mientras que en Bogotá, Colombia el porcentaje es de 5 por ciento; en Rosario, Argentina de 5.3 por ciento; en Río de Janeiro, Brasil 3.2 por ciento; Buenos Aires en Argentina 3 por ciento, al igual que en Santiago de Chile. Por su parte, la Ciudad de México reporta el 2 por ciento, Puebla 1.9 por ciento, La Paz 1.2 por ciento y Monterrey sólo el 0.5 por ciento.

Un estudio reciente del Instituto para el Transporte y el Desarrollo de Políticas (ITDP) en colaboración con la Universidad de California Davis, señala que el incremento en el uso de las bicicletas como medio de transporte podría reducir hasta en un 11 por ciento las emisiones de Dióxido de Carbono (CO2) en los próximos 35 años. De acuerdo con el informe, la tendencia en la emisión de CO2 vinculada al transporte urbano se incrementará de 2.5 gigatoneladas en 2015 a 4.3 en 2050. De aumentar el uso de la bicicleta y del transporte público, las emisiones podrían reducirse a la mitad, logrando una disminución potencial de 2 gigatoneladas para el año 2050.

El principal incentivo para incrementar el uso de las bicicletas en cualquier ciudad es la disminución de los contaminantes emitidos al aire, aunque existen otros beneficios como la reducción de la congestión vehicular, de la obesidad, disminuye los costos de transportación, además de que ocupan menos espacio que los vehículos, entre otros.

Países europeos como Francia han implementado incentivos dirigidos al sector privado, donde las empresas pueden participar de exenciones fiscales si fomentan el uso de las bicicletas entre sus empleados. Así, los trabajadores que se trasladen a sus empleos en bicicleta recibirían 0.21 euros/km/día hasta un límite de 15 kilómetros diarios, lo cual equivale a 3.15 euros/día. La iniciativa tiene por objetivo lograr que para 2020 alrededor del 10-12 por ciento de los viajes al trabajo se realicen en bicicleta, frente al 3 por ciento actual.

Por su parte, en Bélgica se ejecuta un programa de incentivos en el que las empresas y organismos públicos pueden aplicar deducciones fiscales de 0.21 euros/km recorrido en bicicleta (hasta un límite de 15 km por día) en sus nóminas. Los trabajadores podrán deducir hasta 3.5 euros por día. Si un empleado viaja 7.5 km de ida y otros 7.5 de regreso y trabaja alrededor de 211 días por año, entonces estará recibiendo el incentivo máximo de 664.65 euros por año.

Bajo dicho contexto, debemos destacar que en México se tienen impuestos directos e indirectos, en el último caso, el impuesto indirecto por excelencia es el Impuesto al Valor Agregado, el cual en términos del artículo 1o. de su ley, tiene 4 momentos de causación:

I. Enajenen bienes.

II. Presten servicios independientes.

III. Otorguen el uso o goce temporal de bienes.

IV. Importen bienes o servicios.

Ahora bien, para efectos de la presente iniciativa nos interesa la primera actividad de causación, es decir la enajenación a título oneroso, y que se encuentra regulada en el Capítulo II de la Ley del Impuesto al Valor Agregado (LIVA), en específico en su artículo 8o. no establece que se debe entender por enajenación para efectos fiscales, por lo que nos remite al Código Fiscal de la Federación:

Artículo 14. Se entiende por enajenación de bienes:

I.Toda transmisión de propiedad, aun en la que el enajenante se reserve el dominio del bien enajenado

II.Las adjudicaciones, aun cuando se realicen a favor del acreedor.

III.La aportación a una sociedad o asociación.

IV.La que se realiza mediante el arrendamiento financiero.

V.La que se realiza a través del fideicomiso, en los siguientes casos:

a)En el acto en el que el fideicomitente designe o se obliga a designar fideicomisario diverso de él y siempre que no tenga derecho a readquirir del fiduciario los bienes.

b)En el acto en el que el fideicomitente pierda el derecho a readquirir los bienes del fiduciario, si se hubiera reservado tal derecho.

Cuando el fideicomitente reciba certificados de participación por los bienes que afecte en fideicomiso, se considerarán enajenados esos bienes al momento en que el fideicomitente reciba los certificados, salvo que se trate de acciones.

VI.La cesión de los derechos que se tengan sobre los bienes afectos al fideicomiso, en cualquiera de los siguientes momentos:

a) En el acto en el que el fideicomisario designado ceda sus derechos o dé instrucciones al fiduciario para que transmita la propiedad de los bienes a un tercero. En estos casos se considerará que el fideicomisario adquiere los bienes en el acto de su designación y que los enajena en el momento de ceder sus derechos o de dar dichas instrucciones.

b)En el acto en el que el fideicomitente ceda sus derechos si entre éstos se incluye el de que los bienes se transmitan a su favor.

Cuando se emitan certificados de participación por los bienes afectos al fideicomiso y se coloquen entre el gran público inversionista, no se considerarán enajenados dichos bienes al enajenarse esos certificados, salvo que estos les den a sus tenedores derechos de aprovechamiento directo de esos bienes, o se trate de acciones. La enajenación de los certificados de participación se considerará como una enajenación de títulos de crédito que no representan la propiedad de bienes y tendrán las consecuencias fiscales que establecen las Leyes fiscales para la enajenación de tales títulos.

VII.La transmisión de dominio de un bien tangible o del derecho para adquirirlo que se efectúe a través de enajenación de títulos de crédito, o de la cesión de derechos que los representen.

Lo dispuesto en esta fracción no es aplicable a las acciones o partes sociales.

VIII.La transmisión de derechos de crédito relacionados a proveeduría de bienes, de servicios o de ambos a través de un contrato de factoraje financiero en el momento de la celebración de dicho contrato, excepto cuando se transmitan a través de factoraje con mandato de cobranza o con cobranza delegada así como en el caso de transmisión de derechos de crédito a cargo de personas físicas, en los que se considerará que existe enajenación hasta el momento en que se cobre los créditos correspondientes.

IX.La que se realice mediante fusión o escisión de sociedades, excepto en los supuestos a que se refiere el artículo 14-B de este Código.

Se entiende que se efectúan enajenaciones a plazo con pago diferido o en parcialidades, cuando se efectúen con clientes que sean público en general, se difiera más del 35 por ciento del precio para después del sexto mes y el plazo pactado exceda de doce meses. Se consideran operaciones efectuadas con el público en general cuando por las mismas se expidan los comprobantes fiscales simplificados a que se refiere este Código.

Se considera que la enajenación se efectúa en territorio nacional, entre otros casos, si el bien se encuentra en dicho territorio al efectuarse el envío al adquirente y cuando no habiendo envío, en el país se realiza la entrega material del bien por el enajenante.

Cuando de conformidad con este Artículo se entienda que hay enajenación, el adquirente se considerará propietario de los bienes para efectos fiscales.

En tal sentido, debemos tomar en cuenta que la LIVA, también prevé los supuestos de liberación de la obligación fiscal, es decir, las exenciones en su artículo 9o. En tal sentido, la Suprema Corte de Justicia entiende que sólo la esfera jurídica del poder Legislativo puede establecer las exenciones de contribuciones al disponer que:

Exenciones fiscales. Corresponde al Poder Legislativo establecerlas en ley, de conformidad con el sistema que regula la materia impositiva, contenido en los artículos 31, fracción IV, 28, párrafo primero, 49, 50, 70 y 73, fracción VII, de la Constitución Federal. De los artículos 31, fracción IV, 49, 50, 70 y 73, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se desprende que, corresponde exclusivamente al Poder Legislativo establecer en una ley las contribuciones, así como sus elementos esenciales; este principio de reserva de ley se expresa también en el artículo 28, párrafo primero, constitucional, en cuanto señala que están prohibidas las exenciones “en los términos y condiciones que fijan las leyes”. Por tanto, si la exención en materia tributaria consiste en que, conservándose los elementos de la relación jurídico-tributaria, se libera de las obligaciones fiscales a determinados sujetos, por razones de equidad, conveniencia o política económica, lo que afecta el nacimiento y cuantía de dichas obligaciones, se concluye que la exención se integra al sistema del tributo, de modo que su aprobación, configuración y alcance debe realizarse sólo por normas con jerarquía de ley formal y material.

Resulta elocuente, el criterio citado al manifestar que es reserva del poder legislativo el establecer las exenciones, que no se basen en un juicio caprichoso, sino que respondan a un juicio de razonabilidad sustentando en fines de política fiscal, tendientes a fortalecer la económica y la equidad, de determinado sector.

Derivado de lo anterior, en Nueva Alianza reconocemos la importancia de brindar incentivos fiscales para priorizar medios alternativos al automóvil. Los cuales, deben ser alcanzables para todos los mexicanos. Por lo cual, se propone establecer una exención del pago del impuesto al valor agregado (IVA) en la enajenación de bicicletas convencionales, bicicletas eléctricas y motocicletas eléctricas, adicionando una fracción X al artículo 9 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado.

Por lo que respecta, a lo dispuesto por el artículo 18 tercer párrafo de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como lo establecido por el artículo 27 primer párrafo de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2016, se adjunta a la presente iniciativa el impacto presupuestario de la reforma propuesta, en términos de los artículos citados que a la letra de la Ley disponen:

Artículo 18....

...

Las comisiones correspondientes del Congreso de la Unión, al elaborar los dictámenes respectivos, realizarán una valoración del impacto presupuestario de las iniciativas de ley o decreto, con el apoyo del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, y podrán solicitar opinión a la Secretaría sobre el proyecto de dictamen correspondiente.

Artículo 27. En el ejercicio fiscal de 2016, toda iniciativa en materia fiscal, incluyendo aquéllas que se presenten para cubrir el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2017, deberá incluir en su exposición de motivos el impacto recaudatorio de cada una de las medidas propuestas. Asimismo, en cada una de las explicaciones establecidas en dicha exposición de motivos se deberá incluir claramente el artículo del ordenamiento de que se trate en el cual se llevarían a cabo las reformas.

De conformidad con lo anterior, el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP) de la Cámara de Diputados estima un impacto recaudatorio negativo de 434.6 millones de pesos a precios de 2016 por el otorgamiento de este incentivo fiscal, de acuerdo con los resultados de la solicitud de información CEFP/IFO/243.3/2016. Dicho monto solo representaría el 0.02 por ciento de la recaudación total de impuestos para el ejercicio fiscal 2016 o el 0.06 por ciento de la recaudación total por concepto de impuesto al valor agregado, de acuerdo a la Ley de Ingresos de la Federación 2016.

A su vez, el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) estima que la contaminación ambiental generada solamente por partículas suspendidas (PM10), representan pérdidas de 3,396 millones de pesos en términos de productividad de los mexicanos y de 728 millones de pesos en gastos de salud al año. Estas cifras indican que la cuantificación monetaria de los “beneficios económicos” de esta propuesta son superiores al “costo fiscal” de aplicar una exención del pago de IVA a las bicicletas convencionales, bicicletas eléctricas y motocicletas eléctricas.

Los diputados de Nueva Alianza estamos comprometidos con el desarrollo sustentable de las ciudades mexicanas, así como garantizar la calidad del aire que respiran las familias mexicanas. Los incentivos fiscales son una herramienta de política pública que pueden ofrecer resultados eficaces, que permitan vincular el desarrollo económico al cuidado del medioambiente.

Fundamento legal

Por las consideraciones expuestas, en mi calidad de diputado federal del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6o., numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración del Pleno de esta Soberanía, la Iniciativa con proyecto de:

Decreto por el que se adiciona una fracción X al artículo 9 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, para quedar como sigue:

Único. Se adiciona una fracción X al artículo 9 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado.

Artículo 9o. (...)

I. a IX. (...)

X. Bicicletas convencionales, bicicletas eléctricas y motocicletas eléctricas.

Artículo Transitorio

Artículo Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas:

1 Consultado en: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs313/es/

2 Consultado en http://www.inecc.gob.mx/descargas/dgicur/2014_ pm2.5_ccsa_inecc.pdf

3 Consultado en http://www.inecc.gob.mx/calaire-informacion-basica/537-calaire-fuentes

4 Consultado en http://www.inecc.gob.mx/descargas/calaire/2015_Informe_nacional_calidad_aire_20 14_Final.pdf

5 Consultado en http://centromariomolina.org/wp-content/uploads/2013/10/ReformaUrbana100Ideaspa ralasCiudadesdeMexico.pdf

6 Consultado en http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/ LIF_2016.pdf

7 Consultado en http://imco.org.mx/calculadora-aire/

Dado en la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, a 13 de septiembre de 2016.— Diputados y diputadas: Luis Alfredo Valles Mendoza,Angélica Reyes Ávila, Carlos Gutiérrez García, Carmen Victoria Campa Almaral, Emilio Enrique Salazar Farías, Francisco Javier Pinto Torres, Héctor Ulises Cristópulos Ríos, Luis Manuel Hernández León, Mariano Lara Salazar, Miguel Ángel Salim Alle, Mirna Isabel Saldívar Paz, Susana Corella Platt, Verónica Delgadillo García (rúbricas).»

El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Gracias, diputado Valles. Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

La diputada Verónica Delgadillo García (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Sonido a la curul de la diputada Verónica Delgadillo.

La diputada Verónica Delgadillo García (desde la curul): Muchísimas gracias, diputado. Coincido con la iniciativa, me parece muy valiosa, porque es importantísimo desincentivar el uso del vehículo y también impulsar la movilidad no motorizada y la movilidad sustentable.

Por eso quiero solicitarle al diputado ponente si me permite adherirme a la misma y felicitarlo. Es una agenda que comparto y que sin duda estaré dispuesta a luchar junto a su fracción.

El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: El diputado Valles manifiesta su aceptación. Queda a su disposición en la mesa de esta Secretaría para su adhesión.



LEY GENERAL DE TURISMO

El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Tiene la palabra, por cinco minutos, el diputado Timoteo Villa Ramírez, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Turismo.

El diputado Timoteo Villa Ramírez:Con el permiso de la Mesa Directiva. Con su permiso, señor presidente. El día de hoy someto a esta iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 3o. y se adiciona un Capítulo III al Título Cuarto de la Ley General de Turismo, al tenor de lo siguiente.

Etimológicamente la palabra patrimonio nos consigna a los bienes que heredamos de nuestros padres y si es literal o figurativamente de los padres a nuestros padres y así sucesivamente.

El patrimonio nos remonta hasta el tiempo en que la existencia de los individuos se difumina en una de las familias, y esta en la de los pueblos. El patrimonio nacional, por lo tanto, es la herencia de las sociedades, esas sociedades que nos antecedieron y las mezclas que estas sociedades hayan tenido, entre otras, dentro de nuestro territorio. Este patrimonio puede ser material o físico, como también ser herencia y material o inmutable.

Nuestro país, desde antes de la llegada de los españoles ya contaba con diversas mezclas con otras sociedades de su tiempo, aquellas que son originarias del norte de Centroamérica y las del sur, de lo que hoy conocemos como Estados Unidos.

Esa unión de culturas nos dejó bienes físicos, como la arquitectura prehispánica y bienes inmateriales, como usos y costumbres, que hasta hoy conocemos o llevamos a nuestra vida diaria.

México es uno de los pocos países con una rica historia antiquísima, esta es una responsabilidad muy grande que también nos heredaron nuestros antepasados. Afortunadamente la migración de mexicanos al extranjero y a la era digital, han facilitado la expansión de nuestra cultural y el reconocimiento más allá de nuestro continente.

A su vez nuestro país cuenta no solamente con playas hermosas, en nuestra demarcación territorial, también grandes desiertos, lagunas, manglares, cenotes, ríos, cascadas y bosques, aunado al excelente clima que presenta nuestra ubicación geográfica, también están los paisajes hechos por el hombre, como lo son las ciudades prehispánicas y coloniales, las estructuras y las edificaciones religiosas que hacen marco en nuestro país como un objetivo y atractivo para el turismo nacional e internacional.

En este contexto la palabra patrimonio tiene una adición más a la anterior mencionada, existen en nuestro país más de 187 sitios arqueológicos abiertos al público, y los cinco más visitados en el 2015, según la Secretaría de Turismo, son: Teotihuacán con 2 millones 906 mil 200 personas, de los cuales el 24 por ciento son extranjeros.

Chichén Itzá con 2 millones 47 mil 922 personas, de los cuales el 61 por ciento son extranjeros.

Tulum con un millón 508 mil 847 personas, de las cuales el 50 por ciento son nacionales.

Palenque con 930 mil 867 visitas, de las cuales más del 80 por ciento es nacional.

Y Cholula con 753 mil 391 visitas.

Por ejemplo, en nuestra hermana República Chilena se crea en el año 2001 un programa de rutas patrimoniales, con el objetivo de socializar los espacios y de esta manera lograr con el público un alto valor social natural, paisajístico e histórico-cultural, desarrollando en ellos recorridos transitables en vehículo, a pie, bicicleta, cabalgata y valorizando y conservando el paisaje y las tradiciones culturales a través del turismo sustentable.

Es de esta manera que actualmente el artículo 3 de la Ley General de Turismo no cuenta con una definición de ruta patrimonial, la cual como he expuesto, la simple palabra patrimonio debería clasificarse aparte de la definición de ruta turística, que viene definida dentro de la misma ley como se muestra a continuación.

Asimismo, con la ruta patrimonial es necesario adicionar un Capítulo Tercero a la ley, y al Título Cuarto de esta Ley General de Turismo, en los que se especifiquen y reconozcan las rutas patrimoniales que ejemplifiquen tanto geográfica, visual y simbólicamente la grandeza histórica de nuestro país, en la que su conocimiento no solo llegue a nosotros como mexicanos sino al extranjero.

Por tal motivo, se solicita este siguiente decreto como artículo 1, en donde se reforma el artículo 3 y se adiciona un Capítulo Tercero que contiene los artículos 46 al 49 y Título Cuarto de la Ley General de Turismo. Recorriéndose en su origen al orden articulado para que quede de la siguiente manera:

Ruta turística es un circuito temático, geográfico, natural o artificial de interés social y particular que se marca sobre el terreno que aparece en los mapas.

En resumen y a solicitud, se solicita como transitorio que quede:

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Y

Segundo. Se derogan las disposiciones que contravengan al presente decreto. Por su atención, muchas gracias. Gracias, señor presidente.

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Turismo, a cargo del diputado Timoteo Villa Ramírez, del Grupo Parlamentario del PRI

El que suscribe, Timoteo Villa Ramírez, integrante del Partido Revolucionario Institucional en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6, numeral 1, fracción I, 77, numeral 1, y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto, por el que se reforma el artículo 3o. y se adiciona un capítulo III al título IV de la Ley General de Turismo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Etimológicamente, la palabra patrimonio nos consigna a los bienes que heredamos de nuestros padres, y si es literal o figurativamente de los padres de nuestros padres y así, sucesivamente. El patrimonio nos remonta hasta el tiempo en que la existencia de los individuos se difumina en la de las familias y ésta en la de los pueblos.

El patrimonio nacional es por tanto la herencia de las sociedades que nos antecedieron, y las mezclas que estas sociedades hayan tenido entre otras dentro de nuestro territorio. Este patrimonio puede ser material o físico como también puede ser herencia inmaterial e inmutable.

El país, desde antes de la llegada de los españoles, ya contaba con diversas mezclas con otras sociedades de su tiempo, aquellas que son originarias del norte de Centroamérica, y las del sur de lo que conocemos hoy como Estados Unidos. Esa unión de culturas nos dejó bienes físicos como la arquitectura prehispánica y bienes inmateriales como usos y costumbres que hasta hoy conocemos o llevamos a nuestra vida diaria.

México es uno de los pocos países con una rica historia antiquísima. Ésta es una responsabilidad muy grande que también nos heredaron nuestros antepasados, afortunadamente, la migración de mexicanos al extranjero y la era digital han facilitado la expansión de nuestra cultura y el reconocimiento más allá de nuestro continente.

El país cuenta no sólo con playas hermosas al norte y sur de nuestra demarcación territorial, también grandes desiertos, lagunas, manglares, cenotes, ríos, cascadas y bosques; aunado al excelente clima que presenta nuestra ubicación geográfica también están los paisajes hechos por el hombre, como lo son las ciudades prehispánicas y coloniales, las estructuras y edificaciones religiosas; que hacen de nuestro país un objetivo atractivo para el turismo nacional e internacional.

En este contexto, la palabra patrimonio tiene una adición más a la anterior mencionada. Existen en nuestro país más de 187 sitios arqueológicos abiertos al público, los 5 más visitados este 2015 según la Secretaría de Turismo son Teotihuacán con 2 millones 906 mil 200 personas, de las que 24 por ciento son extranjeros, Chichen-Itzá con 2 millones 47 mil 922 personas, de las que 61 por ciento son extranjeros, Tulum 1 millón 508 mil 847 personas, de las que 50 por ciento son nacionales, Palenque con 930 mil 867 visitas de las que más de 80 por ciento es nacional y Cholula con 753 mil 391 visitas anuales, de las que 5 por ciento es de extranjeros.

Es decir, en un año sólo se visita con mayor frecuencia 3 por ciento de los 187 sitios arqueológicos del país. De esas visitas, la mayoría son de origen nacional y sólo 2 destinos cuentan con mayor reconocimiento internacional, debido a que Chichen-Itzá y Tulum están ubicadas alrededor de unas de las mejores playas y vida nocturna del mundo.

El país lo vistan 29 millones de turistas internacionales al año, de estos, 4 millones 500 mil visitan las zonas arqueológicas y museos, es decir, nuestro patrimonio cultural, arquitectónico y tradicional solo es visitado por 15 por ciento de estos 29 millones de turistas internacionales.

Las visitas nacionales también son relativamente pocas respecto al tamaño de mercado que se ofrece en México, para los municipios o delegaciones que cuentan con este tipo de atracciones turísticas es muy importante que se ampliara el número de consumidores.

Por ejemplo, en Chile se creó en 2001 el programa Rutas Patrimoniales, con objeto de socializar espacios abiertos al público de alto valor social, natural, paisajístico o histórico cultural, desarrollando en ellos recorridos transitables en vehículo, a pie, bicicleta y cabalgata. Valorizando, conservando el paisaje y las tradiciones culturales, a través del turismo sostenible.

Sus objetivos tienen el desarrollo en un medio de acceso de todos los chilenos en el conocimiento de la belleza de su territorio, de sus expresiones locales para su disfrute, la contribución al crecimiento y proyección de las identidades locales en un mundo creciente y fomentar el desarrollo y diversificación de la pequeña y mediana empresa a nivel local y regional, potenciando el turismo sustentable, a la vez que amplía y mejora las alternativas de uso del tiempo libre de la población.

Su implantación consta de 4 rutas, las cuales se dividen en rutas naturales, rutas culturales, rutas derechos humanos y rutas indígenas; desde su implantación hasta lo que va para 2016 según su Servicio Nacional de Turismo, este ramo creció a más del doble con respecto a 2001, que en ese entonces contaba con cifras de 1 millón 840 mil 963 visitantes extranjeros.

Si este modelo, que luce exitoso lo llevamos al país, más rico en historia, paisajes naturales y artificiales, se divisa una tendencia positiva para el crecimiento de un tipo de turismo que no se está aprovechando en el territorio.

Actualmente, el artículo 3o. de la Ley General de Turismo no cuenta con una definición para ruta patrimonial, la cual como he expuesto, la simple palabra patrimonio debería clasificarse aparte de la definición de ruta turística, que viene definida dentro de la misma ley.

Asimismo, con la definición de ruta patrimonial es necesario adicionar un capítulo III al título cuarto de la Ley General de Turismo, en las que especifique y se reconozcan rutas patrimoniales que ejemplifiquen tanto gráficamente, visualmente o simbólicamente la grandeza histórica de nuestro país, en la que su conocimiento no solo llegue a nosotros como Mexicanos, sino al extranjero.

Para esto último, es indispensable la intervención de la Subsecretaría de Innovación y Desarrollo Turístico ya que esta tiene la atribución de dirigir el diseño de los proyectos y, para posteriormente llevar a ejecución los programas regionales turísticos, y de la creación e integración de Rutas, circuitos y corredores turísticos.

En el Grupo Parlamentario del PRI estamos comprometidos con los mexicanos y nuestro territorio, este compromiso por ende también es con los usos, costumbres e historia, tanto de los pueblos originarios como de las ciudades coloniales que nos hicieron un gran país.

En razón de lo expuesto y fundamentado, me permito someter a consideración de esta Cámara el siguiente proyecto de

Decreto

Único. Se reforma el artículo 3o. y se adiciona el capítulo III, con los artículos 46 a 49, al título IV de la Ley General de Turismo, recorriéndose en su orden el articulado subsecuente, para quedar como sigue:

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Se derogan las disposiciones que contravengan el presente decreto.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de septiembre de 2016.— Diputados y diputadas: Timoteo Villa Ramírez,Alfredo Bejos Nicolás, Ana María Boone Godoy, Arlet Mólgora Glover, Flor Estela Rentería Medina, Francisco Saracho Navarro, Jorge Enrique Dávila Flores, José Hugo Cabrera Ruiz, María Guadalupe Oyervides Valdez, Ramón Bañales Arambula (rúbricas).»

El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Gracias, diputado Villa. Túrnese a la Comisión de Turismo para dictamen.



LEY GENERAL DE EDUCACIÓN

El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Tiene la palabra por cinco minutos el diputado Luis Agustín Rodríguez Torres, del Grupo Parlamentario del PAN, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 33 de la Ley General de Educación.

El diputado Luis Agustín Rodríguez Torres:Con su permiso, señor presidente. La presente propuesta fue construida con base en las ideas aportadas por la joven sonorense Evy Valle Fabela, aquí presente y que fue la ganadora de la convocatoria Jóvenes con Iniciativa por Sonora, promovida por un servidor, la cual tuvo como propósito alentar a los jóvenes sonorenses a participar con una propuesta de tema para realizar una iniciativa dirigida a la juventud.

Felicito a la ganadora e impulsaré su propuesta a través de la presente iniciativa, que tiene por objeto generar acciones desde el ámbito educativo, de crear conciencia sobre el ejercicio responsable de la sexualidad, en aras de disminuir la cantidad de embarazos adolescentes en nuestro país.

El embarazo en adolescentes afecta la salud, educación, proyecto de vida, relaciones sociales y culturales, y la economía. Ser padre o madre adolescente suele ocasionar una serie de condiciones de vulnerabilidad, asociadas a la falta de preparación para esta nueva responsabilidad.

El embarazo a edades tempranas se considera no solo un problema de salud pública que afecta negativamente en la salud de las jóvenes mujeres y en la de sus hijos, sino también como un problema educativo; porque provoca deserción escolar o bajo rendimiento escolar, el acceso a oportunidades laborales especializadas y de calidad, y el desarrollo humano sustentable y, en general, un problema de atención al ejercicio de los derechos establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Las consecuencias de esta situación son claras, sin acceso a una educación sexual integral y a servicios de salud sexual reproductiva los adolescentes, especialmente ellas, son más vulnerables a problemas; no solo de salud sexual y reproductiva, sino también educativos y económicos que vulneran indudablemente sus derechos humanos.

La educación en sexualidad deberá buscar entregar a niños, niñas y jóvenes el conocimiento en las competencias y los valores que les permitan asumir responsabilidad sobre su vida sexual y social.

En Acción Nacional estamos de acuerdo con que la educación sexual debe contribuir más eficientemente a la formación de una cultura preventiva que conlleve a mejorar el acceso universal, a los niños, niñas, personas adolescentes y jóvenes, a los conocimientos y habilidades que requieran para el desarrollo y disfrute pleno de su vida personal, social, emocional y sexual. La información por sí misma no es suficiente, sino que es necesario adquirir aptitudes esenciales para la vida y desarrollar una actitud y valores positivos.

Es por todo aquí lo expuesto, que presento la siguiente iniciativa con proyecto de decreto, que tiene como fin generar acciones desde el ámbito educativo, que contribuyan a prevenir los problemas de salud, educación y económicos que muchos adolescentes y jóvenes al experimentar en varazos a temprana edad.

Proponemos, reformar la fracción XV del artículo 33, a fin de establecer que las autoridades educativas apoyen y desarrollen programas, cursos y actividades que fortalezcan la enseñanza de los padres de familia sobre el ejercicio responsable.

Asimismo, proponemos adicionar el mismo artículo 33, a fin de establecer que dichas autoridades educativas desarrollen e impulsen cursos y talleres educativos en materia de planificación familiar y educación integral en sexualidad para los estudiantes de los niveles educativos de sexto de primaria a tercero de bachillerato, con el fin de crear conciencia sobre el ejercicio responsable de la sexualidad, la planeación familiar y la paternidad responsable.

Asimismo, que la Secretaría de Salud preste a través del Consejo Nacional de Población, el asesoramiento necesario para la elaboración de programas educativos en materia de planificación familiar y educación sexual que le requiere el sistema educativo nacional, de conformidad con lo establecido en el artículo 71 de la Ley General de Salud.

Compañeras y compañeros, las acciones aquí propuestas, sin duda, contribuyen al ejercicio pleno del derecho a la educación de calidad de cada individuo, a una mayor equidad educativa, así como el logro de la efectiva igualdad en oportunidades de acceso y permanencia en los servicios educativos de los educandos.

Por ello, los invito a apoyar la presente iniciativa, la cual busca reducir la deserción escolar, elevar el nivel educativo, y por ello el nivel socioeconómico de nuestro querido México. Por su atención, muchas gracias.

«Iniciativa que reforma y adiciona el artículo 33 de la Ley General de Educación, a cargo del diputado Luis Agustín Rodríguez Torres, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, Agustín Rodríguez Torres, diputado federal integrante de la LXIII Legislatura por el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo establecido en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 6, numeral 1, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto que reforma la Ley General de Educación en materia de cursos y talleres educativos en materia de planificación familiar y educación sexual,al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La presente propuesta fue construida con base en las ideas aportadas por Evi Dilean Valle Favela ganadora de la Convocatoria “Jóvenes con iniciativa por Sonora”, promovida por el Diputado Agustín Rodríguez Torres, y que tuvo como propósito alentar a los jóvenes sonorenses de bachillerato y universidad a participar con una propuesta de tema para realizar un iniciativa de ley dirigida a la juventud.

Acción Nacional felicita a la ganadora e impulsa su propuesta a través de la presente iniciativa con proyecto de decreto que tiene por objeto generar acciones, desde el ámbito educativo, con el fin de crear conciencia sobre el ejercicio responsable de la sexualidad en aras de disminuir la cantidad de embarazos adolescentes en nuestro país.

A nivel mundial, según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), México lidera el problema de embarazos en adolescentes de 12 a 19 años de edad. Pues en 2012, nuestro país se ubicó hasta la parte más alta de la tabla con 63 nacimientos de madres adolescentes de entre 15 y 19 años, por encima de Estados Unidos, Reino Unido y Nueva Zelanda, que también registraron algunas de las tasas más altas de fertilidad en las adolescentes.

En efecto, en México, las y los jóvenes inician su vida sexual entre los 15 y los 19 años, en promedio. La gran mayoría de ellos (97 por ciento) conoce al menos un método anticonceptivo; sin embargo, más de la mitad no utilizaron ninguno en su primera relación sexual. Datos de la Secretaría de Salud muestran que la mayor demanda insatisfecha de métodos anticonceptivos corresponde a adolescentes de 15 a 19 años; asimismo, se estima que 17.4% de los nacimientos totales corresponden a mujeres menores de 20 años, de los cuales entre 60 y 80% de ellos son no planeados.

Al respecto, la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT) ha evidenciado que en el 2012 el 23 por ciento de los adolescentes de 12 a 19 años de edad habían iniciado su vida sexual, siendo más frecuente en hombres (25%) que en mujeres (20%).

Además, se encontró que aunque el 90 por ciento de la población adolescente reportó conocer o haber escuchado hablar de algún método anticonceptivo, 15 por ciento de los hombres y 33 por ciento de las mujeres, no utilizaron ningún método anticonceptivo en la primera relación sexual.

Asimismo, dicha encuesta refirió que el 51.3 por ciento de las adolescentes de 12 a 19 años de edad con inicio de vida sexual había estado alguna vez embarazada y 10.7% estaba cursando un embarazo al momento de la entrevista.

Igualmente encontró evidencia que demuestra que la utilización correcta de los anticonceptivos es problemática. Pues el 12 por ciento de los adolescentes y el 20 por ciento de las adolescentes consideraban que un condón podía utilizarse en más de una ocasión y, de manera global, el 21 por ciento de las y los adolescentes desconocían que el condón puede utilizarse para prevenir Infecciones de Transmisión Sexual y embarazos.

Sin duda, el embarazo en adolescentes afecta su salud, educación, proyecto de vida, relaciones sociales y culturales, y su economía entre otros aspectos. Ser madre o padre adolescente suele iniciar y reforzar, sin distinciones sociales, una serie de condiciones de vulnerabilidad asociadas a la falta de preparación para esta nueva responsabilidad.

Así, el embarazo a edades tempranas se considera no sólo un problema de salud pública que afecta negativamente en la salud de las jóvenes mujeres y en la de sus hijos e hijas; sino también, como un problema educativo porque provoca deserción escolar o bajo rendimiento escolar; un problema económico porque posibilita mano de obra barata y condiciona los ingresos futuros, el acceso a oportunidades laborales especializadas y de calidad y el desarrollo humano sustentable; y en general, un problema de atención al ejercicio de los derechos establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Sostenemos que el embarazo en adolescentes está asociado a niveles de mortalidad materna más elevados que en mujeres de mayor edad, ya que, de acuerdo con algunos de los referentes estadísticos, aunque entre 2012 y 2013, el número de muertes maternas disminuyó de 960 a 861, lo que se tradujo en una reducción de la razón de muerte materna de 42.3 a 38.2 por cada 100 mil nacimientos; entre las adolescentes de 15 a 19 años, la razón de muerte materna se incrementó de 32.0 a 37.3 defunciones por cada 100 mil nacidos vivos, cifra superior a la registrada entre las mujeres de 20 a 24 años.

Respecto de evidencia que muestre que el embarazo puede truncar la educación de las y los adolescentes, de acuerdo con cifras del Censo de población y vivienda 2010, 17.7 por ciento de las mujeres menores de 18 años y 30.7 por ciento de las menores de 15 años que se embarazaron, dejaron de ir a la escuela después del embarazo.

El embarazo también afecta las oportunidades laborales y los ingresos de las adolescentes. La mayor parte de las madres adolescentes no tiene empleo ni ingreso independiente al momento de tener a sus hijos e hijas. De las adolescentes de 15 a 19 años que tuvieron un hijo o hija en 2011, 8.3 por ciento tenían una actividad laboral remunerada.

En cuanto a las adolescentes de 10 a 14 años que tuvieron un hijo o hija, tienen mayor probabilidad de estar trabajando en una etapa en la que deberían estar en la escuela, aun y cuando su contratación es contra la ley (7 por ciento reportaron una actividad remunerada) ya que en México no se permite el trabajo a menores de 15 años, y cuando se tiene dicha edad, sólo en determinadas condiciones se autoriza.

Del mismo modo, del total de 18.8 millones de adolescentes entre 12 y 19 años que reportó el censo de 2010, había 2 millones 463 mil que no estudiaban ni trabajaban, casi dos tercios de este grupo eran mujeres (1.6 millones); de ellas, más de una cuarta parte tenía hijos o hijas, y una de cada tres vivía en pareja. Por su parte, los hombres sin ocupación y casados, o con descendencia ascienden a menos del tres por ciento.

Ante estos datos, es evidente, como señala el Instituto Nacional de Salud Pública, que la mayoría de las y los adolescentes reciben poca educación sexual que contenga información de calidad, que les aporte habilidades para ejercer una sexualidad sana y, en general, que les ayude a vivir vidas plenas con equidad, empoderamiento y libres de discriminación.

Las consecuencias de esta situación son claras: sin acceso a una educación sexual integral y a servicios de salud sexual y reproductiva, los y las adolescentes (especialmente ellas) son más vulnerables a problemas no sólo de salud sexual y reproductiva, sino también educativos, económicos que vulneran indudablemente sus derechos humanos.

Ante ello, recordemos que la educación de la sexualidad se manifiesta en dos categorías: la informal, que todas y todos compartimos y recibimos en la cotidianidad, en el seno de la familia, y por la influencia de los medios de información; y la formal, es el proceso de aprendizaje con una estructura, y un programa con propósitos y contenidos, en la que existe una relación didáctica entre el docente y el educando.

La primera es recibida y asimilada por todas y todos con la característica básica de que frecuentemente se basa en mitos, propicia los prejuicios y refuerza papeles rígidos y estereotipados de mujeres y hombres. Por ello, la mayoría de las personas han crecido con una cultura llena de ignorancia sexual y con actitudes esencialmente negativas hacia el sexo.

La propuesta de la educación formal profesionalizada, en contraste con la informal, se fundamenta en información científica, propicia el respeto a la diferencia, e incluso busca desparecer los estereotipos construidos con base en la diferencia sexual.

De ahí que en Acción Nacional promovamos que la educación sexual esté presente en la educación escolar, no solo como comunicación sobre sus aspectos biológicos, sino que también se incluya información, orientación y educación sobre aspectos afectivos, emocionales y sociales, de modo que las alumnas y los alumnos lleguen a conocer y apreciar los papeles sexuales femenino y masculino y el ejercicio de la sexualidad como actividad de plena comunicación y respeto entre las personas.

Así, la educación en sexualidad debe buscar entregar a niños, niñas y personas jóvenes el conocimiento, las competencias y los valores que les permitan asumir responsabilidad sobre su vida sexual y social.

Pues diversos estudios señalan que una educación en sexualidad planteada desde un enfoque integral, con énfasis en la prevención de enfermedades de transmisión sexual, está relacionada con un comienzo más tardío de la actividad sexual, un menor número de parejas sexuales y un uso más amplio y sistemático del preservativo.

En Acción Nacional estamos de acuerdo con que la educación sexual debe contribuir más eficientemente a la formación de una cultura preventiva que conlleve mejorar el acceso universal de las niñas, los niños, personas adolescentes y jóvenes, a los conocimientos y habilidades que requieren para el desarrollo y el disfrute plenos de su vida personal, social, emocional y sexual.

Al respecto, un hito fundamental lo constituye la Declaración Ministerial “Prevenir con Educación” (México, 2008), suscrita por treinta y dos Ministerios de Salud y veintiséis Ministerios de Educación de América Latina y El Caribe.

Esta declaración se constituye en un esfuerzo internacional que afirma la necesidad de fortalecer la educación integral en sexualidad y prevención del VIH en la región de Latinoamérica y el Caribe. Plantea que la educación integral en sexualidad (ESI) debe tener un enfoque de derechos humanos, así como incluir aspectos éticos, biológicos, emocionales, sociales, culturales y de género, conforme al marco legal de cada país para así generar respeto por las diferencias y rechazo a cualquier forma de discriminación, así como fomentar decisiones responsables e informadas entre la juventud para el inicio de su vida sexual.

Esta perspectiva reconoce que la información por sí misma no es suficiente, sino que es necesario adquirir aptitudes esenciales para la vida y desarrollar una actitud y valores positivos. Por ello, una educación efectiva en sexualidad debe incluir oportunidades estructuradas que le permitan a la persona explorar sus valores y actitudes, y poner en práctica competencias esenciales para elegir la forma en que quiere conducir su vida sexual. La educación sexual integral representa un elemento central en la prevención de las Infecciones de Transmisión Sexual y el embarazo no deseado y debe cubrir una amplia gama de temas

Al respecto, el Instituto Nacional de Salud Pública, presentó en noviembre de 2014 su “Análisis sobre educación sexual integral, conocimientos y actitudes en sexualidad en adolescentes escolarizados”, que tuvo como fin evaluar la educación sexual integral impartida en México a través de la estimación de la satisfacción percibida, medición de los conocimientos existentes y las actitudes hacia la sexualidad entre la población adolescente escolarizada.

En él encontró que entre el 16 y 50% de los adolescentes recibieron educación sexual integral en la primaria. Este porcentaje aumentó a más del 80% durante la secundaria. Sin embargo, durante la escuela media superior solo la mitad de los adolescentes han revisado temas de ESI en la escuela.

Asimismo, se observó que a pesar de que existen buenos niveles de conocimientos básicos sobre los anticonceptivos y el condón entre los adolescentes, se observa una falta de conocimientos sobre aspectos como la efectividad del condón, confianza o seguridad en poder negociar el uso de los preservativos y posteriormente utilizarlos.

Por otra parte, la mayoría de la población adolescente no identifica los métodos anticonceptivos efectivos como apropiados para ellos y una tercera parte concibe los anticonceptivos hormonales como dañinos para la salud. Asimismo, es preocupante que tan sólo el 3% de la población adolescente escolarizada sabe que la anticoncepción de emergencia se puede tomar hasta 120 horas después de una relación sexual no protegida.

Además, es importante destacar de este análisis, que la mayoría de los adolescentes no reconocen sus derechos en materia de salud sexual y reproductiva, lo que implica una barrera importante para el ejercicio de comportamientos protectores de la salud. Por ejemplo, sólo el 27.5% saben que tienen derecho a recibir anticoncepción de emergencia y sólo un poco más de la mitad saben que tienen derecho a recibir educación sexual y a recibir condones.

Otro tema que nos pareció relevante es relacionado con la comunicación sobre temas de la sexualidad entre padres e hijos, al respecto los resultados de este estudio indican que uno de cada 5 adolescentes escolarizados en México no tuvo comunicación con sus padres y madres sobre temas de salud sexual y reproductiva en los 6 meses anteriores a la encuesta. Este resultado es particularmente importante considerando que la fuente preferida de información sobre varios temas de salud sexual y relaciones en adolescente son los padres de familia.

Es por todo lo aquí expuesto Acción Nacional presenta la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que tiene como fin generar acciones desde el ámbito educativo que contribuyan a prevenir los problemas de salud, educación y económicos que muchos adolescentes y jóvenes afrontan al experimentar embarazos a temprana edad.

Es por ello que proponemos reformar la fracción XV del artículo 33 a fin de establecer que las autoridades educativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, apoyarán y desarrollarán programas, cursos y actividades que fortalezcan la enseñanza de los padres de familia sobre el ejercicio responsable de la sexualidad, la planeación familiar y la paternidad responsable de sus hijas e hijos.

Asimismo, proponemos adicionar el mismo artículo 33 a fin de establecer que dichas autoridades educativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, desarrollarán e impulsarán cursos y talleres educativos en materia de planificación familiar y educación integral en sexualidad para las y los estudiantes de los niveles educativos de sexto de primaria a tercero de bachillerato, con el fin de crear conciencia sobre el ejercicio responsable de la sexualidad, la planeación familiar y la paternidad responsable.

Para dar cumplimiento a lo anterior, proponemos que las autoridades educativas Federal y locales, en el ámbito de sus respectivas competencias, adecúen la normatividad y los planes y programas de estudios correspondientes, a fin de establecer los instrumentos y mecanismos necesarios para dar cabal cumplimiento a lo dispuesto en el presente decreto, en un plazo de ciento ochenta días a partir de su publicación.

Asimismo, que la Secretaría de Salud preste, a través del Consejo Nacional de Población, el asesoramiento necesario para la elaboración de programas educativos en materia de planificación familiar y educación sexual que le requiera el sistema educativo nacional, de conformidad con lo establecido en el artículo 71 de la Ley General de Salud.

Y finalmente, que las erogaciones que deban realizarse para dar cumplimiento al presente Decreto, se sujeten, bajo el principio de progresividad, a los recursos aprobados para tales fines por la Cámara de Diputados, las legislaturas de los estados, así como la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, en sus respectivos presupuestos.

Compañeras y compañeros, las acciones aquí propuestas, sin duda contribuyen al ejercicio pleno del derecho a la educación de calidad de cada individuo, a una mayor equidad educativa, así como, al logro de la efectiva igualdad en oportunidades de acceso y permanencia en los servicios educativos de las y los educandos de sexto de primaria a tercero de bachillerato.

Los invitamos a todos y a todas a apoyarlas porque sin duda, las acciones de educación y los esfuerzos por retener a los alumnos en las aulas deben realizarse desde el jardín de niños y de manera continuada en los años escolares subsecuentes.

De conformidad con lo anteriormente expuesto, se propone la discusión y, en su caso, aprobación, de la iniciativa con proyecto de

Decreto

Único. Se reforma la fracción XV y se adiciona una fracción XV Bis al artículo 33 de la Ley General de Educación, para quedar como sigue:

Artículo 33. Para cumplir con lo dispuesto en el artículo anterior, las autoridades educativas en el ámbito de sus respectivas competencias llevarán a cabo las actividades siguientes:

I. a la XIV. ...

XV. Apoyarán y desarrollarán programas, cursos y actividades que fortalezcan la enseñanza de los padres de familia respecto al valor de la igualdad y solidaridad entre las hijas e hijos, la prevención de la violencia escolar desde el hogar y el respeto a sus maestros, y sobre el ejercicio responsable de la sexualidad, la planeación familiar y la paternidad responsable de sus hijas e hijos;

XV Bis. Desarrollarán e impulsarán cursos y talleres educativos en materia de planificación familiar y educación integral en sexualidad para las y los estudiantes de los niveles educativos de sexto de primaria a tercero de bachillerato, con el fin de crear conciencia sobre el ejercicio responsable de la sexualidad, la planeación familiar y la paternidad responsable.

XVI. a la XVII. ......

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Las autoridades educativas Federal y locales, en el ámbito de sus respectivas competencias, deberán adecuar la normatividad y los planes y programas de estudios correspondientes, a fin de establecer los instrumentos y mecanismos necesarios para dar cabal cumplimiento a lo dispuesto en el presente decreto, en un plazo de ciento ochenta días a partir de su publicación.

Tercero. Para dar cabal cumplimiento a lo dispuesto en el presente Decreto, la Secretaría de Salud prestará, a través del Consejo Nacional de Población, el asesoramiento que para la elaboración de programas educativos en materia de planificación familiar y educación sexual le requiera el sistema educativo nacional, de conformidad con lo establecido en el artículo 71 de la Ley General de Salud.

Cuarto. Las erogaciones que deban realizarse a fin de dar cumplimiento al presente Decreto, se sujetarán, bajo el principio de progresividad, a los recursos aprobados para tales fines por la Cámara de Diputados, las legislaturas de los estados, así como la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, en sus respectivos presupuestos.

Notas:

1 Ver http://www.unfpa.org.mx/ssr_adolescentes.php, consultado el 20 de marzo de 2016.

2 Ver Secretaría de Salud, Dirección General de información en Salud.; Echarri, Carlos. “Sobre la maternidad precoz”, México Social, Web, 01 de mayo de 2014. http://www.mexicosocial.org; Instituto Nacional de Estadística y Geografía, “Consulta Interactiva, Conjunto de datos: Población femenina de 12 años y más”, Censo de población y vivienda 2010. www.inegi.org.mx; Welti Chanes, Carlos. “Madres adolescentes y derechos sexuales”. México Social, Web, 01 de mayo de 2014. http://www.mexicosocial.org/; e INEGI: Censo de población y vivienda 2010.

3 Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) Análisis sobre educación sexual integral, conocimientos y actitudes en sexualidad en adolescentes escolarizados. INFORME FINAL. Noviembre de 2014. Disponible en http://www.censida.salud.gob.mx/descargas/transparencia/estudios_opiniones/Info rmeFinal_INSP.pdf

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de septiembre de 2016.— Diputados y diputadas: Luis Agustín Rodríguez Torres, Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, Emma Margarita Alemán Olvera, Evelyn Parra Álvarez, Herminio Corral Estrada, José Everardo López Córdova, Juan Alberto Blanco Zaldívar, Karla Karina Osuna Carranco, Kathia María Bolio Pinelo, Leticia Amparano Gamez, Lilia Arminda García Escobar, Luis Fernando Mesta Soule, María de los Ángeles Rodríguez Aguirre, Mónica Rodríguez Della Vecchia, René Mandujano Tinajero, Ricardo Del Rivero Martínez, Susana Corella Platt, Ulises Ramírez Núñez (rúbricas).»

El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Gracias, diputado Rodríguez. Túrnese a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos para dictamen.

La diputada Karla Karina Osuna Carranco(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Sonido a la curul de la diputada Karina Osuna.

La diputada Karla Karina Osuna Carranco (desde la curul). Buenas tardes, diputado presidente. De la misma manera, felicitar a mi compañero diputado Agustín por este trabajo que realiza en beneficio de los jóvenes de su estado al incluirlos en este tipo de concursos en la vida política de este país. Una felicitación enorme a la ganadora. Evy, muchas felicidades.

De la misma manera, quisiera resaltar la importancia de este tipo de iniciativas tan importantes para los jóvenes, y quisiera solicitar, presidente, si es posible, esta iniciativa pueda ser turnada también a la Comisión de Juventud para su análisis. Muchas gracias.

El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Vamos a hacer la consulta referente al turno –queda a su disposición–. Diputado Rodríguez, ¿está de acuerdo en la adhesión?

El diputado Luis Agustín Rodríguez Torres (desde la curul): Sí.

El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Ha manifestado, diputada Osuna, está a su disposición.



LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Tiene la palabra por cinco minutos el diputado Francisco Martínez Neri, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 96 y 152 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del PRD.

El diputado Francisco Martínez Neri:Muchas gracias, presidente. Señores diputados, señoras diputadas. La Carta Magna establece como obligación de los mexicanos en su fracción IV contribuir para los gastos públicos, así de la federación como de los estados, de la Ciudad de México y del municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes.

La proporcionalidad es un principio que se traduce en que quienes reciben mayores ingresos deben contribuir con mayores impuestos. Es un principio fundamental, es un principio también universal.

Es fundamental reivindicar este principio para que el financiamiento de las necesidades nacionales no se cargue de manera indiscriminada e injusta, sino en función de los ingresos.

En este momento el país está en crisis. Aun cuando se incrementaron los ingresos no petroleros, la tendencia negativa de los ingresos petroleros es mayúscula y se tiene que hacer frente a grandes presiones como por ejemplo las aportaciones a los sistemas de pensiones.

El hecho real es que ya no existen estos precios del petróleo de 100 dólares por barril, que fueron la referencia en pasadas legislaturas. Al mismo tiempo es indispensable proteger el gasto social y la inversión productiva.

Todas las fuerzas políticas coincidimos en criticar los recortes al campo, la educación, la salud y la ciencia, por mencionar algunos rubros solamente, donde el consenso es no afectar a la población.

También hay coincidencia en no cancelar la inversión productiva porque recortar dinero a Pemex o a la construcción de obras por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, equivale a la parálisis económica. Es suicida y lejano a las necesidades nacionales, tratar de recortar aún más el Presupuesto. No tiene sentido reducir el gasto social ni la inversión, como propone el gobierno. En este contexto hay que reabrir la discusión sobre la concentración del ingreso.

En nuestro país el 1 por ciento de la población concentra la mayor parte del ingreso. En México están algunos de los millonarios más acaudalados del mundo, pero más de la mitad de la población es trágicamente pobre. Eso no puede seguir, por razones económicas, y sobre todo por razones éticas.

De acuerdo con los estudios de la CEPAL y de la OCDE, México es uno de los países con menor carga fiscal a la renta en el mundo. Eso significa que las personas ricas pagan más impuestos en otros países de lo que en México, donde tenemos esta caída de los ingresos, resulta que son los que pagan menos. Nuestra tasa nominal está topada a 35 por ciento mientras el promedio de la OCDE es del 42. Hoy proponemos aquí que la tasa de 35 suba al 40 por ciento.

La iniciativa propone que el crecimiento se financie con impuestos de los privilegiados y se avance en la progresividad fiscal. La iniciativa sólo afectaría a personas con ingresos mensuales superiores a 145 mil pesos, quiero subrayar la cifra, superiores a 145 mil pesos. Es decir, no afecta a la mayor parte de la población que por supuesto no obtiene esos ingresos mayúsculos.

El debate respecto de los gravámenes en los sectores de más ingresos es promovido por la izquierda en el mundo como alternativa y diferenciación de quienes quieren reducir la progresividad fiscal y proteger a los más ricos. Las fuerzas democráticas y progresistas están promoviendo impuestos a las herencias millonarias, los impuestos a las ganancias bursátiles, cancelar las devoluciones injustificadas, y elevar, desde luego, el impuesto sobre la renta como aquí lo estoy haciendo.

Sólo el señor Trump y los grupos de derecha sostienen que debe eliminarse la progresividad y proponen insistir en la receta neoliberal de menos impuestos y reducir a los gastos que busquen el beneficio social.

Por lo anterior los invito a abrir el debate. No recortemos el gasto para no condenar el país a la pobreza y estancamiento. No incrementemos aún más el déficit y hagamos valer el principio de proporcionalidad y equidad que mandata nuestra Constitución. Muchas gracias.

«Iniciativa que reforma los artículos 96 y 152 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, suscrita por el diputado Francisco Martínez Neri e integrantes del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, diputado a la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, coordinador general del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6o., numeral 1, fracción I, 77 numerales 1 y 4, y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta soberanía, la iniciativa, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de decreto por el que se reforman las tarifas contenidas en los artículos 96 y 152 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, de acuerdo a lo siguiente

Planteamiento del problema

Así lo señalan las auditorías 110 Ingresos Públicos Presupuestarios y 113 Presupuesto de Gastos Fiscales, de la Auditoría Superior de la Federación que detectó los hechos relevantes siguientes:

Durante el periodo comprendido de 2010 a 2014, los ingresos petroleros mantuvieron una participación de 32.8% en promedio, como proporción de los ingresos totales del sector público, lo que implica un alto nivel de exposición ante posibles variaciones en los precios internacionales del petróleo, cuyo comportamiento históricamente ha tenido episodios de alta volatilidad. No debe pasar por inadvertido, que a finales de 2014 comenzó un descenso importante en el precio promedio del petróleo crudo y la producción nacional.

Durante el referido periodo, el aumento de 1.1 puntos porcentuales en los ingresos del Sector Público Presupuestario estuvo determinado por los ingresos no petroleros, en los que destacó el Impuesto Sobre la Renta en los tributarios y los aprovechamientos en los no tributarios.

Por su parte, la recaudación tributaria en 2010 fue de 9.9% del Producto Interno Bruto y en 2014 aumentó a 10.7% del Producto Interno Bruto, con motivo de la entrada en vigor de la reforma social y hacendaria.

La caída en el precio del petróleo a finales de 2014, determinó un descenso de la participación de los ingresos petroleros en el total de los ingresos del Sector Público Presupuestario, que en 2013 representaron 33.2% y en 2014 disminuyeron a 30.5%.

En contraparte, en 2014 la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico y en 2013 la Comisión Económica para América Latina y el Caribe estimaron que la carga fiscal como proporción del Producto Interno Bruto en México es una de las más débiles, razón por la que se considera prudente elevar la recaudación de ingresos tributarios para un sano financiamiento del gasto público, al tiempo que se incentiva la inversión y el empleo formal, sin incrementar la inflación.

Argumentos

El Grupo Parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados, en su reunión plenaria celebrada los días 26 y 26 de agosto del año en curso, como parte de sus prioridades legislativas, concluyó que deberían:

“(...) hacer más progresivas las contribuciones de los más acaudalados, en especial en el Impuesto Sobre la Renta y otros gravámenes que fortalezcan la progresividad fiscal. Rechazamos los impuestos a medicinas y alimentos.”

Por esta razón, una medida para incrementar los ingresos, es incrementar la tarifa a las personas físicas que tengan ingresos muy altos; en este sentido, se propone aumentar en el Impuesto Sobre la Renta, el porcentaje que se aplica sobre el excedente del límite inferior, tanto en la tarifa contenida en el artículo 96, relativa a los pagos provisionales, como en la tarifa prevista en el artículo 152, que se utiliza para calcular el impuesto del ejercicio.

Como se indicó, la insuficiencia de los ingresos presupuestarios para financiar el gasto resulta en déficit presupuestario y endeudamiento, por lo que es prudente que el Ejecutivo y el Legislativo Federal evalúen las medidas que permitan incrementar la recaudación de las fuentes permanentes y estabilizar los recursos de las fuentes tributarias no petroleras.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico aplica una metodología para medir la carga fiscal, que incluye la recaudación petrolera y las cuotas de seguridad social; durante el periodo comprendido de 2009 a 2014, el nivel de carga fiscal de México fue el más bajo entre los países miembros de esa organización. En 2014, la carga fiscal de México fue equivalente a 19.5% del Producto Interno Bruto. En Dinamarca y Noruega fue de 50.9% y 39.1% del Producto Interno Bruto, respectivamente.

Por otro lado, con la metodología de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe para medir la carga fiscal, la cual sólo considera los ingresos tributarios, México también muestra una de las cargas tributarias más bajas, con 9.7% del Producto Interno Bruto en 2013.

En la carga fiscal de México inciden negativamente la evasión fiscal en la economía formal y la creciente economía informal, así como los regímenes especiales de tributación, incluidos en el Presupuesto de Gastos Fiscales que se estimó en 495,780.7 millones de pesos (2.9% del Producto Interno Bruto para 2014).

El Presupuesto de Gastos Fiscales comprende los montos que el erario federal deja de recaudar por concepto de tasas diferenciadas en diversos impuestos, exenciones, subsidios y créditos fiscales, condonaciones, facilidades administrativas, estímulos fiscales, deducciones autorizadas, tratamientos y regímenes especiales establecidos en distintas leyes en materia tributaria federal.

Desde el año 2014, se adicionaron tres nuevos rangos a la tarifa prevista por el artículo 152 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, considerando una tasa de impuesto progresiva hasta llegar al 35%.

Sin embargo, los niveles de la tarifa en vigor no son adecuados, puesto que se ubican por debajo del promedio que aplican los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, donde en promedio la tasa marginal máxima es de 42.6%.

Actualmente, nuestro país se encuentra en una crisis ante la falta de ingresos tributarios, por lo que, la intención es no aumentar la tarifa a las personas físicas que obtienen ingresos hasta setecientos cincuenta mil pesos, sino que el incremento debe hacerse en el rango de quienes obtienen mayores ingresos, en forma proporcional y progresiva.

Así, una tarifa es proporcional cuando se señala un tanto por ciento fijo, cualquiera que sea el valor de la base, de tal manera que, para aumentos sucesivos, corresponden incrementos proporcionales en relación con el valor gravado; y una tarifa es progresiva cuando se incrementa al aumentar la base.

Por ello, esta iniciativa propone reformar la tasa mensual y la tasa anual, contenidas en los artículos 96 y 152 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, para que sean acordes al principio de proporcionalidad tributaria, porque si bien generan un impacto diferenciado, la distinción realizada en esta propuesta permitirá que el cobro del tributo se aproxime en mayor medida a la capacidad del contribuyente, gracias a una tabla con categorías, cuyo criterio de segmentación obedece al aumento de la base gravable, además cada una está definida por un límite mínimo y otro máximo, con una cuota fija para el límite inferior y una tasa aplicable sobre el excedente. La utilización de este mecanismo permite una cuantificación efectiva del tributo que asciende proporcionalmente tanto entre quienes integran una misma categoría como entre aquellos que se ubiquen en las restantes.

Las indicadas tarifas, estructuradas con rangos determinados según el monto total de ingresos, una cuota fija y una tasa para aplicarse sobre el excedente del límite inferior, están conforme al principio de proporcionalidad tributaria contenido en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que de su aplicación se advertirá que es progresiva, pues la diferencia entre un rango y otro se compensa con la cuota fija establecida en la tabla sobre el excedente del límite inferior, con lo que se evita que el impuesto relativo se eleve desproporcionadamente.

En ese tenor, el aumento en el parámetro de medición de la base gravable, que provoca un cambio de rango, al rebasar el límite superior y quedar comprendido en el siguiente, conduce a que a quien se beneficie con mayores ingresos tenga mayor carga tributaria, pues conforme aumenta el ingreso incrementa la alícuota a pagar, esto es, tal incremento en el impuesto a pagar no genera una proporción mayor a la que tiene lugar en el renglón inferior, por un aumento de la misma cuantía de la base gravable.

En este sentido, la iniciativa plantea aumentar la progresividad del impuesto y lograr que las personas físicas que obtengan ingresos a partir de un millón setecientos cincuenta mil, en adelante, se ubiquen en los extremos superiores de los tres últimos deciles de ingresos, y contribuyan en mayor medida al financiamiento del gasto público, logrando que la tributación sea más justa y equitativa.

Por esta razón, la iniciativa propone que las personas físicas cuyos ingresos sean mayores a un millón setecientos cincuenta mil pesos anuales, deberán determinar el Impuesto Sobre la Renta aplicando el treinta y seis por ciento sobre el excedente del límite inferior. A partir de este rango de ingreso, la tarifa va en aumento, hasta llegar al cuarenta por ciento, que deberán aplicar aquellas personas que obtengan tres millones doscientos mil pesos en adelante.

Con esta medida, se pretende corregir la falta de progresividad que prevalece hoy en día, debido a que las tarifas que actualmente están vigentes en los artículos 96 y 152 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, por lo que hace al porcentaje para aplicarse sobre el excedente del límite inferior, aumentan del 30% al 35%, sin embargo, los rangos que están ubicados en los límites inferior y superior, no siguen esa progresividad, por lo que son desproporcionales, pues a partir de setecientos cincuenta mil pesos se proyecta el rango sin una lógica.

Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 fracción II, y 74, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de los artículos 6°, numeral 1, fracción I, 77 numerales 1 y 4, y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados del Reglamento de la Cámara de Diputados, el suscrito, Diputado Francisco Martínez Neri, Coordinador General del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, someto a consideración de esta Soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforman las tarifas contenidas en los artículos 96 y 152 de la Ley del Impuesto sobre la Renta

Único. Se reforman las tarifas contenidas en los artículos 96 y 152 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, para quedar como sigue:

Artículo 96. ...

...

...

...

...

...

...

...

Artículo 152. ...

...

...

I. ...

II. ...

...

...

Artículo transitorio

Único.El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas:

1 Ente auditado: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Ingresos Públicos Presupuestarios, Gastos Fiscales y Precios y Tarifas del Sector Energético. Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 14-0-06100-02-0085. GB-042

2 Es el producto social generado que toma el Estado, mediante los impuestos federales, así como los derechos, productos y aprovechamientos para cumplir con sus funciones.

Palacio Legislativo, a 14 de septiembre de 2016.— Diputados y diputadas: Francisco Martínez Neri, Alberto Martínez Urincho,Ana Leticia Carrera Hernández, Araceli Saucedo Reyes, Evelyn Parra Álvarez, José de Jesús Zambrano Grijalva, María Concepción Valdés Ramírez, Tania Victoria Arguijo Herrera (rúbricas).»

El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Gracias, diputado Martínez. Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

Esta Presidencia realizó el análisis y no hay inconveniente en obsequiar la petición de la diputada Karina Osuna para el dictamen correspondiente. Túrnese la iniciativa del diputado Luis Agustín Rodríguez Torres a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, y con visto bueno de la Comisión de Juventud, con opinión de la Comisión de Juventud.



EXPIDE LA LEY GENERAL DE DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE

El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Tiene la palabra, por cinco minutos, la diputada Alma Lucia Arzaluz Alonso, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que abroga la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable vigente, y expide la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista.

La diputada Alma Lucia Arzaluz Alonso:Con el permiso de la Presidencia. Compañeros diputados, México se ubica entre los cinco países llamados megadiversos, y en él se encuentra representado el 12 por ciento de la diversidad terrestre del planeta.

En este sentido, uno de los objetivos centrales de nuestro país se orienta hacia un uso sustentable de los recursos forestales maderables y no maderables, que permita aprovechar su importante potencial productivo de una manera integral sin poner en riesgo la biodiversidad.

Por ello, resulta necesaria la actualización del marco jurídico en materia forestal. Si queremos en parte saldar los pasivos ambientales derivados de la degradación y el agotamiento, y por otro, aprovecha el área de oportunidad que representa, manejar de forma sustentable dichos ecosistemas, transitando a un esquema de conservación activa.

Aunado a esto, es necesario cumplir con lo establecido en el Programa Nacional Forestal 2014-2018, que está alineado al Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 con las metas nacionales México incluyente y México próspero.

Por lo que se propone abrogar la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable del 2003 y crear una nueva que permita alinear el marco normativo con la realidad de nuestro país, incorporando en la misma un lenguaje ciudadano y de fácil comprensión, con pleno respeto a la propiedad, en donde se complete la equidad de género en el sentido de garantizar que las mujeres de los territorios forestales participen y se beneficien de los proyectos relacionados con el manejo forestal sustentable.

Un alto componente de biodiversidad en materia forestal, fortalecimiento de la industria forestal mexicana, alineación de la ley con las reformas constitucionales aprobadas y que guardan relación con el tema, así como los tratados y acuerdos internacionales de los que México es parte, destacando el Acuerdo de Paris, mismo que fue recientemente aprobado por el Senado.

Con la presente propuesta el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México hace patente su compromiso de cumplir con el mandato constitucional de mantener un medio ambiente sano. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias.

«Iniciativa que abroga la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable vigente y expide la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, suscrita por la diputada Alma Lucia Arzaluz Alonso e integrantes del Grupo Parlamentario del PVEM

Quienes suscriben, diputada Alma Lucia Arzaluz Alonso y diputados federales del Partido Verde Ecologista de México, en la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 77, numeral 1, y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a la consideración de esta soberanía, la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se abroga la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable vigente y se crea una nueva Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Conciencia sobre el medio ambiente

A nivel internacional se ha tomado conciencia sobre la importancia que tiene la conservación de los ecosistemas forestales para el desarrollo de los seres humanos en un medio ambiente adecuado.

México se ubica en el cuarto lugar entre los 17 países denominados megadiversos, que conjuntamente albergan cerca del 70% de las especies conocidas de la Tierra. La disminución de la biodiversidad es un fenómeno a controlar y evitar, si se desea continuar recibiendo en cantidad y en calidad óptimas los diversos servicios ambientales que ofrecen los diferentes ecosistemas. Un ejemplo de estos son los manglares que son espacios de transición de los ecosistemas terrestres y marinos, que constituyen el sustento de importantes actividades económicas cuando se encuentran en buen estado de conservación. La responsabilidad que nuestro país tiene con el planeta es importante, sin embargo, mantener ese patrimonio natural de todos los mexicanos es una tarea fundamental, pues los recursos naturales son la oportunidad económica que necesita México para abatir problemas de rezago y pobreza que tiene aún hoy en día.

El objetivo central de México se orienta hacia un uso sustentable de los recursos forestales del país, que permita aprovechar su importante potencial productivo de una manera integral, sin poner en riesgo los bienes y servicios que ofrecen los ecosistemas forestales a la sociedad, con el fin de incrementar la participación del sector forestal en la economía nacional, bajo un modelo de desarrollo forestal sustentable que garantice la generación de empleos en las zonas forestales, la ampliación de la oferta de productos maderables y no maderables y una completa integración en todas las fases de la cadena productiva forestal.

México cuenta con 138.4 millones de hectáreas (ha) con vegetación forestal, equivalentes al 71.2% del territorio nacional. Los principales ecosistemas que componen esta superficie son: los matorrales xerófilos (40.8%), los bosques templados (24.6%), las selvas (21.9%), manglares y otros tipos de asociaciones de vegetación forestal (1%) y otras áreas forestales (11.7%). Los bosques mesófilos de montaña abarcan más de 1.8 millones de ha, los manglares ocupan una superficie de 939 mil ha y la vegetación comprendida en la categoría de otras asociaciones (palmares, sabana, selva de galería, entre otros) es de 398 mil ha de la superficie forestal del país.

La extensión de estas formaciones vegetales, constituyen ecosistemas sumamente importantes desde el punto de vista de su biodiversidad, las altas tasas de captura de carbono y su capacidad de amortiguamiento ante eventos hidrometeorológicos, entre otros aspectos relevantes.

Aspectos sociales y económicos de las zonas forestales

Las áreas forestales están habitadas en la actualidad por 11.04 millones de personas, para quienes los recursos forestales representan un capital natural que debería contribuir a satisfacer sus necesidades básicas y a mejorar su calidad de vida, sin embargo, lo anterior no se ha podido concretar y es en las zonas forestales donde se presentan los mayores niveles de marginación y pobreza.

El siguiente cuadro muestra la disparidad que existe entre las zonas forestales con el resto del país, la cual es particularmente pronunciada en lo referente a las características de las viviendas. Por ejemplo, el porcentaje de viviendas particulares habitadas sin drenaje es casi cuatro veces mayor en las áreas forestales que en todo el país. Algo similar se observa respecto a la disponibilidad de agua entubada, en donde el porcentaje nacional es de 11% de viviendas sin este servicio y de 30% en las áreas forestales. Finalmente, cabe mencionar que a pesar de que en México sólo 19% de las viviendas particulares habitadas están en un área forestal, es ahí donde habita el 45% de las personas analfabetas de 15 años y más, 68% de las viviendas sin drenaje, 67% de las viviendas sin energía eléctrica y otras características similares. Es decir, es en las áreas forestales donde se encuentran los mayores niveles de rezago.

Un aspecto relevante es la situación de la tenencia de los recursos forestales en México, la cual se identifica por su carácter colectivo, denominado propiedad social, ya que una gran proporción de los terrenos forestales es propiedad de núcleos agrarios conformados por ejidos y comunidades. Existen 15,584 núcleos agrarios, con superficies mayores a 200 ha de extensión, quienes tienen la propiedad de 62.6 millones de ha de bosques, selvas y vegetación forestal de zonas áridas, lo que equivale a 45% de la superficie forestal del país.

El carácter de la propiedad social de la tenencia de la superficie forestal y el manejo de recursos de uso común ha sido analizado en diversos estudios y se ha determinado que en muchos casos estos han sido manejados de manera sustentable, brindando diversos beneficios sociales, económicos y ambientales a la población, especialmente a los grupos más vulnerables de la sociedad (Madrid, 2009).

En el 20% de los ejidos y comunidades que cuentan con terrenos con vegetación forestal, el aprovechamiento forestal representa la actividad económica central, los bosques significan en todas ellas un recurso fundamental: son fuente de una variedad de bienes que se destinan directamente al consumo familiar (alimentos, medicina, leña, materiales de construcción, entre otros) o que se comercializan generando ingresos para el autoconsumo. Gracias a la presencia de los bosques, estas poblaciones atienden muchas de sus necesidades de subsistencia que no son internalizadas adecuadamente por la economía nacional.

Derecho a un medio ambiente sano

El párrafo quinto del artículo 4° constitucional, establece que “Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el respeto a ese derecho. El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley”.

Por su parte, el párrafo sexto señala que “Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El Estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la participación de la Federación, las entidades federativas y los municipios, así como la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines”.

Tanto el derecho humano a un medio ambiente sano, como el derecho al agua son bienes jurídicamente tutelados en México. El medio ambiente, como elemento indispensable para la conservación de la especie humana, tiene un carácter colectivo y, por lo tanto, se trata de un bien público cuyo disfrute o daños no sólo afecta a una persona, sino a la comunidad en general.

El alcance individual y colectivo del derecho humano de toda persona a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar, como lo establece nuestra Carta Magna, es el resultado de un proceso en el que se han venido reconociendo los elementos de la naturaleza como bienes jurídicamente tutelados por sí mismos: La biodiversidad, especies de flora y fauna, el agua, la atmósfera, ecosistemas forestales de alto valor. La protección legal que se les otorga reconoce su importancia para los procesos ecosistémicos globales, en períodos de tiempo que van más allá de las generaciones presentes.

Fortalecimiento del marco legal forestal

Durante la vigencia de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable (LGDFS), de 2003 a la fecha, han acontecido importantes avances en temas como: La conservación; el desarrollo económico y social; así como el cambio climático, siendo necesaria la adecuación y actualización del marco legal sobre el medio ambiente, por lo que se han emitido nuevas leyes que contemplen aquellos temas con la necesidad de proteger el patrimonio natural del ser humano y que promuevan un desarrollo sustentable, como es la Ley General de Cambio Climático y la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental. Todo esto ha ocasionado que, no obstante las modificaciones que ha sufrido la LGDFS, requiere actualizarse para poder ser congruente con el marco normativo en materia de cambio climático y servicios ecosistémicos, con las investigaciones científicas en torno a definiciones por ejemplo de acahuales, para adelgazar la burocracia de los trámites relacionados con los aprovechamientos forestales, avisos y terrenos preferentemente forestales, para aumentar la productividad y diversificación de los productos maderables y no maderables, la certificación de cadenas productivas sin aumento de carga administrativa, y garantizar a las comunidades y pequeños propietarios el acceso a recursos y mantenimiento de las coberturas forestales.

La presente iniciativa es un producto necesario, con gran valor en cuanto a la pertinencia y fundamento de las reformas propuestas, lo cual la convierte en un precedente relevante del trabajo legislativo en la materia. Ya durante el proceso de formulación de la Ley Forestal vigente, de 2003, se levantaron diversas opiniones críticas con autoridad técnica y moral, que señalaron deficiencias en el entonces nuevo instrumento rector; dichas críticas se fueron acumulando a través de los años, junto con múltiples reformas puntuales al texto promulgado en ese año, en la medida que crecía la percepción y las evidencias de una merma en el desempeño del sector.

Esta iniciativa queda fortalecida con las propuestas de reforma que se han trabajado desde el 2013, con aportaciones sugeridas de diversos actores sociales que integran el Consejo Nacional Forestal, de legisladores, así como de diversas instancias públicas del sector ambiental y forestal.

En el referido contexto, existe la iniciativa por parte de actores de la sociedad y de Gobierno, coincidiendo en la necesidad de una adecuación de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, acorde con la realidad actual por la que pasa el sector medioambiental en nuestro país y la necesidad de desarrollo social, toda vez que se identificaron las siguientes problemáticas:

1. Cambios de uso de suelo en forma clandestina.

2. Incremento en la presencia y afectación de incendios forestales de gran magnitud.

3. Problemas de sanidad forestal en bosques sin programas de manejo forestal.

4. Pocas acciones de inspección y vigilancia, así como compleja dictaminación de programas de manejo forestal.

5. No se cuenta con canales de almacenamiento, transformación y distribución de los productos maderables.

6. Deficiente infraestructura de caminos forestales.

7. Baja capacidad para la transformación de madera en pie o en rollo.

8. Rezago tecnológico en la industria de la madera.

9. Bajo nivel de integración productiva en el sector forestal.

10. Dificultades para la comercialización de los productos forestales.

11. Incipiente aprovechamiento comercial de productos forestales no maderables.

12. Falta de acceso a mecanismos de capitalización (inversión y financiamiento).

13. Empresas forestales poco competitivas.

14. Escaso desarrollo de plantaciones forestales comerciales.

15. Insuficientes capacidades de organización, planeación y autogestión de las personas propietarias y poseedoras de los recursos forestales.

16. Escasa integración de los actores del sector forestal para la toma de decisiones.

17. Baja participación de mujeres, jóvenes e indígenas en actividades del sector forestal.

18. Deficiente planeación del desarrollo regional en las Unidades de Manejo Forestal.

19. Insuficiente extensionismo con pocas herramientas de promoción.

20. Marco regulatorio complejo.

21. Trámites excesivos para solicitar apoyos forestales.

22. Incertidumbre jurídica.

23. Deficiente vinculación de la oferta de profesionales forestales con el sector forestal.

24. Insuficientes conocimientos y técnicas para la transformación de madera en rollo.

25. Falta de investigación y desarrollo de tecnología.

26. Investigación y academia desvinculada de las necesidades del sector forestal.

Los actores del sector forestal perciben un marco jurídico complejo en cuanto al complicado entramado de leyes, reglamentos y normas que aplican a todas las actividades que se llevan a cabo en terrenos forestales, lo cual incrementa los costos para incursionar en actividades de aprovechamiento sustentable de terrenos forestales y desincentiva la atracción de inversiones.

La asistencia técnica forestal continúa presentando retos importantes en cuanto a la eficiencia y eficacia con que se otorgan. Se han identificado áreas de oportunidad en cuanto a la calidad, compromiso y responsabilidad con que se brinda la asistencia técnica por parte de profesionales vinculados al sector forestal.

Asimismo, la superficie ocupada por los ecosistemas terrestres naturales ha presentado grandes cambios en su distribución original debido a la presencia de factores de deterioro, tales como el sobrepastoreo, los incendios forestales dañinos, la tala clandestina, la extracción de tierra de monte, la minería a cielo abierto, las plagas y enfermedades forestales, las prácticas de manejo inadecuadas, pero sobre todo, a los procesos de expansión de otros usos de suelo que se han registrado en el país con el fin de utilizar las superficies para desarrollar otras actividades productivas.

Los procesos de deterioro de los ecosistemas forestales tienen como consecuencia costos relevantes por pérdida de oportunidades económicas, de funcionamiento de los ecosistemas, de biodiversidad y de servicios ambientales. Las causas de deterioro de los ecosistemas forestales, están asociadas con problemas estructurales, en muchas ocasiones, generados fuera del sector forestal, mismos que varían de una a otra región del país.

Por la parte institucional, también se reconoce la necesidad de fortalecer las capacidades y perfiles profesionales de las y los servidores públicos que dictaminan, supervisan, evalúan e inspeccionan los diferentes instrumentos de planeación y ejecución para la conservación, protección y uso de los recursos forestales, así como el fortalecimiento y la suficiencia de recursos materiales, presupuestales y humanos para llevarla a cabo.

Por todo lo anterior, se considera que hoy en nuestro país es necesaria una actualización completa del marco jurídico en materia de ecosistemas forestales, si queremos por un parte, saldar los pasivos ambientales derivados de la degradación y el agotamiento ambiental, y por otra, detonar el área de oportunidad que representa manejar y aprovechar de forma sustentable los ecosistemas forestales. Asimismo, es necesario cumplir con lo establecido en el programa Nacional Forestal 2014-2018 que está alineado al Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 con las Metas Nacionales II “México Incluyente” y IV “México Próspero”:

Aspectos relevantes de la propuesta Ley

Las modificaciones más relevantes que se proponen son las siguientes:

• Dotar de facultades a la Conafor en materia de avisos y autorizaciones de plantaciones forestales comerciales, aprovechamiento de recursos forestales maderables y no maderables, funcionamiento de centros de almacenamiento y transformación, así como la documentación para acreditar la legal procedencia de las materias primas y productos forestales.

• Unificación del Sistema Nacional de Gestión Forestal de la Semarnat con el Sistema Nacional de Información Forestal de la Conafor.

• Creación de un capítulo de disposiciones comunes a los procedimientos en materia forestal, el cual prevé la modificación suspensión, revocación, anulación y extinción de las autorizaciones.

• Se diferencia entre recurso biológico forestal (especies y variedades) y recurso genético forestal (germoplasma forestal). Lo anterior, facilita la implementación del Protocolo de Nagoya en nuestro país.

• Se elimina el Servicio Nacional Forestal, mismo que jamás ha operado.

• Se elimina el Estudio Satelital anual del Índice de Cobertura Forestal, debido a que dicha información puede ser parte del Inventario Nacional Forestal y de Suelos.

• Se eliminan los requisitos y procedimientos de la presente ley por ser materia de reglamento.

• Se establece que los informes, avisos y solicitudes puedan ser presentados por vía electrónica.

• Se eliminan temas competencia de otras leyes, como transparencia, igualdad, indígenas, entre otros.

La reforma aborda el tema de la equidad de género con atribuciones y orientaciones en favor de las acciones afirmativas, en el sentido de garantizar que las mujeres de los territorios forestales participen y se beneficien de los proyectos relacionados con el manejo forestal sustentable, incluyendo los probables beneficios que se deriven de incentivos y programas forestales, que, en términos prácticos, obliga a la autoridad a alinear sus políticas, principalmente las referentes al reconocimiento de la capacidad normativa de acceso de las mujeres a la gestión de los bienes forestales y los derechos como sujetos elegibles en los programas públicos, aún en ausencia de los varones titulares de los derechos de acceso a la tierra, así como a acciones y programas específicos que contribuyan en la reducción del tiempo de trabajo necesario para el cumplimiento de tareas de cuidado de niños y adultos, preparación de alimentos y provisión de agua y combustible.

Se propone también el fomento de pequeñas unidades productivas, fuertemente integradas entre sí, a fin de alcanzar economías de escala en la provisión de materias y servicios tanto como en el proceso de comercialización. Dicha estrategia, probada exitosamente en procesos de industrialización en países como Japón y, más directamente relacionados con la materia de esta iniciativa, en los distritos industriales italianos, en que se ha basado la importante industria mueblera de ese país, líder en el ramo. La orientación en comento está contenida en disposiciones para el fomento a las Mipymes, esquemas de servicios financieros, apoyo en la constitución de garantías y otras medidas para el acceso a recursos de crédito, la concurrencia de agentes e instituciones poco presentes en el sector, mediante el enfoque territorial de la iniciativa y la construcción de capital humano y capacidades locales, así como el fomento a la integración interregional en el mercado.

La iniciativa propone nuevas atribuciones que fortalezcan a la Profepa en el ejercicio de su función; esquemas de coadyuvancia en la tarea de vigilancia, junto con un esquema de acuerdos locales de respuesta rápida de las fuerzas públicas. Con estos instrumentos, nuevos y fortalecidos, la autoridad recibe el mandato y los recursos para formular y promover planes integrales de fomento a la legalidad, que añade aspectos como la creación de capacidades, difusión, educación e instrumentos de mercado a los mecanismos habituales.

La Ley vigente, promulgada en 2003, tiene un formato complicado y contiene disposiciones procedimentales que han hecho muy difícil corregir cuestiones de detalle, así como han limitado la flexibilidad necesaria para adaptarlas a la diversidad de condiciones del país. Una de las varias consecuencias de lo anterior ha sido la generación de contradicciones entre la Ley General y legislaciones estatales que fueron formuladas con una gran semejanza respecto del texto federal, por lo que, cuando se han realizado reformas a la Ley General, las leyes locales han quedado obsoletas en los temas reformados, creando así una condición de falta de certeza jurídica claramente inconveniente.

En este marco, esta propuesta busca aprovechar el esfuerzo de los agentes involucrados en este proyecto, para mejorar de forma y procedimiento el instrumento rector del sector forestal. En esta línea, se propone suprimir y/o simplificar partes redundantes, derivadas de varias disposiciones de procedimiento al Reglamento o a instrumentos reglamentarios, se suprime la figura del Servicio Nacional Forestal, dada la existencia del Consejo Nacional Forestal, la intención de convergencia con las instancias colegiadas del desarrollo rural, desarrollo social y cuencas y, en lo local, dada la trascendencia de la instrumentación de las unidades de manejo forestal.

Por otro lado, la abundancia de modificaciones, la acumulación de reformas en los últimos once años y la supresión de secciones completas de la ley vigente, más la adición de nuevos capítulos obliga a una nueva edición, con cambio de numeración del articulado, razón por la que se deberá considerar a esta reforma como una propuesta de Nueva Ley, con el mismo título de la vigente.

La propuesta de Ley pretende no sólo reformar el contenido de la Ley General de Desarrollo Forestal en vigor, sino darle un orden y coherencia a las disposiciones legales en función de una nueva forma de manejo, administración y control integral de los recursos forestales.

Contenido de la propuesta de ley

La propuesta de la nueva LGDFS, consta de 148 artículos y se encuentra dividida en ocho títulos, de la siguiente manera:

Título Primero. De las Disposiciones Generales

Capítulo I. Objeto y Aplicación de la Ley.

Título Segundo. De la Concurrencia y la Coordinación Interinstitucional

Capítulo I. De la Distribución de Competencias en Materia Forestal

Capítulo II. De la Comisión Nacional Forestal y sus Atribuciones

Capítulo III. De la Coordinación Interinstitucional

Título Tercero. De la Política Nacional y la Planeación en Materia Forestal

Capítulo I. De los Criterios de la Política Forestal

Capítulo II. De los Instrumentos de la Política Forestal

Sección Primera. De la Planeación del Desarrollo Forestal

Sección Segunda. Del Sistema Nacional de Información y Gestión Forestal

Sección Tercera. Del Inventario Nacional Forestal y de Suelos

Sección Cuarta. De la Zonificación Forestal

Sección Quinta. Del Registro Forestal Nacional

Sección Sexta. De las Normas Oficiales Mexicanas en materia forestal

Título Cuarto. De los Procedimientos en Materia Forestal

Capítulo I. Disposiciones Comunes a los Procedimientos en Materia Forestal

Sección Primera. De los Trámites en Materia Forestal

Sección Segunda. Del Aprovechamiento de Recursos Forestales Maderables

Sección Tercera. De las Plantaciones Forestales Comerciales

Sección Cuarta. Del Aprovechamiento de los Recursos Forestales No Maderables

Sección Quinta. De la Colecta y Uso de los Recursos Forestales

Sección Sexta. Del Transporte, Almacenamiento y Transformación de las Materias Primas Forestales

Sección Séptima. Del Cambio de Uso del Suelo en Terrenos Forestales

Capítulo II. De los servicios técnicos forestales

Capítulo III. De las Unidades de Manejo Forestal

Capítulo IV. De la Certificación Forestal y las Auditorías Técnicas Preventivas

Título Quinto. De las Medidas de Conservación Forestal

Capítulo I. De la Sanidad Forestal

Capítulo II. De los Incendios Forestales y del Manejo del Fuego

Capítulo III. De la Conservación y Restauración

Capítulo IV. De los Servicios Ambientales Forestales

Capítulo V. Del Riesgo y Daños Ocasionados a los Recursos Forestales, al Medio Ambiente, Ecosistemas o sus Componentes

Título Sexto. De los Instrumentos Económicos para el Desarrollo Forestal

Capítulo I. De la Inversión, Incentivos y Subsidios para el Desarrollo Forestal

Capítulo II. Del Fondo Forestal Mexicano

Capítulo III. De la Infraestructura Forestal

Capítulo IV. De la Investigación Forestal

Capítulo V. De la Cultura, Educación y Capacitación Forestal

Título Séptimo. De la Participación Social en Materia Forestal

Capítulo I. De la participación social y la concertación en materia forestal

Capítulo II. De los Consejos Forestales

Título Octavo. De los Medios de Control, Vigilancia y Sanción Forestales

Capítulo I. De la Prevención y Vigilancia Forestal

Capítulo II. De las Visitas y Operativos de Inspección

Capítulo III. De las Medidas de Seguridad

Capítulo IV. De las Infracciones

Capítulo V. De las Sanciones

Capítulo VI. Del recurso de revisión

Aunado a lo anterior, es de mencionar que en fecha 29 de junio del 2016 se solicitó al Comité del Centro de Estudios de Finanzas Públicas de la Honorable Cámara de Diputados la opinión de impacto presupuestal de la iniciativa, y mediante oficio CEFP/DG/0257/16, el Centro de Estudios referido señala que de ser aprobada dicha iniciativa no asumiría un impacto presupuestario, por las siguientes consideraciones:

“La presente iniciativa tiene como objetivo promulgar una nueva Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, abrogando la Ley vigente, con la finalidad de fortalecer el marco legal para el desarrollo forestal y armonizar la misma con otras en materia ambiental, como son la Ley de Cambio Climático y la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental.

En esencia la actualización de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable corresponde a un reordenamiento de funciones administrativas y regulatorias, por parte de la Comisión Nacional Forestal, la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de la Federación, las cuales fortalecen atribuciones, haciéndolas más explícitas para llevar a cabo los fines de la iniciativa en comento, en cuanto a la conservación, restauración, protección de los ecosistemas forestales, el impulso al desarrollo de la gobernanza forestal y de desarrollo comunitario.

Por lo anteriormente expuesto, la propuesta no conlleva modificaciones a las estructuras orgánico-administrativas actuales, ni a la ejecución de nuevas funciones o asignación de nuevas responsabilidades para el gobierno federal, que impliquen modificaciones en el Presupuesto de Egresos de la Federación, aunado a que el diseño de políticas públicas es una función que el Estado de manera regular viene llevando a cabo, y cuenta con estructuras orgánico-administrativas dedicadas a estos fines , por lo que su eventual aprobación no asumiría un impacto presupuestario”.

Por lo que en virtud de lo aquí expuesto quienes integramos el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, proponemos y ponemos a consideración de esta Honorable Asamblea la presente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se abroga la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de febrero de 2003, y se crea una nueva Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable

Artículo Único. Se abroga la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable publicada el 25 de febrero de 2003 y se crea la nueva Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, para quedar como sigue:

Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable

Título Primero
De las Disposiciones Generales Capítulo I
Objeto y Aplicación de la Ley

Artículo 1. La presente Ley es Reglamentaria del Artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sus disposiciones son de orden e interés público y de observancia general en todo el territorio nacional, y tiene por objeto regular y fomentar la conservación, protección, restauración, producción, ordenación, el cultivo, manejo y aprovechamiento de los ecosistemas forestales del país y sus recursos; así como distribuir las competencias que en materia forestal correspondan a la Federación, los Estados, la Ciudad de México y los Municipios, bajo el principio de concurrencia previsto en el artículo 73 fracción XXIX-G de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el fin de propiciar el desarrollo forestal sustentable. Cuando se trate de recursos forestales cuya propiedad o legítima posesión corresponda a los pueblos y comunidades indígenas se observará lo dispuesto por el artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo 2.Son objetivos generales de esta Ley:

I. Conservar el patrimonio natural y contribuir, de forma coordinada con las autoridades competentes, al desarrollo social, económico y ambiental del país, mediante el manejo integral sustentable de los recursos forestales en las cuencas hidrográficas, en el marco de las disposiciones aplicables;

II. Promover el desarrollo científico y tecnológico, así como la transferencia de tecnología, como un medio para alcanzar el desarrollo forestal sustentable;

III. Impulsar la silvicultura, el manejo y el aprovechamiento sustentable de los recursos forestales, para que contribuyan con bienes y servicios que aseguren el mejoramiento de la calidad de vida de la población, con la participación corresponsable de los propietarios y legítimos poseedores de terrenos forestales;

IV. Promover la provisión de bienes y servicios ambientales, así como proteger y conservar la biodiversidad de los ecosistemas forestales mediante el manejo integral del territorio;

V. Promover la organización, capacidad operativa, integralidad, transversalidad y profesionalización de las instituciones públicas de la Federación, Estados, Ciudad de México y municipios, para el desarrollo forestal sustentable;

VI. Promover la eficiencia productiva, mejorar la capacidad de transformación e integración industrial, impulsar la comercialización y fortalecer la organización de cadenas productivas y redes de valor del sector forestal; y

VII. Promover la producción forestal en el crecimiento económico nacional.

Artículo 3.Son objetivos específicos de esta Ley:

I. Definir los criterios de la política forestal, describiendo sus instrumentos de aplicación y evaluación;

II. Regular la protección, conservación y restauración de los ecosistemas, recursos forestales y sus servicios ambientales; así como la zonificación, el manejo y la ordenación forestal;

III. Establecer criterios e indicadores para el manejo forestal sustentable;

IV. Fortalecer la contribución de la actividad forestal a la conservación del medio ambiente y la preservación del equilibrio ecológico;

V. Impulsar y fomentar las políticas relativas al manejo forestal sustentable en el desarrollo integral del territorio rural, con el fin de coadyuvar en la diversificación de las actividades productivas;

VI. Coadyuvar en la ordenación y rehabilitación de las cuencas hidrográficas;

VII. Recuperar y desarrollar bosques en terrenos forestales degradados y terrenos preferentemente forestales, para que cumplan con la función de conservar suelos y aguas, además de dinamizar el desarrollo rural;

VIII. Fortalecer y mejorar los servicios técnicos forestales;

IX. Regular el aprovechamiento y uso de los recursos forestales maderables y no maderables;

X. Promover la conservación de los ecosistemas forestales, impulsando su delimitación y manejo sostenible, evitando que el cambio de uso de suelo con fines agropecuarios o de cualquier otra índole afecte su permanencia y potencialidad;

XI. Promover las actividades productivas que sean compatibles con el manejo forestal sustentable;

XII. Fomentar las actividades forestales en terrenos agropecuarios;

XIII. Regular las auditorías técnicas preventivas forestales;

XIV. Promover y fomentar esquemas de certificación nacional e internacional de las actividades forestales y de producción de servicios ambientales.

XV. Regular el manejo del fuego en áreas forestales, así como de las plagas y enfermedades forestales;

XVI. Fomentar las plantaciones forestales comerciales;

XVII. Regular el transporte, almacenamiento y transformación de las materias primas forestales, así como la vigilancia de estas actividades;

XVIII. Promover el consumo de productos forestales que procedan de predios con manejo forestal certificado;

XIX. Propiciar la productividad y competitividad en toda la cadena forestal;

XX. Apoyar la organización y desarrollo de los propietarios y los legítimos poseedores forestales para fomentar el manejo forestal sustentable y las cadenas y redes de valor en el sector forestal;

XXI. Fomentar actividades que protejan la biodiversidad de los bosques productivos mediante prácticas silvícolas sustentables;

XXII. Promover acciones con fines de conservación y restauración de suelos;

XXIII. Contribuir al desarrollo socioeconómico de los pueblos y comunidades indígenas, así como de ejidatarios, comuneros, cooperativas, pequeños propietarios y demás poseedores de recursos forestales;

XXIV. Desarrollar y fortalecer la capacidad institucional en un esquema de descentralización, desconcentración y participación social;

XXV. Promover la atención integral y eficiente para los usuarios del sector forestal;

XXVI. Dotar de mecanismos de coordinación, concertación y cooperación a las instituciones del sector forestal, así como con otras instancias afines;

XXVII. Mejorar la efectividad del sistema integral forestal en los ámbitos nacional, regional, estatal y municipal;

XXVIII. Garantizar la participación de la sociedad, incluyendo a los pueblos y comunidades indígenas, en la aplicación, evaluación y seguimiento de la política forestal;

XXIX. Promover el diseño y la aplicación de instrumentos económicos para fomentar el desarrollo forestal, la provisión de servicios ambientales y acciones de mitigación y adaptación al cambio climático en materia forestal, de conformidad con la Ley General de Cambio Climático;

XXX. Impulsar el desarrollo de la empresa social forestal y comunal en los pueblos y comunidades indígenas; y

XXXI. Promover y fomentar la cultura, educación, capacitación e investigación forestal y los procesos de innovación tecnológica para el manejo forestal sustentable.

Artículo 4. Se declara de utilidad pública:

I. La conservación, protección y restauración de los ecosistemas forestales y sus elementos, así como de las cuencas hidrográficas; y

II. La ejecución de obras destinadas a la conservación, protección y/o generación de bienes y servicios ambientales.

Artículo 5. La propiedad de los recursos forestales comprendidos dentro del territorio nacional corresponde a los ejidos, las comunidades, pueblos y comunidades indígenas, personas físicas o morales, la Federación, los Estados, la Ciudad de México y los Municipios que sean propietarios de los terrenos donde aquéllos se ubiquen. Los procedimientos establecidos por esta Ley no alterarán el régimen de propiedad de dichos terrenos.

Artículo 6. En lo no previsto en esta Ley, se aplicarán en forma supletoria y en lo conducente, las disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

Tratándose de actos de autoridad y procedimientos administrativos aplicará supletoriamente, la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

Artículo 7. Para los efectos de esta Ley se entenderá por:

I. Acahual: Vegetación secundaria nativa que surge de manera natural en terrenos preferentemente forestales que estuvieron bajo uso agrícola o pecuario en zonas de selva, y que:

a) En zonas de selva alta o mediana, cuenta con un área basal menor a cuatro metros cuadrados por hectárea, calculada a partir de individuos con diámetro normal mayor a 7.5 cm, y

b) En zonas de selva baja, cuenta con un área basal menor a dos metros cuadrados por hectárea, calculada a partir de individuos con diámetro normal mayor a 7.5 cm.

En cualquier caso, deberá considerarse como selva aquella vegetación natural que, aun reuniendo los parámetros de área basal arriba referidos, por los atributos biológicos de la composición florística, ésta se haya desarrollado con especies que caracterizan un estadio sucesional maduro;

II. Aprovechamiento forestal: La extracción realizada en los términos de esta Ley, de los recursos forestales del medio en que se encuentren, incluyendo los maderables y los no maderables;

III. Áreas de Protección Forestal: Comprende los espacios forestales o boscosos colindantes a la zona federal y de influencia de nacimientos, corrientes, cursos y cuerpos de agua, o la faja de terreno inmediata a los cuerpos de propiedad particular, en la extensión que en cada caso fije la autoridad, de acuerdo con el reglamento de esta Ley;

IV. Asesor técnico forestal: Profesional dedicado a la asistencia técnica forestal;

V. Auditoría Técnica Preventiva: La evaluación que realiza el personal autorizado para promover e inducir el cumplimiento de lo establecido en los programas de manejo, estudios técnicos en ejecución y demás actos previstos en la Ley y otras disposiciones legales aplicables, respecto al aprovechamiento forestal;

VI. Cambio de uso del suelo en terreno forestal: La remoción total o parcial de la vegetación de los terrenos forestales para destinarlos a actividades no forestales;

VII. Capacidad de carga: Estimación de la tolerancia de un ecosistema al uso de sus componentes, tal que no rebase su capacidad de recuperarse en el corto plazo sin la aplicación de medidas de restauración o recuperación para restablecer el equilibrio ecológico;

VIII. Centro de almacenamiento: Lugar donde se depositan temporalmente materias primas forestales para su conservación y posterior traslado;

IX. Centro de transformación: Instalación industrial o artesanal, fija o móvil, donde por procesos físicos, mecánicos o químicos se elaboran productos derivados de materias primas forestales;

X. Centro no integrado a un centro de transformación primaria: Instalación industrial o artesanal fija independiente a un centro de transformación primaria, cuya materia prima la constituyen productos maderables con escuadría, carbón vegetal, tierra de monte y de hoja, con excepción de madera en rollo y labrada, para su venta o transformación en otro producto;

XI. Comisión: La Comisión Nacional Forestal;

XII. Compensación ambiental por cambio de uso de suelo en terrenos forestales: Las obras y actividades de restauración de suelos, reforestación, protección y mantenimiento, que se realizan con el fin de rehabilitar ecosistemas forestales deteriorados, de controlar o evitar los procesos de degradación de los mismos y de recuperar parcial o totalmente las condiciones que propicien su persistencia y evolución;

XIII. Consejo: El Consejo Nacional Forestal;

XIV. Consejos Estatales: Los Consejos Estatales Forestales;

XV. Conservación forestal: El mantenimiento de las condiciones que propician la persistencia y evolución de un ecosistema forestal, sin degradación del mismo ni pérdida de sus funciones;

XVI. Cuenca Hidrográfica: Superficie geográfica delimitada por la parte más alta de las montañas a partir de la cual fluyen las corrientes de agua, las cuales se unen y desembocan a una presa, lago o al mar;

XVII. Cultura forestal: Son los conocimientos científicos y tradicionales, técnicas, hábitos y valores sobre el cuidado, manejo y aprovechamiento sustentable de los recursos forestales;

XVIII. Deforestación: Pérdida de la vegetación forestal en forma permanente, por causas inducidas o naturales;

XIX. Degradación: Proceso de disminución de la capacidad de los ecosistemas forestales para brindar servicios ambientales, así como de su capacidad productiva;

XX. Desarrollo Forestal Sustentable: Proceso evaluable y medible mediante criterios e indicadores de carácter ambiental, silvícola, económico y social que tienda a alcanzar una productividad óptima y sostenida de los recursos forestales sin comprometer el rendimiento, equilibrio e integridad de los ecosistemas forestales, que mejore el ingreso y la calidad de vida de las personas que participan en la actividad forestal y promueva la generación de valor agregado en las regiones forestales, diversificando las alternativas productivas y creando fuentes de empleo en el sector;

XXI. Desertificación: La pérdida de la capacidad productiva de las tierras, en cualquier ecosistema;

XXII. Ecosistema Forestal: La unidad funcional básica de interacción de los recursos forestales entre sí y de éstos con el ambiente, en un espacio y tiempo determinados;

XXIII. Empresa Social Forestal: Organización productiva de comunidades o ejidos con áreas forestales permanentes y bajo programa de manejo forestal, para la producción, diversificación y transformación con capacidad agraria y empresarial;

XXIV. Enfermedad Forestal: Cualquier agente patógeno dañino que ponga en riesgo los recursos forestales, el medio ambiente, los ecosistemas o sus componentes;

XXV. Especie exótica invasora: Es aquella especie o población que no es nativa, que se encuentra fuera de su ámbito de distribución natural, que es capaz de sobrevivir, reproducirse y establecerse en hábitat y ecosistemas naturales y que amenaza la diversidad biológica nativa, la economía o la salud pública;

XXVI. Fondo: El Fondo Forestal Mexicano;

XVII. Forestación: El establecimiento y desarrollo de vegetación forestal en terrenos preferentemente forestales o temporalmente forestales con propósitos de conservación, restauración o producción comercial;

XXVIII. Germoplasma Forestal: Es el elemento de los recursos genéticos que maneja la variabilidad genética, entre ellos el polen, semillas y partes vegetativas;

XXIX. Incendio Forestal: Combustión de la vegetación forestal sin control;

XXX. Inventario Nacional Forestal y de Suelos: Es el instrumento de la política forestal, de alcance nacional que proporciona información integral, actualizada y periódica sobre la ubicación, cantidad, características, dinámica y calidad de los recursos forestales y asociados a estos;

XXXI. Manejo del Fuego en Áreas Forestales: Es proceso que comprende el conjunto de acciones y procedimientos que tiene por objeto evaluar y manejar los riesgos planteados por el uso del fuego, su rol ecológico, los beneficios económicos, sociales y ambientales en los ecosistemas forestales en los que ocurre;

XXXII. Manejo forestal: Es el proceso que comprende el conjunto de acciones y procedimientos que tienen por objeto la ordenación, el cultivo, la protección, la conservación, la restauración y el aprovechamiento de los recursos y servicios ambientales de un ecosistema forestal, considerando los principios ecológicos, respetando la integralidad funcional e interdependencia de recursos y sin que disminuya o ponga en riesgo la capacidad productiva de los ecosistemas y recursos existentes en la misma;

XXXIII. Materias primas forestales: Los productos del aprovechamiento de los recursos forestales que no han sufrido procesos de transformación;

XXXIV. Ordenación forestal: La organización económica de un área forestal tomando en cuenta sus características silvícolas, que implica la división espacial y temporal de las actividades del manejo forestal;

XXXV. Plaga Forestal: Forma de vida vegetal o animal o agente patogénico, dañino o potencialmente dañino para los recursos forestales.

XXXVI. Plantación forestal comercial: Es cultivo de especies forestales establecidas en terrenos agropecuarios temporalmente forestales o preferentemente forestales con propósitos mercantiles;

XXXVII. Producto forestal maderable: Es bien obtenido del resultado de un proceso de transformación de materias primas maderables, con otra denominación, nuevas características y un uso final distinto;

XXXVIII. Programa de manejo forestal: Es instrumento técnico de planeación y seguimiento que describe las acciones y procedimientos de manejo forestal sustentable;

XXXIX. Programa Nacional del Manejo del Fuego: Instrumento de planeación que define los objetivos y alcances de la prevención, detección, combate, e información relacionada con los incendios forestales, que considera las aportaciones de las entidades públicas de los gobiernos federal, estatal y municipal, propietarios y poseedores del recurso forestal y sociedad civil organizada;

XL. Recursos asociados: Las especies silvestres animales y vegetales, así como el agua, que coexisten en relación de interdependencia con los recursos forestales;

XLI. Recursos biológicos forestales: Comprende las especies y variedades de plantas, hongos y microorganismos de los ecosistemas forestales y su biodiversidad y en especial aquéllas para la investigación;

XLII. Recursos forestales: La vegetación de los ecosistemas forestales, sus servicios, productos y residuos, así como los suelos de los terrenos forestales y preferentemente forestales;

XLIII. Recursos forestales maderables: Los constituidos por vegetación leñosa susceptibles de aprovechamiento o uso;

XLIV. Recursos forestales no maderables: La parte no leñosa de la vegetación de un ecosistema forestal, y susceptibles de aprovechamiento o uso, incluyendo líquenes, musgos, hongos y resinas, así como los suelos de terrenos forestales y preferentemente forestales;

XLV. Recursos genéticos forestales: Semillas y órganos de la vegetación forestal que existen en los diferentes ecosistemas y de los cuales dependen los factores hereditarios y la reproducción y que reciben el nombre genérico de germoplasma forestal;

XLVI. Reforestación: Establecimiento de especies forestales en terrenos forestales;

XLVII. Registro: El Registro Forestal Nacional;

XLVIII. Reglamento: El Reglamento de la presente Ley;

XLIX. Rendimiento sostenido: La producción que puede generar un área forestal en forma persistente, sin merma de su capacidad productiva;

L. Restauración forestal: Conjunto de actividades tendientes a la rehabilitación de un ecosistema forestal para recuperar parcial o totalmente sus funciones originales;

LI. Saneamiento forestal: Las acciones técnicas encaminadas a evaluar, detectar, prevenir, controlar y combatir las plagas y enfermedades forestales;

LII. Sanidad forestal: Normas, lineamientos, medidas y procedimientos para la evaluación, detección, prevención, monitoreo y manejo integrado de plagas y enfermedades forestales;

LIII. Secretaría: La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales;

LIV. Servicios ambientales: Beneficios que brindan los ecosistemas forestales de manera natural o por medio del manejo forestal sustentable, que pueden ser servicios de provisión, de regulación, de soporte o culturales, y que son necesarios para la supervivencia del sistema natural y biológico en su conjunto, y que proporcionan beneficios al ser humano;

LV. Servicios técnicos forestales: Las actividades realizadas para ordenar, cultivar, proteger, conservar, restaurar y aprovechar los recursos y servicios ambientales de un ecosistema forestal, así como la asesoría y capacitación a los propietarios o poseedores de recursos forestales para su gestión;

LVI. Silvicultores: Personas que llevan a cabo acciones de manejo de los recursos forestales con fines de aprovechamiento, protección, conservación y restauración;

LVII. Silvicultura: La teoría y práctica de controlar el establecimiento, composición, constitución, crecimiento y desarrollo de los ecosistemas forestales para la continua producción de bienes y servicios;

LVIII. Sistema de calificación para el manejo del fuego en ecosistemas forestales: Instrumento nacional que establece los requerimientos mínimos de entrenamiento, experiencia, aptitud física y estándares que aplican para el personal técnico especialista y los combatientes de incendios forestales, independientemente de la dependencia, nivel de gobierno u organización a la que pertenezcan;

LIX. Sistema de Comando de Incidentes: Protocolo internacional adoptado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) a nivel global para fortalecer la coordinación institucional para el manejo del fuego en ecosistemas forestales;

LX. Sistema Nacional de Información y Gestión Forestal: Es el instrumento de política nacional que tiene como objetivo, registrar, integrar, organizar y difundir la información relacionada con la materia forestal;

LXI. Sistema Nacional de Mejoramiento Genético Forestal: La estructura coordinadora nacional a cargo de la Comisión, para la toma de decisiones, que permite cumplir con los objetivos de conservación, aprovechamiento, manejo integral sustentable y mejoramiento de los recursos genéticos forestales, que garanticen la preservación de la riqueza genética de los ecosistemas forestales del país, de conformidad con las demás disposiciones aplicables;

LXII. Suelo Forestal: Cuerpo natural que ocurre sobre la superficie de la corteza terrestre, compuesto de material mineral y orgánico, líquidos y gases, que presenta horizontes o capas y que es capaz de soportar vida; que han evolucionado bajo una cubierta forestal y que presentan características que les confirió la vegetación forestal que en él se ha desarrollado;

LXIII. Terreno diverso forestal: Es el que no reúne las características y atributos biológicos de las definiciones de ecosistema forestal y vegetación forestal previstas en las fracciones (XXI y LXIII) del presente artículo, respectivamente;

LXIV. Terreno forestal: Es el que está cubierto por vegetación forestal;

LXV. Terreno preferentemente forestal: Aquel que habiendo estado cubierto por vegetación forestal y que en la actualidad no está cubierto por dicha vegetación, pero por sus condiciones de clima, suelo y topografía, cuya pendiente es mayor al 5% en una extensión superior a 38 metros de longitud y puede incorporarse al uso forestal, siempre y cuando no se encuentre bajo un uso aparente;

LXVI. Terreno temporalmente forestal: Las superficies agropecuarias que se dediquen temporalmente al cultivo forestal mediante plantaciones forestales comerciales, así como aquellos en los que se hayan realizado actividades de reforestación, pudiendo volver a su condición de terreno agropecuario al desaparecer esta actividad;

LXVII. Turno o edad de madurez: Periodo de regeneración de los recursos forestales que comprende desde su extracción hasta el momento en que éstos son susceptibles de nuevo aprovechamiento;

LXVIII. Unidades de manejo forestal: Territorio con semejanzas físicas, ambientales, sociales y económicas, delimitado por la Comisión, en coordinación con las entidades federativas y con la opinión de sus Consejos Estatales Forestales;

LXIX. Unidades Productoras de Germoplasma Forestal: Áreas establecidas en rodales naturales, plantaciones, huertos semilleros o viveros, con individuos seleccionados por su genotipo y/o fenotipo que posee identificada su procedencia, usada para la producción de frutos, semillas o material vegetativo;

LXX. Uso doméstico: Es el aprovechamiento, sin propósitos comerciales, de los recursos forestales extraídos del medio natural en el que se encuentran, para usos rituales o satisfacer las necesidades de energía calorífica, vivienda, aperos de labranza y otros usos en la satisfacción de sus necesidades básicas en el medio rural;

LXXI. Vegetación forestal: Es el conjunto de plantas y hongos que crecen y se desarrollan en forma natural, formando bosques, selvas, zonas áridas y semiáridas, y otros ecosistemas, dando lugar al desarrollo y convivencia equilibrada de otros recursos y procesos naturales;

LXXII. Visita de Inspección: La supervisión que realiza el personal autorizado para verificar que el aprovechamiento, manejo, transporte, almacenamiento y transformación de recursos forestales, se ajuste a la Ley y demás disposiciones legales aplicables;

LXXIII. Vivero forestal: Sitio que cuenta con un conjunto de instalaciones, equipo, herramientas e insumos, en el cual se aplican técnicas apropiadas para la producción de plantas forestales con talla y calidad apropiada según la especie, para su plantación en un lugar definitivo; y

LXXIV. Zonificación forestal: Es el instrumento en el cual se identifican, agrupan y ordenan los terrenos forestales y preferentemente forestales dentro de las cuencas hidrográficas, con criterios de conservación, restauración y manejo sustentable.

Título Segundo
De la Concurrencia y la Coordinación Interinstitucional Capítulo I
De la Distribución de Competencias en Materia Forestal

Artículo 8. La federación, los estados, la Ciudad de México y los municipios ejercerán sus atribuciones en materia forestal de conformidad con la distribución de competencias prevista en esta Ley y en otros ordenamientos legales.

Artículo 9. Son atribuciones de la Federación:

I. Formular y conducir la política nacional en materia de desarrollo forestal sustentable;

II. Diseñar, organizar y aplicar los instrumentos de política forestal previstos en esta Ley, garantizando una adecuada coordinación entre la Federación a través de sus diversas dependencias, las Entidades Federativas, la Ciudad de México y los municipios;

III. Elaborar, coordinar y aplicar los programas a que se refiere esta Ley en materia forestal, en los ámbitos nacional y regional;

IV. Aplicar y promover, en coordinación con las entidades federativas y los municipios, el establecimiento de sistemas y procedimientos para la atención eficiente de los diversos usuarios;

V. Realizar el Inventario Nacional Forestal y de Suelos y determinar los criterios e indicadores para el desarrollo, diseño y actualización de los inventarios correspondientes a las entidades federativas y los municipios, así como implementar el Sistema Nacional de Monitoreo Forestal;

VI. Llevar a cabo la zonificación forestal del país;

VII. Diseñar, organizar y administrar el Registro Forestal Nacional;

VIII. Emitir normas para la reforestación en zonas de conservación y restauración y vigilar su cumplimiento;

IX. Elaborar y expedir Normas Oficiales Mexicanas en materia forestal y vigilar su cumplimiento;

X. Elaborar y adoptar metodologías, tomando en consideración, en su caso, parámetros internacionales, para la valoración de los bienes y servicios ambientales;

XI. Establecer las bases e instrumentos para promover la compensación de bienes y servicios ambientales, que prestan los ecosistemas forestales;

XII. Promover y proponer la incorporación de los costos relacionados con la conservación de los recursos forestales para el beneficio de la sociedad en las actividades productivas para establecer medios de compensación y conservación de los servicios ambientales derivados de los ecosistemas forestales;

XIII. Diseñar y establecer, dentro de las entidades de la Administración Pública Federal, mecanismos para incorporar los costos relacionados con la conservación de los recursos forestales para el beneficio de la sociedad en la instrumentación de medios de compensación de los bienes y servicios ambientales;

XIV. Generar mecanismos para impulsar la participación de los propietarios y poseedores de los recursos forestales en la protección, vigilancia, ordenación, aprovechamiento, cultivo, transformación y comercialización de los mismos;

XV. Celebrar acuerdos de coordinación, cooperación y concertación en materia forestal nacional e internacional;

XVI. Diseñar, desarrollar, aplicar y propiciar, en coordinación con las dependencias y entidades federales competentes, los instrumentos económicos para promover el desarrollo forestal;

XVII. Coordinar la elaboración y aplicación del Programa Nacional de Manejo del Fuego en ecosistemas forestales, con la participación que corresponda a las Entidades Federativas, la Ciudad de México, Municipios y al Sistema Nacional de Protección Civil;

XVIII. Deslindar, poseer y administrar los terrenos nacionales forestales;

XIX. Establecer medidas de sanidad y ejecutar las acciones de saneamiento forestal;

XX. Promover el uso de prácticas, métodos y tecnologías que conlleven a un manejo forestal sustentable;

XXI. Promover el desarrollo y fortalecimiento de las organizaciones de productores forestales;

XXII. Promover e invertir en el mejoramiento de la infraestructura en las regiones forestales;

XXIII. Coadyuvar con los agentes de las cadenas productivas forestales en coordinación en la defensa del sector forestal en materia de comercio internacional, la promoción de las exportaciones y el mejoramiento del mercado interno;

XXIV. Llevar a cabo las visitas de inspección y labores de vigilancia forestales;

XXV. Desarrollar las auditorías técnicas preventivas a las que se refiere esta Ley;

XXVI. Regular, expedir y validar la acreditación de la legal procedencia de las materias primas forestales y productos maderables, y vigilar y promover, en el ámbito de su competencia, el cumplimiento de esta Ley;

XXVII. Imponer medidas de seguridad y sanciones a las infracciones que se cometan en materia forestal;

XXVIII. Participar en programas integrales de prevención y combate a la extracción y tala ilegal junto con los gobiernos de las Entidades Federativas y de los Municipios;

XXIX. Definir y aplicar las regulaciones del uso del suelo en terrenos forestales y preferentemente forestales;

XXX. Expedir, por excepción, las autorizaciones de cambio de uso del suelo de los terrenos forestales, así como controlar y vigilar el uso del suelo forestal;

XXXI. Elaborar estudios para, en su caso, recomendar al Titular del Ejecutivo Federal el establecimiento, modificación o levantamiento de vedas forestales;

XXXII. Expedir las autorizaciones para el aprovechamiento de los recursos forestales, así como de los métodos de marqueo;

XXXIII. Recibir los avisos de plantaciones forestales comerciales y de aprovechamiento de recursos forestales no maderables;

XXXIV. Desarrollar acciones que contribuyan a la adaptación y mitigación al cambio climático, así como al combate de la desertificación y la degradación de terrenos forestales;

XXXV. Diseñar las estrategias, políticas, medidas y acciones para evitar la pérdida e incrementar los acervos de carbono en los ecosistemas forestales, tomando en consideración el desarrollo rural sustentable;

XXXVI. Regular, controlar y evaluar la prestación de los servicios técnicos forestales;

XXXVII. Regular el transporte de materias primas forestales, así como de productos forestales;

XXXVIII. Expedir los avisos y permisos según corresponda para el combate y control de plagas y enfermedades forestales, así como los certificados y demás documentación fitosanitaria para la exportación e importación de recursos forestales;

XXXIX. Expedir los certificados y demás documentación fitosanitaria para la exportación e importación de productos forestales maderables y no maderables;

XL. Expedir las autorizaciones para el funcionamiento de centros de almacenamiento y/o transformación de materias primas forestales, sin perjuicio de las atribuciones que correspondan a las autoridades locales, y

XLI. Los demás que esta Ley y otros ordenamientos aplicables le confieren.

Artículo 10. Corresponde a las entidades federativas, de conformidad con lo dispuesto en esta Ley y las Leyes locales en la materia, las siguientes atribuciones:

I. Diseñar, formular y aplicar, en concordancia con la política forestal nacional, la política forestal en las entidades federativas;

II. Aplicar los criterios de política forestal previstos en esta Ley y en las Leyes locales en la materia;

III. Elaborar, coordinar y aplicar los programas relativos al sector forestal de la entidad, vinculándolos con los programas nacionales y regionales, así como con su respectivo Plan Estatal de Desarrollo;

IV. Participar en la elaboración de los programas forestales regionales de largo plazo, de ámbito interestatal o por cuencas hidrográficas;

V. Impulsar en el ámbito de su jurisdicción el establecimiento de sistemas y procedimientos para la atención eficiente de los usuarios del sector, con la participación de la Federación y de los Municipios;

VI. Elaborar, monitorear y mantener actualizado el Inventario Estatal Forestal y de Suelos en coordinación con la Comisión, bajo los principios, criterios y lineamientos que se establezcan para el Inventario Nacional Forestal y de Suelos;

VII. Integrar el Sistema Estatal de Información Forestal e incorporar su contenido al Sistema Nacional de Información y Gestión Forestal;

VIII. Compilar y procesar la información sobre uso doméstico de los recursos forestales e incorporarla al Sistema Estatal de Información Forestal;

IX. Promover esquemas de apoyo por la provisión de bienes y servicios ambientales;

X. Desarrollar e instrumentar mecanismos de recaudación para incorporar los costos relacionados con la conservación el mantenimiento y la mejora de los servicios ambientales de los ecosistemas forestales;

XI. Impulsar la participación directa de los propietarios y poseedores de los recursos forestales en la protección, conservación, restauración, vigilancia, ordenación, aprovechamiento, cultivo, transformación y comercialización de los mismos;

XII. Promover, en coordinación con la Federación, programas y proyectos de educación, capacitación, investigación y cultura forestal, acordes con los programas nacionales respectivos;

XIII. Celebrar acuerdos y convenios de coordinación, cooperación y concertación en materia forestal;

XIV. Regular el uso del fuego en las actividades relacionadas con las actividades agropecuarias o de otra índole, que pudieran afectar los ecosistemas forestales;

XV. Llevar a cabo acciones de prevención, capacitación y combate de incendios forestales, en congruencia con el programa nacional respectivo;

XVI. Promover y participar en la restauración de los ecosistemas forestales afectados por incendio;

XVII. Impulsar programas de mejoramiento genético forestal;

XVIII. Realizar y supervisar las labores de conservación, protección y restauración de los terrenos estatales forestales;

XIX. Elaborar y aplicar programas de reforestación y forestación en zonas degradadas que no sean competencia de la Federación, así como llevar a cabo acciones de protección y mantenimiento de las zonas reforestadas o forestadas;

XX. Llevar a cabo, en coordinación con la Federación, acciones de saneamiento de los ecosistemas forestales, dentro de su ámbito territorial de competencia;

XXI. Prestar asesoría y capacitación en prácticas y métodos que conlleven un manejo forestal sustentable;

XXII. Asesorar y capacitar a los propietarios y poseedores forestales en la elaboración y ejecución de programas de manejo forestal, y de plantaciones forestales comerciales, así como en la diversificación de las actividades forestales;

XXIII. Capacitar a los pueblos indígenas, así como a los ejidos y comunidades forestales, en el desarrollo de su organización, así como en la creación de empresas sociales forestales;

XXIV. Brindar atención, de forma coordinada con la Federación y los municipios, a los asuntos relacionados con la conservación y mejoramiento de ecosistemas forestales de los pueblos y comunidades indígenas;

XXV. Diseñar, en coordinación con la Federación y en apego a los instrumentos de planeación de política nacional, estrategias y programas que contribuyan a la reducción de emisiones por deforestación y degradación forestal;

XXVI. Diseñar e implementar acciones en coordinación con la Federación y en apego a los instrumentos de planeación de política nacional, estrategias y programas, que contribuyan a la mitigación y adaptación al cambio climático;

XXVII. Elaborar, aplicar y coordinar el programa de manejo del fuego dentro de su ámbito territorial de competencia, de acuerdo con los lineamientos del Programa Nacional de Manejo del Fuego y el Sistema Nacional de Protección Civil.

XXVIII. Diseñar, desarrollar y aplicar instrumentos económicos para promover el desarrollo forestal de la entidad, de conformidad con esta Ley y la política nacional forestal;

XXIX. Promover e invertir en el mejoramiento de la infraestructura en las áreas forestales de la entidad;

XXX. Fortalecer y ampliar la participación de la producción forestal en el crecimiento económico estatal;

XXXI. Participar de conformidad con los acuerdos y convenios que se celebren con la Federación, en la inspección y vigilancia forestal en la entidad, así como en las acciones de prevención y combate a la extracción y tala ilegal de los recursos forestales;

XXXII. Hacer del conocimiento de las autoridades competentes, y en su caso denunciar, las infracciones o delitos que se cometan en materia forestal;

XXXIII. Elaborar estudios para, en su caso, recomendar al titular del Ejecutivo Federal a través de la Secretaría, el establecimiento, modificación o levantamiento de vedas;

XXXIV. Elaborar estudios para en su caso recomendar a la Federación el establecimiento de restricciones a la forestación y reforestación en su territorio;

XXXV. La atención de los demás asuntos que en materia de desarrollo forestal sustentable les conceda esta Ley u otros ordenamientos, y que no estén expresamente otorgados a la Federación o a los Municipios; y

XXXVI. Coadyuvar con la Comisión en el desarrollo de programas de mejoramiento genético forestal con la finalidad de incrementar la productividad en terrenos forestales y en las plantaciones forestales comerciales.

Artículo 11. Los Congresos de los Estados y de la Ciudad de México, con arreglo a sus respectivas Constituciones expedirán las disposiciones legales que sean necesarias para el ejercicio de las atribuciones previstas en esta Ley.

Artículo 12. Corresponde a los Municipios, de conformidad con esta Ley y las Leyes locales en la materia, las siguientes atribuciones:

I. Diseñar, formular y aplicar, en concordancia con la política nacional y estatal, la política forestal del municipio;

II. Aplicar los criterios de política forestal previstos en esta Ley y en las Leyes locales en bienes y zonas de jurisdicción municipal, en las materias que no estén expresamente reservadas a la Federación o a los Estados;

III. Participar en el ámbito de su competencia, en el establecimiento de sistemas y procedimientos de atención eficiente para los usuarios del sector;

IV. Participar, en coordinación con la Federación y las entidades federativas, en la zonificación forestal;

V. Promover programas y proyectos de educación, capacitación, investigación y cultura forestal en congruencia con el programa nacional respectivo;

VI. Celebrar acuerdos y convenios de coordinación, cooperación y concertación en materia forestal;

VII. Expedir, previo a su instalación las licencias o permisos, para el establecimiento de centros de almacenamiento y/o transformación de materias primas forestales en el ámbito de su competencia, considerando los criterios de política forestal;

VIII. Diseñar, desarrollar y aplicar incentivos para promover el desarrollo forestal, de conformidad con esta Ley y los lineamientos de la política forestal del país;

IX. Participar y coadyuvar en las acciones de manejo del fuego en coordinación con los gobiernos federal y estatal, y participar en la atención, en general, de las emergencias y contingencias forestales, de acuerdo con los programas de protección civil;

X. Participar en la planeación y ejecución de la reforestación, forestación, restauración de suelos y conservación de los bienes y servicios ambientales forestales, dentro de su ámbito territorial de competencia;

XI. Desarrollar y apoyar viveros y programas de producción de planta;

XII. Llevar a cabo, en coordinación con el Gobierno de la Entidad, acciones de saneamiento en los ecosistemas forestales dentro de su ámbito de competencia;

XIII. Promover la construcción y mantenimiento de la infraestructura en las áreas forestales del municipio;

XIV. Promover la participación de organismos públicos, privados y no gubernamentales en proyectos de apoyo directo al desarrollo forestal sustentable;

XV. Participar, de conformidad con los acuerdos y convenios que se celebren con el gobierno federal y de las entidades federativas, en la vigilancia forestal en el municipio;

XVI. Hacer del conocimiento a las autoridades competentes, y en su caso denunciar, las infracciones o delitos que se cometan en materia forestal;

XVII. Participar y coadyuvar en los programas integrales de prevención y combate a la extracción y tala ilegal con la Federación y el gobierno de la entidad;

XVIII. Elaborar, aplicar y coordinar el programa de manejo del fuego en su ámbito territorial, en congruencia con el Programa Nacional de Manejo del Fuego y los programas estatales o de la Ciudad de México según corresponda; así como con los Sistemas Nacional, Estatal y Municipal de Protección Civil;

XIX. Cumplir con las disposiciones federales, estatales y la Ciudad de México, en materia de uso del fuego en actividades agropecuarias o de otra índole que pudieran afectar los ecosistemas forestales;

XX. Participar y coadyuvar con la Federación y el Gobierno de la entidad o de la Ciudad de México, según corresponda, en las estrategias y acciones para mantener y mejorar la provisión de los servicios ambientales;

XXI. Participar y coadyuvar con la Federación y el Gobierno de la entidad en la elaboración y aplicación de políticas públicas forestales para la adaptación y mitigación al cambio climático;

XXII. Desarrollar en el ámbito de sus atribuciones, mecanismos para obtener recursos destinados al pago y compensación de los servicios ambientales derivados de los ecosistemas forestales; y

XXIII. La atención de los demás asuntos que en materia de desarrollo forestal sustentable les conceda esta Ley u otros ordenamientos.

Artículo 13.La Secretaría ejercerá las siguientes atribuciones:

I. Formular y conducir la política nacional de desarrollo forestal sustentable y asegurar su congruencia con la política ambiental y de recursos naturales nacional, así como las relacionadas con el desarrollo rural;

II. Diseñar los instrumentos de política forestal previstos en esta Ley y operar los que correspondan a su competencia;

III. Elaborar el Programa Estratégico Forestal Nacional, con la participación de la Comisión en las materias de su competencia;

IV. Diseñar y definir en el ámbito de su competencia, estímulos e incentivos económicos en materia forestal y los lineamientos para su aplicación y evaluación;

V. Regular, establecer, integrar, operar y mantener actualizado el Registro Forestal Nacional, así como expedir los certificados de inscripción previstos en las disposiciones jurídicas aplicables;

VI. Llevar el registro y promover la conservación de los árboles históricos y notables del país;

VII. Emitir normas oficiales mexicanas en materia forestal y vigilar su cumplimiento;

VIII. Establecer los lineamientos para elaborar e integrar el Sistema Nacional de Información y Gestión Forestal;

IX. Establecer los procedimientos y metodología para la integración, monitoreo y actualización del Inventario Nacional Forestal y de Suelos;

X. Establecer los criterios, metodología y procedimientos para la integración, organización y actualización de la zonificación forestal;

XI. Definir las metodologías para la valoración de los bienes y servicios ambientales de los ecosistemas forestales;

XII. Definir los instrumentos y mecanismos para promover la compensación de bienes y servicios ambientales de los ecosistemas forestales;

XIII. Deslindar, poseer y administrar los terrenos nacionales forestales;

XIV. Establecer las medidas de sanidad forestal;

XV. Llevar a cabo la inspección y vigilancia forestales;

XVI. Promover la participación y coordinación de las autoridades competentes, propietarios, poseedores y habitantes de las zonas forestales, como los transportistas, comerciantes e industrializadores de materias primas forestales, en materia de vigilancia;

XVII. Elaborar estudios para, en su caso, recomendar al titular del Ejecutivo Federal el establecimiento, modificación o levantamiento de vedas forestales;

XVIII. Expedir, por excepción las autorizaciones de cambio de uso de suelo de los terrenos forestales;

XIX. Imponer medidas de seguridad y sancionar a los infractores en materia forestal, así como hacer del conocimiento y en su caso denunciar los delitos en dicha materia a las autoridades competentes;

XX. Otorgar, prorrogar, modificar, revocar, suspender o anular todos los permisos, autorizaciones, avisos, certificados, inscripciones, licencias, y demás trámites a que se refiere el artículo 56 de esta Ley;

XXI. Expedir los certificados y demás documentación fitosanitaria para la exportación e importación de materias primas y productos forestales;

XXII. Intervenir en foros internacionales, con la participación que corresponda a la Secretaría de Relaciones Exteriores y proponer a ésta la celebración de tratados y acuerdos internacionales en materia forestal;

XXIII. Revisar y autorizar los estudios regionales forestales o de ordenación de las Unidades Regionales de Manejo Forestal; y

XXIV. Las demás que le confieran la presente Ley y el Reglamento.

Capítulo II
De la Comisión Nacional Forestal y sus Atribuciones

Artículo 14. La Comisión Nacional Forestal, es un organismo público descentralizado de la Administración Pública Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propios. La coordinación sectorial de la Comisión corresponde a la Secretaría, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables.

El objeto de la Comisión es desarrollar, favorecer e impulsar las actividades productivas, de protección, conservación, restauración, aprovechamiento sustentable, producción, comercialización, educación técnica forestal e impulsar cadenas productivas y redes de valor en materia forestal, que conforme a la presente Ley se declaran como áreas prioritarias del desarrollo, así como participar en la formulación de los planes y programas y en la aplicación de la política de desarrollo forestal sustentable y sus instrumentos.

Artículo 15.La Comisión tendrá su domicilio en la zona metropolitana de la ciudad de Guadalajara, Jalisco, pudiendo establecer delegaciones o gerencias regionales, estatales, así como representaciones en el extranjero que sean necesarias para cumplir con su objeto conforme a sus requerimientos y disponibilidad presupuestal.

Artículo 16. El patrimonio de la Comisión estará integrado por:

I. Los bienes muebles e inmuebles, así como los derechos y obligaciones que le transmitan la Federación, las Entidades Federativas, los municipios o cualquier otra entidad pública;

II. Las donaciones, herencias, legados, y aportaciones que otorguen particulares o cualquier institución pública o privada, nacional o internacional;

III. Las adquisiciones, créditos, préstamos y cooperaciones técnicas en numerario o en especie, que obtenga de cualquier dependencia o entidad pública, institución privada u organismos nacionales o internacionales, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables;

IV. Las acciones, derechos o productos que por cualquier título adquiera;

V. Los recursos que le sean asignados anualmente conforme al Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente, y

VI. Los ingresos que obtenga por:

a) Los subsidios que los Gobiernos Federal, de las Entidades Federativas, y Municipales le otorguen o destinen;

b) Los fondos que se obtengan para el financiamiento de programas específicos;

c) Los ingresos que obtenga por los servicios que preste y por las actividades que realice;

d) Los recursos que se obtengan por la comercialización de sus obras literarias, derechos y demás que correspondan, y

e) Los demás bienes, derechos y aprovechamientos que le fijen las Leyes y reglamentos o que provengan de otros fondos o aportaciones.

Artículo 17.La Comisión tendrá como órgano de gobierno a una Junta de Gobierno, que será la máxima autoridad del organismo y estará integrada por los titulares de las secretarías de, la Defensa Nacional; Hacienda y Crédito Público; Desarrollo Social; Medio Ambiente y Recursos Naturales; Economía; Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; Desarrollo Agrario Territorial y Urbano; y Turismo, así como de la Comisión Nacional del Agua.

Los titulares a los que se refiere el párrafo anterior deberán nombrar un suplente quien deberá tener por lo menos el cargo de Director General o su equivalente. La Junta será presidida por el Titular de la Secretaría.

Los nombramientos de suplentes podrán ser actualizados en los momentos que el titular correspondiente lo estime necesario.

Los miembros de la Junta de Gobierno gozarán de voz y voto en las sesiones de la misma; al designar a los suplentes, deberán considerar las demás obligaciones que éstos deban cumplir en función de su cargo, a efecto de que cuenten con la disponibilidad necesaria para atender con diligencia y oportunidad los asuntos inherentes a su suplencia.

Artículo 18.La Comisión estará a cargo de un Director General quien será designado por el Titular del Poder Ejecutivo Federal, debiendo recaer tal nombramiento en persona que reúna los requisitos previstos en la Ley Federal de las Entidades Paraestatales.

El Director General representará legalmente a la Comisión en el cumplimiento de su objeto, adscribirá las unidades administrativas de la misma, administrará sus bienes, expedirá sus manuales, tramitará ante las dependencias competentes el ejercicio del presupuesto aprobado, delegará facultades en el ámbito de su competencia y tendrá las demás atribuciones que le confieran las disposiciones legales o reglamentarias, así como el Estatuto Orgánico de la Comisión.

El Estatuto Orgánico de la Comisión determinará las bases de la organización, así como las facultades y funciones que corresponda a las unidades administrativas que integren el organismo.

Artículo 19.La Comisión tendrá a su cargo la ejecución de las atribuciones que la presente Ley le confiere, así como todas aquellas que sean necesarias para poder cumplir con su objeto.

Para ello la Comisión ejercerá las siguientes atribuciones:

I. Administrar el Fondo Forestal Mexicano

II. Participar en la formulación y aplicación de la política nacional de desarrollo forestal sustentable;

III. Organizar y aplicar los instrumentos de política forestal previstos en la presente Ley;

IV. Participar en la elaboración del programa forestal de carácter estratégico con visión de largo plazo;

V. Diseñar, instrumentar y operar en el ámbito de su competencia, estímulos, incentivos e instrumentos económicos en materia forestal;

VI. Integrar, monitorear y mantener actualizado el Inventario Nacional Forestal y de Suelos;

VII. Elaborar, integrar, organizar y mantener actualizada la zonificación de los terrenos forestales y preferentemente forestales, con base en el ordenamiento ecológico del territorio y en los criterios, metodología y procedimientos que para tal efecto establezca la Secretaría;

VIII. Elaborar e integrar, bajo los lineamientos que determine la Secretaría, el Sistema Nacional de Información y Gestión Forestal para incorporarlo en el Sistema Nacional de Información Ambiental y de los Recursos Naturales, y a los sistemas de información estadísticos y de información geográfica y documental;

IX. Participar en la elaboración de normas oficiales mexicanas respecto de las actividades del sector forestal y su cumplimiento;

X. Realizar y proponer la valoración de los bienes y servicios ambientales de los ecosistemas forestales, en coordinación con la Secretaría;

XI. Coadyuvar en la definición y promoción de mercados de bienes y servicios ambientales;

XII. Participar en la definición de mecanismos de compensación por los bienes y servicios ambientales que prestan los ecosistemas forestales;

XIII. Coordinarse con las dependencias o entidades de la Federación, Estados, la Ciudad de México y Municipios, a fin de que el desarrollo forestal sustentable obedezca a políticas y criterios integradores, para lo cual podrá suscribir los acuerdos y convenios que sean necesarios;

XIV. Diseñar y operar estrategias de manejo forestal sustentable para incrementar la producción y productividad forestal;

XV. Apoyar la ejecución de programas que promuevan la provisión de bienes y servicios ambientales que generen los recursos forestales;

XVI. Ejecutar y promover programas productivos, de restauración, de protección, de conservación y de aprovechamiento sustentable de los ecosistemas forestales y de los suelos en terrenos forestales o preferentemente forestales;

XVII. Fomentar y favorecer la cadena productiva forestal y de sus recursos asociados, impulsando actividades forestales diversificadas e integradas, así como la exportación de productos forestales procesados y sus derivados;

XVIII. Coordinar con las autoridades estatales y municipales, los programas y acciones que coadyuven con los pueblos y comunidades indígenas en la conservación y mejoramiento de su territorio y a preservar la integridad de sus tierras, promoviendo el desarrollo sustentable de las mismas;

XIX. Impulsar la participación directa de los propietarios y poseedores de los recursos forestales en la protección, vigilancia, ordenación, aprovechamiento, cultivo, transformación y comercialización de los mismos;

XX. Constituirse en enlace con otras dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y con los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios, para la ejecución de sus respectivos programas de manejo del fuego;

XXI. Brindar asesoría y capacitación a los pueblos y comunidades indígenas, respetando su diversidad cultural y patrimonio cultural inmaterial para que éstos puedan organizarse para la producción y aprovechamientos forestales en los términos previstos por esta ley y de acuerdo con sus usos y costumbres cuando así proceda;

XXII. Ejecutar y promover programas productivos, de restauración, de protección, de conservación y de aprovechamiento sustentable de los ecosistemas forestales y de los suelos en terrenos forestales o preferentemente forestales;

XXIII. Realizar y promover actividades de investigación, innovación y desarrollo tecnológico; de cultura forestal, de capacitación y educación en materia forestal, así como formular y coordinar la política de investigación forestal y de desarrollo tecnológico;

XXIV. Diseñar y ejecutar programas de prevención, protección, conservación, y restauración de los recursos y suelos forestales;

XXV. Desarrollar las auditorías técnicas preventivas a que se refiere la presente Ley;

XXVI. Coadyuvar con los agentes de las cadenas productivas forestales en la defensa del sector en materia de comercio internacional, la promoción de exportaciones y el mejoramiento del mercado interno;

XXVII. Efectuar campañas de difusión y divulgación sobre el desarrollo forestal sustentable;

XXVIII. Diseñar, proponer, desarrollar, evaluar y dar seguimiento a las políticas y estrategias de cooperación y financiamiento en materia forestal;

XXIX. Dirigir, promover y coordinar los programas institucionales de plantaciones forestales comerciales y de desarrollo forestal;

XXX. Participar, en el ámbito de su competencia, en la política de manejo y aprovechamiento sustentable de la fauna silvestre que habita en zonas forestales o preferentemente forestales, así como del aprovechamiento sustentable de los recursos forestales y sus recursos asociados;

XXXI. Promover y evaluar los servicios técnicos forestales, así como fomentar la capacitación de los prestadores de servicios técnicos forestales;

XXXII. Intervenir en foros y mecanismos de cooperación y financiamiento en los temas de su competencia;

XXXIII. Proteger y conservar los recursos genéticos forestales;

XXXIV. Formular, coordinar y evaluar los programas y acciones de saneamiento forestal, así como diagnosticar, prevenir, combatir y controlar las plagas y enfermedades forestales;

XXXV. Impulsar y transferir funciones y recursos hacia los gobiernos de los estados y municipios en materia forestal;

XXXVI. Impulsar el uso de tecnologías de la información y comunicación en los trámites a su cargo;

XXXVII. Establecer e instrumentar las acciones para la adaptación y mitigación al cambio climático, de conformidad con la Ley General de Cambio Climático, los tratados internacionales aprobados y demás disposiciones jurídicas aplicables, con énfasis en la reducción de emisiones por deforestación y degradación forestal;

XXXVIII. El establecimiento de los lineamientos de política nacional y las líneas estratégicas en materia de manejo del fuego en ecosistemas forestales;

XXXIX. Constituirse en enlace con otras dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y con los gobiernos de las entidades federativas, la Ciudad de México y de los municipios, para concretar las líneas estratégicas y las acciones prioritarias de manejo del fuego;

XL. Coordinar las acciones para el fortalecimiento del manejo del fuego a través de un grupo intersecretarial del Programa Nacional de Manejo del Fuego y de los Comités de Protección Contra Incendios Forestales de los estados, la Ciudad de México y de los Municipios. La integración y funcionamiento del grupo intersecretarial se definirá en el Reglamento que para tal efecto emita dicho grupo;

XLI. Establecer el Sistema de Calificación de Manejo del Fuego, emitir los lineamientos para su integración y funcionamiento, así como para actualizar y estandarizar los conocimientos, experiencia, el desempeño y la aptitud física de los combatientes y los técnicos especializados que participen en las acciones de Manejo del Fuego, en el marco del Sistema de Mando de Incidentes;

XLII. Promover el desarrollo del Sistema Nacional de Mejoramiento Genético Forestal;

XLIII. Otorgar, prorrogar, modificar, revocar, suspender o anular las autorizaciones, avisos y demás trámites a que se refiere el artículo 57 de esta Ley;

XLIV. Ejercer todos los actos de autoridad relativos a la aplicación de la política de aprovechamiento sustentable de los recursos forestales que esta Ley prevea;

XLV. Regular, expedir y validar la documentación con la que se acredite la legal procedencia de las materias primas y productos forestales;

XLVI. Regular el transporte de materias primas y productos forestales;

XLVII. Participar con la Secretaría, en la realización de estudios y propuestas para el establecimiento y manejo de áreas naturales protegidas en terrenos forestales;

XLVIII. Participar como miembro permanente, en los comités consultivos nacionales de normalización que se constituyan en la Secretaría, en las materias a que se refiere el presente artículo,

XLIX. Autorizar la aplicación de medidas fitosanitarias para la prevención y el control de plagas y enfermedades forestales;

XL. Diseñar, implementar y operar el Sistema Nacional de Monitoreo Forestal;

LI. Operar el Sistema Nacional de Medición, Reporte y Verificación, de la reducción de emisiones derivadas de acciones de prevención y combate de la deforestación y degradación forestal; y

LII. Las demás que le señale la presente Ley, el Reglamento y demás disposiciones legales aplicables.

Capítulo III
De la Coordinación Interinstitucional

Artículo 20.La Federación, a través de la Secretaría o de la Comisión, en el ámbito de las atribuciones que les corresponde a cada una, podrá suscribir convenios o acuerdos de coordinación, con el objeto de que los gobiernos de los estados y de la Ciudad de México, con la participación, en su caso, de los municipios, en el ámbito territorial de su competencia asuman las siguientes funciones:

I. Programar y operar las tareas de manejo del fuego en la entidad, así como los de control de plagas y enfermedades y especies exóticas invasoras;

II. Inspección y vigilancia forestales;

III. Imponer medidas de seguridad y las sanciones a los infractores en materia forestal;

IV. Requerir la acreditación de la legal procedencia de las materias primas forestales;

V. Expedir las notificaciones para el combate y control de plagas y enfermedades;

VI. Recibir los avisos de plantaciones forestales comerciales y de aprovechamiento de recursos forestales no maderables;

VII. Autorizar el aprovechamiento de los recursos forestales maderables y no maderables; y

VIII. Dictaminar, autorizar y evaluar los programas de manejo forestal, así como evaluar y asistir a los prestadores de servicios técnicos forestales.

Artículo 21.En la celebración de convenios o acuerdos de coordinación, se tomará en consideración que los gobiernos de los estados, de la Ciudad de México, así como de los municipios en su caso, cuenten con los medios necesarios, el personal capacitado, los recursos materiales y financieros, así como la estructura institucional específica para el desarrollo de las funciones que soliciten asumir.

Asimismo, los convenios y acuerdos deberán ajustarse, en lo conducente, a las bases previstas en la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente; y en la Ley de Planeación.

Artículo 22.Se preverá que en el seguimiento y evaluación de los resultados que se obtengan por la ejecución de los convenios y acuerdos a que se refiere este capítulo, opine el Consejo Estatal Forestal correspondiente.

La Secretaría, y la Comisión darán seguimiento y evaluarán el cumplimiento de los compromisos que se asuman en los instrumentos a que se refiere este capítulo.

Artículo 23.De acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, se coordinará con la Secretaría y con la participación de la Comisión, en su caso, para el cumplimiento de los objetivos de la Ley y, particularmente, en los siguientes aspectos:

I. Fomentar la investigación forestal y el desarrollo de sistemas agrosilvopastoriles en la conservación y restauración de los bosques, el manejo forestal sustentable, así como la captación e infiltración de agua pluvial en terrenos forestales;

II. Participar en las Comisiones Intersecretariales en las que sea recurrente la materia forestal, así como en los sistemas y servicios especializados afines establecidos en la Ley de Desarrollo Rural Sustentable y en la presente Ley;

III. Vincular a los Distritos de Desarrollo Rural con las Promotorías de Desarrollo Forestal, en la atención de los propietarios y poseedores forestales;

IV. Respecto del establecimiento de sistemas y procedimientos de atención eficiente a los usuarios del sector forestal;

V. Estabilizar la frontera agropecuaria con la forestal;

VI. Promover la participación de las mujeres en los proyectos relacionados con el manejo forestal sustentable, incluyendo los probables beneficios que se deriven de incentivos y programas forestales;

VII. Incorporar el componente forestal y el de conservación de suelos en los espacios agropecuarios, especialmente los terrenos de ladera;

VIII. Diseñar y aplicar la estrategia para el manejo del fuego y el impulso de alternativas de producción agropecuaria sin el uso del fuego;

IX. Promover el manejo integral de las cuencas hidrográficas; y

X. Impulsar el manejo integrado de plagas y enfermedades que afecten tanto a los recursos forestales, como, en su caso, a los cultivos agrícolas.

Artículo 24.En términos de lo establecido en el primer párrafo del artículo anterior, la Comisión Nacional del Agua y la Comisión Federal de Electricidad también establecerán coordinación con la Secretaría y la Comisión, a fin de desarrollar acciones y presupuestos tendientes al manejo integral de las cuencas, así como para promover la reforestación de zonas geográficas con vocación natural que beneficien la recarga de cuencas y acuíferos, en la valoración de los bienes y servicios ambientales de los bosques y selvas en las cuencas hidrográficas y participar en la atención de desastres o emergencias naturales.

Asimismo, la Comisión y la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, se coordinarán para la atención de los programas afines en materia forestal dentro de las áreas naturales protegidas, de acuerdo con la política nacional en la materia.

Artículo 25.La Comisión y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología se coordinarán para la atención de las necesidades afines de investigación básica, y formación de recursos de alto nivel del sector forestal de acuerdo con la política nacional en la materia.

Artículo 26. Las entidades paraestatales relacionadas con sector ambiental se coordinarán con la Secretaría a fin de establecer estrategias y acciones para establecer mecanismos para destinar recursos para la compensación y pago por servicios ambientales mediante el Fondo Forestal Mexicano.

Título Tercero
De la Política Nacional y la Planeación en Materia Forestal Capítulo I
De los Criterios de la Política Forestal

Artículo 27. El desarrollo forestal sustentable se considera un área prioritaria del desarrollo nacional, y por tanto, tendrán ese carácter las actividades públicas o privadas que se le relacionen.

Artículo 28. La política nacional en materia forestal promoverá el desarrollo forestal sustentable que contribuya a mejorar el ingreso y la calidad de vida de las personas que participan en la actividad forestal y promueva la generación de valor agregado en las regiones forestales, diversificando las alternativas productivas y creando fuentes de empleo en el sector, observando los siguientes principios rectores:

I. Impulsar que el aprovechamiento sustentable de los ecosistemas forestales, sea fuente permanente de ingresos y mejores condiciones de vida para sus propietarios o poseedores, generando una oferta suficiente para la demanda social, industrial y la exportación, así como fortalecer la capacidad productiva de los ecosistemas;

II. Fortalecer las capacidades de decisión, acción y fomento de las comunidades ante las autoridades y otros agentes productivos, de manera que puedan ejercer su derecho a proteger, conservar y aprovechar los ecosistemas forestales, de acuerdo con sus conocimientos, experiencias y tradiciones;

III. Dar atención integral y cercana a los usuarios, propietarios y poseedores forestales;

IV. Diseñar y establecer instrumentos de mercado, fiscales, financieros y jurídico regulatorios, orientados a inducir comportamientos productivos y de consumo de los recursos forestales, y darle transparencia a la actividad forestal;

V. Asegurar la permanencia y calidad de los bienes y servicios ambientales, derivados de los procesos ecológicos, asumiendo en programas, proyectos, normas y procedimientos la interdependencia de los elementos naturales que conforman los recursos susceptibles de aprovechamiento a fin de establecer procesos de gestión y modelos de manejo integral de los recursos naturales;

VI. Desarrollar mecanismos y procedimientos que reconozcan el valor de los bienes y servicios ambientales que proporcionan los ecosistemas forestales, con el propósito de la que la sociedad asuma el costo de su conservación;

VII. Crear mecanismos económicos para compensar, apoyar o estimular a los propietarios y poseedores de los recursos forestales por la generación de los bienes y servicios ambientales, considerando a éstos como bienes públicos, para garantizar la biodiversidad y la sustentabilidad de la vida humana;

VIII. Vigilar que la capacidad de transformación de la industria forestal existente sea congruente con el volumen autorizado en los permisos de aprovechamiento expedidos, considerando las importaciones del extranjero y de otras entidades; y

IX. Promover una cultura forestal que fomente el cuidado, preservación y aprovechamiento forestal sustentable, así como de sus bienes y servicios ambientales, su valoración económica, social y de seguridad que se proyecte en actitudes, conductas y hábitos de consumo responsable.

Artículo 29. En la planeación y realización de acciones a cargo de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, conforme a sus respectivas esferas de competencia, así como en el ejercicio de las atribuciones que las Leyes confieren a las autoridades de la Federación, de las Entidades federativas o de los Municipios, para regular, promover, restringir, prohibir, orientar y en general inducir las acciones de los particulares en los campos social, ambiental y económico, se observarán, por parte de las autoridades competentes, los criterios obligatorios de política forestal.

Artículo 30. Son criterios obligatorios de política forestal de carácter social, los siguientes:

I. El respeto al conocimiento de la naturaleza, cultura y tradiciones de los pueblos y comunidades indígenas y la participación de ellos y sus organizaciones en la elaboración y ejecución de los programas forestales de las áreas en que habiten, en concordancia con la Ley de Desarrollo Rural Sustentable y otros ordenamientos;

II. La incorporación efectiva de los propietarios forestales y sus organizaciones en la silvicultura, producción, industria y comercio de los productos forestales, la diversificación o uso múltiple y los bienes y servicios ambientales;

III. La participación activa por parte de propietarios de predios o de industrias forestales en los procesos de promoción de certificación del manejo forestal y de la cadena productiva;

IV. La participación de las organizaciones sociales y privadas e instituciones públicas en la conservación, protección, restauración y aprovechamiento de los ecosistemas forestales y sus recursos;

V. El impulso al mejoramiento de la calidad, capacidad y condición de los recursos humanos a través de la modernización e incremento de los medios para la educación, la capacitación y la generación de oportunidades de empleo, tanto en actividades productivas como de servicios; y

VI. La regulación y aprovechamiento de los recursos y terrenos forestales, deben ser objeto de atención de las necesidades sociales, económicas, ecológicas y culturales de las generaciones presentes y futuras.

Artículo 31. Son criterios obligatorios de política forestal de carácter ambiental y silvícola, los siguientes:

I. Orientarse hacia el mejoramiento ambiental del territorio nacional a través de la gestión de las actividades forestales, para que contribuyan al mantenimiento del capital natural y la biodiversidad, la calidad del entorno de los centros de población y vías de comunicación y que, del mismo modo, conlleve la defensa de los suelos y cursos de agua, la disminución de la contaminación y la provisión de espacios suficientes para la recreación;

II. La sanidad y vitalidad de los ecosistemas forestales;

III. El uso sustentable de los ecosistemas forestales;

IV. La estabilización del uso del suelo forestal a través de acciones que impidan el cambio en su utilización;

V. La protección, conservación, restauración y aprovechamiento de los recursos forestales a fin de evitar la erosión o degradación del suelo;

VI. La utilización del suelo forestal debe hacerse de manera que éste mantenga su integridad física y su capacidad productiva, controlando en todo caso los procesos de erosión y degradación;

VII. Promover el manejo forestal regional, considerando propósitos de conservación, restauración y producción;

VIII. La captación, protección y conservación de los recursos hídricos y la capacidad de recarga de los acuíferos;

IX. La contribución a la fijación de carbono;

X. La conservación, prevención y combate a la extracción ilegal de la biodiversidad de los ecosistemas forestales;

XI. La conservación prioritaria de las especies endémicas, amenazadas, en peligro de extinción o sujetas a protección especial;

XII. La protección de los recursos forestales a través del combate al tráfico o apropiación ilegal de sus especies, materias primas y productos;

XIII. La recuperación al uso forestal de los terrenos agropecuarios y preferentemente forestales, para incrementar la frontera forestal;

XIV. El uso de especies compatibles con las nativas y con la persistencia de los ecosistemas forestales; y

XV. La conservación y mejoramiento genético de los recursos forestales.

Artículo 32. Son criterios obligatorios de política forestal de carácter económico, los siguientes:

I. Ampliar y fortalecer la participación de la producción forestal en el crecimiento económico nacional;

II. El desarrollo de infraestructura forestal;

III. El fomento al desarrollo constante y diversificado de la industria forestal, creando condiciones favorables para la inversión de grandes, medianas y pequeñas empresas y microempresas, a fin de asegurar una oferta creciente de productos para el consumo interno y el mercado exterior;

IV. El fomento a la integración y competitividad de cadenas productivas y comerciales;

V. Promover el desarrollo de una planta industrial con las características necesarias para aprovechar los recursos forestales que componen los ecosistemas, así como la adecuada potencialidad de los mismos;

VI. La plena utilización de los ecosistemas forestales mediante su cultivo y la de los suelos de aptitud forestal a través de la forestación, a fin de dar satisfacción en el largo plazo de las necesidades de madera por parte de la industria y de la población, y de otros productos que se obtengan de las zonas forestales;

VII. Fomentar la investigación, innovación, el desarrollo y transferencia tecnológica en materia forestal;

VIII. El mantenimiento de la productividad y el incremento de la producción de los ecosistemas forestales;

IX. La aplicación de mecanismos de asistencia financiera, organización y asociación;

X. El combate al contrabando y a la competencia desleal;

XI. La diversificación productiva en el aprovechamiento de los recursos forestales y sus recursos asociados;

XII. El apoyo económico y otorgamiento de incentivos a los proyectos de inversión forestal;

XIII. La valoración de los bienes y servicios ambientales;

XIV. El apoyo, estímulo y compensación de los efectos económicos de largo plazo de formación del recurso forestal y del costo de los bienes y servicios ambientales;

XV. La realización de las obras o actividades públicas o privadas que por ellas mismas puedan provocar deterioro de los recursos forestales, debe incluir acciones equivalentes de regeneración, restauración y restablecimiento de los mismos; y

XVI. El establecimiento de plantaciones forestales comerciales.

Capítulo II
De los Instrumentos de la Política Forestal

Artículo 33. Son instrumentos de la política nacional en materia forestal, los siguientes:

I. La Planeación del Desarrollo Forestal;

II. El Sistema Nacional de Información y Gestión Forestal;

III. El Inventario Nacional Forestal y de Suelos;

IV. La Zonificación Forestal;

V. El Registro Forestal Nacional;

VI. Las Normas Oficiales Mexicanas en materia Forestal;

VII. Estudio Satelital anual, del Índice de Cobertura Forestal; y

VIII. Sistema Nacional de Monitoreo Forestal.

En el diseño, elaboración, aplicación, evaluación y seguimiento de los instrumentos de política forestal, se deberán observar los objetivos y criterios de política forestal, así como las demás disposiciones previstas en esta Ley y en el Reglamento.

El Ejecutivo Federal promoverá la participación de la sociedad en la planeación, aplicación y evaluación de los instrumentos de política forestal, conforme a lo previsto en la presente Ley.

Sección Primera
De la Planeación del Desarrollo Forestal

Artículo 34.La planeación del desarrollo forestal como instrumento para el diseño y ejecución de la política forestal, deberá comprender dos vertientes:

I. De proyección correspondiente a los periodos constitucionales que correspondan a las administraciones, conforme a lo previsto en la Ley de Planeación para los programas sectoriales, institucionales y especiales; y

II. De proyección de largo plazo, por veinticinco años o más, por lo que la Secretaría y la Comisión elaborarán el Programa Estratégico Forestal Nacional, en el ámbito de sus respectivas competencias. Dicho programa deberá ser aprobado por la Secretaría y en él se indicarán los objetivos, estrategias y líneas de acción prioritarias.

El Programa Estratégico de largo plazo, los programas institucionales y, en su caso, especiales, deberán ser revisados cada dos años.

Los programas que elaboren los gobiernos de las Entidades Federativas, con visión de corto y largo alcance, indicarán los objetivos, estrategias y líneas de acción prioritarias, tomando en cuenta los criterios e instrumentos de la política nacional forestal, buscando congruencia con los programas nacionales.

Artículo 35.En la planeación del desarrollo forestal sustentable, se elaborarán estudios regionales forestales en cada Unidad de Manejo Forestal la Secretaría y la Comisión promoverán su ejecución. El reglamento establecerá su contenido y procedimiento de autorización.

Sección Segunda
Del Sistema Nacional de Información y Gestión Forestal

Artículo 36.La Secretaría emitirá los procedimientos y metodología, para contar con un Sistema Nacional de Información y Gestión Forestal, con el objeto registrar, integrar, organizar, actualizar y difundir la información relacionada con la materia forestal, así como el control, evaluación y seguimiento de los programas de manejo forestal y otras actividades forestales, que estará disponible al público para su consulta y que se integrará al Sistema Nacional de Información Ambiental y de Recursos Naturales y se articulará en lo conducente con el Sistema Nacional de Información para el Desarrollo Rural, el Sistema Nacional de Información sobre Biodiversidad y el Sistema de Información sobre el Cambio Climático.

Con base en este Sistema, la Secretaría en coordinación con la Comisión, deberá elaborar, publicar y difundir un informe bianual sobre la situación del sector forestal.

Artículo 37.El Sistema Nacional de Información y Gestión Forestal deberá contener, de forma homogénea, toda la información en materia forestal, incluyendo:

I. La contenida en el Inventario Nacional Forestal y de Suelos y en los inventarios forestales y de suelos de las entidades federativas;

II. La contenida en la Zonificación Forestal;

III. La contenida en el Registro Forestal Nacional;

IV. Sobre las evaluaciones de plantaciones forestales comerciales y reforestación con propósitos de restauración y conservación;

V. Sobre el uso y conocimiento de los recursos forestales, incluyendo información sobre uso doméstico y conocimiento tradicional;

VI. Sobre los acuerdos y convenios en materia forestal, y la relativa a mecanismos y tratados de coordinación o cooperación nacional e internacional;

VII. La información económica de la actividad forestal;

VIII. Sobre investigaciones y desarrollo tecnológico;

IX. Sobre organizaciones e instituciones de los sectores social y privado, así como de organismo públicos nacionales e internacionales relacionados con ese sector; y

X. Las demás que se consideren estratégicas para la planeación y evaluación del desarrollo forestal sustentable.

Las autoridades federales, estatales y municipales deberán proporcionar al Sistema Nacional de Información y Gestión Forestal, la información que recaben en el cumplimiento de sus atribuciones.

Artículo 38.La Secretaría y la Comisión promoverán la creación de los Sistemas Estatales de Información Forestal. Los gobiernos de las entidades federativas, al integrar dichos Sistemas deberán tomar en cuenta los procedimientos y metodologías que se siguieron para la integración del Sistema Nacional de Información y Gestión Forestal, a fin de hacerlo compatible con éste.

Sección Tercera
Del Inventario Nacional Forestal y de Suelos

Artículo 39.El Inventario Nacional Forestal y de Suelos será actualizado, por lo menos, cada cinco años y deberá contener la siguiente información:

I. La superficie y localización de terrenos forestales y preferentemente forestales con que cuenta el país, con el propósito de integrar su información estadística y elaborar su cartografía, en sus distintos niveles de ordenación y manejo;

II. Los terrenos forestales temporales, su superficie y localización;

III. Los tipos de vegetación forestal y de suelos, su localización, formaciones y clases, con tendencias y proyecciones que permitan clasificar y delimitar el estado actual de la deforestación y degradación, así como las zonas de conservación, protección, restauración y producción forestal, en relación con las cuencas hidrográficas, las regiones ecológicas y las áreas naturales protegidas;

IV. La dinámica de cambio de la vegetación forestal, que permita conocer y evaluar las tasas de deforestación y las tasas de degradación y disturbio, registrando sus causas principales;

V. La cuantificación de los recursos forestales, que incluya información de los bienes y servicios ambientales que generen los ecosistemas forestales, así como los impactos que se ocasionen en los mismos;

VI. Los criterios e indicadores de sustentabilidad, deforestación y degradación de los ecosistemas forestales;

VII. Los registros de la infraestructura forestal existente;

VIII. La información, basada en el Sistema Nacional de Medición, Reporte y Verificación, de la reducción de emisiones derivadas de acciones de prevención y combate de la deforestación y degradación forestal; y

IX. Los demás datos que señale el Reglamento de esta Ley.

Artículo 40.Los datos comprendidos en el Inventario Nacional Forestal y de Suelos serán la base para:

I. La formulación, ejecución, control y seguimiento de programas y acciones en materia forestal;

II. El cálculo del volumen de madera o biomasa forestal en pie, su incremento y el volumen de corta o aprovechamiento potencial;

III. La integración de la zonificación forestal, la ordenación forestal y el ordenamiento ecológico del territorio;

IV. La evaluación y seguimiento de los planes a largo, mediano y corto plazo, y

V. La elaboración de programas y estrategias de adaptación y mitigación del cambio climático.

En el Reglamento se determinarán los criterios, metodología y procedimientos para la integración, organización, actualización y monitoreo de los datos que deberá contener el Inventario Nacional Forestal y de Suelos.

Artículo 41.En la formulación del Inventario Nacional Forestal y de Suelos y de la zonificación forestal, se deberán considerar los siguientes criterios:

I. La delimitación por cuencas hidrográficas;

II. La naturaleza, características, diversidad de los ecosistemas forestales existentes en el territorio nacional;

III. La vocación de los terrenos forestales y preferentemente forestales;

IV. Los impactos existentes en los ecosistemas por efecto de las actividades económicas o de otras actividades humanas o fenómenos naturales; y

V. La delimitación de las Unidades de Manejo Forestal.

Sección Cuarta
De la Zonificación Forestal

Artículo 42.La Comisión deberá llevar a cabo la zonificación con base en el Inventario Nacional Forestal y de Suelos y en los programas de ordenamiento ecológico, y lo someterá a la aprobación de la Secretaría.

En el Reglamento se determinarán los criterios, metodología y procedimientos para la integración, organización y actualización de la zonificación.

Dicha zonificación deberá publicarse en el Diario Oficial de la Federación.

Sección Quinta
Del Registro Forestal Nacional

Artículo 43.La Secretaría establecerá, integrará, organizará y mantendrá actualizado el Registro Forestal Nacional.

El Registro Forestal Nacional será público y en él se inscribirán:

I. Las autorizaciones de aprovechamiento de recursos forestales maderables, así como sus modificaciones o extinciones;

II. Los avisos de plantaciones forestales comerciales así como sus modificaciones o extinciones;

III. Las autorizaciones de cambio de uso de suelo de los terrenos forestales, así como sus modificaciones y extinciones;

IV. Los certificados de inscripción de los prestadores de servicios técnicos forestales y auditores técnicos forestales;

V. Los decretos que establezcan zonas de restauración en terrenos forestales;

VI. Los decretos que establezcan vedas forestales;

VII. Autorizaciones y avisos de aprovechamientos no maderables;

VIII. Las autorizaciones de funcionamiento de centros de almacenamiento y transformación de materias primas forestales;

IX. Los informes anuales sobre la ejecución y desarrollo de los aprovechamiento forestales; y

X. Los demás actos y documentos que se señalen en el Reglamento de la presente Ley.

Artículo 44.El Reglamento de la presente Ley determinará los procedimientos para la inscripción y otorgamiento de constancias de actos y documentos inscritos en el Registro.

Artículo 45. El Registro se coordinará con el Registro Agrario Nacional y los Registros Públicos de la Propiedad de las distintas entidades federativas para compartir y actualizar información de sus respectivos actos.

Sección Sexta
De las Normas Oficiales Mexicanas en materia forestal

Artículo 46. La Secretaría emitirá normas oficiales mexicanas en materia forestal y de suelos, en los términos establecidos en la Ley Federal de Metrología y Normalización, que tengan por objeto:

I. Establecer los requisitos, especificaciones, condiciones, procedimientos, metas, parámetros y límites permisibles que deberán observarse en cuencas, regiones, ecosistemas o zonas, en aprovechamiento de recursos forestales, en el desarrollo de actividades económicas, en el uso y destino de bienes, en insumos y en procesos;

II. Considerar las condiciones necesarias para el bienestar de la población y la conservación, protección, producción, aprovechamiento o restauración de los recursos forestales y de sus ecosistemas;

III. Estimular o inducir a los agentes económicos para reorientar sus procesos y tecnologías a la permanencia de las masas forestales, al aumento de su productividad a través del mejoramiento de las prácticas silvícolas y al desarrollo forestal sustentable;

IV. Otorgar certidumbre a largo plazo a la inversión e inducir a los agentes económicos a asumir los costos de la afectación forestal y ambiental que ocasionen;

V. Regular los procesos de aprovechamiento, almacenamiento, transporte, transformación y comercialización de los recursos forestales así como la prestación de los servicios técnicos;

VI. Fomentar actividades de producción primaria, transformación y comercialización forestal en un marco de competencia, eficiencia y sustentabilidad;

VII. Establecer la relación de productos cuya utilización deba prohibirse en las actividades forestales;

VIII. Prevenir o mitigar la erosión del suelo, así como lo relativo a la conservación o restauración del mismo;

IX. Regular los sistemas, métodos, servicios y mecanismos relativos a la prevención, combate y control de incendios forestales, y al uso del fuego en terrenos forestales o preferentemente forestales; y

X. Los demás que la presente Ley señale y las que resulten necesarias.

Título Cuarto
De los Procedimientos en Materia Forestal Capítulo I
Disposiciones Comunes a los Procedimientos en Materia Forestal

Artículo 47. Las autorizaciones en materia forestal sólo se otorgarán a los propietarios de los terrenos y a las personas legalmente facultadas para poseerlos y usufructuarlos.

Cuando la solicitud de una autorización o aviso en materia forestal sobre terrenos propiedad de un ejido o comunidad sea presentada por un tercero, éste deberá acreditar el consentimiento del núcleo agrario mediante el acuerdo de asamblea que lo autorice, de conformidad con la Ley Agraria.

El Reglamento de esta Ley establecerá los documentos con los que se considerará acreditada la posesión o derecho para realizar las actividades sujetas a autorización de conformidad con esta Ley.

Artículo 48. Los informes, avisos y solicitudes a los que hacen referencia esta Ley y su Reglamento, podrán presentarse por escrito o por medio electrónico. La Secretaría y la Comisión darán a conocer las direcciones físicas y electrónicas en donde se podrán presentar estos documentos, así como los formatos para la presentación de los mismos.

La presentación de avisos y autorizaciones deberán acompañarse del comprobante de pago de derechos respectivo, de conformidad con las disposiciones aplicables.

El Reglamento de esta Ley establecerá los requisitos que deban cumplirse para la presentación de las solicitudes, avisos o informes previstos en esta Ley, así como los procedimientos que deban desahogarse y el contenido de las resoluciones o constancias que deban emitirse.

Artículo 49. Las autorizaciones de aprovechamiento de los recursos forestales y de cambio de uso de suelo en terrenos forestales podrán ser modificadas, suspendidas, revocadas, anuladas y declaradas extintas y caducas por las autoridades que las hubieren emitido, previa audiencia que se conceda a los interesados para que rindan pruebas y aleguen lo que a su derecho convenga, por las causas y de conformidad con los procedimientos que establezca el Reglamento de la presente Ley.

Artículo 50. Los originales o copias certificadas de instrumentos jurídicos y actas de asamblea que sean presentados ante la Secretaría o la Comisión para el trámite de autorizaciones y avisos a que hace referencia esta Ley y su Reglamento, una vez cotejados, quedarán a disposición de los interesados en la oficina en que se haya realizado el trámite para su devolución.

Artículo 51. Las mediciones de las materias primas forestales, sus productos y subproductos, para efectos de lo dispuesto en la presente Ley y su Reglamento, deberán hacerse con el Sistema General de Unidades de Medida. En caso de madera en rollo o en escuadría se deberá realizar a su dimensión total.

Artículo 52. El Consejo deberá emitir las opiniones que le sean solicitadas de conformidad con esta Ley y su Reglamento en un plazo no mayor a veinte días hábiles, contados a partir de la fecha de recepción de la solicitud, excepto en los casos en los que se establezca algún otro plazo en las disposiciones aplicables. Transcurrido este plazo sin que el Consejo emita su opinión, se entenderá que no tiene objeción alguna respecto a la materia de la consulta.

Artículo 53. La ejecución, desarrollo y cumplimiento de los programas de manejo forestal y los estudios técnicos justificativos estarán a cargo del titular de la autorización respectiva, así como de un prestador de servicios técnicos forestales, quien será responsable solidario con el titular.

Artículo 54. Tratándose de actos de autoridad y procedimientos administrativos aplicará supletoriamente, la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

Artículo 55. La Secretaría y la Comisión establecerán los procedimientos y mecanismos necesarios, para que los títulos o documentos en los que consten las autorizaciones, sean traducidos a las lenguas de los solicitantes o titulares de aprovechamientos forestales pertenecientes a pueblos y comunidades indígenas, o bien, para asegurar que les sea interpretado su contenido.

Cuando una autorización pueda afectar el entorno ecológico de alguna comunidad indígena, la autoridad deberá recabar el parecer de los representantes de dicha comunidad.

La Comisión, en coordinación con las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal competentes, verificará que los aprovechamientos de recursos forestales se realicen garantizando los derechos que la Ley reconozca a las comunidades indígenas.

Sección Primera
De los Trámites en Materia Forestal

Artículo 56. Corresponderá a la Secretaría los siguientes trámites:

I. Autorización de cambio de uso de suelo en terrenos forestales, por excepción;

II. Autorización de colecta de recursos biológicos forestales;

III. Aviso de colecta de recursos biológicos forestales;

IV. Certificado fitosanitario de exportación de materias primas, productos y subproductos forestales;

V. Hoja de requisitos fitosanitarios para la importación de materias primas, productos y subproductos forestales;

VI. Inscripción de prestadores de servicios técnicos forestales en el Registro Forestal Nacional; y

VII. Los demás previstos en esta Ley y su Reglamento.

Artículo 57. Corresponderá a la Comisión los siguientes trámites:

I. Autorización de aprovechamiento de recursos forestales maderables;

II. Autorización de aprovechamiento de recursos forestales no maderables;

III. Autorización de funcionamiento de centros de almacenamiento y transformación de materias primas forestales;

IV. Autorización relacionada con la aplicación de medidas fitosanitarias para la prevención y el control de plagas y enfermedades forestales;

V. Autorización de funcionamiento de centros no integrados a un centro de transformación primaria;

VI. Aviso de aprovechamiento de recursos forestales no maderables;

VII. Aviso de plantación forestal comercial;

VIII. Otorgamiento de reembarques forestales; y

IX. Los demás previstos en esta Ley y su Reglamento.

Artículo 58. La Secretaría y la Comisión realizarán los trámites para el otorgamiento de remisiones forestales para acreditar la legal procedencia de materias primas, productos y subproductos forestales que provengan de alguna de las actividades que respectivamente hubiesen autorizado.

Asimismo llevarán a cabo la inscripción correspondiente en el Registro Forestal Nacional, así como sus modificaciones y cancelaciones correspondientes.

Artículo 59.No se requiere autorización de la Secretaría para realizar la remoción y el transporte de vegetación que provenga de terrenos diversos a los forestales. Los interesados podrán solicitar a la Secretaría que verifique el tipo de vegetación y uso de suelo del terreno y emita la constancia respectiva, en los términos y conforme al procedimiento que establezca el Reglamento.

En su caso, la constancia respectiva contendrá el código de identificación que se asigne para identificar la procedencia del producto de vegetación que pretenda extraerse, el cual deberá utilizar el interesado en las remisiones forestales que obtenga para su transporte a cualquier destino.

Sección Segunda
Del Aprovechamiento de Recursos Forestales Maderables

Artículo 60. Se requiere autorización de la Comisión para el aprovechamiento de recursos forestales maderables en terrenos forestales.

El Reglamento establecerá los requisitos para obtener la autorización de aprovechamiento de los recursos forestales maderables, así como las obligaciones de sus titulares.

Artículo 61. Las autorizaciones para el aprovechamiento de los recursos forestales maderables se otorgarán con base en un programa de manejo forestal y consistirán en lo siguiente:

I. Aprovechamiento forestal por primera vez;

II. Modificación del programa de manejo forestal; y

III. Refrendo.

El Reglamento establecerá las características y requisitos de cada tipo de autorización. Dichas autorizaciones tendrán una vigencia correspondiente al ciclo de corta.

Artículo 62. La Comisión deberá solicitar al Consejo Estatal de que se trate, opiniones y observaciones técnicas respecto de las solicitudes de autorización de aprovechamiento de recursos forestales maderables, previamente a que sean resueltas. El Consejo correspondiente contará con diez días hábiles para emitir su opinión. Transcurrido dicho término, se entenderá que no hay objeción alguna para expedir o negar la autorización.

Artículo 63. Los siguientes aprovechamientos forestales requieren la presentación de una manifestación de impacto ambiental, en los términos de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente:

I. En selvas tropicales mayores a 20 hectáreas;

II. En aprovechamientos de especies forestales de difícil regeneración, conforme al Reglamento y a las Normas Oficiales Mexicanas; y

III. En áreas naturales protegidas.

La manifestación de impacto ambiental podrá integrarse al programa de manejo forestal para seguir un solo trámite administrativo y se realizará de conformidad con las guías y normas que se emitan en la materia.

Artículo 64. El programa de manejo forestal tendrá una vigencia correspondiente a una edad de madurez. Las autorizaciones para el aprovechamiento de los recursos forestales tendrán una vigencia correspondiente al ciclo de corta, pudiendo refrendarse cuantas veces sea necesario hasta el término de la vigencia del mismo, de acuerdo a los requisitos que se establezcan en el Reglamento.

Artículo 65. De acuerdo a lo establecido en la presente Ley, así como en los criterios e indicadores que se determinen en el Reglamento, la Comisión sólo podrá negar la autorización solicitada cuando:

I. Se contravenga lo establecido en esta Ley, su Reglamento, las normas oficiales mexicanas o en las demás disposiciones legales y reglamentarias aplicables;

II. El programa de manejo forestal no sea congruente y consistente con el estudio regional forestal de la Unidad de Manejo Forestal de la que forme parte el predio o predios de que se trate, cuando ésta exista;

III. Se comprometa la biodiversidad de la zona y la regeneración y capacidad productiva de los terrenos en cuestión;

IV. Se trate de las áreas de protección a que se refiere esta Ley;

V. Exista falsedad en la información proporcionada por los promoventes, respecto de cualquier elemento de los programas de manejo correspondientes; o

VI. Cuando se presenten conflictos agrarios, de límites o de sobreposición de predios, en cuyo caso, la negativa sólo aplicará a las áreas en conflicto.

Sección Tercera
De las Plantaciones Forestales Comerciales

Artículo 66. Queda prohibido el establecimiento de plantaciones forestales comerciales en sustitución de la vegetación forestal de los terrenos forestales.

Artículo 67. Se promoverá el establecimiento de plantaciones forestales comerciales en terrenos temporalmente forestales y preferentemente forestales se promoverá de manera primordial la utilización de especies nativas que tecnológica y económicamente sean viables. La autoridad tendrá en todo momento la facultad de supervisar el manejo de la plantación, cuidando especialmente los posibles impactos ambientales adversos.

Artículo 68.Las plantaciones forestales comerciales en terrenos agropecuarios o preferentemente forestales requerirán de un aviso por escrito. El contenido del escrito y los requisitos del aviso se establecerán en el Reglamento.

Artículo 69.Una vez presentado el aviso de plantación forestal comercial, la Comisión emitirá una constancia de plantación en un plazo no mayor de diez días hábiles. Si después de este plazo la Comisión no la ha emitido, el interesado quedará facultado a iniciar la plantación; y la Comisión deberá expedir la constancia correspondiente, sin menoscabo de las responsabilidades en la que pueda incurrir con dicha omisión.

Artículo 70.La constancia de plantación forestal comercial facultará a sus titulares a realizar su aprovechamiento, cuando el titular lo juzgue conveniente.

Artículo 71. El titular del aviso de plantación forestal comercial deberá informar anualmente a la Comisión, los volúmenes de materias primas que obtenga del aprovechamiento, en los términos del Reglamento.

Sección Cuarta
Del Aprovechamiento de los Recursos Forestales No Maderables

Artículo 72.El aprovechamiento de recursos no maderables únicamente requerirá de un aviso por escrito a la Comisión. El Reglamento establecerá los requisitos y casos en que se requerirá autorización de aprovechamiento de los recursos forestales No Maderables, así como las obligaciones de sus titulares.

Cuando en un mismo terreno se pretendan realizar aprovechamientos comerciales de recursos forestales maderables y no maderables, los interesados podrán optar por solicitar las autorizaciones correspondientes en forma conjunta o separada ante la Comisión. Los dos tipos de aprovechamiento deberán integrarse en forma compatible.

Sección Quinta
De la Colecta y Uso de los Recursos Forestales

Artículo 73. La colecta y uso de recursos biológicos forestales con fines de utilización en investigación y/o biotecnología requiere de autorización por parte de la Secretaría.

La autorización a que se refiere este artículo sólo podrá otorgarse si se cuenta con el consentimiento escrito previo, expreso e informado, del propietario o legítimo poseedor del predio en el que se encuentre el recurso biológico forestal.

Cuando la colecta se realice por entidades públicas de los gobiernos federal, estatales o municipales, o bien, por el dueño de los recursos, bastará con que se presente el aviso respectivo ante la Secretaría. El titular del aviso sólo podrá realizar la colecta una vez que cuente el consentimiento escrito, previo, expreso e informado del propietario o legítimo poseedor del predio en el que se encuentren los recursos biológicos forestales.

En el Reglamento se establecerán los requisitos para solicitar la autorización o presentar los avisos a que se refiere este artículo, así como, la forma en la que se realizará el transporte, almacenamiento y, en su caso, comercialización de los recursos biológicos forestales.

Artículo 74.Las colectas y usos con fines comerciales o de investigación de los recursos biológicos forestales deberán reconocer los derechos de las comunidades indígenas a la propiedad, conocimiento y uso de las variedades locales.

Cuando además se pretenda aprovechar los conocimientos de los pueblos y comunidades indígenas sobre los recursos biológicos forestales, deberá reconocerse la propiedad del conocimiento de los pueblos indígenas y presentar un convenio celebrado entre el solicitante de la autorización a que se refiere el artículo anterior y la comunidad titular del conocimiento, en el que se acredite que se cuenta con el consentimiento previo, expreso e informado de ésta.

Artículo 75.El aprovechamiento de recursos y materias primas forestales para uso doméstico se sujetarán a lo que establezca el Reglamento de la presente Ley.

Las actividades agroforestales y silvopastoriles se sujetarán a lo que establezcan las normas oficiales mexicanas que al respecto emita la Secretaría.

Las actividades de pastoreo en terrenos forestales se sujetarán a lo que establezcan las normas oficiales mexicanas que al respecto emita la Secretaría.

Artículo 76. La Comisión promoverá el conocimiento tradicional del uso de los recursos forestales de los pueblos y comunidades indígenas y ejidos.

Sección Sexta
Del Transporte, Almacenamiento y Transformación de las Materias Primas Forestales

Artículo 77. Quienes realicen el aprovechamiento, transporte, almacenamiento, transformación o posean materias primas y productos forestales, deberán acreditar su legal procedencia mediante los documentos que se definan en el Reglamento y otras disposiciones aplicables, donde también quedarán establecidas las excepciones.

Artículo 78. Para el funcionamiento de centros de almacenamiento y transformación, se requiere de autorización de la Comisión de acuerdo con los requisitos y procedimientos previstos en el Reglamento de esta Ley, los que comprenderán aspectos relacionados con contratos, cartas de abastecimiento, balances oferta-demanda, libros de registro de entradas y salidas, entre otros. Lo anterior, con independencia de las licencias, autorizaciones o permisos que deban otorgar las autoridades locales.

Sección Séptima
Del Cambio de Uso del Suelo en Terrenos Forestales

Artículo 79. La Secretaría autorizará el cambio de uso de suelo en terrenos forestales por excepción, previa opinión técnica de los miembros del Consejo Estatal Forestal de que se trate y con base en los estudios técnicos justificativos cuyo contenido se establecerá en el Reglamento, los cuales demuestren que la biodiversidad de los ecosistemas que se verán afectados se mantenga, y que la erosión de los suelos, el deterioro de la calidad del agua o la disminución en su captación se mitiguen en las áreas afectadas por la remoción de la vegetación forestal.

En las autorizaciones de cambio de uso de suelo en terrenos forestales, la Secretaría deberá dar respuesta debidamente fundada y motivada a las opiniones técnicas emitidas por los miembros del Consejo Estatal Forestal de que se trate.

Las autorizaciones que se emitan deberán integrar un programa de rescate y reubicación de especies de la vegetación forestal afectadas y su adaptación al nuevo hábitat conforme se establezca en el Reglamento. Dichas autorizaciones deberán sujetarse a lo que en su caso, dispongan los programas de ordenamientos ecológicos correspondientes, las normas oficiales mexicanas y demás disposiciones legales y reglamentarias aplicables.

Artículo 80. Las autorizaciones de cambio de uso del suelo deberán inscribirse en el Registro.

Artículo 81.La Secretaría autorizará la modificación de una autorización de cambio de uso de suelo en terrenos forestales, o bien, la ampliación del plazo de ejecución del cambio de uso de suelo establecido en la autorización respectiva, siempre que lo solicite el interesado en los términos que se establezcan en el Reglamento de la presente Ley.

Artículo 82. Los titulares de autorizaciones de cambio de uso de suelo en terrenos forestales deberán presentar los informes periódicos sobre la ejecución y desarrollo del mismo, en los términos que establezca el Reglamento de la presente Ley.

Artículo 83. No se otorgará autorización de cambio de uso de suelo en un terreno incendiado sin que hayan pasado 20 años, a menos que se acredite a la Secretaría que la vegetación forestal afectada se ha regenerado, mediante los mecanismos que para tal efecto se establezcan en el Reglamento de esta Ley.

Artículo 84. Los interesados en el cambio de uso de suelo en terrenos forestales, deberán acreditar que otorgaron depósito ante el Fondo Forestal Mexicano, por concepto de compensación ambiental, para que se lleven a cabo acciones de restauración de los ecosistemas que se afecten preferentemente dentro de la cuenca hidrográfica donde se ubique el proyecto, en los términos y condiciones que establezca el Reglamento.

Artículo 85. La Secretaría, con la participación de la Comisión, coordinará con la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, la política de uso del suelo para estabilizar su uso agropecuario, incluyendo el sistema de roza, tumba y quema, desarrollando prácticas permanentes y evitando que la producción agropecuaria crezca a costa de los terrenos forestales.

Artículo 86. La Secretaría, con la participación de la Comisión, coordinará con diversas entidades públicas, acciones conjuntas para armonizar y eficientar los programas de construcciones de los sectores eléctrico, hidráulico y de comunicaciones, con el cumplimiento de la normatividad correspondiente.

Capítulo II
De los servicios técnicos forestales

Artículo 87. Las personas físicas y morales que pretendan brindar servicios técnicos forestales deberán estar inscritas en el Registro. El Reglamento y las normas aplicables determinarán los procedimientos, modalidades y requisitos que deberán observarse para la inscripción en el Registro, la prestación, evaluación y seguimiento de los servicios técnicos.

Los prestadores de servicios técnicos forestales podrán ser contratados libremente por los propietarios y poseedores de los recursos forestales y serán responsables solidarios con los mismos.

Artículo 88. Los servicios técnicos forestales para el aprovechamiento, protección, conservación, restauración, transformación, organización social y servicios ambientales serán las que se establezcan en el Reglamento y las normas aplicables.

Artículo 89. Los ejidatarios, comuneros y demás propietarios o poseedores de terrenos forestales o preferentemente forestales, que por la carencia de recursos económicos no estén en posibilidades de cubrir los costos de elaboración del programa de manejo forestal podrán recurrir a la Comisión, en los términos del Reglamento de esta Ley, para que les proporcione asesoría técnica y/o apoyo financiero para la elaboración de éste; lo cual se hará en la medida de las posibilidades presupuestales de la Comisión y previa comprobación de la carencia de dichos recursos.

Artículo 90. Las comunidades indígenas relacionadas con el manejo forestal, podrán crear libremente, respetando sus usos y costumbres, un comité u órgano técnico auxiliar en la gestión y manejo de aprovechamientos forestales y de plantaciones forestales comerciales, así como para la ejecución y evaluación de los programas de manejo forestal respectivo.

Tratándose de ejidos y comunidades agrarias, el comité u órgano se constituirá en los términos de la Ley Agraria, y definirá junto con el prestador de servicios técnicos forestales, los mecanismos de coordinación necesarios.

Artículo 91. La Comisión desarrollará un sistema de capacitación, reconocimientos, estímulos y acreditación que permita identificar, tanto a titulares de aprovechamiento como a prestadores de servicios técnicos forestales, que cumplan oportunamente y eficientemente los compromisos adquiridos en los programas de manejo y en las auditorías técnicas preventivas.

Capítulo III
De las Unidades de Manejo Forestal

Artículo 92.La Comisión, en coordinación con las entidades federativas, delimitarán las unidades de manejo forestal, tomando como base las semejanzas físicas, ambientales, sociales y económicas de un territorio, con el propósito de lograr una ordenación forestal sustentable, una planeación ordenada de las actividades forestales y el manejo eficiente de los recursos forestales.

Artículo 93.Los mecanismos para fomentar la ordenación forestal, la planeación ordenada de las actividades forestales, el manejo forestal, así como, la participación de los dueños y poseedores de los recursos forestales, titulares de aprovechamientos, prestadores de servicios técnicos forestales, dependencias de los tres niveles de gobierno y demás actores del sector forestal, en las Unidades de Manejo Forestal, se establecerán en el Reglamento de la presente Ley.

Capítulo IV
De la Certificación Forestal y de las Auditorías Técnicas Preventivas

Artículo 94. La Certificación del manejo forestal es un medio para acreditar el adecuado manejo forestal, mejorar la protección de los ecosistemas forestales y facilitar el acceso a mercados nacionales e internacionales.

La Comisión impulsará y promoverá la Certificación de dicho manejo, y el apoyo a los propietarios forestales a fin de que éstos puedan obtener el certificado; así como las tareas de sensibilización de los compradores finales nacionales e internacionales de productos forestales en el consumo responsable.

El Fondo promoverá la emisión de bonos que acrediten la conservación de los recursos forestales de acuerdo con lo previsto en el artículo 119 de esta Ley.

La Comisión promoverá e impulsará el funcionamiento de un Sistema Nacional de Certificación Forestal, en el que se incluya la constitución y operación de una organización integrada por los actores del sector productivo forestal, que se encargue de promover el Sistema y estimular un mercado nacional de productos forestales procedente de bosques manejados legal y sustentablemente y que represente al sistema ante otros sistemas nacionales de certificación u organismos internacionales relacionados con el tema.

Como parte del Sistema Nacional de Certificación Forestal, la Comisión integrara, actualizará y difundirá los padrones de predios que cuenten con el certificado de adecuado cumplimiento al programa de manejo derivado de una auditoría técnica preventiva o con el certificado de manejo sustentable derivado de un proceso de certificación, como instrumento para la promoción de una producción y consumo responsable de productos forestales.

En el Reglamento se establecerán los componentes y alcances del sistema y los aspectos a considerar en la conformación y operación de la organización encargada de promoverlo.

Las auditorías técnicas preventivas que realice la Comisión directamente o a través o de terceros debidamente autorizados, tendrán por objeto la promoción e inducción al cumplimiento de las disposiciones legales forestales y ambientales de los programas de manejo respectivos y serán parte del Sistema.

La Comisión, como resultado de la auditoría técnica preventiva podrá emitir un certificado que haga constar el adecuado cumplimiento del programa de manejo.

Los Auditores Técnicos Forestales deberán acreditarse como Unidades de Verificación en los términos que establece la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, el Reglamento establecerá los requisitos que deban reunir los auditores técnicos y los procedimientos y requisitos para realizar las auditorías técnicas preventivas.

La Procuraduría desarrollará y pondrá en ejecución un esquema de reconocimiento a quienes obtengan los certificados producto de una auditoría técnica preventiva o una certificación de buen manejo forestal. El Reglamento establecerá las características y alcances de dicho reconocimiento.

Título Quinto
De las Medidas de Conservación Forestal Capítulo I
De la Sanidad Forestal

Artículo 95. La Comisión establecerá un Sistema Permanente de Evaluación y Alerta Temprana de la condición fitosanitaria de los terrenos forestales temporalmente forestales y difundirá con la mayor amplitud y oportunidad sus resultados.

La Comisión promoverá y apoyará los programas de investigación necesarios para resolver los problemas fitosanitarios forestales.

La Secretaría, expedirá las normas oficiales mexicanas para prevenir, controlar y combatir las plagas y las enfermedades forestales, así como para evaluar los daños, restaurar el área afectada, establecer procesos de seguimiento y las obligaciones o facilidades para quienes cuenten con programas de manejo vigentes, y las facilidades para quienes no los dispongan.

Las dependencias y entidades de la administración pública federal y, en su caso, las de los gobiernos de las entidades y de los municipios, en los términos de los acuerdos y convenios que se celebren, ejercerán sus funciones en forma coordinada para detectar, diagnosticar, evaluar daños, prevenir, controlar y combatir plagas y enfermedades forestales; así como establecer el seguimiento de las medidas fitosanitarias aplicadas.

Artículo 96. Las medidas fitosanitarias que se apliquen para la prevención, control y combate de plagas y enfermedades que afecten a los recursos y ecosistemas forestales, se realizarán de conformidad con lo previsto en esta Ley, así como por la Ley Federal de Sanidad Vegetal en lo que no se oponga a la presente Ley, su Reglamento y las normas oficiales mexicanas específicas que se emitan.

La Secretaría expedirá los certificados fitosanitarios de exportación y la hoja de requisitos fitosanitarios para la importación, de materias primas, productos y subproductos forestales

La Comisión emitirá las autorizaciones relacionadas con la aplicación de medidas fitosanitarias para la prevención y el control de plagas y enfermedades forestales.

Cuando por motivos de sanidad forestal sea necesario realizar la remoción de la vegetación forestal afectada, los propietarios y legítimos poseedores deberán desarrollar un programa de restauración forestal.

Artículo 97. Los propietarios y legítimos poseedores de terrenos forestales o temporalmente forestales, los titulares autorizaciones de aprovechamiento de recursos forestales, los prestadores de servicios técnicos forestales responsables de estos, quienes realicen actividades de plantaciones forestales comerciales, de reforestación, y/o los responsables de la administración de las Áreas Naturales Protegidas están obligados a dar aviso de la posible presencia de plagas y enfermedades forestales a la Comisión, la cual elaborará o validará el informe técnico fitosanitario correspondiente.

Los propietarios y legítimos poseedores de terrenos forestales o temporalmente forestales y los titulares de los aprovechamientos, están obligados a ejecutar los trabajos de sanidad forestal, conforme a los autorizaciones de aprovechamiento de recursos forestales y de avisos de plantaciones forestales comerciales y los responsables de la administración de las Áreas Naturales Protegidas lineamientos que emita la Secretaría o a los programas de manejo forestal.

La Comisión, las entidades federativas y los municipios, implementarán programas para acciones de saneamiento forestal.

Cuando los trabajos de sanidad forestal no se ejecuten o siempre que exista riesgo grave de alteración o daños al ecosistema forestal, la Comisión realizará los trabajos correspondientes con cargo a los obligados, quienes deberán pagar la contraprestación respectiva que tendrá el carácter de crédito fiscal, excepto aquellos que careciendo de recursos, así lo soliciten a la Comisión.

Capítulo II
De los Incendios Forestales y del Manejo del Fuego

Artículo 98. La Secretaría dictará las normas oficiales mexicanas que regirán el manejo del fuego, para evaluar los daños, restaurar el área afectada por incendio y establecer los métodos de manejo del fuego en los terrenos forestales, temporalmente forestales, agropecuarios y colindantes, así como los procedimientos para establecer el Sistema de Calificación para el manejo del fuego y el Sistema de Comando de Incidentes para el manejo del fuego en ecosistemas forestales.

Quienes hagan uso del fuego en contravención de las disposiciones de las normas mencionadas, recibirán las sanciones que prevé la presente ley, sin perjuicio de las establecidas en las leyes penales.

Artículo 99. La Comisión emitirá las líneas estratégicas en materia de manejo del fuego de mediano y largo plazos y establecerá los mecanismos de revisión, actualización y evaluación.

Artículo 100. La Comisión coordinará el Programa Nacional de Manejo del Fuego y coadyuvará con las Entidades Federativas y los Municipios a través del combate ampliado de incendios forestales y promoverá la asistencia de las demás dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, en los términos de la distribución de competencias y de los acuerdos o convenios que para tal efecto se celebren.

La autoridad municipal deberá atender el combate inicial de incendios forestales; y en el caso de que los mismos superen su capacidad operativa de respuesta, acudirá a la instancia estatal. Si ésta resultase insuficiente, se procederá a informar a la Comisión, la cual actuará de acuerdo con los programas y procedimientos respectivos. La Comisión definirá los mecanismos de coordinación pertinentes con el Sistema Nacional de Protección Civil.

La Comisión, los gobiernos de las entidades y de los municipios, procurarán la participación de los organismos de los sectores social y privado, para los efectos señalados en el párrafo que antecede y organizarán programas permanentes de manejo del fuego.

Sin perjuicio de lo anterior, las legislaciones locales establecerán los mecanismos de coordinación entre la entidad y los municipios en la materia a que se refiere este capítulo.

Artículo 101. Los propietarios y poseedores de los terrenos forestales y preferentemente forestales y sus colindantes, que realicen el aprovechamiento de recursos forestales, la forestación o plantaciones forestales comerciales y reforestación, así como los prestadores de servicios técnicos forestales responsables de los mismos y los encargados de la administración de las áreas naturales protegidas, estarán obligados a ejecutar trabajos de manejo de combustibles, y prevención cultural y realizar el ataque inicial de los incendios forestales, en los términos de los programas de manejo y las autorizaciones correspondientes, así como en los términos de las normas oficiales mexicanas aplicables.

Artículo 102. Los propietarios y legítimos poseedores de terrenos forestales están obligados a llevar a cabo, en caso de incendio, la restauración de la superficie afectada en el plazo máximo de dos años, debiendo ser restaurada la cubierta vegetal afectada, mediante la reforestación, cuando la regeneración natural no sea posible, poniendo especial atención a la prevención, control y combate de plagas y enfermedades.

Cuando los propietarios y legítimos poseedores de los predios dañados demuestren su imposibilidad para cumplirlo directamente, podrán solicitar fundadamente a las autoridades municipales, estatales o federales, el apoyo para realizar dichos trabajos. De igual manera, los titulares o poseedores de los predios afectados que no hayan sido responsables del incendio, podrán solicitar el apoyo para los trabajos de restauración en los términos que se establezcan como instrumentos económicos o se prevean en el Reglamento.

En el caso de que haya transcurrido el plazo de dos años sin que el propietario o legítimo poseedor hubiera procedido a la restauración, la Comisión realizará los trabajos correspondientes con cargo a ellos, quienes deberán pagar la contraprestación respectiva en los términos de las disposiciones aplicables, que tendrá el carácter de crédito fiscal.

Cuando los propietarios y legítimos poseedores de terrenos de uso forestal que hayan sido afectados por incendio, comprueben fehacientemente que los daños sean de una magnitud tal que requieran de un proceso de restauración mayor a los dos años, podrán acudir ante la Comisión para solicitar la ampliación de plazo a que se refieren los primeros dos párrafos de este artículo, así como la gestión de apoyos mediante los programas federales y estatales aplicables.

Capítulo III
De la Conservación y Restauración

Artículo 103. La Comisión, escuchando la opinión de los Consejos y tomando en cuenta los requerimientos de recuperación en zonas degradadas y las condiciones socioeconómicas de los habitantes de las mismas, promoverá la elaboración y aplicación de programas e instrumentos económicos que se requieran para fomentar las labores de conservación y restauración de los recursos forestales y las cuencas hidrográficas.

Las acciones de dichos programas y los instrumentos económicos a que se refiere el párrafo anterior, serán incorporados en el Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable, incluyendo las previsiones presupuestarias de corto y mediano plazo, necesarias para su instrumentación, dando preferencia a los propietarios y poseedores de los recursos forestales para su ejecución.

Artículo 104. Cuando se presenten procesos de degradación o desertificación, o graves desequilibrios ecológicos en terrenos forestales o preferentemente forestales, la Comisión formulará y ejecutará, en coordinación con las entidades federativas, los propietarios y legítimos poseedores, programas de restauración ecológica con el propósito de que se lleven a cabo las acciones necesarias para la recuperación y restablecimiento de las condiciones que propicien la evolución y continuidad de los procesos naturales, incluyendo el mantenimiento del régimen hidrológico y la prevención de la erosión y la restauración de los suelos forestales degradados, así como la implementación de mecanismos de evaluación y monitoreo de dichas acciones.

Los propietarios y poseedores de terrenos forestales están obligados a realizar las acciones de restauración y conservación pertinentes y aquellas que para tal caso dicte la Secretaría. En el caso de que éstos demuestren carecer de recursos, la Secretaría los incorporará a los programas de apoyo que instrumente, de acuerdo a las asignaciones que para tal fin se contemplen en el Presupuesto de Egresos de la Federación o, en su caso, realizará por su cuenta, con acuerdo de los obligados, los trabajos requeridos.

Artículo 105. El Titular del Ejecutivo Federal, con base en los estudios técnicos que se elaboren para justificar la medida, previa opinión técnica de los Consejos y respetando la garantía de audiencia de ejidatarios, comuneros y demás propietarios y legítimos poseedores de los terrenos afectados, así como de los titulares de autorizaciones de aprovechamiento de recursos forestales maderables y forestación sobre dichos terrenos, podrá decretar, como medida de excepción, vedas forestales cuando éstas:

I. Constituyan justificadamente modalidades para el manejo de los recursos forestales comprendidos en las declaratorias de áreas naturales protegidas;

II. Formen parte de las acciones o condiciones establecidas para las áreas que se declaren zonas de restauración ecológica, o;

III. Tengan como finalidad la conservación, repoblación, propagación, diseminación, aclimatación o refugio de especies en categoría de riesgo.

IV. Tengan como finalidad la regeneración de terrenos incendiados.

Se exceptuarán de las vedas los terrenos en los que se realice el aprovechamiento forestal o la plantación forestal comercial de conformidad con los instrumentos de manejo establecidos en la presente ley, en tanto no se ponga en riesgo la biodiversidad, de acuerdo con los criterios e indicadores que al efecto se emitan.

En este último caso la veda tendrá carácter precautorio, deberá referirse en forma específica al programa de manejo respectivo y sólo podrá abarcar la fracción del área forestal afectada por el riesgo a la biodiversidad. La Secretaría solicitará a los titulares la modificación de los programas de manejo respectivos, segregando de los mismos las superficies afectadas. Así mismo se establecerá un programa que tenga como finalidad atacar las causas que originan la veda y asegurarse al término de la misma que dichas causas no se repitan.

Los proyectos de veda deberán publicarse en el Diario Oficial de la Federación, y se notificarán previamente a los posibles afectados en forma personal cuando se conocieren sus domicilios; en caso contrario, se hará una segunda publicación la que surtirá efectos de notificación.

Los decretos que establezcan vedas forestales, precisarán las características, temporalidad, excepciones y límites de las superficies o recursos forestales vedados, así como, en su caso, las medidas que adoptará el Ejecutivo Federal para apoyar a las comunidades afectadas. Dichos decretos se publicarán en dos ocasiones en el Diario Oficial de la Federación y, por una sola vez, en los diarios de mayor circulación de los estados de la Federación y la Ciudad de México donde se ubiquen los terrenos y recursos forestales vedados.

Las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y, en su caso, las de los gobiernos de los estados de la Federación, de la Ciudad de México y de los municipios, en los términos de los acuerdos y convenios que se celebren, prestarán su colaboración para que se cumpla con lo que señalen las vedas forestales.

Artículo 106. Para fines de restauración y conservación, la Secretaría, escuchando la opinión técnica de los Consejos, de la Comisión Nacional del Agua y, cuando corresponda, de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, declarará áreas de protección forestal en aquellas franjas, riberas de los ríos, quebradas, arroyos permanentes, riberas de los lagos y embalses naturales, riberas de los lagos o embalses artificiales construidos por el Estado y sus instituciones, áreas de recarga de los mantos acuíferos, con los límites, extensiones, ubicaciones y requerimientos pertinentes, sobre la base de criterios, indicadores o a la Norma Oficial Mexicana.

En todos los casos, los propietarios y poseedores de los predios correspondientes, deberán ser escuchados previamente.

Los predios que se encuentren dentro de estas áreas de protección forestal, se consideran que están dedicados a una función de interés público. En caso de que dichas áreas se encuentren deforestadas o degradadas y con presencia de erosión del suelo, independientemente del régimen jurídico a que se encuentren sujetas, éstas deberán ser restauradas mediante la ejecución de programas especiales.

Para tal efecto, la Comisión en atención a la solicitud de los interesados coordinará la elaboración de los estudios técnicos pertinentes con la participación de los gobiernos estatales, municipales y dependencias o entidades públicas, así como de los propietarios y poseedores, y propondrá a la Secretaría la emisión de la declaratoria respectiva.

Artículo 107. La Secretaría emitirá normas oficiales mexicanas tendientes a prevenir y controlar el sobrepastoreo en terrenos forestales; determinar coeficientes de agostadero; evaluar daños a suelos y pastos; regular los procesos de reforestación y restauración de áreas afectadas; y a compatibilizar las actividades silvopastoriles.

Artículo 108. La forestación y reforestación que se realice con propósitos de conservación y restauración en terrenos forestales degradados y preferentemente forestales no requerirán de autorización y solamente estarán sujetas a las normas oficiales mexicanas, en lo referente a no causar un impacto negativo sobre la biodiversidad.

Las acciones de reforestación que se lleven a cabo en los terrenos forestales sujetos al aprovechamiento deberán incluirse en el programa de manejo forestal correspondiente. El prestador de servicios técnicos forestales que, en su caso, funja como encargado técnico será responsable solidario junto con el titular de la ejecución del programa en este aspecto.

Los tres órdenes de gobierno se coordinarán para que, en el ámbito de sus respectivas competencias, instrumenten programas de restauración integral, así como para el monitoreo y seguimiento de los mismos. Se impulsará la reforestación con especies forestales preferentemente nativas.

La reforestación establecida en terrenos preferentemente forestales, será susceptible de aprovechamiento de acuerdo al procedimiento que establezca el Reglamento.

Artículo 109. La Comisión, en coordinación con las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, promoverá el desarrollo de un Sistema Nacional de Mejoramiento Genético Forestal.

La colecta, transporte, certificación y comercialización de germoplasma forestal se sujetará a lo establecido en el Reglamento y, en su caso, la Norma Oficial Mexicana que expida la Secretaría.

Capítulo IV
De los Servicios Ambientales Forestales

Artículo 110. En el marco de los tratados internacionales y disposiciones nacionales aplicables, la Secretaría promoverá el desarrollo de instrumentos económicos para la conservación y mejora de los bienes y servicios ambientales que retribuyan beneficios de interés público, generados por el manejo forestal sustentable que realicen los propietarios y poseedores de los terrenos forestales.

Artículo 111. La Comisión podrá expedir reconocimientos certificados para acreditar los esfuerzos de conservación de los recursos forestales y sus servicios ambientales, tanto para propietarios y poseedores, como para las organizaciones, instituciones o empresas que coadyuven y acrediten su participación en esquemas diseñados para este fin. El reglamento definirá los procedimientos para la expedición de estos reconocimientos.

Artículo 112. Los propietarios y legítimos poseedores de terrenos forestales que, como resultado de un buen manejo, conserven y/o mejoren los servicios ambientales, podrán recibir los beneficios económicos derivados de éstos; en apego a procesos de selección que para tal fin se establezcan.

Los instrumentos legales y de política ambiental para regular y fomentar la conservación y mejora de los servicios ambientales, deben garantizar el respeto a las salvaguardas reconocidas por el derecho internacional, así como lo siguiente:

I. Consentimiento libre, previo e informado de ejidos, comunidades y pueblos indígenas;

II. Distribución equitativa de beneficios;

III. Certidumbre y respeto a los derechos de propiedad y posesión legítima y acceso a los recursos naturales de los propietarios y legítimos poseedores de la tierra;

IV. Inclusión y equidad territorial, cultural, social y de género;

V. Pluralidad y participación social;

VI. Transparencia, acceso a la información y rendición de cuentas;

VII. Reconocimiento y respeto a las formas de organización interna; y

VIII. Transversalidad, integralidad, coordinación y complementariedad entre políticas e instrumentos de los tres órdenes de gobierno.

Capítulo V
Del Riesgo y Daños Ocasionados a los Recursos Forestales, al Medio Ambiente, Ecosistemas o sus Componentes

Artículo 113.Cuando la Comisión, con base en estudios técnicos, determine la existencia de un riesgo a los recursos forestales, notificará a los propietarios y poseedores de terrenos forestales, o aquellos que resultaren afectados, la ejecución de las actividades necesarias para evitar o reducir la situación de riesgo, con el apercibimiento de que en caso de no realizarlas en el término que se le conceda para ello, la Comisión realizará los trabajos correspondientes con cargo a los obligados. El monto de las erogaciones que se realicen será considerado como crédito fiscal.

Artículo 114. Lo dispuesto en el artículo anterior, será aplicable con independencia de que se cuente o no con las autorizaciones, permisos o licencias correspondientes o se cause un daño a los recursos y bienes a que se refiere este artículo.

De igual forma, se entenderá sin perjuicio de las sanciones administrativas que en su caso procedan y de las sanciones o penas en que incurran los responsables, de conformidad con las disposiciones legales aplicables.

Toda persona física o moral que ocasione directa o indirectamente un daño a los recursos forestales, los ecosistemas y sus componentes, estará obligada a repararlo o compensarlo, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental.

Título Sexto
De los Instrumentos Económicos para el Desarrollo Forestal Capítulo I
De la Inversión, Incentivos y Subsidios para el Desarrollo Forestal

Artículo 115. Las medidas, programas e instrumentos económicos relativos al desarrollo de la actividad forestal, deberán sujetarse a las disposiciones legales aplicables en materia hacendaria, presupuesto, contabilidad y gasto público federal, asegurando su eficacia, selectividad y transparencia y podrán considerar el establecimiento y vinculación de cualquier mecanismo normativo o administrativo de carácter fiscal, financiero y de mercado establecidos en otras leyes, incluyendo los estímulos fiscales, los créditos, las fianzas, los seguros, los fondos y los fideicomisos, así como las autorizaciones en materia forestal, cuando atiendan o posibiliten la realización de los propósitos y objetivos prioritarios de promoción y desarrollo forestal. En todo caso los programas e instrumentos económicos deberán prever la canalización efectiva y suficiente de apoyos para fomentar las actividades forestales.

Sin perjuicio de lo que establezcan otras disposiciones legales, respecto de la coordinación en la materia entre los sectores público y privado y los distintos órdenes de gobierno, corresponderá a la Comisión, en el ámbito de su competencia, conducir, coordinar o participar en la aplicación, otorgamiento y evaluación de las medidas, programas e instrumentos a que se refiere este artículo.

Artículo 116. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y la Comisión, diseñarán, propondrán y aplicarán medidas para asegurar que el Estado, la sociedad y los particulares, coadyuven financieramente para la realización, de tareas de conservación, protección, restauración, vigilancia, silvicultura, ordenación y manejo sustentable de los ecosistemas forestales.

La Federación establecerá estímulos fiscales, instrumentos crediticios y los mecanismos adecuados para el aseguramiento a largo plazo de la actividad forestal.

La Federación establecerá mecanismos de apoyo para impulsar el desarrollo forestal sustentable.

La Cámara de Diputados asignará anualmente las partidas necesarias para atender el funcionamiento y operación de los mecanismos de apoyo para el desarrollo forestal sustentable.

En el caso de terceros que se beneficien directa o indirectamente por la existencia de una cubierta forestal, la Federación podrá establecer mecanismos para la compensación de los bienes y servicios ambientales.

La Comisión, en coordinación con la Secretaría de Economía y el Sistema de Administración Tributaria, aplicará medidas orientadas al comercio internacional de materias primas y productos forestales maderables y no maderables, que contribuyan en el marco de la legislación aplicable, a la competitividad y la eliminación de prácticas de comercio desleales.

Artículo 117. La Federación, las Entidades Federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias y escuchando la opinión del Consejo, diseñarán, desarrollarán y aplicarán instrumentos económicos que incentiven el cumplimiento de los objetivos de la política forestal, y mediante los cuales se buscará de manera prioritaria y no limitativa:

I. Aumentar la productividad silvícola de las regiones y zonas con bosques y selvas predominantemente comerciales o para uso doméstico;

II. Restaurar terrenos forestales degradados;

III. Apoyar la provisión de bienes y servicios ambientales;

IV. Ejecutar acciones de manejo de combustibles y combate de incendios forestales y saneamiento forestal por parte de los propietarios forestales;

V. Mejorar la calidad y elevar la supervivencia de la planta en el terreno en las reforestaciones y forestaciones;

VI. Capacitar, formar y evaluar a los prestadores de servicios técnicos forestales;

VII. Impulsar la participación comunitaria en la zonificación forestal;

VIII. Elaborar, aplicar y monitorear los programas de manejo forestal maderable y no maderable y de plantaciones forestales comerciales;

IX. Desarrollar la silvicultura comunitaria y aplicar métodos y prácticas silvícolas;

X. Fomentar los procesos de certificación;

XI. Capacitar a los propietarios forestales y legítimos poseedores;

XII. Promover los intercambios entre productores forestales;

XIII. Fortalecer las capacidades de gestión de los propietarios forestales y legítimos poseedores;

XIV. Proporcionar la asesoría y capacitación jurídica, administrativa, técnica y económica a micro y pequeñas empresas para la industrialización primaria y el desarrollo de productos forestales y su comercialización, así como la integración, el desarrollo y el fortalecimiento de la cadena productiva;

XV. Establecer programas de apoyo de largo plazo que contemplen todas las etapas del ciclo de producción forestal;

XVI. Impulsar la planeación y desarrollo de infraestructura forestal;

XVII. Desarrollar, adaptar y aplicar innovaciones tecnológicas a lo largo de la cadena productiva;

XVIII. Desarrollar mecanismos adecuados de financiamiento que tomen en cuenta el largo plazo de formación del producto forestal, las bajas tasas de interés por su lento crecimiento y los riesgos de su producción, así como la habilitación o, en caso necesario, la sustitución de garantías para la operación de créditos, fianzas y seguros;

XIX. Promover la cultura forestal, la educación técnica, la educación superior y la capacitación forestal;

XX. Apoyar la investigación, innovación, el desarrollo tecnológico, la divulgación científica y la transferencia del conocimiento y tecnologías, fomentando los mecanismos de vinculación entre los académicos o investigadores y los usuarios de los servicios y el uso de las investigaciones, y

XXI. Impulsar el establecimiento y funcionamiento de las unidades de manejo forestal.

Los instrumentos que se apliquen deberán observar las disposiciones contenidas en los acuerdos y tratados comerciales internacionales de los que México sea parte.

Artículo 118. La Comisión promoverá y difundirá a nivel nacional, regional o local, según sea el caso, las medidas, programas e instrumentos económicos a que se refiere este capítulo. De igual manera, establecerá los mecanismos de asesoría necesarios para facilitar el acceso de los instrumentos respectivos y la creación de capacidades entre los usuarios para el mismo propósito.

Artículo 119. Dentro de los incentivos económicos se podrá crear un bono que incentive la conservación del recurso forestal por el Fondo Forestal Mexicano de acuerdo a la disponibilidad de recursos, a fin de retribuir a los propietarios o poseedores de terrenos forestales por los bienes y servicios ambientales generados.

El reglamento respectivo determinará los procedimientos de emisión y asignación de estos bonos, los cuales tendrán el carácter de títulos de crédito nominativos y, por lo tanto, adquirirán alguna de las formas que establece la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.

Capítulo II
Del Fondo Forestal Mexicano

Artículo 120. El Fondo Forestal Mexicano es el instrumento para promover la conservación, incremento, aprovechamiento sustentable y restauración de los recursos forestales y sus recursos asociados facilitando el acceso a los servicios financieros en el mercado, impulsando proyectos que contribuyan a la integración y competitividad de la cadena productiva y desarrollando los mecanismos de cobro y pago de bienes y servicios ambientales; para garantizar un manejo más eficiente de los recursos el Fondo podrá utilizar los servicios de la banca privada.

El Fondo Forestal Mexicano será operado por la Comisión, y para su manejo contará con la asesoría de un Comité Mixto, el cual tendrá una representación equilibrada y proporcionada del sector público federal, así como de las organizaciones privadas y sociales de productores forestales de conformidad con el reglamento de dicho órgano colegiado.

La existencia del Fondo no limita la creación de diversos fondos privados o sociales que tengan una relación directa con el desarrollo forestal.

Artículo 121. El Fondo Forestal Mexicano se podrá integrar con:

I. Las aportaciones que efectúen los gobiernos Federal, Estatales, de la Ciudad de México y municipales;

II. Créditos y apoyos de organismos nacionales e internacionales;

III. Las aportaciones y donaciones de personas físicas o morales de carácter privado, mixto, nacionales e internacionales;

IV. Las aportaciones provenientes de los aranceles que se impongan a los bienes forestales importados;

V. El producto de sus operaciones y de la inversión de fondos libres en valores comerciales o del sector público;

VI. Un cinco por ciento del monto del bono certificado, a que se refieren los artículos 84 y 119 de la presente Ley;

VII. El cobro por bienes y servicios ambientales y por asistencia técnica;

VIII. La transferencia de recursos de los usuarios de las cuencas hidrográficas; y

IX. Los demás recursos que obtenga por cualquier otro concepto.

Los recursos que el Fondo Forestal Mexicano obtenga por el cobro de bienes y servicios ambientales se entregarán directamente a los proveedores de dichos servicios y una parte se destinará a cubrir los costos de esta operación.

Las aportaciones y donaciones que las personas físicas o morales de carácter privado hagan al Fondo Forestal Mexicano serán deducibles del Impuesto sobre la Renta.

Capítulo III
De la Infraestructura Forestal

Artículo 122. La Federación, a través de las dependencias y entidades competentes, en coordinación con los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios, promoverá el desarrollo de infraestructura para el desarrollo forestal, de acuerdo con los mecanismos previstos en la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, las cuales consistirán en:

I. Electrificación;

II. Obras hidráulicas;

III. Obras de conservación y restauración de suelos y conservación de aguas;

IV. Construcción y mantenimiento de caminos forestales;

V. Instalaciones y equipos para la detección y combate de incendios forestales;

VI. Viveros forestales, obras de captación de agua de lluvia, estaciones climatológicas; y

VII. Las demás que se determinen como de utilidad e interés público.

A fin de lograr la integralidad del desarrollo forestal, en la ampliación y modernización de la infraestructura se atenderán las necesidades de los ámbitos social y económico de las regiones, cuencas, subcuencas y zonas con mayor rezago económico y social.

El desarrollo de la infraestructura se sujetará a las disposiciones previstas en esta Ley y demás disposiciones aplicables.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público promoverá incentivos fiscales para aquellos que inviertan en infraestructura a que se refieren las fracciones III, IV y V del presente artículo.

Artículo 123. La Comisión se coordinará con las Secretarías y entidades de la Federación que tengan a su cargo las funciones de impulsar los programas de electrificación, desarrollo hidráulico, conservación de suelos y aguas, infraestructura vial y de ampliación de la comunicación rural, para que la promoción de acciones y obras respondan a conceptos de desarrollo integral.

La Comisión coordinará junto con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y los Gobiernos de las Entidades Federativas, un esfuerzo de promoción de infraestructura vial en las regiones forestales del país, con la misión primordial de captar y colocar recursos para proyectos de apertura, mejoramiento, conservación y pavimentación, promoviendo la participación, colaboración, aportación y ejecución de los diferentes sectores productivos, vigilando su desarrollo; formándose comités de caminos forestales, los cuales podrán contar con su propia maquinaria.

Las autoridades competentes vigilarán que la construcción de redes de electricidad, obras hidráulicas y caminos en terrenos forestales cause el menor daño a los ecosistemas forestales, respetando la densidad de la red de caminos y brechas forestales.

Las especificaciones para mitigar los impactos se establecerán en las normas oficiales mexicanas correspondientes.

Capítulo IV
De la Investigación Forestal

Artículo 124.La Comisión coordinará los esfuerzos y acciones que en materia de investigación, desarrollo, innovación y transferencia tecnológica requiera el sector productivo e industrial forestal del país y, con la opinión de los Consejos que correspondan, proveerá en materia de investigación forestal a:

I. Formular y coordinar la política de investigación forestal y el Programa Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico Forestal del país, apoyándose en los centros de investigación e instituciones de educación superior dedicadas a lo forestal;

II. Identificar las áreas y necesidades prioritarias en materia forestal en las que sea necesario apoyar actividades y/o proyectos de investigación, desarrollo, innovación y transferencia tecnológica forestal, siendo sus propósitos fundamentales los siguientes:

a) Promover la protección y conservación del patrimonio natural forestal;

b) Impulsar el conocimiento del potencial integral de los ecosistemas forestales y sus recursos naturales;

c) Fomentar la contribución del sector forestal a la economía del país y al crecimiento verde incluyente, y

d) Fortalecer el capital social del sector, así como las capacidades de gestión de ejidos y comunidades en zonas forestales.

III. Crear y coordinar mecanismos a través de los cuales se otorguen financiamientos a instituciones de educación superior públicas o privadas, centros de investigación que demuestren capacidad para llevar a cabo investigaciones, desarrollo e innovaciones tecnológicas en materia forestal, que pretendan resolver alguna necesidad prioritaria o problemática del sector;

IV. Coadyuvar en la creación de programas o proyectos con el objeto de que otras instituciones públicas y privadas, nacionales y extranjeras, destinen recursos a actividades de capacitación, investigación, desarrollo e innovación tecnológica;

V. Integrar y coordinar las investigaciones, los resultados obtenidos o los productos generados con los recursos de otras instituciones vinculadas con el estudio, el aprovechamiento, la conservación y protección de los recursos naturales;

VI. Impulsar la investigación y desarrollo tecnológico en materia forestal, particularmente en aquellas instituciones vinculadas directamente con la Comisión, con instituciones de educación superior, institutos, organismos e instituciones que demuestren contribuir con su trabajo a mejorar la actividad forestal;

VII. Promover la transferencia de tecnología y la divulgación de los resultados de la investigación forestal requerida para conservar, proteger, actualizar tecnológicamente, restaurar y aprovechar en forma óptima y sustentable los recursos forestales del país;

VIII. Promover el intercambio científico y tecnológico entre los investigadores e instituciones académicas, centros de investigación e instituciones de educación superior del país, así como con otros países; y

IX. Impulsar la investigación participativa con los silvicultores, productores, industriales y prestadores de servicios técnicos forestales.

En la formulación y coordinación de la política de investigación forestal, la Comisión considerará las propuestas de otras entidades paraestatales, gobiernos de las entidades, consejos estatales de ciencia y tecnología, dependencias, institutos, instituciones de educación superior, así como de los sectores productivo e industrial.

El Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, se coordinará en lo conducente con la Comisión en el diseño de las políticas y programas de investigación y desarrollo tecnológico forestal que realice dicho Instituto, a fin de garantizar su congruencia con el Programa Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico Forestal.

Capítulo V
De la Cultura, Educación y Capacitación Forestal

Artículo 125. La Comisión en coordinación con las dependencias competentes de la Administración Pública Federal, las correspondientes de las Entidades Federativas, la Ciudad de México, así como las organizaciones e instituciones públicas, privadas y sociales, realizará en materia de cultura forestal las siguientes acciones:

I. Establecer y realizar campañas permanentes de divulgación, sensibilización y concientización, así como eventos orientados al logro de la participación organizada de la sociedad en programas inherentes al desarrollo forestal sustentable;

II. Alentar la recopilación, análisis y divulgación de resultados de investigaciones forestales en el ámbito regional, nacional e internacional;

III. Establecer espacios orientados a elevar el nivel de cultura, educación y capacitación forestales;

IV. Promover la actualización de los contenidos curriculares en materia de conservación, protección, restauración y aprovechamientos forestales en el sistema educativo nacional, que fortalezcan y fomenten la cultura forestal;

V. Propiciar la divulgación, el uso, respeto y reconocimiento de costumbres, tradiciones y prácticas culturales propias de los pueblos y comunidades indígenas que habitan en las regiones forestales;

VI. Contribuir al diseño, formulación, elaboración y publicación de materiales de comunicación educativa y guías técnicas actualizadas, que vinculen la relación de la sociedad y lo forestal;

VII. Fomentar la formación de formadores forestales;

VIII. Promover los criterios de política forestal previstos en la presente Ley; y

IX. Otras que sean de interés para desarrollar y fortalecer la cultura forestal.

Artículo 126. En materia de educación y capacitación, la Comisión, en coordinación con la Secretaría de Educación Pública y con las demás dependencias o entidades competentes de los tres órdenes de gobierno, así como de los sectores social y privado, realizará las siguientes acciones:

I. Promover a través de los Centros de Educación y Capacitación Forestal, la formación, capacitación y actualización de técnicos forestales;

II. Recomendar la actualización constante de los planes de estudios de carreras forestales y afines, que se impartan por escuelas públicas o privadas;

III. Organizar programas de formación continua y actualización de los servidores públicos del ramo forestal federal, estatal y municipal;

IV. Apoyar la formación, capacitación y actualización de los prestadores de Servicios Técnicos Forestales;

V. Impulsar programas de educación y capacitación forestal destinados a propietarios y productores forestales, así como de los pobladores de regiones forestales, en materia de conservación, protección, restauración y aprovechamiento sustentable de los recursos forestales, así como en materia de contingencias, emergencias e incendios forestales;

VI. Formular programas de becas para la formación y capacitación forestal;

VII. Promover la competencia laboral y su certificación;

VIII. En materia de manejo del fuego la Comisión establecerá, coordinará y evaluará el programa especializado de capacitación y entrenamiento de combatientes y la formación de técnicos especializados en el manejo del fuego; y

IX. Las anteriores acciones se considerarán enunciativas y no limitativas.

Título Séptimo
De la Participación Social en Materia Forestal Capítulo I
De la Participación Social y la Concertación en Materia Forestal

Artículo 127. La Secretaría y la Comisión desarrollarán mecanismos de vinculación social para fomentar el desarrollo forestal sustentable.

Artículo 128.El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría y de la Comisión, de acuerdo a sus atribuciones, promoverá la participación de la sociedad en la planeación, diseño, aplicación y evaluación de los programas e instrumentos de la política forestal a que se refiere esta Ley, con base al Sistema Nacional de Planeación Democrática, convocando a las organizaciones de silvicultores, productores forestales, industriales, núcleos agrarios y comunidades indígenas, instituciones educativas y de investigación, agrupaciones sociales y privadas, asociaciones o individuos relacionados con los servicios técnicos forestales y demás personas interesadas para que manifiesten su opinión y propuestas respecto de los programas e instrumentos de la política forestal nacional, regional, estatal, distrital o municipal.

Artículo 129. Los acuerdos y convenios que en materia forestal celebre la Comisión con personas físicas o morales del sector público, social o privado, podrán considerar todos los aspectos previstos en los instrumentos de planeación del desarrollo forestal sustentable, así como aquellos que coadyuven en labores de vigilancia forestal y demás acciones forestales operativas previstas en esta Ley.

Dichos acuerdos y convenios tomarán en consideración la relación e integración que se da entre el bosque y la industria, entre el sector propietario del monte con el sector privado en la industria, o de competitividad, en la cual los grupos privados, campesinos, empresarial y gubernamental, definan los programas que deban solucionarse a corto, mediano y largo plazo.

Artículo 130. El Consejo o los Consejos a que se refiere el capítulo II de este Título, según corresponda, podrán proponer a la Secretaría y la Comisión lineamientos para promover la participación de los sectores social y privado en la planeación y realización de las actividades tendentes a incrementar la calidad y eficiencia en la conservación, producción, protección, restauración, ordenación, aprovechamiento, manejo, industrialización, comercialización y desarrollo forestal sustentable de la región, estado o municipio de que se trate. También propondrán normas y participarán en la consulta de normas oficiales mexicanas.

Los dueños de los recursos naturales, ejidos, comunidades, pequeños propietarios, las organizaciones de productores forestales y silvicultores, y demás personas interesadas, podrán elaborar propuestas de políticas de desarrollo, financiamiento y fomento en materia forestal, las cuales serán concertadas con la Secretaría, la Comisión y con las dependencias competentes de la Administración Pública Federal y con los gobiernos de las entidades federativas, para su aplicación.

Artículo 131. La Federación fomentará las acciones voluntarias de conservación, protección y restauración forestal que lleven a cabo los particulares, mediante:

I. La celebración de convenios entre la Comisión y los particulares, a efecto de ejecutar proyectos especiales que multipliquen recursos para áreas forestales urbanas, además constituir reservas forestales, previendo los aspectos relativos a su administración y los derechos de los propietarios y legítimos poseedores de los recursos forestales;

II. Las medidas que a juicio de la Comisión, previa opinión del Consejo, contribuyan de manera especial a la conservación, protección y restauración de la biodiversidad forestal y de las tierras afectadas por desertificación; y

III. La determinación de los compromisos que contraigan y de las obligaciones que asuman, en los términos de los programas de manejo forestal.

Artículo 132. La Comisión para la realización de las actividades previstas en este capítulo, promoverá la creación de empresas para el aprovechamiento forestal sustentable, la conservación de las cuencas hídricas, la forestación y la reforestación, para lo cual deberá coordinarse con las dependencias de la Administración Pública Federal competentes y con los gobiernos de las Entidades Federativas, la Ciudad de México y de los municipios, con el objeto de apoyar las labores del sector social y privado en esta materia.

Capítulo II
De los Consejos Forestales

Artículo 133. El Consejo Nacional Forestal es el órgano de carácter consultivo y de asesoramiento, en las materias contenidas en esta ley.

Dicho Consejo será presidido por el Titular de la Secretaría, siendo el Presidente Suplente el titular de la Comisión; asimismo éste último nombrará a un Secretario Técnico, mismo que contara con un suplente que será designado por el titular de la Secretaría.

El presidente del Consejo Nacional Forestal emitirá el Reglamento de éste y el de los Consejos Estatales, que establecerá la composición y funcionamiento del mismo.

Artículo 134. La Secretaría y la Comisión, junto con los gobiernos de las entidades federativas y la Ciudad de México, integrarán los Consejos Estatales Forestales, mismos que fungirán como órganos de carácter consultivo y de asesoramiento en las materias de esta Ley.

Título Octavo
De los Medios de Control, Vigilancia y Sanción Forestales Capítulo I
De la Prevención y Vigilancia Forestal

Artículo 135.La prevención y vigilancia forestal, a cargo de la Secretaría a través de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, tendrá como función primordial la salvaguarda de los recursos y ecosistemas forestales, así como la prevención de infracciones administrativas del orden forestal.

La Federación, en coordinación con los Gobiernos de los Estados y con la colaboración de los propietarios forestales organizados, comunidades indígenas, los Gobiernos Municipales y otras instituciones públicas formulará, operará y evaluará programas integrales de prevención y combate a la tala ilegal, especialmente en las zonas críticas diagnosticadas previamente, para enfrentarla con diversas acciones, así como para prevenir actos indebidos de cambio de uso del suelo, tráfico de especies y recursos forestales, extracción del suelo forestal, o bien, transporte, almacenamiento, transformación o posesión ilegal de materias primas forestales.

Artículo 136. Toda persona podrá denunciar ante la Secretaría o ante otras autoridades, todo hecho, acto u omisión que produzca o pueda producir desequilibrio ecológico al ecosistema forestal o daños a los recursos forestales, o contravenga las disposiciones de la presente Ley y las demás que regulen materias relacionadas con los ecosistemas forestales, sus recursos o bienes y servicios ambientales asociados a éstos.

El denunciante deberá aportar todos los elementos de prueba con que cuenten para sustentar su denuncia y se encauzará conforme al procedimiento establecido en la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente.

Las denuncias a que se refiere este artículo, deberán ser turnadas a la Procuraduría de Protección y el Ambiente para el trámite que corresponda.

Capítulo II
De las Visitas y Operativos de Inspección

Artículo 137. La Secretaría, por conducto del personal autorizado realizará visitas u operativos de inspección en materia forestal, con el objeto de verificar el cumplimiento de lo dispuesto en esta ley, su reglamento, las normas oficiales mexicanas aplicables y las demás disposiciones que de ellos se deriven.

Los propietarios y poseedores de terrenos forestales, o de terrenos temporalmente forestales, los titulares de autorizaciones de aprovechamiento de recursos forestales, quienes realicen actividades de forestación y de reforestación, los titulares de autorizaciones de cambio de uso de suelo, así como las personas que transporten, almacenen o transformen materias primas forestales, deberán dar facilidades al personal autorizado para la realización de visitas u operativos de inspección. En caso contrario, se aplicarán las medidas de seguridad y sanciones previstas en la presente Ley y en las demás disposiciones aplicables.

La Secretaría deberá observar en el desarrollo de los procedimientos de inspección, las formalidades que para la materia señala la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

Cuando de las visitas u operativos de inspección se determine que existe riesgo inminente de daño o deterioro grave a los ecosistemas forestales, o cuando los actos, hechos u omisiones pudieran dar lugar a la imposición del decomiso como sanción administrativa, se podrá tomar alguna de las medidas de seguridad previstas en el artículo 138 de esta Ley y se procederá conforme a lo señalado en el Capítulo III de este Título.

Capítulo III
De las Medidas de Seguridad

Artículo 138. Cuando de las visitas u operativos de inspección a que se refiere el artículo anterior, se determine que existe riesgo inminente de daño o deterioro grave a los ecosistemas forestales, o bien cuando los actos u omisiones pudieran dar lugar a la imposición de sanciones administrativas, la Secretaría podrá ordenar las siguientes medidas de seguridad:

I. El aseguramiento precautorio de los productos y materias primas forestales, así como la documentación, bienes, vehículos, utensilios, herramientas, equipo y cualquier instrumento directamente relacionado con la acción u omisión que origine la imposición de esta medida;

II. La clausura temporal, parcial o total de las instalaciones, maquinaria o equipos, según corresponda, para el aprovechamiento, almacenamiento o transformación de los recursos y materias primas forestales o de los sitios o instalaciones en donde se desarrollen los actos que puedan dañar la biodiversidad o los recursos naturales; y

III. La suspensión temporal, parcial o total de los aprovechamientos autorizados o de la actividad de que se trate.

A juicio de la autoridad, se podrá designar al inspeccionado como depositario de los bienes asegurados, quien será responsable del resguardo de los mismos.

La Secretaría dará destino final a los productos maderables o no maderables asegurados de manera precautoria antes de su deterioro, y los recursos económicos obtenidos se depositarán hasta que se resuelva el procedimiento legal y, una vez emitido el fallo y la resolución cause efectos, estos recursos se entregarán a quien beneficie el sentido de la resolución. El Reglamento determinará los mecanismos para implementar esta disposición.

Artículo 139. Cuando se imponga alguna o algunas de las medidas de seguridad previstas en el artículo anterior, se indicarán, en su caso, las acciones que se deben llevar a cabo para subsanar las irregularidades que las motivaron, así como los plazos para realizarlas, a fin de que, una vez satisfechas, se ordene el retiro de las mismas.

Capítulo IV
De las Infracciones

Artículo 140. Son infracciones a lo establecido en esta ley:

I. Realizar en terrenos forestales o preferentemente forestales cualquier tipo de obras o actividades distintas a las actividades forestales inherentes a su uso, en contravención de esta ley, su reglamento o de las normas oficiales mexicanas aplicables;

II. Obstaculizar al personal autorizado para la realización de visitas de inspección;

III. Llevar a cabo el aprovechamiento de recursos forestales, la forestación y la reforestación, en contravención a las disposiciones de esta ley, de su reglamento o de las normas oficiales mexicanas aplicables;

IV. Establecer plantaciones forestales comerciales en terrenos forestales;

V. Establecer cultivos agrícolas o realizar labores de pastoreo en terrenos forestales, sin apego a las disposiciones contenidas en el programa de manejo autorizado o en contravención del reglamento o de las normas oficiales mexicanas aplicables;

VI. Incumplir lo establecido en las autorizaciones de aprovechamiento forestal y de cambio de uso de suelo en terrenos forestales;

VII. Cambiar el uso de suelo de los terrenos forestales, sin contar con la autorización correspondiente;

VIII. Omitir realizar el manejo de combustibles en los terrenos forestales, de acuerdo con lo previsto en esta Ley;

IX. Realizar las quemas en terrenos agropecuarios en forma negligente que propicie la propagación del fuego a terrenos forestales vecinos y en terrenos temporalmente forestales;

X. Carecer de autorización de funcionamiento de los centros de almacenamiento y/o transformación de materias primas forestales, así como de establecimiento no integrados, conforme a lo establecido en esta Ley y su Reglamento;

XI. Hacer uso inadecuado de la documentación proporcionada por la Comisión y/o de la Secretaría para acreditar la legal procedencia de materias primas forestales y sus productos;

XII. Causar daño o deterioro grave a los ecosistemas forestales;

XIII. Extraer suelo forestal, en contravención a lo dispuesto en esta Ley, las normas oficiales mexicanas o en las demás disposiciones legales y reglamentarias aplicables, o realizar cualquier acción que comprometa la regeneración y capacidad productiva de los terrenos forestales;

XIV. Incumplir con la obligación de dar los avisos o presentar los informes a que se refiere esta ley;

XV. Transportar, almacenar, transformar o poseer materias primas forestales, sin contar con la documentación o los sistemas de control establecidos para acreditar su legal procedencia;

XVI. Amparar materias primas forestales que no hubieran sido obtenidas de conformidad con las disposiciones de esta Ley, su Reglamento o de las normas oficiales mexicanas aplicables, a fin de simular su legal procedencia;

XVII. Realizar actos u omisiones en la prestación de los servicios técnicos que propicien o provoquen la comisión de cualquiera de las infracciones previstas en esta ley;

XVIII. Prestar servicios técnicos forestales sin haber obtenido previamente las inscripciones en los registros correspondientes;

XIX. Contravenir las disposiciones contenidas en los decretos por los que se establezcan vedas forestales;

XX. Evitar prevenir, combatir o controlar, estando legalmente obligado para ello, las plagas, enfermedades o incendios forestales;

XXI. Negarse, sin causa justificada, a prevenir o combatir las plagas, enfermedades o incendios forestales que afecten la vegetación forestal, en desacato de mandato legítimo de autoridad;

XXII. Omitir ejecutar trabajos de conformidad con lo dispuesto por esta ley, ante la existencia de plagas y enfermedades e incendios forestales que se detecten;

XXIII. No realizar trabajos de restauración o de mitigación estando obligados a ello;

XXIV. Provocar incendios forestales;

XXV. Realizar en terrenos incendiados, cualquier actividad o uso distintos a la restauración o al manejo forestal sustentable, dentro de los 20 años siguientes a que haya ocurrido un incendio;

XXVI. Utilizar más de una vez, alterar o requisitar inadecuadamente, la documentación o los sistemas de control establecidos para acreditar la legal procedencia de materias primas forestales y sus productos;

XXVII. Depositar residuos peligrosos en terrenos forestales o preferentemente forestales, sin contar con la autorización debidamente expedida para ello; y

XXVIII. Cualquier otra contravención a lo dispuesto en la presente Ley.

Capítulo V
De las Sanciones

Artículo 141. Las infracciones establecidas en el artículo anterior de esta ley, serán sancionadas administrativamente por la Secretaría, en la resolución que ponga fin al procedimiento de inspección respectivo, con una o más de las siguientes sanciones:

I. Amonestación;

II. Imposición de multa;

III. Suspensión temporal, parcial o total, de las autorizaciones de aprovechamiento de recursos forestales o de la inscripción registral, o de las actividades de que se trate;

IV. Revocación de la autorización o inscripción registral;

V. Decomiso de las materias primas forestales y sus productos obtenidos, documentación, así como de los instrumentos, maquinaria, equipos y herramientas y de los medios de transporte utilizados para cometer la infracción, debiendo considerar el destino y resguardo de los bienes decomisados; y

VI. Clausura temporal o definitiva, parcial o total, de las instalaciones, maquinaria y equipos de los centros de almacenamiento y transformación de materias primas forestales, o de los sitios o instalaciones donde se desarrollen las actividades que den lugar a la infracción respectiva.

En el caso de las fracciones III y IV de este artículo, la Secretaría ordenará se haga la inscripción de la suspensión o revocación correspondiente en el Registro Forestal Nacional.

Artículo 142. La imposición de las multas a que se refiere el artículo anterior, se determinará en la forma siguiente:

I. Con el equivalente de 40 a 1,000 veces la Unidad de Medida y Actualización a quien cometa las infracciones señaladas en las fracciones V, VI, XII, XV, XVI, XX y XXV del artículo 140 de esta Ley;

II. Con el equivalente de 100 a 20,000 veces la Unidad de Medida y Actualización a quien cometa las infracciones señaladas en las fracciones I, II, III, IV, VII, VIII, X, XI, XIII, XIV, XVII, XVIII, XXIII y XXIV del artículo 140 de esta Ley, y

III. Con el equivalente de 150 a 30,000 veces la Unidad de Medida y Actualizacióna quien cometa las infracciones señaladas en las fracciones IX, XIX, XXI y XXII del artículo 140 de esta Ley.

Para la imposición de multas servirá de base la Unidad de Medida y Actualización prevista en el párrafo sexto del Apartado B del artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al momento de cometerse la infracción.

A los reincidentes se les aplicará el doble de las multas previstas en este artículo, según corresponda.

La Secretaría, fundamentando y motivando plenamente su decisión, podrá otorgar al infractor la opción de pagar la multa o realizar trabajos o inversiones equivalentes en materia de conservación, protección o restauración de los recursos forestales, siempre y cuando se garanticen las obligaciones del infractor, éste no sea reincidente y no se trate de irregularidades que impliquen la existencia de riesgo inminente de daño o deterioro grave de los ecosistemas forestales.

Artículo 143. Las infracciones a esta ley serán sancionadas por la Secretaría, tomando en consideración la gravedad de la infracción cometida y:

I. Los daños que se hubieren producido o puedan producirse así como el tipo, localización y cantidad del recurso dañado;

II. El beneficio directamente obtenido;

III. El carácter intencional o no de la acción u omisión;

IV. El grado de participación e intervención en la preparación y realización de la infracción;

V. Las condiciones económicas, sociales y culturales del infractor; y

VI. La reincidencia.

Artículo 144. Cuando la Secretaría determine a través de las visitas de inspección, que existen daños al ecosistema, impondrá como sanción mínima al responsable la ejecución de las medidas de restauración correspondientes.

Cuando en una sola acta de inspección aparezca que se han cometido diversas infracciones, deberán ser sancionadas individualmente. Las actas que se levanten en casos de flagrancia, deberán hacer constar con precisión esta circunstancia.

En los casos de flagrancia la autoridad podrá levantar acta circunstanciada sin la necesidad de contar con la orden de inspección.

La amonestación sólo será aplicable a los infractores por primera vez, a criterio de la Secretaría y servirá de apoyo para incrementar la sanción económica a los reincidentes.

Artículo 145.Cuando la gravedad de la infracción lo amerite, la Secretaría solicitará a las autoridades que los hubieren otorgado, la suspensión, modificación, revocación o cancelación de la concesión, permiso, licencia y en general de todas las autorizaciones otorgadas para la realización de las actividades calificadas como infracciones. Esta atribución la ejercerá directamente a la Secretaría cuando le corresponda otorgar los instrumentos respectivos.

De igual manera, la Comisión podrá promover ante las autoridades federales o locales competentes, con base en los estudios que elabore, la limitación o suspensión de la instalación o funcionamiento de industrias, comercios, servicios, desarrollos urbanos, turísticos o de cualquier actividad que afecte o pueda afectar los recursos forestales.

Artículo 146.Son responsables solidarios de las infracciones, quienes intervienen en su preparación o realización.

Artículo 147.Para los efectos de esta ley, se considerará reincidente al infractor que incurra más de una vez en la misma conducta infractora en un periodo de cinco años, contados a partir de la fecha en que se levante el acta en que se hizo constar la primera infracción, siempre que ésta no hubiese sido desvirtuada.

Capítulo VI
Del recurso de revisión

Artículo 148. En contra de los actos y resoluciones dictadas en los procedimientos administrativos con motivo de la aplicación de esta Ley, su reglamento y normas oficiales mexicanas que de ella emanen, se estará a lo dispuesto por la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

Transitorios

Primero.La presente Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, con excepción de las disposiciones previstas en el artículo 19, fracciones XLI, XLII, XLIII, XLIV y XLVII, artículo 57, fracciones de la I a la VIII, y Título Cuarto, Capítulo I, Secciones Segunda, Tercera, Cuarta y Sexta, las cuales entrarán en vigor dentro de los noventa días siguientes a la publicación en el Diario Oficial de la Federación; en tanto entran en vigor dichas disposiciones, los trámites respectivos se seguirán realizando conforme a lo dispuesto en la ley abrogada.

Segundo. Se abroga la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable publicada en el Diario Oficial de la Federación de fecha 25 de febrero de 2003, con sus posteriores reformas; y se derogan todas las disposiciones que se opongan o contravengan a la presente Ley.

Tercero. Las autorizaciones expedidas con anterioridad a la publicación de la presente Ley deberán ajustarse a la autorización respectiva, y los procedimientos y solicitudes que se encuentren en trámite se continuarán tramitando en los términos de la Ley que se abroga.

Cuarto. El Ejecutivo Federal emitirá el Reglamento de la presente Ley, dentro de los ciento ochenta días siguientes a la entrada en vigor de esta Ley.

Quinto.La Comisión diseñará e implementará el Sistema Nacional de Monitoreo Forestal, a que se refiere el artículo 19 fracción L, en un plazo de un año a partir de la entrada en vigor de la presente Ley.

Notas:

1 http://www.biodiversidad.gob.mx/pais/pdf/CapNatMex/Vol%20I/ I01_Elconocimientobiog.pdf

2 Inegi. Carta de Uso del Suelo y Vegetación, Serie V, 2015.

3 Fuente: Conafor. Elaboración a partir de información de Zonificación Forestal y del Censo de Población y Vivienda 2010, INEGI.

4 Información obtenida del Atlas de Propiedad Social y Servicios Ambientales realizado por el Registro Agrario Nacional (RAN) en 2012

5 Indicadores sobre el derecho a un medio ambiente sano en México. Vol. 1. Colección Indicadores de Derechos Humanos. Oficina del Alto Comisionado. México. 2012. Pág. 58.

6 Las causas subyacentes que explican los procesos de deterioro de los ecosistemas forestales forman parte de un sistema complejo y multifactorial,(10) en donde destacan los aspectos demográficos (presión de la población, migración), el diseño y aplicación de políticas públicas para el desarrollo rural, la gobernanza, la organización social, el grado de desarrollo del capital social y humano, el desarrollo tecnológico, las respuestas productivas ante cambios en los mercados para ciertos productos primarios (aguacate, frutas, productos pecuarios, entre otros), la pobreza y marginación, los factores económicos asociados al empleo, al consumo y a los precios de bienes y servicios, los aspectos culturales, los problemas de seguridad en el medio rural, y el cambio climático global, entre otros factores.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 20 días del mes de septiembre de 2016.— Diputadas y diputados: Alma Lucía Arzaluz Alonso,Ana María Boone Godoy, Benjamín Medrano Quezada, Emilio Enrique Salazar Farías, Flor Estela Rentería Medina, Francisco Saracho Navarro, Héctor Ulises Cristopulos Ríos, Jesús Sesma Suárez, Jorge Enrique Dávila Flores, José Hugo Cabrera Ruiz, María de los Ángeles Rodríguez Aguirre, María Guadalupe Oyervides Valdez (rúbricas).»

El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Gracias, diputada Arzaluz. Túrnese a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen; y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para opinión.

La diputada María de los Ángeles Rodríguez Aguirre (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Sonido en la curul de la Ángeles Rodríguez.

La diputada María de los Ángeles Rodríguez Aguirre (desde la curul): Gracias, señor presidente. Solamente para pedirle a mi compañera Alma si me permite adherirme a su iniciativa.

El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Diputada Arzaluz, que si no tiene inconveniente.

La diputada Alma Lucia Arzaluz Alonso(desde la curul): No tengo inconveniente, presidente. Gracias.

El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Manifiesta la diputada que no tiene inconveniente para la adhesión. Está a su disposición en esta Secretaría para lo correspondiente.

La diputada María de los Ángeles Rodríguez Aguirre (desde la curul): Gracias.

El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Esta Presidencia da la cordial bienvenida al grupo Xacxamayo del estado de Puebla, invitados por el diputado Víctor Manuel Giorgana Jiménez. Sean ustedes bienvenidos.

VOLUMEN II



LEY DE COORDINACIÓN FISCAL Y LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA

El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Tiene la palabra por cinco minutos el diputado Vidal Llerenas Morales, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que adiciona los artículos 25 y 47 Bis de la Ley de Coordinación Fiscal; y 42 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

El diputado Vidal Llerenas Morales:Gracias, diputado presidente. Cuando en esta Cámara el PRI perdió la mayoría, aquella Cámara famosa del 97 al 2000, el principal logro que tuvo –tuvo la oposición en ese momento– fue la creación del ramo 33, es decir, que los fondos que iban a estados y municipios no pasaran por la dependencias federales, sino que hubiera una fórmula y que incluso que esos fondos tuvieran unas características distintas intermedias entre las participaciones y los fondos normales del presupuesto federal, y así se crearon las aportaciones, que son la que están en el Ramo 33, y fue una manera de transferir de manera directa por medio de una fórmula y sin intervención de las autoridades federales, recursos a estados y municipios.

Después, a lo largo de los años se ha generado una costumbre que en mi opinión es responsable de la mala calidad del gasto púbico, y que ha costado en prestigio y en acciones de corrupción probadas en muchas ocasiones, por el hecho de poder asignar directamente recursos a discreción de los legisladores, a municipios y a estados también algunas ocasiones.

Esto ha traído mala calidad del gasto porque esto ha permitido financiar cualquier cantidad de ocurrencias que no corresponden, ni a instrumentos de planeación ni a las facultades de los gobiernos, ni a las prioridades de gasto. En parte por eso el gasto público federal no tiene el impacto en la actividad económica ni en la calidad de vida que debe tener.

Segundo, se ha permitido que alguien pueda decidir asignar dinero a un municipio sin considerar sus necesidades, sin considerar su población, sin considerar su entorno. Ahí nos hemos encontrado casos muy graves en donde municipios muy pequeños tienen enormes cantidades de recursos, presuntamente porque hay una operación para que alguien gana con eso.

Yo lo que propongo es que esta Cámara, en este contexto de recesión económica que hoy tenemos, sí apoyemos a los municipios del país porque estas peticiones de los presidentes municipales que vienen a visitarnos año con año son legítimas, tienen que ver con que efectivamente los municipios no tienen recursos, pero que lo hagamos exclusivamente mediante un nuevo Ramo del Ramo 33, que sirva para financiar servicios públicos elementales, los que el municipio es responsable; de pavimentación, de iluminación, de construcción de canchas deportivas, de apoyo a las escuelas. Las cosas que los municipios sí son los encargados de hacer.

Que los municipios tengan que presentar consideraciones y proyectos mínimos para poder darnos cuenta de sus costos, de su costo-beneficio de cada proyecto, y sobre todo que sean distribuidos sólo con un criterio poblacional. Hay otros fondos del Ramo 33 que tienen otras distribuciones. El FAIS tiene que ver con población, pero tiene que ver con pobreza también.

Este no, este sería un fondo para pagar por servicios que el ayuntamiento ofrece. Ese sería su característica y aquí no habría la posibilidad de que un diputado pudiera asignarle de más o de menos a un municipio, simplemente se correría la fórmula, los municipios tendrían un monto y la obligación ante la autoridad competente federal de enviar un proyecto de costo, de costo-beneficio, de costos unitarios, que nos diera la garantía de que ese proyecto cumple con las condiciones mínimas para su operación.

Eso sí sería un logro de esta Cámara. Renunciemos a los moches, renunciemos a la posibilidad de que alguien pueda asignarle un recurso a un municipio por recibir algo a cambio.

Es algo que ha sucedido en esta Cámara de Diputados y que ya no podemos permitir. Regresemos al espíritu de la primera Cámara opositora en México en el México moderno, la de 1997 que creó el Ramo 33, precisamente para que de manera automática, sin consideraciones políticas y sin corrupción los municipios de este país fueran apoyados. Eso sí es tener una política municipalista, eso sí es apoyar a los municipios en México.

No permitamos que esta Cámara, una vez más, esté bajo la sospecha de que alguien va a recibir algo a cambio de una asignación y, por el contrario, aseguremos a los municipios de México que año con año van a recibir los recursos necesarios para ofrecer sus servicios. Muchas gracias.

«Iniciativa que adiciona los artículos 25 y 47 Bis de la Ley de Coordinación Fiscal y 42 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a cargo del diputado Vidal Llerenas Morales, del Grupo Parlamentario de Morena

El suscrito, diputado Vidal Llerenas Morales del Grupo Parlamentario de Morena, en apego a las facultades y atribuciones conferidas por el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y los artículos 6, numeral 1, fracción I, así como los artículos 77 y 78 de Reglamento de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, somete a la consideración de esta asamblea la iniciativa con proyecto de decreto por el que reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal y de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, al tenor de las siguientes consideraciones:

Exposición de Motivos

La iniciativa con proyecto de decreto que se somete a la consideración de esta asamblea se relaciona con la atención y posible solución de diversas problemáticas que involucran aspectos de interés público previstos tanto en nuestra Constitución, en tratados internacionales suscritos por México, así como en diversas leyes de carácter federal y local que abordan los temas de asignación y ejercicio del gasto público para la satisfacción y mejoramiento de las condiciones de vida de la población mexicana. Entre los temas relevantes que se abordan en la presente propuesta se encuentra el mejoramiento de las condiciones de vida de miles de personas en diferentes municipios a lo largo y ancho de nuestro país, así como la posibilidad de establecer mayores y mejores condiciones para la distribución y ejercicio que se hace del gasto público a través de la operación de diversos fondos de asistencia establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal.

Propósito de la iniciativa

El artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece un conjunto de derechos fundamentales relacionados con el aseguramiento de condiciones de vida digna a favor de todas las personas que se encuentren en territorio nacional. Entre tales derechos se encuentran: el derecho a la alimentación, el derecho a la salud, el derecho a un medio ambiente sano, el derecho al agua, el derecho a la vivienda, entre otros.

Una aproximación similar puede encontrarse en el artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), el cual prevé el derecho de toda persona “a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a una mejora continua de las condiciones de existencia”. En el mismo numeral, el PIDESC prevé la obligación dirigida a los Estados de adoptar todas aquellas medidas que resulten apropiadas para asegurar la efectividad de este derecho; obligación que, interpretada a la luz del artículo 2.1 de mismo instrumento internacional, implica el diseño e implementación de medidas y programas de naturaleza económica y técnica que coadyuven al cumplimiento de las obligaciones que supone el derecho a un nivel de vida adecuado.

El propio Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, intérprete autorizado del PIDESC, ha señalado que el derecho a un nivel de vida adecuada supone la posibilidad de vivir en un ambiente de paz, seguridad y dignidad, cuya adecuación se encuentra determinada por “factores sociales, económicos, culturales, climatológicos, ecológicos y de otra índole”. Ello supone comprender que la garantía del derecho a un nivel de vida adecuada en el marco del Estado supone la garantía de diversos derechos que se traducen en la satisfacción y provisión de distintos servicios públicos que hacen posible la materialización efectiva de condiciones de paz, seguridad y dignidad en distintas localidades, regiones y municipios de nuestro país, como lo son aquéllos relacionados con el suministro de agua potable, alcantarillado, luminarias, recolección de desechos sólidos, mobiliario urbano y construcción o mantenimiento de calles y avenidas, entre otros.

En el caso de nuestro país, la legislación existente prevé la existencia y operación de algunos fondos que, a partir de distintos esquemas, intentan dar cumplimiento a este tipo de obligaciones. En particular, la Ley de Coordinación Fiscal estipula la obligación de integrar y operar un conjunto de Fondos de Aportaciones Federales, a través de la celebración de convenios inter-estatales de cooperación y recaudación fiscal, para promover el desarrollo y mejoramiento de las condiciones de importantes sectores poblacionales de nuestro país.

Pese a la existencia normativa de tales Fondos, lo cierto es que su adecuada operación y funcionamiento se ve constantemente amenazada por dos factores importantes. En un primer momento, por los alcances restrictivos que, derivado de las características específicas de cada uno de ellos en cuanto a las condiciones de los grupos que pretenden favorecer, terminan por generar un enfoque de exclusión que coloca en una situación de desprotección a otros grupos poblacionales que, de igual manera, requieren la asistencia de recursos económicos de carácter federal pero que no cumplen con los criterios taxativos de identificación previstos en la legislación. Y, en un segundo momento, por la falta de claridad respecto de la puntual operación de los fondos asignados a cada uno de ellos. Ese último supuesto se ve reforzado por la poca transparencia en torno a la distribución y destino de todos aquellos recursos económicos derivados de los procesos de ampliación y reasignación presupuestal del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), cuyo destino e implementación suele permanecer bajo esquemas de opacidad y poca transparencia. Ello trae consigo la generación de escenarios fértiles para la discrecionalidad y arbitrariedad de servidoras y servidores públicos en cuanto al manejo y distribución de recursos económicos.

Así, la necesidad de generar mecanismos de transparencia y distribución adecuada de recursos económicos tanto en la distribución formal de los Fondos de Aportaciones Federales, como en la asignación extraordinaria a partir de los procesos de ampliación y reasignación presupuestal del PEF, se alinea con el cumplimiento de las obligaciones suscritas por México a través de la firma de la Convención Interamericana contra la Corrupción y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, a la vez que se enmarca en las recomendaciones derivadas del Código de Transparencia Fiscal emitido por el Fondo Monetario Internacional.

Por ello, y toda vez que la satisfacción de un nivel de vida adecuado es un derecho –y por tanto una obligación a cargo de las autoridades del Estado– es que la presente iniciativa intenta generar un mejor equilibrio entre la asignación de los recursos económicos de carácter federal que son entregados a las entidades federativas y municipios para la satisfacción de servicios que permitan el adecuado aseguramiento de dicho derecho. Sin embargo, todo ello se propone sobre la posibilidad de estructurar una base para la construcción de canales más claros y transparentes de asignación presupuestal que, a su vez, permitan combatir la corrupción y la discrecionalidad en la utilización de recursos públicos destinados al cumplimiento de mandatos constitucionales y, particularmente, al mejoramiento de las condiciones de vida en distintos municipios a lo largo de nuestro país.

Problemáticas

Falta de transparencia en torno a la ampliación y reasignación presupuestal del Presupuesto de Egresos de la Federación

La Constitución, en su artículo 74, establece entre las facultades exclusivas de la Cámara de Diputados la aprobación anual del Presupuesto de Egresos de la Federación, así como el análisis y discusión del proyecto de Presupuesto formulado por el Ejecutivo Federal. Dicho proceso ha sido acompañado en las últimas décadas de una amplia discusión y negociación política entre el Ejecutivo y los diferentes Grupos Parlamentarios a fin de que transiten los presupuestos que requiere el país.

Sin embargo, dicho proceso, pese a ser parte de una práctica común de cualquier democracia y un proceso esencial para la planeación económica de cualquier Estado, ha carecido de controles institucionales efectivos que han promovido la discrecionalidad en las reasignaciones o ampliaciones presupuestales, las cuales bajo criterios poco técnicos y transparentes han desembocado en casos de corrupción comúnmente conocidos como moches, es decir, acciones de particular distribución de recursos públicos entre servidores públicos que participan en procesos de negociación y distribución del presupuesto federal y que muchas veces son utilizados para promover intereses personales o de grupo, y no precisamente acciones de desarrollo social.

A manera de ejemplo, en lo que va de este sexenio (2012 – a la fecha) las ampliaciones al presupuesto han promediado cerca de los 21 mil millones de pesos, mientras que las reasignaciones han alcanzado los 150 mil millones de pesos. Todos estos recursos han sido canalizados –entre otras partidas– a proyectos de infraestructura estatal o municipal, e incluso a proyectos culturales de organizaciones no gubernamentales. Sin embargo, es importante mencionar que dichas asignaciones no consideraron en la mayoría de los casos criterios técnicos y de pertinencia que ofrecieran bases sólidas de justificación para su reasignación y distribución, lo cual ha fomentado la asignación arbitraria de recursos públicos a proyectos poco definidos que, muchas veces, no redundan en beneficios colectivos o en el impulso de proyectos de desarrollo para la población. Así, tan sólo para el ejercicio fiscal de 2013, año en que se aprobaron las “famosas reformas estructurales”, la bolsa a repartir entre los diputados de algunas fuerzas políticas con representación en el Congreso fue superior a los 25 mil millones de pesos.

En este sentido, durante los últimos años ha sido posible observar la manera en que diversos Grupos Parlamentarios han utilizado política y facciosamente diversos instrumentos de política presupuestaria incluidos en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para canalizar diversas asignaciones presupuestales como el Fondo de Infraestructura Deportiva, el Fondo de Cultura, los Fondos para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal, así como el Fondo para el Desarrollo Regional, mismos que han excluido a cientos de municipios de la posibilidad de implementar obras prioritarias y atender las necesidades más básicas en sus servicios públicos

Naturaleza restrictiva de Fondos de Aportaciones Federales que generan un efecto de exclusión que afecta a diversos municipios y coloca en riesgo la posibilidad de garantizar el derecho a un nivel de vida adecuado

La Ley de Coordinación Fiscal establece un conjunto de Fondos de Aportaciones Federales que tienen como propósito principal coadyuvar con el desarrollo de diversos servicios de relevancia constitucional como la educación y la salud, así como contribuir con la mejora de las condiciones de vida para los Estados y Municipios que conforman nuestro país. Dos de tales fondos lo constituyen el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social y el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal los cuales intentan contribuir “al financiamiento de obras, acciones sociales básicas y a inversiones que beneficien directamente a población en pobreza extrema, localidades con alto o muy alto nivel de rezago socialconforme a lo previsto en la Ley General de Desarrollo Social, y en las zonas de atención prioritaria”, así como contribuir con el cumplimiento de “obligaciones financieras, al pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua, descargas de aguas residuales, a la modernización de los sistemas de recaudación locales, mantenimiento de infraestructura, y a la atención de las necesidades directamente vinculadas con la seguridad pública de sus habitantes”, entre otros.

Si bien es cierto que el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social intenta ser una opción de desarrollo para diversos municipios del país, lo cierto es que su naturaleza puede tornarse restrictiva para aquellos municipios que no se encuentran en una situación de pobreza extrema, como lo requiere la operación de dicho fondo de acuerdo con la Ley de Coordinación Fiscal. Ello no debe entenderse como una cuestión negativa; por el contrario el funcionamiento de dicho fondo debe mantenerse para asegurar el mejoramiento de las condiciones de vida y desarrollo de cerca del 9.5% de la población mexicana que se encuentra en situación de pobreza extrema.

Pese a ello, tampoco deben pasar desapercibido el comportamiento de la tasas de pobreza en nuestro país, cuyas constantes fluctuaciones y variaciones en los factores de medición pueden dejar en una situación de desprotección a una cantidad considerable de municipios mexicanos que no sean caracterizados como municipios en pobreza extrema, pero que al igual requieran de la satisfacción de servicios básicos para cubrir los estándares mínimos de su derecho a un nivel de vida adecuado.

Atendiendo a las cifras emitidas por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), entre 2012 y 2014 el porcentaje de población mexicana en pobreza aumentó de 45.5% a 46.2%, mientras que el porcentaje de personas que vive en situación de pobreza extrema se redujo de 9.8 a 9.5%. En términos de personas, estas cifras reflejan que durante el mismo periodo se registró un incremento de 2 millones de personas que viven en situación de pobreza, mientras que la cifra de quienes viven en pobreza extrema registró un descenso mínimo de 90 mil personas.

De las cifras anteriores es posible afirmar que mientras el número de personas en situación de pobreza extrema que pueden verse beneficiadas por el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social ha disminuido en proporciones reducidas, el número de personas que viven en pobreza y las cuales no pueden beneficiarse del mismo fondo ha venido incrementando durante los últimos años. Esta situación puede generar afectaciones potenciales para el desarrollo, aseguramiento y mejoramiento de las condiciones de vida de las personas que se encuentran en municipios mexicanos no considerados como en situación de pobreza extrema, toda vez que la satisfacción de servicios básicos puede verse comprometida al no poder beneficiarse del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social.

Así, si bien la propia Ley Coordinación Fiscal prevé la existencia del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, lo cierto es que los recursos destinados para dicho fondo únicamente pueden destinarse a actividades específicas que no incluyen muchos de los servicios públicos esenciales para proteger y garantizar el derecho a un nivel de vida adecuado como el pago de derechos, el aprovechamientos por concepto de agua, descargas de aguas residuales; a la modernización de los sistemas de recaudación locales, al mantenimiento de infraestructura, así como a la atención de las necesidades directamente vinculadas con la seguridad pública.

Conclusiones preliminares

De lo anteriormente señalado es posible desprender que la asignación, negociación y redistribución del presupuesto público, particularmente de los montos propuestos por el Ejecutivo Federal en el PEF, suele ver comprometido su potencial asistencial y de mejoramiento en virtud de prácticas pocos transparentes así como de un diseño normativo que genera un mecanismo de exclusión en contra de diversos municipios y demarcaciones territoriales del país.

Sin duda, ambos problemas deben ser atendidos. En este caso, la solución del primero puede resultar benéfico para la atención del segundo. Es decir, el establecimiento de controles de transparencia y asignación específica de los montos derivados de las reasignaciones y ampliaciones presupuestales del PEF negociadas entre los grupos parlamentarios puede, por un lado, reducir y combatir los niveles de corrupción dentro del escenario político-legislativo nacional y, por el otro, contribuir con el mejoramiento de las condiciones sociales y con el aseguramiento del derecho a un nivel de vid adecuado de un sector importante de la población mexicana.

Propuesta de Solución

La presente iniciativa tiene por objetivo crear un Fondo de Aportaciones para el Desarrollo y Mejoramiento de Infraestructura Básica y Servicios Públicos para Municipios y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de Méxicoque contribuya con el mejoramiento de las condiciones sociales a través de la satisfacción de servicios básicos que promuevan el aseguramiento de derecho a un nivel de vida adecuado consagrado tanto en nuestra Constitución, como en diversos tratados internacionales suscritos por México.

Dicho fondo tiene por objeto contribuir con el desarrollo de municipios y demarcaciones territoriales que, sin ser considerados como municipios en pobreza extrema, puedan acceder a mecanismos de financiación y desarrollo para la satisfacción de necesidades y servicios básicos, sin que ello implique la imposibilidad de beneficiarse de otro tipo de Fondos como aquellos contemplados en la Ley de Coordinación Fiscal destinados al mejoramiento de servicios educativos o de salud.

Frente al problema de la asignación y repartición discrecional de fondos públicos derivados de la negociación y reasignación del PEF entre Grupos Parlamentarios, la presente iniciativa propone que el Fondo de Aportaciones para el Desarrollo y Mejoramiento de Infraestructura Básica y Servicios Públicos para Municipios y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México se alimente precisamente de todos aquellos recursos económicos que deriven de las ampliaciones y reasignaciones presupuestales que se den en el marco del proceso de discusión y aprobación del PEF.

Con ello la presente iniciativa tiene por objetivo asegurar que el dinero derivado de la modificación de partidas presupuestales sea destinado a la satisfacción de necesidades básicas en diversos municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, y no que quede al arbitrio y discreción de actores políticos y fines particulares. Asimismo, a partir de la adición de diversas disposiciones a la Ley de Coordinación Fiscal se busca que los ajustes y reasignaciones que la Cámara de Diputados realice al proyecto PEF presentado por el Ejecutivo Federal sean canalizados a este fondo, impidiendo a su vez que otros fondos o instrumentos presupuestarios sigan siendo utilizados para condicionar e incluso extorsionar a presidentes municipales o gobernadores.

Así, en el marco de la presente iniciativa, se propone que el Fondo de Aportaciones para el Desarrollo y Mejoramiento de Infraestructura Básica y Servicios Públicos para Municipios y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México opere a partir de las siguientes directrices básicas, mismas que deberán ser desarrolladas con mayor detalle por la autoridad fiscal federal en el marco de sus atribuciones legales:

• El Fondo de Aportaciones para el Desarrollo y Mejoramiento de Infraestructura Básica y Servicios Públicos para Municipios y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México destinará anualmente recursos extraordinarios de manera proporcional al número de habitantes del país por al menos dos veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente, y cuya cobertura integral alcance a los 2,440 municipios mexicanos y a las 16 demarcaciones territoriales de la Ciudad de México;

• Dicho fondo de manera global contaría con un monto mínimo de al menos 17 mil 461 millones de pesos para inversión en infraestructura y servicios públicos municipales. De esta manera, se estarían re orientando cerca $146.00 pesos del gasto público por habitante para obras de inversión con impacto inmediato en todos los municipios y demarcaciones territoriales del país, ello con independencia de su nivel de pobreza, desarrollo, extensión territorial o afinidad política;

• En el caso de los municipios cuya población sea inferior a los 1,500 habitantes se propone que cuenten con una asignación general correspondiente a dicha cantidad de habitantes, es decir que contarían con una asignación aproximada de $219,120 pesos;

• Los recursos que integren al fondo podrán ser destinados a obras y acciones de infraestructura social, deportiva, educativa y cultural, agua potable, alcantarillado, drenaje, urbanización, electrificación, pavimentación, ciclovías, alumbrado público, recolección y tratamiento de desechos sólidos y mobiliario urbano, entre otros, de acuerdo a las necesidades prioritarias en materia de infraestructura según corresponda.

A continuación se presenta una proyección de dicho fondo, contemplando las variables señaladas:

Adicionalmente y con el fin de fortalecer la anterior iniciativa se propone modificar la Ley de Presupuesto y responsabilidad hacendaria estableciendo que los ajustes, ampliaciones y reasignaciones que la Cámara de Diputados realice al Proyecto de Presupuesto de Egresos no podrán ser orientadas de forma discrecional, siendo destinadas prioritariamente a proyectos de infraestructura energética, así como carretera, urbana y social a través del Fondo antes propuesto.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía el siguiente proyecto de

Decreto

Artículo Primero. Se adicionan una fracción IX al artículo 25 y el artículo 47 bis de la Ley de Coordinación Fiscal para quedar como sigue :

Ley de Coordinación Fiscal

Capítulo V
De los Fondos de Aportaciones Federales

Artículo 25.- ...

I. ... al VIII ...

IX. Fondo de Aportaciones para el Desarrollo y Mejoramiento de Infraestructura Básica y Servicios Públicos para Municipios y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México.

Artículo 47 Bis.El monto del Fondo de Aportaciones para el Desarrollo y Mejoramiento de Infraestructura Básica y Servicios Públicos para Municipios y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México se determinará anualmente en el Presupuesto de Egresos de la Federación con recursos federales, por un monto equivalente, sólo para efectos de referencia, de la forma siguiente:

a) De los ajustes y reasignaciones que la Cámara de Diputados realice al Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación presentado por el Ejecutivo Federal. Los recursos destinados a este fondo no podrán ser inferiores a otros fondos o instrumentos de política presupuestaria adicionales no contemplados en la Ley de presupuesto y responsabilidad hacendaria, así como a la presente ley.

b) Se establecerá un monto global base proporcional al número de habitantes del territorio nacional de acuerdo con la información estadística más reciente por al menos dos veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente que al efecto emita el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática.

c) Conforme a lo anterior, a cada municipio o demarcación territorial de la ciudad de México que comprende el territorio nacional se le asignará un monto proporcional correspondiente al número de habitantes por al menos dos veces la Unidad de Medida y Actualización vigentes emitidos por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. Los municipios cuya población sea inferior a 1500 habitantes se les asignará lo correspondiente a dicha cantidad de forma individual y generalizada.

d) Los recursos del Fondo de Aportaciones para infraestructura básica y servicios públicos para municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México serán destinados a obras y acciones de infraestructura social, deportiva, educativa y cultural, agua potable, alcantarillado, drenaje, urbanización, electrificación, pavimentación, ciclovías, alumbrado público, recolección y tratamiento de desechos sólidos y mobiliario urbano

e) A fin de brindar mayor certeza en torno a la operación administrativa y fiscal del Fondo entre autoridades federales, estatales y municipales la Secretaría de Hacienda y Crédito Público deberá emitir unos Lineamientos para la reglamentación de dicho fondo. Los lineamientos a que hace referencia el párrafo anterior establecerán las reglas, requisitos y procedimientos administrativos para la disposición de los recursos de este Fondo, así como los mecanismos de control, transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio del mismo.

f) En aquellos casos en donde los proyectos de obra a realizar superen los cincuenta millones de pesos, las autoridades municipales, a través de sus Delegaciones Estatales o instancia equivalente en el Ciudad de México, deberán presentar un proyecto en el que se exprese de manera detallada el análisis de costo beneficio y/o costo eficiencia según corresponda.

g) A más tardar el 30 de junio del ejercicio fiscal de que se trate, los proyectos referidos en el párrafo anterior deberán remitirse a la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano, a través de sus Delegaciones Estatales o instancia equivalente en la Ciudad de México, con el fin de que dicha Secretaría publique las distribuciones convenidas en su página oficial de Internet a más tardar el 31 de agosto de dicho ejercicio fiscal.

Artículo Segundo. Se adiciona un párrafo al inciso f fracción VII del artículo 42 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendariapara quedar como sigue:

Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria

Capítulo III
De la Aprobación y los mecanismos de comunicación y coordinación entre Poderes

Artículo 42.....

I. ... a la VII...

VIII....

a)...a la e)...

f)....

Los ajustes, ampliaciones y reasignaciones que los legisladores realicen al Proyecto de Presupuesto de Egresos no podrán ser orientadas de forma discrecional, siendo destinadas prioritariamente a proyectos de infraestructura energética; así como carretera, urbana y social a través del Fondo de Aportaciones para el Desarrollo y Mejoramiento de Infraestructura Básica y Servicios Públicos para Municipios y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México señalado en la Ley de Coordinación Fiscal.

Transitorio Único.El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas:

1 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Constitución publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 5 de febrero de 1917; última reforma publicada en el DOF el 15 de agosto de 2016, artículo 4.

2 ONU, Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución A/RES/2200 durante su XXI periodo de sesiones, New York, 16 de diciembre de 1966, artículo 11.

3 ONU, Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Observación General No. 4. El derecho a una vivienda adecuada (párrafo 1 del artículo 11 de Pacto), adoptada por el Comité en su resolución E/1991/23, durante su sexto período de sesiones, 1991, párrafos 7 y 8.

4 OEA, Convención Interamericana contra la Corrupción, aprobada en la Conferencia Especializada sobre el Proyecto de Convención Interamericana contra la Corrupción, celebrada en Caracas, Venezuela, 29 de marzo de 1996. Instrumento ratificado por México el 27 de mayo de 1997.

5 ONU, Convención de Naciones Unidas Contra la Corrupción, adoptada por la Asamblea General en su resolución AG/RES/58/4 el 31 de octubre de 2003.

6 FMI, Código de Transparencia Fiscal, disponible en: http://www.imf. org/external/np/fad/trans/spa/ft-codes.pdf

7 Ley de Coordinación Fiscal. Nueva Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de diciembre de 1978. Última reforma publicada en el DOF el 18 de julio de 2016, artículo 33.

8 Ibídem., artículo 37.

9 Coneval, Medición de la Pobreza en México y en las Entidades Federativas 2014, julio 2015. Disponible en http://www.coneval.org.mx/ Medicion/Documents/Pobreza%202014_CONEVAL_web.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de septiembre de 2016.— Diputados y diputadas: Vidal Llerenas Morales,Cuitláhuac García Jiménez, Ernestina Godoy Ramos, Macedonio Salomón Tamez Guajardo, María Concepción Valdés Ramírez (rúbricas).»

El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Gracias, diputado Llerenas. Túrnese a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Presupuesto y Cuenta Pública, para dictamen.

La diputada Delfina Gómez Álvarez(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Sonido a la curul de la diputada Delfina Gómez.

La diputada Delfina Gómez Álvarez (desde la curul): Gracias, presidente. Primero, para sumarme a esta iniciativa que se me hace muy interesante. Pero también me gustaría proponer –de ser posible– que se llevara a la Comisión de Fortalecimiento al Federalismo, ya que también tenemos ese objetivo de fortalecer la cuestión municipal y podría estar dentro de esta comisión. Muchas gracias.

El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Se hará la consulta pertinente para ver la opinión de la Comisión del Federalismo.



LEY GENERAL PARA LA INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Tiene la palabra, por cinco minutos, la diputada María Elena Orantes López, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 42 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad.

La diputada María Elena Orantes López: Muchas gracias, presidente. Compañeras y compañeros, desde hace muchos años nuestro país ha transitado ante distintos cambios administrativos, generando leyes generales y patrones estándar para lograr generar equilibrios y, sobre todo, un trato igualitario en todo el país.

En nombre de la fracción parlamentaria de Movimiento Ciudadano y con la sensibilidad que caracteriza a todos los grupos parlamentarios, presentamos hoy una adición al artículo 42 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad.

Tuvimos oportunidad de saludar a Bibí, con síndrome de Down, que nos da el orgullo de ser mexicana y de recibir varias medallas. Al igual que ella, hay niños que a veces los vemos normales, pero con simple tres preguntas de ausentismo, falta de atención o falta de diálogo y cordialidad, caen también en un tema denominado autismo, que cada día hay más.

Hay también discapacidad visual y se da en niños, se da en mujeres y hombres, se da en adultos mayores. Es también la discapacidad física, la motriz o la que llega con la edad, uno de los problemas que genera discriminación cuando la atención no es igualitaria en los ámbitos escolares.

Los niños tienen que aprender a convivir con niñas y niños que puedan tener algún problema con discapacidad, pero tiene que ser parte de nuestra educación y parte de nuestra cultura.

El día de hoy estamos haciendo un planteamiento para poder dar facultades al Consejo Nacional para la Prevención de la Discriminación, así como al Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de Personas con Discapacidad para poder generar, con un diseño específico claro, una difusión implementada y actualizada de programas de capacitación, orientados a servidores públicos de todos los niveles, pero muy en especial a los presidentes municipales, a las autoridades que están en los municipios, que son la primera instancia de atención.

¿Y por qué hacer esto? Porque si no están preparados o capacitados, lejos de generar oportunidades a las personas con discapacidad obstaculizan. También ha habido implementaciones en materia laboral para poder estar en algunos cargos a donde son eficientes.

A lo mejor la parte de una discapacidad física de piernas no impide que con sus manos pueda dar la atención, el reparto de folletos, de diseños, de escritura. Y es en este momento a donde nosotros queremos solicitar a todas las fracciones parlamentarias que se genere un programa general estándar, diseñado para todo el país, que no sea solamente por trienios ni por sexenios, sino que quede específico para el trato igualitario de todos los hombres, las mujeres, las niñas, los niños y los adultos mayores para un trato como merecen, un trato igualitario, un trato de mexicanos y es a donde nosotros incluimos esta adición al artículo 42, para poder considerarlo y para poder así contar con su aprobación y con su voto para que no quede en el discurso el trato de que las personas con capacidades diferentes, las personas con discapacidad no son iguales.

Todos somos hermanos, todos somos mexicanos y ojalá sea atendida y referida a los grupos parlamentarios y adoptada con la sensibilidad que caracteriza a mis compañeras y compañeros que representan algún estado, alguna región y alguna comunidad, y saben que lo que hablo se da y se discrimina cuando se tiene algún tipo de una deficiencia física y de discapacidad. Muchas gracias, señor presidente.

«Iniciativa que reforma el artículo 42 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, a cargo de la diputada María Elena Orantes López, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

La suscrita, diputada María Elena Orantes López, vicecoordinadora del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 6, fracción I, y 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, somete a consideración de esta asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 42 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, en materia de fortalecimiento de las atribuciones del Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad, de acuerdo con la siguiente

Exposición de Motivos

Desde hace varios años, nuestro país ha transitado entre distintas etapas de cambios administrativos en atención a mejorar costos, eficacia y eficiencia dentro del servicio público, así como las condiciones de atención a la ciudadanía, desde los tres niveles de gobierno. A pesar de ello, en la mayoría de los casos, este esfuerzo no ha podido incorporar suficientes mecanismos para empatar las prioridades de la ciudadanía, frente a las prioridades que los funcionarios públicos consideran, en los procesos de diseño e implementación de políticas.

Esta situación, en condiciones inequitativas de desarrollo, se agudiza en el espacio de la primera instancia gubernamental que tiene el ciudadano, el municipio, y repercute en la generación de obstáculos para la ciudadanía que en determinados escenarios pueden ser salvables, si el funcionario público lograra fortalecer las herramientas que le permitan generar mayor empatía con la población.

Desafortunadamente, los servidores públicos no siempre conocen los elementos técnicos necesarios para generar esta empatía, no consideran a la ciudadanía en la toma de decisiones por costumbre, falta de información, aspectos idiosincráticos, complejos o prejuicios y terminan por propiciar obstáculos en lugar de oportunidades.

En este sentido, la población es victimizada por acciones y omisiones, lastimando de manera especial la calidad de vida de las personas con discapacidad. Para atender esta situación específica, se han promulgado leyes e instaurado instituciones como el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación o el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad que desde el ámbito nacional, buscan impactar en los tres niveles de gobierno. Desafortunadamente, la amplitud de la labor, debido a la variedad de temas, objetivos e instancias que se deben cubrir, propicia resultados insuficientes que plantean, entre otras cosas, indicios de falta de cobertura y coordinación.

Así, diariamente siguen presentándose situaciones en las que el poder público reproduce la desatención o la atención insuficiente, intencionales y no intencionales, en todos los niveles de gobierno y en temas que afectan drásticamente a las personas con discapacidad como son el diseño de infraestructura; la selección materiales y métodos de difusión de información; la atención a la ciudadanía; la gestión de trámites; la planeación y diseño de presupuestos; la prestación de servicios públicos; el desempeño de comisiones, e incluso el planteamiento y difusión de diagnósticos y programas de gobierno.1 No obstante lo generalizado de estas prácticas o falencias, afirmar que toda la administración pública municipal tiene estas características, sería una falsedad. Sin embargo, es un hecho que la empatía frente a las personas con discapacidad, aun no es un tema plenamente integrado en el ejercicio del poder público en los 2 mil 435 municipios de nuestro país, ni en las prioridades de los integrantes de sus respectivos ayuntamientos.2

Por otra parte, generar un cuerpo que revise y evalúe todas esas situaciones, implicaría aumentar desproporcionadamente el gasto público en todos los niveles, además de duplicar muchas funciones del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación y otras instancias de gobierno.

Cabe señalar que el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, a través del artículo 20 de la Ley Federal para prevenir y eliminar la Discriminación, tiene entre sus atribuciones: “elaborar guías de acción pública con la finalidad de aportar elementos de política pública para prevenir y eliminar la discriminación” y “elaborar instrumentos de acción pública que contribuyan a incorporar la perspectiva de no discriminación en el ámbito de las políticas públicas”. Estas atribuciones plantean una labor muy amplia que en la medida de lo posible, atiende los problemas de discriminación por omisión o acción, en todos los ámbitos pero sus resultados, observables en los servicios, políticas e infraestructura de cualquier pueblo o ciudad, evidencian un alcance muy limitado.

Derivado de esta situación, como diputada ciudadana, considero que una de las maneras en las que se puede complementar el trabajo del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, en materia de atención a personas con discapacidad y, al mismo tiempo, mejorar el alcance de las atribuciones del Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad, es brindándoles la herramienta legal necesaria para estar en condiciones de fortalecer a los municipios. Esto, a partir de coordinarse en la labor de incentivar la capacitación de los integrantes de los ayuntamientos y el resto de los servidores públicos municipales para sensibilizarlos, en cuanto a las necesidades de las personas con discapacidad. Con ello, aumentaría la posibilidad de impactar en la clase política de los municipios en lo general y en particular, en los tomadores de decisiones y los implementadores de la atención de primer contacto con la ciudadanía.

Promover la capacitación para la sensibilización con respecto a las necesidades y problemáticas relacionadas con las personas con discapacidad, estandarizando conocimientos mínimos accesibles, desde el ámbito municipal, debe ser una herramienta fundamental para revertir las características de insuficiencia en la atención.

Esta actividad puede tener el efecto de reforzar conocimiento y actitudes positivas ya asumidas; propiciar que se complementen los programas de capacitación relacionados con la problemática de las personas con discapacidad; incentivar oportunidades para informar mejor a quienes ya estaban sensibilizados pero necesitaban más elementos para fortalecer sus perspectivas, y propiciar una sensibilización focalizada en los distintos tipos de responsabilidades municipales, necesaria para la toma de decisiones y cuyo impacto puede tener un efecto multiplicador que coadyuve en la disminución de problemática descrita.

De esta manera, en cada espacio público, cercano a la toma de decisiones en el nivel municipal y a las diversas instancias con las que la ciudadanía tiene el primer contacto con el servicio público, se estaría promoviendo la creación de consideraciones que inevitablemente impactarán en el mediano y corto plazo. Ello, debido a que comúnmente, las autoridades municipales trascienden los trienios en su actividad pública, haciendo carrera en el ayuntamiento, realizando otras actividades en el nivel local o migrando a otro ámbito de representación. De esta manera, plantear como una atribución del Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad, el promover la capacitación entre los funcionarios públicos municipales, en materia de sensibilización sobre las personas con discapacidad y en coordinación con el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, permitirá ampliar el alcance de algunos de los objetivos de ambos consejos y potenciar los esfuerzos en miembros de los ayuntamientos, implicando las siguientes ventajas:

1) Permite aumentar el alcance de la labor del Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad, sin transgredir esferas de otros ámbitos de poder y, al no ser una obligación, los ayuntamientos podrán amortizar el costo, al incluir esta promoción en actividades de capacitación ya programadas o presupuestadas.

2) La instancia municipal se beneficiaría al brindar a los integrantes del ayuntamiento la oportunidad de tener información y herramientas técnicas para fortalecer, estandarizar y actualizar los avances mínimos para mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad.

3) Las características que generalmente presentan las dinámicas de las carreras políticas de los integrantes de los ayuntamientos y demás funcionarios públicos de los municipios, consistentes en permanecer por varios años entre la clase política municipal o migrar a otras instancias de representación, tendrá un efecto multiplicador en el mediano y largo plazo.

4) La atribución propuesta para el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad, coadyuvará a complementar sus labores con las que desempeña el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, en materia de disminuir la discriminación contra las personas con discapacidad.

5) Especificar la atribución de cooperación orientada a sensibilizar a los servidores públicos municipales, representa un respaldo jurídico a las acciones tanto del Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad como del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación; un medio indirecto de fortalecimiento al municipio; una vía adicional para coordinar el apoyo a personas con discapacidad, desde la primera instancia de contacto entre gobierno y ciudadanía, así como un mecanismo de refuerzo para el Plan Nacional de Desarrollo, en el marco de la Inclusión de las Personas con Discapacidad.3

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto que reforma el artículo 42 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, en materia de fortalecimiento de las atribuciones del Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad.

Artículo Único. Se reforma el artículo 42 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad para quedar como sigue:

Artículo 42. ...

I. a XV. ...

XVI. Coadyuvar con la Secretaría de Relaciones Exteriores en la elaboración de los informes que el Estado Mexicano presentará ante los organismos internacionales, sobre la aplicación y cumplimiento de los instrumentos internacionales en materia de discapacida d;

XVII. Promover en coordinación con el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, el diseño, difusión, implementación y actualización de programas de capacitación orientada a servidores públicos municipales, en materia de sensibilización para el desarrollo e inclusión de personas con discapacidad, y

XVIII. Las demás que se establezcan en esta Ley, su Reglamento, Estatuto Orgánico del Consejo y demás disposiciones aplicables.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas:

1 Ejemplo de este tipo de necesidades está en la poca prioridad que las instancias municipales y estatales generalmente dan a políticas relacionadas con personas con discapacidad como puede apreciarse desde el diseño de infraestructura urbana, deficiente casi en todo el país, hasta en la manera en la que se concibe el análisis de las necesidades de los municipios como se puede apreciar en la ausencia de las personas con discapacidad dentro de los Planes de Desarrollo Municipal o en casos tan alarmantes como el que ofrece el Plan Municipal de Desarrollo de Ocosingo, Chiapas, 2012-2015, en el que se realizó un análisis FODA en el que se considera a las personas con discapacidad como una debilidad del municipio. Véase: http://www.haciendachiapas.gob.mx/ planeacion/planes_desarrollo_muni.asp

2 “Actualmente las ciudades mexicanas enfrentan diversos retos caracterizados por: congestión vial, altos costos de movilidad, pérdidas de tiempo en traslados, invasión de espacios públicos, accidentes, contaminación, inseguridad y rechazo al transporte público por lento y peligroso, lo que vulnera particularmente a los sectores de bajos ingresos y a las mujeres, e implica condiciones de exclusión y poca accesibilidad para personas con alguna discapacidad”, Véase a UN-HABITAT, Reporte Nacional de Movilidad Urbana en México 2014-2015, p. 30, disponible en

http://www.onuhabitat.org/Reporte%20Nacional%20de%20 Movilidad%20Urbana%20en%20Mexico%202014-2015%20-%20Final.pdf

3 http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5343100&fecha=30/ 04/2014

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de septiembre de 2016.— Diputadas y diputados: María Elena Orantes López,Ana Leticia Carrera Hernández, Carlos Sarabia Camacho, Emilio Enrique Salazar Farías, Germán Ernesto Ralis Cumplido, Gianni Raúl Ramírez Ocampo, Luis Fernando Mesta Soule, Macedonio Salomón Tamez Guajardo, María Concepción Valdés Ramírez, Refugio Trinidad Garzón Canchola, Tania Victoria Arguijo Herrera (rúbricas).»

El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Gracias, diputada Orantes. Túrnese a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables para dictamen.

La diputada Refugio Trinidad Garzón Canchola (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Sonido a la curul de la diputada Trinidad Garzón.

La diputada Refugio Trinidad Garzón Canchola (desde la curul): Buenas tardes, diputado presidente. Para que me permita suscribirme a la iniciativa de nuestra compañera diputada María Elena Orantes, precisamente por ser sumamente importante la inclusión de todas las personas con alguna discapacidad, y que efectivamente sean tratados igual y como humanos, y como hermanos que somos todos. Muchas gracias.

El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Diputada Orantes.

La diputada María Elena Orantes López (desde la curul): Sí.

El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: No existe inconveniente, queda a su disposición en la mesa de la Secretaría para lo procedente.

La diputada Ana Leticia Carrera Hernández (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Sonido a la curul de la diputada Leticia Carrera.

La diputada Ana Leticia Carrera Hernández (desde la curul): En primer lugar, felicitar a la diputada Orantes, por su iniciativa, y pedirle me permita adherirme a la misma. Requerimos que con las personas con discapacidad tengan un trato de calidad nuestros gobiernos.

El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Adelante, está a su disposición.

El diputado Guillermo Rafael Santiago Rodríguez (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Diputado Guillermo Santiago. Sonido a la curul del diputado Guillermo Santiago, por favor.

El diputado Guillermo Rafael Santiago Rodríguez (desde la curul): En el mismo sentido, presidente, para pedirle a la diputada Orantes si me puedo suscribir a la iniciativa. Que, efectivamente, toca ese tema tan importante para todos en México y en Chiapas. Gracias.

El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Está a su disposición.

La diputada Norma Rocío Nahle García (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Sonido en la curul de la diputada Rocío Nahle.

La diputada Norma Rocío Nahle García (desde la curul): Sí, también para solicitar que se me permita agregarme y suscribir esta iniciativa tan importante de la diputada Orantes.

El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Está a su disposición.

El diputado Luis Fernando Mesta Soule(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Sonido en la curul del diputado Luis Fernando Mesta.

El diputado Luis Fernando Mesta Soule (desde la curul): Sí, solo para adherirme también a esa propuesta y, como presidente de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, asegurarle que le daremos toda la importancia que se requiere.

El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Gracias, diputado. Como se ha dicho, la diputada Orantes ha aceptado y está a su disposición en la mesa de esta Secretaría.



CÓDIGO PENAL FEDERAL

El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Tiene la palabra por cinco minutos la diputada Angélica Reyes Ávila, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 98 Bis al Código Penal Federal.

La diputada Angélica Reyes Ávila:Un niño es como un barro suave donde puedes grabar lo que quieras, pero esas marcas se quedan en la piel. Esas cicatrices se marcan en el corazón y no se borran nunca.

Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores, los saludo con mucho cariño y con mucho respeto. No hay nada más triste que un niño tras las rejas de una prisión. La niñez es la etapa más importante del desarrollo humano y que esta se viva en las mejores condiciones es crucial para el bienestar y futuro de cualquier sociedad.

Ser niño representa la parte buena del mundo, la inocencia, la paz, la bondad, la belleza, la ternura y el porvenir. Para Nueva Alianza, propiciar el bienestar de la infancia es un compromiso al que dedicamos nuestro mayor empeño. Desafortunadamente, ser prisioneros sin haber cometido ningún delito es la realidad de miles de niños que viven en las cárceles de nuestro país, cumpliendo una sentencia al lado de sus madres.

El ambiente carcelario no es el idóneo para que un niño viva. Nuestro sistema penitenciario se encuentra en condiciones críticas de sobrepoblación, hacinamiento y corrupción, sin espacios para educación y deporte, y con insuficiencias en los servicios de salud, con alimentación inapropiada, maltratos y agresiones, además de un sinnúmero de violaciones constantes a los derechos humanos.

El estudio, la sobrepoblación en los centros penitenciarios de la República Mexicana, análisis y pronunciamiento elaborado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos expone, que actualmente existe una sobrepoblación penitenciaria del 25.4 por ciento, lo que significa que en las prisiones mexicanas hay capacidad para 203 mil 84 personas, aunque en ellas habitan 254 mil 705 internos.

La situación empeora cuando hablamos de mujeres que se encuentran recluidas y son madres que cohabitan con sus hijos en esos penales. Hasta marzo de 2015 existían en los centros penitenciarios del país un universo de 12 mil 690 mujeres internas, que representan el 5.12 por ciento del total de la población penitenciaria. En 51 de los penales habitados por población femenina residen también menores de edad que al acompañar a sus madres, purgar una condena sin haber delinquido es algo inhumano.

A pesar de que estos menores solo pueden permanecer con sus madres hasta los seis años de edad, es tiempo más que suficiente para resentir las huellas que imprime la prisión.

La crudeza de vivir en una cárcel deja secuelas muy profundas en la conciencia y el carácter de los niños, que con el transcurrir del tiempo irremediablemente se reflejarán en su desenvolvimiento personal, social y cultural. Tomemos en cuenta que si bien es cierto que una madre puede ser culpable de un delito, también lo es que su hijo siempre será inocente.

En Nueva Alianza lo entendemos, y por ello hemos insistido en presentar iniciativas y puntos de acuerdo que buscan soluciones alternativas a este problema. Como mujer y madre y representante de la sociedad, hoy vengo ante ustedes a presentar esta iniciativa que4 pretende adicionar el artículo 98 Bis al Código Penal Federal, a fin de que pueda otorgarse el indulto a las prisioneras que tengan hijos menores viviendo con ellas, a fin de que logre obtener su libertad y permitir con ello la convivencia familiar fuera de los espacios carcelarios.

Entendemos que la cárcel no es un lugar seguro para ningún niño. En ella los menores sufren toda clase de carencias; su lugar de juegos, educación y esparcimiento, se suscribe a los muros, rejas, pasillos y celdas de una prisión. Más allá: La insalubridad, el maltrato por parte del personal de custodia o bien de las demás internas, el presenciar escenas violentas con lenguaje inapropiado y estar expuestos a sufrir agresiones de todo tipo, los coloca en una situación de constante vulnerabilidad.

Es preponderante generar una infraestructura con enfoque de género a efecto de que las mujeres reclusas y los hijos que convivan con ellas cuenten con instalaciones apropiadas, tal como lo señala la Comisión Nacional de Derechos Humanos en su informe especial sobre las mujeres en los centros de reclusión de la República.

Cuando una madre es sometida a proceso penal y tiene que enfrentar el trámite en reclusión, su hijo tiene la alternativa de vivir en prisión con ella u optar por estar apartado de esos espacios. Ambos escenarios ponen en conflicto a los niños.

Se ha notado que los menores que no permanecen junto a sus madres en los primeros años de vida, experimentan inconvenientes sicosociales como depresión, hiperactividad, comportamiento agresivo o dependiente, entre otros.

Compañeras y compañeros, los hijos de las madres reclusas también están siendo castigados pese a su corta edad. En Nueva Alianza, conscientes de la problemática y con voluntad política, buscaremos revertir esta situación.

Nuestra propuesta no es exculpar a las mujeres que han delinquido. El indulto no cancela el delito, solo modera la pena, lo que quiere decir que en caso de volver a delinquir no se anula la reincidencia, al contario, opera como un agravamiento de la pena aunado a que solo podrá ser otorgado a quien cumpla los requisitos señalados para ello.

Hablamos de derechos fundamentales y de anteponer los intereses de la niñez para que los menores, quienes de por sí ya han purgado sentencias injustas, puedan convivir y desarrollarse en ambientes sanos que impulsen su crecimiento superando cualquier condición de vulnerabilidad.

No demos la espalda a aquellos niños que pagan un delito que no cometieron. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, señor presidente.

«Iniciativa que adiciona el artículo 98 Bis al Código Penal Federal, a cargo de la diputada Angélica Reyes Ávila, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza

La que suscribe, Angélica Reyes Ávila, integrante del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza en la LXIII legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto, por el que se adiciona el artículo 98 Bis al Código Penal Federal, al tenor del siguiente

Planteamiento del problema

En ninguna época de la historia de la humanidad como en la actual, la pena privativa de la libertad había alcanzado niveles tan elevados. Llega incluso a prever hasta 140 años de prisión para el infractor del orden social.

Biológicamente es imposible que una persona pueda vivir tantos años y cumplir lo dispuesto jurídicamente. Por tanto, resulta estéril y obsoleta dicha disposición legal.

El endurecimiento de las penas privativas de la libertad ha abonado al camino para que las cárceles acusen sobrepoblación, tal como devela el informe La sobrepoblación en los centros penitenciarios de la República Mexicana. Análisis y pronunciamiento, elaborado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, donde se expone que actualmente existe una sobrepoblación penitenciaria de 25.4, lo que significa que en las prisiones mexicanas hay capacidad para 203 mil 84 personas, pero en ellas habitan 254 mil 705 internos. Por tanto, 51 mil 621 presos no cuentan con un espacio óptimo de habitabilidad.

No obstante que los centros penitenciarios registran una sobrepoblación, la realidad demuestra que las sanciones penales extensas no han reflejado en los hechos la eficiencia necesaria para ser considerada como la panacea en materia de readaptación social de los sujetos que riñen con el orden y la paz pública. Recordemos que la pena de prisión tiene como característica principal el ser ejemplar para que el infractor no vuelva a delinquir, pero al mismo tiempo, que el resto del tejido social se inhiba de cometer un ilícito penal.

Las incidencias delictivas evidencian que la pena por sí sola no ha resultado efectiva para disuadir a la sociedad y reprimir la comisión de delitos. Por el contrario, se ha demostrado que cuando existe rapidez y efectividad en el funcionamiento de los aparatos judiciales y policiales hay mayor cohesión social y se fortalece la prevención del delito.

No se puede negar que nuestro sistema penitenciario se encuentra en total abandono, pues los centros preventivos del país acusan un sinnúmero de anomalías, dentro de las que se encuentran la sobrepoblación, el hacinamiento, la falta de espacios educativos, los insuficientes servicios de salud, la nula actividad deportiva, la alimentación inapropiada, el maltrato, el autogobierno, los espacios insalubres, la corrupción, la violación a los derechos humanos, la falta de mantenimiento, la inseguridad, y el abuso por parte de los custodios y de otros internos. Todos esos factores son la práctica cada día.

La mayoría de la población, tanto masculina como femenina, depende de su familia, pues ellos son los que les proporcionan alimentos en los días de visita, medicamentos, vestimenta, calzado y los recursos básicos de higiene personal.

De acuerdo con un informe emitido por el ombudsman mexicano sobre la situación de las mujeres en reclusión, publicado el 29 marzo de 2015, había hasta ese momento en los centros penitenciarios del país un universo de 12 mil 690 mujeres presas, que conforme a esta estadística representan 5.12 por ciento del total de la población penitenciaria del país. De ellas, 9 mil 529 son del fuero común. De éstas 5 mil 19 estaban bajo proceso y 4 mil 510 cumplían sentencias. Por su parte, las que pertenecen al fuero federal son del orden de 3 mil 161 y, de igual forma, enfrentaban proceso mil 866, mientras mil 295 contaban ya con sentencias.

El ambiente carcelario es patético, pero se agudiza cuando el actor principal es una reclusa y, más aún, cuando es madre y cohabita con su menor hijo en los penales. Por ello, el Estado mexicano en su conjunto y, particularmente las autoridades penitenciarias, deben mostrar sensibilidad para impulsar medidas tendentes a mejorar las condiciones y el trato que se brinda a las mujeres que se encuentran privadas de la libertad, acciones que deben hacerse extensivas a los niños que viven con sus madres internas, a fin de que se garantice en forma efectiva el respeto de los derechos humanos de estas personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad.

Uno de los inconvenientes que podemos apuntar para que esto se dé, es que en el sistema penitenciario nacional los centros de reclusión fueron diseñados en su mayor parte para dar alojamiento a hombres, lo que impide el ejercicio pleno de los derechos tanto de las madres como de sus hijos menores, pues por un lado no se cumple las necesidades de las féminas y, lógicamente, el encarcelamiento de la interna surte un efecto negativo sobre sus hijos, en virtud de que no cuentan con los espacios especiales para educación inicial, dormir o para desarrollar los juegos propios de su edad.

Para atender las irregularidades mencionadas, es preponderante generar una infraestructura con enfoque de género, a efecto de que las mujeres reclusas y los hijos que convivan con ellas cuenten con instalaciones apropiadas, tomando en consideración sus necesidades específicas, que les permita interactuar en un ambiente respetuoso y digno, atendiendo a sus necesidades de salud, educación, capacitación, trabajo productivo y remunerado, además de contar con actividades deportivas y recreativas, entre otras, como señala la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en el Informe especial sobre las mujeres en los centros de reclusión de la república.

En Nueva Alianza, conscientes de la problemática que representa vivir en reclusión y lo pernicioso que puede ser para el desarrollo de los menores habitar en las cárceles junto a sus madres, promovemos esta iniciativa para que pueda otorgarse el indulto a las prisioneras que tengan hijos menores viviendo con ellas, con objeto de que puedan obtener su libertad y permitir con ello la convivencia familiar fuera de los espacios carcelarios. Claramente, la candidata debe cubrir ciertos requisitos para tener acceso a esta prerrogativa.

Argumentación

De conformidad con el artículo 18 de la carta suprema, el sistema penitenciario se organizará sobre la base del respeto a los derechos humanos, del trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte, como medios para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir, observando los beneficios que para él prevé la ley.

La prisión es la reacción del Estado contra el sujeto que riñe con el orden y la paz públicos, sanción que se aplica a través de los órganos administradores de justicia, cuyo cumplimiento se verifica en las áreas segregativas.

Por su parte, el Código Penal Federal y los correlativos de las Entidades Federativas instituyen varias modalidades por las cuales se orienta la terminación o extinción de la pretensión punitiva, dentro de las que se cuentan las siguientes:

a) cumplimiento de la pena o de la medida de seguridad, b) reconocimiento de inocencia del sentenciado, c) que sobrevenga la muerte del implicado, d) que exista perdón del ofendido, e) el otorgamiento del indulto, f) que se decrete una ley de amnistía, g) que prescriba el delito o, h) que exista supresión del tipo penal.

El tema que nos convoca en la presente expresión legislativa es el que contiene el inciso e) del apartado precedente, es decir, la figura del indulto. Esta institución jurídica, como la de la conmutación de la pena, no cancela el delito, sólo modera la pena, lo que quiere decir que en caso de volver a delinquir no se anula la reincidencia, al contrario opera como un agravamiento de la pena.

Entre la población penitenciaria, un segmento sufre un daño colateral irreversible: los niños que viven con sus madres privados de la libertad. Un estudio elaborado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos detectó que en 51 centros de reclusión en nuestro país hay menores de edad.

Pese a que la ley establece en las normas mínimas sobre la readaptación de sentenciados que los menores sólo pueden permanecer con sus madres hasta los seis años, y después de ese tiempo tendrá que transitar al exterior, el daño que ese tiempo causa a los infantes suele dejar huellas muy profundas.

Tomemos en cuenta que la madre reclusa está presa por haber observado una conducta reprochable por la ley, por el sistema, por la sociedad y, desafortunadamente, su condición provoca efectos negativos y daños para los pequeños que comparten los espacios penitenciarios con ellas.

Estos menores sufren carencias de todo tipo pues no tienen un desarrollo saludable, como cualquier pequeño en libertad, ya que su ámbito se circunscribe a los muros, rejas, pasillos y celdas de una prisión, aunado a la insalubridad, al maltrato por parte del personal de custodia o bien de los demás internos, a la mala alimentación, a presenciar escenas violentas con lenguaje inapropiado para su edad y asimismo son expuestos a sufrir agresiones.

La cárcel no es un lugar seguro para ningún niño. Con la reforma que se propone, la ventaja consiste en que la persona indultada obtiene su libertad personal; en el caso de las madres de menores les permitiría atender a sus hijos en un ambiente más sano y propicio para su buen desarrollo.

En Nueva Alianza, consientes de la problemática que sufren los infantes que sin culpa alguna cumplen sentencias en una prisión, con voluntad política buscamos revertir su situación y promovemos herramientas jurídicas que permitan dotarles un mejor destino, a través de incrementar las posibilidades de un sano y óptimo desarrollo para que logren transitar a la vida adulta fuera de traumas, resentimientos o enconos.

Es nuestro deber como legisladores operar desde nuestro espacio natural para proponer, analizar y aportar instrumentos jurídicos que permitan arribar a soluciones concretas y tangibles que hagan posible satisfacer el interés superior de la niñez.

Cuando una madre es sometida a proceso penal y tiene que enfrentar el trámite en reclusión, su hijo tiene la alternativa de vivir en prisión con ella u optar por estar apartado de esos espacios. Ambos escenarios ponen en conflicto al infante, porque si bien la cárcel no es el sitio más recomendable para una sana convivencia entre ambos, tampoco la separación debería ser la alternativa.

Mucho se ha cuestionado lo disfuncional que ha resultado el sistema penitenciario de México, pues las condiciones patéticas que presentan los centros de reclusión, aunadas a la violación sistemática de los derechos humanos de los internos, les genera desesperación, depresión, pésimo estado físico, mental y emocional.

Además, se ha notado que los menores que por cualquier motivo no permanecen junto a sus madres en sus primeros años de vida experimentan inconvenientes psicosociales como depresión, hiperactividad, comportamiento agresivo o dependiente, retraimiento, regresión, así como también de alimentación, entre otros.

En síntesis, el tema de los derechos de los niños que viven en prisión con su madre es un tema que merece un análisis a fondo, cuyo resultado debe ser material puro para procesar normas jurídicas que atiendan con toda objetividad dicha problemática, anteponiendo siempre el interés superior de la niñez.

El comportamiento de los niños se alimenta de sus interrelaciones sociales, en virtud de que a partir de allí aprende y capta un conocimiento cotidiano como el lenguaje, la lectura, la escritura, y las formas de expresión tanto corporal como mímica; todo ello porque tiende a atrapar formas de conducta para después reproducirlas de acuerdo a su percepción de la realidad.

Los niños que viven en cárceles son seres humanos inocentes que al presenciar comportamientos violentos, exhibiciones sexuales, todo tipo de abusos y maltratos que se presentan entre las mismas internas y por parte de las custodias, les ocasionan daños emocionales que con el trascurrir del tiempo irremediablemente se reflejaran en su desarrollo personal, social y cultural. Ello, pues en su condición de niños perciben y asimilan la realidad que les tocó vivir y, por tanto, reproducen, hablan, se comportan y generan un pensamiento que está directamente relacionado con las experiencias adquiridas.

Es inadmisible que seamos testigos de situaciones como las expuestas y nos quedemos de brazos cruzados, y que a pesar de la flagrante violación a los derechos de los menores que viven con sus mamás en una cárcel, permanezcamos ignorándolos.

En Nueva Alianza estamos convencidos de que estas condiciones no pueden seguir así, por ello consideramos necesario reformas que propicien un mejor futuro para los niños que siendo inocentes tienen que vivir una vida marcada por el encierro y la violación de sus derechos más fundamentales.

Fundamento legal

Por lo fundado y expuesto, con fundamento en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en concordancia con lo establecido en los artículos 6, fracción I, numeral 1, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se adiciona el artículo 98 Bis al Código Penal Federal

Único. Se adiciona el artículo 98 Bis al Código Penal Federal, para quedar como sigue:

Artículo 98 Bis. Se indultará a las madres recluidas en centros penitenciarios que tengan hijos menores de seis años de edad en los siguientes casos:

I. Que durante el tiempo de reclusión demostraron un comportamiento ejemplar y participaron activamente en actividades educativas, laborales, deportivas y de capacitación para el trabajo;

II. Que hayan reparado el daño a la víctima u ofendido. En caso de no haberlo cubierto por insolvencia económica podrán presentar un plan de pagos para realizarlo, en términos de lo previsto en el Código Nacional de Procedimientos Penales;

III. Que durante su estancia hayan erradicado, en su caso, el hábito o la necesidad de consumir estupefacientes o psicotrópicos; y

IV. Que padezcan una enfermedad crónico-degenerativa en fase terminal.

En caso de obtener el indulto, deberán informar periódicamente a la autoridad que se encuentran desempeñando un trabajo digno y decoroso destinado a su manutención y la de sus hijos menores de edad.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas:

1 Artículo 11.Si la víctima de los delitos previstos en la presente ley es privada de la vida por los autores o partícipes de los mismos, se impondrá a estos una pena de ochenta a ciento cuarenta años de prisión y de doce mil a veinticuatro mil días multa. de la Ley General para prevenir y sancionar los Delitos en materia de Secuestro, Reglamentaria de la Fracción XXI del Artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 3 de junio de 2014.

2 Consultable en www.cndh.org.mx

3 Cuerda Riezu, Antonio, La cadena perpetua y las penas muy largas de prisión: ¿por qué son inconstitucionales en España?, Atelier, Barcelona, España, 2011, página 21.

4 Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2014. 9 de septiembre de 2015.

5 www.cndh.org.mx

6 El proceso de reinserción implica proporcionar al sentenciado las herramientas cognoscitivas, relacionales, de hábitos y costumbres, de disciplina, así como de capacitación, que faciliten una adecuada reinserción social del individuo, todo esto a través del tratamiento penitenciario.

7 Párrafo del artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011.

8 Puede definirse como una medida de gracia que el poder otorga a los condenados por sentencia firme, remitiendo toda pena que se les hubiera impuesto o parte de ella conmutándose por otra más suave. www.enciclopedia-juridica.biz.com/indulto/indulto.htm.

9 Párrafo sexto del artículo tercero de la ley citada, que a la letra establece que “Las hijas e hijos de internas que permanezcan con ellas dispondrán de los espacios correspondientes para asegurar su desarrollo integral, incluyendo los servicios de alimentación, salud y educación, hasta los seis años de edad cuando así lo determine el personal capacitado, con opinión de la madre y considerando el interés superior de la infancia. El Ejecutivo federal deberá cumplir esta disposición y para ello podrá celebrar convenios con las entidades federativas del país”.

10 Al respecto, las Reglas de Bangkok, en los numerales 42, párrafo 2, y 51, párrafo 2, recomiendan que en las prisiones se habiliten servicios o se adopten disposiciones para el cuidado del niño, a fin de que las reclusas puedan participar en las actividades de la prisión, y señalan la obligación del Estado de procurar que el entorno previsto para la crianza de los niños sea el mismo que el de los niños que no viven en centros penitenciarios.

11 Al respecto, las Reglas de Bangkok, en los numerales 42, párrafo 2, y 51, párrafo 2, recomiendan que en las prisiones se habiliten servicios o se adopten disposiciones para el cuidado del niño, a fin de que las reclusas puedan participar en las actividades de la prisión, y señalan la obligación del Estado de procurar que el entorno previsto para la crianza de los niños sea el mismo que el de los niños que no viven en centros penitenciarios. Obra citada.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a 20 de septiembre de 2016.— Diputadas y diputados: Angélica Reyes Ávila,Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, Carlos Gutiérrez García, Carmen Victoria Campa Almaral, Francisco Javier Pinto Torres, Luis Alfredo Valles Mendoza, Mariano Lara Salazar, Mirna Isabel Saldívar Paz (rúbricas).»

El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Gracias, diputada Reyes. Túrnese a la Comisión de Justicia para dictamen.



LEY DE AGUAS NACIONALES

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:«Iniciativa que adiciona el capítulo VI al título sexto de la Ley de Aguas Nacionales, a cargo de la diputada Claudia Edith Anaya Mota, del Grupo Parlamentario del PRI

La suscrita, diputada federal Claudia Edith Anaya Mota, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional a la LXIII Legislatura correspondiente a la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 3, numeral 1, fracción VIII; 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, tiene a bien someter a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto, al tenor del siguiente

Planteamiento del problema

En México existen grandes retos que limitan a su población en la utilización de recursos naturales para satisfacer sus necesidades, pero sin comprometer el patrimonio de las generaciones futuras. El agua es un recurso vinculado al bienestar social y el desarrollo económico de las distintas zonas del territorio nacional, por lo que la falta del líquido y su poca disponibilidad en áreas específicas ha propiciado la sobreexplotación de las fuentes de abastecimiento subterráneas y el deterioro de la calidad del agua natural.

De lo anterior, tenemos una problemática agravada por el crecimiento poblacional y la poca disponibilidad del agua, por lo que resulta necesario para la planeación nacional fortalecer técnicamente al sector hidráulico, principalmente en los servicios de suministro de agua potable y alcantarillado; así como el tratamiento de aguas residuales y los sistemas de reúso para este recurso.

En el Programa Nacional Hídrico 2014-2018 se considera al sector agrícola como el principal impulsor de la reutilización del agua residual tratada, lo cual propiciara? el intercambio de aguas de primer uso concesionadas al riego para ser destinadas a otros usos, sin embargo, en la Ley de Aguas Nacionales no está determinado una sección o capítulo referente a los usos de las aguas tratadas y que estos usos se realicen bajo estrictas normas de higiene.

Resulta necesario actualizar el marco normativo en materia de aguas tratadas tomando en cuenta las pruebas científicas en relación con patógenos, productos químicos y otros factores; que incluya los cambios en las características de la población y la actividad económica; los cambios en las prácticas de saneamiento; tomando en cuenta que existen mejores métodos de evaluación de riesgos; los problemas sociales y las prácticas socioculturales en la actualidad.

Basándonos en estudios de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, sabemos que existen tecnologías que se encuentran disponibles y alcanzables (tanto desde el punto de vista técnico y en términos de asequibilidad) para llevar a cabo el tratamiento de aguas excretas y aguas grises.

El uso seguro de aguas tratadas en servicios públicos, en la agricultura y la acuicultura, debe encontrar el balance justo entre la maximización de los beneficios de salud pública y las ventajas de usar recursos escasos. Estos usos deben ser lo suficientemente flexibles para poder adaptarlos a las condiciones locales, sociales, económicas y ambientales de cada región. Además, deben implementarse paralelamente con otras intervenciones de salud como la promoción de la higiene, los servicios de agua potable y saneamiento adecuados; y otras medidas de atención primaria de la salud.

Las políticas para promover la aplicación beneficiosa de las aguas residuales, excretas y aguas grises deben operar a nivel nacional. El marco de política debe vincular las políticas de protección ambiental y de salud con las políticas de seguridad alimentaria y protección del consumidor para lograr los máximos beneficios de salud en términos de mejora de la nutrición al tiempo que se reduzcan los riesgos de salud relacionados con las enfermedades infecciosas.

Las agencias de desarrollo bilaterales y multilaterales, también deberán encargarse de formular y aplicar políticas destinadas a promover el uso seguro de las aguas residuales, excretas y aguas grises en la agricultura y la acuicultura como parte integral de sus objetivos en la conservación y gestión de los recursos naturales, el desarrollo económico y social, con la reducción de la pobreza multidimensional.

Argumento que lo sustentan

Establecer normas excesivamente estrictas puede hacer este tipo de proyectos no sostenibles y paradójicamente, puede conducir a una inadecuada protección de la salud de acuerdo con las circunstancias locales y por lo tanto, el marco normativo podría ser ignorado. Al proponer procedimientos que se adapten a circunstancias específicas, la presente iniciativa persigue maximizar beneficios para la salud pública en general y el uso provechoso de los recursos escasos.

Además, la planificación de este tipo de proyectos hidráulicos a nivel local requiere tomar en cuenta una serie de factores subyacentes importantes, como son la evaluación y la comprensión de: la salud pública, el impacto social y la percepción pública; el impacto ambiental; la viabilidad económica, financiera, institucional, técnica y de mercado; por lo que es imperante contar con un marco normativo que comprenda las implicaciones del uso de aguas tratadas.

De acuerdo con el artículo 28 constitucional, las aguas en México se encuentran bajo la administración federal, es decir, son aguas nacionales. Para aprovechar las aguas nacionales (extraer, descargar aguas residuales, ocupar o extraer zonas materiales de las zonas federales a lo largo de cauces y cuerpos de agua) se requiere una concesión o asignación, o de un permiso.

La Ley de Aguas Nacionales establece que la explotación, uso o aprovechamiento de las aguas nacionales se realizará mediante títulos de concesión o asignación otorgados por el Ejecutivo Federal a través de la Comisión Nacional del Agua, como lo establece el Título Segundo “Administración del agua” en el Capítulo III BIS “Organismos de Cuenca” de la Ley de Aguas Nacionales; o como lo señalado en la NOM-011-CNA-2000 que establece las especificaciones y el método para determinar la disponibilidad media anual de las aguas nacionales; así como las condiciones que dispone la Ley de Aguas Nacionales y su reglamento. De manera similar, para el vertido de aguas residuales, es necesario contar con un permiso de descarga expedido por esta misma institución.

La Comisión Nacional del Agua tiene como misión administrar y preservar las aguas nacionales, con la participación de la sociedad, para lograr el uso sustentable del recurso, asimismo ha reportado importantes avances en materia de saneamiento y se ha planteado como propósito sustituir agua de primer uso por agua residual tratada; el tratamiento de las aguas residuales es esencial para garantizar el ciclo del agua, por esto debe exigirse a los municipios e industrias cumplir con el Título Séptimo “Prevención y Control de la Contaminación de las Aguas y Responsabilidad por Daño Ambiental” de la Ley de Aguas Nacionales, referente a las descargas vertidas a los cuerpos de agua nacionales.

Las personas físicas y morales están obligadas al pago del derecho sobre las aguas nacionales que usen, exploten o aprovechen, ya sea de hecho o al amparo de títulos de asignación, concesión, autorización o permiso otorgados por el Gobierno Federal. También aquéllas que descarguen en forma permanente, intermitente o fortuita aguas residuales en ríos, cuencas, vasos, aguas marinas y demás depósitos o corrientes de agua, así como en los suelos o las infiltren en terrenos que sean bienes nacionales o que puedan contaminar el subsuelo o los acuíferos.

Asimismo, están las que usen, gocen o aprovechen bienes del dominio público de la federación en los puertos, terminales e instalaciones portuarias, la zona federal marítima, los diques, cauces, vasos, zonas de corrientes y depósitos de propiedad nacional.

A diciembre de 2014, se contaba con 481,031 títulos de concesión o asignación de aguas nacionales inscritos en el Registro Público de Derechos del Agua, que corresponden a un volumen concesionado de 84,929 millones de metros cúbicos de usos consuntivos y 178,622 millones de metros cúbicos de usos no consuntivos. Cabe destacar que a partir de este año existe una nueva clasificación de uso no consuntivo: el de conservación ecológica.

Para el cobro de derechos por descargas de aguas residuales, los cuerpos receptores (ríos, lagos, lagunas, entre otros) se clasifican en tres tipos: “A”, “B” o “C”, según los efectos ocasionados por la contaminación. Los cuerpos receptores tipo “C” son aquéllos en los que la contaminación tiene mayores efectos. La lista de cuerpos receptores que pertenecen a cada tipo se encuentra en la Ley Federal de Derechos.

Las cuotas por descarga de aguas residuales están relacionadas con el volumen de descarga y la carga de contaminantes, para hacer este cálculo se toman en consideración la descarga característica de la actividad que generó la descarga y el tipo de cuerpo receptor.

En cuanto al tratamiento y reúso del agua, Conagua estima que al 2014 se reusaban directamente (antes de su descarga) 21.8 miles de metros cúbicos de aguas residuales tratadas. En tanto que se reusaban indirectamente (después de su descarga) 69.4 miles de metros cúbicos de aguas residuales tratadas. El intercambio de aguas residuales tratadas, en el que sustituyen agua de primer uso, se estima en 8.9 miles de metros cúbicos.

Un caso particular a nivel nacional es Chihuahua, es el sexto lugar en tratamiento de aguas residuales. Anteriormente esta salía directamente a los ríos, pero ahora la red morada (un proyecto hidráulico de agua tratada para riego) permitirá conectar el agua de las plantas tratadoras a los parques y zonas industriales, para que vuelva a ser utilizada.

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, las aguas residuales, excretas y aguas grises se utilizan cada vez más para la agricultura y la acuicultura tanto en los países en desarrollo como en los industrializados. Las principales fuerzas que impulsan el incremento en el uso son:

• La creciente escasez de agua;

• El aumento de la población, que ha acrecentado la contaminación ambiental derivada de una inadecuada eliminación de aguas residuales y;

El reconocimiento del valor que aportan en algunas actividades productivas los organismos de las aguas residuales, excretas y aguas grises.

Las descargas de aguas residuales se clasifican en municipales e industriales. Las municipales corresponden a las que son manejadas en los sistemas de alcantarillados urbanos y rurales, en tanto que las industriales son aquellas descargadas a los cuerpos receptores de propiedad nacional, como es el caso de la industria autoabastecida.

Un título de concesión o asignación puede amparar uno o más aprovechamientos o permisos. Se emplea el término “uso agrupado” a los rubros agrícola, pecuario, acuacultura, múltiples y otros de la clasificación del Registro Público de Derechos del Agua; el abastecimiento público incluye el “público urbano” y “doméstico”; la industria autoabastecida son los rubros industria, agroindustria, servicios y comercio. Es posible que existan ligeras variaciones en las cifras debidas a las fechas en que se hacen las consultas al Registro Público de Derechos del Agua.

En 2014, la industria trató 65.6 m³/s de aguas residuales, en 2 639 plantas en operación a nivel nacional. Los principales procesos en que se desglosa el tratamiento industrial son:

El reúso posee varias ventajas: en costo, reduce las presiones sobre los cuerpos de agua de primer uso y satisface demandas de agua que no exigen calidad potable. La reutilizacio?n de agua residual municipal tratada se ha incrementado en los últimos años, generalmente en la agricultura, la industria y en los servicios municipales (para el riego de áreas verdes urbanas, por ejemplo).

Para reutilizar el agua tratada se requiere construir la infraestructura necesaria encargada de conducir los efluentes de las plantas de tratamiento a los sitios en donde se hallan las actividades que reutilizan el agua, o bien en donde se ubica la infraestructura y equipos adecuados para dar un tratamiento posterior al agua inicialmente tratada, de acuerdo al uso final requerido. Esta acción es de particular importancia para las ciudades que requieren más agua y están cerca de la demarcación de los distritos y unidades de riego.

Existen redes de agua residual tratada —principalmente en los estados del norte donde el recurso es aún más escaso, conocidas como “red morada”—, cuya labor es incorporar los efluentes de las plantas de tratamiento de aguas residuales municipales y reutilizar el agua en los parques industriales, o bien, para reinyectarla a los acuíferos, una vez que cumplan con las disposiciones correspondientes.

Del volumen total de agua tratada, que asciende a 3,146 millones de metros cúbicos, solo se reúsa el 33 por ciento, de los cuales el 7.8 por ciento se intercambia por aguas de primer uso, recuperando caudales para usos prioritarios como el público urbano.

Actualmente el agua dulce que se extrae se utiliza en la agricultura, para uso doméstico y usos industriales combinados. En países áridos y semiáridos, es mejor utilizar aguas residuales, excretas y aguas grises en la agricultura, que utilizar el agua dulce de mayor calidad, porque este tipo de aguas aportan más beneficios a los cultivos.

La Organización Mundial de la Salud señala que si bien el uso de aguas residuales en la agricultura puede aportar beneficios (incluidos los beneficios de salud como una mejor nutrición y provisión de alimentos para muchas viviendas), su uso no controlado generalmente está relacionado con impactos significativos sobre la salud humana. Estos impactos en la salud se pueden minimizar cuando se implementan buenas prácticas de tratamiento.

Los usos de aguas residuales, grises y excretas son examinados por la Organización Mundial de la Salud, donde se evalúan la planificación y ejecución de programas acuícolas que trabajan con aguas residuales y requieren un enfoque progresivo integral, siempre estableciendo como prioridad la salud pública.

La misma Organización identifica que una importante fracción de la carga de enfermedades relacionadas con el agua (principalmente las relacionados a las aguas tratadas) se atribuye a la manera como se desarrollan y manejan los recursos hídricos. Los impactos adversos a la salud originados por la contaminación del agua, la construcción de represas, las obras de irrigación y el control de inundaciones, comúnmente son la causa de un número significativo de enfermedades.

El riego con el agua residual puede en la mayoría de las situaciones, suministrar todos los nutrientes necesarios para el crecimiento de los cultivos. Estas sustancias han sido reconocidas por los agricultores en todo el mundo. Su uso en la agricultura y la acuicultura es una forma de reciclaje de nutrientes y agua que permiten una reducción considerable en el impacto ambiental.

El esfuerzo de inversión a realizar para tratar las aguas residuales y controlar los contaminantes debe basarse en la construcción de un sistema financiero viable y auto sostenible para lograr la construcción, operación y mantenimiento de las plantas de tratamiento que se requieren. Asimismo, deben considerarse a las empresas u hogares en donde sean empleadas las aguas tratadas para determinados usos, por lo que la implementación de incentivos económicos o fiscales en la industria, agricultura y los hogares será una obligación del gobierno para impulsar la cultura del agua, como lo establece el Título Sexto, Capítulo V BIS “Cultura del Agua” de la Ley de Aguas Nacionales.

Asegurar en los próximos años la continuidad y disponibilidad del agua tratada, dependerá de la asignación y aplicación de los recursos económicos requeridos. Además, los organismos operadores que prestan los servicios de agua potable deberán consolidarse financieramente, estableciendo tarifas que les permitan tener ingresos tangiblemente mayores que los costos operativos.

Garantizar que las aguas residuales generadas en las ciudades y en las comunidades rurales, lleguen de manera efectiva hasta las plantas de tratamiento es una prioridad. Por ello se debe garantizar que todos los habitantes tengan acceso a una forma segura de disponer de sus aguas, evitando problemas de salud sin afectar al medio ambiente y que garanticen la gestión integral de los recursos hídricos.

Los principales beneficios del tratamiento del agua residual se consideran intangibles y difíciles de valorar económicamente. El tratamiento de aguas residuales es un proceso productivo cuyo producto es el agua tratada, siendo una de sus finalidades la mejora del ambiente y de las condiciones sociales, al reducir el desgaste de los cuerpos de agua. Por esta razón, el reúso debe ser una práctica común, informando a los usuarios acerca de los beneficios de usar agua residual tratada.

La última reforma a la Ley de Aguas Nacionales fue el 24 de marzo de 2016 (Se reforma la fracción LVII del artículo 3 y se adiciona una fracción VII Bis al artículo 3; y se reforman los numerales del Artículo Décimo Quinto Transitorio del “Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de abril de 2004”).

Sobre el uso de “Aguas recicladas” en la Ley se señalan como “reúso” y se refiere a la explotación, uso o aprovechamiento de aguas residuales con o sin tratamiento previo.

Aguas residuales, se conciben como las aguas de composición variada provenientes de las descargas de usos público urbano, doméstico, industrial, comercial, de servicios, agrícola, pecuario, de las plantas de tratamiento y en general, de cualquier uso, así como la mezcla de ellas; y agua tratada, como aguas residuales cuya composición sea modificada mediante procesos individuales o combinados de tipo físico, químico, biológico u otro, de manera que resulten adecuadas para su descarga a cuerpos receptores.

¿Cómo se atiende el asunto de las aguas tratadas? En la Ley de Aguas Nacionales, los artículos cuyo contenido se refiere a los asuntos de aguas tratadas, son:

Artículo 7, fracciones I y VII

Se declara de utilidad pública:

I. La gestión integrada de los recursos hídricos, superficiales y del subsuelo, a partir de las cuencas hidrológicas en el territorio nacional, como prioridad y asunto de seguridad nacional;

VII. El mejoramiento de la calidad de las aguas residuales, la prevención y control de su contaminación, la recirculación y el reúso de dichas aguas, así como la construcción y operación de obras de prevención, control y mitigación de la contaminación del agua, incluyendo plantas de tratamiento de aguas residuales;

Artículo 9, fracción XIV

“La Comisión” es un órgano administrativo desconcentrado de “la Secretaría”, que se regula conforme a las disposiciones de esta Ley y sus reglamentos, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y de su Reglamento Interior.

“La Comisión” tiene por objeto ejercer las atribuciones que le corresponden a la autoridad en materia hídrica y constituirse como el Órgano Superior con carácter técnico, normativo y consultivo de la Federación, en materia de gestión integrada de los recursos hídricos, incluyendo la administración, regulación, control y protección del dominio público hídrico.

En el ejercicio de sus atribuciones, “la Comisión” se organizará en dos modalidades:

XIV. Fomentar y apoyar el desarrollo de los sistemas de agua potable y alcantarillado; los de saneamiento, tratamiento y reúso de aguas; los de riego o drenaje y los de control de avenidas y protección contra inundaciones en los casos previstos en la fracción IX del presente Artículo; contratar, concesionar o descentralizar la prestación de los servicios que sean de su competencia o que así convenga con los Gobiernos Estatales y, por conducto de éstos, con los Municipales, o con terceros;

Artículo 12 Bis 6, fracción VIII

Los Organismos de Cuenca, de conformidad con los lineamientos que expida “la Comisión”, ejercerán dentro de su ámbito territorial de competencia las atribuciones siguientes:

VIII. Fomentar y apoyar el desarrollo de los sistemas de agua potable y alcantarillado; los de saneamiento, tratamiento y reúso de aguas; los de riego o drenaje y los de control de avenidas y protección contra inundaciones. En su caso, contratar o concesionar la prestación de los servicios que sean de su competencia o que así convenga con los Gobiernos de los estados o con terceros;

Artículo 16, párrafo 3 y 4

La presente Ley establece las reglas y condiciones para el otorgamiento de las concesiones para explotación, uso o aprovechamiento de las aguas nacionales, en cumplimiento a lo dispuesto en el Párrafo Sexto del Artículo 27 Constitucional.

Son aguas nacionales las que se enuncian en el Párrafo Quinto del Artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El régimen de propiedad nacional de las aguas subsistirá aun cuando las aguas, mediante la construcción de obras, sean desviadas del cauce o vaso originales, se impida su afluencia a ellos o sean objeto de tratamiento.

Las aguas residuales provenientes del uso de las aguas nacionales, también tendrán el mismo carácter, cuando se descarguen en cuerpos receptores de propiedad nacional, aun cuando sean objeto de tratamiento.

Artículo 21, fracción VII

La solicitud de concesión o asignación deberá contener al menos:

VII. El proyecto de las obras a realizar o las características de las obras existentes para su extracción y aprovechamiento, así como las respectivas para su descarga, incluyendo tratamiento de las aguas residuales y los procesos y medidas para el reúso del agua, en su caso, y restauración del recurso hídrico; en adición deberá presentarse el costo económico y ambiental de las obras proyectadas, esto último conforme a lo dispuesto en la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente,

Artículo 21 Bis, fracción V

El promovente deberá adjuntar a la solicitud a que se refiere el artículo anterior, al menos los documentos siguientes:

V. La memoria técnica con los planos correspondientes que contengan la descripción y características de las obras a realizar, para efectuar la explotación, uso o aprovechamiento de las aguas a las cuales se refiere la solicitud, así como la disposición y tratamiento de las aguas residuales resultantes y las demás medidas para prevenir la contaminación de los cuerpos receptores, a efecto de cumplir con lo dispuesto en la ley;

Artículo 23

El título de concesión o asignación que otorgue “la Autoridad del Agua” deberá expresar por lo menos: Nombre y domicilio del titular; la cuenca hidrológica, acuífero en su caso, región hidrológica, municipio y localidad a que se refiere; el punto de extracción de las aguas nacionales; el volumen de extracción y consumo autorizados; se referirán explícitamente el uso o usos, caudales y volúmenes correspondientes; el punto de descarga de las aguas residuales con las condiciones de cantidad y calidad; la duración de la concesión o asignación, y como anexo el proyecto aprobado de las obras a realizar o las características de las obras existentes para la extracción de las aguas y para su explotación, uso o aprovechamiento, así como las respectivas para su descarga, incluyendo tratamiento de las aguas residuales y los procesos y medidas para el reúso del agua, en su caso, y restauración del recurso hídrico.

Artículo 29 Bis, fracción II

Además de lo previsto en el Artículo anterior, los asignatarios tendrán las siguientes obligaciones:

II. Descargar las aguas residuales a los cuerpos receptores previo tratamiento, cumpliendo con las Normas Oficiales Mexicanas o las condiciones particulares de descarga, según sea el caso, y procurar su reúso,

Artículo 44, párrafo 3° y 7°

Corresponde al municipio, al Distrito Federal y, en términos de Ley, al estado, así como a los organismos o empresas que presten el servicio de agua potable y alcantarillado, el tratamiento de las aguas residuales de uso público urbano, previa a su descarga a cuerpos receptores de propiedad nacional, conforme a las Normas Oficiales Mexicanas respectivas o a las condiciones particulares de descarga que les determine “la Autoridad del Agua”.

Los municipios, los estados y, en su caso, el Distrito Federal, podrán convenir con los Organismos de Cuenca con el concurso de “la Comisión”, el establecimiento de sistemas regionales de tratamiento de las descargas de aguas residuales que se hayan vertido a un cuerpo receptor de propiedad nacional y su reúso, conforme a los estudios que al efecto se realicen y en los cuales se prevea la parte de los costos que deberá cubrir cada uno de los municipios, de los estados y, en su caso, el Distrito Federal.

Artículo 46

“La Autoridad del Agua” podrá realizar en forma parcial o total, previa celebración del acuerdo o convenio con los gobiernos de los estados o del Distrito Federal y, a través de éstos, con los gobiernos de los municipios correspondientes, las obras de captación o almacenamiento, conducción y, en su caso, tratamiento o potabilización para el abastecimiento de agua, con los fondos pertenecientes al erario federal o con fondos obtenidos con aval o mediante cualquier otra forma de garantía otorgada por la Federación, siempre y cuando se cumplan los requisitos

Artículo 84 Bis, fracciones I y IV

“La Comisión”, con el concurso de los Organismos de Cuenca, deberá promover entre la población, autoridades y medios de comunicación, la cultura del agua acorde con la realidad del país y sus regiones hidrológicas, para lo cual deberá:

I. Coordinarse con las autoridades Educativas en los órdenes federal y estatales para incorporar en los programas de estudio de todos los niveles educativos los conceptos de cultura del agua, en particular, sobre disponibilidad del recurso; su valor económico, social y ambiental; uso eficiente; necesidades y ventajas del tratamiento y reúso de las aguas residuales; la conservación del agua y su entorno; el pago por la prestación de servicios de agua en los medios rural y urbano y de derechos por extracción, descarga y servicios ambientales;

IV. Proporcionar información sobre efectos adversos de la contaminación, así como la necesidad y ventajas de tratar y reusar las aguas residuales;

Artículo 86, fracción IX

La Autoridad del Agua” tendrá a su cargo, en términos de Ley:

IX. Promover o realizar las medidas necesarias para evitar que basura, desechos, materiales y sustancias tóxicas, así como lodos producto de los tratamientos de aguas residuales, de la potabilización del agua y del desazolve de los sistemas de alcantarillado urbano o municipal, contaminen las aguas superficiales o del subsuelo y los bienes que señala el Artículo 113 de la presente Ley;

Artículo 86 Bis 2

Se prohíbe arrojar o depositar en los cuerpos receptores y zonas federales, en contravención a las disposiciones legales y reglamentarias en materia ambiental, basura, materiales, lodos provenientes del tratamiento de aguas residuales y demás desechos o residuos que por efecto de disolución o arrastre, contaminen las aguas de los cuerpos receptores, así como aquellos desechos o residuos considerados peligrosos en las Normas Oficiales Mexicanas respectivas. Se sancionará en términos de Ley a quien incumpla esta disposición.

Artículo 88 Bis, fracciones II, VII, X a),

Las personas físicas o morales que efectúen descargas de aguas residuales a los cuerpos receptores a que se refiere la presente Ley, deberán:

II. Tratar las aguas residuales previamente a su vertido a los cuerpos receptores, cuando sea necesario para cumplir con lo dispuesto en el permiso de descarga correspondiente y en las Normas Oficiales Mexicanas;

VII. Operar y mantener por sí o por terceros las obras e instalaciones necesarias para el manejo y, en su caso, el tratamiento de las aguas residuales, así como para asegurar el control de la calidad de dichas aguas antes de su descarga a cuerpos receptores;

X. Cumplir con las Normas Oficiales Mexicanas y en su caso con las condiciones particulares de descarga que se hubieren fijado, para la prevención y control de la contaminación extendida o dispersa que resulte del manejo y aplicación de substancias que puedan contaminar la calidad de las aguas nacionales y los cuerpos receptores;

a. La inspección y verificación de las obras utilizadas para las descargas de aguas residuales y su tratamiento, en su caso;

Artículo 91 Bis, 2o. párrafo

Las personas físicas o morales que descarguen aguas residuales a las redes de drenaje o alcantarillado, deberán cumplir con las Normas Oficiales Mexicanas y, en su caso, con las condiciones particulares de descarga que emita el estado o el municipio.

Los municipios, el Distrito Federal y en su caso, los estados, deberán tratar sus aguas residuales, antes de descargarlas en un cuerpo receptor, conforme a las Normas Oficiales Mexicanas o a las condiciones particulares de descarga que les determine “la Autoridad del Agua”, cuando a ésta competa establecerlas.

Artículo 94

Cuando la suspensión o cese de operación de una planta de tratamiento de aguas residuales pueda ocasionar graves perjuicios a la salud, a la seguridad de la población o graves daños a ecosistemas vitales, “la Autoridad del Agua” por sí o a solicitud de autoridad distinta, en función de sus respectivas competencias, ordenará la suspensión de las actividades que originen la descarga, y cuando esto no fuera posible o conveniente, “la Autoridad del Agua” nombrará un interventor para que se haga cargo de la administración y operación provisional de las instalaciones de tratamiento de aguas residuales, hasta que se suspendan las actividades o se considere superada la gravedad de la descarga, sin perjuicio de la responsabilidad administrativa o penal en que se hubiera podido incurrir.

Fundamento legal

Es por lo anteriormente motivado y fundado; y con base en lo que disponen los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 3, numeral 1, fracción VIII; 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, quien suscribe somete a consideración de esta Soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto.

Denominación del proyecto de decreto:

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el Capítulo V Ter “Usos de las Aguas Tratadas” al Título Sexto “Usos del Agua” de la Ley de Aguas Nacionales.

Texto normativo propuesto

Artículo Único.Se adiciona el Capítulo V Ter “Usos de las aguas tratadas” al Título Sexto “Usos del Agua” de La Ley de Aguas Nacionales, para quedar como sigue:

Capítulo V Ter Usos de las aguas tratadas

Artículo 84 Ter 1. Las plantas de tratamiento públicas y privadas facilitarán y promoverás el uso responsable de las aguas residuales, tratadas y de reúso, atendiendo a las disposiciones que para los efectos emita la Secretaría de Salud, en virtud de la protección de la salud pública.

Artículo 84 Ter 2.Por los beneficios que representan, los usos a los que estarán destinadas las aguas tratadas, residuales, grises y excretas certificadas por la Secretaría de Salud, serán, entre otros:

I. Agrícolas;

II. Acuícolas;

III. Industriales; y

IV. Riego de áreas verdes.

Artículo 84 Ter 3.La Secretaría de Salud en coordinación con la de Medio Ambiente y Recursos Naturales y Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación serán las dependencias encargadas de vigilar la correcta aplicación y provisión del agua de reúso en las actividades agrícolas, acuícolas e industriales acorde con esta Ley y las fracciones II y III del artículo 118 de la Ley General de Salud.

La responsabilidad por el uso de aguas tratadas en el uso destinado al riego de áreas verdes será atribuible a los municipios, delegaciones o particulares que hagan uso del recurso.

Artículo 84 Ter 4.Corresponde a la Comisión presentar proyectos de uso de aguas residuales en actividades productivas; dichos proyectos deberán ser evaluados por la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales y serán económica, financiera, institucional, técnicamente viables para poder llevarse a cabo.

Asimismo, la Comisión evaluará proyectos de particulares que introduzcan el uso seguro de aguas tratadas y cumplan con las mismas características de viabilidad y sanidad.

Artículo 84 TER 5.La Secretaría de Hacienda y Crédito Público otorgará incentivos fiscales a proyectos públicos y particulares que introduzcan en sus actividades el uso de aguas residuales, tratadas y de reúso. Para lo anterior, emitirá las disposiciones reglamentarias que correspondan.

Transitorio

Único. El Presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas:

1 Conagua (2015) Estadísticas del Agua en México, consultado en http://www.conagua.gob.mx/CONAGUA07/Publicaciones/Publicaciones/EAM2015-ALTA.pd f

2 Op. Cit.

3 Artículo 12 Bis 1: “son unidades técnicas, administrativas y jurídicas especializadas, con carácter autónomo que esta Ley les confiere, adscritas directamente al Titular de La Comisión, cuyas atribuciones, naturaleza y ámbito territorial de competencia se establecen en la presente Ley y se detallan en sus reglamentos, y cuyos recursos y presupuesto específicos son determinados por la Comisión”.

4 Conagua (2015). Estadísticas del Agua en México, edición 2015.

5 La metodología puede consultarse en el Artículo 278-B de la Ley Federal de Derechos.

6 Conagua (2015). Subdirección General de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento.

7 OEM (2014) Diario El Occidental, “Presentan la red de agua tratada para riego de la ciudad de Chihuahua”, 19-09-2014.

Consultado el 13-05-2016 en: http://www.oem.com.mx/eloccidental/ notas/n3542994.htm#sthash.IvtsBHfs.dpuf

8 World Health Organization, (2006). Guidelines for the safe use of wastewater, excreta and greywater.

9 Conagua (2015) Estadísticas del Agua en México, consultado en http://www.conagua.gob.mx/CONAGUA07/Publicaciones/Publicaciones/EAM2015-ALTA.pd f

10 La unidad hm3 es igual a un millón de metros cúbicos de agua.

11 Programa Nacional Hídrico 2014-2018

12 OMS, (2016). Agua, Saneamiento y Salud. Consultado en: http://www.who.int/water_sanitation_health/wastewater/es/

13 World Health Organization, (2006). Guidelines for the safe use of wastewater, excreta and greywater. Vol I-IV.

14 Banco Interamericano de Desarrollo (2013). De La Peña, M.E. et al. Tratamiento de Aguas Residuales en México.

15 Op. Cit.

16 Órganos colegiados de integración mixta, conforme a la Fracción XV del Artículo 3 de esta Ley. La coordinación, concertación, apoyo, consulta y asesoría referidas en la mencionada fracción están orientadas a formular y ejecutar programas y acciones para la mejor administración de las aguas, el desarrollo de la infraestructura hidráulica y de los servicios respectivos y la preservación de los recursos de la cuenca, así como las demás que se establecen en este Capítulo y en los Reglamentos respectivos. Los Consejos de Cuenca no están subordinados a “la Comisión” o a los Organismos de Cuenca.

Los Consejos de Cuenca considerarán la pluralidad de intereses, demandas y necesidades en la cuenca o cuencas hidrológicas que correspondan.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Honorable Cámara de Diputados, a los 14 días del mes de septiembre de 2016.— Diputada Claudia Edith Anaya Mota(rúbrica).»

El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Túrnese a la Comisión de Recursos Hidráulicos para dictamen.



LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:«Iniciativa que reforma y adiciona los artículos 42 y 48 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a cargo de la diputada Maricela Contreras Julián, del Grupo Parlamentario del PRD

Planteamiento del Problema

La Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (Endireh) 2011 dada a conocer por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (Inegi), el Instituto Nacional de las Mujeres y el Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer (Unifem), revela la situación tan grave de violencia que viven las mujeres en nuestro país, la cual arrojó los siguientes datos:

• Un total de 24 millones 566 mil 381 mujeres entrevistadas para este estudio, se registra que 11 millones 018 mil 415 han vivido algún episodio de maltrato o agresión en el transcurso de su vida conyugal, cifra reveladora de un alto índice de violencia de género, al representar cerca de la mitad de las entrevistadas.

• En primer término, está la violencia física, la cual entraña el uso intencional de la fuerza o de un arma para perjudicar la integridad corporal, las casadas o unidas del país agredidas físicamente por su pareja a lo largo de su relación ascienden a 2 842 309, es decir, 25.8 por ciento de todas las violentadas; aunque cabe destacar que este grupo también pudo ser blanco de otro tipo de agresión.

• En el ámbito privado también se cometen agresiones sexuales, sin lugar a dudas una de las prácticas más habituales de la violencia de género, y de las menos denunciadas. Llama la atención la cantidad de casadas o unidas que han sufrido estas experiencias en México, 1 millón 288 mil 793 en total, que representan 11.7 por ciento de todas las maltratadas a lo largo de su relación conyugal, cifra no excluyente de otros tipos de violencia.

• Una forma más de violencia es la económica, que como un medio de dominación entraña negar a las mujeres el acceso o control de los recursos monetarios básicos, el chantaje o manipulación económica, limitar su capacidad para trabajar, o apropiarse y despojarla de sus bienes. En este aspecto, se reporta que 56.4 por ciento de las casadas o unidas han vivido algún episodio de violencia económica, son 6 millones 201 mil 767 quienes probablemente también han sido víctimas de otros tipos de agresiones.

• Los indicadores muestran que de los cuatro tipos de violencia, la más representativa es la emocional, pues a nivel nacional son un total de 9 millones 826 mil 235 las casadas o unidas víctimas de estos abusos por parte de su pareja en el transcurso de su relación, es decir, 89.2 por ciento, pudiendo estas mismas mujeres haber reportado otros tipos de agresiones.

• También se reporta que 16.2 por ciento de las mujeres casadas o unidas violentadas por su pareja han sufrido agresiones de extrema gravedad. Esto significa la existencia de un total de 1 millón 785 mil 469 víctimas, en cuyos hogares posiblemente este tipo de hechos crean un entorno tóxico y sus efectos impregnan también a sus hijos y familiares cercanos.

• La violencia de pareja se reproduce como una forma de convivencia natural, que se justifica en las normas culturales y sociales del lugar; se captó información de los casos en que las mujeres casadas o unidas han sido agredidas por su pareja a lo largo de su relación. Así, en el Estado de México 56.7 por ciento de las mujeres declararon haber vivido eventos de esta naturaleza, cifra superior al promedio nacional en casi 12 puntos porcentuales. Este porcentaje ubica al estado de México como la entidad con la mayor proporción de este tipo de violencia, y a Chiapas con la menor (27.9 por ciento).

Esta estadística de violencia contra las mujeres la explica muy bien la Encuesta Nacional de Exclusión, Tolerancia y Violencia en las Escuelas Públicas de Nivel Medio Superior de 2008, puesto que evidenció que el 16.3 por ciento de hombres jóvenes consideran que la violencia forma parte de la naturaleza humana y el 13 por ciento cree que los hombres golpean a las mujeres por instinto, de tales resultados se puede concluir que las conductas constitutivas de delitos por razones de género se presentan como resultado de fenómenos sociales y culturales de una estructura cultural generadora de violencia y discriminación basada en función del género.

Ante este clima de violencia, el gobierno y sociedad civil se organizaron, y en 1999 se creó la Red Nacional de Refugios (RNR) como un organismo civil sin fines de lucro, y se constituyó legalmente en noviembre del 2004 con la finalidad de agrupar a los refugios que brindan seguridad, protección y atención especializada para mujeres y sus hijos e hijas que viven en situación de riesgo por violencia familiar, de género, sexual y trata. Los refugios agrupados por la RNR son públicos y privados, se encuentran en las 32 entidades de la República Mexicana; en total en el país existen 70 refugios, algunos se encuentran incorporados a la Red Nacional de Refugios.

En la actualidad existe un refugio por cada 1 millón 628 mil 065 personas aproximadamente; de los 70 refugios el 53 por ciento (37) pertenece a los gobiernos locales y el 47 por ciento (33) a las Organizaciones de la Sociedad Civil; esto a pesar de que el Comité para la Equidad de Hombres y Mujeres del Consejo de Europa, recomienda la existencia de un refugio por cada 10 mil habitantes para garantizar la seguridad, interrumpir la situación de violencia y promover la restitución de derechos y el empoderamiento de quienes han sido víctimas o testigos de los crímenes de la violencia, lo cual en la realidad no acontece; ya que los refugios no cuentan con sistemas estandarizados de atención ni normas mínimas claras; por lo que es necesario establecerlas en beneficio de las mujeres, niñas y niños que llegan a estos centros huyendo de situaciones de violencia.

Consideraciones

La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y su Reglamento, establecen bases mínimas para el funcionamiento de los refugios para que estos sean eficaces en la atención a las víctimas de violencia; entre estos deberes se encuentra el velar por la atención integral de las mujeres que acuden a ellos, proporcionar tratamiento físico y psicológico; brindar información sobre instituciones de asesoría jurídica gratuita; así como prestar servicios de hospedaje; alimentación; vestido y calzado; servicio médico, con funcionamiento durante las 24 horas, los 365 días del año de manera gratuita y su ubicación no debe ser publicitada por seguridad de las personas usuarias.

A pesar de que las leyes dan garantía de la existencia de los refugios, aún quedan brechas e indefiniciones graves en las disposiciones que delinean un marco general preciso respecto a los estándares de la atención, prevención y erradicación de la violencia que se deben brindar en estos espacios; ya que hace falta precisar y garantizar mecanismos de suficiencia y eficacia presupuestal; definir líneas de coparticipación de gobierno y la sociedad civil; el seguimiento del caso y la evaluación de los servicios.

Muchos son los esfuerzos para generar un estándar de atención en los refugios, en 2006 se realizó el Encuentro Interamericano denominado Hacia la consolidación de un modelo de atención a refugios, el cual coincide en que es urgente reforzar las estructuras de los refugios ante la realidad de violencia que viven las mujeres y que revelan las estadísticas.

Ante ese escenario, es necesario que los refugios para las víctimas de violencia cuenten con un refugio apto para recibirlos en etapa crítica, a fin de que reconozcan qué es la violencia y como recuperarse y empoderarse de nueva cuenta, a través de un tratamiento psicológico adecuado.

La violencia contra las mujeres en el ámbito familiar se concibió por mucho tiempo como un asunto del espacio privado y de índole personal. Es en las últimas cuatro décadas, y gracias al movimiento de las mujeres, cuando empieza a visibilizarse como un problema que trasciende de lo familiar a una dimensión jurídica, social, política, de salud y, finalmente, como una preocupación académica de primer orden. La detección y la atención profesional y especializada son fundamentales para romper con el círculo de violencia y facilitar la recuperación de la víctima y de las personas que dependen de ella.

La presente reforma busca conseguir la homologación del funcionamiento de los refugios en todos los estados de la República como un espacio confidencial, seguro, temporal y gratuito, donde se prestan servicios especializados y atención integral a las víctimas de violencia (mujeres, sus hijas e hijos) con el propósito de que la estadía de la víctima o las víctimas sirva para que se recuperen y equilibren su estado emocional, a fin de que posterior a su salida puedan ser capaces de tomar buenas decisiones, recuperen su autonomía y definan un plan de vida libre de violencia.

Lo anterior surge de la preocupación de lagunas en la Ley que impiden tener claridad sobre la autoridad que debe, en primera instancia, emitir lineamientos para la operación de los refugios y, segundo, de darle seguimiento y evaluar si efectivamente se cumplen esas disposiciones. Si bien en diversos artículos de la legislación existen referencias respecto a los refugios, no se encuentra precisión o de manera explícita alguna que contemple la preocupación manifestada, como se enuncia de la manera siguiente:

Derivado de lo anterior, la propuesta que sometemos a consideración busca colmar las lagunas y faculta a la Secretaría de Gobernación, como instancia facultada de elaborar el Programa al que se refiere la ley y, como vimos, este debe contener un modelo integral de atención a los derechos humanos y ciudadanía de las mujeres que deberán instrumentar las instituciones, los centros de atención y los refugios que atiendan a víctimas; por ello, se adiciona una fracción para que dicha dependencia elabore un protocolo especializado de atención a víctimas en los refugios y los lineamientos de operación que deben observar para su funcionamiento, además se reforma lo referente a la facultad del Instituto Nacional de las Mujeres para que colabore con la Secretaría de Gobernación en el diseño y evaluación del modelo de atención a víctimas en los refugios.

Se destaca también que, conforme a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en su artículo 27, fracción 11, faculta a la Secretaría de Gobernación para vigilar el cumplimiento de los preceptos constitucionales por parte de las autoridades del país, además de coordinar en vinculación con las organizaciones de la sociedad civil, trabajos y tareas de promoción y defensa de los derechos humanos y dar seguimiento a la atención de las recomendaciones que emitan los organismos competentes en dicha materia, así como dictar las medidas administrativas necesarias para tal efecto; por lo cual la propuesta que hoy se presenta encuentra compatibilidad con dichas disposiciones.

Fundamento Legal

La suscrita, diputada federal, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados; con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, numeral 1, fracción I y 77 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración del Pleno de la H. Cámara de Diputados el siguiente proyecto de

Decreto por el que se adiciona al artículo 42, la fracción IX Bis, y se reforma el artículo 48, fracción IV, de la Ley General de Acceso a una Vida Libre de Violencia

Artículo Único. Se adiciona al artículo 42 la fracción IX Bis y se reforma el artículo 48 fracción IV de la Ley General de Acceso a una Vida Libre de Violencia, para quedar como sigue:

Artículo 42....

I. a IX. ...

IX. Bis. Elaborar un protocolo especializado de atención a víctimas en los refugios y los lineamientos de operación que deben observar para su funcionamiento;

X. a XV. ...

Artículo 48. ...

I. a III. ...

IV. Colaborar con la Secretaría de Gobernaciónen el diseño y evaluación del modelo de atención a víctimas en los refugios;

V. a X. ...

Transitorios

Artículo Primero. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo Segundo. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto.

Artículo Tercero. La Secretaría de Gobernación deberá emitir el protocolo especializado de atención a víctimas en los refugios y los lineamientos de operación a los que se refiere el presente Decreto, a más tardar a los 180 días naturales siguientes a su entrada en vigor del mismo, los cuales deben ser aplicados de manera inmediata por las instancias pertenecientes al Sistema.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados, a 20 de septiembre de 2016.— Diputada Maricela Contreras Julián(rúbrica).»

El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Túrnese a la Comisión de Igualdad de Género, para dictamen.



LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:«Iniciativa que reforma el artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Claudia Edith Anaya Mota, del Grupo Parlamentario del PRI

La suscrita, diputada federal Claudia Edith Anaya Mota, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura correspondiente a la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, tengo a bien someter a consideración de esta Soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por la que se adiciona la fracción LIII al artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos para crear la Comisión ordinaria de Aduanas y Aranceles en la Cámara de Diputados, al tenor del siguiente:

Planteamiento del problema

Desde sus inicios, el sistema internacional de comercio ha estado configurado por una serie de principios teóricos, políticos y económicos. Las relaciones comerciales no pueden determinarse exclusivamente sobre la base de modelos comerciales abstractos. Cuando se introduce a estos modelos la intervención gubernamental en la actividad comercial con el exterior, interceden inevitablemente consideraciones prácticas, políticas y expresiones específicas del interés nacional.

Los fundamentos de la libertad económica son la elección personal, el intercambio voluntario, y los mercados abiertos. Como Adam Smith, Milton Friedman y Friedrich Hayek han señalado, la libertad de intercambio y coordinación de mercado proporcionan el combustible necesario para el progreso económico. Sin el intercambio y la actividad empresarial coordinados a través de los mercados, los niveles de vida moderna serían improbables.

Sin embargo, entre naciones no siempre se realizan intercambios ventajosos. Su ejecución depende de la presencia de una moneda sólida, del estado de derecho y la seguridad de los derechos de propiedad, entre otros factores; corresponde a las instancias gubernamentales enfocadas a la actividad comercial, a los gobernantes y a los legisladores la instauración de políticas y normas que regulen el intercambio y establezcan las dimensiones de la libertad económica.

“Una condición necesaria para fomentar la competitividad y la productividad económica es la existencia de un ambiente institucional y macroeconómico estable, que transmita confianza, atraiga capitales y tecnología, que permita a las empresas absorber, transformar y reproducir tecnología, adaptarse a los cambios en el contexto internacional y exportar productos con mayor agregado tecnológico. La cercanía de los mercados también juega un papel trascendental para alcanzar ambos objetivos”.

Por la ubicación geográfica de nuestro país, los Estados Unidos de Norteamérica se colocan como nuestro primer socio comercial. Debido al debilitamiento de su estado de derecho y las consecuencias de las guerras contra el terrorismo y las drogas, Estados Unidos ha visto la necesidad de aumentar su regulación comercial, colocándolo en el lugar 16 dentro de los países con mayor libertad económica, en comparación con el año 2000, cuando ocupó el segundo lugar a nivel mundial.

Las clasificaciones de otras grandes economías en el índice de libertad económica para el año 2013 son Japón (26), Alemania (29), Corea del Sur (39), Italia (68), Francia (70), Rusia (99), China (111), India (114), y Brasil (118).

México aparece en esta lista en el lugar 93, hecho que puede ser explicado por la actividad comercial de nuestro país operando en mercados protegidos, donde la libertad económica se reduce en medida que las empresas públicas producen una mayor proporción de la producción total y existe mayor intervención gubernamental en la regulación del comercio exterior.

Debido a la internacionalización de las economías, hoy se puede hablar de México como un país que se encuentra dentro de una economía comercial, pero con apertura parcial al libre comercio. Para lo anterior, ha sido necesario llevar a cabo relaciones estrechas y estratégicas entre el gobierno, los diversos organismos y las empresas, buscando una sinergia positiva que fomente la producción nacional, el comercio internacional e incentive la inversión extranjera.

En este contexto, debe asegurarse la protección de los bienes de propiedad privada, llevar a cabo una aplicación imparcial de contratos, e instituir un entorno monetario estable; determinar los niveles de impuestos que favorezcan tanto a comerciantes como a consumidores; se abstengan de establecer barreras al comercio, y acordar un balance entre mercado y gobierno.

Los procesos de globalización e interdependencia geográfica han sometido al estado nacional contemporáneo a un proceso de transformación que de una u otra forma transforman su estructura. Con todo, la Aduana y el estado son facetas inseparables que evolucionan o involucionan bajo tendencias nacionales. Ante la presencia de prestadores y consumidores de servicios de un país a otro, surge la necesidad de una relación congruente, de las garantías jurídicas, que cada uno de éstos regenere.

Desde que se instituyeron las reglas del comercio internacional, a la fecha se observan vacíos legales dentro del marco multilateral de comercio que se tienen que regular debido a la agitada dinámica del comercio internacional, donde 164 países miembros de la Organización Mundial del Comercio intercambian bienes y servicios.

Los organismos internacionales que emiten normas para regular la administración de las aduanas internacionales son: la Organización Mundial de Aduanas (OMA), el Centro de las Naciones Unidas para la Facilitación del Comercio y las Transacciones Electrónicas, la Organización Marítima Internacional (OMI) y la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI). Estas organizaciones surgen de convenios celebrados en la Organización Mundial del Comercio.

En este ámbito, deberá existir plena concordancia con las normas internacionalmente aceptadas en el intercambio comercial y las normas nacionales, de manera que se logre integrar la forma en que han de gestionarse las administraciones de aduanas; el pago de los aranceles correspondientes, impuestos, tasas y cargas establecidos para la importación y la exportación de mercancías; y demás operadores comerciales.

La aduana es la puerta de entrada y salida de las mercancías, previo cumplimiento de los requisitos establecidos en las disposiciones de comercio exterior, tanto a nivel internacional como nacional. En este punto confluyen autoridades, importadores, exportadores, comercializadores, transportistas, representantes legales y demás personas que tienen interés en una transacción comercial.

Al Estado como promotor del desarrollo, corresponde el establecimiento de una nueva aduana, integral y congruente con las exigencias de la producción, distribución y comercialización de mercancías o provisión de servicios en una pluralidad de territorios y espacios aduaneros distintos.

La aduana ha tomado un protagonismo propio de los avances que le exige la globalización; indudablemente aún hay mucho que componer, pues sigue siendo un punto de obstáculo por sus trámites o procedimientos burocráticos, debiendo mejorar los procesos de vigilancia en la operación aduanera a través de las tecnologías de información para mejorar su eficacia y por lo tanto reprimir la entrada ilegal de productos o bienes extranjeros que pongan en riesgo a los nacionales.

“En la aduana se magnifica la expresión de comercio y se redimensiona el papel del Estado, a efecto de adoptar una posición neutral entre su aduana y su comercio”, esta neutralidad permite la disolución de impedimentos para gozar de libertad comercial. Sin embargo, existe la posibilidad de que surjan conflictos en operaciones de comercio exterior ante acuerdos comerciales regionales o la suscripción de tratados que establecen nuevos mecanismos, particularidades o requerimientos que cumplir.

Se han identificado un sinnúmero de complicaciones de carácter técnico para los comerciantes como el exceso de requisitos de documentación, datos excesivos que se repiten numerosas veces, documentos y formatos no estandarizados, poco claros y que varían entre países, y que, además resultan difíciles de verificar entre las autoridades.

Agilizar la solución a problemas actuales que se presentan tanto a comerciantes como a las autoridades en las aduanas requiere del establecimiento de leyes y reglamentos actualizados que fomenten la transparencia y el acceso a la información, pero que también aporten elementos para mejorar la administración en las aduanas.

La facilitación del comercio que propone la Organización Mundial del Comercio, tiene como objetivo fundamental que las operaciones del comercio internacional sean más expeditas y eficientes mediante la simplificación, la racionalización y la armonización de los procedimientos comerciales, la documentación y los flujos de información.

Contar con una base jurídica sólida para acordar la solución a las diferencias derivadas de incumplimientos o lesiones al derecho durante el actuar del comercio, específicamente en las aduanas, garantiza a los actores comerciales una mayor certidumbre en el sistema multilateral y brinda viabilidad de aplicación al mismo.

Los esfuerzos de liberalización del comercio carecen de trascendencia si no se valoran sus beneficios e inconvenientes. Si bien los conflictos suscitados en las aduanas se entienden como parte de la naturaleza comercial, los legisladores nos encontramos obligados a plantear soluciones adecuadas.

Argumento que lo sustenta

Las funciones administrativas relativas a la entrada de mercancías o de los medios de transporte al territorio nacional o la salida del mismo se realizan a través de las autoridades aduaneras. Asimismo, los funcionarios y empleados públicos federales y locales, en la esfera de sus respectivas competencias están obligados a denunciar los hechos de que se tenga conocimiento sobre presuntas infracciones a la Ley Aduanera y poner a su disposición las mercancías objeto de las mismas si atentan a la norma.

Las autoridades de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público colaboran con las extranjeras en los casos y en los términos que señalen las leyes y los tratados internacionales en materia aduanera, de los que México sea parte. Las autoridades migratorias, las sanitarias, las de comunicaciones, las de marina, y otras que resulten pertinentes ejercen sus atribuciones en forma coordinada y colaborarán recíprocamente en el desempeño de las mismas.

Jorge Witker concibe la función la aduana y la visión de lo que deben ser en el futuro: “las principales funciones aduaneras son controlar y fiscalizar el paso y el pago de las contribuciones al comercio exterior en las Aduanas. Las funciones aduanales básicas de carácter financiero pueden ser:

1. Recaudar los tributos aduaneros.

2. Recaudar las cuotas compensatorias.

3. Formar las estadísticas del comercio exterior.

4. Prevenir y reprimir las infracciones y los delitos aduaneros.

5. Prevenir y reprimir el tráfico de drogas y estupefacientes.

6. Registrar los controles sanitarios y fitosanitarios.

7. Registrar el cumplimiento de las restricciones o regulaciones no arancelarias.

8. Verificar los certificados de origen de mercancías con preferencias arancelarias.

9. Controlar el uso de las mercancías bajo los regímenes aduaneros suspensivos del pago de contribuciones al comercio exterior.

10. Impedir el tráfico de desperdicios y residuos tóxicos en cumplimiento de las legislaciones ecológicas nacionales e internacionales.

En nuestro país, la Administración General de Aduanas es la encargada de supervisar a las aduanas y fijar las políticas y actos que deben de seguir, sus funciones son de suma importancia ya que repercuten directamente en el despacho aduanero. Esta autoridad es la única competente para aplicar la legislación que regula el despacho aduanero, así como los sistemas, métodos y procedimientos a los que deben sujetarse las aduanas como:

• Estudiar y formular de los proyectos de aranceles cuotas compensatorias y demás medidas de regulación y restricción de comercio exterior.

• Hacer cumplir los acuerdos y convenios que se celebren en materia aduanera.

• Ordenar y practicar la verificación de mercancías de comercio exterior en transporte.

• Verificar el tránsito de vehículos de procedencia extranjera.

• Determinar los impuestos de comercio exterior y otras contribuciones.

La Administración General de Aduanas es una entidad del Gobierno Federal, dependiente del SAT, cuya función principal es la de fiscalizar, vigilar y controlar la entrada y salida de las mercancías así como los medios en los que son transportados asegurando el cumplimiento de las disposiciones en materia de comercio exterior; garantiza la seguridad nacional, protege la economía del país y la salud publica el medio ambiente impidiendo el flujo de mercancías peligrosas o ilegales.

Aunque la Administración General de Aduanas dependa directamente del Sistema de Administración Tributaria, la normativa que rige a todas las instancias se formula, analiza y aprueba en el Congreso General; es decir, corresponde al Legislativo regular la entrada al territorio nacional y la salida del mismo de mercancías y de los medios en que se transportan o conducen, el despacho aduanero y los hechos o actos que deriven de éste o de dicha entrada o salida de mercancías.

La entrada y salida de mercancías al país debe ser concerniente a las facultades del Legislativo, pues le corresponde establecer los lineamientos que permitan alcanzar las condiciones que se han expuesto en párrafos anteriores y que además, garanticen tanto la legalidad de productos, bienes y servicios comerciados; como de los procesos administrativos que intervienen en la actividad comercial, todo adherido al régimen tributario establecido, con principios de equidad y proporcionalidad dentro de un sistema progresivo y transparente.

En el Título Segundo de la Ley Aduanera se establecen los controles de aduana en el despacho; la entrada o la salida de mercancías del territorio nacional, las maniobras de carga, descarga transbordo y almacenamiento de las mismas, el embarque o desembarque de pasajeros y la revisión de sus equipajes debe efectuarse por lugar autorizado, en día y hora hábiles, presentando las mercancías a las autoridades aduanales.

Proponer medidas en materia aduanal y arancelaria; prevenir, combatir y erradicar la corrupción en las actividades comerciales y aduanales, promover políticas públicas que motiven nichos comerciales, participar en la integración de organismos aduanales, diagnosticar las problemáticas que obstaculicen la correcta operación de las aduanas y promover la creación de empleos tanto en el ejercicio como en el monitoreo del sector aduanal, arancelario y de comercio requiere el análisis de una comisión que establezca competencias específicas en estos temas.

Cuando hablamos de comercio internacional, sabemos que todas las mercancías que ingresan o que salen de México deben destinarse a un régimen aduanero, establecido por el contribuyente, de acuerdo con la función que se le va a dar en territorio nacional o en el extranjero.

Podemos decir que entre las principales características a destacar en cuanto al comercio en México es la amplia red de tratados y acuerdos comerciales, con una cobertura de 43 países y acceso preferencial a más de mil millones de consumidores potenciales, se han enfocado los esfuerzos en la diversificación de mercados para productos y servicios; y a través de tratados de libre comercio y acuerdos de complementación y asociación económica, ha establecido vínculos fructíferos con economías de Europa, Asia y América Latina, lo que ha impulsado en gran medida el comercio en México.

En este sentido, las Diputadas y Diputados de esta Honorable Cámara, se han preocupado por presentar proyectos para reformar, adicionar, crear o derogar disposiciones en materia comercial, aduanera y arancelaria con el fin de establecer la regulación pertinente en los casos donde se han identificado vacíos normativos en la prestación de servicios del despacho aduanero.

En las tres legislaturas anteriores a la presente se identificaron proyectos con impacto aduanal, arancelario y de comercio exterior como se enuncia en el siguiente cuadro:

Cuadro 1. Iniciativas presentadas por Diputadas y Diputados de las LX, LXI y LXII Legislaturas en materia de Aduanas, Aranceles y Comercio Exterior

LX Legislatura

Fecha: 12/12/2006

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Aduanera, del Código Fiscal de la Federación, de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2006 y de la Ley del Servicio de Administración Tributaria.

Presentada por los diputados Horacio Garza Garza, PRI; y Carlos García González, PAN.

Turnada a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Gaceta Parlamentaria, número 2150-II, martes 12 de diciembre de 2006. (223)

Fecha: 03/20/2007

Que reforma el artículo 106 de la Ley Aduanera.

Presentada por el diputado José Martín López Cisneros, PAN.

Turnada a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Gaceta Parlamentaria, número 2216-I, martes 20 de marzo de 2007. (481)

Fecha: 03/27/2007

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Aduanera y de la Ley del Impuesto al Valor Agregado.

Presentada por el diputado Jericó Abramo Masso, PRI.

Turnada a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Dictaminada en sentido negativo el jueves 23 de octubre de 2008, se considera asunto totalmente concluido.

Gaceta Parlamentaria, número 2221-I, martes 27 de marzo de 2007. (506)

Fecha: 04/26/2007

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Aduanera y de la Ley de Comercio Exterior.

Presentada por el diputado Gerardo Octavio Vargas Landeros, PRI.

Turnada a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Economía.

Gaceta Parlamentaria, número 2239-V, martes 24 de abril de 2007. (706)

Fecha: 09/18/2007

Que reforma el artículo 106 de la Ley Aduanera.

Presentada por el diputado Enrique Cárdenas del Avellano, PRI.

Turnada a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Gaceta Parlamentaria, número 2343-I, martes 18 de septiembre de 2007. (1012)

Fecha: 11/14/2007

Que reforma el artículo 61 de la Ley Aduanera.

Presentada por la diputada Silvia Emilia Degante Romero, PAN.

Turnada a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Gaceta Parlamentaria, número 2377-II, martes 6 de noviembre de 2007. (1231)

Fecha: 12/13/2007

Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de las Leyes General de Títulos y Operaciones de Crédito; de Inversión Extranjera; General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito; y Aduanera.

Presentada por el diputado Héctor Padilla Gutiérrez, PRI.

Turnada a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Dictaminada y aprobada en la Cámara de Diputados con 267 votos en pro, el jueves 24 de abril de 2008.

Turnada a la Cámara de Senadores para los efectos constitucionales.

Gaceta Parlamentaria, número 2403-I, jueves 13 de diciembre de 2007. (1377)

Fecha: 01/04/2008

Con proyecto de decreto, que adiciona un párrafo VI al artículo 14 de la Ley Aduanera.

Presentada por la diputada Sara Latife Ruiz Chávez, PRI.

Turnada a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Gaceta Parlamentaria, número 2417-I, viernes 4 de enero de 2008. (1407)

Fecha: 02/28/2008

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Aduanera.

Presentada por el diputado David Figueroa Ortega, PAN.

Turnada a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Returnada el miércoles 23 de noviembre de 2011, con base en el artículo octavo transitorio del Reglamento de la Cámara de Diputados.

Gaceta Parlamentaria, número 2448-II, martes 19 de febrero de 2008. (1484)

Fecha: 03/04/2008

Que reforma el artículo 61, fracción IX, de la Ley Aduanera.

Presentada por la senadora Minerva Hernández Ramos, PRD.

Turnada a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Gaceta Parlamentaria, número 2458-I, martes 4 de marzo de 2008. (1493)

Fecha: 04/10/2008

Que reforma el artículo 106, fracción II, inciso e), de la Ley Aduanera.

Presentada por el senador Luis Alberto Villarreal García, en nombre de la Comisión de Asuntos Fronterizos, Zona Norte.

Turnada a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Gaceta Parlamentaria, número 2482-I, jueves 10 de abril de 2008. (1587)

Fecha: 04/30/2008

Que reforma la fracción VII del artículo 167 de la Ley Aduanera.

Presentada por la diputada María Dolores González Sánchez, PAN.

Turnada a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Gaceta Parlamentaria, número 2485-II, martes 15 de abril de 2008. (1768)

Fecha: 04/30/2008

Que reforma el artículo 59 de la Ley Aduanera.

Presentada por el diputado José Martín López Cisneros, PAN.

Turnada a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Dictaminada en sentido negativo el jueves 23 de octubre de 2008, se considera asunto totalmente concluido.

Gaceta Parlamentaria, número 2490-II, martes 22 de abril de 2008. (1783)

Fecha: 09/18/2008

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de las Leyes Aduanera, y del Impuesto al Valor Agregado.

Presentada por el diputado Pascual Bellizzia Rosique, PVEM.

Turnada a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Gaceta Parlamentaria, número 2590-I, jueves 11 de septiembre de 2008. (2024)

Fecha: 12/11/2008

Que reforma el artículo 42 de la Ley Aduanera.

Presentada por la diputada Bertha Yolanda Rodríguez Ramírez, PRI.

Turnada a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Gaceta Parlamentaria, número 2643-II, jueves 27 de noviembre de 2008. (2447)

Fecha: 02/04/2009

Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Aduanera.

Presentada por el diputado César Duarte Jáquez, PRI.

Turnada a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Gaceta Parlamentaria, número 2690-III, miércoles 4 de febrero de 2009. (2522)

Fecha: 04/30/2009

Que reforma los artículos 36 y 59 de la Ley Aduanera.

Presentada por las diputadas Yadhira Yvette Tamayo Herrera, Leticia Díaz de León Torres y María de los ángeles Jiménez del Castillo, PAN.

Turnada a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Gaceta Parlamentaria, número 2728-II, martes 31 de marzo de 2009. (2888)

LXI Legislatura

Fecha: 2011-09-06

Que reforma los artículos 34 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, y 4o. y 5o. de la Ley de Comercio Exterior, en materia de modificación a las cuotas y tarifas arancelarias.

Presentada por el diputado Melchor Sánchez de la Fuente, PRI.

Turnada a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Economía.

Prórroga por 45 días, otorgada el viernes 4 de noviembre de 2011, con base en el artículo 183, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados.

Gaceta Parlamentaria, número 3342-III, martes 6 de septiembre de 2011. (2674)

Fecha: 2009-10-06

Que reforma y adiciona los artículos 6o. y 14 de la Ley de Comercio Exterior.

Presentada por los senadores Amira Griselda Gómez Tueme y Jesús María Ramón Valdés, PRI.

Turnada a la Comisión de Economía.

Returnada el jueves 15 de diciembre de 2011, con base en el artículo sexto transitorio del Reglamento de la Cámara de Diputados.

Prórroga por 45 días, otorgada el viernes 30 de marzo de 2012, con base en el artículo 183, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados.

Gaceta Parlamentaria, número 2860-I, martes 6 de octubre de 2009. (93)

Fecha: 2009-10-27

Que reforma los artículos 9 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito y 21 del Código de Comercio.

Presentada por el diputado Jesús Ramírez Rangel, PAN.

Turnada a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Economía.

Returnada el jueves 15 de diciembre de 2011, con base en el artículo sexto transitorio del Reglamento de la Cámara de Diputados.

Prórroga otorgada el lunes 5 de marzo de 2012, con base en el artículo 185 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

Gaceta Parlamentaria, número 2875-II, martes 27 de octubre de 2009. (176)

Fecha: 2009-11-18

Que expide la Ley para la Importación Definitiva de Vehículos Usados procedentes de la Zona del Tratado de Libre Comercio de América del Norte.

Presentada por la diputada Graciela Ortiz González, PRI; a nombre propio y de diversos diputados del PRI.

Turnada a la Comisión de Economía, con opinión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

Dictaminada en sentido negativo el martes 8 de noviembre de 2011, se considera asunto totalmente concluido.

Gaceta Parlamentaria, número 2888-II, viernes 13 de noviembre de 2009. (251)

Fecha: 2011-04-29

Que reforma los artículos 49 y 131 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de derogar las facultades legislativas del Ejecutivo para regular el comercio exterior, la economía del país y la estabilidad de la producción nacional.

Presentada por el diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia, PT.

Turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales.

Prórroga por 200 días, otorgada el martes 30 de agosto de 2011, con base en el artículo 185 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

Desechada el lunes 16 de julio de 2012, con base en artículo 89, numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados.

Gaceta Parlamentaria, número 3240-VII, martes 12 de abril de 2011. (2375)

Fecha: 2011-09-06

Que reforma los artículos 34 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, y 4o. y 5o. de la Ley de Comercio Exterior, en materia de modificación a las cuotas y tarifas arancelarias.

Presentada por el diputado Melchor Sánchez de la Fuente, PRI.

Turnada a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Economía.

Prórroga por 45 días, otorgada el viernes 4 de noviembre de 2011, con base en el artículo 183, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados.

Gaceta Parlamentaria, número 3342-III, martes 6 de septiembre de 2011. (2674)

Fecha: 2011-09-22

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Sociedades Mercantiles y del Código de Comercio.

Presentada por el diputado Alberto Emiliano Cinta Martínez, PVEM; y suscrita por integrantes de la Comisión Especial para la Competitividad.

Turnada a la Comisión de Economía.

Prórroga por 45 días, otorgada el viernes 2 de diciembre de 2011, con base en el artículo 183, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados.

Gaceta Parlamentaria, número 3351-VI, martes 20 de septiembre de 2011. (2786)

LXII Legislatura

Fecha: 2013-10-17

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de las Leyes Federal sobre Metrología y Normalización, de Comercio Exterior, Aduanera, General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, General de Cambio Climático, General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, y de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación, en materia de competitividad, medio ambiente, cambio climático y aplicación de aranceles relativos al comercio exterior.

Presentada por los senadores Silvia Guadalupe Garza Galván, Luis Fernando Salazar Fernández y Daniel Ávila Ruiz, PAN.

Turnada a las Comisiones Unidas de Economía y de Hacienda y Crédito Público, con opinión de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Precluida el jueves 30 de abril de 2015, se considera como asunto total y definitivamente concluido.

Gaceta Parlamentaria, número 3887-I, jueves 17 de octubre de 2013. (1524)

Fecha: 2014-04-30

Que reforma el artículo 40 de la Ley Aduanera, a fin de regular la figura de representantes aduanales.

Presentada por el diputado Ricardo Monreal Ávila, Movimiento Ciudadano.

Turnada a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Precluida el viernes 29 de mayo de 2015, se considera como asunto total y definitivamente concluido.

Gaceta Parlamentaria, número 3995-V, jueves 3 de abril de 2014. (2307)

Fecha: 2012-09-27

Que reforma al artículo 1401 del Código de Comercio, en materia del periodo probatorio dentro de los juicios ejecutivos.

Presentada por el diputado Ricardo Monreal Ávila, Movimiento Ciudadano.

Turnada a la Comisión de Economía.

Prórroga por 45 días, otorgada el jueves 20 de diciembre de 2012, con base en el artículo 183, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados.

Dictaminada en sentido negativo el martes 12 de marzo de 2013, se considera asunto totalmente concluido.

Gaceta Parlamentaria, número 3612-III, jueves 27 de septiembre de 2012. (108)

Fecha: 2013-08-14

Que adiciona una fracción III a los artículos 9o., 14 y 328 de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos, en materia de prestadores de servicios de turismo náutico.

Presentada por el diputado Manuel Añorve Baños, PRI.

Turnada a la Comisión de Transportes.

Dictaminada en sentido negativo el martes 18 de febrero de 2014, se considera asunto totalmente concluido.

Gaceta Parlamentaria, número 3846, martes 27 de agosto de 2013. (1186)Fecha: 2013-12-11

Que reforma los artículos 46 y 48 de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos.

Presentada por el diputado Alfonso Inzunza Montoya, PRI.

Turnada a la Comisión de Transportes, con opinión de la Comisión de Marina.

Precluida el jueves 30 de abril de 2015, se considera como asunto total y definitivamente concluido.

Gaceta Parlamentaria, número 3924-XI, martes 10 de diciembre de 2013. (1842)

Fuente: Base de datos de iniciativas, LX Legislatura, LXI Legislatura y LXII Legislatura, Gaceta Parlamentaria.

Como se observa en el cuadro 1, los proyectos de iniciativa relacionados con la figura aduanal, arancelaria y de comercio exterior fueron turnados a las comisiones de Hacienda y Crédito Público, Economía, Gobernación, Puntos Constitucionales, Presupuesto y Cuenta Pública; y cuando fue requerido, con opiniones de las Comisiones de Marina y Medio Ambiente y Recursos Naturales.

En las últimas tres legislaturas y en la presente se identificaron los proyectos turnados a la Comisión de Economía y la Comisión de Hacienda y Crédito Público; en ambas comisiones se observa una gran carga de trabajo legislativo con un total de 2,319 iniciativas recibidas en el periodo de análisis (cuadro 2):

Para determinar el número de iniciativas con impacto aduanal y arancelario que se han presentado en el Congreso, se analiza el número de iniciativas que afectan la Ley Aduanera y la Ley de los Impuestos Generales de Importación y Exportación, sobre el total de iniciativas turnadas solamente a la Comisión de Hacienda y Crédito Público y a la Comisión de Economía; las iniciativas se distribuyen de la siguiente manera (gráfico 1):

En el caso de las iniciativas con impacto aduanal y arancelario, se observa un total de 75 iniciativas para el periodo de análisis (cuadro 3):

De este análisis, deriva el número de iniciativas dictaminadas por una u otra comisión, el cual obtiene relevancia al arrojar los siguientes resultados (gráfico 2):

1. De la LX a la LXIII Legislaturas se han presentado 64 iniciativas con impacto aduanal y arancelario.

2. De las 64 iniciativas, únicamente se han dictaminado 11; el equivalente a 2.75 dictámenes por Legislatura en los temas aduanales y arancelarios, lo que muestra una baja atención a los temas de aduanas y aranceles por parte de ambas comisiones.

3. En la LXIII Legislatura, al momento se han presentado 12 iniciativas que afectan la Ley Aduanera o la Ley de los Impuestos Generales de Importación y Exportación a la Comisión de Hacienda y Crédito Público y a la Comisión de Economía; no existe dictamen en alguna de estas iniciativas.

Contar con una Comisión de Aduanas y Aranceles, permitirá agrupar los proyectos específicos de estos temas para su revisión, desahogando la labor de dictaminación tanto en la Comisión de Hacienda y Crédito Público como en la Comisión de Economía, únicamente solicitando opiniones a ellas cuando las iniciativas así lo requieran.

En sus atribuciones, la Comisión de Aduanas y Aranceles considerará en su análisis factores específicos que exigen un tratamiento jurídico, económico y político en el ámbito nacional, multinacional o supranacional, que de manera muy particular estudie fenómenos actuales en el ámbito de las relaciones internacionales, tales como la introducción de plataformas tecnológicas en el comercio internacional de bienes y servicios.

En virtud de fomentar el trabajo legislativo de carácter aduanal y arancelario, la Comisión se encargará de realizar diagnósticos periódicos en las aduanas del país cuando sea requerido, proponer medidas en el combate a la corrupción en prácticas aduanales y arancelarias, identificar los montos del presupuesto destinado a la actividad aduanal, plantear soluciones objetivas a las problemáticas propias del sector.

Además de lo anterior, la comisión podrá dar puntual seguimiento a la política pública aduanal, así como a los diversos informes que las dependencias del Ejecutivo entreguen a la Cámara de Diputados; tales como el informe sobre el uso de la facultad conferida al Ejecutivo federal en materia arancelaria, de conformidad con el artículo 131 de la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos.

Fundamento legal

Es por lo anteriormente planteado y argumentado; con base en lo que disponen los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 3, numeral 1, fracción VIII; 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, quien suscribe somete a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto:

Denominación del proyecto de decreto

Decreto por el que se adiciona la fracción LIII al numeral 2 del artículo 39 de la LEY Orgánica del Congreso General De Los Estados Unidos Mexicanos.

Texto propuesto

Único.Se adiciona la fracción LIII al numeral 2 del artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 39.

1. ...

2. ..

...

I. a LII. ...

LIII. Aduanas y Aranceles

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo: La Comisión Ordinaria quedará constituida a más tardar dentro de los siete días naturales siguientes a la entrada en vigor del presente decreto.

Notas:

1 Reyes Tépach, M. (2016), “El Presupuesto Público Federal para la Función comunicaciones y Transportes, 2015-2016”, Estadísticas Económicas Presupuestarias; Servicios de Documentación, Información y Análisis; Subdirección de Análisis Económico, Cámara de Diputados, LXIII Legislatura, México, p. 4.

2 Gwartney, J.; Lawson, R., et al. (2015), Economic Freedom of the World: 2015 Annual Report.

3 Op. Cit.

4 Acosta Roca, F., (2014), Trámites y Documentos en Materia Aduanera,Ediciones fiscales ISEF, SA, p. 31.

5 OMC (2016), Entender la OMC: la organización;164 Miembros desde el 29 de julio de 2016, con la fecha de adhesión a la Organización Mundial del Comercio (y, cuando proceda, la fecha de adhesión al GATT, anterior a la OMC).

6 Cancino Gómez, R., y Trejo, P. (2015), “Análisis Jurídico de la Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE)” , Nuevo Derecho Aduanero Electrónico.Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, México, p. 163.

7 Cancino Gómez, R., y Trejo, P. (2015), “Análisis Jurídico de la Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE)” , Nuevo Derecho Aduanero Electrónico.Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, México, p. 163.

8 OMC (2015), “Acelerar el comercio: ventajas y desafíos de la aplicación del Acuerdo sobre Facilitación del Comercio de la OMC”; Informe sobre el Comercio Mundial 2015,

9 Witker, J. (1999), Derecho Tributario Aduanero, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, p. 139

10 SAT (2016) Disponible en: http://www.sat.gob.mx/aduanas/importando_exportando/regimenes/Paginas/default.a spx

11 Op. Cit.

12 Artículo 1° de la Ley Aduanera.

13 Pro México (2014) http://www.promexico.gob.mx/comercio/importancia-del-comercio-en-mexico-para-at raer-inversion-extranjera.html

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 20 días del mes de septiembre de 2016.— Diputada Claudia Edith Anaya Mota(rúbrica).»

El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Túrnese a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, para su dictamen.



LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:«Iniciativa que reforma y adiciona los artículos 42 y 49 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a cargo de la diputada Maricela Contreras Julián, del Grupo Parlamentario del PRD

Planteamiento del problema

La violencia contra las mujeres es resultado de una situación de desigualdad entre mujeres y hombres. Las cifras con las que se cuentan, destacan a la violencia de género como un fenómeno extendido en diversos países, donde las mujeres han manifestado sufrir violencia en algún momento de su vida, ya sea porque son violadas, agredidas físicamente, forzadas a tener relaciones sexuales, obligadas a contraer matrimonio o en otros tipos y modalidades de violencia. La violencia contra las mujeres es resultado de una situación de desigualdad entre mujeres y hombres.

Particularmente llama la atención la violencia que se ejerce contra mujeres que pertenecen a pueblos indígenas, las refugiadas, las migrantes, las que viven en comunidades rurales, las indigentes, las que se hallan recluidas en cárceles, las niñas, las que tienen alguna discapacidad, las adultas mayores, las que se encuentran desplazadas, las repatriadas, las más pobres y las que se localizan en situaciones de conflicto armado y se agrava con la feminización de la pobreza, la migración y trata de personas.

Sin embargo, la violencia de género, es sólo la punta del iceberg de todo la problemática que enfrentan, pues su manifestación es reflejo de una serie de factores que vulneran sus derechos humanos y trae consigo problemas de discriminación, abusos sexuales, falta de oportunidades políticas, desigualdades económicas, vejaciones laborales, restricción de derechos, ausencia en la impartición de justicia y una lista interminable de temas que, lamentablemente, aún siguen en la agenda pendiente de los problemas por resolver. Esa violencia hacia las mujeres se manifiesta en su forma más extrema con el asesinato que, a decir de la Organización de las Naciones Unidas, reviste características diferentes de los homicidios de hombres, por la presencia en la mayoría de las veces, de violencia sexual previa.

La alta incidencia de la violencia de género que se presenta en todas las regiones del planeta y la preocupación sobre su presencia cada vez mayor en la sociedad, llevaron a colocar esta problemática como un tema prioritario en la agenda de los derechos humanos, ya que este tipo de violencia es, precisamente, una vulneración a los derechos universalmente reconocidos a las personas. La violencia que se ejerce contra las mujeres se ha conceptualizado como cualquier acción u omisión, basada en su género, que les cause daño o sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual o la muerte, tanto en el ámbito privado como en el público; de ahí que se deriven diversos tipos y modalidades de estas conductas.

En virtud de la persistencia de la violencia en contra de las mujeres en distintas y numerosas entidades federativas y municipios del país y de los señalamientos sistemáticos en torno a la expansión de estos hechos de violencia, es necesario crear mecanismos y fortalecer las instituciones para que se dé una labor eficaz y efectiva en la prevención y atención de esta problemática en una primera instancia y, en una segunda, avanzar en su sanción y erradicación.

Argumentos

En el plano internacional, la Organización de las Naciones Unidas, a través del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, durante la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación de la Mujer en su sesión 36º realizada del 7 al 25 de agosto del año 2006, recomendó al Estado Mexicano mejorar el acceso de las víctimas a la justicia y garantizar que sistemáticamente se imponga un castigo efectivo a los culpables y que las víctimas se puedan beneficiar de programas de protección.

Conforme a las Observaciones finales del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer publicadas en noviembre de 2012, se planteó al Estado Mexicano establecer mecanismos efectivos en los planos federal y estatal para supervisar la aplicación de leyes sobre el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, además de la legislación relativa al acceso de las mujeres a servicios básicos de atención. Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos observó en el Informe sobre el Acceso a la Justicia para las Mujeres Víctimas de Violencia en las Américas, las deficiencias en materia de investigación y con preocupación la ineficacia de los sistemas de justicia para juzgar y sancionar los casos de violencia contra las mujeres.

En el plano nacional y de acuerdo a lo establecido en la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia corresponde a la Secretaría de Gobernación establecer mecanismos de coordinación en los órdenes de gobierno para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia en contra de las mujeres, de manera que paulatinamente se han ido implementando las medidas conducentes y otras que llenarán los vacíos que todavía prevalecen. Esa ha sido la base para que, dentro del Programa Sectorial 2013-2018 de dicha dependencia se prevea la creación y fortalecimiento de los Centros de Justicia para las Mujeres en las entidades federativas.

Con base en ello, la Secretaría de Gobernación, a través de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia en contra de las Mujeres (CONAVIM) subsidia la creación de los Centros de Justicia para las Mujeres que, de acuerdo al Manual de Operación de esos Centros publicados por esa instancia, se constituyen como concentración de instancias gubernamentales, del poder judicial y organizaciones de la sociedad civil, los cuales proporcionan servicios de manera interdisciplinaria, secuencial, interinstitucional, coordinada y especializada a mujeres víctimas de violencia, sus hijas e hijos bajo un mismo techo, con la finalidad de garantizarles el acceso a la justicia y a encontrar conjuntamente un proceso de redignificacio?n.

• Bajo ese modelo de atención se ofrecen los siguientes servicios:

• Atención psicológica, jurídica y médica.

• Albergues temporales.

• Ludotecas con personas expertas en temas de desarrollo infantil.

• Talleres de empoderamiento social y económico para apoyar a las mujeres a salir del círculo de la violencia.

La información disponible en la Conavim da cuenta de que funcionan 26 Centros de Justicia para las Mujeres en el país distribuidos en 19 entidades federativas, los cuales desde el 2011 a septiembre de 2015 han atendido a 152 mil 975 usuarias; además desde 2010 y hasta 2015, la CONAVIM ha otorgado la cantidad de 189.7 millones de pesos para la construcción y el fortalecimiento de estos centros en diversas entidades federativas.

Las entidades que cuentan con Centros de Justicia para Mujeres son las siguientes:

A pesar del funcionamiento de los 26 Centros de Justicia es menester impulsar y fortalecer la creación de nuevos centros y el procurar la consolidación de los existentes de manera que las instancias de gobierno cumplan con las disposiciones jurídicas en la materia y el Estado Mexicano atienda las recomendaciones y exhortos emitidos por organismos internacionales pero, sobre todo es de prioridad estratégica no tan sólo prevenir y sancionar la violencia en contra de las mujeres de México, sino hacer posible la erradicación de la violencia misma.

El contar con este tipo de espacios permitirá transitar hacia las acciones del Estado Mexicano para garantizar la seguridad humana de la mujeres, lo que se traduciría en que se sientan protegidas, puedan vivir bien, vivir como lo decidan y sin humillaciones, con una calidad de vida que les permita vivir con libertad, acceder al mercado y contar con oportunidades sociales. La seguridad humana, de acuerdo a la Cumbre del Milenio, considera como principales estrategias para alcanzarla la protección o aislamiento de las personas de los peligros y el empoderamiento de las personas para que participen plenamente en la toma de decisiones en sus localidades.

Por ello, la presente iniciativa busca la creación y fortalecimiento de Centros de Justicia para Mujeres por parte de las entidades federativas, de acuerdo a los lineamientos de operación y modelo de atención que emita la Secretaría de Gobernación; de esta manera se establecería en Ley una obligación y no se dejaría en la buena voluntad de los gobiernos esta acción que tiende a plasmar en acciones el concepto de seguridad humana para las mujeres, lo cual significa proteger y garantizar sus libertades vitales, a través de espacios que les faciliten elementos básicos de supervivencia, dignidad y medios de vida.

Fundamento legal

La suscrita, Diputada Federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados; con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, numeral 1, fracción I y 77 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración del pleno de la Honorable Cámara de Diputados el siguiente proyecto de

Decreto por el que se adiciona al artículo 42 la fracción V Bis y al artículo 49, la fracción X Bis de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia

Artículo Único. Se adiciona al artículo 42 la fracción V Bis y al artículo 49 la fracción X Bis de la Ley General de Acceso a una Vida Libre de Violencia, para quedar como sigue:

Artículo 42. ...

I. a V. ...

V Bis. Impulsar la creación y fortalecimiento de los Centros de Justicia para Mujeres en las entidades federativas, de acuerdo a los lineamientos de operación y modelo de atención que para tal efecto emita;

VI. a XV. ..

Artículo 49. ...

I. a X. ...

X Bis. Crear Centros de Justicia para Mujeres con servicios multidisciplinarios para mujeres, adolescentes y niñas víctimas de violencia, así como para las hijas e hijos de las víctimas, de acuerdo a los lineamientos de operación y modelos de atención que emita la Secretaría de Gobernación;

XI. a XV. ...

...

Transitorios

Artículo Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo Segundo. La Secretaría de Gobernación deberá emitir los lineamientos de operación y el modelo de atención de los Centros de Justicia para Mujeres a los que se refiere el presente Decreto, a más tardar a los 180 días naturales siguientes a la entrada en vigor del mismo.

Artículo Tercero. Las entidades federativas dispondrán de la suficiencia presupuestal necesaria para que, a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, a más tardar en un año cuenten con un Centro de Justicia para Mujeres en su entidad o fortalezcan los existentes, ajusten su operación y atención de acuerdo a las disposiciones que emita la Secretaría de Gobernación.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados, a los 20 días de septiembre de 2016.— Diputada Maricela Contreras Julián(rúbrica).»

El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Túrnese a la Comisión de Igualdad de Género, para dictamen.

El diputado Francisco Javier Pinto Torres (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Sonido en la curul del diputado Pinto.

El diputado Francisco Javier Pinto Torres (desde la curul): Sí, muy buenas tardes, presidente, agradeciendo el uso de la voz. Únicamente a nombre de la bancada del Grupo Parlamentario Nueva Alianza y con el permiso de mi coordinador, el diputado Valles, solicitarle a nuestra compañera Angélica Reyes si nos permite adherirnos como bancada a su iniciativa.

El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Diputada Reyes.

La diputada Angélica Reyes Ávila: Sí, acepto, presidente.

El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Ha manifestado su aceptación, está a su disposición para que proceda.

El siguiente capítulo del orden del día es la declaración de publicidad de dictámenes. Continúe la Secretaría.

DECLARATORIA DE PUBLICIDAD DE DICTAMEN



DECLARA EL 22 DE SEPTIEMBRE “DÍA NACIONAL SIN AUTOMÓVIL”

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:«Dictamen de la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto por el que el Congreso de la Unión declara el 22 de septiembre de cada año como Día Nacional sin Automóvil

Honorable Pleno:

A la Comisión de Gobernación fue turnada para su estudio, análisis y dictamen, la iniciativa con proyecto de decreto por el que el Honorable Congreso de la Unión declara el 22 de septiembre de cada año, “Día Nacional sin Automóvil”

Esta Comisión, con fundamento en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), así como numeral 7 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; en relación a los diversos 157, numeral 1, fracción I; 158, numeral 1, fracción IV y 167, numeral 4 del Reglamento de la Cámara de Diputados, habiendo analizado el contenido de la iniciativa de referencia, somete a consideración de esta Honorable Asamblea el presente dictamen, bajo los siguientes:

I. Antecedentes

En sesión plenaria celebrada el 15 de diciembre de 2015, la diputada Verónica Delgadillo García del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 6, numeral 1, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentó la iniciativa con proyecto de decreto por el que se declara el 22 de septiembre de cada año, “Día Nacional sin Automóvil”.

En esa misma fecha, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó la mencionada iniciativa a la Comisión de Gobernación, para su análisis y dictamen.

El expediente con la iniciativa de mérito fue turnado a la Comisión de Gobernación al día siguiente para efectos de su análisis y discusión.

II. Contenido de la Iniciativa

La iniciativa materia del presente dictamen tiene por objeto:

Declarar el día 22 de septiembre de cada año como “Día Nacional sin Automóvil”

Motivación:

La proponente ha señalado que uno de los principales objetivos que busca la declaración del día 22 de septiembre como día nacional sin automóvil, es colocar a la movilidad urbana sustentable dentro de la agenda pública del país.

Que con ello es posible desarrollar una mayor cantidad de políticas públicas que mejoren el transporte público, alienten el no motorizado y que se logre desincentivar el uso del automóvil privado.

Que busca incidir de manera positiva en la seguridad y eficiencia de los diferentes sistemas de transporte público que son utilizados por la gran mayoría de la población y, por ende, se contribuya a la preservación y mejora del medio ambiente.

Lo anterior bajo el entendido de que también es necesario un proceso de concientización, donde se den a conocer los múltiples beneficios que puede traer consigo el dejar de utilizar el auto motorizado privado; y los diferentes daños a la salud que ocasiona una mala calidad del aire, provocada entre otros factores por el exceso de vehículos.

La proponente expone la obligación del Estado de promover, proteger, respetar y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, así como la responsabilidad de propiciar el ambiente adecuado para dicha obligación.

Que en la medida en que las políticas públicas que se desprendan de un interés por contar con diferentes opciones de transporte, no sólo contribuirán a la reducción de los tiempos de traslado, sino que se estará contribuyendo al goce efectivo de diferentes derechos humanos básicos.

Que la sociedad civil organizada ha externado su preocupación por el actual modelo de movilidad urbana, ya que solo se encuentra enfocado al automóvil, por lo que se han planteado, promovido y exigido mejores modelos de transporte, que sean amigables, sustentables y seguros.

“Una ciudad que privilegia al automóvil privado, sea con inversiones públicas o privadas, está invirtiendo su bien más escaso y valioso, que es el espacio, en la forma de movilidad que más recursos cuesta, que a menos personas sirve y que más externalidades negativas produce, como son contaminación, ruido, estrés, hechos de tránsito, sedentarismo, entre otros.”

Que uno de los elementos que se plantean en la iniciativa es el daño ocasionado por el uso excesivo de los automóviles, así como el incremento en los efectos negativos ocasionados que se padecen en las ciudades mexicanas.

“El sector transporte en nuestro país emite a la atmósfera más de una cuarta parte del total de gases de efecto invernadero que contribuyen ampliamente al fenómeno del cambio climático. Por sí solos, los automóviles particulares son responsables de generar el 18% de las emisiones del país. Las externalidades del uso excesivo del automóvil representan un elevado costo para la productividad y la calidad de vida de la población en México; su expresión más grave es la pérdida de vidas humanas.”

Indudablemente la Ciudad de México así como su zona conurbada es un excelente ejemplo de los efectos ocasionados por la implementación de políticas públicas enfocadas al automóvil, ya que a pesar de que el número de viajes realizados diariamente en algún tipo de transporte público son el doble, se sigue privilegiando al auto privado, donde la tasa de motorización sigue presentando un aumento significativo, cerca de 300 vehículos por cada mil habitantes.

El desincentivar el uso del automóvil particular es una acción que responde a una visión de que el interés y el bien común deben prevalecer sobre intereses particulares y/o de unos cuantos; especialmente dentro del campo de las políticas públicas que están dirigidas a las necesidades de la población mexicana.

En consecuencia, el Día Nacional sin Automóvil toma gran relevancia, ya que busca la concientización, el desarrollo de diversas actividades y la implementación de acciones concretas para lograr una mejor movilidad.

En virtud de lo anterior, una vez que han sido establecidos los antecedentes y el contenido de la iniciativa, los integrantes de la Comisión de Gobernación procedemos a formular las siguientes:

III. Consideraciones

Las y los integrantes de la Comisión de Gobernación reconocemos todo aquel trabajo a favor de mejorar las condiciones climáticas del país, en particular de las zonas metropolitanas que sufren cada vez más una mayor problemática generada por el incremento de contaminantes en la atmósfera.

Estimamos que establecer un día nacional sin automóvil indudablemente puede llegar a ser un factor determinante para generar una nueva visión, en la planeación y ejecución, de nuevas políticas públicas a favor de mejores sistemas de transporte público, así como en la protección al medio ambiente, ya que la calidad del medio ambiente se encuentra en un nivel crítico, en especial la del aire ya que el “aumento en la motorización y el uso del automóvil en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) han provocado un mayor uso de combustibles fósiles y, por ende, mayores emisiones de contaminantes criterio de vida corta (CCVC) y gases de efecto invernadero (GEI).

En el año 2012, en el Distrito Federal (DF) se emitieron 31 millones de toneladas equivalentes de C02. El 80 por ciento de estas emisiones correspondieron a la quema de combustibles fósiles y de electricidad, siendo el sector transporte la principal fuente de emisiones de la ciudad, pues representa el 37 por ciento de las emisiones totales (Centro Mario Molina, 2014);”

De igual forma, la mala calidad en la atmósfera y del aire que se encuentra en las zonas metropolitanas donde se concentra la mayor parte de la población es una realidad, un claro ejemplo han sido las declaraciones de contingencia en la Zona Metropolitana de la Ciudad de México.

Por ello, como Comisión creemos en la importancia de generar una concientización en la ciudadanía sobre los daños a la salud, que pueden ser ocasionados directamente por la relación entre el uso excesivo del automóvil privado y la contaminación atmosférica, así como los beneficios que se pueden lograr si se opta por otra opción de transporte.

El “día sin automóvil” cuenta con una gran aceptación a nivel internacional, siendo un ejemplo y origen de esta conmemoración la Semana Europea de la Movilidad, registrando sus orígenes en Francia, Inglaterra e Islandia, lugares en los que desde 1998 se ha promovido el uso de medios de transporte sostenibles, dando como resultado que más de 1500 ciudades se encuentren registradas como promotoras para implementar mejores modelos de accesibilidad y transporte público.

Siendo hasta el año 2000 cuando esta conmemoración se convirtió en una tendencia global, llegando a diferentes países y ciudades latinoamericanas, incluido México donde diferentes colectivos, organizaciones civiles e incluso esta misma Cámara de Diputados han realizado esfuerzos para participar en unos de los principales movimientos internacionales que buscan mejorar las condiciones del medio ambiente a través de incentivar medios alternos de transporte, eligiendo el 22 de septiembre para estar acordes con la usanza internacional.

Asimismo, los fines que busca la declaración del 22 de septiembre como Día Nacional sin Automóvil, se encuentran completamente vinculados a las medidas que deben ser adoptadas por nuestro país para combatir los efectos del cambio climático, promoviendo, protegiendo, respetando y garantizando los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, así como la responsabilidad de propiciar el ambiente adecuado para dicha obligación.

A través del establecimiento de este tipo de conmemoraciones, los integrantes de esta Comisión nos sumamos a la búsqueda de alternativas de movilidad para la población mucho más amigables con el medio ambiente, pero en particular, de mejorar la calidad de vida de las personas que habitamos la República Mexicana, particularmente de aquellas que viven en zonas densamente pobladas.

Por lo antes expuesto, las y los integrantes de la Comisión de Gobernación, para los efectos del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, someten a la consideración de la Honorable Asamblea, el siguiente:

Proyecto de decreto por el que se declara el día 22 de septiembre de cada año, como “Día Nacional sin Automóvil”

Artículo Único. El Honorable Congreso de la Unión, declara el día 22 de septiembre de cada año como “Día Nacional sin Automóvil”.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas:

1 Martínez, A.: 2015: Discurso pronunciado en el Foro Presupuesto para la Movilidad, hacia un Plan Nacional de Bicicletas dentro de la Cámara de Diputados realizado el día 23 de octubre.

2 Ibídem.

3 Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (ONU-Hábitat), 2015: Reporte Nacional de Movilidad Urbana en México 2014-2015, p. 33. Consultado en línea el día 2 de noviembre de 2015. www.onuhabitat.org

4 Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo (ITDP), 2015: Oportunidades de Desarrollo Orientado al Transporte y Bajo en Emisiones en la Zona Metropolitana del Valle de México, p.23. Consultado en línea el día 2 de noviembre de 2015. URL: http://mexico.itdp. org/wp-content/uploads/Valle-de-Mexico.pdf

Palacio Legislativo, a 26 de abril de 2016.

La Comisión de Gobernación, diputados:Mercedes del Carmen Guillén Vicente (rúbrica), presidenta; Juan Manuel Cavazos Balderas (rúbrica), César Alejandro Domínguez Domínguez (rúbrica), Érick Alejandro Lagos Hernández (rúbrica), David Sánchez Isidoro (rúbrica), Karina Padilla Ávila (rúbrica), Ulises Ramírez Núñez (rúbrica), Marisol Vargas Bárcena (rúbrica en contra), David Gerson García Calderón, Rafael Hernández Soriano, Jesús Gerardo Izquierdo Rojas (rúbrica), José Clemente Castañeda Hoeflich, Macedonio Salomón Tamez Guajardo (rúbrica), Norma Edith Martínez Guzmán (rúbrica), secretarios; Hortensia Aragón Castillo, Eukid Castañón Herrera (rúbrica en contra), Sandra Luz Falcón Venegas (rúbrica en abstención), Martha Hilda González Calderón, Sofía González Torres (rúbrica), Marcela González Salas y Petricioli (rúbrica), Álvaro Ibarra Hinojosa, David Jiménez Rumbo, María Guadalupe Murguía Gutiérrez (rúbrica), Norma Rocío Nahle García (rúbrica en abstención), Carlos Sarabia Camacho (rúbrica), Édgar Spinoso Carrera (rúbrica), Miguel Ángel Sulub Caamal (rúbrica), Claudia Sánchez Juárez, Jorge Triana Tena (rúbrica), Luis Alfredo Valles Mendoza (rúbrica).»

El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple con la declaración de publicidad. En virtud de que se ha cumplido con el requisito de la declaración de publicidad, consulte la Secretaría a la asamblea en votación económica, si autoriza que se someta a discusión y votación de inmediato.

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:Por instrucciones de la Presidencia en votación económica se consulta a la asamblea si autoriza que el dictamen de la Comisión de Gobernación se someta a discusión y votación de inmediato. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: Se autoriza.

DICTAMEN A DISCUSIÓN



DECLARA EL 22 DE SEPTIEMBRE “DÍA NACIONAL SIN AUTOMÓVIL”

El Presidente diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano: En consecuencia está a discusión el dictamen. Por la comisión, tiene la palabra por cinco minutos el diputado Macedonio Salomón Tamez Guajardo para fundamentar el dictamen de conformidad con el artículo 104, numeral 1, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados.

El diputado Macedonio Salomón Tamez Guajardo:Con su venia, señor presidente. Cuando la Ciencia y la Tecnología no se someten a la ética universal se vuelven monstruosas, y el condicionante ético para que Ciencia y Tecnología no se vuelvan monstruosas, es que siempre sirvan al hombre, sin excepción alguna.

Las cosas, las invenciones, los descubrimientos, las propuestas no son buenas o malas en sí, son buenas o malas según el uso que le damos. Ya lo dijo Aristóteles hace más de 2 mil años, de tal manera que siempre tenemos que procurar, contemplar y promover que la ciencia no se vuelva en contra de nosotros, y que la tecnología sea un instrumento para vivir mejor y no para lo contrario.

Un ejemplo de cómo los descubrimientos se vuelven contra las hombres es el del automóvil, no hace falta que pondere sus beneficios compañeros, pero sí es bastante obvio para todos los perjuicios que nos causa la indiscriminada multiplicación de automóviles, el mal uso que se les da, pero sobre todo la falta de diseño y de condiciones para que éstos sirvan al ser humano.

Y no es cosa nada más de promover que se dejen de usar los automóviles, esto va desde algo tan importante como diseñar nuestras ciudades, ciudades que cada vez son más grandes y que deben crecer hacia arriba para no invadir los espacios verdes y para no necesitar más vías de comunicación y más automóviles, desde ahí deben de empezar las políticas públicas.

Es por eso que con mucho agrado y con mucho orgullo presento a nombre de la comisión de Gobernación, a la que tengo el honor de pertenecer, esta propuesta para que se nombre o se designe el 22 de septiembre, el Día Nacional sin Automóvil. Es una propuesta de orden mundial, ya está vigente en otros países. En Jalisco lograron su vigencia dos compañeros diputaos míos, de Movimiento Ciudadano, Verónica Delgadillo y Salvador Zamora, y ahora a propuesta de Verónica se está discutiendo y proponiendo en esta honorable Cámara de Diputados.

Es bueno que dediquemos un día a dejar de usar el automóvil. Y no me refiero al lucimiento de diputados y otros funcionarios que se toman fotos en el Metro o en el Metrobús, eso crea en realidad un efecto contrario, sino me refiero a la reflexión profunda que todos los seres humanos, que en México tenemos que ver con el poder público, debemos hacer para diseñar de forma diferente las ciudades, para desalentar el uso del automóvil, para promover, otorgar de fondos algo tan importante como el transporte colectivo y recordarle a la gente que muchas veces es más sano caminar o andar en bicicleta que subirse a un carro.

Así que, amigos, les dejo esta idea. Los invito a la reflexión e insisto que este día sin automóvil no es nada más una efeméride más, sino una propuesta de reflexión para que cambiemos nuestra forma de pensar y por supuesto nuestra forma de caminar. Es cuanto tengo que decir. Muchas gracias.

Presidencia del diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Agotada la lista de oradores se pide a la Secretaría que abra el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular.

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular.

(Votación)

¿Falta algún diputado o diputada de emitir su voto? Sigue abierto el sistema. ¿Algún diputado o diputada que falte de emitir su voto? ¿Alguna diputada o diputado que falte de emitir su voto?

Ciérrese el sistema electrónico de votación. Se emitieron 399 votos a favor, 1 abstención, señor presidente.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Aprobado en lo general y en lo particular por 399 votos, el proyecto de decreto por el que el honorable Congreso de la Unión declara el día 22 de septiembre de cada año como Día Nacional sin Automóvil. Pasa al Senado, para sus efectos constitucionales.

La diputada Verónica Delgadillo García(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Sonido en la curul de la diputada Verónica Delgadillo. ¿Con qué objeto, diputada?

La diputada Verónica Delgadillo García (desde la curul): Rápidamente, presidente. Solo para agradecer a todos mis compañeros presentes que votaron a favor de este dictamen y recordar la importancia. No se trata nada más de celebrar, sino de un ejercicio de reflexión de que podamos poner en el centro de la agenda del debate público la importancia de replantearnos las ciudades, de replantearnos los sistemas de movilidad.

Durante mucho tiempo al centro ha estado el vehículo y se ha olvidado que el ciudadano es el que tiene que ser prioridad. Este es un reconocimiento a este trabajo y también a esta lucha que busca transformar a las ciudades.

Por otro lado, recordarles a mis compañeros que esperamos que participen este 22 de septiembre bajándose del coche y dándole un respiro al planeta. Muchísimas gracias a todos.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputada Delgadillo.



ANÁLISIS CORRESPONDIENTE AL 4TO. INFORME DE GOBIERNO EN MATERIA DE POLÍTICA EXTERIOR

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: El siguiente punto del orden del día es el análisis del 4to. Informe de Gobierno del Poder Ejecutivo federal. En tal virtud, para dar cumplimiento al numeral 4 del artículo Segundo del acuerdo aprobado en la sesión del 6 de septiembre, en esta sesión abordaremos el tema de Política Exterior.

Para la primera ronda, los grupos parlamentarios han inscrito a las siguientes diputadas y diputados: diputado Manuel Jesús Clouthier Carrillo, diputado independiente; diputado Gonzalo Guízar Valladares, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social; diputada Mirna Isabel Saldívar Paz, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza; diputado Jorge Álvarez Maynez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano; diputada Alicia Barrientos Pantoja, del Grupo Parlamentario de Morena; diputada Yaret Adriana Guevara Jiménez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. Diputado Agustín Basave Benítez, del Grupo Parlamentario del PRD. Diputada Arlette Ivette Muñoz Cervantes, del Grupo Parlamentario del PAN. Y diputada Jasmine María Bugarín Rodríguez, del Grupo Parlamentario del PRI.

En consecuencia, tiene el uso de la tribuna hasta por cinco minutos el diputado Manuel Jesús Clouthier Carrillo, diputado independiente. Mientras llega el compañero diputado, esta Presidencia saluda a los invitados especiales del diputado Alfredo Bejos Nicolás, estudiantes de derecho del Centro Universitario Hidalguense, bienvenidos, de Pachuca, Hidalgo. Adelante, diputado.

El diputado Manuel Jesús Clouthier Carrillo:Gracias, presidente. Compañeros diputados, en la historia del viejo régimen priista que gobernó 70 años este país, hubo muchos errores, producto del absolutismo del poder y la ausencia de democracia. Sin embargo, en honor a la verdad tenemos que decir que fueron muy pocas las equivocaciones en política exterior.

Me recuerdo quizá el grave error de José López Portillo, cuando decidió visitar Nicaragua en los años ochenta, pero en general podríamos decir que la doctrina Estrada fue una buena guía de la política exterior mexicana.

Hoy desgraciadamente no podemos decir lo mismo de los gobiernos priistas al regreso del PRI al poder. Actualmente, al interior del país quieren restaurar el viejo régimen cuando México a todas luces es otro, y en política exterior no basta realizar viajes de promoción del país.

En estos viajes es necesario la congruencia entre lo que se dice al exterior y lo que se hace en el gobierno al interior del país. La imagen de nuestro país en el exterior no es buena, lo que está peor es incluso la imagen de nuestro gobierno y de nuestro presidente de la república.

La imagen que se tiene de México en el exterior es de un país corrupto, se sostiene la idea de que México es un país violento y dominado por el crimen organizado en parte importante de su territorio.

Se dice que México es un país sin Estado de derecho, es decir, que no somos un país de leyes. Y además, que por consecuencia no se respeta la libertad de expresión ni los derechos humanos.

Aun así, el mundo ve a México más estable que muchos otros países en vías de desarrollo. Se le ve atractivo por su colindancia con Estados Unidos, y por tanto, se le ve con gran potencial.

En otras palabras, el mundo ve a México, ve a nuestro país como el país de las grandes contradicciones.

El peor error diplomático, el peor error de política exterior, de en particular este gobierno de Enrique Peña Nieto fue reunirse con Donald Trump. Y es decir, fue reunirse con un candidato. Ni ganado Trump esa reunión será un acierto.

Debe quedar claro que el señor Donald Trump es una amenaza para México, es una amenaza para los Estados Unidos y es una amenaza para el mundo.

Debe quedar pues claro también en nuestro país que si Donald Trump logra llegar a la Presidencia de los Estados Unidos debemos estar preparados para las amenazas reales que eso significará para nuestro país. Y por tanto, debemos reorientar anticipándonos, la política económica de nuestro país, siendo conservadores y prudentes ante esta real amenaza, como también deberemos reorientar la política exterior para precisamente tener una menor dependencia de este país del norte. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputado Clouthier.

Esta Presidencia da la bienvenida y saluda a la ciudadana Brenda Araceli Vázquez Santillana, al doctor Américo Saucedo García y al ciudadano Miguel Ángel Castro Godina, quienes fueron ganadores de un concurso realizado en la ciudad de Monclova, Coahuila, respecto al interés sobre el trabajo legislativo de las diputadas y diputados federales. Invitados por el diputado Cesar Flores Sosa. Bienvenidos.

Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado Gonzalo Guízar Valladares, del Grupo Parlamentario de Encuentro Social.

El diputado Gonzalo Guízar Valladares:Muchas gracias, diputado presidente. Para el Partido Encuentro Social una política exterior siempre debe tener una prioridad: defender a sus representados, única prioridad fundamental. Evento que no represente la defensa de la soberanía, la defensa de la identidad de sus connacionales es y se puede afirmar en cualquier parte del mundo, que es una política exterior fallida. Eso es lo que hoy padecemos los mexicanos.

Déjenme dar algunos ejemplos concretos para confirmar mi dicho. México enfrenta tres retos fundamentales, amigas diputadas y amigos diputados.

Primero, recuperar su tradición política y diplomática, como lo acaba de expresar nuestro compañero Clouthier.

Segundo, lograr el respeto a la soberanía nacional. Repito, el respeto a la soberanía nacional.

Tercero. Retomar esa destacada posición mundial que tenía hace más de 30 años. Creo que ahí están los retos fundamentales en materia de política exterior.

Un ejemplo, hace tres décadas México pertenecía a un grupo de seis países que formaba parte del conjunto emergente de naciones con grandes posibilidades y suficientes recursos humanos y naturales para convertirse en pocos años en parte de las economías mundiales más fuertes que hoy dominan el mundo. Me refiero a China, a Rusia, a Brasil, a India, a Egipto y a México.

Fíjense bien. Sin embargo, de este grupo denominado BRICS ahora Egipto fue destituido, como todos los sabemos, por ese desorden interno que tuvo en su sociedad. Como Estado-nación se convulsionó. Fue ingobernable Egipto y se retiró de este grupo BRICS.

A México solamente lo dejaron de invitar para formar parte de este grupo de orden mundial emergente. ¿Saben por qué? Por las cualidades que destacan en el exterior a México: desigualdad, por corrupción y por supuesto el no respeto al Estado de derecho. No prevalece, no hay certeza jurídica y tiene que ver mucho con la política exterior, la inversión directa extranjera. Tiene que ver con la certeza jurídica, con el Estado de derecho.

Amigas y amigos, quiero mencionar –como debe de ser además–, lo que dice el informe del presidente de la República, unos párrafos en materia migratoria de los logros que con todo derecho él señala haber alcanzado.

Primero, en su parte de México con responsabilidad global se abordan dos temas relacionados con la migración.

El primero de ellos denominado, Protección de Mexicanos en el Exterior. Destaca los siguientes puntos de su último año de gobierno: modernización de los servicios que se ofrecen a los mexicanos en el exterior a través de la red consular y diplomática.

Segundo, expedición de credenciales para votar garantizando la independencia del INE, ésta será gratuita, es un logro de este 4to. Informe de Gobierno; IME Becas, otros más, 39 mil mexicanos beneficiarios de cursos en educación básica, universitaria y tecnológica en el extranjero.

En el segundo rubro de este apartado señala el Programa Especial de Migración, Política y Gestión Migratoria para priorizar los Derechos Humanos de Migrantes, Coordinación entre los Tres Órdenes de Gobierno.

Programa Frontera Sur, otro logro. Nuevo modelo de atención integral en tránsito fronterizo con tres centros de atención integra en Huixtla, en Catazajá y la Trinitaria en Chiapas. Han atendido según ellos, según este informe, 11 mil 200 migrantes y 66 mil asuntos médicos en el IMSS.

¿Qué significa esto? Que estamos nosotros reconociendo lo que se dice en el informe y destacamos una incongruencia. Al día de hoy en el paquete económico viene el 30 por ciento menos de presupuesto para el gasto de la frontera sur, que es fundamental para lograr los logros de cohesión y mandar un mensaje irrestricto de respeto a los derechos humanos.

Por eso coincido con los estudiosos, con los investigadores de la UNAM, Martín Íñiguez Ramos y José Luis Valdés Ugalde, cuando califican a la política exterior mexicana como una estrategia fallida. Muchas gracias.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, compañero diputado. Tiene el uso de la tribuna, la diputada Mirna Isabel Saldívar Paz, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, hasta por cinco minutos.

La diputada Mirna Isabel Saldívar Paz:La política exterior de México debe orientarse hacia el progreso global y la búsqueda de catalizadores para un desarrollo que logre una mejora real en la vida diaria de los mexicanos y las mexicanas.

Con su permiso, señor presidente. Compañeras y compañeros legisladores. En Nueva Alianza consideramos que en materia de política exterior los principios de nuestras relaciones bilaterales y multilaterales deben ser enarbolados para mantener nuestra autonomía y aprovechar los aspectos positivos de los acuerdos de integración, logrando así beneficios globales.

Una de las estrategias fundamentales que forman parte del 4to. Informe de Gobierno se refiere a la relación de México con el mundo. La primera acción transversal mencionada en este informe es la de consolidar la relación con Estados Unidos y Canadá a partir de una visión integral y de largo plazo que promueva la competitividad y la convergencia en la región, sobre la base de las complementariedades existentes.

Resulta evidente la relación vital que tiene nuestro país en materia internacional con los Estados Unidos de América, y no solamente por motivos comerciales, económicos o de seguridad; la trascendencia de este vínculo va mucho más allá de acuerdos mercantiles y tratados internacionales. Es una relación que afecta la vida cotidiana de los ciudadanos de ambas naciones.

La sucesión presidencial de dicho país es primordial para México, razón por la cual resulta imperativo estar atentos para prever los posibles escenarios políticos derivados de la misma.

Al profundizar en el análisis del panorama internacional, sobre todo durante el presente año, se hacen evidentes similitudes en el comportamiento del electorado y un avance de los discursos que llaman a la división.

Para ejemplificar lo anterior, basta recordar la reciente aprobación del llamado Brexit, que consiguió la salida del Reino Unido de la Unión Europea.

Lamentablemente estas narrativas ultranacionalistas se identificar claramente con los votantes afines a uno de los candidatos presidenciales de Estados Unidos. En este orden de ideas Nueva Alianza manifiesta su preocupación por el incremento de posturas antiinmigrantes que han sido manifestadas de forma pública.

Queremos ser enfáticos al señalar nuestro repudio a una promoción electoral fundamentada en la división, la intolerancia y el desprecio a la comunidad latina, particularmente a la mexicana, en aquel país.

Estas acciones lastiman profundamente los lazos que unen a ambas naciones y perjudica el diálogo y el desarrollo de una relación toral para los dos países.

El discurso de injurias, racismo, misoginia, no puede imponerse en ninguna democracia occidental; esperamos que no lo haga en Estados Unidos.

Como ya lo hemos dejado claro, pase lo que pase, las y los diputados de Nueva Alianza estaremos al lado de nuestros connacionales.

La agenda común con los Estados Unidos es amplia y compleja; nos inquietan primordialmente las condiciones de vida de nuestros compatriotas en aquel país., y por ello subrayamos los esfuerzos que para proteger sus derechos se llevan a cabo. A pesar de eso la demanda sigue siendo enorme, y se hace indispensable optimizar los recursos para reforzar las labores de atención a las comunidades mexicanas a fin de promover su bienestar y la observancia plena de sus derechos.

Por lo que se refiere a la seguridad de la frontera norte, es primordial que la Iniciativa Mérida dé resultados más evidentes respecto a las acciones conjuntas que se realizan para detener el tráfico de drogas, el lavado de dinero, el tráfico de armas, así como el tráfico y la trata de personas que tanto daño causan a nuestro país.

En cuanto a nuestra relación con otros socios regionales estratégicos como lo es Canadá, es importante reconocer que se han logrado avances que fortalecen nuestros lazos, principalmente...

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Concluya, compañera diputada.

La diputada Mirna Isabel Saldívar Paz: ...el esfuerzo realizado para conseguir la eliminación del visado canadiense a los mexicanos que fue anunciado el 28 de junio pasado.

Estimados diputados y diputadas, es nuestro deber enfocar la política exterior mexicana en el bienestar máximo de nuestra gente, dentro y fuera del territorio nacional. Por su atención, muchas gracias.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Muchas gracias, diputada Saldívar. Tiene el uso de la tribuna, hasta por cinco minutos, el diputado Jorge Álvarez Maynez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

La diputada Jorge Álvarez Maynez: Con su permiso, presidente. En el análisis del 4to. Informe de Gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto lo que valdría que fuera el centro de nuestra discusión sería, qué va a suceder en un país como México que atraviesa una crisis institucional en los próximos dos años.

Es inevitable que al hablar de política exterior nos refiramos –como aquí ya lo dijo el diputado Manuel Clouthier, y como lo dijo Clemente Castañeda– a las 36 horas de mayor vergüenza para nuestro país en la historia de la política exterior mexicana a la invitación a Donald Trump.

Pero de nada serviría referirnos a ese episodio si no lo viéramos como la parte o como un episodio más de una política exterior absolutamente errática. No fue una mala idea del ex secretario de Hacienda Luis Videgaray, no fue un desliz del presidente Peña Nieto y no tiene solución con la renuncia de Videgaray al gabinete. Lo que pasó con Donald Trump es consecuencia de una muy mala política exterior.

Ya se dijo aquí que muchos años presumió el PRI, que a pesar de todos sus errores sí había seguridad y había una buena política exterior. En cuatro años van 80 mil ejecuciones y en política exterior vivimos el peor momento de nuestra relación nada más y nada menos que con el país que lidera al mundo, que es Estados Unidos, con el país que más nos debería de importar tener una relación prolífica, tenemos la peor crisis en décadas.

Este gobierno ha designado a un 40 por ciento de los funcionarios del Servicio Exterior Mexicano con base a criterios políticos, cuatro de cada 10 de los designados durante este sexenio se han hecho sobre la base de que son militantes del PRI, entre ellos 13 ex funcionarios priistas, como Fidel Herrera, como Juan Sabines, que le cuestan al país 30 millones de pesos al año, sus salarios más boletos de avión, pasajes, viáticos.

Este gobierno también ha ido cambiando posiciones estratégicas. Miren la historia de nuestra Embajada en los Estados Unidos. En el 2012 se decide sustituir a Carlos Sada, lo decidió el actual secretario de Hacienda, José Antonio Meade, por Sandra Fuentes-Berain en el Consulado en Nueva York.

No les gustó Carlos Sada para cónsul en Nueva York. Hoy es nuestro embajador en Estados Unidos Carlos Sada. Y durante este sexenio, como nunca en la historia, tuvimos un lapsus de siete meses sin embajador en los Estados Unidos y luego un segundo inter con la renuncia de Miguel Basáñez de un mes sin embajador en los Estados Unidos.

Y hoy tenemos como embajador en los Estados Unidos al que hoy el secretario de Hacienda destituyó de cónsul en Nueva York para poner a Sandra Fuentes-Berain, que –como documentó esta semana León Krauze, especialista en temas de relación bilateral México-Estados Unidos– ha duplicado los gastos en eventos sociales, en gastos superfluos, en gastos de representación, y ha tenido un conflicto permanente con la comunidad mexicana de Nuevo York.

Entonces tenemos a un gobierno que se ha dado el lujo de prácticamente un año no tener representación en los Estados Unidos. Eso no lo puede hacer ningún país del mundo, dejar hueco, dejar vacía la representación oficial de México ante los Estados Unidos. Ése es el motivo fundamental por el que fuimos incapaces de leer lo que sucedió en la visita de Donald Trump.

Donald Trump, su tercer equipo de campaña le recomendó centrarse en un aspecto que era del que más adolecía su estrategia: de la viabilidad. Y la principal recomendación fue verse presidenciable. Y el primer paso fue venir a México a tener una reunión como si fuera un par de un jefe de Estado, y nuestro jefe de Estado se lo permitió.

Y nuestro jefe de Estado le dio trato de jefe de Estado y le permitió tener legitimidad para ir después a Arizona a hacer de la antinmigración su discurso fundamental. Y no solamente eso, sino lo replicó. Dijo que nosotros también sufríamos del tema de la migración y que el problema no eran los mexicanos, sino los centroamericanos.

Todo ese absurdo que hoy tiene a México en el centro de la elección de Estados Unidos es producto de una serie de errores. Y nosotros hemos planteado que para recomponer el presidente debería hacer un alto en el camino y sectores claves como la Secretaría de Hacienda, la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Secretaría de Gobernación, no someterlas al juego electoral de 2018. Debemos de tener, como en algún momento se tuvo en la Secretaría de Hacienda y en la Secretaría de Relaciones Exteriores, una válvula de institucionalidad que le permita a México enfrentar los últimos dos años del peor sexenio en materia de política exterior de la historia de este país. Gracias, presidente.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputado Álvarez Maynez. Tiene el uso de la tribuna hasta por cinco minutos, la diputada Alicia Barrientos Pantoja, del Grupo Parlamentario de Morena.

La diputada Alicia Barrientos Pantoja:Con su permiso, presidente. La conciencia es un elemento fundamental para la transformación. En el 4to. Informe de Gobierno que presenta el titular del Ejecutivo federal, México se percibe de manera negativa ante la opinión pública internacional y con una pérdida de liderazgo regional, debido una serie de hechos desafortunados, acontecimientos internos ensangrentados, con claros tintes de impunidad, opacidad y complicidad.

Lo que fuera un símbolo de inclusión mundial es hoy sólo un mal referente interno y externo. México, con responsabilidad global, donde se presume una relación bilateral con Canadá y Estados Unidos bajo los ejes de competitividad, diversidad y sustentabilidad, tema que tiene serias dificultades como la reforma educativa, los matrimonios igualitarios o la contaminación y destrucción de ríos y subsuelos por la extracción minera.

Las relaciones exteriores de México están basadas en meras relaciones comerciales neoliberales, representadas mediante la firma del Tratado de Libre Comercio, la Alianza del Pacífico y el Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica. Proyectos impulsados principalmente por los Estados Unidos, dichos tratados comerciales están regidos bajo reglas OMC Plus, que no es otra cosa que la pérdida de soberanía nacional frente a los grandes capitales que condicional la inversión extranjera directa, lo que ha provocado la lamentable pérdida de soberanía nacional frente a los grandes capitales que condicional la inversión extranjera directa, lo que ha provocado también que sus instituciones y de su soberanía para poder hacer frente a sus responsabilidades internacionales.

Estos tratados comerciales no son benéficos para México, al menos no para la sociedad, pero sí para las grandes empresas trasnacionales, ya que implica relaciones norte-sur, o sea, desarrollo con subdesarrollo, lo cual implica que alguien necesita salir perdiendo y somos nosotros, los mexicanos.

Hoy fueron premiadas las reformas estructurales por los capitales mundiales neoliberales en Nueva York dentro del foro Liderazgo Mundial 2016 y Enrique Peña Nieto demuestra que dichas reformas fueron impuestas por los capitales extranjeros, que no tienen ningún efecto positivo sobre los mexicanos y demuestran que para la economía mexicana son un fracaso.

Robert Lansing, exsecretario de Estado americano dijo hace 100 años: México es un país extraordinariamente fácil de dominar, porque basta con controlar a un solo hombre, el presidente.

Hoy ese hombre es premiado y su aprobación sigue en picada. La carta paramétrica Evaluación Presidencial, 4to. Informe de Gobierno, otorga una calificación negativa del 51 por ciento al desempeño de la actual administración federal en política exterior.

Lamentablemente es el hecho de que no exista un pronunciamiento ante la destitución de Dilma Rousseff, por parte del gobierno mexicano. Hace no menos de 40 años veíamos a la región latinoamericana azotada por las dictaduras violentas que impusieron el modelo neoliberal y hace no menos de 20 años importantes giros en dirección opuesta.

Las relaciones comerciales con otros países no están representando un crecimiento real, pues el salario promedio de los trabajadores contratado por empresas extranjeras oscila en los 350 pesos diarios, lo que en Estados Unidos se paga solamente por una hora. Ni qué decir de todos aquellos impuestos que dejan de ser cobrados a fin de atraer la inversión extranjera, lo que se traduce en aumento para todos los ciudadanos y no solamente para las empresas.

El tema migratorio no está siendo visto en su justa dimensión. La Organización Internacional de la Migración señala que desde el año 2000, más de 40 mil personas fallecieron al tratar de cruzar las fronteras selladas.

No obstante, fue recibido en Los Pinos el candidato republicano a la Presidencia de los Estados Unidos, Donald Trump, hecho repudiado, no solo por los mexicanos en México, sino también por los amplios sectores en el país vecino. Este personaje ha dejado en claro que su campaña no se moderará, pues el statu quo se está dividiendo hacia el terreno impulsado por la política antiinmigrantes, la cual es totalmente destructiva para México.

No duden que así como pagamos el Fobaproa vamos a pagar el muro de la vergüenza. La recepción a un candidato es algo totalmente fuera de contexto y son lamentables estos hechos que nos ponen en un escenario negativo de nuestro país.

Morena insiste en que la política internacional tiene que ver con el buen oficio para defender, ejecutar y diversificar los intereses políticos de México en el mundo. En otras palabras, salvaguardar los intereses de todos los mexicanos y de nuestros connacionales, asignatura pendiente por este gobierno.

Y como diría, y termino con esto, una frase de don Benito Juárez García: “No deshonra a un hombre equivocarse. Lo que deshonra es la perseverancia en el error”. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputada Barrientos. Tiene el uso de la tribuna hasta por cinco minutos la diputada Yaret Adriana Guevara Jiménez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

La diputada Yaret Adriana Guevara Jiménez:Con su permiso, diputado presidente. Estimadas y estimados compañeros diputados, en el Partido Verde estamos convencidos de que México necesita ser un actor sobresaliente en el ámbito internacional.

Lo anterior, lo estamos logrando mediante la implementación de una política exterior activa, responsable y dinámica, que proponga soluciones a los grandes problemas de la agenda mundial.

Paralelamente tenemos que hacer un uso inteligente de las relaciones diplomáticas, las cuales representan la herramienta que permite al país perseguir y consolidar acuerdos, tanto bilaterales como multilaterales, los cuales nos permitan avanzar en temas como, el combate al narcotráfico y el crimen organizado, la promoción de inversiones que impulsen el desarrollo del país, la protección de los derechos humanos y del medio ambiente, entre muchos otros tópicos de la más alta envergadura.

Desde el comienzo de esta administración, el presidente de la república adoptó la decisión de emprender acciones destinadas a reposicionar a nuestro país en los ámbitos regional y global, en un esfuerzo ambicioso por recuperar su posición de liderazgo. No me cabe la menor duda de que México tiene todo el potencial para lograrlo.

La relación bilateral con Estados Unidos es la de mayor profundidad para México, que a lo largo de los 193 años de relaciones diplomáticas hemos construido una relación madura, compleja e integral.

Lo anterior representa una obligación para ambos países, ya que compartimos 3 mil kilómetros de frontera y en los Estados Unidos viven 34 millones de personas de origen mexicano.

Otro país que conforma la región de América del Norte y que en los últimos años ha venido ocupando mayor protagonismo en la política exterior mexicana es Canadá. En ese sentido se llevaron a cabo varias reuniones que dejaron los siguientes resultados: el establecimiento del diálogo estratégico, de alto nivel, México-Canadá. La eliminación del visado canadiense para los mexicanos, que fue anunciada el 28 de junio de 2016, y la normalización del comercio bilateral de productos cárnicos.

La región de América Latina ha sido históricamente un área geográfica con la que compartimos vínculos y raíces comunes. Por tal motivo, existen importantes espacios para mejorar y profundizar las relaciones entre sociedades que comparten afectos, historia, cultura y en la mayoría de los casos, idioma.

Ahí radica la importancia de reforzar el diálogo político, los procesos de integración y la cooperación tanto a nivel bilateral como regional.

En ese sentido, entre septiembre de 2015 y agosto de 2016 el Ejecutivo federal recibió en visita de trabajo o de Estado al presidente de la República de Cuba, Raúl Castro, quien realizó su primera visita a México desde que fue elegido como presidente de aquel país. Gracias a este encuentro se dio un nuevo impulso a las relaciones entre ambos países.

Otra visita importante fue la visita del presidente electo de Guatemala, Jimmy Morales, con quien se dialogó para lograr una mayor integración energética y económica.

Cabe destacar la participación activa de nuestro país en diversos organismos regionales y foros multilaterales, como la Cuarta Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, realizada en Quito, Ecuador. En esta reunión y a propuesta de México se adoptó la declaración especial de la CELAC; sobre el compromiso de avanzar en las negociaciones multilaterales de desarme nuclear.

Por último, rescatamos nuestra asistencia a la XI Cumbre de la Alianza del Pacífico realizada en Puerto Varas, Chile, en la que junto con los presidentes de Chile, Colombia y Perú se firmó la Declaración de Puerto Varas, en la que se establecieron los nuevos mandatos en los cuatro pilares de la agenda del mecanismo.

Asimismo, se destaca la visita del jefe de Estado del Vaticano, el Papa Francisco, quien realizó una visita pastoral a México del 12 al 17 de febrero de 2016, durante la cual se reunió con representantes de diversos sectores de la sociedad mexicana.

La zona Asia-Pacífico es sin duda alguna la región que tendrá mayor dinamismo económico, comercial y militar en el siglo XXI. Por tal motivo, se estrecharon las relaciones diplomática comerciales y de cooperación con los países del lejano oriente.

Todo lo anterior pone de manifiesto la acertada conducción que ha realizado el presidente Enrique Peña Nieto de la política internacional, por lo cual tenemos la certeza de que nuestro país continuará trabajando para ampliar y fortalecer su presencia en el mundo...

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Concluya, diputada.

La diputada Yaret Adriana Guevara Jiménez:...haciendo de la política exterior una herramienta para el logro de las grandes metas nacionales. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Tiene el uso de la tribuna hasta por cinco minutos el diputado Agustín Basave Benítez, del Grupo Parlamentario del PRD.

El diputado Agustín Francisco de Asís Basave Benítez:Con su permiso, presidente. Compañeras y compañeros, la relación bilateral más importante de México ha sido puesta en un gravísimo predicamento por el error histórico de la reunión entre el presidente Peña Nieto y el candidato Donald Trump. Lo que llevó a ese error fue el descubrimiento tardío del ex secretario de Hacienda, Luis Videgaray, de que Trump podría ganar la elección. Y digo tardío porque hace más de un año muchos advertimos esa posibilidad.

El 8 de septiembre en 2015 en esta tribuna yo dije que la postura del gobierno mexicano de ignorar a Donald Trump era una grave equivocación, que había que tomarlo en serio y que tenía posibilidades de llegar. Pero para contrarrestar esa ominosa posibilidad, no habría que abrirle las puertas a este señor, que nos ha insultado hasta la saciedad y nos ha amenazado una y otra vez. Las puertas del país y mucho menos las puertas de la residencia oficial.

Lo que había que hacer, en caso de querer comunicarnos con él, era enviar emisarios, mensajes, pero tampoco creer con ingenuidad que a una persona como él se le puede convencer. Se le puede persuadir con argumentos de este lado de la frontera de cambiar su posición con respecto a México. Trump, va a decir todo lo que le dé votos y va a hacer, en caso de que gane, todo lo que lo afiance en el poder y México le tiene sin cuidado.

Lo que tenemos que hacer ahora ante ese grave peligro en el que nos han puesto, es preparar una estrategia defensiva. Trump ha hecho tres amenazas fundamentales a México: revisar o cancelar el Tratado de Libre Comercio, construir un muro y hacer que los mexicanos lo paguen confiscando las remesas.

Tomemos cartas en el asunto, hay ya una iniciativa del Grupo Parlamentario del PRD en el Senado elaborada con la asesoría de Agustín Barrios Gómez, que plantea medidas defensivas ante ésa terrible eventualidad de que Trump sea presidente de Estados Unidos.

Una de ellas, es prohibir que se destinen fondos para la construcción de cualquier barrera física entre los dos países. Otra, es revisar los más de 70 tratados que existen entre México y Estados Unidos y tomar las medidas necesarias para contrarrestar o incluso para tomar represalias en caso de que el TLC sea socavado. Y una más, es recordar que tenemos en México viviendo en este país más de un millón de norteamericanos, más de un millón de ciudadanos de Estados Unidos, por cierto, muchos de ellos indocumentados y que personas físicas y personas morales de ese país, del vecino del norte, mandan mucho dinero hacia Estados Unidos, dinero que puede ser gravado por nosotros en caso de que las remesas de nuestros paisanos sean confiscadas.

Es decir, México no está indefenso, y solo una mentalidad colonizada puede pensar que un país vital para Estados Unidos, como lo es el nuestro, no tiene ninguna defensa. Estados Unidos es la gran súper potencia, su poder evidentemente excede con mucho a l nuestro, pero no estamos inermes, tenemos instrumentos y tenemos herramientas.

La cooperación de México con Estados Unidos en materia de Migración y, sobre todo la cooperación de México con Estados Unidos en materia de narcotráfico, les es vital a ellos. Debemos revisar esa cooperación y reducir esa cooperación en caso de que ellos empiecen a tomar algunas medidas que nos perjudiquen.

En pocas palabras, lo que tenemos que hacer son votos para que no gane la Presidencia de Estados Unidos este tipo que efectivamente, como ya se dijo en esta tribuna, es un peligro para Estados Unidos, para México y para el mundo. Pero mientras hacemos votos para que Trump no gane, hagamos planes para saber qué vamos a hacer para defendernos en caso de que lo logre. Muchas gracias.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputado Basave. Tiene el uso de la tribuna hasta por cinco minutos la diputada Arlette Ivette Muñoz Cervantes, del Grupo Parlamentario del PAN.

La diputada Arlette Ivette Muñoz Cervantes:Señoras y señores legisladores. Hablar de política exterior del gobierno federal en el último año, es hablar de un presidente que es candil de la calle y oscuridad de la casa.

Comencemos hablando de una de las mayores pifias que se tenga memoria en la historia diplomática del Estado mexicano; la famosa visita relámpago de uno de los mayores agresores de nuestro país en los últimos años, el señor Donald Trump.

Con esta invitación a la residencia oficial de Los Pinos, el presidente de la República abrió el telón para presentar su 4to. Informe de Gobierno cargado de inconsistencias, en cuyo análisis se observa la verdadera imagen de México en el mundo. Se trata sin duda alguna de uno de los más grandes errores que se han cometido en la historia del Estado mexicano.

Se abrieron las puertas a un hombre que ha hecho del racismo y del desprecio hacia nuestros connacionales una de sus banderas electorales. Trump se ha dedicado a insultar al pueblo mexicano, a los migrantes, a la propia historia de ambas naciones. Es insólito que el presidente de la República hoy quiera tender puentes de diálogo con quien se aferra a construir muros.

En el encuentro con Trump, Peña Nieto dijo una y otra vez que su misión consiste en proteger los intereses de los mexicanos donde quiera que se encuentren. No obstante, no habló de la necesidad de una reforma migratoria integral que permitiera colocar a nuestros migrantes como punto medular de la relación bilateral.

Un reflejo del inminente y lamentable manejo de la política exterior y el grave error de invitar al candidato antimexicano y tratarlo como si fuera nuestro amigo, es tal que la reunión influyó en el actual valor de nuestra moneda, más de 20 pesos por dólar el día de hoy. Un error de política exterior reflejado en la política económica y palpable en el poder adquisitivo de los mexicanos.

No, señoras y señores, no hay nada de que ufanarse en materia de política exterior; por eso en Acción Nacional no podemos restar importancia a la gravedad de lo que los especialistas han calificado como uno de los más graves errores históricos de política exterior cometido por un presidente de la república.

Durante décadas México había alcanzado un prestigio como Estado a nivel internacional. Sin embargo en tan sólo un par de horas el presidente de la república dinamitó ese prestigio que durante años nuestro país se propuso construir. Ahí está una de las principales causas de que en México haya un mal humar social.

En el contexto de este 4to. Informe de Gobierno en materia de política exterior, se aprecian incongruencias que lejos de fortalecer el papel de nuestro país le restan credibilidad y lo debilitan dentro de un orden mundial cada vez más complejo y turbulento.

Se menciona que la voz de México es reconocida y requerida para aportar a grandes debates del concierto internacional, pero los cuatro años de esta administración han servido para ejemplificar completamente lo contrario, es decir, lo que no debe de hacerse en cuanto a fomento a la transparencia, combate a la corrupción, la defensa a la garantía de los derechos humanos.

Pero cómo es que el Ejecutivo federal habla de la promoción de los derechos humanos en el ámbito internacional si vivimos en un país que atraviesa por una grave crisis en esta materia; los frecuentes casos de violaciones a los derechos humanos demeritan completamente la efectividad institucional y minan el papel de México dentro del contexto internacional como un Estado comprometido con el proceso de mundialización de estos derechos. Pero cómo podemos esperar que el gobierno mexicano fomente esta agenda si por el contrario se ha dedicado sistemáticamente a descalificar a los organismos internacionales de derechos humanos.

Este gobierno quiere proyectar al exterior un país muy alejado de la realidad. Precisamente el día de ayer, justo cuando el dólar alcanzó los nuevos niveles record históricos, 20 pesos, el presidente Peña Nieto recibió en la ciudad de Nueva York el premio Estadista 2016, como reconocimiento por los supuestos cambios estructurales que dicen, ha permitido estimular la relación económica con los Estados Unidos.

No obstante este premio que nos hace recordar el que recibiera Luis Videgaray en el 2014, como el Ministro de Finanzas del año y luego nos metieran esta crisis financiera en la que nos encontramos, no contó con el respaldo de ninguna autoridad el gobierno de Estados Unidos de América.

No aparece en la foto de ayer en la noche ni el presidente Barack Obama ni algún funcionario de los cuerpos diplomáticos de nuestro país vecino.

Segura estoy que más que un reconocimiento en el extranjero, nuestro presidente habría requerido un reconocimiento por parte de los mexicanos, circunstancia que hoy parece tan alejada de la realidad.

Señoras y señores diputados, ése es el país y la realidad en la que vivimos todos los mexicanos y no la que se imprime en el informe o que se preceden de distorsionar con reconocimientos artificiales.

En síntesis, el gobierno federal no ha logrado posicionar de manera congruente la responsabilidad global del Estado mexicano, el gobierno no ha dado buenas cuentas, el gobierno no tiene nada bueno que contar. Es cuanto.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias diputada Muñoz Cervantes.

Esta Presidencia saluda a los estudiantes de la Universidad Autónoma de Querétaro, Facultad de Economía, invitados por el diputado Apolinar Casillas Gutiérrez. Bienvenidos.

Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, la diputada Jasmine María Bugarín Rodríguez, del Grupo Parlamentario del PRI.

La diputada Jasmine María Bugarín Rodríguez:México es tan grande como la historia de cada mexicano. Con su venia, presidente. México es más que un territorio, es más que un muro fronterizo, es más que una embajada, es más que la visita de una persona.

México, es Francisco Zambrano, que desde hace 12 años se fue a los Estados Unidos a trabajar de lavaplatos, hoy es un exitoso empresario que cuenta con una pequeña cadena de restaurantes de comida mexicana en Carolina del Sur y da empleo a varias familias mexicanas.

México es María Ibarra, quien viajó a Estados Unidos hace 10 años para trabajar limpiando casas, hoy es dueña de varias lavanderías en el estado de California y de igual forma da empleo a mujeres mexicanas como tú y como yo, orgullosas de nuestro país.

La política exterior mexicana no es una política de régimen, es una política de Estado, y México con responsabilidad global, es más que un eslogan, es una estrategia integral que busca fortalecer a nuestro país como un país abierto al mercado, atractivo para el turismo, promotor de la cultura, líder indiscutible en temas esenciales para la agenda internacional, como: la lucha contra el cambio climático, el desarme nuclear, la paz y la cooperación para el desarrollo.

Sabemos que los retos son muchos, sin embargo uno de los pilares de la política exterior de este gobierno ha sido velar por los intereses de los mexicanos en el extranjero y proteger los derechos de los extranjeros en territorio nacional. No solo como un ideal, sino como un principio normativo.

En este caso, tan solo en lo que va de la presente administración se han atendido alrededor de 652 mil 994 casos de protección y asistencia de mexicanos en el exterior, lo que representa un incremento de más del 58 por ciento de casos atendidos en comparación con la administración pasada.

Se ha hecho especial énfasis en materia de mejorar la promoción y vinculación de los migrantes con sus comunidades de origen y sus familias. Para esto el Instituto de los Mexicanos en el Exterior, el IME, ha apoyado a más de 1.5 millones de connacionales en Estados Unidos y en el resto del mundo en materia de salud, educación, alfabetización y educación financiera.

En el ámbito educativo, IME-Becas benefició cerca de 12 mil adultos en rezago educativo y jóvenes universitarios mexicanos a través de 185 instituciones educativas. El número de becas para estudiar un posgrado en el extranjero se ha más que duplicado en el mismo periodo, pasando de 4 mil 265 en 2012 a 9 mil 441 actualmente.

La Red Global de Mexicanos Calificados, antes Red de Talentos, cuenta ya con 52 capítulos en distintas partes del mundo, lo que permite vincular a mexicanos destacados que trabajan en la incubación de proyectos en beneficio de nuestro país.

En materia de salud, la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Secretaría de Salud, con el apoyo de la Iniciativa de Salud de las Américas de la Universidad de California en Berkeley, llevaron a cabo la Semana Nacional de Salud, que benefició a más de 275 mil 187 personas.

Por otra parte, el Programa Especial de Migración 2014-2018 ha tenido grandes logros muy importantes, subrayadamente la publicación de la Ley General de Instituciones y procedimientos Electorales, que fomenta con vigor la transición democrática, pues permite la expedición de credenciales para votar desde las sedes diplomáticas y consulares en los Estados Unidos, en aras de garantizar que todos nuestros mexicanos puedan emitir su voto, un logro más de nuestro presidente Enrique Peña Nieto, para consolidar nuestro proceso democrático electoral.

Un acierto más de este gobierno en materia diplomática es haber logrado la eliminación de visa a todos los ciudadanos mexicanos que deseen ingresar a Canadá, a partir del 1 de diciembre de este año.

Sin duda, toda acción para asegurar la mejora de la calidad de vida de nuestros connacionales es prioridad de este gobierno, ya que son ellos, los mexicanos que residen en el extranjero, nuestros mejores embajadores, como Francisco y María, quienes demuestran que los mexicanos somos personas trabajadoras, responsables y honestas. Son ellos los que demuestran día a día de qué estamos hechos. Son ellos los que ponen en alto el nombre de México en el extranjero, y eso al final del día cuenta, y cuenta mucho. Es cuanto, presidente.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputada.

Con esta participación concluye la primera ronda de posicionamientos referidos al informe sobre política exterior. Para la segunda ronda se han inscrito las siguientes diputadas y diputados:

La diputada Cynthia Gissel García Soberanes, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social; el diputado Francisco Javier Pinto Torres, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza; la diputada Claudia Sofía Corichi García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano; el diputado Rodrigo Abdala Dartigues, del Grupo Parlamentario de Morena; el diputado Enrique Zamora Morlet, del Grupo Parlamentario del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; la diputada Cecilia Soto González, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; el diputado Román Francisco Cortés Lugo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, y el diputado Víctor Manuel Giorgana Jiménez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

En tal sentido, tiene el uso de la tribuna hasta por cinco minutos la diputada Cynthia Gissel García Soberanes, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.

La diputada Cynthia Gissel García Soberanes:Con su venia, señor presidente. Honorable asamblea, muy buenas tardes. En estos momentos de constantes cambios a nivel internacional, le toca presentar el posicionamiento de mi partido, Encuentro Social, respecto de la política exterior seguida por el Ejecutivo federal durante el periodo que comprende de septiembre de 2015 a agosto de 2016.

En un mundo globalizado como el nuestro, donde las noticias y los hechos que suceden en el rincón más remoto de la tierra, los podemos conocer en tiempo real.

Estamos obligados a modificar la manera de interactuar con el resto de los países. Hoy, no nos podemos dar el lujo de no intervenir y hacernos a un lado y mucho menos de aislarlos. Hoy nuestro país está llamado a ser pieza fundamental en el entorno internacional, a ser líder y cabeza, por lo menos de todas y cada una de las naciones latinoamericanas.

Por ello debemos revisar los principios rectores de nuestra política exterior y adecuarlos a la realidad, lo doméstico influye en lo internacional y viceversa. Por citar dos ejemplos: la violación a derechos humanos y el cambio climático.

Debemos condenar las guerras, el terrorismo, la muerte de periodista a manos de gobiernos corruptos, los ensayos nucleares, la contaminación ambiental provocada por industrias estatales. Pero, a la vez, tenemos que empezar por limpiar nuestra casa.

Existen crisis humanitarias en diversas partes del planeta, mismas que se reflejan en México, como la gran cantidad de migrantes haitianos y chinos que se están congregando en las ciudades de Tijuana, Mexicali, en Baja California. Hay que actuar, esto es en consecuencia.

México es el principal corredor migratorio del mundo y no estamos haciendo lo suficiente para velar por la integridad de esas personas que cruzan nuestro territorio y que son violentados y dejados diariamente en total impunidad. Debemos ser compasivos y solidarios con ellos.

Por otra parte, hay que regresar a esos técnicos y científicos que triunfan más allá de nuestras fronteras, para que implementen sus conocimientos a favor de nuestra casa; incentivar a los deportistas y entrenadores que se fueron buscando mejores horizontes y devolverlos con nuestra gente para beneficio de esta gran nación.

En Encuentro Social estamos ciertos que ellos aman esta tierra y que desean regresar. Es impredecible continuar y con mayor fuerza, abogando por los derechos de esos mexicanos en el extranjero, por la búsqueda de mejores condiciones y oportunidades para ellos, por una mejor integración a las sociedades en donde habitan e impulsar acciones que exalten su enorme contribución y que silencian las voces detractoras.

Debemos continuar como hasta ahora, impulsando la cooperación internacional para el desarrollo, con transparencia y bajo un estricto esquema de rendición de cuentas que nos permita ganar la confianza de los demás participantes.

Hay que fortalecer el comercio exterior, especialmente los sectores que dan valor agregado a los productos mexicanos. No podemos seguir dependiendo de la economía de los Estados Unidos de América, debemos diversificar la lista de nuestros socios comerciales, hay que hacer valer los tratados internacionales y comerciales en los que estamos y los que formamos parte, para beneficio de nuestros empresarios y del pueblo en general.

Somos un país en pleno crecimiento y desarrollo económico, aceleremos la incursión en nuevos mercados, impulsemos a la pequeña y mediana empresa para que se hagan de ellos. Tenemos grandes atractivos turísticos, culturales y gastronómicos que debemos explotar más, con gente cálida y afable que está ávida de entregarse y prestar un servicio de calidad.

Por supuesto que hay acciones que debemos destacar y aplaudir, la agenda del 2030 para el desarrollo sostenible, la Conferencia Internacional sobre el Cambio Climático en París, la celebración de la Sesión Especial en la Asamblea General de las Naciones Unidas 2016, y un punto álgido y no menos importante, la invitación a los candidatos, del presidente de la república, de los Estados Unidos de Norteamérica.

Quisiera detenerme aquí para hacer notar, que si bien es cierto a la mayoría de los mexicanos no nos pareció la invitación y posterior visita del candidato presidencial republicano Donald Trump.

También es cierto, que en los Estados Unidos de Norteamérica, la imagen de México creció, ya que consideraron un acierto los analistas políticos de este país vecino, que Donald Trump no haya exigido la construcción del muro fronterizo y que por el contrario haya evadido hablar del tema. Al igual que supusieron un acierto, que a partir de ese momento dicho candidato presidencial no tocara más el tema en caso de llegar a ser presidente de la república de aquel país, cancelaría el Tratado de Libre Comercio con América del Norte.

Resulta encomiable la coordinación existente entre la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Secretaría de Gobernación, quienes han implementado un programa para recibir a los cientos de mexicanos que se encontraban internados en las cárceles de Norteamérica y que fueron expulsados mediante amnistía.

Igualmente, debemos reproducir que todas las entidades federativas, el esquema implementado por el gobierno de la república en combinación con el gobierno del Estado en México, de apoyo a nuestros compatriotas que viven en el extranjero.

Compañeras y compañeros diputados del Partido Encuentro Social, estamos conscientes que queda mucho qué hacer. Sin embargo, damos nuestro voto de confianza puesto en general que se ha llevado correctamente la política exterior en nuestro país. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputada García Soberanes.

Esta Presidencia destaca y agradece la presencia en el salón de sesiones del señor Cristopher Gascon, representante en México de la Organización Internacional para las Migraciones, quien asistió a reunión de trabajo con la compañera diputada Paola Félix Díaz, del Partido Verde Ecologista de México. Le damos la más cordial bienvenida y deseamos que su participación sea fructífera y provechosa durante su estancia en nuestro país. Bienvenido.

Tiene el uso de la tribuna, hasta por cinco minutos, el diputado Francisco Javier Pinto Torres, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.

El diputado Francisco Javier Pinto Torres:Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores, hemos abordado diversos aspectos que nos preocupan en materia de política exterior. Si bien en la participación anterior nos referimos únicamente a nuestros socios más cercanos es prudente hacer un análisis de lo que sucede en nuestra relación con otros países.

Quiero referirme, en primer lugar, a nuestra relación con los países de América Latina y del Caribe. De acuerdo con el informe ésta se buscó fortalecer mediante la participación de organismos regionales y subregionales como un medio para promover necesidades estratégicas comunes.

En ese sentido, celebramos la participación de nuestro país en mecanismos como el proyecto Mesoamérica, o la celebración de los 210 instrumentos jurídicos bilaterales con 22 países de esta región que se han suscrito en lo que va de la administración actual.

No obstante, consideramos que existen oportunidades para consolidar una relación más dinámica e incluyente, y retomar el lugar de liderazgo que por historia y tradición nos corresponde, y que desgraciadamente, desde hace muchos años se ha venido perdiendo.

Debemos de seguir promoviendo, ante todo, el respeto de los derechos humanos y la democracia en toda América Latina.

Lo anterior se impone debido a circunstancias que han afectado gravemente a países hermanos, como es el caso de Venezuela. Siempre respetuosos del principio de la no intervención, queremos hacer saber a nuestros hermanos latinoamericanos que no somos ajenos a sus pesares y que no somos ajenos a esas vicisitudes que les aquejan y que estamos dispuestos a tender nuestra mano cuando así sea necesario.

Por lo que se refiere a la relación con países europeos, de acuerdo con el informe, se instrumentaron asociaciones estratégicas y culturales, entre las cuales destacan dos: lo de los años duales con Reino Unido y Alemania.

Claro que ese tipo de políticas que impulsan los intercambios culturales son bien recibidas y reconocidas. Pero también pugnamos porque esos esfuerzos se multipliquen. Es menester dinamizar nuestra presencia comercial y económica con los países de ese continente.

Como también lo señala el informe, la presente administración se ha enfocado en consolidar la relación con los países de la región Asía-Pacifico, como factor clave en la diversificación de los vehículos económicos de México con el exterior. Coincidimos con esta postura, pero consideramos que a aquello se deben incorporar otros temas prioritarios con el respeto de los derechos humanos.

Para Nueva Alianza es esencial fomentar una relación respetuosa entre México y todos los países, esa es la base para promover la cooperación, la interacción económica y política que acelere el crecimiento de las naciones.

Entendemos que la integración económica global es una gran oportunidad para el desarrollo económico y que, de acuerdo con la defensa de los derechos humanos, reconocemos que se debe promover el pleno derecho de movilidad de personas, bienes y servicios.

Es precisamente por ese motivo que queremos abordar un tema de trascendencia histórica, compañeros, como lo es el Acuerdo Estratégico Transpacífico de Asociación Económica. Sabemos que este acuerdo está esperando su ratificación allá en el Senado, sin embargo, consideramos esencial que el Ejecutivo federal sea más directo a fin de conocer todas las implicaciones de dicho instrumento, el cual consta de 30 capítulos que abarcan el comercio de bienes, aduanas, medidas sanitarias y fitosanitarias, servicios, comercio electrónico, compras del sector público, propiedad intelectual, laboral, medio ambiente, así como capítulos destinados al desarrollo, la competitividad, la inclusión y la solución de controversias, entre otros. Todos estos temas son sumamente diversos y profundamente complejos.

Entendemos que este acuerdo está diseñado para coexistir con otros acuerdos comerciales internacionales, concluyendo los acuerdos de la OMC, así como acuerdos bilaterales y regionales; sin embargo, dada la constante retórica anti-integración que se ha hecho sentir en la mencionada campaña electoral de nuestro país vecino del norte, es preciso dar certeza no solo a nuestros socios comerciales sino a los mercados internacionales que son proclives a la volatilidad ante la incertidumbre.

Por este motivo, en Nueva Alianza consideramos que los cinco párrafos que se dedican en el informe a este acuerdo no parecen suficientes para contribuir a que la ciudadanía comprenda la magnitud del compromiso que nuestro país está a punto de adquirir.

Es importante señalar que no nos mostramos, ni nos mostraremos mezquinos con los logros de esta administración en materia de política exterior, pero es preciso resaltar los enormes retos que aún debemos de enfrentar.

En Nueva Alianza estaremos atentos al comportamiento de quien tiene la responsabilidad de conducir nuestras relaciones con el mundo y seremos los principales defensores de los intereses de los mexicanos en México y en el exterior. Por su atención y paciencia, muchas gracias. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputado Pinto Torres. Tiene el uso de la tribuna, la diputada Claudia Sofía Corichi García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Esta Presidencia da la bienvenida, a los ganadores del Parlamento Juvenil Mexiquense. Invitados por el diputado Alejandro Juraidini Villaseñor. Igualmente a invitados especiales del diputado Waldo Fernández González, del Grupo Parlamentario del PRD.

La diputada Claudia Sofía Corichi García:Presidente, compañeras y compañeros diputados. La política exterior de México pasa uno de sus peores momentos, ha fallado al menos en dos niveles. El primeo, en su incapacidad para representarnos y representar el interés nacional en la arena mundial y el segundo, en el nulo impacto benéfico para las y los mexicanos, dentro y fuera de las fronteras.

La oportunidad de coadyuvar y actuar con liderazgo en el estrechamiento de relaciones continentales se ha desvanecido. En procesos clave como el restablecimiento de relaciones entre Cuba y Estados Unidos, donde pudimos ser un factor fundamental o mediar entre Venezuela y Brasil, o incluso participar en los procesos de paz en Colombia, como se hizo en el pasado en Centroamérica.

De poco ha servido que México forme parte del G-20 o sea integrante de la OCDE, está entre los peores evaluados, tanto en las metas del desarrollo como en los derechos humanos. ¿Adónde, adónde nos ha llevado la política exterior este último año? Una respuesta positiva no creo que exista y no existe porque la actual administración considera que diversificar nuestra acción global es llevar a un presidente a viajes y cumbres en los que nos ha avergonzado porque ha acudido a estos, falto de estrategia, sin objetivos, y lo peor, sin resultados concretos para la mayoría de la gente.

Y es que como ha sucedido en las otras áreas que ya hemos analizado en razón de este 4to. Informe de Gobierno, se ha privilegiado la narrativa, la publicidad y el spot por encima de los contenidos, por eso no hay resultados.

Si yo pudiera imaginarme o si nos pudiéramos nosotros imaginar una antítesis de la política exterior de Lázaro Cárdenas, el último padre de la patria, esa que tuvo el valor civil y el patriotismo para defender a México y sus recursos naturales y la que contó con un enorme respaldo social, esa antítesis sería Peña Nieto.

México merece liderazgos como el de Cárdenas que, en paralelo a la visión nacionalista, acogió a miles de refugiados españoles que huían de la dictadura franquista, impulsó movimientos como el de los no alineados e hizo de nuestra política exterior un verdadero puente para que miles y miles de hermanas y hermanos españoles vinieran a contribuir con sus conocimientos.

Hoy, la política exterior se ha alejado de ejemplos como el de Gilberto Bosques, icono de fraternidad que nos encumbró en el mundo y del cual nos seguimos sintiendo orgullosos y orgullosas.

Hoy, nos hemos distanciado profundamente de la calidad y profesionalismo de Emilio Rabasa, mismas que llevaron a México a recibir a miles de refugiados chilenos. Hoy, la política exterior no tiene esa fortaleza que tuvo cuando al frente de la Cancillería Alfonso García Robles nos posicionó como una nación pacifista, como una nación contraria a la carrera armamentista y fiel a la tradición legalista.

El presidente ha dilapidado la tradición y el prestigio de la política exterior mexicana. Hoy, Peña Nieto se ha callado ante el racismo de Trump dejando que sus insultos agravien a esos pocos más de 11 millones de connacionales que habitan el país del norte.

El Ejecutivo ha agraviado con su política exterior no solo a mexicanos y mexicanas, sino también a nuestros hermanos centroamericanos, pues ha traído el control migratorio y las violaciones sistemáticas a sus derechos humanos a la frontera sur. Nos hemos convertido en el policía menor por encargo de otros intereses que no son de los de México.

Y no vayamos muy lejos. Los agravios también se hayan dentro de la propia casa. E Ejecutivo ha sido claramente irrespetuoso y grosero con los profesionales de carrera en la Cancillería. A ellos se les ha relegado a cargos secundarios. Los mayores, los más grandes, por ejemplo, sobreviven con míseras jubilaciones en lugar de ser tomados en cuenta y aprovechar su experiencia, mientras que políticos amigos del Ejecutivo como Fidel Herrera, Juan Sabines, están festejando sus consulados.

Ejemplos sobran, muchos ejemplos. Pero ahí está, por ejemplo, entre otros, nuestro flamante ex embajador de Reino Unido, actual cónsul en New York, Diego Gómez Pickering, exdirector de medios de la campaña de Peña Nieto, quien gritara en plena celebración del 15 de septiembre unos cuantos vivas a Porfirio Díaz hace unos años; sorpresa, improvisación, favoritismo, frente a la experiencia que bien le hubiera venido y lo hubiera evitado, al presidente la pifia que tuvo que pasar el 31 de agosto cuando se ganó el desprecio de México.

La grave crisis de los derechos humanos en la que estamos inmersos, no tiene precedente histórico y pinta para ser digna de juzgarse en un tribunal penal internacional. La Corte Interamericana de los Derechos Humanos, Naciones Unidas, Amnistía Internacional, incluso el Departamento de Estado de Estados Unidos lo han señalado de manera sistemática “México es el país con más denuncias de violaciones de derechos humanos en todo el continente”.

Hablamos de gravísimas problemáticas como los miles de desaparecidos, asesinatos de mujeres, tortura sistemática, la falta de seguridad para aquellos que ejercen el periodismo, y las miles de fosas clandestinas; episodios como Tlatlaya, Ayotzinapa, Nochixtlan, Atenco, todos mascados por la misma administración. Ha sido justamente esta crisis la que se ha convertido en nuestra carta de presentación, desafortunadamente, en el contexto internacional...

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Concluya, diputada.

La diputada Claudia Sofía Corichi García: Ha sido esta crisis con la que han perdido recursos a través de la Iniciativa Mérida. Desde esta tribuna les decimos quienes somos parte de esta ancada ciudadana, que necesitamos retomar la política exterior estratégica. El año pasado exigíamos que su voz fuera firme, presidente, y claras contra quienes pretenden utilizar el discurso de odio. Hoy, presidente, usted ha tenido la oportunidad de enfrentar al tirano...

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Concluya, diputada.

La diputada Claudia Sofía Corichi García: ...y no lo hizo. Voy a concluir, presidente, diciendo: la contribución más importante que ha hecho Peña Nieto, a América del Norte, este último año, fue haber revivido a Trump, al haberle hecho ver como un jefe de Estado en...

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Su tiempo ha concluido, diputada, concluya, por favor.

La diputada Claudia Sofía Corichi García: ...Estados Unidos ¿Podrá vivir con eso? Hoy usted no rinde cuentas, y esta bancada de Movimiento Ciudadano y millones de mexicanas y mexicanos, consideramos, si no puede con el reto de dirigir a México y representarnos dignamente, mejor renuncie...

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Concluya, diputada.

La diputada Claudia Sofía Corichi García: Queremos como muchos millones de mexicanas y mexicanos, que Peña Nieto renuncie. Concluyo diciendo esto; es cuanto, presidente.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias. Tiene el uso de la tribuna el diputado Rodrigo Abdalá Dartigues, del Grupo Parlamentario de Morena, hasta por cinco minutos.

El diputado Rodrigo Abdala Dartigues:Gracias, presidente. Compañeras y compañeros, amigas y amigos que nos ven desde el Canal del Congreso y a través de las redes sociales; las cosas buenas casi no se cuentan, y bueno, la única cosa buena que podemos contar del manejo de la política exterior mexicana, ha sido la renuncia del que hasta hace unos días era el secretario de Hacienda, Videgaray.

Vaya crisis de gabinete que provocó la injerencia de Videgaray en asuntos que son propios de la cancillería, pero sobre todo, vaya humillación y vaya desprestigio que como sociedad y como nación nos ha hecho sentir la invitación que hizo Peña Nieto al candidato Trump, por injerencia, insistencia y sugerencia de Videgaray.

En esta tribuna afirmé hace algunos meses que los dichos y hechos de Trump no eran motivo de discusión, pero he de reconocer que me equivoqué. Quién iba a pensar que el presidente Peña Nieto se convertiría hoy en el gran elector de los comicios en Estados Unidos y que metido en un papel propio de un Patiño de Donald Trump, le redituaría una ganancia de ocho puntos en las preferencias electorales al candidato republicano.

Es uno de los papeles más indignos que ha desempeñado un presidente en la historia contemporánea de nuestro país. Tal vez en un futuro cercano el mundo le pueda deber a Peña Nieto el haber contribuido a llevar al poder y entronizar en la presidencia de Estados Unidos a este tirano protofascista. Vaya manera de incidir en las relaciones multilaterales y en la futura conformación geoestratégica mundial. Vaya forma de poner en entredicho el cumplimiento de la fracción X del artículo 89 de la Constitución, sobre todo en los principios elementales de la no intervención y el respeto a la autodeterminación de los pueblos.

Vaya modo de perder la compostura y exhibir que no existe un rumbo de política exterior. Es cierto que el rumbo se perdió desde hace muchos años, pasamos de la doctrina Carranza a la doctrina Estrada con los principios inquebrantables del respeto a la autodeterminación de los pueblos a ser, bajo los gobiernos del PAN, los lacayos del imperio.

Hoy, es cierto que con Peña Nieto la política exterior, su ejercicio es un acto de genuflexión y humillación extrema. Cierto es que la relación con Estados Unidos es siempre difícil y compleja, por lo que una decisión tan trascendente como invitar a un candidato no debió tomarse con tanta ligereza.

Cierto es, y esto queda muy claro, que el presidente no entiende que detrás de su investidura se encuentra nuestra soberanía, nuestro territorio, nuestra sociedad y nuestro gobierno, mismo que puso a los pies de Donald Trump.

Por lo demás, ¿Qué podemos decir y evaluar de la política exterior mexicana si la cancillería se ha convertido en una agencia de colocaciones? ¿Qué podemos decir de la honorabilidad del Servicio Exterior cuando se coloca a Fidel Herrera en el consulado de Barcelona?

¿Qué podemos decir de la probidad del Servicio Exterior Mexicano cuando se coloca como agregada administrativa a la esposa de David Korenfeld en el consulado de San Diego, para que este funcionario corrupto siga cobrando del erario?

¿Qué podemos decir de la honestidad del Servicio Exterior Mexicano si las gestiones de la Embajada de México en Estados Unidos se concentran en conseguirle un premio patito al presidente Peña Nieto? Vaya broma de mal gusto este Premio al Estadista del año, que entrega la Asociación de Política Exterior. Una asociación patito que entrega a Peña Nieto un premio tan patito como su título de licenciatura. Muchas gracias.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputado Abdala.

Esta Presidencia saluda al presidente municipal de Motul, Yucatán, Vicente Euán Andueza, invitado por la diputada Kathia Bolio. Igualmente damos la bienvenida a los alumnos de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Nayarit, Campus Bahía de Banderas, invitados por el diputado Moisés Guerra Mota. Bienvenidos.

Tiene el uso de la tribuna hasta por cinco minutos el diputado Enrique Zamora Morlet, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

El diputado Enrique Zamora Morlet:Con su venia, señor presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados, en un mundo globalizado e interdependiente, en donde los problemas traspasan fronteras y resulta más efectivo y menos desgastante atajarlos de manera conjunta.

El multilateralismo representa la herramienta ideal para insertarnos como un actor responsable y activo en el plano internacional. Teniendo lo anterior en mente, entre septiembre de 2015 y agosto de 2016 nuestro país participó dinámicamente en los diversos foros regionales y mundiales, poniendo énfasis en los temas coyunturales para la comunidad internacional en los diferentes ámbitos.

En cuanto al rubro de derechos humanos, nuestro país presentó en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas, las resoluciones Protección de los Migrantes, Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales en la lucha contra el terrorismo y Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su protocolo facultativo, mismas que fueron aprobadas, con lo cual se contribuye a enriquecer la agenda internacional en la materia.

Asimismo, debemos destacar que en el periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, nuestro país promovió resoluciones sobre los derechos de los pueblos indígenas, migrantes, mujeres y personas con discapacidad.

En el rubro de desarrollo sostenible, México participó activamente en la negociación e instrumentación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, haciendo énfasis en que se incluyeran temas y enfoques prioritarios en los que tenemos buena experiencia, tales como la medición multidimensional de la pobreza, la equidad de género, los derechos de los migrantes, así como la conservación de la biodiversidad y el cambio climático.

Otro tema vital dentro de la agenda multilateral gira en torno al cambio climático. Aquí resaltamos la participación de nuestro país en la COP 21, evento en el cual se adoptó el Acuerdo de París, que es un pacto jurídicamente vinculante para mejorar la respuesta de la comunidad internacional al fenómeno del cambio climático.

En el ámbito de derecho internacional humanitario, nuestro país participó en Conferencia en Apoyo a Siria y a la región afectada por el conflicto. De esta manera México se comprometió a apoyar a las miles de personas que están sufriendo los estragos de la guerra en aquel país y que se encuentran en condición de refugiados en otras naciones.

Por otro lado, cabe recordar que la cooperación internacional para el desarrollo es considerada como uno de los pilares del multilateralismo, y es gracias a ella que los países pueden unirse para compartir sus recursos y conocimientos en un esfuerzo por eliminar la pobreza, el analfabetismo, fortalecer la democracia y abatir la enfermedad en aquellos lugares donde es más persistente.

Un ejemplo claro de lo anterior lo constituyen los proyectos de cooperación regional establecidos por nuestro país en Centroamérica y el Caribe, mediante los cuales apoyamos a nuestros vecinos en diversos temas, como migración, seguridad alimentaria, conectividad, energía y salud. Asimismo nuestro gobierno logró ampliar el alcance de la cooperación al llegar a países del continente africano y del medio oriente, compartiendo así estrategias exitosas en materia electoral, gestión de riesgo y seguridad alimentaria.

Es de destacar que se establecieron nuevas representaciones en Milwaukee, Belfast y Glasgow, los cuales se suman a nuestra red consular en el exterior. De septiembre de 2015 a julio de 2016, esta red diplomática atendió a 169 mil casos de protección y asistencia consular, de los cuales 165 mil fueron atendidos y reportados en territorio estadounidense.

México se está moviendo por el camino correcto, en cuanto respecta a política exterior y creemos que se debe mantener el mismo espíritu de multilateralismo, cooperación internacional y respeto a los principios de derecho internacional, que nos ha caracterizado por tanto tiempo y que tan buenos resultados ha dejado a lo largo de nuestra historia.

Finalmente, quiero expresar que en el Partido Verde estamos seguros de que el gobierno de la República seguirá impulsando una política exterior basada en la construcción de alianzas para consolidar nuestra influencia como país en el mundo, en el ámbito económico, político y cultural, así como aumentar nuestra capacidad para atender las necesidades de las y los mexicanos que viven en el exterior. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Muchas gracias, diputado Zamora Morlet. Tiene el uso de la tribuna, hasta por cinco minutos, la diputada Cecilia Soto González, del Grupo Parlamentario del PRD.

La diputada Cecilia Guadalupe Soto González:Estimados colegas. Señor presidente, compañeros de la Mesa Directiva, estimados amigos y amigas, público también que nos observa desde Internet y ojalá que también desde el Canal del Congreso.

En su defensa de la invitación al candidato Donald Trump, el presidente de la República planteó que solo emulaba la iniciativa de Barack Obama, cuando decidió iniciar conversaciones con el gobierno de Cuba, a pesar de los insultos y las palabras fuertes del gobierno de Cuba a los Estados Unidos. Es decir, se comparaba con esta, una actitud en donde a pesar de los insultos de Donald Trump se le invitaba.

Quiero, sin embargo, corregir un hecho histórico mínimo, para ilustrar al presidente de la república. Cuando Barack Obama inició las gestiones de diálogo con el gobierno de Cuba, representaba más bien una marcha atrás a una política parecida a la de Donald Trump.

El gobierno de los Estados Unidos y específicamente la Central de Inteligencia, apoyó o realizó directamente más de 62 atentados contra Fidel Castro, y en la actualidad sostiene una política de bloqueo a Cuba.

Antes de iniciar el diálogo se llevaron a cabo delicadas conversaciones, mediadas por el Vaticano y el gobierno de Canadá. Es absolutamente inaplicable el ejemplo del diálogo Cuba-Estados Unidos comparado con el de México y esa desgracia que se llama Donald Trump.

En este sentido quiero también manifestar mi extrañeza, mi desaprobación al hecho de que la canciller permitió que otro secretario de Estado tomara el papel de canciller de la república y al permanecer en su cargo avalara la decisión de invitar a Donald Trump. No solamente simbólicamente, en los hechos, en una entrevista concedida a El Universal, justifica la canciller Ruiz Massieu la invitación a Donald Trump.

Desde mi punto de vista esto fragiliza su condición como canciller y, sobre todo, expone a nuestros migrantes a una política de ataque y vulnerabilidad, causada y exacerbada por la campaña de Donald Trump a la presidencia de la república.

Por otra parte, es importante señalar que el gobierno mexicano ha faltado a su política oficial y a los tratados internacionales, en donde se compromete a respetar el derecho de asilo, el derecho de refugio y tratar a los migrantes, especialmente a los migrantes centroamericanos, con apego al respeto a los derechos humanos.

De enero a septiembre de 2015 el gobierno mexicano deportó a 115 mil migrantes centroamericanos, migrantes que al regreso a sus países, especialmente Honduras y El Salvador, encaran peligro a sus vidas, en el caso de mujeres, peligro a su integridad física, porque son países donde hay una situación de violencia extrema. De enero a septiembre de 2015 los Estados Unidos deportaron a 55 mil mexicanos. Quiere decir que casi triplicamos el número de migrantes que deportaron los Estados Unidos.

En efecto, le estamos haciendo el trabajo sucio a una política extremadamente represiva y regresiva del gobierno norteamericano en cuanto a una actitud humanitaria y humanista a los refugiados.

Y para obras son amores, es decir, para demostrar el compromiso de los Estados Unidos Mexicanos con los migrantes es importante señalar que apenas hace ocho días, el 7 de septiembre, se liberaron los lineamientos de operación del Fondo de Apoyo a los Migrantes, aprobado por esta Cámara de Diputados en 2015. Es decir, dejamos a los migrantes centroamericanos en manos de una política casi oficial, oficiosa del Instituto Nacional de Migración, que retarda los procesos de solicitud de refugio, y por lo tanto, entrega a los migrantes a la situación de violencia que enfrentarán al regresar a su país.

Por mi conducto, el Partido de la Revolución Democrática rechaza la política de relaciones exteriores que lleva a cabo el actual gobierno y la actual canciller. Muchas gracias.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputada Soto. Tiene el uso de la tribuna, hasta por cinco minutos, el diputado Román Francisco Cortés Lugo, del Grupo Parlamentario del PAN.

El diputado Román Francisco Cortés Lugo:Con su venia, señor presidente. La política exterior de nuestro país ha sido por décadas uno de los pilares fundamentales para el desarrollo de México y el instrumento por excelencia con el que hemos insertado con fuerza un concierto internacional cada vez más cambiante y cada vez más complejo.

La esencia de la política exterior radica en alinear los intereses fundamentales de la nación con las oportunidades que ofrece el entorno global, partiendo de dos premisas fundamentales: la oposición geopolítica y la capacidad de los Estados, de los pueblos y regiones para comunicar al mundo sus riquezas e identidad.

Hoy los mexicanos no vemos reflejada esa política exterior ni nuestra riqueza como nación. No vemos el peso justo que deberíamos tener en las distintas regiones del mundo y en las distintas regiones de la vida institucional, política, social y en la agenda internacional.

A cuatro años del gobierno del presidente Peña Nieto, no ha sido capaz de aprovechar la posición estratégica de México y sus amplias relaciones con países de todo el mundo para esto generar un crecimiento y bienestar para los mexicanos.

Nuestra larga tradición diplomática, que en sexenios anteriores nos colocó como una nación líder en Latinoamérica, como una democracia en crecimiento frente a los parlamentos modernos y con una economía abierta a los ojos de Europa, Asia y Norteamérica, se ha nublado por distintos factores internos del actual gobierno. Factores como la falta de Estado de derecho, la incapacidad para generar certeza comercial, para generar certeza económica al interior y decisiones políticas titubeantes y tardías, que nos han restado a México el liderazgo y la presencia a nivel internacional.

Es por ello que lo que hoy reporta la administración del presidente Enrique Peña Nieto en su 4to. Informe de Gobierno nos genera miles de dudas a todos los mexicanos, pues si bien revela que ha sido privilegiado el aspecto comercial en labor diplomática, no se arrojan los resultados esperados.

Se ha dejado en un segundo y difuso plano la responsabilidad del Ejecutivo a nivel internacional en materia de seguridad y combate al crimen organizado transnacional; migración y defensa de los derechos humanos, desarrollo social e igualdad de género.

Aunado a esto, la vocación política que permitió a nuestro país ser actor determinante en el desarrollo global durante muchos años, ha sido relegada a un plano menor; quizás en el entendido de que esta administración confunde la pasividad con el principio de la no intervención.

Es por ello que los diputados de Acción Nacional no aceptamos que este gobierno intente jactarse de llevar una conducción deslumbrante y eficiente de la política exterior del país.

La política exterior de esta administración se ha visto rebasada por el contexto de la crisis en el interior, crisis en economía, crisis en educación, crisis en seguridad y crisis en gobernabilidad que han convertido en verdaderos lastres para el desarrollo del país frente a la acelerada dinámica internacional.

En aspectos concretos, este 4to. Informe de Gobierno no refleja una agenda de cooperación amplia y robusta con Estados Unidos. En principal nuestro socio comercial de México en el continente y con quien compartimos además de tres mil kilómetros de frontera, que como saben quieren hacer su muro, problemáticas en común como la presencia del crimen organizado y fenómenos compartidos como el flujo de migrantes.

Este informe de gobierno no plasma las acciones emprendidas por la actual administración para frenar el flujo de armas, armas ilegales con los que operan los cárteles mexicanos.

Cabe mencionar que sobre la Iniciativa Mérida y su estatus actual, no existe información detallada, tan solo escasos referentes de que de nada sirven para tener un diagnóstico preciso de un mecanismo fundamental a través del cual el gobierno de Estados Unidos colabore en la lucha con el crimen organizado en México, mucho menos existe una estrategia definida frente al tema de los migrantes mexicanos, en la cual se asuma la responsabilidad en materia de seguridad y se expongan esquemas laborales profundos que permitan a los paisanos que desean trabajar en Estados Unidos por temporadas, hacerlo con tranquilidad y con la certidumbre del respeto pleno a sus derechos humanos.

Además, y no menos importante, son las remesas que generan nuestros connacionales en el extranjero, pues de acuerdo a la información del Banco de México tan solo en el segundo trimestre de 2016, el ingreso a nuestro país por este concepto fue de seis mil 953 millones de dólares, pero desafortunadamente ésta fuente de ingresos y la agenda con nuestro vecino del norte está marcada hoy por un escenario de inestabilidad con miras al futuro.

Tras la reunión del titular del Ejecutivo con el candidato republicano Donald Trump, se desató además de la consigna nacional, un escenario sin precedente e incertidumbre en donde aún hay aspectos sin precisar con la intervención del ex secretario de Hacienda, Luis Videgaray, en la gestión del encuentro.

En otro punto del informe de la agenda Asia-Pacífico, este gobierno presume como principal bandera la inclusión de México en el Tratado de la Asociación Transpacífico, la TPP, sin embargo, no detalla porque entramos tan tarde y titubeantes frente a la relación comercial...

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Concluya, diputado.

El diputado Román Francisco Cortés Lugo:...en fin. Son muchos aspectos que podríamos detallar y detallar y detallar y detallar en estas hojas, pero lo único que vemos es que este gobierno no ha podido mover a México como dice. Lo único que ha podido mover es el dólar que hoy amaneció a 20 pesos. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputado Cortés Lugo. Tiene el uso de la tribuna, hasta por cinco minutos, el diputado Víctor Manuel Giorgana Jiménez, del Grupo Parlamentario del PRI.

El diputado Víctor Manuel Giorgana Jiménez:Con su permiso, señor presidente. El presidente de la República, Enrique Peña Nieto, perfiló a los mexicanos el arquetipo de una política exterior que revalorizara nuestra integración mundial bajo las premisas de ampliar y fortalecer nuestra presencia internacional, de la apertura comercial y la integración productiva, de velar por los intereses de los connacionales y de promover las fortalezas económicas, educativas y culturales de nuestro país.

A partir de ello, México, con responsabilidad global, ha expandido sus horizontes para insertarse en la aldea mundial como un país promotor de la paz, del desarrollo, de la cooperación, de la integración, de la sostenibilidad, así como del diálogo, los entendimientos y de la gobernanza internacional.

Las 46 giras internacionales a 39 naciones, la visita de 89 jefes de Estado, las visitas históricas a los Emiratos Árabes, Catar y Kuwait y la apertura de nuevas embajadas y consulados en África, Europa y los Estados Unidos, dan cuenta de la innegable presencia de México en el mundo; como actor con responsabilidad global, México ha tenido un papel dinámico en las relaciones con Norteamérica, de manera particular con los Estados Unidos, hemos consolidado los mecanismos creados en los últimos años.

El diálogo económico de alto nivel, el Foro Bilateral sobre Educación Superior Innovación e Investigación, y el Consejo México-Estados Unidos de Emprendimiento e Innovación, que en conjunto, que de manera colectiva amplían la agenda bilateral de entendimiento con los Estados Unidos.

Con el resto del mundo hemos profundizado y diversificado nuestros vínculos económicos, políticos, comerciales, culturales, educativos, como lo demuestra la iniciativa para la creación de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, el impulso al Tratado de Asociación Transpacífico, el inicio de las negociaciones para revisar el Acuerdo Global con la Unión Europea, la Asociación Estratégica Integral con China, y la nueva presencia de México en el Medio Oriente y África.

México con responsabilidad global ha robustecido su liderazgo con el impulso, suscripción y aprobación del Tratado sobre Comercio de Armas; ha asumido junto con la comunidad internacional, los objetivos de desarrollo sostenible que marca la Agenda 20-30, y h sido incansable precursor en la lucha contra el cambio climático.

En el Grupo Parlamentario del PRI, en esta Cámara de Diputados, hemos acompañado la política de responsabilidad global en materia de relaciones exteriores a través de nuestra participación permanente y proactiva en los distintos foros y espacios internacionales, así como con la aprobación de distintas iniciativas y puntos de acuerdo que permiten mandar mensajes claros y contundentes en favor de la defensa de los intereses mexicanos como acertadamente lo hace Enrique Peña Nieto, presidente de los Estados Unidos Mexicanos. Es cuanto.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, compañero diputado Giorgana. De conformidad con lo establece el artículo 7o., numeral 5 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la versión estenográfica de esta sesión será remitida al presidente de la República, para su conocimiento.

Dé cuenta la Secretaría del acuerdo de la Junta de Coordinación Política y consulte a la asamblea, en votación económica si se dispensa la lectura en razón de que está publicado y disponible en sus monitores.



ACUERDOS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.— Junta de Coordinación Política.

Acuerdo de la Junta de Coordinación Política relativo a la comparecencia del Secretario de Hacienda y Crédito Público, a fin de realizar el análisis del 4to. Informe de Gobierno del Presidente de la República en materia de política económica, así como para que dé cuenta de las iniciativas que comprenden el paquete económico para el Ejercicio Fiscal 2017.

La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, con fundamento en los artículos 69 y 74, fracción IV, y 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 7 numeral 4; 33 y 34 numeral 1, inciso b) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como 124, 125 y 128 del Reglamento de la Cámara de Diputados, y

Considerando

1. Que el 1o. de septiembre de 2016, en cumplimiento del artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Presidente de la República presentó, ante el Congreso de la Unión, el informe por escrito en el que manifiesta el estado general que guarda la administración pública del país.

2. Que conforme al artículo 7, numeral 4, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, las cámaras analizarán dicho informe, clasificándolo por materias: política interior, política económica, política social y política exterior.

3. Que el 8 de septiembre del año en curso, el Ejecutivo federal remitió a esta Cámara de Diputados, la iniciativa de Ley de Ingresos y el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el año 2017, mismas que serán estudiadas y dictaminadas durante el actual periodo de sesiones.

4. Que en términos del artículo 74, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el secretario de despacho correspondiente deberá comparecer a dar cuenta de la iniciativa de Ley de Egresos y del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el año 2017.

5: Que de conformidad con el artículo 33, numeral 1, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Junta de Coordinación Política es el órgano colegiado en el que se impulsan entendimientos y convergencias políticas con las instancias y órganos que resulten necesarios, a fin de alcanzar los acuerdos que permitan al Pleno adoptar la decisiones que constitucional y legalmente le corresponden.

6. Que en virtud de lo anterior, este órgano de gobierno, en ejercicio de sus facultades, acordó citar a comparecer al Secretario de Hacienda y Crédito Público, con el propósito de ahondar en el análisis del 4to. Informe de Gobierno del Presidente de la República, así como para que dé cuenta del paquete económico para el Ejercicio Fiscal del 2017.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, la Junta de Coordinación Política somete a consideración del Pleno el siguiente:

Acuerdo

Primero.Con la finalidad de profundizar el análisis del 4to. Informe de Gobierno, específicamente en lo relativo a la política económica, y para dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 74, fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se cita a comparecer ante el Pleno de la Cámara de Diputados al Secretario de Hacienda y Crédito Público el jueves 22 de septiembre de 2016, a las 11:00 horas.

Segundo.Conforme a lo establecido por los artículos 69 y 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el funcionario compareciente rendirá protesta de decir verdad ante el Pleno.

Tercero.El formato de la comparecencia será el siguiente:

I. Presentación a cargo del Secretario de Hacienda y Crédito Público, hasta por 15 minutos, en la cual deberá referirse al 4to. Informe de Gobierno del Presidente de la Republica, específicamente a la materia económica, así como al paquete económico para el Ejercicio Fiscal de 2017.

II. Una ronda de posicionamientos de los grupos parlamentarios y del diputado independiente, hasta por siete minutos cada uno en orden creciente:

a) Diputado independiente;

b) Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social;

c) Grupo Parlamentario de Nueva Alianza;

d) Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano;

e) Grupo Parlamentario de Morena;

f) Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México;

g) Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática;

h) Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; e

i) Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

III. Habrá tres rondas para preguntas, respuestas y comentarios, en las que se abordará el análisis del 4to. Informe de Gobierno, así como el paquete económico para el Ejercicio Fiscal de 2017, conforme al siguiente formato:

a) Pregunta del grupo parlamentario, hasta por 3 minutos.

b) Respuesta del funcionario compareciente, hasta por 5 minutos.

c) Comentario del grupo parlamentario, hasta por 3 minutos.

El orden de cada ronda será el siguiente:

a) Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social;

b) Grupo Parlamentario de Nueva Alianza;

c) Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano;

d) Grupo Parlamentario de Morena;

e) Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México;

f) Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática;

g) Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; y

h) Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Cuarto.En términos del artículo 22, numeral 2, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se solicita al Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados realice la notificación correspondiente al Ejecutivo federal.

Quinto.Comuníquese y publíquese en la Gaceta Parlamentaria.

Transitorio

Único. El presente acuerdo entrará en vigor en el momento de su aprobación por el Pleno de la Cámara de Diputados.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de septiembre de 2016.— Diputado Francisco Martínez Neri (rúbrica), Presidente de la Junta de Coordinación Política y Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; diputado César Octavio Camacho Quiroz (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; diputado Marko Antonio Cortés Mendoza (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; diputado Jesús Sesma Suárez (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; diputada Norma Rocío Nahle García (rúbrica), Coordinadora del Grupo Parlamentario de Movimiento de Regeneración Nacional; diputado José Clemente Castañeda Hoeflich (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano; diputado Luis Alfredo Valles Mendoza (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza; diputado Alejandro González Murillo (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.»

En votación económica se consulta a la asamblea si se dispensa la lectura en razón de que está publicado en la Gaceta Parlamentaria. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa. Se dispensa la lectura.

Presidencia de la diputada Gloria Himelda Félix Niebla

La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla:Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica si se aprueba.

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:En votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Presidente, mayoría por la afirmativa.

La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Aprobado, comuníquese.

Dé cuenta la Secretaría del acuerdo de la Junta de Coordinación Política y consulte a la asamblea en votación económica si se dispensa la lectura en razón de que está publicado y disponible en sus monitores.

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La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.— Junta de Coordinación Política.

Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se aprueban el calendario y el formato de las comparecencias ante comisiones de los funcionarios de la Administración Pública Federal, con motivo del análisis del 4to. Informe de Gobierno del Presidente de la República.

La Junta de Coordinación Política, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 69 y 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 7, numeral 4, 33 y 34 numeral 1, inciso b) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 198 del Reglamento de la Cámara de Diputados, y

Considerando

I. Que el 1o. de septiembre de 2016, en cumplimiento del artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Presidente de la República presentó su 4to. Informe de Gobierno, en el que manifiesta el estado general que guarda la Administración Pública del país.

II. Que con fundamento en los artículos 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 7, numeral 4 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, esta Cámara de Diputados inició, en sesión ordinaria del 6 de septiembre de 2016, el análisis del 4to. Informe de Gobierno del Presidente de la República, clasificándolo por materias: a) política interior, b) política exterior, c) política económica y d) política social.

III. Que de conformidad con los artículos 69 y 93 de la Constitución y 198 del Reglamento, cada una de las cámaras podrá citar ante comisiones a secretarios de Estado y a directores de las entidades paraestatales, quienes comparecerán y rendirán informes bajo protesta de decir verdad.

IV. Que con el objeto de continuar con el análisis del 4to. Informe de Gobierno del Presidente de la República, mismo que comprende múltiples áreas y materias, así como enriquecer el diálogo entre los poderes Legislativo y Ejecutivo, la Junta de Coordinación Política ha considerado pertinente citar a comparecer ante comisiones a diversos funcionarios de la Administración Pública Federal.

V. Que con base en los artículos 33 y 34 de la Ley Orgánica del Congreso General, la Junta de Coordinación Política es la expresión de la pluralidad de la Cámara de Diputados, en donde se impulsan entendimientos y convergencias políticas con las instancias y órganos que resulten necesarios, a fin de alcanzar los acuerdos que permitan al Pleno adoptar las decisiones que constitucional y legalmente le corresponden.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, este órgano de gobierno somete a consideración del Pleno el siguiente:

Acuerdo

Primero.Con el propósito de continuar con el análisis del 4to. Informe de Gobierno del Presidente de la República y enriquecer el diálogo entre los poderes Legislativo y Ejecutivo, la Cámara de Diputados aprueba citar a comparecer ante comisiones a los funcionarios de la Administración Pública Federal en dos bloques a desarrollarse en el mes de octubre y noviembre del año en curso, que a continuación se señalan:

Segundo.Las comisiones serán las encargadas de definir la fecha y el horario de la comparecencia de acuerdo con el boque establecido en el resolutivo primero.

Tercero. Las comparecencias se desahogarán conforme al siguiente formato:

1. El funcionario rendirá protesta de decir verdad.

2. Dos rondas sucesivas de preguntas y respuestas, en orden creciente:

a) Pregunta del grupo parlamentario, hasta por tres minutos.

b) Respuesta del funcionario compareciente, hasta por tres minutos.

3. Una ronda final para preguntas, respuestas y comentarios, en orden creciente:

a) Pregunta del grupo parlamentario, hasta por tres minutos.

b) Respuesta del funcionario compareciente, hasta por tres minutos.

c) Comentarios del grupo parlamentario, hasta por tres minutos.

Cuarto. Con fundamento en el artículo 22, numeral 2, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se solicita a la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados hacer del conocimiento del Ejecutivo federal y a las comisiones los términos del presente acuerdo, a fin de que se notifique a los funcionarios correspondientes.

Quinto.Comuníquese y publíquese en la Gaceta Parlamentaria.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de septiembre de 2016.— Diputado Francisco Martínez Neri (rúbrica), Presidente y Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; diputado César Octavio Camacho Quiroz (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; diputado Marko Antonio Cortés Mendoza (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; diputado Jesús Sesma Suárez (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; diputada Norma Rocío Nahle García (rúbrica), Coordinadora del Grupo Parlamentario de Movimiento de Regeneración Nacional; diputado José Clemente Castañeda Hoeflich (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano; diputado Luis Alfredo Valles Mendoza (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza; diputado Alejandro González Murillo (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.»

En votación económica, se consulta a la asamblea si se dispensa la lectura en razón de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría por la afirmativa.

La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla:Se dispensa la lectura. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se aprueba.

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:En votación económica, se consulta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría por la afirmativa.

La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Aprobado.

Proceda la Secretaría a dar lectura al acuerdo de la Junta de Coordinación Política.

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La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.— Junta de Coordinación Política.

Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Gobernación, a efecto de que se declare zona de desastre al municipio de Juárez, estado de Chihuahua, y le sean asignados recursos del Fonden, toda vez que ha sido afectado por las recientes lluvias intensas ocasionadas por el huracán “Newton”.

La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, con fundamento en los artículos 33 y 34, numeral 1, inciso b) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del Pleno el siguiente:

Acuerdo

Único.La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Gobernación, a efecto de que se declare zona de desastre al municipio de Juárez, estado de Chihuahua, y le sean asignados recursos del Fonden, toda vez que ha sido afectado por las recientes lluvias intensas ocasionadas por el huracán “Newton”.

Palacio Legislativo de San Lázaro a 19 de septiembre del año 2016.— Diputado Francisco Martínez Neri (rúbrica), Presidente de la Junta de Coordinación Política y Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; diputado César Octavio Camacho Quiroz (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; diputado Marko Antonio Cortés Mendoza (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; diputado Jesús Sesma Suárez (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; diputada Norma Rocío Nahle García (rúbrica), Coordinadora del Grupo Parlamentario de Movimiento de Regeneración Nacional; diputado José Clemente Castañeda Hoeflich (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano; diputado Luis Alfredo Valles Mendoza (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza; diputado Alejandro González Murillo (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.»

En votación económica, se consulta a la asamblea si se dispensa la lectura en razón de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría por la afirmativa. Se dispensa la lectura.

La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla:Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se aprueba.

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:En votación económica, se consulta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría por la afirmativa.

La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Aprobado. Comuníquese.

Proceda la Secretaría a dar cuenta del acuerdo de la Junta de Coordinación Política.

———————— o ————————

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.— Junta de Coordinación Política.

Acuerdo de la Junta de Coordinación Política solicita respetuosamente al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, que a través de su Secretaría de Medio Ambiente, implemente en áreas cercanas a la Cámara de Diputados, el Sistema Integral de Bicicletas Públicas denominado Ecobici.

La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, con fundamento en los artículos 33 y 34, numeral 1, inciso b) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del Pleno el siguiente:

Acuerdo

Único.La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión solicita respetuosamente al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, que a través de su Secretaría de Medio Ambiente, implemente en áreas cercanas a la Cámara de Diputados, el Sistema Integral de Bicicletas Públicas denominado Ecobici.

Palacio Legislativo de San Lázaro a 19 de septiembre del año 2016.— Diputado Francisco Martínez Neri (rúbrica), Presidente de la Junta de Coordinación Política y Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; diputado César Octavio Camacho Quiroz (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; diputado Marko Antonio Cortés Mendoza (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; diputado Jesús Sesma Suárez (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; diputada Norma Rocío Nahle García (rúbrica), Coordinadora del Grupo Parlamentario de Movimiento de Regeneración Nacional; diputado José Clemente Castañeda Hoeflich (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano; diputado Luis Alfredo Valles Mendoza (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza; diputado Alejandro González Murillo (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.»

En votación económica se consulta a la asamblea si se dispensa la lectura, en razón de que está publicado en la Gaceta parlamentaria. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría por la afirmativa. Se dispensa la lectura.

La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se aprueba.

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:En votación económica, se consulta a la asamblea si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría por la afirmativa.

La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Aprobado. Comuníquese.

Proceda la Secretaría a dar cuenta del acuerdo de la Junta de Coordinación Política, en lo inherente a la Comisión Bicamaral.

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La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.— Junta de Coordinación Política.

Acuerdo de la Junta de Coordinación Política exhorta respetuosamente a la Cámara de Senadores a nombrar a los integrantes que formarán parte de la Comisión Bicameral de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y de los Municipios.

La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, con fundamento en los artículos 33 y 34, numeral 1, inciso b) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del Pleno el siguiente:

Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Cámara de Senadores a nombrar a los integrantes que formarán parte de la Comisión Bicameral de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y de los Municipios.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de septiembre del año 2016.— Diputado Francisco Martínez Neri (rúbrica), Presidente de la Junta de Coordinación Política y Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; diputado César Octavio Camacho Quiroz (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; diputado Marko Antonio Cortés Mendoza (rúbrica p.a. ), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; diputado Jesús Sesma Suárez, Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; diputada Norma Rocío Nahle García, Coordinadora del Grupo Parlamentario de Movimiento de Regeneración Nacional; diputado José Clemente Castañeda Hoeflich (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano; diputado Luis Alfredo Valles Mendoza, Coordinador del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza; diputado Alejandro González Murillo, Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.»

Presidencia del diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se aprueba.

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:En votación económica, se consulta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Aprobado. Comuníquese.

Proceda la Secretaría a dar lectura al acuerdo de la Junta de Coordinación Política.

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La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.— Junta de Coordinación Política.

Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se modifica la denominación y el objeto de la Comisión Especial para continuar las investigaciones y dar seguimiento a los resultados del GIEI, designado por la CIDH, relacionadas con los hechos ocurridos en Iguala, Guerrero, a alumnos de la escuela normal rural de Ayotzinapa “Raúl Isidro Burgos”.

La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, con fundamento en los artículos 33, numeral 1; 34, numeral 1, inciso c) y 42, numeral 1, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como 205, 207 y 208 del Reglamento de la Cámara de Diputados, adopta el siguiente:

Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados aprueba modificar la denominación y el objeto de la Comisión Especial para continuar las investigaciones y dar seguimiento a los resultados del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, designado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, relacionadas con los hechos ocurridos en Iguala, Guerrero, a alumnos de la escuela normal rural de Ayotzinapa “Raúl Isidro Burgos”, creada mediante acuerdo del 15 de septiembre de 2015.

Segundo. El nuevo objeto de la comisión antes mencionada será dar seguimiento a las acciones del Estado mexicano, particularmente aquellas referentes al cumplimiento de acuerdos y esquemas de atención a víctimas, en relación a los hechos ocurridos en Iguala, Guerrero, a alumnos de la escuela normal rural de Ayotzinapa “Raúl Isidro Burgos”.

Tercero. La Comisión Especial realizará las acciones y reuniones de trabajo necesarias para cumplir con su objeto, de conformidad con el marco normativo aplicable.

Cuarto. La comisión deberá presentar informes de sus trabajos ante la Junta de Coordinación Política, cada que le sean requeridos por este órgano de gobierno, además de aquéllos que debe rendir por disposición del Reglamento de la Cámara de Diputados.

Quinto. La comisión se conformará por ocho integrantes, uno por cada grupo parlamentario con representación en esta Cámara, cada uno de los cuales contará con un suplente. Los diputados que la integrarán serán los siguientes:

Sexto.Por acuerdo de los grupos parlamentarios integrantes de la Junta de Coordinación Política, la presidencia de la comisión recaerá, durante el segundo año legislativo de la LXIII Legislatura, en el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. La rotación para el tercer año legislativo será definida por ese órgano de gobierno.

Séptimo. La comisión tomará sus decisiones preferentemente por consenso; en caso de no lograrse éste, las adoptará por mayoría absoluta, conforme al sistema de voto ponderado, en el que cada legislador representará tantos votos como integrantes tenga su grupo parlamentario.

Octavo. La Junta de Coordinación Política podrá revisar las actividades y los avances en el cumplimiento de la encomienda de dicha comisión; de considerarlo oportuno, propondrá a la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos que declare agotado su objeto.

Noveno. Los recursos humanos, materiales y financieros para el funcionamiento de la Comisión Especial serán aprobados por la Junta de Coordinación Política.

Décimo. Las previsiones que no estén contempladas en el presente acuerdo, y se estimen necesarias para regular su funcionamiento, serán determinadas por la Junta de Coordinación Política.

Décimo Primero. Comuníquese y publíquese en la Gaceta Parlamentaria.

Transitorio

Único. El presente acuerdo entrará en vigor al momento de su aprobación por el Pleno de la Cámara de Diputados.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de septiembre de 2016.— Diputado Francisco Martínez Neri (rúbrica), Presidente de la Junta de Coordinación Política y Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; diputado César Octavio Camacho Quiroz (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; diputado Marko Antonio Cortés Mendoza (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; diputado Jesús Sesma Suárez, Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; diputada Norma Rocío Nahle García, Coordinadora del Grupo Parlamentario de Movimiento de Regeneración Nacional; diputado José Clemente Castañeda Hoeflich (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano; diputado Luis Alfredo Valles Mendoza, Coordinador del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza; diputado Alejandro González Murillo, Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.»

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se aprueba.

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:En votación económica, se consulta a la asamblea si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Aprobado. Comuníquese.

Proceda la Secretaría a dar lectura al acuerdo de la Junta de Coordinación Política.

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La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura. — Junta de Coordinación Política.

Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se crea la Comisión Especial para dar seguimiento a los acuerdos del informe presentado por la Comisión Permanente, respecto a los hechos ocurridos en el municipio de Asunción Nochixtlán, Oaxaca, el pasado 19 de junio de 2016.

La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, con fundamento en los artículos 33, 34, numeral 1, inciso b) y 42, numeral 1, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del Pleno el siguiente;

Acuerdo

Primero.La Cámara de Diputados acuerda la creación de una Comisión Especial para dar seguimiento a los acuerdos del informe presentado por la Comisión Permanente, respecto a los hechos ocurridos en el municipio de Asunción Nochixtlán, Oaxaca, el pasado 19 de junio de 2016.

Segundo.Dicha comisión estará integrada por un diputado o diputada de cada uno de los grupos parlamentarios representados en esta Cámara, que serán los siguientes:

Tercero. La presidencia de esta Comisión Especial rotará cada ocho meses a partir de su instalación, entre los tres grupos parlamentarios con mayor número de integrantes, conforme al orden que acuerde la Junta de Coordinación Política, correspondiendo al representante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática presidirla durante el primer turno.

Asimismo la comisión contará con dos secretarías, mismas que recaerán en los dos grupos parlamentarios con mayor número de legisladores, distintos al que la presida.

Cuarto. La comisión tomará sus decisiones por consenso; en caso de no lograrse éste, las adoptará por mayoría absoluta, con base en el sistema de voto ponderado, en el cual cada legislador representará tantos votos como integrantes tenga su grupo parlamentario.

Quinto. Esta Comisión Especial podrá realizar reuniones de trabajo con servidores públicos de los tres órdenes de gobierno y con los actores involucrados en los sucesos, para poder dar cumplimiento a su objeto.

Sexto.La comisión contará con los recursos humanos, materiales y financieros que determine la Junta de Coordinación Política.

Séptimo. La comisión concluirá su vigencia cuando la Junta de Coordinación Política considere atendido el objeto para la cual fue creada o, en su caso, al finalizar la presente legislatura.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de septiembre de 2016.— Diputado Francisco Martínez Neri (rúbrica), Presidente de la Junta de Coordinación Política y coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; diputado César Octavio Camacho Quiroz (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; diputado Marko Antonio Cortés Mendoza (rúbrica p.a. ), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; diputado Jesús Sesma Suárez, Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; diputada Norma Rocío Nahle García, Coordinadora del Grupo Parlamentario de Movimiento de Regeneración Nacional; diputado José Clemente Castañeda Hoeflich (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano; diputado Luis Alfredo Valles Mendoza, Coordinador del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza; diputado Alejandro González Murillo, Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.»

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se aprueba.

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:En votación económica se consulta a la asamblea si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Aprobado. Comuníquese.

Proceda la Secretaría a dar cuenta con el acuerdo de la Junta de Coordinación Política.

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La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.— Junta de Coordinación Política.

Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se designa a las legisladoras que representarán a la Cámara de Diputados ante la Comisión Intersecretarial para Prevenir, Combatir y Sancionar los Delitos en Materia de Trata de Personas.

La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en el inciso e), numeral 1, del artículo 34 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y por los artículos 86, fracción 1, y séptimo transitorio de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

I. Que en el marco de lo dispuesto en el inciso e), numeral 1, del artículo 34 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le corresponde a la Junta de Coordinación Política, proponer la designación e integración de comisiones y delegaciones que la Cámara de Diputados requiera, para participar y atender sus compromisos de carácter institucional.

II. Que la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, en su artículo 84 prevé la integración de una Comisión Intersecretarial para Prevenir, Combatir y Sancionar los Delitos en Materia de Trata de Personas.

III. Que el artículo 86, fracción I, de la ley antes mencionada señala que en dicha comisión participará con voz pero sin voto, un representante de cada una de las cámaras del Congreso de la Unión, los cuales deberán ser designados por el Pleno de cada una de éstas.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en las disposiciones invocadas en el proemio, la Junta de Coordinación Política, suscribe el siguiente

Acuerdo

Primero.Se designa a la diputada María Luisa Sánchez Meza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para participar como representante titular de la Cámara de Diputados ante la Comisión Intersecretarial para Prevenir, Combatir y Sancionar los Delitos en materia de Trata de Personas, de la LXIII Legislatura.

Segundo. Se designa a la diputada Julieta Fernández Márquez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional,como representante suplente de la Cámara de Diputados ante la Comisión Intersecretarial para Prevenir, Combatir y Sancionar los Delitos en Materia de Trata de Personas, de la LXIII Legislatura.

Tercero. Publíquese en la Gaceta Parlamentaria.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 8 días del mes de septiembre del año 2016.— Diputado Francisco Martínez Neri (rúbrica), Presidente de la Junta de Coordinación Política y coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; diputado César Octavio Camacho Quiroz (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; diputado Marko Antonio Cortés Mendoza (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; diputado Jesús Sesma Suárez, Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; diputada Norma Rocío Nahle García, Coordinadora del Grupo Parlamentario de Movimiento de Regeneración Nacional; diputado José Clemente Castañeda Hoeflich (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano; diputado Luis Alfredo Valles Mendoza (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza; diputado Alejandro González Murillo (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.»

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se aprueba.

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:En votación económica se consulta a la asamblea si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Aprobado. Comuníquese.

Esta Presidencia les hace una atenta invitación para que acudan las diputadas, los diputados, los grupos de trabajo y personal de la Cámara a la mesa de asesoría testamentaria y notarial donde serán atendidos personalmente por los ciudadanos notarios, para los que quieran hacer o modificar su testamento. La mesa se ubica en el vestíbulo principal, con los beneficios de septiembre, Mes del Testamento.

Dé cuenta la Secretaría con el último acuerdo de la Junta de Coordinación Política.

———————— o ————————

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.— Junta de Coordinación Política.

Diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le ruego que se sometan a consideración del pleno las modificaciones en la integración de los grupos de amistad que se señalan, solicitadas por el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional:

• Que el diputado Rafael Yerena Zambrano cause baja como integrante del Grupo de Amistad México-Armenia.

• Que el diputado Rafael Yerena Zambrano cause alta como integrante en el Grupo de Amistad México-Brasil.

• Que el diputado Fidel Almanza Monroy cause baja como integrante del Grupo de Amistad México-Corea del Norte.

• Que el diputado Fidel Almanza Monroy cause alta como integrante en el Grupo de Amistad México-Costa Rica.

Sin otro particular, le reitero mi consideración distinguida.

Atentamente

Ciudad de México, a 20 de septiembre de 2016.— Diputado Francisco Martínez Neri (rúbrica).»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.— Junta de Coordinación Política.

Diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le ruego que se sometan a consideración del pleno las modificaciones en la integración del organismo internacional permanente que se señala, solicitadas por el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional:

• Que el diputado César Flores Sosa cause baja como integrante del Parlamento Centroamericano.

• Que la diputada Janette Ovando Reazola cause alta como integrante en el Parlamento Centroamericano.

Sin otro particular, le reitero mi consideración distinguida.

Atentamente

Ciudad de México, a 20 de septiembre de 2016.— Diputado Francisco Martínez Neri (rúbrica), Presidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.— Junta de Coordinación Política.

Diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le ruego que se someta a consideración del pleno la modificación en la integración de la comisión que se señala, solicitada por el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México:

• Que el diputado Virgilio Mendoza Amezcua cause alta como integrante en la Comisión de Derechos Humanos.

Sin otro particular, le reitero mi consideración distinguida.

Atentamente

Ciudad de México, a 14 de septiembre de 2016.— Diputado Francisco Martínez Neri (rúbrica), Presidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.— Junta de Coordinación Política.

Diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 34, inciso c) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le ruego someter a consideración del pleno las modificaciones en la integración de grupos de amistad que se señalan, solicitadas por el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano:

• Que la diputada María Victoria Mercado Sánchez cause alta como integrante en el Grupo de Amistad México-Canadá.

• Que el diputado Moisés Guerra Mota cause alta como integrante en el Grupo de Amistad México-Brasil.

• Que el diputado Jonadab Martínez García cause alta como integrante en el Grupo de Amistad México-Argentina.

• Que el diputado Manuel Espino Barrientos cause alta como integrante en el Grupo de Amistad México-China.

• Que el diputado Daniel Adrián Sosa Carpio cause alta como integrante en el Grupo de Amistad México-India.

• Que la diputada Refugio Trinidad Garzón Canchola cause alta como integrante en el Grupo de Amistad México-Francia.

• Que el diputado René Cervera García cause alta como integrante en el Grupo de Amistad México-Rusia.

• Que la diputada Marbella Toledo Ibarra cause alta como integrante en el Grupo de Amistad México-Costa Rica.

• Que la diputada Angie Dennisse Hauffen Torres cause alta como integrante en el Grupo de Amistad México-Alemania.

• Que el diputado Adán Pérez Utrera cause alta como integrante en el Grupo de Amistad México-Uruguay.

Sin otro particular, le reitero mi consideración distinguida.

Atentamente

Ciudad de México, a 20 de septiembre de 2016.— Diputado Francisco Martínez Neri (rúbrica), Presidente.»

No habiendo quién haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueban. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Aprobados. Comuníquense.



INICIATIVAS Y PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: ¿Ahora sí? Muy bien. En términos de los artículos 100 y 102 del Reglamento las iniciativas y proposiciones contenidas en el orden del día serán turnadas a las comisiones que correspondan, publicándose el turno en la Gaceta Parlamentaria.(*)

EFEMÉRIDES



TRIGÉSIMO PRIMER ANIVERSARIO LUCTUOSO DE LAS VÍCTIMAS DEL SISMO OCURRIDO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 1985

«Efeméride con motivo del trigésimo primer aniversario luctuoso de las víctimas del sismo ocurrido el 19 de septiembre de 1985 en la Ciudad de México, a cargo de la diputada Noemí Zoila Guzmán Lagunes, del Grupo Parlamentario del PRI

Hoy, 19 de septiembre, se cumple un año más desde aquellos trágicos acontecimientos que, en 1985, conmocionaron la historia del país.

Los sismos, de magnitud 8.1 y 7.6 respectivamente, que sacudieron a buena parte del territorio nacional y, en especial, a la Ciudad de México, marcaron un antes y un después a la Nación.

Encontraron una población vulnerable y autoridades sin preparación; que fueron condiciones propicias para provocar el desastre del que muchos fuimos testigos.

En estos 31 años transcurridos, sin embargo, hemos tenido la oportunidad de reducir el riesgo sísmico en nuestro país.

Hoy en día contamos con un Sistema Nacional de Protección Civil y sistemas estatales; mejores normas y programas; una mejor coordinación para la atención de las emergencias, atlas de riesgos, mejor conocimiento del fenómeno.

Tenemos mejores reglamentos d e construcción, en particular en la Ciudad de México.

Contamos con un sistema de alerta sísmica mexicano pionero en el mundo, orgullosamente desarrollado por investigadores mexicanos y con reconocimiento internacional.

Contamos también con un Centro Nacional de Prevención de Desastres, un experimentado Servicio Sismológico Nacional.

La pregunta es si todo eso es suficiente; ¿México es más resiliente? ¿Estamos preparados para resistir otro sismo de gran magnitud?

¿Hemos invertido los recursos suficientes para evitar un desastre como el de 1985, con todas sus implicaciones económicas, sociales y políticas?

Las instituciones y los centros de investigación especializados ¿tienen la capacidad para operar y ampliar su cobertura, así como los mecanismos para una difusión universal de las alertas?

Nuestro país se encuentra ubicado en el cinturón de fuego del Pacífico. Esto lo hace particularmente propenso a la ocurrencia de estos movimientos de tierra.

Ha temblado en el pasado y, sin duda, seguirá temblando. De hecho, de acuerdo con los especialistas, existe el potencial de sismos de gran magnitud en el Pacífico Mexicano.

Sabemos que el subsuelo de la Ciudad de México, amplifica las ondas incrementando así el peligro sísmico.

Es un hecho que, a pesar de todo, aún existen muchos municipios que no cuentan con su propio reglamento de acuerdo a las características geológicas locales; siguen existiendo numerosos edificios vulnerables.

Compañeros, este aniversario luctuoso del mayor desastre nacional en la historia reciente, es propicio para plantear una vez más que la prevención y la reducción del riesgo deben tener la más alta prioridad en las políticas públicas y en los presupuestos federales y estatales.

Es necesario priorizar la gestión del riesgo de desastres a lo largo de la administración pública, para prever, reducir y controlar el riesgo de un sismo y cualquier otro fenómeno de gran magnitud.

En esa tarea, esta Cámara de Diputados tiene una enorme responsabilidad.

Fortalezcamos la gestión del riesgo de desastres. Así como quedó plasmada en la Ley, también debe traducirse en programas y en más presupuesto.

Si damos más recursos a la prevención, reducimos el riesgo; y si evitamos el riesgo, reducimos el gasto catastrófico para la atención de los desastres y la recuperación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de septiembre de 2016.— Diputada Noemí Zoila Guzmán Lagunes (rúbrica).»



ANIVERSARIOS TRIGÉSIMO DE PROTECCIÓN CIVIL EN MÉXICO Y TRIGÉSIMO PRIMERO DE LOS SISMOS DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 1985

«Efeméride con motivo de los aniversarios trigésimo de protección civil en México y trigésimo primero de los sismos del 19 de septiembre de 1985, a cargo de la diputada María Elena Orantes López, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

La que suscribe, María Elena Orantes López, integrante de la LXIII Legislatura en la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, vicecoordinadora del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta ante el pleno de esta soberanía la efeméride del trigésimo aniversario de protección civil en México y del trigésimo primer aniversario de los sismos del 19 de septiembre de 1985.

Efeméride

El 19 de septiembre, conmemoramos los 30 años del Sistema Nacional de Protección Civil y el 31 aniversario de los sismos de 1985 que detonaron la creación de dicho sistema. Estos devastadores sismos, aunque ubicaron su epicentro en las costas de Michoacán, el fenómeno impactó a la Ciudad de México en un par de minutos. De acuerdo con cifras oficiales, este evento sísmico causó alrededor de 6 mil decesos y daños por 4 mil 100 millones de dólares. Ello, evidenció la necesidad de implementar acciones para prevenir, aprovechar al máximo los tiempos para el alertamiento y coadyuvar a salvaguardar la vida y el patrimonio.

A partir de entonces, se ha desarrollado un sistema de alerta sísmica en distintas etapas que en un principio implicó el fomento de una cultura de protección civil y posteriormente la implementación de tecnología. Así, la Ciudad de México cuenta, desde el 2005, con un Sistema de alerta sísmica, para la realización de acciones anticipadas de resguardo y evacuación de inmuebles, ante la ocurrencia de un evento potencialmente destructivo.

La alerta sísmica, conocida como SAS (sistema de alerta sísmica), depende del Centro de Instrumentación y Registro Sísmico (CIRES), que es un Asociación Civil, auspiciada por el Gobierno del Distrito Federal, y que tiene el propósito de detectar sismos importantes en la costas del pacifico y avisar con al menos 50 segundos de anticipación, en la Ciudad de México, ante la llegada inminente de ondas sísmicas importantes.

Así, en 2005, por iniciativa de los gobiernos de la Ciudad de México, Oaxaca y la Secretaría de Gobernación, se convino compartir la información proveniente de los sensores para advertir tanto a la Ciudad de México como a la Ciudad de Oaxaca la ocurrencia de un sismo importante.

Con este convenio, inició la primera etapa del Sistema de Alerta Sísmica Mexicano. Con la unión del sistema se tenían un total de 51 estaciones sismo sensoras y 2 ciudades con el servicio de difusión de alerta.

Adicionalmente, en 2007, Acapulco y Chilpancingo se integran a las ciudades que reciben la señal del Sistema de Alerta Sísmica Mexicano y en 2010 el gobierno de la Ciudad de México invirtió en la actualización del Sistema de alerta sísmica, así como ampliar la cobertura del sistema.

Con esta inversión, se instalaron 64 estaciones sismo sensoras, cubriendo las regiones de Jalisco, Colima, Michoacán, Puebla y se complementó la infraestructura existente en Guerrero. Con esto, la red de estaciones sismo sensoras contó con un total de 97 estaciones.

En consecuencia de este desarrollo, si en septiembre de 1985 se hubiera contado con un sistema de alerta sísmica temprana efectiva, la población podría haber escuchado, el 19 de septiembre a las 7:18 AM, con más de un minuto de anticipación, la señal de que un temblor ocurriría. Ello, permite estimar que al menos algunas de las personas que lamentablemente fallecieron hubieran salvado la vida, resguardándose en algunos sitios o evacuando algunas construcciones.

Aunado a todo lo anterior, la cultura de protección civil hoy involucra a diversas instancias que se suman año con año a los alertamientos hipotéticos para la realización del Macro Simulacro. Ello, haciendo evidente que es necesario contar con un sistema de alerta único y con una fuente de información oficial, regulada por instancias federales que aseguren la veracidad, eficacia y eficiencia de estas.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de septiembre de 2016.— Diputada María Elena Orantes López (rúbrica).»



PRIMER ANIVERSARIO LUCTUOSO DE ERACLIO ZEPEDA RAMOS

«Efeméride con motivo del 17 de septiembre, primer aniversario luctuoso de Eraclio Zepeda Ramos, Laco, a cargo de la diputada María Elena Orantes López, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

La que suscribe, María Elena Orantes López, integrante de la LXIII Legislatura en la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, vicecoordinadora del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta ante el pleno de esta soberanía la efeméride del 17 de septiembre, primer aniversario luctuoso de Eraclio Zepeda Ramos, Laco.

Efeméride

Eraclio Zepeda Ramos “Laco” (1937-2015)

El 17 de septiembre conmemoramos el primer aniversario luctuoso de Eraclio Zepeda Ramos, conocido como “Laco”, fue un escritor, periodista, actor, profesor, difusor cultural y político que entre otras distinciones, fue investido con la medalla “Belisario Domínguez”, en 2014. Este chiapaneco de hábil narrativa, plasmó sobre papel su amor por las letras, retratando la riqueza cultural que transpira en la fantasía de la cotidianeidad de nuestra gente y despertó con sus anécdotas la imaginación de quien lo escuchó y de quien lo lee.

Tuxtla Gutiérrez vio nacer a este nativo de la lengua zapoteca, un 24 de marzo de 1937. “Laco” como es mejor conocido, creció rodeado de libros y relatos narrados por su padre, quien le inculcó el amor por la lectura, por la historia oral y con quien aprendió a entretejer tramas que más tarde lo convertirían uno de los mejores exponentes de la escritura y las letras mexicanas.

Tras una infancia y adolescencia que fortalecieron su amor y raíces por Chiapas, sus pueblos, su gente y su selva Lacandona, viajó a la Ciudad de México para estudiar en la Universidad Militar Latinoamericana. Allí, forjó amistades con sus más cercanos cómplices de la poesía, con quienes más tarde compartió la dicha de ver publicadas sus obras por el Fondo de Cultura Económica, bajo el título de “La espiga amotinada”.

Posteriormente, al no haber aprovechado una beca ofrecida por la embajada Checa, debido a la falta de recursos para costear el pasaje de ida, decidió volver a su natal Chiapas, sin saber que con su reencuentro con la selva chiapaneca daría vida “Benzulul”, dejando por un momento la poesía y abriéndose paso en la narrativa de historias.

Así, Benzulul, es una obra que narra la lucha y resistencia del pueblo indígena chiapaneco, que a través de sus páginas muestra las tradiciones, colores, olores y sabores que Chiapas guarda en cada uno de sus rincones. Esta obra lo colocó en el nivel de las expresiones chiapanecas más grandes de la literatura mexicana, junto a Rosario Castellanos y Jaime Sabines.

Después de estas dos obras, decidió estudiar derecho y antropología social en la Universidad de San Cristóbal de las Casas y la Universidad Veracruzana respectivamente. Sin embargo, sus conocimientos traspasaron fronteras y antes de concluir sus estudios como antropólogo, fue invitado a dar clases en la Universidad de La Habana, y posteriormente en el Centro de Lenguas de Pekín. Posteriormente fue invitado como corresponsal de prensa en Moscú, en donde también se desempeñó como promotor cultural y comentarista de radio y televisión.

Su estancia en Moscú lo inspiró para terminar dos más de sus obras, entre ellas el cuento “Asalto nocturno”, mismo que lo llevo a ganar el premio bellas artes de cuento, en San Luis Potosí en 1974.

En sus textos, este escritor chiapaneco nos regalara visiones fotográficas de lo que fue su natal Chiapas, maravillándonos con sus increíbles paisajes, pero al mismo tiempo concientizándonos sobre el drama de desigualdad social que existe en Chiapas.

Su indiscutible talento lo llevaron a ser acreedor de varios y diversos premios, el “Premio Chiapas de Arte 1983”, el “Premio Nacional de Ciencias y Artes en Literatura y Lingüística” por la Secretaría de Educación Pública y la medalla “Belisario Domínguez”otorgada por el Senado de la República entre otros.

Por todo lo anterior, como chiapaneca y como mexicana, considero una responsabilidad que en estos tiempos difíciles para el país, en que la sociedad se muestra decepcionada recordemos motivos por los que debemos estar orgullosos de vivir en México. Eraclio Zepeda Ramos, y su obra son uno de estos motivos.

“Laco”, murió, no así sus obras y memorias resguardadas en papel, esperando a ser leídas y vividas nuevamente, anhelando un mejor Chiapas un mejor México, sin racismo, sin violencia, sin la desigualdad social. Un México para todos.

Notas:

1 http://caballosyopinion.com/?p=10702

2 https://www.fondodeculturaeconomica.com/

3 http://www.elem.mx/estgrp/datos/9

4 http://www.gandhi.com.mx/benzulul-cuentos?landing_source=digital

5 http://www.biografiasyvidas.com/biografia/c/castellanos_rosario. htm

6 http://www.poemas-del-alma.com/jaime-sabines.htm

7 https://www.fondodeculturaeconomica.com/librerias/Detalle.aspx? ctit=015563R

8 http://www.literatura.bellasartes.gob.mx/index.php?option=com_content &id=58:premio-bellas-artes-de-cuento-san-luis-potosi&Itemid=90

9 http://www.cultura.gob.mx/estados/saladeprensa_detalle.php?id= 36589

10 http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2014/10/15/dan-a-conocer-nombre-de-ganadores -del-premio-nacional-de-ciencias-y-artes-2014-3721.html

11 http://www.animalpolitico.com/2014/12/senado-entrega-medalla-belisario-domingue z-2014-eraclio-zepeda/

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de septiembre de 2016.— Diputada María Elena Orantes López (rúbrica).»



CLAUSURA Y CITA

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar(a las 15:37 horas): Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el jueves 22 de septiembre de 2016 a las 11 horas, y se les informa que el sistema electrónico estará abierto a partir de las 8:30 horas.

————— O —————

RESUMEN DE TRABAJOS

• Tiempo de duración de la sesión: 4 horas con 10 minutos

• Quórum a la apertura de la sesión: 261 diputadas y diputados

• Comunicaciones oficiales: 13

• Minutas: 3

• Iniciativa de senadora: 1

• Pronunciamiento: 1 Aniversario de los sismos de 1985, del Distrito Federal

• Iniciativas de diputadas y diputados: 21

• Dictamen con declaratoria de publicidad: 1

• Dictamen a discusión: 1

• Acuerdos de los órganos de gobierno: 9 de la Junta de Coordinación Política

• Diputadas y diputados que participaron durante la sesión: 31

1 Independiente 2

PES 3

NA 5

MC 4

Morena 4

PVEM 4

PRD 4

PAN 4



PRI

DIPUTADOS QUE PARTICIPARON DURANTE LA SESION
(en orden alfabético)

Abdala Dartigues, Rodrigo (Morena)
Para referirse al tema de política exterior en la glosa del 4to. informe del estado que guarda la Administración Pública Federal: 245
Álvarez Maynez, Jorge (MC)
Para referirse al tema de política exterior en la glosa del 4to. informe del estado que guarda la Administración Pública Federal: 234
Arzaluz Alonso, Alma Lucia (PVEM)
Para presentar la iniciativa con proyecto de decreto que abroga la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable vigente, y expide la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable: 126
Ávila Serna, María (PVEM)
Para presentar la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 346 y 349 de la Ley General de Salud: 81
Bañales Arambula, Ramón (PRI)
Para presentar la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 86-B del Código Fiscal de la Federación: 63
Barrientos Pantoja, Alicia (Morena)
Para referirse al tema de política exterior en la glosa del 4to. informe del estado que guarda la Administración Pública Federal: 235
Basave Benítez, Agustín Francisco de Asís (PRD)
Para referirse al tema de política exterior en la glosa del 4to. informe del estado que guarda la Administración Pública Federal: 238
Bugarín Rodríguez, Jasmine María (PRI)
Para referirse al tema de política exterior en la glosa del 4to. informe del estado que guarda la Administración Pública Federal: 240
Clouthier Carrillo, Manuel Jesús (Independiente)
Para referirse al tema de política exterior en la glosa del 4to. informe del estado que guarda la Administración Pública Federal: 232
Corichi García, Claudia Sofía (MC)
Para referirse al tema de política exterior en la glosa del 4to. informe del estado que guarda la Administración Pública Federal: 244
Cortés Lugo, Román Francisco (PAN)
Para referirse al tema de política exterior en la glosa del 4to. informe del estado que guarda la Administración Pública Federal: 248
García Soberanes Cynthia Gissel (PES)
Para referirse al tema de política exterior en la glosa del 4to. informe del estado que guarda la Administración Pública Federal: 241
Giorgana Jiménez, Víctor Manuel (PRI)
Para referirse al tema de política exterior en la glosa del 4to. informe del estado que guarda la Administración Pública Federal: 249
Guevara Jiménez, Yaret Adriana (PVEM)
Para referirse al tema de política exterior en la glosa del 4to. informe del estado que guarda la Administración Pública Federal: 237
Guízar Valladares, Gonzalo (PES)
Para referirse al tema de política exterior en la glosa del 4to. informe del estado que guarda la Administración Pública Federal: 232
Juárez Blanquet, Erik (PRD)
Para presentar la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: 74
Llerenas Morales, Vidal (Morena)
Para presentar la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona los artículos 25 y 47 Bis de la Ley de Coordinación Fiscal; y 42 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: 181
Martínez Neri, Francisco (PRD)
Para presentar la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 96 y 152 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta: 121
Montiel Reyes, Ariadna (Morena)
Para presentar la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 25 de la Ley de Coordinación Fiscal: 86
Muñoz Cervantes, Arlette Ivette (PAN)
Para referirse al tema de política exterior en la glosa del 4to. informe del estado que guarda la Administración Pública Federal: 239
Ochoa Avalos, María Candelaria (MC)
Para presentar la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: 91
Orantes López, María Elena (MC)
Para presentar la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 42 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad: 188
Pinto Torres, Francisco Javier (NA)
Para referirse al tema de política exterior en la glosa del 4to. informe del estado que guarda la Administración Pública Federal: 242
Reyes Ávila, Angélica (NA)
Para presentar lainiciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 98 Bis al Código Penal Federal: 193
Rodríguez Torres, Luis Agustín (PAN)
Para presentar la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 33 de la Ley General de Educación: 115
Saldívar Paz, Mirna Isabel (NA)
Para referirse al tema de política exterior en la glosa del 4to. informe del estado que guarda la Administración Pública Federal: 233
Soto González, Cecilia Guadalupe (PRD)
Para referirse al tema de política exterior en la glosa del 4to. informe del estado que guarda la Administración Pública Federal: 247
Tamariz García, Ximena (PAN)
Para presentar la iniciativa que reforma el artículo 186 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta: 71
Tamez Guajardo, Macedonio Salomón (MC)
Para fundamentar el dictamen a nombre de la Comisión de Gobernación, el cual contiene el proyecto de decreto por el que se declara el 22 de septiembre “Día Nacional sin automóvil”: 230
Valles Mendoza, Luis Alfredo (NA)
Para presentar la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 9o. de la Ley del Impuesto al Valor Agregado: 95
Villa Ramírez, Timoteo (PRI)
Para presentar la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Turismo: 108
Zamora Morlet, Enrique (PVEM)
Para referirse al tema de política exterior en la glosa del 4to. informe del estado que guarda la Administración Pública Federal: 246

VOTACIONES

De la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto por el que el Congreso de la Unión declara el 22 de septiembre de cada año como Día Nacional sin Automóvil (en lo general y en lo particular)

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL

1 Abdala Carmona, YahleelFavor

2 Abdala Saad, Antonio TarekFavor

3 Abramo Masso, YericoFavor

4 Aguilar Robles, DavidFavor

5 Aguilar Yunes, Marco AntonioFavor

6 Aguirre Chávez, Marco PoloFavor

7 Aguirre Romero, AndrésFavor

8 Alcántara Rojas, María GuadalupeFavor

9 Almanza Monroy, FidelFavor

10 Alpízar Carrillo, Lucely del Perpetuo SocorroFavor

11 Alvarado Varela, Edith AnabelFavor

12 Álvarez Ortiz, Héctor JavierAusente

13 Amaro Cancino, AntonioFavor

14 Anaya Mota, Claudia EdithFavor

15 Anaya Orozco, AlfredoFavor

16 Antelo Esper, BernardinoFavor

17 Arcos Velázquez, Montserrat AliciaFavor

18 Arellano Núñez, EfraínFavor

19 Armenta Mier, AlejandroFavor

20 Arroyo Bello, Erika LorenaAusente

21 Barragán Amador, CarlosAusente

22 Barrientos Cano, Laura MitziAusente

23 Basáñez García, PabloFavor

24 Bañales Arámbula, RamónFavor

25 Bedolla López, PabloFavor

26 Bejos Nicolás, AlfredoFavor

27 Beltrones Sánchez, SylvanaFavor

28 Benítez Tiburcio, MarianaFavor

29 Bernal Casique, IvethFavor

30 Boone Godoy, Ana MaríaFavor

31 Borunda Espinoza, BrendaFavor

32 Botello Santibáñez, María BárbaraAusente

33 Bugarín Rodríguez, Jasmine MaríaFavor

34 Cabrera Ruiz, José HugoFavor

35 Camacho Quiroz, César OctavioAusente

36 Camargo Félix, María Esther GuadalupeFavor

37 Canales Najjar, Tristán ManuelAusente

38 Carvallo Delfín, Jorge AlejandroFavor

39 Casillas Zanatta, GabrielAusente

40 Castillo Martínez, EdgarFavor

41 Cavazos Balderas, Juan ManuelAusente

42 Cavazos Cavazos, Juana AuroraFavor

43 Ceja García, XitlalicFavor

44 Cervera Hernández, FelipeFavor

45 Chacón Morales, Samuel AlexisAusente

46 Chávez Acosta, Rosa GuadalupeFavor

47 Cházaro Montalvo, Oswaldo GuillermoFavor

48 Coheto Martínez, Vitalico CándidoFavor

49 Córdova Hernández, José del PilarFavor

50 Córdova Morán, Hersilia Onfalia AdaminaFavor

51 Corella Platt, SusanaFavor

52 Coronado Ayarzagoitia, Pedro LuisFavor

53 Covarrubias Anaya, Martha LorenaFavor

54 Cristopulos Ríos, Héctor UlisesFavor

55 Dávila Flores, Jorge EnriqueFavor

56 De León Maza, Sofía del SagrarioFavor

57 Del Mazo Maza, AlfredoFavor

58 Díaz Montoya, RocíoFavor

59 Domínguez Domínguez, César AlejandroFavor

60 Domínguez Rex, RaúlFavor

61 Elizondo García, PabloAusente

62 Escobar Manjarrez, GermánAusente

63 Escobedo Villegas, FranciscoFavor

64 Esquivel Hernández, Olga MaríaFavor

65 Estefan Chidiac, Charbel JorgeFavor

66 Etcheverry Aranda, AzulFavor

67 Fernández Márquez, JulietaFavor

68 Félix Niebla, Gloria HimeldaFavor

69 Gaeta Esparza, Hugo DanielFavor

70 Gamboa Martínez, Alicia GuadalupeFavor

71 Gamboa Miner, PabloFavor

72 García Ayala, Marco AntonioAusente

73 García Barrón, ÓscarFavor

74 García Carreón, TelésforoFavor

75 García Navarro, OtnielAusente

76 García Portilla, Ricardo DavidAusente

77 Giorgana Jiménez, Víctor ManuelAusente

78 González Calderón, Martha HildaAusente

79 González Salas y Petricioli, María MarcelaAusente

80 González Salum, Miguel ÁngelFavor

81 Guerra Urbiola, Braulio MarioFavor

82 Guerrero Aguilar, FabiolaAusente

83 Guerrero Coronado, DeliaAusente

84 Guerrero Esquivel, AraceliAusente

85 Guerrero García, JavierFavor

86 Guevara Cobos, Luis AlejandroFavor

87 Guillén Vicente, Mercedes del CarmenFavor

88 Gutiérrez Ramírez, Virginia NallelyFavor

89 Guzmán Lagunes, Noemí ZoilaFavor

90 Guzmán Vázquez, Laura ValeriaFavor

91 Hermosillo Arteaga, Carlos GerardoFavor

92 Hernández Madrid, María GloriaAusente

93 Hinojosa Ochoa, Baltazar ManuelFavor

94 Ibarra Hinojosa, ÁlvaroAusente

95 Ibarra Otero, Próspero ManuelFavor

96 Ibarra Rangel, Miriam DennisFavor

97 Iriarte Mercado, CarlosFavor

98 Ixtlahuac Orihuela, Juan AntonioFavor

99 Jackson Ramírez, Jesús EnriqueAusente

100 Jiménez Jiménez, Flor ÁngelFavor

101 Juraidini Villaseñor, AlejandroFavor

102 Kuri Grajales, FidelAusente

103 Lagos Hernández, Erick AlejandroFavor

104 Le Baron González, AlexFavor

105 Leyva García, Leydi FabiolaFavor

106 Luna Canales, ArmandoFavor

107 Luna Munguía, Alma LiliaFavor

108 López Gutiérrez, David EpifanioAusente

109 López Velasco, Edith YolandaFavor

110 Madrigal Méndez, Liliana IvetteFavor

111 Majul González, SalomónAusente

112 Maya Pineda, María IsabelFavor

113 Mazari Espín, RosalinaFavor

114 Medrano Quezada, BenjamínFavor

115 Meléndez Ortega, Juan AntonioFavor

116 Melhem Salinas, EdgardoFavor

117 Méndez Bazán, Virgilio DanielFavor

118 Méndez Hernández, SandraAusente

119 Mercado Ruiz, DavidFavor

120 Millán Bueno, Rosa ElenaFavor

121 Moctezuma Pereda, Fernando QuetzalcóatlAusente

122 Mólgora Glover, ArletFavor

123 Mondragón Orozco, María AngélicaFavor

124 Monroy del Mazo, CarolinaFavor

125 Montoya Díaz, Tomás RobertoFavor

126 Mota Hernández, AdolfoAusente

127 Murrieta Gutiérrez, AbelFavor

128 Muñoz Parra, María VerónicaFavor

129 Muñoz Sánchez, RosalindaFavor

130 Navarrete Pérez, FernandoFavor

131 Nazar Morales, JuliánAusente

132 Nazario Morales, MatíasAusente

133 Noble Monterrubio, Pedro LuisAusente

134 Orantes López, Hernán de JesúsFavor

135 Oropeza Olguín, Nora LilianaFavor

136 Orozco Sánchez Aldana, José LuisFavor

137 Ortega Pacheco, Ivonne AracellyAusente

138 Ortiz Lanz, Adriana del PilarFavor

139 Osorno Belmont, SusanaFavor

140 Oyervides Valdez, María GuadalupeFavor

141 Palomares Ramírez, Elvia GracielaAusente

142 Pichardo Lechuga, José IgnacioAusente

143 Pinete Vargas, María del CarmenFavor

144 Plascencia Pacheco, Laura NereidaFavor

145 Plata Inzunza, EvelioFavor

146 Ponce Beltrán, Esthela de JesúsAusente

147 Quinto Guillén, Carlos FedericoFavor

148 Quiñones Cornejo, María de la PazAusente

149 Rafael Rubio, ÁlvaroFavor

150 Ramírez Marín, Jorge CarlosFavor

151 Ramírez Nieto, RicardoFavor

152 Ramírez Ocampo, Gianni RaúlFavor

153 Real Salinas, Dora ElenaFavor

154 Rebollo Mendoza, María del RocíoFavor

155 Rentería Medina, Flor EstelaFavor

156 Rivera Carbajal, SilviaFavor

157 Rivera Sosa, José LorenzoFavor

158 Rocha Aguilar, YulmaFavor

159 Rodríguez Hernández, Erika AraceliFavor

160 Rojas Orozco, EnriqueFavor

161 Rojas San Román, Francisco LauroFavor

162 Romero Vega, EsdrasFavor

163 Romo García, EdgarFavor

164 Rosales Reyes, Salomón FernandoFavor

165 Ruíz Chávez, Sara LatifeAusente

166 Salazar Espinosa, HeidiFavor

167 Salazar Muciño, Pedro AlbertoFavor

168 Salinas Lozano, CarmenFavor

169 Sandoval Martínez, María SoledadFavor

170 Santillán Oceguera, Francisco JavierFavor

171 Sarabia Camacho, CarlosFavor

172 Saracho Navarro, FranciscoFavor

173 Scherman Leaño, María Esther de JesúsAusente

174 Serrano Hernández, MaricelaFavor

175 Silva Tejeda, Víctor ManuelFavor

176 Sobreyra Santos, María MonserrathFavor

177 Sulub Caamal, Miguel ÁngelFavor

178 Sáenz Soto, José LuisFavor

179 Sánchez Arredondo, Nancy GuadalupeFavor

180 Sánchez Coronel, CristinaFavor

181 Sánchez Isidoro, DavidFavor

182 Sánchez Sánchez, Christian JoaquínAusente

183 Taja Ramírez, RicardoFavor

184 Tamayo Morales, Martha SofíaFavor

185 Tannos Cruz, YarithAusente

186 Terrazas Porras, AdrianaFavor

187 Tiscareño Agoitia, Ruth NoemíAusente

188 Toledo Medina, José LuisAusente

189 Torres Cantú, DanielFavor

190 Torres Huitrón, José AlfredoFavor

191 Trujillo Zentella, GeorginaFavor

192 Uriarte Zazueta, FernandoFavor

193 Valencia García, ÓscarFavor

194 Vallejo Barragán, ManuelFavor

195 Vargas Rodríguez, Federico EugenioAusente

196 Vidal Aguilar, LiborioFavor

197 Viggiano Austria, Alma CarolinaFavor

198 Villa Ramírez, TimoteoFavor

199 Villa Trujillo, EdithFavor

200 Villagómez Guerrero, RamónFavor

201 Vázquez Guerrero, Luis FelipeFavor

202 Vázquez Parissi, CiriloAusente

203 Vázquez Villalobos, Paulino AlbertoFavor

204 Vélez Núñez, BeatrizFavor

205 Yerena Zambrano, RafaelFavor

206 Zapata Lucero, Ana GeorginaFavor

207 Zepahua García, LillianFavor

208 Zúñiga Mendoza, J. JesúsAusente

Favor: 161

Contra: 0

Abstención: 0

Quorum: 0

Ausentes: 47

Total: 208

PARTIDO ACCION NACIONAL

1 Agundis Estrada, María VerónicaFavor

2 Alejo Domínguez, HugoFavor

3 Alemán Olvera, Emma MargaritaFavor

4 Alfaro García, Lorena del CarmenAusente

5 Amparano Gámez, LeticiaFavor

6 Antero Valle, Luis FernandoAusente

7 Arámbula Meléndez, MarianaFavor

8 Barraza López, José TeodoroFavor

9 Barrera Marmolejo, HéctorFavor

10 Bello Otero, CarlosFavor

11 Bermúdez Méndez, José ErandiAusente

12 Blanco Zaldívar, Juan AlbertoFavor

13 Bolaños Aguilar, Edmundo JavierFavor

14 Bolio Pinelo, Kathia MaríaFavor

15 Cambranis Torres, EnriqueFavor

16 Casillas Gutiérrez, J. ApolinarFavor

17 Castañón Herrera, EukidAusente

18 Romero Castillo, María Guadalupe CeciliaAusente

19 Chavarrías Barajas, EloisaFavor

20 Cordero Lerma, Leonel GerardoFavor

21 Corona Rodríguez, Ariel EnriqueFavor

22 Corral Estrada, HerminioFavor

23 Corral Mier, JuanFavor

24 Cortés Berumen, José HernánAusente

25 Cortés Lugo, Román FranciscoFavor

26 Cortés Mendoza, Marko AntonioFavor

27 Cruz Blackledge, Gina AndreaAusente

28 Cuanalo Santos, Gerardo GabrielFavor

29 Culin Jaime, GretelFavor

30 De la Fuente Flores, Carlos AlbertoFavor

31 Del Rivero Martínez, RicardoFavor

32 Díaz Mena, Joaquín JesúsFavor

33 Döring Casar, FedericoFavor

34 Elizarraraz Sandoval, AdrianaAusente

35 Enríquez Vanderkam, Mayra AngélicaAusente

36 Flores Sosa, CésarFavor

37 Gama Basarte, Marco AntonioFavor

38 García Escobar, Lilia ArmindaFavor

39 García García, PatriciaFavor

40 García López, José MáximoFavor

41 García Pérez, MaríaFavor

42 Garrido Muñoz, Rubén AlejandroFavor

43 Garza Treviño, PedroFavor

44 Gómez Olivier, Sergio EmilioFavor

45 González Ceceña, ExaltaciónFavor

46 González Navarro, José AdriánFavor

47 González Suástegui, GuadalupeFavor

48 Gutiérrez Campos, AlejandraFavor

49 Gutiérrez de Velasco Urtaza, Francisco JoséFavor

50 Hernández Ramos, MinervaAusente

51 Huepa Pérez, Miguel ÁngelFavor

52 Huerta Villegas, GenovevaFavor

53 Ibarra Montoya, Víctor ErnestoFavor

54 Iñiguez Mejía, Elías OctavioFavor

55 Jiménez Márquez, Martha CristinaFavor

56 Lizárraga Figueroa, Teresa de JesúsAusente

57 López Córdova, José EverardoFavor

58 López Martín, JorgeAusente

59 López Rodríguez, Jesús AntonioFavor

60 Mandujano Tinajero, RenéFavor

61 Márquez Zapata, Nelly del CarmenFavor

62 Marrón Agustín, Luis GilbertoFavor

63 Martínez Montemayor, BaltazarFavor

64 Martínez Santos, WenceslaoFavor

65 Martínez Sánchez, Luis de LeónFavor

66 Matesanz Santamaría, RocíoFavor

67 Mesta Soule, Luis FernandoFavor

68 Moya Marín, AngélicaFavor

69 Muñoz Cervantes, Arlette IvetteFavor

70 Murguía Gutiérrez, María GuadalupeFavor

71 Nava Mouett, JacquelineFavor

72 Neblina Vega, Javier AntonioAusente

73 Osuna Carranco, Karla KarinaFavor

74 Ovando Reazola, JanetteFavor

75 Padilla Avila, KarinaAusente

76 Paes Martínez, JiselaFavor

77 Paniagua Figueroa, Luz ArgeliaFavor

78 Pérez Rodríguez, EnriqueFavor

79 Piña Kurczyn, Juan PabloAusente

80 Ramírez Núñez, UlisesFavor

81 Ramírez Ramos, GabrielaFavor

82 Ramos Hernández, JorgeFavor

83 Rendón García, César AugustoFavor

84 Reynoso Sánchez, Alejandra NoemíFavor

85 Rivera Castillejos, Armando AlejandroFavor

86 Rodríguez Aguirre, María de los ÁngelesFavor

87 Rodríguez Dávila, Alfredo JavierFavor

88 Rodríguez Della Vecchia, MónicaFavor

89 Rodríguez Rubio, María del RosarioFavor

90 Rodríguez Torres, Luis AgustínFavor

91 Ruiz García, Juan CarlosFavor

92 Salas Díaz, Gerardo FedericoAusente

93 Salas Valencia, José AntonioAusente

94 Salim Alle, Miguel ÁngelFavor

95 Sánchez Carrillo, PatriciaFavor

96 Sánchez Juárez, ClaudiaFavor

97 Sánchez Meza, María LuisaFavor

98 Schemelensky Castro, Ingrid KrasopaniFavor

99 Sheffield Padilla, Francisco RicardoFavor

100 Taboada Cortina, SantiagoAusente

101 Talavera Hernández, María EloísaFavor

102 Tamariz García, XimenaFavor

103 Torreblanca Engell, SantiagoFavor

104 Triana Tena, JorgeFavor

105 Valenzuela Armas, RafaelAusente

106 Valles Olvera, Elva LidiaFavor

107 Vargas Bárcena, MarisolFavor

108 Haydee Vega Olivas, Nadia HaydeeFavor

109 Velázquez Valdez, BrendaFavor

Favor: 90

Contra: 0

Abstención: 0

Quorum: 0

Ausentes: 19

Total: 109

PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA

1 Acosta Naranjo, GuadalupeAusente

2 Alanis Pedraza, Angel IIFavor

3 Amador Rodríguez, LeonardoFavor

4 Aragón Castillo, HortensiaFavor

5 Arguijo Herrera, Tania VictoriaFavor

6 Barón Ortiz, Natalia KarinaFavor

7 Barrientos Ríos, Ricardo ÁngelAusente

8 Basave Benítez, Agustín Francisco de AsísFavor

9 Beltrán Reyes, María LuisaFavor

10 Bocanegra Ruiz, ElioFavor

11 Briones Pérez, Erika IrazemaFavor

12 Calderón Torreblanca, FidelFavor

13 Carrera Hernández, Ana LeticiaFavor

14 Castelán Mondragón, María ElidaFavor

15 Catalán Padilla, OlgaFavor

16 Contreras Julián, MaricelaAusente

17 Cruz Molina, Eva FlorindaFavor

18 Fernández González, WaldoAusente

19 Ferrer Abalos, ÓscarAusente

20 Flores Sonduk, LluviaFavor

21 García Bravo, María Cristina TeresaFavor

22 García Calderón, David GersonFavor

23 García Chávez, Héctor JavierFavor

24 Gaytán Hernández, Cristina IsmeneFavor

25 Hernández Alcalá, José GuadalupeFavor

26 Hernández Mirón, CarlosFavor

27 Hernández Soriano, RafaelFavor

28 Hurtado Arana, KarenFavor

29 Jiménez Rumbo, DavidFavor

30 Juárez Blanquet, ErikFavor

31 López Sánchez, SergioFavor

32 Madrigal Sánchez, AraceliFavor

33 Maldonado Venegas, LuisAusente

34 Martínez Neri, FranciscoFavor

35 Martínez Soto, Norberto AntonioFavor

36 Martínez Urincho, AlbertoFavor

37 Meza Guzmán, Lucia VirginiaAusente

38 Nava Palacios, Francisco XavierFavor

39 Octaviano Félix, TomásFavor

40 Ojeda Anguiano, Jerónimo AlejandroFavor

41 Ordoñez Hernández, DanielFavor

42 Ortega Álvarez, OmarAusente

43 Parra Álvarez, EvelynFavor

44 Peralta Grappin, HéctorFavor

45 Pool Pech, Isaura IvanovaAusente

46 Pérez Alvarado, CandelarioFavor

47 Ramírez Peralta, Karen OrneyAusente

48 Reyes Álvarez, FelipeFavor

49 Rubio Quiroz, Juan FernandoFavor

50 Saldaña Morán, JulioFavor

51 Santana Alfaro, ArturoFavor

52 Santiago López, JoséFavor

53 Saucedo Reyes, AraceliFavor

54 Soto Espino, ArmandoAusente

55 Soto González, Cecilia GuadalupeAusente

56 Valencia Guzmán, Jesús SalvadorAusente

57 Valdes Ramírez, María ConcepciónFavor

58 Wences Real, VictorianoFavor

59 Zambrano Grijalva, José de JesúsFavor

Favor: 47

Contra: 0

Abstención: 0

Quorum: 0

Ausentes: 13

Total: 60

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO

1 Álvarez Angli, ArturoFavor

2 Álvarez López, JorgeAusente

3 Álvarez Piñones, Rosa AliciaFavor

4 Arévalo González, José AntonioFavor

5 Arzaluz Alonso, Alma LucíaFavor

6 Avendaño Bermúdez, Luis IgnacioFavor

7 Ávila Serna, MaríaAusente

8 Bernardino Vargas, Omar NoéFavor

9 Canales Suárez, PalomaFavor

10 Canavati Tafich, Jesús RicardoFavor

11 Celis Aguirre, Juan ManuelFavor

12 Corona Valdés, LorenaFavor

13 Couttolenc Buentello, José AlbertoFavor

14 Cuenca Ayala, Sharon María TeresaFavor

15 De León Villard, Sasil Dora LuzAusente

16 De los Santos Torres, DanielaAusente

17 Fernández del Valle Laisequilla, AndrésAusente

18 Flores Carranza, Evelyng SorayaFavor

19 Gálico Félix Díaz, Sara PaolaFavor

20 Galindo Rosas, José de JesúsFavor

21 Gaxiola Lezama, JorginaFavor

22 González Torres, SofíaAusente

23 Guevarra Jiménez, Yaret AdrianaFavor

24 Guirao Aguilar, Leonardo RafaelAusente

25 Herrera Borunda, Javier OctavioFavor

26 Izquierdo Rojas, Jesús GerardoFavor

27 Limón García, LiaFavor

28 Machuca Sánchez, MarioFavor

29 Márquez Alvarado, Cesáreo JorgeFavor

30 Mendoza Amezcua, VirgilioAusente

31 Ochoa Rojas, CándidoAusente

32 Salazar Farías, Emilio EnriqueFavor

33 Sandoval Rodríguez, José RefugioFavor

34 Sarur Torre, AdrianaAusente

35 Sedas Castro, Miguel ÁngelFavor

36 Sesma Suárez, JesúsFavor

37 Spinoso Carrera, EdgarFavor

38 Toledo Aceves, WendolinFavor

39 Torres Rivas, Francisco AlbertoFavor

40 Valera Fuentes, Diego ValenteFavor

41 Villanueva Huerta, ClaudiaFavor

42 Zamora Morlet, EnriqueFavor

Favor: 32

Contra: 0

Abstención: 0

Quorum: 0

Ausentes: 10

Total: 42

MOVIMIENTO REGENERACION NACIONAL

1 Abdala Dartigues, RodrigoFavor

2 Aceves Pastrana, Patricia ElenaFavor

3 Alva y Alva, MiguelFavor

4 Álvarez López, Jesús EmilianoFavor

5 Barrientos Pantoja, AliciaFavor

6 Basurto Román, AlfredoFavor

7 Caballero Pedraza, Virgilio DanteAusente

8 Castro Vázquez, RogerioFavor

9 Cañedo Jiménez, Roberto AlejandroFavor

10 Chávez García, MaríaFavor

11 Cuata Domínguez, Blanca MargaritaFavor

12 Cárdenas Mariscal, María AntoniaFavor

13 Damián González, AraceliFavor

14 Falcón Venegas, Sandra LuzFavor

15 Fuentes Alonso, ModestaFavor

16 García Jiménez, CuitláhuacFavor

17 Godoy Ramos, ErnestinaFavor

18 Guzmán Jacobo, RobertoFavor

19 Gómez Álvarez, DelfinaFavor

20 Hernández Colín, Norma XochitlFavor

21 Hernández Correa, GuadalupeFavor

22 Hernández de la Piedra, Ángel AntonioFavor

23 Juárez Rodríguez, Mario ArielAbstención

24 Llerenas Morales, VidalFavor

25 López López, Irma RebecaFavor

26 Márquez Canales, Diana MarcelaFavor

27 Molina Arias, Renato JosafatAusente

28 Montiel Reyes, AriadnaFavor

29 Nahle García, Norma RocíoFavor

30 Ramos Ramírez, BlandinaFavor

31 Romero Tenorio, JuanFavor

32 Santiago Rodríguez, Guillermo RafaelFavor

33 Serrano Lora, JesúsAusente

34 Tello López, JorgeFavor

35 Trejo Flores, MarianaFavor

36 Villa González, ConcepciónAusente

Favor: 31

Contra: 0

Abstención: 1

Quorum: 0

Ausentes: 4

Total: 36

MOVIMIENTO CIUDADANO

1 Álvarez Maynez, JorgeFavor

2 Castañeda Hoeflich, José ClementeFavor

3 Cervera García, RenéAusente

4 Corichi García, Claudia SofíaFavor

5 Cárdenas Gutiérrez, Gustavo AdolfoFavor

6 Delgadillo García, VerónicaFavor

7 Espino Barrientos, Manuel de JesúsFavor

8 Flores Gómez, MirzaFavor

9 Garzón Canchola, Refugio TrinidadFavor

10 Guerra Mota, MoisésFavor

11 Hauffen Torres, Angie DennisseFavor

12 Lomelí Bolaños, CarlosFavor

13 Martínez García, JonadabAusente

14 Mercado Sánchez, María VictoriaFavor

15 Munguía González, Luis ErnestoFavor

16 Ochoa Avalos, María CandelariaFavor

17 Orantes López, María ElenaFavor

18 Pérez Utrera, AdánFavor

19 Ralis Cumplido, Germán ErnestoFavor

20 Ramírez Nachis, Rosa AlbaFavor

21 Sánchez Orozco, Víctor ManuelFavor

22 Tamez Guajardo, Macedonio SalomónFavor

23 Toledo Ibarra, MarbellaAusente

24 Zamora Zamora, SalvadorFavor

Favor: 21

Contra: 0

Abstención: 0

Quorum: 0

Ausentes: 3

Total: 24

PARTIDO NUEVA ALIANZA

1 Campa Amaral, Carmen VictoriaFavor

2 García Yáñez, ÁngelAusente

3 Gutiérrez García, CarlosFavor

4 Hernández León, Luis ManuelAusente

5 Lara Salazar, MarianoFavor

6 Ocampo Bedolla, María EugeniaAusente

7 Pinto Torres, Francisco JavierFavor

8 Reyes Ávila, AngélicaFavor

9 Saldivar Paz, Mirna IsabelFavor

10 Sánchez Ruiz, KarinaFavor

11 Valles Mendoza, Luis AlfredoFavor

Favor: 8

Contra: 0

Abstención: 0

Quorum: 0

Ausentes: 3

Total: 11

PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL

1 Ferreiro Velazco, José AlfredoFavor

2 Flores Cervantes, Hugo EricAusente

3 García Soberanes, Cynthia GisselFavor

4 González Murillo, AlejandroFavor

5 Guízar Valladares, GonzaloFavor

6 Martínez Guzmán, Norma EdithFavor

7 Perea Santos, Ana GuadalupeFavor

8 Pineda Morín, AbdiesFavor

9 Torres Sandoval, MelissaFavor

Favor: 8

Contra: 0

Abstención: 0

Quorum: 0

Ausentes: 1

Total: 9

DIPUTADOS INDEPENDIENTES

1 Clouthier Carrillo, Manuel JesúsFavor

Favor: 1

Contra: 0

Abstención: 0

Quorum: 0

Ausentes: 0

Total: 1