INICIATIVAS Y PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO

«Comunicación de la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, por la que informa el turno que le corresponde a las iniciativas con proyecto de decreto y a las proposiciones con punto de acuerdo registradas en el orden del día del jueves 29 de septiembre de 2016, de conformidad con los artículos 100, numeral 1, y 102, numeral 3, del Reglamento de la Cámara de Diputados.

Con fundamento en los artículos 100, numeral 1, y 102, numeral 3, del Reglamento de la Cámara de Diputados, se informa a la honorable Asamblea los turnos dictados a las iniciativas con proyecto de decreto y a las proposiciones con punto de acuerdo, registradas en el orden del día del 29 de septiembre de 2016 y que no fueron abordadas.(*)

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 29 de septiembre de 2016.— Diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar (rúbrica), Presidente.»

«Iniciativas con proyecto de decreto

1. Que reforma el artículo 270 de la Ley Federal de Derechos, a cargo de la diputada Lucia Virginia Meza Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Turno:Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

2. Que adiciona un artículo 28 Bis a la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del apartado B) del artículo 123 Constitucional, suscrita por la diputada Sasil Dora Luz De León Villard y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Turno:Comisión de Trabajo y Previsión Social, para dictamen.

3. Que reforma el artículo 26 de la Ley del Banco de México y adiciona el artículo 65 Bis de la Ley Federal de Protección al Consumidor, a cargo de la diputada Delia Guerrero Coronado, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno:Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Economía, para dictamen.

4. Que adiciona el artículo 50 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, suscrito por el diputado Mario Machuca Sánchez y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Turno:Comisión de Transportes, para dictamen.

5. Que reforma y adiciona los artículos 1º, 3º, 7º y 32 de la Ley General de Asentamientos Humanos, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Turno:Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, para dictamen.

6. Que reforma el artículo 78 de la Ley Federal del Trabajo, a cargo del diputado Germán Ernesto Ralis Cumplido, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Turno:Comisión de Trabajo y Previsión Social, para dictamen.

7. Que reforma el artículo 4o. de la Ley Federal de Deuda Pública, a cargo de la diputada Rosa Alba Ramírez Nachis, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Turno:Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

8. Que reforma el Artículo Octavo Transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de combate a la corrupción, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de mayo de 2015, a cargo del diputado Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Turno:Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

9. Que reforma el artículo 462 de la Ley General de Salud, a cargo del diputado Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Turno:Comisión de Salud, para dictamen.

10. Que reforma los artículos 52, 53, 54 y 56 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Macedonio Salomón Tamez Guajardo, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano.

Turno:Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

11. Que reforma y adiciona el artículo 2o. de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, a cargo de la diputada Angie Dennisse Hauffen Torres, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Turno:Comisión de Transparencia y Anticorrupción, para dictamen.

Proposiciones con punto de acuerdo

1. Con punto de acuerdo, que exhorta al titular del Servicio de Administración Tributaria a que, en el ámbito de su respectiva competencia y en el marco para la elaboración de las Reglas Generales de Comercio Exterior para el Ejercicio Fiscal 2017, atienda a los principios de equidad y proporcionalidad establecidos en la fracción IV del artículo 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por los Diputados Yahleel Abdalá Carmona, Edgardo Melhem Salinas, María Esther Camargo Félix y Pedro Luis Coronado Ayarzagoitia, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno:Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

2. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los gobiernos de las 32 entidades federativas a que den cumplimiento a las acciones señaladas en la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo y difundan sus avances, suscrita por la diputada Jorgina Gaxiola Lezama, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Turno:Comisión de Salud, para dictamen.

3. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Instituto Federal de Telecomunicaciones y a la Profeco para que refuercen las medidas de atención a las quejas de los usuarios en materia de servicios de telecomunicaciones, suscrita por la diputada Jorgina Gaxiola Lezama, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Turno:Comisión de Economía, para dictamen.

4. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al SAT, a fin de emitir las Reglas Generales de Comercio Exterior para el ejercicio fiscal 2017, tomando en consideración el plano de igualdad en el cobro de las franquicias de ingreso a territorio nacional, a cargo del diputado Francisco Saracho Navarro, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno:Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

5. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal y a la Secretaría de Salud, para que se implementen acciones en favor de las personas que sufren de la enfermedad denominada hemofilia, y a su vez aumenten la edad de atención médica por parte del Seguro Popular, de los menores que sufren dicha enfermedad, de los 10 a los 18 años, a cargo del diputado Elías Octavio Iñiguez Mejía, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Turno:Comisión de Salud, para dictamen.

6. Con punto de acuerdo, relativo al cuidado y conservación de los canales de Xochimilco, a cargo de la diputada Claudia Villanueva Huerta y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Turno:Comisión de Distrito Federal, para dictamen.

7. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y al gobierno de la CDMX, a publicar los avances del aprovechamiento de energías renovables, a cargo del diputado Roberto Alejandro Cañedo Jiménez, del Grupo Parlamentario de Morena.

Turno:Comisión de Distrito Federal, para dictamen.

8. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Semarnat y a la Profepa, a supervisar las condiciones de cautiverio de félidos, primates y cocodrilos que se encuentran registradas como mascotas o animales de compañía, que cumplan con la normatividad establecida, suscrito por los diputados Clemente Castañeda Hoeflich y Verónica Delgadillo García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Turno:Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen.

9. Con punto de acuerdo, relativo a la creación de la Comisión Especial para el Sistema de Pensiones, a cargo del diputado Marco Antonio Gama Basarte, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Turno:Junta de Coordinación Política, para su atención.

10. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Semarnat, para que organice y ejecute una visita de inspección, en coordinación con una comisión de Diputados Federales, a fin de verificar el estado en el que se encuentra la zona afectada de Boca del Rio en el estado de Veracruz, debido al derrame de combustible del Buque Burgos de Pemex, suscrito por los diputados Jesús Sesma Suárez y Javier Octavio Herrera Borunda del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México y diputados integrantes de diversos Grupos Parlamentarios.

Turno:Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen.

11. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal y a la PGR, para que de manera coordinada impulsen en todos los estados del país, campañas informativas sobre el programa Alerta Amber, a cargo de la diputada María Antonia Cárdenas Mariscal, del Grupo Parlamentario de Morena.

Turno:Comisión de Derechos de la Niñez, para dictamen.

12. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los Gobiernos de la Ciudad de México, Jalisco y Nuevo León, para difundir las estrategias que implementarán para asegurar el libre acceso de las personas con discapacidad, en el transporte público, a cargo del diputado Víctor Manuel Sánchez Orozco, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Turno:Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, para dictamen.

13. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, al Consejo de la Judicatura Federal y al Congreso de la Unión, a implementar en los inmuebles a cargo del gobierno federal, medidas arquitectónicas que beneficien al medio ambiente y reduzcan la contaminación, a cargo de la diputada Lorena Corona Valdés y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Turno:Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen.

14. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SCT, para que difunda las medidas llevadas a cabo derivadas de los resultados de la auditoría financiera y de cumplimiento al programa de trabajo para la transición a la televisión digital terrestre, suscrito por los diputados Blanca Margarita Cuata Domínguez, Ángel Antonio Hernández de la Piedra y Virgilio Dante Caballero Pedraza, del Grupo Parlamentario de Morena.

Turno:Comisiones Unidas de Comunicaciones y de Transparencia y Anticorrupción, para dictamen.

15. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Banco de México y a la SHCP, a difundir las medidas que se han tomado respecto de la política monetaria y el aumento a las tasas de interés, a cargo de la diputada Claudia Sofía Corichi García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Turno:Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

16. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Segob, a la SHCP, y autoridades locales, a designar prioritariamente parte de los recursos del Fondo de Desastres Naturales a favor de los municipios de Francisco I. Madero, Matamoros, San Pedro, Torreón y Viesca del Estado de Coahuila, para el mejoramiento de las vialidades que han sido afectadas por las recientes lluvias, a cargo del diputado José Refugio Sandoval Rodríguez y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Turno:Comisión de Gobernación, para dictamen.

17. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a Pemex, a la Profepa y a diversas dependencias gubernamentales, a investigar y fincar las responsabilidades civiles, administrativas y penales que correspondan, derivadas de los daños causados por el incendio del buque-tanque Burgos, ocurrido en el Puerto de Veracruz, Veracruz, a cargo de la diputada Rocío Nahle García, del Grupo Parlamentario de Morena.

Turno:Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Transparencia y Anticorrupción, para dictamen.

18. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud, a través del Centro Nacional de Trasplantes, a buscar un acercamiento con la Conferencia Nacional de de Procuración de Justicia, para agilizar los procesos que lleva a cabo el Ministerio Público con respecto a la donación de órganos de donantes cadavéricos, a cargo de la diputada María Elena Orantes López, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Turno:Comisión de Salud, para dictamen.»

INICIATIVAS

LEY FEDERAL DE DERECHOS

«Iniciativa que reforma el artículo 270 de la Ley Federal de Derechos, a cargo de la diputada Lucía Virginia Meza Guzmán, del Grupo Parlamentario del PRD

Planteamiento del problema:

La minería es una de las actividades económicas de mayor tradición en México, practicada desde la época prehispánica y fuente de la expansión regional desde la colonia. En el México independiente, la participación de la industria minera fue muy importante para el desarrollo económico del país, pero nunca exenta de conflictos sociales, dada la concentración de la riqueza de esta industria en pocas manos y una gran explotación que se hizo y se sigue ejerciendo sobre los trabajadores mineros.

Compañeras y compañeros legisladores, una de nuestras tantas labores es proteger el patrimonio de la Nación, implementando mecanismos que protejan el deterioro que produce la extracción de minerales, y que, además su disponibilidad es cada vez más escasa.

Argumentación

El 1 de enero de 2014 entró en vigor un nuevo régimen fiscal para la minería. La nueva fiscalidad comprende cuatro derechos: el que ya existía (derecho sobre minería) y tres de nueva creación: i) el derecho adicional, el derecho especial y el derecho extraordinario.

Los dos primeros se pagan semestralmente y se calculan conforme al tamaño de la concesión sin tomar en cuenta el valor de los minerales extraídos, es decir, sin distinguir si se extrae oro, plomo o yeso. Las cuotas que se aplican son muy reducidas pues van de 6 a 140 pesos por hectárea dependiendo de la antigüedad de la concesión. El derecho adicional no se cobra si el concesionario trabaja con regularidad.

El derecho especial sobre minería se paga anualmente y se calcula aplicando una tasa de 7.5% a la diferencia entre los ingresos derivados de la venta de los minerales extraídos y las deducciones permitidas por la ley.

Por último, está el derecho extraordinario sobre minería, que sólo se aplica a la producción de oro, plata y platino. Se paga anualmente y se calcula aplicando una tasa del 0.5% a los ingresos derivados de la enajenación de esos minerales preciosos. Este derecho es equivalente a una regalía. Sin embargo, la tasa que se aplica es muy pequeña compara con la que aplican países como los Estados Unidos y Canadá, incluso Brasil y Argentina, ya no digamos Colombia.

Cuadro 1Regalía mineras

Argentina: 0 al 3% del valor del mineral a boca de mina

Australia: 0 al 10% del valor del mineral

Brasil: 0.2 al 3% del valor de venta

Canadá: 2.5 al 17.5% del valor de la producción

Colombia: 1 al 12% del valor a boca de mina

Estados Unidos: 12.5 al 18.5% en tierras federales

Perú: 1 al 3% del valor de las ventas brutas

Rusia: 3.8 al 8.0% del valor de la producción

Fuente: Con datos de José de Jesús González Rodríguez, Minería en México; régimen fiscal, concesiones y propuestas legislativas”, Cámara de Diputados, Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, Documento de Trabajo núm. 121, México D.F., 2011.

Recientemente se ha señalado en la prensa que el nuevo régimen fiscal ha frenado al sector. Es una apreciación equivocada. La Cámara Minera de México ha reconocido que la disminución de la producción minero-metalúrgica en 2014 (-2% con relación a 2013) se debió a la conjunción de varios factores:

- el menor precio internacional de los metales

- la reducción en la producción del grupo de metales preciosos

- la desaceleración económica y

- la incorporación de nuevos derechos a la minería

Al respecto hay que decir lo siguiente:

1. Los derechos que pagaron las mineras con respecto al valor de la producción pasó de 2.0% en 2013 a sólo 2.3%en 2014. Eso significa 0.3 puntos porcentuales adicionales, prácticamente nada.

2. El valor de la producción minera fue 44 veces mayor que los derechos pagado en 2014 (4,511 mdp), incluyendo los nuevos gravámenes.

Los números hablan por sí solos. Las mineras siguen gozando de un régimen fiscal extremadamente benévolo.

Impacto

Por último, es importante comentar que la suscrita presentó un oficio al Centro de Estudios de Finanzas Públicas de esta Cámara a efecto de que me dieran una opinión técnica respecto a la implementación de la modificación planteada, cuya finalidad es incrementar el derecho extraordinario sobre minería que grava la extracción de oro, plata y platino, a una tasa del 0.5 por ciento, para fijarla en 8.0 por ciento, y al respecto dicho Centro de Estudios estima que tendría un efecto positivo en la recaudación del orden de los 6 mil 091 millones de pesos en un año, monto en el que se reducirían los ingresos de las mineras que extraen los citados minerales.

Fundamento legal:

Artículos 71 fracción II, 73 fracción X, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 6 fracción I, 77 y 78, del Reglamento de la Cámara de Diputados.

Por lo anterior expuesto y fundado, someto a consideración de esta honorable asamblea, la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por la que se reforma los párrafos primero, segundo y tercero del artículo 270 de la Ley Federal de Derechos

Artículo Único.Se reforma los párrafos primero, segundo y tercero del artículo 270 de la Ley Federal de Derechos, para quedar como sigue:

Artículo 270. Los titulares de concesiones y asignaciones mineras pagarán anualmente el derecho extraordinario sobre minería, aplicando la tasa del 8.0% a los ingresos derivados de la enajenación del oro, plata y platino, mediante declaración que se presentará ante las oficinas autorizadas por el Servicio de Administración Tributaria a más tardar el último día hábil del mes de marzo del año siguiente a aquel al que corresponda el pago. En el caso de otros minerales metálicos se aplicará una tasa general del 4.0%.

El derecho a que se refiere el presente artículo, se calculará considerando los ingresos totales del concesionario o asignatario minero por la enajenación o venta del oro, plata , platino y de otros minerales metálicos, independientemente del número de concesiones o asignaciones de las que sea titular.

Los contribuyentes deberán llevar contabilidad por separado en donde se identifiquen los ingresos derivados de la enajenación del oro, plata y platino , así como los ingresos derivados de otros minerales metálicos.

...

...

Transitorios

Único.El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a seis de septiembre del año dos mil dieciséis.— Diputada Lucía Virginia Meza Guzmán (rúbrica).»

Se remite a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

LEY FEDERAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO, REGLAMENTARIA DEL APARTADO B) DEL ARTÍCULO 123 CONSTITUCIONAL

«Iniciativa que adiciona el artículo 28 Bis a la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, suscrita por la diputada Sasil Dora Luz de León Villard e integrantes del Grupo Parlamentario del PVEM

Quienes suscriben, diputada Sasil Dora Luz de León Villard y diputados del Partido Verde Ecologista de México, en la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 77, numeral 1, y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a la consideración de esta soberanía, la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 28 Bis a la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 Constitucional, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La protección a la maternidad se podrá definir como una institución jurídica compleja formada por reglas, principios y valores orientados a la supresión de las conductas de discriminación a la mujer en razón de su condición de madre y a la promoción y salvaguarda de la relación materno-filial y de las relaciones familiares en general.

Es indispensable reconocer que la protección a la salud, es un derecho humano indispensable para el ejercicio de otros derechos, que se entiende como la posibilidad de las personas a disfrutar de una gama de facilidades, bienes, servicios y condiciones necesarias para alcanzar su máximo bienestar.

El descanso para la mujer embarazada, tiene por objeto preservar la salud de la madre y del bebé, pues de acuerdo a estudios médicos existentes, el descanso contribuye al total desarrollo del producto, lo que disminuye el riesgo para el embarazo, permitiendo a su vez la preparación de la madre para dar a luz y el desarrollo armónico con el bebé; mientras que el descanso posterior al parto, constituye una etapa de adaptación entre la madre y el niño, ya que se requiere de un trato especial para ambos, pero principalmente para el producto de la gestación, cuya subsistencia depende en su totalidad de la atención que la madre le brinde.

En la actualidad, cada día son más los padres que participan activamente en la crianza, que buscan mediante la convivencia de los primeros días establecer un fuerte vínculo emotivo con sus hijos y que asumen con responsabilidad la nueva organización familiar que el recién nacido introduce al hogar, compartiendo las tareas domésticas y acompañando a la madre en la comprensión de esta experiencia que el nacimiento de cada hijo representa.

Por ello, el rol del padre no es menos importante en este vínculo, a él le corresponde aportar el sostén afectivo para la madre, así como contribuir en los cuidados y atención afectiva del recién nacido, como continuación de la relación que se construyó desde el vientre. La licencia por paternidad ha sido adoptada desde 1974 en Suecia, primer país en otorgarla. Dos años después, Finlandia y Noruega adoptaron esta media que les permite gozar a los padres de unos días con sus recién nacidos, estando este último a la cabeza de la lista como el país más favorable al desarrollo de las familias, con cuatro semanas completas.

En Europa esta medida se ha extendido; en 1984, Dinamarca implantó la licencia por paternidad, y en 1996 Islandia también lo hizo. En el caso de Francia, el hombre puede tomar 11 días a partir de los nueve meses de embarazo y hasta los 4 meses de nacido. España, por su parte, en su nueva Ley de Igualdad, incluye un permiso de paternidad de 15 días, con la cual más de 400 mil hombres pueden pedir, cada año, dicho permiso. En el caso de América Latina, Argentina ofrece 15 días a los progenitores y Colombia 8.

En México se otorga un permiso de 5 días laborables con goce de sueldo a los hombres trabajadores, por el nacimiento de sus hijos y de igual manera en el caso de la adopción de un infante.

En México ya contamos con una Ley General de Igualdad entre Mujeres y Hombres, la cual tiene por objeto regular y garantizar la igualdad entre los géneros y proponer los lineamientos y mecanismos institucionales que orienten a la nación hacia el cumplimiento de la igualdad sustantiva en los ámbitos público y privado. De acuerdo con lo anterior, es necesario revisar las normas laborales vigentes para adecuarlas a dicha ley, sobre todo si tomamos en cuenta que los padres son sujetos de derecho y actualmente se encuentran con algún tipo de desventaja ante el principio de igualdad que esta ley tutela. Por ello es necesario adecuar las leyes e implantar políticas de cooperación para el desarrollo de mecanismos de participación igualitaria de mujeres y hombres en todos los ámbitos, considerando lo que el propio artículo 4o. constitucional establece como principio rector, el cual coloca al varón y a la mujer en un plano de igualdad ante la ley para otorgar protección a la organización y desarrollo de la familia.

Lo anterior también se encuentra sustentado en el artículo 15 apartado 1 y 16 del Pacto de San Salvador; artículo tercero apartado 1 y 2 de la Convención de los Niños, así como el contenido del Convenio 156 de la Organización Internacional del Trabajo, misma que establece como principios básicos la igualdad de oportunidades y de trato entre trabajadores y trabajadoras, así como el derecho de los hombres con responsabilidades familiares de que se les incluya el goce de días con sus hijos.

En otro orden de ideas, se tiene que el punto 15 de la Declaración de Beijing, en el marco de la cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, celebrada en 1995, establece que la igualdad de derechos, de oportunidades y de acceso a los recursos, la distribución equitativa entre hombres y mujeres de las responsabilidades respecto de la familia y una asociación armoniosa entre ellos, son indispensables para el bienestar de la mujer y el de su familia, así como para la consolidación de la democracia, de esta manera, estaremos colaborando en la construcción de sociedades más justas y seguimos luchando contra la discriminación y desigualdad en el ámbito del trabajo, fomentando la igualdad de oportunidades, en la medida que los hombres vayan asumiendo su parte en el cuidado de los hijos y en las tareas domésticas, las mujeres podrán ir integrándose al empleo de calidad, lo que redundaría en la economía y en una sociedad más justa y equilibrada, así como la asunción de una nueva masculinidad en la que los hombres asuman una paternidad afectiva y participativa.

De tal manera, que el sustento expuesto por la presente iniciativa considera que se reúne suficiencia de justificación para estimar procedente una modificación a la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, para proponer las adiciones necesarias, en lo que se refiere al mecanismo para el otorgamiento de la licencia de paternidad remunerada, a fin de establecer un procedimiento simplificado, partiendo de que quien la solicite se conducirá conforme al principio de buena fe, en la cual baste acreditar, conforme a las disposiciones relativas del derecho común sustantivo y procesal, la relación del estado civil de casado o concubinato con la madre del menor o el reconocimiento como hijo de éste, y exhibir con su solicitud, el certificado médico de nacimiento del hijo o la resolución judicial que autorice la adopción o depósito del menor con el presunto o presuntos adoptantes.

En consecuencia, dicha solicitud de licencia de paternidad remunerada, deberá resolverse en forma inmediata y dará inicio en los tres primeros días del nacimiento o de la adopción o deposito del menor con el presunto o presuntos adoptantes. La licencia de paternidad remunerada deberá concederse sin perjuicio de la prevista para la mujer.

Por lo aquí expuesto, se somete a su consideración el presente proyecto de

Decreto por el que se adiciona un artículo 28 Bis a la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B del Artículo 123 Constitucional

Único. Se adiciona un artículo 28 Bis a la Ley Federal de los Trabajadores al Servicios del Estado, para quedar como a continuación se presenta:

Artículo 28 Bis.Conceder el permiso de licencia de paternidad remunerada, por diez días hábiles laborales con goce de sueldo, a los hombres trabajadores, por el nacimiento de sus hijos y de igual manera en el caso de la adopción de un infante.

Para los efectos de acreditar la relación del parentesco por consanguineidad o adoptiva, el padre trabajador, deberá justificar su licencia mediante los siguientes requisitos:

a) Para el otorgamiento de la Licencia de Paternidad Renumerada, el padre trabajador deberá acreditar, conforme a las disposiciones relativas del derecho común sustantivo y procesal, la relación del estado civil de casado o concubinato con la madre de la o el menor, o el reconocimiento como hijo de éste, y exhibir con su solicitud, el certificado médico de nacimiento del hijo o la resolución judicial que autorice la adopción o depósito del menor con el presunto o presuntos adoptantes.

b) Dicha solicitud de licencia de paternidad remunerada, deberá resolverse en forma inmediata y dará inicio en los tres primeros días del nacimiento o de la adopción o deposito del menor con la o el presunto o presuntos adoptantes.

c) La licencia de paternidad remunerada se concederá sin perjuicio de la prevista para la licencia de maternidad para la mujer.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario oficial de la Federación.

Segundo. Se abrogan, derogan y dejan sin efectos todas las disposiciones que se opongan al presente decreto.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de septiembre de 2016.— Diputados: Sasil Dora Luz de León Villard, Jesús Sesma Suárez (rúbricas).»

Se turna a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, para dictamen.

LEY DEL BANCO DE MÉXICO Y ADICIONA EL ARTÍCULO 65 BIS DE LA LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR

«Iniciativa que reforma el artículo 26 de la Ley del Banco de México y adiciona el 65 Bis de la Ley Federal de Protección al Consumidor, a cargo de la diputada Delia Guerrero Coronado, del Grupo Parlamentario del PRI

La suscrita, Delia Guerrero Coronado, diputada federal, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6o, numeral 1, fracción I; 77; 78 y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 26 de la Ley del Banco de México y se adiciona el artículo 65 Bis de la Ley Federal de Protección al Consumidor, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

En cualquier economía el crédito utilizado de manera responsable constituye una herramienta financiera sumamente útil para las personas, las empresas y los gobiernos.

En el mercado financiero se reconoce la existencia de dos tipos de crédito. En el crédito formal una institución financiera, en su carácter de intermediario, otorga préstamos sujetos al cumplimiento de ciertos perfiles, antecedentes crediticios y requisitos. Entre los créditos formales se encuentran las tarjetas de crédito, los créditos de nómina, créditos al consumo, créditos de vivienda, créditos hipotecarios, créditos automotrices, créditos empresariales y créditos agropecuarios. Las instituciones que brindan esta clase de servicios financieros son los bancos, las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo (Socaps), las sociedades financieras de objeto múltiple (Sofomes), las sociedades financieras populares (Sofipos) y las uniones de crédito.

El otro tipo de crédito es el informal, en el que se ubican los préstamos entre particulares, así como los créditos otorgados con garantía prendaria.

Desde el punto de vista económico, lo más deseable es que prevalezca el crédito formal, ya que este contribuye mayormente al desarrollo económico, en la medida en que logra canalizar el ahorro hacia el financiamiento de actividades productivas generadoras de riqueza y empleos. Además, este tipo de crédito cuenta con una regulación más eficaz por parte del Estado y diversos mecanismos de autorregulación que permiten disminuir los riesgos para la economía y asegurar servicios financieros de mejor calidad para la población.

De lo anterior se desprende la importancia de la inclusión financiera, entendida como el acceso que tiene la población a los productos y servicios financieros del sector formal, tales como el ahorro, el crédito, los seguros y las pensiones, entre otros esquemas que permiten mejorar la administración de los recursos económicos de la sociedad. En ese sentido, podría decirse que los niveles de inclusión financiera son un indicador y al mismo tiempo un reflejo de cuestiones como la competitividad, la facilidad para hacer negocios, la situación del mercado laboral, entre otros aspectos de la economía.

A pesar de que en los últimos años se han emprendido importantes esfuerzos en favor de la inclusión financiera, lo cierto es que la mayor parte de la población todavía no tiene acceso a las ventajas que ofrece el crédito y el ahorro formales.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera 2015 (ENIF 2015), elaborada conjuntamente por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el 71% de la población adulta de entre 18 y 70 años, es decir 54 millones de adultos, no tiene acceso a los diversos mecanismos del crédito formal.

Lo anterior se explica en buena medida por la predominancia del empleo informal. De acuerdo con el Inegi, hasta el primer trimestre del año 2016, todas las modalidades de empleo informal sumaron 29.1 millones de personas que representan el 57.4% de la población ocupada.

Crédito informal y casas de empeño

Históricamente, la falta de crédito formal ha sido cubierta por el crédito informal. Tan solo en el periodo comprendido entre julio de 2014 y agosto de 2015, se estima que 39 millones 198 mil 487 mexicanos solicitaron préstamos informales.

Como se ilustra en la gráfica anterior, el crédito con garantía prendaria -considerado como informal por no estar regulado por leyes e instituciones financieras- es una de las fuentes de financiamiento más empleadas por la población para solventar sus gastos en determinadas épocas del año, tales como la cuesta de enero, las vacaciones de verano o el regreso a clases de los estudiantes, así como para enfrentar gastos contingentes provocados por accidentes o enfermedades.

Una casa de empeño se define como el proveedor, persona física o sociedad mercantil que de forma habitual o profesional realiza u oferta al público contrataciones u operaciones de mutuo con interés y garantía prendaria.

De acuerdo con la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), una operación de empeño tradicional consiste en el préstamo de una cantidad de dinero a cambio de una prenda como garantía, que pueden ser joyas y materiales preciosos, artículos electrónicos, antigüedades y autos, los cuales se valúan de acuerdo con su cuantía comercial al momento del empeño.

Para tales artículos, las casas de empeño prestan un monto que va del 60% al 95% de su valor, por periodos que van desde un día hasta tres meses, con posibilidad de refrendo, según la elección del cliente. Cuando el cliente no cumple con los pagos que le corresponden, la casa de empeño puede vender el artículo empeñado para recuperar su capital.

En México hay dos tipos de casas de empeño, por un lado se encuentran las empresas privadas con fines de lucro y, por el otro, se encuentran las empresas de asistencia privada que destinan parte de sus ganancias a obras de caridad.

De acuerdo con la Procuraduría Federal de Protección al Consumidor (Profeco), en nuestro país operan 6,475 mil casas de empeño inscritas en el Registro Nacional de Casas de Empeño.

Una de las características de las casas de empeño lucrativas es que cobran una tasa de interés significativamente elevada, que difícilmente es inferior al 100% anualizada y que incluso puede llegar a ser hasta del 372%.

Lo paradójico es que el crédito prendario es utilizado principalmente por el segmento poblacional de menores ingresos y que enfrenta las condiciones de mayor vulnerabilidad, personas que no reúnen los requisitos para la adquisición de un crédito formal, como por ejemplo, un empleo fijo y/o comprobantes de ingresos. La consecuencia es perversa: terminan pagando más intereses quienes menos dinero tienen.

No obstante que constituyen las alternativas más costosas del mercado financiero, las casas de empeño siguen siendo hasta la fecha una de las principales opciones para las personas para obtener préstamos en efectivo de forma rápida.

La Asociación Mexicana de Empresas de Servicios Prendatarios (Amespre) calcula que cada minuto son empeñados 38 artículos en nuestro país.

Estadísticas de la Asociación Nacional de Casas de Empeño (ANACE) revelan que 35 millones de mexicanos acceden a préstamos prendarios. En el periodo entre julio de 2014 a agosto del siguiente año, más de 5.7 millones de mexicanos manifestaron haber empeñado uno o más bienes, de acuerdo con la ENIF 2015.

Durante el 2014, únicamente las casas de empeño afiliadas a la Amespre otorgaron 58.4 millones de préstamos por un monto acumulado de 34 mil millones de pesos.

En cuanto a la cartera promedio de las casas de empeño, esta tiene la siguiente composición: 56% son artículos variados tales como electrónicos, herramientas, juegos, muebles y electrodomésticos; 29% es joyería y el 15% son vehículos.

El promedio general de préstamo asciende a los 1,033 pesos. El 68% de los préstamos son a plazo mensual, el 21% semanal y el 11% son quincenales, bimestrales o trimestrales.

Asimismo, se estima que el 80% de los préstamos solicitados en casas de empeño son pagados por los clientes, lo que demuestra no solamente su solvencia sino su compromiso e interés para recuperar sus prendas.

La regulación de las casas de empeño

Ante la proliferación de las casas de empeño observada en los últimos treinta años, aunado a los excesos e irregularidades detectadas por algunas de estas empresas, el Congreso de la Unión ha venido perfeccionando la regulación del crédito prendario.

En el año 2006, se aprobó la adición del artículo 65 Bis a la Ley Federal de Protección al Consumidor y la modificación de la fracción X del artículo 75 del Código de Comercio. Con estas reformas se comenzó a regular a quienes de forma habitual o profesional realizaran contrataciones u operaciones de mutuo con interés y garantía prendaria. También a partir de aquel año, las casas de empeño se consideraron como un acto de comercio, a efecto de estar sujetas a legislación federal.

Además, se establecieron diversas obligaciones para las casas de empeño, como registrar contratos de adhesión ante la Profeco, colocar anuncios con información sobre los términos y las condiciones de los contratos e informar la tasa de interés anualizada que cobran sobre saldos insolutos.

También se facultó a la Secretaría de Economía (SE) para expedir una Norma Oficial Mexicana (NOM) que regulara aspectos operativo, entre ellos: características de la información que se debe proporcionar al consumidor, elementos de información que debe contener el contrato de adhesión para formalizar operaciones, que los contratos contengan la suma de los costos asociados a la operación.

De esta manera, el 5 de octubre de 2007 la SE publicó en el Diario Oficial de la Federación la “NOM-179-SCFI-2007, Servicios de mutuo con interés y garantía prendaria”, cuyo objeto consiste en establecer los requisitos de información comercial que deben proporcionarse en los servicios de mutuo con interés y garantía prendaria, así como los elementos de información que debe contener el contrato que se utilice para formalizar la prestación de estos servicios.

Si bien las reformas de 2006 implicaron un avance notable, lo cierto es que persistieron diversas irregularidades en la prestación del servicio del crédito prendario. Para el año 2009, la Profeco detectó los siguientes problemas:

• 19% de las casas de empeño no exhibía contratos de adhesión.

• Sólo 35% mostraba el porcentaje del préstamo conforme el avalúo.

• Sólo 28% indicaba el plazo.

• Sólo 37% mencionaba el tipo de prendas que recibía.

• Sólo 33% cumplía la normativa de tener a la vista la tasa de interés mensual.

• El 65% informaba sobre el CAT, pero en ningún caso era el correcto.

• Únicamente 18% mostraba un número de contrato válido.

Lo anterior evidenció la necesidad de realizar nuevas reformas para mejorar la regulación de las casas de empeño en nuestro país. Fue así que en el año 2012, el Congreso aprobó modificaciones a los artículos 65 Bis y 128, así como la adición de los artículos 65 Bis 1, 65 Bis 2, 65 Bis 3, 64 Bis 4, 65 Bis 5, 65 Bis 6 y 65 Bis 7 de la Ley Federal de Protección al Consumidor.

Por medio de estas reformas se precisó la definición legal de las casas de empeño y se fortalecieron las facultades de supervisión y control de la Profeco.

En ese sentido, un aspecto central de la reforma de 2012 fue la creación del Registro Nacional de Casas de Empeño, en el cual deben estar inscritas todas las empresas que presten este servicio.

Así también, se ampliaron las garantías al consumidor en caso de desaparición de las casas de empeño y se agilizaron los procesos de reclamación, sanción y reparación del daño del bien entregado en prenda.

Por otra parte, se estableció que las casas de empeño serían corresponsables para denunciar prácticas atípicas de usuarios que pudieran estar empeñando artículos robados.

Para mejorar la competitividad del sector, se estandarizaron los parámetros de oferta de los mutuos prendarios (costo anual total, costo mensual, inclusión en el precio de todos los accesorios, etcétera).

Asimismo, buscando incrementar la seguridad a los consumidores, se obligó a las casas de empeño a publicar información fidedigna de los términos y condiciones de su operación, así como de los costos e intereses del mutuo prendario.

Otro aspecto de gran relevancia contenido en los artículos transitorios fue que se le encomendó a la Profeco ejecutar un programa de verificación de establecimientos y lugares en los que se ofertan al público contratos de mutuo con interés y garantía prendaria, con el objetivo de garantizar la aplicación del nuevo marco regulatorio.

Sin duda alguna, la implementación de la reforma de 2012 ha permitido mejorar la regulación de las casas de empeño, particularmente con el Registro Nacional de Casas de Empeño y los operativos llevados a cabo por la Profeco.

En cumplimiento de los mandatos establecidos en la ley, de enero de 2014 a enero de 2015, la Profeco realizó 4 mil 173 visitas de verificación, sancionó a mil 669 casas de empeño y suspendió la actividad comercial en mil 481 establecimientos por irregularidades a la Ley Federal de Protección al Consumidor el incumplimiento de la Norma Oficial.

De acuerdo con la Procuraduría, las principales irregularidades detectadas son: falta del Registro Público de Casas de Empeño, no exhibir el porcentaje del préstamo sobre avalúo de prendas, no mostrar precios a la vista del público, no contar con contrato de adhesión o exhibir uno distinto al registrado ante Profeco, no entregar comprobantes de venta, publicidad engañosa, no cumplir con las NOM y no exhibir plazos de pagos ni requisitos para el desempeño de prendas, entre otras.

Con estas acciones ha quedado de manifiesto el compromiso del Gobierno de la República por proteger a los usuarios de las casas de empeño mediante la aplicación de las leyes y normas vigentes.

El siguiente reto en la regulación de las casas de empeño: las tasas de interés

En los párrafos anteriores hemos descrito los avances legislativos que han permitido, en una primera fase, regular a las contrataciones u operaciones de mutuo con interés y garantía prendaria como un acto de comercio sujeto a la legislación federal.

Con la segunda fase de reformas a la Ley Federal de Protección al Consumidor del año 2012 se fortaleció el control y la vigilancia de las casas de empeño, disponiendo de medidas adicionales para proteger al consumidor de los abusos y los servicios deficientes.

Hoy, el Estado mexicano cuenta con los instrumentos legales para poner en cintura a las empresas irregulares. Sin embargo, uno de los temas pendientes que no ha sido tocado son las elevadísimas tasas de interés que cobran las casas de empeño y que son comparables con prácticas de usura.

Según la Condusef, las tasas de interés anuales de las casas de empeño oscilan entre el 42.6% y el 371.7%. La empresa privada líder en el mercado cobra una tasa del 289%.

Es verdad que las empresas que se dedican a este negocio deben de tener ganancias consistentes con las inversiones y los riesgos que asumen al otorgar los préstamos, pero los márgenes de ganancia que llegan a tener, sobrepasan cualquier proporción razonable, convirtiéndose en un golpe al bolsillo de millones de mexicanos que no tienen acceso al crédito formal, que son precisamente los que tienen menos recursos económicos.

Por lo demás, el hecho de que existan en el mercado instituciones como Nacional Monte de Piedad, que cobran una tasa del 42%, y por el otro lado instituciones que cobran nueve veces más, refleja una disparidad enorme que debe ser equilibrada en favor de los consumidores.

Como representantes de la Nación, estamos llamados a emprender una reforma que corrija esta grave anomalía.

Contenido de la iniciativa

La presente iniciativa tiene por objeto facultar al Banco de México para fijar, con la opinión de la Secretaría de Economía, una tasa de interés máxima para las casas de empeño, con la finalidad de proteger el patrimonio y el ingreso de las familias mexicanas.

Asimismo, se propone establecer en la Ley Federal de Protección al Consumidor que las tasas de interés de las casas de empeño, no podrán exceder la tasa máxima fijada por el Banco de México. Consecuentemente, si una casa de empeño excede la tasa máxima, sería acreedora a la sanción dispuesta en el artículo 128 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, que contempla multas desde $679.61 hasta de $2, 658,045.34 para las infracciones al artículo 65 Bis.

La que suscribe esta propuesta considera que el Banco de México es el órgano del Estado que cuenta con la capacidad técnica necesaria para establecer una referencia que ponga fin a los intereses de usura que llegan a cobrar las casas de empeño.

De avalarse esta propuesta, México no sería el único país en el que su banco central interviene en la regulación de las tasas de interés de las casas de empeño.

En Paraguay, por ejemplo, la “Ley Nº 2283/03 Constitución y Funcionamiento de las Casas de Empeño” establece que el interés prendario no podrá ser superior al 50% de la tasa de interés fijada por el Banco Central del Paraguay.

En Brasil en los últimos años el interés que cobran las casas de empeño ha llegado a ser tan competitivo que incluso ha llegado a desplazar a los bancos en las preferencias de los consumidores, de suerte que las personas no solo utilizan el crédito prendario para salir del paso con sus gastos, sino también para liquidar sus tarjetas de crédito, entre otro tipo de créditos formales. Esto en buena medida ha sido gracias a que las casas de empeño son operadas por el banco propiedad del gobierno denominado Caixa Económica Federal, institución que cobra una tasa del 19% anual al otorgar los créditos.

Con la aprobación de esta iniciativa estaríamos protegiendo el poder adquisitivo de los mexicanos que menos tienen, al tiempo que reafirmaríamos al Estado mexicano como entidad reguladora que proteger a los consumidores de los abusos y excesos en la prestación de servicios.

En momentos complicados para la economía nacional y las finanzas públicas, las y los diputados estamos llamados a emprender reformas que contribuyan a hacer una diferencia en el bolsillo de los mexicanos.

En los últimos años, mucho hemos avanzado en la regulación de las casas de empeño. Aprobar esta iniciativa es dar el siguiente paso que se necesita para garantizar un servicio de crédito prendario de calidad, competitivo y con sentido social.

Por lo anteriormente expuesto, me permito someter a consideración de esta Honorable Asamblea, el siguiente proyecto de

Decreto

Primero.Se reforma el artículo 26, párrafo segundo de la Ley del Banco de México, para quedar como sigue:

Ley del Banco de México

Artículo 26. [...]

El Banco de México regulará las comisiones y tasas de interés, activas y pasivas, así como cualquier otro concepto de cobro de las operaciones celebradas por las entidades financieras con clientes. Para el ejercicio de dichas atribuciones el Banco de México podrá solicitar la opinión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros o de la Comisión Federal de Competencia y observará para estos fines lo dispuesto en la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros. Asimismo, fijará una tasa de interés máxima de referencia para las contrataciones u operaciones de mutuo con interés y garantía prendaria, para lo cual, podrá solicitar la opinión de la Secretaría de Economía.

Segundo.Se adiciona el artículo 65 Bis de la Ley Federal de Protección al Consumidor, para quedar como sigue:

Ley Federal de Protección al Consumidor

Artículo 65 Bis. [...]

[...]

[...]

[...]

[...]

Las tasas de interés de las casas de empeño no podrán exceder la tasa máxima de referencia establecida por el Banco de México.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.El Banco de México contará con 180 días para emitir las disposiciones correspondientes a efecto de regular las tasas de interés para las contrataciones u operaciones de mutuo con interés y garantía prendaria.

Notas:

i Ver. “En México, 54 millones de adultos no tienen crédito formal”, Excélsior, 19 de junio de 2016”, http://eleconomista.com.mx/sistema-financiero/2016/06/19/mexico-54-millones-adu ltos-no-tienen-credito-formal

ii Ver Inegi. Boletín de prensa núm. 209/16. “Resultados de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo”, 13 de mayo de 2016. http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/boletines/2016/enoe_ie/enoe_ie2016_05.pdf

iii CNBV-Inegi. Encuesta Nacional de Inclusión Financiera 2015. http://www.cnbv.gob.mx/Inclusi%C3%B3n/Documents/Encuesta%20Nacional%20de%20IF/E NIF%202015.pdf

iv Ver Condusef.- “Empéñate en conseguir las mejores condiciones”, http://www.condusef.gob.mx/Revista/index.php/usuario-inteligente/servicios-fina ncieros/614-empenate-en-conseguir-las-mejores-condiciones

v Profeco, Registro Nacional de Casas de Empeño. http://rpce.profeco.gob.mx/casa_empeno.php (Consultada por última vez el 13 de septiembre de 2016).

vi Ver “En casas de empeño cobran intereses de usura”, Excélsior, 8 de enero de 2015. http://www.excelsior.com.mx/nacional/2015/01/08/ 1001510#imagen-2

vii http://amespre.org/

viii Condusef. “Empéñate en conseguir las mejores condiciones”, http://www.condusef.gob.mx/Revista/index.php/usuario-inteligente/servicios-fina ncieros/614-empenate-en-conseguir-las-mejores-condiciones

ix Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio de 2006.

x Ver, Profeco. Boletín, “Profeco sanciona a mil 669 casas de empeño en 6 meses”, 3 de febrero de 2016. http://www.profeco.gob.mx/prensa/prensa15/febrero15/bol0006.asp

xi Ver “En casas de empeño cobran intereses de usura”, Excélsior, 8 de enero de 2015. http://www.excelsior.com.mx/nacional/2015/01/08/1001510#imagen-2

xii http://www.bacn.gov.py/ampliar-conoce-tu-ley.php?id=472

xiii Ver “Son casas de empeño la opción de crédito más barata en Brasil”, New York Times News Serviec, 5 de diciembre de 2014. http://diario.mx/Nyt/2014-12-05_d6a472ec/son-casas-de-empeno-la-opcion-de-credi to-mas-barata-en-brasil/

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el 27 de septiembre de 2016.— Diputada Delia Guerrero Coronado (rúbrica).»

Se remite a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Economía, para dictamen.

LEY DE CAMINOS, PUENTES Y AUTOTRANSPORTE FEDERAL

«Iniciativa que adiciona el artículo 50 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, suscrito por el diputado Mario Machuca Sánchez y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del PVEM.

Quien suscribe, diputado Mario Machuca Sánchez y diputados federales del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, de la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, numeral 1, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta Asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 50 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal al tenor de la siguiente:

Exposición de motivos

En gran parte de los países desarrollados, la seguridad vial es considerada como un elemento esencial de salud pública y de calidad de vida. En este sentido contar con leyes viales vanguardistas y que estén alineadas con los más altos estándares internacionales, no solo constituyen una prioridad nacional sino una necesidad para salvaguardar a las personas y bienes que hacen uso de las carreteras nacionales.

Conocemos la importancia que tiene el autotransporte de carga para nuestro país, debido a que mediante los camiones de carga se mueven insumos, materias primas y productos terminados para satisfacer la creciente demanda de las industrias y los clientes a lo largo y ancho de nuestro país, puesto que el transporte terrestre se erige como el medio más utilizado para transportar mercancías, por encima del ferroviario y marítimo, como se muestra en el Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes con datos de la secretaría a cargo del rubro:

Dicha importancia la podemos constatar en el número de autotransporte de carga que circulan por nuestras carreteras, de acuerdo a la Estadística Básica del Autotransporte Federal 2015, en México se cuenta con un total de 685 mil 109 autotransportes de carga general y 121 mil autotransportes de carga especializada.

A pesar del gran aporte que genera el autotransporte de carga para la economía nacional y su eficiencia para hacernos llegar las mercancías que consumimos día con día a tiempo, no podemos omitir el peligro real que representan estas unidades para las personas que circulan a diario por las arterias terrestres, lo anterior obedece principalmente a que estás unidades exceden frecuentemente las dimensiones y los pesos regulados por la ley, aumentando el peligro por las constantes violaciones a los límites de velocidad y de circulación, quedando la normatividad rebasada por la negligencia tanto de empleadores como de choferes.

Tenemos por lo tanto que la seguridad vial constituye la principal causa que motiva esta iniciativa, de acuerdo con datos facilitados por el Instituto Mexicano del Transporte del total de 30 mil accidentes anuales, el tracto camión doblemente articulado estuvo involucrado en el 3% de los casos, genera el 2.2% de fatalidades y el 1.6% del total de lesionados, lo anterior en el periodo comprendido entre 2008 y 2012.

Otras cifras más recientes vertidas por la Confederación Nacional de Transportistas Mexicanos, nos mencionan que a causa de los accidentes generados por el transporte de carga de doble remolque mueren anualmente mil personas a nivel nacional, en parte por las complicaciones que se presentan durante el viaje causadas por la sobrecarga a la que se somete a estos modelos automotrices, lo cual podría evitarse si se hiciera un uso adecuado de los mismos, ya que no están diseñados para soportar grandes cargas, sino para transportar mercancías voluminosas, de acuerdo a lo expresado por el presidente de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (CANACAR).

Si bien es cierto que este sector aporta un porcentaje mayor al PIB a diferencia de otros países americanos (del orden del 8.8% en 2008), también es una realidad que gran parte del parque vehicular se encuentra en condiciones por debajo del estándar óptimo, lo cual genera un riesgo importante que involucra a operadores y empleadores, pues unos y otros son responsables de las condiciones en las cuales se encuentren las unidades de carga, hecho que queda asentado en la revisión asentada en el Plan Nacional de Desarrollo que se encuentra vigente, en donde se observa que si bien el autotransporte es el medio de mayor uso en México, la eficiencia y los costos se ven directamente afectados por la alta edad promedio de la flota en uso de este sector, pues registra un promedio de 16.5 años, superando a países como Estados Unidos (5 años) o Brasil (13 años).

Otra causa que motiva la presente iniciativa tiene que ver con la infraestructura carretera, debido al incumplimiento de las reglas de las dimensiones y los pesos de los camiones de carga, vemos como constantemente nuestras carreteras sufren un constante deterioro y tienen que ser reparadas año con año.

Los accidentes y el desgaste de las vías de circulación pueden vincularse a tres elementos: a la falta de señalética adecuada sumado al desconocimiento de las normas en la materia y a la omisión para acatar las señales donde se prohíbe la circulación a transporte pesado mediante soborno a la autoridad.

Lo anterior, trae como consecuencia un dispendio del gasto público, debido a que el gobierno tiene que reencarpetar constantemente los caminos del país, es indudable que los camiones con doble remolque son los principales causantes de que las carreteras estén dañadas.

Es por lo expuesto que consideramos que las medidas establecidas en la NOM-012 son insuficientes para conservar el buen estado de nuestras carreteras. En nuestro país, la NOM-012-SCT-2014 limita las dimensiones y los pesos de los vehículos que mueven mercancías. Así, se mantiene el peso bruto vehicular para los tractocamiones doblemente articulados o full en 66.5 toneladas, y para el full diferenciado 75.5 toneladas, mismos que únicamente podrán circular en caminos Tipo “ET” y “A” y, por excepción, en carreteras tipo B cuando cuenten con autorización especial de conectividad, pero a pesar de las especificaciones de la norma, observamos su reiterado incumplimiento, lo cual nos debe llevar a reflexionar en endurecer el marco normativo, a fin de salvar vidas de los mexicanos y mexicanas que transitan por las carreteras federales.

Para evitar tanto los accidentes viales como la degradación en las carreteras, consideramos que nuestro país debería de emular las reglamentaciones impuestas en otros países para regular las dimensiones y pesos de los autotransportes de carga, por ejemplo, en los Estados Unidos sólo se tiene autorizada la circulación de vehículos con 25 metros de largo y 39 toneladas de peso en total, incluso en países como Guatemala, Costa Rica o Venezuela las normas relativas a pesos permiten como máximo transportar 40 toneladas.

México es el país que permite más peso para el autotransporte en su red federal de carreteras, incluso se mantiene por encima de sus principales socios comerciales.

Por ejemplo, en nuestro territorio se permite un peso máximo de 75.5 toneladas, en comparación, mientras que la regulación en la materia de los Estados Unidos admite 36.3 toneladas, Canadá autoriza 63 toneladas y la Unión Europea permite la circulación de camiones con capacidad de hasta 40 toneladas.

En lo que concierne a la longitud del autotransporte de carga, la ley mexicana respectiva señala como límite de longitud de hasta 31 metros de largo, Estados Unidos y Canadá admiten camiones de 25 metros de largo y la Unión Europea tolera a los camiones con 20 metros de largo.

Es inadmisible, pues, que buscando la rentabilidad económica y el ahorro monetario las empresas transportistas y las empresas contratistas pongan en peligro cada año la vida de miles de personas, pues en la discusión del tema se ha llegado a ponderar la pérdida de competitividad y ganancias económicas sobre las vidas y seguridad de los automovilistas, peatones y los mismos choferes.

Es urgente, por lo tanto, que en nuestro país se destierre la concepción de que la seguridad vial es una cuestión que va en contra y que afecta los intereses de las empresas de autotransporte de carga, tenemos que entender que toda medida que tienda a disminuir los accidentes redundará en un beneficio para la sociedad en su conjunto.

Reconocemos, asimismo, la disposición del titular de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, para atajar dicho problema y quien impulsó la NOM-012, la cual disminuyó el peso de los autotransportes de carga que paso de 80 a 75.5 toneladas, sin embargo queda mucho por hacer.

Con la presente iniciativa, nuestro partido no hace más que refrendar su compromiso con la seguridad, bienestar y tranquilidad de los mexicanos, ya sea que estos circulen por una carretera federal, una autopista de cuota o cualquiera otra vialidad.

Por lo anteriormente expuesto, se pone a consideración de esta honorable asamblea el siguiente proyecto de:

Decreto por el que se adiciona el artículo 50 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal

Artículo Único.Se adiciona el artículo 50 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, para quedar como a continuación se presenta:

Artículo 50.El permiso de autotransporte de carga autoriza a sus titulares para realizar el autotransporte de cualquier tipo de bienes en todos los caminos de jurisdicción federal.

La Secretaría regulará el autotransporte de materiales, residuos, remanentes y desechos peligrosos que circulen en vías generales de comunicación, sin perjuicio de las atribuciones que la ley otorga a otras dependencias del Ejecutivo Federal. Los términos y condiciones a que se sujetará este servicio, se precisarán en los reglamentos respectivos.

Tratándose de objetos voluminosos o de gran peso, se requiere de permiso especial que otorgue la Secretaría, en los términos de esta Ley y los reglamentos respectivos.

Asimismo, estará prohibido la circulación de autotransporte de carga de doble remolque y/o que excedan los 25 metros de largo y 45 toneladas de peso total.

Transitorios

Único.El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas:

1 Gobierno de la República. Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. Pág. 37. Documento Electrónico: [http://www.sct.gob.mx/fileadmin/ banners/Programa_Sectorial_de_Comunicaciones_y_Transportes.pdf]. Consultado el 19 de septiembre de 2016.

2 El Heraldo, Aguascalientes. Atinado prohibir el doble remolque en las carreteras. 10 de agosto de 2016. Documento electrónico: [http://heraldo.mx/atinado-prohibir-el-doble-remolque-en-las-carreteras/]. Consultado el 20 de septiembre de 2016.

3 El comparativo de los países americanos en el año 2008 arrojó el siguiente listado: Valor agregado del sector transporte (% del PIB, 2008): 1) México, 8.8%, 2) Chile; 3) Brasil, 7.3%; 4) Canadá, 6.6%; 5) Colombia, 6.2; 5) Estados Unidos, 5.9%. IMCO. EVALUACIÓN DE LA COMPETITIVIDAD REGULATORIA DEL SISTEMA DE AUTOTRANSPORTE DE CARGA Y PROPUESTAS DE POLÍTICA PÚBLICA. Agosto, 2013. Documento electrónico: [http://imco. org.mx/wp-content/uploads/2013/10/Reporte-Final-Competitividad-del-Sistema-de-A utotransporte-de-Carga-07082013.pdf]. Consultado el 21 de septiembre de 2016.

4 Gobierno de la República, op. cit., pág. 38.

5 Pérez Villegas, Oliverio. CONATRAM cuestiona seguridad del doble remolque. Revista Transportes y Turismo. 30 de abril de 2015. Documento electrónico: [http://tyt.com.mx/noticias/conatram-cuestiona-seguridad-del-doble-remolque/]. Consultado el 21 de septiembre de 2016.

6 Global Media. Con “mordida” de 500 pesos, vía libre a tráilers doble caja. San Luis Potosí, 15 de mayo de 2015. Documento electrónico: [http://globalmedia.mx/noticia/29279/con-mordida-de-500-pesos-via-libre-a-trail ers-doble-caja]. Consultado el 21 de septiembre de 2016.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 27 días del mes septiembre de 2016.— Diputados: Mario Machuca Sánchez, Jesús Sesma Suárez, (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Transportes, para dictamen.

LEY GENERAL DE ASENTAMIENTOS HUMANOS

«Iniciativa que reforma y adiciona los artículos 1o., 3o., 7o. y 32 de la Ley General de Asentamientos Humanos, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PVEM

Quienes suscriben, diputados de la LXIII Legislatura, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta honorable asamblea, la presente iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Asentamientos Humanos, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

En pleno siglo XXI, para la construcción de una ciudad buscamos que ésta tenga tres características básicas:

a) Buen clima.

b) Vías para el comercio como: ríos y lagos principalmente.

c) Buena tierra para el cultivo y producción.

Sin embargo, después de la Segunda Guerra Mundial, la creación y crecimiento de las ciudades hizo que los tres elementos señalados escasearan; y los nuevos espacios urbanos se desarrollaron sin orden ni planeación a nivel mundial, así como en zonas más alejadas de estos elementos. Por eso, durante la década de los años ochenta del siglo pasado, la Organización de Naciones Unidas, evidenció que:

“La humanidad estaba presionando excesivamente la red de seguridad natural de que depende la vida, sin llegar a garantizar una calidad de vida básica para todas las personas. El deterioro ambiental, el consumo y la población crecían en todo el mundo y al mismo tiempo se ampliaba la brecha entre ricos y pobres.

Las prácticas inadecuadas de las distintas naciones en relación con el medio ambiente podían percibirse a través de las fronteras y los mares. La degradación de la tierra, la contaminación y la pesca excesiva amenazaban seriamente la producción de alimentos, los cursos de agua internacionales y el vasto patrimonio mundial, nuestros océanos. La escala de destrucción del hábitat y la pérdida irreversible de especies animales y vegetales alcanzaron niveles alarmantes. Los hombres de ciencia señalaron manifestaciones inquietantes de las repercusiones de la actividad humana en la atmósfera y el clima. Las emisiones locales de agentes contaminantes que se acumulaban a nivel mundial agotaban la capa protectora de ozono y amenazaban con calentar la atmósfera. Esto último planteaba problemas potencialmente graves para el clima, la agricultura, el nivel de los mares, los ecosistemas y la salud humana.”

El señalamiento derivó en lo hoy conocemos como Agenda 21 de Naciones Unidas, que es el instrumento legal en donde se establecen los compromisos de los países para generar políticas públicas y adecuaciones al marco legal de sus respectivos estados con el propósito de detener y revertir las consecuencias negativas de las actividades humanas sobre el medio ambiente y fomentar en todos los países el desarrollo urbano, económico, social y cultural sostenible.

La relevancia de la falta de planeación en el desarrollo de las ciudades y de los países fue claramente expresada por Kofi Annan quien siendo secretario general de Naciones Unidas señaló: “Hoy en día, el desarrollo es una preocupación mundial que trasciende las ideologías y los intereses inmediatos. Es ahora un reto tanto moral como político... Que demuestra que la estabilidad y la prosperidad son indivisibles.”

Ahora bien, derivado de la Agenda 21 y de los que fueron denominados los objetivos de desarrollo del milenio (ODM) en el año 2015 durante su revisión fueron presentadas líneas de acción para los próximos 15 años en diversas áreas y temas como: igualdad de género, uso de energías limpias, cambio climático, educación, salud, entre otros. Siendo uno de estos temas el denominado Ciudades y comunidades incluyentes, en donde se establece como objetivo, lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean: inclusivos, seguros, resilentes y sostenibles.

Estos objetivos mundiales son el resultado del diagnóstico que ese organismo internacional realizó sobre la calidad de vida de las personas que viven en ciudades, y cuyos resultados fueron:

• “La mitad de la humanidad, 3 mil 500 millones de personas, vive hoy día en las ciudades.

• Para 2030, casi 60 por ciento de la población mundial vivirán en zonas urbanas.

• 95 por ciento de la expansión urbana en los próximos decenios se producirá en el mundo en desarrollo.

• En barrios marginales viven 828 millones de personas y el número sigue aumentando.

• Las ciudades ocupan apenas 3 por ciento del planeta, pero representan entre 60 y 80 por ciento del consumo de energía y 75 por ciento de las emisiones de carbono.

• La rápida urbanización está ejerciendo presión sobre el abastecimiento de agua dulce, las aguas residuales, los medios de vida y la salud pública.

Pero la densidad relativamente alta de las ciudades puede lograr un aumento de la eficiencia y la innovación tecnológica y al mismo tiempo reducir el consumo de recursos y de energía.”

Nuestro país no es ajeno a este problema internacional el cual se reproduce en las dos mil 457 áreas geoestadísticas municipales y delegacionales; ya que durante el último cuarto del siglo XX y los primeros diez años del presente, la conformación y crecimiento de las ciudades ha derivado en la formación de asentamientos humanos irregulares y la aparición de una mayor cantidad de zonas metropolitanas que de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía al año 2015 eran 58.

En México, el crecimiento de las ciudades ha sido un tema de estudio muy complejo de tipo económico y social muy relacionado con las políticas manejadas en el país. La aparición de los asentamientos humanos irregulares –núcleos de población ubicados en áreas o predios fraccionados o subdivididos sin la autorización correspondiente, cualquiera que sea su régimen de tenencia de la tierra– y el desarrollo urbano de las ciudades sin planeación han derivado en la carencia de la infraestructura y los servicios básicos tales como: agua potable, drenaje, electricidad, y espacios de esparcimiento y áreas verdes, es decir, aparición e incremento de cinturones de miseria, ciudades perdidas o ciudades dormitorio.

Además, un fenómeno social y ambiental que se presenta en la expansión de las ciudades es la modificación de la vocación natural del suelo y la ocupación del mismo para la construcción de vivienda, lo que deriva en que los residentes vivan en un estado permanente de inseguridad legal, pues no cuentan con escrituras públicas que los legitimen como titulares de sus predios; y social ya que viven en terrenos sin el consentimiento de sus auténticos dueños y están sujetos a amenazas de desalojo y la negación de los servicios básicos, tales como: agua potable, recolección de basura, drenaje pluvial, pavimentación de calles y transporte público, e iluminación.

A todo ello, debemos sumar que el crecimiento y formación de ciudades con una mayor superficie y un mayor número de habitantes también ha acarreado que en las colonias o fraccionamientos se ubiquen en zonas de riesgo sujetas a la degradación ambiental y peligros de delincuencia, así como al agotamiento de la capacidad de crecimiento físico de las ciudades, por la falta de suelo.

También el espacio público abierto, se ha convertido en inseguro e insuficiente para las necesidades de la comunidad. Finalmente, la disparidad visible entre los asentamientos irregulares y las áreas circundantes ha incrementado la exclusión social y económica de sus habitantes.

Es por todo ello, que el gobierno de la República ha establecido como prioridad el tema de la planeación del desarrollo urbano nacional, pues además de ser uno los compromisos de México a nivel internacional y el cual fue ratificado por el licenciado Enrique Peña Nieto en el mes de septiembre de 2015 durante la Cumbre de Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible, de la cual nuestro país actualmente detenta la presidencia, ha derivado en la modernización del marco legal federal en materia de planeación del desarrollo urbano, asentamientos humanos y ordenamiento ecológico.

Una de las primeras acciones para dar cumplimiento al compromiso adquirido por gobierno federal para establecer una planeación del desarrollo urbano ordenado y nacional, quedó plasmada en el Plan Nacional de Desarrollo 2012-2018 y el Programa Nacional de Desarrollo Urbano 2014-2018, en el cual se indica entre otras cuestiones que: para la constitución de los objetivos del milenio relativo al crecimiento de las ciudades, las líneas de trabajo tienen que dirigirse a crear ciudades: compactas, seguras, resilentes, incluyentes y sustentables.

Los conceptos anteriores se explican de la siguiente manera:

1. Compactas: a través de un modelo que protege su contexto natural y busca hacer más eficientes los recursos económicos, sociales y ambientales de manera equitativa, para diversificar y mejorar de manera permanente la infraestructura pública que articule el empleo y los hogares a las redes de transporte público, busque una proximidad territorial que promueva estilos de vida más sanos y colectividad, es decir, una ciudad cercana con sus habitantes.

La importancia de estructurar ciudades compactas radica principalmente en el tema de la movilidad, por ejemplo, de acuerdo a estudios realizados por la Organización Mundial del Comercio sobre la situación del tráfico en el Valle de México señalan que: anualmente se pierde 3.1 del producto interno bruto (PIB) por los congestionamientos; además se pierden 83 mil millones de pesos por los retrasos que se generan por el tráfico, aunado a que el promedio de movilidad de casa al lugar de trabajo y viceversa es de seis horas promedio. En una ciudad compacta la movilidad no se realiza en vehículo automotor pues se utilizan medios alternos, como el transporte público o el uso de la bicicleta.

2. Seguras: la ciudad que se vive desde los espacios públicos consolida una vida pública activa, responsable, proactiva; genera nuevas actividades que compartimos habitantes y visitantes: ambientes donde todos convivimos; busca siempre estrategias que ofrezcan más opciones de vida y potencien las identidades múltiples que constituyen el concepto de ciudad.

De acuerdo a mediciones realizadas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en los años 2014 y 2015, 67.7 por ciento de la población de 18 años y más consideró que vivir en su ciudad es inseguro; en consecuencia, las personas han cambiado, ya que se evita salir a la calle con joyas, dinero, tarjetas de crédito o de noche; además se ha reducido el permiso de salir de casa a los hijos; las visitas a parientes o amigos disminuyen; es decir, la calidad de vida se ha reducido por lo que la delincuencia se ha apropiado de los espacios públicos.

3. Resilentes: consiste en la capacidad de una ciudad para prepararse, resistir y recuperarse frente a una crisis de tipo natural, como desastres naturales, incendios, terremotos e inundaciones, o la problemática social derivada del desabasto de agua potable o la necesidad de transporte público. Es decir, se define como la capacidad de aprender de estas experiencias críticas y prevenir que se repitan, como una manera de promover el bienestar de los habitantes.

La resiliencia está relacionada con los impactos humanos en el medio ambiente, en consecuencia, el aplicar criterios de sostenibilidad al desarrollo es necesario tener claridad que determinados modelos de desarrollo sobre todo los que priorizan la variable económico-social.

4. Incluyentes: de acuerdo con el programa Hábitat de Naciones Unidas, las ciudades se comportan como un organismo vivo y en transformación, en donde se aprovecha el diseño y el desarrollo urbano como herramientas de inclusión y equidad territorial. Es a través de la articulación de los sistemas de transporte público sustentable, el desarrollo y el diseño urbano integral, que se genera una sana competitividad espacial, se abren nuevas oportunidades de habitabilidad y se garantiza el acceso a la ciudad con el conjunto de servicios, oportunidades y experiencias que construyen ciudadanía e identidades en todo el territorio.

La Carta Mundial de Derecho a la Ciudad de 2004, plantea como derecho a la ciudad, la inclusión, la cual es el modelo para combatir la inequidad, la inseguridad, la exclusión y la segregación socio-espacial. Lo anterior, porque las ciudades están lejos de ofrecer condiciones y oportunidades equitativas a sus habitantes. La población urbana en su mayoría, esta privada o limitada –en virtud de sus características económicas, sociales, culturales, étnicas, de género y edad– para satisfacer sus más elementales necesidades, lo cual fue evidenciado durante la Cumbre Mundial Hábitat 2015 de Naciones Unidas.

5. Sustentables: Se ve a la ciudad como un ente que se desarrollará de manera articulada, coherente y flexible, orientada al crecimiento urbano ordenado no solo en su territorio urbano sino con el respeto y crecimiento de su suelo rural y de conservación, a partir de proyectos públicos y de inversión privada hacia la consolidación de ciudades compactas, seguras, incluyentes, resilentes y sustentables.

Estos cinco conceptos que integran el nuevo orden urbano internacional, ya se encuentran reflejados en tres objetivos del Programa Nacional de Desarrollo Urbano 2014-2018:

“Objetivo 1. Controlar la expansión de las manchas urbanas y consolidar las ciudades para mejorar la calidad de vida de los habitantes.

El desarrollo urbano en México se ha caracterizado por la expansión desordenada de sus áreas urbanas, lo que ha generado zonas marginadas, segregación habitacional y la ocupación irregular del suelo en las periferias.

Para combatir lo anterior y propiciar el desarrollo de ciudades densas, justas y sustentables es necesario reformar la legislación urbana, subordinar el interés privado a la función social del suelo, fomentar el uso intensivo del suelo intraurbano e incentivar la redensificación y el aprovechamiento de los predios intraurbanos baldíos y subutilizados.

Los desarrollos que se construyan en la periferia de las ciudades serán autorizados y financiados sólo de manera excepcional al seno de la Comisión Intersecretarial de Vivienda, mediante un mecanismo de certificación que garantice que cuenten con la infraestructura, servicios y empleos necesarios para ser sustentables.

Objetivo 2. Consolidar un modelo de desarrollo urbano que genere bienestar para los ciudadanos, garantizando la sustentabilidad social, económica y ambiental.

Para conseguir que las ciudades cumplan su función como centros de desarrollo y de bienestar es necesario que éstas sean sustentables. Debemos considerar a la sustentabilidad de una ciudad en un sentido amplio y no sólo como la convivencia armónica de ésta con su entorno; la ciudad es sustentable cuando considera factores sociales, económicos y ambientales.

Podemos hablar de una ciudad sustentable socialmente cuando su tejido social es fuerte, sus ciudadanos se apropian del espacio público y la estructura urbana facilita la convivencia armónica de una sociedad diversa; es sustentable económicamente cuando todos sus habitantes tienen acceso a oportunidades de desarrollo sin importar sus condiciones socioeconómicas y sus fuentes de empleo son robustas y diversas; y es sustentable ambientalmente cuando su desarrollo no compromete la disponibilidad de recursos naturales para las próximas generaciones y se da en armonía con el ecosistema.

Objetivo 5. Evitar asentamientos humanos en zonas de riesgo y disminuir la vulnerabilidad de la población urbana ante desastres naturales.

Año con año México está sujeto a diversos fenómenos naturales que pueden poner en riesgo a su población, por ello disminuir la vulnerabilidad de los mexicanos ante desastres naturales es una responsabilidad inalienable del Gobierno de la República.

Es imprescindible que el Gobierno de la República, a través de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) como rectora del territorio nacional y de los asentamientos humanos, realice acciones que disminuyan el riesgo de la población localizada en zonas de riesgo y evite el asentamiento de hogares en zonas susceptibles a fenómenos naturales y en las que sus moradores o su patrimonio pueden sufrir algún daño.

El nuevo modelo que impulsa el Programa Nacional de Desarrollo Urbano, está dirigido al aprovechamiento de todos los factores y ventajas que ofrecen las ciudades. La utilización eficiente del territorio nacional contribuirá a elevar la calidad de vida de las familias y a detonar la productividad.

La planeación adecuada de ciudades compactas y habitables; con opciones de vivienda bien localizada y adecuadas para los distintos ingresos de la población; con más y mejor espacio público, y con soluciones integrales de movilidad que dan prioridad al ciudadano y al medio ambiente contribuirán a mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos.

El nuevo modelo de desarrollo urbano promoverá la sustentabilidad económica mediante el fomento de actividades económicas al interior de las ciudades, sus barrios y colonias, para que en la medida en que la población satisfaga sus necesidades de consumo básicas al interior de ellos, se disminuya la necesidad de movilidad, el gasto en transporte y se contribuya al fortalecimiento económico del país.

En materia ambiental, la sustentabilidad será promovida mediante convenios de colaboración con la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), estos convenios tienen el propósito de generar instrumentos de regulación ambiental en los asentamientos humanos, así como la alineación de la Política Nacional de Desarrollo Urbano con los programas de ordenamiento ecológico. En el caso de la vinculación con Conagua, se busca promover el reconocimiento del ciclo integral del agua en los programas de desarrollo urbano municipales y de centro de población.”

Ahora bien, las ciudades que forman parte de nuestro país se encuentran en un proceso de transformación, los cambios urbanos necesitan de estrategias que den como resultado un reordenamiento compacto que proteja el espacio natural, amplíe el espacio público y las opciones de movilidad sustentable para la nueva estructura social: jóvenes y adultos mayores requieren lugares y actividades que los inviten a la consolidación de una cultura urbana activa y proactiva.

Por ello, es impostergable generar las condiciones que permitan articular el interior de las ciudades mexicanas en todas sus escalas: el resguardo de las áreas naturales protegidas, el suelo rural y de conservación; el reciclamiento del suelo urbano e industrial que ha generado un deterioro y pérdida de suelo rural y de conservación al cambiar su vocación natural dando paso a las zonas metropolitanas.

Adicionalmente no debemos perder de vista que nuestro país está comprometido con la Agenda 21, e introdujo en un principio como garantía individual, hoy un derecho humano, el contar con un medio ambiente sano; derecho al acceso al agua potable; además a los ya existentes como derecho a una vivienda digna; de la propiedad privada, y la participación ciudadana en la planeación demográfica del país, derechos consagrados en nuestra Carta Magna en sus artículos 4, 5, 26 y 27 respectivamente.

En ese sentido, el marco legal en el que se sustenta la planeación del desarrollo urbano del país se encuentra en los artículos 26 y 27 constitucionales, los cuales preceptúan en lo conducente:

“Artículo 27: la propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional, corresponden originalmente a la Nación, la cual ha tenido y tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares, constituyendo la propiedad privada.

La nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés público, así como el de regular, en beneficio social, el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación, con objeto de hacer una distribución equitativa de la riqueza pública, cuidar de su conservación, lograr el desarrollo equilibrado del país y el mejoramiento de las condiciones de vida de la población rural y urbana. En consecuencia, se dictarán las medidas necesarias para ordenar los asentamientos humanos y establecer adecuadas provisiones, usos, reservas y destinos de tierras, aguas y bosques, a efecto de ejecutar obras públicas y de planear y regular la fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población; para preservar y restaurar el equilibrio ecológico; para el fraccionamiento de los latifundios; para disponer, en los términos de la ley reglamentaria, la organización y explotación colectiva de los ejidos y comunidades; para el desarrollo de la pequeña propiedad rural; para el fomento de la agricultura, de la ganadería, de la silvicultura y de las demás actividades económicas en el medio rural, y para evitar la destrucción de los elementos naturales y los daños que la propiedad pueda sufrir en perjuicio de la sociedad.”

Por su parte el artículo 26 establece textualmente en el apartado A:

“El estado organizará un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional que imprima solidez, dinamismo, permanencia y equidad al crecimiento de la economía para la independencia y la democratización política, social y cultural de la nación.

Los fines del proyecto nacional contenidos en esta Constitución determinarán los objetivos de la planeación. La planeación será democrática. Mediante la participación de los diversos sectores sociales recogerá las aspiraciones y demandas de la sociedad para incorporarlas al plan y los programas de desarrollo. Habrá un plan nacional de desarrollo al que se sujetarán obligatoriamente los programas de la administración pública federal.”

Por su parte, la Ley General de Asentamientos Humanos, en su artículo 1, fracción II, establece que las disposiciones de esa ley son de orden público e interés social y tienen por objeto el fijar las normas básicas para planear y regular el ordenamiento territorial de los asentamientos humanos y la fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población.

Por último, incluso nuestro más alto tribunal nacional, ya se ha manifestado en diversas tesis jurisprudenciales sobre el tema de la planeación del desarrollo urbano, por lo que a continuación se cita la siguiente controversia constitucional que generó tesis jurisprudencial:

“ Facultades concurrentes en materia de asentamientos humanos y de protección al ambiente y de preservación y restauración del equilibrio ecológico. Los programas de desarrollo urbano municipal deben ser congruentes con los de ordenamiento ecológico federales y locales.

Tanto la materia de asentamientos humanos como la de protección al ambiente y de preservación y restauración del equilibrio ecológico son constitucionalmente concurrentes y sus disposiciones se desarrollan a través de leyes generales, esto es, los tres niveles de gobierno intervienen en ellas. Así, la Ley General de Asentamientos Humanos tiene por objeto fijar las normas conforme a las cuales los estados y los municipios participan en el ordenamiento y regulación de los asentamientos humanos; además, establece las normas bajo las que dichos órdenes de gobierno concurrirán, en el ámbito de sus respectivas competencias, en el ordenamiento territorial de los asentamientos humanos y en el desarrollo sustentable de los centros de población. Por su parte, el objeto de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente es propiciar el desarrollo sustentable y establecer las bases para la concurrencia de los tres órdenes de gobierno para preservar y restaurar el equilibrio ecológico, así como la protección del medio ambiente en el territorio del país. En este sentido, cuando los planes de desarrollo urbano municipal incidan sobre áreas comprendidas en los programas de ordenamiento ecológico federales o locales, si bien es cierto que los municipios cuentan con facultades para formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano municipal, así como autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo en el ámbito de su competencia, interviniendo incluso en actos de planeación, ordenación, regulación, control, vigilancia y fomento del ordenamiento territorial de los asentamientos humanos y de desarrollo urbano de los centros de población en la entidad, también lo es que los programas de desarrollo urbano municipal deben ser congruentes con los de ordenamiento ecológico federales y locales, pues no debe perderse de vista que los municipios no cuentan con una facultad exclusiva y definitiva en las materias de asentamientos urbanos y de protección al ambiente, ya que ambas son de naturaleza constitucional concurrente, por lo que este tipo de facultades municipales deben entenderse sujetas a los lineamientos y a las formalidades que se señalan en las leyes federales y estatales, y nunca como un ámbito exclusivo y aislado del municipio sin posibilidad de hacerlo congruente con la planeación realizada en los otros dos niveles de gobierno.

Por todo lo antes señalado es que el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presenta esta iniciativa, cuyo objetivo es:

a) Reformar y adicionar la Ley General de Asentamientos Humanos para que los conceptos de planeación, programación y diseño del desarrollo urbano sean también uno de los objetivos de esta ley.

b) Incorporar la agenda internacional que el gobierno de la República ha emprendido en materia de desarrollo urbano para la creación de ciudades compactas, seguras, resilentes, incluyentes y sustentables, principalmente en el programa nacional, estatales y general de la Ciudad de México, así como en los municipales y delegacionales respectivamente.

c) Otorgar a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano la facultad de proyectar y coordinar la planeación del desarrollo urbano.

Por lo expuesto, sometemos a la consideración de esta Honorable Cámara de Diputados la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Asentamientos Humanos

Único.Se reforma el artículo 1o., fracción II; se adiciona al artículo 3o. una fracción XX; se reforma el artículo 7o., fracción I; y, se reforma el artículo 32, fracción V, todos de la Ley General de Asentamientos Humanos, para quedar como sigue:

Artículo 1o. Las disposiciones de esta ley son de orden público e interés social y tienen por objeto:

I. ...

II. Fijar las normas básicas para planear , programar, diseñar y regular el ordenamiento territorial de los asentamientos humanos y la fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población;

III. a IV. ...

Artículo 3o. El ordenamiento territorial de los asentamientos humanos y el desarrollo urbano de los centros de población, tenderá a mejorar el nivel y calidad de vida de la población urbana y rural, mediante:

I. a XIX. ...

XX. El desarrollo de ciudades compactas, seguras, incluyentes, resilentes y sustentables.

Artículo 7o. Corresponden a la federación, a través de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, las siguientes atribuciones:

I. Proyectar y coordinar la planeación del desarrollo nacional yregional con la participación que corresponda a los gobiernos estatales y municipales;

II. a XVI. ...

Artículo 32. La legislación estatal de desarrollo urbano señalará los requisitos y alcances de las acciones de conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población, y establecerá las disposiciones para:

I. a IV. ...

V. La construcción de vivienda, infraestructura y equipamiento de los centros de población, con criterios de ciudades compactas, seguras, incluyentes, resilentes y sustentables;

...

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Los gobiernos de los estados deberán realizar las adecuaciones a los programas de desarrollo urbano estatales en un lapso de 365 días hábiles a la entrada en vigor del presente decreto.

Tercero.Los gobiernos municipales deberán realizar las adecuaciones a los programas de desarrollo urbano municipal en un lapso de 120 días hábiles a la entrada en vigor de los programas de desarrollo urbano estatal correspondiente.

Cuarto.El jefe del gobierno de la Ciudad de México deberá realizar las adecuaciones al programa general, programas delegacionales y parciales de desarrollo urbano en un lapso de 365 días hábiles a la entrada en vigor del presente decreto.

Notas:

1 Véase://www.thegef.org/gef/sites/thegef.org/files/publication/GEF. Contributions.to_.Agenda.Spanish.pdf

2 Véase. Objetivos del Desarrollo Sostenible. Objetivo 11 de Naciones Unidas.

3 Véase Diario Oficial de la Federación. 30 de abril 2014. Sección tercera.

4 10a. Época; Pleno; S.J.F. y su Gaceta; Libro I, Octubre de 2011, Tomo 1; Pág. 288.

Pleno. Controversia constitucional 31/2010. Municipio de Benito Juárez, estado de Quintana Roo. 5 de abril de 2011. mayoría de ocho votos. ausente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Disidentes: Sergio Salvador Aguirre Anguiano y Luis María Aguilar Morales. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretarios: Laura Patricia Rojas Zamudio y Raúl Manuel Mejía Garza.

El Tribunal Pleno, el ocho de septiembre en curso, aprobó, con el número 38/2011, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a ocho de septiembre de dos mil once

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 29 de septiembre de 2016.— Diputado Jesús Sesma Suárez (rúbrica).»

Se remite a la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, para dictamen.

LEY FEDERAL DEL TRABAJO

«Iniciativa que reforma el artículo 78 de la Ley Federal del Trabajo, a cargo del diputado Germán Ernesto Ralis Cumplido, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

El proponente, Germán Ernesto Ralis Cumplido, diputado del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, 56, 62 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía, la presente iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un segundo párrafo al artículo 78, de la Ley Federal del Trabajo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La competitividad de una empresa es de gran importancia para todas las personas que la integran; los empleados son una pieza clave para alcanzar los objetivos en todos los sectores y contribuir a que la competitividad empresarial se incremente.

Los empleados que cuentan con una buena motivación son más productivos, asisten al trabajo de mejor humor, aprovechan mejor su tiempo y eso genera grandes beneficios para la empresa y para el trabajador. Lo anterior se puede lograr creando un ambiente laboral más flexible en horarios, reconociendo logros y creando un clima laboral agradable.

Las vacaciones resultan una parte fundamental en la vida laboral de los trabajadores ya que permiten a los empleados descansar, relajarse, destinar su tiempo en actividades que durante el resto del año posponen, permiten abandonar la cotidianidad, improvisar, visitar a sus familiares, amigos y en muchas ocasiones viajar y olvidarse por unos días del estrés laboral, lo que les produce un estado de bienestar y se ve reflejado en un mayor rendimiento al regresar.

De acuerdo con la Ley Federal del Trabajo, los empleados tienen derecho a disfrutar de vacaciones conforme a la antigüedad que hubiera creado en la empresa, sin embargo en la práctica existen empleadores que negocian los días de vacaciones, ya sea para pagarlas o para tomar los días festivos a cuenta de los días de vacaciones que les corresponden a los empleados; cayendo de esta manera en prácticas que en materia jurídica no existen, esto de acuerdo a especialistas laborales.

En algunos países como China, el tiempo de descanso o de vacaciones es considerado un espacio para el desarrollo personal y cultural, un espacio que se aprovecha fortaleciendo los vínculos familiares y sociales, acciones que provocan felicidad en las personas, por lo que podemos decir que este tiempo, al que tienen derecho y se ganan los trabajadores, después de meses de trabajo duro es muy merecido y bien aprovechado.

Es importante destacar el papel que juega el estrés en nuestra población económicamente activa, ya que es el padecimiento más común entre los trabajadores, y el cual puede ocasionar un deterioro importante en la salud física y mental, pudiendo provocar un bajo desempeño en las actividades, siendo consecuencia directa de los excesos de presiones, trabajo y ansiedad laboral, y lo cual urge a generar una política de prevención de estrés y promoción de calidad de vida.

Las vacaciones no solo deben tomarse como un asunto legal o social, son sumamente importantes para el bienestar general, la productividad y deben considerarse como una necesidad biológica y mental.

Por lo anteriormente expuesto propongo que se doten de herramientas a los trabajadores para que no se vean menoscabados sus derechos laborales, y quede plasmado en la Ley Federal del Trabajo que los empleadores no podrán considerar los días de descanso obligatorios marcados en la misma ley, como parte o a cuenta de las vacaciones, así como los días que la empresa o institución otorgue por concepto de aniversario o efeméride.

Considerandos

Es obligación del patrón entregar por escrito las condiciones de trabajo en las que se tienen contemplados los días de descanso, vacaciones y demás que acuerden el patrón y el trabajador; esto de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo en su artículo 26, sin embargo, los días de vacaciones pagadas a los que tiene derecho un trabajador después de un año de trabajo equivalen a seis días laborales, los cuales aumentarán dos días laborales por cada año, hasta llegar a 12.

El artículo 78 de la Ley Federal del Trabajo, menciona que los días de vacaciones deberán ser continuos y el artículo 79, prohíbe que se remplacen con una remuneración.

De acuerdo al artículo 81: “Las vacaciones deberán concederse a los trabajadores dentro de los seis meses siguientes al cumplimiento del año de servicios...”

Por lo anteriormente expuesto propongo, se quede estipulado en la ley que “ no se tomen los días feriados o de descanso obligatorio, a cuenta de vacaciones” y de esta manera les resten días a los que tienen derecho los trabajadores, ya que pese a que la ley marca que deberán ser continuos, en algunas empresas se llevan a cabo prácticas contrarias a la misma ley, descontando los días obligatorios de las vacaciones de los empleados.

El artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo estipula los días de descanso obligatorios:

“I. El 1o. de enero;

II. El primer lunes de febrero en conmemoración del 5 de febrero;

III. El tercer lunes de marzo en conmemoración del 21 de marzo;

IV. El 1o. de mayo;

V. El 16 de septiembre;

VI. El tercer lunes de noviembre en conmemoración del 20 de noviembre;

VII. El 1o. de diciembre de cada seis años, cuando corresponda a la transmisión del Poder Ejecutivo federal;

VIII. El 25 de diciembre, y

IX. El que determinen las leyes”

Es decir, si la empresa descansa por ley estos días, desafortunadamente resulta común que a los empleados se los resten de los días que tienen de sus vacaciones, dejándolos sin oportunidad de gozar de los días completos que les correspondan por derecho de vacaciones.

Estas prácticas son muy comunes en diferentes empresas, incluyendo a las que se dedican al outsourcing, las cuales realizan esta clase de prácticas a espaldas de las autoridades, orillando a los empleados a aceptar estas condiciones no estipuladas en sus contratos laborales, ya que de lo contrario se tendrían que enfrentar al patrón y sería su palabra contra la suya e invertir en recursos legales los cuales no pueden costear. Urge detener estas malas prácticas y respaldar los derechos de los trabajadores para así evitar que se sigan cometiendo atropellos a sus derechos laborales.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a su consideración la presente iniciativa con proyecto de

Decreto que adiciona un segundo párrafo al artículo 78 de la Ley Federal del Trabajo

Único. Se adiciona un segundo párrafo al artículo 78 de la Ley Federal del Trabajo, para quedar como sigue:

Artículo 78. Los trabajadores deberán disfrutar en forma continua seis días de vacaciones, por lo menos.

Los patrones no podrán considerar los días de descanso obligatorios como parte o a cuenta de las vacaciones, así como los días que la empresa o institución otorgue por concepto de aniversario o efeméride.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas:

1 “La RSE como factor clave para aumentar la Competitividad”. Compromiso Custon Media RSE. 21 de enero de 2013. http://www.compromisorse.com/reportajes/2013/01/21/la-rse-como-factor-clave-par a-aumentar-la-competitividad/

2 Siete incentivos para motivar a los empleados en el trabajo”. Inversión & Finanzas.com”. 17 de octubre de 2013. http://www.finanzas. com/noticias/empleo/20131017/siete-incentivos-para-motivar-2520396.html

3 ¿Para qué sirven las vacaciones? El diario Montanes.es.25 de agosto de 2011. http://www.eldiariomontanes.es/v/20110825/opinion/articulos/para-sirven-vacacio nes-20110825.html

4 Las vacaciones no se negocian, pero... El Comercio. 16 de junio de 2012. http://www.elcomercio.com/actualidad/negocios/vacaciones-no-se-negocian.html

5 Equilibrio entre trabajo y ocio. El Mundo. 13 de julio de 2016. http://www.elmundo.es/economia/2016/07/13/57860d03268e3ee0338b457b.html

6 La importancia de las vacaciones. Scribd. https://es.scribd. com/doc/24018305/La-importancia-de-las-Vacaciones

7 Ley Federal del Trabajo http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/125_120615.pdf

8 Ídem.

9 Ibídem.

10 Ley Federal del Trabajo http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/125_120615.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de septiembre de 2016.— Diputado Germán Ernesto Ralis Cumplido (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, para dictamen.

LEY FEDERAL DE DEUDA PÚBLICA

«Iniciativa que reforma el artículo 4o. de la Ley Federal de Deuda Pública, a cargo de la diputada Rosa Alba Ramírez Nachis, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

La suscrita, Rosa Alba Ramírez Nachis, diputada federal a la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 77, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta honorable asamblea la presente iniciativa que adiciona la fracción IX de la Ley Federal de Deuda Pública, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece en su artículo 115, que los estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, democrático, laico y popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización política y administrativa, el municipio libre, conforme a las bases siguientes:

Cada municipio será gobernado por un ayuntamiento de elección popular directa, integrado por un presidente municipal y el número de regidores y síndicos que la ley determine. La competencia que esta Constitución otorga al gobierno municipal se ejercerá por el ayuntamiento de manera exclusiva y no habrá autoridad intermedia alguna entre éste y el gobierno del estado, con base en la fracción IV, los municipios administrarán libremente su hacienda, la cual se formará de los rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así como de las contribuciones y otros ingresos que las legislaturas establezcan a su favor, y en todo caso:

No dudo, que la obligación fundamental de cualquier administración sin importar el nivel de gobierno es satisfacer las necesidades de su población; pero la necesidad de mantener su hacienda pública saneada le impide contar con más de lo que está planeado que va a percibir, emprender acciones no programadas, o gastar más de lo presupuestado.

Los estados y sus municipios deben recurrir para su financiamiento a sus fuentes ordinarias de ingresos: impuestos derechos, productos y aprovechamientos; así como las transferencias que hace la federación.

El endeudamiento de estados y municipios ha mostrado una tendencia de crecimiento acelerado. A lo largo del tiempo, las experiencias históricas como la crisis de la deuda de 1982 o la crisis financiera de 2008 y a la fecha, han demostrado la falta de control y facilidad con la que se pueden endeudar los gobiernos estatales y municipales.

La nueva Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, fue muy atinada, pues trajo grandes beneficios, como el no endeudamiento desordenado y que este fuera canalizado al crecimiento económico sostenible.

El saldo de la deuda desde 1993 a 2015, representó un incremento significativo, que se aprecia en la siguiente gráfica.

Las entidades federativas y órganos estatales concentran el 89 por ciento y los municipios y órganos municipales 11 por ciento. Ahora bien las entidades federativas que concentran 75 por ciento, de la deuda estatal, son: Distrito Federal, Nuevo León, Chihuahua, Veracruz, Coahuila, México, Quintana Roo, Chiapas, Sonora, Michoacán y Jalisco.

Resalto además, los municipios con más endeudamiento del país, son: Tijuana, Guadalajara, Monterrey, León, Hermosillo, Benito Juárez, Mexicali, Zapopan, Nuevo Laredo y Tonalá.

El análisis de la deuda pública de las entidades federativas, evidencia que el Distrito Federal, Nuevo León, México, Coahuila y Veracruz son las que tienen los saldos más altos, situación que se explica porque con excepción de Coahuila, son jurisdicciones territoriales con una alta aportación a la economía nacional y altamente pobladas.

La forma más sana de financiamiento son los ingresos propios, de modo que el primer paso que debería tomarse es el perfeccionamiento de la administración tributaria para hacer descansar el gasto.

Por eso se requiere de adicionar una fracción IX, con el fin de emitir un reporte de historial crediticio para estados y municipios y conocer el comportamiento de pagos periódicos.

En virtud de lo anterior, propongo se adicione la fracción IX, del artículo 4, de la Ley Federal de Deuda en el que se incluya la constancia de historial crediticio, con fin de emitir opinión para nuevas fuentes de financiamientos.

Texto vigente

Capítulo II

De las facultades de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público

Artículo 4o. Corresponde al Ejecutivo federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público:

I. Emitir valores y contratar empréstitos para fines de inversión pública productiva, para canje o refinanciamiento de obligaciones del Erario Federal o con propósitos de regulación monetaria.

Las monedas, el plazo de las amortizaciones la tasa de los intereses de la emisión de valores o de la concertación de empréstitos, así como las demás condiciones, serán determinadas por la propia Secretaría de acuerdo con la situación que prevalezca en los mercados de dinero y capital.

II. Elaborar el programa financiero del sector público con base en el cual se manejará la deuda pública, incluyendo la previsión de divisas requeridas para el manejo de la deuda externa.

III. Autorizar a las entidades paraestatales para gestionar y contratar financiamientos externos, fijando los requisitos que deberán observar en cada eventualidad;

Fracción reformada DOF 07-01-1988

IV. Cuidar que los recursos procedentes de financiamientos constitutivos de la deuda pública se destinen a la realización de proyectos, actividades y empresas que apoyen los planes de desarrollo económico y social, que generen ingresos para su pago o que se utilicen para el mejoramiento de la estructura del endeudamiento público.

V. Contratar y manejar la deuda pública del Gobierno Federal y otorgar la garantía del mismo para la realización de operaciones crediticias que se celebren con organismos internacionales de los cuales México sea miembro o con las entidades públicas o privadas nacionales o de países extranjeros, siempre que los créditos estén destinados a la realización de proyectos de inversión o actividades productivas que estén acordes con las políticas de desarrollo económico y social aprobadas por el Ejecutivo y que generen los recursos suficientes para el pago del crédito y tengan las garantías adecuadas.

VI. Vigilar que la capacidad de pago de las entidades que contraten financiamientos sea suficiente para cubrir puntualmente los compromisos que contraigan. Para tal efecto deberá supervisar en forma permanente el desarrollo de los programas de financiamiento aprobados, así como la adecuada estructura financiera de las entidades acreditadas.

VII. Vigilar que se hagan oportunamente los pagos de capital e intereses de los créditos contratados por las entidades.

VIII. Otorgar la garantía del gobierno federal a las obligaciones constitutivas de deuda pública de los estados y municipios, en términos del Capítulo IV, del Título Tercero de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.

Propuesta

Capítulo II

De las Facultades de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público

Artículo 4o. Corresponde al Ejecutivo federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público:

I. Emitir valores y contratar empréstitos para fines de inversión pública productiva, para canje o refinanciamiento de obligaciones del Erario Federal o con propósitos de regulación monetaria.

Las monedas, el plazo de las amortizaciones la tasa de los intereses de la emisión de valores o de la concertación de empréstitos, así como las demás condiciones, serán determinadas por la propia Secretaría de acuerdo con la situación que prevalezca en los mercados de dinero y capital.

II. Elaborar el programa financiero del sector público con base en el cual se manejará la deuda pública, incluyendo la previsión de divisas requeridas para el manejo de la deuda externa.

III. Autorizar a las entidades paraestatales para gestionar y contratar financiamientos externos, fijando los requisitos que deberán observar en cada eventualidad;

Fracción reformada DOF 07-01-1988

IV. Cuidar que los recursos procedentes de financiamientos constitutivos de la deuda pública se destinen a la realización de proyectos, actividades y empresas que apoyen los planes de desarrollo económico y social, que generen ingresos para su pago o que se utilicen para el mejoramiento de la estructura del endeudamiento público.

V. Contratar y manejar la deuda pública del Gobierno Federal y otorgar la garantía del mismo para la realización de operaciones crediticias que se celebren con organismos internacionales de los cuales México sea miembro o con las entidades públicas o privadas nacionales o de países extranjeros, siempre que los créditos estén destinados a la realización de proyectos de inversión o actividades productivas que estén acordes con las políticas de desarrollo económico y social aprobadas por el Ejecutivo y que generen los recursos suficientes para el pago del crédito y tengan las garantías adecuadas.

VI. Vigilar que la capacidad de pago de las entidades que contraten financiamientos sea suficiente para cubrir puntualmente los compromisos que contraigan. Para tal efecto deberá supervisar en forma permanente el desarrollo de los programas de financiamiento aprobados, así como la adecuada estructura financiera de las entidades acreditadas.

VII. Vigilar que se hagan oportunamente los pagos de capital e intereses de los créditos contratados por las entidades.

VIII. Otorgar la garantía del gobierno federal a las obligaciones constitutivas de deuda pública de los estados y municipios, en términos del Capítulo IV, del Título Tercero de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.

IX. Emitir constancia de historial crediticio, a los entidades federativas y municipios y organismos autónomos y desconcentrados, con fin de emitir opinión para nuevas fuentes de financiamientos.

Someto a la consideración de esta Honorable Cámara de Diputados la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se adiciona la fracción IX al artículo 4o. de la Ley Federal de Deuda Pública

Artículo único: Se adiciona la fracción IX, del artículo 4o., de la Ley Federal de Deuda Pública en los términos siguientes.

Capítulo IIDe las facultades de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público

Artículo 4o. Corresponde al Ejecutivo federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público:

...

...

VIII. Otorgar la garantía del gobierno federal a las obligaciones constitutivas de deuda pública de los estados y municipios, en términos del Capítulo IV, del Título Tercero de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.

IX. Emitir constancia de historial crediticio, a las entidades federativas y municipios y organismos autónomos y desconcentrados, con el fin de emitir opinión para nuevas fuentes de financiamientos.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas:

1 LXIII Legislatura, Cámara de Diputados. H. Congreso de la Unión. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/htm/1.htm

2 http://historico.juridicas.unam.mx/publica/rev/boletin/cont/ 101/art/art2.htm

3 http://imco.org.mx/politica_buen_gobierno/deuda-publica-en-los-estados/

4 http://www.diputados.gob.mx/sedia/sia/se/SAE-ISS-17-12.pdf/Pagina 40.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de septiembre del 2016.— Diputada Rosa Alba Ramírez Nachis (rúbrica).»

Se remite a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

ARTÍCULO OCTAVO TRANSITORIO DEL DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE COMBATE A LA CORRUPCIÓN

«Iniciativa que reforma el artículo octavo transitorio del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de combate de la corrupción, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de mayo de 2015, a cargo del diputado Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

El suscrito, Clemente Castañeda Hoeflich, diputado del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 6, fracción I, y 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, somete a la consideración de esta asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto mediante el cual se reforma el tercer párrafo del artículo octavo transitorio del decreto por el que se reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de combate a la corrupción, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de mayo de 2015, de acuerdo con la siguiente

Exposición de Motivos

I. El 27 de mayo de 2015, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de combate a la corrupción.

En esa reforma, entre otras cosas, se creó un Sistema Nacional Anticorrupción y se estableció la obligación de las entidades federativas de establecer sistemas locales anticorrupción. El Sistema Nacional contará con un Comité Coordinador, integrado por el titular de la Auditoría Superior de la Federación, el titular de la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción, el titular de la Secretaría del Ejecutivo federal responsable del Control Interno (Secretaría de la Función Pública), el presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, el presidente del Instituto Nacional de Acceso a la Información, un representante del Consejo de la Judicatura Federal y un representante del Comité de Participación Ciudadana. Este sistema, por lo tanto, se sustenta en el fortalecimiento y la coordinación de autoridades, tanto de control interno como de control externo (Contralorías, Auditoría Superior de la Federación y Fiscalía de Combate a la Corrupción).

Además, se estableció que las responsabilidades administrativas graves serán investigadas por la Auditoría Superior de la Federación y los órganos internos de control, y su sanción corresponderá al Tribunal Federal de Justicia Administrativa y a sus homólogos en las entidades federativas, mientras que las responsabilidades administrativas no graves serán investigadas y resueltas por los órganos internos de control.

En ese sentido, se creó un esquema jurisdiccional de justicia administrativa a cargo del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, dotado de plena autonomía para dictar sus fallos, que conservará su competencia actual en las materias fiscal y administrativa y que además, se encargará de imponer sanciones por las responsabilidades administrativas graves (servidores públicos y particulares), así como de fincar a los responsables el pago de las indemnizaciones y sanciones pecuniarias.

A efecto de dotar de homogeneidad al Sistema, se estableció que las Constituciones y leyes locales instituirían Tribunales de Justicia Administrativa, dotados de plena autonomía para dictar sus fallos y establecer su organización, funcionamiento, procedimientos y los recursos contra sus resoluciones, con atribuciones similares a las del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

II. Tomando en cuenta que la reforma implicaba la transformación de los tribunales de lo contencioso administrativo que existen hoy en día, en tribunales de justicia administrativa con nuevas atribuciones, en el artículo octavo transitorio de dicha reforma se estableció lo siguiente:

Octavo. Los Magistrados del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa que hayan sido nombrados a la fecha de entrada en vigor de la Ley a que se refiere la fracción XXIX-H, del artículo 73, de esta Constitución, continuarán como magistrados del Tribunal Federal de Justicia Administrativa por el tiempo que fueron nombrados.

Los titulares de los órganos a que se refieren las adiciones y reformas que establece el presente decreto en las fracciones VIII del artículo 74 y II del artículo 76, que se encuentren en funciones a la entrada en vigor del mismo, continuarán en su encargo en los términos en los que fueron nombrados.

Los magistrados de los Tribunales Contenciosos Administrativos cualquiera que sea su denominación en el ámbito de las entidades federativas, continuarán como magistrados de los Tribunales de Justicia Administrativa de cada entidad federativa, exclusivamente por el tiempo que hayan sido nombrados.

El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa continuará funcionando con su organización y facultades actuales y substanciando los asuntos que actualmente se encuentran en trámite, hasta la entrada en vigor de la ley a que se refiere la fracción XXIX-H, del artículo 73, de este decreto.

III. Cobra especial relevancia lo establecido en el tercer párrafo del artículo antes citado, pues en él se definió que los magistrados de los Tribunales Contenciosos Administrativos de las entidades federativas (cualquiera que sea su denominación), continuarían como magistrados de los Tribunales de Justicia Administrativa por el tiempo que hayan sido nombrados.

Lo relevante de dicha disposición es que se obliga a las legislaturas de las entidades federativas a mantener en su cargo a los magistrados de los Tribunales Administrativos por el tiempo que hayan sido nombrados, con nuevas atribuciones en materia de combate a la corrupción, perdiendo de vista las distintas condiciones jurídicas, económicas, sociales y políticas que enfrentan cada una de ellas.

Cabe destacar que a diferencia de lo que se mandata para el caso de los magistrados de los Tribunales Administrativos de las entidades federativas, a saber, que permanezcan en su cargo por el tiempo que hayan sido nombrados, en el caso de los magistrados del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, se establece ciertamente que continuarán en su cargo por el tiempo que fueron nombrados, pero los que hayan sido nombrados a la fecha de entrada en vigor de la Ley a que se refiere la fracción XXIX-H del artículo 73 de la Constitución (Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa), lo cual significa que se previó la posibilidad de renovar las designaciones, pero sólo para el caso federal y no para las entidades federativas.

IV. En cuanto a las diferentes realidades que enfrentan los Tribunales Administrativos en las distintas entidades federativas que conforman el País, el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) realizo?, en 2010, un diagnóstico del funcionamiento del sistema de impartición de justicia en materia administrativa a nivel nacional, en el que, entre otras cosas, concluyó lo siguiente:

• De 29 organismos de justicia administrativa revisados, 11 dependen del Poder Judicial de las entidades federativas y 18 son autónomos.

• Se identificó una amplia gama de cargos previos entre los magistrados y se pudo advertir una amplia dispersión de experiencias profesionales previas (desde posiciones en instituciones de gobierno, sector privado, áreas penales hasta capacitación y docencia), lo que de acuerdo al estudio del CIDE, puede sugerir un escaso grado de especialización.

• Sólo 51 por ciento del total de los magistrados registrados manifestó mantenerse actualizado a través de diplomados, cursos, talleres y conferencias de diversas índoles jurídicas.

• Sólo 9 de los 19 organismos de justicia administrativa analizados mantienen a su personal actualizado al 100 por ciento, lo cual se considera poco significativo en términos del alcance nacional necesario para una alta profesionalización de los magistrados.

• Al analizar la distribución de los sueldos promedio por magistrado, el sueldo máximo registrado fue de 142 mil 162.80 pesos en el Distrito Federal, y el mínimo de 31 mil 29 pesos en Yucatán, mientras que el promedio nacional de sueldo por magistrado fue de 76 mil 855.20 pesos.

• Un análisis más detallado de los datos muestra que hay algunos magistrados con licenciatura que llegan a percibir un sueldo mayor a los que tienen maestría.

• Sólo 68 por ciento de los 22 organismos de justicia administrativa que proporcionaron información sobre este rubro, cuenta con mecanismos para evaluar el desempeño de los magistrados.

V. De lo expuesto en el punto anterior se desprende que existen diferentes realidades en los distintos Tribunales Administrativos del país, por lo que consideramos que es erróneo generalizar la permanencia de los Magistrados que actualmente están en funciones, debiendo dejar que sean las legislaturas de cada entidad federativa las que evalúen la situación de cada uno de ellos, para decidir si permanecen los actuales o si se designan a nuevos funcionarios.

En otras palabras, creemos que cada legislatura estatal debe establecer, con plena autonomía y autodeterminación, los mecanismos y procedimientos para evaluar, seleccionar, designar o ratificar a sus magistrados. Más aún, si consideramos las nuevas funciones en materia de combate a la corrupción que tendrán los Tribunales de Justicia Administrativa del país (sancionar las faltas graves por actos de corrupción) y el papel trascendental que jugarán en el sistema nacional.

Por lo expuesto, sometemos a consideración la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforma el tercer párrafo del artículo octavo transitorio del decreto por el que se reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de combate a la corrupción, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de mayo de 2015

Artículo Único. Se reforma el tercer párrafo del artículo octavo transitorio del Decreto por el que se reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de combate a la corrupción, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de mayo de 2015, para quedar como sigue:

Octavo. ...

...

Las legislaturas de las entidades federativas tendrán libertad para valorar y decidir si los magistrados de los Tribunales Contenciosos Administrativos cualquiera que sea su denominación en el ámbito de las entidades federativas que se encuentran nombrados, continúan o no como magistrados de los nuevos Tribunales de Justicia Administrativa de cada entidad federativa. En caso de que se decida designar nuevos magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa para la entidad federativa de que se trate, serán designados por las dos terceras partes de los diputados que integran el Congreso del estado, bajo el procedimiento que determine la legislatura respectiva.

...

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas:

1 http://justiciaadministrativa.cide.edu/archivos/nacional/diagnostico_nacional.p df.

2 No debe pasar por desapercibido que una de las modificaciones materia de la Reforma Constitucional en materia de corrupción, fue precisamente dotar de plena autonomía a los Tribunales de Justicia Administrativa del país, al obligar a las legislaturas de los estados a ello; luego entonces, ¿Por qué dejar en su cargo a Magistrados que fueron designados bajo una dependencia del Poder Judicial?

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 29 de septiembre de 2016.— Diputado Clemente Castañeda Hoeflich (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

LEY GENERAL DE SALUD

«Iniciativa que reforma el artículo 462 de la Ley General de Salud, a cargo del diputado Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

El suscrito, Clemente Castañeda Hoeflich, diputado del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 6, fracción I, y en los artículos 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, sometemos a la consideración de esta Asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto mediante el cual se reforman las fracciones I y II del artículo 462 de la Ley General de Salud, de acuerdo con la siguiente:

Exposición de Motivos

I.En México aproximadamente 1.5 millones de parejas padecen infertilidad y cada vez es más frecuente que los afectados acudan a clínicas que practican técnicas de reproducción asistida. Según la revista Forbes, poco menos del 50 por ciento de las personas que sufren de infertilidad acude a un especialista para buscar soluciones .

En este contexto, la industria para los tratamientos contra la infertilidad ha crecido de manera acelerada en los últimos años sin que exista una regulación completa que establezca los límites éticos y jurídicos de esta actividad. Paralelamente, se tiene evidencia de la existencia y desarrollo de un mercado negro en el que se ofrecen compensaciones a cambio de las células reproductivas tanto femeninas como masculinas (óvulos o espermatozoides)

II. De acuerdo al artículo 320 de la Ley General de Salud, en nuestro país toda persona es disponente de su cuerpo y podrá donarlo, total o parcialmente, para los fines y con los requisitos establecidos en dicho ordenamiento legal. Sin embargo, en México está prohibido el comercio de órganos, tejidos y células, y la donación de éstos se rige por principios de altruismo, ausencia de ánimo de lucro y confidencialidad, por lo que su obtención y utilización serán estrictamente a título gratuito, en términos de lo dispuesto por el artículo 327 de la citada Ley.

El artículo 462 fracción II de la referida Ley General de Salud tipifica como delito la comercialización o realización de actos de simulación jurídica que tengan por objeto la intermediación onerosa de órganos, tejidos, incluyendo la sangre, cadáveres, fetos o restos de seres humanos.

En el mismo sentido, la fracción I del precepto legal aludido también considera como delito la obtención, conservación, utilización, preparación o suministro ilícitos de órganos, tejidos y sus componentes, cadáveres o fetos de seres humanos.

Sin embargo, los óvulos y los espermatozoides no son órganos ni tejidos, y mucho menos cadáveres, fetos o restos de seres humanos, sino células reproductivas, por lo que su comercialización no pudiera ser sancionada como delito, a pesar de que se encuentre prohibida por la ley.

En efecto, el artículo 314 de la Ley General de Salud establece algunos conceptos en materia de donación, trasplantes y pérdida de la vida, señalando entre otras cosas que se entiende por:

Células germinales, a las células reproductoras masculinas y femeninas capaces de dar origen a un embrión.

Cadáver, el cuerpo humano en el que se haya comprobado la pérdida de la vida.

Feto, al producto de la concepción a partir de la decimotercera semana de edad gestacional, hasta la expulsión del seno materno.

Órgano, a la entidad morfológica compuesta por la agrupación de tejidos diferentes, que mantiene de modo autónomo su estructura, vascularización y capacidad de desarrollar funciones fisiológicas.

Tejido, agrupación de células especializadas que realizan una o más funciones.

De lo anterior se corrobora que, conforme a la conceptualización de la Ley General de Salud, las células reproductoras masculinas y femeninas (espermatozoides y óvulos) no pueden ser consideradas ni órganos ni tejidos, y mucho menos cadáveres, fetos o restos de seres humanos, sino células (germinales o reproductivas).

Por ello, consideramos indispensable agregar a las células dentro de las hipótesis delictivas previstas en las fracciones I y II del artículo 462 de la Ley General de Salud, a fin de que se consideren como delitos tanto la comercialización como la obtención, conservación, utilización, preparación o suministro ilícito de óvulos y espermatozoides. Lo anterior con la finalidad de inhibir la práctica de dichas conductas ilícitas que, como se mencionó, se han desarrollado alrededor de la industria de los tratamientos contra la infertilidad.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto

Que reforma las fracciones I y II del artículo 462 de la Ley General de Salud.

Artículo Único. Se reforman las fracciones I y II del artículo 462 de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

Artículo 462.Se impondrán de seis a diecisiete años de prisión y multa por el equivalente de ocho mil a diecisiete mil días de salario mínimo general vigente en la zona económica de que se trate:

I. Al que ilícitamente obtenga, conserve, utilice, prepare o suministre órganos, tejidos y sus componentes, células,cadáveres o fetos de seres humanos;

II. Al que comercie o realice actos de simulación jurídica que tengan por objeto la intermediación onerosa de órganos, tejidos, incluyendo la sangre, células, cadáveres, fetos o restos de seres humanos;

III. a VII [...]

[...]

Transitorios

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas:

1 “Infertilidad: un asunto que afecta a más de dos”, Forbes México, 22 de mayo de 2015 http://www.forbes.com.mx/infertilidad-un-asunto-que-afecta-a-mas-de-dos/.

2 Periódico Mural, miércoles 8 de junio de 2016, primera plana.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 29 de septiembre de 2016.— Diputado Clemente Castañeda Hoeflichn (rúbrica).»

Se remite a la Comisión de Salud, para dictamen.

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

«Iniciativa que reforma los artículos 52 a 54 y 56 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Macedonio Salomón Tamez Guajardo, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

El que suscribe, diputado federal del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en los artículos artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa que reforma los artículos 52, 53, 54 y 56 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de la siguiente :

Exposición de Motivos

Desde hace varias Legislaturas, diversos diputados federales han propuesto la reducción del número de legisladores federales en México. Este tema es central en el contexto de la Reforma del Estado, ya que redirecciona el sistema político mexicano y modifica la dinámica de las fuerzas políticas, principalmente de los partidos políticos, en el Poder Legislativo federal.

Los principales argumentos en favor de la reducción de legisladores federales establecen la necesidad de mejorar la eficiencia del poder legislativo, a través de la reducción de costos de transacción o concertación de acuerdos y de representación, mediante la reducción del número de representantes y la posible mejora de la calidad de los elegidos. La reducción de legisladores federales favorecería un mejor funcionamiento de las tareas parlamentarias y traería un ahorro económico significativo.

Actualmente, el Poder Legislativo en México es conformado por la Cámara de Diputados, integrada por 300 diputados electos de distritos electorales uninominales y 200 diputados electos por el principio de representación proporcional; y la Cámara de Senadores, integrada por 128 senadores que resultan de la primera mayoría (32), la segunda mayoría (64) y el principio de representación proporcional (32). Ello suma un total de 628 legisladores.

Desde 1986 que se reformó la constitución para incluir el principio de representación proporcional en la Cámara de Diputados y 1993, que se reformó para incrementar el número de senadores a 128, la conformación del Poder Legislativo no ha sido modificada.

Los argumentos que entonces se esgrimieron para aumentar el número de legisladores federales, señalaban que el principio de representación proporcional lograría la participación equilibrada de las minorías, preservaría su identidad y su derecho a integrar la representación nacional y evitar los excesos de un sistema mayoritario puro. El sistema mixto de representación haría posible que diferentes corrientes políticas nacionales participaran sin que se diera lugar a la dispersión de la voluntad popular.

La inclusión del principio de representación proporcional en la integración de legisladores en el Senado, incrementó el número de integrantes para mejorar la correspondencia del número de integrantes de la Cámara de Diputados, así como para facilitar una integración pluralista y transformar la hegemonía de las mayorías que predominaba entonces en el Senado.

Diversos autores y algunas de las iniciativas propuestas en legislaturas anteriores coinciden en que las reformas citadas han cumplido su cometido, y advierten por tanto la importancia de reducir el número de legisladores para mejorar la eficiencia del Poder Legislativo, sin afectar el actual esquema de integración.

Aunado a lo anterior, se ha señalado que el número de legisladores federales en nuestro país no guarda relación con el número de habitantes, como hace en otros países del continente americano. Algunos países que poseen más habitantes que el nuestro, cuentan con menos representantes legislativos en sus Cámaras. En la siguiente tabla se contrasta la composición camaral de diversos países de América con relación a su número de habitantes:

De la información presentada se advierte que países como Estados Unidos y Brasil, que cuentan con más población que la nuestra, tienen un número muy inferior de representantes legislativos en sus Cámaras.

Finalmente, el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados, difundió una investigación dónde se afirmaba que aproximadamente un 59 por ciento de la ciudadanía encuestada se inclinaba por señalar que el número de legisladores debía disminuir, y dividiendo lo anterior expuesto, se pudieron extraer 4 posturas diferentes sobre los ciudadanos que optan por la reducción en el número de la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores:

1. La ciudadanía considera que es muy costoso tener un Congreso integrado por tantos diputados y senadores.

2. Debido al alto número de integrantes en las Cámaras, resulta difícil que los legisladores logren ponerse de acuerdo sobre el trabajo a realizar.

3. Al ser muchos individuos los que integran las Cámaras, los ciudadanos opinan que siempre existen algunos muy malos que echan a perder el trabajo realizado por los demás.

4. Por último, los ciudadanos consideran que el trabajo de los legisladores resulta irrelevante para la población mexicana.

Contenido de la iniciativa

Se propone reformar los artículos 52, 53, 54 y 56 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para disminuir el número de representantes en el Poder Legislativo Federal.

Proyecto de decreto

Único. Se reforman los artículos 52, 53, 54 y 56 de la Constitución Política de los Estados Unidos, para quedar como sigue:

Artículo 52. La Cámara de Diputados estará integrada por 300 diputados electos según el principio de votación mayoritaria relativa, mediante el sistema de distritos electorales uninominales, y 100diputados que serán electos según el principio de representación proporcional, mediante el Sistema de Listas Regionales, votadas en circunscripciones plurinominales.

Artículo 53. La demarcación territorial de los 300 distritos electorales uninominales será la que resulte de dividir la población total del país entre los distritos señalados. La distribución de los distritos electorales uninominales entre las entidades federativas se hará teniendo en cuenta el último censo general de población, sin que en ningún caso la representación de un Estado pueda ser menor de dos diputados de mayoría.

Para la elección de los 100diputados según el principio de representación proporcional y el Sistema de Listas Regionales, se constituirán cinco circunscripciones electorales plurinominales en el país. La Ley determinará la forma de establecer la demarcación territorial de estas circunscripciones.

Artículo 54. La elección de los 100diputados según el principio de representación proporcional y el sistema de asignación por listas regionales, se sujetará a las siguientes bases y a lo que disponga la ley:

I. a VI. ...

Artículo 56.La Cámara de Senadores se integrará por noventa y seis senadores, de los cuales, en cada Estado y en el Distrito Federal, dos serán elegidos según el principio de votación mayoritaria relativa y uno será asignado a la primera minoría. Para estos efectos, los partidos políticos deberán registrar una lista con dos fórmulas de candidatos. La senaduría de primera minoría le será asignada a la fórmula de candidatos que encabece la lista del partido político que, por sí mismo, haya ocupado el segundo lugar en número de votos en la entidad de que se trate.

Se deroga párrafo segundo

Transitorios

Artículo Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo Segundo. El Congreso de la Unión, dentro de los 90 días posteriores a la publicación del presente decreto en el Diario Oficial de la Federación, deberá llevar a cabo las adecuaciones necesarias a la legislación correspondiente.

Artículo Tercero.Se derogan todas aquellas disposiciones que contravengan el presente decreto.

Notas:

1 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículo 53. La demarcación territorial de los 300 distritos electorales uninominales será la que resulte de dividir la población total del país entre los distritos señalados. La distribución de los distritos electorales uninominales entre las entidades federativas se hará teniendo en cuenta el último censo general de población, sin que en ningún caso la representación de un estado pueda ser menor de dos diputados de mayoría.

Para la elección de los 200 diputados según el principio de representación proporcional y el sistema de listas regionales, se constituirán cinco circunscripciones electorales plurinominales en el país. La ley determinara la forma de establecer la demarcación territorial de estas circunscripciones.

2 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículo 54. La elección de los 200 diputados según el principio de representación proporcional y el sistema de asignación por listas regionales, se sujetara a las siguientes bases y a lo que disponga la ley...

3 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículo 56. La cámara de senadores se integrara por ciento veintiocho senadores, de los cuales, en cada estado y en el distrito federal, dos serán elegidos según el principio de votación mayoritaria relativa y uno será asignado a la primera minoría. Para estos efectos, los partidos políticos deberán registrar una lista con dos fórmulas de candidatos. La senaduría de primera minoría le será asignada a la fórmula de candidatos que encabece la lista del partido político que, por sí mismo, haya ocupado el segundo lugar en número de votos en la entidad de que se trate.

Los treinta y dos senadores restantes serán elegidos según el principio de representación proporcional, mediante el sistema de listas votadas en una sola circunscripción plurinominal nacional. La ley establecerá las reglas y fórmulas para estos efectos.

La cámara de senadores se renovara en su totalidad cada seis años.

4 Gamboa Montejano, Claudia y VALDES robledo Sandra. “Reducción en el número de legisladores federales. Estudio teórico-conceptual, de Antecedentes Constitucionales de Derecho Comparado, de Iniciativas presentadas en la LIX y LC Legislaturas, y propuestas de las Reformas del Estado”. Dirección de Servicios de Investigación y Análisis, México 2007.

5 Ídem.

6 Ídem.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 29 de septiembre de 2016.— Diputado Macedonio Salomón Tamez Guajardo (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

«Iniciativa que reforma y adiciona el artículo 2o. de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, a cargo de la diputada Angie Dennisse Hauffen Torres, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Los suscritos, diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el 6, fracción I y 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, someten a la consideración de esta asamblea la iniciativa mediante el cual se reforma el artículo 2, fracción XI, de la Ley de Obras Públicas y Servicio Relacionado con las Mismas en materia de proyectos con la utilización de tecnologías alternas, de acuerdo con la siguiente

Exposición de Motivos

En México mucho se ha dicho del cambio climático, del calentamiento global, del cuidado del medio ambiente, de la generación de una nueva cultura ambiental y también se ha hablado de las implementación de las tecnologías limpias o verdes, y se ha manifestado preocupación por el cambio climático, pero poco de lo que se ha expresado se ha llevado realmente a la práctica, siendo este tema, el cuidado del medio ambiente, de gran importancia y preocupación no solo para el país si no a nivel mundial y un ejemplo claro y alarmante del calentamiento global es el que registro la NASA (por sus siglas en inglés; en español: Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio) el pasado 10 de septiembre en donde sus satélites avistaron el descongelamiento del hielo marino del Ártico, el segundo más grande registrado desde 2007, el cual alcanzó su punto más bajo y llego a una superficie de apenas 4.14 millones de kilómetros cuadrados.

La tecnología ambiental, tecnología verde o tecnología limpia (tecnologías alternas) es la que se utiliza sin dañar el medio ambiente, es la aplicación de la ciencia ambiental para conservar el ambiente natural y los recursos, y frenar los impactos negativos de la involucración de humanos.

Los municipios, instituciones educativas, organismos descentralizados, edificios públicos en general son consumidores de energías convencionales como la electricidad, y el gas, por lo que tienen que pagar un servicio a la diferentes empresas paraestatales o privadas pero el mayor de los casos es con la Comisión Federal de Electricidad en donde por los costos excesivos en el servicio, presupuestos bajos, y consumo alto se han originado deudas a esta dependencia, y que en algunos casos, si no es que en la mayoría, carteras vencidas, como lo muestra la siguiente tabla.

Es tiempo de re direccionar el rumbo, es tiempo de hacer conciencia y mirar a nuestro alrededor y comenzar a caminar hacia la aplicación de tecnologías alternativas reales para el cuidado del medio ambiente y combatir de frente para revertir el cambio climático que nosotros mismos estamos ocasionando, pero además fomentar una cultura para que las futuras generaciones puedan disfrutar de los recursos naturales con una mayor responsabilidad y conciencia de respeto.

El siguiente análisis ofrece una visión de las diferentes perspectivas que ofrece el uso de las fuentes tradicionales y las alternativas

Energías convencionales

Nuclear:

- Contaminación del agua.

- Basura nuclear.

- Produce mutaciones en los seres vivos.

Hidroeléctrica:

- Disconformidad en la población

- Alteración de la fauna y la flora.

- Erosión en las orillas de los lagos produciendo gas del pantano (gas metano) con la descomposición de la biomasa.

Petróleo y gas:

- Polución atmosférica.

- Contaminación del medio ambiente.

- Alteración de la flora y fauna.

Reservas mundiales en fuentes de energía.

- Petróleo 40 años.

- Gas natural 60 años.

- Carbón Varios años altamente contaminantes.

- Nuclear sin restricción produce alteraciones.

Hidráulica La explotan en un cuarto del potencial (mundial).

Ventajas que proporcionan las energías renovables

- No consumen combustibles fósiles.

- Son fuentes de generación inagotables.

- No contaminan el medio ambiente o su impacto es mínimo.

- No producen mutaciones en los seres vivos.

- No producen alteraciones del clima.

- No alteran el equilibrio de la flora y la fauna.

- Su empleo resulta a largo plazo más económico y sustentable.

Energía no convencional

- Geotermia En continuo crecimiento.

- Biomasa En aumento.

- Eólica En desarrollo.

La producción de energía es un elemento vital para el desarrollo. Pero esta ha de producirse bajo una serie de principios, como son los de la sustentabilidad económica, ambiental y social, de modo que antes que dañar, beneficien a la sociedad humana y su desarrollo, que es el fin de todos los procesos de aplicación de tecnologías. Ello implica también un componente ético adicional que consiste en que el uso de la energía, las tecnologías asociadas y los beneficios que ella produce, se realicen de modo equitativo para todos los pueblos y sectores sociales

Derivado de lo anterior someto a consideración la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que reforma la fracción XI del artículo 2, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas

Artículo Único. Se reforma fracción XI, del artículo 2 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas., para quedar como sigue

Artículo 2. Para los efectos de esta ley se entenderá por

I. a X. ...

...

XI. Proyecto de ingeniería: el que comprende los planos constructivos, memorias de cálculo y descriptivas, especificaciones generales y particulares aplicables, así como plantas, alzados, secciones y detalle, que permitan llevar a cabo una obra civil, eléctrica, mecánica o de cualquier otra especialidad, contemplando en todo momento la utilización de energías renovables, para edificar construcciones autosustentables, y

XII. ...

Notas:

1 http://www.m-x.com.mx/2016-09-18/reporta-la-nasa-el-mayor-deshielo-del-artico-d esde-2007-en-groenlandia-glaciares-a-la-deriva/

2 http://es.slideshare.net/yebra21/tecnologas-alternativas-y-conservacin-del-ambi ente-43375095

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 29 de septiembre de 2016.— Diputada Angie Dennisse Hauffen Torres (rúbrica).»

Se remite a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, para dictamen.

PROPOSICIONES

ELABORACIÓN DE LAS REGLAS GENERALES DE COMERCIO EXTERIOR PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017, ATIENDA A LOS PRINCIPIOS DE EQUIDAD Y PROPORCIONALIDAD

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al jefe del Servicio de Administración Tributaria a atender, en el ámbito de su competencia y en el marco de la elaboración de las reglas generales de comercio exterior para el ejercicio fiscal de 2017, los principios de equidad y proporcionalidad establecidos en la fracción IV del artículo 31 constitucional, suscrita por los diputados Yahleel Abdala Carmona, Edgardo Melhem Salinas, María Esther Camargo Félix y Pedro Luis Coronado Ayarzagoitia, del Grupo Parlamentario del PRI

Los suscritos, diputados federales Yahleel Abdala Carmona, Edgardo Melhem Salinas, María Esther Guadalupe Camargo Félix y Pedro Luis Coronado Ayarzagoitia, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la Sexagésima Tercera Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el gobierno interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración de esta Cámara de Diputados del Congreso de la Unión la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes:

Consideraciones

I. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su artículo 31 distintas obligaciones de los mexicanos, entre las cuales en su fracción IV se señala la de contribuir para los gastos públicos, señalando que dicha contribución se realizara de manera proporcional y equitativa de acuerdo a lo que dispongan las leyes.

II. El Servicio de Administración Tributaria (SAT) es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mismo que cuenta con el carácter de autoridad fiscal el cual tiene entre sus responsabilidades la de aplicar la legislación fiscal y aduanera con el fin de que las personas físicas y morales contribuyan proporcional y equitativamente al gasto público, así como de fiscalizar a los contribuyentes para que cumplan con las disposiciones tributarias y aduaneras.

III.- En ese sentido y con fecha del 27 de enero de 2016 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación las Reglas Generales de Comercio Exterior para 2016 las cuales en su capítulo 3.4. establece los criterios para la importación de mercancía de uso personal para residentes fronterizos y en el apartado 3.4.1. señala lo siguiente:

3.4.1. Para los efectos del artículo 61, fracción VIII, de la ley, las personas mayores de edad que sean residentes en la franja o región fronteriza, por las mercancías que importen para su consumo personal, deberán cumplir con lo siguiente:

I. El valor de las mercancías no deberá exceder diariamente del equivalente en moneda nacional o extranjera a 150 dólares.

II. Los residentes que ingresen a territorio nacional en vehículo de servicio particular y en él se transporten más de dos personas, el valor de las mercancías que importen en su conjunto no deberá exceder del equivalente en moneda nacional o extranjera a 400 dólares.

IV. En ese orden de ideas, el capítulo 3.2.3 de dichas reglas establece las franquicias que habrán de cubrir los pasajeros en viajes internacionales, ya sean residentes en el país o en el extranjero, así como de los pasajeros procedentes de la franja o región fronteriza con destino al resto del territorio nacional además de contemplar el supuesto de que las franquicias de los integrantes de una misma familia podrán acumularse si estos arriban a territorio nacional simultáneamente y en el mismo medio de transporte conforme a lo siguiente:

I. Cuando el pasajero ingrese al país por vía terrestre: mercancías con valor hasta de 300 dólares o su equivalente en moneda nacional o extranjera.

II. Cuando el pasajero ingrese al país por vía aérea o marítima: mercancías con valor hasta de 500 dólares o su equivalente en moneda nacional o extranjera.

V. La exposición de motivos de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2014 en su fracción I denominada “Reforma social y hacendaria” señala que en consistencia con lo establecido en los ejes “México incluyente” y “México Próspero” del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, la presentación del Paquete Económico incluía una iniciativa de reforma social y hacendaria, haciendo mención de que las modificaciones al sistema tributario tienen entre sus objetivos el de dotar al país con un sistema fiscal más justo y más simple.

VI. De igual forma dicha exposición de motivos en su punto 2 denominado “Medidas para mejorar la equidad del sistema tributario” señala que la propuesta de reforma hacendaria está orientada a mejorar la equidad del sistema tributario del país y a acotar o eliminar tratamientos especiales, garantizando un trato equitativo a personas con capacidades contributivas similares, en ese orden de ideas y de acuerdo a la multicitada exposición de motivos por parte del Ejecutivo federal, las modificaciones relativas a la modificación al impuesto al valor agregado (IVA) “Están dirigidas a eliminar los tratamientos excepcionales más regresivos. Así, se propone homologar la tasa fronteriza con el resto del país.”, de tal forma que con estas justificaciones se llevó acabo la homologación a 16 por ciento del impuesto al valor agregado en todo el territorio nacional, quitando así la tasa preferencial de 11 por ciento que existía en la zona fronteriza.

VII. Tomando en cuenta lo anterior y tal y como se desprende del considerando III y IV de la presente propuesta, las franquicias y reglas aplicables para los residentes en la franja o región fronteriza no abonan a conseguir los objetivos del Ejecutivo federal planteados en los considerandos V y VI, sumado a esto la diferencia que existe entre las mismas, carece de justificación o argumento de trascendencia para que continúen aplicándose en virtud de que estas son mucho menores a las que tienen derecho los habitantes del resto del país, situación que atenta contra los principios constitucionales de igualdad y equidad, por lo que en congruencia con los objetivos del orden jurídico vigente es imperativo que todas las disposiciones legales guarden armonía y procuren el estricto cumplimiento del orden constitucional.

Por lo antes expuesto, sometemos a consideración de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta al titular del Servicio de Administración Tributaria, para que en el ámbito de su respectiva competencia y en el marco para la elaboración de las Reglas Generales de Comercio Exterior para el Ejercicio Fiscal de 2017, atienda a los principios de equidad y proporcionalidad establecidos en la fracción IV del artículo 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y realice las siguientes acciones:

a) Homologue las franquicias a las que tienen derecho los residentes en la franja o región fronteriza con las que disfrutan los habitantes del resto del país;

b) Homologue las franquicias de los residentes de dicha franja o región que ingresan a territorio nacional en vehículo de servicio particular con las franquicias del resto de los pasajeros que ingresan al país y a su vez permita que al igual que estos últimos los residentes puedan beneficiarse del criterio que permite que las franquicias de los integrantes de una misma familia puedan acumularse si éstos arriban a territorio nacional simultáneamente y en el mismo medio de transporte; y,

c) Se elimine el tope máximo contenido en la fracción I del capítulo 3.4.2 y se apliquen los mismos criterios de su correlativo 3.2.2 en beneficio de todos los mexicanos.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 29 de septiembre de 2016.— Diputados: Yahleel Abdala Carmona, Edgardo Melhem Salinas, María Esther Guadalupe Camargo Félix, Pedro Luis Coronado Ayarzagoitia (rúbricas).»

Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

DEN CUMPLIMIENTO A LAS ACCIONES SEÑALADAS EN LA ESTRATEGIA NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN DEL EMBARAZO

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los gobiernos de las 32 entidades federativas a cumplir las acciones señaladas en la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo y difundir sus avances, suscrita por la diputada Jorgina Gaxiola Lezama, del Grupo Parlamentario del PVEM

Quien suscribe, diputado Jorgina Gaxiola Lezama, en nombre de los diputados federales del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, de la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

México es el país de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) con la mayor tasa de natalidad en mujeres adolescentes: ocurren 77 nacimientos por cada mil mujeres de entre 15 y 19 años, y tan sólo en el periodo de 2013-2014 se registraron 394 nacimientos en niñas de 10 años, según datos obtenidos de la asociación Save the Children.

Asimismo, la misma asociación refiere que 1 de cada 5 nacimientos en México es de una mujer adolescente menor de 20 años de edad; que una tercera parte de los embarazos adolescentes no son planeados; que un 40% de estos embarazos ocurren en estratos socioeconómicos bajos; y que el acceso a los métodos anticonceptivos no es equitativo en todas las entidades federativas de nuestro país.

Las consecuencias que derivan del embarazo en mujeres adolescentes son un tema que debe atenderse prioritariamente. El 11.8 por ciento de ellas desertan de la educación media superior a causa del embarazo; y 59 por ciento de entre 12 y 19 años de edad sólo cursó hasta la secundaria, situación que las coloca en un contexto de gran vulnerabilidad económica.

Aún más alarmante y urgente de atender es la elevada tasa de mortalidad a causa del embarazo en la adolescencia. De 2010 a 2014, se presentó un alza de 12.71 por ciento a 13.89 por ciento, lo que significa un aumento de 137 a 142 muertes maternas. Al respecto, la Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que las adolescentes menores de 16 años corren un riesgo de defunción materna cuatro veces más alto que las mujeres de 20 a 30 años.

Las causas que dan origen a dicha situación sin duda están relacionadas con la falta de educación y, en general, con la ausencia de políticas públicas dirigidas específicamente a esta parte de la población que por décadas no había sido atendida, lo que derivó en un grave problema de salud pública en nuestro país.

El embarazo en adolescentes es un tema que requiere de la intervención de las autoridades de los diferentes niveles de gobierno. Es indispensable que se garantice la implementación de acciones que permitan que las niñas y adolescentes estén más informadas sobre las consecuencias de la maternidad precoz.

El actual gobierno de la República ha emprendido diversas acciones para disminuir los embarazos en adolescentes a través de una estrategia multisectorial denominada Estrategia Nacional para la Prevención de Embarazos en Adolescentes (Enapea), cuyo objetivo fundamental es reducir el número de embarazos en este sector de la población, con absoluto respeto a los derechos humanos y a los derechos sexuales y reproductivos. Los objetivos específicos de la Estrategia incluyen:

1. Contribuir al desarrollo humano y ampliar las oportunidades laborales y educativas de las y los adolescentes en México;

2. Propiciar un entorno habilitante que favorezca las decisiones libres, responsables e informadas de las y los adolescentes sobre el ejercicio de su sexualidad y la prevención del embarazo;

3. Asegurar el acceso efectivo a los métodos anticonceptivos, incluyendo los reversibles de acción prolongada, para garantizar una elección libre e informada y la corresponsabilidad del varón en el ejercicio de la sexualidad;

4. Incrementar la demanda y calidad de la atención de los servicios de salud sexual reproductiva para adolescentes; y

5. Garantizar el derecho de las niñas, los niños y la población adolescente a recibir educación integral en sexualidad en todos los niveles educativos de gestión pública y privada.

Uno de los elementos indispensables para la exitosa implementación de la Enapea es la coordinación interinstitucional, así como la obligatoriedad de las 32 entidades federativas para incluir, dentro de sus normas y prácticas locales, el acceso de manera simple y efectiva de la población a todo tipo de métodos anticonceptivos. Se enfatiza particularmente el acceso a los preservativos y su uso para la prevención del embarazo y para evitar enfermedades de trasmisión sexual.

A dos años de su presentación, la Estrategia Nacional ha logrado avances importantes. Para 2015, el Grupo Interinstitucional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes (GIPEA) acordó impulsar la conformación de un Grupo Estatal para la Prevención del Embarazo en Adolescentes (GEPEA) en cada una de las 32 entidades federativas, tomando el modelo federal como referencia y considerando las características específicas de cada estado. Al término de ese año, 15 entidades federativas ya contaban con dicho grupo: Baja California, Campeche, Coahuila, Colima, Chiapas, Durango, Jalisco, estado de México, Morelos, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas.

Asimismo, el Consejo Nacional de Población (Conapo), como instancia coordinadora del GIPEA, se encuentra dando seguimiento a la conformación de los referidos grupos estatales y a los convenios suscritos por todas las entidades federativas con el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) en materia de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.

También se ha logrado implementar el Plan de Monitoreo y el Esquema General de Evaluación de la Enapea, el cual tiene como propósito focalizar las acciones interinstitucionales para la disminución de la prevalencia del embarazo en adolescentes, así como la construcción y mantenimiento de la página web para adolescentes ¿Cómo le hago? (http://comolehago.org), la cual pretende ser una vía para proporcionar información confiable en temas clave como el ejercicio saludable de la sexualidad, la prevención del embarazo no planeado y la prevención de enfermedades de transmisión sexual. Al concluir 2015, este portal había registrado 30 mil 538 usuarios, de los cuales el 63.5 por ciento son mujeres y el 36.5 por ciento son hombres.

Estrategias como las campañas de comunicación social “Prevención del embarazo no planeado e infecciones de transmisión sexual en adolescentes” y “Es tu vida. Es tu futuro. Hazlo seguro”, son evidencias del proceso de consolidación de la Enapea.

No obstante, aún hay entidades federativas en las que se desconoce el avance en la constitución de los Grupos Estatales para la Prevención del Embarazo Adolescente; así como las acciones y resultados de la implementación de las Mesas Interinstitucionales de Prevención y Atención de Embarazo en Adolescentes; razón que da origen al presente punto de acuerdo.

Para el Partido Verde Ecologista de México, un sistema de salud sexual y reproductiva adecuado debe responder a las necesidades y expectativas actuales de la sociedad. Debe abordar la problemática de manera abierta e incluyente, y dotar a la ciudadanía de la información necesaria para que pueda desarrollar una vida sexual sana y responsable. Reconocemos los avances logrados; no obstante, consideramos que una estrategia tan importante como la Enapea requiere de trabajo y seguimiento constante y coordinado, por lo que ponemos a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los gobiernos de las 32 entidades federativas a que den cumplimiento a las acciones señaladas en la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo, específicamente en los siguientes rubros:

1. Constitución de los Grupos Estatales para la Prevención del Embarazo en Adolescentes;

2. Implementación de las Mesas Interinstitucionales de Prevención y Atención del Embarazo en Adolescentes para la obtención de resultados

3. Articulación de las dependencias e instituciones estratégicas del Grupo Interinstitucional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes, y

4. Alineación de acciones en materia de salud sexual y reproductiva, y reducción del embarazo en adolescentes, con la finalidad de cerrar brechas sociales y dar la oportunidad a los jóvenes para desarrollar un proyecto integral de vida en educación y salud.

Segundo. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a los gobiernos de las 32 entidades federativas para que, en el marco de sus atribuciones, difundan los avances de las acciones propuestas en la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 29 de septiembre de 2016.— Diputada Jorgina Gaxiola Lezama (rúbrica).»

Se remite a la Comisión de Salud, para dictamen.

REFUERCEN LAS MEDIDAS DE ATENCIÓN A LAS QUEJAS DE LOS USUARIOS EN MATERIA DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Instituto Federal de Telecomunicaciones y la Profeco a reforzar la atención de quejas presentadas por usuarios de servicios de telecomunicaciones, suscrita por la diputada Jorgina Gaxiola Lezama, del Grupo Parlamentario del PVEM

Quien suscribe, diputada Jorgina Gaxiola Lezama, en nombre de los diputados federales del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México de la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

Para impulsar el desarrollo de la red en telecomunicaciones en México, fomentar la competencia y la mejora en la calidad de los productos ofrecidos a los consumidores, el Poder Ejecutivo y Legislativo impulsaron la reforma en telecomunicaciones, con la finalidad de crear una nueva arquitectura jurídica, institucional, regulatoria y de competencia en el sector de las telecomunicaciones y de la radiodifusión, con una serie de fundamentos cuya base fue pensada bajo los principios de efectividad, certidumbre jurídica, promoción de la competencia, regulación eficiente, inclusión social digital, independencia, transparencia y rendición de cuentas (Instituto Federal de Telecomunicaciones, 2015).

La reforma en comento se presentó en un contexto nacional caracterizado por la exigencia de empresarios y usuarios por actualizar la normatividad en materia de telecomunicaciones, a fin de combatir los monopolios y permitir la libre competencia entre empresas, buscando la mejora en los diversos servicios del ramo en beneficio de la sociedad y del país.

Como medio para cumplir con los objetivos de la reforma, se creó el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), al cual se le confieren las siguientes atribuciones por medio de su estatuto orgánico (IFT, 2014):

El Instituto tiene a su cargo la regulación, promoción y supervisión del uso, aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico, los recursos orbitales, los servicios satelitales, las redes de telecomunicaciones, incluyendo las redes públicas de telecomunicaciones, y la prestación de los servicios públicos de interés general de radiodifusión y de telecomunicaciones, así como del acceso a la infraestructura activa y pasiva y otros insumos esenciales, garantizando lo establecido en los artículos 6o. y 7o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Asimismo, el Instituto Federal de Telecomunicaciones es la autoridad en materia de competencia económica de los sectores de radiodifusión y telecomunicaciones, por lo que en éstos ejercerá en forma exclusiva las facultades que el artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Federal de Competencia Económica y demás disposiciones legales aplicables establecen para la Comisión Federal de Competencia Económica [...].

En el mismo artículo, se define al IFT como la autoridad encargada de definir los lineamientos técnicos relativos a la infraestructura, así como también los equipos que se conectan a las redes de telecomunicaciones y la evaluación de la conformidad de la infraestructura y equipos, todo ello apoyada por la Unidad de Política Regulatoria, la cual se encarga de elaborar, en coordinación con las Unidades o Coordinaciones Generales competentes, y proponer al Pleno las disposiciones administrativas de carácter general, planes técnicos fundamentales, lineamientos, reglas, ordenamientos técnicos y normas en materia de telecomunicaciones y radiodifusión en el ámbito de su competencia (artículo 22, fracción I(Instituto Federal de Telecomunicaciones, 2015)).

Como se mencionó, uno de los objetivos más importantes de esta reforma fue la protección de los derechos de los usuarios; para ello, se considera la actuación conjunta entre el IFT y la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), de acuerdo con el estatuto orgánico del IFT:

Artículo 44. Corresponde a la Dirección General de Sanciones el ejercicio de las siguientes atribuciones: [...]

VIII. Hacer del conocimiento de la Procuraduría Federal del Consumidor cuando los concesionarios o autorizados incurran en violaciones sistemáticas o recurrentes a los derechos de los usuarios o consumidores previstos en la Ley de Telecomunicaciones y en la Ley Federal de Protección al Consumidor, a fin de que en el ámbito de sus atribuciones realice las acciones necesarias para su protección y restitución, sin perjuicio de las sanciones que corresponda imponer al Instituto por el incumplimiento de sus obligaciones; [...]

Es así que se establece una serie de lineamientos encaminados a dar solución a problemas derivados de la oferta de servicios en telecomunicación y que si bien fueron considerados dentro del espíritu de la reforma en comento, se han dado casos que afectan a los usuarios.

En este esquema de protección de los derechos de los usuarios, encontramos que tanto la Profeco como el IFT cuentan con mecanismos para recibir y encausar las quejas de los consumidores, entre ellos se cuentan aquellos diseñados para llegar a un punto de conciliación (que puede ser de manera presencial o por medio de Concilianet y Conciliaexprés de la Profeco) o para el seguimiento de los casos de inconformidad con el servicio (para el caso del IFT se puede emitir la queja vía telefónica, haciendo uso de la herramienta Soy Usuario de su página web, por correo electrónico o directamente en el módulo de atención).

A pesar de existir indicaciones claras para el cumplimiento de las disposiciones establecidas para proveer servicios relacionados con las telecomunicaciones, se siguen dando casos de fallas en el servicio. En este sentido, en mayo de 2016 el procurador Ernesto Nemer declaró que entre enero y abril del año en curso la Profeco recibió 11 mil quejas en contra de empresas de telecomunicaciones, ubicando a éstas como las prestadoras de servicio con la mayor cantidad de quejas.

En el Informe Trimestral presentado por el IFT en 2016 se exponen los siguientes casos:

• Servicio de Internet: El 17 por ciento de los usuarios refirió presentar una queja ante su proveedor, de los cuales, el 44 por ciento señaló que ésta fue por fallas en la provisión del servicio.

El porcentaje de usuarios encuestados que presentaron una queja del servicio llega como máximo a 29 por ciento. Sin embargo, el propio IFT reconoce que existe un número importante de usuarios que no emiten quejas a pesar de tener problemas con el servicio, por lo cual es necesario que se refuercen las medidas para atender las deficiencias de los proveedores de los servicios de telecomunicaciones, en provecho de los derechos del usuario.

En virtud de lo aquí expuesto, se expone a consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero.La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Instituto Federal de Telecomunicaciones para que, en el ámbito de su competencia, refuerce las acciones de vigilancia y colaboración con las empresas concesionarias y permisionarias de servicios de telecomunicaciones en todas sus vertientes, para que cumplan puntualmente con las características mínimas de calidad en el servicio que se deben observar conforme a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, así como cualquier otra legislación vigente en la materia, a fin de proteger los derechos de los usuarios.

Segundo.La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Instituto Federal de Telecomunicaciones y a la Procuraduría Federal del Consumidor para que realicen una campaña de difusión sobre los derechos de los usuarios, en la cual se expliquen los mecanismos de recepción de quejas y seguimiento de las mismas por parte de ambos organismos.

Tercero.La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Instituto Federal de Telecomunicaciones para que actualice la información correspondiente al segundo trimestre del año en cuanto a la encuesta de usuarios de servicios de telecomunicaciones.

Nota:

1 IFT tiene la obligación de establecer las condiciones técnicas mínimas para la interconexión entre concesionarios que operen redes públicas de telecomunicaciones en el último trimestre del año, mismas que se publicarán en el Diario Oficial de la Federación en el último trimestre del año (artículo 137 de la LFTyR).

Referencias

García, M. P. (12 de Mayo de 2016). Profeco recibió 11 mil quejas contra telecomunicaciones, hasta abril. La Jornada, págs. http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/05/12/profeco-recibio-11-mil-quejas-con tra-telecomunicaciones-hasta-abril.

IFT. (2014). Estatuto Orgánico. Recuperado el 15 de Agosto de 2016, de http://www.ift.org.mx/sites/default/files/contenidogeneral/facultades/estatutoo rganico040914_2.pdf

IFT. (Enero de 2016). Usuarios y Audiencias - Informe trimestral. Obtenido de Primera Encuesta 2016: http://www.ift.org.mx/sites/default/files/encuestas2016-1-vacc.pdf

Instituto Federal de Telecomunicaciones. (2015). Usuarios y audiencias. Obtenido de ¿Qué es la Reforma de Telecomunicaciones?: http://www.ift.org.mx/que-es-el-ift/que-es-la-reforma-de-telecomunicaciones

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 29 de septiembre de 2016.— Diputada Jorgina Gaxiola Lezama (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Economía, para dictamen.

REGLAS GENERALES DE COMERCIO EXTERIOR PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017, TOMANDO EN CONSIDERACIÓN EL PLANO DE IGUALDAD EN EL COBRO DE LAS FRANQUICIAS DE INGRESO A TERRITORIO NACIONAL

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al SAT a considerar el plano de igualdad en el cobro de las franquicias de ingreso en territorio nacional cuando emita las reglas generales de comercio exterior para el ejercicio fiscal de 2017, a cargo del diputado Francisco Saracho Navarro, del Grupo Parlamentario del PRI

El diputado federal Francisco Saracho Navarro, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIII Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 79, numeral 1, fracción II, y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados, artículo 22, numeral 2, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y demás disposiciones jurídicas aplicables, somete a consideración de esta honorable asamblea una proposición con punto de acuerdo, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

Durante el pasado receso, el suscrito presentó ante la Comisión Permanente una proposición con punto de acuerdo en la que se exhortó al Servicio de Administración Tributaria para que al emitir las Reglas Generales de Comercio Exterior para el ejercicio fiscal 2017, lo haga en el marco de la igualdad bajo la cual deben ser considerados todos los mexicanos, máxime si se trata del cobro de alguna contribución, como sucede con las franquicias de ingreso a territorio nacional, propuesta que fue aprobada en sesión de 20 de julio de 2016, por lo que al no haber una respuesta por parte de la autoridad hacendaria y en el marco de la discusión del paquete económico para el ejercicio fiscal de 2017, es que planteo este nuevo exhorto con la misma finalidad y alcances que el referido en el presente párrafo.

A finales de 2013 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la reforma hacendaria propuesta por el Ejecutivo Federal, misma que al ser aprobada, modificó diversos ordenamientos legales en la materia, trayendo consigo varias innovaciones, entre ellas, la homologación al 16% del Impuesto al Valor Agregado, en todo territorio nacional .

Fueron varios los argumentos que respaldaron la homologación del Impuesto al Valor Agregado al 16 % en todo territorio nacional, sin embargo, es importante señalar que el argumento que apelo a la igualdad y equidad que deben tener los mexicanos en el pago de las contribuciones, como una obligación constitucional, es uno de los que revistieron mayor trascendencia en ese proceso legislativo, junto a otros factores que también incidieron en su posterior aprobación.

Desafortunadamente, no se ha seguido ese mismo criterio en la determinación y cobro de las contribuciones en nuestro país, lo cual se advierte en aquellas contribuciones de carácter aduanal, cuyo monto se determina tomando en cuenta la residencia del obligado, es decir, sí este reside dentro de la franja fronteriza de 20 kilómetros o lo hace en el resto del territorio nacional, tal como sucede en el cobro de las franquicias por ingresos en las aduanas de nuestro país en vía terrestre.

Las franquicias por ingresos, son aquellas mercancías que se pueden importar o cruzar a México, sin obligación de pagar impuestos adicionales al equipaje, lo cual es efectuado por un residente de nuestro país, ya sea de la franja fronteriza o del resto del territorio nacional.

Es requisito indispensable que su valor no exceda del equivalente en moneda nacional o extranjera de 150 dólares, cuando quien lo vaya a cruzar sea residente de la franja fronteriza de 20 kilómetros, o de 400 dólares, cuando quien lo vaya a cruzar sea residente del resto del territorio nacional, además de establecer restricciones sobre el tipo de mercancías que pueden ingresarse al país bajo este esquema.

Las autoridades hacendarias han determinado elevar dichos topes durante los periodos vacacionales, en los que mexicanos que residen en los Estados Unidos de América vienen a territorio nacional a visitar a sus familias, incrementando los cruces con mercancías, motivo que ha justificado la modificación de tales montos, como una medida que permitirá darle fluidez a las importaciones y demás operaciones de comercio exterior.

Al respecto, podemos observar las Reglas Generales de Comercio Exterior que al efecto emitió el Servicio de Administración Tributaria, las cuales fueron publicadas el pasado 27 de enero de 2016 en el Diario Oficial de la Federación, mismas que en su “Capitulo 3.4 Franja o Región Fronteriza” establecen lo siguiente:

“3.4.1 Para los efectos del artículo 61 fracción VIII de la Ley (Aduanera), las personas mayores de edad que sean residentes en la franja o región fronteriza, por las mercancías que importen para su consumo personal, deberán cumplir con lo siguiente:

I. El valor de las mercancías no deberá exceder diariamente del equivalente en moneda nacional o extranjera a 150 dólares;

II. Los residentes que ingresen a territorio nacional en vehículo de servicio particular y en él se transporten más de dos personas, el valor de las mercancías que importen en su conjunto no deberá exceder del equivalente en moneda nacional o extranjera a 400 dólares...”

Entre otros aspectos que deben destacarse de la reglamentación de la franquicia, es que cada integrante de una familia tiene derecho a ella, por lo que pueden acumularse si viajan juntos en el mismo medio de transporte, cuya única restricción es que sean residentes de la franja o región fronteriza. Al mismo tiempo, toda persona que ingrese o salga del país, y lleve consigo cantidades superiores al equivalente a 10,000 dólares, tiene obligación de declararlos.

Independientemente de los bienes que formen parte de la franquicia a que cada persona tiene derecho, hay algunos artículos que pueden ser ingresados al país sin necesidad de hacer pago de impuestos por ellos, ya que son mercancía que forma parte de tu equipaje personal, tales como dos cámaras fotográficas o de videograbación, libros, revistas y documentos impresos.

Aunado a lo anterior, también vemos la situación de los adultos mayores y de las personas con discapacidad, quienes tienen la posibilidad de ingresar artículos sin obligación de pagar impuestos por ellos, mismos que por sus características, suplen o disminuyen sus limitaciones físicas, tales como lo son las andaderas, las sillas de ruedas, las muletas, los bastones, u otros aparatos de esa naturaleza.

No obstante que son principios constitucionales en materia tributaria, recientemente se le ha dado mayor énfasis a la igualdad y equidad para establecer el pago generalizado de las contribuciones en nuestro país, tal como sucedió con la homologación al 16 % del Impuesto al Valor Agregado en todo territorio nacional, por lo que a pesar de ello, se siguen advirtiendo de las reglas antes transcritas, la institución de contribuciones en las que las personas que residen en la franja fronteriza de 20 kilómetros, se encuentran en desventaja respecto de los residentes en el centro del territorio nacional, al imponerles un tope de tan sólo 150 dólares en el pago de las franquicias por ingresos, a diferencia de los mexicanos del resto del país, cuyo tope es de 400 dólares.

La anterior restricción, además de colocar en una situación de desventaja a los residentes de la franja fronteriza, perjudica sus ingresos económicos y su capacidad de adquisición, lo cual no ocurre con los residentes de los habitantes del resto del país, a quienes se les permitiría ingresar mayor número de productos o de un valor mayor, es contrario al espíritu constitucional.

En ese sentido, es importante señalar que dicha distinción no se encuentra justificada por algún argumento de trascendencia, máxime que la reforma hacendaria de 2013, que ya está operando desde 2014, incluyo la homologación al 16% del Impuesto al Valor Agregado en todo territorio nacional, quitándole la tasa preferencial del 11% a la zona fronteriza basándose en la inequidad que implicaba la realización de operaciones a diferentes tasas, lo cual es una circunstancia que se sigue presentando en el pago de contribuciones aduaneras, en un claro perjuicio de los residentes de la franja fronteriza de 20 kilómetros, por lo que es necesario que todas las disposiciones legales y reglamentos, guarden armonía y el principio de igualdad este contenido en sus respectivos articulados.

Es importante considerar que estamos en el mes de mayo de 2016 y es buen momento para que el Servicio de Administración Tributaria, en preparación al ejercicio fiscal 2017, efectúe los estudios y análisis técnicos necesarios para realizar los cambios que reflejen la igualdad en el pago de las contribuciones aduaneras previstas en las Reglas Generales de Comercio Exterior para ese año, como lo son las franquicias por ingresos, colocando en un marco de equidad a todos los residentes de nuestro país, y que de esa manera, el pago de las contribuciones sea equilibrado.

Por todo lo antes expuesto, el suscrito plantea ante esta honorable Comisión Permanente del Congreso de la Unión la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único.Se exhorta al titular del Servicio de Administración Tributaria, para que en el ejercicio de sus facultades legales previstas en la fracción III del artículo 14 de la Ley del Servicio de Administración Tributaria, efectúen los estudios y análisis necesarios para desarrollar los cambios en el establecimiento de las contribuciones aduaneras contenidas en las Reglas Generales de Comercio Exterior para el ejercicio fiscal 2017, tomando en consideración el plano de igualdad en el que se deben encontrar todos los mexicanos en el cobro de las franquicias de ingreso a territorio nacional, de conformidad con la fracción IV del artículo 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 29 de septiembre de 2016.— Diputado Francisco Saracho Navarro (rúbrica).»

Se remite a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

IMPLEMENTEN ACCIONES EN FAVOR DE LAS PERSONAS QUE SUFREN DE LA ENFERMEDAD DENOMINADA HEMOFILIA

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal y la Ssa a implantar acciones en favor de las personas con hemofilia y aumentar de 10 a 18 años la edad de atención médica por el Seguro Popular de los menores con dicho mal, a cargo del diputado Elías Octavio Íñiguez Mejía, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, Elías Octavio Iñiguez Mejía, diputado de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, de conformidad con lo establecido en los artículos 6, numeral I, fracción I, y 79, numeral I, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La hemofiliaes una enfermedad genética recesiva que impide la buena coagulación de la sangre. Está relacionada con el cromosoma X y existen tres tipos: la hemofilia A, cuando hay un déficit del factor VIII de coagulación, la hemofilia B, cuando hay un déficit del factor IX de coagulación, y la hemofilia C, que es el déficit del factor XI.

Las hemofilias A y B, son las deficiencias hereditarias de factores de la coagulación más comunes, el tipo A es la deficiencia del factor VIII de la coagulación y el tipo B es por deficiencia del factor IX. La más común es la A, contando en el 80-85% de los casos de hemofilia. Ambas formas se heredan de forma recesiva ligada al cromosoma X, por lo cual los hombres la padecen, siendo las mujeres portadoras (generalmente asintomáticas), aunque el 30% de casos en el mundo son causados por mutación de novo, por lo que en estos casos no se tienen antecedentes familiares.

Las personas con la forma grave tienen hemorragias no relacionadas a traumatismos en especial en articulaciones y músculos. Los moderados sólo sangran asociados con traumatismos, mientras que las personas con la forma leve sólo presentan manifestaciones hemorrágicas con procedimientos invasivos, si no son preparados previamente con el factor deficiente o por traumatismos muy graves. En todo caso, es importante hacer notar que la actividad plasmática del factor no siempre es una guía confiable para la determinación del riesgo de hemorragia y el tratamiento. Una vez que la hemorragia ha iniciado en una persona con hemofilia (PCH) con la forma leve requiere la misma atención que un paciente grave, para asegurar la hemostasia.

La hemorragia en una PCH, sin tratamiento específico, se puede prolongar indefinidamente. Las hemorragias secundarias a heridas abiertas pueden ocasionar la muerte por choque hipovolémico. Si la hemorragia es en espacios confinados, como en cráneo, también puede conllevar a la muerte por hipertensión intracraneal; en cambio, en las articulaciones y músculos, la hemorragia se detiene cuando la presión de los tejidos circundantes es mayor o igual a la presión de la sangre que fluye, ocasionando daño grave en los tejidos, no reversible.

La prevalencia de la hemofilia en México, de acuerdo al Registro de Pacientes de la Federación de Hemofilia de la República Mexicana es de 5,420 personas, sin embargo, la prevalencia en otros países para hemofilia A es de 105 por millón de habitantes hombres y para hemofilia B de 28 por millón de habitantes hombres, se estima que por cada dos mexicanos diagnosticados con hemofilia, hay uno más que vive con el padecimiento y no lo sabe.

Asimismo, se ha logrado elevar la calidad de atención y tratamiento para pacientes con hemofilia; sin embargo, México es uno de los países con niveles de tratamiento más bajos en Latinoamérica, aumentado en los últimos años de manera gradual, de 0.60 UI/cápita hasta alcanzar en 2013 el 1.16 UI/cápita. Según, las recomendaciones internacionales de la Federación Mundial de Hemofilia, lo ideal es una dosificación acorde a las características particulares de cada paciente manteniendo un mínimo de 2 a 3 UI/cápita.

A partir del 2011, el Gobierno Federal decretó que todos los niños diagnosticados entre 0 y 10 años con hemofilia A, B y enfermedad de von Willebrand, que no cuentan con seguridad social, tengan tratamiento a través de la cobertura del Seguro Popular; sin embargo, esto aún no es una realidad en todos los estados, por lo que es indispensable mejorar los mecanismos de coordinación interinstitucional y asegurar el cumplimiento de los procesos de acreditación hospitalaria que hagan efectivo el acceso al tratamiento a través del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos del Sistema de Protección Social en Salud (Seguro Popular).

El Sistema Nacional de Salud debe garantizar, a través de sus instituciones (IMSS, ISSSTE, Seguro Popular, Hospitales de las Secretarías de Salud federal y estatales), el acceso de las personas con hemofilia que cuentan con cobertura, a un tratamiento integral, suficiente, oportuno, multidisciplinario y de calidad; de igual forma, es necesario que se incremente la cobertura en salud para las personas con hemofilia que actualmente se encuentran fuera de los esquemas de atención. Se estima que existen alrededor de 1,000 pacientes sin acceso a tratamiento, por no contar con servicios de seguridad social.

El tratamiento integral permite una mejor calidad de vida del paciente y una contributiva inserción a la sociedad. Por ello es necesario que todas las personas con hemofilia puedan acceder a él.

La falta de un tratamiento adecuado para hemofilia puede desencadenar complicaciones que van desde daño en las articulaciones, lo que provoca limitaciones y discapacidades físicas; y en los sangrados, como en el sistema nervioso central, pudiendo llegar incluso a la muerte.

Nuestro país requiere del establecimiento de una política pública integral de atención al paciente con hemofilia que eleve y homologue los parámetros de tratamiento, contemplando el diagnóstico oportuno, las alternativas terapéuticas y la atención médica multidisciplinaria acorde a las necesidades de la comunidad con hemofilia de nuestro país en sintonía con las recomendaciones internacionales.

Por lo anterior, someto a la consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud para que, en el ámbito de sus facultades, aumente la edad de atención médica por parte del Seguro Popular, de los menores que sufren la enfermedad denominada “hemofilia”, de los 10 a los 18 años.

Segundo.Se exhorta al Ejecutivo Federal para que, a través de la Secretaría de Salud Federal, se establezcan políticas públicas necesarias, con la finalidad de homologar los tratamientos para pacientes con Hemofilia en todo el territorio nacional, para que dichos pacientes cuenten con atención integral, suficiente, oportuna, multidisciplinaria y de calidad.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 29 de septiembre de 2016.— Diputado Elías Octavio Iñiguez Mejía (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.

CUIDADO Y CONSERVACIÓN DE LOS CANALES DE XOCHIMILCO

«Proposición con punto de acuerdo, relativo al cuidado y la conservación de los canales de Xochimilco, a cargo de la diputada Claudia Villanueva Huerta e integrantes del Grupo Parlamentario del PVEM

La que suscribe, diputada Claudia Villanueva Huerta, en nombre de los diputados federales del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México de la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta honorable asamblea, la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

A fin de contextualizar el objeto del presente punto de acuerdo, resulta necesario plantear los antecedentes de la zona denominada “Canales de Xochimilco”. La zona metropolitana del valle de México es una región geográfica que albergó los lagos de Texcoco, Xochimilco y Chalco y que durante miles de años fueron abastecidos por los escurrimientos y filtraciones provenientes de las montañas aledañas, particularmente de la Sierra Nevada, la Sierra de las Cruces y la Sierra Ajusco-Chichinauhtzin. Surgieron en sus márgenes las antiguas culturas que poblaron el valle de México y en ellos se desarrollaron las “chinampas”, un importante sistema de producción agrícola, que actualmente aún subsiste como vestigio de la cultura prehispánica. El lago de Xochimilco es un remanente de un sistema lacustre conformado por cinco lagos que abarcaban una distancia de 920 kilómetros cuadrados de la cuenca de México y que hoy en día se mantienen con mucha dificultad por las presiones que sobre estos ejerce la mancha urbana.

Desde el 1 de septiembre de 1910, el General Porfirio Díaz inauguró el sistema llamado “Red Xochimilco” encargado de dotar de agua potable de sus manantiales a la Ciudad de México. Con el paso de los años, el sistema se secó y los gobiernos continuaron llevando agua a la ciudad, ahora extraída del subsuelo a través de pozos, sin embargo, la excesiva explotación de los mantos acuíferos propició fracturas y desplomes en el lecho del lago, lo cual provocó la desaparición paulatina del agua original de los canales. Para 1992 el gobierno federal, encabezado por el licenciado Carlos Salinas de Gortari, tomó cartas en el asunto y por decreto presidencial implementó el “Rescate Ecológico de Xochimilco”, este plan derivó de la urgencia de frenar y revertir el proceso de deterioro que, por múltiples razones, durante décadas no se atendió oportunamente y dio paso al crecimiento del problema.

El lago de Xochimilco, sus canales y chinampas siguen siendo un magnífico escenario. No obstante lo anterior, los terrenos agrícolas y las chinampas han cedido a la urbanización desmedida, desorganizada y sin planeación que ha azotado a la zona, priorizando los usos de suelo residencial e industrial por sobre los usos agrícolas de la tierra.

En la actualidad, los recursos hídricos en el sur de la Ciudad de México son insuficientes, de mala calidad y el uso de suelo ha cambiado rápidamente de agrícola a urbano. Lo anterior, derivado de asentamientos irregulares, sobrepoblación, aumento de la inseguridad, destrucción del sistema de chinampas, desaparición del ajolote, abandono de su zona arqueológica. Xochimilco está formado por pequeños pueblos, algunos se extienden sobre sus chinampas y se dedican al cultivo de flores, amaranto y hortalizas.

Los impactos ambientales que ha sufrido la zona como consecuencia del crecimiento urbano son:

• Proliferación de vertederos de aguas negras que funcionan de manera irregular;

• Disminución de la precipitación pluvial en la zona lacustre;

• Una considerable reducción del nivel de agua; y

• La desaparición de la mayor parte de las especies de flora y fauna lacustre que habitaban originalmente en el lugar por el impacto de las aguas negras.

Declarada Zona de Monumentos Históricos en 1986 durante la gestión de Miguel de la Madrid Hurtado; posteriormente catalogada como área natural por el ex presidente Carlos Salinas en 1992; Patrimonio Mundial Cultural y Natural por la Organización de la Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) en1987; y sitio Ramsar (Convención Relativa a los Humedales de Importancia Internacional especialmente como Hábitat de Aves Acuáticas) en 2004, Xochimilco está obligado a instrumentar una eficiente política ambiental, social y cultural para preservar el patrimonio que le valió dichos nombramientos.

El jefe gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, con ocasión de los 25 años del nombramiento de la UNESCO, creó en diciembre de 2012 una instancia llamada Autoridad de la Zona Patrimonial Mundial Natural y Cultural de la Humanidad en Xochimilco, Tláhuac y Milpa Alta, con el objetivo de consolidar, ampliar y hacer más eficientes las políticas, programas y acciones del gobierno de la ciudad en materia de investigación, difusión, protección ecológica, conservación, mantenimiento, restauración y desarrollo sustentable, así como la realización y promoción de actividades sociales, culturales, artísticas y académicas tendientes a la preservación de dicha zona.

Es preciso seguir promoviendo el equilibrio entre el crecimiento y la preservación ecológica. La delegación Xochimilco debe tomar cartas en el asunto sobre los asentamientos irregulares que afectan el patrimonio de toda la humanidad, existen más de 2 mil descargas de aguas negras y grises. Las descargas pertenecen a tuberías que llegan, principalmente, de zonas habitacionales. “La contaminación de los canales de la zona de Xochimilco proviene de agua jabonosa con la que se lava la ropa, desechos de hoyos -no fosas sépticas-, y desde donde se filtran aguas negras, así como de los drenajes, principalmente de los asentamientos irregulares”. Éstos son solo algunos de los problemas que contribuyen, de manera directa, a que las chinampas presenten salinización, hundimiento e inundaciones. Estos datos fueron revelados por el “Censo de descargas de aguas negras y grises en los canales de Xochimilco”, que de manera coordinada realizaron la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación (Seciti) del Distrito Federal y el Instituto de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la más reciente aportación de investigación al tema fue llevada a cabo durante 2015.

Finalmente, es necesario que los esfuerzos se encuentren encaminados a lograr de manera conjunta que aquellos programas y recursos de las distintas autoridades en la materia se vean focalizados a fin de aminorar la situación, no se trata de un tema político sino de interés para la población, de sustentabilidad, de conservar nuestras costumbres, y que es responsabilidad de todos los mexicanos y las mexicanas conservarlo para las generaciones futuras.

Por lo expuesto y fundado, se somete a la consideración de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a los titulares del gobierno de la Ciudad de México, de la Secretaría de Medio Ambiente, del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, de la delegación Xochimilco, a la Autoridad de la Zona Patrimonio Mundial Natural y Cultural de la Humanidad en Xochimilco, Tláhuac y Milpa Alta y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a que, en el ámbito de sus competencias, coordinen esfuerzos acerca de los programas, recursos e investigación implementadas para la prevención, atención y cuidado de las aguas de los canales de Xochimilco. Asimismo, se exhorta les a llevar a cabo la creación de un programa de concientización, información y divulgación sobre la importancia de preservar dicha zona entre sus habitantes.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 29 de septiembre de 2016.— Diputados: Claudia Villanueva Huerta, Jesús Sesma Suárez (rúbricas).»

Se remite a la Comisión de Distrito Federal, para dictamen.

PUBLICAR LOS AVANCES DEL APROVECHAMIENTO DE ENERGÍAS RENOVABLES

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y al gobierno de la Ciudad de México a publicar los avances del aprovechamiento de energías renovables, a cargo del diputado Roberto Alejandro Cañedo Jiménez, del Grupo Parlamentario de Morena

El proponente, Roberto Alejandro Cañedo Jiménez, integrante de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión por el Grupo Parlamentario de Movimiento Regeneración Nacional, con fundamento en lo establecido en los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 79, fracción II, y numeral 2, fracciones I y II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Los residuos sólidos, las aguas residuales y hasta los desechos humanos son una fuente inagotable de biogás.

Pese a que en México se generan diariamente unas 100 mil toneladas de basura, suficientes para generar 400 mega watts de energía, sólo 2.4 por ciento se aprovecha.

Además, se generan 82 mil litros de aguas residuales por segundo con los que se podría producir biogás y cada ser humano produce 1.5 litros de biogás al día y de igual forma se desaprovecha.

Todos los desechos sólidos y líquidos residuos forestales, agropecuarios, industriales, animales e, incluso, humanos, son una fuente inagotable de biogás si son tratados con reactores anaerobios mediante los que se produce metano y diversos tipos de energía.

El reactor anaerobio, sirve para el tratamiento de aguas residuales y para el aprovechamiento del gas como fuente de energía, es un sistema de degradación que imita al que tienen los pantanos o los cerdos, donde un consorcio microbiano alimenta a las siguientes bacterias, y así sucesivamente, hasta la producción del metano como elemento final. Los reactores anaeróbicos, más conocidos como biodigestores, son utilizados generalmente para tratar sustratos concentrados con alto contenido de sólidos.

Las aguas residuales, por ejemplo, generan biogás que podría ser utilizado como energía térmica (gas doméstico) o eléctrica, si se trataran mediante ese sistema.

Los residuos sólidos que se depositan en los rellenos sanitarios también tienen gran potencial para la generación de biogás y sólo se aprovecha el 2.4 por ciento. El biogás contiene metano, y es un combustible muy eficiente, pero liberado a la atmosfera es muy dañino, afecta la salud.

Se tiene potencial para producir, aproximadamente 400 megavatios con 100 mil toneladas de basura diarias. Eso es lo que se genera de desperdicio en la República Mexicana que no se aprovecha.

La académica de la Universidad Nacional Autónoma de México Alejandra Castro González, del Departamento de Sistemas Energéticos de la Facultad de Ingeniería, dijo que de una tonelada de materia orgánica se pueden obtener de 120 a 300 metros cúbicos de metano, compuesto en 60 u 80 por ciento de biogás.

En México hay 5 millones de granjas y más de 18 millones de cerdos, que podrían ser integrados a mecanismos de desarrollo limpio y generación del compuesto.

Al destazar cada uno de esos animales se utilizan 500 litros de agua y en cada rastro con normatividad se sacrifican aproximadamente 2 mil animales al día.

Hay que imaginar la carga orgánica de esas aguas residuales, porque contiene sangre y es sumamente contaminante; además, los desechos sólidos, es decir, las vísceras que no son comestibles, son descargados a terrenos, donde se genera la composta por sí misma, pero son fuente de contaminación.

De ahí la necesidad de alentar la instalación de reactores anaerobios en México.

En Alemania llevan basura de países del tercer mundo para producir su propia energía eléctrica. Nosotros tenemos de sobra, pero no la hemos sabido emplear.

La Ciudad de México es una de las entidades del país donde ya se inició el aprovechamiento de los residuos sólidos.

En la administración de 2006 a 2012, el gobierno del Distrito Federal presentó a embajadores de Reino Unido y Francia, y representantes de España, Japón y Estados Unidos la convocatoria internacional de licitación del relleno sanitario Bordo Poniente, para este aprovechamiento.

Tras un largo proceso de licitación, se anunció que la empresa BMLMX Power Company se encargaría de capturar el biogás del relleno sanitario.

Con ello, el Bordo Poniente alcanzaría para cubrir todo el consumo del alumbrado público, monumentos y edificios del gobierno de la Ciudad de México, con una tarifa preferencial 30 por ciento inferior a la que se paga actualmente. La central eléctrica del vertedero, que ocupará 1.2 hectáreas de terreno, encenderá sus motores en enero de 2019, con una potencia total de 72 megavatios y capacidad para producir 560 gigavatios hora al año.

Por ello es indispensable que esto se lleve a cabo, por el bien del ambiente.

Por las consideraciones vertidas y en congruencia con el compromiso adquirido con los ciudadanos mexicanos, pongo a su consideración la presente proposición con punto de acuerdo que, de estimarlo procedente, solicito que se apruebe en sus partes integrantes:

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta al secretario de Medio Ambiente de la Ciudad de México y al jefe del gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera, a hacer público el estado en que se encuentra el relleno sanitario Bordo Poniente y los avances de la empresa BMLMX Power Company, que ganó la licitación para producir biogás en él, y los avances de la generación, el uso y el aprovechamiento de las energías renovables que tienen su origen en residuos sólidos para la generación de biogás mediante los que se produce metano.

Notas:

1 http://www.proceso.com.mx/?p=329376

2 Alejandra Castro González, académica del Departamento de Sistemas Energéticos de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México.

3 http://hemeroteca.proceso.com.mx/?p=329376

4 http://www.proceso.com.mx/?p=329376

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 29 de septiembre de 2016.— Diputado Roberto Alejandro Cañedo Jiménez (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Distrito Federal, para dictamen.

SUPERVISAR LAS CONDICIONES DE CAUTIVERIO DE FÉLIDOS, PRIMATES Y COCODRILOS QUE SE ENCUENTRAN REGISTRADAS COMO MASCOTAS O ANIMALES DE COMPAÑÍA

«Proposición con punto de acuerdo, por el cual se exhorta a la Semarnat y la Profepa a supervisar que cumplan la normativa las condiciones de cautiverio de félidos, primates y cocodrilos registrados como mascotas o animales de compañía, suscrita por los diputados Clemente Castañeda Hoeflich y Verónica Delgadillo García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Los suscritos, Clemente Castañeda Hoeflich y Verónica Delgadillo García, diputados del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo señalado en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, someten a consideración del pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo mediante el cual se exhorta a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales para que realice una inspección de las condiciones en las que se encuentran félidos, primates y cocodrilos registrados como mascotas o animales de compañía, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

I. El comercio de especies exóticas en México es un mercado que se encuentra en crecimiento y que está generando diversas problemáticas. La adquisición de fauna silvestre en nuestro país se realiza de manera relativamente sencilla, pues a través de la comprobación de la procedencia lícita del animal y el registro de éste ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) es factible poseer cualquier especie.

La falta de una atención rigurosa por parte de la Semarnat ante este fenómeno, está ocasionando que las condiciones de los animales no sean las adecuadas para su confinamiento, pues no se está verificando de manera apropiada las calidad de los espacios en los cuales los animales son criados, pues los propietarios no cuentan con la infraestructura adecuada para su bienestar y aislamiento o con los planes de manejo que requiere cada especie.

La desatención de estos aspectos por parte de la Semarnat crea una problemática, en especial de aquellas especies que pueden generar daño físico letal como es el caso de los félidos, primates o reptiles de gran tamaño como son los cocodrilos.

II. Es importante destacar que en términos de bienestar animal, éste “describe, en sentido lato, la manera en que los individuos se desenvuelven en su medio ambiente, e incluye su salud, sus sentimientos y otros efectos positivos y negativos en los mecanismos corporales o cerebrales que les permiten afrontar los problemas.”

Por lo anterior, poseer un animal exótico como mascota implica una serie de requerimientos que deben cumplirse; su posesión no sólo conlleva el alimento y un espacio adecuado para su asentamiento, sino que también debe tener un medio ambiente que permita el comportamiento natural del espécimen, así como satisfacer todas y cada una de sus necesidades físicas y psicológicas, lo cual no siempre es factible dentro de las zonas residenciales donde se albergan a un gran número de ejemplares, ya que nunca asimilaran las condiciones que tienen en su medio natural.

El 10 de septiembre de 2016 la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente, Profeco, aseguró un cachorro de león africano de 3 meses de edad que era mascota de una persona de la delegación Iztapalapa en la Ciudad de México, y la cual no contaba con plan de manejo emitido por parte de la Semarnat. Adicionalmente la nota de venta del cachorro mostraba diversas inconsistencias, pues esta no coincidía con el domicilio y el nombre de la persona que lo tenía en su poder, además no contaba con la tasa de aprovechamiento como lo establece el artículo 51 de Ley General de Vida Silvestre.

Igualmente, en febrero de 2015 en el municipio de Guadalupe, en el Estado de Nuevo León, un cachorro de león de 7 meses fue encontrado en el interior del domicilio de una familia, la cual acreditó la procedencia legal del animal, sin embargo esta aceptó que tras siete meses de edad el cachorro había crecido demasiado y que ya era difícil manipularlo, por lo que trataría de donarlo, además hizo mención que dentro de su domicilio contaba con varias mascotas entre las que se incluían algunos primates y que el animal fue un obsequio debido a la muerte de una cachorra de león que poseía.

La laxa revisión por parte de la Semarnat ha generado diversos conflictos con este tipo de especies, por lo que es necesario revisar cada uno de los permisos emitidos por parte de la secretaría y establecer controles adecuados para la adquisición y crianza de la fauna silvestre.

En otro contexto, la posesión de animales exóticos carnívoros como los mencionados, además de requerir diversos cuidados para asegurar su bienestar, deben contar con medidas de seguridad para contener comportamientos hostiles o que se escapen del cautiverio, poniendo en riesgo a los ciudadanos. Por ello, la Semarnat también debe realizar una inspección exhaustiva de las medidas de seguridad con las que cuentan los propietarios de este tipo de mascotas.

Por lo expuesto, se somete a consideración el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para que junto con la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente supervisen que las condiciones de cautiverio de félidos, primates y cocodrilos que se encuentran registradas como mascotas o animales de compañía, cumplen con la normatividad establecida y con la calidad suficiente para el desarrollo íntegro del animal, así como las condiciones y medidas de seguridad para prevenir cualquier tipo de incidente.

Notas:

1 “Manual de procedimientos bienestar animal”, servicio nacional de sanidad y calidad agroalimentaria, Argentina, (2004)

http://www.fveter.unr.edu.ar/upload/Bienestar_Animal_SENASA.pdf

2 “Asegura Profepa un cachorro de león africano en Iztapalapa, Ciudad de México”, Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, (9 de septiembre de 2016). http://www.profepa.gob.mx/innovaportal/ v/ 8811/1/mx/asegura_profepa__un_cachorro_de_leon_africano_en_iztapalapa_ciudad_de _mexico.html

3 “Encuentran un cachorro de león en patio de una casa en Monterrey”, La Jornada, (2015). http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/02/ 02/escapa-cachorro-de-leon-en-monterrey-es-encontrado-en-casa-vecina-4434.html

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 29 de septiembre de 2016.— Diputados: Clemente Castañeda Hoeflich, Verónica Delgadillo García (rúbricas).»

Se remite a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen.

CREACIÓN DE LA COMISIÓN ESPECIAL PARA EL SISTEMA DE PENSIONES

«Proposición con punto de acuerdo, relativo a la creación de la Comisión Especial para el sistema de pensiones, a cargo del diputado Marco Antonio Gama Basarte, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, diputado Marco Antonio Gama Basarte, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los artículos 39, numeral 2, y 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 6, fracción I; 79, 205 y 207 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo para crear la Comisión Especial para el Sistema de Pensiones, de conformidad con la siguiente

Exposición de Motivos

En primer término, me permito compartir el contexto y la necesidad de crear una Comisión Especial para el Sistema de Pensiones, y es que el rubro de la seguridad social en nuestro país, en específico en lo que se refiere a las pensiones, se encuentra sin ponderación alguna que permita generar expectativa de certidumbre a los trabajadores mexicanos.

Para ello debemos considerar lo que nos dice la Organización Internacional del Trabajo, mejor conocida por sus siglas como OIT “un régimen de pensiones de seguridad social constituye uno de los sistemas socioeconómicos y políticos que funciona en el entorno de la economía nacional. Por tanto, no funciona independientemente del contexto demográfico y económico.”

Luego entonces insisto, en que la normatividad que hoy impera carece de una visión al respecto, es decir se menciona y es hasta fechas recientes en que se ha incluido su terminología –pensiones– ,sin embargo, ello no es, ni será suficiente.

Sobre todo, si tomamos en cuenta que el concepto de gasto pensionario acumulado, presionará las finanzas públicas hasta restringir o mermar más la capacidad del estado, para la atención de otras demandas sociales.

En efecto, la perspectiva de envejecimiento de la población mexicana, se agudizará en las próximas décadas, modificando la realidad que la sociedad debe enfrentar todos los días. Es decir, la transición de la población mayoritariamente joven a una población vieja, plantea serias dificultades, en la especie, el sistema público de pensiones.

En otras palabras, en la medida que disminuye la relación entre la población cotizante activa y la población pensionada, los ingresos que se obtienen financian, una parte cada vez más pequeña del costo de las pensiones. En consecuencia, el estado tiene que subsidiar su déficit con los recursos que se sustraen o transfieren de usos alternativos, que también son prioritarios.

En ese orden, no debemos perder de vista un fenómeno social vigente en nuestro país, el cual consiste en que un número importante de trabajadores, dada la naturaleza y esquema en son contratados y/o según sea la fuente de empleo, no se aseguran o no pueden asegurarse en los mercados privadospor los riesgos que puede provocar una interrupción temporal o permanente en sus ingresos. Sin contar los altos costos que esto representa contra el ingreso que reciben.

De ahí que me permito citar a Enrique Díaz-Infante, director del Programa de Sector Financiero y Seguridad Social del Centro de Estudios Espinoza Yglesias (CEEY), quien sostiene que “La mejor manera de proteger los ahorros de los mexicanos, es asegurando que funcione bien el Sistema de Ahorro para el Retiro y a la par, señaló, se debe avanzar en la formalización del empleo con mejores salarios reales y en el establecimiento de un Sistema Nacional de Pensiones”.

Coincido en todos sus términos con dicha afirmación, y consecuentemente con lo que sostiene, “Lamentablemente, los beneficios de las Afores se limitan esencialmente a los trabajadores que se encuentran en la economía formal, siendo que 57 por ciento de la población económicamente activa (PEA) trabaja en la informalidad.”

Derivado de lo cual, destacamos que nuestro país cuenta con un sistema heterogéneo de pensiones, que se compone particularmente, según un estudio actuarial de 2016, en:

1. “Aquellas personas que no están afiliadas a un sistema de pensiones contributivos. Y representan 55 por ciento de la PEA. Lo que a todas luces genera y se vive ya un grave problema social.

2. Los que se encuentran afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), que representan 33 por ciento de la PEA. Distinguiéndose entre estos, los que ingresaron antes y después de 1997, para determinar su lacen en cuanto a sus contribuciones.

3. Las personas amparadas por sistemas de pensiones para los servidores públicos y trabajadores universitarios, que suman 12 por ciento de la PEA.

Sin dejar de mencionar a los 1000, así es, los mil sistemas de pensiones públicos existentes en México, todos ellos diferentes y descapitalizados en su gran mayoría”.

No es mi deseo preocupar y sí concientizar del escenario tan desalentador respecto a la prevalencia de un verdadero Sistema Nacional de Pensiones, ya que, si observamos las estimaciones de la calificadora Standard & Poor´s, donde nos ilustra en la realidad que vivimos, como es:

“La mayor presión para las finanzas públicas proviene en mayor medida de los sistemas de pensiones de los gobiernos estatales. Aun así, el asunto de las pensiones no está considerado en la reciente reforma constitucional en materia de disciplina financiera de estados y municipios. Ni siquiera porque dentro de 10 años el pago de pensiones representará casi la mitad de toda la nómina estatal, 46 por ciento.”

La pertinencia en cuanto a la creación de la Comisión Especial para el Sistema de Pensiones, resulta impostergable, más allá de brindar respuesta y certidumbre en el tema que nos concierne, nos exige en congruencia, a trabajar dentro de un marco de pluralidad y responsabilidad política, desde la conformación de la comisión especial que se propone, el tiempo para ello habrá que reconocerlo es corto, pero ello no implica que se cumpla con lo pretendido, por ello dicha comisión tendrá como objetivo fundamental:

Analizar de manera integral y multidisciplinariamente (jurídico, social, político y económico), los sistemas de pensiones que operan en el país, para rescatar los aciertos de cada uno de ellos, conformando un Sistema Nacional de Pensiones. Y que éste sea capaz de resolver la heterogeneidad que nos rige, a través entre otros, de una legislación y, en su caso, una entidad pública especializada en el tema.

Podríamos enumerar cientos de objetivos específicos, finalidades o propósitos, que, dada la consideración legislativa que tengan a bien, inexorablemente tendrán que plasmarse en el plan de trabajo de esa comisión, sin embargo y en obvio del tiempo, resulta insoslayable señalar:

1. Homologar según sea el supuesto, los sistemas de pensiones existentes;

2. Regular mediante diversos ordenamientos para ello, la existencia y/o funcionamiento y, en su caso, la fusión o eliminación, de los mismos.

Para ello, se deberá determinar la creación de una normatividad marco o base del tema, y en consecuencia la secundaria y/o procedimental para el cumplimiento de las nuevas obligaciones del estado a los derechos sociales, así como evitar que los sistemas pensionarios trasladen la carga del costo a los contribuyentes y a la sociedad en general.

3. Diseñar un Sistema Público de Pensiones Universal, con criterios de eficacia y eficiencia en todos los sentidos.

En este rubro reiteramos, el fácil acceso, es el que debe existir al derecho a la pensión para aquellos como se expuso, no son sujetos de ese beneficio.

Cuidando en todo momento que dichos sistemas no vivan subsidiados por los ingresos generales que aportan los contribuyentes.

4. Ponderar el impacto económico en el ingreso de los trabajadores, en relación a su poder adquisitivo y, por otra parte, al flujo de ingreso y/o gasto corriente de los gobiernos, según se trate.

5. Definir los mecanismos, procedimientos y demás alternativas de ley, para la creación de una secretaría de estado, instituto, órgano, organismo y/o la entidad pública, que en su momento se resuelva por la comisión, entre otros factores, por su viabilidad presupuestal, financiera y de funcionamiento.

Basta revisar la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, para concluir, que no existe entidad en dicha administración, encargada de administrar, vigilar, controlar, en la especie, las pensiones. Ya no se digan las demás prestaciones sociales que como mexicanos debemos procurar y recibir.

En ese sentido, es necesario contar según sea la figura legal que por acuerdo de la comisión una vez constituida, de una entidad con autonomía, recaudadora y por ende fiscalizadora, especializada en seguridad social. Que sea la encargada de unificar o coordinar con las demás entidades de la administración pública en sus diversos órdenes, los criterios de auditoría, cobranza, así como la asignación transparente de recursos destinados a obligaciones generales, hacia los derechos sociales.

Vale agregar, que hoy más que nunca al amparo de una nula normatividad en la materia de pensiones, son unos cuantos quienes se congratulan de esa circunstancia, es momento en que el Estado mexicano proponga el orden en beneficio de todos ya cada uno de los integrantes de nuestra sociedad.

Debemos regular y con ello evitar los monopolios en cuanto a los servicios de pensiones que operan en nuestro país, transitando a un verdadero estado de derecho en lo social.

Por tanto, elevo a la consideración del pleno de esta Honorable Cámara de Diputados, el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. Se crea y constituye la Comisión Especial para el sistema de pensiones, cuyo objeto ha quedado debida y ampliamente descrito.

Segundo. Para la integración y nombramiento de la junta directiva de la Comisión Especial para el sistema de pensiones, se estará a lo dispuesto en la normatividad aplicable.

Tercero.La Comisión Especial para el sistema de pensiones se extinguirá al término de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.

Notas:

1 Modelo de Pensiones de la OIT, Una Guía Técnica. 1998. Edit. OIT. Ginebra.

2 El Sistema de Ahorro para el Retiro como parte de un Sistema de Protección Social Integral. http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/08/30/mexico-requiere-sistema-de-pensio nes-viable-expertos

3 Francisco Miguel. www.actuariales.com.mx

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 29 de septiembre de 2016.— Diputado Marco Antonio Gama Basarte (rúbrica).»

Se turna a la Junta de Coordinación Política, para su atención.

VERIFICAR EL ESTADO EN EL QUE SE ENCUENTRA LA ZONA AFECTADA DE BOCA DEL RÍO EN EL ESTADO DE VERACRUZ, DEBIDO AL DERRAME DE COMBUSTIBLE DEL BUQUE BURGOS DE PEMEX

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Semarnat a organizar y ejecutar una visita de inspección, con un grupo de diputados federales, a fin de verificar el estado de la zona afectada en Boca del Río, Veracruz, por el derrame de combustible del buque Burgos, de Pemex, suscrita por los diputados Jesús Sesma Suárez y Javier Octavio Herrera Borunda, del PVEM, e integrantes de diversos grupos parlamentarios

Quienes suscriben, Jesús Sesma Suárez y Javier Octavio Herrera Borunda, en nombre de los diputados federales del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; Enrique Cambranis Torres, Francisco José Gutiérrez de Velasco Urtaza, Enrique Pérez Rodríguez y Gabriela Ramírez Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; María del Carmen Pinete Vargas y José Luis Sáenz Soto, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; Gonzalo Guízar Valladares del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, y Norma Rocío Nahle García y Cuitláhuac García Jiménez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Regeneración Nacional, todos de la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a la consideración de esta honorable asamblea, la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

En días pasados se dio a conocer aparentemente un nuevo derrame de combustible en el estado de Veracruz. El buque Burgos, propiedad de Petróleos Mexicanos (Pemex) que transportaba diésel y gasolina, se incendió alrededor del mediodía frente a las costas de Boca del Río, en la zona de fondeadero del Puerto de Veracruz, a un lado de la Isla de Sacrificios.

Los primeros reportes de Petróleos Mexicanos señalaron que se logró rescatar a la tripulación, sin que haya personas lesionadas, asegurando que no hay población ni zonas habitacionales que se encuentren en peligro debido a dicha emergencia.

A su vez, la Secretaría de Marina puso en operación una patrulla oceánica con la finalidad de dar cabal búsqueda y rescate de las personas que se encontraban a bordo de dicho buque, al tiempo de verificar y prevenir algún tipio de derrame.

Pasados tres días, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales informó por medio de un comunicado que a través de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) en coordinación con la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), mantiene un monitoreo permanente del siniestro y trabaja para evitar impactos ambientales.

Asimismo, en el mismo informe señaló que dichas dependencias en coordinación con la Secretaría de Marina y Petróleos Mexicanos ya están desplegando una barrera flotante de contención de más de un kilómetro y medio para evitar que haya una mayor expansión de combustibles a la costa.

No obstante las acciones referidas, aún existe incertidumbre sobre el grado de afectación y los posibles efectos provocados por la explosión y probable derrame de combustibles, por lo que consideramos pertinente se ejecuten mecanismos de acción que garanticen la inmediata atención de lo que algunos ya consideran un desastre natural.

Por ello, sometemos a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para que organice y ejecute una visita de inspección en coordinación con una comisión plural conformada por Diputados integrantes de las Comisiones Ordinarias de Medio Ambiente y Recursos Naturales y Cambio Climático, así como de la Comisión Especial para la prevención, conservación y, en su caso, restauración del medio ambiente en las entidades federativas donde se ubican las instalaciones de Pemex, de esta Cámara de Diputados, a efecto de que se esté en posibilidad de verificar el estado en el que se encuentra la zona afectada.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 29 días del mes de septiembre del año 2016.— Diputados: Jesús Sesma Suárez, Enrique Cambranis Torres, Gabriela Ramírez Ramos, María del Carmen Pinete Vargas, José Luis Sáenz Soto, Norma Rocío Nahle García (rúbricas).»

Se remite a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen.

COORDINAR E IMPULSAR EN TODOS LOS ESTADOS DEL PAÍS, CAMPAÑAS INFORMATIVAS SOBRE EL PROGRAMA ALERTA AMBER

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal y la PGR a impulsar de manera coordinada en el país campañas informativas sobre el programa Alerta Amber, a cargo de la diputada María Antonia Cárdenas Mariscal, del Grupo Parlamentario de Morena

La que suscribe, diputada María Antonia Cárdenas Mariscal, de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto en la fracción I del numeral 1 artículo 6o. y el artículo 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo.

Consideraciones

Primera. Las niñas, niños y adolescentes se encuentran en todos los lugares y en todos los temas, por ello, la demanda constante de dar cumplimiento a sus derechos humanos es de gran interés y preocupación de los gobiernos y la comunidad internacional, quienes han desarrollado acciones tendientes a alcanzar dicho objetivo; ejemplo de ello es la Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada y abierta a firma y ratificación por la Asamblea General en su resolución 44/25, del 20 de noviembre de 1989 y con entrada en vigor el 2 de septiembre de 1999, de la cual México forma parte y cuyo objetivo es retomar la necesidad de proporcionar al niño la protección especial enunciada en la Declaración de Ginebra de 1924 sobre los Derechos del Niño y la Declaración de los Derechos del Niño adoptada por la Asamblea General en 1959 y reconocida en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y en los estatutos e instrumentos pertinentes de los organismos especializados y de las organizaciones internacionales que se interesan en el bienestar de infantes y adolescentes.

Las características particulares de la infancia y adolescencia relativas a su estructura cognitiva y emocional exigen acciones y consideraciones especiales para hacer efectivo el cumplimiento de todos sus derechos, especialmente el de acceso a la justicia y protección con la prioridad necesaria, teniendo presente lo contenido en la Declaración de los Derechos del Niño: “el niño, por su falta de madurez física y mental, necesita protección y cuidados especiales, incluso la debida protección legal, tanto antes como después del nacimiento”.

Nuestra Carta Magna contempla en su artículo 1, párrafo tercero, que todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos en los términos que establezca la ley.

De tal modo que para garantizar la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, las autoridades realizarán acciones y ejecutarán las medidas necesarias de acuerdo con principios que garanticen un enfoque integral, transversal y con perspectiva de derechos humanos en el diseño y la instrumentación de políticas y programas de gobierno, según lo establecido en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, artículo 2, fracción I.

Segunda. En todo el mundo, miles de niñas, niños y adolescentes desaparecen cada año y no son encontrados; fugados del hogar, huidos, secuestrados por parientes o por otras personas, estos actos son difíciles de prevenir y tienen graves consecuencias para los menores afectados, familiares y la sociedad en común. En Europa, la Organización Missing Children , estimó que cada año desaparecen más de 250 mil menores de edad, lo que representa un menor cada dos minutos.

En el caso de Latinoamérica se ha convertido en un problema que acecha constantemente, de acuerdo al Centro Internacional para Niños Desaparecidos y Explotados (CINDE) se estimó que más de 1.8 millones de niños fueron víctimas de explotación sexual, delito que representa una de las principales causas de desaparición de menores y adolescentes en la región.

En las últimas décadas, el contrabando y el tráfico de menores se han convertido en una actividad importante y una fuente de ingresos de las organizaciones criminales.

Un amplio estudio realizado por el centro internacional antes citado y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) sobre la desaparición de menores en Centroamérica, encontró “un grave problema de tráfico de niñas, niños y adolescentes por la existencia de puntos ciegos en las fronteras”.

En el caso de México, durante los últimos nueve años se estima que desaparecieron alrededor de 25 mil 358 niñas, niños y adolescentes, según datos arrojados por el Registro Nacional de Personas Extraviadas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, con cifras en creciente aumento.

La cifra de estas desapariciones ha pasado de 669 en 2007; a 4 mil 90 en 2015 y 5 mil 415 en 2016, entre los clasificados como delitos del fuero común, mientras que en los del federal subieron de 19 en 2007, a 127 en 2015, siendo 2014 el año de mayor repunte, con 254 casos según las cifras oficiales.

Actualmente el estado de México es la entidad con mayor número de desapariciones de niñas, niños y adolescentes del fuero común, con mil 136 menores desaparecidos, 21.0 por ciento del total de casos registrados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública; seguido por el estado de Baja California con 534 casos (9.9 por ciento), Tamaulipas con 494 casos (9.1 por ciento), Nuevo León con 396 (7.3 por ciento), Coahuila con 331 (6.1 por ciento) y en todos los demás estados de la República Mexicana con porcentajes que van desde 5.8 por ciento como es el caso de Chihuahua a 0.2 por ciento, Baja California Sur.

Tercera. Ante el reto de brindar protección y asistencia a niñas, niños y adolescentes desaparecidos, los gobiernos de los países del mundo, han fortalecido la cooperación internacional, a través del intercambio e implementación de experiencias exitosas, enfocadas en el combate y sanción de diversos ilícitos. Lo anterior exige, además de combatir y sancionar la actividad delictiva, contar con procedimientos de respuesta inmediata dentro de un marco legal que contenga políticas públicas de prevención como de protección y asistencia a las víctimas de desaparición, con especial atención a grupos en situación de vulnerabilidad como son las niñas, niños y adolescentes.

Diversos instrumentos internacionales han sido firmados y ratificados por el Estado mexicano en materia de protección de los derechos humanos de infantes y adolescentes, de tal forma que es pertinente la adopción de modelos exitosos, como el Programa Alerta Amber, desarrollado en Dallas, Texas, Estados Unidos de Norteamérica en 1996, el cual es un acrónimo en inglés de las palabras America’s Missing Broadcasting Emergency Response.

En el mecanismo de la alerta se establece un sistema de notificación de menores de edad desaparecidos, el cual ha sido implementado en varios países con propios criterios de activación con la intención de motivar a todas y todos los miembros de la comunidad a estar atentos para encontrar al menor desaparecido lo antes posible.

Cuarta. El 2 de mayo de 2012, el gobierno federal, implementó y puso en funcionamiento el Programa Nacional Alerta Amber México, para la búsqueda y localización de niñas, niños, y adolescentes que se encuentren en riesgo inminente de sufrir daño grave a su integridad personal, ya sea por motivo de ausencia, desaparición, extravío, la privación ilegal de la libertad, o cualquier otra circunstancia donde se presuma la comisión de algún ilícito, ocurrido en territorio nacional.

A pesar de que México es el único país en Latinoamérica que hoy día cuenta con este instrumento base de acción de alerta, la realidad es que aún no se conocen con claridad y precisión, los mecanismos de implementación y funcionamiento de la Alerta Amber a nivel nacional.

Quinta. Pese a la grave problemática respecto al tema de desaparición de infantes y adolescentes y la importancia del Programa de Alerta Amber en nuestro país, se estima que aún no es bien conocido por gran parte de la población, según datos emitidos por la encuesta nacional en vivienda realizada por Parametría, se estima que solo 38 por ciento de la población a nivel nacional conoce acerca del objetivo de la Alerta Amber, sin embargo, para 62 por ciento restante, la existencia del programa sigue siendo desconocida; en la Ciudad de México, la proporción entre el nombre de la alerta y el objetivo de la misma no presentó modificaciones importantes, solo 63 por ciento supo el objetivo e identificó el nombre del programa, de acuerdo a como se muestra en la siguiente gráfica:

La Alerta Amber se activa mediante en el número telefónico 01 800 00 854 00 o por un reporte de desaparición y es pública por 72 horas. De acuerdo con la investigación observamos nuevamente que a nivel nacional, 62 por ciento de los consultados no sabía de la existencia del número telefónico para poder denunciar la desaparición de menores de edad, sólo 28 por ciento identificó la existencia del mismo; en el caso de la Ciudad de México, 6 de cada 10 entrevistados.

El nivel de conocimiento del programa sin duda impacta en la percepción de utilidad del mismo, a nivel nacional 30 por ciento consideró que dicha alerta ayudaba mucho a la búsqueda y localización de menores de edad que se encuentra en riesgo, para el caso de la Ciudad de México esas opiniones ascendieron a 55 por ciento.

En el resto de los estados 33 por ciento dijo desconocer si la alerta ayudaba mucho o no a cumplir con el objetivo de resguardar la integridad de los niños y adolescentes en situación de riesgo, cuando en la Ciudad de México, el porcentaje de esa respuesta fue de apenas el 8 por ciento, 25 puntos por debajo de los registrado a nivel nacional.

Se concluyó, que la Alerta Amber es conocida parcialmente sólo por apenas 31 por ciento de los mexicanos, lo anterior significa que a siete de cada diez entrevistados, la Alerta Amber les representa un programa desconocido.

Sexta. Aunque el protocolo nacional de la Alerta Amber es un sistema masivo de notificación de menores de edad desaparecidos publicado y puesto en operación desde 2012 y que debe aplicar en las diferentes entidades de la República Mexicana, este mecanismo ha sido poco difundido por las autoridades.

Para la Alerta Amber las primeras horas del delito son vitales para que la autoridad y sus organismos policiales intervengan, ya que ésta se emite inmediatamente por medios de comunicación, televisión, radio, internet, pantallas electrónicas, para que la foto sea conocida por el mayor número de personas y pueda evitarse la comisión de otro tipo de delito.

Para activar la alerta se requiere de la denuncia, que la policía valide la desaparición del menor, contar con su foto, de los sospechosos y suficiente información, aunque en el protocolo se tiene estipulado que exista una pre-alerta en la cual se pueda iniciar la búsqueda aun cuando el caso no cumpla con todos los criterios de una alerta. A la fecha está instituida en Alemania, Australia, Canadá, Estados Unidos, Países Bajos, Francia y México.

El gobierno, los medios de comunicación, las organizaciones de la sociedad civil y la iniciativa privada son los principales involucrados en la puesta en marcha y aplicación de la Alerta Amber, a quienes se suman la Procuraduría General de la República a través de la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y la Trata de Personas; también están involucrados la Secretaría de Gobernación, la Procuraduría de Atención a Víctimas de Delitos, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Para poder activar una Alerta Amber, los autorizados son la Procuraduría General de la República a través de la coordinación nacional, y cuando sea necesario, se coordinará con los enlaces estatales, ya que la solicitud se enviará al enlace de la Secretaría de Seguridad Pública quien activará la alerta a través de Plataforma México, con la información vertida en un formato único. En un siguiente paso, los medios de comunicación en los que se podrán apoyar las autoridades para la difusión son televisión, radio e internet, a través de redes sociales.

Desafortunadamente la falta de información acerca de este protocolo de acción inmediata de la Alerta Amber a nivel nacional, dificulta la atención de estos casos en las horas más críticas inmediatas a la desaparición de un menor.

A pesar de que hoy en día se cuenta con un instrumento base de acción como esta alerta, la realidad es que aún no se conocen, con claridad y precisión, los mecanismos de implementación y funcionamiento de la Alerta Amber México a nivel nacional, sin olvidar las formas de participación y colaboración entre los diferentes sectores de la población, las autoridades de gobierno mexicano que la ejecutan; los procedimientos y criterios de activación, actualización y desactivación de la Alerta Amber México.

En el caso de México se han emitido 87 alertas recuperando a 45 menores de edad, tal vez uno de los casos más conocidos es el de Valeria Hernández de Jesús, quién desapareció en Texcoco, estado de México y fue encontrada en El Salvador, gracias a la activación y conocimiento de dicha alerta.

La importancia de este tipo de programas es la de involucrar a más actores en la responsabilidad de cuidar a las y los niños y adolescentes en México.

En virtud de lo anterior someto a consideración de esta asamblea del Honorable Congreso de la Unión la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta al titular del Ejecutivo federal y a la Procuraduría General de la República, para que, de manera coordinada, impulsen, en todos los estados de la República campañas informativas sobre el programa Alerta Amber.

Notas:

1 Naciones Unidas, Derechos Humanos. Convención sobre los Derechos del Niño. Oficina del Alto Comisionado.1996-2016.

2 Naciones Unidas. Declaración de los Derechos del Niño, 2016.

3 Missing Children es una federación europea con el objetivo de desarrollar sistemas de protección, prevención y apoyo efectivo para para niños desaparecidos y aquellos que se encuentran en circunstancias de conflicto, violencia, abuso o explotados. Representan una red de 30 Organizaciones no gubernamentales en 24 países de Europa, siendo la única Organización europea que se centra específicamente en niños desaparecidos. Missing Children, Europa, http://missingchildreneurope.eu/, 2016.

4 Navas, María Elena. El Drama de los Niños desaparecidos en América Latina. BBC Mundo, noviembre 2013.

5 Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Registro Nacional de Personas Extraviadas , México, Junio, 2016.

6 Parametría: Encuesta en vivienda. Representatividad Nacional y Ciudad de México. Nivel de confianza estadística 95 por ciento. Margen de Error (+/-3.5 por ciento nivel nacional, (+/- 4.9 por ciento ciudad de México) Muestreo Operativo de campo y análisis).

7 Encuesta Nacional en Vivienda, Parametría, 2015.

8 Estudio realizado por la Encuesta Nacional en Vivienda de Parametría.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 29 de septiembre de 2016.— Diputada María Antonia Cárdenas Mariscal (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Derechos de la Niñez, para dictamen.

DIFUNDIR LAS ESTRATEGIAS QUE IMPLEMENTARÁN PARA ASEGURAR EL LIBRE ACCESO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, EN EL TRANSPORTE PÚBLICO

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los gobiernos de la Ciudad de México, Jalisco y Nuevo León a difundir las estrategias por implantar para garantizar a las personas con discapacidad el libre acceso en el transporte público, a cargo del diputado Víctor Manuel Sánchez Orozco, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

El que suscribe, Víctor Manuel Sánchez Orozco, diputado federal de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo con fundamento en lo dispuesto en los artículos 3, numeral 1, fracción XX; 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración de esta asamblea, el siguiente punto de acuerdo, al tenor de lo siguiente:

Exposición de Motivos

En México, según datos del INEGI al 2010, las personas con alguna discapacidad sumaban 5.7 millones de personas, lo es equivalente a la población total de los estados de Morelos, Hidalgo y Colima juntos.

Para su atención, el Gobierno Federal estableció en el Plan Nacional del Desarrollo 2013-2018, estrategias para lograr un México Incluyente, con la finalidad de que se enfrentara y superara el hambre, revirtiera la pobreza, y crear un camino para lograr una sociedad con igualdad de género y sin exclusiones, donde se velara por el bienestar de las personas con discapacidad, los indígenas, los niños y los adultos mayores.

Para ello estableció una meta nacional, la VI.2. México Incluyente, en la que estableció el Objetivo 2.2. Transitar hacia una sociedad equitativa e incluyente, delimitando la estrategia 2.2.4. Proteger los derechos de las personas con discapacidad y contribuir a su desarrollo integral e inclusión plena que se centra en las siguientes líneas de acción:

• Establecer esquemas de atención integral para las personas con discapacidad, a través de acciones que fomenten la detección de discapacidades, estimulación temprana y su rehabilitación.

• Diseñar y ejecutar estrategias para incrementar la inclusión productiva de las personas con discapacidad, mediante esquemas de capacitación laboral y de vinculación con el sector productivo.

• Asegurar la construcción y adecuación del espacio público y privado, para garantizar el derecho a la accesibilidad.

A lo largo de los primeros cuatro años de la administración del Lic. Enrique Peña Nieto, los avances para lograr eliminar las barreras de las personas con discapacidad son escasos y sea ha acrecentado el descuido y desatención a este sector de la población que cada día es más vulnerable seguido por el de los adultos mayores.

Los mexicanos discapacitados no sólo han tenido que sortear con su realidad económica y social, sino también con las barreras físicas existentes en los espacios urbanos y arquitectónicos, públicos y privados, lo que dificulta su inserción en la sociedad.

Lo que es real y tangible es que en México la limitada accesibilidad ha restringido los derechos de los habitantes en las ciudades de nuestro México; los tiempos invertidos en los traslados, el costo económico y el impacto en el presupuesto de éstos individuos y sus familias, así como la inseguridad que se vive en los trayectos, han deteriorado su condición de vida en su conjunto.

Hoy día, el sistema de transporte colectivo en las Ciudades de México, Guadalajara y Monterrey se constituye como el medio más rápido y que en gran medida resulta más económicos para las personas, pero que no en todos los casos, logran ser las mejores opciones para las personas con discapacidad.

Para ejemplificar lo que anterior, yo he observado las pocas facilidades de accesibilidad del transporte colectivo metro de la Ciudad de México mismo que utilizo diariamente para trasladarme de mi hogar a la Cámara de Diputados.

La línea B, que es la que tomó diariamente, del tramo Buenavista hasta San Lázaro solo tiene dos estaciones que cuentan con elevadores para personas con discapacidad (PcD) imposibilitando en ese trayecto a las PcD al ascenso y descenso, sin considerar que en la mayoría de las estaciones de esta línea no existen escaleras eléctricas para el desplazamiento en el interior, lo que sin duda resalta las brechas de desigualdad que son objeto las personas con discapacidad motriz.

En el caso de las personas con discapacidad visual o auditiva, me percate en muy pocas estaciones se cuenta con Ranura guía y Placas braille para invidentes, no existe aviso sonoro de la estación a la que se arriba, y en algunos casos, es imperceptible la transmisión de información o sonido de cierre de puertas.

Lo anterior, lo complemente consultando información pública de la página web del Sistema Colectivo Metro de la Ciudad de México e identifique en su portal de accesibilidad que sólo el 20% de las 195 estaciones del metro cuentan con elevadores que podrían ser utilizados si se cuenta con una tarjeta denominada de Libre Acceso, situación que entiendo es de control pero es limitativa si la utilización de dichos elevadores es requerido por cualquier persona que no la presente en su momento, generando indirectamente una barrera en su movilidad.

En cuanto a contar con ranura guía y placas braille para invidentes los datos no se incluyen por toda la red, lo que imposibilita conocer la real cobertura de estas facilidades.

Con lo anterior, puedo concluir que la Ciudad de México no una capital inclusiva cómo en los medios de comunicación se expresa.

Me di a la tarea de investigar las facilidades para la utilización de los sistemas de transporte similares al metro de la Ciudad de México en las grandes metrópolis de Guadalajara y Monterrey.

En el caso de Jalisco, en la zona conurbada de Guadalajara existe el Sistema de Tren Eléctrico Urbano identificando una cobertura limitada que incluyen orugas eléctricas en estaciones de túnel, 6 estaciones de la línea 1 y toda la línea 2; dos elevadores en la línea dos del Tren Ligero; y tres unidades con rampas eléctricas a lo largo de la línea 3. Importante es mencionar que existe asistencia telefónica que brinda apoyo de ascenso y descenso de pasajeros previa solicitud, pero no existe información sobre la existencia de ranuras guía.

En el caso de Nuevo León no existe información sobre accesibilidad en su portal público del Sistema de transporte colectivo Metrorrey, y sólo pude conocer por una nota periodística que la anterior administración a la del Gobernador Jaime Rodríguez Calderón, el Bronco, dejó 6 de 12 carros descompuestos para subir al usuario en silla de ruedas, así como que las escaleras eléctricas y elevadores no estaban en funcionamiento, pero que a su vez en la construcción de la Línea 3 del Metro se había considerado en su diseño la accesibilidad para discapacitados en todas sus estaciones.

En resumen, los anteriores ejemplos que he expuesto evidencian que las principales capitales de la República Mexicana se han emprendido esfuerzos en favor de la accesibilidad de las personas con discapacidad en el uso del transporte público, buscando con ello atender las disposiciones del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, pero que las mismas no han logrado alinearse al 100% a lo expuesto en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y Protocolo Facultativo que en su artículo 9o. refiere que los Estados Partes adoptarán medidas pertinentes para asegurar el acceso de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás, al entorno físico, el transporte, la información y las comunicaciones, incluidos los sistemas y las tecnologías de la información y las comunicaciones, y a otros servicios e instalaciones abiertos al público o de uso público, tanto en zonas urbanas como rurales.

Por todo lo anterior, puede afirmar que hoy día, en México existe una brecha que limita la movilidad y el desarrollo de las personas con discapacidad, y que los sistemas de transporte públicos, como lo son el metro y sus similares en los estados de Jalisco y Nuevo León no son, en términos general de fácil acceso para esa población.

En virtud de lo aquí expuesto, pongo a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta respetuosamente a los Gobiernos de la Ciudad de México, Jalisco y Nuevo León a que hagan públicas las estrategias de corto, mediano y largo plazo que implementaran para asegurar el acceso de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones de las demás, al transporte público colectivo cómodo y seguro, que les permita movilizarse y conectarse a lo largo de las zonas metropolitanas y rurales de esos estados y con ello se les garanticen el derecho a la movilidad, faciliten su inserción social y a minoren la deteriorada condición de vida de ese sector de la población

Notas:

1 Discapacidad en México, disponible en http://cuentame.inegi. org.mx/poblacion/discapacidad.aspx?tema=P, consultado el 20 de septiembre de 2016.

2 Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, disponible en http://pnd.gob.mx/, consultado el 20 de septiembre de 2016.

3 Servicios que ofrece el metro a los usuarios con discapacidad, disponible en http://www.metro.cdmx.gob.mx/servicios/capacidif.html, consultado el 20 de septiembre de 2016.

4 Sistema de Tren Eléctrico Urbano – Accesibilidad, disponible en http://www.siteur.gob.mx/servicios/accesibilidad.html, consultado el 20 de septiembre de 2016.

5 Sistema de Transporte Colectivo (Metrorrey) – Portal de Transparencia, disponible en http://www.nl.gob.mx/transparencia/dependencia/metrorrey, consultado el 20 de septiembre de 2016.

Palacio Legislativo de San Lázaro, Ciudad de México, a 29 de septiembre de 2016.— Diputado Víctor Manuel Sánchez Orozco (rúbrica).»

Se remite a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, para dictamen.

IMPLEMENTAR EN LOS INMUEBLES A CARGO DEL GOBIERNO FEDERAL, MEDIDAS ARQUITECTÓNICAS QUE BENEFICIEN AL MEDIO AMBIENTE Y REDUZCAN LA CONTAMINACIÓN

«Proposición con punto de acuerdo, por el cual se exhorta al Ejecutivo federal, el Consejo de la Judicatura Federal y el Congreso de la Unión a implantar en los inmuebles a cargo del gobierno de la república medidas arquitectónicas que beneficien el ambiente y reduzcan la contaminación, a cargo de la diputada Lorena Corona Valdés e integrantes del Grupo Parlamentario del PVEM

El que suscribe, diputada Lorena Corona Valdés, en nombre de los diputados federales del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México de la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea, la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Acorde con la investigación denominada “Estudios Territoriales. Valle de México, México”, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), la zona metropolitana del Valle de México (ZMVM o Valle de México) es la tercera zona metropolitana más grande de la OCDE y la más grande del mundo fuera de Asia. “De acuerdo con las delimitaciones mexicanas más utilizadas, la ZMVM abarca alrededor de 7,866 kilómetros cuadrados (casi cinco veces el tamaño de la región del gran Londres y tres veces el de Luxemburgo), comprende las 16 demarcaciones de la Ciudad de México, 59 municipios del estado de México y un municipio del estado de Hidalgo”.

La investigación establece que actualmente el Valle de México tiene más de 20 millones de habitantes, cifra que equivale al 17 por ciento de la población nacional; resaltando que poco menos de la mitad de la población de la zona metropolitana vive en la Ciudad de México. Si bien el crecimiento de la población se ha desacelerado notablemente en el Valle de México, durante la última década siguió en aumento; en las zonas periféricas creció más rápido que la del núcleo urbano. “En comparación con ciudades europeas u otras ciudades latinoamericanas, el Valle de México mantiene una población bastante densa de 13,500 habitantes por kilómetro cuadrado”.

“Entre 2010 y 2013, el número de automóviles registrados aumentó 8.5 por ciento al año. La congestión vehicular en la zona metropolitana es una de las más altas del mundo.” Actualmente el parque vehicular del Valle de México se calcula en 5.4 millones de unidades.

La Ciudad de México es conocida mundialmente por la densidad de su población, así como de sus altísimos índices de contaminación atmosférica, debido a que es una de las ciudades más contaminadas del mundo. Un porcentaje alto de su población debe cruzar la ciudad de extremo a extremo diariamente para ir a su lugar de trabajo o en su defecto, regresar a sus hogares.

Los índices de polución habían sido muy elevados pero a lo largo de los últimos años estaban controlados, en parte porque para reducir las emisiones de carbón, a los vehículos se les prohibió la circulación, por turnos y durante ciertos días. Dado que el parque vehicular público es antiguo, esas medidas han resultado insuficientes y a menudo saltan las alarmas ambientales.

El problema de la calidad del aire en la Ciudad de México ha alcanzado grandes dimensiones de acuerdo con el investigador Gerardo Manuel Mejía quien en su texto intitulado: “Calidad del aire en Ciudad de México: Una aproximación multidisciplinaria para su adecuada gestión”, señala que aunque se han introducido nuevas tecnologías anticontaminantes en los vehículos y en las actividades industriales, el problema de contaminación muestra solamente avances marginales en la reducción de la contaminación del aire e indica que “los contaminantes más importantes son las partículas menores a 10 mm (micrómetros) [PM10] y el ozono. En el caso del ozono se rebasa la norma para una hora (0.11 ppmv-0.11 partes por millón en volumen)* el 80 por ciento de los días del año; y en el caso del PM10 se rebasa la norma para 24 horas (150 mg/m3-150 microgramos por metro cúbico de aire)* más del 40 por ciento de los días de los últimos años, a excepción de 1999 en que se rebasó en el 10 por ciento de los días”.

“Dentro del PM10, las partículas de mayor impacto en la salud son las menores a 2.5 mm (PM2.5), cuyo efecto se ha vuelto de particular interés ya que puede penetrar hasta los alveolos de los pulmones donde se depositan las partículas pudiendo causar la muerte por exposición crónica. El PM2.5 no se mide regularmente y no existe una norma oficial mexicana, pero se estima que ésta última estará alrededor de 60 a 65 mg/m3 promedio de 24 horas. Considerando este valor y algunas mediciones de PM2.5 que se han hecho en la ZMVM se estima que se tendría un porcentaje elevado de violaciones a la norma durante el año”.

Según cifras del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), en el país hay 20 mil decesos por la mala calidad del aire, de los cuales al menos nueve mil seiscientos corresponden a la ZMVM. La contaminación del aire ocupa el noveno lugar dentro de los factores que producen enfermedad y muerte en el país. Los contaminantes atmosféricos pueden contribuir al desarrollo de enfermedades pulmonares y del corazón, incluso pueden causar cáncer de pulmón.

El Centro Mario Molina, afirma que actualmente, “la ZMVM tiene los mayores índices de contaminación por ozono a nivel nacional, y es la cuarta urbe en cuanto a presencia de partículas finas, el contaminante más preocupante desde el punto de vista de salud pública. La evidencia científica indica que existe una relación entre la exposición a contaminantes atmosféricos y la incidencia de enfermedades respiratorias y cardiovasculares, que pueden ocasionar muertes prematuras en segmentos vulnerables de la población, así como un desarrollo pulmonar deficiente en infantes. Como consecuencia de estos impactos a la salud, hay serias repercusiones económicas y sociales para el país. Aunque las medidas para mitigar esta situación pueden requerir de una inversión cuantiosa, el beneficio para la sociedad, con mucho, supera cualquier costo.”

La situación se hizo crítica en este 2016, al grado de concitar un Acuerdo entre los diferentes niveles de gobierno y la participación de autoridades de varias entidades federativas colindantes con la Ciudad de México. Ante ello, se presentó el 7 de junio del presente año, la nueva Norma Emergente de Verificación Vehicular, que entró en vigor a partir del 1 de julio. Como corresponsables del combate a la contaminación, asistieron a esa presentación, el titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, así como los gobernadores de la Ciudad de México, estado de México, Hidalgo, Morelos, Puebla y Tlaxcala.

El tema fue atraído por la federación, por lo altos niveles de contaminación que se registraron en marzo de este año, razón por la cual, se aplicaron medidas más restrictivas para suspender la circulación de automóviles que incluía a modelos nuevos. La Norma Emergente de Verificación Vehicular es producto de la crisis ambiental en la Ciudad de México debido a los altos índices de contaminación por ozono y como una manera de reforzar el programa Hoy No Circula. De aquí, deriva la decisión de que el programa de verificación se homologue en seis entidades que conforman la Megalópolis.

Mucho se ha hablado de que la reducción de la circulación de los automóviles, no constituye la única salida al problema tan grave de la contaminación del aire; no obstante, son pocas las opciones que se han emprendido de manera paralela. Entre algunas medidas que han destacado a nivel internacional se encuentran:

• Posponer las tareas de jardinería que requieran el uso de herramientas a gasolina en días de alto nivel de ozono.

• Restringir la limpieza en seco.

• Evitar el uso de pinturas, aceites y solventes en días de alta concentración de ozono.

• Reducir el consumo de electricidad, lo cual contribuirá a disminuir las emanaciones de SO2, NOx, VOC (óxidos de azufre, nitrógeno y compuestos orgánicos volátiles).

• Prender el carbón de leña con un encendedor eléctrico en vez de hacerlo con combustible líquido.

• Restrinja-reutilice-recicle: un menor consumo redundará en menor contaminación atmosférica de todo tipo.

Un mecanismo que es poco conocido, pero que tiene un efecto destacado lo podemos encontrar en nuevos materiales de construcción. Efectivamente y de manera sorpresiva, la contaminación puede combatirse desde el ámbito arquitectónico, utilizando materiales que cuentan con propiedades antimicrobinas y descontaminantes. Un ejemplo importantísimo que propongo se debería seguir en todos los edificios destinados al servicio público del gobierno federal y de las entidades federativas de la ZMVM es el emprendido por el Hospital General Dr. Manuel Gea González.

La construcción del Hospital Manuel Gea González fue una obra original del arquitecto Manuel Villagrán, que se finalizó en 1942. “En 2013 se construyó la nueva torre de especialidades médicas y en ella se tuvieron en cuenta las necesidades medioambientales. A lo largo de 100 metros, el edificio cuenta con una doble fachada, de Prosolve 370e que está cubierto con una capa superfina de polvo de dioxido de titanio (TiO2).

No se necesita una gran potencia de rayos UV para que los electrones del revestimiento descompongan los óxidos de nitrógeno y otros compuestos, transformándolos en agua y nitrato cálcico (un elemento que se encuentra en fertilizantes) que serán arrastrados de la cubierta por la lluvia. Con este sistema, se limpia el aire que penetra en el edificio y lógicamente el que le rodea. Una ventaja adicional es que la pantalla de baldosas filtra la luz solar y reduce la temperatura en el interior, lo que también representa un ahorro en aire acondicionado y sus emisiones contaminantes”.

El azulejo utilizado en la fachada se realizó de Prosolve 370e, cuya forma y cubierta neutralizan los químicos que componen el esmog. Al ser puestos cerca de calles o vías principales, dicho material es capaz de neutralizar la contaminación producida por 8,750 carros diariamente. De esta manera, se beneficia tanto la salud de los pacientes del hospital, que pueden respirar un aire mucho más puro, como beneficia a los habitantes que tienen que transitar por esa zona.

El material solo está colocado en las fachadas a través de diversas piezas que conforman un entramado, tipo enjambre; que al ser ensambladas se recubren con el dióxido de titanio que combate la polución. De manera que su instalación en focos de alta contaminación, como en este caso la Avenida San Fernando, ayudan a neutralizar las emisiones de óxido de nitrógeno (emisiones propias por combustión de vehículos), descontaminando no sólo el edificio donde se ubican sino el entorno urbano donde se emplaza.

Es importante destacar que la ligereza de los módulos no requiere maquinaria pesada para su instalación. Las piezas se montan en el suelo sobre mega paneles y se levantan para colocarlos en la fachada. Las celdas siguen un patrón inspirado en los corales y esponjas de mar. Cada panel tiene una configuración diferente y única. Las baldosas están hechas de una carcasa de plástico ABS resistente al fuego.

Según información disponible Prosolve 370e puede emplearse en cualquier tipo de edificación, junto a una autopista, dentro de un túnel, en interiores, en estacionamientos, entre otros. El mantenimiento es muy sencillo y para mantener la blancura del material instalado, basta con lavarlo periódicamente. Se estima que la duración del revestimiento oscila entre los 5 y los 10 años. Para renovarlo no se precisa desmontar las piezas sino que puede aplicarse el material directamente sobre la instalación.

El dióxido de titanio es un pigmento que le da el color blanco a cosas cómo bloqueadores solares y algunos alimentos y funciona como un catalizador en reacciones químicas. Al hacer contacto con rayos ultravioleta se produce una reacción química que logra detener la contaminación mediante la generación de nitrato de calcio, agua y dióxido de carbono, que no es alterado y continúa trabajando a un ritmo constante.

Efectivamente, reduce los compuestos orgánicos totales (COV), los óxidos de nitrógeno (NOx) y óxidos de azufre (SOx) a través del sistema modular. Cuando este material se instala cerca de avenidas altamente congestionadas, ayuda a neutralizar emisiones y otras toxinas. Así, una red urbana de este producto no solo ayudaría a limpiar el aire que entra a los edificios sino el que los rodea, creando un ambiente limpio en toda la ciudad.

Como se mencionó anteriormente, además de actuar como un increíble purificador urbano de aire, el recubrimiento Prosolve 370e actúa como un filtro natural de luz y como bloqueador solar para el interior, generándose grandes ahorros en energía destinada para aclimatación e iluminación.

Sin duda alguna, el proyecto es el primero de su tipo en México y podría propiciar que se cambie la percepción de la función de la arquitectura dentro de la Ciudad de México para que además de estética, sea sustentable. Los diseños más avanzados en arquitectura son ecológicamente sostenibles porque en la fase constructiva se eligen los materiales y procesos que son más respetuosos con el medio ambiente; creándose edificaciones que permiten reducir el consumo energético.

En este sentido, como una alternativa arquitectónica para apoyar en el combate de la contaminación en la Ciudad de México, sería importante que los edificios destinados al servicio público del Gobierno Federal y Capitalino en la medida de lo posible pudieran utilizar este material en sus fachadas. De igual forma, algunos proyectos que están en camino de concretarse, como los nuevos edificios del Instituto Nacional Electoral podrían utilizar Prosolve 370e, para ayudar a mitigar los efectos de la contaminación, en una zona tan transitada como lo es Periférico y Viaducto Tlalpan.

Por lo expuesto y fundado someto a consideración de esta honorable Asamblea la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero.La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo Federal, al presidente del Consejo de la Judicatura Federal y a los Presidentes de ambas Cámaras del Congreso de la Unión a implementar, en aquellos inmuebles a cargo de las dependencias de la Administración Pública Federal, del Poder Legislativo Federal y del Poder Judicial de la Federación, medidas arquitectónicas que beneficien al medio ambiente y reduzcan la contaminación, mediante el uso en sus fachadas de materiales con polvo de dióxido de titanio (TiO2), conocido por su actividad fotocatalítica y capacidad para degradar contaminantes atmosféricos.

Segundo. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Presidente del Instituto Nacional Electoral, ante la inminente construcción de nuevas instalaciones para el Instituto, a implementar medidas arquitectónicas que beneficien al medio ambiente y reduzcan la contaminación, mediante el uso en sus fachadas de materiales con polvo de dióxido de titanio (TiO2) conocido por su actividad fotocatalítica y capacidad para degradar contaminantes atmosféricos.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 29 de septiembre de 2016.— Diputados: Lorena Corona Valdés, Jesús Sesma Suárez (rúbricas).»

Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen.

DIFUNDIR LAS MEDIDAS LLEVADAS A CABO, DERIVADAS DE LOS RESULTADOS DE LA AUDITORÍA FINANCIERA Y DAR CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA DE TRABAJO PARA LA TRANSICIÓN A LA TELEVISIÓN DIGITAL TERRESTRE

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SCT a difundir las medidas llevadas a cabo tras la auditoría financiera y de cumplimiento del programa de trabajo para la transición a la televisión digital terrestre, suscrita por los diputados Blanca Margarita Cuata Domínguez, Ángel Antonio Hernández de la Piedra y Virgilio Dante Caballero Pedraza, del Grupo Parlamentario de Morena

Los que suscriben, los diputados Ángel Antonio Hernández de la Piedra, Blanca Margarita Cuata Domínguez y Virgilio Dante Caballero Pedraza, integrantes de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 79 numeral 1, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de los siguientes

Antecedentes

1. El 11 de junio de 2013 se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el decreto por el que se reformaron y adicionaron diversas disposiciones a los artículos 6, 7, 27, 28, 73, 78, 94 y 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de Telecomunicaciones, que establece en su artículo quinto transitorio, tercer párrafo, que “La transición digital terrestre culminará el 31 de diciembre de 2015. Los Poderes de la Unión estarán obligados a promover, en el ámbito de sus competencias, la implementación de equipos receptores y decodificadores necesarios para la adopción de esta política de gobierno...”

Asimismo, la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión expedida el 14 de julio de 2014 estableció en su artículo Décimo Noveno Transitorio que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes sería la encargada de implementar los programas y acciones vinculados con la política de la Transición a la Televisión Digital Terrestre, es decir, la entrega y distribución de los equipos receptores o decodificadores.

2. El 13 de mayo de 2014 la Secretaría de Comunicaciones y Transportes emitió el Programa de Trabajo para la Transición a la Televisión Digital Terrestre, en el cual señala como objetivo número uno: “Promover la implementación de equipos receptores y decodificadores para la adopción de la televisión digital Terrestre y el uso de las tecnologías de la información y la comunicación.”

Para lo anterior se definió la estrategia 1.2.: “Implementar mecanismos para que los hogares de escasos recursos cuenten con equipos receptores de señales de Televisión Digital Terrestre”, misma que estuvo acompañada de las siguientes líneas de acción:

• Implementar un programa de cobertura social para dotar de televisores digitales a los hogares de escasos recursos.

• Integrar un padrón que identifique a los hogares de beneficiarios del programa de cobertura social.

Para la ejecución de la segunda línea de acción, se definió que debía existir coordinación con la Secretaría de Desarrollo Social, por lo cual ambas secretarías firmaron un Convenio de colaboración para implementar un programa de cobertura social que dotara de televisores digitales a los hogares de escasos recursos, por medio de la integración un padrón que identificara a los hogares beneficiarios con programas de cobertura social.

3. En mayo de 2014, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Social, inició la entrega de televisores digitales de conformidad al cronograma determinado en el Programa de Trabajo para la Televisión Digital Terrestre (TDT).

4. A partir del 7 de julio de 2015 la Secretaría de Comunicaciones y Transportes remitió al Congreso de la Unión informes trimestrales correspondientes al periodo enero-marzo, abril-junio, junio-septiembre y octubre-diciembre a efecto de rendir cuenta de los recursos asignados al Programa para la TDT, el listado de beneficiarios en el proceso de entrega de televisores digitales a los hogares de escasos recursos y las reglas para la entrega de televisores.

5. De acuerdo con la última actualización de la página de la SCT (30 de enero 2016) se han entregado 10 millones 111 mil 273 televisores.

6. En abril del presente año, la Auditoría Superior de la Federación emite la Cuenta Pública 2014, en la cual, la Auditoria correspondiente al Programa de Trabajo para la TDT presenta diversas observaciones.

7. En agosto de 2016 Adolfo Cuevas Teja Comisionado del Instituto Federal de Telecomunicaciones, emitió el documento titulado “Análisis del proceso de transición a la televisión digital terrestre (“Apagón Analógico”): Cálculo del número de telehogares afectados; eficacia de la entrega de televisores digitales, e impacto presupuestal” en el cual se señala que a pesar de haber sido un programa benéfico que sí apoyó la protección de hogares que no estaban preparados para la Transición Digital Terrestre, éste no cubrió a la totalidad de la población objetivo.

Consideraciones

La reforma en telecomunicaciones formó parte del paquete de reformas estructurales de 2013. Es a partir de esta reforma que se establece el cambio de televisión analógica a televisión digital. El plazo que la Constitución impuso como límite para apagar las frecuencias necesarias para liberar la banda de 700 MGZ suponía una inversión en cada hogar ya sea para la compra de decodificador o televisión digital.

Es claro que la televisión en México es un medio de información muy concurrido, aun cuando se ha generado una revolución en las tecnologías de la información.

Tal es su importancia, que de haberse realizado el apagón analógico se habría afectado a millones de hogares que no contaban con los recursos para invertir en un televisor o decodificador.

Evidentemente las condiciones socioeconómicas del país, y particularmente los ingresos de cada familia no permitían a todas realizar una inversión de esa magnitud, siendo que México tiene una elevada tasa de pobreza, y que de acuerdo al ENIGH 2014 el ingreso de los hogares que se verían afectados oscilaba entre 2 mil 300 y 9 mil 843 pesos, y estos son destinados fundamentalmente a mantener las necesidades básicas, por lo cual resultaban insuficientes para invertir en una televisión digital.

Como se aprecia en los antecedentes, la reforma ordenó que fuera el Ejecutivo federal por medio de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes la encargada de llevar a cabo la implementación de los programas y acciones necesarios para la transición a la Televisión Digital Terrestre, es decir, para la entrega o distribución de equipos receptores o decodificadores.

En su momento se discutió acerca de la viabilidad o no de entregar televisiones en lugar de decodificadores a los hogares siendo que estos últimos habrían significado una reducción considerable al costo total del programa, contrario a los televisores que además de tener un costo más elevado, podrían haber sido utilizados con fines propagandísticos debido a que su entrega se emparejaba con el año electoral federal. La justificación para entregar televisores fue que presumiblemente se reduciría el consumo de electricidad y podrían usarse como dispositivos de acceso a internet, pero no se tomó en cuenta que para ello primero es necesario que el hogar cuente con servicio de internet, y además comprar otros dispositivos necesarios para esta conectividad.

La determinación de las personas beneficiadas con el programa estuvo a cargo de la Secretaría de Desarrollo Social, la cual realizó un padrón único con la confluencia de distintos programas sociales. Para la realización de este padrón, Sedesol, considero en orden de prelación a personas afiliadas a los siguientes programas: Próspera, Apoyo Alimentario, Estancias Infantiles, Adultos Mayores, Abasto Social de Leche, Desarrollo de Zonas Prioritarias, Empleo Temporal, Jornaleros Agrícolas, 3X1 Migrantes, Seguro de Vida para Jefas de Familia, Opciones Productivas y Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías.

Durante la revisión de la Cuenta Pública 2014, la Auditoría Superior de la Federación emitió 13 observaciones, 16 recomendaciones, una solicitud de aclaración, y un pliego de observaciones al Programa para la Transición a la Televisión Digital Terrestre.

La Auditoría evidenció que los datos contenidos en el padrón de beneficiarios no garantizaron la entrega de un televisor por hogar, en concordancia con los fines del programa. Dicha aseveración se fundamentó en visitas domiciliarias que realizó el órgano fiscalizador donde se constató que había más de un beneficiario por hogar visitado.

Asimismo entre las observaciones que hace la Auditoría al Programa para la Transición a la Televisión Digital Terrestre se encuentran la asignación de siete contrataciones en forma directa, de las cuales una no cuenta con justificación de excepción a la licitación, por lo cual no cumplió con la normativa, mientras que de otras tres adjudicaciones directas no se cuenta con los expedientes respectivos.

Sumado a todo lo anterior, aún persiste la incógnita sobre el paradero de 398 mil 775 televisiones, con un valor promedio de 2 mil 471.66 pesos cada una, de las cuales la SCT no cuenta con un registro de su ubicación ni de inventario físico al cierre de 2014, por lo que la Auditoría solicitó documentación que comprobara el monto de 985 millones 636 mil 216.50 de pesos equivalentes al número de televisiones de las que no se conoce su paradero.

Además de ello, la Auditoría menciona que existieron deficiencias en la evaluación del seguimiento a las actividades del Programa, por lo que no se contó con información confiable sobre los avances de éste.

En suma, la Auditoría Superior de la Federación determinó 13 observaciones, que generaron 16 recomendaciones, una solicitud de aclaración, 10 promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria y un pliego de observaciones derivados de la auditoría financiera y de cumplimiento al programa.

Sumado a las consideraciones anteriores, en agosto del presente año Adolfo Cuevas Teja comisionado del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) presentó el documento titulado “Análisis del Proceso de Transición a la Televisión Digital Terrestre (“Apagón Analógico”): Cálculo del Número de Telehogares Afectados; Eficacia de la Entrega de Televisores Digitales, e Impacto Presupuestal”. En dicho análisis se mencionan cuestiones contundentes: hubo ineficacia en la entrega de televisores digitales en el apagón analógico, pues éste dejó a 6 millones 697 mil 988 hogares desprotegidos a nivel nacional, es decir 22.28 por ciento del total de telehogares y entregó de manera ineficaz 4 millones 909 mil 912 aparatos a hogares que ya contaban antes del apagón con televisor digital o decodificador, cifra que representa 48.55 por ciento del total de los televisores entregados.

Así como lo hizo la Auditoría Superior de la Federación, el análisis del comisionado también menciona fallas en el padrón, como la falta de cobertura total a deciles de menor ingreso, dejando sin cobertura porciones significativas de esos mismos deciles, atención a deciles de alto ingreso y casos de atención a hogares que no requerían del subsidio. De acuerdo con el análisis, estos datos se traducen en un ejercicio no eficaz de los recursos públicos, pues el Programa TDT de la SCT como ya se mencionó líneas atrás, tenía el objetivo de garantizar la continuidad del servicio de Tv radiodifundida en hogares de escasos recursos.

De acuerdo con el informe trimestral octubre-diciembre los ingresos comprometidos para el Programa fueron 28 mil 446 millones 582 mil 479.23 pesos, sobre los cuales se requiere mayor información acerca de su ejercicio en concordancia con todas las consideraciones citadas.

Es preocupante que mientras los informes de la SCT, y el cuarto Informe de Gobierno mencionan que se protegió con el programa a 96 por ciento de la población objetivo, el análisis del Comisionado del IFT alude que se dejó desprotegidos a 6 millones 697 mil 988 hogares. Puede que sí, efectivamente se haya cubierto a 90 por ciento de la población objetivo, pero esta población de acuerdo con el informe de la ASF y el análisis del comisionado puede que no haya contemplado al grueso de la población que sería afectada con el apagón analógico. Todo lo anterior se traduce en un posible ejercicio no eficaz del presupuesto público en perjuicio de los ciudadanos.

Por lo expuesto y con fundamento en las disposiciones invocadas en el proemio, sometemos a consideración del pleno de esta soberanía la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión solicita respetuosamente al Ejecutivo federal, a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y a la Secretaría de Desarrollo Social que de acuerdo a lo establecido en la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación haga del conocimiento público las medidas llevadas a cabo derivadas de los resultados de la auditoría financiera y de cumplimiento 14-0-09100-02-0418 al Programa de Trabajo para la Transición a la Televisión Digital Terrestre correspondiente al Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014.

Segundo. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión solicita respetuosamente a la Secretaría de la Función Pública para que en el ámbito de sus atribuciones haga del conocimiento público las acciones emprendidas derivadas de los resultados de la auditoría financiera y de cumplimiento 14-0-09100-02-0418 al Programa de Trabajo para la Transición a la Televisión Digital Terrestre correspondiente al Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014.

Tercero. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión solicita respetuosamente a la Auditoria Superior de la Federación haga del conocimiento público las acciones realizadas derivadas de los resultados de la auditoría financiera y de cumplimiento 14-0-09100-02-0418 al Programa de Trabajo para la Transición a la Televisión Digital Terrestre correspondiente al Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014.

Notas:

1 http://www.sct.gob.mx/fileadmin/TDT/marco-normativo/programa-de-trabajo-tdt.pdf

2 http://www.sct.gob.mx/comunicaciones/transicion-a-la-television-digital-terrest re/avances/

3 http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/08/21/ineficiente-entrega-de-5-millones -de-televisores-por-apagon-analogico-sedesol

4 http://www.sct.gob.mx/despliega-noticias/article/version-estenografica-de-la-co nferencia-de-prensa-sobre-la-prueba-del-proceso-de-transicion-a-la/

5 Hogares que cuentan con STAR y/o, TV digital y/o, TV analógica y/o decodificador. http://www.ift.org.mx/sites/default/files/conocenos/pleno/otrosdocumentos/adolf o-cuevas-teja/analisisdelprocesodetdtmexico0.pdf

6 Cuarto Informe de Gobierno federal.

Referencias

http://www.sct.gob.mx/fileadmin/Imagenes_Portada/ programa-trabajo-transicion-tdt.pdf

http://www.ift.org.mx/sites/default/files/conocenos/pleno/otrosdocumentos/ adolfo-cuevas-teja/analisisdelprocesodetdtmexico_0.pdf

Manual operativo del programa para la transición a la televisión digital terrestre

http://www.sct.gob.mx/fileadmin/TDT/marco-normativo/manual-operativo-tdt.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 29 de septiembre 2016.— Diputado Ángel Antonio Hernández de la Piedra (rúbrica).»

Se remite a las Comisiones Unidas de Comunicaciones y de Transparencia y Anticorrupción, para dictamen.

DIFUNDIR LAS MEDIDAS QUE SE HAN TOMADO RESPECTO DE LA POLÍTICA MONETARIA Y EL AUMENTO A LAS TASAS DE INTERÉS

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Banco de México y la SHCP a difundir las medidas tomadas respecto a la política monetaria y el aumento de las tasas de interés; y se invita a sus titulares a comparecer ante el pleno, a cargo de la diputada Claudia Sofía Corichi García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

La suscrita Claudia Sofía Corichi García, diputada integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta asamblea el siguiente punto de acuerdo por el que la Honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta a los integrantes de la Comisión de Cambios y a sus titulares, el gobernador del Banco de México, Agustín Guillermo Carstens Carstens, y José Antonio Meade Kuribreña, secretario de Hacienda y Crédito Público, a hacer público un informe sobre las consideraciones que ha tomado la comisión respecto de la política monetaria y el aumento a las tasas de interés, al tenor de las siguientes

Consideraciones

I.En el último año los embates a la estabilidad del peso mexicano debido a las incertidumbres mundiales, la baja de los precios del petróleo, y políticas macroeconómicas que no han podido mitigar el incremento en la valuación del dólar frente al peso han generado escenarios en los que el Banco de México (Banxico) se ha visto obligado a hacer uso de algunos recursos como la oferta de dólares para tratar de controlar el tipo cambiario, sin embargo la medida ha sido insuficiente pues tan sólo en el último mes, e incluso tras el anuncio de la Reserva Federal de los Estados Unidos de no aumentar las tasas de interés, el tipo cambiario ha situado al dólar hasta en montos superiores a los 20 pesos en los últimos días, rompiendo con ello en 4 veces tan solo en septiembre, los records históricos.

II. La Comisión de Cambios según el capítulo IV, artículos 18 al 23 de la ley vigente del Banco de México, es la encargada de autorizar la obtención de los créditos internacionales, fijar criterios a los que deba sujetarse el banco en el ejercicio de las facultades respecto de la banca de desarrollo, y señalar directrices respecto del manejo y la valuación de la reserva.

III. La confianza en el futuro de la moneda mexicana se encuentra cerca de su peor nivel desde 1995, de acuerdo a los contratos negociados en el mercado del Chicago Mercantile Exchange (CME), cuando estuvo bajo los efectos de una de las más profundas crisis económicas de México, esta situación que se ha visto reflejada en los constantes aumentos del dólar, ha puesto en entre dicho las medidas que habrán de tomarse para atender la situación de volatilidad actual.

IV. La medida adoptada por el Banco de México ante este panorama, principalmente todo 2015, fue vender cada día 200 millones de dólares en los mercados cambiarios, con la finalidad de aumentar la oferta y por ende incidir en los precios de cotización de la divisa, sin embargo este mecanismo dañó el nivel de las reservas internacionales, lo que ha representado hasta el corte del pasado 15 de septiembre una disminución en la reserva internacional por 433 millones de dólares, según el reporte de saldos preliminares del estado de cuenta correspondientes al jueves 15 de septiembre de 2016 del banco central.

V. Hasta ahora, se prevé que este jueves 29 de septiembre el Banco de México anuncié su decisión a la junta de gobierno en torno al nivel de la tasa de interés de referencia, en lo que diversos especialistas han anticipado representará un aumento a la tasa de referencia en 50 puntos base (0.50 puntos porcentuales) a 4.75 por ciento. Inclusive, uno de estos analistas anticipa un aumento de 75 puntos base. Dicha situación se debe a que haber elevado la tasa de interés en un ambiente de inflación bien controlada y bajo crecimiento económico, después de un movimiento abrupto del tipo de cambio por un tema muy poco específico para México como el resultado del referéndum en Reino Unido para desincorporarse de la Unión Europea (o Brexit), puso a la junta de gobierno en un lugar muy complicado en donde los participantes de los mercados van a demandar y los analistas van a anticipar alzas de tasas de interés cuando el peso observe una depreciación significativa contra el dólar; que es justo la situación en la que nos encontramos después de haber rebasado la barrera psicológica de los 20 pesos, y por la que incluso ya se han manifestado algunas cámaras empresariales, toda vez que anticipan una alza en importaciones y por ende un impacto directo a la inflación.

VI. Por años Banxico luchó por mantener las políticas cambiaria y monetaria separadas, tanto en la toma de decisiones (Banxico para política monetaria y la Comisión de Cambios en el caso de la política cambiaria), como en el tipo de instrumento que se utiliza (el corto y después la tasa de referencia para política monetaria y opciones o subastas de dólares para política cambiaria). Sin embargo, la Junta de Gobierno del Banco de México decidió aumentar la tasa de referencia 100 puntos base en julio pasado, cuando había una inflación por debajo del objetivo de 3.0 por ciento y con una dinámica de crecimiento en desaceleración.

VII. Se prevé que el alza en las tasas de interés mitigue momentáneamente la devaluación del peso frente al dólar, sin embargo poco es el efecto duradero que tendría dicha medida si se considera que ante el margen de las reservas, México tendría que ocupar la línea de crédito autorizado por el Fondo Monetario Internacional (FMI) este mismo año para contener la caída del peso.

VIII. Diversos especialistas han recalcado que es fundamental que se entienda que el aumento en las tasas de interés en México no resuelve el problema de fondo que es la dependencia de nuestro país de recursos del exterior ante nuestro creciente déficit comercial, el cual sumó 14.609 mil millones de dólares en 2015 y que llegó a los 6.592 mil millones de dólares en los primeros cinco meses de 2016.

IX. Ante esta situación de incertidumbre en la que la actitud del Banco de México y sus autoridades pretenden ocultar la dimensión de la grave devaluación que vivimos, es por lo anteriormente expuesto que someto a consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero.La Honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta a los integrantes de la Comisión de Cambios y a sus titulares, el gobernador del Banco de México, Agustín Guillermo Carstens Carstens, y José Antonio Meade Kuribreña, secretario de Hacienda y Crédito Público, a hacer público un informe sobre las consideraciones que ha tomado la comisión respecto de la política monetaria y el aumento a las tasas de interés.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 29 de septiembre de 2016.— Diputada Claudia Sofía Corichi García (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

RECURSOS DEL FONDO DE DESASTRES NATURALES A FAVOR DE LOS MUNICIPIOS DE FRANCISCO I. MADERO, MATAMOROS, SAN PEDRO, TORREÓN Y VIESCA DEL ESTADO DE COAHUILA

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Segob, la SHCP y autoridades locales a destinar prioritariamente parte de los recursos del Fondo de Desastres Naturales en favor de los municipios de Francisco I. Madero, Matamoros, San Pedro, Torreón y Viesca, Coahuila, para mejorar las vialidades afectadas por las recientes lluvias, a cargo del diputado José Refugio Sandoval Rodríguez e integrantes del Grupo Parlamentario del PVEM

El que suscribe, diputado José Refugio Sandoval Rodríguez, en nombre de los diputados federales del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México de la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta honorable asamblea, la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El 6 de septiembre del año en curso la Secretaría de Gobernación en virtud de la presencia de lluvia severa ocurrida el 26 de agosto, emitió una declaratoria de emergencia para los municipios de Francisco I. Madero, Matamoros, San Pedro, Torreón y Viesca, todos pertenecientes al Estado de Coahuila.

La declaratoria de emergencia tiene como finalidad que los municipios mencionados puedan acceder a los recursos del Fondo de Desastres Naturales (Fonden) de la Secretaría de Gobernación.

Como es sabido, a través del Fonden se coordinan los tres niveles de gobierno federal, estatal y municipal para atender a la población afectada por un desastre natural, así como para financiar el costo de reconstrucción de la infraestructura pública dañada.

Atendiendo a lo anterior, uno de los daños que más está aquejando a los habitantes de Coahuila, es que se han formado abras en las carreteras, partiéndolas a la mitad, además de que las calles y avenidas se encuentran dañadas debido a la humedad y las inundaciones que ha generado la lluvia atípica.

Se estiman daños en cientos de metros cuadrados; además de varias calles con pozos formados sobre el asfalto; particularmente en la carretera Madero -Finisterre-la Rosita las lluvias severas provocaron que la tierra se abriera en una superficie de alrededor de 150 metros de largo y poco más de un metro de profundidad. En suma, las lluvias atípicas, dañaron más de la mitad el pavimento de las principales ciudades de la Comarca Lagunera.

De acuerdo con un informe presentado a la directora general de Procedimientos del Fonden, por los seis subcomités de Coahuila mediante el cual evaluaron los daños ocasionados por las lluvias atípicas, se dice que en el sector vial y urbano los daños ascienden a 50 millones de pesos, sin embargo, de acuerdo al acta de proyectos que se formalizó para acceder a los recursos del Fonden sólo se autorizaron 19.1 millones de pesos para rehabilitación de carreteras federales, quedando pendiente más de la mitad de la cantidad solicitada para el sector vial-urbano, el cual además de carreteras federales incluye el bacheo y recarpeteo en pavimentos, calles y avenidas.

Por lo anterior, y en virtud de que las calles, avenidas y carreteras son parte de los componentes más importantes para el desarrollo social y económico de cualquier Estado, es que presento esta proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Gobernación y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a efecto de que una parte de los recursos del Fonden a los que mediante la declaratoria de emergencia se entregaron a los municipios de Francisco I. Madero, Matamoros, San Pedro, Torreón y Viesca, sean destinados prioritariamente a llevar a cabo la totalidad de las obras de pavimentación, recarpeteo y mejoramiento de calles, avenidas y carreteras en los lugares mencionados. Lo anterior, con el fin de salvaguardar el traslado de las personas y alcanzar lo más pronto posible el retorno de la normalidad social y económica que prevalecía entre la población antes de sufrir los efectos producidos por las lluvias atípicas.

Asimismo, cabe señalar que esta situación está obstruyendo los traslados de los habitantes de una zona de la importancia de la Comarca Lagunera, por lo cual es necesario que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Gobierno de la República y la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas del Estado de Coahuila implementen programas emergentes para bacheo y recarpeteo en pavimentos, calles y avenidas; ya que la humedad continúa generando daños a la carpeta asfáltica, afectando la infraestructura vial y generando deslaves y hundimientos.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero.La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaria de Gobernación y a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público para que en virtud de la declaratoria de emergencia emitida con fecha del 6 de septiembre del año en curso, designe prioritariamente parte de los recursos del Fondo de Desastres Naturales asignados en favor de los municipios de Francisco I. Madero, Matamoros, San Pedro, Torreón y Viesca del Estado de Coahuila, para que sea utilizados para financiar el total del costo de la pavimentación, recarpeteo y mejoramiento de las calles, carreteras y avenidas que han sido afectadas por las recientes lluvias atípicas; con lo que se beneficiara la movilidad de las personas y se estaría en posibilidad de alcanzar lo más pronto posible la normalidad en el entorno social y económico de los habitantes de los municipios mencionados.

Segundo.La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y a la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas del Estado de Coahuila para que en la medida de sus posibilidades presupuestarias realicen los programas necesarios para bacheo, recarpeteo en pavimentos, calles y avenidas de los municipios de Francisco I. Madero, Matamoros, San Pedro, Torreón y Viesca; en beneficio de sus habitantes que actualmente se encuentran obstruidos en sus traslados.

Notas:

1 Declaratoria de emergencia por la presencia de lluvias severa ocurrida el 26 de agosto en 5 municipios del Estado de Coahuila de Zaragoza. Diario Oficial de la Federación. 6 de septiembre 2016. http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5451343&fecha=06/09/2016.

2 https://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/1252622.aparece-una-enorme-abra-en- la-carretera.html consultado del 19 de septiembre 2016.

3 http://www.milenio.com/region/Milenio_Noticias-Lluvias_en_La_ Laguna-Fonden-Victor_Zamora-Danos_Comarca_Lagunera_0_811119197.html consultado el 19 de septiembre de 2016.

4 http://www.noticierosgrem.com.mx/van-municipios-de-la-laguna-por-mas-de-232-mdp -del-fonden/ consultado el 19 de septiembre de 2016.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro a los 29 días del mes de septiembre de 2016.— Diputados: José Refugio Sandoval Rodríguez, Jesús Sesma Suárez (rúbrica).»

Se remite a la Comisión de Gobernación, para dictamen.

DAÑOS CAUSADOS POR EL INCENDIO DEL BUQUE-TANQUE BURGOS, OCURRIDO EN EL PUERTO DE VERACRUZ, VERACRUZ

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a Pemex, a la Profepa y a diversas dependencias gubernamentales a investigar y fincar responsabilidades civiles, administrativas y penales derivadas de los daños causados por el incendio del buque-tanque Burgos, ocurrido en el puerto de Veracruz, a cargo de la diputada Norma Rocío Nahle García, del Grupo Parlamentario de Morena

La que suscribe, diputada Norma Rocío Nahle García, del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numerales 1, fracción II, y 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se permito presentar a consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, bajo las siguientes

Consideraciones

Primera. La flota petrolera mexicana tiene como antecedente fundacional los barcos que utilizaban las antiguas empresas petroleras antes de 1938 y que se integraron como patrimonio de Petróleos Mexicanos (Pemex) desde entonces. Para 1997 la petrolera mexicana ya contaba con 19 barcos propios. Sin embargo para 2007 ya sólo poseía 3 y el resto de las embarcaciones eran rentadas. Por lo que se pasó al sistema arrendamiento puro y arrendamiento con opción a compra con 19 embarcaciones. Ya para marzo de 2008 algunos medios publicaban que...” Un “error” en la licitación pública internacional para renovar la flota marina de Pemex Refinación beneficia, entre otras, a cuatro concursantes: Blue Marine, TMM, Daewoo y Mitsui. La “errata” en las bases descarta a decenas de empresas postulantes y sólo permite competir con posibilidades de ganar a las trasnacionales. En disputa, cinco contratos por más de 4 mil 600 millones de pesos...” Producto de estas cuestionadas licitaciones el 5 de septiembre de 2008 en Coatzacoalcos, Veracruz se integra el buque tanque Burgos con 25 mil toneladas brutas de capacidad de carga y 9 mil de capacidad de toneladas netas. A inicios de marzo de 2009 se incorporan 4 buques más bajo la figura de arrendamiento por cinco años.

Para fines de la gestión de Felipe Calderón Hinojosa se reiteran las denuncias “...A días de concluir el actual sexenio, Petróleos Mexicanos firma contratos multianuales que comprometen más de 1 mil millones de dólares. Se trata de la renovación de la flota naval petrolera, la adquisición de tres plataformas, la adjudicación de contratos integrales para exploración y producción de campos maduros y la tardía “construcción” de la Refinería Bicentenario... La adquisición comprometía 800 millones de dólares para adquirir 40 embarcaciones.

Hasta ahora se desconocen los términos y legalidad de dichos contratos y arrendamientos, en tanto que nuestra hoy empresa productiva del Estado, no ha respondido a dichos cuestionamientos.

“En enero de 2011, la institución entonces encabezada por Salvador Vega Casillas detectó un fraude en Pemex Refinación por 47 millones de dólares, vinculado al arrendamiento de cuatro buquetanques. La auditoría confirmó que las empresas Arrendadora Ocean Mexicana –filial de Blue Marine Technology Group– y Transportación Marítima Mexicana “se coludieron” para obtener los contratos”.

Segunda. Es en este turbio escenario el 24 de septiembre de 2016, aproximadamente al mediodía, frente al Puerto de Veracruz, Veracruz, se incendió el Buque Taque Burgos, procedente de Ciudad Madero, Tamaulipas, con destino a Puerto Progreso, Yucatán con escalas previas en: Tuxpan, Veracruz, para recarga de gasolina; Puerto de Veracruz, Minatitlán y Pajaritos, Veracruz para descarga.

Se sabe que en el momento del incendio, el buque-tanque transportaba poco más de 160 mil barriles de gasolinas y 20 mil de diésel.

Las versiones conocidas dicen

1. Que la conflagración se debe a la caída de un rayo; y

2. A un error humano en la supervisión de los tanques de gasolina.

Sin embargo la causa real debe ser determinada y comunicada por las autoridades.

Lo importante es que se sabe también, que al iniciarse el fuego y tratar de poner en servicio los sistemas contra incendio, estos no funcionaron (existen 3 sistemas de seguridad –el de CO2, el de espuma y el de agua de mar) ya que se dice que las bombas no funcionaron. Lo cual es sumamente raro ya que el buque-tanque es un modelo no tan anticuado, de 2005, de acuerdo a la publicación de la página www.vesselfinder.com.

También se sabe que en el Puerto de Veracruz, no existen embarcaciones Fi-Fi (Fire Fighter) por lo que las embarcaciones para apagar el fuego llegaron varias horas después y la Armada de México llegó como a las tres horas a instalar las barreras de contención.

Por lo que la tripulación fue salvada por tripulaciones de barcos pesqueros y mercantes además de otros de Pemex que estaban anclados.

Destacándose el pescador Carlos Rizo, los buque-tanques Tarahumara y Huasteco de Pemex y de los buques: Jesús, Tomy, Saam Tacuate, Saam Azteca, y Bourbon Artazbaze. Gracias a ellos, no hay pérdida de vidas humanas que lamentar de los tripulantes (31 según parece), aunque no se sabe si existen lesionados.

Dada la gravedad del caso, ya que representó un alto riesgo para la tripulación del B/T Burgos, para el medio ambiente marino de la región (el doble casco se decretó obligatorio desde 1994, justamente para evitar tragedias ambientales) así como para las instalaciones del puerto de Veracruz y de las embarcaciones cercanas. Igualmente resulta en una seria afectación a la logística de suministro de combustibles en el Golfo de México sur. La explosión alimenta la incertidumbre ya que este percance se suma a otros acontecimientos negativos en la industria de la Petroquímica y la Refinación en México, lo que ha afectado vidas e integridad de los trabajadores y sus familias, el medio ambiente y finalmente provoca una mayor importación de productos petroquímicos y petrolíferos.

Tercera. El 26 de septiembre se dio a conocer en el portal “Regeneración”, que “... más de 100 mil millones de pesos pagaba Pemex por el arrendamiento del barco Burgos, a una empresa que desde 2007 se encuentra bajo investigación por la Secretaría de la Función Pública.

Pemex adquirió a la empresa Blue Marine Shipping, SA de CV, el buque Burgos con un contrato que obligaba a Pemex a pagar una renta anual durante 10 años para poder tener la opción a compra. La Auditoría Superior de la Federación, en el informe de la Cuenta Pública 2014, señaló diversas irregularidades en los acuerdos firmados.

De acuerdo a la información publicada en dicho portal, se afirma que: “En las mismas condiciones del Burgos están los buques Bicentenario, Tampico y Chicontepec, que constituyeron la primera etapa de una renovación que hasta 2014 sumó 16 buques tanque: dos pagados de contado y el resto con contratos de arrendamiento con opción a compra”.

La adquisición de estos primeros buques fue a través de una licitación en la que salieron ganadoras Ftapias de México, SA de CV, y Blue Marine Shipping, SA de CV, pero esta última pertenece a Blue Marine Technology Group, empresa que desde el 20017 está bajo investigación de la Secretaría de la Función Pública y la Auditoría Superior de la Federación (ASF) por posible tráfico de influencias e inflar los precios de las embarcaciones que arrendaba.

Todo lo anterior no impidió que la empresa participara en esta nueva licitación y sumara dos contratos a un largo historial de negocios que inició en 2008 cuando fue creada por Antonio Juan Marco Issa.

Marcos Issa, fue coordinador de tres ex directores de Pemex en los sexenios de Ernesto Zedillo y Vicente Fox, antes de inaugurar la empresa. Las relaciones que el empresario hizo durante ese tiempo, es una de las líneas de investigación que siguió la Secretaría de la Función Pública.

Sin embargo, en las indagaciones también aparecían nombres como Antonio Ceballos Soberanis, entonces director de Refinación; Pedro Carlos Gómez Flores, ex subdirector de Almacenamiento y Distribución; Juan Bueno Torio, entonces senador por Veracruz; y Amado Omar Yáñez Osuna, principal accionista de la empresa Oceanografía, que años más tarde se vería envuelta en un fraude a Banamex y a Pemex.

Mientras la investigación por tráfico de influencias estaba en curso, la Auditoría Superior de la Federación investigaba a la arrendadora Ocean Mexicana, que también pertenece a Blue Marine, por contratos que se le otorgaron durante 2005. En aquel entonces, la Secretaría de la Función Pública inhabilitó por un periodo de 10 años a 14 funcionarios de Refinación por arrendar buques tanque con sobreprecio de 23.5 millones de dólares en contratos.

La forma irregular en la que se maneja la empresa es una de tantas muestras de opacidad a la hora de otorgar licitaciones en el país”.

Cuarta. Con base en la información del Portal de Obligaciones de Transparencia, las empresas: Arrendadora Ocean Mexicana S.A de C.V., Blue Marine Shipping, S.A de C.V., Blue Marine Cargo, S.A. de C.V. y Transportación Maritiva Mexicana, S.A. de C.V., Naviera Mexicana del Sureste. S.A. de C.V., entre otras, han sido contratadas por dependencias gubernamentales para ofrecer diversos servicios maritimos, como se muestra acontinuación:

Las empresas Blue Marine Cargo, Blue Marine Shipping, pertenecen a la empresa Blue Marine Tecnology Group, que en consorcio con la empresa Ftapias de México, SA de CV, han ganado contratos para el arrendamiento de los buques.

Hasta ahora en la información publicada en el Portal de Obligaciones de Transparencia se registra que estas empresas han recibido desde 2005, contratos para otorgar diversos servicios, beneficiándose de más de 4 mil millones de pesos. Sin embargo, hasta ahora se desconocen las empresas con las que Pemex ha firmado dichos contratos.

Por lo expuesto y con fundamento en las disposiciones invocadas en el proemio, someto a consideración del pleno la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta a Pemex, a la Procuraduría Federal del Protección al Ambiente y a la Administración Portuaria Integral de Veracruz para que, en el ámbito de sus atribuciones, hagan del conocimiento público las causas que originaron el incendio en el buque-tanque Burgos, así como la cuantificación de las pérdidas económicas para la empresa y el impacto del daño ambiental causado.

Segundo. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente a iniciar, en el ámbito de atribuciones, las investigaciones correspondientes para fincar las responsabilidades civiles y penales, según sea el caso, por el daño ambiental causado por el incendio del buque-tanque Burgos ocurrido en el Puerto de Veracruz, Veracruz.

Tercero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de la Función Pública a iniciar, en el ámbito de atribuciones, las investigaciones correspondientes para fincar las responsabilidades administrativas y penales, según sea el caso, por el daño patrimonial causado por el incendio del buque-tanque Burgos ocurrido en el Puerto de Veracruz, Veracruz.

Cuarto. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta a Pemex a exhibir los contratos que tiene suscritos con las empresas Arrendadora Ocean Mexicana, SA de CV, Blue Marine Shipping, SA de CV, Blue Marine Cargo, SA de CV, y Transportación Maritiva Mexicana, SA de CV, Blue Marine Tecnology Group, Ftapias de México, SA de CV, Naviera Mexicana del Sureste, SA de CV, y con las empresas que hayan participado o estén participando en el arrendamiento de las embarcaciones que utiliza esta empresa productiva del Estado.

Quinto. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta a la Auditoría Superior de la Federación para que, en el ámbito de su competencia y en el marco de la legislación aplicable, realice las auditorías correspondientes a todos los proyectos y contratos que haya suscrito Pemex para el arrendamiento de buques.

Sexto. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para que, en el ámbito de sus atribuciones, realice una inspección exhaustiva en materia de seguridad industrial a los buques que utiliza Pemex.

Séptimo. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de la Función Pública para que, en el ámbito de sus atribuciones, difunda las acciones llevadas a cabo, respecto de las observaciones que realizó la Auditoría Superior de la Federación, en el Informe del Resultado de la Cuenta Pública 2014, en el que se detectaron irregularidades en los contratos para el arrendamiento de los buques en Pemex.

Notas:

1 Contralínea

2 Contralínea

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 29 de septiembre de 2016.— Diputada Norma Rocío Nahle García (rúbrica).»

Se turna a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Transparencia y Anticorrupción, para dictamen.

AGILIZAR LOS PROCESOS QUE LLEVA A CABO EL MINISTERIO PÚBLICO CON RESPECTO A LA DONACIÓN DE ÓRGANOS DE DONANTES CADAVÉRICOS

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud, a través del Centro Nacional de Trasplantes, a buscar un acercamiento con la Conferencia Nacional de Protección Social en Salud para agilizar los procesos del Ministerio Público respecto a la donación de órganos de donantes cadavéricos, a cargo de la diputada María Elena Orantes López, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

La que suscribe, María Elena Orantes López, integrante de la LXIII Legislatura en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, vicecoordinadora del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6, fracción I, y 79, párrafos primero, fracción II, y segundo, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta soberanía proposición con punto de acuerdo por el que la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa a la Secretaria de Salud, a través del Centro Nacional de Trasplantes, a buscar un acercamiento con la Conferencia Nacional de Protección Social en Salud, con el objetivo de homologar, abreviar y facilitar los procesos que lleva a cabo el Ministerio Público, a fin de agilizar la donación de órganos de donantes cadavéricos, con base en las siguientes

Consideraciones

La calidad de vida de los mexicanos en los últimos años se ha visto mermada debido al aumento de las enfermedades crónicas, como la diabetes, la obesidad, la hipertensión, y renales, hepáticas y cardiovasculares, ocasionadas por los malos hábitos, la mala alimentación e inclusive por condiciones ambientales dañinas para la salud.

Según cifras del Registro Nacional de Trasplantes, se realizaron 95 mil 400 trasplantes de órganos desde 1963 hasta diciembre de 2015. El de córnea es el más frecuente, seguido por el de riñón (http://www.cenatra.salud.gob. mx/ descargas/ boletin.pdf).

Actualmente, el Registro Nacional de Trasplantes tiene inscritas en la lista de espera a 20 mil 498 personas, quienes desde hace meses e incluso años aguardan un trasplante de órganos que les permitirá mejorar su calidad de vida, o continuar viviendo.

Según proyecciones de un estudio realizado por la Secretaria de Salud en colaboración con la Universidad Nacional Autónoma de México, se prevé que los casos de enfermedad renal crónica en estadio 5 tendrán una tendencia pasando de poco más de 40 mil nuevos casos en 2005 a poco más de 82 mil casos en 2025.

Por ello, ante cifras alarmantes, se deben tomar medidas que posibiliten y agilicen la donación de órganos, tal es el caso de los donantes cadavéricos, ya que muchas veces y debido a trámites administrativos engorrosos, los órganos en posibilidad de ser donados no se conservan adecuadamente y muchos de ellos no son preservados adecuadamente, por lo que se pierde la posibilidad de trasplantarse.

Es necesario que las autoridades ministeriales brinden facilidades a los familiares de los donantes cadavéricos a fin de agilizar los trámites y procesos que se realizan en esa dependencia para que los órganos por donar se conserven de manera adecuada y estén en posibilidades de ser recibidos en las condiciones debidas por el paciente.

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa a la Secretaria de Salud, a través del Centro Nacional de Trasplantes, a buscar un acercamiento con la Conferencia Nacional de Protección Social en Salud con el objetivo de homologar, abreviar y facilitar los procesos que lleva a cabo el Ministerio Público, a fin de agilizar la donación de órganos de donantes cadavéricos.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 29 de septiembre de 2016.— Diputada María Elena Orantes López (rúbrica).»

Se remite a la Comisión de Salud, para dictamen.