ASISTENCIA

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Muy buenas tardes. Pido a la Secretaría haga del conocimiento de esta Presidencia, el resultado del cómputo de asistencia de diputadas y diputados.

La Secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos: Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 278 diputadas y diputados. Por lo tanto, diputada presidenta, hay quórum.

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez (a las 12:08 horas): Se abre la sesión.

ORDEN DEL DÍA

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Consulte la Secretaría a la asamblea si se dispensa la lectura al orden del día.

La Secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica, se consulta a la asamblea si se dispensa la lectura al orden del día. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Diputada presidenta, mayoría por la afirmativa. Se dispensa la lectura.

«Segundo periodo de sesiones ordinarias del segundo año de ejercicio de la LXIII Legislatura.

Orden del día

Miércoles 5 de abril de 2017.

Lectura del acta de la sesión anterior.

Comunicaciones oficiales

Del Instituto Nacional de Estadística y Geografía

Remite el Informe de Actividades 2016; así como el Calendario Anual de Difusión de la Información Estadística y Geográfica y de Interés Nacional del Instituto, correspondiente al año 2017.

De la Secretaría de Gobernación

Remite cuatro contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados y por la Comisión Permanente.

De la Secretaría de Gobierno del Estado de Morelos

Remite tres contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados.

De la Secretaría General de Gobierno del Estado de Puebla

Remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, para garantizar a las mujeres en zonas marginadas el acceso a los programas de prevención y detección oportuna del cáncer de mama.

Acuerdo de los órganos de gobierno

De la Junta de Coordinación Política.

Agenda política

Comentarios relativos a las recientes resoluciones judiciales en el estado de Veracruz, a cargo de los grupos parlamentarios.

Iniciativas

Que reforma el artículo 67 de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Flor Estela Rentería Medina, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona los artículos 7o., 9o. y 100 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, suscrita por el diputado Jesús Sesma Suárez e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Que expide la Ley General de la Juventud, a cargo de la diputada Yarith Tannos Cruz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 28 y 43, y adiciona un artículo 29 Bis a la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Que reforma el artículo 9o. de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, a cargo de la diputada Claudia Sofía Corichi García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma los artículos 2o. de la Ley del Impuesto al Valor Agregado y 3o., 5o. y 8o. de la Ley Federal del Impuesto sobre Automóviles Nuevos, a cargo de la diputada Araceli Damián González, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma los artículos 3o. y 10 de la Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo, a cargo de la diputada María Concepción Valdés Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que adiciona el artículo 48 de la Ley de Instituciones de Crédito, a cargo del diputado Braulio Mario Guerra Urbiola, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que adiciona el artículo 30 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, a cargo de la diputada Isaura Ivanova Pool Pech, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona los artículos 2, 13 y 68 de la Ley General del Servicio Profesional Docente, a cargo del diputado Francisco Martínez Neri, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que adiciona el artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Alberto Martínez Urincho, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que adiciona los artículos 9o. de la Ley General de Cultura Física y Deporte y 7o. de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Isaura Ivanova Pool Pech, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Educación y de la Ley Reglamentaria del Artículo 5o. Constitucional, relativo al ejercicio de las profesiones en el Distrito Federal, a cargo de la diputada Isaura Ivanova Pool Pech, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona los artículos 47 y 103 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a cargo de la diputada Sofía Del Sagrario De León Maza, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que deroga el párrafo octavo del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Rodrigo Abdala Dartigues, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma el artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, suscrita por el diputado José Luis Orozco Sánchez Aldana y diversos diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 11 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, suscrita por el diputado José Luis Orozco Sánchez Aldana y diversos diputados del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona los artículos 16 del Código Penal Federal y 405 del Código Nacional de Procedimientos Penales, a cargo del diputado Carlos Alberto de la Fuente Flores, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma los artículos 5o., 31, 34 y 159 Bis de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, suscrita por el diputado José Luis Orozco Sánchez Aldana y diversos diputados del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, suscrita por el diputado José Luis Orozco Sánchez Aldana y diversos diputados del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 32 de la Ley del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, a cargo del diputado José Santiago López, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones a la Ley Federal del Trabajo, a cargo de la diputada Arlet Mólgora Glover, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona los artículos 25 y 51 de la Ley General de Partidos Políticos, a cargo del diputado José Santiago López, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 51 de la Ley General de Desarrollo Social, a cargo de la diputada Lucía Virginia Meza Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma los artículos 87 de la Ley Federal del Trabajo y 58 de la Ley del Seguro Social, a cargo de la diputada Delia Guerrero Coronado, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Lucía Virginia Meza Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma los artículos 24 de la Ley General de Educación y 53 y 55 de la Ley Reglamentaria del Artículo 5o. Constitucional, Relativo al Ejercicio de las Profesiones en el Distrito Federal, a cargo de la diputada Ruth Noemí Tiscareño Agoitia, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 4o. de la Ley Agraria, a cargo del diputado Fernando Quetzalcóatl Moctezuma Pereda, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que adiciona el artículo 4o. de la Ley de Asistencia Social, a cargo del diputado Fernando Quetzalcóatl Moctezuma Pereda, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por los diputados Alberto Martínez Urincho y Francisco Xavier Nava Palacios, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, y Manuel Jesús Clouthier Carrillo.

Que deroga el artículo 158 y reforma los artículos 264 y 334 del Código Civil Federal, a cargo de la diputada Laura Nereida Plascencia Pacheco del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma diversas disposiciones de la Ley de Migración, a cargo del diputado Felipe Reyes Álvarez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 28 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, a cargo de la diputada Lucía Virginia Meza Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Beatriz Vélez Núñez y diversos diputados del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 40 y 85 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado José Santiago López, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona los artículos 115 y 212 de la Ley General de Salud, a cargo del diputado Fernando Quetzalcóatl Moctezuma Pereda, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 191 del Código Penal Federal, a cargo de la diputada Marbella Toledo Ibarra, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que expide la Ley General de Prevención, Atención y Posvención del Suicidio, a cargo de la diputada Adriana Terrazas Porras, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a cargo de la diputada Arlette Ivette Muñoz Cervantes, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma los artículos 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales y 2o. de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, a cargo de la diputada Erika Araceli Rodríguez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 420 del Código Penal Federal y 3o. y 56 de la Ley General de Vida Silvestre, a cargo de la diputada Erika Araceli Rodríguez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que adiciona el artículo 6o. del Reglamento de la Cámara de Diputados, suscrita por los diputados Jorge Carlos Ramírez Marín y Pedro Luis Noble Monterrubio, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 9o. de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, a cargo de la diputada Kathia María Bolio Pinelo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma los artículos 86 de la Ley Federal del Trabajo y 33 de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, a cargo del diputado Julio Saldaña Morán, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Miriam Dennis Ibarra Rangel, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 32 y 41 Bis, de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Isaura Ivanova Pool Pech, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona los artículos 15 y 379 del Código Penal Federal, suscrita por los diputados Verónica Delgadillo García y Jorge Álvarez Maynez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma los artículos 380, 394, 443 y 446 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, a cargo de la diputada Miriam Dennis Ibarra Rangel, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma, deroga y adiciona diversas disposiciones de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, a cargo del diputado Erik Juárez Blanquet, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona el artículo 8o. del Reglamento de la Cámara de Diputados, a cargo del diputado Víctor Manuel Silva Tejeda, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 112 de la Ley General de Salud y 7o. de la Ley General de Educación, a cargo de la diputada Lillian Zepahua García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona los artículos 5o. y 6o. de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, a cargo del diputado Alfredo Anaya Orozco, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 25 y 60 de la Ley General de Educación, a cargo del diputado Juan Manuel Cavazos Balderas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que adiciona el artículo 57 de la Ley General de Educación, a cargo del diputado Juan Manuel Cavazos Balderas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona los artículos 2o., 7o. y 12 de la Ley General de Educación, a cargo del diputado Fernando Quetzalcóatl Moctezuma Pereda, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que adiciona el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo, a cargo de la diputada Gretel Culin Jaime, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por los diputados Elio Bocanegra Ruiz, Felipe Reyes Álvarez y Juan Fernando Rubio Quiroz, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 10 de la Ley del Servicio Militar, a cargo del diputado Luis de León Martínez Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Mercado de Valores, para fortalecer la figura de los consejeros independientes, a cargo del diputado Waldo Fernández González, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma los artículos 5o. y 6o. de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, a cargo de la diputada Adriana del Pilar Ortiz Lanz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos, de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, de la Ley de Hidrocarburos y del Código Penal Federal, a cargo del diputado Juan Antonio Ixtlahuac Orihuela, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que adiciona el artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Mirna Saldívar Paz, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.

Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de integración plural del Congreso de la Unión, suscrita por los diputados del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma diversas disposiciones de la Ley Federal de Consulta Popular, a cargo del diputado Luis de León Martínez Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma los artículos 7o., 13 y 20 de la Ley General de Educación y 5o., 6o. y 13 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, a cargo del diputado Oscar Valencia García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

De decreto para inscribir con Letras de Oro en el Muro de Honor del Palacio Legislativo de San Lázaro, el nombre de Juan Rulfo, a cargo de la diputada Eloísa Chavarrías Barajas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que adiciona el artículo 115 de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Ariadna Montiel Reyes, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Armando Luna Canales, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 103 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada María Concepción Valdés Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que adiciona los artículos 66 y 97 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Alma Carolina Viggiano Austria, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 13 de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, a cargo del diputado Pedro Luis Noble Monterrubio, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que deroga el segundo párrafo del artículo 112 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, a cargo del diputado Santiago Torreblanca Engell, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma los artículos 2o. y 2o.-A de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, a cargo del diputado Santiago Torreblanca Engell, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que adiciona el artículo 36 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Marbella Toledo Ibarra, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que adiciona un artículo 1o. Ter a La Ley General de Salud, a cargo de la diputada Marbella Toledo Ibarra, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma el artículo 7o. de la Ley General de Educación, a cargo del diputado Alfredo Bejos Nicolás, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de los artículos 103 y 148 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, a cargo del diputado Carlos Alberto de la Fuente Flores, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que adiciona el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Ángel II Alanís Pedraza, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que adiciona un artículo 183 Bis al Código Penal Federal y reforma el artículo 362 del Código Nacional de Procedimientos Penales, suscrita por diversos diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma y adiciona los artículos 7o., 10 y 33 de la Ley General de Educación, a cargo de la diputada Beatriz Vélez Núñez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, y de la Ley General de Salud, a cargo del diputado Juan Carlos Ruiz García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 202 y deroga el artículo 202 Bis del Código Penal Federal, a cargo de la diputada María Concepción Valdés Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona los artículos 260 y 261 del Código Penal Federal y 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, a cargo del diputado Pablo Elizondo García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Karla Karina Osuna Carranco, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional y suscrita por integrantes de los Grupos Parlamentarios del Partido Acción Nacional y del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona el artículo 546 del Código Federal de Procedimientos Civiles, a cargo de la diputada María Luisa Beltrán Reyes, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que adiciona el artículo 18 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, a cargo de la diputada Laura Nereida Plascencia Pacheco, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 201 y 205 de la Ley del Seguro Social, a cargo de la diputada Nelly del Carmen Márquez Zapata, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que adiciona el artículo 387 del Código Penal Federal, a cargo del diputado Victoriano Wences Real, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona los artículos 14 y 30 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, a cargo de la diputada Laura Nereida Plascencia Pacheco, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 8o., 9o. y 91 de la Ley General de Cambio Climático, a cargo del diputado Tomás Roberto Montoya Díaz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona los artículos 67, 112 y 113 de la Ley General de Salud, a cargo del diputado Tomás Roberto Montoya Díaz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a cargo de la diputada Laura Nereida Plascencia Pacheco, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que adiciona el artículo 75 de la Ley General de Educación, a cargo del diputado José Adrián González Navarro, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona el artículo 89 de la Ley General de Cultura Física y Deporte, a cargo del diputado Guillermo Rafael Santiago Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma y adiciona los artículos 76, 89, 105 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado José Antonio Estefan Garfias, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma los artículos 1o., 2o. y 7o. de la Ley sobre la Celebración de Tratados, a cargo de la diputada Norma Xóchitl Hernández Colín, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma y adiciona los artículos 48, 50, 52 y 81 de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, a cargo del diputado José Antonio Estefan Garfias, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que adiciona un artículo 45 Bis a la Ley de la Economía Social y Solidaria, Reglamentaria del Párrafo Octavo del Artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo referente al sector social de la economía, a cargo de la diputada Norma Xóchitl Hernández Colín, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que adiciona el artículo 1o. de la Ley de Ciencia y Tecnología, a cargo de la diputada María Angélica Mondragón Orozco, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona los artículos 3o. y 7o. de la Ley General de Salud, a cargo del diputado Daniel Ordoñez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Jesús Emiliano Álvarez López, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que adiciona el artículo 22 de la Ley de Asistencia Social, a cargo de la diputada María Angélica Mondragón Orozco, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que adiciona un artículo 190 Bis a la Ley del Impuesto Sobre la Renta, a cargo del diputado Waldo Fernández González, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 33 de la Ley General de Educación, a cargo de la diputada Miriam Dennis Ibarra Rangel, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma diversas disposiciones de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, en materia de prohibición de armas nucleares y minas antipersonal, a cargo del diputado Virgilio Dante Caballero Pedraza, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que adiciona el artículo 2o. de la Ley de Extradición Internacional, a cargo de la diputada Xitlalic Ceja García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que abroga la Ley sobre la Celebración de Tratados, a cargo del diputado José Antonio Estefan Garfias, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que adiciona un artículo 335 Bis y reforma los artículos 337 y 338 del Código Penal Federal, a cargo de la diputada Erika Irazema Briones Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que adiciona los artículos 17 y 29 de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Que reforma el artículo 56 de la Ley General de Partidos Políticos, a cargo de la diputada Nelly del Carmen Márquez Zapata, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma un artículo 367 Bis al Código Penal Federal y reforma el artículo décimo transitorio del artículo primero del decreto por el que se expide la Ley Nacional de Ejecución Penal; se adicionan las fracciones XXXV, XXXVI y XXXVII y un quinto párrafo, y se reforma el tercer párrafo del artículo 225 del Código Penal Federal, publicado en el DOF el 16 de junio de 2016, a cargo del diputado Alberto Martínez Urincho, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 395 del Código Penal Federal, a cargo del diputado Roberto Alejandro Cañedo Jiménez, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma el artículo 6o. de la Ley de Coordinación Fiscal, a cargo del diputado Alfredo Anaya Orozco, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona los artículos 41 y 82 Bis de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a cargo del diputado Francisco Martínez Neri, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 79 de la Ley General de Salud, suscrita por los diputados Patricia Elena Aceves Pastrana, del Grupo Parlamentario de Morena, Lucely del Perpetuo Socorro Alpizar Carrillo y José Luis Sáenz Soto, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Alfredo Anaya Orozco, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que expide la Ley de Retiro para los ex Presidentes de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por los diputados Francisco Martínez Neri, Omar Ortega Álvarez y Felipe Reyes Álvarez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que adiciona el artículo 74 Bis de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, a cargo del diputado Benjamín Medrano Quezada, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Laura Nereida Plascencia Pacheco, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que adiciona los artículos 132 de la Ley Federal del Trabajo y 46 Bis de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a cargo de la diputada Laura Nereida Plascencia Pacheco, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 33 de la Ley de Aguas Nacionales, a cargo de la diputada Nancy Guadalupe Sánchez Arredondo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona los artículos 2o. y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Vitalico Cándido Coheto Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Edith Anabel Alvarado Varela, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 3o., 46 y 52 de la Ley General de Cultura Física y Deporte, a cargo de la diputada Adriana Elizarraraz Sandoval, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 1004 de la Ley Federal del Trabajo, a cargo del diputado Juan Romero Tenorio, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada María del Carmen Pinete Vargas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 21 de la Ley General de Turismo, a cargo de la diputada Azul Etcheverry Aranda, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que adiciona diversas disposiciones al Reglamento de la Cámara de Diputados, a cargo del diputado José Hernán Cortés Berumen, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, a cargo del diputado Daniel Ordoñez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

De decreto por el que se inscribe con Letras de Oro en el Muro de Honor del Salón de Sesiones de la Cámara de Diputados el nombre de Gregorio Torres Quintero, maestro ejemplar y creador del método onomatopéyico, formador de generaciones de mexicanos, a cargo de la diputada María Luisa Beltrán Reyes, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que adiciona los artículos 18 Bis 9 a la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, y 72 Ter a la Ley de Instituciones de Crédito, suscrita por las diputadas Ana Georgina Zapata Lucero y Susana Corella Platt, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona los artículos 11 y 12 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona el artículo 73 de la Ley General de Protección Civil, a cargo del diputado David Jiménez Rumbo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 58 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a cargo del diputado Ariel Enrique Corona Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma los artículos 22 y 23 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a cargo de la diputada Erika Irazema Briones Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código Penal Federal, a cargo del diputado Pedro Luis Noble Monterrubio, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona los artículos 25 y 28 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, a cargo de la diputada María Verónica Agundis Estrada, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 89 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, a cargo de la diputada María Verónica Agundis Estrada, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 34 del Reglamento del Canal de Televisión del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Omar Ortega Álvarez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que adiciona el artículo 41 Bis de la Ley General de Educación, a cargo de la diputada María Luisa Beltrán Reyes, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que adiciona el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Exaltación González Ceceña, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 40 de la Ley de Coordinación Fiscal, a cargo del diputado Jesús Salvador Valencia Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 2o. de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, a cargo del diputado Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma el artículo 12 de la Ley General de Educación, a cargo del diputado Luis Alfredo Valles Mendoza, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.

Que reforma los artículos 3o., 8o. y 11 de la Ley para Impulsar el Incremento Sostenido de la Productividad y la Competitividad de la Economía Nacional, a cargo de la diputada Azul Etcheverry Aranda, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Exaltación González Ceceña, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 41 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, a cargo del diputado Luis Alfredo Valles Mendoza, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos, a cargo del diputado Braulio Mario Guerra Urbiola, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que adiciona el artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Exaltación González Ceceña, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, a cargo del diputado Luis Alfredo Valles Mendoza, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.

Que adiciona los artículos 2o. y 18 de la Ley de Migración, a cargo del diputado Braulio Mario Guerra Urbiola, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que adiciona diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, a cargo del diputado Braulio Mario Guerra Urbiola, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, en materia de contratación de migrantes repatriados, a cargo de la diputada María Victoria Mercado Sánchez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma y adiciona el artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Mayra Angélica Enríquez Vanderkam, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro, a cargo del diputado Luis Manuel Hernández León, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.

Que adiciona el artículo 24 de la Ley General de Educación, a cargo de la diputada Santos Garza Herrera, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona los artículos 115 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por los diputados Ricardo del Rivero Martínez y Juan Alberto Blanco Zaldívar, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma los artículos 6o., 21, 146 y 149 del Reglamento de la Cámara de Diputados, suscrita por los diputados Edna Ileana Dávalos Elizondo, Santos Garza Herrera, Armando Luna Canales, Juan Pablo Piña Kurczyn, José Refugio Sandoval Rodríguez y Vidal Llerenas Morales, de los grupos parlamentarios de los Partidos Revolucionario Institucional, Acción Nacional, Verde Ecologista de México y Morena, respectivamente.

Que reforma el artículo 243 del Código Penal Federal, a cargo de la diputada Edna Ileana Dávalos Elizondo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 13 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, a cargo de la diputada Edna Ileana Dávalos Elizondo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 211 del Código Penal Federal, a cargo de la diputada Edna Ileana Dávalos Elizondo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 166 Bis del Código Penal Federal, a cargo de la diputada Edna Ileana Dávalos Elizondo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 227 del Código Penal Federal, a cargo de la diputada Edna Ileana Dávalos Elizondo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 3o. y adiciona un artículo 15 Bis de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, a cargo del diputado Fernando Quetzalcóatl Moctezuma Pereda, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 8o. de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos, a cargo del diputado Fernando Quetzalcóatl Moctezuma Pereda, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones del artículo 72 de la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles, a cargo del diputado José Erandi Bermúdez Méndez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que expide la Ley para Prevenir el Desperdicio de Alimentos, a cargo de la diputada Norma Rocío Nahle García, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma los artículos 58 y 389 del Código Civil Federal, a cargo del diputado Jorge Álvarez Maynez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que adiciona un artículo 21 Bis a la Ley General de Turismo, a cargo del diputado Alfredo Bejos Nicolás, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que expide la Ley de Almacenamiento Rural y reforma los artículos 98, 99 y 100 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, a cargo del diputado José Erandi Bermúdez Méndez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona los artículos 2o. y 26 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, a cargo de la diputada Mirza Flores Gómez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma los artículos 22 y 56 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, a cargo de la diputada Nora Liliana Oropeza Olguín, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que expide el Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de la Cámara de Diputados, a cargo de la diputada Marisol Vargas Bárcena, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 28 de la Ley General de Desarrollo Social, a cargo del diputado Pedro Luis Noble Monterrubio, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a cargo de la diputada Marisol Vargas Bárcena, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 211 Bis del Código Penal Federal, a cargo de la diputada Edna Ileana Dávalos Elizondo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que adiciona un artículo 417 Bis y reforma el artículo 444 del Código Civil Federal, a cargo del diputado Matías Nazario Morales, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código Civil Federal, de la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres y de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, a cargo de la diputada Montserrat Alicia Arcos Velázquez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 271 de la Ley Federal de Derechos, a cargo del diputado Luis Agustín Rodríguez Torres, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que adiciona el artículo 17 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, a cargo de la diputada Eva Florinda Cruz Molina, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que adiciona el artículo 109 del Reglamento de la Cámara de Diputados, a cargo del diputado Juan Romero Tenorio, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma los artículos 34 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta y 34 de la Ley General de Cambio Climático, a cargo de la diputada Mirza Flores Gómez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Christian Joaquín Sánchez Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el párrafo segundo del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Alejandra Gutiérrez Campos y suscrita por los diputados del estado de Guanajuato del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 7o. de la Ley General de Educación, a cargo de la diputada Blanca Margarita Cuata Domínguez, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma el artículo 21 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, a cargo del diputado German Ernesto Ralis Cumplido, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que expide la Ley General de Consulta Indígena y reforma el artículo 2o. de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, a cargo del diputado Christian Joaquín Sánchez Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 49 de la Ley Federal de Derechos, a cargo del diputado Jorge López Martín, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 18 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, a cargo de la diputada Susana Corella Platt, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por la diputada Susana Corella Platt e integrantes de la Comisión Especial de Minería.

Que reforma y adiciona el artículo 100 de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, a cargo de la diputada Martha Lorena Covarrubias Anaya, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 15, 154 y 162 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, a cargo de la diputada Martha Lorena Covarrubias Anaya, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que adiciona un artículo 26 Bis a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a cargo de la diputada Laura Nereida Plascencia Pacheco, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que adiciona el artículo 44 de la Ley del Servicio Exterior Mexicano, a cargo de la diputada Laura Nereida Plascencia Pacheco, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 50 de la Ley del Servicio Exterior Mexicano, suscrita por los diputados Laura Nereida Plascencia Pacheco y Rafael Yerena Zambrano, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona los artículos 133 y 994 de la Ley Federal del Trabajo, a cargo de la diputada Alma Carolina Viggiano Austria, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que adiciona un artículo 4 Bis a la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro, a cargo del diputado David Mercado Ruíz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y del Código Penal Federal, a cargo de la diputada Ruth Noemí Tiscareño Agoitia, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 2-A de la Ley de Coordinación Fiscal, a cargo del diputado Salomón Fernando Rosales Reyes, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con proyecto de decreto para inscribir con Letras de Oro en el Muro de Honor del Palacio Legislativo de San Lázaro el nombre “Batallas de Celaya”, a cargo de la diputada Adriana Elizarraráz Sandoval, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 166 Bis 3 de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Mariana Trejo Flores, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y de la Ley del Seguro Social, a cargo del diputado Jorge Álvarez Maynez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a cargo del diputado José Santiago López, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma los artículos 27, 42 y 48 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Roberto Alejandro Cañedo Jiménez, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones a la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, a cargo del diputado Germán Ernesto Ralis Cumplido, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma el artículo 170 de la Ley Federal del Trabajo, a cargo de la diputada Angélica Reyes Ávila, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.

Que adiciona el artículo 151 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, a cargo del diputado Juan Carlos Ruiz García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que adiciona el artículo 146 del Reglamento de la Cámara de Diputados, a cargo de la diputada Sasil Dora Luz De León Villard e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Que adiciona los artículos 69 y 81 de la Ley de Aeropuertos, a cargo del diputado Jonadab Martínez García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma el artículo 11 de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, a cargo del diputado Carlos Gutiérrez García, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Aeropuertos y de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, a cargo del diputado Alfredo Javier Rodríguez Dávila, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que adiciona y deroga el artículo 48 de la Ley General de Educación, a cargo de la diputada María Victoria Mercado Sánchez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que adiciona el artículo 2o. de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, a cargo de la diputada Carmen Victoria Campa Almaral, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.

Que adiciona los artículos 25 y 36 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, a cargo del diputado Juan Carlos Ruiz García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 9o. y adiciona un 15 Décimus a la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, a cargo de la diputada María Victoria Mercado Sánchez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que adiciona el artículo 26 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, a cargo del diputado Juan Carlos Ruiz García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma los artículos 418, 419 y 420 del Código Penal Federal, a cargo de la diputada María Victoria Mercado Sánchez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma los artículos 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 86 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, a cargo de la diputada Minerva Hernández Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona los artículos 3o. y 4o. de la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro, a cargo de la diputada María Victoria Mercado Sánchez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, a cargo de la diputada Minerva Hernández Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que adiciona el artículo 113 de la Ley de Petróleos Mexicanos, a cargo del diputado Ulises Ramírez Núñez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma los artículos 28 y 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Ulises Ramírez Núñez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma, deroga y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, a cargo del diputado Ariel Enrique Corona Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que adiciona el artículo 3o. de la Ley General de Desarrollo Social, a cargo del diputado Jesús Salvador Valencia Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que adiciona el artículo 42 de la Ley de Aviación Civil, a cargo del diputado Enrique Zamora Morlet e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, a cargo de la diputada Blanca Margarita Cuata Domínguez, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de fortalecimiento al Sistema Nacional de Trasplantes, suscrita por diputados integrantes de los Grupos Parlamentarios de los Partidos de Movimiento Ciudadano, Revolucionario Institucional, Acción Nacional, Revolución Democrática, Verde Ecologista de México y Encuentro Social.

De decreto por el que se declara la última semana del mes de septiembre de cada año, como “Semana Nacional de la Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales”, a cargo de la diputada Mirna Isabel Saldívar Paz, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, a cargo del diputado Alejandro González Murillo, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.

Que reforma y adiciona el artículo 133 de la Ley Federal del Trabajo, a cargo del diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona los artículos 387 del Código Penal Federal y 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, a cargo de la diputada María Luisa Beltrán Reyes, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que adiciona el artículo 17 de la Ley General de Salud, suscrita por los diputados Mariana Trejo Flores y Roberto Guzmán Jacobo, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma y deroga diversas disposiciones de la Ley General del Servicio Profesional Docente, a cargo de la diputada María Victoria Mercado Sánchez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma los artículo 6o., 13, 14, 15 y 24 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, a cargo del diputado Hugo Daniel Gaeta Esparza, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 13 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, a cargo de la diputada María Verónica Agundis Estrada, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona el artículo 13 de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, a cargo de la diputada María Victoria Mercado Sánchez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que adiciona los artículos 5o. y 18 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, a cargo del diputado Alfredo Ferreiro Velazco, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.

Que reforma y adiciona el artículo 12 de la Ley de Seguridad Nacional, a cargo de la diputada Azul Etcheverry Aranda, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona el artículo 325 del Código Penal Federal, a cargo de la diputada María Victoria Mercado Sánchez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma y adiciona el artículo 12 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, a cargo de la diputada Azul Etcheverry Aranda, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona los artículos 27, 28 y 111 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, suscrita por la diputada Laura Valeria Guzmán Vázquez y diversos diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que adiciona diversas disposiciones al Código Civil Federal, a cargo de la diputada Gloria Himelda Félix Niebla, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 38 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Armando Luna Canales, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que deroga el párrafo octavo del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado César Camacho, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 74 Bis de la Ley General de Salud, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que adiciona el artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Juan Carlos Ruíz García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que adiciona el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Fidel Calderón Torreblanca, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que adiciona los artículos 157 del Código Nacional de Procedimientos Penales y 322 del Código Penal Federal, suscrita por la diputada Sofía González Torres e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Que reforma los artículos 61 y 107 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por los diputados Juan Romero Tenorio y Alfredo Basurto Román, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que adiciona el artículo 47 de la Ley General de Educación, a cargo del diputado Germán Ernesto Ralis Cumplido, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma y adiciona los artículos 19 y 58 Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a cargo de la diputada Norma Edith Martínez Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.

Que reforma el artículo 93 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, a cargo de la diputada Yahleel Abdala Carmona, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona los artículos 15, 41 y 190 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, a cargo de la diputada Nadia Haydee Vega Olivas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que adiciona diversas disposiciones al Reglamento de la Cámara de Diputados, a cargo del diputado Rafael Hernández Soriano, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma los artículos 56 de la Ley de Instituciones de Crédito, 45 de la Ley de Uniones de Crédito y 201 de la Ley del Mercado de Valores, suscrita por el diputado Cándido Ochoa Rojas e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Que reforma y adiciona el artículo 3o. Bis de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, a cargo del diputado Guillermo Rafael Santiago Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, en materia de medio ambiente y desarrollo urbano sostenible, a cargo del diputado Luis Ernesto Munguía González, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma y adiciona los artículos 44, 90 y 105 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Daniel Torres Cantú, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que adiciona el artículo 30 de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, a cargo del diputado Santiago Torreblanca Engell, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona los artículos 1o., 3o. y 4o. de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, y 2o. de la Ley del Servicio Exterior Mexicano, a cargo de la diputada María Concepción Valdés Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones a la Ley de Productos Orgánicos, suscrita por diputados integrantes de los grupos parlamentarios de los Partidos Verde Ecologista de México y Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona el artículo 15 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, a cargo del diputado Juan Romero Tenorio, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma y deroga el artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Jorge Álvarez Maynez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma el artículo 99 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada María Soledad Sandoval Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona los artículos 3o., 13, 112 y 159 de la Ley General de Salud, a cargo del diputado Jesús Antonio López Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona los artículos 14 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y 21 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, a cargo de la diputada Olga Catalán Padilla, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona el artículo 56 de la Ley Federal del Trabajo, a cargo del diputado Germán Ernesto Ralis Cumplido, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que adiciona el artículo 18 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, a cargo del diputado Fernando Quetzalcóatl Moctezuma Pereda, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que expide la Ley Nacional de Salud Mental, a cargo de la diputada Leticia Amparano Gamez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma los artículos 13, 46 y 47 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a cargo del diputado Waldo Fernández González, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma los artículos 112, 160 y 166 Bis 15 de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Edna Ileana Dávalos Elizondo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 7o., 16, 70, 71 y 76 de la Ley General de Educación, a cargo de la diputada Miriam Dennis Ibarra Rangel, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 77 Bis 5 de la Ley General de Salud, a cargo del diputado Víctor Ernesto Ibarra Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, a cargo del diputado Marco Antonio Gama Basarte, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que adiciona el artículo 2-A de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, a cargo de la diputada María de los Ángeles Rodríguez Aguirre, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma los artículos 39, 40 y 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 205 del Reglamento de la Cámara de Diputados, a cargo del diputado Santiago Torreblanca Engell, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Declaratoria de publicidad de dictamen

Dictámenes a discusión de leyes o decretos

De la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones del Reglamento de la Cámara de Diputados, en materia de diplomacia parlamentaria.

De la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en consonancia con la reforma política de la Ciudad de México.

De la Comisión de Cambio Climático, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 7o. y 34 de la Ley General de Cambio Climático.

De la Comisión de Justicia, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 381 Bis, y se adicionan los artículos 381 Ter y 381 Quáter al Código Penal Federal.

De la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 12, 14, 54, 55 y 59 de la Ley General de Educación.

De la Comisión de Economía, con proyecto de decreto por el que se reforman los incisos w) y x), se adiciona un inciso y) a la fracción III, y se deroga la fracción II del artículo 7 de la Ley de Inversión Extranjera.

De la Comisión de Economía, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Protección al Consumidor.

De la Comisión de Seguridad Social, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

De la Comisión de Justicia, con proyecto de decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones del artículo 107 Bis del Código Penal Federal.

De la Comisión de Radio y Televisión, con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 89 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.

De la Comisión de Justicia, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 335, 336 y 337 del Código Penal Federal.

De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con proyecto de decreto por el que se reforma el cuarto párrafo del artículo 60 Bis de la Ley General de Vida Silvestre, en materia de mamíferos marinos.

De la Comisión de Trabajo y Previsión Social, con proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 78 de la Ley Federal de Trabajo.

De la Comisión de Ciencia y Tecnología, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 5 y 7 de la Ley de Ciencia y Tecnología.

De la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, con proyecto de decreto por el que se adicionan las fracciones XXXI y XXXII al artículo 28 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, en materia de salud.

De la Comisión de Justicia, con proyecto de decreto por el que se adiciona un último párrafo al artículo 4; y se reforma el párrafo segundo del artículo 36 de la Ley Nacional de Ejecución Penal.

De la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 12 y 26 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad.

Dictámenes a discusión con puntos de acuerdo

De la Comisión de Relaciones Exteriores, con puntos de acuerdo relativos al cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible de la agenda 2030.

De la Comisión de Deporte, con puntos de acuerdo por el que se exhorta a las dependencias y entidades de la administración pública centralizada y paraestatal, para que evalúen la posibilidad de construir dentro de sus instalaciones espacios deportivos, así como a las 32 entidades federativas a continuar con la creación de programas de protección de parques y espacios deportivos públicos.

De la Comisión de Justicia, con punto de acuerdo por los que se exhorta a la Procuraduría General de la República y a las Fiscalías Generales y/o Procuradurías Generales de Justicia de las Entidades Federativas, así como a la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, a efecto de difundir y promover la impartición de los cursos de capacitación a Ministerios Públicos involucrados en Procesos de Donación de Órganos y Tejidos con fines de trasplantes.

De la Comisión de Energía, con puntos de acuerdo por los que se exhorta al titular del Ejecutivo federal, para que evalúe la pertinencia de efectuar la reclasificación de las tarifas eléctricas en el estado de Campeche, y por otra parte se exhorta a la SE, CRE y CFE para que se elaboré un estudio que verse sobre el aporte a la competitividad en el país, por parte de las tarifas eléctricas que se aplican en cada entidad federativa.

De la Comisión de Igualdad de Género, con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a las y los titulares de los Ejecutivos de las entidades federativas a incorporar un anexo específico y transversal para la igualdad entre mujeres y hombres en sus próximos Presupuestos de Egresos que contengan los recursos suficientes y necesarios para realizar políticas eficientes encaminadas a incorporar la igualdad.

De la Comisión de Igualdad de Género, con puntos de acuerdo, por los que se exhorta respetuosamente a diversas autoridades del Estado mexicano, a hacer efectivos y respetar los derechos político-electorales de las mujeres en el estado de Oaxaca, particularmente en los casos de los municipios de San Martín Peras y San Miguel Peras respectivamente.

De la Comisión de Turismo, con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal, para que a través de la Secretaría de Turismo se amplíe la difusión con relación al Registro Nacional de Turismo.

De la Comisión de Relaciones Exteriores, con punto de acuerdo relativo a la protección de los derechos humanos de los migrantes.

De la Comisión de Relaciones Exteriores, con puntos de acuerdo relativos a la protección consular de los connacionales en Estados Unidos de América.

De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con puntos de acuerdo por los que se exhorta a la Semarnat a fortalecer e impulsar acciones tendientes a la conservación y preservación de la vaquita marina.

De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Sermarnat a fortalecer e impulsar por la Conafor, acciones para garantizar que, a partir del Ejercicio Fiscal de 2017, los recursos recaudados por el cambio de uso de suelo en terrenos forestales se destinen a los programas de reforestación, restauración y mantenimiento de los ecosistemas de las entidades federativas solicitantes de ese cambio.

De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con punto de acuerdo por el que la Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al Ejecutivo del gobierno del estado de Nuevo León a través de la Secretaría de Desarrollo Sustentable a evaluar el Sistema Integral de Monitoreo Ambiental y corregir las deficiencias en los equipos de medición de partículas contaminantes en el aire de todas las estaciones de monitoreo con el objeto de contar con herramientas eficaces e información confiable de la calidad del aire en la zona metropolitana de Monterrey y así atender oportunamente los problemas de salud de la población.

De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con punto de acuerdo por el que se solicita respetuosamente a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y al Gobierno de la Ciudad de México, para efectuar las funciones de protección y conservación del lobo gris mexicano, especie que se encuentra en peligro de extinción.

De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Semarnat para efectuar las funciones de protección y conservación del jaguar.

De la Comisión de Trabajo y Previsión Social, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, a que convoque a mesas de diálogo para la nueva justicia laboral, en las que participen legisladores, sindicatos, empresarios, académicos, gobierno y demás sectores involucrados, con el fin de que se emitan opiniones respecto a una propuesta de reforma procesal laboral integral.

De la Comisión de Trabajo y Previsión Social, con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a instruir a diversas dependencias de la Administración Pública, para concluir el proceso señalado en el artículo 6 de la Ley sobre la Celebración de Tratados respecto a la ratificación del Convenio 189 de la OIT.

De la Comisión de Ciudad de México, con punto de acuerdo por el que solicita a la Secretaría de Movilidad y a la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México, a implementar estrategias coordinadas de movilidad encaminadas a garantizar la seguridad peatonal y ciclista de la Ciudad de México.

De la Comisión de Ciudad de México, con punto de acuerdo por el que la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión solicita a la Secretaría de Salud de la Ciudad de México a que, bajo el principio de la progresividad de los derechos y atendiendo el derecho a la salud de niñas, niños y adolescentes de la Ciudad de México, se mejoren las condiciones de operación en los hospitales pediátricos a su cargo.

De la Comisión de Ciudad de México, con punto de acuerdo por el que se exhorta al Sistema de Aguas de la Ciudad de México que se establezcan las medidas necesarias a efecto de prever el mecanismo de tandeo necesario para el debido abastecimiento del vital líquido en Iztapalapa, en la próxima época de estiaje.

De la Comisión de Ciudad de México, con punto de acuerdo por el que se solicita al Sistema de Transporte Colectivo Metro establecer un plan emergente de mantenimiento mayor en todas sus líneas de este sistema de transporte público.

De la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Educación Pública y sus homólogas locales a establecer acciones en pro de los hijos de las familias que sean deportadas de Estados Unidos, ante las medidas discriminatorias de su nuevo gobierno.

De la Comisión de Salud, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SSA de Chiapas a establecer con autoridades federales y los trabajadores del ramo de salud de la entidad una mesa de trabajo para abordar el tema de retenciones injustificadas de salarios y malversación de fondos de jubilación y vivienda.

De la Comisión de Salud, con punto de acuerdo por el que se exhorta a las autoridades de Salud para que vigilen de manera puntual que el procedimiento quirúrgico conocido como “cesárea” se lleve a cabo de manera responsable.

De la Comisión de Salud, con puntos de acuerdo por los que se exhorta a diversas autoridades a intensificar los protocolos para prevenir, controlar y erradicar la plaga de mosco en la zona de la presa Manuel Ávila Camacho, en Puebla.

De la Comisión de Salud, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud a que realice campañas de educación, a fin de que se dé a conocer la enfermedad vascular cerebral isquémica, así como la elaboración de la norma oficial mexicana en la materia.

De la Comisión de Salud, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud del Estado de Chiapas, garantizar el acceso efectivo, oportuno a servicios médicos.

De la Comisión de Igualdad de Género, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social, a fin de continuar realizando acciones y programas encaminados a erradicar la violencia doméstica y de pareja contra mujeres y hombres.

De la Comisión de Protección Civil, con puntos de acuerdo por los que se exhorta a diversas autoridades federales y locales para la gestión de recursos y ejecución de las obras de prevención y mitigación de los riesgos derivados de las condiciones de la presa “Parral” y del río “Parral”, en Chihuahua.

De la Comisión de Protección Civil, con punto de acuerdo por el que se exhorta a diversas autoridades federales y locales para asegurar que en los mensajes y recomendaciones preventivas, de preparación, auxilio o recuperación que emitan, se prevea el uso de lenguas indígenas, según las comunidades en riesgo.

De la Comisión de Protección Civil, con puntos de acuerdo por los que se exhorta a diversas autoridades federales y locales a coordinarse para llevar a cabo acciones preventivas interinstitucionales que eviten la ocurrencia de incendios forestales y sus consecuentes afectaciones a la población y a las actividades productivas.

De la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, con punto de acuerdo por el que la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a las legislaturas de las entidades federativas, a expedir las leyes y realizar las adecuaciones normativas correspondientes a la reforma de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de las normas secundarias por las que se establece el Sistema Nacional Anticorrupción, aplicando el principio de máxima publicidad.

De la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, con puntos de acuerdo sobre la rescisión o revocación de concesiones, contratos, proyectos de prestación de servicios y asociaciones público-privadas otorgados a la empresa brasileña Odebrecht, sus filiales y subsidiarias, por las denuncias de corrupción presentadas en su contra y donde están involucrados servidores públicos.

De la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, con puntos de acuerdo por los que se exhorta al titular de la Contraloría del Estado de México a poner a disposición pública la información relativa a las promociones de responsabilidad resueltas por la Auditoría Superior de la Federación en la cuenta pública 2014 respecto del programa “Subsidio para las Entidades Federativas para el Fortalecimiento de las Instituciones de Seguridad Pública en Materia de Mando Policial”.

De la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, con punto de acuerdo por el que se exhorta al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, informe sobre el funcionamiento de la Plataforma Nacional de Transparencia y sobre los planes de contingencia para los usuarios.

De la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente al Consejo de Judicatura Federal, a fin de que actualice la publicación de sus obligaciones de transparencia con respecto al año 2006.

Proposiciones

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal y a la SHCP, para que realicen el procedimiento de extinción y liquidación de la Lotería Nacional, a cargo de la diputada María del Rosario Rodríguez Rubio, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno de la CDMX, a que lleve a cabo diversas acciones, derivado del asesinato del ciudadano Pedro Alberto Vega Barrañón, a cargo del diputado Santiago Torreblanca Engell, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Jefe de Gobierno de la CDMX, a que se lleve a cabo el retiro y manejo sustentable de lirio acuático de la zona chinampera de Xochimilco, a cargo del diputado Santiago Torreblanca Engell, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.»

ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la sesión anterior. Pido a la Secretaría consulte a la asamblea si se dispensa su lectura

La Secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se dispensa la lectura al acta de la sesión anterior. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señora presidenta, mayoría por la afirmativa. Se dispensa su lectura.

«Acta de la sesión de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, celebrada el martes cuatro de abril de dos mil diecisiete, correspondiente al Segundo Periodo de Sesiones Ordinarias del Segundo Año de Ejercicio de la Sexagésima Tercera Legislatura.

Presidencia de la diputadaMaría Guadalupe Murguía Gutiérrez

En el Palacio Legislativo de San Lázaro de la capital de los Estados Unidos Mexicanos, sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con una asistencia doscientos sesenta y seis diputadas y diputados, a las once horas con cuarenta y nueve minutos del martes cuatro de abril de dos mil diecisiete, la Presidenta declara abierta la sesión.

En votación económica se dispensa la lectura al Orden del Día, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria; del mismo modo se dispensa la lectura del acta de la sesión anterior, enseguida se pone a discusión y no habiendo oradores registrados, se aprueba en votación económica.

Se da cuenta con comunicaciones oficiales:

a) De la Mesa Directiva:

• Por la que comunica la modificación de turno de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos segundo, sexto, y décimo de la Ley que crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para ex Trabajadores Migratorios Mexicanos, presentada por los diputados Azul Etcheverry Aranda, Jorge Carlos Ramírez Marín y César Camacho, del Partido Revolucionario Institucional, el veintitrés de marzo de dos mil diecisiete, la cual se turna a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Presupuesto y Cuenta Pública, para dictamen. Actualícense los registros parlamentarios.

• Por la que comunica que recibió Acuerdo de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, por el que da por atendida una proposición con punto de acuerdo. De enterado, se tiene por atendida, y se actualizan los registros parlamentarios.

b) De la diputada y el diputado:

• Gina Andrea Cruz Blackledge, del Partido Acción Nacional, por la que solicita que se retire de los registros parlamentarios la iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley de Zonas Económicas Estratégicas para los Estados de la Frontera Norte, presentada el tres de noviembre de dos mil diecisiete.

• Ricardo del Rivero Martínez, del Partido Acción Nacional, por la que solicita que se retire de los registros parlamentarios la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo cuarenta de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, presentada el siete de diciembre de dos mil dieciséis.

Se tienen por retiradas las iniciativas, actualícense los registros parlamentarios.

c) Del diputado Francisco José Gutiérrez de Velasco Urtaza, del Partido Acción Nacional, por el que comunica la reincorporación a sus actividades legislativas. De enterado. Comuníquese.

d) De la Gerencia Fiscal Central de Petróleos Mexicanos, oficio con el que remite el Informe Anual de los costos y gastos devengados de Exploración y Extracción dos mil dieciséis. Se remite a la Comisión de Energía, para su conocimiento.

e) De la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con la que remite:

• Información relativa a la evolución de las finanzas públicas, incluyendo los requerimientos financieros del sector público y su saldo histórico, los montos de endeudamiento interno neto, el canje o refinanciamiento de obligaciones del Erario Federal, el costo total de las emisiones de deuda interna y externa, correspondientes al mes de febrero de dos mil diecisiete, la recaudación federal participable que sirvió de base para el cálculo del pago de las participaciones a las entidades federativas, así como el pago de las mismas, desagregada por tipo de fondo, y por entidad federativa, efectuando en ambos casos la comparación correspondiente con el mes de febrero de dos mil dieciséis, así también la información sobre la evolución de la recaudación para el mes de febrero de dos mil diecisiete. Se remite a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público, y de Presupuesto y Cuenta Pública para su conocimiento.

• Documentos en cumplimiento del artículo cuarenta y dos, fracción primero de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria sobre:

– Los principales objetivos para la Ley de Ingresos de la Federación y el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de dos mil dieciocho.

– Los escenarios, sobre las principales variables macroeconómicas para el año dos mil dieciocho: crecimiento, inflación, tasa de interés y precio del petróleo;

– Los escenarios sobre el monto total del Presupuesto de Egresos de la Federación y su déficit o superávit; y

– La enumeración de los programas prioritarios y sus montos

Se remiten a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público, y de Presupuesto y Cuenta Pública, para su atención.

f) De la Secretaría de Gobernación, con la que remite:

• Informes sobre la utilización de los tiempos oficiales de radio, televisión y cinematografía, así como de los programas y campañas de comunicación social del Gobierno Federal, correspondientes al primer bimestre del ejercicio fiscal dos mil diecisiete . Se remite a las Comisiones de Radio y Televisión y de Presupuesto y Cuenta Pública para su conocimiento.

• El Cuarto Informe de Ejecución del Plan Nacional de Desarrollo dos mil trece-dos mil dieciocho. Se remite a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Presupuesto y Cuenta Pública para su conocimiento.

• Remite cinco contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados y por la Comisión Permanente:

– Por el que se exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, a informar sobre la desincorporación de los ingenieros azucareros, y sobre la ejecución de recursos en la FESA para realizar dicha operación. Se remite a la Junta de Coordinación Política, para su conocimiento.

– Por el que se exhorta a la Secretaría de Gobernación y a la Comisión Nacional de Seguridad, a que difundan cuáles han sido los resultados de los programas encargados de prevenir y erradicar los delitos de alto impacto; así como fortalecer las estrategias encaminadas a disminuir estos delitos. Se remite a la Comisión de Justicia, para su conocimiento.

– Por el que se exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores, a realizar las acciones pertinentes a fin de que México continúe promoviendo ante el seno de Naciones Unidas el derecho a la autodeterminación del Pueblo Saharaui, así como solicitar al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para el referéndum del Sáhara Occidental (MINURSO), y amplié las atribuciones de dicha misión a la protección de los Derechos Humanos en el Sáhara Occidental. Se remite a la Comisión de Relaciones Exteriores, para su conocimiento.

– Por el que se exhorta a la Secretaría de Economía a certificarse en la Norma Mexicana NMX-R.025-SCFI-dos mil quince, en igualdad laboral y no discriminación. Se remite a la Comisión de Igualdad de Género, para su conocimiento.

– Por el que se exhorta a la Secretaría de Turismo, para que las comunidades indígenas de las zonas más pobres del país sean beneficiarias del “Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos”. Se remite al promovente.

g) De la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México, con la que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, para enfrentar los efectos del cambio climático. Se remite a la Comisión de Cambio Climático, para su conocimiento.

h) Del Congreso del estado de San Luis Potosí, con la que remite Acuerdo por el que exhorta a la Cámara de Diputados para que legislen en materia de paridad de género en las candidaturas a gobernador para que sean aplicables en el próximo proceso electoral. Se remite a la Junta de Coordinación Política, para su conocimiento.

Desde sus respectivas curules realizan comentarios sobre diversos temas las diputadas y los diputados: María Bárbara Botello Santibáñez, del Partido Revolucionario Institucional; Jorge Triana Tena, del Partido Acción Nacional; Guillermo Rafael Santiago Rodríguez, de Morena; Fernando Quetzalcóatl Moctezuma Pereda, del Partido Revolucionario Institucional; Javier Antonio Neblina Vega, Brenda Velázquez Valdez, ambos del Partido Acción Nacional; y Pedro Luis Noble Monterrubio, del Partido Revolucionario Institucional. La Presidencia informa que dichas expresiones quedarán asentadas en el Diario de los Debates.

A solicitud del diputado Jorge Triana Tena, del Partido Acción Nacional, la Presidenta invita a la Asamblea ponerse de pie, para guardar un minuto de silencio en memoria de Giovanni Sartori, profesor e investigador en el campo de la Ciencia Política, especializado en el estudio comparativo de la política.

i) De la Cámara de Senadores, con la que remite minutas con proyecto de decreto:

• Por el que se reforma al artículo noventa y tres de la Ley de Migración. Se turna a la Comisión de Asuntos Migratorios, para dictamen.

• Por el que se adiciona un párrafo al artículo diecinueve de la Ley de Migración. Se turna a la Comisión de Asuntos Migratorios, para dictamen.

• Por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Migración y de la Ley de Nacionalidad. Se turna a la Comisión de Asuntos Migratorios, para dictamen.

• Por el que se reforman los artículos segundo, diecinueve, veinte, veintidós, y veinticuatro de la Ley de Migración. Se turna a la Comisión de Asuntos Migratorios, para dictamen.

• Por el que se adiciona el artículo veintinueve fracción novena bis de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables. Se turna a la Comisión de Pesca, para dictamen.

• Por el que se reforma el artículo setenta y siete de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables. Se turna a la Comisión de Pesca, para dictamen.

• Por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables. Se turna a la Comisión de Pesca, para dictamen.

• Por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de Aviación Civil, que devuelve para los efectos de la fracción E del artículo setenta y dos Constitucional. Se turna a la Comisión de Transportes, para dictamen.

Desde su curul la diputada Jacqueline Nava Mountt, del Partido Acción Nacional, invita a participar en las actividades físicas programadas hoy y mañana en la Cámara de Diputados.

j) Del Congreso del estado de Nuevo León, con la que remite iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político; y de la Ley de Migración. Se turna a las Comisiones Unidas de Gobernación, y de Asuntos Migratorios, para dictamen.

k) Del senador Héctor Flores Ávalos, del Partido Acción Nacional, con la que remite iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto al Valor Agregado. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

El siguiente punto del Orden del Día es el capítulo de proposiciones calificadas por el Pleno de urgente u obvia resolución, y se concede el uso de la palabra a los diputados:

• Edgar Romo García, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta al Gobierno del estado de Nuevo León y a los municipios del área metropolitana de Monterrey, para que de forma conjunta, formalicen la creación de una Comisión Ambiental del Área Metropolitana de Monterrey. En votación económica se considera de urgente resolución. Se concede el uso de la palabra a las diputadas y los diputados: Alfredo Basurto Román, de Morena; Mirna Isabel Saldívar Paz, de Nueva Alianza; Alma Lucia Arzaluz Alonso, del Partido Verde Ecologista de México; y Juan Fernando Rubio Quiroz, del Partido de la Revolución Democrática, quien presenta propuesta de modificación; una vez aceptada por el proponente, por instrucciones de la Presidencia la Secretaria da lectura de la misma que en votación económica se acepta. En votación económica se considera suficientemente discutido, y de la misma manera se aprueba el acuerdo, con la modificación aceptada por la Asamblea. Comuníquese.

• Abdies Pineda Morín, y suscrita por el diputado Alejandro González Murillo, del Partido Encuentro Social, por el que se exhorta a las autoridades que ejercen material o formalmente funciones jurisdiccionales en el estado de Baja California y en toda la República, a que se orienten por los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, objetividad y profesionalismo, al fallar en las controversias que les presenten, alejándose, por tanto, de cualquier criterio electoral. En votación económica se considera de urgente resolución. Se concede el uso de la palabra a las diputadas y los diputados: Roberto Alejandro Cañedo Jiménez, de Morena;

A las doce horas con cincuenta y cuatro minutos, por instrucciones de la Presidencia, se cierra el sistema electrónico de asistencia con un registro de cuatrocientos ocho diputadas y diputados.

Virgilio Mendoza Amezcua, del Partido Verde Ecologista de México;

La Presidenta agradece y saluda la presencia en el Salón de Sesiones, de la delegación de legisladores del Congreso de la Nación Argentina, los senadores Juan Manuel Abal Medina, Oscar Carrillo, y Norma Durango, así como los diputados: Ana Laura Martínez, Gustavo Fernández Mendía, Alejandro Echegaray, y Carlos Selva; acompañados por el excelentísimo señor Daniel Chuburu, Embajador de la República Argentina en México; quienes participaron en la Tercera Reunión Interparlamentaria México-Argentina.

David Gerson García Calderón, del Partido de la Revolución Democrática; Nancy Guadalupe Sánchez Arredondo, del Partido Revolucionario Institucional; y José Máximo García López, del Partido Acción Nacional, quien presenta propuesta de modificación; una vez aceptada por el proponente, por instrucciones de la Presidencia la Secretaria da lectura de la misma que en votación económica se acepta. En votación económica se considera suficientemente discutido, y de la misma manera se aprueba el acuerdo, con la modificación aceptada por la Asamblea. Comuníquese.

• José Clemente Castañeda Hoeflich, de Movimiento Ciudadano, por el que se solicita a la Comisión Nacional del Agua, ejecutar diversas acciones en el contexto de la construcción de la presa el Zapotillo. En votación económica se considera de urgente resolución. Se concede el uso de la palabra a las diputadas y los diputados: Norma Edith Martínez Guzmán, del Partido Encuentro Social; Jesús Rafael Méndez Salas, de Nueva Alianza; Ernestina Godoy Ramos, de Morena; Evelyng Soraya Flores Carranza, del Partido Verde Ecologista de México; Francisco Xavier Nava Palacios, del Partido de la Revolución Democrática; Francisco Ricardo Sheffield Padilla, del Partido Acción Nacional; y Hugo Daniel Gaeta Esparza, del Partido Revolucionario Institucional. En votación económica se considera suficientemente discutido, y de la misma manera se aprueba el acuerdo con una modificación propuesta por el promovente, y aceptada por la Asamblea. Comuníquese.

• Jesús Antonio López Rodríguez, del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a informar a la opinión publica el ejercicio de los recursos aprobados en el Presupuesto de Egresos de la Federación dos mil quince anexo treinta, destinados al proceso de formalización laboral de los trabajadores de la salud en el estado de Sinaloa. El proponente solicita a la Presidencia se de lectura a su propuesta de modificación, y por instrucciones de la Presidenta, la Secretaria da lectura de la misma. En votación económica se considera de urgente resolución, y de la misma manera se acepta la modificación presentada. Se concede el uso de la palabra a las diputadas y los diputados: Ángel García Yáñez, de Nueva Alianza; Marbella Toledo Ibarra, de Movimiento Ciudadano; Roberto Guzmán Jacobo, de Morena; y J. Guadalupe Hernández Alcalá, del Partido de la Revolución Democrática. En votación económica se considera suficientemente discutido, y de la misma manera se aprueba el acuerdo con la modificación aceptada por la Asamblea. Comuníquese.

La Secretaría informa a la Asamblea que se recibieron dictámenes con proyecto de decreto de las Comisiones:

a) De Justicia, por el que se reforman los artículos trescientos treinta y cinco, trescientos treinta y seis, y trescientos treinta siete del Código Penal Federal.

b) De Medio Ambiente y Recursos Naturales, por el que se reforma el cuarto párrafo del artículo sesenta bis de la Ley General de Vida Silvestre, en materia de mamíferos marinos.

c) De Trabajo y Previsión Social, por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo setenta y ocho de la Ley Federal de Trabajo.

d) De Ciencia y Tecnología, por el que se reforman y adicionan los artículos quinto y séptimo de la Ley de Ciencia y Tecnología.

e) De Atención a Grupos Vulnerables, por el que se adicionan las fracciones trigésima primera, y trigésima segunda, al artículo veintiocho de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, en materia de salud.

De conformidad con lo que establece el artículo ochenta y siete del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple con la Declaratoria de Publicidad.

El siguiente punto del Orden del Día es la discusión de los dos primeros dictámenes con proyecto de decreto de la Comisión Trabajo y Previsión Social.

Se concede el uso de la palabra a la diputada Ana Georgina Zapata Lucero, para fundamentar ambos dictámenes en una sola intervención, en nombre de la Comisión, posteriormente se discuten y votan en el siguiente orden:

a) Por el que se reforman y adicionan los artículos ciento setenta de la Ley Federal del Trabajo, y veintiocho de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B del artículo ciento veintitrés Constitucional, en materia de maternidad y lactancia. Para fijar postura de sus respectivos grupos parlamentarios intervienen las diputadas y los diputados: Refugio Trinidad Garzón Canchola, del Partido Encuentro Social; Karina Sánchez Ruiz, de Nueva Alianza; Marbella Toledo Ibarra, de Movimiento Ciudadano; Blanca Margarita Cuata Domínguez, de Morena; Jorgina Gaxiola Lezama, del Partido Verde Ecologista de México; Julio Saldaña Morán, del Partido de la Revolución Democrática; Juan Corral Mier, del Partido Acción Nacional; y Rosalinda Muñoz Sánchez, del Partido Revolucionario Institucional. Sin más oradores registrados en votación económica se consideran suficientemente discutido en lo general. La Presidenta informa a la Asamblea que se han reservado para su discusión en lo particular los artículos: ciento setenta de la Ley Federal del Trabajo; y veintiocho de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B del artículo ciento veintitrés Constitucional. En votación nominal por trescientos noventa y nueve votos a favor; y dos abstenciones, se aprueba en lo general y en lo particular los artículos no reservados del proyecto de decreto.

Para presentar propuestas de modificación se concede el uso de la palabra a la diputada y a los diputados:

• Jorgina Gaxiola Lezama, a nombre del diputado Jesus Sesma Suárez, ambos del Partido Verde Ecologista de México, a los artículos: ciento setenta, fracción segunda, de la Ley Federal del Trabajo; y veintiocho, de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B del artículo ciento veintitrés Constitucional, que en votación económica no se admiten a discusión, se desechan y se reservan para su votación en conjunto, en términos del dictamen.

• Mario Ariel Juárez Rodríguez, de Morena, al artículo ciento setenta, fracciones segunda y cuarta, de la Ley Federal del Trabajo, que en votación económica no se admite a discusión, se desecha y se reserva para su votación en conjunto, en términos del dictamen.

• Juan Romero Tenorio, de Morena; a los artículos: ciento setenta, fracciones segunda y cuarta, de la Ley Federal del Trabajo; y veintiocho, de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B del artículo ciento veintitrés Constitucional, que en votación económica no se admiten a discusión, se desechan y se reservan para su votación en conjunto, en términos del dictamen.

Presidencia de la diputadaGloria Himelda Félix Niebla

• Roberto Cañedo Jiménez, de Morena, al artículo veintiocho, de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B del artículo ciento veintitrés Constitucional, que en votación económica no se admite a discusión, se desecha y se reserva para su votación en conjunto, en términos del dictamen.

Presidencia de la diputadaMaría Guadalupe Murguía Gutiérrez

Sin más oradores registrados en votación nominal por trescientos un votos a favor; ochenta y tres en contra; y nueve abstenciones, se aprueba en lo particular los artículos: ciento setenta de la Ley Federal del Trabajo; y veintiocho de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B del artículo ciento veintitrés Constitucional, en términos del dictamen. Se aprueba en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos ciento setenta de la Ley Federal del Trabajo, y veintiocho de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B del artículo ciento veintitrés Constitucional, en materia de maternidad y lactancia. Pasa al Senado, para sus efectos constitucionales.

b) Por el que se reforma la fracción vigésima séptima bis del artículo ciento treinta y dos de la Ley Federal del Trabajo y se adiciona un artículo veintiocho bis a la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B del artículo ciento veintitrés Constitucional, en materia de permisos de paternidad. Para fijar postura de sus respectivos grupos parlamentarios intervienen las diputadas y los diputados: José Alfredo Ferreiro Velazco, del Partido Encuentro Social;

Presidencia del diputadoEdmundo Javier Bolaños Aguilar

Carlos Gutiérrez García, de Nueva Alianza; Marbella Toledo Ibarra, de Movimiento Ciudadano; Mario Ariel Juárez Rodríguez, de Morena;

Presidencia de la diputadaMaría Guadalupe Murguía Gutiérrez

Sasil Dora Luz de León Villard, del Partido Verde Ecologista de México; Julio Saldaña Moran, del Partido de la Revolución Democrática; Enrique Cambranis Torres, del Partido Acción Nacional; y Pedro Alberto Salazar Muciño, del Partido Revolucionario Institucional. Sin más oradores registrados, en votación económica se considera suficientemente discutido en lo general. La Presidenta informa a la Asamblea que se han reservado para su discusión en lo particular los artículos ciento treinta y dos de la Ley Federal del Trabajo; y veintiocho bis de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B del artículo ciento veintitrés Constitucional. En votación nominal por unanimidad de trescientos setenta y cinco votos, se aprueba en lo general y en lo particular los artículos no reservados del proyecto de decreto. Se concede el uso de la palabra para presentar propuestas de modificación a la diputada Sasil Dora Luz de León Villard, a nombre del diputado Jesus Sesma Suárez, ambos del Partido Verde Ecologista de México, adición de una fracción vigésima séptima ter, del artículo ciento treinta y dos de la Ley Federal del Trabajo; y al artículo veintiocho de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B del artículo ciento veintitrés Constitucional, que en votación económica no se admiten a discusión, se desechan. En votación económica se consideran suficientemente discutidos en lo particular. En votación nominal por trescientos cinco votos a favor; veintidós en contra; y diecisiete abstenciones, se aprueban en lo particular los artículos ciento treinta y dos de la Ley Federal de Trabajo; y veintiocho de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B del artículo ciento veintitrés Constitucional, en términos del dictamen. Se aprueba en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se reforma la fracción vigésima séptima bis del artículo ciento treinta y dos de la Ley Federal del Trabajo y se adiciona un artículo veintiocho bis a la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B del artículo ciento veintitrés Constitucional, en materia de permisos de paternidad. Pasa al Senado, para sus efectos constitucionales.

Desde su curul realiza comentarios la diputada Norma Rocío Nahle García, de Morena. La Presidenta hace aclaraciones.

Por instrucciones de la Presidencia, la Secretaria da lectura a la comunicación de la Junta de Coordinación Política, en relación a cambio de integrantes en Comisiones. De enterado. Comuníquese.

La Secretaría informa a la Asamblea que se recibieron dictámenes con proyecto de decreto de las Comisiones:

a) De Justicia, por el que adiciona un último párrafo al artículo cuarto, y se reforma el párrafo segundo del artículo treinta y seis, de la Ley Nacional de Ejecución Penal.

b) De Atención a Grupos Vulnerables, por el que se reforman los artículos doce y veintiséis de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad.

De conformidad con lo que establece el artículo ochenta y siete del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple con la Declaratoria de Publicidad.

De conformidad con los artículos ciento dos del Reglamento de la Cámara de Diputados, las proposiciones registradas en el Orden del Día de esta sesión, serán turnadas a las comisiones que correspondan, publicándose el turno en la Gaceta Parlamentaria:

• Integrantes del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta a la Secretaría de Economía, a fin de analizar y prorrogar indefinidamente la vigencia del Decreto por el que se modifica la tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación, en beneficio de la industria acerera del país. Se turna a la Comisión de Economía, para dictamen.

• Omar Ortega Álvarez, del Partido de la Revolución Democrática, relativo a las investigaciones en contra de María José Tábata Roldán Urdapilleta y las empresas Smart Bussines Consulting Sima, S.A. de C.V y Bolshoye, así como al origen y destino de los recursos que le fueron entregados a la organización “Juntos Podemos”. Se turna a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, para dictamen.

• Norma Rocío Nahle García, de Morena, relativo a la problemática social y ambiental derivada del derrame de hidrocarburos en el municipio de Las Choapas, Veracruz, acontecido en marzo del año en curso. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen.

• María Elena Orantes López, de Movimiento Ciudadano, por el que se exhorta a los Gobiernos de las treinta y dos entidades federativas y sus municipios, para que apoyen sus programas y centros de atención a niños y niñas con alguna condición del espectro autista. Se turna a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, para dictamen.

• Cynthia Gissel García Soberanes, del Partido Encuentro Social, por el que se exhorta a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, y a la Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, para que conminen, recomienden y prevengan a la Asociación de Equipos Profesionales de Béisbol de la Liga Mexicana, A.C., que garantice y respete los derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que nuestro país es parte. Se turna a la Comisión de Derechos Humanos, para dictamen.

• Natalia Karina Barón Ortíz, del Partido de la Revolución Democrática, relativo a garantizar la asistencia de traductores de lenguas indígenas en procesos judiciales. Se turna a la Comisión de Asuntos Indígenas, para dictamen.

• Blanca Margarita Cuata Domínguez, de Morena, por el que se exhorta al Gobierno del estado de Morelos, a no subastar o vender las reservas territoriales de dicha entidad, así como a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para que vigile que se cumpla con la normatividad vigente aplicable respecto del uso de los suelos y proteja la biodiversidad existente en los polígonos que comprenden las reservas territoriales de dicho estado. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen.

• Claudia Sofía Corichi García, de Movimiento Ciudadano, por el que se exhorta a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, para que deje de aplicar diversos artículos del Reglamento de Control Sanitario de Productos y Servicios. Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.

• Cynthia Gissel García Soberanes, del Partido Encuentro Social, por el que se exhorta al ayuntamiento de Mexicali, Baja California, a que deje sin efecto el acuerdo de fecha ocho de marzo de dos mil diecisiete, que condena los adeudos anteriores al presente ciclo fiscal que se tuviera por concepto de impuesto predial, gastos de ejecución, multas y recargos. Se turna a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, para dictamen.

• Natalia Karina Barón Ortíz, del Partido de la Revolución Democrática, relativo al análisis y renegociación del capítulo del Sector Agropecuario del Tratado de Libre Comercio de América del Norte para incorporar al sector de pequeños productores y sus organizaciones. Se turna a la Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego, para dictamen.

• Roberto Guzmán Jacobo, de Morena, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud, a garantizar el cumplimiento de la normatividad correspondiente, para que se evalué la suficiencia de los recursos aprobados para el proceso de formalización laboral contenidos en el anexo treinta del Presupuesto de Egresos de la Federación y se audite la oportunidad y cumplimiento de objetivos de dichos recursos, en particular los asignados para el estado de Guerrero. Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.

• Natalia Karina Barón Ortíz, del Partido de la Revolución Democrática, relativo a la integración, organización y funcionamiento de los Consejos Estatales para el Desarrollo Rural Sustentable, para garantizar el cumplimiento del principio de representatividad de las organizaciones sociales del sector rural. Se turna a la Comisión de Desarrollo Rural, para dictamen.

• Guillermo Rafael Santiago Rodríguez, de Morena:

– Por el que se exhorta a la Secretaría de Educación Pública, a instruir las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de los acuerdos suscritos con motivo del conflicto laboral acaecido en la unidad académica de las Margaritas de la Universidad Intercultural de Chiapas (UNICH). Se turna a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para dictamen.

– Por el que se exhorta a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, para que ordene la ministración de la totalidad de los subsidios federales correspondientes al programa de Infraestructura dos mil dieciséis, en su vertiente “Ampliación y/o mejoramiento de la Vivienda” y cubra a la mayor brevedad con la deuda contraída con las instancias ejecutoras de los programas “Hábitat” y “Un Cuarto Más” en el estado de Chiapas. Se turna a la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, para dictamen.

• Juan Romero Tenorio, de Morena, por el que se exhorta al Gobierno de la Ciudad de México, para que reintegre de manera inmediata la legal posesión del mercado San Lázaro a los locatarios integrantes del Fideicomiso 421-6 San Lázaro Tapo, repare los daños ocasionados por el desalojo injustificado que sufrieron el tres de abril de dos mil diecisiete y se abstenga de realizar cualquier acto que atente contra los fines previstos para dicha plaza. Se turna a la Comisión de la Ciudad de México, para dictamen.

• Norma Rocío Nahle García, de Morena, por el que se exhorta a la Auditoría Superior de la Federación, a difundir, aclarar y proporcionar la documentación que justifique y compruebe las observaciones realizadas sobre las auditorías de inversiones físicas realizadas al proyecto Minatitlán Paquete 4 Planta Hidrodesulfuradora de Gasóleos, Planta de Hidrógeno y Planta Recuperadora de Azufre. Se turna a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, para dictamen.

La Presidenta cita para la próxima Sesión Ordinaria que tendrá lugar el día de mañana miércoles cinco de abril de dos mil diecisiete, a las once horas, y levanta la sesión a las diecisiete horas con treinta minutos.»

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Proceda la Secretaría a poner a discusión el acta.

La Secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos: Está a discusión el acta. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica, se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señora presidenta, mayoría por la afirmativa.

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Aprobada el acta.

Continúe, por favor, la Secretaría.

COMUNICACIONES OFICIALES

La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla:«Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

Diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez, Presidenta de la Mesa Directiva de la Honorable Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.— Presente.

Estimada diputada Murguía Gutiérrez:

El artículo 86 de la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica señala que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía deberá presentar en marzo de cada año, al Ejecutivo federal y al Congreso de la Unión un informe de actividades que contenga los resultados de la ejecución del Programa Anual de Información Estadística y Geográfica correspondiente al año inmediato anterior; un informe de las actividades de los Comités de los Subsistemas Nacionales de Información, y el informe anual de actividades y el ejercicio del gasto correspondiente al ejercicio inmediato anterior, incluyendo las observaciones relevantes que, en su caso, haya formulado el auditor externo.

A efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 86 de la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, anexo al presente me permito remitir el Informe de Actividades del Instituto Nacional de Estadística y Geografía correspondiente al año 2016. (1)

(1) El documento será consultable en la versión electrónica del Diario de los Debates de esta fecha en el Anexo “A”.

Asimismo, adjunto sírvase encontrar el Calendario Anual de Difusión de la Información Estadística y Geográfica y de Interés Nacional del Instituto, correspondiente a 2017.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Ciudad de México, a 28 de marzo de 2017.— Doctor Julio Alfonso Santaella Castell (rúbrica), Presidente.»

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Remítase a la Comisión de Gobernación, para su conocimiento.

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La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Integrantes de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio No. D.G.P.L. 63-II-8-2761 signado por la diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala, entonces vicepresidenta de la Mesa Directiva de ese Órgano Legislativo, me permito remitir, para los fines procedentes, copia del similar número 112.02.-387/2017 suscrito por el ingeniero César Rafael Ocaña Romo, director general adjunto de Enlace con el Congreso de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, así como de sus anexos, mediante los cuales responde el Punto de Acuerdo por el que se exhorta a esa dependencia para que, a través de sus áreas respectivas, se actualicen de manera oportuna los pagos pendientes relativos a los diferentes programas de apoyo y sus respectivos componentes que permita sustentar y gestionar los altos costos de insumos que enfrentan los productores.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

Ciudad de México, a 3 de abril de 2017.— El titular de la Unidad, Maestro Valentín Martínez Garza (rúbrica).»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.

Maestro Valentín Martínez Garza, titular de la Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

Por instrucciones del licenciado Julio César Córdova Martínez, coordinador general de la Oficina del C. secretario, referente a su atento Oficio número. SELAP/UEU311/ 2453/16 de fecha 20 de diciembre de 2016, mediante el cual la diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala, vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputado del Honorable Congreso de la Unión, comunica a esta Secretaría el Acuerdo aprobado en sesión celebrada el 15 de diciembre de 2016, anexo al presente me permito enviarle las respuestas que nos hicieron llegar la Coordinación Jurídica de ASERCA, mediante oficio núm. FOO.1400.017/ 2017 de fecha 3 de febrero de 2017; la Subsecretaría de Agricultura, con oficio núm. 300.-520/2017 de fecha 16 de febrero de 2017 y la Dirección de Enlace Interinstitucional de la Dirección General Adjunta de Programas Especiales de la Coordinación General de Ganadería con oficio núm. 116.03.02.-00023/2017 de fecha 22 de marzo de 2017.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Ciudad de México, a 28 de marzo de 2017.— Ingeniero César Rafael Ocaña Romo (rúbrica), director general.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.

Ingeniero César Rafael Ocaña Romo, director general adjunto de Enlace con el Congreso de la Sagarpa.— Presente.

Me refiero a su oficio número 112,02.-041/2017, mediante el cual solicita comentarios al Punto de Acuerdo remitido por el titular de la Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación, el cual les fue turnado por la diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala, vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, en el que se exhorta a la Sagarpa para que, a través de sus áreas respectivas, se actualicen de manera oportuna los pagos pendientes que subsistan al día 15 de diciembre de 2016, relativos a los diferentes programas de apoyo y sus componentes, de tal suerte que ello permita sustentar y gestionar los altos costos de insumos que enfrentan los productores.

Al respecto, y por instrucciones del maestro Alejandro Vázquez Salido, director en jefe de Aserca, le comento que se ha tomado nota del contenido y finalidad del exhorto de referencia, el cual se turnó a las áreas operativas de Aserca para su conocimiento y, en su caso, procedan en consecuencia.

Los programas de apoyo y sus componentes de años anteriores a cargo de Aserca estuvieron sujetos, entre otros ordenamientos, a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a su Reglamento y al Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación del ejercicio fiscal correspondiente, así como a las Reglas de Operación aplicables, emitidas por el titular de la dependencia que, por ser de carácter general, fueron publicadas en el diario Oficial de la Federación, en las que se especifica la mecánica operativa para el trámite y otorgamiento de os subsidios a la población objetivo.

Cabe señalar que, con base en la normatividad en la materia, se cumplió de manera oportuna con los plazos internos establecidos para la recepción y trámites de los participantes del programa y sus componentes, a efecto de determinar quiénes de ellos resultaron elegidos por haber cumplido con los requisitos establecidos. Los pagos correspondientes se efectuaron conforme a disponibilidad presupuestal.

ASERCA tiene encomendado actualmente el Programa de Apoyo a la Comercialización y sus dos Componentes denominados: I. Incentivos a la comercialización y II. Promoción comercial y Fomento a las Exportaciones, publicado en el diario Oficial de la Federación del 31 de diciembre de 2016, también sujeto a los instrumentos normativos antes citados.

Sin otro particular, quedo de usted.

Ciudad de México, 3 de febrero de 2017.— Licenciada Adriana E. Padilla Velázquez (rúbrica), coordinadora jurídica.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.

Ingeniero César Rafael Ocaña Romo, director general adjunto de Enlace con el Congreso de la Coordinación General de Enlace Sectorial Sagarpa.— Presente.

Hago referencia a su solicitud de opinión contenida en su oficio No.112.02.-042/2017, de fecha 9 de enero del 2017, referente al Punto de Acuerdo signado por la diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala, vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, que tiene por objeto “exhortar a la Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación para que, a través de sus áreas respectivas, se actualicen de manera oportuna 105 pagos pendientes, que subsisten al día de hoy, relativos a los diferentes programas de apoyo y sus respectivos componentes, de tal suerte que ello permita sustentar y gestionar 105 altos costos de insumos que enfrentan 105 productores”.

Al respecto, hago de su conocimiento que esta subsecretaría de Agricultura está en proceso de regularizar los pagos pendientes de 105 compromisos contraídos, conforme se liberan 105 recursos por parte de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Ciudad de México, a 16 de febrero de 2017.— Ingeniero Sebastián Peña Maldonado (rúbrica), director general adjunto.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.

Ingeniero César Rafael Ocaña Romo, director general adjunto de la Coordinación General de Enlace Sectorial.— Presente.

En atención a su No. Oficio 112.02.- 043/2017, de fecha 9 de enero del año en curso, en donde envía Punto de Acuerdo signado por la diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala, vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, mismo que a continuación se transcribe:

La Cámara de Diputados exhorta respetosamente a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación para que, a través de sus áreas respectivas, se actualicen de manera oportuna los pagos pendientes, que subsistan al día de hoy, relativos a los diferentes programas de apoyo y sus respectivos componentes, de tal suerte que ello permita sustentar y gestionar los altos costos insumos que enfrentan los productores”, se emite lo siguiente:

En razón de lo anterior, me permito hacer de su conocimiento que los citados pagos están sujetos a las ministraciones que otorga la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Ciudad de México, 22 de marzo de 2017.— Licenciada Fernanda Ruiz de Velazco Alcayaga (rúbrica), directora de Enlace Interinstitucional.»

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Se remite a la Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego, para su conocimiento.

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La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Integrantes de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio No. D.G.P.L. 63-II-3-1769 signado por el Dip. Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano, Vicepresidente de la Mesa Directiva de ese Órgano Legislativo, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número DGPPVCI/DV/0244/2017 suscrito por el Dr. Eduardo Martínez Altamirano, Director General de Políticas Públicas, Vinculación y Coordinación Interinstitucional de la Procuraduría General de la República, mediante el cual responde el Punto de Acuerdo por el que se exhorta a toda autoridad, entidad, órgano y organismos de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondas públicos, de los tres niveles de gobierno, que reciban y ejerzan recursos públicos .federales para que en apego a las leyes aplicables en la materia se analice la viabilidad de que Talleres Gráficos de México sea la instancia encargada de la impresión de todos los documentos oficiales y de seguridad, que emitan los mismos.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

Ciudad de México, a 31 de marzo de 2017.— Licenciado Felipe Solís Acero (rúbrica), subsecretario.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Procuraduría General de la república.

Maestro Valentín Martínez Garza, titular de la Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

Estimado maestro Martínez Garza:

En atención al contenido del oficio SELAP /300 /333/17, por el que se comunica a esta Procuraduría el punto de acuerdo aprobado por el Honorable Congreso de la Unión, en sesión celebrada el 9 de febrero del año en curso, que en su parte resolutiva señala:

Único. La Cámara de Diputados exhorta a toda autoridad, entidad, órgano y organismos de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, de los tres niveles de gobierno, que reciban y ejerzan recursos públicos federales para que en apego a las leyes aplicables en la materia, se analice la viabilidad de que Talleres Gráficos de México sea la instancia encargada de la impresión de todos los documentos oficiales y de seguridad, que emitan los mismos.

En virtud de lo anterior, con fundamento en el artículo 89, fracciones X y XI, del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, hago de su conocimiento, que la Oficialía Mayor, comunicó a esta área a mi cargo que:

Al respecto, comunico a usted que la institución cuenta con un Consejo Editorial, cuya organización y funcionamiento se encuentran indicados en el acuerdo número A/004/2004 publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 6 de febrero de 2004.

En función de lo anterior, considerando la naturaleza de las necesidades planteadas por las áreas requirentes, se deberá someter a dictaminación del Consejo Editorial aquellos asuntos sobre los cuales esté facultado conocer.

En el mismo sentido, las áreas requirentes podrán considerar la viabilidad de atender el exhorto de la Secretaría de Gobernación, en cuyo caso y en el ámbito de sus facultades, esta Dirección General en su momento, estará en posibilidad de iniciar el procedimiento de contratación correspondiente al amparo de lo dispuesto por el artículo 1 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios.

Asimismo, hago de su conocimiento que en el caso particular del servicio de impresión, se realizaron contrataciones anticipadas para el ejercicio fiscal de 2017, por lo que a partir del 1o. de enero y hasta el 31 de diciembre del año en curso, se cuenta con un contrato por un monto máximo de 3 millones 820 mil pesos, incluye IVA.

Sin otro particular, le reitero mi distinguida consideración.

Atentamente

Ciudad de México, a 28 de marzo de 2017.— Doctor Eduardo Martínez Altamirano (rúbrica), director general.»

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Se remite a la Comisión de Gobernación, para su conocimiento.

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La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Integrantes de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número DGPL 63-II-3-1761 signado por el diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano, vicepresidente de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número DGPPVCI/ DV/ 0404/ 2017 suscrito por el doctor Eduardo Martínez Altamirano, director general de Políticas Públicas, Vinculación y Coordinación Interinstitucional de la Procuraduría General de la República, mediante el cual responde el punto de acuerdo por el que se exhorta a esa Procuraduría para que utilice mecanismos de denuncias confidenciales, accesibles y amigables con las niñas, niños y adolescentes en todos los ámbitos de su actuación, proveyendo apoyo legal.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

Ciudad de México, a 31 de marzo de 2017.— Licenciado Felipe Solís Acero (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Procuraduría General de la república.

Maestro Valentín Martínez Garza, titular de la Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

En atención al contenido del oficio SELAP/ 300/ 314/17 de 10 de febrero, por el que se comunica a esta procuraduría el punto de acuerdo, aprobado por el Honorable Congreso de la Unión, en sesión celebrada el jueves 9 de febrero del año en curso, que en su parte resolutiva señala:

Segundo. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a las Procuradurías de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes federal, estatales y de la Ciudad de México, a efecto de establecer la coordinación con la Procuraduría General de la República, y con las Procuradurías de Justicia de los estados y de la Ciudad de México, para que utilicen mecanismos de denuncias confidenciales, accesibles y amigables con las niñas, niños y adolescentes en todos los ámbitos de su actuación, proveyendo apoyo legal.

Con fundamento en el artículo 89, fracciones X y XI, del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, hago de su conocimiento, que la Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo, comunicó a esta área a mi cargo que:

Al respecto, dicha solicitud se envió a la Dirección General de Control de Averiguaciones Previas que emite la opinión en tomo al acuerdo se nos ocupa:

I. El 10 de junio de 2011, se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el decreto por el que se modifica la denominación del capítulo 1 del Título Primero y reforma diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en que se estableció la obligación de todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.

El artículo lo., primer párrafo de la ley fundamental dispone que en los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que la Constitución establece.

Por su parte, el párrafo noveno del artículo 4o. de la Constitución establece que en todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos; asimismo, que este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez.

II. La Convención sobre los Derechos del Niño establece en su artículo 3o., párrafo primero, que en todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño.

III. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la Tesis Aislada la LXXXIII/2015 (l0a.), Materia Constitucional, Décima Época, Publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 15, febrero de 2015, Tomo II, página 1397, número de registro 2008546, epígrafe Interés superior del menor como elemento de interpretación en el ámbito jurisdiccional, ha interpretado que, el Interés superior del menor ordena la realización de una interpretación sistemática que considere los deberes de protección de los menores y los derechos especiales de éstos previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los tratados internacionales y en las leyes de protección de la niñez; de este modo, el principio del interés superior del menor se consagra como criterio orientador fundamental de la actuación judicial; de ahí que conlleva ineludiblemente a que el juzgador tome en cuenta, al emitir sus resoluciones, algunos aspectos que le permitan determinar con precisión el ámbito de protección requerida, tales como la opinión del menor, sus necesidades físicas, afectivas y educativas; el efecto sobre él de un cambio; su edad, sexo y personalidad; los males que ha padecido o en que puede incurrir, y la posibilidad de que cada uno de sus padres responda a sus posibilidades. En suma, el principio del interés superior del menor debe informar todos los ámbitos de la actividad estatal que estén relacionados directa o indirectamente con los menores, lo que necesariamente implica que la protección de los derechos del niño se realice a través de medidas reforzadas o agravadas, ya que los intereses de los niños deben protegerse siempre con una mayor intensidad.

IV. El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 en su Meta Nacional México en paz, Objetivo 1.5. Garantizar el respeto y protección de los derechos humanos y la erradicación de la discriminación, Estrategia 1.5.2. Hacer frente a la violencia contra los niños, niñas y adolescentes en todas sus formas, sobre la base de una coordinación eficiente que asegure la participación de todos los sectores responsables de su prevención, atención, monitoreo y evaluación, señala como línea de acción prohibir y sancionar efectivamente todas las formas de violencia contra las niñas, niños y adolescentes, así como asegurar que quienes la han sufrido no sean revictimizados en el marco de los procesos de justicia y atención institucional.

V. El 4 de diciembre de 2014, se publicó en el DOF la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, de la cual resulta oportuno destacar lo siguiente: De acuerdo con su artículo 1o. tiene por objeto entre otros, reconocer a niñas, niños y adolescentes como titulares de derechos, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad; en los términos que establece el artículo 1o. de la Constitución, así como garantizar el pleno ejercicio, respeto, protección y promoción de los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes conforme a lo establecido en la propia Ley Fundamental y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano forma parte.

Además, establece que el interés superior de la niñez deberá ser considerado de manera primordial en la toma de decisiones sobre una cuestión debatida que involucre niñas, niños y adolescentes; asimismo, que cuando se presenten diferentes interpretaciones, se elegirá la que satisfaga de manera más efectiva este principio rector.

También, que cuando se tome una decisión que afecte a niñas, niños o adolescentes, en lo individual o colectivo, se deberán evaluar y ponderar las posibles repercusiones a fin de salvaguardar su interés superior y sus garantías procesales.

El artículo 47 de la ley en cita dispone que las autoridades de los tres órdenes de gobierno, están obligadas a tomar las medidas necesarias para prevenir, atender y sancionar los casos en que niñas, niños o adolescentes se vean afectados por:

- El descuido, negligencia, abandono o abuso físico, psicológico o sexual.

- La corrupción de personas menores de dieciocho años de edad.

- Trata de personas menores de 18 años de edad, abuso sexual infantil, explotación sexual infantil con o sin fines comerciales, o cualquier otro tipo de explotación, y demás conductas punibles establecidas en las disposiciones aplicables.

- El tráfico de menores.

- La incitación o coacción para que participen en la comisión de delitos o en asociaciones delictuosas, en conflictos armados o en cualquier otra actividad que impida su desarrollo integral.

Además, prevé que las autoridades competentes deberán considerar la perspectiva de género en las situaciones de violencia; asimismo, que las leyes generales, federales y de las entidades federativas deberán establecer las disposiciones que orientarán las políticas de prevención, protección, atención, sanción y erradicación de los supuestos anteriores; y que las autoridades competentes, están obligadas a implementar medidas especiales para prevenir, sancionar y reparar las conductas previstas en este numeral para niñas, niños y adolescentes con discapacidad.

El artículo 121 establece que para una efectiva protección y restitución de los derechos de niñas, niños y adolescentes, la federación y las entidades federativas contarán con Procuradurías de Protección, las cuales, en el ejercicio de sus funciones, podrán solicitar el auxilio de autoridades de los tres órdenes de gobierno, las que estarán obligadas a proporcionarlo de conformidad con las disposiciones aplicables.

Para la debida determinación, ‘coordinación de la ejecución y seguimiento de las medidas de protección integral y restitución de los derechos de niñas, niños y adolescentes, las Procuradurías de Protección deberán establecer contacto y trabajar conjuntamente con las autoridades administrativas de asistencia social, de servicios de salud., de educación, de protección social, de cultura, deporte y con todas aquellas con las que sea necesario para garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes.

El artículo 122 de la ley en cita, establece las atribuciones de las Procuradurías de Protección, entre las cuales se destacan por su relación con el tema, las relativas a las fracciones II, V Y VI, a saber:

- Prestar asesoría y representación en suplencia a niñas, niños y adolescentes involucrados en procedimientos judiciales o administrativos, sin perjuicio de las atribuciones que le correspondan al Ministerio Público, así como intervenir oficiosamente, con representación coadyuvante, en todos los procedimientos jurisdiccionales y administrativos en que participen niñas, niños y adolescentes, de conformidad con lo dispuesto en la presente ley y demás

- Denunciar ante el Ministerio Público aquellos hechos que se presuman constitutivos de delito en contra de niñas, niños y adolescentes.

- Solicitar al Ministerio Público competente la imposición de medidas urgentes de protección especial idóneas, cuando exista un riesgo inminente contra la vida, integridad o libertad de niñas, niños y adolescentes, quien deberá decretarlas a más tardar, durante las siguientes 3 horas a la recepción de la solicitud, dando aviso de inmediato a la autoridad jurisdiccional competente. Son medidas urgentes de protección especial en relación con ni1ias, niños y adolescentes, además de las establecidas en el Código de Procedimientos Penales, las siguientes:

a) El ingreso de una niña, niño o adolescente a un centro de asistencia social, y b) La atención médica inmediata por parte de alguna institución del Sistema Nacional de Salud

Dentro de las 24 horas siguientes a la imposición de la medida urgente de protección, el órgano jurisdiccional competente deberá pronunciarse sobre la cancelación, ratificación o modificación de la medida que se encuentre vigente.

VI. De acuerdo con el artículo 5, fracción XV de la Ley Orgánica de la PGR, corresponde a la Institución especializar al personal ministerial, policial y pericial y en general al personal que atiende a víctimas de delitos, a través de programas y cursos permanentes en: derechos humanos y género; la aplicación de la perspectiva de género en la debida diligencia; la conducción de investigaciones y procesos judiciales relacionados con discriminación, violencia de género y feminicidios; incorporación de la perspectiva de género en los servicios periciales; eliminación de estereotipos sobre el rol social de las mujeres y los que se consideren pertinentes para la debida investigación y persecución de los delitos que son cometidos contra niñas y mujeres.

En términos de la fracción XVII del artículo anterior, también le corresponde elaborar y aplicar protocolos de investigación de delitos con perspectiva de género, primordialmente para la búsqueda inmediata de mujeres y niñas desaparecidas, para la investigación de los delitos de feminicidio, contra la libertad y normal desarrollo psicosexual, la trata de personas y la discriminación.

VII. El artículo 33 fracción 1 del Reglamento de la Ley Orgánica de la PGR, establece entre las facultades de la Unidad Especializada en Investigación de Tráfico de Menores, Personas y Órganos, la de ejercer las atribuciones que la Constitución, el artículo 4 de la Ley Orgánica y demás disposiciones jurídicas confieren al Ministerio Público de la Federación, respecto del delito previsto en el artículo 20. de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, en relación con el delito de tráfico de menores, previsto en el artículo 366 ter del Código Penal Federal o en las disposiciones correspondientes de las legislaciones penales de las entidades federativas; tráfico de personas, previsto en el artículo 159 de la Ley de Migración, tráfico de órganos, previsto en los artículos 461, 462 y 462 Bis, de la ley General de Salud, y los delitos en materia de trata de personas previstos y sancionados en el Título Segundo de la Ley General para prevenir, sancionar y erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de Estos Delitos, en coordinación con las unidades administrativas y órganos desconcentrados de la Institución, sin perjuicio de las facultades de las delegaciones para el conocimiento de tales delitos, de acuerdo con los criterios que para tal efecto emita el Procurador.

VIII. Por su parte, el artículo 64 del citado Reglamento, establece las facultades de la Dirección General de Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad (DGPDSC), entre las cuales destacan las previstas en las fracciones VI, VII Y X que disponen:

- Facilitar el acceso de la comunidad a los servicios requeridos por ésta, en el ámbito de competencia de la Procuraduría, promoviendo acciones de coordinación con dependencias y entidades federales, estatales y municipales;

- Brindar orientación legal y social al público en general, canalizándolo a las dependencias y entidades competentes, que proporcionen servicios de carácter tutelar, asistencias, preventivo y educacional;

- Establecer mecanismos para la recepción de información ciudadana sobre la posible comisión de delitos federales, así como canalizarlas en las unidades y órganos competentes;

IX. El artículo 82, fracción VII del mismo ordenamiento confiere a la Dirección General de Asuntos Policiales Internacionales e Interpol, la facultad de realizar las tareas de intercambio de información policial con agencias policiales extranjeras encaminadas a la localización de personas extraviadas y menores de edad

X. El 31 de enero de 2008, se publicó en el DOF el acuerdo A/024/08 mediante el cual se crea la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (Fevimtra), y el 25 de mayo de 2012 se publica en el mismo medio de difusión oficial el diverso ACUERDO A/ 109/ 12 de la Procuradora General de la República por el que se reforman y adicionan los acuerdos A (024/08 y A/ 145/10; y se adscriben las Fiscalías Especiales para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas, y para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión, a la Subprocuraduría de Derechos Humanos,. Atención a Víctimas y Servicios a la Comunidad.

En sus orígenes, a la Fevimtra le correspondió investigar y perseguir los delitos previstos en la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas publicada en el DOF el 27 de noviembre de 2007, con excepción de cuando se cometan por miembros de la delincuencia organizada en términos de los artículos 2 y 8 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada; así como aquellos hechos de violencia contra las mujeres en el país que sean de la competencia de la Federación; sin embargo, resulta oportuno precisar que la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas quedó abrogada con motivo de la publicación en el DOF 14 de junio de 2012 de la Ley General para prevenir, sancionar y erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de Estos Delitos.

Asimismo, la denominación de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Atención a Víctimas y Servicios a la Comunidad fue modificada para quedar como Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, en virtud del Reglamento de la Ley Orgánica de la PGR publicado en el D.O.F. el 23 de julio de 2012.

Resulta oportuno precisar que entre las razones que motivaron la creación de esta Fiscalía se encuentran:

- Gran porcentaje de las víctimas de trata son mujeres y niños, así como personas vulnerables por sus características sociales y todas ellas tienen derecho a una intervención igual y eficiente en materia de procuración de justicia.

- El Estado Mexicano como parte integrante de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer, en términos del artículo 133 de la Constitución Federal, se ha comprometido ante la comunidad internacional a vigilar el respeto a los derechos y libertades de las mujeres, en especial a garantizar el derecho a una vida libre de violencia.

En la dirección http//www.pgr.gob.mx/Fiscalias/fevimtra/Paginas/default.aspx. del Portal de Internet de la PGR, se encuentra a disposición del público en general información de la FEVIMTRA identificada bajo los siguientes títulos:

Trata de personas. Este apartado aborda el tema de la trata como un delito en el que se utiliza a las víctimas para explotarlas en la pornografía, prostitución, laboralmente o se abusa de ellas en otras diversas formas, y destaca que las mujeres, niñas, niños y adolescentes, así como las personas migrantes son las personas más vulnerables frente a este antisocial.

Alerta AMBER México. Es un mecanismo nacional para la búsqueda y pronta localización de niñas, niños y adolescentes reportados como desaparecidos -en el que participan los 3 niveles de gobierno; medios masivos de comunicación; organizaciones de la sociedad civil; sector empresarial; sector académico y otros que pudieran apoyar desde el ámbito de sus competencias.

Delitos cometidos en agravio de niñas, niños y adolescentes a través de Medios Electrónicos. Este apartado informa que el uso cada vez más generalizado del internet y de dispositivos como computadoras portátiles, tabletas electrónicas y teléfonos inteligentes pone en situación de mayor riesgo a las niñas, niños y adolescentes de ser víctimas de delitos como la pornografía infantil, la corrupción de menores y la trata de personas, y presenta una serie de recomendaciones para navegar con seguridad en internet.

Erradiquemos la violencia contra las mujeres. En este apartado se exponen los diversos tipos de violencia que existen y se ofrece para quien padece de esta situación los números de teléfono, correos electrónicos y la dirección en que puede ser atendida las 24 horas los 365 días del año.

Únete para poner fin a la violencia contra las mujeres y niñas.Es una iniciativa orientada a prevenir y eliminar la violencia contra las mujeres y niñas en todas las partes del mundo, cuyo objetivo es concientizar a la sociedad realizando actividades el día 25 de cada mes en las que destaque el color naranja; esta campaña llama a todos los gobiernos, la sociedad civil, el sector privado, los medios, las mujeres y los hombres que se unan para luchar contra esta pandemia mundial.

- Están a disposición del público los siguientes protocolos:

En 2015 la PGR diseñó ambos protocolos como herramientas metodológicas, estándares y efectivas en la investigación de la violencia sexual y la violencia feminicida competencia de la PGR cometidos en agravio de las mujeres y niñas, que establecen las obligaciones que deben cumplir las y los servidores públicos como agentes del Estado.

Está también a disposición del público lo siguiente:

- Material de Difusión Alerta AMBER México;

- Cartel AAMX Ayúdanos en su búsqueda y localización;

- Cartel AAMX Tus datos son importantes;

- Tríptico AAMX Tus datos son importantes;

- Instructivo de huellas dactilares y de planta de los pies;

- Cartel Activación de la Alerta AMBER México;

- Cartilla Alerta AMBER México, tus datos son importantes tenlos a la mano, y cartel Tips para cuidar a tus hijas e hijos en internet;

- Tríptico: Recomendaciones para navegar con seguridad en internet;

- Cartel: Esto es trata de personas;

- Tríptico: Esto es trata de personas;

- Cartilla de denuncia;

- Cartel: Erradiquemos la violencia contra las mujeres;

- Tríptico: Erradiquemos la violencia contra las mujeres;

- Historieta: ¿De qué se trata? Número 1;

- Historieta: ¿De qué se trata? Número 2;

- Historieta: ¿Dónde se esconde la Violencia? Número 1;

- Historieta: ¿Dónde se esconde la Violencia? Número 2;

- Cartel: Erradiquemos la violencia contra las mujeres;

- Cartel: Ninguna persona elige ser vendida y explotada;

- Cartel: Tips para navegar con seguridad en Internet;

- Tríptico: Erradiquemos la violencia contra las mujeres;

- Tríptico: Ninguna persona elige ser vendida y explotada, y

- Tríptico: Tips para navegar con seguridad en Internet.

- Como parte de la Campaña para Erradica la Violencia, están a disposición del público los siguientes videos:

- La violencia sexual ¿Tu hija/o está sufriendo violencia sexual en la escuela?

- La violencia en el hogar ¿Formas parte de la violencia en el hogar?

- La violencia de género y discriminación ¿Sabías que la discriminación y violencia de género también se manifiesta en prácticas agresivas o excluyentes hacia las personas cuya orientación sexual no es la heterosexual?

XI. En enero de 2016, la PGR a través de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, emitió el Protocolo de Actuación ministerial para la atención de niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados, el cual tiene por objetivo general definir los principios y procedimientos generales de actuación de los agentes del Ministerio Público de la Federación, en los casos en que atiendan o interactúen con niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados, con apego a los estándares de protección de los derechos humanos desde una perspectiva que tenga en cuenta de forma transversal los derechos de niñas, niños y adolescentes y, en particular, su protección y desarrollo integral, los cuales deben primar por sobre cualquier consideración de la nacionalidad o el estatus migratorio, a fin de asegurar la plena vigencia de sus derechos.

XII. El 24 de febrero de 2012, se publicó en el DOF el acuerdo A/ 039/ 12 por el que se regulan las atribuciones y se establece la adscripción del Centro de Denuncia y Atención Ciudadana de la PGR (Cedac), a fin de fortalecer y mejorar los canales de comunicación de la PGR y la ciudadanía mediante procedimientos ágiles, a los cuales se les pueda incorporar un medio de seguimiento y evaluación de la calidad a la atención ciudadana.

Con base en el artículo primero del acuerdo que nos ocupa, el Cedac se encuentra adscrito a la Dirección General de Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, concentrará y regulará la respuesta, distribución, monitoreo y evaluación de las llamadas telefónicas, correos electrónicos y mensajes de redes sociales que provengan como denuncia ciudadana, queja, felicitación o solicitud de orientación respecto a la prestación de servicios de la Institución.

Entre las atribuciones del Cedac previstas en el numeral tercero del acuerdo se encuentran:

- Atender, como primer contacto, las comunicaciones ciudadanas que se realicen a través de llamadas telefónicas, correos electrónicos o redes sociales, en éste último caso, mediante la cuenta oficial que se cree para tal efecto.

- Capturar la información que le sea proporcionada e incorporarla a una base de datos, que permita su debido seguimiento por cada persona que los haya proporcionado.

- Encausar la información a la Unidad Administrativa competente atendiendo a su naturaleza o a la solicitud especifica.

- Las denuncias por delitos en flagrancia se transferirán a la Policía Federal Ministerial o, en su caso, a las Delegaciones de la Institución, para su debida atención.

- Establecer con las diversas Unidades Administrativas de la Procuraduría, los mecanismos de coordinación que resulten necesarios para el óptimo cumplimiento de las funciones que le corresponden.

El Centro de Denuncias y Atención Ciudadanacon base en el artículo cuarto del acuerdo, se integrará por operadores y profesionistas en diversas ramas que realizarán la atención de la forma siguiente:

- Directa e inmediata con operadores dentro de las instalaciones de la DGPDSC, quienes tendrán el perfil correspondiente para proporcionar información y orientación legal y psicológica, así como de atención de crisis cuando lo amerite el caso.

- Especializada a través de la canalización de las denuncias a las Unidades Administrativas competentes atendiendo a la naturaleza de la información o de la solicitud.

De lo anterior se advierte lo siguiente:

I. La Constitución Federal, la Convención sobre los Derechos del Niño, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, la Ley General para prevenir, sancionar y erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, así como las tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, reconocen al interés superior de la niñez como el principio rector que deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de .las políticas públicas dirigidas a la niñez.

II. Las Procuradurías de Protección en el ámbito federal y de las entidades federativas, son las responsables de garantizar una efectiva protección y restitución de los derechos de niñas, niños y adolescentes, y en el ejercicio de sus funciones, podrán solicitar el auxilio de autoridades de los tres órdenes de gobierno, las que estarán obligadas a proporcionarlo de conformidad con las disposiciones aplicables.

III. La Procuraduría General de la República cuenta con las siguientes unidades involucradas desde su plataforma propia de atribuciones, con temas inherentes a la protección de la niñez y de acercamiento de los servicios que proporciona la Institución hacia la sociedad:

a. Unidad Especializada en Investigación de Tráfico de Menores, Personas y Órganos, a la que le compete conocer respecto del delito previsto en el artículo 20. de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, en relación con el delito de tráfico de menores, previsto en el artículo 366 Ter del Código Penal Federal o en las disposiciones correspondientes de las legislaciones penales de las entidades federativas; los delitos en materia de trata de personas previstos y sancionados en el Título Segundo de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, entre otros.

b. La Dirección General de Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, es la unidad responsable de facilitar el acceso de la comunidad a los servicios requeridos por ésta, en el ámbito de competencia de la Procuraduría, promoviendo acciones de coordinación con dependencias y entidades federales, estatales y municipales, así como de establecer mecanismos para la recepción de información ciudadana sobre la posible comisión de delitos federales, así como canalizarlas a las unidades y órganos competentes.

c. La Dirección General de Asuntos Policiales Internacionales e Interpol, es la unidad a la que le compete realizar las tareas de intercambio de información policial con agencias policiales extranjeras encaminadas a la localización de menores de edad.

d. La Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas, le corresponde investigar y perseguir los delitos previstos en la Ley General para prevenir, sancionar y erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de Estos Delitos, con excepción de cuando se cometan por miembros de la delincuencia organizada en términos de los artículos 2 y 8 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada; así como aquellos hechos de violencia contra las mujeres en el país que sean de la competencia de la federación.

IV. La Procuraduría General de la República cuenta con el Centro de Denuncia y Atención Ciudadana, como mecanismo instituido para fortalecer y mejorar los canales de comunicación de la PGR y la ciudadanía, el cual se encuentra adscrito a la Dirección General de Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, concentrará y regulará la respuesta, distribución, monitoreo y evaluación de las llamadas telefónicas, correos electrónicos y mensajes de redes sociales que provengan como denuncia ciudadana, queja, felicitación o solicitud de orientación respecto a la prestación de servicios de la Institución.

V. La Procuraduría General de la República ha puesto a disposición del público en general en la dirección htttp://www.pgr.gob.mx/Fiscalias/fevimtra/Paginas/default.aspx, información de la Fiscalía Especial para Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (Fevimtra) identificada bajo los siguientes títulos:

- Trata de Personas.

- Alerta AMBER México.

- Erradiquemos la violencia contra las mujeres.

- Únete para poner fin a la violencia contra las mujeres y niñas.

Está también a disposición del público Material de Difusión Alerta AMBER México y diversa información útil en materia de trata y violencia de género a través de Carteles, Trípticos, Instructivos, Cartillas, Modelos, Historietas y Videos.

VI. En el plano normativo, la Procuraduría General de la República ha emitido los siguientes protocolos que también se encuentran a disposición de la sociedad en la página señalado en el apartado que antecede y en la Normateca Institucional:

- Protocolo de investigación ministerial, pericial y policial con perspectiva de género para la violencia sexual

- Protocolo de investigación ministerial, policial y pericial con perspectiva de género para el delito de feminicidio

- Protocolo de actuación ministerial para la atención de niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados

Conclusión

La Procuraduría General de la República, a partir de las reformas constitucionales y legales en materia de derechos humanos, ha impulsado diversas acciones para garantizar el interés superior de la niñez, mediante el establecimiento de unidades especializadas para el conocimiento de determinado tipo de delitos cometidos en agravio del menor, el replanteamiento de atribuciones con base en la legislación vigente, así como para lograr su localización mediante el flujo de información policial con agencias policiales extranjeras (UEITMPO, FEVIMTRA y la DGAPI-Interpol); ha dictado protocolos para guiar la actuación del personal sustantivo en la atención de antisociales en los que en la mayoría de los casos la calidad de víctimas recae en niñas y mujeres (violencia sexual y feminicidio) así como para la atención de niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados; ha puesto a disposición de la sociedad material de difusión en materia de trata, violencia de género y de prevención del delito (Carteles, Trípticos, Cartillas y Videos); además estableció un mecanismo de comunicación con la ciudadanía a través de los medios de atención y seguimiento que ofrece (Centro de Denuncia y Atención Ciudadana); asimismo, cuenta con la Dirección General de Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, como la unidad responsable de facilitar el acceso de la comunidad a los servicios requeridos por ésta, en el ámbito de competencia de la Procuraduría, promoviendo acciones de coordinación con dependencias y entidades federales, estatales y municipales.”

Sin otro particular, le reitero mi distinguida consideración.

Ciudad de México, a 27 de marzo de 2017.— Doctor Eduardo Martínez Altamirano (rúbrica), director general de Políticas Públicas, Vinculación y Coordinación Interinstitucional.»

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Se remite a la Comisión de Derechos de la Niñez, para su conocimiento.

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La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Integrantes de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio No. DGPL 63-II-5-1968 signado por la diputada Cristina Ismene Gaytán Hernández, entonces vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número 112.02.- 386/2017 suscrito por el ingeniero César Rafael Ocaña Romo, director general adjunto de Enlace con el Congreso de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, así como de sus anexos, mediante los cuales responde el Punto de Acuerdo por el que se exhorta a esa dependencia para que publique por los medios a su disposición la información pertinente acerca de la implementación, operación, recursos asignados y resultados obtenidos del esquema “El campo en tus manos”, desde su creación a la fecha.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

Ciudad de México, a 3 de abril de 2017.— El titular de la Unidad, maestro Valentín Martínez Garza.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.

Maestro Valentín Martínez Garza, titular de la Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

Por instrucciones del licenciado Julio César Córdova Martínez, coordinador general de la Oficina del C. secretario, referente a su atento oficio No. SELAP/UEL/311/137/17 de fecha 27 de enero del año en curso, mediante el cual la diputada Cristina Ismene Gaytán Hernández, vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, comunica a esta Secretaría el Acuerdo aprobado en sesión celebrada el 25 de enero de 2017, anexo al presente me permito enviarle la respuesta que nos hizo llegar la secretaría particular de la subsecretaría de Desarrollo Rural, mediante oficio núm. 401.- 070/2017 de fecha 24 de marzo de 2017.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Ciudad de México, a 28 de marzo de 2017.— Ingeniero César Rafael Ocaña Romo (rúbrica), director general.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.

Ingeniero César Rafael Ocaña Romo, director general adjunto de Enlace con el Congreso.

Por instrucciones de la maestra Mely Romero Celis, subsecretaria de Desarrollo Rural, previa consulta con las direcciones generales que integran esta subsecretaría, en atención al oficio número 112.02.-137/2017, relativo al Punto de acuerdo por el cual la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión exhorta a esta Secretaría para que publique por los medios a su disposición la información pertinente acerca de la implementación, operación, recursos asignados y resultados obtenidos del esquema “El campo en nuestras manos”, desde su creación a la fecha”, presentado por la diputada Cristina Ismene Gaytán Hernández, vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente de la Cámara antes mencionada, se emite respuesta a su petición, en los términos siguientes:

En el 2016, la “Estrategia el campo en nuestras manos”, por medio de la transversalidad de varios componentes de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), con la cual se fortalecieron las acciones de impulso y fomento de la competitividad y la productividad del campo y con ello se identificaron las necesidades de las mujeres rurales y se reforzaron las capacidades de cada una de ellas; teniendo como tareas primordiales:

a) Posicionar su papel en el desarrollo de los núcleos rurales.

b) Fortalecer su presencia en las actividades productivas.

La Sagarpa se dio a la tarea de ofrecerles acceso a tecnología, innovación y herramientas para hacer un campo productivo, competitivo, justo y rentable.

Con la finalidad de ofrecer una mayor atención en el país, se designaron enlaces en cada una de las entidades, las cuales han sido las encargadas de impulsar la participación de las mujeres en el campo y dar a conocer proyectos exitosos, lo cual las hace pilar de un crecimiento competitivo y equitativo del sector primario.

Por lo anterior, con fecha 30 de noviembre de 2016, en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017, se da a conocer el presupuesto del componente “El campo en nuestras manos” teniendo como monto $1,206,9 millones de pesos; y fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 2016, las reglas de operación para el Ejercicio Fiscal referido, para su operación correspondiente; siendo un componente dirigido exclusivamente a las mujeres rurales y de zonas periurbanas.

Sin otro particular por el momento, le reitero mi consideración distinguida.

Atentamente

Ciudad de México, a 24 de marzo de 2017.— Licenciada Carolina Venegas Ochoa (rúbrica), secretaria particular.»

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Se remite al promovente.

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La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla:«Secretaría de Gobierno de Morelos.

Diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez, vicepresidenta de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.— Presente.

Le envío un respetuoso saludo, al tiempo que, por instrucciones del secretario de Gobierno, maestro en ciencias Matías Quiroz Medina, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 1, 2, 7, 8, 11, fracción II, 13 fracción VI, y 14 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos; 1, 4, fracción V, 10, 11, 12 fracciones XVII, XXVI y XXXV, y 15, fracción I, del Reglamento Interior de la Secretaría de Gobierno, me permito responder al exhorto que el 6 de septiembre de 2016 formuló la Junta de Coordinación Política, en el que pide a las dependencias y entidades de la administración pública federal, a la de las entidades federativas y a las municipales sumarse a la conmemoración del Día Mundial sin Automóvil, aconsejándose emitir las disposiciones administrativas correspondientes para que los vehículos oficiales no circulen el 22 de septiembre, siempre que no sean esenciales en la atención ciudadana o de urgencias, mediante su oficio número DGPL 63-II-8-1878.

Al respecto, hago de su conocimiento que a través de la Secretaría de Administración, mediante el oficio número SA/ DGGAI/ 01217/ 2016, informó que se dio cabal cumplimiento en la difusión a las unidades de enlace financiero-administrativo o su equivalente, así como a los órganos desconcentrados, para que éstos a su vez lo comuniquen a sus unidades administrativas y, en su caso, a los organismos sectorizados.

Sin otro particular por el momento, quedo de usted, y aprovecho la ocasión para reiterarle mi respeto y consideración distinguida.

Atentamente

Cuernavaca, Morelos, a 10 de marzo de 2017.— Juan Alfonso Hernández Gurrola (rúbrica), coordinador general de asesores del Secretario de Gobierno.»

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Se remite a la Comisión de Junta de Coordinación Política, para su conocimiento.

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La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla:«Secretaría de Gobierno de Morelos.

Diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano, vicepresidente de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.— Presente.

Le envío un respetuoso saludo, al tiempo que, por instrucciones del secretario de Gobierno, maestro en ciencias Matías Quiroz Medina, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1, 2, 7, 8, 11, fracción II, 13, fracción VI, y 14 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos; 1, 4, fracción V, 10, 11, 12, fracciones XVII, XXVI, XXXV, y 15, fracción I, del Reglamento Interior de la Secretaría de Gobierno, me permito responder al exhorto que el 15 de diciembre de 2015 formuló la Comisión de Salud, en el que exhorta a la Secretaría de Salud del Gobierno federal y al gobierno del estado de Morelos, a efecto de que continúen y ejecuten nuevas acciones para la prevención y combate del dengue y dengue hemorrágico trasmitido por vector, en dicha entidad federativa; mediante su oficio D.G.P.L. 63-II-4-254.

Al respecto, hago de su conocimiento que a través de la Secretaría de Salud, mediante oficio SSM/DAM/SP/DE CETVZ/797/2016, informó que en el Programa Estatal de Dengue de Servicios de Salud de Morelos se realizaron las acciones de vigilancia, prevención y control; información que se anexa para su observación detallada.

Sin otro particular por el momento, quedo de Usted, aprovechando la ocasión para reiterarle mi respeto y consideración distinguida.

Atentamente

Cuernavaca, Morelos, a 13 de marzo de 2017.— Juan Alfonso Hernández Gurrola (rúbrica), coordinador general de asesores del Secretario.»

«Secretaría de Gobierno de Morelos.

Licenciado Edgar Ricardo Díaz García, Enlace Jurídico de la Secretaría de Salud.— Presente.

Por este conducto y en seguimiento al oficio SS/OSS/UEJ/557/2016, sobre dar respuesta al acuerdo

“...Único. La Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Salud del gobierno federal y al gobierno del estado de Morelos, a efecto de que continúen y ejecuten nuevas acciones para la prevención y combate del dengue hemorrágico transmitido por vector, en dicha entidad federativa...”

Le informo que en el Programa Estatal de Dengue de Servicios de Salud de Morelos se están realizando las acciones de vigilancia, prevención y control; estas acciones están enfocadas en el manejo integral del vector y se encuentran contenidas en el plan de trabajo 2016; al ser el mismo vector de dengue, chikungunya y zika, las acciones establecidas también inciden en el control de las nuevas enfermedades en el estado.

Dentro del plan de trabajo se establecen diversas líneas de acción, las cuáles se trabajan en apego a la NOM-032-SSA2-2014 y a los objetivos del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de enfermedades órgano que nos norma en la operación del programa. Las líneas de acción son las siguientes:

1. Comunicación social

2. Gestión para la participación Municipal 3. Educación para la salud

4. Certificación de espacios públicos

5. Manejo de riesgos potenciales

6. Vigilancia epidemiológica

7. Control larvario

8. Índice de condición de la vivienda

9. Vigilancia entomovirológica

10. Vigilancia virológica

11. Vigilancia entomológica por el método de ovitrampas

12. Encuesta y verificación

13. Estratificación de riesgo

14. Saneamiento básico de las viviendas para la eliminación de criaderos

15. Nebulización espacial ULV

16. Rociado intradomiciliario

Aunado a lo mencionado anteriormente, cada año se realizan dos Jornadas Nacionales de Lucha Contra el Dengue, Chikungunya y Zika; ésta es una iniciativa que nos ofrece la oportunidad de alertar a la población sobre los riesgos a la salud por infección de éstas enfermedades, y sensibilizar a la población sobré estos padecimientos y las formas de reducir su propagación. Estas Jornadas se basan en promover la reducción del riesgo en una semana intensiva de acciones y focalizada en sitios y localidades de riesgo.

Este año se planeó llevar a cabo un operativo integral en el mes de junio, en el que se incluyeron acciones de control larvario, rociado residual y nebulización espacial ULV en lugares de mayor incidencia de casos de dengue de las tres jurisdicciones sanitarias del estado, las acciones se dirigieron en base al panorama epidemiológico que se presentaba en ese momento.

Finalmente, en relación al manejo clínico de la enfermedad cada año se realiza una capacitación del personal médico y de enfermería, el curso realizado fue Vigilancia epidemiológica, atención médica, prevención y control de dengue chikungunya y zika en donde asistieron personal de los SSM, IMSS e ISSSTE.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

Atentamente

Cuernavaca, Morelos, a 18 de agosto de 2016.— Doctora Giorgia Rubio Bravo (rúbrica), directora general de Servicios de Salud de Morelos.»

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Se remite a la Comisión de Salud, para su conocimiento.

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La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla:«Secretaría de Gobierno de Morelos.

Diputada María Bárbara Botello Santibáñez, vicepresidenta de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.— Presente.

Le envío un respetuoso saludo, al tiempo que, por instrucciones del secretario de Gobierno, maestro en ciencias Matías Quiroz Medina, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 1, 2, 7, 8, 11, fracción II, 13, fracción VI, y 14 de la Ley Orgánica de la Administración Pública de Morelos; 1, 4, fracción V, 10, 11, 12, fracciones XVII, XXVI, XXXV, y 15, fracción I, del Reglamento Interior de la Secretaría de Gobierno, me permito responder al exhorto que el 29 de abril de 2016 formuló la Comisión de Comunicaciones, en el que pide a los gobiernos estatales y municipales de la República Mexicana y al jefe de gobierno de la Ciudad de México, a que en el ejercicio de sus atribuciones legales, fomenten la respectiva coordinación y colaboración de cada uno con las autoridades federales, en materia de telecomunicaciones, con la finalidad de que se avance en la implantación de nuevos puntos de acceso gratuito a Internet en lugares públicos, con el evidente beneficio social que ello conlleva, privilegiando, de ser posible, que los nuevos puntos se instalen estratégicamente en los centros de vivienda con mayor densidad poblacional y menor capacidad económica, mediante su oficio DGPL 63-II-1-0962.

Al respecto, hago de su conocimiento que a través de la Secretaría de Administración, mediante oficio SA/DGSTIC/278/2016, informan que se han implementado a través del programa México Conectado bajo recurso federal un total de 3 mil puntos de acceso gratuito en las instalaciones de mayor impacto como son escuelas públicas de todos los niveles, instituciones de salud (hospitales y centros de salud), plazas públicas, edificios de gobierno (estatal y municipal), con una cobertura en los 33 municipios del estado de Morelos. Dentro del mismo rubro, la Secretaría de Administración a través de la Dirección General de Tecnologías de la Información y Comunicaciones administra la Red Estatal de Comunicaciones, la cual cuenta con cobertura de los 33 municipios del estado.

Sin otro particular por el momento, quedo de usted, aprovechando la ocasión para reiterarle mi respeto y consideración distinguida.

Atentamente

Cuernavaca, Morelos, a 10 de marzo de 2017.— Juan Alfonso Hernández Gurrola (rúbrica), coordinación general de asesores del Secretario.»

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Se remite a la Comisión de Comunicaciones, para su conocimiento.

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La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla:«Secretaría General de Gobierno de Puebla.

Diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez, Presidenta de la Mesa Directiva de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.— Presente.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 34, fracción I, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Puebla y 26 del Reglamento Interior de la Secretaría General de Gobierno, y en atención al oficio D.G.P.L. 63-II-7-1846, de fecha 9 de febrero pasado, referente al siguiente punto de acuerdo:

“Primero. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a los titulares de las Secretarías de Salud Federal y de las entidades federativas para que, en coordinación con las autoridades sanitarias responsables, implementen acciones para garantizar a las mujeres en zonas marginadas el acceso a los programas de prevención y detección oportuna del cáncer de mama.

”Segundo. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a los titulares de las Secretarías de Salud federal y de las entidades federativas, a que refuercen una estrategia de prevención y detección oportuna con base en la autoexploración y mastografía a través de unidades médicas móviles que otorguen servicios de prevención, diagnóstico, vigilancia, seguimiento y tratamiento del cáncer de mama, con el fin de disminuir la tasa de mortalidad con un diagnóstico certero y oportuno para que puedan alcanzar su máximo potencial de vida.

”Tercero. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a los titulares de las Secretarías de Salud federal y de las entidades federativas para que, en el ámbito de sus respectivas competencias, refuercen y fortalezcan la difusión, promoción y ejecución de los programas de prevención y detección oportuna del cáncer de mama, sin estimarse que el desarrollo de las acciones emprendidas representen un impacto presupuestal adicional al establecido para el cumplimiento y seguimiento de las actividades institucionales programadas.”

Me permito informar que el director de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Salud y de los Servicios de Salud del Estado de Puebla, mediante oficio número 5013/DAJ/0450/2017, de fecha 8 de marzo del actual, dio a conocer las acciones que realiza la Subsecretaría de Servicios de Salud de la Secretaría de Salud y Coordinación de Servicios de Salud de los Servicios de Salud del Estado de Puebla, en cuyo ámbito de competencia incide la atención del asunto planteado.

En tal virtud, y a efecto de que se tenga a esta entidad federativa impuesta respecto del citado exhorto, me permito hacerle llegar copia de la documentación que contiene la información correspondiente.

Sin otro particular, le reitero la seguridad de mi consideración distinguida.

Atentamente

Cuatro Veces Heroica Puebla de Zaragoza, a 14 de marzo de 2017.— José Montiel Rodríguez (rúbrica), subsecretario Jurídico.»

«Secretaría General de Gobierno de Puebla.

Ivonne Betsabeth Mateos Báez, directora general de Asuntos Jurídicos de la Secretaría General de Gobierno.

Hago referencia al oficio número D.G.P.L. 63-II-7-1846, de fecha 9 de febrero de 2017, dirigido al gobernador del estado por la diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez, vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, enviado a esta Dirección de Asuntos Jurídicos a través del similar número SJ/DGAJ/DPL/0324/2017, recibido el 28 de febrero del año en curso, relativo a los siguientes puntos de acuerdo aprobados por dicho órgano:

“Primero. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a los titulares de las Secretarías de Salud Federal y de las entidades federativas para que, en coordinación con las autoridades sanitarias responsables, implementen acciones para garantizar a las mujeres en zonas marginadas el acceso a los programas de prevención y detección oportuna del cáncer de mama.

”Segundo. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a los titulares de las Secretarías de Salud federal y de las entidades federativas, a que refuercen una estrategia de prevención y detección oportuna con base en la autoexploración y mastografía a través de unidades médicas móviles que otorguen servicios de prevención, diagnóstico, vigilancia, seguimiento y tratamiento del cáncer de mama, con el fin de disminuir la tasa de mortalidad con un diagnóstico certero y oportuno para que puedan alcanzar su máximo potencial de vida.

”Tercero. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a los titulares de las Secretarías de Salud federal y de las entidades federativas para que, en el ámbito de sus respectivas competencias, refuercen y fortalezcan la difusión, promoción y ejecución de los programas de prevención y detección oportuna del cáncer de mama, sin estimarse que el desarrollo de las acciones emprendidas representen un impacto presupuestal adicional al establecido para el cumplimiento y seguimiento de las actividades institucionales programadas.”

Al respecto informo que a efecto de brindar la atención pertinente por parte de esta dependencia y entidad, el asunto citado fue remitido oportunamente a la Subsecretaría de Servicios de Salud de la Secretaría de Salud y Coordinación de Servicios de Salud de los Servicios de Salud del Estado de Puebla, por ser ésta la unidad administrativa en cuyo ámbito de competencia incide. En este sentido dicha área a través del memorándum número SSSYCSS/ AJ/086/2017 envió el informe que emite la Dirección de Salud Pública y Vigilancia Epidemiológica de los Servicios de Salud del Estado de Puebla mediante el similar número DSPYVE/107/2017, mismos que en copia simple se acompañan.

Lo anterior, a efecto de que se tenga a esta entidad impuesta respecto del asunto citado y con fundamento en los artículos 34, fracción I, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Puebla y 27 del Reglamento Interior de la Secretaría General de Gobierno se brinde la atención es estime conducente.

Sin otro particular, quedo de usted.

Atentamente

Cuatro veces Heroica Puebla de Zaragoza, a 8 de marzo de 2017.— Eduardo Ortiz Flores (rúbrica), director de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Salud y de los Servicios de Salud del Estado de Puebla.»

«Secretaría General de Gobierno de Puebla.

Eduardo Ortiz Flores, director de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Salud y de los SSEP.

En atención a su similar número CI-DAJ-0146/2017, relativo a un punto de acuerdo del Honorable Congreso de la Unión relativo al cáncer de mama, adjunto al presente remito a usted copia del memorándum número DSPYVE/ 107/2017, signado por el director de Salud Pública y Vigilancia Epidemiológica en donde informa las acciones realizadas en atención al punto de acuerdo en referencia.

Agradeciendo la atención que sirva prestar al presente, quedo de usted.

Atentamente

Cuatro Veces Heroica Puebla de Zaragoza, a 6 de marzo de 2017.— Manlio Santiago Hernández, coordinador consultivo especializado B.»

«Secretaría General de Gobierno de Puebla.

Licenciado Manlio Santiago Hernández, coordinador consultivo especializado B de la Coordinación de Servicios de Salud de los SEEP.— Presente.

En atención al similar número CI-DAJ-0146/2017, signado por el director de Asuntos Jurídicos de esta dependencia y entidad, relativo a un punto de acuerdo del Honorable Congreso de la Unión que a la letra dice:

“Primero. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a los titulares de las Secretarías de Salud Federal y de las entidades federativas para que, en coordinación con las autoridades sanitarias responsables, implementen acciones para garantizar a las mujeres en zonas marginadas el acceso a los programas de prevención y detección oportuna del cáncer de mama.”

Al respecto, le informo que la Dirección de Salud Pública y Vigilancia Epidemiológica a través del Programa de Cáncer de la Mujer, ha diseñado una ruta de unidades móviles con equipos de mastografía que operan en el interior del Estado de Puebla, con la finalidad de detectar oportunamente cáncer de mama en mujeres que habitan en las localidades más alejadas de los servicios hospitalarios.

“Segundo. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a los titulares de las Secretarías de Salud federal y de las entidades federativas, a que refuercen una estrategia de prevención y detección oportuna con base en la autoexploración y mastografía a través de unidades médicas móviles que otorguen servicios de prevención, diagnóstico, vigilancia, seguimiento y tratamiento del cáncer de mama, con el fin de disminuir la tasa de mortalidad con un diagnóstico certero y oportuno para que puedan alcanzar su máximo potencial de vida.”

Al respecto, le informo que el Programa de Cáncer de la Mujer cuenta con líneas de acción para la promoción y detección oportuna del cáncer de mama. En las unidades médicas de primer nivel se dan talleres a mujeres de cómo autoexplorarse; se les informa cómo y cada cuándo realizar la técnica de autoexploración, con la finalidad del autoconocimiento e identificación de signos y síntomas de alarma: y se les indica la importancia de acudir a su centro de salud a consulta médica ante cualquier sospecha.

De forma sistemática también se recomienda a mujeres de 25 a 39 años acudir a estos servicios de salud para realizarse la exploración clínica de mama, la cual se realiza de forma anual y se lleva a cabo en centros de salud y en unidades médicas móviles, como está indicada en la NOM-041-SSA2-2011. En cuanto a la mastografía, en el estado contamos con una infraestructura fija en 14 unidades hospitalarias donde se realiza las detecciones como tamizaje, y se ha solicitado a las unidades de primer nivel de atención referenciar a las mujeres de 40 a 69 años al hospital según corresponda.

“Tercero. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a los titulares de las Secretarías de Salud federal y de las entidades federativas para que, en el ámbito de sus respectivas competencias, refuercen y fortalezcan la difusión, promoción y ejecución de los programas de prevención y detección oportuna del cáncer de mama, sin estimarse que el desarrollo de las acciones emprendidas representen un impacto presupuestal adicional al establecido para el cumplimiento y seguimiento de las actividades institucionales programadas.”

Al respecto, le informo que el Programa de Cáncer de la Mujer realiza durante todo el año campañas permanentes de difusión, promoción y ejecución en el interior del estado, asimismo se refuerza la promoción y difusión en específico durante el mes de octubre, con una campaña de sensibilización contra dicho padecimiento, con motivo del “Mes de la Detección de Cáncer de mama”, entre las acciones que se realizan:

• Detección en el primer nivel de atención en materia, del cáncer de la mujer: con la realización de exploración clínica de mama, toma de citología cérvido-vaginal y prueba de virus de papiloma humano a mujeres a partir de los 25 años y más.

• Referencia de mujeres de 40 a 69 años de edad de los centros de salud a las unidades hospitalarias con equipo mastografía para la toma de la misma como parte del tamizaje de cáncer de mama.

Estrategias efectivas e incluyentes para la detección, diagnóstico, tratamiento y seguimiento de pacientes en situación de vulnerabilidad de sus derechos sociales y de salud. Con jornadas de salud en centros de reclusión social, mujeres indígenas\ mujeres internas en el Hospital psiquiátrico, donde se les realiza la exploración clínica de mama, citologías o toma de prueba de híbrido o toma de mastografía, estos estudios se efectúan de acuerdo a su edad.

Sin otro particular, quedo a sus órdenes.

Atentamente

Cuatro veces Heroica Puebla de Zaragoza, a 6 de marzo de 2017.— Doctor Leandro Hernández Barrios, director de Salud Pública y Vigilancia Epidemiológica.»

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Se remite a la Comisión de Salud, para su conocimiento.

Sonido, por favor, en la curul del diputado Virgilio Caballero.

El diputado Virgilio Dante Caballero Pedraza: Gracias, presidenta. Para hacer un llamado a esta soberanía para que levante una protesta por las agresiones que siguen dándose en Veracruz contra los periodistas.

Antier fue baleada la casa de la periodista Guadalupe Fuentes, en Orizaba. Por si fuera poco, lo que ha ocurrido en Veracruz se ha convertido en una violación cotidiana no solo de derechos humanos sino de la vida misma. Le pido a usted que por favor esta soberanía reaccione como se debe. Muchas gracias.

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Gracias, diputado. Quedan asentadas sus expresiones y registradas en el Diario de los Debates.

AGENDA POLÍTICA

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: El siguiente punto del orden del día es el relativo a la agenda política, referente a los comentarios de resoluciones judiciales en el estado de Veracruz.

Se han registrado para referirse al tema los siguientes diputados, quienes tendrán el uso de la palabra hasta por cinco minutos. Por el Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social tiene el uso de la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado Gonzalo Guízar Valladares. Por el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza tiene el uso de la palabra para referirse al tema, hasta por cinco minutos, la diputada María Eugenia Ocampo Bedolla.

La diputada María Eugenia Ocampo Bedolla: Buenos días a todos, compañeros y compañeras. Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados, el tema de la agenda que nos ocupa hoy es de gran trascendencia para el pueblo de México.

En un Estado de derecho, toda acción que vulnere y violente las garantías de los individuos debe ser sancionada para poder brindar certidumbre a la comunidad, pero más que brindar certidumbre, dar garantía de los derechos humanos de todas las mexicanas y mexicanos y, en particular, de Veracruz.

En Nueva Alianza tenemos la convicción de que nada puede estar por encima de la ley y que el respeto por el Estado de derecho debe ser la base que sostenga nuestra sociedad.

Hace un año conocimos una historia que indigna y preocupa, conocimos el nombre de Daphne Fernández. Mujer, mujer vulnerada, con gran valentía haciendo valer su derecho de dar a conocer que había sido violada por cuatro jóvenes pertenecientes a las familias de clase alta en el Puerto de Veracruz.

Los hechos ocurrieron el 26 de enero de 2015, cuando ella era menor de edad. Recalco: menor de edad, vulnerable y mujer. Han pasado más de 24 meses y la comunidad tiene sentimientos encontrados en torno al tema, y más que sentimientos encontrados, hay una gran molestia en toda la población.

En primer lugar porque, tras la denuncia y la exhibición de un video referente a aquel día, la autoridad actuó de manera lenta y con dilación. En las primeras indagatorias permitió a los señalados salir del estado o incluso del país. Uno de ellos fue detenido en Coahuila y otro más en España, de donde fue extraditado meses después.

Aunado a ello, la reciente resolución por medio de la cual el juez otorgó un amparo a uno de los acusados argumentando que a pesar de que realizó tocamientos en parte del cuerpo que son consideradas de índole sexual, solo fueron roces incidentales. Esto amplía la indignación y no deja satisfecha a una sociedad que está cansada de la impunidad, sobre todo que este tipo de casos no consideren como un acto con toda la alevosía en contra de una menor de edad.

Sin duda, es una situación que genera polémica, porque se presta a interpretar que los jóvenes se han visto favorecidos por la autoridad, por la ley, mientras que la víctima ha sido revictimizada. ¿Cómo es posible que se cambien los roles y se victimice a quien fue la víctima menor de edad, y que a toda luz y a toda prueba era un intento de violación?

Estamos transitando por una profunda crisis de credibilidad y de confianza en las instituciones y en las circunstancias. Así no abonan al fortalecimiento del tejido social, pero lo más importante: no abonan a que la sociedad crea en las instituciones y en quienes estamos haciendo un trabajo responsable día a día.

La sociedad, tan lastimada por la inseguridad y la corrupción, no tolera más. Reafirmamos en Nueva Alianza que creemos firmemente en el Estado de derecho y en las libertades fundamentales. Por ello nos pronunciamos a favor de ahondar en las investigaciones de manera imparcial, pronta y expedita para llegar al fondo de los hechos y de esta manera aplicar la ley, pero sobre todo garantizar la impartición de justicia para todos.

Es momento de redoblar esfuerzos y dar el paso a una justicia que ha de reconocer la importancia de cada individuo, no importa si es mujer u hombre, la justicia ante el artículo 4o. nos pone en las mismas condiciones. No permitamos que casos como éste queden en el olvido o en la burocracia jurídica, con las influencias que se puedan manipular. No se permita que quede en el olvido, sino que sea respetuoso de los derechos fundamentales de todas y de todos.

Es una exigencia que nos tiene la sociedad de Veracruz, es una exigencia de Daphne hacer justicia, y con ello fortalecer el papel de nuestras instituciones como es el de esta misma Cámara, que hacemos este exhorto y este llamado como un pronunciamiento por parte de Nueva Alianza. Los derechos no se negocian, los derechos se hacen valer. Es cuanto. Muchas gracias, por su atención.

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Gracias, diputada María Eugenia Ocampo. Tiene el uso de la palabra, por cinco minutos, para referirse al tema de las resoluciones judiciales en el estado de Veracruz, el diputado Gonzalo Guízar Valladares, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.

El diputado Gonzalo Guízar Valladares:Muchas gracias, presidenta. En primer lugar hoy precisamente venimos como Partido Encuentro Social, porque creemos que la justicia en primer lugar no se puede frenar en este país.

La justicia es lo que legitima un gobierno en cualquiera de sus niveles, si no hay justicia no hay gobierno, o mejor dicho, un gobierno sin justicia no es gobierno. Uno de los elementos fundamentales de los valores esenciales que se encuentra el actuar de un gobierno es precisamente darle a cada quien lo que le corresponde, hacer justicia, ése es un imperativo, no hay otro escenario que pueda legitimar a un Estado nación, si éste no se mide a través de la justicia, ahí está el reto.

El caso de Veracruz es uno más de los actos que dan vergüenza y focalizamos estrictamente el Poder Judicial.

En este país el Poder Judicial pareciera intocable. El Ejecutivo, el Legislativo, altamente criticados incluso por sus remuneraciones; sin embargo los magistrados, los ministros, los jueces, ganan mucho más y no se justifica por ningún motivo en ninguno de los integrantes de los tres Poderes no hacer justicia a la sociedad, que es lo que hoy se reclama.

De ahí la importancia, amigas y amigos, que este caso específico de Veracruz, conocido por los Porkys, por un juez, por una niña violentada en sus derechos, violada en su condición física, haya sido reprochado y haya sido que un pueblo clame justicia. Porque cuando la justicia impera en un gobierno, el pueblo vive en armonía, vive en paz. Cuando no gobierna la justicia, cuando gobierna la corrupción, cuando gobierna la impunidad, un pueblo gime, un pueblo no está alegre, es infeliz por falta de justicia.

Y este caso, este asunto específico es de un pueblo que clama justicia una vez más. No se puede permitir un caso más en México. Incluso me atrevo a decir —aquí tengo datos— fíjense bien, amigas diputadas y diputados: un magistrado, un ministro en México gana mucho más que un magistrado o ministro en España, en Brasil, 1.8 más veces. En España un magistrado gana más que el Ejecutivo español.

Es decir, si la tendencia académica es pagarles bien a los servidores públicos que administran justicia, a los que legislan, a los que gobiernan, ese discurso académico no es malo. Malo es tener remuneraciones justas y no implementar la justicia en una norma de conducta.

Que sea la norma de conducta aplicar la justicia, es lo que reclama la sociedad. Y por supuesto, repudia aquellos salarios exorbitantes de los ministros, de los magistrados, de los jueces, porque cuando no hay justicia, los que gobiernan, los que administran, entre más tienen más quieren. Ese es un principio de descomposición social porque no hay principios, porque nos hemos apartado de los valores. Por eso Encuentro Social viene aquí, por supuesto, a clamar justicia como claman los ciudadanos veracruzanos y, desde luego, los ciudadanos mexicanos en este país.

Si no hay justicia, no hay gobierno. La sociedad quiere vivir en paz; la sociedad quiere vivir alegre; la sociedad quiere armonía, quiere desarrollo. No habrá esto si no aplicamos la justicia, y si no hacemos de la virtud, y por tanto de la justicia, la norma de conducta en el Poder Ejecutivo, en el Poder Legislativo, y desde luego, en el Poder Judicial.

Es una vergüenza que un juez quede impune ante la sociedad, de un acto bochornoso como el caso Daphne, en Veracruz. Muchas gracias.

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Gracias, diputado Gonzalo Guízar. Para fijar la postura del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, tiene el uso de la palabra la diputada María Candelaria Ochoa Avalos.

La diputada María Candelaria Ochoa Avalos:Gracias, presidenta. El 3 de enero de 2015 en Boca del Río, Veracruz, se cometió un abuso sexual grupal contra la menor tantas veces mencionada; se le obligó a subirse a un auto con cuatro jóvenes, en el que abusaron sexualmente de ella. El caso en su momento fue altamente mediatizado, puesto que los jóvenes culpables de ese delito procedían de familias adineradas, con poder, en el estado de Veracruz.

Lo que estos cuatro jóvenes que sí tienen nombre y que son: Enrique Capitaín Marín, Jorge Cotaita Cabrales, Gerardo Rodríguez Acosta, y Diego Cruz Alonso, cometieron, fueron daños al libre desarrollo personal e individual de la menor.

Desde abril de 2016 realizamos en esta Cámara una denuncia pública, y desde diferentes ámbitos para mostrar cómo en Veracruz se violentan los derechos humanos de manera cotidiana, y cómo no se hace nada para resolver y ejercer la autoridad.

Pasó un año para que se dictara orden de aprehensión contra estos cuatro violentadores de mujeres, quienes fueron encubiertos por las autoridades que fueron omisas, y otro año más para que Diego Cruz fuera detenido en Madrid y extraditado para enfrentar la justicia, y lo que encontró fue a un juez denominado Anuar González Hemadi, Tercero del Distrito del estado de Veracruz que emitió un amparo a su favor, y que revictimizó a la víctima violentando la Ley General de Víctimas, quien incluso acusa a la menor de no haber demostrado su estado de indefensión frente a cuatro varones, que no demostró el abuso sexual y que la intención de la violación que fue objeto no tenía intenciones lascivas de satisfacer un apetito sexual.

En la investigación ministerial se desprende que el abuso a la menor, quien en ese momento tenía 17 años de edad, fue uno de estos, Diego Cruz, le tocó los senos, le metía las manos debajo de la falda y le introdujo los dedos debajo del calzón y en la vagina, aún así el juez no observó intención lasciva, ni que Cruz tuviera la intención de copular, considera lo sucedido como un frotamiento incidental y no como abuso sexual. Esto que hace el juez es violentar los derechos de la menor.

El contenido del amparo refleja indignantemente la poca consideración no solo de los derechos de la menor implicada sino de los derechos de todas las mujeres, adolescentes y niñas de nuestro país, así como una nula comprensión de los instrumentos de impartición de justicia con perspectiva de género que tanto el Poder Judicial está obligado a cumplir como los convenios y acuerdos internacionales en la materia.

No nos queda duda de que con este margen legal, aunado a lo que indica el Código Penal de Veracruz, no debería haber siquiera oportunidad de que los delitos cometidos por Diego Cruz se presten a interpretaciones misóginas y anticonstitucionales del juez Anuar González Hemadi.

México es firmante de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, denominada Convención Belém do Pará, en la que se especifica en el artículo 7 que los estados parte condenan todas las formas de violencia contra las mujeres y convienen en adoptar, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres.

Este amparo del Juez Anuar no solo es un agravio directo contra la menor y su familia, sino contra el sistema judicial de nuestro país, contra las convenciones internacionales que México ha suscrito y contra las mujeres mexicanas, puesto que exhibe la medida en que el dinero y las influencias superan a la justicia en nuestro país.

Debería preocuparnos, como Cámara, que la ley no se cumpla, que se violentan los derechos de las mujeres y que no se haga justicia. El Poder Judicial de la Federación está obligado a revocar la sentencia de amparo y a resolver con perspectiva de género, considerando lo dispuesto en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y todo lo relacionado con la protección de los derechos humanos.

Es claro que en este caso solo es un botón de muestra del sin fin de violaciones a la legislación en materia de derechos de las mujeres. Por ello, cuatro diputados de Movimiento Ciudadano también interpusimos en esta Cámara un juicio político contra este juez, quien demostró que no es un servidor público, que con base en la Ley General de Servidores Públicos y en la Constitución Política tiene obligaciones fundamentales como juzgador y que no puede favorecer conductas criminales, pasando por alto el respeto y garantía de los derechos humanos.

Violentó además bienes jurídicos y minó la confianza en las instituciones de impartición de justicia. Espero que todas y todos ustedes apoyen este juicio contra el juez Anuar. Muchas gracias.

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Gracias, diputada Candelaria Ochoa Avalos. Para fijar la postura del Grupo Parlamentario de Morena tiene el uso de la palabra por cinco minutos el diputado Cuitláhuac García Jiménez.

El diputado Cuitláhuac García Jiménez:Gracias, presidenta. La violación es una acción de un poder abusivo que debe castigarse. En el caso del ataque sexual a una joven en Veracruz, que llevaron a cabo otros jóvenes pudientes en enero de 2015 y que es conocido como el caso de los Porkys de Costa de Oro, debieron prevalecer criterios actualizados y que están hoy en día en la norma para impedir un nuevo acto de injusticia en contra de la víctima.

El juez decidió, en cambio, proteger a uno de sus agresores. Dicho juzgador, Anuar González, antepuso criterios subjetivos para una tipificación del delito sin la perspectiva de género que ya se establece en la tesis jurisprudencial 22/2016, emitida por la Primera Sala y publicada en abril del año pasado.

El juez se justificó en una jurisprudencia de 2006, que ya fue sustituida por la norma con la inclusión de la violencia contra las mujeres como delitos en materia de derechos humanos. Las nuevas tesis debieron aplicarse en beneficio de la víctima, es decir aquí la retroactividad de la ley está plenamente justificada, y no anteponer una equivocada tipificación con un prejuicio lamentablemente de género.

Por eso en Morena condenamos la decisión del juez Tercero de Distrito y exigimos que el Consejo de la Judicatura Federal actúe con toda severidad, porque aún en el caso el juez tenía la atribución de exhortar al Ministerio Público para complementar las pruebas suficientes.

Debemos condenar este hecho porque ya aquí en esta Cámara ha habido avances muy sustanciales en contra de la violencia hacia las mujeres. Gracias, presidenta.

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Gracias, diputado Cuitláhuac García. Para fijar la opinión del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, tiene uso de la palabra por cinco minutos la diputada Lia Limón García.

La diputada Lia Limón García:Con su venia, diputada presidenta. En los últimos años, en nuestro país se han hecho esfuerzos trasversales e interinstitucionales para erradicar la violencia de género, entre ellos se ha incorporado el principio de perspectiva de género, que implica tomar en cuenta la problemática y efectos de las relaciones sociales de poder entre hombre y mujer.

En 2013, la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió un protocolo para juzgar con perspectiva de género, con el que diversas instancias del Poder Judicial se han dado a la tarea de capacitar a jueces y magistrados, a fin de generar en ellos el conocimiento y desarrollar la sensibilidad necesaria para atender los casos.

Es lamentable que pese a dichos esfuerzos se sigan presentando casos, como la resolución del juez en el caso de Daphne, conocido como el de los Porkys, que ponen en evidencia la persistencia de violencia sistemática institucional en contra de mujeres, así como la falta de conocimientos, preparación, profesionalismo y sensibilidad.

Decisiones como la que tomó el juez, además de reflejar impunidad, evidencia que la violencia de género no se limita a los hogares, trabajos, barrios o comunidades, sino que trasciende a las instituciones encargadas formalmente de garantizar los derechos humanos, principalmente aquellos relacionados con la protección de la integridad de las mujeres y el acceso a la justicia.

Sin duda el hecho que pone la alerta en ese sentido es la decisión del juez, al que vale la pena repetir su nombre, Anuar González Hemadi, dentro del caso ya mencionado, conocido como el de los Porkys, al haber ordenado la liberación de Diego Cruz, uno de los jóvenes imputados como probable responsable de diversos delitos de índole sexual y que, como bien se dijo aquí, había sido detenido en España después de un año y que logramos que lo extraditaran a México, para al final, para que un juez lo dejara libre.

Esta decisión del juez, más allá de lo errónea que pudiera ser, es doblemente errónea por los argumentos esgrimidos en la sentencia, ya que a consideración del juez la defensa de Daphne no acreditó ni aportó prueba alguna que comprobara eficazmente la conducta lasciva de Diego Cruz.

El juez señaló que si bien la menor refirió que el activo le tocó los senos y otras partes del cuerpo, ese hecho no evidencia una intención lasciva por parte del activo y, por lo tanto, no constituye un abuso sexual.

Me pregunto, para el juez ¿qué sí constituye un abuso sexual? Si la víctima fuera su madre, su hija o su hermana, me pregunto si lo constituiría.

Entre los principios que rige el ejercicio de un juez están el de objetividad y profesionalismo. Este último implica en su caso que en la función de juzgar debe de aplicarse el criterio de la perspectiva de género, incluso la propia Suprema Corte de Justicia ha señalado, dentro del Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Género, que los juzgadores deben de cuestionar los estereotipos que puedan existir en la legislación respecto de las funciones de uno u otro género, así como actuar con neutralidad en la aplicación de la norma jurídica en cada situación, a fin de visualizar claramente la problemática y garantizar el acceso a la justicia de forma efectiva e igualitaria.

En este caso, de manera vergonzosa, el juzgador estableció que la joven consintió la agresión al haber tenido la posibilidad de repeler la misma, para lo cual el juez argumentó también que el estado de indefensión fue inexistente, ya que la menor refirió que cuando el activo le jalaba la blusa y le tocaba los senos, riendo y burlándose, ella le pedía que la dejara, que no la lastimara, por lo que esta solicitó pasarse al asiento delantero, lo cual ocurrió, por lo que el juez con eso consideró que ella había tenido la posibilidad de defenderse y de repeler el ataque y que por lo tanto no existía una condición de indefensión.

Es decir, estos son algunas, entre otros, de las cuestiones que menciona la sentencia, otros ya los mencionó mi compañera Candelaria, y que podríamos leerla aquí para que todos tomáramos conciencia de lo absurda que es esta misma en sus argumentos.

Si bien el Consejo de la Judicatura Federal resolvió suspender al titular del Juzgado Tercero de Distrito, Anuar González Hemadi, iniciar un procedimiento de investigación administrativa, el agravio sin duda continúa para la víctima, ya que esta determinación judicial, la del juez, en su sentencia de algún modo revictimiza a la víctima y para ello está también la Ley General de Víctimas, que en este caso no se ha aplicado.

Condenamos la decisión del juez y hacemos un llamado sin duda alguna a que se profundice en la capacitación que lleva a cabo el Instituto de la Judicatura y todas las instancias del Poder Judicial, en materia de perspectiva de género, y a que verdaderamente se aplique, porque este es uno de los muchos casos que se dan.

Este, porque es un caso conocido, porque es un caso que se hizo público y porque es un caso en el que mucha gente estaba atenta, pero como este hay casos varios en donde los jueces no son capaces de aplicar un protocolo que ya lleva varios años de haberse emitido por la propia Suprema Corte.

Hace dos días se dio la noticia de una mujer que fue quemada por su esposo, un caso de violencia extrema y ese tipo de casos seguirán sucediendo mientras siga habiendo la impunidad que hay en los casos de violencia contra las mujeres.

Por eso, desde el Partido Verde hacemos un llamado a todos los órganos encargados de procuración y administración de justicia de todo el país para que se capaciten en la implementación del protocolo en mención.

Y sin duda alguna, este es un tema que trasciende colores, que trasciende partidos y en el que mujeres de todos los partidos políticos nos hemos unido para hacer este llamado desde la Comisión de Equidad de Género, encabezada por Laura Plascencia, y con varias otras integrantes de esta propia Cámara estamos por la defensa y la protección de los derechos humanos y por la erradicación de la violencia contra las mujeres. Es cuanto.

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Gracias, diputada Lia Limón. Para fijar el punto de vista del Grupo Parlamentario del PRD tiene el uso de la palabra, por cinco minutos, la diputada Maricela Contreras Julián.

La diputada Maricela Contreras Julián:Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados, el problema de la resolución dolosa para otorgar un amparo a uno de los responsables de la violación, acusado de pederastia, que es el caso de los Porkys, es cómo nos mira esta sociedad a las mujeres. Cómo nos miran las instituciones, cómo nos miran en la escuela, cómo nos miran en la iglesia y en nuestras casas, en la comunidad.

Por eso quiero invitar a ustedes a que revisen las redes sociales y vean la cantidad de cosas obscenas, de agresiones verbales, de groserías y linchamientos de que ha sido objeto Karla, una de las personas que murió en el trágico accidente el pasado viernes sobre reforma.

Es así como de un rato para otro a las mujeres se nos culpa por los delitos que se cometen contra nosotras.

Eso es lo que hemos señalado una y otra vez en esta tribuna y en todos los foros sobre una sociedad permisiva que normaliza la violencia y minimiza los actos de agresión hacia las mujeres.

De manera lamentable, la cultura social e institucional hace posible que la violencia contra las mujeres se esté recrudeciendo.

Amanecemos con noticias de asesinatos porque el marido quema a su esposa en Oaxaca o que una joven fue violada por cuatro estudiantes en la Universidad La Salle. O bien, con una madre que es asesinada en la puerta de su casa por defender la custodia de sus hijas en Mérida.

Así las cosas para las mujeres en México. Una realidad donde se conjuga la corrupción, la impunidad, la misoginia y el podrido de un sistema de procuración e impartición justicia para las mujeres. Esos son los ingredientes para un caldo de cultivo perfecto que otorga licencias para que se nos asesine, se nos viole, se nos desaparezca y se lacere nuestra dignidad.

Cuando los casos no se resuelven, cuando se tolera la violencia hacia las mujeres, cuando no se castiga a los culpables, se perpetúa y acepta en los hechos el maltrato, la vejación y asesinatos de las mujeres.

¿Hasta cuándo? ¿Cuántas más asesinadas, cuántas más violadas, cuántas más desaparecidas? Pero parece que este sistema no tiene llenadera, como si no fuera suficiente, el juez tercero de distrito decide que no es abuso sexual lo que mis compañeras ya han dicho aquí: que te toquen tus senos, que te metan los dedos en la vagina. Todo porque no había señales de satisfacer sus placeres sexuales o de tener deleite sexual.

Qué miseria de nuestro sistema de justicia. Qué ignorancia, también, sobre nuestra demanda de violación equiparada. Miseria e ignorancia que se refleja en insensibilidad, en priorizar términos legales y no atender el dicho de la víctima de violencia sexual, hecho expuesto ya en las leyes.

Este tipo de sentencias urgen sobre la necesidad de llenar los huecos y vacíos legales que son escaparates de impunidad, nichos de corrupción y, lo peor del caso, permisos para que se violen nuestros derechos.

Por eso es importante aquí —y hago un paréntesis— combatir la corrupción del Poder Judicial. El Poder Judicial no está juzgando con perspectiva de género y tampoco en este caso está atendiendo al bien superior del menor. En este caso, de la menor.

¿Qué está haciendo con Consejo de la Judicatura para capacitar? Porque se han destinado muchos recursos desde esta Cámara de Diputados para la capacitación del Poder Judicial. No están dando resultados.

Este tipo de sentencia urge sobre la necesidad de llenar esos huecos y vacíos legales que son escaparates de impunidad, nichos de corrupción y en el peor de los casos, permisos para que se violen nuestros derechos.

A pesar de que hay avances legislativos y diversas políticas para reducir la brecha de desigualdad, lo cierto es que no bajan a una realidad, las leyes no se aplican. Es allí donde se presentan este tipo de casos que no permiten que se obtenga justicia a mujeres como Daphne, que de manera afortunada supimos de él, pero eso pasa todos los días en nuestro país. Este es un caso que se nota como excepción, pero es la normalidad a lo largo y ancho de nuestro país en los Ministerios Públicos, tenemos un problema de fondo.

En México el 99 por ciento de los delitos no se castigan, estamos en un sistema de justicia que premia la delincuencia con la impunidad y si son delitos contra mujeres se dictan resoluciones que son una verdadera burla y falta de respeto, así de grave es el problema y se insiste en seguir alimentándolo.

Por ejemplo, aún no hay nombramiento para que se ocupe la Fiscalía Anticorrupción y se condiciona aun la entrada en vigor de la reforma constitucional que dota de plena autonomía al Ministerio Público y se tenga una fiscalía general. No hay voluntad para que se comience a limpiar el régimen de corrupción y complicidad que permiten este reino de impunidad que se ha convertido nuestro país. No basta con sancionar a este juez, lo que se necesita es cambiar esta mentalidad en la impartición de justicia.

El jueves estaremos con el gobernador de Veracruz, diputadas de la Comisión Especial de Delitos Cometidos por Razones de Género, y seremos firmes, no debe haber impunidad en el caso de Daphne, ni en ninguno otro. Es necesario cambiar el doble discurso que se tiene incluso en esta Cámara de Diputados: ahora sí condenamos un caso de abuso sexual, pero hace días se negaron a votar un dictamen que garantiza a las mujeres violadas la interrupción del embarazo cuando hay violación, que es la aplicación de la Norma 046, no solo en el caso de los Porkys, es todo un sistema y cultura que debemos transformar.

Sería bueno que comenzáramos erradicando esa doble moral y esa misoginia que se fomenta en esta Cámara de Diputados, ejemplos hay muchos. Por ejemplo, solo pudimos nombrar dos mujeres al Instituto Nacional Electoral aquí, pues el PAN no quiso nombrar a una mujer que pudiera haber hecho la diferencia y empezar a tener la paridad. Justicia para las mujeres.

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Gracias, diputada Maricela Contreras Julián. Para fijar la postura del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, tiene el uso de la palabra, por cinco minutos, la diputada Kathia Bolio Pinelo.

La diputada Kathia María Bolio Pinelo:Muy buenas tardes; con el permiso de la Presidencia. Señoras y señores diputados. En Acción Nacional lamentamos profundamente que millones de mujeres mexicanas deban enfrentarse en su cotidianeidad a dos grandes adversidades: el odio y la impunidad.

En pleno siglo XXI, al interior de la sociedad mexicana siguen vigentes muchos prejuicios y la discriminación contra las mujeres de nuestro país. Peor aun, carecemos de un sistema de justicia que efectivamente responda a las necesidades de los ciudadanos. El llamado caso de los Porkys es fruto de la impunidad y la prepotencia que impera en gran parte del territorio nacional.

En nuestro país hay muchas mujeres que carecen de la garantía de que se cumplan las leyes, del respeto a sus derechos humanos y la sensibilidad por parte de los gobiernos y el gobierno federal.

Hoy, mientras que la familia de Daphne exige justicia, hay jueces para los que ciertos criterios son tocamientos sin el consentimiento de una menor y ellos dicen que eso no significa lascividad.

Desde luego, Acción Nacional considera que todo procedimiento penal debe observarse escrupulosamente la presunción de inocencia y este caso no debe ser la excepción, pero ello no implica que las resoluciones emitidas no puedan ser objeto de escrutinio público.

En ese sentido, vemos con buenos ojos que el Consejo de la Judicatura Federal haya resuelto suspender al titular del Juzgado Tercero de Distrito de Veracruz, Anuar González Hemadi, e iniciar un procedimiento de investigación administrativa en relación a su actuar como juzgador. Pero hay que aclarar que esta acción nos parece correcta no como un castigo al juez que llevó el caso de Diego Cruz, sino como una manera de dar certeza y despejar dudas sobre su manera de actuar.

Por ello, nos parece pertinente que además de analizar la sentencia favorable a Diego Cruz, el consejo aproveche para determinar si el juzgador incurrió en otras presuntas irregularidades en el ejercicio de su desempeño.

Diputadas y diputados, a casi dos años de que se presentó la denuncia por violación en caso de cuatro jóvenes veracruzanos conocidos como los Porkys, la víctima y sus familias, y muchos mexicanos, no vislumbramos justicia.

En el PAN celebramos que mujeres tan valientes como Daphne y muchas otras mexicanas, alcen la voz y denuncien, pero hay que decirlo claramente con precisión y puntualidad: hoy no sólo el padre de la víctima está indignado ni sólo la sociedad veracruzana, sino todos los mexicanos estamos tristes y aberrantemente indignados por los atropellos que el sistema de procuración de justicia ha demostrado ser ineficiente y corrupto, ese mismo que genera que muchas víctimas de violación y de cualquier otro derecho humano fundamental, prefieran mantenerse en silencio antes que denunciar los atropellos.

En el PAN esperamos que la investigación por parte de la Judicatura Federal pueda aclarar si estamos o no ante un caso de tráfico de influencias, impunidad, ineficiencia y corrupción.

Por nuestra parte estaremos muy pendientes de ese asunto y de otros en materia de impartición de justicia, y nos sumamos y pedimos votos para que con apego irrestricto a la ley, esta víctima pueda ver justicia en su caso, en su denuncia hecha ya hace más de dos años.

Sabemos que el caso de Daphne y los Porkys, es un eslabón más en la larga cadena de fallas injustificables en el sistema de procuración y de impartición de justicia mexicano, al que nos toca prestar atención como legisladores.

A partir de la reforma en materia de derechos humanos en 2011, todas las autoridades están obligadas a aplicar los tratados internacionales en la materia, incluidos, por supuesto, los jueces.

Hacemos un llamado enérgico a que esta instancia judicial correspondiente eche abajo la aberrante sentencia para garantizar el acceso a la justicia y a un debido proceso para Daphne, su familia y la sociedad en la que todos estamos inmersos. Ni una víctima más del sistema judicial mexicano.

Debemos redoblar esfuerzos para que la justicia en México y en cada entidad federativa de este país, ya no ceda ante la costumbre de impunidad. Es cuanto. Por su atención, muchas gracias.

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Gracias, diputada Kathia Bolio.

Saludamos la presencia en este salón de sesiones de la arquitecta Aura Saldaña, alcaldesa del municipio de Sabana de la Mar y presidenta de la Unión de Mujeres Municipalistas Dominicanas, de República Dominicana, así como a la licenciada Karolin Reyes, gerente técnica de la Federación Dominicana de Distritos Municipales que hoy están con nosotros en este salón de plenos, invitados por el diputado David Sánchez Isidoro. Sean ustedes bienvenidas. Muchas gracias.

Para fijar la postura del Grupo Parlamentario del Revolucionario Institucional, tiene el uso de la palabra por cinco minutos, la diputada Laura Plascencia Pacheco.

La diputada Laura Nereida Plascencia Pacheco:Gracias, presidenta. Compañeras, compañeros, y a los medios de comunicación. Durante mi intervención habrán de ser violadas en México cinco mujeres o cinco niñas; el día de hoy cuando cada uno y cada una de nosotros regrese a sus hogares, por la noche habrán de ser violadas más de mil 600 mujeres en nuestro país a lo largo y ancho de todo el territorio nacional.

Cada año, 600 mil mujeres y niñas son víctimas de abuso sexual y de violación. La mayoría de los casos terminan siendo impunes en todo el país. De estos casos la mayoría se dan en el ámbito familiar en el centro de la familia y los demás ocurren en espacios públicos, es decir, el 40 por ciento.

Cuántas veces no hemos escuchado: qué hacía la joven a tales horas en la noche, en la calle, cómo estaba vestida, incluso juicios de valor en contra de muchas de las víctimas.

México desde el año 2011, con la reforma constitucional al marco jurídico mexicano, da el mismo rango, el rango constitucional, a las diferentes convenciones y declaraciones que México ha firmado y ha ratificado. En ese sentido la Convención CEDAW y la Convención Belém do Pará mencionadas hace unos momentos.

De parte del Grupo Parlamentario del PRI, queda de manifiesto nuestra inconformidad con la sentencia al juicio de amparo 159/2017, donde el Juez Tercero de Distrito del estado de Veracruz señala que el imputado no quedó fehacientemente comprobado, por lo que le otorgó el recurso precisamente, en contra de la formal prisión que se dictó el pasado 23 de enero por este mismo delito.

En la investigación ministerial hay muchísimos datos que dan muestra precisamente del abuso que sufrió nuestra querida joven Daphne.

A esta joven la subieron a la fuerza a un vehículo, durante el trayecto a la citada residencia la manosearon, le tocaron los senos, le bajaron la falda, bueno, le bajaron, metieron la mano en la falda, introdujeron sus dedos en su vagina, mientras que ella les decía que no lo quería, que pararan, que ella no pedía eso. Ellos simplemente lo seguían haciendo y se seguían burlando. Llegaron a la residencia en cuestión, la metieron a la fuerza al baño, le bajaron la falda, los calzones, las pantaletas, y uno de ellos precisamente cometió la violación.

Queda de manifiesto en la misma investigación ministerial un peritaje psicológico, donde una perita oficial deja de manifiesto que la alteración emocional que sufre la víctima es consecuencia de los hechos que refiere y que dichas afectaciones corporales y emocionales son acordes a los hechos que Daphne denunció en esta investigación y en esta carpeta de investigación.

Sin embargo, el juez Anuar González menciona que dicha carpeta de investigación y que dichas pruebas realmente no demuestran fehacientemente que lo haya hecho con la intención de copular o con una intención lasciva de satisfacer un deseo sexual. Cosa que realmente nos sorprende, ya que en la misma sentencia de juicio de amparo él maneja o deja de manifiesto que un roce o frotamiento incidental no serían considerados como actos sexuales de no presentarse el elemento intencional de satisfacer el deseo a costa de la víctima.

Esto, señoras y señores diputados, muestra o deja un procedente negativo en la impartición de justicia, abre la puerta para que miles de niñas y miles de mujeres sean nuevamente víctimas de violencia sin que la justicia llegue a cada una de ellas.

Cabe destacar que en el texto en cuestión el citado juez en ningún momento hace mención de las circunstancias concomitantes del citado delito. Asimismo, el mismo juez encuentra insuficientemente las pruebas, bueno, insuficiencia en las pruebas, y que no se acredita el primer y último de los elementos del ilícito de pederastia, de acuerdo con el artículo 182 del Código Penal de Veracruz.

Y él menciona que no quedó manifiesto en un primer momento la intención lasciva en la conducta y que la víctima se encontrara en un estado de sin defensa y vulnerable. Una menor de 17 años, que a todas luces fue víctima de este grave delito.

Por esto y por lo anterior, el Grupo Parlamentario del PRI le pide a la Suprema Corte de Justicia, en un primer lugar, que resuelva la procedencia del citado juicio de amparo que hemos mencionado aquí, 159/2017, y que también considerándolo un asunto de gran trascendencia y de gran importancia a nivel nacional, le pedimos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que de acuerdo con su tesis de jurisprudencia, la 272008, haga uso de su facultad de atracción y que traiga y resuelva el caso de Daphne como un medio excepcional de control de la legalidad, para que pueda atraer este asunto, que aunque en un principio no fue de su competencia, pueda darnos la certeza jurídica y que la justicia llegue a la víctima.

Asimismo, le pedimos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que haga uso también de un mayor esfuerzo para capacitar en perspectiva de género a todo el personal del Poder Judicial de la Federación y que se aplique realmente el protocolo que tiene ya muchísimos años en vigencia y aprobado por el pleno de la Suprema Corte de Justicia, que es juzgar con perspectiva de género.

Para Daphne y para todas las víctimas de violencia sexual en nuestro país exigimos, desde esta Cámara de Diputadas y Diputados, justicia y sobre todo, sobre todo justicia para cada una de ellas. Muchísimas gracias.

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Gracias, diputada Laura Plascencia.

El siguiente punto del orden del día es el relativo a la presentación de iniciativas. Tiene la palabra por cinco minutos el diputado Pablo Elizondo García, del Grupo Parlamentario del PRI... Sonido, por favor, en la curul de la diputada Rocío Nahle.

La diputada Norma Rocío Nahle García(desde la curul): Presidenta, para pedirle por favor que esta soberanía respete el orden del día que se acordó en la Junta de Coordinación Política.

En la Junta de Coordinación Política se acordó que después de esta discusión vendría el tema de Odebrecht. Me dicen que el PRI no quiere, a mí no me interesa que no quiera el PRI. El orden se acordó en una mesa con los ocho coordinadores y debemos tener seriedad, debemos tener palabra en lo que se acuerda en la Junta de Coordinación Política.

Ya se les hizo costumbre venir aquí y cambiar a su contentillo. Le pido que antes de los dictámenes a discusión entremos con el punto de Odebrecht, que ya está consensuado en la Junta de Coordinación Política y que se aprobó por unanimidad en la Comisión de Transparencia y Anticorrupción. Gracias.

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Diputada, en el orden del día que remitió la Junta, el asunto de Odebrecht viene en el punto que le corresponde, que usted conoce y que hoy simplemente comenta. No podemos modificar el orden previsto, en principio, salvo acuerdo de la misma comisión.

El diputado Agustín Francisco de Asís Basave Benítez(desde la curul): Presidenta

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Ha estado solicitando la palabra el diputado Basave. Sonido, por favor, en la curul del diputado Basave.

El diputado Agustín Francisco de Asís Basave Benítez (desde la curul): Presidenta, para apoyar la petición de la diputada Nahle, en el sentido de que el punto de acuerdo sobre Odebrecht se vea antes.

El pleno tiene la facultad para tomar la decisión que quiera, en caso de que sea necesario. Pero, además, es un tema de vital importancia para México, es un tema que toca el cáncer de este país, que es la corrupción y no podemos dejarlo al final, porque la intención de hacerlo es muy clara, es que ya no haya muchos diputados, es que ya no haya la atención de los medios y es que se vaya diluyendo el tema. Eso es lo que creo no podemos permitir. Gracias.

El diputado César Octavio Camacho Quiroz(desde la curul): Presidenta.

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Sonido, por favor, en la curul del coordinador Camacho.

El diputado César Octavio Camacho Quiroz (desde la curul): Gracias, presidenta. El orden del día fue aprobado en el inicio de esta sesión, de modo que nosotros queremos, en aras de mantener el orden y acatar nuestra propia decisión, desahogar todos los asuntos como se han programado.

Este fue efectivamente un documento enviado por la Junta de Coordinación Política, en estos términos y estamos igualmente interesados en discutir ese y cuantos asuntos estén sometidos a la consideración de esta soberanía y, efectivamente, no debe haber espacio para el capricho de nadie. Atengámonos al orden del día aprobado por esta soberanía.

El diputado José de Jesús Zambrano Grijalva(desde la curul): Presidenta.

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Sonido, por favor, en la curul del diputado Jesús Zambrano.

El diputado José de Jesús Zambrano Grijalva (desde la curul): Gracias, presidenta. No, desde luego, debiéramos ser nosotros los que metamos un desorden en las discusiones y en las decisiones que vamos abordando, soy el primero en defender esa idea. Pero al mismo tiempo también no podemos ignorar la necesidad de que abordemos los grandes temas de interés nacional y en este caso hasta de trascendencia internacional, como el caso Odebrecht, y que en todo caso si hemos de atender lo que plantea el diputado Camacho sin desatender lo que plantea la diputada Nahle, yo diría, si no estamos con el quórum que se requiere para tomar decisiones de este calibre el día de hoy, que quede agendado en todo caso para primera hora de mañana y que lo abordemos de manera tal que permita que haya el posicionamiento de los distintos grupos parlamentarios al respecto.

Yo no sé si en esto coincidiera la diputada Nahle, pero bueno, yo plantearía esta como una vía de salida concertada.

La diputada Norma Rocío Nahle García(desde la curul): Presidenta.

El diputado César Octavio Camacho Quiroz(desde la curul): Presidenta.

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Sonido en la curul de la diputada Nahle y después en la curul del diputado César Camacho.

La diputada Norma Rocío Nahle García (desde la curul): Presidenta, no es ningún capricho, diputado Camacho. De acuerdo al Reglamento, el artículo 59, fracción III, dice que tendrán prioridad aquellos asuntos que impliquen un mayor interés público y los que por término constitucional, legal o reglamentario requieran discusión, votación.

Y el artículo 62 dice que primero van los dictámenes y después las iniciativas, es con base en ello, pero sobre todo, porque el lunes se habló en la Junta de Coordinación Política de ir en este tema.

Yo no estoy de acuerdo en que lo dejemos para mañana, la preocupación de que vaya ahorita es para que, efectivamente, haya quórum y se vote. Si él garantiza, que es el que tiene la mayoría aquí de los diputados, que va a estar su votación o sus diputados al final de la jornada a las tres, cuatro de la tarde, pues no habría problema, el problema es que muchos de ellos se retiran del pleno y sí hay una necesidad de votarlo hoy. Es por eso, senador, diputado Camacho.

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Sonido, por favor, en la curul del diputado Camacho.

El diputado César Octavio Camacho Quiroz(desde la curul): Gracias, presidenta. La fracción del PRI no acepta ninguna imputación, sobre todo si no tiene ningún fundamento. El orden del día, efectivamente, fue pactado en la Junta de Coordinación Política y es exactamente el que se está desahogando.

La Mesa Directiva, así lo advierto, de la sola lectura del orden del día solo procesó lo que la Junta de Coordinación Política decidió. Por eso no podemos admitir que somos nosotros quienes quieren o no discutir este tema. Por supuesto que lo vamos a discutir y por supuesto que lo vamos a votar.

Atengámonos al orden del día y evitemos los prejuicios de si va a ser hoy o mañana. Démosle paso al desahogo del orden del día aprobado por esta soberanía al principio y hagamos votos porque lleguemos hoy.

Nosotros no tenemos interés subrayado porque sea hoy o porque sea mañana. Irremediablemente vamos a llegar a ese punto, vamos a participar en el debate y vamos a votar.

El diputado Federico Döring Casar(desde la curul): Presidenta.

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Sonido, por favor, en la curul del diputado Döring.

El diputado Federico Döring Casar (desde la curul): Presidenta, yo quisiera que dejara claro cuál fue el espíritu del acuerdo de la Junta de Coordinación Política, más allá de juicios de valor. El acuerdo político es que se iban a dar las garantías necesarias para que este dictamen, derivado del punto de acuerdo sobre la petrolera Odebrecht, se pudiera conocer el día de hoy.

Nosotros no tenemos ningún inconveniente en que se adelante este dictamen para esta etapa procesal. Si así lo decide el pleno, si se consulta a la asamblea, la asamblea hace suya la petición de la diputada Nahle. Nosotros no tenemos ningún problema en acompañarla. Si no la obsequia la asamblea, pues ni modo, tendremos que esperar al final de la sesión el día de hoy pero no tenemos problema en acompañar la petición de la diputada Nahle y en cumplir el acuerdo de que se dieran garantías expresas de que el día de hoy se discutiera este tema y este dictamen.

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Para no detener el transcurso de la sesión quisiera pedir el que se transcurra la primera ronda de presentación de iniciativas en lo que hacemos las consultas correspondientes. Todavía estaríamos en tiempo de abordar oportunamente el tema y avanzamos y no detenemos la sesión.

Si les parece bien continuamos.

INICIATIVAS DE DIPUTADAS Y DIPUTADOS

CÓDIGO PENAL FEDERAL Y CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Tiene el uso de la palabra, por cinco minutos, el diputado Pablo Elizondo García, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 260 y 61 del Código Penal Federal, y 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

El diputado Pablo Elizondo García:Gracias. Con el permiso de la Presidencia. Compañeros legisladores, vamos a tocar un tema que veníamos tocando también hace un momento, es algo similar. Me encuentro hoy ante ustedes en esta, la máxima tribuna del país, para presentar una iniciativa muy noble. Y la llamo así porque el tema que trata es en suma delicado y lastimoso para todas las familias de cualquier nivel social y económico.

Así es, compañeros, me refiero al abuso sexual infantil, a esta deplorable práctica que causa tantos estragos en los menores que son víctimas de él y que, desgraciadamente, coarta su libre desarrollo de la personalidad y el normal desarrollo psicosexual.

Este problema tan serio que es definido de manera muy clara por el Acta para la Prevención y el Tratamiento del Maltrato Infantil, que se usa en el ámbito federal de Estados Unidos, como la utilización, la persuasión, la inducción, la seducción o la coerción de un niño o una niña para realizar o participar de cualquier tipo de conducta sexual implícita o la simulación de dicha conducta, incluida la ayuda a otra persona para el mismo fin.

Con ello podemos darnos cuenta de que el abuso sexual es una conducta muy compleja que lleva a cabo todo un entramado y preparación por parte de los abusadores, ya que estos suelen usar tácticas persuasivas y manipuladoras para el engaño de los niños o de los menores.

Algunas de estas actividades suelen ser, por ejemplo, comprarles regalos u organizar actividades especiales, en donde los niños se sienten cómodos y con ello confundir a las víctimas para que estas no comenten lo que está pasando, ya sea por miedo o por culpa.

Como bien sabemos, el delito de abuso sexual es un delito de realización oculta; por ello, un gran número de ocasiones esta conducta pasa a formar parte de las cifras negras de delitos en nuestro país.

Asimismo, es necesario mencionarles que la UNICEF, dentro de las estadísticas informa que entre un 55 y un 62 por ciento de niñas y niños dicen haber sufrido alguna forma de maltrato, ya sea físico, emocional o sexual en algún momento de su vida.

Por todo esto, compañeros legisladores, es necesario que visualicemos el abuso sexual infantil como una de las formas más graves de violencia contra la infancia y que conlleva a efectos devastadores en la vida de niñas y niños que lo padecen.

No podemos ser omisos ante tan grave situación. El abuso sexual infantil es una realidad en nuestro país y afecta a un gran número de familias, independientemente de su condición social o de su capacidad económica. Las niñas y los niños son uno de los grupos vulnerables a los cuales tenemos, como legisladores, la obligación de proteger.

Por todas estas razones, diputados y diputadas, es que presento esta iniciativa que tiene como objeto fundamental el fortalecer nuestro marco jurídico, con la finalidad de prevenir y proteger a las víctimas de abuso sexual infantil. En este sentido y buscando aprovechar el carácter punitivo del derecho penal para proteger a los derechos de los menores, se proponen principalmente las siguientes modificaciones:

1. Adicionar un último párrafo al artículo 260 del Código Penal Federal para prever que el delito de abuso sexual en personas menores de 15 años se persiga de oficio.

2. Reformar el artículo 261 del Código Penal Federal para agravar la pena a quien cometa el delito de abuso sexual en personas menores de 15 años, pasando de seis a 13, años a una de nueve a 13 años, esto siendo lógico con el principio de proporcionalidad de la pena.

Con estas reformas planteadas en la iniciativa que les presento, estoy convencido que aportaremos desde el ámbito legislativo herramientas objetivas que permitan la disminución de esta conducta tan lacerante para nuestras niñas y nuestros niños. Es cuanto, diputada presidenta. Muchas gracias, compañeros.

Presidencia de la diputada Gloria Himelda Félix Niebla

La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Gracias, diputado Elizondo García. Túrnese a la Comisión de Justicia, para dictamen.

LEY DE AEROPUERTOS Y DE LA LEY DE CAMINOS, PUENTES Y AUTOTRANSPORTE FEDERAL

La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Tiene la palabra, por cinco minutos, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Aeropuertos y de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, el diputado Alfredo Javier Rodríguez Dávila, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

El diputado Alfredo Javier Rodríguez Dávila:Con el permiso de la Mesa Directiva. El día de hoy vengo a esta tribuna a presentar una iniciativa de reforma a la Ley de Aeropuertos y a la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal. Esta iniciativa que presento el día de hoy creo que tiene mucho que ver con la transformación que ha tenido el sistema político en México.

La corrupción es el flagelo más grande para la sociedad, sin duda, en nuestro sistema político. La creación de pleitesías y embajadores políticos a lo largo de la historia de nuestro país ha sido constante y la política ha ido transformándose.

Los ciudadanos hoy en día ya no se quedan callados. No aceptan que los políticos hacen lo que les dé la gana. Hoy los políticos modernos y los partidos políticos que van a la vanguardia tienen que poner en el centro del debate al ciudadano, y una de las principales prácticas que tenemos hoy en día que se han generado a lo largo de muchos años de favores políticos electorales es el servicio de taxis desde y hacia los aeropuertos.

Es increíble, inconcebible e inexplicable a los ciudadanos que nosotros representamos, que un taxi en la ciudad de Cancún te cobre 700 pesos por llevar a una sola persona en un tramo de 15 minutos; en un viaje en la Ciudad de México aquí a la Cámara te cobran 200 pesos, y las nuevas modalidades que han salido a brindar este servicio te puedan cobrar 200 pesos en el caso de Cancún y 60 o 70 pesos aquí en la Ciudad de México.

Quiero hacer la aclaración que no estoy en contra de los empresarios, no estoy en contra de las personas que honradamente llevan y manejan el taxi para ganarse el pan de cada día. Estoy en contra de que la autoridad ha tenido y permitido de una forma laxa e irresponsable el abuso de unos cuantos que se enriquecen con el dinero de muchos y voy a poner el siguiente ejemplo: hoy en día en los aeropuertos de todo el país, quien autoriza de forma facta y real, son los aeropuertos si puede haber más taxistas o no puede haber más taxistas, cuando debería ser la autoridad quien autorice si se puede haber más competencia o no más competencia.

La joya de la corona en nuestro país es la siguiente: hoy en día los taxistas de todos los aeropuertos tienen una demanda asegurada por la autoridad que a final de cuentas les autoriza o no les autoriza sus tarifas.

¿Pero saben cómo se fijan las tarifas en todos los aeropuertos del país, saben cómo se fijan? Simple y llanamente los mismos taxistas que prestan el servicio le informan a la autoridad lo que van a cobrar y ya es prácticamente un hecho que cobren lo que quieren y lo incrementen cada vez que quieren porque solamente dan vista a la autoridad.

Por eso tenemos esos precios y no hay discurso que valga, y que le podamos decir a un ciudadano inteligente que levanta la voz el día de hoy, que le digamos "nosotros como autoridad vamos a autorizar que solamente participen las personas a prestar este servicio y vas a tener un servicio tres veces más caro". Muchas veces vas a tener que esperar 30 minutos porque nadie puede ir a recogerte, y hoy en día existen más de 10 millones de usuarios, ciudadanos, que ya utilizan estas nuevas aplicaciones tecnológicas para dar el servicio.

Nosotros lo que queremos lograr aquí es algo muy sencillo, y como les digo, no vamos en contra de los empresarios. La autoridad tiene que poner orden y si no lo hace la autoridad, tenemos que ponerlo nosotros aquí en este Congreso, pero no podemos ser cómplices de estas prácticas monopólicas y que van totalmente en contra de la competitividad.

En el 2015 la Cofece ya dijo "tienes que regular y abrir el mercado porque no se puede seguir haciendo lo mismo". Y en el 2006 la Cofece desesperada, nos mandó un informe al Congreso "señores hagan algo a este respecto pues la autoridad no lo está haciendo".

Lo que nosotros queremos es también desregular, bajar las cargas y las condiciones que tienen los grupos aeroportuarios sobre las actuales prestaciones de servicio. ¿Qué quiere decir? Las cargas de los taxis del aeropuerto son excesivas. Hoy en día tienen que pagar un derecho de cinco mil pesos a la autoridad y 30 o 40 o 50 pesos por boleto de cada viaje que llevan a cabo, a los grupos aeroportuarios. Esos grupos aeroportuarios que tienen una utilidad de 37, un 40 por ciento anual, que es enorme comparado con cualquier otro grupo aeroportuario en el mundo.

Señores, queremos crear en la figura, la ley, para que las empresas basadas en plataformas informáticas tengan un marco legal adecuado y con la menor regulación posible; y en el fondo hacer que exista una mayor competencia en el mercado que hoy es un monopolio, tenga mejores prácticas y mejores servicios para los ciudadanos que nosotros representamos.

El día de hoy Acción Nacional, y estoy seguro que muchos diputados de esta Legislatura, nos ponemos del lado de los ciudadanos; los ciudadanos quieren un mejor servicio a un menor costo. Invito a todos los diputados de esta Legislatura a que hagamos lo mismo. Votemos y legislemos en favor de la ciudadanía y no a favor de pequeños grupos que históricamente se han enriquecido por tener reglas laxas y más cómodas y teniendo un mercado totalmente distorsionado. Por su atención, muchas gracias.

Presidencia de la diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Gracias, diputado Rodríguez Dávila. Túrnese a la Comisión de Transportes, para dictamen.

La diputada Claudia Sánchez Juárez (desde la curul): Presidenta.

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Sonido por favor en la curul de la diputada Claudia Sánchez. Donde esté la diputada Claudia Sánchez, porque no es su curul.

La diputada Claudia Sánchez Juárez (desde la curul): Sí, diputada presidenta, felicitar la iniciativa de mi compañero, que acaba de presentar su iniciativa, Alfredo Rodríguez, y decirle al diputado que me permita suscribirla, ya que hemos visto una y otra vez el descaro que hay en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y de la gran opacidad, y de los grandes negocios que se hacen en esa Secretaría, y que nada pasa en este país, porque es de los amigos del presidente. Muchísimas gracias.

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Diputado Alfredo Ramírez Dávila, ¿está de acuerdo en que suscriban su iniciativa? No lo veo.

El diputado Alfredo Javier Rodríguez Dávila(desde la curul): Sí, adelante.

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Da su conformidad. Diputada estaría aquí en Mesa Directiva para que la suscriba, también.

El diputado Salvador Zamora Zamora (desde la curul): Presidenta.

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Sonido por favor, en la curul del diputado Salvador Zamora Zamora.

El diputado Salvador Zamora Zamora (desde la curul): Gracias, presidenta. También para felicitar al compañero diputado Alfredo por esta iniciativa, y de la misma forma que mi compañera que me antecedió en el uso de la voz, pedirle al promovente de la iniciativa, me permita suscribir la misma y sumarme a ella. Gracias, diputada presidenta.

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Ha dado su conformidad. Está aquí en Mesa Directiva, diputado Zamora, para que usted la suscriba.

El diputado Elías Octavio Iñiguez Mejía(desde la curul): Presidenta.

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Sonido, por favor, en la curul del diputado Elías Íñiguez.

El diputado Elías Octavio Iñiguez Mejía (desde la curul): Gracias, presidenta, de la misma forma felicitar a mi presidente de la Comisión de Transportes, al diputado Alfredo, felicitarlo, sumarme y decirle que en la comisión, todos los grupos parlamentarios hemos trabajado en esa Comisión de Transportes, y hoy nuestro presidente pone muy en alto esta comisión. Muchas gracias.

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Gracias diputado Íñiguez.

El diputado Daniel Torres Cantú(desde la curul): Presidenta.

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Sonido en la curul del diputado Daniel Torres.

El diputado Daniel Torres Cantú (desde la curul): Gracias, en el mismo sentido, además de felicitar a mi compañero Alfredo, solicitarle poder suscribirme a esta iniciativa. Como bien comentaba, absurdo es que cueste en muchos casos más caro el taxi que el boleto de avión. Creo que tenemos que hacer algo, es el momento. Y lo felicito, y me suscribo.

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Gracias. Está aquí en la Secretaría de esta Mesa Directiva, diputado Torres. Túrnese la iniciativa a la Comisión de Justicia, para Dictamen.

LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Tiene la palabra por cinco minutos la diputada Erika Irazema Briones Pérez, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 22 y 23 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

La diputada Erika Irazema Briones Pérez:Gracias. Con su permiso, diputada presidenta. Buenas tardes, compañeros diputados. En esta ocasión hago mención de dos iniciativas en un mismo tiempo, y una va dirigida obviamente al tema de alerta de género y adultos mayores.

Son innumerables las veces que se han hablado en esta tribuna de la violencia de género; sin embargo, son de igual manera incontables los casos que, derivados de la impunidad, misoginia, perspectiva de género y el papel responsable del Estado, conllevan a la forma de violencia extrema contra las mujeres que es el feminicidio.

En nuestro marco legal vigente se cuenta con un mecanismo que consiste en acciones gubernamentales de emergencia en un territorio determinado, lo que conocemos como alerta de género. En este tenor se ha puesto en discusión de esta asamblea las formas de solicitarla, la temporalidad en que se deben emitir, pero jamás hemos buscado replantearla.

Es necesario hacer de este un mecanismo más robusto y entendible a la hora de ser aplicable, para que no genere contradicciones entre las autoridades y dé lugar a omisión. Debemos enfatizar en los objetivos de la alerta para que sea efectiva y erradique la violencia en contra de nosotras las mujeres.

De acuerdo al Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, desde que se decretó la alerta de género en 11 municipios del Estado de México la violencia feminicida no ha cesado o presentado disminuciones que signifiquen una implementación correcta, por el contrario, en esta entidad ha habido incremento considerable. Pero, de igual manera, en otros estados donde se decretó no se han conseguido avances que nos hagan sentirnos seguras y libres de todo tipo de violencia.

Por eso presento esta propuesta para modificar de manera sustancial el mecanismo de alerta de género con el objetivo de ampliar acciones y funciones, así como redefinir que sea declarada no únicamente cuando existen casos de feminicidio, mientras haya agresiones constantes contra las mujeres se pueda emitir esta Alerta de Género.

Debemos entender algo: la Alerta de Género no es un hecho mediático, no es un arma política como han intentado definirla algunos mandatarios estatales o municipales; la violencia contra las mujeres es constante, es cotidiana y debe de atenderse. No podemos encerrarnos en la soberbia, cegarnos por el orgullo político mientras más mujeres pagan con su vida la omisión de las autoridades.

Poco aprendimos de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 2009, aún no asimilamos como Estado la manera de actuar de manera contundente para erradicar la violencia contra las mujeres. Espero, y sé que contaré con el apoyo de los diputados y diputadas comprometidas con un país donde la igualdad y la perspectiva de género aporten las condiciones donde las mujeres podamos disfrutar plenamente de nuestros derechos.

Por otro lado, la agenda legislativa de una servidora tiene un compromiso especial con las personas adultas mayores. Hace una semana, en la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables se aprobó una iniciativa con propuesta que pretende para que dentro de una Ley de Derechos de las Personas Adultas Mayores se incluya la obligación de las familias y se establezca un precedente para que por ninguna circunstancia un adulto mayor sea abandonado.

La errónea visión de las personas adultas mayores en nuestro contexto social ha generado que no solamente sean excluidas del ámbito laboral o económico, sino también de entornos sociales e inclusive familiares. Debemos de plantear nuevos paradigmas para la protección de las personas adultas mayores. Debemos de iniciar una campaña de acciones por parte del Estado, donde conjuguemos los Poderes de la Unión, así como los niveles de gobierno, para revalorizar este sector.

Es decepcionante y muy preocupante ver en total abandono a un adulto mayor. Lo más triste es la resignación. El trabajo de campo que desarrollo en mi distrito me ha demostrado la oportunidad de convivir con muchos de ellos y de platicar y escuchar historias, atender sus carencias y canalizar sus preocupaciones.

Podríamos poner los nombres de todas aquellas personas adultas mayores que han sido víctimas de abandono en la exposición de motivos de esta iniciativa, porque son ellos quienes me han pedido acciones para poder protegerlos. Esta es una de ellas y está pensada de manera coherente, en acorde a los protocolos legales correspondientes.

El abandono de personas en condiciones de vulnerabilidad es un delito. El adulto mayor es una persona al que se le deben respetar sus derechos. No solo eso, se debe generar condiciones para la igualdad, su completa inclusión y que se mejore su calidad de vida.

Sé que contaré con el apoyo de los compañeros diputados y diputadas a hacer una iniciativa tan noble, que toca fibras muy sensibles en nuestra sociedad. Espero que así sea y que no abandonen a quien ve en nosotros una esperanza de cambio, una esperanza para mejorar este país. Es cuanto, diputada presidenta.

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Gracias, diputada Erika Briones Pérez. Túrnese a la Comisión de Igualdad de Género, para dictamen.

CÓDIGO PENAL FEDERAL

La diputada Erika Irazema Briones Pérez:

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen.

Asimismo, esta Presidencia ratifica el turno dictado a la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Aeropuertos y de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, del diputado Alfredo Javier Rodríguez Dávila, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, túrnese a la Comisión de Transportes, para dictamen.

La diputada Eva Florinda Cruz Molina(desde la curul): Presidenta.

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Sonido, por favor, en la curul de la diputada Eva Cruz.

La diputada Eva Florinda Cruz Molina (desde la curul): Gracias, diputada presidenta, a nombre del Grupo Parlamentario del PRD, todas las mujeres aquí presentes nos unimos, ahora sí le pedimos a nuestra compañera Erika, ahora sí nos unimos a su iniciativa, en las dos iniciativas que presentó, porque son ahora sí iniciativas a las cuales todas las mujeres tenemos ahora sí que unirnos, porque va a adultos mayores y la mujer también, ahora sí para lo de la violencia entre las mujeres. Entonces, nos unimos el PRD, todas, y pedimos a las demás compañeras que nos unamos a estas iniciativas. Gracias, presidenta.

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: La diputada Briones Pérez da su consentimiento para que se adhieran. Está aquí a su disposición en la Secretaría de esta Mesa Directiva.

La diputada María Luisa Beltrán Reyes(desde la curul): Presidenta.

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Sonido, por favor, en la curul de la diputada María Luisa Beltrán.

La diputada María Luisa Beltrán Reyes (desde la curul): Gracias, presidenta. Nada más para reafirmar el apoyo a estas iniciativas y, sobre todo, comentar que hay un punto de acuerdo en el que pido la alerta de género para el estado de Colima, una situación muy grave de las mujeres del estado de Colima. Gracias.

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Gracias, diputada Beltrán.

LEY DE PRODUCTOS ORGÁNICOS

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Tiene la palabra, por cinco minutos, el diputado Juan Manuel Celis Aguirre, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones a la Ley de Productos Orgánicos, suscrita por diputados integrantes de los Grupos Parlamentarios del Partido Verde Ecologista de México y del PRI.

El diputado Juan Manuel Celis Aguirre:Saludo cordialmente a nuestra compañera diputada presidenta, con la misma atención a mis compañeras diputadas y compañeros diputados, a los medios de comunicación presentes, en cumplimiento de su encomienda.

Una de las actividades económicas más importantes en México es la agricultura, en este sector se genera gran cantidad de empleos y se producen alimentos primarios para millones de mexicanos y para la población de otros países del mundo.

De acuerdo a la Secretaría de Agricultura, en el 2016 México se colocó como el doceavo productor de alimentos del mundo y el principal productor de productos agrícolas dentro del mercado de los Estados Unidos de Norteamérica.

Ante las expectativas del importante crecimiento de este sector se ha dado un vínculo importante para abrir paso a la agricultura orgánica con una alternativa alimentaria saludable y como una actividad de solución para satisfacer las necesidades de alimentos no solo para nuestro país sino también para el mundo.

Es muy importante reconocer que los sistemas de producción y procesamiento orgánicos permiten la conservación y mejoramiento de los recursos naturales, tales como el agua, suelo, aire y la biodiversidad, con apego a normas de producción específicas y precisas, cuya finalidad es lograr que ecosistemas agropecuarios óptimos que sean sostenibles desde el punto de vista social, ecológico y económico.

La producción orgánica también permite a los productores obtener mejores beneficios económicos y menores riesgos en su salud a quien los aplica y los consume.

Ante ello surge la necesidad de dirigir una política pública con la finalidad de revalorar los esfuerzos de los productores de orgánicos y generar condiciones sostenibles que contribuyan a mejorar el medio ambiente.

La agricultura orgánica en México debe ser una oportunidad para su fomento y crecimiento, ya que desde el punto de vista económico se estima que casi el 90 por ciento está orientada a la exportación, siendo los principales destinos los países de la Unión Europea, Estados Unidos de Norteamérica, Canadá y el mercado asiático.

Cabe destacar que tan solo el café orgánico de la región del istmo de Oaxaca procesa este grano en 56 comunidades, el cual se exporta a países como Francia, Alemania, Suecia y Austria. O el café orgánico que producen más de 400 campesinos en la Selva Lacandona de Chiapas y que se exporta a Estados Unidos de Norteamérica y a Canadá.

Esto significa que ha sido una alternativa de crecimiento para los grupos de campesinos indígenas, pero resulta también necesario ir orientado a la población interna del país para que sea consumidora de alimentos producidos bajo el sistema de producción orgánica.

Resulta alentador destacar que en México, en la agricultura orgánica, se encuentran involucrados 130 mil productores en todo el país, siendo las regiones con más producción de orgánicos los estados de Chiapas, Oaxaca, Michoacán, Chihuahua, Guerrero, Sinaloa, Baja California Sur, Colima, Veracruz y Puebla.

Para los diputados del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México resulta de gran interés que en la Ley de Productos Orgánicos se puedan impulsar programas de asistencia técnica y capacitación para la producción de alimentos orgánicos, que contribuyan a reorientar las prácticas agroalimentarias, hacerlas sustentables y, desde luego, apoyar económica y políticamente la producción de alimentos libres de sustancias dañinas al hombre y a los animales. Y contribuir a la soberanía y a la seguridad alimentaria de los sectores más desprotegidos. Muchas gracias.

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Gracias, diputado Celis Aguirre. Túrnese a la Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego, para dictamen.

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Tiene la palabra por cinco minutos el diputado Jesús Emiliano Álvarez López, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El diputado Jesús Emiliano Álvarez López:Con el permiso de la Presidencia. Hoy en día el Congreso detenta más y mejores mecanismos de control de poder. Así puede formular preguntas al Ejecutivo federal al obligar a comparecer a los secretarios de despacho para que informen la situación que guardan sus dependencias, así como hacerles preguntas e interpelaciones.

Uno de los mecanismos de control parlamentario que a nuestra consideración ha adquirido mayor relevancia en los últimos años, precisamente por su función primordial de fiscalización de la acción general de gobierno, lo constituye sin lugar a dudas la comparecencia de los secretarios de Estado ante los Poderes del Congreso de la Unión.

Esto está previsto en el artículo 93 de la Constitución mexicana, y precisamente este artículo establece que cualquiera de las Cámaras podrá convocar a los secretarios de Estado, al procurador General de la República, a los directores y administradores de las entidades paraestatales, así como a los titulares de los órganos autónomos para que respondan a interpelaciones o preguntas.

No obstante, y de acuerdo a los mismos términos del artículo 93, cuando en las sesiones de la Comisión Permanente surge una situación en la que se requiera la presencia de un secretario o titular de alguna de estas dependencias, esto se ha manejado en la práctica como una invitación a la que pueden acudir o no, o bien, los funcionarios pueden pedir que los legisladores acudan a las oficinas de la dependencia, o inclusive podría no llevarse a cabo ninguna reunión, ya que constitucionalmente no están obligados a acudir a la misma.

Asimismo, al señalar la especificación, cualquiera de las Cámaras, la interpretación que se ha dado, tanto en el Ejecutivo, como en las áreas de proceso parlamentario, es que solamente atenderán la convocatoria en caso de que el Congreso General se encuentre en periodo ordinario de sesiones y no en los recesos. En consecuencia, fuera de los periodos ordinarios, la Comisión Permanente no cuenta con un mecanismo ágil para requerir información a los funcionarios sobre sus acciones de gobierno.

El único mecanismo que se presenta regularmente son los puntos de acuerdo que se turnan a las comisiones, se filtran irregularmente, son asuntos sin ninguna trascendencia, terminan dejándose al final ya sin poder ser dictaminados aquellos que tienen que ver con responsabilidades administrativas, con corrupción o con rendición de cuentas.

Si bien la Comisión Permanente ha evolucionado y los legisladores tienen cada vez más posibilidades de incidir en la política nacional, esto aún no es suficiente. Esta evolución es producto del esfuerzo de los representantes populares para poder ejercer la función que les encomendaron sus votantes. Reconocemos que con estas nuevas herramientas de control parlamentario se moderniza la relación entre Poderes, abriendo la posibilidad de un régimen efectivo de rendición de cuentas del Ejecutivo ante el Congreso de la Unión.

Sin embargo, en nuestra respetuosa consideración, la fiscalización de la acción general del gobierno no puede ni debe estar sujeta solamente al tiempo en que se analiza el informe presidencial, ni únicamente cuando ambas Cámaras del Congreso de la Unión están en sesión, sino que control y fiscalización de la gestión de las actividades gubernamentales y administrativas que realiza el Ejecutivo, y por supuesto también a la de los órganos constitucionalmente autónomos, debe de ser constante y permanente.

La Comisión Permanente es el órgano del Poder Legislativo encargado de continuar las funciones de éste al lado de los otros dos Poderes durante los recesos de las Cámaras del Poder de la Unión. Luego entonces, si la Comisión Permanente reemplaza, continúa y complementa al Congreso, esta continuidad solo se da en las atribuciones que le encomienda la propia Constitución y como podemos advertir en el artículo 93 en ningún momento otorga la facultad a la Comisión Permanente para citar a comparecer a estos funcionarios de primer nivel de la administración federal como a los titulares de los órganos autónomos.

Es por ello que a través de la presente iniciativa busco equiparar a la Comisión Permanente como complemento de la que detentan ambas Cámaras del Congreso de la Unión. Se le dé una norma clara que le permita citar a comparecer ante su seno a los miembros del gabinete y a los titulares de los órganos autónomos para que informen o respondan preguntas o interpelaciones bajo protesta de decir verdad, cuando se estudie un negocio concerniente a sus respectivos ramos y actividades.

La consolidación democrática a los que todos los mexicanos aspiramos no podrá darse sin un Poder Legislativo fuerte y responsable, y este reto que nos demanda la sociedad no puede cumplirse sin que se fortalezca un órgano que ha probado con creces ser gran impulsor de la acción política mexicana, como es la Comisión Permanente. Es cuanto.

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Gracias, diputado Álvarez López. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

Sonido por favor en la curul del diputado Guillermo Rafael Santiago.

El diputado Guillermo Rafael Santiago Rodríguez (desde la curul): Presidenta, para solicitarle al diputado Emiliano si nos podemos suscribir a su iniciativa.

El diputado Jesús Emiliano Álvarez López (desde la curul). Con mucho gusto, presidenta.

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Hay disposición del diputado Emiliano Álvarez. Está aquí en Mesa Directiva para su suscripción la iniciativa.

LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Tiene la palabra por cinco minutos la diputada María Victoria Mercado Sánchez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Sobre la Renta en materia de contratación de migrantes repatriados.

La diputada María Victoria Mercado Sánchez:Con su venia, señora presidenta. Compañeras y compañeros diputados. Hoy en día, enfrentamos una situación crítica en relación a nuestros connacionales debido a las políticas antiinmigrantes propuestas por el presidente Donald Trump en contra de los migrantes que se ven en la necesidad de dejar su cultura, su nación, su hogar, pero principalmente la familia, siendo este el lazo más fuerte y el más difícil de abandonar para poder lograr el tan anhelado sueño americano que quieren alcanzar miles de migrantes que obtienen una estabilidad económica y un futuro más prometedor.

La idea de Donald Trump de construir un muro entre México y Estados Unidos es intolerante. Desde su ascenso al poder el flujo de migrantes se ha registrado con la tasa más baja en 15 años. El saldo migratorio presentó una cifra negativa récord de 140 mil salidas más que entradas.

En el año pasado se atendió la repatriación de 219 mil 932 connacionales, según cifras de la Secretaría de Gobernación. Este año se espera que exista una deportación masiva, siendo que el presidente de los Estados Unidos ha sido muy severo en las órdenes ejecutivas que ha emitido día con día, poniendo en riesgo a más de 11 millones de indocumentados que quedarán desprotegidos y a su vez perjudicarán a las familias dependientes de ellos económicamente.

Debemos de ser conscientes de los problemas que enfrentan nuestros connacionales en los Estados Unidos. Nuestras comunidades y familias se han visto beneficiadas por años con el envío de las remesas para el sustento de sus familias.

En los últimos años las remesas son consideradas como de las fuentes principales del país, el cual significa un ingreso superior a la venta del petróleo, lo que fue un gran alivio para nuestra economía.

Hoy desafortunadamente este flujo está en riesgo, pero lo más alarmante es el futuro incierto que tendrán todas aquellas familias que dependen netamente del ingreso de las remesas, y por si fuera poco, las consecuencias a las que están expuestos nuestros connacionales deportados.

Por ello el gobierno federal deberá garantizar con recursos públicos como privados, fortalecer la atención a todos aquellos que serán repatriados por las autoridades norteamericanas, y así compartir esta lucha que nos perjudica como nación, contando con la oportunidad de brindar un trabajo, estabilidad y desarrollo para nuestros connacionales.

Sin embargo es necesario, además de que se ejecuten políticas públicas relacionadas a atender a todos aquellos migrantes mexicanos, es necesario promover la contratación de este grupo vulnerable por parte de las empresas, ya que al llegar a su hogar tendrán dificultades de poder encontrar un lugar donde poder trabajar, además de que en su mayoría no tendrán el poder de acreditar su experiencia laboral, pero si cuentan con una forma de trabajar distinta a los sistemas de nuestra nación, siendo esta una gran oportunidad para que puedan aplicar sus conocimientos adquiridos que beneficiarán a las empresas para incrementar el índice de su industria y economía, desarrollando una mayor fuerza laboral.

Ante esta alarmante situación, lo que hoy propongo ante ustedes, compañeras y compañeros diputados, es adicionar un párrafo al artículo 186 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, para la creación de un estímulo fiscal que beneficie a todas aquellas empresas que contraten a migrantes repatriados, consistente en el equivalente al 20 por ciento del salario efectivamente pagado, considerando la totalidad del salario que sirva de base para calcular, en el ejercicio que corresponda, las retenciones del trabajador de que se trate, beneficiando tanto al patrón como al trabajador.

Por lo tanto, la materia de esta iniciativa es encaminada a incentivar la contratación de todos aquellos deportados mexicanos que cuenten con la experiencia para que puedan trabajar en territorio mexicano, además de poder proteger a miles de familias que dependen económicamente de ellos, que con su esfuerzo y sueño de obtener una vida mejor, se cumpla. Así logrando también el beneficio de las pequeñas, medianas y grandes empresas que forman parte de la economía de nuestro país.

En nuestra oportunidad de hacer lo correcto, es también de que en México se creen condiciones para que nuestros connacionales tengan un trabajo seguro y así fomentar una estabilidad para que puedan contar con un sustento para ellos y sus familias.

Su servidora es de un municipio, de Cuquío, cuya región se ha beneficiado de las remesas que mandan nuestros connacionales, así como en muchos otros municipios del distrito I, al que pertenezco.

Preocupada por nuestras familias y el futuro de nuestros connacionales, en Movimiento Ciudadano proponemos esta iniciativa para proteger la calidad de vida de todos ellos, cuestiones como ésta es hacer lo correcto. Es cuanto, diputada presidenta.

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Gracias diputada María Victoria Mercado. Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

LEY FEDERAL DEL TRABAJO

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Tiene la palabra, por cinco minutos, la diputada Angélica Reyes Ávila, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 170 de la Ley Federal del Trabajo.

La diputada Angélica Reyes Ávila:Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores, muy buenas tardes, les saludo con respeto.

La maternidad simboliza uno de los eventos más importantes de nuestra sociedad debido a que forma parte del ciclo de la vida de los seres humanos, y por ello ha cobrado especial importancia el que en esta etapa sea esencial contar con los cuidados, atención y protección que deberían recibir todas las mujeres durante el conocido ciclo de gestación y lactancia, haciendo aún más énfasis si dicha persona desempeña alguna labor económicamente remunerada, considerando el actual alto porcentaje de mujeres que desempeñan una actividad económica en nuestro país.

Nuestra Carta Magna establece que las mujeres trabajadoras tienen derecho a licencias de maternidad, prestaciones sociales y recesos para la lactancia, señalando también la protección a la maternidad, lo que implica que el Estado debe aportar las medidas necesarias para proteger a las mujeres en el desarrollo de su embarazo, garantizando sus derechos como seres humanos al crear condiciones adecuadas y libres de discriminación.

En función de ello, la iniciativa que pongo a su consideración está orientada a fortalecer el ejercicio de tales garantías en la Ley Federal del Trabajo. Debemos considerar que el periodo de gestación es un tiempo durante el cual pueden producirse alteraciones y dificultades que obligan a la mujer a seguir un control médico riguroso o aguardar reposo absoluto.

Las y los legisladores de Nueva Alianza, conscientes de esta problemática y coherentes con las necesidades sociales del país, consideramos que tanto el embarazo como la maternidad son periodos durante los cuales la salud de las mujeres es especialmente vulnerable.

Y, teniendo como propósito fundamental la protección de dichos periodos, creemos necesario modificar la ley antes citada para estipular que las madres trabajadoras tendrán, entre otros beneficios, el derecho a que a solicitud expresa, previa autorización escrita del médico de la institución de seguridad social que le corresponda o en su caso del servicio de salud que otorgue el patrón, en ambos casos tomando en cuenta el riesgo que pueda sufrir la madre trabajadora durante el periodo gestacional y en el postparto, así como el riesgo que pueda tener el producto de la concepción, además de considerar la opinión del patrón y la naturaleza del trabajo que desempeñe, transfiera hasta cuatro de las seis semanas de descanso previas al parto para después del mismo.

Con la certeza de que acompañarán este esfuerzo legislativo, agradezco su atención. Es cuanto, diputada presidenta.

Presidencia de la diputada Gloria Himelda Félix Niebla

La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Gracias, diputada Reyes Ávila. Se turna a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, para dictamen.

LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS

La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Tiene la palabra por cinco minutos el diputado Alfredo Ferreiro Velazco, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 5o. y 18 a la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y de los Municipios.

El diputado José Alfredo Ferreiro Velazco:Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados, en Encuentro Social surge la necesidad de conciliar la actividad política con los principios y valores éticos con fundamento del cambio democrático.

Por lo tanto, el día de hoy vengo a presentar una iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 5o. y 18 a la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y de los Municipios. Esto es en un contexto de rendición de cuentas y transparencia. Además de que la presente iniciativa recoge propuestas hechas por la Auditoría Superior de la Federación, a su Informe General de Cuenta Pública 2015, entregado en la Cámara de Diputados el pasado mes de febrero.

Esto tiene que ver con el ejercicio del gasto público de las entidades y de los ayuntamientos. Los ayuntamientos y las entidades ejercen su gasto en muchas ocasiones en forma no programada y no programática. En muchas ocasiones el gasto de las entidades no se ejerce de acuerdo a los presupuestos y esto viene a dañar un poco en el manejo financiero, sobre todo en la transición de un gobierno a otro. De hecho, esta iniciativa el objetivo central es ese, ordenar la transición de un gobierno a otro cuando vienen en manejo de los recursos.

En diferentes entidades de la República, los ayuntamientos se renuevan a veces en el mes de julio, otros en noviembre, en diferentes fechas y el ayuntamiento saliente, en muchas de las ocasiones, los recursos programados para el ejercicio y el pago de nómina, de luz, de gastos para el funcionamiento del ayuntamiento, del pago de impuestos, retenciones, lo ejerce antes de terminar el año y el presupuesto que se aprobó fue para un año, pero en la ley actual no viene homologado que el ejercicio del recurso sea anual.

Entonces, cuando viene la transición de gobierno, cuando un gobierno municipal le entrega a otro, entrega ya con saldos ya a veces hasta rojos de las partidas presupuestarias, que el ayuntamiento entrante no tiene recursos para pagar nómina, aguinaldo, gastos, gasolina y eso trae un quebranto económico al ayuntamiento, porque la política del ayuntamiento cuando entra cada gobierno, lo que ha venido sucediendo en los últimos años es que el gobierno entrante se tiene que endeudar, tiene que renegociar su deuda para cubrir los gastos que tiene a corto, mediano y largo plazo.

Eso ha sido una constante que ha habido en los últimos años y ahorita los ayuntamientos del país y los estados también del país traen deudas cuantiosas, que muchas de ellas son impagables, que representan más de dos, tres veces los ingresos que pudieran tener en sus administraciones. Y esta reforma viene a darle un poco de orden a esto, obligar a los ayuntamientos salientes que hagan las provisiones que se requieren para que el gasto del mes de noviembre o diciembre, o de los meses que siguen en la próxima administración, tengan los recursos para poder solventar los gastos que se requieren.

Después de esta medida, de este acuerdo que se pueda aprobar esta reforma, tendrá un capítulo de sanciones que es importante. Es importante también señalarlo para que esta reforma también la Auditoría Superior de la Federación lo pueda señalar y lo pueda también observar en las observaciones que se dan en las cuentas y gastos.

Pedirle a esta comisión que le va a tocar dictaminar, que es importante ponerle atención a este asunto, porque esto ha venido ocasionando problemas importantes y serios a los ayuntamientos entrantes que están fungiendo y que han generado mayor deuda para todos los ayuntamientos. Muchas gracias, señora presidenta.

La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Gracias, diputado Ferreiro Velazco. Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

DICTÁMENES A DISCUSIÓN DE LEY O DECRETO

REGLAMENTO DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS

La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: El siguiente punto del orden del día es la discusión de dos dictámenes de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias; el primero, con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones del Reglamento de la Cámara de Diputados, en materia de diplomacia parlamentaria, y un segundo, con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en consonancia con la reforma política de la Ciudad de México.

La Secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos: «Dictamen de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones del Reglamento de la Cámara de Diputados, en materia de diplomacia parlamentaria

Honorable Asamblea:

La Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, de esta Cámara de Diputados de la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 40, numerales 1 y 2; y 45, numeral 6, incisos e), f) y g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 80, numeral 1, fracción II; 157, numeral 1, fracción I y 158, numeral 1, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de este Pleno el presente dictamen al tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES

PRIMERO. Con fecha viernes 29 de abril de dos mil dieciséis, la diputada Martha Cristina Jiménez Márquez integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó ante el Pleno de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión de esta LXIII Legislatura, la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adicionan y reforman diversas disposiciones del Reglamento de la Cámara de Diputados, en materia de Diplomacia Parlamentaria.

SEGUNDO. Con esa misma fecha y mediante oficio No. D.G.P.L. 63-II-6-0913 la Mesa Directiva de esta Cámara de Diputados, turnó para su análisis y respectivo dictamen, la iniciativa en comento.

TERCERO. Mediante oficio No. CRRPP/313-LXIII de fecha martes 14 de junio de 2016 la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, envió copia de la Iniciativa turnada, a los Diputados integrantes de la Comisión, con el fin de que emitieran sus observaciones y comentarios a la misma.

CUARTO. A efecto de cumplir con lo dispuesto por el artículo 84 del Reglamento de la Cámara de Diputados, los integrantes de esta Comisión se reunieron el jueves 16 de junio de dos mil dieciséis, para dictaminar la Iniciativa señalada con anterioridad, con el fin de someterla a la consideración del Pleno, bajo los siguientes:

CONSIDERANDOS

PRIMERO. Que esta Comisión es competente para conocer y resolver respecto de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adicionan y reforman diversas disposiciones del Reglamento de la Cámara de Diputados en materia de diplomacia parlamentaria.

SEGUNDO. Que lo que se pretende con esta propuesta es contribuir al mejoramiento de la función de la Diplomacia Parlamentaria.

TERCERO. La Diputada autora de la Iniciativa que se dictamina, divide en varios rubros su exposición de motivos.

En el Apartado de introducción, manifiesta que el fenómeno de la globalización y el uso de las cada vez más eficientes nuevas tecnologías, han provocado que las relaciones internacionales entre los estados se direccionen rápidamente hacia nuevas fases de interacción, haciendo necesaria la revisión de los términos de intercambio en las que obligadamente se están desarrollando los diversos aspectos que repercuten en la vida nacional.

Que de esta manera tenemos, que el debate entre naciones se ha ampliado hacia nuevos horizontes y actores que cada vez comprenden con mayor claridad que ha crecido nuestra interacción mundial, que compartimos el mismo espacio físico, que los seres humanos tenemos los mismos derechos los cuales deben ser respetados en cualquier lugar del mundo y, por tanto, debemos generar acuerdos sustentables que preserven la paz y aumenten el bienestar de todas y todos.

Que habrá que referir que dentro de la dinámica de actuar de los gobiernos, las relaciones internacionales deben ser asumidas como una política de Estado, donde cada elemento del engranaje público, debe hacerse responsable de una parte de las actividades que por las condiciones normativas le corresponden, creándose una relación virtuosa y de complementariedad en los diferentes poderes y niveles de gobierno, de tal suerte que lo que menos debe ocurrir es que en aras de atraer mayores reflectores hacia el poder legislativo, se desdeñe el papel que la ley le otorga al Jefe o Jefa de Estado, en su labor de llevar a cabo la conducción de las relaciones internacionales de cualquier país.

Que por todo esto, habrá que acotar que los parlamentos no pueden quedar ajenos a este tipo de fenómenos, por lo que los estudiosos del poder legislativo, han incursionado en la introducción del concepto de diplomacia parlamentaria en el Poder Representativo a nivel mundial, hecho que ha traído aparejado una serie de circunstancias que pueden redundar en grandes beneficios si se enfocan de manera adecuada, porque de lo contrario, si no se toman las medidas necesarias para lograr una adecuada regulación, se estaría corriendo el riesgo de que los legisladores acudieran a las distintas reuniones o eventos sin darle un verdadero sentido legislativo a las visitas atrayendo de esta forma una serie de críticas de la sociedad que no resultan deseables si lo que se pretende es realizar un trabajo de representación cada vez más profesional.

Que es por lo anterior, que las actividades innovadoras que ahora nos ocupan, deberán incorporarse dentro de un marco de elementos muy bien diseñados que permitan un verdadero avance dentro del ámbito de la diplomacia en la H. Cámara de Diputados, tendientes a integrar las distintas condiciones que ya se están dando, relacionándolas con las metas, los plazos y las condiciones que contribuyan a la consolidación de ente coadyuvante en la implementación de las políticas públicas de carácter internacional, pero que conserve además su sentido representativo al trabajar los aspectos evaluatorios del control parlamentario, que por otro lado direccionen el nivel de eficiencia hacia el ente que mayoritariamente le corresponda.

Que en esencia, lo que se pretende con esta propuesta es contribuir al mejoramiento de la función de la diplomacia parlamentaria, en el entendido de que en una democracia medianamente aceptable, es necesario elevar por lo menos los niveles de eficiencia de los legisladores en el manejo de su sede legislativa y de su función parlamentaria, considerando para esto que tienen a la mano las experiencias más exitosas que se hayan registrado en otras latitudes.

En otro Apartado que la Diputada autora de la Iniciativa que se dictamina, denomina marco teórico y conceptual, manifiesta que algo que resulta de suma utilidad, cuando se pretende entender el significado de los términos de una propuesta, es el conocer sus orígenes. De esta forma resalta en primera instancia que el vocablo diplomacia proviene del francés diplomatie y del inglés diplomatics y que paralelamente tuvo que ver con la palabra que se deriva del vocablo latín diploma y éste a su vez se remonta a la época de los griegos, mismos que le reconocían como äéðëïìá (diploma).

Que por lo que hace a la historia del término, que hacia finales del siglo XVIII, fueron los albores de una utilización del vocablo diplomatie de forma más rutinaria. Por otro lado, fue en Francia donde su uso se hizo cada vez más frecuente. Paralelamente se utilizaban las palabras diplomacy , diplomat y diplomatist , en la región Inglesa, haciendo referencia al manejo de las relaciones y negociaciones entre naciones a través de oficiales del gobierno.

Que de todo esto, actualmente se desprende que puede acotarse que un diplomático es una persona que queda plenamente autorizada por las autoridades correspondientes para negociar alguna cuestión en particular, en nombre de algún estado en específico.

Que por otro lado sobresale, que lógicamente la política exterior era direccionada hace muchos años prácticamente hacia las actividades que se llevaban a cabo al interior de la organización de las embajadas; pero otro hecho que no se puede soslayar, es el que se refiere a que las comunicaciones más recientes y modernas, así como las nuevas tecnologías han permitido evolucionar esta situación, haciendo que el contacto sea más directo entre los gobernantes, toda vez que están participando con mayor frecuencia en visitas y cumbres de estado, que desde luego se ven apoyadas por la tradicional democracia profesional. Pero por otro lado, tenemos que estos nuevos tiempos y métodos han propiciado también el desarrollo paralelo de una intensa actividad internacional de los parlamentos, que se ha dado en conocer con el nombre de diplomacia parlamentaria.

Que este nuevo concepto fue utilizado por primera vez –y casi sin saber que se estaba gestando una poderosa herramienta al servicio del poder representativo– en un artículo elaborado en 1955, por el famoso funcionario norteamericano llamado Dean Rusk, que luego fuera Secretario de Estado equivalente al Ministro de Relaciones Exteriores, estando subordinado a las órdenes de los Presidentes John F. Kennedy y Lyndon B. Johnson.

Dicho artículo fue denominado por el propio Rusk, como “Parliamentary Diplomacy” Debate vs. Negotiation”, World Affairs Interpreter. Posteriormente a este hecho, el profesor de la Universidad de Columbia Philip C. Jessup, utilizó el mismo término en un curso en la Academia de Derecho Internacional de La Haya (“Parliamentary Diplomacy”, Recueil des Tours de l’Académie de La Haye, núm 89).

Que de esta forma destaca, que con estos ejemplos y muchos otros que podrían citarse ya sea en México o en el extranjero, la diplomacia parlamentaria ha ido escribiendo su historia y en el trayecto y en el desarrollo de sus propias características, ha ido considerando las mejores formas de apoyar a los actores que en ella intervienen, desarrollando importantes temas de reflexión, así como ejerciendo una fuerte influencia en las relaciones internacionales de los propios parlamentos, haciendo que dichas aportaciones y encuentros entre los distintos actores que en ella intervienen, pueden llegar a analizar y a dialogar sobre una gran variedad de ideologías y de ideas políticas, tanto en el ámbito internacional, regional como en el local.

En un tercer Apartado que la autora de esta Iniciativa denomina principios que inspiran la cooperación parlamentaria, refiere que después de revisar de manera general, cómo se introdujo el concepto de diplomacia parlamentaria en el mundo, resultará de suma utilidad el conocer cuáles son los principios que inspiran su permanencia e interés; a saber:

a) El principio de la Especialidad. Que este principio rige desde hace mucho tiempo el funcionamiento parlamentario. Las Comisiones –y no solamente la de Relaciones Exteriores– desarrollan una serie de actividades relacionadas con el objetivo legislativo por las cuales fueron creadas, sobre todo las de dictamen, información y control evaluatorio, considerando que sería muy difícil que los plenos de los órganos de representación, pudieran revisar a cabalidad la gran cantidad de temas que les competen.

Que en este orden de ideas, es necesario recalcar que el tema de la especialización, no puede quedar atrás, si lo que se espera es que a los parlamentarios les resulte de gran utilidad participar en programas de actividad internacional, como lo son los foros y las distintas visitas que se generan en la materia de su competencia, o en su defecto, la posibilidad que significa el contar con amplios y detallados informes que les brindan mayor luz y claridad sobre los temas que les compete atender.

b) Continuidad. Que busca mantener la continuidad de las políticas públicas relacionadas con el acontecer parlamentario, es un signo de madurez institucional que muchos entes públicos deberían estar adoptando, considerando que a través de los distintos períodos de gobierno que les competen por el tiempo de su encargo, es menester lograr que la información trascienda y se le dé la continuidad que resulta pertinente, procurando de esta forma, contribuir a la memoria documental de la institución.

c) Claridad. El contar con más y mejores instrumentos bien diseñados y direccionados, brinda grandes ventajas a la hora de procesar las demandas más sentidas del electorado.

Esto tiene que ver, que con argumentos claros y precisos, podemos contar con los indicadores y características generales, que pueden brindar una mayor seguridad de que se está trabajando en la dirección correcta.

d) Legalidad. Que este principio se relaciona con dar a todos los integrantes de un cuerpo colegiado los mismos derechos, así como las mismas oportunidades. Este principio también es entendido como la necesidad de que exista un marco legal y justo, que se desenvuelva apegado totalmente a sus disposiciones.

Que de esta forma sobresale que en el ámbito internacional es todavía de mayor utilidad este principio, puesto que la legislación internacional debe ser revisada y analizada constantemente, para procurar rescatar lo mejor de la misma, revisando posibilidades de aplicación eficiente y oportuna.

e) Eficiencia. Que lograr resultados de máxima eficiencia debiera ser una línea permanente de la labor de los parlamentos, en contraposición a la inercia de presentar referentes burocráticos y totalmente desmotivadores. Hecho indiscutible es que con la Diplomacia Parlamentaria podemos incentivar la posibilidad de que los funcionarios y los propios legisladores observen en el extranjero todas aquellas actividades que inciden en mejores niveles de vida de los ciudadanos.

f) Objetividad. Que esto tiene que ver con que las acciones emprendidas deben permitir una evaluación constante con base a parámetros reales y objetivos.

g) Imparcialidad. Que para que existan condiciones que estén más allá de la discrecionalidad del acontecer político, deben existir altos niveles de manejo imparcial de los asuntos. Esto garantiza que nadie pueda utilizar para un beneficio propio, los instrumentos que deben estar al servicio de la comunidad.

h) Garantía de Información Pública. Que esta propuesta cuenta con una bondad adicional, que al pretender introducir la figura de informes pero con un nivel de detalle que resulte de gran utilidad, los legisladores que asistan a los eventos internacionales deberán rendir cuentas a sus propios colegas parlamentarios, así como a la ciudadanía, habiendo garantía de que la información será pública, oportuna, verídica y transparente y sobretodo que utilizando las tecnologías de información más modernas y de aplicación, será también factible la disminución de los costos de su procesamiento.

i) Responsabilidad. Que la mejor forma de reivindicar la actividad parlamentaria, es la de actuar con la debida responsabilidad ante el ciudadano, con el deber de conducta señalado en alguna norma especial, o de acuerdo con las costumbres o estándares con que debe manejarse un parlamentario que se precie de brindar buenos resultados.

j) Utilidad. Que la utilidad de una propuesta, modelo o sistema, siempre tiene que ponerse en la mesa de las consideraciones, puesto que es un elemento fundamental para determinar si vale o no la pena su puesta en marcha y más aún si se está direccionado a la definición de cuáles tendrán que ser las características con las que deberá contar el grupo humano que deberá cumplir con una norma determinada, así que deberá prepararse un bagaje documental y de investigación amplio y suficiente, para que los funcionarios públicos del más alto nivel estratégico y los representantes populares, presenten a los ciudadanos propuestas de ley mejor direccionadas.

k) Importancia. Que la importancia de lograr una política exterior eficiente a nivel estado, es la de lograr una buena combinación entre globalización y coadyuvancia, control evaluatorio y separación de poderes, considerando que la necesidad de modernizar los parlamentos, surge de la coincidencia de la vertebración de un nuevo orden mundial y de la salvaguardia de la paz.

En un cuarto Apartado que la Diputada proponente denomina ventajas de contar con la herramienta de diplomacia parlamentaria, expone las siguientes:

a) Fortalecimiento del Sistema representativo. Refiere que al ser una vía institucional y de incentivo a la responsabilidad y continuidad legislativa, se está promoviendo y alentando el advenimiento de una verdadera soberanía popular, plasmada a través de la expresión de una autentica voz -que indudablemente es la de los representantes - pero que incluye de manera prioritaria el apoyo de un grupo de legisladores y funcionarios públicos profesionales con óptica internacional, que deben suministrar al regreso de su asistencia a los distintos eventos, los recursos técnicos idóneos para que la toma de decisiones políticas sea lo más oportuna y adecuada posible.

b) Que significa un gran esfuerzo el diseño e implementación de una organización eficiente de gestión gubernamental. En el ámbito parlamentario, al igual que en las organizaciones públicas emanadas del Poder Ejecutivo, si los recursos humanos no se encuentran debidamente capacitados, no se puede esperar un rendimiento óptimo y un servicio de calidad en beneficio de los ciudadanos; para lograr detonar una nueva situación plausible en el aprovechamiento de las experiencias internacionales se requiere de conocimientos técnicos y de tecnología necesaria para su implementación.

Que para esto es necesario que la puesta en marcha de un sistema de diplomacia parlamentaria bien direccionado, cuente con el tiempo suficiente para que de forma gradual y escalonada, se pueda responder al reto de brindar la mayor eficiencia posible.

c) Fortalecimiento del conocimiento de los modelos que se pueden adoptar. Y sobre todo de modelos que están funcionando con éxito en otros países. Que cuando se tiene un escenario con características de mayor grado de avance, se generan más fácilmente mejores propuestas, hecho que se detona cuando adicionalmente se cuenta con un staff bien capacitado que al momento de aconsejar sobre diferentes temas, evite el lamentable error de direccionar las acciones hacia la adopción de medidas que integren beneficios particulares, muy por encima de los de la Administración Pública.

d) Que los costos de renunciar al sistema inercial, son mayores a los de la introducir un sistema bien direccionado hacia la eficiencia parlamentaria. Y que hay un costo de oportunidad que representa un verdadero dilema para los aparatos partidarios o para los políticos en lo individual, que se ven obligados a colocar en la balanza, consideraciones tales como las de responder al reclamo ciudadano de una administración pública moderna y eficiente.

Expone la Diputada proponente, en un quinto rubro, los objetivos de la propuesta:

1. Determinar con mayor precisión los objetivos de la diplomacia parlamentaria:

Que si bien es cierto lo especificado en el reglamento en materia de diplomacia parlamentaria es ya un gran avance, es menester adicionar el artículo 269, agregando al concepto ya especificado de diplomacia parlamentaria, los objetivos a los cuales hay que encaminarse para lograr ese cometido.

Que de esta forma tenemos, que si la diplomacia parlamentaria es la actividad que realizan las Diputadas y los Diputados con sus contrapartes del mundo, en el ámbito de las relaciones internacionales, y que además es un instrumento que se desarrolla mediante el diálogo, el debate, la negociación, el estudio, la confrontación y la conciliación de posiciones y el acuerdo para adoptar resoluciones con el apoyo o respaldo de otras instancias gubernamentales, resulta necesario ahora detallar a profundidad los objetivos que de manera enunciativa más no limitativa, pueden ayudarnos a lograrlo, como a continuación se detalla:

a) Coadyuvar en la promoción, defensa y fortalecimiento del interés nacional en el exterior. Con ese objetivo se reconoce de manera expresa, que la labor de diplomacia de los Diputados, es coadyuvante de la labor del Ejecutivo, pero por supuesto, debe conservar el enfoque de un órgano representativo como el que nos ocupa.

b) Contribuir con la función legislativa de las Diputadas y los Diputados, direccionando toda aquella información temática que pueda resultar de utilidad para el trabajo de las comisiones de dictamen legislativo o para el pleno de la propia Cámara. Este objetivo es toral en esta propuesta, por lo que se refiere a lograr dar un mayor grado de utilidad a toda la información relevante que se va recabando en las reuniones internacionales, que forzosamente debe ser debidamente aprovechada por los propios legisladores, para abonar con mayores elementos a su principal función, que es la Legislativa.

c) Intercambiar información y experiencias exitosas con otros parlamentos del mundo, tendientes a mejorar el funcionamiento de la Cámara. Otro aspecto por demás relevante es el que tiene que ver con el intercambio de experiencias que han resultado oportunas y de gran impacto en los parlamentos, mismas que pueden servir de manera definitiva para mejorar la labor cotidiana del acontecer parlamentario. Ejemplo de esto lo podemos encontrar en el aprovechamiento más racional de los recursos, en la aplicación de nuevas tecnologías como en el caso de las plataformas abiertas al ciudadano, etcétera.

d) Promover la Cooperación entre Parlamentos, de manera que incida de forma positiva en los procesos de formación de las Diputadas y los Diputados y de sus equipos de trabajo. Actualmente al parlamento se le presenta un nuevo reto, el de responder a la ya inminente reelección legislativa, incrementando las capacidades de los legisladores para que puedan reeditar su propuesta hacia los ciudadanos. Aparejada con ese nuevo instrumento, necesariamente tienen que mejorar los sistemas en la gestión de recursos humanos, como en el caso de la profesionalización que si bien es cierto tiene cabida en la normativa interna de la Cámara de Diputados, aún no encuentra una resonancia adecuada en su puesta en marcha. Es pues esta propuesta, una excelente área de oportunidad, el considerar a la diplomacia parlamentaria, como un medio adecuado para promover la cooperación internacional, explorando aspectos tales como mayor capacitación en estancias y cursos intensivos en áreas temáticas, intercambio permanente de información con otros parlamentos de similar magnitud, etcétera.

e) Obtener mayores elementos de juicio para cumplir con el control evaluatorio en los términos que señala la Constitución. Otro aspecto que ningún legislador debiera descuidar, es el que tiene que ver con el control parlamentario, en este caso a nivel internacional. Esto es sumamente útil porque resulta deseable observar y coadyuvar en la política exterior del Poder Ejecutivo, sin embargo, resulta aún más interesante, observar donde están sus deficiencias y debilidades para sugerir su transformación direccionándose a lograr niveles de mayor eficacia.

2. Integrar al Reglamento de manera expresa la vinculación con las organizaciones académicas. Es un hecho que mediante la diplomacia parlamentaria con las organizaciones políticas, sociales, gubernamentales y no gubernamentales del ámbito internacional resulta factible obtener grandes beneficios. Sin embargo, sería un gran error continuar con la laguna de no incluir a las organizaciones académicas en el Artículo 270, puesto que representan un gran espectro de oportunidad para la Cámara de Diputados, no solamente por los estudios con los que pudiera tenerse intercambio, sino en el campo de la investigación, sobre todo en las investigaciones empíricas de Campo, donde se pueden obtener datos muy interesantes del acontecer legislativo y de la academia, inclusive por regiones.

Prueba de ello y como ejemplo muy válido, se puede acotar lo relativo a las investigaciones de FLACSO España, y de la Universidad de Salamanca en el Proyecto Elites Parlamentarias de Latinoamérica, que busca conocer la opinión de los Diputados procurando mejorar la calidad de la Democracia.

3. Posibilidad de Delegar los espacios de representación para el Presidente de la Cámara. En el caso del Artículo 271, se está proponiendo que en el ámbito de la representación protocolaria de la Cámara que le corresponde en al Presidente de la misma, ésta puede ser delegada por el propio Presidente hacia uno de los vicepresidentes –como ya lo contempla el reglamento- pero que también se propone que algunas de las funciones puedan ser delegadas hacia los Presidentes de Comisión o en su caso a alguno de los Secretarios, de acuerdo con el tema especializado de que se trate.

Que esta propuesta tiene que ver, con que cada vez son más los eventos internacionales a los cuales es invitada a participar la Cámara de Diputados, resultando cada vez más notoria la multiplicación de las funciones de los Presidentes para poder atender los compromisos inherentes a su función y de forma adicional, los cada vez más frecuentes compromisos de representación parlamentaria.

Que con esta adición se está modificando el Reglamento, especificando expresamente dicha Delegación.

4. Mayor detalle en la definición de las expresiones de la diplomacia parlamentaria. En el caso de las expresiones de la Diplomacia Parlamentaria, se está proponiendo que se adicionen, con miras a que se entienda mejor cuales deben ser dichas expresiones en los diferentes ámbitos.

Que de esta forma tenemos que en el rubro de las que desempeñe el Presidente de la Cámara de Diputados, debe quedar muy claro que éstas deberán ser de forma primordial las que se realicen al más alto nivel, como las visitas oficiales de carácter bilateral para dinamizar relaciones parlamentarias, las que tengan que ver con eventos organizados por sus pares, o como las reuniones mundiales o regionales de Presidentes de Parlamentos, que se verifican periódicamente. De manera paralela, deben incluirse las declaraciones institucionales, tendientes a que la Cámara se pronuncie manifestando su apoyo o desaprobación frente algún acontecimiento en específico.

Que esto tiene que ver con la actividad internacional desplegada por los Presidentes de las Cámaras, que ha crecido en los últimos tiempos de forma exponencial, convirtiéndose en una de las más habituales e intensas acciones de diplomacia parlamentaria. Esta actividad ha adquirido también en ocasiones las notas de multilateralidad, periodicidad y organización, mediante las Conferencias de Presidentes de Parlamentos.

Que por otro lado, en el caso de las que debe desempeñar la Comisión de Relaciones Exteriores, existe cierto grado de confusión y ambigüedad, en el sentido de que antes de la nueva versión del reglamento que rige actualmente las actividades de la Cámara de Diputados, se direccionaba un mayor número de funciones en la Mesa Directiva de la propia Comisión y de sus integrantes, situación muy oportuna puesto que es precisamente en esta Comisión donde se dictaminan todas aquellas reformas que tienen que ver con ordenamientos que inciden en el ámbito internacional.

Y que de esta suerte podemos decir, que lo que ocurrió con la introducción del nuevo ordenamiento, fue precisamente que se trasladaron buena parte de esas representaciones al ámbito de la Presidencia de la Mesa Directiva, quedando en libertad los Grupos Parlamentarios de decidir a qué Diputados integrar para trabajar en las representaciones internacionales.

Como consecuencia de este nuevo direccionamiento se percibe que resultando muy atractivo participar en este tipo de eventos, se corre un mayor riesgo de designar a Diputados y Diputados que siendo leales a determinado grupo político, pueden ser seleccionados para integrarse a las delegaciones, pero que nada tienen que ver con la temática a tratar en el evento de que se trate, quedando muy lejana la posibilidad de aprovecharla experiencia y el nivel de especialización que pudieran tener otros legisladores en la misma materia; hecho que puede ocurrir no solo en el caso de los integrantes de la Comisión de Relaciones Exteriores, sino que también aplica para todas aquellas comisiones temáticas que cuentan con legisladores expertos en distintos rubros, que no son tomados en cuenta a la hora de designar participaciones en eventos internacionales.

De esta forma, se está proponiendo, que de manera enunciativa más no limitativa, se adicione la norma del Reglamento, en el sentido de referir que dichas expresiones deberán corresponderse con las que se lleven a cabo dentro de los encuentros de representantes parlamentarios afines, así como en delegaciones permanentes ante instancias multilaterales y bilaterales parlamentarias.

Así como las que consuetudinariamente se han puesto en práctica por las delegaciones de Diputados y Diputadas en reuniones interparlamentarias de carácter temático, de acuerdo con el grado de especialidad con el que éstos cuentan dentro de su labor legislativa.

5. Mayor definición en las funciones que debe llevar a cabo la Unidad de Asuntos Internacionales y Relaciones Parlamentarias. En el caso del Artículo 273, encontramos que es la disposición donde se especifica que para desarrollar las labores de diplomacia parlamentaria habrá un área técnica de alta calidad, denominada de asuntos internacionales y relaciones parlamentarias, especializada en apoyar profesionalmente de manera objetiva e imparcial a las Diputadas y los Diputados.

Con base en la creación de esa nueva área de adscripción en la propia Cámara, dotada de espacios, de recursos técnicos, humanos y materiales suficientes, consideramos que la norma no fue lo suficientemente precisa, en el sentido de que no se especificó con mayor detalle, cuáles serían las atribuciones adicionales que esta nueva área debería llevar a cabo.

Así, se está proponiendo que dicha Unidad colabore en los aspectos logísticos y en la preparación de los instrumentos tendientes a optimizar la actividad, tales como, diseñar el plan de trabajo, apoyar en las actividades previas, en la redacción de declaraciones, resolutivos, acuerdos, conclusiones temáticas, recomendaciones administrativas, informes y demás documentos que resulten necesarios para el pleno desarrollo de las representaciones en el extranjero, así como su consecuente utilización y amplio aprovechamiento en la propia Cámara de Diputados.

6. Mayor transparencia en el manejo de la Agenda Internacional de la Cámara. El ordenamiento actual señala, que el Pleno a propuesta de la Junta, aprobará la agenda internacional de la Cámara para cada año de ejercicio legislativo, pero es omiso en el sentido de la distribución que debe darse a dicho instrumento. En este entendido, la propuesta que nos ocupa, también se direcciona que dicha agenda deberá ser turnada a la Comisión de Relaciones Exteriores para su conocimiento, considerando como elemento importante que es el área donde se llevan a cabo diversas funciones que tiene que ver con este tipo de agendas como los encuentros con los Embajadores, Parlamentos y Asambleas Nacionales de diversas partes del mundo, así como le son turnados por la mesa directiva diversos productos legislativos que versan sobre este rubro y de igual forma a las Comisiones temáticas que tengan que ver con el desarrollo de la propia agenda.

7. Obligación de los legisladores de presentar informe detallado y direccionarlo de manera eficiente a quien va a aprovechar y dar adecuado seguimiento a las temáticas. Si bien es cierto, ya existe la disposición que señala que debe presentarse un informe, la norma no es precisa en detallar como deberá presentarse.

Que de este hecho surge la necesidad de detallar en el Reglamento, cuales deberán ser las principales características que dicho informe debe contener. De esta manera, se está proponiendo que los integrantes de las delegaciones permanentes y temáticas ante instancias multilaterales y bilaterales parlamentarias, de otras delegaciones y de los Grupos de Amistad que hayan desarrollado alguna actividad de diplomacia parlamentaria en lo individual, tendrán la responsabilidad de enviar un informe de actividades y asistencia a los eventos correspondientes, dentro de los veinte días posteriores a la conclusión de la actividad, con características tales como, detallar los objetivos generales y específicos; contar con una introducción; señalar las actividades preparatorias del evento; especificar el desarrollo del programa, señalando a cuales actividades se asistió; integrar las conclusiones temáticas que deberán redactarse direccionando las apreciaciones a las áreas vinculadas a la función legislativa que pudieran estar relacionadas, como las Comisiones de dictamen legislativo, los Centros de Estudio, entre otras; señalar las recomendaciones administrativas, que deberán incluir las áreas de oportunidad para mejorar el funcionamiento de la Cámara, integrar una evaluación personal de los resultados, así como un anexo con las declaraciones, resolutivos, acuerdos, imágenes, resúmenes y datos de contacto de los responsables de dar continuidad a los temas o cualquier otro que pudiera resultar de utilidad.

Refiere la Diputada autora de esta Iniciativa que con todos estos nuevos requerimientos a la hora de presentar los informes, estaríamos asegurando, no solo que los Diputados de la Legislatura en la cual se desarrolla el viaje cuenten con los elementos informativos necesarios para realizar su actividad legislativa, sino que adicionalmente se está previendo, que todo el gasto y las erogaciones realizadas en dichos viajes al extranjero, contribuyan de manera definitiva para que los Diputados y Diputadas de las próximas legislaturas que tomen la estafeta en las comisiones temáticas y que tengan bajo su responsabilidad la continuidad de los trabajos, conozcan a detalle las actividades desarrolladas y los acuerdos suscritos y les den un seguimiento y aprovechamiento adecuados.

Señala la Diputada proponente que no se omite detallar en esta Iniciativa, que con todas estas disposiciones, lo que se pretende por un lado es que la diplomacia parlamentaria no se confunda con el ya famoso y desafortunado turismo legislativo y por otro lado, que se continúe con el necesario apoyo a la política exterior que dirige el ejecutivo, que es la forma más sencilla de diplomacia parlamentaria, porque complementa la diplomacia clásica del Ejecutivo al cual le corresponde la dirección de la política exterior, pero no debe dejarse en el olvido que la función representativa del Parlamento tiene también sus propios objetivos y características muy particulares que tienen que ver con crear y mejorar las leyes y con evaluar y controlar al Poder Ejecutivo.

Manifiesta la Diputada autora de la Iniciativa que se dictamina que de esta forma, acotamos un argumento conclusivo y sumamente importante en el sentido de que los parlamentos y los parlamentarios, como representantes de sus pueblos, no pueden permanecer ajenos a la dimensión internacional y de que sus actuaciones surgen como nuevas formas de relación, que tienen que ver con las primeras motivaciones hacia la vertebración de un nuevo orden mundial y la salvaguardia de la paz.

CUARTO.Esta Comisión Dictaminadora comparte los motivos de la Diputada autora de la Iniciativa, que se trata de mejorar la diplomacia parlamentaria, a través de contenidos en el Reglamento de esta Cámara de Diputados, que contribuyan a un mejor, más eficiente y eficaz desempeño en las relaciones que las y los legisladores mantengan en el ámbito internacional.

Asimismo, que se aprovechen los vínculos y las diferentes instancias de representación de nuestros legisladores ante los nuevos retos de intercambios frecuentes, que son reflejo de un nuevo orden mundial para el cual deben estar preparados.

QUINTO. Esta Dictaminadora coincide en que en los nuevos tiempos, se ha desarrollado una intensa actividad internacional de los parlamentos, que ha ido impulsando relevantes temas de reflexión y ejerciendo fuerte influencia en las relaciones internacionales, con aportaciones entre los diversos actores que se vinculan, dialogan y analizan una importante variedad de ideologías y experiencias en el desempeño de las tareas en los parlamentos a que pertenecen.

En el ejercicio de actividades y formas de relación a nivel internacional de los integrantes del Poder Legislativo y en particular de la Honorable Cámara de Diputados, resulta de la mayor relevancia impulsar en la normatividad interna y en las prácticas legislativas, los instrumentos que garanticen un desempeño profesional en las tareas vinculadas con la diplomacia parlamentaria, que contribuyan en las relaciones de intercambio a fortalecer los conocimientos sobre modelos que están funcionando con éxito en otros países y se pueden adoptar en México, así como a compartir adecuadamente los propios a otros parlamentos.

En suma, sentar las bases de un sistema que se direccione correctamente hacia la eficiencia parlamentaria, al enriquecer la vida legislativa del país, con intercambio de prácticas y experiencias, sistematizarlas y ponerlas a la disposición de la función legislativa, para atender el objetivo de la diplomacia parlamentaria, de coadyuvar en la promoción, defensa y fortalecimiento del interés nacional en el exterior.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, las y los legisladores que integramos esta Dictaminadora, acordamos aprobar la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adicionan y reforman diversas disposiciones del Reglamento de la Cámara de Diputados, en materia de Diplomacia Parlamentaria, sometiendo a la consideración de esta soberanía, el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL REGLAMENTO DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS, EN MATERIA DE DIPLOMACIA PARLAMENTARIA.

Artículo Primero. Se reforman los artículos 269, numeral 2; 270, fracción IV; 271, numeral 1; 272; 273, numeral 1; 274, numerales 1 y 3; 276, numeral 2; 277; 278, numeral 1 y 280, numeral 1 del Reglamento de la Cámara de Diputados, para quedar como sigue:

Artículo 269.

1. ...

2. Son objetivos de la diplomacia parlamentaria de manera enunciativa más no limitativa:

a) Coadyuvar en la promoción, defensa y fortalecimiento del interés nacional en el exterior.

b) Contribuir con la función legislativa de las Diputadas y las Diputados, direccionando toda aquella información temática que pueda resultar de utilidad para el trabajo de las Comisiones de Dictamen Legislativo o para el Pleno de la propia Cámara.

c) Intercambiar información y experiencias exitosas con otros parlamentos del mundo, tendientes a mejorar el funcionamiento de la Cámara.

d) Promover la Cooperación entre Parlamentos, de manera que incida de forma positiva en los procesos de formación de las Diputadas y los Diputados y de sus equipos de trabajo.

e) Obtener mayores elementos de juicio para cumplir con el control evaluatorio en los términos que señala la Constitución.

Artículo 270.

1. ...

I. a III. ...

IV.Organizaciones políticas, sociales, académicas, gubernamentales y no gubernamentales del ámbito internacional.

Artículo 271.

1. La representación protocolaria de la Cámara en el ámbito de la diplomacia parlamentaria, corresponde al Presidente, de acuerdo al numeral 2 del artículo 22 de la Ley. En su caso, las representaciones protocolarias de la Cámara podrán ser delegadas por el propio Presidente hacia uno de los Vicepresidentes, o hacia los Secretarios de la Mesa Directiva.

Artículo 272.

1. Se consideraránexpresiones de la diplomacia parlamentaria de manera enunciativa más no limitativa las siguientes:

I. Las que desempeñe el Presidente, como las visitas oficiales de carácter bilateral para dinamizar relaciones parlamentarias al más alto nivel, en eventos organizados por sus pares, como las reuniones mundiales o regionales de Presidentes de Parlamentos, que se verifican periódicamente;

II. Las declaraciones institucionales, tendientes a que la Cámara se pronuncie manifestando su apoyo o desaprobación frente algún acontecimiento en específico;

III. Las que desempeñe la Comisión de Relaciones Exteriores, que de manera enunciativa más no limitativa, se refieren las que se lleven a cabo dentro de los encuentros de representantes parlamentarios afines, así como en delegaciones permanentes de diputados y diputadas ante instancias multilaterales mundiales, regionales y bilaterales parlamentarias;

IV. Las que consuetudinariamente se han puesto en práctica por las delegaciones de diputados y diputadas en reuniones interparlamentarias temáticas, de acuerdo con el grado de especialidad con el que cuentan dentro de su labor legislativa;

V. Las que llevan a cabo los Grupos de Amistad, y

VI. Las que se determinen, por su importancia en términos de la Agenda Legislativa Internacional.

Artículo 273.

1. Para desarrollar las labores de diplomacia parlamentaria habrá un área técnica de alta calidad, denominada de “Asuntos Internacionales y Relaciones Parlamentarias”, especializada en apoyar profesionalmente de manera objetiva e imparcial a las diputadas y los diputados en la logística y preparación de los instrumentos tendientes a optimizar la actividad, tales como, diseñar el plan de trabajo, apoyar en las actividades previas, en la redacción de declaraciones, resolutivos, acuerdos, conclusiones temáticas, recomendaciones administrativas, informes y demás documentos y acciones que resulten necesarias para la consecución de los objetivos propuestos.

Artículo 274.

1. La Junta propondrá al Pleno la integración de las delegaciones permanentes ante instancias multilaterales y bilaterales parlamentarias, con criterio de proporcionalidad, atendiendo la integración plural de la Cámara, dando preferencia a los diputados y diputadas que tengan mayor experiencia en el tema, atendiendo su nivel de especialización de acuerdo con las comisiones de dictamen legislativo a las cuales pertenecen.

2. ...

3. El Pleno, a propuesta de la Junta, aprobará la agenda internacional de la Cámara para cada año de ejercicio legislativo , misma que será turnada a la Comisión de Relaciones Exteriores, así como a las comisiones temáticas que tengan que ver con su desarrollo, misma que deberá ser distribuirla entre todos sus integrantes.

4. y 5. ...

Artículo 276.

1. ...

2. La Junta hará la propuesta de integración atendiendo a la pluralidad, especialización en las temáticas, comisiones a las que pertenecen las Diputadas y los Diputados, así como la proporcionalidad que conforma la Cámara y la presentará al Pleno para su aprobación.

Artículo 277.

1. Los integrantes de las delegaciones permanentes ante instancias multilaterales y bilaterales parlamentarias, de otras delegaciones y de Grupos de Amistad que hayan desarrollado alguna actividad de diplomacia parlamentaria en lo individual, tendrán la responsabilidad de enviar un informe de actividades y asistencia a los eventos correspondientes, dentro de los veinte días posteriores a la conclusión de la actividad, con las siguientes características:

I. Detallar los objetivos generales y específicos;

II. Introducción;

III. Actividades preparatorias del evento;

IV. Desarrollo del programa, señalando a cuáles actividades se asistió;

V. Conclusiones temáticas que deberán redactarse direccionando las apreciaciones a las áreas vinculadas a la función legislativa que pudieran estar relacionadas, como las Comisiones de dictamen legislativo, los Centros de Estudio, entre otras que se consideren pertinentes;

VI. Recomendaciones administrativas, que deberán incluir las áreas de oportunidad para mejorar el funcionamiento de la Cámara;

VII. Evaluación personal de los resultados, y

VIII. Anexo con declaraciones, resolutivos, acuerdos, imágenes, resúmenes, datos de contacto de los responsables de dar continuidad a los temas de los distintos países a los cuales se acude o cualquier otro que pudiera resultar de utilidad.

Artículo 278.

1. Los informes a que hace referencia el artículo anterior serán dirigidos a la Junta, misma que de acuerdo con las conclusiones y recomendaciones, lo turnará al área legislativa o administrativa que resulte idónea para su aprovechamiento. Paralelamente deberán ser publicados en la Gaceta.

Artículo 280.

1. Las delegaciones y Grupos de Amistad, por conducto de su Presidente, presentarán un informe general de las actividades, al término de la Legislatura, para que los diputados y diputadas de la legislatura entrante que tengan bajo su responsabilidad la continuidad de los trabajos, conozcan a detalle las actividades desarrolladas, así como los acuerdos suscritos.

Transitorios

Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Para los efectos de la modificación a las Funciones de la Unidad de Asuntos Internacionales y Relaciones Parlamentarias, la Cámara de Diputados, realizará las adecuaciones necesarias a su normatividad secundaria interna en los siguientes treinta días, a partir de la publicación del presente Decreto.

Tercero. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto.

Así lo resolvimos las diputadas y los diputados que conformamos la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, en nuestra Sexta Reunión Ordinaria de trabajo legislativo, de fecha miércoles 6 de julio de 2016, en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión

La Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, diputados:Jorge Triana Tena (rúbrica), presidente; Mario Braulio Guerra Urbiola (rúbrica), Cristina Sánchez Coronel (rúbrica), Santiago Torreblanca Engell (rúbrica), Francisco Martínez Neri (rúbrica), Jesús Sesma Suárez (rúbrica), secretarios; Antonio Amaro Cancino, Rogerio Castro Vázquez (rúbrica en abstención), Samuel Alexis Chacón Morales, María Gloria Hernández Madrid, Omar Ortega Álvarez (rúbrica), Ivonne Aracelly Ortega Pacheco, Esthela de Jesús Ponce Beltrán, Macedonio Salomón Tamez Guajardo (rúbrica), Oscar Valencia García (rúbrica), Diego Valente Valera Fuentes.»

La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: En consecuencia y de conformidad con lo que establece el artículo 104, numeral 1, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados, se ha registrado para fijar la posición la promovente del primer dictamen que hemos referido, la diputada Martha Cristina Jiménez Márquez, hasta por tres minutos, ella integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

La diputada Martha Cristina Jiménez Márquez: Muchas gracias, señorita secretaria. Diputadas y diputados, hoy más que nunca, las acciones que lleva a cabo nuestro país en materia de política exterior han adquirido una gran relevancia para la protección de las y los mexicanos dentro del territorio nacional y fuera de él.

Si bien nuestro marco jurídico otorga al Poder Ejecutivo su dirección, mientras que a la Cámara de Senadores se le faculta para analizarla. La Cámara de Diputados también debe hacer lo propio de manera significativa, en representación de nuestro país ante la comunidad internacional.

Actualmente, en el Congreso de la Unión se llevan a cabo diferentes actividades enmarcadas en el concepto de la diplomacia parlamentaria, entendiéndose por esta aquella que se desarrolla entre los Poderes u órganos legislativos, Parlamentos, Cámaras, Asambleas Legislativas de estados diversos o sus integrantes y cualquier otra entidad extranjera. De ahí que exista la participación de los legisladores en diferentes foros multilaterales o regionales, como lo son los grupos de amistad, reuniones interparlamentarias, reuniones con organismos parlamentarios internacionales y las reuniones con organismos regionales y multilaterales.

Sin embargo, hasta antes de la expedición del Reglamento de esta Cámara, en el 2010, la participación de los legisladores no se encontraba regulada a fondo, por lo que en este se establecieron disposiciones específicas sobre la diplomacia parlamentaria, considerándola como una actividad inherente a la representación nacional, definiendo a las delegaciones internacionales y a los grupos de amistad, así como estableciendo la obligación de los legisladores a presentar informes de las reuniones en las que participen.

Por tanto, ante dicha ampliación de las disposiciones reglamentarias, en materia de diplomacia parlamentaria de esta Cámara de Diputados, se considera oportuna la presentación de este tipo de propuestas mediante las cuales refuercen y actualicen las acciones que, desde la Cámara, pueden contribuir a mejorar el desempeño de las acciones que en materia de política exterior realiza el Ejecutivo federal.

Ante la coyuntura a la que nos enfrentamos con Estados Unidos, es necesario que todos los servidores públicos que representamos la voluntad popular participemos decididamente en aquellos foros parlamentarios internacionales, para refrendar y fortalecer los principios de armonía y cooperación que guían a nuestro país.

Es por todo lo anterior que Acción Nacional votará a favor del presente dictamen, convencidos de que fortalecer las actividades del área técnica y asuntos internacionales y relaciones parlamentarias, el incorporar las experiencias, conocimientos adquiridos durante las reuniones interparlamentarias, en nuestro trabajo diario tanto personal como en comisiones, apoyará significativamente al mejoramiento de las condiciones de vida de las y los mexicanos. Muchas gracias. Es cuanto.

La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Gracias, diputada Jiménez Márquez.

Esta Presidencia desea saludar la presencia en este recinto de estudiantes de la escuela secundaria número 228 Edmundo O'Gorman, de esta Ciudad de México. Bienvenidos a este recinto parlamentario, ellos son invitados por el diputado Héctor Barrera Marmolejo.

Está a discusión en lo general el primero de los dictámenes mencionados, inherente al proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones del Reglamento de la Cámara de Diputados en Materia de Diplomacia Parlamentaria. Y no existiendo oradores, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se encuentra suficientemente discutido en lo general.

La Secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si el primer dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Diputada presidenta, mayoría por la afirmativa.

Presidencia de la diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Suficientemente discutido en lo general.

De conformidad con lo que establece el artículo 109 del Reglamento de la Cámara de Diputados no se ha reservado artículo alguno para discutirlo en lo particular, por lo tanto, se pide a la Secretaría abra el sistema electrónico de votación, por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular en un solo acto.

La Secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico, por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular en un solo acto.

(Votación)

¿Falta alguna diputada o algún diputado por emitir su voto? El tablero aún se encuentra abierto. Se encuentra abierto aún el sistema. Diputado Victorino Cruz Campos, el sentido de su voto.

El diputado Victorino Cruz Campos (desde la curul): A favor.

La Secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos: Se pregunta nuevamente si falta alguna diputada o algún diputado por emitir su voto. Ciérrese el sistema electrónico de votación. Se emitieron 373 votos a favor, 2 abstenciones y 0 en contra, diputada presidenta.

Presidencia de la diputada Gloria Himelda Félix Niebla

La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Aprobado en lo general y en lo particular por 373 votos, el proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones del Reglamento de la Cámara de Diputados, en materia de diplomacia parlamentaria. Publíquese en el Diario Oficial de la Federación.

LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Continuamos con la discusión del segundo de los dictámenes de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias inherente al proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en consonancia con la reforma política de la Ciudad de México.

El Secretario diputado Raúl Domínguez Rex: «Dictamen de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en consonancia con la reforma política de la Ciudad de México

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, le fue turnada la Minuta Proyecto de Decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en consonancia con la reforma política de la Ciudad de México, enviada por la Cámara de Senadores, de la que se dio cuenta en la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados celebrada el veintisiete de septiembre de dos mil dieciséis.

De acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los Artículos 40, numeral 2, inciso b) y 45, numeral 6, incisos e), f) y g) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los Artículos 80, 81, 82, 83, 84, 85 y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, corresponde a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, elaborar el Dictamen a la Minuta turnada, lo cual se hace de acuerdo a los siguientes Apartados: Antecedentes, Contenido de la Minuta, Consideraciones, Conclusiones y Acuerdo.

ANTECEDENTES

PRIMERO. Con fecha diecisiete de febrero de dos mil dieciséis, los Senadores Mariana Gómez del Campo Gurza y Mario Delgado Carrillo y con fecha dieciocho de febrero de dos mil dieciséis el Senador Enrique Burgos, presentaron ante el Pleno de la Cámara de Senadores Iniciativas con Proyecto de Decreto que reforman diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

SEGUNDO. Con fecha diecisiete de febrero de dos mil dieciséis, la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores, mediante oficios DGPL-2P1A.-570 y DGPL-2P1A.-571, y con fecha dieciocho de febrero de dos mil dieciséis mediante oficios DGPL-2P1A.-710 Y DGPL-2P1A.-711, turnó las referidas Iniciativas de los Senadores Mariana Gómez del Campo Gurza y Mario Delgado Carrillo, así como la del Senador Enrique Burgos García respectivamente, a las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores respectivamente, para su estudio y dictamen correspondiente.

TERCERO. Con fecha siete de abril de dos mil dieciséis, la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores mediante oficios DGPL-2P1A.-2821.49 y DGPL-2P1A.-2821.27, comunicó a las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores respectivamente, que emitió excitativa sobre las iniciativas mencionadas para que se presentara el dictamen correspondiente.

CUARTO. Con fecha veinte de septiembre de dos mil dieciséis, las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores, presentaron Dictamen en sentido positivo de la Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

QUINTO. La Cámara de Senadores de la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, en su sesión ordinaria celebrada el veinte de septiembre de dos mil dieciséis, aprobó Dictamen con Proyecto de Decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Fue enviado el mismo día, mediante oficio DGPL-1P2A.-1123, como Minuta Proyecto de Decreto, para los efectos constitucionales a la Cámara de Diputados con la siguiente redacción:

MINUTA PROYECTO DE DECRETO

POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN CONSONANCIA CON LA REFORMA POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Artículo Único. Se reforman los artículos 15, numeral 9; 22, numeral 2; 23, numeral 3; 62, numeral 3; 66, numeral 1, inciso f); 67, numeral 1, inciso f); 90, numeral 1, fracción X, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

ARTÍCULO 15.

1. a 8. ...

9. La elección de la Mesa Directiva se comunicará al Presidente de la República, a la Cámara de Senadores, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y a los órganos legislativos de las entidades federativas.

10. ...

ARTÍCULO 22.

1....

2.El Presidente conduce las relaciones institucionales con la Cámara de Senadores, con los otros dos Poderes de la Unión y los poderes de las entidades federativas. Asimismo, tiene la representación protocolaria de la Cámara en el ámbito de la diplomacia parlamentaria.

3. y 4. ...

ARTÍCULO 23.

1. y 2. ...

3.Asimismo, conforme a la declaración de Presidente Electo de los Estados Unidos Mexicanos que hubiere hecho el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, corresponde al Presidente de la Cámara disponer la elaboración inmediata del Bando Solemne; darlo a conocer al Pleno en la sesión más próxima; ordenar su publicación en el Diario Oficial de la Federación; y tomar las medidas necesarias para que se difunda en los Periódicos Oficiales de las entidades federativas y se fije en las principales oficinas públicas de las entidades federativas y de los Municipios.

4....

ARTÍCULO 62.

1.y 2. ...

3. La elección de la Mesa Directiva se comunicará a la Cámara de Diputados, al Titular del Poder Ejecutivo Federal, al Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y a las Legislaturas de las entidades federativas.

ARTÍCULO 66.

1...

a)a e) ...

f)Conducir las relaciones de la Cámara de Senadores con la otra Cámara, los otros Poderes de la Unión, los Poderes de las entidades federativas; así como la diplomacia parlamentaria, designando para tal efecto a quienes deban representar a la Cámara en eventos de carácter internacional;

g)a m)...

2.y 3....

ARTÍCULO 67.

1. ...

a) a e) ...

f)Presidir la conducción de las relaciones del Senado en los términos que señala el inciso e), del párrafo 1 del artículo anterior; y representarlo en las ceremonias a las que concurran los titulares de los otros Poderes de la Federación o de los Poderes de la Ciudad de México, así como en las reuniones de carácter internacional, pudiendo delegar su representación en cualquiera de los otros integrantes de la Mesa Directiva;

g)a o)...

2. ...

ARTÍCULO 90.

1....

I. a IX. ...

X.De la Ciudad de México;

XI. a XXX. ...

TRANSITORIO

ARTÍCULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

ARTÍCULO SEGUNDO. Los asuntos que la Mesa Directiva del Senado de la República hubiera turnado a la Comisión del Distrito Federal previo a la entrada en vigor del presente Decreto se entenderán como materias a resolver por la Comisión de la Ciudad de México. Lo mismo sucederá con todos los trámites sobre recursos administrativos, financieros, materiales y humanos, así como los distintos asuntos que desarrolle y que no estén sujetos a dictamen.

ARTÍCULO TERCERO. La integración de la Comisión de la Ciudad de México del Senado de la República será la misma que tenía la Comisión del Distrito Federal previo a la entrada en vigor del presente Decreto.

Salón de sesiones de la Honorable Cámara de Senadores.- Ciudad de México, a 20 de septiembre de 2016.

SEXTO. Con fecha veintisiete de septiembre dos mil dieciséis, la Secretaría de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, mediante oficio D.G.P.L. 63-II-1-1227, dio cuenta con el oficio de la Cámara de Senadores, con el que remite expediente con la Minuta Proyecto de Decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en consonancia con la reforma política de la Ciudad de México, turnándola a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias para la elaboración del dictamen correspondiente.

CONTENIDO DE LA MINUTA

El Dictamen correspondiente de la Colegisladora, contiene las siguientes argumentaciones:

- Que la propuesta realizada por los Senadores promoventes, deriva de una reforma constitucional; por lo cual, esta la Comisión Dictaminadora coincidió en que las propuestas de reforma dictaminadas son obligatorias en virtud de la modificación de la Carta Magna. Y que en esta reforma constitucional se modificó la denominación de la Entidad Federativa, asiento de los poderes federales, para pasar de Distrito Federal a Ciudad de México.

- La Dictaminadora, consideró procedente y viable jurídicamente modificar la actual denominación de la Comisión del Distrito Federal.

- Que el pasado 30 de marzo del presente año, a la Comisión Dictaminadora le fue turnada la “Minuta Proyecto de Decreto por el que se adicionan y derogan diversas disposiciones de los artículos 39 y 40 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos”, por la que la colegisladora aprobó modificar la denominación de la Comisión del Distrito Federal por la de Comisión de la Ciudad de México, y situarla en el listado de Comisiones Ordinarias, otorgándole tareas de dictamen legislativo, de información y de control evaluatorio respecto de la Ciudad de México. Consideró que lo jurídicamente procedente es modificar la denominación de la Comisión en comento para hacerla acorde con la reforma constitucional; por ello y considerando que esta misma Comisión dictaminó favorable la Minuta enviada por la colegisladora, procedió en relación a la Iniciativa del Senador Burgos rechazarla exclusivamente por la reforma a la denominación de la Comisión, es decir, no sería modificado el artículo 40 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

- Como fue aprobado en la Minuta de la colegisladora, se derogaría el numeral 3 del artículo 40.

- Que en relación a la reforma de los demás artículos que proponen las Iniciativas, consideraron procedente la modificación; sin embargo, debe uniformarse la terminología en los casos en que se hace referencia al Distrito Federal para denominarlo “entidad federativa”, ya que esa es su naturaleza jurídica, independientemente de su nueva denominación de “Ciudad de México”.

- La Comisión Dictaminadora consideró procedente las modificaciones solicitadas por los Senadores promoventes, sin embargo, a fin de armonizar la Reforma Política de la Ciudad de México con la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, es pertinente utilizar en todo aquello que haga referencia a los “Estados y Distrito Federal” sólo la denominación “entidades federativas”, en razón a que los promoventes en algunos artículos de la Ley de referencia utilizaron las denominaciones siguientes: “Estados de la Unión y de la Ciudad de México”, “Estados y de la Ciudad de México” y “entidades federativas”.

- A efecto de ilustrar lo referido con anterioridad, la Dictaminadora presentó el siguiente cuadro comparativo:

CONSIDERACIONES

PRIMERA. Esta Comisión Dictaminadora coincide con los planteamientos de la colegisladora, en el sentido de que las propuestas contenidas en las Iniciativas de los Senadores autores de las mismas, justifican su análisis dentro del proceso legislativo para determinar la pertinencia jurídica de reformar diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a la luz de la Reforma Constitucional por la que se modifica la denominación de Distrito Federal por Ciudad de México.

Cabe precisar que el 20 de enero de 2016 la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, declaró reformadas y derogadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Reforma Política de la Ciudad de México, toda vez que fue aprobado el decreto respectivo tanto por las Cámaras del Congreso de la Unión como por la mayoría de las Legislaturas de los Estados. Y que el 29 de enero de 2016, el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, promulgó la Reforma Constitucional de la Ciudad de México y ordenó su publicación en el Diario Oficial de la Federación en la misma fecha.

En ella, se modifica la denominación de la entidad federativa que pasa de ser Distrito Federal a la de Ciudad de México, con plena autonomía y asiento de los poderes federales en su carácter de capital de la República.

También, le confiere el estatus expreso de Entidad Federativa en la Carta Magna, como ya lo era conforme al Estatuto de Gobierno del Distrito Federal en su Artículo 2; y distingue el texto constitucional reformado entre los 31 Estados soberanos y la Ciudad de México dotada de autonomía, de una Constitución y tres poderes locales.

Aunque la aplicación del artículo 124 Constitucional, relativo al Pacto Federal, con la reforma para la ahora Ciudad de México, operará en el mismo sentido que para los Estados, es decir que aquellas facultades que no están expresamente concedidas por esta Constitución a los funcionarios federales se entienden reservadas a los Estados o a la Ciudad de México en los ámbitos de sus respectivas competencias, precisamente entre esas facultades expresas, está el caso de la aprobación anual de los montos de endeudamiento que deben incluirse en la Ley de Ingresos para la Ciudad de México y que ha sido mantenida expresamente en este Decreto al Congreso Federal.

Por ello, esta Dictaminadora comparte los argumentos contenidos en el Dictamen aprobado por la colegisladora como Cámara de Origen, acerca de que versan sobre reformas a la normatividad orgánica de la vida parlamentaria de cada una de sus Cámaras, que ante la nueva realidad requiere su debida armonización, atendiendo a los contenidos de la Reforma Política de la Ciudad de México.

SEGUNDA. En la vida orgánica de las Cámaras del Congreso de la Unión, es la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos la que prevé que las Comisiones son órganos constituidos por el pleno, que a través de la elaboración de dictámenes, informes, opiniones o resoluciones, contribuyen a que la Cámara correspondiente cumpla sus atribuciones constitucionales y legales.

En esa tesitura, esta Dictaminadora también estima procedente y viable jurídicamente, modificar en sus contenidos, la actual denominación de Comisión del Distrito Federal, por la de Comisión de la Ciudad de México, ya que aun cuando en virtud de la citada reforma política, el Congreso de la Unión dejó de ser el Congreso local para el Distrito Federal, conserva facultades expresas que justifican, desde el punto de vista del marco constitucional y dentro de la organización del proceso legislativo mantener la estructura de Comisión, como órgano destinado a la elaboración de las tareas que prevé la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

TERCERA. Respecto de la Consideración tercera de la Minuta que remite la colegisladora, hace referencia a la improcedencia de reformar el numeral 3, del Artículo 40 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, que se propuso en una de las Iniciativas motivo del correspondiente Dictamen, por las siguientes razones:

Que a la Comisión que analizó y formuló el Dictamen aprobado por el pleno del Senado, también le fue turnada anteriormente la “Minuta Proyecto de Decreto por el que se adicionan y derogan diversas disposiciones de los Artículos 39 y 40 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos”, por la que la Cámara de Diputados aprobó modificar la denominación de la Comisión del Distrito Federal, por la de Comisión de la Ciudad de México y situarla en el listado de Comisiones Ordinarias, otorgándole tareas de dictamen legislativo, de información y de control evaluatorio respecto de la Ciudad de México. Así como la derogación del numeral 3 del Artículo 40 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Por ello, es que la colegisladora en el Dictamen motivo de la presente Minuta, estimó jurídicamente procedente modificar la denominación de la Comisión del Distrito Federal, para hacerla acorde con la reforma constitucional, que por eso y considerando que la misma Comisión Dictaminadora del Senado, también dictaminó favorable aquella Minuta de la Cámara de Diputados, en el sentido de derogar el numeral 3 del Artículo 40 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, por las consideraciones y fundamentos por ella expuestos, estima sostener la derogación del numeral 3, del Artículo arriba indicado y en consecuencia determina la improcedencia de la reforma al multicitado Artículo 40 del referido ordenamiento orgánico.

Ahora bien, para esta Dictaminadora no pasa inadvertido que con fecha 20 de septiembre de 2016 fue cuando el pleno de la colegisladora aprobó el Dictamen, por lo que en esa fecha aún no se había publicado ni derogado el numeral 3 del Artículo 40 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Sin embargo, el 4 de octubre de 2016 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se adicionan y derogan diversas disposiciones de los Artículos 39 y 40 de la mencionada Ley Orgánica, donde específicamente se deroga el numeral 3 de su Artículo 40, por lo que queda sin materia para efectos de la Minuta que se dictamina.

Esta situación, no incide en las coincidencias que mantiene la Comisión Dictaminadora respecto de los contenidos del Dictamen de la colegisladora.

CUARTA. En relación con la reforma a los demás Artículos que proponen las Iniciativas, esta Dictaminadora también considera procedentes las modificaciones de la colegisladora y coincide con su punto de vista, acerca de que debe uniformarse la terminología que hace referencia al Distrito Federal, para denominarlo “entidad federativa” por las razones jurídicas expuestas en el contenido de su Dictamen.

Asimismo procedente, la adecuación a las Iniciativas motivo del Dictamen de la colegisladora, para lograr la armonización de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, con la Reforma Política de la Ciudad de México.

Por las razones expuestas y debidamente fundadas, la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, aprueba el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Artículo Único. Se reforman los artículos 15, numeral 9; 22, numeral 2; 23, numeral 3; 62, numeral 3; 66, numeral 1, inciso f); 67, numeral 1, inciso f); 90, numeral 1, fracción X, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

ARTÍCULO 15.

1.a 8. ...

9. La elección de la Mesa Directiva se comunicará al Presidente de la República, a la Cámara de Senadores, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y a los órganos legislativos de las entidades federativas.

10. ...

ARTÍCULO 22.

1....

2.El Presidente conduce las relaciones institucionales con la Cámara de Senadores, con los otros dos Poderes de la Unión y los poderes de las entidades federativas. Asimismo, tiene la representación protocolaria de la Cámara en el ámbito de la diplomacia parlamentaria.

3. y 4. ...

ARTÍCULO 23.

1. y 2. ...

3.Asimismo, conforme a la declaración de Presidente Electo de los Estados Unidos Mexicanos que hubiere hecho el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la federación, corresponde al Presidente de la Cámara disponer la elaboración inmediata del Bando Solemne; darlo a conocer al Pleno en la sesión más próxima; ordenar su publicación en el Diario Oficial de la Federación; y tomar las medidas necesarias para que se difunda en los Periódicos Oficiales de las entidades federativas y se fije en las principales oficinas públicas de las entidades federativas y de los Municipios.

4. ...

ARTÍCULO 62.

1.y 2. ...

3. La elección de la Mesa Directiva se comunicará a la Cámara de Diputados, al Titular del Poder Ejecutivo Federal, al Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y a las Legislaturas de las entidades federativas.

ARTÍCULO 66.

1. ...

a) a e)...

f)Conducir las relaciones de la Cámara de Senadores con la otra Cámara, los otros Poderes de la Unión, los Poderes de las entidades federativas; así como la diplomacia parlamentaria, designando para tal efecto a quienes deban representar a la Cámara en eventos de carácter internacional;

g) a m)...

2. y 3. ...

ARTÍCULO 67.

1. ...

a) a e)...

f)Presidir la conducción de las relaciones del Senado en los términos que señala el inciso e), del párrafo 1 del artículo anterior; y representarlo en las ceremonias a las que concurran los titulares de los otros Poderes de la Federación o de los Poderes de la Ciudad de México, así como en las reuniones de carácter internacional, pudiendo delegar su representación en cualquiera de los otros integrantes de la Mesa Directiva;

g)a o)...

2. ...

ARTÍCULO 90.

1....

I. a IX. ...

X.De la Ciudad de México;

XI.a XXX. ...

TRANSITORIO

ARTÍCULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

ARTÍCULO SEGUNDO. Los asuntos que la Mesa Directiva del Senado de la República hubiera turnado a la Comisión del Distrito Federal previo a la entrada en vigor del presente Decreto se entenderán como materias a resolver por la Comisión de la Ciudad de México. Lo mismo sucederá con todos los trámites sobre recursos administrativos, financieros, materiales y humanos, así como los distintos asuntos que desarrolle y que no estén sujetos a dictamen.

ARTÍCULO TERCERO. La integración de la Comisión de la Ciudad de México del Senado de la República será la misma que tenía la Comisión del Distrito Federal previo a la entrada en vigor del presente Decreto.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, a los 14 días del mes de diciembre de 2016.

La Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, diputados:Jorge Triana Tena (rúbrica), presidente; Edgar Romo García (rúbrica), Cristina Sánchez Coronel (rúbrica), Santiago Torreblanca Engell (rúbrica), Francisco Martínez Neri, Jesús Sesma Suárez, secretarios; Antonio Amaro Cancino, Rogerio Castro Vázquez (rúbrica), Mario Braulio Guerra Urbiola (rúbrica), María Gloria Hernández Madrid (rúbrica), Omar Ortega Álvarez, Ivonne Aracelly Ortega Pacheco (rúbrica), Esthela de Jesús Ponce Beltrán, Macedonio Salomón Tamez Guajardo (rúbrica), Oscar Valencia García (rúbrica), Diego Valente Valera Fuentes (rúbrica).»

La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: No habiendo oradores inscritos, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se encuentra lo suficientemente discutido en lo general y en lo particular este segundo dictamen.

El Secretario diputado Raúl Domínguez Rex: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica, se consulta a la asamblea, si el segundo dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señora presidenta, mayoría por la afirmativa.

La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Suficientemente discutido en lo general y en lo particular.

Se pide a la Secretaría que abra el sistema electrónico, para proceder a la votación del segundo de los dictámenes inherente a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias que contiene proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en consonancia con la reforma política de la Ciudad de México.

El Secretario diputado Raúl Domínguez Rex: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular, en un solo acto.

(Votación)

¿Falta algún diputado o diputada por emitir su voto? Está abierto el sistema. ¿Falta algún diputado o diputada por emitir su voto? Ciérrese el sistema de votación electrónico. Se emitieron 363 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra.

El diputado Omar Ortega Álvarez (dese la curul): A favor.

El Secretario diputado Raúl Domínguez Rex: 364 votos a favor. Acá el diputado también.

El diputado José de Jesús Zambrano Grijalva (desde la curul). A favor.

La diputada Leticia Amparano Gamez(desde la curul): A favor.

El diputado Samuel Alexis Chacón Morales(desde la curul): A favor.

El diputado Francisco Saracho Navarro (desde la curul): A favor.

La diputada Julieta Fernández Márquez (desde la curul): A favor.

La diputada Evelyng Soraya Flores Carranza (desde la curul): A favor.

El Secretario diputado Raúl Domínguez Rex: ¿Algún diputado más, o diputada? Diputado Guillermo Santiago, el sentido de su voto.

El diputado Guillermo Rafael Santiago Rodríguez(desde la curul): A favor.

El Secretario diputado Raúl Domínguez Rex: A favor. ¿Falta algún diputado o diputada por emitir su voto? Señora presidenta, se emitieron 371 votos a favor, 0 abstenciones, 0 votos en contra.

La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Aprobado en lo general y en lo particular por 371 votos el proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en consonancia con la reforma política de la Ciudad de México. Pasa al Ejecutivo para los efectos constitucionales correspondientes.

Se ruega a las compañeras y compañeros permanecer en el pleno puesto que vienen discusiones breves y por ende votaciones consecutivas, para evitar retardar más la sesión.

CÓDIGO PENAL FEDERAL

La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen de la Comisión de Justicia con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 381 Bis, y se adicionan los artículos 381 Ter y 381 Quáter al Código Penal Federal.

El Secretario diputado Raúl Domínguez Rex: «Dictamen de la Comisión de Justicia, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 381 Bis y se adicionan el 381 Ter y 381 Quáter al Código Penal Federal

HONORABLE ASAMBLEA:

A la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión de la LXIII Legislatura, le fue turnada la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal y de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada a cargo del diputado Gerardo Federico Salas Díaz del Grupo Parlamentario Partido Acción Nacional, así como la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 2 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.

Con fundamento en los artículos 71 y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 39; 43, 44, y 45, numeral 6, incisos e) y f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 80, 81, 82, 84, 85 y 157, numeral 1, fracción I, 158, numeral 1, fracción IV y 167 del Reglamento de la Cámara de Diputados, los miembros de esta Comisión de Justicia sometemos a consideración del Pleno de esta Honorable Asamblea el presente dictamen al tenor de la siguiente:

METODOLOGÍA

Esta Comisión, desarrolló los trabajos correspondientes conforme al procedimiento que a continuación se describe:

I. En el apartado “ ANTECEDENTES” se indica la fecha de recepción en el Pleno de la Cámara de Diputados y del recibo del turno en la Comisión de Justicia para su análisis y dictaminación.

II.En el apartado denominado “ CONTENIDO DE LA INICIATIVA” se resume el objetivo de la iniciativa que nos ocupa.

III.En el apartado “ CONSIDERACIONES”, las y los integrantes de esta Comisión dictaminadora, expresamos los razonamientos y argumentos con base en los cuales se sustenta el sentido del presente dictamen.

I. ANTECEDENTES

1. La primera de las iniciativas que se cita en el proemio fue registrada en la sesión de pleno en fecha 6 de septiembre de 2016, de igual manera la segunda de las iniciativas fue registrada en la sesión de pleno en fecha 13 de septiembre de 2016.

2. Posteriormente en fecha 8 y 13 de septiembre del presente año respectivamente, la Presidencia de la Mesa Directiva dispuso que las iniciativas citadas se turnaran a la Comisión de Justicia, para su estudio y dictamen correspondiente.

3. En sesión ordinaria, los integrantes de esta Comisión revisamos el contenido de la citada iniciativa y expresamos nuestras observaciones y comentarios a la misma.

II. CONTENIDO DE LAS INICIATIVAS

Contenido de la iniciativa con proyecto de reforma del diputado Gerardo Federico Salas Díaz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional

El diputado proponente considera que el abigeato ha sido un problema grave para nuestro país y que con el paso del tiempo ha ido en aumento el número de robo de ganado en diferentes estados de la República Mexicana, es por ello que diversos legisladores han propuesto diversas iniciativas para intentar solucionar el problema, la mayoría de las propuestas quedan pendientes en comisión y ya no realizan el procedimiento necesario para lograr las reformas.

Refiriendo el proponente que, en la pasada legislatura, el senador por Oaxaca, Adolfo Romero Lainas, propuso que se tipificara como delito federal el robo de ganado o abigeato en el Código Penal Federal y de esta manera homologar la legislación a nivel nacional.

Señalando que el pasado 13 de octubre de 2015 los diputados Juan Antonio Ixtlahuac Orihuela y Francisco Javier Santillán Oceguera proponen una iniciativa que reforma el artículo 381 Bis y adiciona el 381 Ter al Código Penal Federal

Cabe mencionar que además de las múltiples iniciativas sobre el tema se han presentado diversos puntos de acuerdo exhortando a las autoridades correspondientes a nivel federal y estatal para que realicen de manera rápida, expedita y contundente las investigaciones correspondientes sobre las denuncias que se presenten sobre el delito de abigeato o en su caso tomar las medidas pertinentes para fortalecer el sistema de identificación individual del ganado con el objeto de instaurar procesos de rastreabilidad de los animales en los diferentes estados de la República Mexicana hacia la prevención del delito de abigeato.

En los casos descritos anteriormente, el común denominador es el argumento de que este delito se ha ido acrecentando en los últimos años y casi siempre queda impune, esto en detrimento del sector ganadero en nuestro país.

Para el proponente es importante y necesario frenar este delito, ya que el robo de ganado contabiliza pérdidas millonarias para los productores del campo, debido a su éxito, se ha vuelto una práctica común en diversas regiones de nuestro país y que va desde los robos solitarios hasta la práctica cotidiana empleada por el crimen organizado. “Organizaciones ganaderas de al menos 11 estados de la República aseguran que el robo de ganado o abigeato —como se tipifica el delito— ha repuntado en los últimos dos años. Los caballos, las vacas, los borregos y los becerros son los principales animales robados, y las pérdidas para los criadores son contabilizadas en varios miles de pesos.

Un toro, por ejemplo, llega a costar entre 15 mil y 30 mil pesos; una vaca, entre 10 mil y 12 mil pesos; una vaca lechera se vende hasta en 25 mil pesos; un caballo entre 15 mil y 30 mil pesos, y un becerro cuesta entre 10 y 20 mil pesos.

Los ganaderos de Aguascalientes, el estado de México, Chiapas, Coahuila, Jalisco, Michoacán, Querétaro, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas y Zacatecas consideran que este delito ha crecido entre 30% y 50%, y lo atribuyen al crecimiento de la delincuencia organizada y a que los cárteles del narcotráfico han ampliado su campo de actividad. Pero también creen que en la mayoría de los casos se trata de delincuentes comunes y ocasionales que aprovechan el clima de inseguridad que hay en el país para cometer un ilícito”

Del latín abigeatus, derivado de ab y agere, “arrear, echar por delante”. ¿Se dice de abigeato en materia de derecho penal para referirse al robo de ganado? el robo de animales que requieren de arreo, o de acarreo.

El diputado señala que esta figura aparece prevista en las legislaciones más antiguas de la historia cuya economía estaba sustentada en la agricultura y el pastoreo. En el caso de nuestro país, en 1871 se contempla por primera vez en el Código Penal la figura del abigeato con penalidad de un año de prisión. Posteriormente el Código Penal de 1931 derogó dicha disposición, de manera que el delito dejo de aparecer previsto en la ley penal.

Posteriormente, por decreto del 16 de noviembre de 1966 y publicado en el Diario Oficial de 20 de enero de 1967, fue adicionado al Código Penal Federal el artículo 381 bis, para contemplar nuevamente el delito de abigeato:

“ Artículo 381 Bis. Sin perjuicio de las sanciones que de acuerdo con los artículos 370, 371 y 372 deben imponerse, se aplicarán de tres días a diez años de prisión al que robe en edificios, viviendas, aposento o cuarto que estén habitados o destinados para habitación, comprendiéndose en esta denominación no sólo los que estén fijos en la tierra, sino también los movibles, sea cual fuere la materia de que estén construidos, así como en aquellos lugares o establecimientos destinados a actividades comerciales. En los mismos términos se sancionará al que robe en campo abierto o paraje solitario una o más cabezas de ganado mayor. Cuando el robo se realice sobre una o más cabezas de ganado menor, además de lo dispuesto en los artículos 370, 371 y 372, se impondrán hasta las dos terceras partes de la pena comprendida en este artículo”.

El diputado refiere que en este artículo 381 Bis, se denota una ambigüedad en los términos ya que no se utiliza el concepto de abigeato, se hace mención de ganado mayor y ganado menor sin definir qué tipo de especies entran en ambos casos y las sanciones no están bien definidas, considerando que deja una amplia discrecionalidad la imposición de dichas sanciones.

Señalando el proponente que es necesaria una adecuación en las legislaciones de las entidades federativas debido a que solo en 27 entidades federativas de la República se tipifican el delito de abigeato; tres entidades federativas no utilizan el término de abigeato y dos entidades federativas no sancionan el delito bajo término alguno.

Es práctica común que considerada el abigeato como un delito no grave, los delincuentes salen pagando fianzas muy raquíticas e incluso por debajo del valor del ganado robado, lo que se traduce en atractivas ganancias para quienes cometen este ilícito; así mismo los altos índices de corrupción de las autoridades locales en muchas regiones ganaderas del país, han propiciado que los dueños del ganado ya no presenten denuncias, en buena medida por el grado de impunidad, corrupción y debilidad de las leyes en las entidades federativas.

Como consecuencia de lo anteriormente descrito, propongo los siguientes cambios al Código Penal Federal:

El diputado proponente manifiesta que es necesario adicionar el delito de abigeato en la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, entendiendo el termino de delincuencia organizada como la actividad delictiva de un grupo estructurado de tres o más personas, que existe durante cierto tiempo y que actúe concertadamente con el propósito de cometer uno o más delitos graves; se refiere a la “asociación”, a la “sociedad”, a la “corporación”, al “grupo”, al “sindicato”, a la “liga”, al “gremio”, a la “coalición”, en sí a la unión, como forma de conjuntar esfuerzos en grupo y con el empleo de la violencia, soborno, intimidación y fuerza, para realizar actividades ilegales y en este caso, al robo de ganado.

Señalando el diputado que propone que se adicione una fracción IX al artículo 2 de la Ley antes mencionada con la finalidad de que el delito se castigue con penas más altas y que el sector ganadero vuelva a tener la confianza de presentar sus denuncias y así evitar el abigeato, que día a día se acrecienta, provocando a los ganaderos un problema latente afectando a su patrimonio.

Cabe mencionar que, para el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, el sector agropecuario en México es considerado un tema de prioridad nacional; el problema del campo es de todos y la suma de voluntades y acciones pueden lograr que se le dé la verdadera importancia a la producción nacional y sus cadenas de valor. En este sentido es que propone se hagan modificaciones al Código Penal Federal y a la Ley Federal contra la delincuencia Organizada para que exista justicia para nuestros productores agropecuarios en el tema fundamental del abigeato.

En razón de lo anteriormente expuesto y descrito el diputado proponente pone a consideración a esta Honorable Cámara de Diputados la presente iniciativa que reforma el artículo 381 bis y adiciona los artículos 381 ter y 381 Quáter del Código Penal Federal y adiciona la fracción IX al artículo 2 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada de acuerdo al siguiente proyecto.

Contenido de la iniciativa con proyecto de reforma del diputado Bernardino Vargas Omar Noé del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México (PVEM)

El legislador proponente señala que se conoce como abigeato, a el robo de ganado y que este ha incrementado constantemente en los últimos años, repercutiendo en el patrimonio de miles de familias que se dedican a la ganadería.

De igual manera señala que el robo de ganado tiene un efecto directo en los precios de la leche y de la carne principalmente, pues su mercado sufre una distorsión que afecta la oferta de estos productos.

Ahora bien, el diputado manifiesta que el abigeato es un delito del fuero común, por lo cual su penalización varía en cada entidad federativa, toda vez que ésta se regula en los códigos penales de cada estado.

Refiriendo que en la mayoría de las entidades federativas las penas que se imponen por la realización por la comisión de este delito son menores, por tanto, los infractores regularmente salen bajo fianza.

Haciendo alusión a que desafortunadamente, la delincuencia en nuestro país ha venido evolucionando; hoy los infractores de la ley se organizan para cometer los delitos con mayor rapidez, saña e impunidad.

Manifestando el diputado que el sector pecuario constituye, sin duda, un eje estratégico en la actividad agroalimentaria del país. Una muestra de lo anterior es el sector lechero, el cual produce anualmente 12 millones de litros de leche; para hacerlo cuenta con 250 mil unidades de producción, creándose más de 1 millón de empleos directos con un factor multiplicador de 1.78.

De igual manera la carne en todas sus modalidades de producción se convierte en un componente indispensable para la alimentación de todos los mexicanos; genera divisas, por exportarse miles de toneladas de carne y miles de cabezas de ganado, abonando con ello al desarrollo del sector primario de la economía.

Por otra parte el sector pecuario es una fuente primordial de alimentación para los mexicanos a través de la leche y la carne, así como fuente de divisas extranjeras por medio de las exportaciones, el Estado Mexicano, en sus tres órdenes de gobierno, está obligado a generar los mecanismos jurídicos necesarios para mantener activo al sector, lo cual puede hacerse si se cuenta con la voluntad política de los poderes públicos para adaptar la norma jurídica vigente a la realidad y a la problemática que enfrenta el país.

En tiempos de desaceleración económica, de la caída del precio del petróleo, de la disminución de los ingresos públicos y la presión sobre el peso, se requiere que los problemas sociales del país se resuelvan realizando las reformas necesarias para salvaguardar la actividad productiva de la nación.

Cabe mencionar que hoy la palanca de desarrollo descansa sobre los rieles del mercado interno, del sector primario de la economía, no hay que soslayar que este sector está creciendo a ritmos de 9 por ciento anual por lo que hay que defenderlo y apuntalarlo con normas que garanticen la seguridad de las personas que operan esta rama de la economía, así como los medios de producción que generan la riqueza en el sector primario.

En el contexto descrito en las líneas anteriores, señala el diputado que existe la urgencia de que se frene la conducta delictiva denominada penalmente como abigeato, toda vez que dicha conducta atenta directamente contra el patrimonio de los ganaderos del país, dejándolos en muchas ocasiones sin medios para trabajar y por ende en precarias condiciones de subsistencia.

Por otra parte, es sabido por todos, que la delincuencia ha pasado de ser común a conformar estructuras cada vez más organizadas y sofisticadas, lo que la hace más peligrosa y contundente en sus conductas delictivas, perjudicando con mayor fuerza a sus víctimas.

El nivel de organización de la delincuencia sin duda ha repercutido en la forma de cometer el robo de ganado y en el incremento de este delito pues, según datos proporcionados por el Sistema Nacional de Seguridad Pública, el abigeato ha pasado de 6 mil 134 denuncias en 2012 a 8,005 denuncias en 2015, incrementándose en 24 por ciento, considerando únicamente los hechos denunciados. Sin embargo, todos sabemos que buena parte de los afectados no denuncian por temor, situación que, sin duda, aumentaría la cifra real de casos de abigeato.

Señalando el proponente que se reporta el mayor número de casos de robo de ganado en Veracruz, Tabasco, Chiapas, Guanajuato, Jalisco y Chihuahua.

Cabe mencionar que el abigeato constituye una conducta delictiva que se encuentra sancionada de diversas formas por los respectivos Códigos Penales de las entidades federativas y en la mayoría de éstas la sanción es menor, por lo cual los infractores salen bajo fianza, generándose así un estímulo para que continúe cometiéndose este delito en lugar de inhibirse a través de sanciones más graves.

Señalando el diputado que como no hay una ley general en la materia que establezca una pena estandarizada, se propone reformar la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, a efecto de que el infractor no pueda salir bajo fianza, toda vez que la norma en comento establece en el segundo párrafo de su artículo 3o., que en caso de delincuencia organizada, de oficio se decretará la prisión preventiva, además de que sin perjuicio de la pena que establezcan los códigos penales de las entidades federativas, se impondrá a los infractores una pena de entre cuatro y ocho años de prisión por el sólo delito de delincuencia organizada, el cual se configura cuando tres o más personas se reúnen para cometer un delito.

Señalando el diputado que su propuesta es incorporar el abigeato al catálogo de conductas delictivas que se precisan en la fracción V del artículo 2o. de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizad y que se evitará que quienes roban ganado salgan bajo fianza, además de que, independientemente de la pena que establezcan los respectivos Códigos Penales locales, se sancionará al indiciado por delincuencia organizada con pena privativa de la libertad de cuatro a ocho años, abonando con ello a que se inhiba la realización de esta reprobable conducta.

III. CONSIDERACIONES

PRIMERA. Esta Comisión de Justicia resulta competente para dictaminar las iniciativas con proyecto de decreto en la cual se solicita se tipifique el delito de abigeato en el Código Penal Federal, de conformidad con el fundamento expresado en el proemio, del presente dictamen, la primer iniciativa propuesta es por el diputado Gerardo Federico Salas Díaz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, mientras que la segunda iniciativa contiene el proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 2o. de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada propuesta por el diputado Omar Noé Bernardino Vargas, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

SEGUNDA. Ahora bien, por lo que respecta a la primera de las iniciativas señaladas en el considerando Primero, esta Comisión dictaminadora considera que derivado del análisis técnico de la propuesta, se desprende en términos generales que se considera viable. Ello atendiendo a lo siguiente:

a) técnicamente es mejor separar el artículo 381 bis y crear uno ter para distinguir el delito de abigeato, ya que está contenido actualmente en el delito de robo.

Si bien en estricto sentido, el ganado tiene la calidad de cosa mueble, por su especial naturaleza el legislador decidió crear un tipo especial en tratándose de apoderamiento de ganado, al que denominó abigeato.

En ese sentido, para una mejor técnica jurídica, se considera viable diferenciarlo en un dispositivo que lo regule de forma más adecuada y que, además, atienda otras circunstancias que hacen necesario replantear las formas de comisión del ilícito, así como algunas formas de comisión que agravan la conducta.

Por técnica jurídica la construcción del tipo penal debe ser unipersonal, salvo que se requiera un elemento cuantitativo respecto de los sujetos activos en su comisión, pues debe recordarse que, en las reglas establecidas en la parte general, las formas de autoría y participación, precisamente otorgan el margen de poder determinar si puede cometerse por sí o con la intervención de otros.

El Juicio de tipicidad implica la adecuación del tipo al hecho; esto significa que deben quedar satisfechos todos los elementos integrantes del tipo penal, esto es los taxativamente mencionados en el mismo, de manera que, si la descripción legal no lo exige, por exclusión, no es obligatoria la integración de otras circunstancias.

Por lo tanto, si no se menciona el número de especies que deben ser objeto de apoderamiento para la integración del tipo o alguna circunstancia del lugar o modo para su comisión, en la calificación jurídica que de la conducta se haga, será irrelevante.

Por lo tanto, no es necesario mencionar “una o más cabezas de ganado”, pues basta con que sea una para que se integre la conducta; o señalar “ independientemente del lugar en que se encuentren”, porque podrían llevarse a cabo el apoderamiento mientras el ganado está en encierro, en un vehículo cuando está siendo transportado o al aire libre, por citar algunos casos.

Se considera inviable incluir las fracciones III y IV, del artículo 381 Ter que se propone ya que se refieren a acciones posteriores a la acción del abigeato, que perfectamente pueden quedan comprendidas en otros tipos penales como el de posesión de producto de robo o uso de documento falso.

En orden de lo anterior, se propone la siguiente redacción:

Artículo 381 Ter. Comete el delito de abigeato quien por sí o por interpósita persona:

I. Se apodere de ganado, sin consentimiento de quien legalmente puede darlo;

II. Disponga para sí o para otro de ganado del que se le haya transmitido la tenencia y no el dominio; o

II. Sacrifique ganado sin el consentimiento de quien legalmente pueda otorgarlo.

Al responsable de dicho ilícito, además de lo dispuesto en los artículos 370, ,371 y 372, se impondrán de tres días a diez años de prisión, sin perjuicio de las sanciones que le puedan corresponder por la comisión de otros delitos.

Para efectos de este delito, se considera ganado a las especies mayores como bovinos, equinos, mular, asnal; a las especies menores, como las caprinas, ovinas, porcinas, aves, conejos, abejas; así como otras especies mayores o menores domésticas y las demás previstas en otras leyes especiales.

Igualmente, por técnica jurídica y para mayor claridad, se considera separar las agravantes y, establecer la regla de punibilidad que le pueda corresponder.

No se considera viable incluir como agravante el hecho que el ilícito se cometido en horarios nocturnos, ya que, en estos ilícitos, precisamente el activo busca perpetrarlo en la clandestinidad, evitando ser sorprendido.

También se considera que, para mayor claridad, la determinación de la sanción, sea conforme a las reglas previstas para el robo, esto es, la gradualidad de la sanción a imponer sea conforme al daño económico causado y no en relación a la especie, ya que no es la misma gravedad robar una cabeza de ganado que robar cien con independencia de si se trata de ganado mayor o menor.

Por lo que se hace la siguiente propuesta:

Artículo 381 Quáter: Además de las penas previstas en el artículo 381 Ter, se aplicará de dos a cinco años de prisión, cuando el abigeato:

I. Sea cometido por tres o más personas;

II. Sea cometido por quien tenga relación laboral o de parentesco con el propietario del ganado;

III. Se ejecute con violencia física o moral.

IV. Sea cometido por servidor público.

TERCERA. Respecto a la segunda iniciativa, esta comisión dictaminadora considera que la aportación que el legislador hace es valiosa, ya que propone salvaguardar los bienes muebles del sector ganadero el cual se ha visto afectado con el robo de ganado y que al paso del tiempo ha ido en aumento, convirtiéndose en una problemática seria para este sector.

Ahora bien, esta dictaminadora al realizar un estudio técnico jurídico estima que no es procedente considerarla dentro de los supuestos del artículo 2 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, ya que para que el delito de abigeato sea incorporado a esta ley necesita tener características muy específicas.

Para que el delito de Abigeato sea incorporado como un delito sancionado por la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, debemos tener claro que el mismo no es considerado socialmente como de alto impacto. Lo anterior, se establece toda vez que si realizamos un análisis respecto de los tipos penales que se establecen en las fracciones I a IX del artículo 2o. de la mencionada ley, podemos apreciar que éstos son sancionados con penas privativas de la libertad que llegan a alcanzar hasta 40 años de prisión como es el caso del secuestro, por lo tanto, si atendemos al principio de proporcionalidad de la ley penal, vemos que el abigeato se encuentra muy por debajo de estas sanciones. Lo anteriormente expresado no significa que se minimice el problema a que se enfrenta el sector ganadero, sino que se debe combatir de forma diferente.

Por otra parte, esta dictaminadora considera que no es procedente considerarla como un delito que pueda ser cometido por miembros de la delincuencia organizada, en cambio sí como una agravante como se propone en la fracción I del artículo 381 quater del Código Penal Federal.

CUARTA. Esta Comisión dictaminadora del estudio realizado en los considerandos segundo y tercero, estima que la primera propuesta se considera viable por los antecedentes expuesto en el considerando segundo, es decir se comparte la idea del proponente, ya que existen razones para poder incorporar el delito de abigeato dentro de la Legislación Penal Federal.

Por lo antes expuesto, los diputados integrantes de la Comisión de Justicia de la LXIII Legislatura, sometemos a consideración del pleno de esta Honorable asamblea el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE REFORMA EL ARTÍCULO 381 BIS Y SE ADICIONAN LOS ARTICULOS 381 TER Y 381 QUATER AL CODIGO PENAL FEDERAL

Artículo Único. Se reforma el artículo 381 Bis y se adicionan los artículos 381 Ter y 381 Quáter al Código Penal Federal, para quedar como sigue:

Artículo 381 Bis. Sin perjuicio de las sanciones que de acuerdo con los artículos 370, 371 y 372 deben imponerse, se aplicarán de tres días a diez años de prisión al que robe en edificios, viviendas, aposento o cuarto que estén habitados o destinados para habitación, comprendiéndose en esta denominación no sólo los que estén fijos en la tierra, sino también los movibles, sea cual fuere la materia de que estén construidos, así como en aquellos lugares o establecimientos destinados a actividades comerciales.

Artículo 381 Ter. Comete el delito de abigeato quien por sí o por interpósita persona:

I. Se apodere de ganado, sin consentimiento de quien legalmente puede darlo;

II. Disponga para sí o para otro de ganado del que se le haya transmitido la tenencia y no el dominio; o

III. Sacrifique ganado sin el consentimiento de quien legalmente pueda otorgarlo.

Al responsable de dicho ilícito, además de lo dispuesto en los artículos 370, 371 y 372, se impondrán de tres días a diez años de prisión, sin perjuicio de las sanciones que le puedan corresponder por la comisión de otros delitos.

Artículo 381 Quáter. Además de las penas previstas en el artículo 381 Ter, se aplicará de dos a cinco años de prisión, cuando el abigeato:

I. Sea cometido por tres o más personas;

II. Sea cometido por quien tenga relación laboral o de parentesco con el propietario del ganado;

III. Se ejecute con violencia física o moral,

IV. Sea cometido por servidor público.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de diciembre de 2016.

La Comisión de Justicia, diputados:Álvaro Ibarra Hinojosa (rúbrica), presidente; María Gloria Hernández Madrid (rúbrica), Ricardo Ramírez Nieto (rúbrica), José Hernán Cortés Berumen (rúbrica), Javier Antonio Neblina Vega (rúbrica), Patricia Sánchez Carrillo (rúbrica), Arturo Santana Alfaro (rúbrica), Lia Limón García (rúbrica), Víctor Manuel Sánchez Orozco, secretarios; Jesús Emiliano Álvarez López (rúbrica en abstención), Alfredo Basurto Román (rúbrica en abstención), Ramón Bañales Arámbula (rúbrica), Tristán Manuel Canales Najjar (rúbrica), Edgar Castillo Martínez, José Alberto Couttolenc Buentello, César Alejandro Domínguez Domínguez (rúbrica), Mayra Angélica Enríquez Vanderkam, Waldo Fernández González (rúbrica), José Adrián González Navarro, Sofía González Torres (rúbrica), Carlos Iriarte Mercado (rúbrica), Armando Luna Canales, Abel Murrieta Gutiérrez (rúbrica), Daniel Ordóñez Hernández (rúbrica), Ulises Ramírez Núñez (rúbrica), Edgar Romo García (rúbrica), Martha Sofía Tamayo Morales.»

La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Y para fundamentar el dictamen tiene la palabra por cinco minutos conforme a lo que se establece en el artículo 104, numeral 1, fracción II, del Reglamento de esta Cámara de Diputados, el diputado Ricardo Ramírez Nieto.

El diputado Ricardo Ramírez Nieto:Gracias, señora presidenta. Señora presidenta, con fundamento en el artículo 26, numeral 1; 27, numeral 1; 28, numeral 1, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, hago de su conocimiento que se presentó una propuesta de modificación al presente dictamen, por lo cual al momento que termine mi intervención le solicito respetuosamente ponga a consideración de la asamblea la propuesta de adenda, presentada por la junta directiva de esta comisión dictaminadora. Muchas gracias.

Compañeras y compañeros diputados, el proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 381 Bis y se adicionan los artículos 381 Ter y 381 Quater al Código Penal Federal que hoy se somete a votación, propone establecer delitos y sanciones aplicables a conductas específicas que agreden en principio el patrimonio del particular, con el objetivo de salvaguardar la riqueza ganadera del país, así como la economía y seguridad de ese sector, siendo esa la teleología de estas normas; es decir, que se pretende crear un tipo específico para sancionar las conductas de apoderamiento, disposición y sacrificio indebido de ganado que atentan contra ese específico patrimonio de las personas que tienen esa actividad y fuente de riqueza.

El sector pecuario constituye una fuente básica de alimentación para los mexicanos, una importante fuente de divisas extranjeras por medio de las exportaciones, así como el ingreso y sustento económico para las personas que viven de ese sector.

La industria ganadera representa la mitad del valor bruto de la producción agropecuaria y más de seis millones de personas están empleadas directamente por este sector. Sin embargo, de acuerdo con el Sistema Nacional de Seguridad Pública, el abigeato, es decir, el robo de ganado, ha aumentado en un 24 por ciento del 2012 al 2015 generando pérdidas millonarias.

Una de las máximas garantías en la aplicación del derecho penal, es el principio de legalidad, figura creada desde los albores del siglo XIX y vigente hasta el día de hoy que instituye que no hay delito ni pena sin ley previa.

De esta manera, nuestra Constitución consagra el principio de legalidad en materia penal en su artículo 14, al establecer que en los juicios del orden criminal queda prohibido imponer por simple analogía, o aún por mayoría de razón, pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trate.

Por eso, debe contarse con la precisión de cada delito, así como del alcance de las penas que trae consigo la consecución de los mismos. Esto, en congruencia con la estricta aplicación del derecho penal que asegure una adecuada impartición de justicia para todos los mexicanos.

Actualmente el Código Penal Federal contempla en su artículo 381 Bis el delito de abigeato. Sin embargo, el tipo penal tiene poca claridad, ya que no profundiza sobre sus sanciones ni sus agravantes, provocando con ello la consecuente incertidumbre jurídica. Asimismo, la ausencia de un tipo penal preciso en sus alcances ha ocasionado que las entidades federativas estén legislando de manera dispersa.

Por ello la necesidad de reformar el artículo 381 Bis y adicionar los artículos 381 Ter y 381 Quater al Código Penal Federal, para clarificar el delito de abigeato, para castigar hasta con 10 años de prisión a quien por sí o a través de interpósita persona se apodere de una o más cabezas de ganado sin el consentimiento de quien legítimamente pueda hacerlo.

Se describe ampliamente y acorde con la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo que debe entenderse y considerar como ganado. Se equipara al abigeato el sacrificio de ganado sin el consentimiento de quien legítimamente pueda hacerlo.

De igual manera, para establecer las agravantes del delito contempla, entre otras, cuando sea cometido por quien tenga alguna relación laboral o de parentesco con el propietario del ganado, sea cometido con violencia física o moral, o cometido por un servidor público, en cuyos casos la sanción se incrementará hasta una mitad.

Cabe destacar que la ley vigente prevé como sanción mínima la de tres días, motivo por el cual se determinó elevar esta sanción mínima a dos años, con el fin de combatir de manera eficaz este delito.

Por otra parte, en el dictamen se contempló como agravante del delito cuando sea cometido por tres o más personas. Asimismo, si se comete y se da en delincuencia organizada, banda o pandilla, la sanción será por ambos delitos.

En suma, dotaremos de certidumbre jurídica a los ganaderos de nuestro país y castigaremos a quienes atenten contra su patrimonio. Por ello, votar a favor de esta propuesta es votar a favor del desarrollo económico y de la seguridad alimentaria de los mexicanos.

Los retos del campo son desafíos para el país y el futuro del segundo depende del presente del primero, por eso nos corresponde legislar para que el primer sector de nuestra economía siga impulsando el bienestar de todos los mexicanos.

Finalmente quiero agradecer al presidente de la Comisión de Justicia, al diputado Álvaro Ibarra, que me haya permitido fundamentar el presente dictamen. Y, desde luego, agradecer a mi líder parlamentario, doctor César Camacho, extraordinario jurista y constitucionalista. Es cuanto, presidenta.

La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Gracias, diputado Ricardo Ramírez Nieto. Consulte la Secretaría a la asamblea si se dispensa la lectura de la modificación propuesta por la comisión, toda vez que ha sido distribuida a todas las compañeras y compañeros.

La Secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se dispensa la lectura a la propuesta de modificación. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Diputada presidenta, mayoría por la afirmativa. Se autoriza la dispensa.

La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: proceda la Secretaría consultar a la asamblea si se acepta la modificación propuesta por el diputado Ricardo Ramírez Nieto, a nombre de la comisión.

La Secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se acepta la modificación presentada por la comisión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Diputada presidenta, mayoría por la afirmativa.

La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: En consecuencia está a discusión en lo general, con la modificación propuesta por la comisión y aceptada por la asamblea. Tiene el uso de la palabra por cinco minutos, el diputado Gerardo Federico Salas Díaz, para hablar en relación a este dictamen.

El diputado Gerardo Federico Salas Díaz:Con su permiso, presidenta. Señoras y señores diputados, los legisladores somos sensibles ante la situación actual que atraviesa el campo mexicano.

Nuestros pequeños y medianos productores agropecuarios enfrentan grandes retos y desventajas en la comercialización, la producción e integración de las cadenas productivas, y además ante un escaso apoyo y falta de financiamiento oportuno al sector agroalimentario, y por su fuera poco y aprovechando los vacíos que existen en los diferentes ordenamientos jurídicos, se enfrentan diariamente a la práctica del abigeato o robo de ganado.

Es importante que en México logremos erradicar este delito, ya que el robo de ganado acumula pérdidas millonarias para los productores del campo y debido al éxito de los delincuentes se ha vuelto una práctica común en diversas regiones de nuestro país, que va desde los robos solitarios hasta la práctica cotidiana empleada por el crimen organizado.

Las organizaciones ganaderas de los diferentes estados de la República aseguran que el robo de ganado o abigeato ha repuntado en los últimos años. Los caballos, las vacas, los becerros y los borregos son los principales animales robados y las pérdidas para los ganaderos son millonarias.

Por estos motivos, el día de hoy sometemos a consideración de esta soberanía un dictamen que reforma el artículo 381 Bis y se adicionan los artículos 381 Ter y 381 Quáter del Código Penal Federal.

En el artículo 381 Bis del citado Código Penal se denota una ambigüedad en los términos, no se utiliza el concepto de abigeato y solo se hace mención de ganado mayor y menor, sin precisar qué tipo de especies entran en ambos casos, y las sanciones no están bien definidas, por lo que deja una amplia discrecionalidad en la imposición de las mismas.

Por este motivo, proponemos un artículo 381 Ter, en donde se explica claramente qué se entiende por ganado, así como las penas que se impondrán a quien o quienes cometan el delito y que van desde dos a 10 años de prisión.

En el artículo 381 Quáter, que nos especifica cómo el delito de abigeato es considerado calificado y sus penas, que van desde tres a 15 años cuando el abigeato sea cometido por una asociación delictuosa, banda o pandilla, sea cometido por quien tenga una relación laboral o de parentesco hasta en el cuarto grado con el dueño del ganado y cuando se ha cometido con violencia o por servidores públicos.

Es inaplazable que la ley se aplique con firmeza y acabar con el lastre de la corrupción en el campo mexicano, sobre todo en materia de justicia. Además es necesaria una adecuación en las legislaciones de las entidades federativas, ya que 27 estados de la República tipifican el delito de abigeato, tres no utilizan el término de abigeato y dos entidades federativas no sancionan el delito bajo término alguno.

Asimismo es práctica común que el abigeato, al ser considerado como un delito no grave, los delincuentes salen pagando fianzas muy raquíticas e incluso por debajo del valor del ganado robado. Esto se traduce en atractivas ganancias para quienes cometen este ilícito.

De la misma manera, los altos índices de corrupción de las autoridades locales en muchas regiones ganaderas del país, han propiciado que los dueños del ganado ya no presenten denuncias, en buena medida por el grado de impunidad, corrupción y debilidad de las leyes en los estados.

Señoras y señores, con la presentación de este dictamen aprovechamos para pedir, de manera urgente, que el gobierno federal y sus dependencias actúen, ya que el problema del campo es de todos y la suma de voluntades y acciones pueden lograr que se le dé la verdadera importancia a la producción nacional y sus cadenas de valor.

Lo hacemos así porque las instituciones del gobierno federal, las que tienen la obligación de salvaguardar los bienes de quienes producen día a día nuestros alimentos, debemos fortalecer la estructura de nuestra ganadería y con ello mejorar el nivel de vida de los productores y sus familias.

Por estas razones es que pido a todas las compañeras diputadas y compañeros diputados presentes en este pleno, a votar a favor de este dictamen, el cual beneficiará de forma directa a nuestros productores agropecuarios.

Con leyes más claras y justas estamos protegiendo el patrimonio de quienes procuran día a día la producción y el abasto de nuestros alimentos. Es cuanto, presidenta, gracias.

La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Gracias, diputado Salas Díaz.

El diputado Omar Noé Bernardino Vargas(desde la curul): Presidenta.

La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Nos ha solicitado el uso de la palabra desde su curul el diputado Omar Bernardino. Sonido en la curul del diputado.

El diputado Omar Noé Bernardino Vargas (desde la curul): Presidenta, quisiera que me solicitara la palabra y ejercer mi derecho para, desde tribuna, razonar el voto del dictamen que también nosotros empezamos a proponer referente a lo del abigeato durante mucho tiempo, es un trabajo que hemos venido realizando.

El diputado Salvador Zamora Zamora(desde la curul): Presidenta.

La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Sonido en la curul del diputado Zamora Zamora, ¿con qué objeto, diputado?

El diputado Salvador Zamora Zamora (desde la curul): En el mismo sentido, diputada presidenta. Con la idea de que no se nos sujete a la agenda política, a la agenda que hemos venido llevando en esta sesión y que se nos permita manifestarnos en un tema de interés para todos los diputados, pero sobre todo, para un sector muy golpeado por el tema que se está discutiendo. Muchas gracias, presidenta. Y que se nos permita subir a tribuna.

El diputado Oswaldo Guillermo Cházaro Montalvo(desde la curul): Presidenta.

La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Sonido en la curul del diputado Oswaldo Cházaro, por favor.

El diputado Oswaldo Guillermo Cházaro Montalvo (desde la curul): Señora presidenta, es para expresar en nombre de los ganaderos de México nuestra felicitación a los proponentes, a los promotores de esta iniciativa.

Igualmente a la Comisión de Justicia por la acertada dictaminación que permite hoy que haya la expectativa para fortalecer los procedimientos para la persecución y castigo del delito de abigeato. Igualmente, las fracciones parlamentarias que tengan a bien aprobar este dictamen.

La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Gracias, diputado Oswaldo Cházaro. Les comparto que a esta Mesa Directiva se le informó que había un acuerdo pactado entre los grupos parlamentarios, a efecto de no haber oradores en cuanto a este dictamen se refiere. Por ende, yo sugeriría que sean los propios grupos los que nos digan si va a pactarse una situación distinta.

El diputado Arturo Santana Alfaro(desde la curul): Presidenta.

La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Sonido en la curul del diputado Arturo Santana, por favor. ¿Con qué objeto, diputado?

El diputado Arturo Santana Alfaro (desde la curul): Sí, diputada presidenta. En atención a lo que usted acaba de comentar, de este acuerdo entre los grupos parlamentarios, solamente decir que el Grupo Parlamentario del PRD acompañará en sus términos el presente dictamen. Y agradecer a la Comisión de Justicia por considerar todas las proposiciones, la propuesta que hace el Partido de la Revolución Democrática para deslindar de manera correcta del delito de robo, lo que es el delito de abigeato en general.

Y también hacer un llamado nada más para... como ya no vamos a tener la oportunidad de argumentar, hacer un llamado a la Comisión de Justicia, de la cual soy parte, para utilizar de manera correcta la traslación del tipo penal en los casos que se estén sustanciando hoy por hoy en los tribunales. Es cuanto, diputada presidenta.

La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Se registra su participación, diputado. Se consulta al diputado Omar Bernardino si insiste en su participación. Adelante, diputado.

El diputado Omar Noé Bernardino Vargas(desde la curul): Sí, presidenta.

La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Para efectos de hablar en pro del dictamen tiene el uso de la palabra el diputado Omar Bernardino Vargas.

El diputado Omar Noé Bernardino Vargas: Compañeras y compañeros diputados, quiero expresarles con números lo que representa el sector pecuario en nuestra economía en México, iniciando con el sector lechero, que produce anualmente 12 millones de litros y para hacerlo ocupa más de 250 mil unidades, creando más de un millón de empleos directos.

La carne, en todas las modalidades de producción, constituye también un componente importante; no tan solo para el consumo interno sino también por las divisas que genera por las miles y miles de ventas que se hacen por la carne de ganado. Y más aún, ahora con la buena noticia de nuestro secretario de Sagarpa, Pepe Calzada, quien nos acaba de decir que Rusia está interesado en comprarle a México más de 300 mil toneladas de carne de bovino.

No debemos soslayar que la ganadería representa más de 40 por ciento del producto interno bruto del sector agropecuario, generando más de 235 mil millones de pesos.

Compañeras y compañeros, nosotros tenemos una deuda con el sector ganadero y debemos brindarles un marco jurídico para fortalecerlos y beneficiarnos, pero también para castigar a aquellos delincuentes que se roban el ganado de las y los mexicanos.

Miren, en la actualidad el abigeato es un delito de fuero común y la penalización varía de acuerdo a los códigos penales en cada una de las entidades federativas. Al respecto, he de señalar que solo en 27 entidades se considera este delito de abigeato. Obliga en su momento, porque las penas son muy blandas, a que el juez decrete la libertad del delincuente, o en el mejor de los casos, seguir el proceso en libertad. Eso hace que muchos no quieran denunciar el delito de abigeato.

Yo quiero agradecer que hayan tomado en cuenta la iniciativa de un servidor que propuso el 13 de septiembre del año pasado para robustecer este dictamen, que tiene como objetivo precisamente incrementar las penas para que difícilmente puedan salir estos malhechores que cometen el delito de abigeato.

Por eso en el Partido Verde, en la fracción del Partido Verde votaremos a favor de este dictamen que tiene como objetivo establecer el abigeato de manera específica en el Código Penal, con la finalidad de que aquel que quiera robar ganado pueda ser sancionado de tres a 10 días de años de prisión, y también si cometen este delito tres o más personas se le pueda sancionar de manera adicional de dos a cinco años. Es decir, aquellos maleantes que quieran robar ganado van a ser penalizados hasta con 15 años de prisión.

Ahora con esta reforma también se abre la oportunidad para que los ganaderos del país tengan una opción de presentar, ya sea la denuncia ante el Ministerio Público federal o en su entidad federativa de acuerdo a la conveniencia del afectado. Sin duda estas reformas son las que van ayudar y fortalecer a todos los ganaderos del país que siempre han contribuido por nuestra economía y también para generarnos el consumo interno de las y los mexicanos.

Y agradezco infinitamente que me hayan dado esta oportunidad y lo hago, lo hago nada más porque creo que el trabajo es válido y el trabajo debe de ser respetable de todas y todos los legisladores, y más aún cuando no nada más es subir a tribuna a apantallar a las o los legisladores, sino también el trabajo que se ha venido haciendo desde comisiones. Muchas gracias.

Presidencia de la diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Gracias, diputado Noé Bernardino. Para hablar a favor del dictamen, tiene el uso de la palabra hasta por tres minutos, el diputado Salvador Zamora Zamora, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

El diputado Salvador Zamora Zamora:Muchas gracias, presidenta, con su venia. Desde nuestros orígenes ha existido el abigeato, ha existido el robo del ganado, pero este afecta principalmente a los pequeños productores, a los grandes también, pero afecta principalmente a los pequeños productores.

Para miles de ganaderos, para miles de pequeños productores, el ganado es parte de su patrimonio, con él alimentan a sus familias a través de los productos que se obtienen en el día a día. Decía mi abuelo que el ganado, le pusieron ganado, porque siempre se reproduce, siempre ganas, siempre hay uno más.

Y muchas familias en nuestro país y en el mundo viven de la reproducción animal. Esperan con sus ahorros, con sus animales, a veces a poder vender una gallina, a poder vender un cerdo, a poder vender un litro de leche en la calle o a poder venderlo a las instituciones correspondientes. Eso es la importancia del tema del que estamos hablando.

Con el paso de los años el abigeato inclusive se ha convertido en objeto del crimen organizado. Ahora resulta que también es parte de las organizaciones criminales en el país, por eso la importancia de dictamen que estamos hoy aprobando en este pleno de esta máxima tribuna de la nación.

Lo que hoy estamos elevando a delito federal, aunque ya existía, es haciendo partícipe también a la federación para que junto con los estados, con las entidades federativas podamos, entre todas las instituciones atacar un problema que ha sido de años.

Para darles solamente algunos datos, en el 2008 solamente hubo cinco mil 82 denuncias. Para el año 2013 fueron siete mil 635. Es decir, un 24 por ciento más. Sin embargo, existe una cifra que no está en los números oficiales y que al menos es del doble de las que se denuncian.

Es decir que es un delito que muchas veces no se denuncia ¿y qué consecuencias tiene el que no se denuncie este delito? En que los perjudicados, las personas que son robadas en el ganado, en sus cerdos, en sus vacas, en sus gallinas, tomen justicia por su propia mano.

Un fenómeno ligado desde luego a un problema social, familiar, donde muchas veces quienes ejecutan este robo son personas ligadas a las familias que tienen el ganado y que desafortunadamente quedan impunes en la mayor parte de las ocasiones. Lo que estamos aprobando hoy es tan importante para que todas las instituciones podamos coparticipar en el castigo a los que se dedican a este crimen que afecta principalmente a los más necesitados.

Con esto anunciamos el voto a favor tanto de manera personal como de mi grupo parlamentario y con esto también dejamos plasmado el compromiso que tenemos con un importante sector como es el ganadero, y por supuesto, particularmente con los más desprotegidos que son los pequeños productores. Muchas gracias, presidenta.

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Gracias, diputado Salvador Zamora. Agotada la lista de oradores, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular.

La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla: Por instrucciones de la Presidencia en votación económica se consulta a la asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. Señora presidenta, mayoría por la afirmativa.

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Suficientemente discutido en lo general y en lo particular.

Se pide a la Secretaría que abra el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular.

La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular.

(Votación)

El Secretario diputado Raúl Domínguez Rex: ¿Falta alguna diputada o diputado de emitir su voto?

La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla:¿Algún compañero o compañera que falte de emitir su voto? Sigue abierto el sistema. Ciérrese el sistema de votación electrónico. Se emitieron a favor 368 votos, 0 abstención, 0 en contra. Es cuanto, presidenta.

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Aprobado en lo general y en lo particular por 368 votos el proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 381 Bis y adicionan los artículos 381 Ter y 381 Quater al Código Penal Federal. Pase al Senado para los efectos constitucionales.

LEY GENERAL DE CAMBIO CLIMÁTICO

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen de la Comisión de Cambio Climático con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 7 y 34 de la Ley General de Cambio Climático.

La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla:«Dictamen de la Comisión de Cambio Climático, con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción XXIII del artículo 7o., y los incisos a) e i) de la fracción I del artículo 34 de la Ley General de Cambio Climático

HONORABLE ASAMBLEA:

La Comisión de Cambio Climático, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71 y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 39, numerales 1 y 2 y, 45, numeral 6, inciso e) y f), ambos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los diversos 80, numeral 1, fracción II; 85 y 157, numeral 1, fracción I, todos del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta Honorable Asamblea el presente dictamen, al tenor de los siguientes:

I. ANTECEDENTES

1. En sesión celebrada en esta Cámara de Diputados de fecha 14 de septiembre de 2016, el diputado Mariano Lara Salazar, integrante del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, presentó la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma los artículos 3o. y 34 de la Ley General de Cambio Climático.

2. El Presidente de la Mesa Directiva determinó dictar el siguiente trámite: “Túrnese a la Comisión de Cambio Climático de la Cámara de Diputados”.

3. Se recibió en las oficinas de la Presidencia de la Comisión de Cambio Climático la iniciativa en comento mediante oficio Núm. DGPL-63-II-4-384, con fecha 19 de septiembre de 2016.

4. Con fecha 9 de noviembre de 2017, a la Comisión de Cambio Climático le fue notificada por la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados la autorización de la prórroga para la formulación del dictamen de la iniciativa del diputado Mariano Lara Salazar.

5. En sesión celebrada en esta Cámara de Diputados de fecha 29 de noviembre de 2016, el diputado Tomás Roberto Montoya Díaz, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, presentó la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 34 de la Ley General de Cambio Climático.

6. El Presidente de la Mesa Directiva determinó dictar el siguiente trámite: “Túrnese a la Comisión de Cambio Climático de la Cámara de Diputados”.

7. Se recibió en las oficinas de la Presidencia de la Comisión de Cambio Climático una copia del expediente de la iniciativa en comento mediante oficio Núm. DGPL-63-II-2-1284, con fecha 30 de noviembre de 2016.

II. OBJETO Y CONTENIDO DE LAS INICIATIVAS

A. INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 3o. Y 34 DE LA LEY GENERAL DE CAMBIO CLIMÁTICO PRESENTADA POR EL DIPUTADO MARIANO LARA SALAZAR.

Inicia el proponente externando su preocupación por el fenómeno del cambio climático y los factores que lo provocan. Así mismo, hace referencia a las condiciones de vida en las grandes ciudades, en donde los espacios naturales están muy limitados. Señala que a medida que crecen las grandes ciudades, se reducen los hábitats naturales y su diversidad biológica y aumenta la contaminación del ambiente.

Menciona que las grandes edificaciones han ido ganando terreno y que, de acuerdo con el Consejo Mexicano de Edificación Sustentable, los edificios representan el 65% del consumo total de energía, emiten el 30% de gases de efecto invernadero y consumen el 35% del agua.

Aunado a lo anterior, la mala calidad del aire provoca la afectación directa sobre la salud de las personas, como ha sido ampliamente documentado.

Por ello, afirma el proponente, es prioritario generar acciones de recuperación del espacio verde perdido, a través de la optimización de nuestros recursos al alcance, dentro de los hogares, lugares de trabajo, inmuebles destinados a oficinas y cualquier otro espacio que se pueda recuperar. Es imprescindible, agrega, buscar alternativas viables y rentables que recobren las áreas verdes que se han destruido por la urbanización y que una alternativa se puede encontrar en las azoteas y muros verdes, propuesta que en la actualidad ha ido ganando terreno a nivel nacional e internacional, además de representar una solución con grandes beneficios económicos, de salud y ambientales para toda la población.

Pasa a continuación a exponer el aspecto técnico del concepto conocido como “azotea verde naturada” (conocido también como “azotea o techo verde” o “cubierta ajardinada”).

Señala que se refiere al techo de un edificio que esta parcial o totalmente cubierto de vegetación, ya sea en suelo o en un medio de cultivo apropiado, a través de una membrana impermeable, incluyendo además otras capas de cubierta que sirven para drenaje e irrigación y como barrera para raíces.

Este recurso no consiste en colocar vegetación a través de macetas, sino que implica un diseño e instalación más sofisticadas a través del uso de tecnologías empleadas en estos techos para mejorar el hábitat o ahorrar el consumo de energía y cumplir con su función ecológica. Por ello, el término “techo verde” también se usa para referirse a la instalación de paneles o módulos fotovoltaicos.

A continuación señala que existen distintos tipos de “naturación”. Esta puede ser de tipo intensivo, semi-intensivo o extensivo. A continuación, una descripción más amplia:

“ Esto, en atención a la profundidad del medio de cultivo y del grado de mantenimiento requerido. Los jardines en los techos tradicionales requieren un espesor de suelo considerable para cultivar plantas grandes y césped tradicional, se les considera intensivos porque requieren mucho trabajo, irrigación, abono y otros cuidados. Los techos semi-intensivos son de tipo parque con fácil acceso y pueden incluir desde especias para la cocina a arbustos y árboles pequeños. Los techos extensivos, en cambio, están diseñados para requerir un mínimo de atención, tal vez desmalezar una vez al año o una aplicación de abono de acción lenta para estimular el crecimiento. En general, los techos extensivos se visitan sólo para su mantenimiento y se pueden cultivar en una capa muy delgada de suelo; la mayoría usa una fórmula especial de composta o incluso de lana de roca directamente encima de una membrana impermeable. Esto puede proveer sustrato para musgos y especies como el Sedum.

El sistema de azotea verde naturada, implica un tratamiento especial al techo, mediante la utilización de una técnica muy segura que se adapta a las características de cada construcción, para proteger la superficie y generar beneficios tangibles para quienes habitan el lugar, contiene gran cantidad de capas y componentes, los cuales hacen que funcione de manera correcta y confiable sobre el inmueble donde se va a instalar, pudiendo ser colocadas en edificaciones nuevas o bien en las ya existentes, y sobre cualquier tipo de techo, siempre y cuando pueda soportar una carga aproximadamente de 110 kilos por cada metro cuadrado, que es el resultante del peso del material acondicionante para su instalación.

En este tipo de espacios se tiene la posibilidad de cultivar pequeños vegetales, lo que nos permite ir transformando espacios grises en espacios vivos y armónicos. Todo ello conlleva múltiples beneficios de salud, sociales, ambientales y estéticos, al hacer ambientes más cálidos y confortables.”

Apunta el diputado Lara que el concepto de azoteas verdes naturadas no es nuevo, que existe desde la antigüedad y que la naturación de la era moderna comienza en Alemania en la década de los sesenta, al desarrollar la técnica de las “azoteas verdes”, la cual se difundió posteriormente a lo largo de toda Europa. Alemania cuenta con cerca de un 10% de techos con estas características; un ejemplo de ello es la ciudad de Stuttgart, la cual fue una de las primeras en otorgar beneficios fiscales por la implantación de azoteas verdes en la década de los ochenta y, en el caso de la ciudad de Berlín, se adoptaron medidas similares con la condicionante de que toda nueva edificación que cuente con grandes áreas de construcción, deben instalar una azotea verde como requisito para obtener los permisos de construcción de la misma.

Se pasa a referir algunas experiencias:

1. Se estima que alrededor del 40% de las ciudades alemanas ofrecen algún tipo de incentivo para la instalación de azoteas verdes en sus edificaciones. Se tiene contabilizado, hasta el año 2000, que Alemania contaba con más de 15 millones de metros cuadrados de azoteas verdes. Algunos otros países europeos como Suiza, Holanda, Hungría, Suecia y el Reino Unido, tienen asociaciones que fomentan los techos verdes. La ciudad de Linz, en Austria, paga a los constructores para que instalen techos verdes. En Suiza, por su parte, existe una ley federal sobre techos verdes. En Gran Bretaña, las políticas sobre este tema han cobrado gran vigor, especialmente en las ciudades de Londres y Sheffield; de igual forma, Copenhague, Dinamarca, ha tomado la decisión de convertir los techos verdes en obligatorios, con el objetivo de conseguir emisiones neutras de CO2 para el año 2015.

2. En Tokio se incluyó como requisito que todo aquel nuevo edificio con un área mayor a 1,000 m2 tendría que contar con una azotea verde. Con esta medida se deseaba instalar 1,200 hectáreas de azoteas verdes para el año 2011, con la finalidad de reducir la temperatura del centro de la ciudad un grado Celsius.

3. En Estados Unidos, específicamente la Ciudad de Illinois, que tratando de ser la ciudad más verde de dicho país, ha colocado en gran escala azoteas verdes sobre las edificaciones nuevas y existentes. Estudios realizados en ese país determinaron que en las edificaciones que cuentan con una azotea verde ha disminuido el consumo de energía hasta en un 25%.

4. Otros países que han adoptado medidas similares son Argentina, que promueve mediante incentivos y beneficios fiscales a quienes apuestan por este tipo de instalaciones. De igual forma, en el caso de Chile existen políticas e incentivos para los que adopten el giro verde, medida que ha sido bien aceptada pues hasta la fecha se han logrado alcanzar alrededor de 60 mil metros cuadrados de techos verdes. En Bogotá, desde el 2009 fue emitida la Ley 418 para buscar que en los techos, cubiertas o terrazas de los edificios o inmuebles, se implemente y genere la tecnología de techos verdes, como una alternativa de mejoramiento ambiental. También en Toronto, existen ordenamientos similares han permitido crear 1.2 millones cuadrados de techos verdes en centros comerciales, institucionales, casas y complejos de apartamentos.

A continuación el proponente explica algunas de las ventajas de la tecnología de las azoteas verdes:

Las edificaciones tradicionales absorben la radiación solar, que después emiten en forma de calor, haciendo que las grandes ciudades mantengan temperaturas por lo menos cuatro grados centígrados más altas que en las zonas circundantes. Ante esto, resulta importante mencionar los beneficios de contar con azoteas verdes naturadas:

1. Actúan como aislantes térmicos, situación que permite regular la temperatura, manteniendo el inmueble fresco en estaciones calurosas y el calor en estaciones frías, reduciendo el gasto de energía por el uso de aires acondicionados y sistemas de calefacción;

2. Aumentan la producción de oxígeno y mejoran la calidad del aire en las ciudades, lo cual se traduce en menos enfermedades respiratorias con la consiguiente reducción del gasto en materia de salud;

3. Se afirma que absorben el 80% de la lluvia, evitando posibles inundaciones, ya que retienen en buena parte el agua de lluvia en tormentas;

4. Reducen el efecto de isla de calor, generado por las grandes ciudades;

5. Habilitan espacios no usados en los edificios de vivienda y oficinas, permitiendo crear entornos sanos y armónicos, además de proporcionar espacios de descanso;

6. Atrapan las partículas contaminantes del ambiente, ya que un metro cuadrado de pasto atrapa 130 gramos de polvo por año;

7. Proporcionan un sistema de impermeabilización de larga duración, ya que aumenta la vida útil de dichos sistemas, que es de 5 a 10 años, a más de 30 años, lo cual se traduce en un ahorro considerable y;

8. Son aislantes naturales del ruido.

Señala el diputado Lara que convertir las grandes ciudades urbanizadas en ciudades verdes es una meta que aún se encuentra lejos, tomando en consideración que la normatividad en materia de azoteas verdes es escasa a nivel internacional, pero más aún a nivel nacional y a continuación hace un recuento de ésta:

1. Artículo 4o. Constitucional, que establece que: “ Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley”.

2. Uno de los ejes rectores en política pública establecidos en el “Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 es la sustentabilidad.

3. En 2012 fue creado el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC), como un organismo público descentralizado de la Administración Pública Federal, con personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomía de gestión, sectorizado en la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), cuyo objeto es coordinar y realizar estudios y proyectos de investigación científica o tecnológica con instituciones académicas, de investigación, públicas o privadas, nacionales o extranjeras en materia de cambio climático, protección al ambiente y preservación y restauración del equilibrio ecológico, así como promover y difundir criterios, metodologías y tecnologías para la conservación y el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales y llevar a cabo la evaluación respecto del cumplimiento de los objetivos de adaptación y mitigación, así como las metas y acciones contenidas en la Estrategia Nacional de Cambio Climático, el Programa Especial de Cambio Climático y los programas de las entidades federativas en esta misma materia.

4. Norma Mexicana NMX-AA-164-SCFI-2013, de Edificación Sustentable, Criterios y Requerimientos Ambientales Mínimos, emitida por la Secretaría de Economía en 2013, la cual especifica los requerimientos ambientales de una edificación sustentable para contribuir en la mitigación de impactos ambientales y el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, la cual es de aplicación voluntaria para todas las edificaciones que se ubiquen dentro del territorio nacional, públicas o privadas, destinadas en su totalidad o en uso mixto a diferentes actividades de índole habitacional, comercial, de servicios o industrial. De esta norma se toma la definición de azotea verde naturada, que se incluye en la presente propuesta de reforma.

5. En el ámbito local, en la Ciudad de México, fue emitida en el año 2011 la primera medida estándar medioambiental, conocida como NADF-013-RNAT para la instalación de techos verdes, publicada como el primer documento normativo para el diseño e instalación de azoteas verdes, ya que refiere el protocolo y requisitos técnicos para el establecimiento de proyectos de naturación en azoteas, destacando el hecho de que se cuenta con programas de estímulos como la reducción en el pago de impuesto predial del 10, 25 y hasta 50 por ciento para quienes realicen la naturación del techo de sus casas.

En la Ciudad de México hay más de 8 mil metros cuadrados de azoteas en edificios públicos que se encuentran cubiertas de vegetación, como son el Hospital Belisario Domínguez, el Museo Interactivo de Economía, la Glorieta de Insurgentes, con alrededor de 1037 metros cuadrados, y la azotea verde más grande de México que se localiza en las instalaciones donde se ubica el Infonavit, la cual tiene 5,200 metros cuadrados y contó con una inversión de más de 8 millones de pesos.

En el interior de la República Mexicana, el Estado de Nuevo León cuenta con el Museo del Acero en el Parque Fundidora, seguido por el estado de Jalisco, específicamente Zapopan, con el inmueble “El Acantilado”.

La instalación y cuidado de techos verdes naturados son costosos, pues oscilan entre los mil doscientos y los cuatro mil pesos por metro cuadrado, dependiendo de las plantas usadas. El costo por la instalación de un techo verde va de un 25 a un 50% más alto que el de un techo tradicional, esto es porque su instalación requiere de varios aspectos como son mayor capacidad de carga de la estructura que soportará el techo verde, originado por el peso adicional de las plantas, tierra, humedad acumulada y mecanismos de protección y desagüe; sin embargo, a la larga, la instalación de dicho techo también traerá beneficios económicos como la reducción en el costo de impermeabilización y mantenimiento estructural del techo tradicional.

Afirma el diputado proponente que el objeto de su iniciativa consiste en reformar la Ley General de Cambio Climático para constituir, a través de la implementación de azoteas verdes naturadas, una alternativa viable para la naturación de las grandes ciudades y sus áreas urbanas, conteniendo así de manera eficiente las emisiones de gases de efecto invernadero).

Finalmente menciona que la propuesta de reforma se realiza a sabiendas de los costos económicos que en un principio deban erogarse, ya que son mucho más altos aquellos que asumimos en materia de salud y contaminación ambiental, aunado a que a largo plazo representan un gran beneficio al mejorar la calidad de vida de las personas que habitan las poblaciones urbanas. Debemos convertir las azoteas verdes naturadas en parte de la cultura de vida de nuestro país.

De acuerdo con los argumentos vertidos en su exposición de motivos, el diputado Lara propone la reforma de la Ley General de Cambio Climático en los siguientes términos:

Se reforma la fracción III recorriéndose las subsecuentes del artículo 3º, así también se reforma el párrafo primero y el inciso i) de la fracción I del artículo 34 de la Ley General de Cambio Climático, para quedar como sigue:

Para reducir las emisiones, las dependencias y entidades de la administración pública federal, el Poder Legislativo, el Poder Judicial de la Federación, las Entidades Federativas y los Municipios, en el ámbito de su competencia, promoverán el diseño y la elaboración de políticas y acciones de mitigación asociadas a los sectores correspondientes, considerando las disposiciones siguientes:

Expedir disposiciones jurídicas y elaborar políticas para la construcción de edificaciones sustentables, incluyendo el uso de materiales ecológicos y la eficiencia y sustentabilidad energética, asimismo deberán instalar de manera gradual en los inmuebles a su cargo, azoteas verdes naturadas en atención a las zonas geográficas en que se encuentren, de conformidad con su capacidad técnica y financiera y en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Federal de Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticas e Históricas, según sea el caso.

El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

B. INICIATIVA QUE ADICIONA UN INCISO EN LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 34 DE LA LEY GENERAL DE CAMBIO CLIMÁTICO PRESENTADA POR EL DIPUTADO TOMÁS ROBERTO MONTOYA DÍAZ.

Inicia el proponente poniendo de relieve la importancia de las acciones de mitigación como uno de los pilares de la política nacional de cambio climático.

Señala, por otra parte, que “El crecimiento urbanístico ha venido de la mano con un enfoque de sustentabilidad en la construcción, tanto de protocolos y certificaciones para la edificación que reducen la huella ambiental, como de políticas de edificación de vivienda”.

Agrega que la política nacional de cambio climático requiere que “...las acciones para combatir y reducir los efectos del calentamiento global en nuestro país, deben llevarse a cabo por los tres órdenes de gobierno de manera coordinada, y que es responsabilidad del gobierno federal, estatal y municipal”.

Menciona, así mismo, que una de las líneas de acción, establecidas en la Estrategia Nacional de Cambio Climático es el tránsito a modelos de ciudades sustentables con sistemas de movilidad, gestión integral de residuos y edificaciones de baja huella de carbono.

Afirma el diputado Montoya que “Cada vez son más los edificios públicos y privados que buscan equilibrar el impacto urbanístico con instalaciones amigables con el ambiente, sin embargo, consideramos que este esfuerzo debe estar reconocido en la ley como una meta a alcanzar para que todos los edificios de los tres niveles de gobierno del país puedan contar con instalaciones ahorradoras de energía eléctrica, mejores sistemas de manejo de residuos y captación de agua, así como paneles solares y otras tecnologías que generen energía limpia y aprovechable”.

Por otra parte, hace referencia al concepto conocido como “Edificación Verde” (Green Building),cuyo propósito es reducir el consumo de energía en las edificaciones por su impacto al medio ambiente, pues éstas son responsables de un enorme consumo de energía, agua y territorio, entre otros elementos que producen distintas alteraciones en el aire y la atmósfera.

Señala el proponente que entre las medidas que se pueden adoptar para que los edificios gubernamentales y públicos de todo el país tengan un menor impacto ecológico se encuentran:

• Aislamiento y criterios bioclimáticos en el diseño de edificios, el cual evitaría el uso de aires acondicionados.

• Uso de lámparas ahorradoras de energía y de larga duración que generen menos demanda de energía y eviten su constante sustitución.

• Instalación a gran escala de centrales de energía central fotovoltaica para producir electricidad y captadores solares térmicos para producir agua caliente.

• Instalación de azoteas verdes y huertos urbanos, que son una medida eficaz para la absorción de carbono.

• Utilización de materiales en cuya extracción no se haya producido un deterioro del medio ambiente, como maderas y otros productos.

• Uso mucho más racional del agua con base en el ahorro, la eficiencia y la reutilización.

• Recuperación de los materiales que hoy se convierten en basura impulsando la reducción, reutilización y reciclaje. La parte orgánica de nuestras basuras puede recuperarse a través de un impulso al compostaje.

Finaliza el diputado Montoya afirmando que es necesario que las administraciones públicas de todos los niveles asuman el compromiso de que sus instalaciones sean un foco de cambio y un ejemplo de sustentabilidad y preocupación por el medio ambiente a todos.

A partir de los señalamientos antes citados, el diputado propone la siguiente reforma:

Decreto por el que se modifica el inciso a) y se adiciona un inciso j) al artículo 34 de la Ley General de Cambio Climático en materia de edificios de gobierno sustentables:

Único. Se modifica el inciso a) y se adiciona un inciso j) al artículo 34 de la Ley General de Cambio Climático.

Artículo 34. ...

I. Reducción de emisiones en la generación y uso de energía:

a) Fomentar prácticas de eficiencia energética y promover el uso de fuentes renovables de energía; así como la transferencia de tecnología de bajas en emisiones de carbono, de conformidad con la Ley de Transición Energética

b) a i) ...

j) Promover, en función de sus capacidades presupuestarias, medidas de fortalecimiento, adopción y aplicación en sus edificaciones instalaciones que contribuyan al ahorro y aprovechamiento de agua, energía, gas, aislamiento térmico, utilización de energía renovable, prácticas de captura de carbono y generación alternativa de energía.

Transitorio

Único.El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Una vez planteados los antecedentes, objetivos y contenidos de las iniciativas que promueven los diputados Mariano Lara Salazar y Tomás Roberto Montoya Díaz, la Comisión de Cambio Climático funda el presente dictamen con base en las siguientes:

III. CONSIDERACIONES

A. INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 3o. Y 34 DE LA LEY GENERAL DE CAMBIO CLIMÁTICO PRESENTADA POR EL DIPUTADO MARIANO LARA SALAZAR.

Primera. Los diputados integrantes de esta comisión dictaminadora comparten con el diputado proponente, la preocupación por el fenómeno del cambio climático y las consecuencias que inevitablemente acarrea.

Segunda. Como ya se expuso anteriormente en el apartado II. Objeto y contenido de la iniciativa, el propósito del diputado Lara, al proponer la reforma que aquí se analiza, es propiciar la instalación de azoteas verdes que permitan llevar las áreas verdes a los medios urbanos.

Para el efecto, se propone reformar los artículos 3o. y 34 de la Ley General de Cambio Climático; en el primero, para definir el concepto de “azotea verde naturada” y en el 34, para establecer que además de los tres órganos de gobierno, los poderes Legislativo y Judicial de la Federación promoverán el diseño y la elaboración de políticas de mitigación y la obligación de todas estas ramas del Estado la instalación en los inmuebles a su cargo, azoteas verdes naturadas.

Tercera. Por lo que corresponde al artículo 3o., cabe señalar que, de acuerdo con la doctrina jurídica, para una correcta técnica legislativa, las definiciones incorporadas en un precepto legal deberán ser únicamente aquellas necesarias para evitar ambigüedades en los términos o falta de precisión en el cuerpo de una ley.

No es pertinente insertar la definición de azoteas verdes en la Ley General de Cambio Climático, si es un concepto conocido, que ya es, incluso, aplicado en normas mexicanas, como lo señala el propio proponente.

Cuarta. En cuanto a las modificaciones que se proponen al artículo 34, se hacen los siguientes señalamientos respecto de la inclusión de los poderes Legislativo y Judicial, al igual que las dependencias y entidades de la administración pública federal, las Entidades Federativas y los Municipios, para que en el ámbito de sus competencias, promuevan el diseño y la elaboración de políticas y acciones de mitigación.

Al respecto, hay que recordar que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece claramente la división de poderes y, para cada uno de ellos, las facultades y atribuciones; de ahí que es claro que los poderes Legislativo y Judicial no tienen facultades ejecutivas ni para promover o diseñar políticas públicas. Por ello, si se alude al “ámbito de sus competencias”, la propuesta de adición para que los poderes Legislativo y Judicial de la iniciativa que aquí se analiza cae por completo fuera de las mismas.

Así mismo, el artículo 89 constitucional establece las facultades y obligaciones del titular del Ejecutivo, siendo la primera “Promulgar y ejecutar las leyes que expida el Congreso de la Unión, proveyendo en la esfera administrativa a su exacta observancia”.

En la redacción vigente del artículo que se propone reformar, y en todo el texto de la Ley General de Cambio Climático, se establece de manera correcta a quién corresponden las tareas ejecutivas de las disposiciones ahí contenidas.

Quinta. Por lo que concierne a la reforma del artículo 34, los integrantes de la Comisión de Cambio Climático considera que hacer obligatorio la instalación de azoteas verdes en estas dependencias gubernamentales implicaría un alto impacto presupuestario. Ya la iniciativa menciona que este tipo de instalaciones es muy costosa, lo mismo que su mantenimiento. Esto haría de estas medidas una carga onerosa para gobiernos locales que no siempre podrían cumplirse, lo cual convertiría esta disposición en letra muerta en la práctica.

Sin embargo, debe reconocerse que la redacción actual del inciso que se propone reformar podría adecuarse a fin de que de manera general se consideren las instalaciones y tecnologías en los procesos constructivos de edificaciones que puedan incorporarse en las normas reglamentarias aplicables en la construcción de edificaciones sustentables, y aun en edificaciones existentes, entre las que puedan considerarse las azoteas verdes.

En efecto, la redacción actual solo hace referencia a “el uso de materiales ecológicos” que, se entiende, alude a materiales de construcción. Al adicionar que las edificaciones sustentables consideren instalaciones y tecnologías que permitan la eficiencia y sustentabilidad energética y que contribuyan de manera diversa a la mitigación de emisiones y la captura de carbono, se estaría considerando, por la descripción, las azoteas verdes.

Así mismo, se hace la precisión de que las normas jurídicas que emiten las ramas ejecutivas del Estado son normas de carácter reglamentario.

B. INICIATIVA QUE ADICIONA UN INCISO EN LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 34 DE LA LEY GENERAL DE CAMBIO CLIMÁTICO PRESENTADA POR EL DIPUTADO TOMÁS ROBERTO MONTOYA DÍAZ.

PRIMERA. Los integrantes de la Comisión de Cambio Climático coinciden con el diputado Tomás Roberto Montoya Díaz en cuanto a su preocupación por legislar en aras de impulsar acciones que obren a favor de la adaptación y la mitigación, como parte del combate al cambio climático.

SEGUNDA. Sin embargo, en la tarea de legislar deben seguirse principios rectores consagrados por la doctrina y la práctica parlamentaria. De ellos, traemos a colación el principio de racionalidad jurídico–formal:

Racionalidad jurídico – formal.Se parte del presupuesto de la integralidad y congruencia de un sistema jurídico nacional. El proyecto normativo debe conformar o integrarse con racionalidad a ese sistema, sin generar conflictos o confusiones de interpretación. Ello implica que el proyecto normativo se compare, coteje o confronte con todas las disposiciones relacionadas o involucradas en materia comunes. El fin perseguido es la sistematicidad, entendida como la compatibilidad o armonía del proyecto normativo con el conjunto de leyes del que va a formar parte; esto es, que el proyecto normativo, al incorporarse al sistema federal o nacional, no signifique contradicciones, redundancias u omisiones respecto de otras normas.

En este sentido, es importante recordar que el inciso i (numeral I) del mismo artículo 34 que pretende ser reformado con esta iniciativa establece que en los tres órdenes de gobierno se formularán disposiciones reglamentarias en materia de construcción de edificaciones sustentables.

Para reducir las emisiones, las dependencias y entidades de la administración pública federal, las Entidades Federativas y los Municipios, en el ámbito de su competencia, promoverán el diseño y la elaboración de políticas y acciones de mitigación asociadas a los sectores correspondientes, considerando las disposiciones siguientes:

Reducción de emisiones en la generación y uso de energía:

a) a h) ...

Expedir disposiciones jurídicas y elaborar políticas para la construcción de edificaciones sustentables, incluyendo el uso de materiales ecológicos y la eficiencia y sustentabilidad energética.

Sin embargo, debe reconocerse que la redacción actual del inciso i) que se propone reformar podría adecuarse a fin de que de manera general se consideren las instalaciones y tecnologías en los procesos constructivos de edificaciones que puedan incorporarse en las normas reglamentarias aplicables en la construcción de edificaciones sustentables en las que puedan caber las azoteas verdes.

En efecto, la redacción actual solo hace referencia a “el uso de materiales ecológicos” que, se entiende, alude a materiales de construcción. Al adicionar que las edificaciones sustentables consideren instalaciones y tecnologías que permitan la eficiencia y sustentabilidad energética y que contribuyan de manera diversa a la mitigación de emisiones y la captura de carbono, como son las azoteas verdes.

Puesto que la propuesta de reforma que en este apartado se analiza adiciona un inciso j) para que las edificaciones en que se alojan dependencias y organismos de los tres órdenes de gobierno adopten las prácticas de sustentabilidad, se considera conveniente incorporar la propuesta del diputado proponente en el inciso i) actual, con una redacción diferente a fin de que armonice con la redacción integral del artículo 34, para dar claridad y evitar redundancias. El propósito perseguido, sin embargo, se cumple.

Adicionalmente, se pueden fusionar en una sola reforma los objetivos del diputado Lara y los del diputado Montoya, por lo que el inciso i) de la fracción I del artículo 34 queda como sigue:

i) Expedir disposiciones reglamentarias y elaborar políticas para la construcción de edificaciones sustentables, incluyendo el uso de materiales ecológicos e instalaciones que permitan la eficiencia y sustentabilidad energética y que contribuyan de manera diversa a la mitigación de emisiones y la captura de carbono. Las dependencias de los tres órdenes de gobierno deberán adoptar dichas disposiciones reglamentarias a fin de que operen de manera sustentable, considerando siempre sus capacidades presupuestarias.

TERCERA.Por otra parte, es importante señalar que la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público ha establecido desde el año 2009 objetivos compatibles con los fines que persigue la iniciativa que aquí se dictamina.

En efecto, al revisar la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público se puede constatar que en su artículo 26 se establece lo siguiente:

“Las adquisiciones, arrendamientos y servicios se adjudicarán, por regla general, a través de licitaciones públicas, mediante convocatoria pública, para que libremente se presenten proposiciones, solventes en sobre cerrado, que será abierto públicamente, a fin de asegurar al Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad, crecimiento económico, generación de empleo, eficiencia energética, uso responsable del agua, optimización y uso sustentable de los recursos, así como la protección al medio ambiente y demás circunstancias pertinentes, de acuerdo con lo que establece la presente Ley”.

Es importante no perder de vista que la reforma a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público que dio lugar a la redacción vigente del mencionado artículo, fue publicada el año 2009. Se considera que esta disposición refuerza el propósito que persigue la propuesta que aquí se dictamina, ya que las disposiciones de esta ley son obligatorias para cualquier adquisición o contratación de cualquier dependencia de los tres niveles de gobierno en donde se apliquen recursos federales.

CUARTA. A fin de cumplir con lo dispuesto por el artículo 18 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, se solicitó al Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP) la valoración del posible impacto presupuestal de la eventual aprobación de las reformas legales contenidas en la iniciativa en comento.

Mediante oficio Núm. CEFP/DEPGP/053/17 el CEFP remitió su opinión en la que señala:

“ ...la iniciativa no establece nuevas atribuciones, no crea programas presupuestarios, no propone estructuras orgánicas nuevas ni modifica las actuales, así como no establece destinos específicos de gasto público para la Federación. Por lo que su eventual aprobación no ocasionaría una mayor erogación de recursos al Gobierno Federal.”

Sin embargo, los integrantes de esta dictaminadora coinciden en señalar que sí sería previsible un impacto presupuestal. Por ello, se ha considerado pertinente mantener la condicionante “ en función de sus capacidades presupuestarias”.

QUINTA.Por lo que corresponde a la reforma del inciso a) de la fracción I del artículo en cuestión, se sustituye la mención de dos leyes: la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética y la Ley para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía, las cuales estaban vigentes cuando la Ley General de Cambio Climático fue aprobada. De esta manera se actualiza la Ley General de Cambio Climático haciendo referencia a la Ley de Transición Energética que abrogó a las antes mencionadas. Por la misma razón se modifica la fracción XXIII del artículo 7o. donde se hace referencia a las leyes derogadas por la Ley de Transición Energética.

IV. ACUERDO

Por los argumentos expuestos en las consideraciones anteriores, los diputados integrantes de esta Comisión de Cambio Climático sometemos al Pleno de esta honorable Asamblea el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN XXIII DEL ARTÍCULO 7o. Y LOS INCISOS a) E i) DE LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 34 DE LA LEY GENERAL DE CAMBIO CLIMÁTICO.

ÚNICO. Se reforma la fracción XXIII del artículo 7o y los incisos a) e i) de la fracción I del artículo 34 de la Ley General de Cambio Climático, para quedar como sigue:

Artículo 7o. ...

I a XXII ...

XXIII. Desarrollar estrategias, programas y proyectos integrales de mitigación y adaptación al cambio climático en materia de hidrocarburos y energía eléctrica, para lograr el uso eficiente y sustentable de los recursos energéticos fósiles y renovables del país, de conformidad con la Ley de Transición Energética, en lo que resulte aplicable;

XXIV a XXVIII ...

Artículo 34....

I. ...

a) Fomentar prácticas de eficiencia energética y promover el uso de fuentes renovables de energía; así como la transferencia de tecnología de bajas en emisiones de carbono, de conformidad con la Ley de Transición Energética.

b) a h) ...

i) Expedir disposiciones reglamentarias y elaborar políticas para la construcción de edificaciones sustentables, incluyendo el uso de materiales ecológicos e instalaciones que permitan la eficiencia y sustentabilidad energética y que contribuyan de manera diversa a la mitigación de emisiones y la captura de carbono. Las dependencias de los tres órdenes de gobierno deberán adoptar dichas disposiciones reglamentarias a fin de que operen de manera sustentable, considerando siempre sus capacidades presupuestarias.

TRANSITORIO

ÚNICO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Nota

1 Sandoval Ulloa, José G., Lineamientos para la Elaboración de Proyectos Parlamentarios, Cámara de Diputados, septiembre de 2009. Véase también Santiago Campos, Gonzalo, Racionalidad y argumentación jurídico-legislativa, CEDIP, Cámara de Diputados, LIX Legislatura, s.f.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de febrero de 2017.

La Comisión de Cambio Climático, diputados:María de los Ángeles Rodríguez Aguirre (rúbrica), Marko Antonio Cortés Mendoza, Tomás Roberto Montoya Díaz (rúbrica), Rafael Rubio Álvaro (rúbrica), María Chávez García (rúbrica), Javier Octavio Herrera Borunda (rúbrica), César Flores Sosa (rúbrica), Laura Mitzi Barrientos Cano (rúbrica), Alex Le Baron González, Sergio Emilio Gómez Olivier, César Augusto Rendón García (rúbrica), Elva Lidia Valles Olvera (rúbrica), Patricia Elena Aceves Pastrana, Vitalico Cándido Coheto Martínez (rúbrica), Olga María Esquivel Hernández, José Ignacio Pichardo Lechuga, Mirza Flores Gómez (rúbrica), Cecilia Guadalupe Soto González (rúbrica), Braulio Mario Guerra Urbiola, Jesús Gerardo Izquierdo Rojas(rúbrica).»

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez:Tiene la palabra, por cinco minutos, para fundamentar el dictamen, la diputada María de los Ángeles Rodríguez Aguirre, de conformidad con el artículo 104, numeral 1, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados.

La diputada María de los Ángeles Rodríguez Aguirre: Muchas gracias. Con su permiso, señora presidenta. Saludo a mis compañeros de la Mesa Directiva y a los que nos siguen a través del Canal del Congreso. Hago también del conocimiento que dejo en la Secretaría una adenda a este dictamen, para que tome en cuenta, gracias a la diputada Cecilia Soto que nos hizo algunas recomendaciones.

Este dictamen reúne en un solo proyecto de decreto la propuesta de dos iniciativas realizadas por los diputados Mariano Lara Salazar y Tomás Montoya Díaz. La inquietud de ambos legisladores se centra en el concepto conocido como azotea o techo verde; y en general instalaciones que permitan la mitigación, captura de carbono, ahorro de energía, ahorro de agua, etcétera.

Con el fin de insertar armónicamente las propuestas de ambos legisladores dentro de la Ley General de Cambio Climático, se propone una redacción que cubra los conceptos señalados en el inciso i) de la fracción I del artículo 34 de dicha ley.

Finalmente la reforma señalaría que, para reducir las emisiones las dependencias y entidades de la administración pública federal, los estados y los municipios promoverán el diseño y la elaboración de políticas y acciones de mitigación en materia de reducción de emisiones en la generación y uso de energía, entre otras.

Inciso i) Expedir disposiciones reglamentarias y elaborar políticas para la construcción de edificaciones sustentables, incluyendo el uso de materiales ecológicos e instalaciones que permitan la eficiencia y sustentabilidad energética, y que contribuyan de manera diversa a la mitigación de emisiones y la captura de carbono.

Las dependencias de los diferentes órdenes de gobierno deberán adoptar dichas disposiciones reglamentarias, a fin de que operen de manera sustentable considerando siempre sus capacidades presupuestarias.

Celebro que existan legisladores comprometidos en presentar iniciativas que nos ayuden a mitigar los efectos del cambio climático e interesados en aportar y perfeccionar nuestra legislación en la materia, como el caso del diputado Montoya, además secretario de esta comisión.

Otro ejemplo de ello es la iniciativa de la diputada Mirza Flores, coordinadora del Grupo de Trabajo dentro de la comisión, gracias a la que ahora, y a través del trabajo, ahora vemos en toda la Cámara depósitos para separar los diferentes tipos de residuos, la no impresión de la Gaceta Parlamentaria y los bicipuertos.

Compañeras y compañeros legisladores, los invito a votar a favor del presente dictamen y los exhorto a que cada uno de los aquí presentes, y a los que nos están viendo a través del Canal del Congreso, para que hagamos lo que esté en nuestras manos en reducir nuestra huella ecológica.

Pero sobre todo hago un llamado a los órganos de gobierno y las autoridades de la Cámara de Diputados para transformar este Palacio Legislativo en un lugar más sustentable, porque el buen juez por su casa empieza y los primeros que debemos aplicar la legislación que aprobamos, somos nosotros. Gracias por su atención.

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Consulte la Secretaría a la asamblea si se autoriza en votación económica, omitir la lectura de la modificación presentada por la comisión, toda vez que ha sido previamente distribuida y publicada.

La Secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se dispensa la lectura de la modificación presentada por la comisión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Diputada presidenta, mayoría por la afirmativa.

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Se autoriza. Consulte la Secretaría a la asamblea si se acepta la modificación propuesta por la diputada, a nombre de la comisión.

La Secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se acepta la modificación presentada por la comisión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Diputada presidenta, mayoría por la afirmativa.

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: En consecuencia está a discusión en lo general, con la modificación propuesta por la comisión y aceptada por la asamblea.

Para fijar la postura del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, tiene el uso de la palabra hasta por cinco minutos el diputado Jesús Rafael Méndez Salas. Esta intervención es a nombre del promovente.

El diputado Jesús Rafael Méndez Salas:Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados, amigos de los medios de comunicación. Consensuar para construir es la demanda que hoy nos hace la ciudadanía.

Como sabemos, la actual administración de nuestro vecino del norte insiste en endurecer sus políticas contra los mexicanos que allá residen, vulnerando la convivencia social dentro de un país que ha sido nuestro principal socio comercial y aliado en diversos temas.

No ajenos a ello, en este pleno y en todos los sectores de la población han surgido reiteradas voces que insisten en la necesidad de ver por nosotros mismos. Mucho se ha dicho sobre que es tiempo de mirar y fortalecer nuestro mercado interno, nuestra economía y todo aquello que sea en beneficio de los mexicanos.

En nuestro grupo parlamentario esto no nos es ajeno, por ello hemos impulsado todas aquellas iniciativas destinadas a hacer de México una nación más próspera. Ese es el sentido de la iniciativa de reforma que hoy vamos a votar, pues va encaminada a fortalecer el medio ambiente y, por ende, el bienestar de todos los habitantes de nuestra sociedad.

Según el Consejo Mexicano de Edificación Sustentable, los edificios consumen el 65 por ciento del total de la energía, emiten el 30 por ciento de gases de efecto invernadero y consumen el 35 por ciento del agua de las ciudades.

En materia de emisiones de contaminantes, la Ley General de Cambio Climático considera, en su artículo 34, que para reducir las emisiones, las dependencias y entidades de la administración pública federal, las entidades federativas y los municipios, en el ámbito de su competencia, promoverán el diseño y la elaboración de políticas y acciones de mitigación.

En Nueva Alianza consideramos que a estas políticas medioambientales también se deben sumar el Poder Judicial y el Poder Legislativo y esa es la razón de esta iniciativa que hoy venimos a discutir.

Además, esta iniciativa busca incorporar el concepto de azotea verde natural, una estrategia que se ha convertido en un eficiente auxiliar en el combate de las emisiones provocadas por la contaminación.

En todo el mundo cada vez son más las ciudades que incorporan la implementación y mantenimiento de las azoteas verdes como una política pública. Tan sólo en nuestro país hay más de ocho mil metros cuadrados de azoteas verdes, cuyos ejemplos podemos encontrar en las azoteas del hospital Belisario Domínguez, en el Museo Interactivo de Economía, la Glorieta de Insurgentes y la azotea más grande América Latina, ubicada en el edificio administrativo del Infonavit, con más de cinco mil metros de área verde.

Algunos de los beneficios de las azoteas verdes, ampliamente demostrado y que podemos citar, consiste en su utilización como aislantes térmicos, ya que mantienen el inmueble fresco en estaciones calurosas y el calor en estaciones frías, reduciendo el uso de aires acondicionados y de sistemas de calefacción.

También aumentan la producción de oxígeno y mejoran la calidad del aire en las ciudades, ya que absorben los contaminantes y reducen las enfermedades respiratorias y el gasto en salud.

No olvidemos que un metro cuadrado de pasto genera el oxígeno requerido por una persona en todo el año, sin omitir que atrapa 130 gramos de polvo. Las azoteas verdes absorben el 80 por ciento de la lluvia, evitando posibles inundaciones y reducen el efecto de isla de calor, generado por las grandes ciudades.

Habilitan espacios no usados en edificios de viviendas y oficinas y son aislantes naturales del ruido, proporcionando un sistema de impermeabilización de larga duración, ya que aumenta la vida útil de dichos sistemas, el cual va de cinco a 10 años, a más de 30 años, lo que se traduce en un ahorro considerable.

Esas son algunas de las bondades de esta reforma, por ello en Nueva Alianza estamos convencidos de que esta iniciativa, en el mediano y largo plazo, traerá consigo grandes beneficios en la mejora de la salud y del medio ambiente de todos los mexicanos.

Gracias por apoyar esta iniciativa, impulsada por Nueva Alianza. Es cuanto, diputada presidente.

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Gracias, diputado Méndez Salas.

Saludamos con mucho gusto a personas procedentes de Cadereyta, estado de Querétaro, que hoy nos acompañan en este salón de plenos, invitados por el diputado Armando Rivera Castillejos. Sean ustedes bienvenidos.

Agotada la lista de oradores, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular.

La Secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se encuentra suficientemente discutido en lo general y lo particular. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Diputada presidenta, mayoría por la afirmativa.

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Suficientemente discutido en lo general y en lo particular.

Se pide a la Secretaría abra el sistema electrónico, por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular, con las modificaciones aceptadas.

La Secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico, por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y lo particular con las modificaciones aceptadas.

(Votación)

¿Falta algún diputado o diputada por emitir su voto? El sistema aún se encuentra abierto. ¿Falta algún diputado o diputada por emitir su voto? El sistema aún se encuentra abierto Ciérrese el sistema de votación electrónico. Se emitieron 364 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra, señora presidenta.

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Aprobado en lo general y en lo particular por 364 votos, el proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 7 y 34 de la Ley General de Cambio Climático. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.

LEY GENERAL DE EDUCACIÓN

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 12, 14, 54, 55 y 59 de la Ley General de Educación.

La Secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos: «Dictamen de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 12, 14, 54, 55 y 59 de la Ley General de Educación

HONORABLE ASAMBLEA

La Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, de conformidad con lo enunciado en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como de los artículos 80, 157, numeral 1, fracción I; 158, numeral 1, fracción IV y 167, numeral 4, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta Honorable Asamblea el presente:

DICTAMEN

I. METODOLOGÍA

La Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos encargada del análisis de la iniciativa objeto del presente dictamen, desarrolló los trabajos correspondientes conforme al procedimiento que a continuación se describe:

En el apartado denominado “ II. ANTECEDENTES”, se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, así como de la recepción y turno para el dictamen de la iniciativa. En el apartado “ III. CONTENIDO DE LA INICIATIVA”, se expone el objetivo y se hace una descripción de la iniciativa en la que se resume su contenido, motivos y alcances. En el apartado “ IV. CONSIDERACIONES”, los integrantes de la Comisión dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos por cada una de las adiciones planteadas, con base en los cuales se sustenta el sentido del presente dictamen.

II. ANTECEDENTES

1. En la sesión de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión celebrada el día 24 de noviembre de 2016, la diputada Adriana del Pilar Ortiz Lanz y la diputada Yulma Rocha Aguilar, ambas integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIII Legislatura, presentaron la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 12, 14, 54, 55, y 59 de la Ley General de Educación.

2. La Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó la iniciativa en comento a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente.

3. La Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos dio trámite de recibo e inició el análisis de la iniciativa.

III. CONTENIDO DE LA INICIATIVA

La exposición de motivos de la iniciativa invoca el artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo que atañe a la obligación del Estado de impartir educación básica –preescolar, primaria y secundaria– y educación media superior; de promover y atender todos los tipos y modalidades educativas, incluyendo la educación inicial y la educación superior.

El cuerpo argumentativo de la iniciativa hace especial énfasis en el concepto de la “calidad” en la educación; subrayando la obligación por parte del Estado de garantizar la “calidad” educativa en todos los niveles educativos de carácter obligatorio para lograr el máximo nivel de aprendizaje de los educandos.

Se describe en el instrumento en qué consiste la educación de calidad, entendiendo por calidad “ la congruencia entre los objetivos, resultados y procesos del sistema educativo, conforme a las dimensiones de eficacia, eficiencia, pertinencia y equidad” en los términos del artículo 8o., fracción IV, de la Ley General de Educación; añadiendo que la calidad educativa es aquella que sea “equitativa, pertinente, flexible, innovadora, diversificada y de amplia cobertura”.

Señalan las iniciantes que, por una parte, en el caso específico de la educación impartida por particulares, éstos se encuentran sujetos a lo dispuesto por la fracción VI del artículo 3o. constitucional, que establece que “los particulares podrán impartir educación en todos sus tipos y modalidades. En los términos que establezca la ley, el Estado otorgará y retirará el reconocimiento de validez oficial a los estudios que se realicen en planteles particulares...”

Por otra parte, se plantea que con relación al nivel de educación superior, el Estado debe impulsar la calidad educativa que permita la formación de profesionistas competitivos y comprometidos con el desarrollo regional y nacional, y que contribuya a la edificación de una sociedad más justa.

El instrumento señala que la educación de tipo superior en nuestro país se conforma por tres niveles: “1) Técnico Superior, que forma profesionistas técnicamente capacitados para el trabajo en una disciplina específica, sus programas de estudio son de dos años y se tiene la posibilidad de estudiar posteriormente dos años más y lograr una licenciatura o ingeniería; 2) Licenciatura, impartida por instituciones tecnológicas, universitarias y de formación de maestros; es de carácter terminal y forma profesionistas en las diversas áreas del conocimiento con programas de estudio de cuatro años o más; y 3) Posgrado, que divide en estudios de especialidad, maestría y doctorado; forma profesionistas con alto grado de especialización profesional, que se acreditan mediante un título o grado”.

Las legisladoras manifiestan que el fomento de la educación de calidad en el ámbito de las instituciones educativas de nivel superior públicas y privadas juegan un papel clave en la formación de profesionistas, ya que contribuyen de manera significativa al desarrollo del país y a la transformación justa de la sociedad.

Se resalta la importancia de que todas las instituciones particulares que presten el servicio de educación en cualquiera de su nivel académico cuenten con el reconocimiento de validez oficial de estudios (RVOE) otorgado por la autoridad educativa.

A efecto de clarificar la tesis anterior, se desarrolla un análisis de diversos artículos de la Ley General de Educación relativos a los reconocimientos de validez oficial de estudios, señalando que la Ley vigente ofrece especial atención a la manera en que los particulares deben impartir educación, en lo concerniente a las autorizaciones o reconocimientos de validez oficial de estudios, lo cual se encuentra regulado y establecido en los artículos 54, 55 y 57.

En la cita textual del artículo 54, se señala que “ los particulares podrán impartir educación en todos sus tipos y modalidades. Por lo que concierne a la educación primaria, la secundaria, la normal y demás para la formación de maestros de educación básica, deberán obtener previamente, en cada caso, la autorización expresa del Estado. Tratándose de estudios distintos de los antes mencionados, podrán obtener el Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios. La autorización y el reconocimiento serán específicos para cada plan de estudios. Para impartir nuevos estudios se requerirá, según el caso, la autorización o el reconocimiento respectivos. La autorización y el reconocimiento incorporan a las instituciones que los obtengan, respecto de los estudios a que la propia autorización o dicho reconocimiento se refieren, al sistema educativo nacional”.

A su vez, el artículo 55 de la Ley en comento dispone que “ las autorizaciones y los reconocimientos de validez oficial de estudios se otorgarán cuando los solicitantes cuenten: Con personal que acredite la preparación adecuada para impartir educación y, en su caso, satisfagan los demás requisitos a que se refiere el artículo 21; II. Con instalaciones que satisfagan las condiciones higiénicas, de seguridad y pedagógicas que la autoridad otorgante determine. Para establecer un nuevo plantel se requerirá, según el caso, una nueva autorización o un nuevo reconocimiento, y III. Con planes y programas de estudio que la autoridad otorgante considere procedentes, en el caso de educación distinta de la primaria, la secundaria, la normal y demás para la formación de maestros de educación básica.”

Por lo que respecta al artículo 57, se dispone que “ los particulares que impartan educación con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios deberán: I. Cumplir con lo dispuesto en el artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la presente ley; II. Cumplir con los planes y programas de estudio que las autoridades educativas competentes hayan determinado o considerado procedentes; III. Proporcionar un mínimo de becas en los términos de los lineamientos generales que la autoridad que otorgue las autorizaciones o reconocimientos haya determinado; IV. Cumplir los requisitos previstos en el artículo 55, y V. Facilitar y colaborar en las actividades de evaluación, inspección y vigilancia que las autoridades competentes realicen u ordenen.”

En el instrumento se afirma que los artículos 54, 55 y 57 de la Ley General de Educación constituyen de manera primordial el marco que regula el otorgamiento de los reconocimientos de validez oficial de estudios y demás generalidades relativas a los mismos.

El texto de la exposición de motivos, con un enfoque en la educación impartida por particulares en el nivel superior, también se remite a la Ley para la Coordinación de la Educación Superior, que en torno a los reconocimientos de validez oficial de estudios establece en su artículo 10 que “ las instituciones públicas de educación superior y los particulares con autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios participarán en la prestación de los servicios educativos, de acuerdo con las disposiciones de este ordenamiento”.

Se destaca en el instrumento que tanto en la Constitución, como en la Ley General de Educación y la Ley para la Coordinación de la Educación Superior, se obliga a los particulares a observar y cumplir los requerimientos mínimos y máximos para obtener autorización o reconocimiento de validez oficial a sus respectivos planes de estudio.

Asimismo, se explica en el cuerpo argumentativo que, de conformidad con los preceptos constitucionales y legales, se entiende por Estado, –en sus tres niveles de competencia: federación, estados y municipios– a la autoridad competente para otorgar reconocimientos de validez oficial de estudios a los particulares que así deseen prestar el servicio educativo en todo el territorio nacional.

Las iniciantes plantean una problemática que consideran preocupante por las siguientes razones:

Afirman que actualmente, las escuelas de educación superior que imparten los particulares suman 2 mil universidades de las cuales sólo están certificadas 109 que atienden a 550 mil alumnos, y representan 51 por ciento de la matrícula estudiantil en escuelas particulares, además de estar agremiadas a la Federación de Instituciones Mexicanas Particulares de Educación Superior (FIMPES).

Señalan que en los últimos años han proliferado instituciones educativas privadas de nivel superior que han menoscabado la educación de excelencia, dejando de lado la formación técnica, profesional y de investigación del alumno.

Se asevera en la exposición de motivos que, de acuerdo con datos de la FIMPES, existe una preocupante cifra de escuelas que imparten estudios superiores sin certificación; tan sólo en la Zona Metropolitana de la Ciudad de México, de 700 universidades particulares que se encuentran dando servicios, sólo 35 están certificadas, lo que revela que existen escuelas de educación superior que, al no estar debidamente certificadas, no hay manera de garantizar que la educación que en ellas se imparte, sea conforme al precepto de calidad, consagrado en el artículo 3o. de nuestra Constitución.

En el desarrollo argumentativo se afirma que actualmente sólo tienen la obligación de tener autorización las escuelas privadas que impartan estudios de primaria, secundaria, normal y demás para la formación de maestros de educación básica y no se incluyen los estudios del nivel superior, hecho que consideran las iniciantes una problemática que representa una brecha normativa que a su vez no permite garantizar la impartición de educación de calidad por parte de escuelas particulares de educación superior.

Además, se explica en el instrumento que las instituciones particulares de educación superior no requieren de autorización previa por parte de autoridad educativa alguna para poder operar, sin embargo, si lo solicitan, pueden obtener el reconocimiento de validez oficial de estudios para los planes y programas.

Las legisladoras manifiestan su preocupación ante esta problemática, exteriorizando la importancia de fortalecer la normatividad para colocar medidas preventivas que permitan dar certeza jurídica a los padres de familia y a los estudiantes para salvaguardar el derecho a la educación de calidad en el nivel superior; buscando fortificar y mejorar la norma jurídica a efecto de promover que las escuelas de educación superior cuenten con las instalaciones adecuadas, con docentes calificados y con programas de estudio de calidad, para que de esa manera, los estudios de educación superior impartidos por particulares sigan siendo una opción alternativa en la que se privilegie al alumno y a la igualdad de oportunidades para fomentar la inclusión social.

El instrumento presenta como sustento datos emanados de la Secretaría de Educación Pública, que indican que en el Sistema de Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE) federal y estatal del nivel educativo superior, en el que se encuentra a disposición del público en general la relación de las instituciones particulares y programas educativos con reconocimiento de validez oficial de estudios en todas sus modalidades, señala que en la actualidad existen un total de 5 mil 372 instituciones que han tramitado y recibido RVOE, de las cuales 3 mil 461 lo han hecho a través de la Secretaría de Educación Pública (SEP) como instancia federal; mil 789 con las autoridades educativas estatales; y 122 con las universidades e instituciones de educación superior facultadas para otorgarlo.

Indicando lo anterior que tan sólo 35 por ciento de todas las instituciones particulares de educación superior han recibido reconocimiento de validez oficial de estudios por alguna autoridad educativa perteneciente a una determinada entidad federativa.

El texto de la exposición de motivos hace hincapié en el hecho de que no existen datos precisos del número de reconocimientos de validez oficial de estudios otorgados por tipo educativo en todo el país, debido a la actual concurrencia entre las autoridades educativas, (tanto federal como estatales) para otorgar reconocimientos de validez oficial de estudios.

Además, se afirma que con relación al nivel superior, se estima que la Secretaría de Educación Pública ha otorgado el correspondiente reconocimiento de validez oficial de estudios a 19 mil planes y programas de estudios; cifra que representa 80 por ciento de todos los reconocimientos otorgados en el territorio nacional.

Las legisladoras consideran que la redacción de las disposiciones vigentes relativas a los reconocimientos de validez oficial de estudios, permite a los particulares iniciar la operación en sus planteles educativos aún sin contar con dicho reconocimiento de validez oficial expedido por la autoridad educativa.

El cuerpo argumentativo remite al artículo 59 de la Ley General de Educación, que establece que “ los particulares que presten servicios por los que se impartan estudios sin reconocimiento de validez oficial, deberán mencionarlo en su correspondiente documentación y publicidad. En el caso de educación inicial deberán, además, contar con personal que acredite la preparación adecuada para impartir educación; contar con instalaciones y demás personal que satisfagan las condiciones higiénicas, de seguridad y pedagógicas que la autoridad educativa determine; cumplir los requisitos a que alude el artículo 21; presentar las evaluaciones que correspondan, de conformidad con lo dispuesto en esta Ley y demás disposiciones correspondientes que deriven en el marco del Sistema Nacional de Evaluación Educativa, y tomar las medidas a que se refiere el artículo 42, así como facilitar la inspección y vigilancia de las autoridades competentes.”

En el instrumento se afirma que lo dispuesto por el artículo 59 de la Ley General de Educación, se cumple de manera parcial, ya que el particular con el sólo hecho de mencionar que su registro o autorización está en trámite, puede inspirar la confianza suficiente para que el educando ingrese a cursar su nivel académico a dicho plantel, sin que se le garantice, que al momento en que culmine su ciclo escolar o nivel académico, se le podrá expedir documento público mediante el cual acredite que ha concluido de manera satisfactoria su preparación, generando graves complicaciones académicas para el alumno que puede inclusive dejar su preparación trunca por una omisión administrativa.

Las iniciantes plantean que las disposiciones aplicables en el texto vigente de la Ley General de Educación han ocasionado que en las entidades federativas, determinadas asociaciones que prestan servicios educativos particulares operan sin sujetarse a lineamientos ni criterios fundamentales emitidos por la Secretaría, lo cual impide garantizar y cumplir cabalmente lo establecido en el mandato constitucional relativo a la impartición de educación de calidad; entendiendo por calidad “la congruencia entre los objetivos, resultados y procesos del sistema educativo, conforme a las dimensiones de eficacia, eficiencia, pertinencia y equidad”, en los términos del artículo 8o., fracción IV, de la Ley General de Educación.

Ante la problemática planteada, las legisladoras consideran necesario promover que las escuelas de educación superior se ciñan a lineamientos que emita la Secretaría de Educación Pública, a través de los cuales se establezcan los objetivos y metas encaminadas a la impartición de una educación de calidad, para que de esta manera, se pueda cumplir, respetar y garantizar el derecho constitucional a una educación de calidad, consagrado en el artículo 3º constitucional.

El texto formula diversas propuestas para atender la problemática planteada por las legisladoras, entre las que se destacan, por un lado, que para el otorgamiento de reconocimientos de validez oficial de estudios, las autoridades educativas, en sus respectivos niveles, –federal y locales–, deberán contemplar los lineamientos que emita la Secretaría de Educación Pública para tal efecto, adicionalmente a las condiciones básicas contempladas en la ley para la prestación del servicio, como lo son: contar con un plan y programa de estudios aprobado; contar con personal docente cualificado para impartir las materias del plan de estudios; y contar con instalaciones adecuadas para la impartición de las clases.

Y por otro lado, que los particulares que prestan servicios educativos se ajusten y sujeten a los objetivos, metas y criterios emanados de los lineamientos que al efecto emita la Secretaría de Educación Pública, medida con la cual se podrá cumplir y garantizar el mandato constitucional relativo a la impartición de educación de calidad, particularmente en lo que respecta a los reconocimientos de validez oficial de estudios.

La iniciativa propone la reforma de los artículos 12, 14, 54, 55 y 59 de la Ley General de Educación, a efecto de que se establezca que el otorgamiento de reconocimientos de validez oficial de estudios deba realizarse de conformidad con lineamientos que emita la Secretaría de Educación Pública para tal efecto, como requisito para garantizar la calidad educativa en el funcionamiento de las instituciones particulares de educación superior.

IV. CONSIDERACIONES

1. Esta Comisión Dictaminadora coincide con el espíritu de las propuestas de las legisladoras y reconoce la importancia de elevar la calidad educativa en todos los niveles educativos para lograr el máximo nivel de aprendizaje de los educandos. En el caso del nivel de educación superior, es de reconocerse que la calidad educativa permite la formación de profesionistas competitivos y comprometidos con el desarrollo regional y nacional; lo que contribuye de manera importante al desarrollo del país y a la edificación de una sociedad más justa.

2. De acuerdo con cifras e indicadores de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), fundada en 1961, que agrupa a 35 países miembros con la misión de promover políticas que mejoren el bienestar económico y social de las personas alrededor del mundo, y de la que México forma parte desde 1994, la Educación superior tiene un fuerte impacto en el mercado laboral. En 2015, sólo el 16% de los adultos en México había alcanzado estudios de educación superior. Este es el porcentaje más bajo entre los países de la OCDE (promedio de la OCDE es de 36%), pero es más alto que en algunos países socios, como Brasil (14%), China (10%), Indonesia (8%) y Sudáfrica (15%). Aún así, la matricula en el nivel superior ha ido aumentando considerablemente en México. Mientras que sólo el 12% de la generación de más edad, 55 a 64 años de edad, tienen un título de educación superior, la cifra aumenta a 21% entre las generaciones más jóvenes (25 a 34 años de edad). De hecho, si se mantienen las tendencias actuales, se espera que el 25% de los jóvenes en México se gradúen de licenciatura o técnico superior universitario y obtengan un título en algún momento de su vida.

Sin duda, la educación superior es un enlace importante entre las políticas educativas y el mercado laboral. En México, como en la mayoría de los países de la OCDE, la tasa de empleo de los adultos tiende a aumentar con el nivel de estudios. Incluso dentro de la educación superior, la proporción de los adultos empleados, entre los 25 y 64 años de edad, en el 2015 fue mayor entre los que tienen una maestría o doctorado o equivalente (87%), en comparación con los que sólo tienen licenciatura (80%) y de programas de técnico superior universitario (73%).

Los ingresos relativos también aumentan con el nivel de estudios y son considerablemente más altos en México que en la mayoría de los otros países de la OCDE. Los adultos con una licenciatura o grado equivalente como su más alto nivel de estudios ganan dos veces más que aquellos con educación media superior, la cual es la segunda diferencia de ingresos más alta en la OCDE después de Chile. La diferencia de ingresos es aún mayor para las personas con grado de doctorado o con maestría, que ganan más de tres veces que aquéllos con educación media superior. Esta gran diferencia en los ingresos puede explicarse en parte por la baja proporción de la población con estudios de nivel de superior.

Dadas las preocupaciones sobre la competitividad en la economía global y el mercado laboral, algunos países le han dado gran importancia al aumento del número de estudiantes e investigadores en los campos de las ciencias y la ingeniería. En México, el 23% de los alumnos de licenciatura o programas de técnico superior universitario se gradúa en el campo de la ingeniería, manufactura y construcción, uno de los porcentajes más altos entre los países de la OCDE (cuando el promedio de la OCDE es de 13%).

3. Es una realidad que impulsar una educación de calidad que permita la formación de profesionistas competitivos y comprometidos con el desarrollo regional y nacional, para contribuir a la edificación de una sociedad más justa y equitativa. A través de medidas y criterios encaminados a garantizar que los planes y programas de estudios, se den en un marco de impartición de una educación equitativa, pertinente, flexible, innovadora, diversificada y de amplia cobertura, se avanzará hacia el fortalecimiento de un Sistema de Educación Superior integrado y articulado, promotor de la equidad en la educación, de la permanencia de los estudiantes y actualización de los egresados.

Esta Comisión Dictaminadora considera que con estas reformas se propiciarán condiciones necesarias para que la sociedad mexicana reciba, por medio de las instituciones particulares de Educación Superior una educación de calidad que juegue un papel clave en la formación de profesionistas que contribuyan de manera significativa al desarrollo del país.

4.En términos del artículo 8o. fracción VI de la Ley General de Educación, en el que se define el concepto de “calidad educativa” se entiende por calidad la “congruencia entre los objetivos, resultados y procesos del sistema educativo, conforme a las dimensiones de eficacia, eficiencia, pertinencia y equidad”, en este sentido, a través del establecimiento de criterios acordes con la definición del principio de “calidad educativa”, se estaría fortaleciendo el marco jurídico y la normatividad para la implementación de medidas que permitan dar certeza jurídica a los padres de familia y a los estudiantes para salvaguardar el derecho a la educación de calidad en el nivel superior.

5. Con relación a la propuesta de reforma del artículo 12 de la Ley General de Educación, se coincide con la propuesta de que la autoridad educativa federal tenga como atribución fijar los lineamientos a los que deberán sujetarse las autoridades educativas para el otorgamiento del reconocimiento de validez oficial a estudios distintos de los de preescolar, primaria, secundaria, normal y demás para la formación de maestros de educación básica que impartan los particulares, ya que de esta manera la autoridad educativa federal establecería los criterios y lineamientos con los que deban cumplir las instituciones particulares que impartan educación superior; de acuerdo con la definición del principio de “calidad educativa”. Lo anterior, en aras de lograr un mejoramiento en la calidad de los servicios educativos prestados por particulares en el nivel de educación superior, lo que se traduciría en que los reconocimientos de validez oficial de estudios brindarán de certeza en cuanto a la calidad, con lo que se estaría garantizando ese principio consagrado en la Constitución.

6. Respecto a la propuesta de reforma del artículo 14 de la Ley General de Educación, se coincide con la propuesta de que adicionalmente a las atribuciones exclusivas a las que se refieren los artículos 12 y 13, corresponda a las autoridades educativas federal y locales de manera concurrente, la atribución de otorgar, negar y retirar el reconocimiento de validez oficial a estudios distintos de los de preescolar, primaria, secundaria, normal y demás para la formación de maestros de educación básica que impartan los particulares, de conformidad con los lineamientos que emita la Secretaría de Educación Pública, en razón de que, de esta manera las autoridades educativas, en su respectiva concurrencia tendrían la atribución de otorgar, negar y retirar el reconocimiento de validez oficial de estudios a instituciones particulares del nivel de educación superior (y no sólo de los niveles preescolar, primaria, secundaria, normal y demás para la formación de maestros de educación básica) que no cumplan con los requisitos que establezca la autoridad educativa federal en los lineamientos que al efecto deba expedir, en aras de elevar y garantizar la calidad de los servicios educativos que presten dichas instituciones.

7. La propuesta de reforma al artículo 54, que prevé que para impartir nuevos estudios se requerirá, según el caso, la autorización o el reconocimiento respectivos, de conformidad con los lineamientos que la Secretaría emita, es congruente con el objetivo que se persigue en cuanto a elevar y garantizar la calidad de los servicios educativos que presten las instituciones particulares del nivel de educación superior, a través del establecimiento de criterios acordes con la definición de “calidad educativa” en términos del artículo 8o., fracción IV, de la Ley General de Educación.

8. La propuesta de reforma al artículo 55, que contempla que las autorizaciones y los reconocimientos de validez oficial de estudios se otorguen cuando los solicitantes cuenten, entre otros requisitos, con instalaciones que satisfagan las condiciones higiénicas, de seguridad y pedagógicas y con planes y programas de estudio que cumplan con los lineamientos que Secretaría de Educación Pública emita para tal efectos, es congruente con el objetivo que se persigue en cuanto a elevar y garantizar la calidad de los servicios educativos que presten las instituciones particulares del nivel de educación superior, en especial en cuanto al estado y condiciones en el que deban encontrarse las instalaciones de las instituciones educativas. Sin duda, las instalaciones de los centros educativos son un elemento relevante que atañe al principio de calidad. De igual manera, los planes y programas de estudio al cumplir con los criterios, requisitos y lineamientos que emita la Secretaría, se estaría abonando a la mejora de la calidad en el contenido de los mismos, y de esta forma se estaría fortaleciendo la normatividad para dar certeza jurídica a los padres de familia y a los estudiantes para salvaguardar el derecho a la educación de calidad en el nivel superior.

9. Con la propuesta de reforma del artículo 59 de la Ley en comento, los particulares que presten servicios por los que se impartan estudios sin reconocimiento de validez oficial, tendrían que sujetarse de igual manera, a los lineamientos que emita la Secretaría. Con esta reforma se estaría fortaleciendo la normatividad para brindar mayor certeza jurídica a los educandos y de esta manera se salvaguarda el derecho a la educación de “calidad” impartida por particulares en el nivel superior.

10. Esta Comisión coincide en la necesidad de establecer un plazo para que la Secretaría de Educación Pública emita los lineamientos correspondientes en términos de la propuesta de reforma a la fracción V Quáter del artículo 12 de la Ley General de Educación, en un plazo no mayor a 180 días a partir del día siguiente al de la publicación del decreto.

En este orden de ideas y con el propósito de cumplir con el imperativo constitucional de garantizar la calidad de la educación que impartan los particulares y con los propósitos de que la Secretaría de Educación Pública cuente con elementos para realizar la planeación y programación globales del sistema educativo nacional, resulta necesario facultar a esa dependencia para fijar los criterios y requisitos para el otorgamiento del Reconocimiento de Validez Oficial de estudios en todo el país.

En virtud de lo expuesto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 72 Apartado A de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos propone a esta Honorable Asamblea que se remita a la Cámara de Senadores el presente Proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 12, 14, 54, 55 y 59 de la Ley General de Educación, a efecto de que las reformas aprobadas por la Cámara de Diputados sean discutidas por el Senado de la República en su calidad de Cámara revisora.

Por lo anterior, y una vez analizada la Iniciativa objeto y materia del presente Dictamen, la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos somete a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados el siguiente proyecto de:

DECRETO por el que se reforman los artículos 12, 14, 54, 55 y 59 de la Ley General de Educación.

Artículo Único. Se reforma la fracción IV del artículo 14; el párrafo tercero del artículo 54; las fracciones II y III del artículo 55; el primer párrafo del artículo 59; y se adiciona la fracción V Quáter al artículo 12 de la Ley General de Educación, para quedar como sigue:

Artículo 12. ...

I. a la V Ter. ...

V Quáter. Fijar los lineamientos a los que deberán sujetarse las autoridades educativas para el otorgamiento del reconocimiento de validez oficial a estudios distintos de los de preescolar, primaria, secundaria, normal y demás para la formación de maestros de educación básica que impartan los particulares.

VI. a la XIV. ...

Artículo 14. ...

I. a la III. ...

IV. Otorgar, negar y retirar el reconocimiento de validez oficial a estudios distintos de los de preescolar, primaria, secundaria, normal y demás para la formación de maestros de educación básica que impartan los particulares, de conformidad con los lineamientos que la Secretaría emita;

V. a la XIII. ...

...

Artículo 54. ...

...

La autorización y el reconocimiento serán específicos para cada plan de estudios. Para impartir nuevos estudios se requerirá, según el caso, la autorización o el reconocimiento respectivos, de conformidad con los lineamientos que la Secretaría emita.

...

Artículo 55. ...

I. ...

II. Con instalaciones que satisfagan las condiciones higiénicas, de seguridad, pedagógicas y de accesibilidad que se establezcan en los lineamientos que emita la Secretaría para tal efecto. Para establecer un nuevo plantel se requerirá, según el caso, una nueva autorización o un nuevo reconocimiento, y

III. Con planes y programas de estudio que cumplan con los lineamientos que la Secretaría emita para tal efecto, en el caso de educación distinta de la preescolar, la primaria, la secundaria, la normal, y demás para la formación de maestros de educación básica.

Artículo 59. Los particulares que presten servicios por los que se impartan estudios sin reconocimiento de validez oficial, deberán sujetarse a los lineamientos que emita la Secretaría para tal efecto.

...

TRANSITORIOS

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. La Secretaría de Educación Pública emitirá los lineamientos a que se refiere la fracción V Quáter del artículo 12, en un plazo no mayor a 180 días a partir del día siguiente al de la publicación del presente decreto.

Palacio Legislativo de San Lázaro, Ciudad de México, a 15 de febrero de 2017.

La Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, diputados:Hortensia Aragón Castillo (rúbrica), presidenta; Adriana del Pilar Ortiz Lanz (rúbrica), Rocío Matesanz Santamaría (rúbrica), Martha Hilda González Calderón, Matías Nazario Morales, María Esther Guadalupe Camargo Félix (rúbrica), Miriam Dennis Ibarra Rangel (rúbrica), María del Rosario Rodríguez Rubio (rúbrica), Patricia Elena Aceves Pastrana (rúbrica), Jorge Álvarez Máynez (rúbrica), Luis Manuel Hernández León (rúbrica), María Luisa Beltrán Reyes (rúbrica), Jorgina Gaxiola Lezama (rúbrica), secretarios; Laura Mitzi Barrientos Cano (rúbrica), Manuel Jesús Cloutier Carrillo, Hersilia Onfalia Adamina Córdova Morán, Juana Aurora Cavazos Cavazos (rúbrica), Magdalena Moreno Vega (rúbrica), Adriana Elizarraraz Sandoval, Adolfo Mota Hernández, María del Carmen Pinete Vargas, Yulma Rocha Aguilar (rúbrica), María Guadalupe Cecilia Romero Castillo, Juan Carlos Ruiz García, Francisco Alberto Torres Rivas (rúbrica), Luis Maldonado Venegas, Francisco Martínez Neri, Cesáreo Jorge Márquez Alvarado, Joaquín Jesús Díaz Mena (rúbrica), Virgilio Daniel Méndez Bazán (rúbrica).»

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Tiene el uso de la palabra, por cinco minutos, la diputada Hortensia Aragón Castillo, para fundamentar el dictamen, de conformidad con el artículo 104, numeral 1, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados.

La diputada Hortensia Aragón Castillo:Muchas gracias, presidenta. El dictamen que la Comisión de Educación pone a consideración de este pleno el día de hoy, tiene su origen en la iniciativa suscrita por las diputadas Adriana del Pilar Ortiz Lanz y Yulma Rocha Aguilar.

Tiene por objeto, mejorar los mecanismos por los cuales el Estado garantiza la calidad de la educación obligatoria, dado que lo que pretende hacer es reformar los artículos 12, 14, 54 y 55 de la Ley General de Educación, específicamente con el objeto de perfeccionar los procesos por los cuales la autoridad educativa otorga, niega o retira los reconocimientos de validez oficial a los estudios impartidos por los particulares, lo que comúnmente conocemos como RVOE.

En el caso del nivel de educación superior y los niveles educativos de educación obligatoria se reconoce que la calidad educativa permite la formación de profesionistas competitivos que contribuyan al desarrollo regional y nacional, por lo cual resulta muy importante que las escuelas que impartan estos estudios cuenten con los niveles educativos y de calidad que garanticen su idoneidad.

Quiero mencionarles que uno de los criterios que debe orientar a la educación es que el Estado, sus organismos descentralizados y los particulares con autorización o, RVOE, deben ser de calidad, entendiéndose por esta la congruencia entre los objetivos, resultados y procesos del sistema educativo conforme a las dimensiones de eficacia, eficiencia, pertinencia y equidad.

Por tanto, con la presente propuesta se pretende lograr que las escuelas particulares de educación superior cumplan con los requisitos legales y aquellos que a través de los lineamientos emita la Secretaría de Educación Superior, en concordancia con lo que consagra el artículo 3o. constitucional.

Es decir, con la presente propuesta se pretende lograr que las escuelas particulares de todos los niveles cumplan y, no solo eso, sino que más que ser un trámite administrativo, la Secretaría de Educación emita criterios de calidad que obliguen a las escuelas particulares a cumplirlos.

Este dictamen que ponemos a su consideración el día de hoy y que fuera aprobado por unanimidad en la Comisión de Educación, contribuirá —estamos plenamente convencidas y convencidos— a elevar la calidad de la educación en México generando mejores condiciones de vida para todas las personas que habitamos o transitamos por nuestro territorio en condiciones de igualdad.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, las diputadas y los diputados de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos pedimos el voto de ustedes en favor del mismo, convencidos de que este esfuerzo redundará en bien de la educación de los educandos y educandas de nuestro país. Muchísimas gracias.

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Gracias, diputada Hortensia Aragón. Agotada la lista de oradores, consulte la Secretaría a la asamblea en votación económica, si se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular.

El Secretario diputado Raúl Domínguez Rex: Por instrucciones de la Presidencia en votación económica se consulta a la asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. Señora presidenta, mayoría por la afirmativa.

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Suficientemente discutido en lo general.Sonido, por favor, en el espacio donde se encuentra la diputada Yulma Rocha.

La diputada Yulma Rocha Aguilar(desde la curul): Gracias, presidenta. Solamente para reconocer el trabajo de la Comisión de Educación al aprobar esta iniciativa presentada por la diputada Adriana y por su servidora. También reconocemos el esfuerzo que ha hecho el gobierno federal para ampliar la cobertura en la Educación Media Superior y Superior, donde hay grandes retos, donde tiene una participación importante el sector privado, donde los particulares prestan el servicio educativo, sino que también habrá que reconocer que han aumentado escuelas particulares que no cumplen con los elementos para brindar un servicio educativo de calidad, y por eso la motivación de esta iniciativa, para que aquellos particulares que pretendan o ya presten el servicio educativo, lo hagan con los lineamientos que marque la Secretaría de Educación, tanto en infraestructura, curricula y personal docente. Gracias, presidenta. Es cuanto.

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Gracias, diputada Yulma Rocha.

De conformidad con el artículo 109 del Reglamento de la Cámara de Diputados no se ha reservado artículo alguno para discutirlo en lo particular, se pide a la Secretaría que abra el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular en un solo acto.

El Secretario diputado Raúl Domínguez Rex: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular en un solo acto.

(Votación)

¿Falta algún diputado o diputada por emitir su voto? ¿Falta algún diputado o diputada por emitir su voto? Ciérrese el sistema electrónico de votación. Señora presidenta, se emitieron 355 votos a favor, 4 abstenciones y 0 votos en contra.

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Aprobado en lo general y en lo particular por 355 votos el proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 12, 14, 54, 55 y 59 de la Ley General de Educación. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.

DICTÁMENES A DISCUSIÓN CON PUNTOS DE ACUERDO

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: El siguiente punto del orden del día es dictámenes con puntos de acuerdo. (*)

(*) Los dictámenes mencionados se encuentran en los Anexos I, II y III de esta sesión.

Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si son e aprobarse en conjunto; excepto los listados con los números 22, 26 y 32, que corresponden a las Comisiones de Salud, y de Transparencia y Anticorrupción.

La Secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos: Se consulta a la asamblea, en votación económica, si son de aprobarse los puntos de acuerdo; con excepción de los listados con los números 22, 26 y 32. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señora presidenta, mayoría por la afirmativa.

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Aprobados. Comuníquense.

SOBRE LA RESCISIÓN O REVOCACIÓN DE CONCESIONES, CONTRATOS, PROYECTOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y ASOCIACIONES PÚBLICO-PRIVADAS OTORGADOS A LA EMPRESA BRASILEÑA ODEBRECHT, POR DENUNCIAS DE CORRUPCIÓN EN SU CONTRA Y DONDE ESTÁN INVOLUCRADOS SERVIDORES PÚBLICOS

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Está a discusión el dictamen de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, con puntos de acuerdo sobre la recisión o revocación de concesiones, contratos, proyectos de prestación de servicios y asociaciones público-privadas otorgadas a la empresa brasileña Odebrecht, sus filiales y subsidiarias por las denuncias de corrupción presentadas en su contra y donde están involucrados servidores públicos.

La Secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos: Dictamen de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, con puntos de acuerdo sobre la recisión o revocación de concesiones, contratos, proyectos de prestación de servicios y asociaciones público-privadas otorgadas a la empresa brasileña Odebrecht, sus filiales y subsidiarias por las denuncias de corrupción presentadas en su contra y donde están involucrados servidores públicos.

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Están registradas las siguientes intervenciones: por el Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social tiene el uso de la palabra por cinco minutos el diputado José Alfredo Ferreiro Velazco.

El diputado José Alfredo Ferreiro Velazco:Con el permiso de la Presidencia. Hoy venimos a hablar sobre este punto de acuerdo, sobre algo que en México no debió haber pasado y que no debió haberse cometido, ilícitos que están en investigación. Pero en marzo de 2014 se inicia una investigación en Brasil sobre esta empresa, Odebrecht, una empresa grande, una empresa importante en Brasil, que ha hecho obras en toda América Latina y en Europa, y una empresa que tiene más de 200 mil empleados y que ha tenido obras muy importantes, pero que su

Hay infinidad de casos en todo América Latina, de actos de corrupción comprobables, actos de corrupción que ya han sido gente acusada, ya hay gente que ya está en la cárcel por haber aceptado el cohecho de esta empresa. Y ha llegado a tanto la investigación de este caso y los efectos de esta empresa, que el presidente de la empresa, de Odebrecht, está ya en la cárcel en Brasil, que hay varios mandatarios, varios funcionarios que están siendo investigados y muchos de ellos están ya acusados de esos delitos.

Ya hay cantidades importantes de cientos de millones de dólares que esta empresa utilizó para poder sobornar a dichos funcionarios. Lo más triste de esta empresa es de que tenía un departamento para sobornos y fue una empresa que operó en toda América Latina, y México no fue la excepción y tiene ya varios años trabajando en nuestro país y ya hay una mención de que en México se dieron 10.5 millones de dólares en actos de corrupción, dinero que ya se dio y está pendiente de dar una lista de qué funcionarios la recibieron.

De la empresa que está señalada es Pemex, una empresa que todos lo conocemos y muchos quisiéramos dudar que fuera así, pero lamentablemente en México muchas de las cosas así se han manejado.

Hace algunos años, de hecho en 2012, alguien comentó en el extranjero, comentó que México iba a sufrir grandes cambios, y que uno de los cambios que iba a sufrir México es que se iba a dar a conocer grandes actos de corrupción y que eso iba a motivar a que México provocara cambios y que esta generación que estamos aquí es la que iba a tener que tomar decisiones si íbamos caminando hacia enfrente, derecho, o nos íbamos a parar, y México no se puede parar, tenemos que caminar de frente y derecho, y Odebrecth es una empresa corrupta, es una empresa señalada.

No es un tema político, no es un tema de un partido, es un tema de una empresa que cometió actos de corrupción y que hubo gente que se prestó a dichos actos, y que se prestó, hubo funcionarios que se prestaron, se enriquecieron e hicieron daño a México, porque dieron obras que muchas de ellas fueron más caras de lo que pudieron haber sido, obras que fueron de mala calidad.

Entonces, en este punto de acuerdo se está pidiendo que estas obras, que todos esos contratos sean suspendidos.

Que se revise, que se revise a esa empresa. Que la Auditoría Superior de la Federación revise a los funcionarios y todas aquellas dependencias que tuvieron que ver con ello, tanto municipios como estados, la misma federación. Hay municipios señalados en Veracruz, hay municipios de estados, mencionaban Michoacán, hay muchos.

Necesitamos hacer una investigación. Quiero decirles que tiene que ser apartidista, con el único hecho de que México tiene que cambiar y tiene que transformarse.

Encuentro Social, en principio, reprobamos todos estos actos, los reprobamos. Es una de las cosas por las que estamos aquí en este Congreso y es una de las cosas por la que los ciudadanos nos mandaron aquí, porque México tiene que transformarse.

Mano dura a todos esos funcionarios que cayeron en corrupción. Mano dura a todas esas empresas que se prestaron para esto, cancelaron sus contratos y que todos esos contratos y que a esas empresas el Estado mexicano no les vuelva a dar contratos.

Basta ya de corrupción, basta ya de prestarse a esos delitos. Encuentro Social va a apoyar y apoyamos en completo dicho punto de acuerdo. Con permiso.

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Gracias, diputado Ferreiro. Para fijar la postura del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, tiene el uso de la palabra, por cinco minutos, el diputado Luis Alfredo Valles Mendoza.

El diputado Luis Alfredo Valles Mendoza:Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados, uno de los fenómenos que mayor daño ha ocasionado a la sociedad a nivel mundial, sin duda alguna es la corrupción.

El concepto, es un concepto muy amplio, incluye soborno, fraude, apropiación indebida u otras formas de desviación de recurso. También puede ocurrir en los casos de nepotismo, extorsión, tráfico de influencias, uso indebido de la información privilegiada para fines personales, así como la falta de ética pública.

En cualquiera de estas modalidades y conductas, la corrupción causa un enorme perjuicio y frena el desarrollo económico y social de una nación.

La investigación que a finales del año pasado publicó el Departamento de Justicia de Estados Unidos sobre la constructora brasileña Odebrecht, dejó al descubierto un esquema de corrupción internacional a gran escala, que a todos nos ha llamado la atención.

Se reveló que funcionarios públicos de al menos 12 países recibieron, entre el año 2001 y 2016, una cantidad incalculable de millones de dólares en sobornos por parte de dicha empresa, a cambio de contratos millonarios en el ramo energético.

En México, la relación de Odebrecht con Pemex presenta serias irregularidades, como sobrecostos, incumplimientos en contratos, asignaciones directas y pagos ilegales. Es de suma importancia que frente a estos hechos, que sin duda han ocasionado un profundo daño, no sólo económico, sino también social, se tomen acciones contundentes, pero imparciales, sin caer en juegos de botines políticos.

En Nueva Alianza estamos convencidos que las redes de corrupción deben ser identificadas y desmanteladas y que se debe castigar a los responsables, siempre con pleno respeto al Estado de derecho, porque eso es lo que merecemos todos los mexicanos, respuestas y, con ellas, la impartición clara de justicia, en aras de terminar con la impunidad con la que se ha venido operando para quebrantar la legalidad.

Para Nueva Alianza, impulsar una vida sin corrupción que propicie la legalidad y la transparencia, es un principio rector y una tarea de todos los días. Estamos ciertos que para hacer frente a este gran lastre, no es suficiente crear leyes que lo sancionen, se requieren cambios en términos estructurales que sean acompañados de acciones sistemáticas que propicien el desmantelamiento de estas redes de corrupción, que por desgracia se han enquistado en grandes sectores del país y del mundo. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, señora presidenta.

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Gracias, diputado Alfredo Valles. Para fijar la postura de Movimiento Ciudadano, tiene el uso de la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado Jorge Álvarez Maynez.

El diputado Jorge Álvarez Maynez:Compañeras, compañeros, por supuesto que Movimiento Ciudadano apoya los tres resolutivos que este punto de acuerdo está intentando lanzar sobre el tema de Odebrecht, que es uno de los últimos capítulos de esta serie de televisión de la vida real que en México hemos venido atestiguando.

Se superó la ficción en México y el tamaño de descomposición de nuestro sistema público, de nuestra vida pública, de nuestra institucionalidad que lleva por nombre propio corrupción ha superado la ficción.

Porque hoy en día la corrupción le cuesta a los mexicanos 900 mil millones de pesos al año. Con eso alcanzaría para cubrir, por ejemplo, nuestra propuesta de darle reversa al gasolinazo por los próximos 11 años.

Lo que estamos discutiendo aquí es una situación muy seria sobre la que ya se pronunció, como se ha dicho aquí, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, en el que se acreditan sobornos por al menos 10 millones de dólares a altos funcionarios del gobierno de México y sobre la que ya se están tomando decisiones en otros países.

Por ejemplo, el ex presidente de Perú, Alejandro Toledo, ya se dictaminó en ese país una prisión preventiva por 18 meses para perseguir los actos de corrupción. Y altos funcionarios del gobierno de Perú ya los están persiguiendo.

Lo mismo está pasando en Colombia y lo mismo está pasando en Panamá, que nada más en esta semana acaba de anunciar el gobierno de Panamá que suspendió las obras hidroeléctricas que tenía con Odebrecht.

Pero este asunto no es un caso aislado, este asunto denuncia lo que nosotros hemos dicho aquí, que en México mucho más allá de una discusión ideológica, lo que ha sucedido en Pemex es un asunto de oligarquía y corrupción, de unos cuantos apoderados de las instituciones para hacer negocios. De lo que varios Premios Nobeles, destacadamente Gari Becker, han denominado como capitalismo de compadres.

De hecho, en el índice que hace la revista británica The Economist, de capitalismo de compadres, a México se le coloca en el lugar seis a nivel mundial.

Porque ¿qué es lo que sucede con Pemex? Más allá de reforma energética y no reforma energética. Que por ejemplo, se acaba de acreditar que el ex director, Emilio Lozoya, que también trabajó para el Foro Económico Mundial, que es parte de este entramado de corrupción internacional, gastaba diariamente hasta 180 mil pesos en vuelos privados, en traslados privados. Se iba de su casa a la oficina o a los días de descanso en aeronaves privadas.

¿Qué es lo que acabamos de descubrir, por ejemplo, en el caso de Nayarit? Que el fiscal que dictaba sentencias en Nayarit, que integraba averiguaciones previas y que iba a negociar con los delincuentes está detenido hoy en Estados Unidos por delitos contra la salud; es decir, por narcotráfico. Quien combatía aquí a los narcotraficantes es acusado por el gobierno de Estados unidos de narcotráfico.

Lo mismo en el sector petrolero y de las petroquímicas. Quienes están asignando contratos aquí y que fueron sobornados, están siendo acusados en Estados Unidos por estos delitos.

Por eso es una discusión que debe pensar, debe traer a la Cámara de Diputados a analizar muy bien cuál está siendo nuestro papel en la vida pública de México. Por eso está muy bien que se mandate a la Auditoría Superior de la Federación a hacer más investigaciones.

Aunque con las conclusiones que ya nos dio la Auditoría Superior de la Federación de lo que pasó entre 2010 y 2014 en las administraciones de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, ya habría elementos para que el fiscal, el llamado fiscal carnal, hubiera actuado.

Creemos que este es un momento en el que estamos frente a una prueba de ácido de las instituciones en este país. No es nada más el asunto de si vamos a simular en el combate a la corrupción.

Hoy en día, incumpliendo términos legales, no se ha nombrado el fiscal anticorrupción que en esta misma Cámara de Diputados aprobamos hace un año como una pieza clave del Sistema Nacional Anticorrupción, que con bombo y platillo anunció el presidente de la República y aquí mismo festejamos.

Por eso nosotros llamamos a que se entienda que esta es una pieza más de un entramado de corrupción que les cuesta a los mexicanos puntos del producto interno bruto, que servirían para pagar en un año todo lo concerniente al sistema educativo nacional.

De ese tamaño es el problema, de ese tamaño es el escándalo de corrupción que acaba de evidenciar un nuevo caso y que, por cierto, hay que felicitar el trabajo del periodista Daniel Lizárraga, quien fue uno de los autores intelectuales de la investigación sobre la casa blanca del presidente Peña Nieto.

El trabajo del periodista Raúl Olmos, que ha venido desmenuzando esta red de corrupción que tan solo en los últimos diez años ha dado lugar a contratos por más de cinco mil millones de dólares para esta empresa, asignados de manera irregular.

Es decir, más de 100 mil millones de pesos que deben ser investigados y que esperemos que así como en Perú, como en Panamá, como en Colombia estamos viendo a altos funcionarios tras las rejas por casos de corrupción, en México veamos que no hacen con Pemex lo que ya hicieron con César Duarte y con Javier Duarte, que es mantenerlos —con la complicidad de las autoridades mexicanas— como gobernadores en fuga. Gracias, presidenta.

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Gracias, diputado Álvarez Maynez. Para fijar la postura del Grupo Parlamentario de Morena, tiene el uso de la palabra la diputada Norma Rocío Nahle García, por cinco minutos.

La diputada Norma Rocío Nahle García:Con su permiso, señora presidenta. Este es un caso de corrupción gravísimo. Marcelo Odebrecht llega a México en el 2006, se instala y empieza a ganar o hacerse de adjudicaciones y licitaciones. Hoy sabemos que entró a Michoacán, que estuvo construyendo parte de la presa J. Múgica, después sabemos que entró a Veracruz, a Hidalgo, a Guanajuato y que en todos tenía el mismo

¿Cuál era el modus operandi? Sobornos, ilícitos. Participaba, se llevaba un contrato, por decir 100 millones, y a la mitad de la obra siempre, en todos, pedía ampliación de presupuesto y en todos se lo daban. Terminaba la obra costando el doble, subcontrataba, dejaba incluso empresas locales en mal, no les pagaba, trabajos de pésima calidad y era una constante.

Hoy este escándalo revienta en Brasil con la corrupción de Petrobras y de ahí se abre la caja de pandora en 15 países del mundo, todos latinoamericanos y dos en África, y en todos era lo mismo. El Departamento de Justicia de Estados Unidos agarra a este señor, lo encarcelan, tiene 19 años de pena en Brasil y ya declaró. Esto que les estoy diciendo es confeso, ya lo dijo, y ya dio los nombres de quién sobornó, a quién le dio dinero.

Y aquí en México mencionó, o lo único que se ha filtrado, es que dio 10.5 millones de dólares de sobornos a altos ejecutivos, a altos ejecutivos para tener contratos a modo. Pero el procurador ya voló a Brasil. Allá ya le dieron datos de lo que declaró porque Marcelo Odebrecht ya declaró, ya dio nombres. En Brasil, a finales de mayo, principios de junio, van a salir los nombres de las personas que sobornó.

¿Cómo es posible que el procurador General de la República —que ya fue, y que él quisiera ser fiscal— hoy dice que se va a reservar este informe, este reporte o la investigación por cinco años?

Aquí le digo al procurador que, de acuerdo a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información, artículo 115, no podrá invocarse el carácter de reservado cuando, número 2, se trate de información relacionada con actos de corrupción de acuerdo con las leyes aplicables. No puede reservarse esta información.

Si va a actuar así, que no esté pensando ni aspirando a ser fiscal, porque está encubriendo un nudo de corrupción, un nudo de contratos que se dieron. Tan solo en Pemex tenemos registrados más de cinco mil millones de dólares en contratos. Eso cuesta una refinería y nos dicen que no hay dinero para las refinerías, y a este señor brasileño se le dio contratos para la construcción en la refinería de Minatitlán, en la refinería de Tula fueron mil 55 millones de dólares, en la de Salamanca.

En el gasoducto Los Ramones, segunda etapa, son mil 200 millones de dólares; en el gasoducto Quetzal, que es el que piensan que va a ir a Guatemala, digo piensan porque no tenemos gas, son 800 millones de dólares; y en el proyecto de Etileno 21, que es de Coatzacoalcos, pues ahí reportan dos mil 500 millones de dólares.

Todo esto se busca y hay financiamiento por parte del Estado, Bancomext, Banobras. Este señor se movió aquí como Juan en su casa. Hizo lo que quiso. Corrompió a quien pudo y a quien quiso. Mínimo son cinco mil millones de dólares en Pemex, más los estados. Todos, todos los contratos fueron por fraude, con corrupción, todos.

¿Qué pedimos en el punto de acuerdo y que la Comisión de Transparencia accedió y aceptó a votarlo por unanimidad? Inmediatamente que se investigue y se cancelen las concesiones y los contratos porque vienen desde origen viciados.

Dos, que la Procuraduría General de la República, exhortar para que en ámbito de sus atribuciones, informe en este avance, a esta soberanía, sobre los avances. Ya fue a Brasil, ya tiene información, y ahora dice que se la va a reservar cinco años. Cómo es posible. Hasta dónde hemos llegado.

El tercero es que la Cámara de Diputados solicite a Pemex que informe a esta soberanía sobre el contrato de gas etano que tiene con Etileno XXI. Etileno XXI es un complejo que se queda con el gas a 20 años a precio preferencial y que hoy Cangrejera, Pajaritos y Morelos, están parados porque no tenemos gas etano; y esto es a 20 años. ¿Ustedes se imaginan el desbalance energético? Es un daño patrimonial tremendo.

Por ello exhorto y agradezco a todos los integrantes de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción que hayan tenido la sensibilidad. Este Congreso, desde esta soberanía, tenemos que hacer algo, por eso somos Poder, precisamente para decirle al Ejecutivo "no más". Hay que rectificar el rumbo. Es cuanto. Muchas gracias.

La diputada Cecilia Guadalupe Soto González(desde la curul): Presidenta.

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Sonido en la curul de la diputada Soto.

La diputada Cecilia Guadalupe Soto González(desde la curul): Sólo una aclaración a la estimada diputada Nahle. Marcelo de Odebrecht no confesó ante la justicia norteamericana...

La diputada Norma Rocío Nahle García: En Brasil.

La diputada Cecilia Guadalupe Soto González (desde la curul): Es que usted dijo...

La diputada Norma Rocío Nahle García: Sí, lo que pasa es que se abre; nosotros tenemos el reporte...

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: ¿Es pregunta? Perdón.

La diputada Cecilia Guadalupe Soto González (desde la curul): Simplemente una aclaración. Declaró ante la justicia brasileña...

La diputada Norma Rocío Nahle García: Así es, así es.

La diputada Cecilia Guadalupe Soto González (desde la curul)...y ha sido un proceso extremadamente largo de acuerdo con la justicia brasileña para dar a conocer la lista en Brasil todavía no se conoce, la conoce la justicia, se ha filtrado, ha habido castigo porque se ha asentado...

La diputada Norma Rocío Nahle García: Así es.

La diputada Cecilia Guadalupe Soto González (desde la curul): ...pero todavía no se conoce. Simplemente eso, porque en su intervención dijo que había sido, que había declarado ante la justicia americana.

La diputada Norma Rocío Nahle García: No, fue el estado, el Departamento de Justicia de Estados Unidos, es el que declara y abre esta caja de pandora, ya ellos lo agarran en Brasil y declara en Brasil, está en Brasil encarcelado. Muchas gracias.

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Gracias, diputada.

La diputada Cecilia Guadalupe Soto González(desde la curul): Presidenta.

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Sonido, por favor, en la curul de la diputada Soto.

La diputada Cecilia Guadalupe Soto González (desde la curul): La caja de pandora se abrió en Brasil, no quiero quitarle mérito a los investigadores brasileños, fue allá donde se descubrió, fue allá donde se dio a conocer, la parte que se dio a conocer en los Estados Unidos fue casi dos años posterior a la de Brasil, y es la que incluye la mención de México. Muchas gracias.

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Gracias diputada. Para fijar la postura del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, tiene el uso de la palabra por cinco minutos, la diputada Daniela de los Santos Torres.

La diputada Daniela de los Santos Torres:Con su venia, diputada presidenta. El asunto Odebrecht es de todos conocido. Esta empresa comenzó a operar en México en 1991 y ha participado en obras tales como la represa los Huites en Sinaloa, la renovación de líneas de transmisión en Torreón, Coahuila, así como la realización de una presa y una planta de energía en el estado de Michoacán.

Los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde estamos comprometidos con la transparencia y el combate a la corrupción. La ciudadanía nos exige acciones concretas para combatir este problema y el tema que nos ocupa el día de hoy es muestra de ello. Otros países, como aquí bien lo comentan, han encendido las alertas respecto al proceder de esta empresa, y hoy, desde este Poder Legislativo, haremos lo propio.

Desafortunadamente existen indicios de que el proceder de esta empresa en nuestro país no ha sido estrictamente apegada a derecho, y desafortunadamente también, el problema parece haber afectado no sólo a una entidad de la República sino a varias. Por ejemplo, en mi estado Michoacán, en el año 2006 a la empresa Odebrecht le fue adjudicada la construcción de la presa y planta eléctrica Francisco J. Múgica en el municipio de Nueva Italia.

Este contrato se asignó a Odebrecht por licitación pública en la modalidad de llave en mano a precio alzado, lo que significaba que este contrato no podía ser modificado en monto o plazo ni estar sujeto a ajustes de costos. Sin embargo, y aun cuando la obra inicialmente se le habían asignado mil 500 millones de pesos, al final su costo se disparó hasta los 2 mil 862 millones de pesos. A la fecha esta obra muestra notables deficiencias en su construcción y no cumple con los propósitos para la cual fue construida.

Es por todo lo antes referido, y por la diversidad de contrataciones con esta empresa, que resulta de suma importancia se investiguen todas las licitaciones obtenidas por esta empresa en nuestro país. Lo anterior cumpliendo con la totalidad de procedimientos judiciales y administrativos previstos en nuestro marco jurídico para lograr obtener resultados concretos y, en su caso, responsables con nombre y apellido.

El Estado debe garantizar que, sin importar el cargo o función que desempeñen todos los servidores públicos, actúen conforme a derecho y lleven a cabo sus funciones sin que intervengan actos de corrupción.

Es por ello que, tanto en el caso Odebrecht como en cualquier otro asunto donde exista duda respecto al cumplimiento de los procedimientos para la adjudicación de obra por parte de los servidores públicos, se debe actuar con estricto apego a la ley e investigar tanto cuanto sea necesario para llegar a la verdad.

El Partido Verde Ecologista de México está comprometido con la transparencia, la rendición de cuentas, la certeza en el manejo de los recursos públicos y la máxima publicidad de los procedimientos y licitación de obra pública. Vale la pena recalcar y celebrar, es producto del trabajo plural de todos los grupos parlamentarios al seno de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción.

Es por lo anterior que los diputados integrantes del Partido Verde estamos seguros y convencidos de que, con la aprobación de este punto de acuerdo y la congruencia y disposición mostrada por el Ejecutivo federal en materia de transparencia, rendirá frutos que abonen a una de las más sentidas demandas de nuestros representados, el combate frontal y decidido a la corrupción. Es cuanto, diputada presidenta. Por su atención, muchas gracias.

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Gracias, diputada De los Santos Torres. Para fijar la postura del Grupo Parlamentario del PRD tiene la palabra por cinco minutos el diputado Agustín Basave Benítez.

El diputado Agustín Francisco de Asís Basave Benítez:Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados, ya nadie se atreve a negar que la corrupción es el cáncer de México. El problema no es el diagnóstico, el problema es la prescripción.

El problema es documentar primero y probar jurídicamente después las corruptelas, que tanto daño le han hecho y le siguen haciendo a nuestro país.

En el caso de Odebrecht, esta tristemente célebre empresa brasileña, el trabajo —como en muchos otros— nos lo han hecho afuera. Nos han documentado la corrupción en otros países, empezó en Brasil, se siguió después en otros más, en donde también hay procesos ya abiertos, Colombia, Perú, Panamá, Estados Unidos desde luego, y por todos estos movimientos y estas acciones del extranjero sabemos hoy que Odebrecht pagó en México al menos 10.5 millones de dólares en sobornos, al menos. Es la punta del iceberg.

Sabemos que en Veracruz y en otros estados firmó contratos, seguramente fraudulentos, sabemos que hay 10 funcionarios, altos funcionarios de Pemex que están involucrados, que recibieron dinero ilícito de esta empresa brasileña, pero no sabemos quiénes son, no conocemos los nombres porque, como siempre, nos los niegan, nos los escamotean.

Dicho sea de paso, esto, este vergonzoso fenómeno de que tiene que ser fuera de México en donde se pruebe o se inicie la prueba de la corrupción mexicana, se ha dado de manera clarísima con los narco gobernadores y los narco funcionarios mexicanos. Desde un ex gobernador de Quintana Roo, encarcelado hace muchos años en Estados Unidos, hasta dos ex gobernadores de Tamaulipas perseguidos por la justicia, y un ex gobernador de Coahuila, todos procesos iniciados en Estados Unidos.

Es una vergüenza que la única instancia en México para combatir la impunidad de los narco políticos sea Estados Unidos. Pero así es y así es ahora también en el caso de Odebrecht.

Odebrecht es una empresa probada sobradamente corrupta, es una empresa que ha sido evidenciada, como dije, en varios países del mundo. Es una empresa que tuvo muchísimos negocios en México, y lo que este punto de acuerdo pide es que esos contratos que se firmaron en México con esta empresa corrupta se revisen porque de ser —como presumimos—, inválidos, deben cancelarse. Eso es lo que se pide y eso es lo que se alcanzó después de una larguísima discusión en la Comisión de Transparencia y Anticorrupción.

Si vamos a combatir este cáncer de México, tenemos que hacerlo en serio, porque lo que sucede en nuestro país es que se esconden los corruptos tras este laberinto de litigio, para llegar a conformar lo que yo llamo —si me valen el juego de palabras— el corrupto legal, que ejerce la honestidad con estricto apego a derecho. El corrupto legal que ejerce la deshonestidad con estricto apego a derecho. Ese fenómeno que tenemos hoy en México está haciéndole muchísimo daño al país.

Nadie o muy poca gente se atreven a documentar periodísticamente la corrupción en los más altos niveles del gobierno federal mexicano. A la Cámara de Diputados, al Senado, constantemente nos está señalando la opinión pública, los medios. A la Presidencia de la República nunca.

De la Casa Blanca a Odebrecht hay un largo trecho para probar, para evidenciar, para documentar las pillerías de este régimen corrupto que está hundiendo a México. Gracias.

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Gracias, diputado Basave. Para fijar la postura del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, tiene el uso de la palabra, por cinco minutos, la diputada Lorena del Carmen Alfaro García.

La diputada Lorena del Carmen Alfaro García:Con el permiso de la Presidencia. Compañeros diputados, compañeras diputadas, hablar de Odebrecht en América Latina es hablar de corrupción. Hablar de Odebrecht, es hablar de fraudes millonarios, como los que se han documentado en países como Brasil, Colombia, Perú, Ecuador, Panamá.

El megaescándalo de corrupción y sobornos de la constructora brasileña, fue descubierto en diciembre de 2016 por el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Sin embargo, los escándalos en otros países de América Latina ya eran evidentes, como lo han mencionado mis compañeros en las anteriores intervenciones.

En los hechos, Odebrecht obtuvo contratos por adjudicación directa con Pemex Refinación y me voy a abocar de manera específica a los entregados entre 2013 y 2014, cuando el director de la empresa productiva del Estado era Emilio Lozoya, quien no solamente está involucrado en hechos de corrupción por el caso Odebrecht, en la Cuenta Pública del 2015 tenemos señalamientos evidentes de corrupción cuando este ex funcionario estuvo al frente de esta empresa mexicana.

El ex director de Pemex no sólo fue el responsable de los contratos con Odebrecht, sino también del quebranto financiero de Pemex, sin que hasta ahora se le haya fincado o iniciado siquiera algún proceso para alguna responsabilidad.

En octubre de 2013, el presidente Enrique Peña Nieto recibió en privado a Marcelo Odebrecht, líder de la empresa, quien habló de su interés por intervenir en México en los sectores de petroquímica, saneamiento y energía hidráulica, producción de etanol, azúcar, energía renovable de biomasa, así como concesiones carreteras.

Durante las investigaciones del caso en Estados Unidos, los funcionarios de Odebrecht aceptaron haber pagado sobornos por 10.5 millones de dólares a altos funcionarios mexicanos, para obtener concesiones y contratos con Pemex y sus subsidiarias.

A partir de ahí, las revelaciones del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, en diciembre de 2016, la Secretaría de la Función Pública y Pemex iniciaron la recopilación de información para responder a dichos señalamientos.

El pasado 16 de febrero el titular de la Procuraduría General de la República, Raúl Cervantes, realizó un viaje a Brasil para dialogar con las autoridades de ese país en torno a los avances en las investigaciones del caso y el día de hoy nos amanecemos con la noticia de que dichos contratos celebrados con esta empresa serán reservados.

Como nosotros tenemos esta facultad fiscalizadora no vamos a permitir que se oculte información y estaremos dando un puntual seguimiento a este tema.

Estas investigaciones que se han iniciado, pues no tenemos información alguna de cuáles son los avances o los resultados de las mismas.

Es inadmisible que en México no se tengan estos avances concretos sobre presuntos sobornos a funcionarios mexicanos, mientras que en otros países como Perú, Ecuador y Colombia ya hay cancelación de contratos y confiscación de bienes. También hay funcionarios sujetos a proceso.

Es por ello que este punto de acuerdo aprobado en la Comisión de Transparencia y Anticorrupción es de la mayor importancia para la transparencia y la rendición de cuentas.

Se trata de señalar aspectos fundamentales. El primero es exhortar a las autoridades federales y a Pemex, a sus empresas, así como a sus gobiernos estatales y municipales, a revisar la procedencia de rescindir cualquier contrato con la empresa Odebrecht.

Y dos. De abstenerse en promover nuevos proyectos o concesiones con dicha empresa brasileña y sus filiales.

¿Por qué decimos esto? Cuando estaban los escándalos de corrupción con esta empresa, ya en otros países señalados, en México se estuvieron liberando más contratos con la empresa. Es decir, no hay temor porque no pasa nada y porque hay impunidad. Y por eso es tan importante este punto de acuerdo y al cual tenemos que darle un seguimiento muy puntual.

Los diputados de Acción Nacional exigimos al gobierno federal, a Pemex, a la Procuraduría General de la República y a la Secretaría de la Función Pública para que aceleren sus investigaciones y se pueda castigar a los funcionarios mexicanos que recibieron sobornos millonarios de esta empresa.

Resultaría preocupante que la corrupción provocada por la empresa brasileña en México quedara en la impunidad. Más aún cuando el futuro de Pemex está en juego, sería inadmisible política y económicamente que Pemex siga deteriorando su imagen por corrupción. Es hora de que los malos funcionarios de Pemex respondan por sus actos.

Compañeras y compañeros, en Acción Nacional siempre nos hemos pronunciado a favor de las inversiones productivas, la competitividad de las empresas y la generación de empleos para los mexicanos. Pero también hemos rechazado con firmeza la corrupción en la administración pública como mecanismo para el intercambio de favores y beneficios personales entre los inversionistas y los servidores públicos. Y esta no es la excepción.

Queremos conocer la verdad, queremos que se aclaren los vínculos de los funcionarios mexicanos con la empresa. Es tiempo de acabar con los escándalos que reducen la confianza y dañan la imagen de nuestro país ante el resto del mundo. Son tiempos en los que debemos alentar las inversiones, pero no a costa de lo que sea.

Son tiempos de hacer más fuerte nuestra industria energética. Son tiempos de invertir en lo mejor de nosotros, en nuestros recursos, en lo que México está anhelando para un futuro mejor. Es cuanto, presidenta.

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Gracias, diputada Lorena Alfaro. Para fijar la postura del Grupo Parlamentario del PRI tiene el uso de la palabra, por cinco minutos, el diputado Pedro Luis Noble Monterrubio.

El diputado Pedro Luis Noble Monterrubio:Con su venia, diputada presidenta. En este pleno estamos discutiendo un asunto que ha despertado el interés ciudadano y nuestro interés político por aspiración a la verdad: la actuación contractual de la empresa brasileña denominada Odebrecht.

Coincidimos con lo enunciado por el presidente Peña, la impunidad lastima y violenta a la sociedad. Es importante insistir sobre esto. Lo que hoy venimos a votar no trae marca de origen, su diseño y contenido es plural. La medalla no se la puede colgar nadie en lo particular, es un tema que nos preocupa y ocupa a todos en esta Cámara.

En el PRI hemos demostrado que tenemos la convicción ética, histórica y política para diseñar, construir y fortalecer los sistemas nacionales de transparencia y anticorrupción, sentamos las bases para la reforma constitucional como parte de las reformas estructurales, mismas que fueron impulsadas por el presidente Peña Nieto. Hoy tenemos toda la legislación ya vigente.

Nuestro grupo parlamentario ha dejado bien acreditado ese compromiso y ha sido refrendado en voz y por expresión escrita por nuestro coordinador César Camacho, quien ha sido actor fundamental para estructurar en la integralidad legislativa, la cultura de la transparencia, rendición de cuentas, fiscalización y anticorrupción.

En ese sentido somos congruentes y nuestra posición es que se investigue, que se dé trámite a los procedimientos en aplicación estricta del derecho, que, en consecuencia, se determinen incumplimientos, las inobservancias, las trasgresiones a las normas o la comisión de delitos, y conforme a derecho, efectivamente, se sancione y se ejerzan las acciones procedentes.

Esta postura es congruente con las acciones concretas y frontales contra la corrupción que el gobierno del presidente Peña ha ejercido. Tan solo en lo que va de este sexenio, la Secretaría de la Función Pública ha sancionado a 38 mil 300 servidores públicos. Es más, la propia titular de la Secretaría de la Función Pública ha dejado muy claro que el gobierno federal está investigando minuciosamente el caso Odebrecht y, en su caso, conforme a la ley impondrá las sanciones correspondientes.

En efecto, las propuestas de redacción, la revisión de la licitud y la procedencia de lo que contiene el exhorto en estudio, fueron ampliamente estudiadas y debatidas por los integrantes de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción.

En este contexto, el Grupo Parlamentario del PRI aprobará el exhorto a los tres órdenes de gobierno, a los Congresos de las entidades federativas, a Petróleos Mexicanos y a sus empresas subsidiarias y filiales, a que en el ámbito de sus atribuciones, determinen la procedencia de la nulidad, rescisión o revocación de todas las concesiones, contratos, proyectos, los proyectos de prestación de servicios y las asociaciones público-privadas otorgados a la empresa brasileña Odebrecht, sus filiales y subsidiarias, para que en su caso se rescindan y se abstengan de promover, realizar o suscribir cualquiera de los actos jurídicos mencionados con dicha empresa. El exhorto también...

La diputada Cecilia Guadalupe Soto González (desde la curul): Presidenta, si me permite una pregunta el diputado.

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Diputado Noble, hay una pregunta en la curul de la diputada Soto. ¿Acepta usted la pregunta?

El diputado Pedro Luis Noble Monterrubio: No la acepto.

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: No ha lugar a la pregunta. Gracias.

El diputado Pedro Luis Noble Monterrubio: El exhorto —no la acepto— también se dirige a la Secretaría de la Función Pública y a la Procuraduría General de la República, para que en el ámbito de sus atribuciones informen a esta soberanía los avances de las investigaciones en relación con la contratación de la citada empresa y el listado de los contratos que fueron suscritos entre ella y la administración pública.

Del mismo modo, estamos exhortando a Petróleos Mexicanos a informar a esta soberanía sobre el estado que guarda el contrato de gas etano denominado Etileno XXI y las relaciones contractuales con la empresa multicitada.

Por otro lado, esta Cámara instruye a la Auditoría Superior de la Federación a iniciar las investigaciones que resulten procedentes para revisar la legalidad de todos los actos jurídicos en que haya sido o sea parte la empresa ya mencionada con subsidiarias o filiales.

Los que han intentado mediatizar y lucrar con un asunto del que ya se ha venido investigando, les ha quedado claro que en el PRI vamos con decisión y firmeza en el combate a la corrupción, por la transparencia, por la rendición exacta de cuentas.

Que no quede duda. El PRI, con su presencia en esta Cámara y con su participación en la dictaminación en estos exhortos, está enviando un mensaje fuerte y claro que no tolera ni solapará de nadie, de nadie, ningún acto de corrupción, se trate de quien se trate, de este o de pasados gobiernos. Muchas gracias.

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Gracias, diputado Pedro Luis Noble Monterrubio. Sonido por favor en la curul del diputado Guillermo Rafael Santiago.

El diputado Guillermo Rafael Santiago Rodríguez (desde la curul): Primero que se vote, y luego participo, mejor. Gracias.

El diputado Jesús Salvador Valencia Guzmán (desde la curul). Presidenta, si me aceptaba una pregunta el diputado.

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Ya bajó; una disculpa, diputado. Agotada la lista de oradores, consulte la Secretaría a la asamblea en votación económica si se encuentra suficientemente discutido.

La Secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se encuentra suficientemente discutido. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Diputada presidenta, mayoría por la afirmativa.

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Suficientemente discutido. Consulte la Secretaría a la asamblea en votación económica si es de aprobarse.

La Secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos: Por instrucciones de la Presidencia en votación económica se consulta a la asamblea si es de aprobarse. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. Diputada presidenta, mayoría por la afirmativa.

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Aprobado. Comuníquese.

El diputado Guillermo Rafael Santiago Rodríguez(desde la curul): Presidenta.

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Sonido, por favor, en la curul del diputado Guillermo Rafael Santiago ¿con qué objeto, diputado?

El diputado Guillermo Rafael Santiago Rodríguez (desde la curul): Gracias, señora presidenta. El motivo de mi intervención es para cuestionar por qué fueron bajados dos dictámenes con punto de acuerdo; para ser específico, el 22 y el 26, respecto al tema de salud, cuando en comisiones están todos los partidos a favor y no hay absolutamente un voto en contra. Esto a petición del Partido Verde Ecologista, tengo entendido que se bajó. Me gustaría preguntarle por qué, y solicitarle a la Mesa Directiva que en apego al artículo 106, se abran a discusión estos dos puntos de acuerdo, porque de otra manera se estaría violentando el proceso parlamentario.

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Tengo la información, diputado, que el Partido Verde lo reservó para posterior discusión. Sonido en la curul del diputado Santiago.

El diputado Guillermo Rafael Santiago Rodríguez (desde la curul): Gracias, señora presidenta. Con apego al Reglamento Interno le solicito que se dé esta discusión en este momento, debido, insisto, a que en las votaciones en comisión no hubo ningún voto en contra, por lo tanto se tiene el derecho de que se pueda discutir de una vez hoy y que se pueda aprobar, porque tengo entendido que nadie está en contra. Ahora, si el Partido Verde está en contra, que justamente es el partido que gobierna Chiapas, y aclaro, los puntos de acuerdo son justamente para solicitarle a la Secretaría de Salud que atienda la problemática que vive el estado. Entonces le solicito al partido, les cuestiono de una vez a los diputados del Verde, al Partido Verde, cuál es el inconveniente para que se pueda de una vez tramitar el día de hoy y darle el seguimiento que le corresponde.

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Solicito, diputado, que pueda hablar con su coordinadora parlamentaria, toda vez que fue un acuerdo que se tomó entre los grupos. El único asunto que pasaba hoy era este. Es un asunto que ya está resuelto y discutido en este punto.

Continúe, por favor, la Secretaría con la declaratoria de publicidad.

DECLARATORIA DE PUBLICIDAD DE DICTÁMENES DE LEY O DECRETO

REGLAMENTO DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS

El Secretario diputado Raúl Domínguez Rex: «Dictamen de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 2, 150, 180 y 242 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

Honorable Asamblea

A la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias de esta Cámara de Diputados, le fue turnada para su estudio y análisis, la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona diversas disposiciones del Reglamento de la Cámara de Diputados,promovida por el diputado Omar Ortega Álvarez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD), en sesión del Pleno de fecha jueves 17 de noviembre de 2016, y turnada a esta dictaminadora por su Mesa Directiva el viernes 25 de noviembre de 2016, para la elaboración de su respectivo dictamen; a la cual le fue autorizada prórroga hasta el martes 25 de abril de 2017, conforme lo dispone el numeral 2 del artículo 183 de nuestro Reglamento Interior.

Este órgano de apoyo legislativo, es competente para conocer del asunto legislativo que se menciona, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 39 numeral 1; 40 numerales 1 y 2, incisos a) y b); y 45 numeral 6, incisos d), e), f) y g) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como de los artículos 80 numeral 1, fracción II, 82 numeral 1; 84, 85,157 numeral 1, fracción I; 158 numeral 1, fracción IV y 285 del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a la consideración del Pleno de esta Asamblea, el presente dictamen; al tenor de los siguientes:

Antecedentes de su proceso legislativo

I. Con fecha jueves 24 de noviembre de 2016, el diputado Omar Ortega Álvarez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó ante el Pleno de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión de esta LXIII Legislatura, la iniciativa que adiciona diversas disposiciones del Reglamento de la Cámara de Diputados, en materia de transparencia legislativa.

II. Con fecha jueves 24 de noviembre de 2016 la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados mediante oficio DGPL 63-II-3-1401, turnó a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias la iniciativa presentada por el diputado Omar Ortega Álvarez, para su respectivo dictamen.

III. Mediante oficio CRRPP/1r2a/013-LXIII de fecha 27 de enero de 2017, la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, envió copia de la iniciativa turnada, presentada por el diputado Omar Ortega Álvarez, a los diputados integrantes de la comisión, con el fin de que emitieran sus observaciones y comentarios a la misma.

IV. A efecto de cumplir con lo dispuesto por el artículo 84 del Reglamento de la Cámara de Diputados, los integrantes de la comisión, se reunieron el martes 21 de febrero de 2017, para dictaminar las tres iniciativas señaladas con anterioridad, con el fin de someter el correspondiente dictamen a la consideración del Pleno de esta Cámara de Diputados, al tenor de los siguientes:

Contenido de la iniciativa con proyecto de decreto

A. Que la iniciativa tiene como propósito promover la transparencia, y el acceso a la información mediante la implementación de mecanismos tecnológicos que den mayor difusión a los trabajos legislativos y estos se encuentren establecidos en el marco normativo que rige a la Cámara de Diputados, al señalar que si bien la Cámara de Diputados cuenta con un sistema de información electrónica sistematizada que permite que cualquier persona pueda consultar fácilmente en el portal de internet, la información relativa a las iniciativas de ley y las proposiciones con punto de acuerdo, presentadas por los legisladores, así como el detalle de los debates de las sesiones ordinarias, las votaciones, los dictámenes con declaratoria de publicidad, y los aprobados por el Pleno, lo cierto, que actualmente existe un gran vacio de información respecto de los trabajos que se realizan en las comisiones ordinarias, ya que el procedimiento de su discusión y aprobación, no es publicado, sino que se publica hasta que la Gaceta Parlamentaria, lo publica por ser objeto de declaratoria de publicidad, por lo que es imposible analizar cuál fue el trabajo que realizó la comisión a la que se turnó y tampoco se conocen los asuntos que se encuentran pendientes de ser discutidos en el Pleno.

B. Menciona el promovente en su exposición de motivos, que el Reglamento de la Cámara de Diputados expedido en 2010 ya contemplaba el interés de los diputados de la LXI Legislatura de hacer públicos los dictámenes que emitieran las comisiones ya que se establecieron disposiciones para que cada comisión administrara su propio sitio de internet para difundir información relativa a sus trabajos legislativos, sin embargo, al no existir una obligación específica, solamente algunas comisiones difunden información, pero es muy insuficiente, por lo que esta situación impide dar puntual seguimiento al proceso legislativo de los asuntos turnados a la Cámara de Diputados y no permite hacer un balance serio de la productividad de las comisiones ordinarias.

C.Considera además, que en el nuevo marco jurídico en materia de transparencia, particularmente la nueva Ley General de Transparencia y la nueva Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública contienen disposiciones muy puntuales que obligan al Poder Legislativo a actualizar y poner a disposición del público la información relativa a los dictámenes que emitan las comisiones de las Cámaras, y que su iniciativa propone adicionar en el glosario del artículo 2 de nuestro Reglamento Interior, que sea el sitio electrónico de la Cámara, al cual se le confiere la calidad de órgano oficial, el medio difusor de esta información relativa al quehacer legislativo de los diputados. Asimismo, establece la adición a los artículos 150 y 180 para que los dictámenes aprobados en comisiones, sean publicados en la Gaceta Parlamentaria y difundidos a través del sitio electrónico de internet.

D. Finalmente, en el artículo 242 se plantean disposiciones para garantizar que se encuentre a disposición de todas las personas, la información sistematizada de los dictámenes aprobados por las comisiones legislativas, así como los dictámenes que hayan sido objeto de declaratoria de publicidad y las minutas que hayan sido turnadas a la Cámara, ya que actualmente mucha de esta información se encuentra dispersa y esto es un verdadero impedimento para cumplir con las obligaciones de transparencia legislativa a las que está comprometida la Cámara de Diputados a cumplir como parte del Poder Legislativo.

Consideraciones de la dictaminadora

Primera.Que esta comisión es competente para conocer y resolver la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona diversas disposiciones del Reglamento de la Cámara de Diputados, en materia de transparencia legislativa.

Segunda.Esta dictaminadora comparte lo expresado por el diputado Omar Ortega Álvarez, en razón del gran esfuerzo que ha representado el Poder Legislativo para construir un sistema nacional de transparencia, y los trabajos que se emiten en comisiones no deberían de permanecer ocultos en un ámbito de secrecía, por lo que en primer término, el planteamiento fundamental de la iniciativa presentada por el promovente, es la de atender el mandato fundamental establecido en la norma constitucional, como lo es el derecho que tienen todas las personas al libre acceso a la información.

De ahí, que consideremos que siendo las comisiones el eje rector del trabajo legislativo, es fundamental que la Cámara de Diputados garantice el acceso a la información de todas las etapas del proceso legislativo.

Tercera.Cabe destacar, que la elaboración de los dictámenes legislativos en las comisiones ordinarias, constituye una de las etapas más importantes del proceso de creación y modificación de leyes en nuestro derecho procesal legislativo, ya que éste es el momento en que los legisladores han logrado alcanzar una resolución después de un periodo de análisis y estudio, así como de arduo trabajo de negociación y construcción de acuerdos entre las distintas fuerzas políticas en torno a una propuesta de reforma que ha sido previamente sometida a un análisis técnico y especializado en la materia específica que se aborda.

Por eso, y con el ánimo consensuado de cumplir con la obligaciones constitucionales y legales de transparencia, basadas en el principio de máxima publicidad a la que está obligada la Cámara de Diputados como otra de sus responsabilidades primordiales, es que al plantearse esta serie de reformas a nuestro Reglamento Interior, se busca establecer mecanismos que permitan garantizar el libre acceso a la información del quehacer legislativo de las y los diputados que conformamos esta soberanía, por lo que de manera congruente y responsable, debe ser ejemplo de transparencia, frente a los demás poderes.

Por ello el que se coincida con la finalidad de esta iniciativa que prevé una serie de mecanismos que permitan poner al alcance de la población, todos los dictámenes que han sido aprobados en las comisiones, y que han cumplido con su declaratoria de publicidad, incluyendo los relativos a las minutas que han sido remitidas por la Colegisladora, Cámara de Senadores.

Es por lo anterior, y con base en los razonamientos expuestos y fundados, las diputadas y los diputados que conformamos la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, sometemos a la consideración de esta Asamblea, el siguiente:

Decreto por el que se adicionan los artículos 2, 150, 180 y 242 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

Artículo Único. Se adiciona las fracciones XVIII y XIX, recorriéndose en su orden las actuales, al numeral 1 del artículo 2; las fracciones XVII y XVIII, recorriéndose en su orden las actuales, al numeral 1 del artículo 150; un numeral 4 al artículo 180; y un numeral 2 al artículo 242 del Reglamento de la Cámara de Diputados para quedar como sigue:

Artículo 2.

1. ...

I. a XVII. ...

XVIII. Sitio Electrónico de la Cámara: Página Oficial de la Cámara de Diputados, y

XIX. Vicepresidente: El Vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.

Artículo 150.

1. ...

I. a XVI. ...

XVII. Ordenar el envío de los dictámenes aprobados a la Secretaría de Servicios Parlamentarios para su publicación en el sitio electrónico de la Cámara, y

XVIII. Exhortar a los diputados y diputadas integrantes que no asistan a las reuniones de la comisión o comité para que participen en las subsecuentes reuniones. Asimismo, comunicar a la junta los casos en que se acumulen tres faltas consecutivas, sin causa justificada, para conocimiento de los coordinadores de los grupos y los efectos que correspondan.

2. ...

Artículo 180.

1. a 3. ...

4. En todos los casos, los dictámenes aprobados en las comisiones serán enviados a la Secretaría de Servicios Parlamentarios para efectos de su publicación en la Gaceta y en el sitio electrónico de la Cámara;

Artículo 242.

1. ...

2. El sitio electrónico de la Cámara deberá difundir la información sistematizada de los dictámenes que hayan sido objeto de declaratoria de publicidad, así como las minutas que le sean turnadas a la Cámara.

Transitorio

Único.El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, el día martes 7 de marzo de 2017.

La Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, diputados:Jorge Triana Tena (rúbrica), presidente; Edgar Romo García (rúbrica), Cristina Sánchez Coronel, Santiago Torreblanca Engell (rúbrica), Francisco Martínez Neri (rúbrica), Jesús Sesma Suárez, secretarios; Antonio Amaro Cancino, Rogerio Castro Vázquez (rúbrica), Mario Braulio Guerra Urbiola, María Gloria Hernández Madrid (rúbrica), Omar Ortega Álvarez (rúbrica), Esthela de Jesús Ponce Beltrán, Macedonio Salomón Tamez Guajardo (rúbrica), Oscar Valencia García (rúbrica), integrantes.»

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple la declaratoria de publicidad.

LEY DE AVIACIÓN CIVIL

El Secretario diputado Raúl Domínguez Rex: Dictamen de la Comisión de Transportes, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Aviación Civil.

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple la declaratoria de publicidad.

Proceda la Secretaría a dar lectura al acuerdo de la Junta de Coordinación Política.

ACUERDOS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO

El Secretario diputado Raúl Domínguez Rex: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.— Junta de Coordinación Política.

Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se designa a la diputada que representará a la Cámara de Diputados ante el Consejo de Premiación Nacional de Protección Civil.

La Junta de Coordinación Política, con fundamento en los artículos 33 y 34, inciso b) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

I. Que de conformidad con el artículo 102, párrafo segundo de la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles, tiene como objeto determinar las normas que regulan el reconocimiento público que haga el Estado de aquellas personas que, por su conducta, actos u obras, merezcan los premios, estímulos o recompensas que la misma establece.

II. Que la Junta de Coordinación Política es la expresión de la pluralidad de la Cámara; por tanto, es el órgano colegiado en que se impulsan entendimientos y convergencias políticas con las instancias y órganos que resulten necesarios, a fin de alcanzar acuerdos para que el pleno esté en condiciones de adoptar las decisiones que constitucional y legalmente le corresponden.

III. Que la Junta de Coordinación Política ha considerado pertinente designar al diputado de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión que la representará ante el Consejo de Premiación Nacional de Protección Civil.

Por lo anterior, se someten a consideración del pleno los siguientes

Acuerdos

Primero.Se designa a la diputada María Elena Orantes López, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano y presidenta de la Comisión de Protección Civil, como representante de esta Cámara ante el Consejo de Premiación Nacional de Protección Civil.

Segundo.Comuníquese el presente acuerdo al titular del Ejecutivo federal, al titular de la Secretaría de Gobernación, así como al titular de la Coordinación Nacional de Protección Civil.

Tercero. Publíquese el presente acuerdo en la Gaceta Parlamentaria.

Dado en el Palacio Legislativo, a 28 de marzo de 2017.— Diputado Francisco Martínez Neri (rúbrica), Presidente de la Junta de Coordinación Política y Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; diputado César Octavio Camacho Quiroz (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; diputado Marko Antonio Cortés Mendoza (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; diputado Jesús Sesma Suárez (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; diputada Norma Rocío Nahle García (rúbrica), Coordinadora del Grupo Parlamentario de Movimiento de Regeneración Nacional; diputado José Clemente Castañeda Hoeflich (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano; diputado Luis Alfredo Valles Mendoza (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza; diputado Alejandro González Murillo (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.»

En votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señora presidenta, mayoría por la afirmativa.

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Aprobado, comuníquese.

Proceda la Secretaría a dar lectura al acuerdo de la Junta de Coordinación Política.

———————— o ————————

El Secretario diputado Raúl Domínguez Rex: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.— Junta de Coordinación Política.

Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se crea un grupo de trabajo en materia electoral.

La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, con fundamento en los artículos 33 y 34, numeral 1, inciso a) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y

Considerando

I. Que el artículo 33 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos establece que la Junta de Coordinación Política es la expresión de la pluralidad de la Cámara; en tanto, es el órgano colegiado en el que se promueven entendimientos y convergencias políticas con las instancias y órganos que resulten necesarios, para que el Pleno esté en condiciones de adoptar las decisiones que constitucional y legalmente le corresponden.

II. Que de conformidad con el artículo 34, numeral 1, inciso a) de la misma Ley Orgánica, este órgano de Gobierno podrá impulsar la conformación de acuerdos relacionados con el contenido de las agendas presentadas por los distintos grupos parlamentarios, a fin de agilizar el trabajo legislativo.

III. Que la Comisión de Puntos Constitucionales solicitó, en sesión del 23 de marzo de 2017, la instalación de una mesa de trabajo en materia electoral.

IV. Que en consecuencia, los coordinadores de los grupos parlamentarios consideramos conveniente la creación de un grupo de trabajo que, respetando las competencias legales y reglamentarias de las comisiones ordinarias, coadyuve en la construcción de acuerdos que permitan impulsar los trabajos legislativos en materia electoral.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, la Junta de Coordinación Política somete a consideración del Pleno el siguiente:

Acuerdo

Primero.La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, aprueba la creación de un grupo de trabajo en materia electoral.

Segundo. El grupo de trabajo tendrá la finalidad de coadyuvar en la construcción de acuerdos que permitan impulsar los trabajos legislativos en la materia, sin menoscabo de las competencias que legalmente le corresponden a las comisiones ordinarias.

Tercero. El grupo de trabajo estará conformado por dos legisladores de cada grupo parlamentario; la designación o sustitución podrá realizarse en cualquier momento a petición de su coordinador.

Cuarto.El grupo de trabajo contará con un coordinador designado por los propios integrantes, quien convocará y moderará las reuniones.

Quinto.Lo no previsto por el presente acuerdo será resuelto por la Junta de Coordinación Política.

Sexto. La Junta de Coordinación Política podrá solicitar información respecto de los avances de las actividades del grupo de trabajo.

Séptimo. Publíquese en la Gaceta Parlamentaria.

Dado en el Palacio Legislativo a los 5 de abril de 2017.— Diputado Francisco Martínez Neri (rúbrica), Presidente de la Junta de Coordinación Política y Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; diputado César Octavio Camacho Quiroz (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; diputado Marko Antonio Cortés Mendoza (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; diputado Jesús Sesma Suárez (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; diputada Norma Rocío Nahle García (rúbrica), Coordinadora del Grupo Parlamentario de Movimiento de Regeneración Nacional; diputado José Clemente Castañeda Hoeflich (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano; diputado Luis Alfredo Valles Mendoza (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza; diputado Alejandro González Murillo (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.»

En votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señora presidenta, mayoría por la afirmativa.

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Aprobado, comuníquese.

INICIATIVAS Y PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: En términos de los artículos 100 y 102 del Reglamento, las iniciativas y proposiciones contenidas en el orden del día serán turnadas a las comisiones que correspondan. (*)

( *) Las iniciativas y proposiciones se encuentran en el Apéndice de esta sesión.

El diputado Guillermo Rafael Santiago Rodríguez(desde la curul): Presidenta.

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Sonido, por favor, en la curul del diputado Santiago.

El diputado Guillermo Rafael Santiago Rodríguez (desde la curul): Gracias, señora presidenta. Es para pedirle a la Junta de Coordinación Política que el día de mañana se pueda dar la discusión de estos dos puntos de acuerdo que, aclaro, todos los partidos estuvieron a favor, por lo cual no hay motivo o no debería haber motivo para que se cancele su discusión.

De lo contrario, estaría demostrando el Partido Verde Ecologista su negativa por darle la solución a una problemática que afecta a millones de chiapanecos y que el día de hoy tiene a seis enfermeras en huelga de hambre por la grave crisis que estamos viviendo.

Es una injusticia. Y debo aclarar, que el Partido Verde haga esta canallada y este acto vil demuestra realmente con quién estamos hablando. Sólo le pediría a la Junta de Coordinación Política que, como proponente y por el derecho, el día de mañana sea la discusión de estos puntos de acuerdo. Gracias, señora presidenta.

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Gracias, diputado Santiago. Sus expresiones quedan registradas en el Diario de los Debates y la Junta de Coordinación Política toma conocimiento de las mismas. Gracias, diputado.

CLAUSURA Y CITA

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez(a las 16:51 horas): Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar mañana jueves 6 de abril de 2017 a las 11 horas. Qué tengan una excelente tarde.

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