Presidencia de la diputada Gloria Himelda Félix Niebla

ASISTENCIA

La presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla:Pido a la Secretaría haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia de diputadas y diputados.

La secretaria diputada Verónica Delgadillo García:Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 404 diputadas y diputados; por tanto, hay quórum.

La presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla(a las 13:02 horas): Se abre la sesión.

ORDEN DEL DÍA

La presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla:Consulte la Secretaría a la asamblea si se dispensa la lectura del orden del día.

La secretaria diputada Verónica Delgadillo García:Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica, se consulta a la asamblea si se dispensa la lectura al orden del día. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. Señora presidenta, mayoría por la afirmativa. Se dispensa la lectura.

«Segundo periodo de sesiones ordinarias del segundo año de ejercicio de la LXIII Legislatura.

Orden del día

Miércoles 19 de abril de 2017.

Lectura del acta de la sesión anterior.

Comunicaciones oficiales

De la Junta de Coordinación Política

Comunica cambio de integrantes y de juntas directivas de comisiones ordinarias, especiales y grupos de amistad.

De los diputados Ana Georgina Zapata Lucero, Claudia Edith Anaya Mota y Jesús Sesma Suárez.

Solicitan el retiro de iniciativas y proposiciones.

De la Secretaría de Gobernación

Remiten tres contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados.

Del Servicio de Administración Tributaria

Remite el reporte de bienes no transferibles al SAE destinado en el mes de marzo de 2017, de acuerdo a lo informado por las autoridades aduaneras.

Minuta

Con proyecto de decreto por el que se reforma el primer párrafo del artículo segundo de las disposiciones transitorias del artículo tercero del decreto por el que se expide la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; y se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23de mayo de 2014.

Acuerdos de los órganos de gobierno

De la Junta de Coordinación Política.

Iniciativas

Que reforma los artículos 2o. de la Ley del Impuesto al Valor Agregado y 3o., 5o. y 8o. de la Ley Federal del Impuesto sobre Automóviles Nuevos, a cargo de la diputada Araceli Damián González, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que adiciona el artículo 48 de la Ley de Instituciones de Crédito, a cargo del diputado Braulio Mario Guerra Urbiola, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que adiciona el artículo 30 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, a cargo de la diputada Isaura Ivanova Pool Pech, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona los artículos 2, 13 y 68 de la Ley General del Servicio Profesional Docente, a cargo del diputado Francisco Martínez Neri, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que adiciona los artículos 9o. de la Ley General de Cultura Física y Deporte y 7o. de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Isaura Ivanova Pool Pech, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Educación y de la Ley Reglamentaria del Artículo 5o. Constitucional, Relativo al Ejercicio de las Profesiones en el Distrito Federal, a cargo de la diputada Isaura Ivanova Pool Pech, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona los artículos 47 y 103 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a cargo de la diputada Sofía del Sagrario de León Maza, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que deroga el párrafo octavo del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Rodrigo Abdala Dartigues, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma el artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, suscrita por el diputado José Luis Orozco Sánchez Aldana y diversos diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 11 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, suscrita por el diputado José Luis Orozco Sánchez Aldana y diversos diputados del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona los artículos 16 del Código Penal Federal y 405 del Código Nacional de Procedimientos Penales, a cargo del diputado Carlos Alberto de la Fuente Flores, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma los artículos 5o., 31, 34 y 159 Bis de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, suscrita por el diputado José Luis Orozco Sánchez Aldana y diversos diputados del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, suscrita por el diputado José Luis Orozco Sánchez Aldana y diversos diputados del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 32 de la Ley del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, a cargo del diputado José Santiago López, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones a la Ley Federal del Trabajo, a cargo de la diputada Arlet Mólgora Glover, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona los artículos 25 y 51 de la Ley General de Partidos Políticos, a cargo del diputado José Santiago López, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 51 de la Ley General de Desarrollo Social, a cargo de la diputada Lucía Virginia Meza Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma los artículos 87 de la Ley Federal del Trabajo y 58 de la Ley del Seguro Social, a cargo de la diputada Delia Guerrero Coronado, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Lucía Virginia Meza Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma los artículos 24 de la Ley General de Educación; y 53 y 55 de la Ley Reglamentaria del Artículo 5o. Constitucional, Relativo al Ejercicio de las Profesiones en el Distrito Federal, a cargo de la diputada Ruth Noemí Tiscareño Agoitia, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 4o. de la Ley Agraria, a cargo del diputado Fernando Quetzalcóatl Moctezuma Pereda, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que adiciona el artículo 4o. de la Ley de Asistencia Social, a cargo del diputado Fernando Quetzalcóatl Moctezuma Pereda, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por los diputados Alberto Martínez Urincho y Francisco Xavier Nava Palacios, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, y Manuel Jesús Clouthier Carrillo.

Que deroga el artículo 158 y reforma los artículos 264 y 334 del Código Civil Federal, a cargo de la diputada Laura Nereida Plascencia Pacheco del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma diversas disposiciones de la Ley de Migración, a cargo del diputado Felipe Reyes Álvarez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 28 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, a cargo de la diputada Lucía Virginia Meza Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Beatriz Vélez Núñez y diversos diputados del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 40 y 85 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado José Santiago López, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona los artículos 115 y 212 de la Ley General de Salud, a cargo del diputado Fernando Quetzalcóatl Moctezuma Pereda, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que expide la Ley General de Prevención, Atención y Posvención del Suicidio, a cargo de la diputada Adriana Terrazas Porras, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a cargo de la diputada Arlette Ivette Muñoz Cervantes, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma los artículos 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales y 2o. de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, a cargo de la diputada Erika Araceli Rodríguez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 420 del Código Penal Federal y 3o. y 56 de la Ley General de Vida Silvestre, a cargo de la diputada Erika Araceli Rodríguez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que adiciona el artículo 6o. del Reglamento de la Cámara de Diputados, suscrita por los diputados Jorge Carlos Ramírez Marín y Pedro Luis Noble Monterrubio, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 9o. de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, a cargo de la diputada Kathia María Bolio Pinelo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma los artículos 86 de la Ley Federal del Trabajo y 33 de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, a cargo del diputado Julio Saldaña Morán, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Miriam Dennis Ibarra Rangel, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 32 y 41 Bis, de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Isaura Ivanova Pool Pech, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona los artículos 15 y 379 del Código Penal Federal, suscrita por los diputados Verónica Delgadillo García y Jorge Álvarez Maynez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma los artículos 380, 394, 443 y 446 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, a cargo de la diputada Miriam Dennis Ibarra Rangel, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma, deroga y adiciona diversas disposiciones de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, a cargo del diputado Erik Juárez Blanquet, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona el artículo 8o. del Reglamento de la Cámara de Diputados, a cargo del diputado Víctor Manuel Silva Tejeda, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 112 de la Ley General de Salud y 7o. de la Ley General de Educación, a cargo de la diputada Lillian Zepahua García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona los artículos 5o. y 6o. de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, a cargo del diputado Alfredo Anaya Orozco, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 25 y 60 de la Ley General de Educación, a cargo del diputado Juan Manuel Cavazos Balderas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que adiciona el artículo 57 de la Ley General de Educación, a cargo del diputado Juan Manuel Cavazos Balderas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona los artículos 2o., 7o. y 12 de la Ley General de Educación, a cargo del diputado Fernando Quetzalcóatl Moctezuma Pereda, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que adiciona el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo, a cargo de la diputada Gretel Culin Jaime, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por los diputados Elio Bocanegra Ruiz, Felipe Reyes Álvarez y Juan Fernando Rubio Quiroz, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 10 de la Ley del Servicio Militar, a cargo del diputado Luis de León Martínez Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Mercado de Valores, para fortalecer la figura de los consejeros independientes, a cargo del diputado Waldo Fernández González, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos, de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, de la Ley de Hidrocarburos y del Código Penal Federal, a cargo del diputado Juan Antonio Ixtlahuac Orihuela, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de integración plural del Congreso de la Unión, suscrita por los diputados del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma diversas disposiciones de la Ley Federal de Consulta Popular, a cargo del diputado Luis de León Martínez Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma los artículos 7o., 13 y 20 de la Ley General de Educación; 5o., 6o. y 13 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, a cargo del diputado Oscar Valencia García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

De decreto para inscribir con Letras de Oro en el Muro de Honor del Palacio Legislativo de San Lázaro, el nombre de Juan Rulfo, a cargo de la diputada Eloisa Chavarrias Barajas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Armando Luna Canales, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que adiciona los artículos 66 y 97 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Alma Carolina Viggiano Austria, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 13 de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, a cargo del diputado Pedro Luis Noble Monterrubio, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que deroga el segundo párrafo del artículo 112 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, a cargo del diputado Santiago Torreblanca Engell, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma los artículos 2o. y 2o.-A de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, a cargo del diputado Santiago Torreblanca Engell, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 7o. de la Ley General de Educación, a cargo del diputado Alfredo Bejos Nicolás, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de los artículos 103 y 148 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, a cargo del diputado Carlos Alberto de la Fuente Flores, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona los artículos 7o., 10 y 33 de la Ley General de Educación, a cargo de la diputada Beatriz Vélez Núñez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Karla Karina Osuna Carranco, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional y suscrita por integrantes de los Grupos Parlamentarios del Partido Acción Nacional y del Partido Revolucionario Institucional.

Que adiciona el artículo 18 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, a cargo de la diputada Laura Nereida Plascencia Pacheco, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que adiciona el artículo 387 del Código Penal Federal, a cargo del diputado Victoriano Wences Real, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona los artículos 14 y 30 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, a cargo de la diputada Laura Nereida Plascencia Pacheco, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a cargo de la diputada Laura Nereida Plascencia Pacheco, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que adiciona el artículo 75 de la Ley General de Educación, a cargo del diputado José Adrián González Navarro, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona el artículo 89 de la Ley General de Cultura Física y Deporte, a cargo del diputado Guillermo Rafael Santiago Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma y adiciona los artículos 76, 89, 105 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado José Antonio Estefan Garfias, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma los artículos 1o., 2o. y 7o. de la Ley sobre la Celebración de Tratados, a cargo de la diputada Norma Xochitl Hernández Colín, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma y adiciona los artículos 48, 50, 52 y 81 de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, a cargo del diputado José Antonio Estefan Garfias, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que adiciona un artículo 45 Bis a la Ley de la Economía Social y Solidaria, Reglamentaria del Párrafo Octavo del Artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo referente al sector social de la economía, a cargo de la diputada Norma Xochitl Hernández Colín, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que adiciona el artículo 1o. de la Ley de Ciencia y Tecnología, a cargo de la diputada María Angélica Mondragón Orozco, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que adiciona el artículo 22 de la Ley de Asistencia Social, a cargo de la diputada María Angélica Mondragón Orozco, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que adiciona un artículo 190 Bis a la Ley del Impuesto Sobre la Renta, a cargo del diputado Waldo Fernández González, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 33 de la Ley General de Educación, a cargo de la diputada Miriam Dennis Ibarra Rangel, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que adiciona el artículo 2o. de la Ley de Extradición Internacional, a cargo de la diputada Xitlalic Ceja García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que abroga la Ley sobre la Celebración de Tratados, a cargo del diputado José Antonio Estefan Garfias, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que adiciona los artículos 17 y 29 de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México

Que reforma el artículo 395 del Código Penal Federal, a cargo del diputado Roberto Alejandro Cañedo Jiménez, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma el artículo 6o. de la Ley de Coordinación Fiscal, a cargo del diputado Alfredo Anaya Orozco, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona los artículos 41 y 82 Bis de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a cargo del diputado Francisco Martínez Neri, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 79 de la Ley General de Salud, suscrita por los diputados Patricia Elena Aceves Pastrana, del Grupo Parlamentario de Morena, Lucely del Perpetuo Socorro Alpizar Carrillo y José Luis Sáenz Soto, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Alfredo Anaya Orozco, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que expide la Ley de Retiro para los ex Presidentes de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por los diputados Francisco Martínez Neri, Omar Ortega Álvarez y Felipe Reyes Álvarez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que adiciona el artículo 74 Bis de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, a cargo del diputado Benjamín Medrano Quezada, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Laura Nereida Plascencia Pacheco, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que adiciona los artículos 132 de la Ley Federal del Trabajo y 46 Bis de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a cargo de la diputada Laura Nereida Plascencia Pacheco, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 33 de la Ley de Aguas Nacionales, a cargo de la diputada Nancy Guadalupe Sánchez Arredondo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona los artículos 2o. y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Vitalico Cándido Coheto Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Edith Anabel Alvarado Varela, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 3o., 46 y 52 de la Ley General de Cultura Física y Deporte, a cargo de la diputada Adriana Elizarraráz Sandoval, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada María del Carmen Pinete Vargas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 21 de la Ley General de Turismo, a cargo de la diputada Azul Etcheverry Aranda, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que adiciona diversas disposiciones al Reglamento de la Cámara de Diputados, a cargo del diputado José Hernán Cortés Berumen, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

De decreto por el que se inscribe con Letras de Oro en el Muro de Honor del Salón de Sesiones de la Cámara de Diputados el nombre de Gregorio Torres Quintero, maestro ejemplar y creador del método onomatopéyico, formador de generaciones de mexicanos, a cargo de la diputada María Luisa Beltrán Reyes, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que adiciona los artículos 18 Bis 9 a la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, y 72 Ter a la Ley de Instituciones de Crédito, suscrita por las diputadas Ana Georgina Zapata Lucero y Susana Corella Platt, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona los artículos 11 y 12 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona el artículo 73 de la Ley General de Protección Civil, a cargo del diputado David Jiménez Rumbo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código Penal Federal, a cargo del diputado Pedro Luis Noble Monterrubio, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona los artículos 25 y 28 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, a cargo de la diputada María Verónica Agundis Estrada, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 89 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, a cargo de la diputada María Verónica Agundis Estrada, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 34 del Reglamento del Canal de Televisión del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Omar Ortega Álvarez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que adiciona el artículo 41 Bis de la Ley General de Educación, a cargo de la diputada María Luisa Beltrán Reyes, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que adiciona el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Exaltación González Ceceña, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 12 de la Ley General de Educación, a cargo del diputado Luis Alfredo Valles Mendoza, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.

Que reforma los artículos 3o., 8o. y 11 de la Ley para Impulsar el Incremento Sostenido de la Productividad y la Competitividad de la Economía Nacional, a cargo de la diputada Azul Etcheverry Aranda, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Exaltación González Ceceña, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 41 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, a cargo del diputado Luis Alfredo Valles Mendoza, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos, a cargo del diputado Braulio Mario Guerra Urbiola, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que adiciona el artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Exaltación González Ceceña, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, a cargo del diputado Luis Alfredo Valles Mendoza, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.

Que adiciona los artículos 2o. y 18 de la Ley de Migración, a cargo del diputado Braulio Mario Guerra Urbiola, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que adiciona diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, a cargo del diputado Braulio Mario Guerra Urbiola, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona el artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Mayra Angélica Enríquez Vanderkam, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que adiciona el artículo 24 de la Ley General de Educación, a cargo de la diputada Santos Garza Herrera, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona los artículos 115 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por los diputados Ricardo del Rivero Martínez y Juan Alberto Blanco Zaldívar, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma los artículos 6o., 21, 146 y 149 del Reglamento de la Cámara de Diputados, suscrita por los diputados Edna Ileana Dávalos Elizondo, Santos Garza Herrera, Armando Luna Canales, Juan Pablo Piña Kurczyn, José Refugio Sandoval Rodríguez y Vidal Llerenas Morales, de los grupos parlamentarios de los partidos Revolucionario Institucional, Acción Nacional, Verde Ecologista de México y Morena, respectivamente.

Que reforma el artículo 243 del Código Penal Federal, a cargo de la diputada Edna Ileana Dávalos Elizondo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 13 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, a cargo de la diputada Edna Ileana Dávalos Elizondo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 211 del Código Penal Federal, a cargo de la diputada Edna Ileana Dávalos Elizondo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 166 Bis del Código Penal Federal, a cargo de la diputada Edna Ileana Dávalos Elizondo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 227 del Código Penal Federal, a cargo de la diputada Edna Ileana Dávalos Elizondo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 3o. y adiciona un artículo 15 Bis de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, a cargo del diputado Fernando Quetzalcóatl Moctezuma Pereda, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 8o. de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos, a cargo del diputado Fernando Quetzalcóatl Moctezuma Pereda, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones del artículo 72 de la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles, a cargo del diputado José Erandi Bermúdez Méndez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que expide la Ley para Prevenir el Desperdicio de Alimentos, a cargo de la diputada Norma Rocío Nahle García, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que adiciona un artículo 21 Bis a la Ley General de Turismo, a cargo del diputado Alfredo Bejos Nicolás, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 28 de la Ley General de Desarrollo Social, a cargo del diputado Pedro Luis Noble Monterrubio, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 211 Bis del Código Penal Federal, a cargo de la diputada Edna Ileana Dávalos Elizondo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que adiciona un artículo 417 Bis y reforma el artículo 444 del Código Civil Federal, a cargo del diputado Matías Nazario Morales, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código Civil Federal, de la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres y de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, a cargo de la diputada Montserrat Alicia Arcos Velázquez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 271 de la Ley Federal de Derechos, a cargo del diputado Luis Agustín Rodríguez Torres, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que adiciona el artículo 17 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, a cargo de la diputada Eva Florinda Cruz Molina, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que adiciona el artículo 109 del Reglamento de la Cámara de Diputados, a cargo del diputado Juan Romero Tenorio, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Christian Joaquín Sánchez Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el párrafo segundo del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Alejandra Gutiérrez Campos y suscrita por los diputados del estado de Guanajuato del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 7o. de la Ley General de Educación, a cargo de la diputada Blanca Margarita Cuata Domínguez, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que expide la Ley General de Consulta Indígena y reforma el artículo 2o. de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, a cargo del diputado Christian Joaquín Sánchez Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 49 de la Ley Federal de Derechos, a cargo del diputado Jorge López Martín, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 18 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, a cargo de la diputada Susana Corella Platt, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por la diputada Susana Corella Platt e integrantes de la Comisión Especial de Minería.

Que reforma y adiciona el artículo 100 de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, a cargo de la diputada Martha Lorena Covarrubias Anaya, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 15, 154 y 162 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, a cargo de la diputada Martha Lorena Covarrubias Anaya, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que adiciona un artículo 26 Bis a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a cargo de la diputada Laura Nereida Plascencia Pacheco, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que adiciona el artículo 44 de la Ley del Servicio Exterior Mexicano, a cargo de la diputada Laura Nereida Plascencia Pacheco, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 50 de la Ley del Servicio Exterior Mexicano, suscrita por los diputados Laura Nereida Plascencia Pacheco y Rafael Yerena Zambrano, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona los artículos 133 y 994 de la Ley Federal del Trabajo, a cargo de la diputada Alma Carolina Viggiano Austria, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y del Código Penal Federal, a cargo de la diputada Ruth Noemí Tiscareño Agoitia, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 2-A de la Ley de Coordinación Fiscal, a cargo del diputado Salomón Fernando Rosales Reyes, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con proyecto de decreto para inscribir con Letras de Oro en el Muro de Honor del Palacio Legislativo de San Lázaro el nombre “Batallas de Celaya”, a cargo de la diputada Adriana Elizarraraz Sandoval, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a cargo del diputado José Santiago López, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma los artículos 27, 42 y 48 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Roberto Alejandro Cañedo Jiménez, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma los artículos 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 86 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, a cargo de la diputada Minerva Hernández Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, a cargo de la diputada Minerva Hernández Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que adiciona el artículo 113 de la Ley de Petróleos Mexicanos, a cargo del diputado Ulises Ramírez Núñez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma los artículos 28 y 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Ulises Ramírez Núñez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que adiciona el artículo 42 de la Ley de Aviación Civil, a cargo del diputado Enrique Zamora Morlet e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, a cargo de la diputada Blanca Margarita Cuata Domínguez, del Grupo Parlamentario de Morena.

De decreto por el que se declara la última semana del mes de septiembre de cada año, como “Semana Nacional de la Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales”, a cargo de la diputada Mirna Isabel Saldívar Paz, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.

Que reforma y adiciona el artículo 133 de la Ley Federal del Trabajo, a cargo del diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona los artículos 387 del Código Penal Federal y 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, a cargo de la diputada María Luisa Beltrán Reyes, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que adiciona el artículo 17 de la Ley General de Salud, suscrita por los diputados Mariana Trejo Flores y Roberto Guzmán Jacobo, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma los artículos 6o., 13, 14, 15 y 24 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, a cargo del diputado Hugo Daniel Gaeta Esparza, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 13 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, a cargo de la diputada María Verónica Agundis Estrada, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona el artículo 12 de la Ley de Seguridad Nacional, a cargo de la diputada Azul Etcheverry Aranda, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona el artículo 12 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, a cargo de la diputada Azul Etcheverry Aranda, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona los artículos 27, 28 y 111 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, suscrita por la diputada Laura Valeria Guzmán Vázquez y diversos diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 38 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Armando Luna Canales, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 74 Bis de la Ley General de Salud, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que adiciona el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Fidel Calderón Torreblanca, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma los artículos 61 y 107 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por los diputados Juan Romero Tenorio y Alfredo Basurto Román, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma el artículo 93 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, a cargo de la diputada Yahleel Abdala Carmona, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona los artículos 15, 41 y 190 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, a cargo de la diputada Nadia Haydee Vega Olivas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que adiciona diversas disposiciones al Reglamento de la Cámara de Diputados, a cargo del diputado Rafael Hernández Soriano, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma los artículos 56 de la Ley de Instituciones de Crédito, 45 de la Ley de Uniones de Crédito y 201 de la Ley del Mercado de Valores, suscrita por el diputado Cándido Ochoa Rojas e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Que reforma y adiciona el artículo 3o. Bis de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, a cargo del diputado Guillermo Rafael Santiago Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma y adiciona los artículos 44, 90 y 105 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Daniel Torres Cantú, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que adiciona el artículo 30 de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, a cargo del diputado Santiago Torreblanca Engell, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona el artículo 15 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, a cargo del diputado Juan Romero Tenorio, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma el artículo 99 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada María Soledad Sandoval Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona los artículos 3o., 13, 112 y 159 de la Ley General de Salud, a cargo del diputado Jesús Antonio López Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona los artículos 14 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y 21 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, a cargo de la diputada Olga Catalán Padilla, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que adiciona el artículo 18 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, a cargo del diputado Fernando Quetzalcóatl Moctezuma Pereda, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que expide la Ley Nacional de Salud Mental, a cargo de la diputada Leticia Amparano Gamez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma los artículos 13, 46 y 47 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a cargo del diputado Waldo Fernández González, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma los artículos 112, 160 y 166 Bis 15 de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Edna Ileana Dávalos Elizondo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 7o., 16, 70, 71 y 76 de la Ley General de Educación, a cargo de la diputada Miriam Dennis Ibarra Rangel, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 77 Bis 5 de la Ley General de Salud, a cargo del diputado Víctor Ernesto Ibarra Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, a cargo del diputado Marco Antonio Gama Basarte, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que adiciona el artículo 2o.-A de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, a cargo de la diputada María de los Ángeles Rodríguez Aguirre, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma los artículos 39, 40 y 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 205 del Reglamento de la Cámara de Diputados, a cargo del diputado Santiago Torreblanca Engell, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que adiciona diversas disposiciones a la Ley del Impuesto Sobre la Renta, a cargo del diputado Jorge Enrique Dávila Flores, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Salud y de la Ley General de Educación, a cargo del diputado Víctor Ernesto Ibarra Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 5o. de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, a cargo del diputado José Antonio Estefan Garfias, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma los artículos 2o., 27, 28 y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Laura Beatriz Esquivel Valdés, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma los artículos 8o. y 11 de la Ley General de Bibliotecas, a cargo de la diputada María del Rosario Rodríguez Rubio, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma los artículos 76 y 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma los artículos 14 y 23 de la Ley Reglamentaria del Artículo 5o. Constitucional, Relativo al Ejercicio de las Profesiones en el Distrito Federal, a cargo de la diputada María del Rosario Rodríguez Rubio, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 19 de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, a cargo de la diputada María García Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Educación y de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Alma Carolina Viggiano Austria, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y de la Ley Federal para la Protección a Personas que Intervienen en el Procedimiento Penal, a cargo de la diputada Cecilia Romero Castillo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y deroga diversas disposiciones del Código de Justicia Militar, del Código Militar de Procedimientos Penales, del Código Penal Federal y de la Ley para Conservar la Neutralidad del País, a cargo del diputado Waldo Fernández González, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 400 Bis del Código Penal Federal, a cargo del diputado Roberto Alejandro Cañedo Jiménez, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que adiciona un artículo 16 Bis a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a cargo de la diputada María Candelaria Ochoa Avalos, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Paola Iveth Gárate Valenzuela, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 58 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y adiciona un artículo 19 Bis a la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Teresa de Jesús Lizárraga Figueroa, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona el artículo 3o. de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura, a cargo del diputado Waldo Fernández González, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 55 del Código Penal Federal, a cargo del diputado Roberto Alejandro Cañedo Jiménez, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma y adiciona el artículo 325 del Código Penal Federal, a cargo de la diputada María Victoria Mercado Sánchez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma el artículo único del decreto por el que se establece el Horario Estacional que se aplicará en los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Edgardo Melhem Salinas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres y de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a cargo de la diputada Araceli Saucedo Reyes, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que adiciona el artículo 6o. de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a cargo de la diputada Norma Xochitl Hernández Colín, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma el artículo 261 del Código Nacional de Procedimientos Penales, a cargo de la diputada María Gloria Hernández Madrid, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que expide la Ley General de Consulta Indígena, a cargo del diputado Sergio López Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 53 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, suscrita por los diputados Juan Romero Tenorio y Vidal Llerenas Morales, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma y deroga los artículos 10 y 11 de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos, a cargo del diputado Gustavo Adolfo Cárdenas Gutiérrez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, a cargo del diputado Antonio Tarek Abdala Saad, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que adiciona el artículo 8o. de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, a cargo del diputado Victoriano Wences Real, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 420 del Código Penal Federal, a cargo del diputado René Cervera García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que adiciona los artículos 8o. y 9o. de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos, a cargo de la diputada Zacil Leonor Moguel Manzur, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que adiciona el artículo 3o. de la Ley General de Desarrollo Social, a cargo de la diputada Olga Catalán Padilla, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a cargo del diputado Erick Alejandro Lagos Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo transitorio segundo del decreto que reforma el párrafo primero; el inciso c) de la fracción II y la fracción V del artículo 3o., y la fracción I del artículo 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de febrero de 2012, a cargo del diputado Alejandro Ojeda Anguiano, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y de la Ley de la Policía Federal, a cargo del diputado Héctor Ulises Cristopulos Ríos, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona los artículos 25 de la Ley General de Educación, 7o. y 11 de Ley General de Infraestructura Física Educativa, a cargo del diputado Julio Saldaña Morán, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, a cargo de la diputada María Luisa Beltrán Reyes, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma los artículos 28 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 30 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, a cargo del diputado José Hugo Cabrera Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 15 de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Sergio López Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 16 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a cargo del diputado Sergio López Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma los artículos 44 de la Ley del Servicio Exterior Mexicano y 17 de la Ley Agraria, suscrita por los diputados Edna Ileana Dávalos Elizondo y Víctor Manuel Giorgana Jiménez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 3o. de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, a cargo del diputado Fernando Uriarte Zazueta, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

De decreto por el que se declara el 2018, año de Juan José Arreola, suscrita por el diputado José Luis Orozco Sánchez Aldana e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Hernán de Jesús Orantes López, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y deroga los artículos 76 y 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Marco Antonio Aguilar Yunes, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 8o. de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, a cargo del diputado Marco Antonio Aguilar Yunes, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, a cargo del diputado Marco Antonio Aguilar Yunes, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley para Impulsar el Incremento Sostenido de la Productividad y la Competitividad de la Economía Nacional y de la Ley Federal del Trabajo, a cargo del diputado Marco Antonio Aguilar Yunes, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal y de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, a cargo del diputado Marco Antonio Aguilar Yunes, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 19, 92, 97 y 143 de la Ley Federal de Sanidad Animal, a cargo de la diputada Marisol Vargas Bárcena, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que adiciona los artículos 31 y 32 de la Ley de Migración, suscrita por el diputado Cesáreo Jorge Márquez Alvarado e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Que reforma y adiciona el artículo 169 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y 42 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores, suscrita por el diputado José Refugio Sandoval Rodríguez e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Declaratoria de publicidad

Dictámenes a discusión de leyes o decretos

De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con proyecto de decreto por el que se reforma el cuarto párrafo del artículo 60 Bis de la Ley General de Vida Silvestre, en materia de mamíferos marinos.

De las Comisiones Unidas de Derechos Humanos y de Justicia, con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes; y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Penal Federal; de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos; de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública; de la Ley de Extradición Internacional.

De la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, con proyecto de decreto, por el que se reforma el párrafo segundo del artículo segundo transitorio del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Competencia Económica, de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, de la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de enero de 2017.

De la Comisión de Seguridad Social, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

De la Comisión de Justicia, con proyecto de decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones del artículo 107 Bis del Código Penal Federal.

De la Comisión de Radio y Televisión, con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 89 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.

De la Comisión de Trabajo y Previsión Social, con proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 78 de la Ley Federal de Trabajo.

De la Comisión de Ciencia y Tecnología, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 5 y 7 de la Ley de Ciencia y Tecnología.

De la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, con proyecto de decreto por el que se adicionan las fracciones XXXI y XXXII al artículo 28 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, en materia de salud.

De la Comisión de Justicia, con proyecto de decreto por el que se adiciona un último párrafo al artículo 4; y se reforma el párrafo segundo del artículo 36 de la Ley Nacional de Ejecución Penal.

De la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 12 y 26 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad.

De la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 2, 150, 180 y 242 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

De la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto, por el que se reforman y adicionan los artículos 30 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, y 2o. de la Ley Orgánica de la Armada de México.

Proposición

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SFP y a la ASF, para que en el uso de sus facultades, atribuciones y competencias, investiguen el presunto desvío de recursos federales por parte del gobierno del estado de Veracruz, cuyo titular era Javier Duarte de Ochoa, para beneficiar al partido Morena, suscrito por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.»

ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR

La presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla:El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la sesión anterior. Pido a la Secretaría, consulte a la asamblea si se dispensa su lectura.

La secretaria diputada Verónica Delgadillo García:Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la asamblea, en votación económica, si se dispensa la lectura al acta de la sesión anterior. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. Señora presidenta, mayoría por la afirmativa. Se dispensa la lectura.

«Acta de la sesión de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, celebrada el martes dieciocho de abril de dos mil diecisiete, correspondiente al Segundo Periodo de Sesiones Ordinarias del Segundo año de Ejercicio de la Sexagésima Tercera Legislatura.

Presidencia de la diputadaMaría Guadalupe Murguía Gutiérrez

En el Palacio Legislativo de San Lázaro de la capital de los Estados Unidos Mexicanos, sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con una asistencia de doscientos noventa y tres diputadas y diputados, a las once horas con cincuenta y un minutos del martes dieciocho de abril de dos mil diecisiete, la Presidenta declara abierta la sesión.

En votación económica se dispensa la lectura al Orden del Día, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria; del mismo modo se dispensa la lectura del acta de la sesión anterior, enseguida se pone a discusión y no habiendo oradores registrados, se aprueba en votación económica.

Se da cuenta con comunicaciones oficiales:

a) De la Mesa Directiva, por la que comunica la modificación de turno de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Seminario de Cultura Mexicana, presentada por el diputado Francisco Javier Pinto Torres, de Nueva Alianza, el catorce de febrero de dos mil diecisiete, se turna a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, para dictamen. Se actualizan los registros parlamentarios.

b) De la Junta de Coordinación Política, con la que comunica cambio de integrantes y de juntas directivas de comisiones. En votación económica se aprueban. Comuníquese.

c) De los diputados Cristina Ismene Gaytán Hernández, del Partido de la Revolución Democrática; Sara Paola Galico Félix Díaz, del Partido Verde Ecologista de México; Evelio Plata Inzunza, del Partido Revolucionario Institucional; y Alejandro González Murillo, del Partido Encuentro Social, solicitudes de retiro de las iniciativas que se encuentran publicadas en la Gaceta Parlamentaria. Se tienen por retiradas, actualícense los registros parlamentarios.

d) De los diputados Sara Paola Galico Félix Díaz; y Carlos Lomelí Bolaños, por las que comunican que han dejado de pertenecer a los grupos parlamentarios del Partido Verde Ecologista de México, y Movimiento Ciudadano, respectivamente. De enterado. Comuníquese.

e) De la diputada Norma Rocío Nahle García, Coordinadora del Grupo Parlamentario de Morena, por la que comunica la integración de los diputados Sara Paola Galico Félix Díaz, y Carlos Lomelí Bolaños, a ese grupo parlamentario. De enterado. Comuníquese.

f) De la Comisión Nacional de Derechos Humanos, con la que remite el Informe Especial sobre Desaparición de Personas y Fosas Clandestinas en México. Se remite a la Comisión de Derechos Humanos, para su conocimiento.

g) Del Instituto Nacional de Migración, con la que remite el primer informe trimestral dos mil diecisiete, de los avances financieros, correspondientes a los programas de protección a migrantes. Se remite a las Comisiones de Asuntos Migratorios, y de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento.

h) De la Secretaría de Gobernación, con la que remite diez contestaciones a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados y la Comisión Permanente:

• Por el que se exhorta a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, en poner en operación el programa de Atención de Conflictos en el Medio Rural, a efecto de buscar la suscripción de un convenio de finiquito que contemple los recursos necesarios para la indemnización correspondiente de acuerdo a la sentencia dictada por el Tribunal Unitario Agrario Distrito cincuenta y seis de Tepic, Nayarit; y generar mesas de dialogo con las autoridades y las comunidades wixaritari y los ganaderos nayaritas para poner fin a este conflicto. Se remite a la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, para su conocimiento.

• Por el que se exhorta a la Procuraduría General de la República para que en el ámbito de su competencia redoble los mecanismos de difusión sobre el Programa Alerta Amber. Se remite a la Comisión de Derechos de la Niñez, para su conocimiento.

• Por el que se exhorta al titular del Ejecutivo Federal y a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a abrogar el decreto del primero de octubre de dos mil trece, publicado el veinticinco de enero de mil novecientos treinta y seis, por el que se declaró Parque Nacional la montaña denominada Nevado de Toluca, y se solicite a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas realizar los procedimientos correspondientes para re categorizar el Nevado de Toluca como Reserva de la Biosfera. Se remite a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para su conocimiento.

• Por el que se exhorta a la Comisión Federal de Electricidad y a la Secretaría de Energía que los lineamientos y directrices generales del Convenio aplicado a los usuarios deudores del servicio de energía eléctrica en el estado de Tabasco, se replique en beneficio de los deudores en condiciones semejantes en el resto del país. Se remite a la Comisión de Energía, para su conocimiento.

• Por el que se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a informar sobre el destino de los recursos asignados en el Anexo veinte del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal dos mil quince, destinados a implementar acciones para el "Programa Estratégico para impulsar la Cadena de valor del Cocotero en México". Se remite a la Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego, para su conocimiento.

• Por el que se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a la celebración de un Pacto Nacional por la Integridad, para fortalecer los mecanismos de transparencia, fiscalización y rendición de cuentas relacionados con la hacienda pública de los tres órdenes de gobierno, para generar, incrementar y consolidar la confianza de los ciudadanos sobre el manejo de recursos públicos. Se remite a la Junta de Coordinación Política, para su conocimiento.

• Por el que se exhorta a la Comisión Nacional del Agua a emitir una opinión sobre la instalación de la Planta Cervecera de la Empresa Constellation Brands en el Municipio de Mexicali, Baja California, así como fortalecer el diálogo con las organizaciones de la sociedad civil que dan seguimiento a la construcción de dicha planta, a efecto de atender las preocupaciones respecto al proyecto y encontrar vías de solución al conflicto. Se remite a la Comisión de Recursos Hidráulicos, para su conocimiento.

• Por el que se exhorta a las entidades federativas y a diversas dependencias de la Administración Pública Federal a emprender acciones para promover la ciencia, tecnología e innovación. Se remite a la Comisión de Ciencia y Tecnología, para su conocimiento.

• Por el que se exhorta a la Secretaría de Salud a continuar brindando asistencia médica inmediata a la población que ha sido víctima de las explosiones en el Mercado de San Pablito, Municipio de Tultepec, atendiendo a lo dispuesto por la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Se remite al promovente.

• Por el que se exhorta a la Comisión Federal de Electricidad a instrumentar los mecanismos y acciones necesarias para evitar los incrementos sistemáticos de los costos de las tarifas eléctricas para el sector industrial, comercial y doméstico con alto consumo. Se remite al promovente.

i) De la Secretaría de Gobierno del estado de Guanajuato, con la que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados para garantizar a las mujeres en zonas marginadas el acceso a los programas de prevención y detección oportuna del cáncer de mama. Se remite a la Comisión de Salud, para su conocimiento.

j) De la Secretaría de Salud de estado de Hidalgo, y la Consejería Jurídica del Gobierno del estado de Oaxaca, con la que remite contestaciones a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados para que a través de unidades médicas móviles se proporcionen servicios de prevención, diagnóstico y tratamiento de cáncer de mama. Se remiten a la Comisión de Salud, para su conocimiento.

k) De la Procuraduría Fiscal de la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del estado de Nuevo León, con la que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados en relación con los Extrabajadores Migratorios denominados "Ex braceros de Nuevo León". Se remite a la Comisión de Asuntos Migratorios, para su conocimiento.

l) Del Congreso del estado de Nuevo León, con la que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Comisión Permanente, para que las entidades federativas tomen en consideración, lo previsto en el Código Penal Federal, en materia de tipificación del delito de feminicidio. Se remite al promovente.

m) De la Secretaría de Salud del estado de Jalisco, con la que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, para que se realicen campañas informativas referentes a la detección temprana del cáncer infantil. Se remite a la Comisión de Salud, para su conocimiento.

n) De la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México, con la que remite cinco contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados:

• Por el que se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Gobierno Federal y a la Secretaría de Movilidad del Gobierno de la Ciudad de México, y a los Gobiernos del Estado de México y del estado de Morelos, para que en ámbito de sus competencias instalen una mesa de análisis y trabajo, e implementen acciones necesarias bajo un contexto de planeación con perspectiva metropolitana, que permita la adecuada movilidad en la Zona Metropolitana del Valle de México. Se remite a la Comisión de Ciudad de México, para su conocimiento.

• Por el que se exhorta a los titulares del Poder Ejecutivo Federal, y de las entidades federativas, así como a las y los Presidentes Municipales, y a la Dirección de Equidad de Género y Asistencia Médica Social en la Delegación de Xochimilco a impulsar estrategias para que cesen las prácticas discriminatorias contra las personas que integran la Comunidad LGBTTTI, por parte de servidores públicos de las dependencias de seguridad pública e impartición de justicia y sancionen a quien incurra en ellas, atendiendo de manera oportuna y eficaz las denuncias por parte de miembros de esta comunidad, eliminando los tratos de intolerancia y malas prácticas, para garantizar el acceso a los derechos reconocidos en el orden jurídico mexicano. Se remite a la Comisión de Igualdad de Género, para su conocimiento.

• Por el que se exhorta a los titulares del Poder Ejecutivo Federal, y de las entidades federativas, así como a las y los Presidentes Municipales, y a la Dirección General de Desarrollo Social en la Delegación de Iztacalco a que en el marco de sus facultades y responsabilidades ejerzan de manera eficiente, en tiempo y forma la totalidad del presupuesto asignado en el Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género, así como fortalezcan y brinden las facilidades necesarias para la adecuada operación del Mecanismo para el Adelanto de las Mujeres, a efecto de ejercer la totalidad de los recursos públicos del año fiscal correspondiente con la finalidad de no frenar el acceso de las mujeres a todos los beneficios del desarrollo. Se remite a la Comisión de Igualdad de Género, para su conocimiento.

• Por el que se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la Secretaría de Medio Ambiente del Gobierno de la Ciudad de México, a la Comisión Nacional del Agua, a que en el ámbito de sus respectivas competencias realicen las acciones necesarias para el saneamiento ambiental del vaso regulador del Cuautepec, ubicado en la Ciudad de México, se evite el que persista su contaminación, se atienda de forma oportuna la salud de la población que habita en sus alrededores, que ha sido afectada por la degradación ambiental del mencionado vaso regulador. Se remite a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para su conocimiento.

• Por el que se exhorta al Gobierno, y a la Secretaría de Movilidad de la Cuidad de México, para que observen el acuerdo por el que se establecen los Lineamientos para el Programa de Estabilidad Laboral, publicado en la Gaceta Oficial de esta Ciudad el treinta y uno de diciembre de catorce, con el propósito de que no se lleven a cabo despidos injustificados de trabajadoras y trabajadores que han venido prestando sus servicios bajo los lineamientos del acuerdo mencionado. Se remite al promovente.

o) Del Congreso del estado de Tamaulipas, con la que remite dos contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados:

• Por el que se exhorta a las Legislaturas locales a prever dentro de sus ordenamientos el establecimiento de medidas pecuniarias a quien o quienes hagan llamadas falsas a los servicios de emergencia. Se remite a la Comisión de Gobernación, para su conocimiento.

• Por el que se exhorta a los Congresos de las entidades federativas, para que se tipifique en materia del delito de feminicidio y, en su caso, realizar las reformas pertinentes a la legislación local. Se remite al promovente.

p) De la Universidad Autónoma del estado de Hidalgo, con la que remite informe de la Auditoría Interna a su Matrícula, correspondiente al Primer Trimestre del año dos mil diecisiete. Se remite a las Comisiones de Educación Pública y Servicios Educativos y de Presupuesto y Cuenta Pública para su conocimiento.

q) De la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con la que remite la información relativa al pago de las participaciones a las entidades federativas correspondiente al mes de marzo de dos mil diecisiete, desagregada por tipo de fondo, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal y por entidad federativa, efectuando la comparación correspondiente al mes de marzo de dos mil dieciséis. Se remite a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para su conocimiento.

r) De la Cámara de Senadores, con la que:

• Devuelve para los efectos de la fracción D del artículo setenta y dos Constitucional, el expediente que contiene proyecto de decreto por el que se reforma el artículo séptimo de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas. Se turna a la Comisión de Defensa Nacional, para dictamen.

• Remite minutas con proyecto de decreto:

– Por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Asistencia Social. Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.

– Por el que se reforman los artículos dos, cuatro, cinco, siete, y ocho de la Ley Agraria. Se turna a la Comisión de Reforma Agraria, para dictamen.

– Por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil. Se turna a la Comisión de Gobernación, para dictamen.

s) De los Congresos de los estados de:

• Chihuahua, con la que remite iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el inciso d), fracción primera del artículo segundo de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios. Se turna a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Presupuesto y Cuenta Pública, para dictamen.

• Nuevo León, con la que remite iniciativas con proyecto de decreto:

– Por el que se adiciona un Capítulo Tercero Bis "De la Inclusión a la Educación" a la Ley General para la Atención y Protección a Personas con la Condición del Espectro Autista. Se turna a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, para dictamen.

– Por el que se reforman los artículos veinticinco, treinta y seis, cuarenta y dos, cuarenta y cuatro, cincuenta y uno, cincuenta y dos, cincuenta y siete, sesenta y seis, y sesenta y siete de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. Se turna a la Comisión de Derechos Humanos, para dictamen.

– Por el que se adiciona una fracción décima octava, y se reforma el último párrafo del artículo trescientos ochenta y uno del Código Penal Federal. Se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen.

– Por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Protección al Consumidor. Se turna a la Comisión de Economía, para dictamen.

– Por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General del Servicio Profesional Docente. Se turna a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para dictamen.

t) Del senador Miguel Romo Medina, del Partido Revolucionario Institucional por el que se adiciona una fracción novena al artículo ciento cincuenta y uno de la Ley del Impuesto sobre la Renta. se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

Desde sus respectivas curules realizan comentarios sobre diversos temas las diputadas y el diputado: Blanca Margarita Cuata Domínguez, de Morena; Erika Irazema Briones Pérez, del Partido de la Revolución Democrática; y José Hugo Cabrera Ruiz, del Partido Revolucionario Institucional. La Presidencia informa que dichas expresiones quedarán asentadas en el Diario de los Debates.

Se reciben iniciativas con proyecto de decreto de las diputadas y los diputados:

• Marisol Vargas Bárcena, del Partido Acción Nacional, que expide el Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de la Cámara de Diputados. Se turna a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, para dictamen, y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para opinión.

• Evelyng Soraya Flores Carranza e integrantes del Partido Verde Ecologista de México, que reforma los artículos cuarto, y veinte de la Ley Federal de Sanidad Animal. Se turna a la Comisión de Ganadería, para dictamen.

• Alberto Martínez Urincho, del Partido de la Revolución Democrática, que adiciona el artículo ciento dos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

• Daniel Ordoñez Hernández, del Partido de la Revolución Democrática, que reforma y adiciona los artículos tercero y séptimo de la Ley General de Salud. Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.

• Alberto Martínez Urincho, del Partido de la Revolución Democrática, que adiciona un artículo trescientos sesenta y siete bis al Código Penal Federal y reforma el artículo décimo transitorio del artículo primero del Decreto por el que se expide la Ley Nacional de Ejecución Penal; se adicionan las fracciones trigésima quinta, trigésima sexta, y trigésima séptima, y un quinto párrafo, y se reforma el tercer párrafo del artículo doscientos veinticinco del Código Penal Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dieciséis de junio de dos mil dieciséis. Se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen.

• Daniel Ordoñez Hernández, del Partido de la Revolución Democrática, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Se turna a la Comisión de Seguridad Pública, para dictamen.

Se concede el uso de la palabra para presentar iniciativas con proyecto de decreto a las diputadas y a los diputados:

• Nora Liliana Oropeza Olguín, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma los artículos veintidós, y cincuenta y seis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. Se turna a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, para dictamen.

Presidencia de la diputadaGloria Himelda Félix Niebla

• Marisol Vargas Bárcena, del Partido Acción Nacional, que reforma el artículo veintisiete de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Se turna a la Comisión de Gobernación, para dictamen.

• Jesús Salvador Valencia Guzmán, del Partido de la Revolución Democrática:

– Que reforma el artículo cuarenta de la Ley de Coordinación Fiscal. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

– Que adiciona el artículo tercero de la Ley General de Desarrollo Social. Se turna a la Comisión de Desarrollo Social, para dictamen.

• Daniela Torres de los Santos, del Partido Verde Ecologista de México, y suscrita por diversos diputados integrantes de los Partidos Verde Ecologista de México, Revolucionario Institucional, Encuentro Social, y de la Revolución Democrática, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en materia de alimentos y autoridades auxiliares de las procuradurías de protección. Se turna a la Comisión de Derechos de la Niñez, para dictamen.

Presidencia de la diputadaMaría Guadalupe Murguía Gutiérrez

• Virgilio Dante Caballero Pedraza, de Morena, que reforma diversas disposiciones de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, en materia de prohibición de armas nucleares y minas antipersonal. Se turna a la Comisión de Defensa Nacional, para dictamen.

• María Victoria Mercado Sánchez, de Movimiento Ciudadano, que reforma el artículo doscientos veintitrés del Código Penal Federal. Se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen.

• Mirna Saldívar Paz, de Nueva Alianza, que adiciona el artículo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

Se recibe iniciativa con proyecto de decreto del diputado Alejandro González Murillo, del Partido Encuentro Social, que adiciona los artículos quinto, y catorce de la Ley de la Economía Social y Solidaria, Reglamentaria del Párrafo Séptimo del Artículo veinticinco de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo referente al sector social de la economía. Se turna a la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social, para dictamen.

• Refugio Trinidad Garzón Canchola, a nombre propio y del diputado Alejandro González Murillo, del Partido Encuentro Social, que adiciona el artículo noveno de la Ley Minera. Se turna a la Comisión de Economía, para dictamen.

• Tomás Roberto Montoya Díaz, del Partido Revolucionario Institucional:

– Que reforma los artículos octavo, noveno, y noventa y uno de la Ley General de Cambio Climático. Se turna a la Comisión de Cambio Climático, para dictamen.

– Que reforma y adiciona los artículos sesenta y siete, ciento doce, y ciento trece de la Ley General de Salud. Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.

• Ariel Enrique Corona Rodríguez, del Partido Acción Nacional:

– Que reforma el artículo cincuenta y ocho de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para dictamen.

– Que reforma, deroga y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

• Sasil Dora Luz León Villard, y suscrita por integrantes del Partido Verde Ecologista de México, que adiciona el artículo ciento cuarenta y seis del Reglamento de la Cámara de Diputados. Se turna a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, para dictamen.

A las trece horas con diecisiete minutos, por instrucciones de la Presidencia, se cierra el sistema electrónico de asistencia con un registro de cuatrocientos veintiocho diputadas y diputados.

• Francisco Martínez Neri, del Partido de la Revolución Democrática, que reforma el artículo ciento nueve de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

• Mariana Trejo Flores, de Morena, que reforma el artículo ciento sesenta y seis bis tres de la Ley General de Salud. Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.

• Luis Manuel Hernández León, de Nueva Alianza, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro. Se turna a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para dictamen.

• Ana Guadalupe Perea Santos, a nombre propio y del diputado Alejandro González Murillo, del Partido Encuentro Social, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa. Se turna a la Comisión de Competitividad, para dictamen.

• Verónica Delgadillo García, a nombre propio y del diputado Clemente Castañeda Hoeflich, de Movimiento Ciudadano, que reforma el artículo segundo de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada. Se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen.

La Presidenta informa a la Asamblea de la presencia en el Salón de Sesiones del artista Abdallahy Antonio Velázquez, cuya exposición pictórica "Artivismo, el arte que se vive. Saharauis: Los ojos como reflejo del alma" se presenta en el vestíbulo de este recinto, invitado por el diputado José de Jesús Zambrano Grijalva, del Partido de la Revolución Democrática.

La Secretaría informa a la Asamblea que se recibieron dictámenes con proyecto de decreto de las Comisiones:

a) De Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, por el que se reforma el párrafo segundo del artículo segundo transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Competencia Económica, de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, de la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil diecisiete.

b) De Gobernación, por el que se reforman y adicionan los artículos treinta de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, y segundo de la Ley Orgánica de la Armada de México.

De conformidad con lo que establece el artículo ochenta y siete del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple con la Declaratoria de Publicidad.

El siguiente punto del Orden del Día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto de la Comisión de Transportes, por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Aviación Civil. Se concede el uso de la palabra para fundamentar el dictamen al diputado Alfredo Javier Rodríguez Dávila, y quien presenta propuestas de modificación en nombre de la Comisión, que en votación económica se aceptan y se adhieren al dictamen. Para fijar postura de sus respectivos grupos parlamentarios interviene las diputadas y los diputados: Cynthia Gissel García Soberanes, del Partido Encuentro Social; Carlos Gutiérrez García, de Nueva Alianza; Jonadab Martínez García, de Movimiento Ciudadano; María Antonia Cárdenas Mariscal, de Morena;

Presidencia de la diputadaGloria Himelda Félix Niebla

Javier Octavio Herrera Borunda, del Partido Verde Ecologista de México; Tania Victoria Arguijo Herrera, del Partido de la Revolución Democrática; Francisco José Gutiérrez de Velasco Urtaza, del Partido Acción Nacional; y Daniel Torres Cantú, del Partido Revolucionario Institucional. Se somete a discusión en lo general y en lo particular e intervienen en pro las diputadas: Rosa Alba Ramírez Nachis,

Presidencia de la diputadaMaría Guadalupe Murguía Gutiérrez

y Mirza Flores Gómez, ambas del Movimiento Ciudadano. Sin más oradores registrados, en votación económica se considera suficientemente discutido en lo general con las modificaciones aceptadas por la Asamblea. La Presidenta informa a la Asamblea que se han reservado para su discusión en lo particular los artículos: cuarenta y siete bis; cincuenta y dos; y ochenta y cuatro, del proyecto de decreto. En votación nominal por unanimidad de cuatrocientos veintidós votos, se aprueba en lo general y en lo particular los artículos no reservados.

Se concede el uso de la palabra para presentar sus propuestas de modificación de los artículos reservados a la diputada y al diputado:

• Juan Romero Tenorio, de Morena, al artículo cuarenta y siete bis, fracción octava; y adición de un artículo cuarenta y siete bis cinco, que en votación económica no se admiten a discusión, se desechan y se reservan para su votación en conjunto en términos del dictamen.

• Concepción Villa González, de Morena, a los artículos: cuarenta y siete bis; cincuenta y dos; y ochenta y cuatro, que en votación económica no se admiten a discusión, se desechan y se reservan para su votación en conjunto en términos del dictamen.

Sin más oradores registrados en votación nominal por trecientos cincuenta y nueve votos a favor; cincuenta y cuatro en contra; y cinco abstenciones, se aprueba en lo particular los artículos cuarenta y siete bis; cincuenta y dos; y ochenta y cuatro, en términos del dictamen. Se aprueba en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Aviación Civil. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.

El siguiente punto del Orden del Día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto de la Comisión de Economía, por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Protección al Consumidor. Se concede el uso de la palabra para fundamentar el dictamen a discusión así como el dictamen por el que se reforman los incisos w) y x), se adiciona un inciso y) a la fracción tercera, y se deroga la fracción segunda del artículo séptimo de la Ley de Inversión Extranjera al diputado Jorge Enrique Dávila Flores, y quien presenta propuestas de modificación en nombre de la Comisión, que en votación económica se aceptan y se adhieren al dictamen. Para fijar postura de sus respectivos grupos parlamentarios interviene las diputadas y los diputados: Norma Edith Martínez Guzmán, del Partido Encuentro Social; Carmen Victoria Campa Almaral, de Nueva Alianza; Mirza Flores Guzmán, de Movimiento Ciudadano; Vidal Llerenas Morales, de Morena; Lorena Corona Valdés, del Partido Verde Ecologista de México; Waldo Fernández González, del Partido de la Revolución Democrática; Miguel Ángel Salim Alle, del Partido Acción Nacional; y Juan Antonio Ixtlahuac Orihuela, del Partido Revolucionario Institucional. Sin más oradores registrados, en votación económica se considera suficientemente discutido en lo general, con las modificaciones aceptadas por la Asamblea. La Presidenta informa a la Asamblea que se han reservado para su discusión en lo particular los artículos: sesenta y cinco ter; y noventa y dos ter, del proyecto de decreto. En votación nominal por unanimidad de cuatrocientos ocho votos, se aprueba en lo general y en lo particular los artículos no reservados. Se concede el uso de la palabra al diputado Juan Romero Tenorio, de Morena, para presentar propuestas de modificación a los artículos sesenta y cinco ter; y noventa y dos ter, del proyecto de decreto, que en votación económica no se admiten a discusión y se desechan. En votación nominal por trescientos treinta y ocho votos a favor; cincuenta y cinco en contra; y cinco abstenciones se aprueban en lo particular los artículos sesenta y cinco ter; y noventa y dos ter en términos del dictamen. Se aprueba en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Protección al Consumidor. Pasa al Senado, para sus efectos constitucionales.

El siguiente punto del Orden del Día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto de la Comisión de Economía, por el que se reforman los incisos w) y x), se adiciona un inciso y) a la fracción tercera, y se deroga la fracción segunda del artículo séptimo de la Ley de Inversión Extranjera. Se señala que fue fundamentado el dictamen en la intervención anterior por el diputado Jorge Enrique Dávila Flores, y presentó propuestas de modificación en nombre de la Comisión, mismas que en votación económica se aceptan y se adhieren al dictamen. Para fijar postura de sus respectivos grupos parlamentarios interviene las diputadas y los diputados: Gonzalo Guízar Valladares, del Partido Encuentro Social; Francisco Javier Pinto Torres, de Nueva Alianza; Jorge Álvarez Maynez, de Movimiento Ciudadano; Concepción Villa González, de Morena; Lorena Corona Valdés, del Partido Verde Ecologista de México; Lluvia Flores Sonduk, del Partido de la Revolución Democrática; Ricardo del Rivero Martínez, del Partido Acción Nacional; y Miguel Ángel González Salum, del Partido Revolucionario Institucional. Se somete a discusión en lo general y en lo particular e interviene en contra el diputado Vidal Llerenas Morales, de Morena. Sin más oradores registrados en votación económica se considera suficientemente discutido en lo general y en lo particular con las modificaciones aceptadas por la Asamblea. En votación nominal por doscientos ochenta votos a favor; ochenta y tres en contra; y dos abstenciones se aprueba en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se reforman los incisos w) y x), se adiciona un inciso y) a la fracción tercera, y se deroga la fracción segunda del artículo séptimo de la Ley de Inversión Extranjera. Pasa al Senado, para sus efectos constitucionales.

La Presidenta cita para la próxima Sesión Ordinaria que tendrá lugar el día de mañana miércoles diecinueve de abril de dos mil diecisiete, a las once horas, y levanta la sesión a las diecisiete horas con treinta y dos minutos.»

La presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla:Proceda la Secretaría a poner a discusión el acta.

La secretaria diputada Verónica Delgadillo García:Está a discusión el acta. No habiendo quién haga uso de la palabra, en votación económica, se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. Señora presidenta, mayoría por la afirmativa.

La presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Aprobada el acta.

Antes, permítame, secretaria. Nos ha solicitado el uso de la voz en su curul el diputado Macedonio Tamez. ¿Con qué objeto, diputado?

El diputado Macedonio Salomón Tamez Guajardo (desde la curul): Presidenta... a que las sesiones comiencen con puntualidad, es lo menos que se merecen los mexicanos.

La presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla:Se toma en consideración y se registra en el Diario de los Debates.

Comunicaciones oficiales. De la Junta de Coordinación Política. Proceda la Secretaría.

COMUNICACIONES OFICIALES

La secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.— Junta de Coordinación Política.

Diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez, Presidenta de la Mesa Directiva de la Honorable Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le ruego someter a consideración del pleno, las siguientes modificaciones en la integración de las comisiones que se señalan, solicitadas por el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México:

• Que la diputada Sara Paola Galico Félix Díaz cause baja como secretaria de la Comisión de Defensa Nacional.

• Que la diputada Sara Paola Galico Félix Díaz cause baja como integrante de Comisión de la Ciudad de México.

• Que la diputada Sara Paola Galico Félix Díaz cause baja como secretaria de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables.

• Que la diputada María Ávila Serna cause alta como secretaria en la Comisión de Atención de Grupos Vulnerables.

• Que la diputada María Ávila Serna cause baja como integrante de la Comisión de Desarrollo Metropolitano.

Sin otro particular, le reitero mi consideración distinguida.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, Ciudad de México, a 17 de abril de 2017.— Diputado Francisco Martínez Neri (rúbrica), Presidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.— Junta de Coordinación Política.

Diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez, Presidenta de la Mesa Directiva de la Honorable Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le ruego someter a consideración del pleno, las siguientes modificaciones en la integración de las comisiones que se señalan, solicitadas por el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México:

• Que la diputada Sara Paola Galico Félix Díaz cause baja como secretaria de la Comisión Especial contra la trata de personas.

• Que la diputada Sara Paola Galico Félix Díaz cause baja como integrante del Grupo de Amistad México-Angola.

• Que la diputada Sara Paola Galico Félix Díaz cause baja como integrante del Grupo de Amistad México-Egipto.

Sin otro particular, le reitero mi consideración distinguida.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, Ciudad de México, a 17 de abril de 2017.— Diputado Francisco Martínez Neri (rúbrica), Presidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.— Junta de Coordinación Política.

Diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez, Presidenta de la Mesa Directiva de la Honorable Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le ruego someter a consideración del pleno la modificación en la integración de las comisiones que se señalan, solicitadas por el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

• Que la diputada Yaret Adriana Guevara Jiménez cause alta como integrante en la Comisión de Defensa Nacional.

• Que la diputada Yaret Adriana Guevara Jiménez cause baja como integrante de la Comisión de Asuntos de la Frontera Sur-Sureste.

• Que la diputada Wendolin Toledo Aceves cause baja como integrante de la Comisión de Defensa Nacional.

• Que la diputada Wendolin Toledo Aceves cause alta como secretaria en la Comisión de Defensa Nacional.

Sin otro particular, le reitero mi consideración distinguida.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, Ciudad de México, a 17 de abril de 2017.— Diputado Francisco Martínez Neri (rúbrica), Presidente.»

En votación económica, se pregunta si son de aprobarse. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. Señora presidenta, mayoría por la afirmativa.

La presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Aprobados. Comuníquense.

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La secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.

Diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez, Presidenta de la Mesa Directiva.— Presente.

Con fundamento en el artículo 77, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, me permito solicitar muy atentamente a ese órgano de gobierno, se retire la iniciativa que a continuación se enuncia, misma que presenté el pasado 31 de agosto del 2016, turnada a la Comisión Trabajo y Previsión Social para dictamen:

• Iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, de la Ley General del Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, de la Ley del Servicio Profesional de Carrera de la Administración Pública Federal, de la Ley General para la Igualdad entre Hombres y Mujeres y de la Ley Federal para prevenir y eliminar la Discriminación, en materia de igualdad salarial entre hombres y mujeres.

Lo anterior, para efecto de que se realicen los trámites pertinentes y se actualicen los registros parlamentarios.

Sin otro asunto en particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 17 de abril de 2017.— Diputada Ana Georgina Zapata Lucero (rúbrica).»

———————— o ————————

La secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.

Diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez, Presidenta de la Mesa Directiva en el segundo año de ejercicio de la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión.— Presente.

Claudia Edith Anaya Mota, diputada federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en el artículo 77, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, le solicito atentamente, se sirva instruir a quien corresponda a fin de que sea retirada la iniciativa:

• Que adiciona el capítulo VI al título sexto de la Ley de Aguas Nacionales, relativo al uso de las aguas tratadas.

Presentada el pasado 20 de septiembre de 2016, y que fue turnada a la Comisión de Recursos Hidráulicos para el proceso parlamentario correspondiente.

Sin más, quedo a sus apreciables órdenes.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de abril de 2017.— Diputada Claudia Edith Anaya Mota (rúbrica).»

———————— o ————————

La secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.

Diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez, Presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en el artículo 79, numeral 2, fracción VII, del Reglamento de la Cámara de Diputados, me permito solicitar muy atentamente a ese órgano de gobierno, sea retirada la siguiente proposición, presentada el pasado 28 de marzo de 2017 y turnada a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción.

• Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Administración y Finanzas de Yucatán a transparentar el ejercido de los recursos implicados en la compra del inmueble para oficinas de diversas dependencias estatales. Presentada por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

A efecto de que se realicen las acciones conducentes.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 17 de abril de 2017.— Diputado Jesús Sesma Suárez (rúbrica), coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.

Diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez, Presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en el artículo 79, numeral 2, fracción VII del Reglamento de la Cámara de Diputados, solicito a ese órgano de gobierno, sean retiradas las siguientes proposiciones, presentadas el pasado 6 de abril 2017, y turnadas a las siguientes comisiones:

• Con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del gobierno del estado de San Luis Potosí, a separarse de su cargo hasta en tanto no se aclare el destino de los recursos destinados al pago de pensiones de trabajadores de la educación en la entidad en el año 2014. Suscrito por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. Turno a Comisión de Transparencia y Anticorrupción.

• Con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del gobierno del estado de San Luis Potosí, a través de la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental Estatal, asuma su responsabilidad legal y social con el cuidado y conservación del medio ambiente y la salud de las personas, para que de modo urgente realice los estados de impacto ambiental referentes al proyecto presentado por la empresa Centro de Ingeniería y Tecnología Sustentable. Suscrito por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. Turno a Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

• Con punto de acuerdo por el que se exhorta a Semarnat, establezca un sistema de marcaje de los mamíferos marinos para demostrar su legal procedencia. Suscrito por el diputado Jesús Sesma Suárez, e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. Turno a Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Sin otro particular, reciba mi agradecimiento anticipado por su atención y apoyo.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 17 de abril de 2017.— Diputado Jesús Sesma Suárez (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.»

La presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Se tienen por retiradas. Actualícense los registros parlamentarios.

———————— o ————————

La secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Integrantes de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta del oficio número DGPL 63-II-4-1500, signado por el diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano, entonces vicepresidente de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir para los fines procedentes copia del similar SPPA/ 334 /2017, suscrito por el doctor Rodolfo Lacy Tamayo, subsecretario de Planeación y Política Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y de su anexo, mediante los cuales responde el punto de acuerdo por el que se exhorta a esa dependencia a supervisar que las condiciones de cautiverio de félidos, primates y cocodrilos que se encuentran registradas como mascotas o animales de compañía cumplen la normativa establecida y la calidad suficiente para el desarrollo íntegro del animal, así como las condiciones y medidas de seguridad para prevenir cualquier tipo de incidente.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

Atentamente

Ciudad de México, a 11 de abril de 2017.— Maestro Valentín Martínez Garza (rúbrica) titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Maestro Valentín Martínez Garza, titular de la Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

Me permito hacer referencia al oficio número SELAP/ UEL/ 311/ 2525/ 16, mediante el cual se hizo del conocimiento de esta subsecretaría el acuerdo, aprobado por el pleno de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, que se transcribe:

Único. La Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para que con la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente supervise que las condiciones de cautiverio de félidos, primates y cocodrilos que se encuentran registradas como mascotas o animales de compañía cumplen la normativa establecida y la calidad suficiente para el desarrollo íntegro del animal, así como las condiciones y medidas de seguridad para prevenir cualquier tipo de incidente (sic).

Al respecto, y con el propósito de dar cumplimiento al mencionado acuerdo, me permito hacer de su conocimiento que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, mediante el oficio número PFPA/ 5.3/ 2C.18/ 02584 (se anexa copia), informó que de 2013 a la fecha ha realizado 429 visitas de inspección en sitios donde albergan ejemplares de fauna silvestre de los grupos felinos, primates y cocodrilos, como zoológicos, criaderos, circos, espectáculos ambulantes y unidades de manejo para la conservación de la vida silvestre, en los cuales se verificó el cumplimiento de las obligaciones normativas.

Como resultado de las visitas de inspección en instalaciones se aseguraron 5 mil 190 ejemplares y en visitas de inspección a poseedores de mascotas se aseguraron 109 ejemplares de dichos grupos.

Lo anterior se remite para que a través de su conducto, se haga llegar a la Cámara de Diputados la respuesta correspondiente, de conformidad con el procedimiento instaurado para tales efectos.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Ciudad de México, a 6 de abril de 2017.— Doctor Rodolfo Lacy Tamayo (rúbrica) subsecretario de Planeación y Política Ambiental.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Doctor Rodolfo Lacy Tamayo, subsecretario de Planeación y Política Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.— Presente.

Me refiero al oficio número SPPA/ 0179/ 2017, dirigido al doctor Guillermo Haro Bélchez, procurador federal de Protección al Ambiente, mediante el cual hace referencia al similar SELAP/ UEL/ 311/ 2525/ 16, suscrito por el maestro Valentín Martínez Garza, titular de la Unidad de Enlace Legislativo, mediante el cual informa que a través del oficio DGPL 63-II-4-1500, el diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano, vicepresidente de la Mesa Directiva de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, comunica a esa secretaría el punto de acuerdo, aprobado por el pleno de ese órgano legislativo, que a la letra dice:

Único. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para que con la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente supervise que las condiciones de cautiverio de felinos, primates y cocodrilos que se encuentran registradas como mascotas o animales de compañía, cumplen la normativa establecida y la calidad suficiente para el desarrollo íntegro del animal, así como las condiciones y medidas de seguridad para prevenir cualquier tipo de incidente.

Sobre el particular y en el cumplimiento al requerimiento solicitado, me permito informarle que la Subprocuraduría de Recursos Naturales, a través de la Dirección General de Inspección y Vigilancia de Vida Silvestre, Recursos Marinos y Ecosistemas Costeros de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, manifiesta lo siguiente:

Al respecto, me permito informarle que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente ha realizado de 2013 a la fecha 429 visitas de inspección dirigidas a lugares donde se mantienen albergados ejemplares de fauna de fauna silvestre de los grupos de felinos, primates y cocodrilos. Las visitas referidas se llevaron a cabo en predios o instalaciones que manejan vida silvestre de forma cotidiana, como zoológicos, criaderos, circos, espectáculos ambulantes; en unidades de manejo para la conservación de la vida silvestre, así como en comercializadora de ejemplares de vida silvestre, tiendas de mascotas y a poseedores de mascotas. En ellas se verificó el cumplimiento de las obligaciones normativas tendentes en acreditar su legal procedencia, así como para garantizar su confinamiento en condiciones que permitan un adecuado trato digno y respetuoso de las especies.

Como resultado de las visitas de inspección se aseguraron 5 mil 190 ejemplares de fauna silvestre de los grupos de felinos, primares y cocodrilos:

Grupo Cantidad

Felino 540

Primates 614

Cocodrilo 4 mil 36

Total 5 mil 190

Este órgano desconcentrado ejecutó de 2013 a la fecha 76 visitas de inspección directamente a poseedores de mascotas de especies de primates, felinos y cocodrilos. En ellas cuales se aseguraron 109 ejemplares de fauna silvestre de dichos grupos, como se resume en el siguiente cuadro:

Grupo Cantidad

Felino 47

Primates 40

Cocodrilo 22

Total 109

Derivado de lo anterior, solicito a usted que en su carácter de enlace de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales ante el grupo de trabajo para la conducción de las acciones de la administración pública federal en sus relaciones con los órganos del Poder Legislativo de la Unión, atenta y respetuosamente haga llegar la respuesta al subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos de la Secretaría de Gobernación, para los efectos conducentes.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Ciudad de México, a 23 de marzo de 2017.— Licenciada María Guadalupe Arminda García Coronel (rúbrica), directora general.»

La presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Se remite a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para su conocimiento.

———————— o ————————

La secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Integrantes de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número D.G.P.L. 63-II-7-1588, signado por la diputada Gloria Himelda Félix Niebla, entonces vicepresidenta de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir, para los fines procedentes, copia del similar número 800.00.01.114, suscrito por el ingeniero Alfonso Camarena Larriva, coordinador de asesores de la Comisión Nacional del Agua, así como de su anexo, mediante los cuales responde el punto de acuerdo por el que se exhorta a esa comisión a llevar a cabo los análisis de agua, para determinar si se ha o no producido contaminación por glifosato u otro material tóxico causado por herbicidas y, en caso afirmativo, adoptar las medidas preventivas que se estimen convenientes.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

Ciudad de México, a 11 de abril de 2017.— Maestro Valentín Martínez Garza (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Comisión Nacional del Agua.

Maestro Valentín Martínez Garza, titular de la Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

Me refiero a su oficio SELAP/UEL/311/2480/16, dirigido al maestro Rodolfo Lacy Tamayo, subsecretario de Planeación y Política Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), sobre el siguiente punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados:

“Tercero. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al titular de la Comisión Nacional del Agua a llevar a cabo los análisis de agua, para determinar si se ha o no producido contaminación por glifosato u otro material tóxico causado por herbicidas y, en caso afirmativo, adoptar las medidas preventivas que se estimen convenientes.”

Con fundamento en el artículo 16, fracción III, del Reglamento Interior de esta Comisión Nacional del Agua, le adjunto la comunicación enviada por la Subdirección General Técnica.

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

Atentamente

Ciudad de México, a 10 de abril de 2017.— Ingeniero Alfonso Camarena Larriva (rúbrica), coordinador de asesores.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Comisión Nacional del Agua.

Maestra en Ingeniería Liliana Marrufo Vázquez, coordinadora de asesores adjunta.— Presente.

Me refiero a su memorando B00.00.01.-022, de fecha 16 de enero del año en curso, mediante el cual envía a esta Subdirección General Técnica, el exhorto que realizó la Subsecretaría de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos, Unidad de Enlace Legislativo de la Segob, al director general de la Conagua, a fin de que se lleve a cabo un “análisis de agua para determinar si se ha o no producido contaminación por glifosato u otro material tóxico causado por herbicidas”.

Al respecto, anexo a este memorando, envío usted, una nota informativa que detalla la operación de la Red Nacional de Medición de Calidad del Agua que contempla entre otros, el monitoreo del glifosato. Asimismo se informa la coordinación que se ha establecido con la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

Atentamente

Ciudad de México, a 13 de febrero de 2017.— Ingeniero Enrique Mejía Maravilla (rúbrica), gerente de Calidad del Agua.»

«Nota informativa

Asunto: Me refiero al oficio SELAP/UEL/311/2480/ 16, en el que la Subsecretaría de Enlace Legislativo y acuerdos Políticos, Unidad de Enlace Legislativo de la Segob, hace llegar al director general un punto de acuerdo que cita:

“Tercero. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al titular de la Comisión Nacional del Agua a llevar a cabo los análisis de agua, para determinar si se ha o no producido contaminación por glifosato u otro material tóxico causado por herbicidas y, en caso afirmativo, adoptar las medidas preventivas que se estimen convenientes.”

Al respecto se informa que la Subdirección General Técnica opera la Red Nacional de Medición de Calidad del Agua, que monitorea 5000 sitios ubicados estratégicamente en los principales cuerpos de agua del país, tanto superficiales, como subterráneos y costeros.

Para cada sitio se determinan periódicamente un promedio de 40 parámetros físicos, químicos y microbiológicos. Adicionalmente, se realizan estudios especiales en sitios que presentan problemas de contaminación, así como el seguimiento a cuerpos de agua con declaratorias de clasificación publicada en el Diario Oficial de la Federación.

Las determinaciones analíticas incluyen un listado de los 75 principales herbicidas.

Con relación al glifosato, la Subdirección General Técnica en coordinación con la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados (Cibiogem), realizan el monitoreo y la evaluación del posible impacto en la salud de la población de aquellas comunidades que se ubican cerca a los polígonos de liberación. El apoyo que ha brindado Conagua para este proyecto se enfoca principalmente en 5 campañas de muestreos (las cuales se concluyeron en febrero de este año) y el análisis de las muestras. Por su parte, el Cibiogem llevará a cabo la evaluación de [...] información y serán ellos quienes emitan recomendaciones con base en los resultados que determinen.»

La presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Se remite a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para su conocimiento.

———————— o ————————

La secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Integrantes de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número D.G.P.L. 63-II-1-1562, signado por la diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez, entonces vicepresidenta de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir, para los fines procedentes, copia del similar número DG-UEL-009-2017, suscrito por la licenciada Rosario Brindis Álvarez, titular de la Unidad de Enlace Legislativo de Petróleos Mexicanos, mediante el cual responde el punto de acuerdo por el que se exhorta a ese organismo a cancelar el contrato de servicios pactado con la empresa Transportes Especializados de Toluca, SA de CV, por las afectaciones a las personas y el ambiente causadas por el derrame de aceite el día 12 de febrero de 2015, a la altura del paraje conocido como Los Naranjos, en el municipio Francisco Z. Mena, con cabecera municipal en Metlaltoyuca.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

Ciudad de México, a 17 de abril de 2017.— Maestro Valentín Martínez Garza (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Petróleos Mexicanos.

Maestro Valentín Martínez Garza, titular de la Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

Me refiero a su oficio SELAP/UEL/311/2543/16, por el que hace del conocimiento oficio número D.G.P.L 63-II-1-1562, de la diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez, vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, comunica a esta secretaría el acuerdo aprobado por el pleno de ese órgano legislativo, en sesión celebrada el 15 de diciembre de 2016, que a continuación transcribo:

“...Quinto. La Cámara de Diputados exhorta a la empresa productiva del Estado ‘Petróleos Mexicanos’ a que cancele el contrato de servicios pactado con la empresa Transportes Especializados de Toluca, SA de CV; por las afectaciones a las personas y el ambiente, causadas por el derrame de aceite el día 12 de febrero de 2015, a la altura del paraje conocido como Los Naranjos; en el municipio Francisco Z. Mena, con cabecera municipal en Metlaltoyuca, y la negligencia con la que ha actuado la empresa ante este hecho...”

Al respecto me permito señalar lo siguiente:

Respecto al exhorto para la cancelación del contrato de servicios con la empresa Transportes Especializados de Toluca, SA de CV, al respecto se informa que Pemex Logística no tiene relación contractual alguna con la empresa que nos ocupa.

Esperando que la información proporcionada en el presente oficio sea de utilidad, quedamos a sus órdenes.

Atentamente

Ciudad de México, a 5 de abril de 2017.— Licenciada Rosario Brindis Álvarez (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

La presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Se remite a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para su conocimiento.

———————— o ————————

La secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Hacienda y Crédito Público.— Servicio de Administración Tributaria.

Diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez, Presidenta de la Mesa Directiva de la Honorable Cámara de Diputados.— Presente.

Por medio del presente, y en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 145, penúltimo párrafo, de la Ley Aduanera vigente, me permito informarle que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) a través de las autoridades aduaneras, como las unidades competentes para dar destino a las mercancías de comercio exterior que no resultan transferibles al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE), durante el mes de marzo de 2017.

Por lo anterior, se destinaron por conducto de las autoridades aduaneras bienes aptos para su uso y consumo siendo mercancías perecederas, de fácil descomposición o deterioro, artículos de limpieza, lubricantes, productos farmacéuticos y químicos entre otros.

El total de bienes destinados en el mes de marzo de 2017 fue de 109 mil 209 los cuales se encuentran contabilizados en la unidad de medida kilogramos, litros y piezas, anexo al presente el detalle respectivo.

Sin otro asunto por el momento, reciba un cordial saludo

Atentamente

Ciudad de México, a 17 de abril de 2017.— Licenciado Ariel Suárez Salazar (rúbrica), administrador de Destino de Bienes “2”

La presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Remítase a la Comisión de Economía, para su conocimiento.

MINUTA DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES, Y SE REFORMAN Y ADICIONAN DISPOSICIONES DE DIVERSAS LEYES, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 23 DE MAYO DE 2014

La secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Para los efectos constitucionales, me permito remitir a ustedes expediente que contiene proyecto de decreto por el que se reforma el primer párrafo del artículo segundo de las disposiciones transitorias del artículo tercero del decreto por el que se expide la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; y se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintitrés de mayo de dos mil catorce, aprobado por el Senado de la República en sesión celebrada en esta fecha.

Atentamente

Ciudad de México, a 18 de abril de 2017.— Senadora Blanca Alcalá Ruiz (rúbrica), vicepresidenta.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

PROYECTO DE DECRETO

POR EL QUE SE REFORMA EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO SEGUNDO DE LAS DISPOSICIONES TRANSITORIAS DEL ARTÍCULO TERCERO DEL DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES; Y SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DEL SISTEMA DE MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL, DE LA LEY ORGANICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION Y DE LA LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL VEINTITRÉS DE MAYO DE DOS MIL CATORCE.

Artículo Único.- Se reforma el primer párrafo del artículo SEGUNDO de las disposiciones transitorias de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintitrés de mayo de dos mil catorce, para quedar como sigue:

PRIMERO. ...

SEGUNDO. La Comisión de Administración del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a propuesta de la Sala Superior, determinará, ponderando la viabilidad presupuestal, el inicio de las funciones de las Salas Regionales que se crean con motivo de la reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Los recursos asignados para tal fin en el ejercicio fiscal 2017 deberán ser reintegrados en su totalidad a la Tesorería de la Federación.

...

1. ...

2. ...

TRANSITORIO

ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la Honorable Cámara de Senadores. Ciudad de México, a 18 de abril de 2017.— Senadora Blanca Alcalá Ruiz (rúbrica), vicepresidenta; senadora Itzel Sarahí Ríos de la Mora (rúbrica), secretaria.»

La presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Túrnese a la Comisión de Justicia, para dictamen.

Nos ha solicitado el uso de la palabra desde su curul el diputado Oscar Valencia García. Sonido en la curul del diputado Oscar Valencia, por favor. ¿Con qué objeto, diputado?

El diputado Oscar Valencia García(desde la curul): Con su venia, diputada presidenta. Quiero mencionar que el Congreso de la Unión ha declarado el Día Nacional del Tequio el 19 de abril, por primera vez para México. Para esto, quiero agradecerle al coordinador César Camacho Quiroz; al vicecoordinador, el diputado Jorge Carlos Ramírez Marín. También muy especial para la Comisión de Gobernación y sus integrantes que aprobaron por unanimidad los votos para que este día se conmemorara el Día Nacional del Tequio.

El día de ayer un compañero me preguntaba, ¿pues qué es el tequio? Si nos vamos a nuestros orígenes desde la época prehispánica, nuestros antepasados se unían de manera humanitaria, sin distingos de partidos políticos, sin distingos de credos, por sus necesidades se juntaban y resolvían sus problemas para resolver alguna obra social, como son la construcción de escuelas, clínicas, pavimentación de calles, de los que vivimos en provincia, de los que vivimos en los municipios marginados, los estados marginados, de esta manera cooperamos para ayudarnos mutuamente. Ese es el tequio.

Pero para los que viven en las ciudades en donde ya hay hospitales, ya hay escuelas, pavimentos, luz eléctrica, pues, la verdad, por eso desconocemos el tequio. Pero el tequio es una figura noble de nuestros antepasados, una figura de bien común. En muchos estados se conoce el tequio con otro nombre, pero viene siendo el mismo significado. Por ejemplo, se dice mano vuelta, se dice tequimil en Guerrero, en la Ciudad de México, faena, etcétera.

Por eso también quiero felicitar a todos los municipios en donde se está realizando actualmente el tequio, un saludo para ellos a nivel nacional, porque solamente así podremos ayudar a nuestra gente. Invito también a las diputadas, a los diputados, pues que vayamos un día de tequio para México. Muchas gracias.

La presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Quedan registradas sus expresiones, diputado, en el Diario de los Debates.

El diputado Víctor Manuel Sánchez Orozco(desde la curul): Presidenta.

La presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Nos ha solicitado el uso de la palabra el diputado Víctor Manuel Sánchez Orozco, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. Adelante, diputado.

El diputado Víctor Manuel Sánchez Orozco (desde la curul): Gracias, presidenta. Denunciamos desde esta importante institución, las acciones ilegales y reiteradas del fiscal general del estado de Jalisco para liberar literalmente a delincuentes que han sido detenidos por los diversos municipios que integran el estado de Jalisco.

Por poner un ejemplo, el ayuntamiento de Guadalajara, por medio de su comisario, de 2016, del mes de junio a la fecha, detuvieron algo así como más de mil 300 personas que se les imputa un delito y el 80 por ciento de esas personas fueron liberadas ilegalmente por la Fiscalía General del estado de Jalisco.

Estas acciones, entre otras del fiscal general del estado, el señor Eduardo Almaguer, se suma un patrón de conducta que solamente ha abonado a la impunidad y a que se incremente la violencia en estado; muy similar a lo que pasó en el vecino estado de Nayarit. No podemos permitir que el fiscal general del estado entorpezca y politice un tema tan importante como lo es la seguridad de los ciudadanos y la justicia.

En reiteradas ocasiones se han señalado los vínculos que tiene el fiscal general del estado con posibles grupos de la delincuencia organizada y a la fecha no ha sido investigado debidamente por la PGR. ¿Estará esperando la PGR que el gobierno norteamericano haga el trabajo que debiera hacer la Procuraduría General de la República?

Por eso, presidenta, exigimos que el fiscal general del estado de Jalisco presente su renuncia a la brevedad porque ha demostrado una seria incompetencia para estar al frente de la Fiscalía General del estado de Jalisco. Es cuanto, presidenta.

La presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Gracias, diputado. Quedan registradas sus expresiones en el Diario de los Debates. Nos ha solicitado el uso de la palabra desde su curul el diputado Agustín Basave Benítez. ¿Con qué objeto, diputado?

El diputado Agustín Francisco de Asís Basave Benítez(desde la curul): Presidenta, por la expectativa que despertó en la sociedad el sistema nacional anticorrupción, debería preocuparnos y ocuparnos a todos.

Una de las deficiencias del sistema, una de las deficiencias en su diseño es la absoluta subordinación del fiscal anticorrupción al próximo fiscal General de la República. Para subsanar un error —por llamarlo de manera generosa— que se cometió en el transitorio para dar pase automático al procurador para que en el momento en que se emita la ley secundaria se convierta en fiscal, y por la presión social que se ejerció, el presidente mandó una iniciativa al Senado precisamente para cancelar ese pase automático.

Esa iniciativa no se ha dictaminado, no se ha votado en el Senado. Se dice que lo van a hacer antes de que termine este periodo de sesiones y que nos la van a mandar. Habría que exhortar a la colegisladora a ver los tiempos, para que nosotros podamos procesar a tiempo, antes de que termine el periodo de sesiones ese tema tan importante, y para que ya no se dé esa transformación automática del procurador en fiscal. Es un asunto de vital importancia, y de no darse esto, de dársele más largas, quedará esa iniciativa en una farsa, en un engaño del Ejecutivo. Gracias.

La presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Gracias, diputado Basave. Quedan registradas sus expresiones en el Diario de los Debates, y ya los grupos parlamentarios han escuchado el posicionamiento y procederemos como corresponde a la Mesa Directiva.

Tiene el uso de la palabra el diputado Guillermo Rafael Santiago Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Morena. ¿Con qué objeto, diputado?

El diputado Guillermo Rafael Santiago Rodríguez(desde la curul): Gracias, señora presidenta. Con el objeto de que quede constancia ante el pleno y ante el pueblo en general, de que los diputados del PRI y del Verde se han encargado de encubrir al gobernador de Chiapas, Manuel Velasco Coello, e impedir la solución a la crisis de salud. Esto lo menciono porque los dos puntos de acuerdo que ya habían sido aprobados por la Comisión de Salud, nuevamente no fueron puestos en el orden del día, siendo vetados de manera ilegal y violando la Constitución y violando el proceso parlamentario.

Así como también mencionar que hoy en la Comisión de Transparencia y Anticorrupción los diputados del PRI y del Verde se opusieron a que se continuara con acciones de transparencia para el gobierno de Chiapas.

Quiero mencionar esto, y mencionarles a mis compañeros diputados, porque ahora todo mundo se anda apartando de Javier Duarte y andan diciendo que nunca estuvieron con él. Y decirles: no se equivoquen, Javier Duarte y Manuel Velasco Coello son lo mismo, son iguales: corruptos, represores y cínicos. Y en este momento los siguen encubriendo, así que después, cuando ya quieran agarrarlos de chivos expiatorios, por favor no se deslinden, y asuman que ustedes los están encubriendo y ustedes están siendo parte de este grave problema de corrupción.

Es cuanto, señora presidenta, y nada más le pediría aquí al pleno de que luego no se den golpes de pecho, porque ellos mismos han impedido por todas las vías legales, por todas las vías institucionales, que los problemas se puedan solucionar. Gracias, señora presidenta.

La presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Queda registrada su participación, diputado. Esta Presidencia desea saludar la presencia en este recinto de la Federación de Unión de Trabajadores del Volante del estado de Hidalgo, invitados por el diputado Alfredo Bejos Nicolás. Bienvenidos a este recinto parlamentario.

Tiene el uso de la palabra, desde su curul el diputado Juan Romero Tenorio. ¿Con qué objeto, diputado?

El diputado Juan Romero Tenorio(desde la curul): Gracias, presidenta. Conforme al artículo 20 del Reglamento, inciso f), la Mesa Directiva es responsable de cuidar la integración del orden del día.

En el orden del día que se aprobó se contempla el dictamen de la Comisión de Medio Ambiente que se empezó a abordar en la sesión del 6 de abril. Ese día se suspendió la sesión por falta de quórum, es para aclaración.

El mismo 6 de abril se publicó una modificación propuesta por la comisión correspondiente. El día de hoy, en la Gaceta se publica el dictamen que se había publicado con anterioridad el 6 de abril, la pregunta y la aclaración que solicito es: en el punto del orden del día relativo a dictámenes en el anexo 3, ¿cuál va a ser el documento final que se pondrá a consideración de este pleno? ¿El que se publica de nueva cuenta el día de hoy? ¿El publicado con modificaciones el 6 de abril? O, ¿hay un nuevo documento, puesto que el día de ayer sesionó la Comisión de Medio Ambiente con el objeto de analizar el dictamen de proyecto que se comenta? Solicito a la Mesa Directiva precise qué documento se va a votar.

La presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Diputado Romero Tenorio, el momento procesal oportuno de la revisión de los dictámenes, aún no hemos llegado a ese capítulo, sin embargo, la manifestación que esta Mesa Directiva hace al pleno es de que ahorita están reunidos precisamente los grupos parlamentarios para tomar una determinación al respecto, toda vez de que en efecto existe publicado, como última versión, el que recibieron hoy a través de Gaceta Parlamentaria. Les mantendremos informados a través de sus coordinadores parlamentarios.

Tiene el uso de la palabra el diputado Rafael Hernández Soriano, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, desde su curul, por favor. ¿Con qué objeto, diputado?

El diputado Rafael Hernández Soriano(desde la curul): Sí, presidenta, gracias. Con el objeto de subrayar la importancia del tema que plantea el diputado Víctor Sánchez Orozco respecto al fiscal general de Jalisco, el señor Eduardo Almaguer.

Tenemos un caso muy fresco en el estado vecino de Nayarit, en donde el fiscal fue señalado por varios años por el uso de la violencia, la vinculación con el narcotráfico y otros grupos delincuenciales en esa entidad, y resulta después que el gobernador de esa entidad dijo: pues yo no sabía, no lo vi, etcétera.

Está pasando algo idéntico si no muy similar en el estado de Jalisco, el señor Eduardo Almaguer no solamente ha dejado registro en la prensa local y nacional de los vínculos, por lo menos con un capo del crimen organizado, y debería ya el procurador General de la República encender los focos de alerta, porque seguramente cuando el río suena agua lleva.

Y, por otro lado, hay un uso registrado, objetivo, de la fuerza de la policía estatal por parte del fiscal para agredir a cuerpos policiacos municipales. Hemos recibido esta semana a diversos presidentes municipales de la zona conurbada de Guadalajara y han venido con nosotros a denunciarlo. Desde luego que es urgente que este fiscal no solamente sea investigado, sino que presente su renuncia al cargo.

Y también aprovecho, presidenta, para hacer un llamado al Congreso del estado de Jalisco, quien es el que tiene las facultades de ratificación, de que no se equivoque. No solamente no piensen en ratificarlo, sino que desde ahorita también se sumen a la exigencia para solicitar su renuncia en pos de que se garantice mayor seguridad a la población de la entidad de Jalisco. Gracias, presidenta.

La presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Quedan registradas sus expresiones en el Diario de los Debates, diputado Hernández Soriano. Tiene el uso de la palabra desde su curul el diputado José Luis Orozco Sánchez, del Grupo Parlamentario del PRI. ¿Con qué objeto, diputado?

El diputado José Luis Orozco Sánchez Aldana(desde la curul): Bueno, primeramente gracias por el uso de la palabra, diputada. Primero, en base a lo que señala el diputado Víctor Sánchez, expresarle que no compartimos lo que expresa aquí y evidentemente quienes violentaron la ley y a quienes hay que pedirle la renuncia es al comisario de Guadalajara.

No podemos nosotros aquí venir —igual le expreso al diputado del PRD que hace uso de la voz— a hablar y señalar de manera irresponsable sin tener documentos que acrediten su dicho. Exhortaría más que nada al alcalde de Guadalajara a que se ponga a trabajar, porque hoy la seguridad en Guadalajara está peor que nunca. Y el fiscal general de Jalisco ha hecho una gran labor en favor de la seguridad del estado. Muchas gracias.

La presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Gracias, diputado Orozco Sánchez. Tiene el uso de la palabra el diputado Guadalupe Acosta Naranjo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. ¿Con qué objeto, diputado?

El diputado Guadalupe Acosta Naranjo(desde la curul): Para llamar la atención de las fuerzas políticas que conformamos esta Cámara de Diputados sobre el caso Nayarit. Como ustedes conocen, fue detenido el fiscal Edgar Veytia por las autoridades norteamericanas y está hoy procesado en Nueva York por delitos de narcotráfico.

El problema es muy grave en dos sentidos: en que todos los demás colaboradores de Edgar Veytia siguen en sus cargos.

Parece que son partidarios de la teoría del fiscal solitario, que no había tenido relación con nadie, que él era el único que conocía de estos delitos y por esta razón a todos los demás se les protege, pero aunado a esto el gobernador del estado ha lanzado una solicitud al Congreso, y éste ha emitido una convocatoria, Congreso con mayoría priista, para nombrar a un nuevo fiscal por nueve años, cuando le falta un mes para las elecciones.

Esto es una insensatez, que el gobernador que puso a Edgar Veytia como procurador, como fiscal y hoy está detenido en Estados Unidos, quiera dejar como herencia un nuevo fiscal de nueve años. Es un absurdo.

La oposición está pidiendo que se suspenda esta convocatoria, que se intervenga y se garanticen los filtros de confianza y de seguridad y no se permita que el mismo gobernador que puso a este fiscal, deje un heredero de nueve años. Parece que quiere dejar a alguien que le proteja las espaldas. Es un gravísimo error.

Compañeros de la bancada del PRI, luego no digan que no sabían tampoco, que no conocían. Como dice el gobernador: yo a ese señor ni lo conocía. Nada más tenía nueve años de funcionario con él, pero ni lo conocía. Ahora ustedes no permitan que el gobernador deje a un nuevo fiscal, probablemente ligado también al narcotráfico, por nueve años. Muchas gracias.

La presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Quedan registradas sus expresiones en el Diario de los Debates, diputado Acosta Naranjo. Y proseguiremos con el capítulo de iniciativas.

Tiene la palabra por cinco minutos la diputada... Compañeros, creo que hemos escuchado ya las participaciones de cada uno de ustedes en torno a un tema inminentemente local, que lógicamente tiene resonancia nacional, pero no vamos a abrir un debate de un tema que no está en el orden del día, porque no lo está.

INICIATIVAS DE DIPUTADAS Y DIPUTADOS

LEY DE MIGRACIÓN

La secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla: «Iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Ley de Migración, a cargo del diputado Felipe Reyes Álvarez, del Grupo Parlamentario del PRD

El presente, diputado Felipe Reyes Álvarez, integrante del Grupo Parlamentario de la Revolución Democrática de la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta ante esta soberanía iniciativa con proyecto de decreto, al tenor de lo siguiente:

Problemática

Históricamente, la migración ha sido vista como el uso de una facultad de las personas, de las familias y eventualmente de grupos más amplios, reconocida en la mayoría de los marcos jurídicos, como el principio de libertad de tránsito. En muchos sentidos, se reafirma no sólo como parte del ejercicio de un derecho, sino también como una acción la mayoría de las veces voluntaria, y cuya decisión remite a la búsqueda de mejores oportunidades y condiciones de vida.

Sin embargo, no todas las migraciones son voluntarias ni satisfactorias, parten de diversas motivaciones y tienen distintos efectos en quienes la realizan, pero es un hecho que los derechos de esta población son los más vulnerables por el simple hecho de no tener una metodología específica para su protección.

Un migrante en condición irregular es un ser humano y debe ser tratado como tal. Poseen los mismos derechos que cualquier otra persona o habitante en determinado país. No obstante, un Estado puede elaborar leyes que hagan diferencias entre los nacionales de ese país y los no-nacionales en determinadas situaciones. Estas leyes, sin embargo, no pueden basarse en criterios discriminatorios que violenten los Derechos Humanos.

La ONU sugiere: “El término ‘migrante’ debe entenderse como algo que incluye todos los casos donde la decisión de emigrar se toma libremente por el individuo implicado, por razones de ‘conveniencia personal’ y sin intervención de un factor externo forzoso”. Sin embargo, el hecho de que no se incluya el término de persona deshumaniza.

“Reconocer que el migrante hoy es una persona, un ser humano, que se mueve y que nunca, o casi, para. Se mueve de un país a otro, de un territorio a otro y nunca llega. El migrante hoy es una persona sin nacionalidad de la cual, si bien podemos ubicar un origen, difícilmente podemos ubicar un destino. O más bien dicho, sólo podemos ubicar como su destino moverse, viajar, explorar, conocer y muy raras veces ser entendido. El migrante hoy encuentra complicado reconocer una nacionalidad propia, porque si bien es cierto que tiene la tendencia a reconocer la nacionalidad de origen, es cierto también que adquiere, lo desee o no, mucho de la nacionalidad que lo hospeda, aunque sea temporalmente. Formas de ser y de pensar, formas de relacionarse y visiones distintas son las características hoy de los ciudadanos migrantes.”

Si bien es cierto que se ha avanzado en materia legislativa y de política pública a favor de las personas migrantes, también lo es que no se han logrado crear las condiciones legales necesarias, ni las políticas y mecanismos suficientes para el respeto y el ejercicio de los derechos de este sector de la población.

Argumentación

Las personas físicas o naturales están contempladas desde un concepto de naturaleza jurídica que fue elaborado por juristas romanos. En la actualidad, las personas físicas cuentan, por el solo hecho de existir, con diversos atributos reconocidos por el derecho.

Las personas jurídicas o morales son aquellos entes que, para llevar a cabo ciertos propósitos de alcance colectivo, están respaldados por normas jurídicas que les reconocen capacidad para ser titulares de derechos y contraer obligaciones.

El ser humano puede ser considerado individuo y también persona, sin embargo una persona es siempre un individuo, mientras que un individuo no siempre es persona. La diferencia está en que el individuo se define por el lugar que ocupa en el espacio- tiempo, es un fragmento de su especie y la persona es la sustancia individual de naturaleza racional, es un individuo que puede pensar y darse cuenta de que existe.

La posición de santo Tomás sobre la persona que reconoce como “lo más noble y digno que existe en la naturaleza”.

Ser persona, desde el punto de vista filosófico, consiste, a diferencia de las demás realidades del cosmos, en tener el propio acto de ser en propiedad. Por eso se ha podido describir a la persona como “alguien delante de Dios y para siempre” En segundo lugar, además de la intimidad, o de la autopropiedad de su acto de ser, la persona tiene otra característica constitutiva incuestionable: la apertura o la relación, como se quiera llamar. No es que la persona se constituya en la relación con el tú, como afirman algunos personalistas, reduciendo la persona a relación. La persona está constituida por un núcleo interior del cual nacen sus acciones, del cual ella es propietaria, y nadie más tiene derecho de propiedad sobre ella. La persona es dueña de sí, tiene derecho a la autodeterminación, y nadie puede poseerla a menos que se entregue. Ahí radica su dignidad. Una característica de ese ser personal es que es inteligente y que es libre. Llamado a conocer la verdad y a que la verdad sea la guía de la libertad.

De acuerdo a la teoría de Kelsen la persona está constituida por una norma de capacidad, (imputación central), la cual la faculta para llenar el ámbito de validez personal de una norma de imputación periférica, así una persona, sólo es el núcleo al cual se le imputa un actuar.

Por lo anteriormente fundamentados y motivado el que suscribe pone a consideración de este pleno la siguiente iniciativa.

Fundamento legal

La iniciativa en comento se presenta con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los estados Unidos Mexicanos, y 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

Por tanto y en atención a lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Honorable Cámara la presente iniciativa con proyecto de:

Decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley de Migración

Para quedar como sigue:

Artículo 2. La política migratoria del Estado Mexicano es el conjunto de decisiones estratégicas para alcanzar objetivos determinados que con fundamento en los principios generales y demás preceptos contenidos en la presente Ley, se plasman en el Reglamento, normas secundarias, diversos programas y acciones concretas para atender el fenómeno migratorio de México de manera integral, como país de origen, tránsito, destino y retorno de personas migrantes.

Son principios en los que debe sustentarse la política migratoria del Estado mexicano los siguientes:

Respeto irrestricto de los derechos humanos de las personas migrantes, nacionales y extranjeros, sea cual fuere su origen, nacionalidad, género, etnia, edad y situación migratoria, con especial atención a grupos vulnerables como menores de edad, mujeres, indígenas, adolescentes y personas de la tercera edad, así como a víctimas del delito. En ningún caso una situación migratoria irregular preconfigurará por sí misma la comisión de un delito ni se prejuzgará la comisión de ilícitos por parte de una persona migrante por el hecho de encontrarse en condición no documentada.

...

...

...

...

Facilitación de la movilidad internacional de personas, salvaguardando el orden y la seguridad. Este principio reconoce el aporte de las personas migrantes a las sociedades de origen y destino. Al mismo tiempo, pugna por fortalecer la contribución de la autoridad migratoria a la seguridad pública y fronteriza, a la seguridad regional y al combate contra el crimen organizado, especialmente en el combate al tráfico o secuestro de migrantes, y a la trata de personas en todas sus modalidades.

...

....

Reconocimiento a los derechos adquiridos de las personas emigrantes, en tanto que los extranjeros con arraigo o vínculos familiares, laborales o de negocios en México han generado una serie de derechos y compromisos a partir de su convivencia cotidiana en el país, aun cuando puedan haber incurrido en una situación migratoria irregular por aspectos administrativos y siempre que el extranjero haya cumplido con las leyes aplicables.

...

...

Facilitar el retorno al territorio nacional y la reinserción social de las personas emigrantes mexicanos y sus familias, a través de programas interinstitucionales y de reforzar los vínculos entre las comunidades de origen y destino de la emigración mexicana, en provecho del bienestar familiar y del desarrollo regional y nacional.

...

Artículo 3. Para efectos de la presente Ley se entenderá por:

I. ... XVI...

XVII. La persona migrante: al individuo que sale, transita o llega al territorio de un Estado distinto al de su residencia por cualquier tipo de motivación.

XVIII. Niña, niño o adolescente migrante no acompañado: a toda persona migrantenacional o extranjero niño, niña o adolescente menor de 18 años de edad, que se encuentre en territorio nacional y que no esté acompañado de un familiar consanguíneo o persona que tenga su representación legal;

XIX. ... XXI...

XXII. ... XXXI...

Artículo 8. Las personas migrantes podrán acceder a los servicios educativos provistos por los sectores público y privado, independientemente de su situación migratoria y conforme a las disposiciones legales y reglamentarias aplicables.

Las personas migrantes tendrán derecho a recibir cualquier tipo de atención médica, provista por los sectores público y privado, independientemente de su situación migratoria, conforme a las disposiciones legales y reglamentarias aplicables

Las personas migrantes independientemente de su situación migratoria, tendrán derecho a recibir de manera gratuita y sin restricción alguna, cualquier tipo de atención médica urgente que resulte necesaria para preservar su vida.

...

Artículo 9. Los jueces u oficiales del Registro Civil no podrán negar a las personas migrantes, independientemente de su situación migratoria, la autorización de los actos del estado civil ni la expedición de las actas relativas a nacimiento, reconocimiento de hijos, matrimonio, divorcio y muerte.

Artículo 10. El Estado mexicano garantizará a las personas migrantes que pretendan ingresar de forma regular al país o que residan en territorio nacional con situación migratoria regular, así como a aquéllos que pretendan regularizar su situación migratoria en el país, el derecho a la preservación de la unidad familiar.

Artículo 11. En cualquier caso, independientemente de su situación migratoria , las personas migrantes tendrán derecho a la procuración e impartición de justicia, respetando en todo momento el derecho al debido proceso, así como a presentar quejas en materia de derechos humanos, de conformidad con las disposiciones contenidas en la Constitución y demás leyes aplicables.

...

Artículo 12. Las personas migrantes, independientemente de su situación migratoria, tendrán derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución y en los tratados y convenios internacionales de los cuales sea parte el Estado mexicano.

Artículo 13. Las personas migrantes y sus familiares que se encuentren en el territorio de los Estados Unidos Mexicanos tendrán derecho a que se les proporcione información acerca de:

I, ... III...

...

Artículo 14. Cuando la persona migrante, independientemente de su situación migratoria, no hable o no entienda el idioma español, se le nombrará de oficio un traductor o intérprete que tenga conocimiento de su lengua, para facilitar la comunicación.

Cuando la persona migrante sea sordo y sepa leer y escribir, se le interrogará por escrito o por medio de un intérprete. En caso contrario, se designará como intérprete a una persona que pueda entenderlo.

En caso de dictarse sentencia condenatoria a una persona migrante, independientemente de su condición migratoria, las autoridades judiciales estarán obligadas a informarle de los tratados y convenios internacionales suscritos por el Estado mexicano en materia de traslado de reos, así como de cualquier otro que pudiera beneficiarlo.

Artículo 15. El Estado mexicano promoverá el acceso y la integración de las personas migrantes que obtengan la condición de estancia de residentes temporales y residentes permanentes, a los distintos ámbitos de la vida económica y social del país, garantizando el respeto a su identidad y a su diversidad étnica y cultural.

Artículo 16. Las personas migrantes deberán cumplir con las siguientes obligaciones:

I. ... IV. ...

Artículo 20. El Instituto tendrá las siguientes atribuciones en materia migratoria:

I. ... VII. ...

VIII. Coordinar la operación de los grupos de atención a las personas migrantes que se encuentren en territorio nacional;

IX. ... X. ...

Artículo 28. Corresponde a la Procuraduría General de la República:

I...

II. Proporcionar a las personas migrantes orientación y asesoría para su eficaz atención y protección, de conformidad con la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, su Reglamento y demás ordenamientos aplicables;

III. Proporcionar a las instancias encargadas de realizar estadísticas las referencias necesarias sobre el número de averiguaciones previas y procesos penales respecto de los delitos de los que son víctimas las personas migrantes;

IV. Celebrar convenios de cooperación y coordinación para lograr una eficaz investigación y persecución de los delitos de los que son víctimas u ofendidos las personas migrantes;

V,... VI...

Artículo 30. Corresponde al Instituto Nacional de las Mujeres:

I. ... II. ...

III. Proporcionar a las autoridades migratorias capacitación en materia de igualdad de género, con énfasis en el respeto y protección de los derechos humanos de las mujeres migrantes, y

IV. ...

Artículo 40. Los extranjeros que pretendan ingresar al país deben presentar alguno de los siguientes tipos de visa, válidamente expedidas y vigentes:

I. ... V. ...

VI. ...

Los criterios para emitir visas serán establecidos en el Reglamento y los lineamientos serán determinados en conjunto por la Secretaría y la Secretaría de Relaciones Exteriores, privilegiando una gestión migratoria congruente que otorgue facilidades en la expedición de visas a fin de favorecer los flujos migratorios ordenados y regulares privilegiando la dignidad de las personas migrantes.

...

Título QuintoDe la Protección a las Personas Migrantes que Transitan por el Territorio Nacional

Artículo 66. La situación migratoria de una persona migrante no impedirá el ejercicio de sus derechos y libertades reconocidos en la Constitución, en los tratados y convenios internacionales de los cuales sea parte el Estado mexicano, así como en la presente Ley.

El Estado mexicano garantizará el derecho a la seguridad personal de las personas migrantes, con independencia de su situación migratoria.

Artículo 67. Todos las personas migrantes en situación migratoria irregular tienen derecho a ser tratados sin discriminación alguna y con el debido respeto a sus derechos humanos.

Artículo 68. La presentación de las personas migrantes en situación migratoria irregular sólo puede realizarse por el Instituto en los casos previstos en esta Ley; deberá constar en actas y no podrá exceder del término de 36 horas contadas a partir de su puesta a disposición.

...

Artículo 69. Las personas migrantes que se encuentren en situación migratoria irregular en el país tendrán derecho a que las autoridades migratorias, al momento de su presentación, les proporcionen información acerca de:

I. ... VI. ...

Artículo 70. Toda persona migrante tiene derecho a ser asistido o representado legalmente por la persona que designe durante el procedimiento administrativo migratorio. El Instituto podrá celebrar los convenios de colaboración que se requieran y establecerá facilidades para que las organizaciones de la sociedad civil ofrezcan servicios de asesoría y representación legal a las personas migrantes en situación migratoria irregular a quienes se les haya iniciado un procedimiento administrativo migratorio.

Durante el procedimiento administrativo migratorio las personas migrantes tendrán derecho al debido proceso que consiste en que el procedimiento sea sustanciado por autoridad competente; el derecho a ofrecer pruebas y alegar lo que a su derecho convenga, a tener acceso a las constancias del expediente administrativo migratorio; a contar con un traductor o intérprete para facilitar la comunicación, en caso de que no hable o no entienda el español y a que las resoluciones de la autoridad estén debidamente fundadas y motivadas.

Artículo 71.

...

La Secretaría celebrará convenios de colaboración y concertación con las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, de las entidades federativas o municipios, con las organizaciones de la sociedad civil o con los particulares, con el objeto de que participen en la instalación y funcionamiento de los grupos de protección a las personas migrantes.

Artículo 72. La Secretaría celebrará convenios con las dependencias y entidades del Gobierno Federal, de las entidades federativas y de los municipios para implementar acciones tendientes a coadyuvar con los actos humanitarios, de asistencia o de protección a las personas migrantes que realizan las organizaciones de la sociedad civil legalmente constituidas.

Artículo 75. La Secretaría celebrará convenios de colaboración con dependencias y entidades del Gobierno Federal, de las entidades federativas y de los municipios para el efecto de establecer acciones de coordinación en materia de prevención, persecución, combate y atención a las personas migrantes que son víctimas del delito.

Artículo 76. El Instituto no podrá realizar visitas de verificación migratoria en los lugares donde se encuentre migrantes albergados por organizaciones de la sociedad civil o personas que realicen actos humanitarios, de asistencia o de protección a las personas migrantes.

Artículo 106. Para la presentación de personas migrantes, el Instituto establecerá estaciones migratorias o habilitará estancias provisionales en los lugares de la República que estime convenientes.

No se alojará a un número de personas migrantesque supere la capacidad física de la estación migratoria asignada. En ningún caso se podrán habilitar como estaciones migratorias los centros de encarcelamiento, de reclusión preventiva o de ejecución de sentencias, o cualquier otro inmueble que no cumpla con las características, ni preste los servicios descritos en el artículo siguiente.

Artículo 143. La aplicación de las sanciones a las personas físicas y morales se regirá por las disposiciones contenidas en este capítulo y en forma supletoria por la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. En su sustanciación se respetarán plenamente los derechos humanos de las personas migrantes.

...

...

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 Matteo Dean, Ser migrante.

2 Tomás de Aquino, S. Th., I, q. 29, a. 3: «Persona significat id quod est perfectissimum in tota natura».

3 48 Cardona, Carlos, Metafísica del bien y del mal, Eunsa, Pamplona 1987, p. 90.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el día 14 del mes de febrero de 2017.— Diputado Felipe Reyes Álvarez(rúbrica).»

La presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Túrnese a la Comisión de Asuntos Migratorios, para dictamen.

LEY SOBRE EL ESCUDO, LA BANDERA Y EL HIMNO NACIONALES

La presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Tiene la palabra, por cinco minutos, la diputada Susana Corella Platt, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 18 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales.

La diputada Susana Corella Platt: Muy buenas tardes a todas y todos mis compañeros. Con su venia, señora presidenta diputada. Amigos todos, hoy vengo muy contenta porque voy a hablar sobre Guaymas, Sonora, la cabecera de mi distrito, que representa uno de los 39 municipios del estado de Sonora. Los saludo a todos con mucho afecto.

La historia de México se nutre de grandes acontecimientos forjados por hombres y mujeres que con esfuerzo y su vida han construido lo que hoy llamamos patria. El decoro de nuestra nación sólo se entiende por el heroísmo de los mexicanos que a través de los siglos han respondido al urgente reclamo de defender nuestro territorio, nuestros cielos y nuestra libertad.

Entre los ríos Bravo al Usumacinta y de las costas del Atlántico al Pacífico, sabemos de los ciudadanos y pueblos que con sus acciones han dado lustre a las páginas más gloriosas de la historia nacional.

Hoy quiero referirme, con mucho gusto, a uno de ellos, la Batalla del 13 de julio de 1854, en Guaymas, Sonora, donde un pueblo entero se unió a nuestras fuerzas armadas en defensa del territorio mexicano. El fortalecimiento de México, como hoy lo concebimos con toda su grandeza, sin duda ha de valorar el referido hecho de armas que derivó en una gran victoria que enarboló el estandarte de nuestra dignidad como mexicanos.

Bajo estos argumentos, la presente iniciativa tiene como objeto adicionar al inciso a), del artículo 18 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, la fecha 13 de julio de 1854, como el Día de la Defensa del Heroico Puerto de Guaymas, Sonora.

La Batalla del 13 de julio tiene una gran relevancia histórica, al significar el mayor triunfo contra el filibusterismo en México, al tiempo que demostró que la unidad patriótica entre ciudadanos y Ejército nacional derivan en una fuerza invencible ante las agresiones extranjeras. Hablamos de un ejemplar heroísmo de mujeres y hombres, que con entereza se enfrentaron a hordas extranjeras, en su mayoría francesas, que pretendían arrancar a Sonora de la soberanía y territorios mexicanos, en el contexto de los tempestuosos acontecimientos del siglo XIX.

Hombres y mujeres cuyos nombres y presencia aún retumban en el más profundo orgullo de guaimenses y sonorenses, que al invocarlos fortalecen su pertenencia de mexicanos comprometidos con la patria.

Sonora es reconocida por la riqueza de sus recursos naturales, por la vastedad de sus tierras preñadas de minerales, de sus extensos como fértiles valles y de la dimensión de sus costas con gran potencial pesquero.

Su línea fronteriza, debemos tenerlo presente, era desde entonces un dique de contención luego de la pérdida de más de la mitad del territorio nacional, precisamente, siete años antes de la batalla de 1854.

Todo ello, aunado a los conflictos internos que sacudían a la nación, propició la ambición de extranjeros de conquistar a Sonora, tomando su principal puerto como cabeza de playa para sus aviesas intenciones.

Comandados por el conde Gaston Raousset Boulbon, más de 400 mercenarios y filibusteros, en su mayoría franceses y de otros países, partieron a San Francisco, California, para apoderarse de Guaymas a sangre y fuego; dicha agresión se estrelló con la férrea resistencia de nuestras fuerzas armadas y de ciudadanos guaimenses, llamados urbanos, como Wenceslao Iberri, Cayetano Navarro y Crisanto Liera, entre otros muchos, que a costa de sus vidas defendieron la plaza bajo el mando del ilustre general José María Yáñez.

Como buenas mexicanas, las mujeres, siempre presentes, sonorenses, tienen un profundo sentido de patriotismo y en Guaymas lo demostraron, como la señora Loreto Encinas de Avilés y otras ciudadanas comprometidas con sus familias y su comunidad.

Igual de importante es destacar en la Batalla del 13 de julio la participación de guerreros de las tribus yaquis, encabezados por el legendario comandante José María Leyva, mejor conocido como el indio Cajeme.

El citado hecho de armas que se prolongó durante varias horas con el estruendo de cañones, miles de disparos de fusiles y la sangre de los guaimenses, que ofrendaron su vida por la patria, debe de ser honrado en la gloriosa memoria de la historia nacional.

Compañeras, compañeros diputados, consignar la Batalla del 13 de julio en las conmemoraciones oficiales es agregar riqueza a la historia de México y al reconocimiento de aquellos mexicanos y mexicanas que con su heroísmo victorioso dan fortaleza y orgullo a nuestro presente como nación. Porque en Guaymas también se hizo patria, es cuanto, presidenta. Muchísimas gracias a todos.

La presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Gracias, diputada Corella Platt. Túrnese a la Comisión de Gobernación para dictamen.

LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA Y LEY GENERAL DE SALUD

La presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Tiene la palabra, por cinco minutos, la diputada Teresa de Jesús Lizárraga Figueroa, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 58 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y adiciona un artículo 19 Bis a la Ley General de Salud.

La diputada Teresa de Jesús Lizárraga Figueroa:Con su permiso, señora presidenta. Estimados compañeros. La división de poderes existe para hacer contrapeso entre los mismos, para que ninguno de ellos abuse de su poder y para que en caso de ser necesario un poder corrija el rumbo equivocado al otro.

Particularmente, en esta iniciativa que hoy presento ante ustedes se hace urgente que hagamos uso de esta atribución que tenemos para legislar. Y al legislar corregir una práctica que se ha vuelto nociva para los mexicanos. Esa es nuestra responsabilidad, pero además, si no lo hacemos, se volverá cuestión de vida o muerte para muchos mexicanos, para la salud de nuestro país.

Por eso hemos llevado el llamado a esta iniciativa: Curar a México. La iniciativa Curar a México surge de la conjunción del trabajo ciudadano y organizado de red y acceso, organización que promueve el derecho a los presidentes para el acceso al mejor tratamiento en tiempo y forma. Y de nosotros, los diputados de Acción Nacional y de diversos grupos parlamentarios, que en los últimos dos años hemos luchado para que el Presupuesto de Egresos en lo referente a la función salud no sufra las reducciones que el propio gobierno federal ha propuesto en su proyecto de Presupuesto de Egresos. Lucha que lamentablemente hemos perdido.

¿Qué está haciendo el gobierno de la República cada vez que propone bajar el presupuesto para salud o cada vez que haciendo uso de su facultad discrecional determina una reducción adicional al presupuesto aprobado?

En primer lugar está atentando contra un derecho humano, el cual el Estado mexicano debe garantizar que no se limite o contraiga. Inclusive, la Declaración Universal de Derechos Humanos, de la cual el Estado mexicano es firmante, establece que los derechos humanos deben reforzarse por medidas progresivas y los recortes presupuestales en materia de salud pública no sólo significan el desdén del Estado para atender a su población, sino que además evidencian una política de violación sistemática de derechos humanos.

Algo sumamente lamentable es que los recortes han tenido como principal afectado al Seguro Popular, que es el programa que atiende a la población con mayor vulnerabilidad social y económica. Y esta decisión es contradictoria con el propio Plan Nacional de Desarrollo, que en el eje de México Incluyente tiene como uno de sus principales objetivos el de brindar apoyo a la población con mayor vulnerabilidad.

Compañeros, es de su conocimiento que el presupuesto aprobado para 2017 es ligeramente menor en términos nominales al que se aprobó en 2013, por lo cual en términos reales es catastrófico. Así es, señores, a pesar de devaluaciones e inflaciones, el gobierno de la República ha decidido que nuestro país puede sostener su débil sistema de salud con menos recursos que hace cuatro años.

A pesar de que somos el país que ocupa el último lugar de la OCDE en cuanto a gasto en salud como porcentaje del PIB. A pesar de que la brecha de la esperanza de vida entre México y otros países de la OCDE se ha ampliado de cuatro a seis años. A pesar de la transición epidemiológica que vivimos y que hoy por hoy nos tiene en una emergencia epidemiológica por una enfermedad no transmisible. A pesar de tener primeros lugares en muchas enfermedades. Y muy importante, a pesar de que se ha demostrado que la inversión en salud significa una inversión para la prosperidad económica a través de múltiples vías: educación, productividad e inversión.

No podemos permitirnos la ignorancia de tratar a la salud como cualquier otro segmento del Presupuesto de Egresos. Es asesino argumentar que faltan suficientes ingresos o que la estabilidad financiera justifica que se ajuste el presupuesto de salud al igual que otros recortes. Es por eso que se hace prioritario blindar el presupuesto de salud.

Fundar lo dice claramente: tenemos un enorme déficit en atender los eventos de salud que afectan a la población, para lo cual se requieren insumos, medicamentos, instrumental médico, servicios quirúrgicos y recursos humanos sensibilizados y capacitados; infraestructura en salud que fortalezca las redes de atención. Todo ello sin que signifique un desembolso de dinero de la población.

Así, la propuesta para Curar a México tiene dos objetivos fundamentales. Uno, que el presupuesto para salud que se apruebe por esta Cámara no pueda ser menor en términos reales al año fiscal anterior y que se incremente cuando menos en la misma proporción del PIB; y dos, que se prohíba que pueda reducirse discrecionalmente por el Ejecutivo, una vez ya aprobado. Está en nuestras manos poner una parte muy importante de lo necesario para Curar a México. Muchas gracias.

La presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Gracias, diputada Lizárraga Figueroa. Túrnese a las Comisiones Unidas de Presupuesto y Cuenta Pública y de Salud, para dictamen.

El diputado Elías Octavio Íñiguez Mejía (desde la curul): Presidenta.

La presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Nos ha solicitado el uso de la palabra, desde su curul, el diputado Elías Octavio Íñiguez. ¿Con qué objeto, diputado?

El diputado Elías Octavio Íñiguez Mejía (desde la curul): Muchas gracias, diputada. Para adherirme y preguntarle a la autora de la iniciativa, si ve a bien que me adhiera, y felicitarla, a la diputada Tere Lizárraga, porque esperemos que en el 2018 votemos realmente un presupuesto acorde a las necesidades de los mexicanos, pero más importante, que curemos a México y que no sigamos afectando los bolsillos de los mexicanos. Es cuanto.

La presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Diputada Lizárraga, ha solicitado el diputado Íñiguez, la adhesión. ¿La acepta?

La diputada Teresa de Jesús Lizárraga Figueroa (desde la curul): Sí, adelante.

La presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: La adhesión ha sido aceptada, por tanto está a disposición de la Secretaría de esta Mesa para la suscripción correspondiente.

El diputado Vitalico Cándido Coheto Martínez (desde la curul): Presidenta.

La presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Nos ha solicitado el uso de la palabra, el diputado Cándido Coheto. ¿Con qué objeto, diputado?

El diputado Vitalico Cándido Coheto Martínez (desde la curul): Para felicitar a todos los indígenas de México y reiterarles nuestro compromiso de seguir trabajando y luchando por el respeto a sus derechos. En 1940, siendo presidente de México el general Lázaro Cárdenas, convocó al Primer Congreso Interamericano del cual se derivó la creación del Instituto Interamericano Indigenista y se acordó que el 19 de abril se celebre el Día Interamericano del Indio. Por ese motivo, vaya pues para todas mis hermanas y hermanos indígenas, mi felicitación en este gran día. Gracias, señora presidenta.

La presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Quedan registradas sus expresiones en el Diario de los Debates.

LEY GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

La presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Tiene la palabra, por cinco minutos, la diputada Lucía Virginia Meza Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática para presentar dos iniciativas, en una sola intervención, una relacionada con proyecto de decreto que reforma el artículo 51 de la Ley General de Desarrollo Social; y una segunda, con proyecto de decreto que reforma el artículo 28 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

La diputada Lucía Virginia Meza Guzmán:Con su permiso, diputada presidenta. Distinguidos compañeros legisladores. Vengo a presentar iniciativa por la que se reforma el artículo 51 de la Ley General de Desarrollo Social y de la iniciativa que reforma el artículo 28 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

Para el derecho, la ley es una norma jurídica emanada del Poder Legislativo con la finalidad de regular la conducta de los gobernados en todos los casos y circunstancias que reúnan las condiciones previstas para su aplicación.

Parte fundamental de la labor legislativa constituye la actualización de normas jurídicas, acción fundamental para que en el marco legal se encuentre vigente y surta plena aplicación aunque posiblemente para las críticas negativas la armonización representa un asunto irrelevante.

Sin embargo, la precisión de la norma resulta imperiosamente necesaria para la correcta aplicación del ordenamiento legal que ese trate, recordando que la imperfección de la ley pudiese constituir que en esta no se pudiese aplicar, que las entidades involucradas no se sujeten a ella o que simplemente su cumplimiento se vea menoscabado por la misma imprecisión.

La primera iniciativa que someto a consideración de ustedes precisamente es la que reforma el artículo 51 y la cual obedece únicamente a homologar la denominación de la antes Secretaría de la Reforma Agraria por la ahora Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, en virtud del decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal publicada en el Diario Oficial de la Federación de fecha 2 de enero de 2013.

Es por ello que considero importante armonizar nuestra Ley General de Desarrollo Social con la denominación antes referida, en razón de que las leyes deben de ser precisas evitando equívocas imprecisiones de su contenido integral generando certeza jurídica a los gobernados.

La segunda iniciativa es la que reforma el artículo 28 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, ello en virtud de que el 17 de enero de 2006 se publicó en el Diario Oficial de la Federación una reforma al dispositivo 74 de la Ley Federal del Trabajo, resultado de iniciativas presentadas por prácticamente todas las fuerzas políticas con representación en el Congreso de la Unión, mediante la cual se establece un procedimiento que conjuga los anteriores elementos.

Se señalan como días de descanso obligatorios nueve fechas, de las cuales en tres de ellas se permite su asignación al lunes próximo, anterior o posterior de la fecha que se trate. Es decir, se crean los fines de semana largos.

Sin embargo, en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo no se ha llevado a cabo esta armonización con el precepto federal, por lo que sigue contemplando los días de descanso o inhábiles los contemplados antes de la citada reforma, situación que genera confusión en los funcionarios y exfuncionarios públicos a los que va dirigido dicho ordenamiento, así como a las autoridades encargadas de su aplicación, en virtud de que algunos días festivos contarían doble al estar contemplados en dicha ley, materia de la presente iniciativa y en la Ley Federal del Trabajo.

Por tales motivos y con la finalidad de actualizar el marco jurídico en el país y realizar un adecuado trabajo legislativo, presento a consideración de esta asamblea las iniciativas que armonizan las citadas leyes, y así dar congruencia a nuestros actos legislativos. Es cuanto, diputada presidenta.

La presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Gracias, diputada Meza Guzmán. Se turna a la Comisión de Desarrollo Social, para dictamen.

LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

La diputada Lucía Virginia Meza Guzmán:

La presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Túrnese a la Comisión de Justicia, para dictamen.

LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO Y LEY DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES

La presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Tiene la palabra, por cinco minutos, el diputado José Refugio Sandoval Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 169 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, y 42 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores, suscrita por el diputado ponente y los integrantes de su grupo parlamentario.

El diputado José Refugio Sandoval Rodríguez:Muy buenas tardes, compañeras y compañeros diputados. Todos hemos escuchado alguna vez que la mejor herencia que podemos dejar a nuestros hijos o a las próximas generaciones, es una buena educación. Si bien esto es cierto, también es un hecho que brindar esta educación superior a los jóvenes es una labor que implica retos cada vez más complejos.

De acuerdo con el Instituto Mexicano para la Competitividad, el IMCO, una de las diferencias más importantes de contar con una educación superior, es el sueldo que percibe este profesionista graduado en comparación con una persona sin tal grado educativo.

El salario promedio en México de una persona con bachillerato es de aproximadamente seis mil pesos; mientras que un profesionista titulado alcanza un poco más de 10 mil 500 pesos en promedio de salario mensual. Es decir, entre ambos existe aproximadamente una diferencia de hasta un 77 por ciento de salario más, por tener un título profesional.

Además de esto, el costo en la educación superior va desde los 30 mil pesos en una escuela de educación superior pública al año, y en una de educación privada es de más de 600 mil pesos anuales; esto es una cuantiosa diferencia. Es por eso que resultan tan bajos los porcentajes de población de mexicanos y de mexicanas que no cuentan con educación superior.

Para reducir tal brecha entre la población, la presente iniciativa busca contribuir a la satisfacción de las necesidades de los trabajadores mexicanos, quienes expresaron que sus prioridades son las relacionadas primero, al patrimonio; segundo, a la educación de sus hijos y, tercero a un retiro digno. Esto, en base a la encuesta realizada por el Infonavit para la elaboración de su plan financiero 2016-2022.

Como bien sabemos, el Infonavit históricamente ha tenido como primer mandato institucional el de proveer financiamiento para la adquisición de vivienda, y recientemente lo ha fortalecido mediante la oferta de soluciones integrales.

Asimismo, en respuesta a los cambios en la demanda de vivienda a partir del año 2013, se ha puesto mayor énfasis en el fortalecimiento del segundo mandato que tiene esta institución, que es vinculado con la administración de los recursos de los trabajadores.

De esta forma, ante una demanda estimada de vivienda sin crecimiento para los próximos cinco años, aunado al incremento de los saldos y de los rendimientos del portafolio de inversiones, el Instituto ha centrado sus esfuerzos en impulsar una transformación institucional que beneficia a los trabajadores al momento de su retiro.

En este sentido, cabe recordar que recientemente se incorporó a la Ley del Infonavit la posibilidad de que los trabajadores que no hagan uso de saldo de su subcuenta de vivienda, puedan recuperarlo y trasladarlo a su subcuenta de ahorro para el retiro, con lo que se espera contribuir a un incremento de las tasas de reemplazo de hasta un 35 por ciento por ciento con respecto al modelo que tenemos actualmente.

El caso anterior es una muestra de cómo los recursos que administra el principal instituto de vivienda de nuestro país pueden ser ocupados en beneficio de las mexicanas y de los mexicanos en distintos fines.

Sin embargo, hay otro tipo de necesidad que aún no ha sido atendido por este instituto, y es la necesidad de garantizar la educación de nuestros hijos, misma que según la encuesta del año 2015 que hizo el Infonavit, es la segunda prioridad que tienen todas las mexicanas y todos los mexicanos.

Esta necesidad es justamente la que pretendemos atender con esta iniciativa que hoy presento, contribuir a la flexibilización del mandato de los dos principales institutos de vivienda en México y brindar la posibilidad a los trabajadores de elegir entre distintas opciones para hacer uso de sus ahorros.

Proponemos modificar las leyes del Infonavit y del ISSSTE, con el objeto de que los derechohabientes que así lo deseen puedan elegir entre ocupar los recursos de su subcuenta de vivienda para el financiamiento de su vivienda o, bien, y éste es el cambio que estamos proponiendo, usar esos recursos para el financiamiento de la educación de sus hijas y de sus hijos.

Estamos convencidos de que la presente iniciativa refrenda nuestro compromiso con la educación de las y de los mexicanos, y que además va a contribuir a brindar más opciones para que los jóvenes cuenten con una educación superior que les brinde todas las herramientas para un buen desarrollo de su vida y por supuesto de nuestro México. Es cuanto.

La presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Gracias, diputado Sandoval Rodríguez. Se turna a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social, y de Vivienda, para dictamen.

LEY SOBRE LA CELEBRACIÓN DE TRATADOS

La presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Tiene la palabra por cinco minutos la diputada Norma Xochitl Hernández Colín, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar tres iniciativas en una sola intervención. La primera con proyecto de decreto que reforma los artículos 1, 2 y 6 de la Ley sobre la Celebración de Tratados. Una segunda, inherente a la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un artículo 45 Bis a la Ley de Economía Social y Solidaria, Reglamentaria del Párrafo Octavo del Artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y una tercera, con proyecto de decreto que adiciona el artículo 6 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Adelante, diputada.

La diputada Norma Xochitl Hernández Colín:Con su venia, diputada presidenta. En esta oportunidad presento tres iniciativas:

La primera con la intención de reformar los artículos 1, 2 y 6 de la Ley sobre la Celebración de Tratados, a efecto de que la Ciudad de México sea reconocida como una entidad federativa capaz de celebrar acuerdos interinstitucionales internacionales. Lo anterior derivado de la aún incompleta reforma política de la Ciudad de México.

La segunda iniciativa, relacionada con la adición del artículo 45 Bis a la Ley de Economía Social y Solidaria, que tiene la intención de establecer nuevas obligaciones a cargo del Estado en materia de fomento a la economía social.

La tercera, y no menos importante, tiene la intención de incorporar la definición de violencia política de género en las definiciones que se estipulan en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

Lo anterior encuentra su fundamento en los constantes actos de misoginia, discriminación, ofensas y arbitrariedades que sufrimos las mujeres en nuestra vida política. Vivimos en una sociedad con enraizados patrones machistas que imposibilitan a las mujeres a ejercer plenamente sus derechos político-electorales.

Para muestra basta recordar que a inicios de mes, Felipe Calderón, con fuertes tintes misóginos y de profunda ignorancia, se burló de la candidata a la gubernatura del Estado de México, por Morena, la maestra Delfina Gómez Álvarez. De igual manera, expresiones de Ricardo Anaya, Enrique Ochoa y Alfredo del Mazo, donde infieren de manera despectiva que la candidata de Morena no habla en nombre propio al presentar sus propuestas, como si ser mujer le impidiera tener presencia y personalidad propia.

Al parecer, el tiempo no ha transcurrido en la clase política de siempre; ideas machistas, retrógradas y sobre todo irracionales no permiten que las mujeres participen en la vida política en igualdad de condiciones. Las relegan, agreden, menosprecian y, sobre todo, denigran no sólo violentando sus derechos, sino dejando muestras claras de imposibilidad de comprender que las mujeres tenemos exactamente los mismos derechos que los hombres.

Estas actitudes de tremenda ignorancia y prejuicios debieron ser erradicadas a través de procesos educativos llevados a cabo en la familia y en la escuela; sin embargo, con el transcurso del tiempo se aprecia que en el ámbito político estas actitudes misóginas están lejos de desaparecer. Baste recordar la agresión del secretario de Desarrollo Social, que propinó también a nuestra diputada de Morena, Araceli Damián.

Es notoria una clara tendencia de ataques directos hacia las mujeres, y particularmente hacia la que militamos en Morena, sin que la autoridad ejercite el aparato estatal debido a que en la Ley para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia se carece de una definición que permita entender las violaciones a derechos humanos que se realizan a través de la violencia política.

Derivado de lo anterior y dadas las pocas muestras de voluntad política para erradicar este arraigado problema, se considera necesario que la ley establezca una definición puntual, donde se estipulen qué acciones y omisiones pueden y deben ser consideradas como violencia política.

Lo anterior, a efecto de que se puedan implementar las medidas que la propia ley establece, a efecto de suspender, erradicar y prevenir la violencia política, que va en detrimento de la actividad que llevan a cabo millones de mujeres a lo largo del país.

Bien es cierto que tanto la Constitución como diversos ordenamientos legales refieren la igualdad jurídica entre hombres y mujeres. Sin embargo, en materia de violencia política contra las mujeres el reconocimiento legal es incierto, se requiere el reconocimiento de un problema que padecen muchas mujeres que se dedican a las actividades políticas; se requiere la protección de sus derechos; se requiere la equidad e igualdad en su participación. Pero, sobre todo, se requiere el respeto a nuestra dignidad.

Vivimos en una sociedad tremendamente asechada por conflictos de diversa índole, requerimos sensibilizarnos y luchar por conseguir una mejor sociedad para todas y para todos; requerimos el establecimiento de figuras jurídicas que garanticen nuestros derechos y, sobre todo, que nos conminen a vernos como iguales, sin importar el campo en el que nos desarrollamos.

Esta iniciativa tiene como fin primordial que ninguna mujer tenga que ver disminuida su dignidad y sus derechos, como consecuencia de la irracional forma de pensar de algunos que hacen política a través del menosprecio de las mujeres.

Por cierto, expreso mi solidaridad y mi apoyo a la compañera académica y jefa delegacional Claudia Sheinbaum. Por todas las mujeres, todos los derechos y todos los días. Es cuanto.

La presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Gracias, diputada Hernández Colín. Se turna a la Comisión de Relaciones Exteriores, para dictamen.

LEY DE LA ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA, REGLAMENTARIA DEL PÁRRAFO OCTAVO DEL ARTÍCULO 25 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN LO REFERENTE AL SECTOR SOCIAL DE LA ECONOMÍA

La diputada Norma Xochitl Hernández Colín:

La presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Se turna a la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social, para dictamen.

LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA

La diputada Norma Xochitl Hernández Colín:

La presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Se turna a la Comisión de Igualdad de Género, para dictamen.

CÓDIGO PENAL FEDERAL

La presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Tiene la palabra, por cinco minutos, el diputado René Cervera García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 420 del Código Penal Federal.

El diputado René Cervera García:Con su venia, señora presidenta. Compañeras y compañeros diputados. Los delfinarios desde ayer y hoy están en boga en esta Cámara. En México son un negocio. Una industria que opera teniendo al cautiverio de delfines, con fines comerciales, como eje rector, situando como oferta de mercado actividades de nado y contacto físico con esas especies.

En la década de los setenta aparecieron los primeros delfinarios aquí, todos, todos y cada uno de ellos, con una naturaleza comercial y de lucro, negocios cobijados bajo la inexistencia de normas jurídicas que les regulasen en ese momento y actualmente favorecidos por la negligencia y complicidad de las autoridades ambientales mexicanas.

Desde entonces, la conservación de mamíferos marinos es vulnerada por la industria de delfinarios, afectando su lugar en la biodiversidad del país. Sin duda, el rezago de la justicia ambiental se refleja en el sistema jurídico vigente, mismo que obstaculiza e impide la efectiva protección de estas especies.

La concepción normativa para la conservación, el objeto científico y el aprovechamiento no resulta articulada ni precisa, ocasionando incertidumbre y ambigüedad al menos en la procuración y administración de la justicia, características éstas que son aprovechadas por el comercio y el mercado para lucrar legalmente, entre comillas, con estas especies supuestamente protegidas por el Estado mexicano.

Tan sólo, al revisar el actual marco jurídico y legislativo mexicano e internacional, desde la NOM 135 de la Semarnat, el Programa de nado con delfines, el Convenio sobre la diversidad biológica, la Ley de Conservación de Vida Silvestre, la Convención sobre el comercio internacional de especies amenazadas de fauna y flora silvestres, los delfinarios son una industria que resulta en una antinomia o contradicción legal auspiciada por la negligencia o complicidad de las autoridades ambientales del país.

Y hoy, además de una reforma que se quiere votar el día de hoy y que pretende al menos que este estado de cosas se mantenga durante las próximas dos o tres décadas. Esa reforma que se plantea discutir más adelante es una reforma ambivalente y falaz, como lo demostraremos en su momento.

Basta señalar sobre este tema que estamos hablando ahora, el artículo 420, que mientras la Semarnat a través de la Dirección General de Vida Silvestre expide permisos y licencias de captura y cautiverio de mamíferos marinos, el Código Penal establece en ese momento, en su artículo 420, se impondrá pena de uno a nueve años de prisión y por el equivalente de 300 a 3000 días de multa a quien ilícitamente:

1. Capture, dañe o prive de la vida a algún ejemplar de tortuga o mamífero marino o recolecte o almacene de cualquier forma sus productos o subproductos.

Sin embargo, para actualizar y clarificar mejor la norma estamos proponiendo a su consideración la siguiente reforma al artículo del Código Penal Federal en su fracción primera, para quedar como sigue:

Artículo 420. Se impondrá pena de uno a nueve años de prisión y por el equivalente de 300 a 3000 días de multa a quien dañe, comercie, prive de la vida o del hábitat silvestre a algún ejemplar de tortuga o mamífero marino, lucre de cualquier forma con el cautiverio de estas especies. Dome, explote o realice cualquier conducta en contra de su naturaleza silvestre. A quien físicamente capture algún ejemplar de estas especies, recolecte o almacene en cualquier forma sus productos o subproductos.

Muchas gracias, es cuanto, señora presidenta.

La presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Gracias, diputado Cervera García. Túrnese a la Comisión de Justicia para dictamen.

DICTÁMENES A DISCUSIÓN DE LEY O DECRETO

EXPIDE LA LEY GENERAL PARA PREVENIR, INVESTIGAR Y SANCIONAR LA TORTURA Y OTROS TRATOS O PENAS CRUELES, INHUMANOS O DEGRADANTES; Y REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL, LA LEY DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS, LA LEY GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, Y LA LEY DE EXTRADICIÓN INTERNACIONAL

La presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen de las Comisiones Unidas de Derechos Humanos, y de Justicia, con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Penal Federal, de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, de la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Publica, de la Ley de Extradición Internacional.

La secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla: Dictamen de las Comisiones Unidas de Derechos Humanos, y de Justicia, con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Penal Federal, de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, de la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Publica, de la Ley de Extradición Internacional.

VOLUMEN III

La presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla:Para efectos de fundamentar el dictamen, tiene el uso de la palabra, por cinco minutos, el diputado Armando Luna Canales.

El diputado Armando Luna Canales: Con su venia, señora presidenta. Compañeras y compañeros diputados. De acuerdo con la Encuesta de Percepción sobre la Práctica de Tortura, elaborada en 2015 por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, 30 por ciento de los encuestados coinciden en que la tortura es aceptable y necesaria para obtener información oportuna que permita proteger a la población en riesgo inminente.

Quiero repetir lo anterior: la tortura es aceptable y necesaria para obtener información oportuna que permita proteger a la población de un riesgo inminente, para el 30 por ciento de los mexicanos.

Otro 31 por ciento de los encuestados señaló que la tortura ni le va ni le viene, no están ni a favor ni en contra. Y el 29 por ciento restante señala no estar de acuerdo, pero dentro de este grupo solamente un cinco por ciento señala estar completamente en desacuerdo con la tortura.

Similar resultado arroja el estudio de Amnistía Internacional, donde el 36 por ciento de los encuestados considera que la tortura en ocasiones es aceptable y necesaria para proteger a la ciudadanía.

Estos datos son alarmantes y por sí mismos justificarían tomar una medida legislativa al respecto. Es por eso que hoy se presenta a su aprobación este dictamen y su adenda por parte de las Comisiones Unidas de Derechos Humanos, y Justicia.

Un significativo porcentaje de la población mexicana justifica la utilización de la tortura, y con ello, de la violencia. Pero este no es el país que queremos, no queremos un país de violencia, queremos un país de paz. Por eso tenemos que aprobar la ley que se propone el día de hoy.

Resulta igualmente alarmante que un porcentaje de la población considere indispensable, para hacer frente a la delincuencia organizada, el violar los derechos de las personas y la utilización de medios violentos para combatir la propia violencia.

Si lo anterior no fuera suficiente, es impostergable también atender los múltiples señalamientos y compromisos que el Estado mexicano tiene frente a la comunidad internacional, distintos organismos internacionales en materia de protección de derechos humanos nos han señalado esta necesidad.

Como es de su conocimiento, durante los últimos años nuestro país ha mantenido una postura de apertura al escrutinio de la comunidad internacional respecto al cumplimiento de las obligaciones en materia de derechos humanos, de ello dan cuenta múltiples visitas, reportes y evaluaciones que han realizado relatores especiales tanto del sistema universal como del sistema interamericano.

Entre estas recomendaciones formuladas por estos sistemas, se encuentra la relativa a una emisión de una nueva legislación en materia de tortura, a fin de homologar la tipificación de este delito y sus sanciones en todo el país. Nos piden en el mundo una nueva ley con arreglo a los más altos estándares internacionales y que contemple controles necesarios y suficientes para prevenir, eliminar y sancionar este delito.

Sobre el particular, se ha pronunciado también la Comisión Nacional de los Derechos Humanos; en su pasado informe, el presidente de este organismo señaló en forma clara la imperiosa necesidad de emitir una nueva ley en la materia.

El dictamen que hoy se pone a consideración y su adenda, son producto de un año de trabajo, e incluye las conclusiones y recomendaciones formuladas por diversos organismos especialistas en la materia. En su construcción participaron la Oficina del Alto Comisionado en Materia de Derechos Humanos de la ONU, a quienes agradecemos muy sinceramente sus aportaciones y el esfuerzo realizado, así como la propia Comisión Nacional de los Derechos Humanos, quienes con su participación y sus recomendaciones hacen de éste un proyecto sólido, pero, sobre todo, refrendan el compromiso que tienen para la eliminación y la prevención de la tortura.

La iniciativa del presidente de la República ha sido enriquecida aportando importantes avances entre los cuales destaco la prohibición absoluta de la validez de las pruebas obtenidas mediante tortura. Nadie, bajo ninguna circunstancia, podrá estar exento de responsabilidad, porque se sanciona a los superiores jerárquicos, a los cómplices y a los colaboradores. Basta decir que la pena es mucho más grave cuando se comete por servidores públicos o por funcionarios del Estado; además, se hace imprescriptible el delito para garantizar la justicia a las víctimas y a sus familiares.

En el nuevo ordenamiento se dispone que las penas previstas para el delito de tortura aumenten hasta una mitad cuando la víctima sea un niño, una niña, un adolescente, una mujer, un migrante, un adulto mayor, una persona indígena, una persona con discapacidad o que haya sido sometido a algún tipo de abuso sexual.

De igual manera, mediante la creación del mecanismo nacional de prevención y la puesta en marcha del programa nacional de trabajo interinstitucional, se pondrán mayores candados y controles a la eventual comisión de este delito.

La fórmula de esta política nacional es muy sencilla. Todos los poderes, todos los órganos de gobierno y organismos de protección de derechos humanos tienen un solo objetivo, que es combatir y erradicar la deleznable práctica de la tortura en nuestro país.

Es indispensable cumplir con nuestra obligación de legislar en la materia y hoy ejercemos responsablemente nuestra función como Cámara revisora. El día de hoy sometemos a su consideración tanto este dictamen que se aprobó en el mes de diciembre por las comisiones unidas, así como la propuesta de adenda suscrita por las juntas directivas de ambas comisiones.

Ésta es, sin lugar a dudas —y no exagero—, una de las leyes más importantes que votaremos en la actual Legislatura, pero ante todo es un compromiso serio y responsable del Poder Legislativo ante la comunidad internacional.

Les pido su voto a favor porque la ley que se pone a su consideración no solo son normas jurídicas, es ante todo un claro mensaje de "Ya no más". No más violencia, no más tortura. Es un mensaje que dibuja el país que queremos en el futuro. Una ruta para dejar atrás lo que ya no queremos.

Les pido su voto a favor porque es un mensaje a la comunidad internacional de que México está en el camino del respeto de los derechos humanos. Les pido su voto a favor porque las autoridades necesitan un mensaje claro de que el México del futuro es un país donde no habrá cabida para la tortura.

Les pido su voto a favor porque las víctimas de este delito exigen justicia y la solidaridad de toda la nación. Les pido su voto a favor porque ese 30 por ciento de mexicanos que estamos en contra tenemos que convencer al 30 por ciento de mexicanos que no están ni en contra ni a favor, para poder hacer un trabajo y convencer y que cambie de mentalidad el 30 por ciento de mexicanos que están a favor de que existan prácticas de tortura.

Les pido su voto a favor porque esta ley que se pone a su consideración es lo que México y los mexicanos necesitamos. Es cuanto, diputada presidenta.

La presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Gracias, diputado Luna Canales. Consulte la Secretaría a la asamblea si se aceptan las modificaciones propuestas a nombre de la comisión.

La secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica, se consulta a la asamblea si se aprueban las modificaciones propuestas. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. Presidenta, mayoría por la afirmativa.

La presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: En consecuencia, está a discusión en lo general el presente dictamen con las modificaciones propuestas por la comisión y aceptadas por la asamblea.

Con fundamento en lo que se señala el artículo 104, numeral 1, fracción IV, del Reglamento de esta Cámara de Diputados, se han registrado para fijar las posturas de los diferentes grupos parlamentarios, las diputadas y diputados, iniciando con la señora diputada Refugio Trinidad Garzón Canchola, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.

La diputada Refugio Trinidad Garzón Canchola: Muchas gracias, diputada presidenta. Honorable asamblea, para el Grupo Parlamentario de Encuentro Social, un régimen democrático descansa sobre los cimientos del respeto a la dignidad de las personas y de los derechos humanos. En ese sentido, de acuerdo con las estadísticas a propósito del Día de los Derechos Humanos, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, los organismos públicos de derechos humanos registraron 3 mil 195 y 3 mil 20 presuntas violaciones por tortura y/o tratos crueles, inhumanos o degradantes durante el año 2013 y 2014, respectivamente.

El derecho a no ser sometido a la tortura, tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes forma parte del Catálogo de Derechos Humanos establecidos en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, así como del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

El derecho que todas las personas tenemos a ser protegidas contra tales tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes se encuentra protegido en diversos instrumentos internacionales a los que el Estado mexicano se ha adherido, como por ejemplo el Protocolo de Estambul; la Declaración Universal de los Derechos Humanos; el Pacto de San José de Costa Rica; la Declaración sobre la Protección de Todas las Personas contra la Tortura, y otros Tratos y/o Penas Crueles, Inhumanas y Degradantes; la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura.

El artículo 29 de nuestra Carta Magna es armónico y congruente en el artículo 1o., al establecer que en México no se puede expedir ningún decreto que suspenda la prohibición de la desaparición forzada, la tortura, la esclavitud y la servidumbre. De este modo, para el Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, toda propuesta dirigida a hacer efectiva la defensa de los derechos humanos es de vital importancia y el dictamen que hoy se presenta a discusión precisamente avanza en ese sentido, toda vez que contribuye a resolver un agravio que como país hemos presenciado y que en los últimos años se ha exacerbado, me refiero a la tortura, los tratos inhumanos y degradantes.

Entre los aciertos más luminosos de la nueva Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes destaca que se defina a la tortura conforme a los demás altos estándares internacionales cuando dispone:

Comete el delito de tortura el servidor público que, con el fin de obtener información o una confesión, con fines de investigación criminal, como medio intimidatorio, como castigo personal, como medio de coacción, como medida preventiva, por razones basadas en discriminación, o con cualquier otro fin, cause dolor o sufrimiento físico o psíquico a una persona; cometa una conducta que sea tendente o capaz de disminuir o anular la personalidad de la víctima o su capacidad física o psicológica, aunque no cause dolor o sufrimiento; realice procedimientos médicos o científicos en una persona sin su consentimiento o sin el consentimiento de quien legalmente pudiera otorgarlo.

Asimismo, ordena que la tortura deba ser investigada y perseguida de oficio, y prevé que se le castigue con una pena de 10 a 20 años de prisión; también prevé que la pena podrá aumentarse hasta la mitad cuando las víctimas sean niñas o niños, adolescentes, adultos mayores, indígenas, migrantes, periodistas, entre otras personas en condición de vulnerabilidad, y no podrá otorgarse indulto, amnistía o inmunidad al torturador; además, el delito será imprescriptible.

Son muchas las luces y virtudes del histórico dictamen; comprometidos con la historia y con México, quienes integramos el Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, saludamos y respaldamos su contenido y votaremos a favor por un México sin tortura, que es posible, hagámoslo nosotros. Es todo, y es cuanto.

La presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Gracias, diputada Garzón Canchola. Para fijar el posicionamiento del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, tiene el uso de la palabra por cinco minutos, la diputada Karina Sánchez Ruiz.

La diputada Karina Sánchez Ruiz:La tortura está prohibida, pero en dos tercios de los países del mundo todavía se está cometiendo en secreto: Peter Benenson. Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados. Uno de los principales y principios fundamentales de Nueva Alianza es promover la igualdad, la libertad y la dignidad de las personas.

Somos un partido firmemente comprometido con impulsar, propiciar, defender y salvaguardar los derechos humanos de todas y todos los ciudadanos. Nuestra convicción es proteger a los más vulnerables y, congruentes con ello, coincidimos con el dictamen a discusión, pues la tortura es un acto que vulnera la integridad y dignidad humana.

Con la creación de esta ley se establecen los tipos penales de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes; sus sanciones, el régimen de distribución, de competencias, así como la coordinación entre las autoridades de los tres órdenes de gobierno para prevenir, investigar, juzgar y sancionar los delitos señalados en esta norma.

De igual manera, prevé también medidas específicas para la atención, ayuda, asistencia, protección integral y reparación que garanticen los derechos de las víctimas. Todo ello bajo los principios de dignidad humana, debida diligencia, enfoque diferencial y especializado, no revictimización, perspectiva de género y transparencia, acceso a la información pública.

Es de reconocer que con esta ley la investigación y persecución del delito de tortura se llevará de oficio; y que tanto la acción como la sanción serán imprescriptibles, con el objeto de evitar que los años desdibujen la comisión del delito y que este siga quedando en la impunidad.

Otro de los aportes de la ley que hoy aprobaremos consiste en incorporar el tipo penal del delito de tortura en grado de tentativa. Asimismo, es importante destacar que la nueva norma establece la obligación para todas las entidades federativas de crear fiscalías especiales con autonomía técnica y operativa; que conozcan, investiguen y persigan el delito de tortura.

De igual manera, consideramos conveniente que se atiendan las recomendaciones internacionales al prever la creación de un Registro Nacional del Delito de Tortura, como una herramienta de investigación e información estadística, que permita conocer los niveles del delito a fin de generar políticas públicas y acciones específicas, como lo señala la adenda.

Sin duda, el espíritu de esta ley es proteger los derechos de las personas que son víctimas de este delito, pero también el de prevenirlos. En este sentido, en Nueva Alianza celebramos que establezcan obligaciones para las autoridades de todos los órdenes de gobierno en materia de capacitación, formación, actualización y profesionalización, así como la elaboración de un programa de prevención del delito de tortura.

Compañeras y compañeros legisladores. Lo que se pretende es crear un ordenamiento jurídico acorde a las disposiciones internacionales, pero sobre todo garante de los derechos humanos de todas y de todos los mexicanos. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, diputada presidenta.

La presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Gracias, diputada Sánchez Ruiz. Para fijar el posicionamiento del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, tiene el uso de la palabra, por cinco minutos, el diputado Víctor Manuel Sánchez Orozco.

El diputado Víctor Manuel Sánchez Orozco:Con su venia, presidenta. La impunidad en este país es una de las tareas más importantes que tenemos como sociedad.

En el común de los ilícitos, la impunidad es vergonzante, se habla incluso de un 99 por ciento, pero en el caso de los delitos de tortura podríamos señalar que ese porcentaje es todavía mayor. Por eso el hecho que hoy estemos aprobando una ley como esta es un avance histórico para el país.

Hoy podemos señalar como algo también muy relevante, que se haya podido acordar con las fracciones parlamentarias, que se hicieran cambios importantes de acuerdo a las observaciones que hizo el relator para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, para México, con respecto a la minuta que hoy estamos discutiendo. Eso quiero reconocerlo porque sin ello hubiéramos jugado a la simulación.

Hay que señalar que reformas a esta ley no había desde 1994. Las formas de comisión de este delito eran muchas y muy variadas por diversos órdenes de gobierno. El hecho que haya habido cambios importantes y que hasta ahora se haya podido concretizar una reforma, habla de la voluntad política que se tiene en este pleno.

Hay que resaltar que en esta ley de hoy en adelante los delitos de tortura y los tipos penales que prevé esta nueva ley serán perseguidos de oficio, pero lo más relevante es que serán imprescriptibles. Esto ayudará que con los cambios de gobierno, que muchas veces se encubren a los autores de algún crimen, permitirá que aun cuando haya esos cambios de gobierno, puedan perseguirse por el tiempo que sea necesario, hasta que se lleve a los responsables ante la justicia.

Existe un nuevo principio que incorpora esta ley, que es la prohibición absoluta de la tortura. Hoy también el nuevo dictamen contempla dos tipos penales: el delito de tortura y el delito de tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes y en las cuales se establecen penas de 10 a 20 años de prisión y para el segundo penas de 3 a 5 años de prisión.

Al igual, algo que también es relevante resaltar es que los superiores jerárquicos también serán considerados como autores del delito, porque en la actualidad existía por supuesto encubrimiento por parte de los mismos superiores jerárquicos y en muchas ocasiones se llevaba a la justicia, cuando así era, en muy pocas ocasiones, solo a los bajos niveles que cometían este tipo de ilícitos.

Es importante también establecer que existirán medidas cautelares para que no interfieran en la investigación quienes sean señalados o quienes estén investigados en algún momento, algún servidor público por el delito de tortura para que no interfiera en la investigación, como hoy ocurre.

La obligación y la competencia para que la federación sea la encargada de investigar, perseguir y sancionar el delito de tortura y, por otro lado, también que se puedan aumentar las sanciones hasta una mitad cuando las víctimas sean niños, adolescentes, una mujer gestante, cuando sea una persona con discapacidad, un adulto mayor, o sea sometida a violencia sexual, sea un migrante, sea un periodista, o la tortura se cometa por causas de género o cuando se pretenda ocultar información al cometer una tortura.

Vemos que son grandes avances todos estos rasgos que han quedado y, sobre todo, los tipos penales que han quedado incluidos en este nuevo dictamen. Ahora lo importante es que no quede como una buena ley, como ocurre en este país. Tenemos muy buenas leyes, pero que nunca se aplican.

Lo que vemos más importante, también, es que se han atendido las recomendaciones de organismos internacionales con respecto a cómo poder legislar en favor de un mejor Estado de derecho, y eso es muy importante. Es importante también señalar que se crea el mecanismo nacional de prevención de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes.

Y, por otro lado, hoy los indicadores de los delitos de tortura no son confiables en todo el país, porque evidentemente quienes cometen estos delitos son los mismos servidores públicos.

Por eso, el que hoy se pueda crear con esta ley un registro nacional de los derechos contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes, ayuda en mucho a que la cifra negra se pueda conocer, y se pueda conocer en realidad cuál es el gran problema que enfrentamos con los problemas y los delitos que se cometen por delitos de tortura y otros tratos crueles.

Creemos que es un avance importante. Ahora la cancha estará para que se discuta en otra parte y esperemos que se asuma con toda responsabilidad. Es cuanto, presidenta. Concluir, nada más que los diputados de Movimiento Ciudadano apoyamos este dictamen y votaremos a favor.

La presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Gracias, diputado Sánchez Orozco. Para fijar el posicionamiento del Grupo Parlamentario de Morena, tiene el uso de la palabra, por cinco minutos, la diputada Ernestina Godoy Ramos.

La diputada Ernestina Godoy Ramos:Gracias, presidenta, con su venia. Diputadas y diputados. El dictamen de las Comisiones Unidas de Derechos Humanos, y de Justicia que se somete a consideración de este pleno, relacionado con el tema de tortura, representa un gran avance en nuestra legislación, parte de reconocer nuestra realidad y atiende las observaciones formuladas por organismos defensores de los derechos humanos.

En México todos torturan, los municipales, los ministeriales, los federales, los marinos, los militares, los criminales, todos usan la tortura y la inmensa mayoría, según la ONU, el 99.6 por ciento, quedan resguardados en la impunidad.

La tortura se encuentra instalada en el país y en sus instituciones. Es método de investigación policial e insumo principal en mucho de los asuntos que son presentados ante los jueces. Es instrumento de represión y contención social, Atenco, con Peña Nieto y Fox, es uno de los muchos casos que ilustran con claridad un modo de actuación de gobernantes, mandos e integrantes de las fuerzas de seguridad. En algunos sectores influyentes en la opinión pública se defiende y se justifica la tortura.

Frente a ello, nuestra legislación nacional está o estaba rezagada e incumple con lo establecido en los instrumentos internacionales relacionados con la materia.

Específicamente, la actual legislación no cumple con los estándares de la Convención contra la Tortura y de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura.

Nuestro Grupo Parlamentario de Morena votará a favor de este dictamen, porque mejora en mucho la legislación actual y mejora también la minuta enviada por el Senado.

Es de reconocer la incorporación de las recomendaciones planteadas por la oficina del relator de Naciones Unidas sobre Tortura y Otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes.

Se busca con esta ley acabar con el ciclo de impunidad que la valida y la fomenta. De acabar con la idea de que la tortura combate la criminalidad y ayuda a la justicia. Se trata de investigar, de dar instrumentos para sancionar una práctica que se extiende por todo el país y en todos los niveles de gobierno.

Buscamos que la tortura y los malos tratos dejen de ser generalizados en México, que se erradique el uso de la violencia sexual como forma de tortura. Tratándose de mujeres detenidas es generalizada. Además, que deje de focalizarse en las personas de bajos recursos o de sectores sociales marginados.

Que se garantice el derecho a la reparación integral de las víctimas de torturas y malos tratos. Y, sobre todo, que estos dejen de ser cometidos por funcionarios federales, estatales, por fuerzas de seguridad y fuerzas armadas.

Por ello, con el presente conjunto de leyes que se someten a discusión se da un gran paso hacia adelante en el cumplimiento de las obligaciones nacionales e internacionales de respetar, promover, proteger y garantizar los derechos humanos, así como en el cumplimiento de los tratados internacionales. Puedo afirmar que es una de las leyes más importantes que se votará en esta legislatura.

Resulta indudable que no sólo en el plano normativo es donde hace falta avanzar, es en la realidad donde se debe manifestar dicho avance.

Es necesario que las normas nacionales e internacionales, estas últimas más garantistas que las primeras, sean normativas por la circunstancia de que exista concordancia entre la legislación que tiene por objeto prevenir y sancionar la tortura, con la realidad. Es decir, que exista una efectiva protección de la integridad de las personas, que se eliminen los hechos, los actos de tortura y los tratos crueles e inhumanos.

La creación de normas e instituciones nacionales, así como la adopción de la normatividad internacional en nada servirá mientras exista impunidad; pues resulta paradójico que las instituciones encargadas de garantizar la seguridad e integridad de las personas, como son las fuerzas policiales y ministeriales de casi todas las jurisdicciones, sean los principales sujetos activos de la tortura.

Morena presentará algunas reservas buscando hacer más preciso este dictamen, mejorarlo y acercarnos aún más a los estándares internacionales en la materia. Felicidades a las comisiones por haber sido sensibles a las observaciones que se hicieron desde la ONU. Muchísimas gracias. Y es cuanto, presidenta.

La presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Gracias, diputada Godoy Ramos. Para fijar el posicionamiento del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, tiene el uso de la palabra la diputada Lia Limón García.

La diputada Lia Limón García:Con su venia, diputada presidenta. Coincido con la diputada Ernestina, este dictamen es un paso muy relevante en materia de derechos humanos y justicia. Implica un avance trascendente que debemos destacar en esta tribuna, no sólo porque se están atendiendo una serie de recomendaciones internacionales hechas al Estado mexicano en distintos momentos, algunas de ellas desde 2009 en el examen periódico universal de Naciones Unidas.

También se atienden sentencias del Estado mexicano y, por supuesto, además, esta iniciativa, esta ley incluye y atiende los estándares internacionales más altos que forman parte de tratados internacionales, de los que México ha firmado y de los que somos parte, como la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, el Protocolo de Estambul y la Convención contra la Tortura y otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Además, la adenda hecha a este dictamen toma en cuenta importantes observaciones hechas tanto por organizaciones de la sociedad civil, como por Naciones Unidas y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a temas específicos que causaban controversias de la minuta que venía del Senado y que fueron aquí atendidos con sensibilidad y me permito reconocer, en ese sentido, hecho por los presidentes de las Comisiones de Derechos Humanos y de Justicia.

Con esta Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanas o Degradantes, a la que ahora me referiré como la ley contra la tortura, derivada de una iniciativa presentada por el Ejecutivo federal ante el Senado de la República, se busca contribuir a la erradicación de un delito y de una violación grave a los derechos humanos que en los últimos 15 años ha generado un número importante de quejas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

Por eso coincido también en decir que, qué bueno que hoy estamos legislando en este tema, pero que también será indispensable verificar la implementación de esta ley a fin de que su implementación sea una realidad y se reduzcan el número de casos de tortura que han existido en nuestro país.

Ese ha sido el compromiso del presidente Peña Nieto durante su mandato, la construcción de un marco jurídico y administrativo sólido que garantice y salvaguarde los derechos humanos y el fortalecimiento institucional con el mismo fin. Y con el voto del Partido Verde Ecologista de México a favor de este dictamen suscribimos y reiteramos nuestro compromiso a favor de los derechos fundamentales.

Me permito destacar, ya lo han hecho aquí mis compañeros, pero muy brevemente algunos de los aspectos más relevantes de esta nueva ley. Primero, decir que el tipo penal se establece de manera clara y se incluye además en la tipificación otras conductas como otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradante y no sólo la tortura per se.

Se establecen agravantes de las conductas para reforzar la tutela a grupos vulnerables, justamente a niños, niñas, adolescentes, mujeres embarazadas, migrantes, defensores de derechos humanos y periodistas, adultos mayores y personas con discapacidad.

También implica un importante avance en la inclusión de los particulares como sujetos activos de este delito. Se incluye el principio de responsabilidad penal del superior jerárquico, y este es un tema muy importante, ya que se establece que no constituyen causas de exclusión de la comisión de este delito de tortura la obediencia a órdenes o instrucciones de un superior jerárquico.

Se establece la imprescriptibilidad de este delito a fin de evitar la impunidad, se crean además fiscalías especializadas en la investigación de este delito tanto en el ámbito local como a nivel federal.

Se crea —este es un tema importantísimo— un registro nacional que cuente con información estadística actualizada. A la fecha —este es un tema lamentable— somos incapaces de tener datos concretos de cuántos casos de tortura hay denunciados, y eso es por la falta de construcción de un registro nacional.

Esta ley establece y prevé que exista un registro nacional al que tanto las procuradurías como las comisiones estatales y Nacional de Derechos Humanos y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y las comisiones de Atención a Víctimas de las entidades federativas aporten datos que permitan construir este registro.

Se establecen las disposiciones necesarias para la realización de los registros adecuados que den certeza del lugar y forma en que se lleva a cabo una detención y que arrojen los datos sobre la cantidad e identidad de los detenidos, su paradero y condiciones de detención, cadena y custodia.

Para garantizar de manera integral, además, la prevención de la tortura, se crea el mecanismo nacional de prevención como un instrumento encargado de la supervisión permanente de los lugares de privación de la libertad; y este mecanismo estará a cargo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos con una participación importante de su Consejo Consultivo, así como de la sociedad civil y otros actores que podrán estar presentes en sesiones donde sesione este mecanismo.

Se establece que las autoridades deben proceder de oficio y de inmediato para realizar investigaciones de casos de tortura y también que serán excluidas o declaradas nulas por carecer de valor probatorio todas las pruebas obtenidas bajo tortura.

Se señala que toda investigación de tortura es competencia de autoridades civiles —este es otro dato muy importante— y se atiende a la importancia de que los dictámenes periciales tienen que observar los más altos estándares internacionales, y en particular las directrices establecidas en el Protocolo de Estambul. También se señala la importancia de que haya peritos calificados, así como la posibilidad de que los dictámenes puedan ser hechos por peritos independientes o por organismos públicos de protección a los derecho humanos, sin que por ello se pierda el valor probatorio de los mismos, y esto a petición de las víctimas; y las víctimas, además, también tendrán derecho a ser examinadas por médicos especializados y/o psicólogos de su elección.

Y, muy importante, cuando la víctima sea niña, niño o adolescente, los dictámenes se harán respetando la legislación en la materia.

Además se incluyó de que en caso de violencia sexual contra las mujeres, la asistencia médica sea proporcionada por un médico especializado en ginecología, de sexo femenino o del sexo que la víctima decida. Y se establece la obligación de quien haga el reconocimiento, de expedir de inmediato el certificado médico.

Estos son los puntos que me parece importante destacar de esta reforma, y por todos estos elementos señalados y porque la relevancia que tiene este esfuerzo que hoy se está concluyendo aquí en esta Cámara, en el Partido Verde Ecologista de México votaremos a favor del dictamen. Es cuanto.

Presidencia del diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar

El presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputada Lia Limón. Tiene el uso de la tribuna, hasta por cinco minutos, la diputada Cristina Ismene Gaytán Hernández, del Grupo Parlamentario del PRD.

La diputada Cristina Ismene Gaytán Hernández:Con su venia, señor presidente. Compañeras y compañeros legisladores. Para el Partido de la Revolución Democrática esta discusión tiene un valor genuino y trascendental. Claramente estamos a favor de este dictamen y de la adenda que se presenta porque expiden una legislación general destinada a prevenir y sancionar la tortura, así como otros tratos crueles o penas degradantes en consonancia con los derechos humanos.

Debe destacarse un factor fundamental: esta norma general es indispensable para defender a las víctimas y respetar el Estado de derecho; pero también para prevenir estos delitos y combatir la impunidad.

Para dimensionar el horror vivido en México y el daño sufrido por las víctimas, les pido sopesemos lo señalado en la Convención contra la Tortura, que en su artículo 1, dice: "Para los efectos de esta Convención se entenderá por el término tortura, a todo acto por el cual se infrinja intencionalmente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales con el fin de obtener de ella o de un tercero, información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido o se sospeche que haya cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación; cuando dichos dolores o sufrimientos sean infligidos por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas a instigación suya o con su conocimiento o aquiescencia".

¿Por qué razón se hizo necesario firmar esa convención y ahora desarrollarla en este marco jurídico nacional? Porque durante décadas en México y en otras partes del mundo ha sido común que servidores públicos o individuos mandados por ellos, causaran dolor y sufrimiento a las personas con la intención retorcida de obtener diversas confesiones e informaciones.

Aunque existen disposiciones estatales, federales e incluso constitucionales, al ser sus conceptos imprecisos e insuficientes, generaban resquicios en los que no se combatía a fondo la tortura. Eso, afortunadamente, ha cambiado.

A partir de julio de 2015, con la reforma constitucional que facultó al Congreso a expedir la normatividad general, y es también en 2016 que esta Cámara recibió la minuta correspondiente por parte del Senado, casi a un año de cumplirse esta fecha, y tras escuchar las voces de los organismos internacionales, finalmente se presenta este tema a esta soberanía.

¿Cuáles son las ventajas y beneficios de la norma que ya han comentado algunos de mis compañeros? En un principio al ser una ley general, se establece coordinación y competencia entre los tres órdenes de gobierno evitándose así omisiones o imprecisiones; se establece también que la investigación y persecución del delito de tortura es de oficio, además de por denuncia o vista de la autoridad judicial, y que su sanción es imprescriptible.

Ahora también es posible la investigación del delito de tortura y que se separe cautelarmente al servidor público investigado para que no obstruya a la justicia. Las personas que hayan cometido ese delito nunca podrán beneficiarse de indulto o amnistía.

Otro tema importante es que la pena de 10 a 20 años para los servidores públicos y de seis a 12 años para los particulares, se puede aumentar hasta la mitad si la víctima es menor de edad, persona con discapacidad, adulto mayor, indígena, periodista, afrodescendiente u otro sujeto con mayor vulnerabilidad.

Siempre la investigación, procesamiento y sanción de lo relativo a la tortura será por jurisdicción civil, de manera que excluye la jurisdicción militar.

Esta es una ley que representa los más altos estándares internacionales en materia de derechos humanos. Es una ley que pretende establecer las acciones, medidas, mecanismos y procedimientos, así como la planeación, programación e instrumentación de políticas públicas para la prevención de los delitos de tortura bajo los principios del respeto a la dignidad humana, debida diligencia, enfoque diferencial y especializado, no revictimización, perspectiva de género y transparencia, además del acceso a la información pública.

Hoy avanzamos de manera decisiva para que en México se combata y se erradique la tortura. Se asumirán plenamente nuestras obligaciones como nación democrática y respetuosa de la legalidad, cumpliendo las obligaciones internacionales suscritas por el Estado mexicano.

Hoy se supera la visión anacrónica de convivencia institucional con la tortura. Si un sistema es permisivo ante la tortura, además de ser indiferente ante el dolor, daña la procuración de justicia.

Cuando los resultados de las torturas se asumen en la sanción penal, su base serán hechos probablemente falsos y que el torturado acepta para no sufrir más, pero que realmente no servirán para conocer la verdad ni para resolver el delito. Les convoco, compañeras y compañeros diputados, a aprobar esta reforma. Saludamos que la adenda, redactada por las Juntas Directivas de las Comisiones Unidas de Justicia, y Derechos Humanos, puso fin a diversas intenciones regresivas que pretendían limitar la acción del Estado en esta materia.

Debemos señalar que la minuta que envió el Senado contaba con el aval de la sociedad civil, de la academia y específicamente de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU. Y el texto con la adenda propuesta es aún mejor, garantizando el derecho de acceso a la justicia para las víctimas de estos delitos.

En el Grupo Parlamentario del PRD expresamos nuestro compromiso con los derechos humanos y con las víctimas a través del voto a favor del presente dictamen. Es cuanto, presidente.

El presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputada Gaytán Hernández. Tiene el uso de la tribuna, hasta por cinco minutos, la diputada Emma Margarita Alemán Olvera, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

La diputada Emma Margarita Alemán Olvera:Gracias, señor presidente. Un gusto saludarlo. Muy buenas tardes. Compañeras y compañeros diputados. Con el dictamen que hoy presentamos las Comisiones Unidas de Derechos Humanos, y de Justicia saldaremos un pendiente fundamental, que no es exagerado calificar de histórico. Con este dictamen, el Poder Legislativo proscribe de manera definitiva y categórica la práctica de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, en nuestra nación.

Durante décadas nuestro país tuvo como la probanza fundamental en materia penal: la confesional, y aquello tuvo efectos devastadores en todo el sistema de justicia. Se crearon los incentivos necesarios para que toda investigación criminalística se hiciera a un lado, ya que bastaba con la tortura como forma de obtener confesiones y sentencias condenatorias.

La tortura se convirtió en mal endémico y en conductas seudoinvestigativa, que carcomió a todo el sistema de justicia, y esto derivó en cantidades inimaginables de encarcelamientos injustos y de un contexto masivo de violaciones a derechos humanos en nuestro país, incluso en los últimos años.

Seguimos atestiguando casos de tortura, tanto a nivel local como federal. Hace apenas un mes aproximadamente, un grupo de diputadas invitadas por la diputada Corichi, visitamos -la diputada Maricela y otras diputadas-, visitamos la cárcel de mujeres que está en el estado de Morelos. Ahí entrevistamos por lo menos de manera personal a tres mujeres, jóvenes de 25, 19 y de 49 años, todas detenidas bajo tortura. Violadas, golpeadas y amenazadas con sus hijos para que pudieran ellas firmar que eran culpables.

Fueron casos verdaderamente tristes. Por eso hoy califico como un gran éxito el que hayamos podido lograr que esta ley hoy pueda tener un fin, porque no podemos seguir permitiendo que la tortura sea un elemento para poder sentenciar, incluso.

Ante dicha persistencia, los tribunales han tenido que ser consecuentes y se han visto obligados a absolver o a anular sentencias condenatorias derivadas de confesiones obtenidas únicamente bajo tortura. Por tal razón, la aprobación de esta ley debe verse como un airado llamado de atención a todos los cuerpos de seguridad, de investigación y Ministerios Públicos, para que se entienda de una vez y para siempre que el trabajo de las autoridades debe ser impecable, profesional y respetuoso al ciento por ciento de los derechos humanos.

Nos tardamos, sí, pero hoy contamos con este producto legislativo que vendrá a fortalecer las instituciones de nuestro país y el entramado de derechos humanos al que aspiramos como nación.

La legislación que hoy aprobamos, conjugada con la reforma constitucional de 2008, que instituye un nuevo sistema de justicia penal, la del 2011 en materia de derechos humanos y el Código Nacional Procesal, nos ponen como sociedad ante la posibilidad de llegar a una nueva etapa en materia de seguridad y justicia.

Decimos como posibilidad, porque sabemos que sin la existencia de una real voluntad y compromiso de los operadores del sistema, las mejores leyes se vuelven engañosas. De la misma manera que las leyes de su tipo, esta ley general contiene disposiciones sustantivas relativas al tipo penal de tortura y conductas conexas, disposiciones adjetivas referente a los procesos de investigación, mecanismos, protocolos y lineamientos de tipo orgánico. En sí misma esta es una ley, o es un código anti tortura.

Ya han mencionado algunos aspectos de la iniciativa, mencionaré otra vez unas tres nada más: prohíbe de manera absoluta toda prueba obtenida mediante la tortura u otras violaciones a derechos humanos; excluye la posibilidad del indulto, amnistía, inmunidad u otra figura análoga; contempla la posibilidad de imponer medidas cautelares, administrativas e incluso la suspensión de los servidores públicos que sean investigados por delito de tortura.

Algo muy importante, que fue lo que vimos con las jovencitas que nosotros cuestionamos y que estuvimos con ellas en la cárcel: contempla la aplicación del Protocolo de Estambul en la realización de cualquier dictamen médico psicológico, así como la posibilidad de que las víctimas soliciten peritos independientes.

Adicionalmente, el dictamen contiene una serie de reformas a la legislación correspondiente, como el Código Penal Federal, la Ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Ley del Sistema Nacional de Seguridad y la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública y la de Extradición Internacional. Dichas enmiendas tienen como objetivo armonizar y adecuar la normatividad para el correcto funcionamiento de la ley general.

Compañeras y compañeros, con el voto a favor de este dictamen el Grupo Parlamentario del PAN refrenda su raíz humanista, promotora de los derechos humanos que rige su filosofía política.

Votaremos en pro, anunciando que realizaremos de manera muy puntual todas las acciones de control parlamentario para edificar un cumplimiento cabal de esta ley. Porque hoy exigimos un país, un México sin tortura. Muchas gracias.

El presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Muchas gracias, diputada Margarita Alemán Olvera. Tiene el uso de la tribuna, a nombre del Grupo Parlamentario del PRI, y hasta por tres minutos, el diputado Carlos Iriarte Mercado.

Se informa a la asamblea, que una vez que concluya esta intervención concluirá también el plazo para presentar reservas al dictamen que estamos discutiendo. Adelante, diputado.

El diputado Carlos Iriarte Mercado:Con permiso de la Presidencia. La tortura es un atentado contra la humanidad de las personas y es un acto de injusticia en toda su expresión. Como dijo Martin Luther King: "La injusticia en cualquier parte es una amenaza a la justicia en todas partes". La tortura es una grave violación a las personas, está condenada en el artículo 5 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y cito aquí a John F. Kennedy: "Los derechos humanos de todos los hombres son disminuidos cuando los derechos de un hombre son amenazados".

Es por ende nuestra responsabilidad, como seres humanos, como mexicanos, como mexicanas, como legisladoras y como legisladores, garantizar que los derechos humanos se respeten y se protejan.

Pongo unos datos a su consideración. De acuerdo con Amnistía Internacional, en 2016, entre 2003 y 2013 se incrementó el número de denuncias de tortura y otros malos tratos en un 600 por ciento, y en los primeros cuatro años de esta década se recibieron 7 mil 741 denuncias de tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

En abril de 2015, la Procuraduría General de la República contaba con 2 mil 420 investigaciones en trámite sobre tortura. Sin embargo, de acuerdo con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el Estado solo registra 15 sentencias condenatorias por casos de tortura desde 1991.

Ante esta realidad, el presidente Enrique Peña Nieto aseveró que en el país debemos afrontar y superar los episodios de tortura con toda determinación. Tenemos que acabar con estos flagelos que atentan contra la dignidad humana y nos agravian como sociedad.

Firme con ese compromiso, el gobierno del presidente Peña ha impulsado acciones y transformaciones institucionales, cuyos resultados han mostrado lo siguiente.

Una disminución del 46 por ciento en el número de recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a autoridades de la administración pública federal.

Destinar más de mil 500 millones de pesos al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral para víctimas del delito y de violaciones de sus derechos.

Y concretar la reforma a la fracción del artículo 73 constitucional que facultó al Congreso de la Unión a emitir leyes generales en materia de tortura y malos tratos. Ahora, a nosotros nos corresponde legislar para garantizar un país sin tortura.

Si bien nuestro país cuenta con una Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura, esta no ha sido autorizada desde 1994, como aquí ya se enunció, por lo que resulta insuficiente para combatir el delito eficazmente.

En el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional votaremos a favor de expedir la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, porque prohíbe de manera absoluta, estricta, completa, incondicional e imperativa cualquier tipo de tortura o trato o pena cruel inhumana o degradante.

Distribuye competencias claras y fortalece la coordinación entre las autoridades de los tres órdenes de gobierno. Define, con base en estándares internacionales, los tipos penales y determina sus sanciones, previendo medidas cautelares, incluida la suspensión del cargo e imponiendo de 10 a 20 años de prisión tratándose de servidores públicos o de seis a 12 años en el caso de particulares.

Flexibiliza la investigación y persecución del delito y puede originarse por denuncia, noticia o vista de la autoridad judicial.

Prevé que la investigación y persecución de la tortura serán imprescriptibles. Obliga a las entidades federativas a contar con fiscalías especiales que investiguen los delitos relacionados con la tortura, al tiempo que robustece la competencia de la federación.

Precisa que las declaraciones o entrevistas de las víctimas deberán registrarse por cualquier medio, brindado certeza respecto de las personas que intervinieron en los cuestionamientos.

Implementa el Registro Nacional de Información, lo que permitirá contar con datos y estadísticas sobre los casos de tortura y otros tratos crueles.

Regula el mecanismo nacional de prevención como la instancia encargada de supervisión permanente y sistemática de los lugares de privación de libertad en todo el territorio nacional, dotándolo de autonomía presupuestaria e incorporando un procedimiento específico, transparente y con perspectiva de género para la elección de sus integrantes.

Y finalmente, robustece a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos respecto de la emisión de dictámenes médicos-psicológicos con motivo de quejas interpuestas ante dicha instancia.

En suma, se dota al Estado mexicano de una herramienta eficaz y novedosa para prevenir, sancionar y erradicar la tortura, otros tratos crueles e inhumanos y armoniza nuestro marco jurídico para darle operatividad a la misma.

Aunado a lo anterior, fueron escuchadas, dialogadas y atendidas las peticiones de organismos internacionales, como la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas y Amnistía Internacional, así como de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y otras organizaciones de la sociedad civil comprometidas con el tema.

Asimismo, es importante destacar que el dictamen que votaremos a favor recupera recomendaciones emitidas por el informe del relator especial sobre la tortura, de la Organización de las Naciones Unidas, en 2014, entre ellas expedir una ley general en materia que tipifique la tortura en toda la república; consagrar el principio expreso de la prohibición absoluta de la tortura; garantizar el derecho de todas las víctimas a una reparación integral; asegurar que la tortura y malos tratos sean investigados prontamente, y prever la suspensión administrativa de todo funcionario sujeto a investigación por tortura y malos tratos.

Concluyo. El ex secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, Kofi Annan, expresó que nadie puede disfrutar la seguridad sin desarrollo y del desarrollo sin seguridad, y sin el respeto por los derechos humanos. Por lo que en nuestro Estado constitucional de derecho, como el nuestro, garantizar los derechos humanos significa apostar por un México democrático, próspero, justo y en paz. Es cuanto, señor presidente.

El presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputado Iriarte Mercado. Ha concluido el plazo para la presentación de las reservas al dictamen, entramos a la etapa de la discusión. Se informa que se han inscrito para hablar, en pro, la diputada Claudia Sofía Corichi García, el diputado Alfredo Basurto Román y la diputada Maricela Contreras Julián.

Tiene la el uso de la tribuna hasta por cinco minutos la diputada Claudia Sofía Corichi García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

La diputada Claudia Sofía Corichi García:Con su venia, presidente. Compañeras, compañeros diputados, ciudadanos y ciudadanos que nos ven a través del Canal del Congreso. Quiero, antes de hacer algunas reflexiones de números, comentar la historia de una de tantas víctimas de tortura en nuestro país. Su nombre es Verónica Razo. Como comentó Emma Margarita Alemán, fuimos a verla a la cárcel. Pero es un tema que nos ha inspirado desde hace mucho tiempo. Verónica Razo tenía 30 años, dos hijos, cuando fue llevada de manera ilegal.

Caminaba por la calle, fue abusada, violada tumultuariamente por sus aprehensores y lleva seis años, seis años en la cárcel sin una sentencia. La PGR ha dado como positivo el Protocolo de Estambul para su caso, donde reconoce que vivió tortura sexual.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos ha dictaminado ya que se trata de un abuso y se han empezado a caer las pruebas en su contra, tiene reconocidos plenamente a tres de sus agresores sexuales, mientras ella lleva seis años en prisión sin sentencia, alejada de sus hijos, violada, sus agresores están en la libertad absoluta, ninguno de ellos ha sido condenado, ninguno está siendo investigado al día de hoy por la PGR.

Por eso, por muchas otras razones más, hemos pedido su liberación y hemos pedido y pido desde esta tribuna, que la PGR, que la Comisión Nacional de Derechos Humanos con esa recomendación y la Secretaría de Gobernación, pongan a Verónica Razo en libertad, ella significa solamente uno de los 100 casos denunciados por Amnistía Internacional de tortura sexual en nuestro país hace un año, pero muchas otras mujeres, muchos otros hombres, pero sobre todo mujeres, han sido víctimas de tortura sexual en nuestro país. Ahí están ellas y están las mujeres de Atenco que exigen y reclaman atención y, por supuesto, que se acabe con la impunidad. Es por ellas, es por todos los que han vivido este delito, que hoy estoy aquí a favor de este dictamen.

El uso de la tortura se ha vuelto una práctica violatoria de los derechos humanos. Según cifras de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en 2006, al 31 de diciembre de 2015 se recibieron cuatro mil 404 quejas sobre trato cruel o degradante; la Sedena, desafortunadamente, es la autoridad con el mayor número de denuncias. El relator de la ONU tuvo conocimiento que se denuncian sólo siete de cada 100 delitos, y claro que sí, imagínense el miedo de quien ha vivido esta práctica.

Y según información del Índice Global de Impunidad, México ocupa el lugar 58 de 59 países con mayor nivel de impunidad. Con información de la PGR sabemos que en 2013 las denuncias de tortura a nivel federal fueron de mil 165 y pasaron a dos mil 403 en 2014. Hasta abril de 2015, como lo señaló ya algún compañero diputado, la misma institución contaba con dos mil 450 investigaciones en trámites sobre tortura, pero solamente 15 sentencias condenatorias por ese delito a nivel federal, entre 2006 y 2015, nueve años, 15 nada más. Es por eso que no podemos seguir permitiendo que esto suceda.

Es muy difícil conocer el número real de casos y es por eso que destaco la importancia en este ley de la creación del Registro Nacional del Delito de Tortura como una herramienta fundamental de investigación e información estadística, sobre todo en los casos en que se denuncie o se investiguen hechos de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes.

También destaco la obligación de aplicar el Protocolo de Estambul en la realización de cualquier dictamen médico-sicológico, así como la posibilidad de solicitar peritos independientes y que esto sea válido; es decir, acreditados, pero independientes, y que las reglas de observar dentro del dictamen que se practique a la víctima estén apegadas a este Protocolo de Estambul.

Sé que con la aprobación de esta ley daremos un paso muy importante a la defensa de muchas mujeres y hombres que han sufrido estas torturas, estas penas crueles, degradantes; estas que no se merece nadie.

Algunos me han dicho en algún momento: algunos cometieron delito. Puede ser que sí, pero nadie se merece esto. Y muchos otros no lo han cometido y han vivido la tortura de manera sistemática y para sacarles declaraciones bajo este sistema.

Por eso nos felicito a esta Legislatura por este paso. Los derechos humanos no son negociables. No más tortura. También justicia para todas las mujeres, para las mujeres de Atenco, las mujeres víctimas de violencia sexual que ha declarado Amnistía Internacional. Justicia, justicia y más justicia.

El presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputada Sofía Corichi García. Tiene el uso de la tribuna, hasta por tres minutos, el diputado Alfredo Basurto Román, del Grupo Parlamentario de Morena.

El diputado Alfredo Basurto Román:Buenas tardes. Con su permiso, presidente. En estos momentos cuántos casos en el país estarán sucediendo y cuántos ciudadanos estarán siendo torturados. Cómo olvidar los casos en centros penitenciarios en los últimos días de cómo se vejaban los derechos de los internos y cómo eran exhibidos públicamente.

En Morena creemos, compañeros, que este dictamen, esta adenda, representa desde nuestro punto de vista, el dictamen yo creo que de más trascendencia y de más importancia de este periodo legislativo.

Después de bastantes observaciones y recomendaciones de organismos públicos internacionales donde en México desafortunadamente teníamos un honroso quinto lugar, de los primeros lugares en impunidad y falta de aplicación de la ley. Para ello simplemente cito un dato de la PGR del 2015, que de 2 mil 450 carpetas de investigación que tenía sobre investigación de casos de tortura, únicamente, compañeros, llegaron a dictarse sentencias en cinco casos. Es decir, más del 90 por ciento quedó en la impunidad.

Por eso en Morena vemos bien y vemos positivamente como un acuerdo de Estado, que por fin este órgano legislativo, hay que decirlo, en su totalidad debemos levantar la mano y decir por última vez: cero tortura en México, como proceso de investigación en los procesos judiciales, compañeros.

Yo creo que es un logro de todas las fracciones, sobre todo de la Comisión de Justicia que es donde nos tocó dictaminar, y ver muchos aspectos. Pero, desafortunadamente, compañeros, hay que decirlo, para que eso sucediera tuvo que haber la intervención del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, de la Organización de las Naciones Unidas, para que se diera esta adenda que hoy se presenta, y por fin quede en absoluto prohibida la tortura como medio de convicción para una investigación.

Por otro lado, también es importante que el anterior dictamen, la ley, la iniciativa, no preveía que los superiores jerárquicos fueran investigados. Con esa adenda, compañeros, estas modificaciones, los superiores jerárquicos también deben ser investigados por el delito de tortura; o se diga en los cuerpos policíacos que desafortunadamente quedaron investidos de los tres niveles de policías y las fuerzas armadas que quedaron investidas de este tipo de imputaciones.

Para aquellos servidores públicos que estén involucrados en los casos de tortura, deben operar, y también lo vemos positivo, las medidas cautelares para que sean separados de su cargo y en su momento no sean juez o parte y que la investigación sea lo más apegado a la ley, más imparcial y objetiva.

Se dan facultades a la federación para que también intervenga en casos, incluso de manera oficiosa, sobre investigación de los estados y los municipios. Es decir, la federación va a tener una amplia competencia para investigar en los casos de tortura.

Por fin, también se elimina, y era muy común en México, para obtener los medios de convicción, los medios de prueba, que estos eran obtenidos a través de los diversos medios de intimidación, de tortura, de presión psicológica, cuando se compruebe o siendo indicio de que alguna prueba es obtenida por medio de tortura, carece de legalidad; es decir, esa prueba es nula, compañeros. Con esta modificación también queda subsanada esa laguna legal que venía existiendo.

Por eso en Morena vemos positiva esa adenda, ese dictamen, esas modificaciones y lo vemos como un gran acuerdo de Estado, compañeros. Por eso en Morena felicitamos y vamos en favor de ese dictamen, compañeros. Es cuanto, presidente. No más torturas en México.

El presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputado Basurto Román. Tiene el uso de la tribuna, la diputada Maricela Contreras Julián, del Grupo Parlamentario del PRD, hasta por tres minutos, para hablar en pro.

La diputada Maricela Contreras Julián:Con su permiso, presidente. El PRD votará a favor de este dictamen. Votaremos a favor porque se logró corregir el retraso legislativo mañoso que quería imponerse en un tema tan urgente y de una gravedad que merece toda nuestra atención.

La tortura en México es persistente y está fuera del control. El abuso sexual, las vejaciones, el maltrato físico y psicológico son algunas de las escenas que se repiten contra mujeres y hombres en prácticamente todas las entidades federativas por integrantes de corporaciones policiacas y militares.

Esta realidad es la que no se quiere ver. Se negaban a proteger a las personas y de manera cínica pretendían otorgar patentes de impunidad a los torturadores.

¿A quiénes se tortura en México? Por supuesto a los más pobres, a las clases marginadas, a las mujeres, a los militantes de la izquierda y de la oposición, en suma a los opositores al gobierno; se usa también la tortura para fabricar culpables.

Los que se oponían a una ley contra la tortura son los mismos que pertenecen a la clase política que ha utilizado la tortura para reprimir y mantenerse en el poder. Son los mismos que de manera penosa cargan sobre su espalda historias de gobierno represores desde la década de los setentas y los sesentas y se negaban a tener una Ley de Tortura para no reconocer que es una práctica cotidiana en México.

¿Quiénes torturan en México? Es muy sencillo, sus policías, sus militares, sus agentes federales, estatales y municipales; en resumen, el propio gobierno. Eso es lo que no se quería reconocer. Hay una urgencia de legislar en este tema y no seguir incumpliendo nuestras obligaciones para respetar los derechos humanos.

La minuta que nos envió el Senado de la República fue producto de un trabajo de acercamiento con organismos internacionales en materia de derechos humanos, con organizaciones sociales, instancias académicas y muchas personas interesadas en el tema. Para eso trabajó el PRD. Sin embargo, el texto con la adenda propuesta se mejora: garantiza el derecho de acceso a la justicia para las víctimas de estos delitos. Es importante decirlo.

Celebramos que se haya reconocido el error que se pretendía imponer a través de modificaciones que no se habían consultado con nadie. Era una argucia mañosa, un mecanismo tramposo para que no tuviéramos una legislación contra la tortura que respetara los más altos estándares internacionales en materia de derechos humanos.

Nuestra oposición no era un capricho, sino un llamado de atención contra un posible retroceso. Sin embargo, ganó la cordura y se dio paso a la razón, y se han logrado cambios significativos que dieron fin a esta tentación regresiva.

Con el texto de la ley y la adenda propuesta se contará con un marco para que se castigue a los servidores públicos señalados de cometer tortura, se fortalece la competencia de la federación para reconocer este delito, y se disponen procedimientos para investigar y sancionar la tortura para asentar las bases del fin de la impunidad en estos casos.

No se quería hacer un registro de los casos. Ahora se registrarán las denuncias de tortura y no sólo los hechos que tengan sentencia. Que no se le tenga miedo a los números ni a las estadísticas, no puede ocultarse la realidad.

El PRD está a favor de las modificaciones y luchó para que se incorporaran aquellas que realmente sean en beneficio de las personas. Por ejemplo, eliminar cualquier posibilidad para que las pruebas obtenidas mediante tortura sean valoradas y sean tomadas en cuenta por el juzgador bajo ningún motivo.

Esta ley será un gran avance, pero el reto es que se aterrice en la realidad. No debemos hacerle sombra ni minimizar los hechos, se ubican como aislados y se niega la dimensión del problema.

Para finalizar, quiero decir que esta legislación no es un logro del Poder Legislativo, no debemos colgarnos medallas que no nos corresponden. Esta ley es gracias a la lucha de familiares de desaparecidos, de víctimas, de gente que aún está presa de manera injusta, de sobrevivientes, de todas las organizaciones sociales que han denunciado la tortura por décadas, como la compañera Rosario Ibarra de Piedra, que buscó a los hijos. Algunas mujeres tuvieron suerte y los encontraron con vida para relatar los horrores de la tortura.

Esta ley es de ellos. El PRD quiere agradecerles a todas esas personas que incluso con su vida han obligado a que estemos legislando contra la tortura. No los olvidemos. Es cuanto, diputado presidente.

El presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputada Maricela Contreras Julián. Agotada la lista de oradores, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general. Antes, permítame diputada. Sonido en la curul de la diputada Cecilia Soto. ¿Con qué objeto, diputada?

La diputada Cecilia Guadalupe Soto González(desde la curul): Diputado presidente, con el objeto de hacer notar que esta ley que seguro aprobaremos en la próxima votación, no solamente es a favor de las víctimas. Quiero hablar a favor de los victimarios.

El torturador se animaliza, se destruye como ser humano, y al salir del cuarto de tortura probablemente también es un hombre o una mujer violentos en su casa y en la calle. De tal manera que al endurecer el castigo a la tortura también hablamos por aquellos funcionarios públicos del Ministerio Público, de la Procuraduría, de las policías, que son obligados a torturar.

Entonces, de esta manera me parece que hacemos un doble bien: defendemos a la víctima e impedimos que se sigan formando victimarios. Muchas gracias.

El presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputada. Adelante, diputada secretaria, por favor.

La secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica, se consulta a la asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. Presidente, mayoría por la afirmativa.

El presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Suficientemente discutido en lo general. Esta Presidencia informa que, de conformidad con el artículo 109 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se han reservado para su discusión en lo particular de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, en el artículo 13, la adición de un párrafo y dos incisos; artículo 22, la adición de una fracción V; del 24, adición de una fracción III, todos ellos por la diputada Cristina Ismene Gaytán Hernández; así como el diputado Juan Romero Tenorio ha reservado el artículo 22, las fracciones III y IV y la adición de una fracción V; la diputada Ernestina Godoy Ramos, una moción sobre el artículo 24, y la diputada Norma Xochitl Hernández Colín, el artículo 50, en el párrafo primero, y la propuesta de eliminar el párrafo segundo.

Se pide a la Secretaría abra el sistema electrónico de votación, hasta por cinco minutos, para proceder al registro en lo general y en lo particular de los artículos no reservados, con la modificación aceptada por la asamblea.

La secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico, por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular de los artículos no reservados, con la modificación propuesta y aceptada por la asamblea.

(Votación)

¿Alguna diputada o diputado que falte de emitir su voto? Sigue abierto el sistema, diputada. ¿Algún diputado o diputada que falte de emitir su voto? ¿Alguna diputada o diputado que falte de emitir su voto? Ciérrese el sistema electrónico de votación. Presidenta, se emitieron 417 votos a favor.

Presidencia de la diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez

La presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Aprobado en lo general y en lo particular los artículos no reservados por 417 votos.

Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, la diputada Cristina Ismene Gaytán Hernández, para presentar reservas y modificaciones a los artículos 13, adición de un párrafo en dos incisos, 22, adición de una fracción V y 24, fracción III.

La diputada Cristina Ismene Gaytán Hernández:Con su venia, presidenta. En el dictamen que acabamos de votar junto con la adenda presentada por las Comisiones de Justicia, y Derechos Humanos existen tres elementos importantes que, aunque están contemplados, a mi consideración es importante que pudiéramos dejarlos mucho más definidos.

Me refiero al artículo 13, que habla, por ejemplo, de la responsabilidad de los superiores jerárquicos. En uno de los dictámenes, en una de las propuestas hechas en el dictamen de la Cámara de Senadores, se habla también de lo relativo a las personas con alguna discapacidad y a la necesaria intervención del Estado para garantizar que no se realicen procedimientos médicos o científicos a estas personas.

La propuesta que estamos presentando, la reserva, agrega un párrafo en el artículo 24, en donde señala que no solamente se realicen procedimientos médicos o científicos, que esté prohibido realizar procedimientos médicos o científicos en una persona sin su consentimiento o sin el consentimiento de quien legalmente pudiera otorgarlo, sino que profundiza que no se realicen esos procedimientos sin el consentimiento libre e informado, y que no se garantice la capacidad plena, los límites a la sustitución de la voluntad y los apoyos efectivos con los que las personas con discapacidad deben contar.

Sabemos que el marco jurídico que tenemos en el país cubre muchas de estas necesidades, pero abundar particularmente en el tema de las personas con discapacidad nos parece fundamental.

En cuanto al artículo 22. Si bien se establece en esta ley la capacidad de atracción, nos parece fundamental que se señale cuáles son estas posibilidades de que se atraiga una investigación. Y se señala en este artículo diciendo que la investigación, persecución y sanción de los delitos previstos en la Ley para Prevenir la Tortura estarán a cargo de las autoridades federales, cuando nosotros agregamos un párrafo quinto que dice:

El Ministerio Público de la Federación, de oficio, solicita a la fiscalía especial de la entidad federativa, en ejercicio de la facultad de atracción, y le remita la investigación correspondiente atendiendo a:

a) Que la fiscalía especial de la entidad federativa que debiera conocer el asunto, no inicie de inmediato la investigación, existiendo elementos para ello.

b) Existan indicios suficientes de que la investigación que se lleva a cabo por parte de la entidad federativa no es pronta, imparcial, exhaustiva y diligente.

c) Las condiciones para la investigación requieran las capacidades técnicas especializadas cuya falta pueda convertirse en un obstáculo para que se dé una exitosa realización.

d) Lo solicite la fiscalía especial.

e) El hecho constitutivo trascienda el ámbito de una o más entidades federativas o, finalmente, existan razones para presumir que los delitos fueron cometidos por el personal adscrito a la procuraduría o fiscalía general de la entidad federativa a la que compete la investigación.

Estas reservas y estos agregados que estamos proponiendo han sido también sugeridos y propuestos por la propia Oficina de las Naciones Unidas y han sido consultado con diversos organismos especializados en materia de derechos humanos.

Si bien, como lo hemos señalado ya, la ley general que acabamos de votar es un esfuerzo y es un resultado importante en materia de garantizar los derechos humanos, abundar en estos temas y ser más específicos no afectaría absolutamente nada. Por el contrario, atenderíamos recomendaciones internacionales, tratados y convenciones suscritos por nuestro país, armonizando así esta nueva norma con los compromisos internacionales que tenemos como mexicanos. Es cuanto, presidenta.

La presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Gracias, diputada Gaytán. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión.

La secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica, se consulta si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. Presidenta, mayoría por la negativa.

La presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Se desecha y se reserva para su votación nominal en conjunto en los términos del dictamen.

Tiene la palabra, por cinco minutos, el diputado Juan Romero Tenorio, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar reserva al artículo 22, fracciones III, IV y adición de una fracción V.

El diputado Juan Romero Tenorio:Con la venia de la Mesa Directiva. Esperemos que esta ley que aprueba esta Cámara de Diputados sea ratificada por la colegisladora y nos permita contar con el marco jurídico necesario, para hacer posible que México no esté clasificado dentro de los países donde la tortura es una práctica cotidiana.

Es una buena ley, ha pasado por el tamiz de organismos internacionales y de la sociedad civil, ha pasado por el consenso de los grupos parlamentarios. Solamente una precisión, estamos haciendo una modificación al artículo 22, agregando una fracción V, en donde proponemos que el Ministerio Público federal pueda atraer la investigación en caso de tortura cuando exista una recomendación pronunciada por organismos internacionales, por actos de tortura o tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.

¿Por qué esta adición? Porque organismos internacionales también hacen recomendaciones, tenemos el caso concreto de Ayotzinapa. El Grupo de Expertos Internacionales hizo recomendaciones respecto a investigar la parte de tortura en el proceso de investigación, estas recomendaciones son suficientes para motivar la atracción por parte del Ministerio Público federal en el delito de tortura, atraer del fuero común la tortura para ser investigado por la autoridad federal, porque hay una recomendación de un organismo internacional.

Si bien en la fracción III se establece que el Ministerio Público podrá ejercer la atracción, a partir de una resolución de un órgano internacional, faltaría esta parte en donde no existe una resolución, pero sí una recomendación. Con esto complementamos un marco de garantías para las víctimas en aquellos casos donde haya elementos de organismos internacionales que hacen recomendaciones es causa suficiente para atraer este delito por parte del Ministerio Público federal, sacarlo del fuero común y despolitizar la investigación que esté llevando a cabo.

Esa es la propuesta que hacemos, una adición en la fracción V del artículo 22. Esperamos contar con su apoyo para efectos de que esta norma esté lo más completa posible. Es cuanto, presidente.

Presidencia del diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar

El presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar:Gracias, diputado. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admiten a discusión las reservas presentadas por el diputado Romero Tenorio.

La secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica, se consulta a la asamblea si se admiten a discusión las propuestas planteadas. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. Presidente, mayoría por la negativa.

El presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Se desecha y se reserva para su votación nominal en conjunto en términos del dictamen. Tiene el uso de la tribuna la diputada Ernestina Godoy Ramos, para presentar reserva al artículo 24.

La diputada Ernestina Godoy Ramos:Con su venia, presidente. La reserva que se realiza al artículo 24 de la Ley para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura, tiene por objeto establecer que el tipo del delito de tortura pueda ser cometido por cualquier persona y no solo por servidores públicos, o por particulares que lo cometan por contar con autorización, apoyo o aquiescencia de un servidor público, ampliando con ello la posibilidad de castigar a quienes provoquen a otra persona dolores o sufrimientos graves, sean físicos o síquicos.

Debo decir que la Convención para la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos y Degradantes y la Convención Interamericana, normativas internacionales de las que México es parte, establecen que el delito de tortura puede ser cometido por cualquier persona y no solo por los servidores públicos.

De ahí que la reserva propuesta tiene por objeto ampliar los sujetos activos que pueden cometer ese delito, haciendo responsable de la comisión del mismo, en concordancia con la legislación internacional.

Resulta oportuno señalar que el relator especial sobre la tortura y otros tratos de la Organización de las Naciones Unidas, en su informe el 29 de diciembre de 2014, y la Comisión Interamericana, en su informe del 31 de diciembre de 2015 respecto a la situación de los derechos humanos, concluyeron con la conveniencia de que la tipificación del delito de tortura en México se ajustará a los estándares internacionales. Sugerían seguir la definición señalada en el artículo 2 de la Convención Interamericana. El especie determina la posibilidad de que cualquier persona pueda ser acusada de cometer dicho delito, no siendo necesario para ello tener una calidad determinada, como ocurre en el dictamen propuesto.

La definición que hace del delito de tortura prácticamente se apega a todo lo establecido por la Convención y la Comisión Interamericana, pero siguen dejando que solamente los servidores públicos o los particulares que tengan autorización, apoyo o asistencia de un servidor público.

La reserva que presentamos tiene por objeto únicamente decir que “comete el delito de tortura la persona —sin poner si es un servidor público— que con el fin de obtener...” Toda la demás definición. Entonces eso es lo que estamos proponiendo como reserva y espero sea aceptada, y entonces ahí sí estaremos apegados totalmente a la legislación internacional. Es cuanto.

El presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputada. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la reserva presentada por la diputada Ernestina Godoy Ramos.

La secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica, se consulta a la asamblea si se admite a discusión la reserva presentada por la diputada Godoy. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. Presidente, mayoría por la negativa.

El presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Se desecha y se reserva para su votación nominal en conjunto, en términos del dictamen.

Para presentar reserva al artículo 50, párrafo primero, y eliminar el párrafo segundo, tiene el uso de la tribuna, hasta por cinco minutos, la diputada Norma Xochitl Hernández Colín, del Grupo Parlamentario de Morena.

La diputada Norma Xochitl Hernández Colín:Con su venia, diputado presidente. La Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, así como la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, establecen prohibición expresa en materia de validez a las pruebas obtenidas bajo tortura o relacionadas con cualquier otra violación a los derechos humanos.

Por su parte, el Comité contra la Tortura manifestó que el Estado mexicano debe adoptar las medidas legales necesarias para garantizar que las pruebas obtenidas mediante actos de tortura bajo argumento alguno sean utilizadas en los procedimientos legales.

El artículo 50 establece que solo podrán ser excluidas o declaradas nulas las pruebas obtenidas directamente a través de actos de tortura y cualquier otra violación. Sin embargo, su redacción deja abierta la posibilidad de otorgar valor a pruebas que hayan sido obtenidas de manera indirecta a través de estos atroces medios.

Esta excepción a la regla internacional se convierte en un incentivo para recurrir a la tortura, delito que se pretende erradicar con la creación de la ley. La regla de exclusión de pruebas indebidas tiene la función de desalentar la tortura bajo cualquier circunstancia, por lo que la redacción actual del artículo se contrapone al espíritu de la norma y de la normatividad internacional en la materia. No dejemos ningún resquicio para que esta tortura vuelva de manera indirecta, se cometa en la frecuencia que actualmente se comete.

Como sustento de lo anterior, baste recordar que la Relatoría Especial contra la Tortura recomendó que los fiscales y jueces deben excluir de oficio cualquier prueba respecto de la cual existan razones para creer que haya sido obtenida bajo tortura.

De igual manera diversos tratados o instrumentos en materia de derechos humanos han establecido que la regla de exclusión conlleva a la prohibición absoluta de la práctica de actos ilegales, por lo cual es de carácter absoluto e inderogable; sin embargo, tales criterios son soslayados ya por el citado artículo.

No siendo poco lo anterior, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que la anulación de los actos procesales derivados de la tortura constituye una medida efectiva para cesar la consecuencia de una violación a las garantías judiciales, dado que la tortura no solo afecta a la víctima de la misma, sino a la parte actora en los procedimientos jurisdiccionales, lo que en sí mismo representa una violación adicional al derecho humano contenido en el artículo 17 constitucional.

En México existe una versión pervertida sobre la impartición de justicia. El caso paradigmático es el del doctor Mireles, donde son claras las violaciones procedimentales y violaciones a sus derechos humanos desde su ingreso, que fue ingresado y detenido con golpes, hasta en el interior del centro penitenciario, en donde se le mantiene cautivo como un preso político.

Debemos entender que la impartición de justicia debe atender a reglas procedimentales establecidas en la Constitución y en los códigos. Y debemos erradicar la idea de que para hacer justicia se puede pasar por encima de los derechos humanos de las personas.

El quehacer del aparato jurisdiccional tiene la obligación de evitar cualquier acto que violente en debido proceso y que atente contra la dignidad de las personas, mucho más si se tiene encarcelado injustamente.

Por lo anterior, someto a su consideración la modificación del artículo 50, a efecto de que se declare sin valor las pruebas obtenidas de manera directa e indirecta a través de tortura o algunas violaciones de derechos humanos. Es cuanto.

El presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputada. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admiten a discusión las propuestas presentadas por la diputada Norma Xochitl Hernández Colín.

La secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica, se consulta a la asamblea si se admiten a discusión las propuestas planteadas. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. Presidente, mayoría por la negativa.

El presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Se desechan y se reservan para su votación nominal en conjunto en términos del dictamen. Se pide a la Secretaría, abra el sistema electrónico por cinco minutos, para proceder a la votación de los artículos 13, 22, 24 y 50, en términos del dictamen modificado.

La secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico, por cinco minutos, para proceder a la votación nominal de los artículos reservados, en términos del dictamen.

(Votación)

¿Alguna diputada o diputado que falte de emitir su voto? Sigue abierto el sistema. ¿Alguna diputada o diputado que falte de emitir su voto? Sigue abierto el sistema, diputada, sigue abierto el sistema. ¿Alguna diputada o diputado que falte de emitir su voto? Ciérrese el sistema electrónico de votación. Presidenta, se emitieron 315 votos a favor y 97 votos en contra.

Presidencia de la diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez

La presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Se aprobaron los artículos reservados en los términos del dictamen modificado por 315 votos. Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se expide la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, y se reforman, adicionan derogan diversas disposiciones del Código Penal Federal, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y de la Ley de Extradición Internacional. Se devuelve al Senado para los efectos de la fracción E) del artículo 72 constitucional.

INICIATIVAS Y PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO

La presidenta, diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez, remite oficio, en términos de lo dispuesto por los artículos 100 y 102 del Reglamento de la Cámara de Diputados, por medio del cual las iniciativas y proposiciones que no se presentaron en tribuna se turnan a las comisiones correspondientes.

«Comunicación de la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, por la que informa el turno que corresponde a las iniciativas con proyecto de decreto y a la proposición con punto de acuerdo registradas en el orden del día del miércoles 19 de abril de 2017, de conformidad con los artículos 100, numeral 1, y 102, numeral 3, del Reglamento de la Cámara de Diputados.

Con fundamento en los artículos 100, numeral 1, y 102, numeral 3, del Reglamento de la Cámara de Diputados, se informa a la honorable Asamblea los turnos dictados a las iniciativas con proyecto de decreto y a las proposición con punto de acuerdo, registradas en el orden del día del 19 de abril de 2017 y que no fueron abordadas.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de abril de 2017.— Diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez (rúbrica), Presidenta.»

«Iniciativas con proyecto de decreto

1. Que reforma y adiciona los artículos 15 y 379 del Código Penal Federal, a cargo de los diputados Verónica Delgadillo García y Jorge Álvarez Máynez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Turno: Comisión de Justicia, para dictamen.

2. Que reforma los artículos 56 de la Ley de Instituciones de Crédito, 45 de la Ley de Uniones de Crédito y 201 de la Ley del Mercado de Valores, suscrita por el diputado Cándido Ochoa Rojas e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Turno: Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

3. Que reforma y deroga los artículos 10 y 11 de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos, a cargo del diputado Gustavo Adolfo Cárdenas Gutiérrez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Turno: Comisiones Unidas de Marina, y de Transportes, para dictamen.

4. Que reforma el artículo 3o. de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, a cargo del diputado Fernando Uriarte Zazueta, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno: Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

5. Que reforma los artículos 19, 92, 97 y 143 de la Ley Federal de Sanidad Animal, a cargo de la diputada Marisol Vargas Bárcena, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Turno: Comisión de Ganadería, para dictamen.

6. Que adiciona los artículos 18 Bis 9 a la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, y 72 Ter a la Ley de Instituciones de Crédito, suscrita por las diputadas Ana Georgina Zapata Lucero y Susana Corella Platt, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno: Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

Proposición con punto de acuerdo

1. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SFP y a la ASF, para que en el uso de sus facultades, atribuciones y competencias, investiguen el presunto desvío de recursos federales por parte del gobierno del estado de Veracruz, cuyo titular era Javier Duarte de Ochoa, para beneficiar al Partido Morena, suscrito por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Turno: Comisión Transparencia y Anticorrupción, para dictamen.»

INICIATIVAS

CÓDIGO PENAL FEDERAL

«Iniciativa que reforma y adiciona los artículos 15 y 379 del Código Penal Federal, a cargo de los diputados Verónica Delgadillo García y Jorge Álvarez Maynez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Los suscritos, Verónica Delgadillo García y Jorge Álvarez Maynez, diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo establecido por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6 numeral 1 fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración la siguiente iniciativa con proyecto de decreto mediante el cual se reforman y adicionan los artículo 15 y 379 del Código Penal Federalen materia de delito por necesidad, bajo la siguiente

Exposición de Motivos

I. En nuestro sistema penal debe prevalecer la proporcionalidad entre el delito y la pena que se le impone a la persona que comete algún supuesto establecido en el Código Penal Federal, “el delito deberá ser proporcional a la importancia social del hecho” en la medida en que el delito ocasione un mayor daño la sanción deberá ser más severa, y “no deben de admitirse penas o medidas de seguridad, exageradas o irracionales en relación con la prevención del delito.”

Por lo que se vuelven difícil de comprender casos donde la sanción que se impone es evidentemente mayor al daño ocasionado por un delito, particularmente en el delito de robo donde no existe violencia y donde la principal causa que originó la acción del mismo delito fue por necesidad, ya sea por hambre, salud o simplemente ante la imposibilidad de lograr acceder a una mejor calidad de vida.

Cabe mencionar que la presente iniciativa en ningún momento pretende generar las condiciones ideales para que se incite al robo por necesidad, lo que se busca con esta propuesta es establecer una distinción entre los supuestos de robo que permita una resolución del conflicto entre la víctima y quien cometió el delito y que la sanción sea proporcional al daño ocasionado, sin caer en excesos en penas que únicamente representan un gran costo para el Estado y no abonan a una reinserción social sino todo lo contrario.

II.Respecto a las sentencias excesivas ante los casos de robo podemos encontrar condenas de 6 meses de cárcel y una multa de 4 mil pesos por un daño de 105 pesos, una condena de 3 años y una multa de 13 mil pesos por un robo valuado en 133 pesos, y el caso de una persona con discapacidad que estuvo encarcelado un mes por robar 2 manzanas y un refresco con un valor de 21 pesos. Aunado a lo anterior, se suma una gran lista de casos de detenciones donde evidentemente la causal del robo estaba sustentada en una verdadera necesidad.

“En México hay aproximadamente 7 mil personas que están recluidas en las cárceles y purgan una condena de hasta 10 años por robar una charola de carne, una mantequilla, unas alitas de pollo, un yogurt, leche o pan, porque no tenían dinero y necesitaban comer, de acuerdo con cifras de la Comisión Especial de Reclusorios de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF).”

A este tipo de delitos se les ha llegado a conocer como robo famélico, robo por hambre o robo por necesidad y “por lo general lo cometen las personas de escasos recursos quienes no tienen para satisfacer sus necesidades básicas de subsistencia y que en México, de acuerdo con las últimas cifras del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), suman 55.3 millones.”

Uno de los graves problemas es que para los supermercados no existe una distinción entre este tipo de delitos por necesidad y con el denominado robo hormiga, el cual consiste en sustraer artículos de un establecimiento para después ser vendidos a menor precio de forma obviamente ilegal, en estos casos las sentencias severas tienen un clara justificación ya que representan pérdidas millonarias.

Pero en el momento en que una persona lleva a cabo un robo para cubrir su necesidad de hambre o salud es tratada como un delincuente que se dedica al robo hormiga, recibiendo un mismo trato e incluso acusándolo de otras agravantes que lo único que ocasionan es que reciba una sanción más severa y no se le permita equiparar como un robo por necesidad.

III. En el Código Penal Federal podemos encontrar la definición de robo, el cual en su artículo 367 se define como:

Artículo 367. Comete el delito de robo: el que se apodera de una cosa ajena mueble, sin derecho y sin consentimiento de la persona que puede disponer de ella con arreglo a la ley.

Y las fórmulas que son utilizadas para establecer tanto la cuantía del delito como la imposición de penas se encuentran en el artículo 370 del mismo ordenamiento:

Artículo 370. Cuando el valor de lo robado no exceda de cien veces el salario, se impondrá hasta dos años de prisión y multa hasta de cien veces el salario.

Cuando exceda de cien veces el salario, pero no de quinientas, la sanción será de dos a cuatro años de prisión y multa de cien hasta ciento ochenta veces el salario.

Cuando exceda de quinientas veces el salario, la sanción será de cuatro a diez años de prisión y multa de ciento ochenta hasta quinientas veces el salario.

Tanto lo establecido por el primero párrafo del artículo 370 del Código Penal Federal y lo señalado por los supuestos en los artículos 375 y 379, darían pie para que el robo por necesidad no fuese sancionado de la misma manera como cualquier otro tipo de robo, especialmente considerando el valor de lo robado, la disposición del infractor por reponer el daño inmediatamente y que éste no haya utilizado violencia.

Artículo 375. Cuando el valor de lo robado no pase de diez veces el salario, sea restituido por el infractor espontáneamente y pague éste todos los daños y perjuicios, antes de que la Autoridad tome conocimiento del delito no se impondrá sanción alguna, si no se ha ejecutado el robo por medio de la violencia.

Artículo 379. No se castigará al que, sin emplear engaño ni medios violentos, se apodera una sola vez de los objetos estrictamente indispensables para satisfacer sus necesidades personales o familiares del momento.

Como se puede observar el robo por necesidad puede quedar libre de sanción siempre y cuando: no sean utilizados medios violentos, no se recurra al engaño, que éste sea por una sola ocasión y que los objetos robados sean indispensables para cubrir una necesidad personal o de su familia. Aunque la realidad es que esos mismos elementos son utilizados por la víctima u ofendido para denunciar agravantes y evitando la solución alternativa mediante un acuerdo entre las partes.

IV.La presente iniciativa propone reformar y adicionar los artículos 15 y 379 del Código Penal Federal, con el objetivo de corregir el supuesto de robo por necesidad y que este pueda ser diferenciado cuando en realidad el infractor haya motivado el robo para cubrir una necesidad personal o de sus familiares.

Principalmente la presente iniciativa pretende adicionar un segundo párrafo al artículo 379 del Código Penal Federal, con el objetivo de contrarrestar el abuso de la acción penal cuando exista un delito por necesidad, creándose la posibilidad de que el Ministerio Público desista de ella al acreditar que hubo una verdadera necesidad en el robo. Dejando innecesario el perdón del ofendido y permitir en estos casos llegar a un acuerdo reparatorio, evitando en todo caso largos procesos y sanciones excesivas.

Por todo lo anteriormente expuesto se somete a la consideración la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto que reforma y adiciona los artículos 15 y 379 del Código Penal Federal

Artículo Único.Se adicionan las fracciones IX y X para incluir una XI fracción al artículo 15 y; se reforma el artículo 379, ambos del Código Penal Federal para quedar de la siguiente manera:

Artículo 15. El delito se excluye cuando:

I. a VIII. [...]

IX. Atentas las circunstancias que concurren en la realización de una conducta ilícita, no sea racionalmente exigible al agente una conducta diversa a la que realizó, en virtud de no haberse podido determinar a actuar conforme a derecho ;

X. El resultado típico se produce por caso fortuito; o

XI. Exista robo por necesidad.

Artículo 379. No se castigará al que, sin emplear medios violentos, se apodera una sola vez de los objetos estrictamente indispensables para satisfacer sus necesidades personales o familiares del momento.

En los casos de delitos cometidos por necesidad, el perdón de la víctima u ofendido no será necesario para que el Ministerio Público desista de la acción penal en contra de las personas que cometan este tipo de delitos. Una vez acreditada la necesidad que originó el delito será posible acceder a un acuerdo reparatorio.

Transitorio

Único.El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 Mir Puig, Santiago, Derecho Penal, Parte general, Barcelona, Euros, 1998, p.99

2 Yenissey Rojas, Ivonne, La proporcionalidad en las penas, IIJ-UNAM, www.juridicas.unam.mx

3 Ureste, Manu, Ni perdón ni conciliación: la implacable política de los supermercados contra el robo hormiga, Animal Político, 1 de junio 2016, www.animalpolítico.com

4 Fuentes López, Guadalupe, El robo por hambre en México encierra a 7 mil, la mayoría mujeres, en la cárcel, Sin Embargo, 14 de octubre 2015, www.sinembargo.mx

5 Ibídem.

6 Ureste, Manu, Ni perdón ni conciliación: la implacable política de los supermercados contra el robo hormiga, Animal Político, 1 de junio 2016, www.animalpolítico.com

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de febrero de 2017.— Diputada Verónica Delgadillo García (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen.

LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO, LEY DE UNIONES DE CRÉDITO Y LEY DEL MERCADO DE VALORES

«Iniciativa que reforma los artículos 56 de la Ley de Instituciones de Crédito, 45 de la Ley de Uniones de Crédito y 201 de la Ley del Mercado de Valores, suscrita por el diputado Cándido Ochoa Rojas e integrantes del Grupo Parlamentario del PVEM

Quienes suscriben, Cándido Ochoa Rojas y diputados federales de la LXIII Legislatura integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 56 de la Ley de Instituciones de Crédito, el artículo 45 de la Ley de Uniones de Crédito y 201 de la Ley del Mercado de Valores, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

I. Del testamento y su importancia

La palabra testamento proviene del latín testamentum, “testimonio de la voluntad”. El testamento es un instrumento legal que expresa la voluntad del testador para que una o varias personas estipuladas, adquieran el derecho de propiedad de sus bienes después de su fallecimiento, siendo éstos los legítimos herederos.

Jurídicamente testar se refiere al acto por el cual una persona dispone de todos sus bienes o parte de ellos para ser distribuidos después de su muerte. Ésta es la opción más sencilla, económica e inmediata para distribuir los bienes, además ofrece seguridad jurídica tanto a los testadores como a los herederos.

Las disposiciones testamentarias se pueden otorgar a título universal o particular:

A título universal: es cuando el testador dispone a favor de sus herederos la totalidad de sus bienes, derechos y obligaciones en los porcentajes que él mismo designe. Hereda todos sus bienes a una sola persona, por lo general al cónyuge, o por partes iguales entre los hijos u otros descendientes.

A título particular: también conocido como legado, consiste en heredar una cosa o derecho particular a una o varias personas. En este caso se adjudica con base a las instrucciones específicas del testador. En este tipo de disposición testamentaria, lo ideal es proporcionar los datos precisos de los bienes que desea legar a cada legatario. No obstante esto, existen legados genéricos y alternativos e incluso propiedad de un tercero.

La legislación mexicana, que para el caso de sucesiones es de exclusiva competencia de las legislaturas de las entidades federativas, clasifica los testamentos en dos grupos: testamento ordinario y especial.

En el ordinario se encuentran

1. Público abierto: se otorga ante notario público, de conformidad con las disposiciones de las leyes de la materia y le permite disponer libremente de sus bienes, para transferirlos a sus herederos (cónyuge, hijos, padres, hermanos, otro familiar, amigos, instituciones académicas, de salud, de beneficencia, entre otros).

2. Público cerrado: puede ser escrito por el testador o por otra persona a su petición, deberá ser firmado por el testador, los testigos y el notario público. El papel en que esté escrito el testamento o el sobre que lo contenga, deberá estar cerrado y sellado, se entregará al testador, y el notario público anotará en su libro, denominado protocolo, el lugar, hora, día, mes y año en que el testamento fue autorizado.

3. Público simplificado: el notario público da fe del acto jurídico en el cual una persona adquiere un inmueble y señala a sus herederos o legatarios en la misma escritura pública de adquisición.

4. Ológrafo: es el escrito, fechado y formado de puño y letra por el testador. Los testamentos ológrafos no producirán efecto si no están depositados ante la autoridad competente que disponga la legislación de la materia.

En el especial se encuentran

1. Privado: se realiza por las siguientes causas:

• Cuando el testador padece una enfermedad tan violenta y grave que no le permita acudir ante el notario público a hacer el testamento;

• Cuando no haya notario público en la población o juez que actúe;

• Cuando, aunque haya notario público o juez en la población, sea imposible, que concurran al otorgamiento del testamento.

2. Militar: lo hacen las personas que gozan del fuero militar, manifestando su última voluntad, sin sujeción a las formalidades del testamento ordinario. Bastará con que declare su voluntad ante dos testigos, o que entregue a los mismos el pliego cerrado que contenga su última disposición, firmada de su puño y letra.

3. Marítimo: se realiza por las personas que se encuentren en alta mar, a bordo de navíos de la Marina Nacional, sujetándose a lo establecido en las legislaciones competentes.

4. Espacial: se realiza por las personas que se encuentren a bordo de aeronaves o naves espaciales, sujetándose a lo establecido en las legislaciones competentes.

5. Hecho en país extranjero: los testamentos hechos en país extranjero, producirán efecto en el país cuando hayan sido formulados de acuerdo con las leyes del país en que se otorgaron.

Si bien hay en la mayoría de las legislaciones de los Estados esta clasificación, poco a poco han ido derogándose algunos tipos de testamentos. Así, en la Ciudad de México, el único testamento que puede otorgarse es el testamento público abierto.

La razón de lo que se señala al final del párrafo anterior es que, al momento de otorgarse el testamento, es necesario que el testador tenga perfecta claridad y asesoría respecto a la disposición testamentaria que otorga. Y, para ello, la asesoría del notario así como la calificación que hace este de la capacidad del testador y de la voluntad redactada en términos legales es relevante para que, al momento de ejecución del propio testamento, pueda prevalecer dicha voluntad.

Una razón adicional a la señalada es que, cualquier otro tipo de testamento, ya fuere público cerrado u ológrafo, debe seguir un proceso de homologación y calificación judicial, no solo en cuanto a su forma sino también en cuanto a su contenido. Ello provoca, además de la carga y costos judiciales, la valoración en cuanto a la permanencia o no de la disposición testamentaria que, por una falta de asesoría como la que otorga el notario, pudiera contener disposiciones que van a más allá de lo permitido en la ley.

Con lo descripción anterior se pretende dar cuenta de la relevancia de este instrumento jurídico. La finalidad de que existan varios tipos de testamentos es para abarcar cualquier situación que pudiera suscitarse y de esta manera proteger y salvaguardar la voluntad de los individuos, ya que el testamento no es más que la expresión de la última voluntad de una persona.

Además, la importancia de este instrumento radica en que es un documento de carácter legal que protege su patrimonio y brinda certeza jurídica a todos los involucrados en él y de esta forma se busca evitar problemas póstumos, como una mala administración y repartición de los bienes, o pleitos y litigios interminables entre familiares, ya que los problemas familiares se convierten en problemas jurídicos.

El testamento, cuando se otorga ante notario y este observa las disposiciones de ley, constituye una prueba plena de la voluntad del testador al momento de que el mismo fue otorgado y salvo el incumplimiento del propio notario de su obligación ya señalada, el propio testamento prevalecerá a cualquier litigio.

II. De la designación de beneficiarios

Al momento en que se celebran contratos con instituciones de crédito, casas de bolsa o uniones de crédito, se solicita que, en dicho contrato o en los formatos anexos, se realice la designación de beneficiarios, así como los porcentajes en que recibirían los saldos de las cuentas. El ánimo del cuentahabiente o del inversor, en ese momento, no es disponer de sus bienes para el momento de su fallecimiento, es claramente, poder tener una cuenta en las instituciones financieras señaladas.

La celebración de dichos contratos se puede dar en cualquier momento. Así, una persona que comenzó su vida laboral a los 18 años, pudo haber señalado como beneficiaria del saldo que tuviere, solo por cumplir el requisito y que pudiera ser abierta la cuenta, ya se a su mamá o a la novia que, en ese momento, tenía.

De la misma forma puede suceder y sucede que esa designación la hacemos sin el menor reparo del tema sucesorio. Reitero, el ánimo del o la cuentahabiente es abrir su cuenta para que pueda o le puedan depositar su sueldo, las remesas que le mandan del exterior o un ahorro producto de su actividad económica. No entramos a la sucursal de la institución pensando en que pasaría al momento de nuestro fallecimiento.

No obstante lo anterior, el artículo 56 de la Ley de Instituciones de Crédito establece el imperativo en el sentido que los contratantes deberánseñalar beneficiarios. Es decir, un requisito para poder contratar es determinar a los propios beneficiarios no obstante que, como ya se señaló, el ánimo del cuentahabiente es celebrar un contrato para abrir una cuenta. Esto mismo sucede en los demás artículos que son objeto de la presente.

III. El patrimonio de la herencia

Al momento de nuestro fallecimiento nuestro patrimonio debe ser inventariado. La razón de ello es poder determinar con exactitud que bienes serán adjudicados a nuestros herederos, pero también qué deudas no fueron cubiertas en vida y que las mismas sean pagadas a nuestros acreedores, exclusivamente, con los bienes propios de la herencia.

Así, el Código Civil para la Ciudad de México, considera algunos acreedores preferentes para el pago de los adeudos como son aquellos que hubieren cubierto los gastos médicos y hospitalarios de la última enfermedad del de-cujus, los gastos de funeral, etcétera. Pero no son éstas las únicas deudas que una persona pudo haber dejado.

Las instituciones financieras, al momento que otorgan un crédito, ya sea hipotecario, a través de un contrato de crédito en cuenta corriente a través de una tarjeta de crédito, para la compra de un auto, etc. disponen como uno de los requisitos la compra de un seguro para que, al momento del fallecimiento, el adeudo derivado de dicho crédito sea pagado precisamente con la prima de ese seguro.

Pero ¿qué sucede con los demás acreedores? Éstos pueden exigir el pago de sus adeudos y son los bienes y derechos de los cuales era titular el de-cujus los que responden por los mismos. Esto, doctrinalmente, es conocido como la “prenda general tácita”. Es decir, los acreedores tienen derecho a cobrar los adeudos a su favor en términos “similares” a como cuando el deudor se encontraba con vida. Si el deudo tenía una cuenta bancaria, podían cobrar sus adeudos, con el saludo de dicha cuenta. Ahora bien, pensemos que los acreedores no son solo aquellos que prestaron alguna cantidad de dinero. Lo son también aquellas personas a quienes se tenía la obligación de proporcionar alimentos, alguna pensión no cubierta, adeudos fiscales, reparación del daño por un ilícito, etcétera.

Al momento en que un beneficiario de una cuenta, acude a la institución financiera a recibir el saldo que hubiere, también se deja a los acreedores (cualquiera de los ya señalados) con la imposibilidad de cobrar sus adeudos al no ser ya patrimonio de la herencia el dinero consistente en dicho saldo.

Por todo lo anterior creemos que en el caso de que exista un testamento, lo plasmado en él, siempre deberá prevalecer respecto de lo que sea estipulado por un cuentahabiente ante una institución bancaria, casa de bolsa o cualquier otra institución financiera. Actualmente existen varias legislaciones que establecen que en caso de fallecimiento del titular de una cuenta o cliente, la institución de que se trate entregará el importe correspondiente a quienes éste haya designado como beneficiarios. A continuación, nos permitimos transcribir los ordenamientos en cuestión:

Ley de Instituciones de Crédito

Artículo 56. El titular de las operaciones a que se refieren las fracciones I y II del artículo 46 de esta ley, así como de depósitos bancarios en administración de títulos o valores a cargo de instituciones de crédito, deberá designar beneficiarios y podrá en cualquier tiempo sustituirlos, así como modificar, en su caso, la proporción correspondiente a cada uno de ellos.

En caso de fallecimiento del titular, la institución de crédito entregará el importe correspondiente a quienes el propio titular hubiese designado, expresamente y por escrito, como beneficiarios, en la proporción estipulada para cada uno de ellos.

Si no existieren beneficiarios, el importe deberá entregarse en los términos previstos en la legislación común.

Ley de Uniones de Crédito

Artículo 45. Las operaciones de crédito y arrendamiento que practiquen las uniones con sus socios, deberán estar relacionadas directamente con las actividades de sus empresas o negocios.

El titular de las operaciones a que se refiere la fracción I del artículo 40 de esta ley, deberá designar beneficiarios y podrá en cualquier tiempo sustituirlos, así como modificar, en su caso, la proporción correspondiente a cada uno de ellos.

En caso de fallecimiento del titular, la unión entregará el importe correspondiente a quienes el propio titular hubiese designado como beneficiarios, expresamente y por escrito, en la proporción establecida para cada uno de ellos.

Si no se hubiesen designado beneficiarios, el importe deberá entregarse en los términos previstos en la legislación común.

Ley del Mercado de Valores

Artículo 201. En los contratos que celebren las casas de bolsa con su clientela, el inversionista que sea titular de la cuenta podrá en cualquier tiempo designar o cambiar beneficiario.

En caso de fallecimiento del titular de la cuenta, la casa de bolsa entregará el importe correspondiente a quienes el propio titular hubiese designado, expresamente y por escrito, como beneficiarios, en la proporción estipulada para cada uno de ellos.

En su caso, el beneficiario tendrá derecho de elegir la entrega de determinados valores registrados en la cuenta o el importe de su venta.

Si no existieren beneficiarios, el importe deberá entregarse en los términos previstos en la legislación común.

IV. Consideraciones adicionales

Queda claro que el espíritu del legislador en este sentido es velar por los intereses del titular y sus beneficiarios, sin embargo, consideramos necesario hacer la aclaración que en caso de que exista un testamento, deberá prevalecer lo establecido en él por encima de cualquier otro documento legal, con el fin de evitar cualquier antinomia jurídica.

Lo anterior, a fin de establecer que la voluntad expresada en el testamento debe predominar frente a cualquier otro documento legal, ya que este tipo de instrumento tiene más validez y peso que cualquier otro, debido a su naturaleza y esencia jurídica.

En un sentido estricto, que haya una disposición testamentaria atípica en las legislaciones señaladas podría considerarse como que el legislador federal ha actuado en exceso de las facultades que le confiere la Constitución federal en su artículo 73 de forma explícita y, en sentido alguno, se puede considerar que legislar en materia sucesoria pueda ser una facultad implícita para incluirla en alguna de las leyes respecto a las materias que en el citado precepto se señalan. Ello, de sí, ya ha causado litigios.

Por lo aquí expuesto sometemos a consideración de esta asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforman los artículos 56 de la Ley de Instituciones de Crédito, 45 de la Ley de Uniones de Crédito y 201 de la Ley del Mercado de Valores

Primero. Se reforma el artículo 56 de la Ley de Instituciones de Crédito, para quedar como sigue:

Artículo 56. Cuando el titular de las operaciones a que se refieren las fracciones I y II del artículo 46 de esta Ley, así como de depósitos bancarios en administración de títulos o valores a cargo de instituciones de crédito, fallezca, la institución de crédito deberá entregar el saldo remanente que exista en los términos previstos en la legislación común.

Segundo. Se reforma el artículo 45 de la Ley de Uniones de Crédito, para quedar como sigue:

Artículo 45. Las operaciones de crédito y arrendamiento que practiquen las uniones con sus socios, deberán estar relacionadas directamente con las actividades de sus empresas o negocios.

En caso de fallecimiento del titular, la unión entregará el importe correspondiente en los términos previstos en la legislación común.

Tercero. Se reforma el artículo 201 de la Ley del Mercado de Valores, para quedar como sigue:

Artículo 201. En caso del fallecimiento del titular de los contratos que celebren las casas de bolsa con su clientela, la casa de bolsa entregará el importe correspondiente en los términos previstos en la legislación común.

La casa de bolsa podrá convenir para ello la entrega de determinados valores registrados en la cuenta o el importe de su venta.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de abril de 2017.— Diputados: Cándido Ochoa Rojas, Jesús Sesma Suárez, Sharon María Teresa Cuenca Ayala (rúbricas).»

Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

LEY DE NAVEGACIÓN Y COMERCIO MARÍTIMOS

«Iniciativa que reforma y deroga los artículos 10 y 11 de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos, a cargo del diputado Gustavo Adolfo Cárdenas Gutiérrez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

El que suscribe, Gustavo Adolfo Cárdenas Gutiérrez, diputado federal integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano de la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6, numeral 1, fracción I, 77, numerales I y II, y 78 del Reglamento Interior de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta asamblea, la presente iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 10 y deroga las fracciones, primera y segunda del artículo 11, del Capítulo Primero, Abanderamiento y Matrícula de Embarcaciones, del Título Segundo, De la Marina Mercante, de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos.

Exposición de Motivos

“Un barco no debería navegar con una sola ancla, ni la vida con una sola esperanza”

Epicteto

En el ámbito internacional el transporte marítimo se ha convertido en uno de los soportes fundamentales del crecimiento de la economía mundial.

El sector del transporte marítimo nacional representa cerca del uno por ciento del producto interno bruto (PIB) del país, lo que equivale a cerca de 15 mil millones de dólares.

Es de dominio público que el 80 por ciento de la actividad petrolera, se realiza en el mar y las posibilidades de desarrollo para la industria marítima pueden ser inmejorables, siempre y cuando se cumplan al 100 por ciento las leyes vigentes que aplican a la misma.

En lo que se refiere a la flota mercante dedicada a los servicios costa afuera y que sirve de apoyo a la industria petrolera mexicana, en los últimos años los empresarios mexicanos han realizado inversiones por más de seis mil millones de dólares, en la adquisición de equipos nuevos y con tecnología de punta, lo que ha permitido llegar a ser la quinta flota más grande del mundo y la más moderna en la historia de Pemex.

Actualmente, más del 50 por ciento de las embarcaciones de bandera y matrícula mexicanas dedicadas a prestar servicios Costa Afuera se encuentran amarradas, fondeadas o sin operaciones comerciales, es decir sin producir actividad económica alguna, lo cual ha repercutido en la pérdida de empleos altamente calificados, lo que representa un 60 por ciento de las más de 300,000 fuentes de empleo en comento, así como, la imposibilidad para cumplir con los financiamientos de las embarcaciones y plataformas petroleras modernas, que se fueron adquiriendo a fin de estar preparado en las diferentes etapas de la implementación de la reciente Reforma Energética, la cual a más de dos años de haberse anunciado, no ha generado la certidumbre esperada ni reflejado los beneficios para la marina mercante mexicana, eso sin incluir el impacto negativo que la misma ha arrojado por la disminución de los ingresos fiscales y el incremento de las tasas de interés, lo que sin duda representa altos riesgos potenciales para la industria naviera.

Por ello, es necesario fortalecer el tráfico de cabotaje, principalmente el relacionado con el negocio Costa Afuera a partir de la reducción del número de embarcaciones extranjeras que quieren prestar servicio en las zonas marinas mexicanas (mar territorial, zonas contiguas y zona económica exclusiva, de México) a fin de fortalecer el mercado interno a través de mecanismos de equidad que propicien consolidar la soberanía tan necesaria para la unidad nacional.

Por lo anteriormente expuesto, compañeras y compañeros diputados propongo reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos en su apartado que refiere al abanderamiento y matrícula de embarcaciones a fin de restringir la simulación del abanderamiento con documentos que no amparan la propiedad de los barcos e impedir la flexibilización en la aplicación de los requisitos legales de dichos documentos evitando así los abusos de autoridad y fortaleciendo el marco jurídico que limite los actos ajenos a dicha normativa.

De esta manera planteo eliminar la palabra “propietario” del artículo 10 y sólo dejar el concepto “naviero” y, a su vez, eliminar las fracciones, primera y segunda del artículo 11, a fin de excluir la figura de arrendamiento financiero e impedir la simulación de abanderamiento que he referido en el cuerpo de esta exposición de motivos.

Llevar a cabo las modificaciones que esbozo no es otra cosa que actualizar de manera oportuna el marco normativo aplicable a la marina mercante y contrarrestar, de alguna medida, la crisis en la que se encuentra.

En el siguiente cuadro comparativo se hace constar en qué consisten las reformas y derogaciones propuestas a la Ley de Navegación y Comercio Marítimos.

Fundamento legal de la iniciativa

Con motivo de esta iniciativa se incidirá en la Ley de Navegación y Comercio Marítimos.

Ordenamientos a modificar

Ley de Navegación y Comercio Marítimos.

Texto normativo propuesto

Por lo expuesto, se presenta a esta soberanía la iniciativa con proyecto que reforma el artículo 10 y deroga las fracciones, primera y segunda del artículo 11, del Capítulo Primero, Abanderamiento y Matrícula de Embarcaciones, del Título Segundo, De la Marina Mercante, de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos.

Iniciativa con proyecto que reforma el artículo 10 y deroga las fracciones, primera y segunda del artículo 11, del Capítulo Primero, Abanderamiento y Matrícula de Embarcaciones, del Título Segundo, De la Marina Mercante, de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos

Artículo 10. Son embarcaciones y artefactos navales mexicanos, los abanderados y matriculados en alguna capitanía de puerto, a solicitud del naviero, previa verificación de las condiciones de seguridad del mismo y presentación de la dimisión de bandera del país de origen, de acuerdo con el reglamento respectivo.

La embarcación o artefacto naval se inscribirá en el Registro Nacional de Embarcaciones y se le expedirá un certificado de matrícula, cuyo original deberá permanecer a bordo como documento probatorio de su nacionalidad mexicana.

Para su matriculación, las embarcaciones y artefactos navales se clasifican:

I.Por su uso, en embarcaciones:

a)De transporte de pasajeros;

b)De transporte de carga;

c)De pesca;

d)De recreo y deportivas;

e)Embarcaciones y/o artefactos navales de extraordinaria especialización que por su tecnología y por los servicios que estas prestan, la tripulación requiera de un entrenamiento particularmente especializado, o aquellas que sean de extraordinaria especialización o características técnicas no susceptibles de ser sustituidos por otros de tecnología convencional como las utilizadas para la exploración, perforación de pozos, producción temprana de hidrocarburos, construcción y/o mantenimiento de instalaciones marinas petroleras, alimentación y hospedaje, protección ambiental, salvamento y seguridad pública.

f)Mixto de carga y pasaje; y

g)Dragado.

II.Por sus dimensiones, en:

a)Buque o embarcación mayor, o artefacto naval mayor: todo aquel de quinientas unidades de arqueo bruto o mayor, que reúna las condiciones necesarias para navegar, y

b)Buque o embarcación menor o artefacto naval menor: todo aquel de menos de quinientas unidades de arqueo bruto, o menos de quince metros de eslora, cuando no sea aplicable la medida por arqueo.

Las embarcaciones que se encuentren en vías navegables mexicanas deberán estar abanderadas, matriculadas y registradas en un solo Estado, de conformidad con la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar y los demás tratados aplicables en la materia. Siempre y cuando permanezcan en vías navegables mexicanas, deberán enarbolar la bandera mexicana en el punto más alto visible desde el exterior, en tanto las condiciones meteorológicas lo permitan.

Artículo 11. Las personas físicas o morales mexicanas constituidas de conformidad con la legislación aplicable podrán, solicitar el abanderamiento y matriculación de embarcaciones y artefactos navales cuando sean de su propiedad.

I. Se deroga.

II. Se deroga.

Autorizado el abanderamiento, la Semar hará del conocimiento de la autoridad fiscal competente, el negocio jurídico que tenga como consecuencia la propiedad o posesión de la embarcación.

En el abanderamiento y matriculación, las embarcaciones y los artefactos navales deberán cumplir con los Tratados Internacionales y con los requisitos establecidos en el reglamento respectivo.

Artículo Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 Cameintram, disponible en www.cameintram.org, consultado el 18 de noviembre de 2016.

2 Pemex, disponible en www.pemex.com, consultado el 18 de noviembre de 2016.

3 Cameintram www.cameintram.org, consultado el 18 de noviembre de 2016.

4 Cameintram www.cameintram.org, consultado el 18 de noviembre de 2016.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de abril del año 2017.— Diputado Gustavo Adolfo Cárdenas Gutiérrez (rúbrica).»

Se turna a las Comisiones Unidas de Marina, y de Transportes, para dictamen.

LEY DE PROTECCIÓN Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS

«Iniciativa que reforma el artículo 3o. de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, a cargo del diputado Fernando Uriarte Zazueta, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, en mi carácter de diputado federal del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, miembro de la LXIII Legislatura de esta Cámara de Diputados de este Honorable Congreso, por medio de la presente y con fundamento en los artículos 71 y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2 y demás relativos de la Ley Orgánica de este mismo Congreso, y 1,6, fracción I, 76, 77, 78 y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados; presento formal y respetuosamente:

Propuesta de iniciativa de decreto de reforma del artículo 3 de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de los Servicios Financieros, para incorporar el catálogo mínimo de los derechos de los usuarios de los servicios financieros y generar un mayor conocimiento y respeto de ellos ante las instituciones financieras, a efecto de contrarrestar la problemática que se padece y que se incrementa anualmente de violación de esos derechos, afectando a millones de mexicanos, al sistema financiero del país y a la economía nacional, generando las crecientes reclamos de los usuarios y consecuentes acciones de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef).

La presente propuesta se sustenta en la exposición de motivos que se hace al tenor de los siguientes:

Considerandos

I. Que por mandato del artículo 25 de nuestra Ley Fundamental, el Estado mexicano es el rector de la actividad económica nacional, encargado, por tanto, de planearla, conducirla, coordinarla y orientarla, regulando la participación de los sectores público, social y privado, con responsabilidad social, sancionando severamente y persiguiendo toda conducta ilícita prevista y lesiva en perjuicio de la economía nacional, de los actores económicos y particularmente en perjuicio de los consumidores o usuarios de los bienes y servicios.

II. Que uno de los actores y factores elementales en la economía nacional es sin duda el sistema financiero mexicano, depositario y operador de gran parte de la riqueza nacional y prestador de los diversos servicios financieros.

III. Que el sistema financiero mexicano, con sus instituciones y servicios, es de vital importancia para la estabilidad económica del país, y, sobre todo, para el desarrollo económico y social.

IV. Que, en consecuencia, la estabilidad y desarrollo económico y social de nuestro país, en mucho depende de la estabilidad, fortaleza y desarrollo de su sistema financiero.

V. Que a su vez el sistema financiero depende del consumo de sus bienes y servicios financieros y de los ahorros e inversiones de los usuarios de los servicios financieros.

VI. Que en ese orden de ideas y a final de cuentas, tanto la economía del país, el desarrollo nacional y la existencia y operación de su sistema financiero en mucho dependen del consumo de servicios financieros y principalmente de los ahorros e inversiones de los millones de mexicanos que generan en gran parte la riqueza nacional y su distribución mayoritaria entre la sociedad, evitando que se concentre en unas pocas manos.

VII. Que por ello y por ser los mexicanos el sustento del Estado mexicano y de su sistema financiero y los destinatarios de sus servicios públicos y financieros y de los beneficios de la economía nacional, debe privilegiarse su atención con servicios de calidad, respetuosos de los derechos de los usuarios, que fomenten una mejor atención de las necesidades individuales y colectivas y una mayor generación, movilidad y distribución de la riqueza nacional, que beneficie con equidad al mayor número posible de personas, evitando que por prácticas o ventajas insanas o irregulares se concentre en unas cuantas manos, en perjuicio de la colectividad.

VIII. Que, por ende, como rector de la actividad económica y del desarrollo nacional, el Estado mexicano, a través de sus instituciones hacendarias y fiscalizadoras, resulta obligado a cuidar la estabilidad y sanidad del sistema financiero, la competitividad en condiciones de igualdad de las instituciones financieras y la calidad de sus servicios financieros y una sana relación con los usuarios o consumidores de sus bienes o servicios financieros.

IX. Que como integrantes del sistema financiero mexicano, las instituciones financieras resultan obligadas constitucional y legalmente a procurar el fortalecimiento de aquél, para favorecer el desarrollo de la economía nacional y de todos los individuos y sectores de la sociedad, operando conforme a las disposiciones de la materia con servicios competitivos de calidad que excluyan las prácticas monopólicas, de competencia desleal y especialmente las prácticas ilegales, deshonestas y abusivas en perjuicio de los usuarios de los servicios financieros, que inhiben su participación, el ahorro y las inversiones y desprestigian a nuestro sistema e instituciones en el concierto nacional e internacional.

X. Que la mala atención o desatención por las instituciones financieras en perjuicio de los usuarios, con precios altos o no competitivos y bienes y servicios de mala calidad, en condiciones violatorias de sus derechos y transgresoras de la normatividad aplicable, con estipulaciones contractuales abusivas, falta de información y prácticas ilegitimas de cobranza de adeudos reales o inexistentes o de gastos o comisiones improcedentes, y nulos o bajos intereses, inhibe o desalienta el uso de tales bienes y servicios, el ahorro y la inversión, reduciendo los ingresos de aquellas, mermando la movilidad de la riqueza en detrimento de la economía nacional y de todos y cada uno de los mexicanos.

XI. Que a efecto de evitar o contrarrestar ese tipo de prácticas ilícitas o indebidas o abusivas que perjudican la economía nacional, a nuestro sistema e instituciones financieras y especialmente a los usuarios de los servicios financieros, y que en suma obstaculizan el desarrollo del país, en pasadas legislaturas el Honorable Congreso de la Unión emitió la Ley de Protección y Defensa al Usurario de los Servicios Financieros (LPDUSF) y creó para su aplicación, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef).

XII. Que no obstante el gran esfuerzo realizado por la Condusef en la aplicación de ese ordenamiento, por frenar las prácticas irregulares que se registran en la prestación de los servicios financieros, por acciones u omisiones imputables a empleados y otros integrantes de las instituciones financieras, en detrimento de ellas y particularmente en perjuicio de los usuarios, dichas prácticas prohibidas han mostrado un incremento sostenido, que exige, para ser frenado, de medidas más severas para ser perseguidas y sancionadas esas conductas, como se determina en nuestra Carta Magna.

XIII. Que en efecto, en las estadísticas de la Condusef, mostradas en sus Anuarios Estadísticos, por ejemplos en los de los últimos seis años 2010, 2011, 2012, 2013, 2 014 y 2015, se confirma que las acciones realizadas de su parte, en protección y defensa de los usuarios de servicios financieros, se han incrementado anualmente, paralelamente al aumento de las causas imputadas a las instituciones financieras. Así observamos, que en el año 2010 se efectuaron 1.086.999 acciones de protección y defensa de los usuarios; en el 2011, 1.108.487; en el año 2012, 1.239.368; en el año 2013,1.303.331; en el año 2014,1.359.578, y en el año 2015, 1.544.469 acciones, cifra que representó un incremento del 13.6% respecto al año 2014.

XIV. Que dentro de las acciones de la Condusef en el 2015, se impusieron un total de 5,090 sanciones, por un monto total de $141,151,379 (ciento cuarenta y un millones, ciento cincuenta y un mil, trescientos setenta y nueve pesos / moneda nacional).

XV. Que las acciones de asesoría y de solución de las reclamaciones registradas el año 2015, derivaron principalmente de diversas causas imputadas respectivamente a 1,623 de las 4,085 instituciones financieras registradas en la Condusef. Las que presentaron mayores incrementos en las acciones de protección y defensa de los usuarios, fueron las aseguradoras, las sociedades de información crediticia y las de banca múltiple. Por el contrario, las sociedades financieras populares fueron las que menos acciones motivaron. Entre las principales causas imputadas a las instituciones infractoras, figuran las siguientes:

-Consumos no reconocidos. El usuario, cliente o socio reclama un consumo reflejado en su estado de cuenta que no realizó.

-Gestión de cobranza (REDECO). El usuario, cliente y/o socio se inconforma con las gestiones de cobranza que llevan a cabo los despachos de cobranza.

-Solicitud de cancelación de producto o servicio no atendida y/o no aplicada. El usuario, cliente y/o socio indica que solicitó la cancelación del producto, pero la institución no lo cancela y, en su caso, siguen realizándose los cargos automáticos a su cuenta.

-Cargos no reconocidos en la cuenta. El usuario, cliente y/o socio no reconoce o no identifica el cargo reflejado en su estado de cuenta.

-Disposición de efectivo en ventanilla, sucursal y/o cajero automático no reconocida por el usuario, cliente y/o socio.

-Actualización de historial crediticio no realizada. El usuario, cliente y/o socio reclama que no se realizó la modificación o corrección solicitada a su reporte de crédito.

-Inconformidad con el saldo del crédito o del monto de las amortizaciones. El usuario, cliente y/o socio difiere con la mensualidad o con el saldo del crédito.

-Cheque pagado no reconocido por el titular. El usuario, cliente y/o socio no reconoce haber librado el documento (cheque).

-Pago o depósito no aplicado total o parcialmente al producto o servicio. El usuario, cliente y/o socio pagó su crédito o servicio por ventanilla, Internet o telefónicamente y la institución financiera no lo aplicó o registró.

-Inconformidad por cargos no reconocidos en la cuenta por otras instituciones financieras (Aseguradoras, SOFOM, etc.). El usuario, cliente y/o socio no reconoce o no identifica el cargo reflejado en su estado de cuenta realizado por una institución distinta a su banco.

-Cláusulas abusivas en los contratos.

-Inconformidad con el contenido del contrato y/o póliza.

-Inconformidad del usuario, cliente y/o socio, por la solicitud de cancelación del contrato y/o póliza no atendida o por la cancelación aplicada sin ser solicitada de su parte, por la institución financiera.

-Eliminación de historial crediticio no realizada. El usuario, cliente y/o socio solicita la eliminación de un crédito que ya liquidó o que no reconoce de su reporte y la institución no lo lleva a cabo.

-La institución financiera no entrega la carta liberación de adeudos y/o carta finiquito, factura, garantía, gravamen o primer testimonio.

-Incumplimiento de la institución financiera con las promesas hechas al usuario o estipulaciones del contrato o con el convenio de reestructura.

-Inconformidad con la emisión de reporte de crédito especial (RCE). El usuario, cliente y/o socio solicita la expedición/emisión o impresión de su historial crediticio y este no es otorgado.

-Desacuerdo del usuario, cliente y/o socio con los datos, créditos o montos aparecidos en el RCE.

-Desacuerdo del usuario, cliente y/o socio con la información sobre los pagos y días de retraso contenida en el RCE.

-Inconformidad del usuario, cliente y/o socio con la institución financiera por no hacer las correcciones solicitadas al RCE.

-Inconformidad del usuario, cliente y/o socio por la negativa en el pago, monto, tiempo y aplicación de la indemnización.

-Inconformidad del usuario, cliente y/o socio con el tiempo y modo de la reparación del bien asegurado.

-Incumplimiento del seguro de desempleo de parte de la institución financiera.

-Solicitud de retiro o de trámite no atendida.

-Inconformidad con el monto del ahorro recibido.

XVI.Que entre los principales productos o servicios en que se presentaron reclamaciones contra las instituciones financieras, aparecen los siguientes:

-Tarjeta de crédito.

-Tarjeta de débito.

-Crédito personal.

-Cuenta de cheques.

-Cuenta de ahorro.

-Cuenta de nómina.

-Crédito de nómina.

-Crédito al auto.

-Crédito hipotecario.

-Crédito simple.

-Reporte de crédito especial (RCE).

-Información sobre productos y servicios financieros.

-Seguros de daños, de vida y médicos.

-Créditos y préstamos refaccionarios.

-Créditos y préstamos de habilitación y avío.

-Banca móvil.

-Servicios en sucursal.

-Retiros, retiros parciales, totales y programados.

-Emisión de estado de cuenta.

-Traspasos.

-Aclaración de saldos.

-Separación o unificación de cuentas.

-Corrección y/o actualización de datos.

-Localización de cuenta ISSSTE.

-Contrato de arrendamiento.

-Contrato de factoraje financiero.

XVII. Que esa de por si elevadísima cifra de casos atinadamente atendidos durante el año 2015, por la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de los Servicios Financieros, representa una mínima parte del alarmante total de infracciones o atentados en que anualmente han incurrido, a la alza y no a la baja, las instituciones financieras en perjuicio o agravio de los derechos y bienes jurídicamente tutelados de los usuarios, lo que significa que las medidas y particularmente las sanciones administrativas impuestas hasta la fecha no han sido suficientes para frenar ese tipo de conductas y que se requiere de otras que inhiban su creciente comisión en perjuicio de millones de mexicanos, la gran mayoría de ellos de las clases más desprotegidas.

XVIII. Más preocupante se advierte la problemática que están padeciendo millones de usuarios de los servicios financieros y apremiante el que se implementen medidas y sanciones más severas para frenarla, cuando se tiene en cuenta que un número indeterminado de los afectados no denuncia sus casos ante la Condusef u otras autoridades o no los reclama ante las instituciones financieras por desconocer el trámite o vía o por falta de tiempo u otros motivos.

XIX. Que para fortalecer la protección de los usuarios y contrarrestar esta problemática que afecta a millones de mexicanos, al sistema financiero del país y a la economía nacional, se advierte necesario precisar en la Ley de Protección y Defensa al Usuario de los Servicios Financieros, el catálogo de sus derechos, para que tengan pleno conocimiento de ellos, exijan oportunamente su respeto ante las instituciones financieras, y éstas, sabedoras igualmente de ellos y de las infracciones en que pueden incurrir de transgredirlos, se abstengan de actos u omisiones que los vulneren, para que disminuyan las violaciones de los derechos de los usuarios de esos servicios.

XX. Que actualmente la falta de un apartado o catálogo en la ley, que precise los derechos de los usuarios de los servicios financieros, ha favorecido su desconocimiento y la ausencia de una exigencia o defensa o reclamo más actual u oportuno y adecuado de los usuarios, y consecuentemente una mayor transgresión o abuso en contra de ellos en las instituciones financieras. Por ello, es urgente precisarlos en la Ley de la materia y la Condusef hacerlos del conocimiento público y de las instituciones financieras, para que los usuarios conozcan con precisión de que derechos disponen y las citadas instituciones conozcan de antemano su correlativa obligación de respetarlos, so pena de hacerse merecedoras a las medidas correctivas y sanciones o penas correspondientes.

XXI. Que en mérito de lo expuesto y fundado, con la presente se propone respetuosamente reformar el actual artículo 3 de la Ley de Protección y Defensa de Usuarios de los Servicios Financieros, para precisar en él, cuáles son sus derechos ante las instituciones financieras.

XXII. Que actualmente el memorado artículo 3 de la Ley de Protección y Defensa de Usuarios de los Servicios Financieros dispone lo siguiente, sin incluir el catálogo de derechos que se propone incorporar:

“ Artículo 3. Esta Ley es de orden público, interés social y de observancia en toda la república, de conformidad con los términos y condiciones que la misma establece. Los derechos que otorga la presente Ley son irrenunciables.”

Por lo expuesto y fundado, se somete respetuosamente a la consideración de esta Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, la presente propuesta:

Iniciativa con proyecto de decreto de reforma del artículo 3 de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de los Servicios Financieros, para quedar como sigue:

“Artículo 3. Esta Ley es de orden público, interés social y de observancia general en toda la república, de conformidad con los términos y condiciones que la misma establece. Los derechos irrenunciables que otorga y garantiza la presente Ley a los usuarios de los servicios financieros, son los siguientes:

I. Solicitar o subrogar libremente y de acuerdo a sus legítimos intereses, los servicios financieros ante la institución financiera de su preferencia.

II. Exigir una sana, equitativa y respetuosa relación con las instituciones financieras.

III. Ser informado de sus derechos y exigir su respeto, al solicitar, contratar y recibir los servicios de las instituciones financieras.

IV. Celebrar con las instituciones financieras, contratos de adhesión, con pleno conocimiento de su contenido, explicado en sus aspectos jurídico y financiero o contable por los notarios y el personal financiero capacitado, sin cláusulas abusivas o ilícitas, en formatos y caracteres que faciliten su lectura y entendimiento, autorizados por la Condusef.

V. Recibir testimonio notarial o copia del contrato celebrado y/o la documentación correspondiente y someterlo en su caso, a la revisión de la Condusef.

VI. Solicitar y obtener la anulación procedente de los contenidos o cláusulas abusivos o ilegales de los contratos de adhesión, antes o después de celebrarse, ante las instituciones financieras o en su defecto, ante la Condusef o autoridades competentes.

VII. Pedir verbal o documentalmente la información correspondiente del servicio financiero que solicite o contrate, o las aclaraciones del caso, y recibir la debida y oportuna respuesta personalizada y foliada, en la matriz o sucursal de la institución financiera en que presente la petición.

VIII. Presentar ante la institución financiera a la que contrate sus servicios o ante la Condusef o autoridad competente, en su caso, las quejas o reclamaciones, denuncias o querellas correspondientes, respectivamente, por la violación de sus derechos o la comisión de conductas ilícitas en su perjuicio.

IX. Ser resarcidos de los daños y perjuicios causados por la violación de sus derechos de usuarios por acciones u omisiones en los servicios de las instituciones financieras y por los sufridos con motivo de las aclaraciones o reclamaciones procedentes, promovidos ante ellas o ante las autoridades competentes.

X. Unirse con otros usuarios para la defensa grupal de sus derechos cuando hayan celebrado un solo contrato para recibir el mismo servicio o colectivamente a través de la Condusef, cuando con hechos, actos u omisiones de las instituciones financieras se vulneren los derechos de una colectividad.

XI. Recibir puntualmente como usuarios ahorradores, sujetos de crédito o inversionistas V/o socios, los estados de cuenta, las correcciones a esos estados y de los reportes que soliciten y demás información conducente.

XII. Obtener de las instituciones financieras, oportuna y debidamente, las cancelaciones de los contratos o finiquitos de los créditos o adeudos y la entrega de la demás documentación correspondiente a su vencimiento.

XIII. Inconformarse y ser resarcido de los daños y perjuicios causados por las instituciones financieras correspondientes, de ser reportados indebida o incorrectamente por errores de las propias instituciones, ante el Buró de Crédito, o por no reportar oportunamente a dicho buró, las cancelaciones o finiquitos de adeudo.

XIV. Recibir los ahorradores un interés mínimo, como estímulo al ahorro nacional, y de solicitarlo, el monto acumulado.

XV. Recibir oportuna y cabalmente los inversionistas y/o socios los intereses o participaciones estipuladas o convenidas, y una vez solicitados, los montos acumulados.

XVI. Autorizar o prohibir el uso de sus datos personales para fines mercadotécnicos o publicidad.

XVII. Contar, previo a la contratación de los servicios financieros, con la información de las opciones y condiciones que ofrecen las instituciones financieras.

XVIII. Recibir las indemnizaciones, reparaciones y servicios procedentes en las personas y bienes asegurados, en los términos estipulados o convenidos.

XIX. Ser tratados con respeto, cortesía y puntualmente por el personal de las instituciones financieras y por el personal externo a su servicio.

XX. Recibir los servicios financieros oportunamente y en espacios cómodos y adecuados al público usuario.

XXI. Los demás derechos que esta Ley u otras disposiciones legales otorguen a los usuarios de los servicios financieros.

Artículo Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Disposiciones constitucionales y legales, e información oficial consideradas:

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros. Conducef.gob.mx./index.php/estadística-oficial/acciones-de-defensa-al-usuario/r eclamaciones-por-sector-financiero

Buró de Entidades Financieras. Actualización enero-diciembre 2015. Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros. Conducef.gob. mx/PDF-s/Comunicados/20 16/com27- presentacionActBuro.pdf.

Estatuto Orgánico de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros.

conducef.gob.mx/PDF-s/marco-jurídico/estatuto.pdf.

Anuarios Estadísticos. Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros.

conducef.gob.mx/index.php/estadística-ofici al/anuarios-estadisticos.

Anuario Estadístico 2015. Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros.

Condusef.gob.mx/PDF-s/estadística/anuario-2015.pdf.

Palacio Legislativo de San Lázaro, Ciudad de México, a 18 de abril de 2017.— Diputado Fernando Uriarte Zazueta (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

LEY FEDERAL DE SANIDAD ANIMAL

«Iniciativa que reforma los artículos 19, 92, 97 y 143 de la Ley Federal de Sanidad Animal, a cargo de la diputada Marisol Vargas Bárcena, del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, diputada Marisol Vargas Bárcena, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta honorable soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 19, 92, 97 y 143 de la Ley Federal de Sanidad Animal; al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La resistencia a los antimicrobianos (AMR, por sus siglas en inglés) se produce cuando las bacterias, virus, parásitos y hongos desarrollan resistencia frente a los medicamentos empleados para su tratamiento. Es un fenómeno que se está presentando en todo el mundo y tiene como consecuencia la incapacidad para tratar las enfermedades infecciosas, socavando avances en materia de salud y la medicina.

De acuerdo con la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE), los agentes antimicrobianos son medicamentos que se utilizan para tratar las infecciones, en concreto las de origen bacteriano, son esenciales para preservar la salud humana y la sanidad animal, así como el bienestar animal. El uso excesivo o inadecuado de los agentes antimicrobianos puede provocar la aparición de bacterias resistentes a la acción de estos fármacos, fenómeno que se ha presentado en las últimas décadas. La resistencia a los antimicrobianos pone en riesgo el control de las enfermedades en todo el mundo, y por lo tanto, un problema de salud humana y de sanidad animal.

Asimismo, la resistencia a los antimicrobianos es motivo de la generación de problemas en materia de inocuidad de los alimentos, toda vez que el uso desmedido de agentes antimicrobianos en animales y cultivos destinados a la producción de alimentos, constituye un factor potencialmente importante de riesgo de selección y propagación de microorganismos resistentes en los seres humanos a través del consumo de alimentos.

Tanto expertos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) y la Organización Mundial de la Salud (OMS), en materia de AMR han concluido que los microorganismos resistentes a los antimicrobianos transmitidos en los alimentos generan un problema de inocuidad alimentaria, por lo que estiman que es necesario el desarrollo de estrategias estructuradas y coordinadas para el análisis de riesgo de la AMR.

Los organismos internacionales citados han establecido directrices sobre el análisis de riesgo que han proporcionado enfoques amplios y estructurados para abordar el posible efecto sobre la salud pública de los microorganismos AMR de origen animal a través de los alimentos. Como resultado de estas acciones se ha creado un marco estructurado para el análisis de riesgo para atender una probable afectación a la salud humana asociado con la presencia y transmisión en alimentos de microorganismos; marco que incluye una serie de principios generales para el análisis de riesgo AMR transmitido por los alimentos.

Dentro del septuagésimo primero periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, los jefes de estado se comprometieron a adoptar una estrategia de amplio alcance y coordinada para abordar las causas fundamentales de la AMR en múltiples sectores, en especial en la salud humana, la salud animal y la agricultura.

Los países miembros reafirmaron su compromiso para el desarrollo de planes nacionales de acción frente a la AMR, tomando como base el Plan de Acción Mundial sobre la resistencia a los antimicrobianos 2016-2020, proyecto que desde 2015 se desarrolló por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en colaboración con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE).

Entre las principales finalidades del plan está el acabar con el mal uso de medicamentos antimicrobianos en la salud humana, sanidad animal y agricultura, toda vez que se ha reconocido la necesidad de controlar las infecciones resistentes a los medicamentos y el volumen de antimicrobianos utilizados en seres humanos, animales y cultivos.

En tanto, los miembros de la asamblea también se comprometieron a realizar diversas acciones, entre las que destacan la revisión del marco regulatorio de los antimicrobianos, el desarrollo de las capacidades institucionales para un mayor conocimiento del fenómeno, trabajos dirigidos a la concienciación, la promoción de las mejores prácticas, el fomento de enfoques innovadores utilizando alternativas a los antimicrobianos, así como la aplicación de nuevas tecnologías.

En el Plan de Acción Mundial sobre la resistencia a los antimicrobianos 2016-2020, se advierte que el aumento de la resistencia antimicrobiana (AMR) es una amenaza importante para la salud humana y animal que pone en peligro la medicina moderna, humana y veterinaria, además de socavar la seguridad de los alimentos y el medio ambiente.

Se considera que los agentes antimicrobianos juegan un papel crítico en el tratamiento de enfermedades de animales de granja (acuáticos y terrestres), así como en plantas; su uso es esencial para la seguridad alimentaria y la sustentabilidad de ecosistemas, pero el abuso de los fármacos, asociado con la aparición y propagación de agentes antimicrobianos resistentes, pone en riesgo todos estos elementos.

Se estima que el riesgo es particularmente alto en los países en los que la legislación y la vigilancia es débil o inadecuada, por lo que los planes de las organizaciones internacionales están dirigidos para avanzar hacia el uso responsable de los antimicrobianos en la agricultura y la ganadería.

Por ello, como parte de la estrategia del Plan de Acción Mundial sobre la resistencia a los antimicrobianos 2016-2020 está el mejorar la concienciación sobre el uso de las AMR y las amenazas conexas; el desarrollo de las capacidades de vigilancia de la AMR en los alimentos, la agricultura y la ganadería; el fortalecimiento de la gobernanza sobre los AMR; la promoción de las buenas prácticas en los sistemas alimentarios y agrícolas; y el uso prudente de los antimicrobianos.

En la Asamblea General de las Naciones Unidas se llegó a la conclusión de que los elevados niveles de AMR de los que se tiene registro al día de hoy, es consecuencia del abuso y mal uso de los antibióticos y otros antimicrobianos en seres humanos, animales y cultivos, incluso de la propagación de los residuos de estos medicamentos en el suelo, los cultivos y el agua. La resistencia a los antibióticos se considera como la amenaza global más importante y urgente, que necesita de la atención internacional y nacional.

La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), asegura que México mantiene alianzas con organizaciones internacionales que ya trabajan en este problema, como la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE), la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), el Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria (OIRSA), la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA).

De igual forma, la Sagarpa ha informado que, desde el año 2014 participa en un proyecto interinstitucional para dar seguimiento al sistema de vigilancia integrada de la resistencia a los antimicrobianos en México a partir de lineamientos y experiencias internacionales. Entre las prioridades de estas acciones está la creación de una red de monitoreo para evitar el uso inadecuado de medicamentos antimicrobianos.

Asimismo, a través del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), dependiente de la Sagarpa, se anunció una serie de acciones para que, a partir del intercambio de experiencias, delinear un plan nacional integral.

Estos esfuerzos están dirigidos a vigilar el buen uso de medicamentos veterinarios de calidad, especialmente los agentes antimicrobianos, para impedir que el fenómeno de AMR se convierta en un problema de salud pública. Por ello, es necesario establecer en las leyes, reglamentos y normatividad aplicable, las acciones que deberán realizar las autoridades dirigidas a incentivar el buen uso de los agentes antimicrobianos.

Derivada de las disposiciones de la Ley Federal de Sanidad, la Norma Oficial NOM-012-ZOO-1993, “Especificaciones para la regulación de productos químicos, farmacéuticos, biológicos y alimenticios para uso en animales o consumo por éstos”, establece que se deben especificar todas aquellas situaciones que representen un peligro tanto en el manejo del producto como en su uso, mencionando el antídoto correspondiente. Para el caso de antimicrobianos o cualquier otro producto cuyo principio activo pueda crear resistencia antimicrobiana o dejar residuos tóxicos, debe indicar el tiempo de retiro del producto antes del sacrificio de los animales o bien, el tiempo en que no deben consumirse los productos o subproductos de los animales tratados.

En tanto, la Norma Oficial NOM-040-ZOO-1995, “Especificaciones para la comercialización de sales puras antimicrobianas para uso en animales o consumo por éstos”, regula la utilización de las sales puras antimicrobianas que son utilizadas en la elaboración de medicamentos y alimentos para uso en animales o consumo por éstos, por lo que tiene como fin garantizar la integridad física y química de los mismos.

Así también, la Norma Oficial NOM-064-ZOO-2000, “Lineamientos para la clasificación y prescripción de productos farmacéuticos veterinarios por el nivel de riesgo de sus ingredientes activos.” Se emitió para establecer los criterios técnicos y científicos para la clasificación, prescripción, comercialización y uso de los ingredientes activos empleados en la formulación de los productos farmacéuticos veterinarios por su nivel de riesgo, para evitar que éstos puedan ser nocivos a la salud animal, y su posible repercusión a la salud pública.

Por la importancia de la resistencia a los antibióticos y antimicrobianos, el Consejo Nacional de Salud solicitó normar el uso de antibióticos usados como promotores de crecimiento y metafilaxis; retirar las indicaciones (uso y dosis) de las etiquetas de los antimicrobianos comerciales y no liberar antimicrobianos exclusivos de uso humano para su uso en medicina veterinaria.

Esta propuesta derivó en una reforma a la Ley Federal de Sanidad Animal en 2012, sobre la revisión del registro y la política de solicitar receta médica firmada por un médico veterinario, así como cursos por parte de las asociaciones de especialistas para actualizar a los médicos veterinarios en puntos tales como clasificación de los antimicrobianos, como elegir un antibiótico, rotación, acciones de retiro, entre otros aspectos.

Por lo que es fundamental articular las medidas y esfuerzos para garantizar un acceso adecuado a agentes antimicrobianos eficaces para para el tratamiento de las enfermedades animales, a través de una planificación que permita recabar información, generar diagnósticos, programas y expedir la normatividad correspondiente para que el personal técnico capacitado cuente con los elementos necesarios que le permitan realizar un monitoreo y vigilancia dirigido a procurar la salud pública.

Por lo anteriormente expuesto, me permito someter a la consideración de esta honorable soberanía, la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto que reforma y adiciona la Ley Federal de Sanidad Animal

Artículo Único.Se reforman los artículos 19, 92, 97 y 143 de la Ley Federal de Sanidad Animal, para quedar como sigue:

Artículo 19.La Secretaría establecerá mediante disposiciones de sanidad animal, las características y especificaciones que deberán observarse para procurar el bienestar que todo propietario o poseedor de animales debe proporcionarles, a fin de que los inmunice contra las enfermedades y plagas transmisibles que los afecten, procurando un uso adecuado de antibióticos y antimicrobianos, y les proporcione la alimentación, higiene, transporte y albergue y, en su caso, entrenamiento apropiados conforme a las características de cada especie animal, con el objeto de evitar su estrés y asegurar su vida y su salud.

Artículo 92. ...

...

La Secretaría podrá editar y difundir guías técnicas de información al usuario para fines de registro o autorización de productos para uso o consumo animal y realizará un plan que incluya un programa de monitoreo, vigilancia y control de los mismos que apoye la toma de decisiones y la implementación de buenas prácticas pecuarias para su uso prudente y responsable.

Artículo 97.Cuando exista evidencia científica de que un producto registrado o autorizado cause riesgo zoosanitario o de contaminación de bienes de origen animal o bien no cumple con las especificaciones a que está sujeta su formulación, fabricación, almacenamiento, producción, comercialización, aplicación, uso y manejo, la Secretaría procederá a revocar su registro o autorización, ordenar el retiro del mercado o determinar las medidas zoosanitarias correspondientes; así como a difundir información sobre los riesgos de dichos productos.

Artículo 143.Para la coordinación y ejecución de las campañas zoosanitarias, acciones de promoción, capacitación y educación en salud y bienestar animalo los programas sobre buenas prácticas pecuarias, la Secretaría autorizará a las organizaciones de los sectores involucrados de la cadena sistema producto en los lugares en que el riesgo zoosanitario o de contaminación de los bienes de origen animal lo justifique, como organismos auxiliares de cooperación en materia de sanidad animal.

...

...

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de abril de 2017.— Diputadas y diputados: Marisol Vargas Bárcena,Adriana Elizarraraz Sandoval, Alejandra Gutiérrez Campos, Alfredo Bejos Nicolás, Arlette Ivette Muñoz Cervantes, Brenda Velázquez Valdez, Carlos Alberto Palomeque Archila, Carlos Bello Otero, César Flores Sosa, Edmundo Javier Bolaños Aguilar, Elías Octavio Íñiguez Mejía, Emma Margarita Alemán Olvera, Exaltación González Ceceña, Francisco José Gutiérrez De Velasco Urtaza, Gabriela Ramírez Ramos, Gerardo Gabriel Cuanalo Santos, Gina Andrea Cruz Blackledge, Gretel Culin Jaime, Herminio Corral Estrada, Hugo Alejo Domínguez, J. Apolinar Casillas Gutiérrez, Jesús Antonio López Rodríguez, Jisela Paes Martínez, Jorge Ramos Hernández, José Antonio Salas Valencia, José Hernán Cortés Berumen, Juan Alberto Blanco Zaldívar, Juan Corral Mier, Juan Pablo Piña Kurcyn, Karla Karina Osuna Carranco, Leonel Gerardo Cordero Lerma, Leticia Amparano Gamez, Lilia Arminda García Escobar, Luis de León Martínez Sánchez, Luis Fernando Antero Valle, Luz Argelia Paniagua Figueroa, Marco Antonio Gama Basarte, María de los Ángeles Rodríguez Aguirre, María Guadalupe Murguía Gutiérrez, María Luisa Sánchez Meza, María Verónica Agundis Estrada, Mariana Arámbula Meléndez, Marko Antonio Cortés Mendoza, Miguel Ángel Huepa Pérez, Miguel Ángel Salim Alle, Pedro Garza Treviño, Rocío Matesanz Santamaría, Rubén Alejandro Garrido Muñoz, Teresa de Jesús Lizárraga Figueroa, Víctor Ernesto Ibarra Montoya, Ximena Tamariz García (rúbricas).»

Se turna a la Comisión de Ganadería, para dictamen.

LEY PARA LA TRANSPARENCIA Y ORDENAMIENTO DE LOS SERVICIOS FINANCIEROS Y LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO

«Iniciativa que adiciona los artículos 18 Bis 9 a la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros y 72 Ter a la Ley de Instituciones de Crédito, suscrita por las diputadas Ana Georgina Zapata Lucero y Susana Corella Platt, del Grupo Parlamentario del PRI

Las suscritas, Ana Georgina Zapata Lucero y Susana Corella Platt, diputadas a la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 6o., fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a la consideración del Pleno de esta Honorable Asamblea la siguiente Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 18 Bis 9 a la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, y se adiciona el artículo 72 Ter a la Ley de Instituciones de Crédito, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

Proteger los derechos e intereses de los usuarios o consumidores de servicios financieros, favorecer la prestación de dichos servicios y sus productos bajo principios de claridad y transparencia, así como propiciar el buen funcionamiento de los sistemas de pagos son, junto con una buena educación financiera, condiciones imprescindibles para alcanzar una plena inclusión financiera en el país, que se distinga por consolidar un sólido sistema financiero e incrementar el bienestar y calidad de vida de las personas a través de una mejoría de sus finanzas.

Uno de los esfuerzos realizados para lograr una mejor inclusión financiera en México, ha sido definir e implementar diversas acciones y medidas para bancarizar a los beneficiarios de programas sociales y a aquellos trabajadores que reciben el pago de su nómina, que dicho sea de paso se ha dado de la mano del uso creciente de nuevas tecnologías que las instituciones financieras han impulsado en los años recientes para fortalecer su infraestructura mediante el aumento de puntos de acceso para prestar mejor, con más eficacia y eficiencia, sus productos y servicios.

Ante un mundo cada vez más tecnificado y digital, el sector financiero no podía ser ajeno al proceso evolutivo de las tecnologías de la información y de la comunicación; más bien al contrario, la necesidad de agilizar las operaciones financieras y la necesidad de llegar a más usuarios no importando el lugar en dónde se encuentren, ha sido uno de los motores de esta revolución. Operaciones bursátiles son realizadas a distancia, transacciones bancarias son efectuadas sin necesidad de apersonarse en una sucursal. Hoy en día se puede realizar el pago de servicios desde el hogar o la oficina, los teléfonos celulares han evolucionado hasta convertirse en verdaderos puntos de venta. Las posibilidades de que ahora disponemos para hacer intercambios comerciales están a la vista de todos, y de su democratización dependerá el crecimiento de las economías y la prosperidad de las personas.

Hoy que la tecnología se encuentra también al servicio de la banca, México cuenta con un sistema financiero mucho más robusto. A junio de 2016, la infraestructura financiera del país se conformaba por 16 mil 395 sucursales, 27 mil 422 corresponsales, 44 mil 429 cajeros automáticos y 751 mil 669 terminales puntos de venta (TPV), lo que permite exista al menos una sucursal en la mitad de los municipios del país, un cajero y un corresponsal bancario en 56% y 57% de los municipios, respectivamente, y al menos una TPV en el 66 % de los municipios, lo que representa que en un 62% de los municipios se tenga un cajero automático, que da la posibilidad de acceder al sistema financiero al 96% de la población adulta.

La banca tradicional en México en los últimos años ha acelerado su proceso de transformación digital, y el uso de nuevas tecnologías ha abierto diferentes canales –fijos, móviles y a través de la ‘nube’– para que las instituciones financieras continúen prestando sus productos y servicios a los 33.6 millones de personas que de acuerdo a la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera 2015 (ENIF 2015), reportan tener una cuenta en una institución financiera formal, el 44 % de la población adulta.

Si bien México registra 4.9 cajeros automáticos por cada 10 mil adultos, uno de los más bajos del mundo y de Latinoamérica inclusive, son precisamente los cajeros automáticos uno de los canales o puntos de contacto electrónicos que las instituciones financieras utilizan cada vez más no solo para realizar operaciones financieras como retiro de efectivo, pagos de bienes y servicios y consultas de saldo, sino además para ofrecer una amplia gama de productos, herramientas y servicios financieros, tanto así que su uso y operación llevan cuando menos seis años de seguir una tendencia en aumento.

Uno de los productos que las instituciones ofrecen a través de los cajeros automáticos, amparadas en lo previsto por el artículo 52 de la Ley de Instituciones de Crédito, es el préstamo o crédito de nómina, el que es ofrecido a trabajadores en activo o jubilados cuyo salario o pensión es abonado a una cuenta de nómina, y que las instituciones financieras otorgan sin garantía ante la certeza de que el trabajador va a tener el dinero suficiente para pagar el crédito, ya que los trabajadores reciben su salario para ser abonado o dispersado a su cuenta, y cuyo pago mensual la misma institución financiera carga de manera periódica y automática a cuenta del cliente.

El crédito de nómina sin duda es actualmente un producto versátil, muy socorrido por los trabajadores y su importancia en el sistema financiero del país crece constantemente, siendo que actualmente 14 bancos y 214 Sociedades Financieras de Objeto Múltiple lo ofrecen a sus clientes. Su cartera total, a junio de 2016, estuvo conformada por 5.6 millones de créditos, por un saldo de 215.4 mil millones de pesos, el 25.3 % de la cartera total del crédito al consumo.

No obstante su crecimiento a tasa anual, que fue del 16.4% entre junio de 2014 y junio de 2016, el crédito de nómina presenta una morosidad menor que la del crédito al consumo en general, del 3.1% frente al 4.1%, incluso inferior que la del crédito a la vivienda, que es del 3.2%, debido, como lo hemos explicado, a lo cautivo que representa su cobro.

La tasa de interés promedio ponderado por saldo del crédito de nómina fue del 25.5 %, aunque ha venido bajando, al grado tal que en los últimos dos años se encontró en su nivel más bajo, siendo que el interés de los créditos otorgados en junio de 2016 se ubicaron a una tasa del 24.9 por ciento.

El monto promedio de los créditos de nómina otorgados en el último año fue de 64.3 mil pesos, cuyo monto aumentó en promedio en 10 mil pesos respecto a 2015, lo que significa un crecimiento del 15.5% en términos reales, destacando que el 93.9% de los créditos se otorgó a plazos mayores de dos años.

Los créditos de nómina si bien pueden sacar de apuros a cualquier trabajador, constituyen realmente una navaja de doble filo que puede llevarlos a endeudarse considerablemente, máxime cuando es a través de cajeros automáticos que pueden ofrecerse y otorgarse, y si tomamos en cuenta que las pantallas de los propios cajeros automáticos no brindan información a los usuarios sobre las tasas de interés que se cobrarían, comisiones, plazos, montos de pago, posibilidades de prepago, penalizaciones, contratación de seguros asociados al crédito y otros servicios adicionales, además que también se deja de advertir al trabajador, lo que nos parece lo más lamentable, sobre la forma en que las instituciones de crédito tomarán recursos de su cuenta de nómina para hacer frente a pagos vigentes y vencidos.

En ese contexto, si las instituciones financieras pueden ofrecer y otorgar productos y servicios financieros a través de cajeros automáticos, ¿por qué no pueden por la misma vía informar clara y transparentemente sobre su Costo Anual Total (CAT), de manera desglosada?

Es ante la necesidad de que el ofrecimiento y otorgamiento de créditos de nómina a través de cajeros automáticos sea de forma clara y transparente en que se inscribe la presente Iniciativa, con el objetivo fundamental de lograr que todo trabajador de México pueda tener elementos para hacer un buen uso del producto financiero, y que desde luego redundará en que conozcan las características, términos, condiciones y riesgos de los créditos de nómina.

Los cajeros automáticos sin duda constituyen un beneficio para sus usuarios, al reducir el tiempo de espera en sucursales, además que brindan acceso a muchos de los servicios financieros las veinticuatro horas del día, los trescientos sesenta y cinco días del año, y si la tendencia y política financiera es que los usuarios de dichos servicios utilicen cada vez más herramientas electrónicas para realizar sus operaciones bancarias, brindar información suficiente, clara y transparente debe ir aparejada con el creciente uso de nuevas tecnologías en el sistema financiero.

Para las entidades financieras las cuentas de nómina y sus acreditados representan un gran nicho y oportunidad para ofertar sus productos y servicios, como verbigracia lo es el crédito de nómina, cuando que dicho tipo de cuenta es el producto más utilizado por la población adulta. Baste señalar que de acuerdo a la ENIF 2015, casi 21 millones de personas poseen una cuenta de nómina, el 62.6% de los ahorradores formales del país, y de ellos casi 18 millones 800 mil personas tienen una tarjeta de débito, de quienes un 84% utiliza los cajeros automáticos y tan solo un 16% no lo hace.

Luego entonces, si en una amplia mayoría los sueldos y salarios en el sector formal se pagan a través de transferencias electrónicas a las cuentas bancarias de los empleados y, en particular, en sus cuentas de nómina, prevenir que la inmediatez en las operaciones bancarias no se vuelva en contra de los usuarios y cuidar que la rapidez para tomar decisiones no opere justamente en contra de aquellos a quienes busca beneficiar, debe ser requisito para un sano ejercicio y buenas prácticas financieras.

La solución a la problemática planteada a través de la presente iniciativa podría ser sencilla, pues la información necesaria para que las personas sujetas de un crédito de nómina sepan bien a bien las obligaciones que están adquiriendo se podría plasmar en la pantalla del propio cajero automático u otorgarse de manera impresa, tal y como ocurre con los recibos o comprobantes que para registrar una operación el propio cajero expide.

Esto no debería de ninguna manera ser complicado, incluso ya se ha hecho para fortalecer los derechos de los usuarios de servicios financieros. Con la promulgación en 2007 de la nueva Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros se estableció la obligación de las entidades financieras que operen cajeros automáticos de informar en las pantallas el monto de las comisiones que cobran por su uso, así como obtener el previo consentimiento de los clientes para el cobro de tales comisiones, con lo que se logró una mayor transparencia y se eliminaron prácticas que impedían la competencia entre las entidades financieras en relación con el cobro de comisiones.

La promulgación de la Ley se dio en un contexto en que el Congreso de la Unión estimó conveniente que la banca privada otorgara más y mejores servicios a los usuarios de los servicios financieros, a precios competitivos y más accesibles, fundamentándose además bajo el cobijo de tres pilares que consisten en mayor transparencia, fomento de la sana competencia entre intermediarios financieros y protección al usuario de servicios financieros, con especial énfasis en aquellos menos protegidos, y con la distinción para el caso que nos ocupa de la inclusión de un producto de nómina en los términos y condiciones que determinaría el Banco de México y en la que se consideró estar exentas de cualquier comisión cuyo abono mensual a la cuenta respectiva no excediera un límite de 165 salarios mínimos vigentes en el Distrito Federal.

Con la Reforma Financiera del 2010, se continuó con la implementación de mecanismos para transparentar las operaciones financieras, atento a lo cual se aprobaron diversas disposiciones para regular y transparentar el cobro de comisiones en cajeros automáticos, con lo que se fortalecieron los derechos de los usuarios de los servicios financieros y se aumentó su protección por parte de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF), con lo que se logró una mayor transparencia y se eliminaron prácticas que impedían la competencia entre las entidades financieras en relación con el cobro de comisiones. Lo que estamos proponiendo a través de la presente iniciativa, va en el sentido anterior, por lo que sometemos a la consideración de esta Soberanía la adición de un artículo 18 Bis 9 a la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros a fin de establecer con claridad que cuando los créditos, préstamos o financiamientos revolventes asociados a una tarjeta y créditos personales de liquidez sin garantía real se ofrezcan y otorguen a través de cajeros automáticos, las entidades financieras deberán informar en las pantallas de éstos o a través de papeletas impresas por los mismos los elementos más importantes de la operación, como en todo caso lo son las comisiones, los intereses ordinarios, los intereses moratorios y el CAT que dichas entidades cobran por su uso, entre otras que las disposiciones de carácter general que emita el Banco de México establezcan, lo que habrá de suceder previamente al consentimiento de todo cliente a través del propio medio electrónico, y quienes además estarán obligadas a informar por los mismos medios la posibilidad de que el cliente o usuario deba contratar seguros y demás servicios relacionados por el otorgamiento del financiamiento, préstamo o crédito.

La información que se otorgue a los usuarios de servicios de crédito debe procurar que estos evalúen si realmente lo necesitan, que definan con claridad para qué lo van a utilizar y evitar contratarlo para cubrir gastos estacionales. Importante también, resulta conveniente estudiar si realmente convencen las condiciones del banco donde depositan la nómina y en caso de ser gravosas, mudarse a otra institución haciendo uso del derecho de portabilidad de nómina.

Por la celeridad con que puede el trabajador decidir sobre su aceptación a una oferta de esta naturaleza, se le ha dejado de informar con suficiencia sobre los alcances de una decisión tan delicada para las finanzas personales, de ahí la necesidad de proteger los intereses del público para que la flexibilización de las operaciones financieras se convierta en una obligación para informar con transparencia y claridad sobre el costo total del crédito de nómina que se ha visto obligado a tomar.

Como la situación que hemos expuesto ha venido acarreando un problema más, que estimamos incluso más grave en perjuicio de los usuarios de los servicios financieros y particularmente de los trabajadores de México, consideramos conveniente además se establezca normativamente una medida adicional en materia de protección al salario.

Como puede advertirse del Artículo 80 de las Disposiciones aplicables a las operaciones de las Instituciones de Crédito y de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero, contenidas en la Circular 2/2012 (portabilidad de nómina), emitidas en el Banco de México, la institución ordenante, en tanto entidad financiera que lleva la cuenta de depósito bancario de dinero a la vista en la que un cliente recibe, entre otros recursos, Prestaciones Laborales, podrá efectuar cargos en la Cuenta Ordenante, de manera previa a la transferencia de recursos a la Cuenta Receptorade un cliente, en los casos de solicitud de transferencia de la totalidad de los recursos correspondientes a Prestaciones Laborales, en los supuestos siguientes: a)cuando así se haya pactado con el cuentahabiente para realizar el pago de créditos que la propia Institución Ordenarte le haya otorgado; b) en los casos que el cuentahabiente lo haya autorizado mediante servicio de Domiciliación para el pago recurrente de bienes, servicios o créditos, o, c) cuando el cargo se realice para dar cumplimiento a resoluciones de carácter judicial o administrativo.

Si bien el cliente tiene en todo momento el derecho de solicitar la transferencia de la totalidad de los recursos provenientes de salarios, pensiones o cualquier otra prestación que cualquier empleado pague, de una institución de banca múltiple o de una de banca de desarrollo a otra dónde haya aperturado otra cuenta, dicha transferencia se encuentra limitada en perjuicio del trabajador, en tanto que se permite a la institución de banca múltiple o a la de desarrollo prácticamente embargar o secuestrar parte de su salario para realizar el pago de créditos que la propia institución le ha otorgado, como sucede en el caso de los créditos de nómina, bajo el argumento de que así lo han pactado previamente tanto la institución bancaria como el cliente o usuario, cuyo consentimiento otorgado es la mayoría de las veces desconocido por el propio trabajador, más cuando es la propia institución bancaria o entidad financiera la que de manera unilateral lo asienta en los contratos de adhesión que formula.

Este secuestro o cargo de recursos que las instituciones bancarias o las entidades financieras hacen de manera discrecional de los salarios, pensiones u otras prestaciones laborales de un trabajador que ha contratado un crédito de nómina, no solo genera un problema para la economía familiar del acreditado sino que además es, en nuestra consideración, atentatorio del derecho humano a un salario digno y suficiente, pues al haber sido el trabajador sujeto de un cargo a su cuenta sobre los recursos provenientes de su salario o pensión, se ve imposibilitado a hacer frente a otros gastos vitales que el trabajador y su familia tienen, como en alimentación, salud, educación, vestido, transporte o hasta para el pago de la renta o crédito hipotecario de su vivienda. Frente a ello, la institución bancaria o entidad financiera no se percata que el cargo realizado, aunque haya sido consentido por el propio trabajador, puede lesionar inclusive el salario mínimo que el Artículo 123, apartado A, fracción VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos protege.

El salario mínimo, lo ha considerado el Constituyente Permanente y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es una de las instituciones fundamentales para la realización de la justicia social, que asegura al trabajador una existencia conforme a la dignidad humana, mediante la satisfacción de sus necesidades, tanto materiales como sociales, culturales y de educación de sus hijos.

El salario mínimo responde al principio universal de salario remunerador y justo; y, por lo mismo, se haya protegido por la Constitución, particularmente por el Artículo 123, apartado A, fracción VIII, que establece que no podrá ser afectado con embargo, compensación o descuento, limitante que es extensiva incluso a las afectaciones de carácter fiscal.

No queremos decir de ninguna manera que el cargo que la institución de banca múltiple o de desarrollo haga sobre la cuenta del trabajador en la que se le deposita o dispersa su salario o pensión para hacer frente a compromisos de pago de créditos que la propia institución le ha otorgado, suponga estrictamente un secuestro o embargo, en los términos que la legislación mercantil dispone; empero, lo que si buscamos es que a ser el salario mínimo una de las manifestaciones del derecho del mínimo vital, deba luego entonces, protegerse frente a prácticas bancarias que no han sido lo suficientemente claras y trasparentes y, por el contrario, sí perjudiciales al trabajador.

Nuestra propuesta busca, consecuentemente, que en la legislación secundaria que regula tanto a las entidades financieras y sus operaciones, como en aquella que transparenta y ordena los servicios financieros que las mismas proveen, se establezcan medidas de protección al salario, conciliando la obligación de pago del trabajador que ha tomado un crédito de nómina y el derecho de la institución bancaria o de desarrollo o entidad financiera que ha otorgado el crédito a recibir el pago y sus accesorios derivados del costo del dinero, para lo cual se propone la adición de un artículo 72 Ter a la Ley de Instituciones de Crédito, para que disponga que en los casos de préstamos o créditos personales de liquidez sin garantía real, las instituciones de crédito puedan convenir con los clientes el pago del financiamiento otorgado con cargo a una cuenta en que les sea depositado salarios y otras prestaciones laborales, el cual no deberá ser de ninguna manera mayor del importe de los salarios de un mes y tampoco del treinta por ciento del excedente del salario mínimo, con un párrafo adicional para que el Banco de México emita disposiciones de carácter general para regular las operaciones de préstamos o créditos personales de liquidez sin garantía real con cargo a cuentas en las que se depositen a los clientes salarios y otras prestaciones laborales.

Como medida de protección al salario que es, nuestra propuesta se inspira en la figura que sobre descuentos y embargos dispone la fracción I del Artículo 110 de la Ley Federal del Trabajo, que previene que los descuentos en los salarios de los trabajadores están prohibidos, salvo para el pago de deudas contraídas con el patrón por anticipo de salarios, pagos hechos con exceso al trabajador, entre otros, cuya cantidad exigible en ningún caso podrá ser mayor del importe de los salarios de un mes, descuento que será el que convengan el trabajador y el patrón, sin que pueda ser mayor del treinta por ciento del excedente del salario mínimo.

Así, el salario mínimo del trabajador quedaría protegido para que pueda hacer frente a sus necesidades básicas y las de su familia. El tope del treinta por ciento que además se propone sobre el excedente del salario mínimo, es consecuente con esas necesidades, en tanto que dicha figura la Suprema Corte de Justicia de la Nación la ha resuelto válida y compatible con el funcionamiento armónico y coherente del ordenamiento jurídico mexicano, pues se protege el mínimo vital de los trabajadores al limitar el monto que puede ser objeto de embargo para el aseguramiento de obligaciones de carácter civil o mercantil contraídas por el trabajador, como puede advertirse de la Contradicción de Tesis 422/2013, que dio lugar a la Jurisprudencia: “SALARIO MÍNIMO. LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL PUEDE ORDENAR EL EMBARGO SOBRE EL EXCEDENTE DE SU MONTO, PARA EL ASEGURAMIENTO DE OBLIGACIONES DE CARÁCTER CIVIL O MERCANTIL CONTRAÍDAS POR EL TRABAJADOR, EN PRINCIPIO, SÓLO RESPECTO DEL 30% DE ESE EXCEDENTE.

Creemos que con esta medida no se promueve de ninguna manera la cultura de la evasión de las obligaciones o el no pago de créditos que los trabajadores han asumido, por el contrario, consideramos que ante el contexto económico nacional e internacional que estamos viviendo, medidas que tiendan a proteger el salario de los trabajadores impedirán se vean mermados sus ingresos y se vea lesionado el derecho que tienen al mínimo vital, a través de un salario digno y suficiente.

No pasa por desapercibido para estos iniciadores, la disposición contenida en el Artículo 76, último párrafo, de las Disposiciones aplicables a las operaciones de las Instituciones de Crédito y de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero, pues desde luego las entidades financieras, instituciones de banca múltiple o de desarrollo, estarán obligadas a no dar trámite a las solicitudes de transferencia de recursos (portabilidad de nómina) en aquellos casos en que dichas transferencias ocasionen el incumplimiento de resoluciones de carácter judicial o administrativo que se les haya notificado, que se incluyó a través de la Circular 7/2015, expedida para continuar propiciando tanto el sano desarrollo del sistema financiero como la protección de los intereses del público usuario, derivadas de las reformas a la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros de 2014, respecto a la transferencias periódicas de los depósitos de salarios, pensiones y otras prestaciones de carácter laboral que las instituciones de crédito están obligadas a realizar a solicitud de los cuenta habientes.

Para quienes suscribimos la presente iniciativa, es de vital importancia se continúen fortaleciendo políticas públicas que incluyan a más usuarios al sistema financiero, pero también se considera debe fortalecerse aún más la cultura financiera del país, que les permita a los usuarios tomar mejores decisiones sobre el manejo de sus recursos monetarios y de los diferentes productos y servicios ofrecidos por las instituciones financieras, lo que debe pasar por el diseño y realización de campañas de orientación, difusión y educación financiera en los centros de trabajo del país, respecto a las características, términos, condiciones y riesgos de los créditos de nómina, que permitan a los trabajadores de los sectores público y privado formar hábitos y comportamientos sobre su buen uso.

Pero también las prácticas bancarias deben ser consecuentes con los derechos humanos contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los tratados internacionales que en la materia nuestro país ha suscrito, en lo que respecta a la obligación del Estado de garantizar que la persona trabajadora pueda allegarse de los elementos necesarios para tener una calidad de vida digna y decorosa.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración del pleno de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

PRIMERO.Se adiciona el artículo 18 Bis 9 a la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, para quedar como sigue:

“ Artículo 18 Bis 9.- Cuando los créditos, préstamos o financiamientos revolventes asociados a una tarjeta y créditos personales de liquidez sin garantía real se ofrezcan y otorguen a través de cajeros automáticos, las Entidades deberán informar en las pantallas de éstos o a través de papeletas impresas por los mismos los elementos más importantes de la operación, como comisiones, intereses ordinarios, intereses moratorios y el CAT que cobran por su uso, entre otros, previo al consentimiento del Cliente a través del propio medio electrónico. Asimismo, las Entidades informarán por los mismos medios la posibilidad de que el Cliente deba contratar seguros y demás servicios relacionados por el otorgamiento del financiamiento, préstamo o crédito.”

SEGUNDO.Se adiciona el artículo 72 Ter a la Ley de Instituciones de Crédito, para quedar como sigue:

“ Artículo 72 Ter.- En los casos de préstamos o créditos personales de liquidez sin garantía real, las instituciones de crédito podrán convenir con los clientes el pago del financiamiento otorgado con cargo a una cuenta en que les sea depositado salarios y otras prestaciones laborales. La cantidad que las instituciones de crédito podrán cargar a los clientes no deberá ser mayor del importe de los salarios de un mes y tampoco del treinta por ciento del excedente del salario mínimo.

El Banco de México emitirá disposiciones de carácter general para regular las operaciones de préstamos o créditos personales de liquidez sin garantía real con cargo a cuentas en las que se depositen a los clientes salarios y otras prestaciones laborales.”

TRANSITORIO

“ ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.”

Notas

1 Consejo Nacional de Inclusión Financiera. Política Nacional de Inclusión Financiera. Junio de 2016. P. 5. Recuperada de

http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/110408/ PNIF_ver_1jul2016CONAIF_vfinal.pdf

2 La Encuesta Nacional de Inclusión Financiera es la principal fuente de datos con representatividad nacional sobre el acceso y uso de servicios financieros desde la perspectiva de la población, que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, conjuntamente con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, levanta para obtener información sobre la penetración de los servicios y productos financieros en la población, la satisfacción de los usuarios de ciertos productos y canales, y sobre su frecuencia de uso, entre otros.

3 Encuesta Nacional de Inclusión Financiera 2015. Recuperada de:

http://www.cnbv.gob.mx/Inclusi%C3%B3n/Documents/Encuesta%20Nacional%20de%20IF/ ENIF%202015.pdf

4 Consejo Nacional de Inclusión Financiera. Política Nacional de Inclusión Financiera. Junio de 2016. P. 17. Recuperada de

http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/110408/ PNIF_ver_1jul2016CONAIF_vfinal.pdf

5 El artículo 52 de la Ley de Instituciones de Crédito, en su párrafo primero, dispone que las instituciones de crédito podrán pactar la celebración de sus operaciones y la prestación de servicios con el público mediante el uso de equipos, medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología, sistemas automatizados de procesamiento de datos y redes de telecomunicaciones, ya sean privados o públicos.

6 Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros. Supervisión de crédito al consumo. Junio de 2016. Visto en

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/118517/ supervision-credito-al-consumo.pdf

7 Banco de México. Indicadores Básicos de Créditos de Nómina. Datos a junio de 2016. Pp. 5, 8. Recuperado de

http://www.banxico.org.mx/sistema-financiero/publicaciones/indicadores- basicos-de-credito-de-nomina/%7B3916F2DA-612D-080E-32CB-4ED1DA81932A%7D.pdf

8 Ibídem. P. 5.

9 Ibídem. P. 6.

10 Ibídem. P. 10.

11 Ibídem. P. 11.

12 El CAT, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 3, fracción VI, de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, es el costo anual total de financiamiento expresado en términos porcentuales anuales que, para fines informativos y de comparación, incorpora la totalidad de los costos y gastos inherentes a los créditos, préstamos o financiamientos que otorgan las entidades financieras.

13 Encuesta Nacional de Inclusión Financiera 2015. P. 39. Recuperada de:

http://www.cnbv.gob.mx/Inclusi%C3%B3n/Documents/ Encuesta%20Nacional%20de%20IF/ENIF%202015.pdf

14 La Ley abrogó la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros publicada en el Diario Oficial de la Federación el 26 de enero de 2004

15 Artículo 5 de la Ley para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros.

16 Ver proceso legislativo de la aprobación de la Ley para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros

http://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/ wfProcesoLegislativo.aspx?q=Dxg6iFApyzNofbJ0DboXWkU4Cg5WvPOv0jyrsQ 8egFMeshmXrkFdWCG3rJL2+fWY

17 Ibídem.

18 Dentro de la categoría de créditos personales de liquidez sin garantía real se ubican los denominados créditos de nómina.

19 Banco de México. Disposiciones aplicables a las operaciones de las Instituciones de Crédito y de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero. Texto compilado de la Circular 3/2012, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de marzo de 2012. Visto en

http://www.banxico.org.mx/disposiciones/normativa/circular-3-2012/ %7B60333E30-FC8B-94D3-E1D0-4AF8E3C75E90%7D.pdf

20 Por Prestación Laboral, de acuerdo a las Disposiciones aplicables a las operaciones de las Instituciones de Crédito y de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero, se entiende a los salarios, pensiones o cualquier otra prestación que el Patrón pague al cliente. Por Patrón se entiende a la persona que contrata el Servicio de Nómina con una Institución Ordenante y envía las instrucciones de pago de Prestaciones Laborales a Cuentas Ordenantes o Cuentas Receptoras.

21 Por Cuenta Ordenante se entiende a la cuenta de depósito bancario de dinero a la vista que lleva una institución de banca múltiple o una institución de banca de desarrollo en la que, entre otros recursos, un cliente recibe Prestaciones Laborales.

22 Por Cuenta Receptora se entiende a la cuenta de depósito bancario de dinero a la vista que una institución de banca múltiple o una institución de banca de desarrollo lleva al cliente a la que serán transferidos, entre otros recursos, los que este reciba por concepto de Prestaciones Laborales de la Cuenta Ordenante.

23 Por Domiciliación se entiende a la aceptación expresa del titular de la Cuenta para que se realicen cargos recurrentes a su Cuenta, relativos al pago de bienes, servicios o créditos.

24 Jurisprudencia 171363. 2a./J. 164/2007. Segunda Sala. Novena Época. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXVI, Septiembre de 2007, Pág. 511. Vista en

http://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Documentos/Tesis/171/171363.pdf

25 Contradicción de Tesis 422/2013. Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Semanario Judicial de la Federación. Décima Época. 13 de junio de 2014. Vista en

http://sjf.scjn.gob.mx/SJFSem/Paginas/DetalleGeneralScroll.aspx? id=25085&Clase=DetalleTesisEjecutorias

26 Banco de México. Circular 7/2015, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 20 de marzo de 2015. Vista en http://www.banxico.org.mx/disposiciones/normativa/circular-3-2012/%7B6D072009-2 DD7-74A6-BCC7-5BA2E9132912%7D.pdf

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 7 días del mes de marzo de 2017.— Diputadas: Ana Georgina Zapata Lucero y Susana Corella Platt (rúbricas).»

Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

PROPOSICIONES

SE EXHORTA A LA SFP Y A LA ASF A INVESTIGAR EL PRESUNTO DESVÍO DE RECURSOS FEDERALES POR PARTE DEL GOBIERNO DE VERACRUZ, CUYO TITULAR ERA JAVIER DUARTE, PARA BENEFICIAR AL PARTIDO MORENA

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SFP y a la ASF para que en el uso de sus facultades, atribuciones y competencias, investiguen el presunto desvío de recursos federales por parte del gobierno del estado de Veracruz, cuyo titular era Javier Duarte de Ochoa, para beneficiar al partido Morena, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del PAN

Los suscritos, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 79, fracciones II, numeral 2, y VI, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta soberanía los presentes puntos de acuerdo, con base en las siguientes

Consideraciones

En febrero pasado, el gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, acusó un presunto desvío de recursos por el gobernador Javier Duarte de Ochoa, quien hasta hace unos días estuviera prófugo de la justicia mexicana y que ha sido aprehendido ya por autoridades en territorio guatemalteco, al partido político Morena, encabezado por Andrés Manuel López Obrador.

A partir de la investigación que se llevó a cabo sobre los bienes asegurados en una bodega pertenecientes a la familia Duarte Macías, el gobernador de Veracruz señaló que existen elementos para asegurar que algún testaferro de Javier Duarte, posiblemente su operador financiero de nombre Gabriel Deantes, daba recursos a Andrés Manuel López Obrador, a través de Morena, para que integrantes de ese partido político no dejaran sin agua a los habitantes de Coatzacoalcos cerrando las válvulas de la presa Yuribia por un monto de 2.5 millones de pesos mensuales.

Hoy genera sospechas que ante la captura de Duarte, López Obrador haya salido ante la opinión pública a señalar que se trató de un hecho para perjudicarlo. ¿Tendrá algo que esconder? ¿López Obrador teme que Duarte lo señale como cómplice de sus actos de corrupción?

Estamos en tiempos cuando la ciudadanía pide a los gobernantes, a los servidores públicos transparencia, claridad respecto a lo que hacen con los recursos públicos, con el dinero proveniente de la participación ciudadana a través de los impuestos.

López Obrador es la antítesis de la transparencia. Nunca ha dado razón de dónde provienen los recursos que utiliza para recorrer el país y mucho menos para vivir. López Obrador nunca ha expuesto de dónde obtiene dinero, y qué decir de un sueldo.

Es importante que los ciudadanos sepan si López Obrador y Morena participaron en una suerte de componenda donde hubo desvío de recursos. Es importante y necesario que se abra una investigación con objeto de conocer y, en su caso, sancionar cualquier tipo de delito en que se haya incurrido. Los ciudadanos no esperan más justificaciones de los políticos. Se exige la máxima claridad en sus acciones.

La captura de Duarte debe dar luces sobre el desvío de recursos en que incurrió y las redes de corrupción y de tráfico de influencias que construyó a lo largo de seis años.

Pedimos a las autoridades que investiguen, y que Javier Duarte y Andrés Manuel López Obrador demuestren lo que tengan que demostrar.

Por lo expuesto se presenta la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de la Función Pública del gobierno federal para que en uso de sus facultades, atribuciones y competencias haga una investigación minuciosa sobre la posible desviación de recursos federales al partido Morena en Veracruz por el ex gobernador Javier Duarte de Ochoa.

Segundo.La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta al titular de la Auditoría Superior de la Federación para que se haga una revisión exhaustiva y extraordinaria a las Cuentas Públicas de 2014, 2015 y 2016 sobre los recursos de la federación otorgados a Veracruz y elabore un informe especial a esta soberanía sobre estos posibles desvíos de los recursos federales por el ex gobernador de esa entidad Javier Duarte de Ochoa.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de abril de 2017.— (Rúbrica).»

Se turna a la Comisión Transparencia y Anticorrupción, para dictamen.

CLAUSURA Y CITA

La presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez(a las 16:04 horas): Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar mañana, jueves 20 de abril de 2017, a las 11 horas. Que tengan una excelente tarde.

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