Presidencia de la diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez

ASISTENCIA

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez:Pido a la Secretaría haga del conocimiento de esta Presidencia, el resultado del cómputo de asistencia de diputadas y diputados.

El Secretario diputado Andrés Fernández del Valle Laisequilla:Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 274 diputadas y diputados. Por lo tanto, hay quórum.

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez(a las 11:45 horas): Se abre la sesión.

ORDEN DEL DÍA

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez:Consulte la Secretaría a la asamblea si se dispensa la lectura al orden del día.

El Secretario diputado Andrés Fernández del Valle Laisequilla:Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica, se consulta a la asamblea si se dispensa la lectura al orden del día. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Diputada presidenta, mayoría por la afirmativa. Se dispensa la lectura.

«Segundo periodo de sesiones ordinarias del segundo año de ejercicio de la LXIII Legislatura.

Orden del día

Jueves 9 de febrero de 2017

Lectura del acta de la sesión anterior

Comunicaciones oficiales

De la Mesa Directiva

Con relación a modificación de turnos de iniciativas.

De la Junta de Coordinación Política

Con la que comunica cambio de integrantes de comisiones.

De los diputados Juan Manuel Celis Aguirre, Salvador Zamora Zamora y Jesús Sesma Suárez

Solicitan el retiro de iniciativas.

De la Cámara de Senadores

Remite el Calendario de Sesiones para el Segundo Período Ordinario del Segundo Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura.

De la Secretaría de Gobernación

Remite el Informe del Avance y Estado que guarda el proceso de liquidación de Ferrocarriles Nacionales de México, a cargo del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, correspondiente al segundo semestre de 2016.

Remite doce contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados y la Comisión Permanente en su primer receso del segundo año.

De la Consejería Jurídica del Estado de Oaxaca

Remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, para crear institutos locales especializados en el desarrollo e inclusión de las personas con discapacidad.

Del Honorable Congreso del Estado de Colima

Remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, para que los congresos estatales creen confinamientos para residuos peligrosos.

Minutas

Con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción III del artículo 12 de la Ley General de Educación.

Con proyecto de decreto por el que se deroga la fracción III, y se adiciona un último párrafo al artículo 146 del Código Penal Federal.

Con proyecto de decreto por el que se declara el 15 de septiembre de cada año, como el “Día Nacional de la Lucha contra el Linfoma no Hodgking y Linfoma Hodgking”.

Con proyecto de decreto por el que se declara el 9 de agosto de cada año, como el “Día Nacional de la lucha contra el Cáncer Cervicouterino”.

Con proyecto de decreto por el que se declara el 15 de noviembre de cada año, como el “Día Nacional Contra el Uso Nocivo de Bebidas Alcohólicas”.

Iniciativa de senador

Con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 86 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, presentada por el Sen. Javier Lozano Alarcón, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, ante la Cámara de Senadores, el 30 de enero del año en curso.

Acuerdo de los órganos de gobierno

De la Junta de Coordinación Política.

Iniciativas

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, a cargo del diputado Arturo Álvarez Angli y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Que reforma reforma los artículos 335 y 337 del Código Penal Federal, a cargo del diputado José Refugio Sandoval Rodríguez y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Que expide la Ley General de Transporte Sustentable Urbano y Suburbano; adiciona los artículos 2o.-A de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios y 2o. de la Ley de Coordinación Fiscal, a cargo de la diputada Sofía González Torres y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Que expide la Ley del Banco Nacional de Becas y Financiamiento a la Educación, a cargo del diputado Alfredo Anaya Orozco, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 9o. de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, a cargo de la diputada Claudia S. Corichi García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma el artículo 5 de la Ley de la Economía Social y Solidaria, Reglamentaria del Párrafo Octavo del Artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo referente al sector social de la economía, a cargo del diputado Alejandro González Murillo, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.

Que reforma y adiciona los artículos 109 y 128 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Alfredo Ferreiro Velazco, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.

Que reforma el artículo 65 Bis 6 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, a cargo de la diputada Flor Estela Rentería Medina, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 2o. de la Ley del Impuesto al Valor Agregado y 3o., 5o. y 8o. de la Ley Federal del Impuesto sobre Automóviles Nuevos, a cargo de la diputada Araceli Damián González, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Seminario de Cultura Mexicana, en materia de transparencia y acceso a la información, a cargo del diputado Francisco Javier Pinto Torres, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.

Que reforma diversas disposiciones de la Ley de Migración, a cargo del diputado Gonzalo Guízar Valladares, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.

Que adiciona los artículos 115 y 117 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Flor Estela Rentería Medina, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 3o. y 10 de la Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo, a cargo de la diputada María Concepción Valdés Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, a cargo del diputado Jorge Álvarez Máynez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma el artículo 52 de la Ley de Aviación Civil, a cargo de la diputada Cynthia Gissel García Soberanes, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.

Que adiciona el artículo 48 de la Ley de Instituciones de Crédito, a cargo del diputado Braulio Mario Guerra Urbiola, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que adiciona el artículo 30 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, a cargo de la diputada Isaura Ivanova Pool Pech, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona los artículos 40 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, 15-C y 540 de la Ley Federal del Trabajo, a cargo de la diputada Isaura Ivanova Pool Pech, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona los artículos 2, 13 y 68 de la Ley General del Servicio Profesional Docente, a cargo del diputado Francisco Martínez Neri, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que adiciona el artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Alberto Martínez Urincho, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma diversas disposiciones transitorias de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2017, a cargo del diputado Ángel II Alanis Pedraza, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que adiciona los artículos 9o. de la Ley General de Cultura Física y Deporte y 7o. de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Isaura Ivanova Pool Pech, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Educación y de la Ley Reglamentaria del Artículo 5o. Constitucional, Relativo al ejercicio de las Profesiones en el Distrito Federal, a cargo de la diputada Isaura Ivanova Pool Pech, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que adiciona el artículo 14 de la Ley General de Educación, a cargo del diputado Guillermo Rafael Santiago Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma el artículo 304 del Código Civil Federal, a cargo del diputado Germán Ernesto Ralis Cumplido, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma y adiciona los artículos 47 y 103 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a cargo de la diputada Sofía Del Sagrario De León Maza, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que expide la Ley General de Migración de Retorno, a cargo de la diputada Arlette Ivette Muñoz Cervantes, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que adiciona el artículo 13 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, a cargo del diputado Guillermo Rafael Santiago Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma el artículo 50 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, a cargo del diputado Jonadab Martínez García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Que reforma los artículos 6o. y 84 de la Ley de Aviación Civil, a cargo del diputado Luis Alfredo Valles Mendoza, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.

Que reforma el artículo 403 del Código Nacional de Procedimientos Penales, a cargo del diputado José Máximo García López, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que deroga el párrafo octavo del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Rodrigo Abdala Dartigues, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma el artículo 37 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, a cargo del diputado Jonadab Martínez García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Que reforma los artículos 29 y 30 de la Ley General de Desarrollo Social, a cargo de la diputada Silvia Rivera Carbajal, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona 14 ordenamientos legales, en materia de prevención, investigación, procuración de justicia y sanción de delitos cometidos por usurpación, robo, fraude y suplantación de datos e identidad personales, a cargo del diputado José Máximo García López, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 177 del Reglamento de la Cámara de Diputados, a cargo del diputado Jonadab Martínez García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Que reforma y adiciona los artículos 7-Ter, 34 y 128 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, a cargo de la diputada Sara Latife Ruíz Chávez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, suscrita por los diputados Araceli Damián González y Vidal Llerenas Morales, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma el artículo 7o. y adiciona los artículos 7o. Bis y 7o. Ter

de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Salvador Zamora Zamora, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma el artículo 288 del Código Civil Federal, a cargo de la diputada Sara Latife Ruíz Chávez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 16 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por los diputados Jorge Ramos Hernández y José Hernán Cortés Berumen, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona el artículo 1834 del Código Civil Federal, a cargo del diputado Roberto Alejandro Cañedo Jiménez, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma los artículos 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 6o. de la Ley de Planeación y 7o. de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Salvador Zamora Zamora, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma el artículo 103 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a cargo de la diputada Kathia María Bolio Pinelo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo, a cargo de la diputada Kathia María Bolio Pinelo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, suscrita por el diputado José Luis Orozco Sánchez Aldana y diversos diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, de la Ley de Asistencia Social y de la Ley General de Víctimas, suscrita por diversos diputados del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que adiciona el artículo 179 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, a cargo del diputado Francisco Ricardo Sheffield Padilla, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma los artículos 169 y 185 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a cargo del diputado Erik Juárez Blanquet, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Sanidad Animal, a cargo de la diputada Sara Paola Galico Félix Díaz y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Que reforma y adiciona los artículos 16, 30, 43 y 113 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 Constituciona, a cargo del diputado Renato Josafat Molina Arias, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma los artículos 189 y 190 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, a cargo del diputado Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Carmen Victoria Campa Almaral, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.

Que reforma y deroga diversas disposiciones de los artículos 39 y 43 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Abdies Pineda Morín, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.

Que reforma el artículo 11 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, suscrita por el diputado José Luis Orozco Sánchez Aldana y diversos diputados del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona los artículos 16 del Código Penal Federal y 405 del Código Nacional de Procedimientos Penales, a cargo del diputado Carlos Alberto de la Fuente Flores, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona los artículos 60 Bis 3 de la Ley General de Vida Silvestre y 420 del Código Penal Federal, a cargo del diputado Juan Fernando Rubio Quiroz, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que deroga la fracción III del artículo 256 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, suscrita por el diputado Clemente Castañeda Hoeflich e integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que adiciona el artículo 340-Bis del Código Penal Federal, a cargo de la diputada Karina Sánchez Ruiz, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.

Que reforma y adiciona los artículos 12, 21 y 40 de la Ley de Ciencia y Tecnología, a cargo de la diputada Ana Guadalupe Perea Santos, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.

Que reforma los artículos 5o., 31, 34 y 159 Bis de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, suscrita por el diputado José Luis Orozco Sánchez Aldana y diversos diputados del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 40 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, a cargo del diputado Wenceslao Martínez Santos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma los artículos 32 y 41 Bis de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Isaura Ivanova Pool Pech, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley General de Vida Silvestre, de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos y del Código Penal Federal, a cargo de la diputada María Victoria Mercado Sánchez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma el artículo 38 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada María Eugenia Ocampo Bedolla, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.

Que reforma el artículo 66 de la Ley de Migración, a cargo del diputado Gonzálo Guizar Valladares, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, suscrita por el diputado José Luis Orozco Sánchez Aldana y diversos diputados del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 32 de la Ley del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, a cargo del diputado José Santiago López, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales y de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, a cargo del diputado Ángel García Yáñez, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.

Que reforma los artículos 2 y 2-A de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, a cargo de la diputada Cynthia Gissel García Soberanes, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.

Que reforma el artículo 60 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a cargo de la diputada María Del Rocío Rebollo Mendoza, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 32 y 33 de la Ley General de Educación, a cargo del diputado José Santiago López, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona el artículo 25 de la Ley de Aeropuertos, a cargo de la diputada Cynthia Gissel García Soberanes, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones a la Ley Federal del Trabajo, a cargo de la diputada Arlet Mólgora Glover, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona los artículos 25 y 51 de la Ley General de Partidos Políticos, a cargo del diputado José Santiago López, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona los artículos 8o. de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 9o. de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, a cargo de la diputada Arlet Mólgora Glover, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 51 de la Ley General de Desarrollo Social, a cargo de la diputada Lucía Virginia Meza Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma los artículos 87 de la Ley Federal del Trabajo y 58 de la Ley del Seguro Social, a cargo de la diputada Delia Guerrero Coronado, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Lucía Virginia Meza Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma los artículos 24 de la Ley General de Educación y 53 y 55 de la Ley Reglamentaria del Artículo 5o. Constitucional, Relativo al Ejercicio de las Profesiones en el Distrito Federal, a cargo de la diputada Ruth Noemí Tiscareño Agoitia, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 201 y 205 de la Ley del Seguro Social, a cargo de la diputada Maricela Contreras Julián, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 4o. de la Ley Agraria, a cargo del diputado Fernando Quetzalcóatl Moctezuma Pereda, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y deroga diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y de la Ley General de Partidos Políticos, a cargo del diputado Ricardo Ángel Barrientos Ríos, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que adiciona el artículo 4o. de la Ley de Asistencia Social, a cargo del diputado Fernando Quetzalcóatl Moctezuma Pereda, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales, a cargo de la diputada Ana Leticia Carrera Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales, de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos, de la Ley de Migración, de la ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículo 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, del Código Penal Federal, de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público y de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, a cargo del diputado César Camacho Quiroz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona el artículo 8o. de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, a cargo de la diputada María Elida Castelán Mondragón, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Reglamento de la Cámara de Diputados y se reforma el artículo 43 de la Ley del Servicio Exterior Mexicano, a cargo de la diputada Xitlalic Ceja García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por los diputados Alberto Martínez Urincho y Francisco Xavier Nava Palacios, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, y Manuel Jesús Clouthier Carrillo.

Que reforma y adiciona los artículos 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 539 de la Ley Federal del Trabajo, a cargo del diputado José Hugo Cabrera Ruíz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Declaratoria de publicidad

Dictámenes a discusión de leyes o decretos

De la Comisión de Seguridad Pública, con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 4 de la Ley del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas.

De las Comisiones Unidas de Protección Civil y de Comunicaciones, con proyecto de decreto por el que se adicionan los artículos 19 de la Ley General de Protección Civil, y 118 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.

Dictámenes a discusión con puntos de acuerdo

De la Comisión de Cambio Climático, con puntos de acuerdo por los que se exhorta a los poderes Ejecutivo y Legislativo de las Entidades Federativas para que establezcan en su presupuesto una partida específica en materia de cambio climático.

De la Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego, con punto de acuerdo por el que se solicita a la Semarnat y a la Sagarpa, realicen una campaña a nivel nacional de reconocimiento al bambú como un recursos natural estratégico e incluyen a su cadena productiva como beneficiaria de programas de apoyo, financiamiento y fomento a su cultivo.

De la Comisión de la Agricultura y Sistemas de Riego, con punto de acuerdo relativo al cumplimiento inmediato del programa especial emergente de apoyo a productores veracruzanos.

De la Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Sagarpa, a ejecutar los programas de toma de conciencia sobre la importancia de las abejas en la agricultura y garantizar la subsistencia de éstas.

De la Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Sagarpa, a la Secretaría de Economía, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Secretaría de Salud; para que en el ámbito de sus atribuciones y en coordinación implementen acciones y medidas de emergencia para atender la problemática de la producción y comercialización de manzana del país.

De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Sener a fortalecer la coordinación interinstitucional con la CFE, la CRE, la Semarnat, la Conafor y la Conanp para desarrollar con participación ciudadana un plan de mitigación de riesgos ambientales, a fin de garantizar la protección del medio en los proyectos de energías renovables impulsados por el Gobierno Federal.

De la Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Sagarpa, publique en la página electrónica de esta dependencia los informes de labores anuales, información detallada sobre los programas en operación a cargo de la Sagarpa, a fin de transparentar las acciones y el ejercicio del gasto de los programas por región, estado, municipio, monto y padrón de beneficiarios.

De la Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Sagarpa, para que publique los lineamientos para dar cumplimiento al acuerdo publicado por la SHCP del 30 de diciembre de 2015, en el que se establecen estímulos fiscales a la gasolina y el diésel en los sectores pesquero y agropecuario.

De la Comisión de la Agricultura y Sistemas de Riego, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Sagarpa a implementar en forma coordinada junto con la Semarnat el Programa Integral de Rescate de Suelos Agrícolas, donde se considere conveniente fomentar la producción y utilización de biofertilizantes y bioplaguicidas, como medio de mejoramiento y biorremediación de los suelos agrícolas del país.

De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con punto de acuerdo por el que se exhorta a las autoridades ambientales de los tres niveles de Gobierno, a efecto de ejecutar diversas acciones en el marco de la celebración del día mundial de la ecología.

De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con puntos de acuerdo por los que se exhorta a la Semarnat a revocar permisos de explotación a las empresas que incumplan las NOM en materia de manejo de contaminación ambiental y daño ecológico, así como la puesta en marcha de un programa de revisión para reajuste del estatus de los estudios de impacto ambiental de las mineras en fase de operaciones que trabajan en el esquema de minería a cielo abierto.

De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal considere el estudio y posible actualización del Reglamento para el uso y aprovechamiento del mar territorial, vías navegables, playas, zona federal marítimo terrestre y terrenos ganados al mar, publicado en el DOF el 21 de agosto de 1981.

De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con puntos de acuerdo relativos a la integración de los habitantes del Área de Protección de Flora y Fauna Nevado de Toluca, México, en los respectivos proyectos de conservación para mejorar sus situación económica y social, y promover el aprovechamiento sostenible y diversificado de los recursos naturales.

De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con puntos de acuerdo por los que se exhorta a la Semarnat, a efecto de que implemente diversas acciones relacionadas con la construcción de un desarrollo inmobiliario en Baja California Sur.

De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con punto de acuerdo por el se exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal abrogue el decreto del 1 de octubre de 2013, que reforma, deroga y adiciona diversas disposiciones del diverso, publicado el 25 de enero de 1936, por el que se declaró Parque Nacional la montaña denominada Nevado de Toluca, y recategorizar el Nevado de Toluca como Reserva de la Biósfera.

De la Comisión de Relaciones Exteriores, con punto de acuerdo relativo al informe sobre la visita del entonces candidato republicano Donald Trump.

De la Comisión de Relaciones Exteriores, con punto de acuerdo relativo a la procedencia de los recursos confiscados en Estados Unidos, al ex Tesorero de Coahuila.

De la Comisión de Relaciones Exteriores, con puntos de acuerdo sobre el diseño de una estrategia integral de política exterior.

De la Comisión de Relaciones Exteriores, con punto de acuerdo relativo a los memorándum de entendimiento suscritos por el gobierno de México y Singapur en junio de 2016.

De la Comisión de Relaciones Exteriores, con punto de acuerdo que felicita al Gobierno de Colombia y a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia.

De la Comisión de Derechos de la Niñez, con puntos de acuerdo por los que se exhorta a la SEP, la PGR, las Procuradurías de Justicia Estatales, los Sistemas para el Desarrollo Integral de la Familia Nacional, Estatales y Municipales, realicen acciones para atender la violencia contra niñas, niños y adolescentes en sus hogares.

De la Comisión de Derechos de la Niñez, con punto de acuerdo por el que se exhorta a diversas autoridades a incluir en su legislación la alienación parental como forma de violencia familiar y tomar medidas adecuadas para su detección y tratamiento procurando el interés superior del menor.

De la Comisión de Derechos de la Niñez, con punto de acuerdo relativo a armonizar las leyes locales conforme a la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil.

De la Comisión de Derechos de la Niñez, con punto de acuerdo relativo a la prevención y erradicación del “Grooming”.

De la Comisión de Derechos de la Niñez, con punto de acuerdo por el que se exhorta a los Congresos Locales, para que aprueben los recursos económicos necesarios a efecto de dar cumplimiento pleno a los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los Tratados Internacionales.

De la Comisión de Derechos de la Niñez, con punto de acuerdo relativo a impulsar campañas informativas sobre el programa Alerta Amber.

De la Comisión de Comunicaciones, con punto de acuerdo por el que se exhorta al IFETEL, para que realice las acciones conducentes para que los concesionarios de telefonía móvil ofrezcan a sus usuarios las mejores condiciones de servicio posibles, particularmente en la cantidad de datos destinados a la navegación por internet y uso de redes sociales.

De la Comisión de Comunicaciones, con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente al Ifetel y a la SCT para que, en el ámbito de sus respectivas competencias, estudien y analicen la viabilidad de instalar infraestructura de telefonía móvil en la localidad de Ruiz Cortines, Municipio de Papantla de Olarte, en el Estado de Veracruz.

De la Comisión de Comunicaciones, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SCT y al Ifetel, para que pongan a disposición de la sociedad las versiones públicas de información que contengan los avances de los proyectos de red troncal y de red compartida mayorista de telecomunicaciones, y otorguen a las mismas la mayor difusión posible a efecto de mantener a la ciudadanía puntualmente informada.

De la Comisión de Comunicaciones, con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente al Ifetel para que coordine las acciones necesarias con los concesionarios de telefonía móvil, a fin que los mapas de cobertura garantizada de cada servicio ofrecido a sus usuarios, se encuentren disponibles al público en general de manera clara, concisa y desglosada por cada municipio y entidad federativa del país.

De la Comisión de Deporte, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la conade para que instrumente las medidas necesarias a efecto de hacer una amonestación pública a quien resulte responsable de las irregularidades que impidieron la participación de deportistas paralímpicos en los pasados juegos paralímpicos de Río 2016.

De la Comisión de Deporte, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Conade para que en coordinación con las autoridades responsables del deporte y la activación física de las Entidades Federativas, implementen acciones diseñadas por la política del deporte.

De la Comisión de Pesca, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Sagarpa, Conapesca, Profepa, Semarnat y la Sectur a vigilar el cumplimiento de la LGPAS y la NOM-017-PESC-1994, respecto a la pesca recreativa deportiva.

De la Comisión de Pesca, con puntos de acuerdo relativos a la integración y actualización de los registros nacional y estatal de pesca y acuacultura.

De la Comisión de Gobernación, con puntos de acuerdo por los que se exhorta a los poderes ejecutivos de las diferentes entidades federativas, a implementar campañas de concientización para erradicar las llamadas falsas a los servicios de emergencia.

De la Comisión de Gobernación, con punto de acuerdo por el que se exhorta al INE y sus homólogos locales a analizar conforme a las leyes aplicables la viabilidad de que Talleres Gráficos de México elabore los materiales para los comicios de 2017 en Coahuila, Estado de México, Nayarit y Veracruz.

De la Comisión de Salud, con puntos de acuerdo relativos al fortalecimiento y la ampliación de acciones para prevenir y disminuir el índice de mortalidad materna en indígenas durante el embarazo, parto y posparto en Oaxaca.

De la Comisión de Salud con punto de acuerdo por el que se exhorta al Consejo Nacional de Salud a promover y garantizar la aplicación de la NOM-046-SSA2-2005, violencia familiar, sexual y contra las mujeres, criterios para la prevención y atención, y dé a conocer a la opinión pública los avances, retos y obstáculos en la implementación y aplicación práctica.

De la Comisión de Salud, con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud federal para que en coordinación con las secretarias de salud de las treinta y dos entidades federativas, implemente campañas de difusión en materia de prevención, control y atención del cáncer testicular.

De la Comisión de Salud, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud a verificar el buen funcionamiento de las casas de cuidado para adultos y adultos mayores.

De la Comisión de Salud, con puntos de acuerdo sobre la reactivación de acciones que permitan concluir el Hospital de Reyes Etla, Oaxaca.

De la Comisión de Salud, con puntos de acuerdo por los que se exhorta al Ejecutivo federal a determinar por la Cofepris las causas de que en Tierra Blanca, Veracruz, se haya disparado el índice de enfermedades de carácter renal y aplicar las medidas preventivas y correctivas.

De la Comisión de Salud, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud a realizar una campaña nacional sobre los riesgos de la salud por adquirir medicamentos en la vía pública o a través de internet.

De la Comisión de Salud, con puntos de acuerdo por los que se exhorta al gobierno del estado de Guanajuato para que comuniquen sobre las medidas que han tomado frente de las denuncias de la asociación “Mayoye Angelitos Guerreros” y las acciones emprendidas para evitar los riesgos a la salud que enfrentan los habitantes de la comunidad de la Calera.

De la Comisión de Salud, con puntos de acuerdo por los que se exhorta al IMSS a realizar acciones para mejorar los servicios del Hospital General de Zona número 11 y la Unidad de Medicina Familiar 78, así como para resolver la problemática suscitada por la clausura de la UMF 76, en Nuevo Laredo, Tamaulipas.

De la Comisión de Salud, con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobernador del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, a incluir en su plan de trabajo, programas en materias ambiental y de salud, mediante las cuales se prevenga y se atienda la insuficiencia renal crónica.

De la Comisión de Salud, con puntos de acuerdo por los que se exhorta a los integrantes del Sistema Nacional de Salud a diseñar, implementar y reforzar los programas para prevenir y atender los trastornos de la conducta alimentaria.

De la Comisión de Salud, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud a fomentar campañas de difusión para la prevención de accidentes isquémicos transitorios (AIT).

De la Comisión de Salud, con puntos de acuerdo relativos al establecimiento de una estrategia preventiva y de detección oportuna con base en la autoexploración y mastografía a través de unidades médicas móviles que proporcionen servicios de prevención, diagnóstico y tratamiento de cáncer de mama.

De la Comisión de Salud, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud a emitir una opinión sobre la técnica de “los tres padres” y la necesidad de legislar respecto a ese tipo de prácticas médico- científicas.

De la Comisión de Salud, con punto de acuerdo por el que se exhorta al Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, a implementar las acciones necesarias para el control del virus zika, de acuerdo con los vectores establecidos por la Organización Mundial de la Salud.

De la Comisión de Salud, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud, a buscar un acercamiento con la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia para agilizar los procesos del Ministerio Público respecto a la donación de órganos de donantes cadavéricos.

De la Comisión de Salud, con puntos de acuerdo por los que se exhorta al Ejecutivo federal a modificar el segundo párrafo del artículo 95 del Reglamento de la Ley General de Salud en materia de Protección Social en Salud.

De la Comisión de Salud, con puntos de acuerdo por los que se exhorta a la Secretaría de Salud y de Educación Pública a efecto de implementar campañas mediáticas para prevenir los efectos adversos en la salud, provocados por el trastorno del sueño en la niñez a causa del uso excesivo de dispositivos electrónicos.

De la Comisión de Salud, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SEP y SSA a diseñar estrategias para inhibir la venta y promoción de alimentos de alto contenido calórico, bebidas azucaradas, alimentos procesados, dulces y golosinas en las afueras de planteles educativos de nivel básico.

De la Comisión de Salud, con puntos de acuerdo por los que se exhorta a la SSA a redoblar esfuerzos orientados a fomentar la capacitación del personal del Sistema Nacional de Salud en materia de detección de casos de niños con trastorno del espectro autista.

De la Comisión de Salud, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SSA a implantar campañas de información para prevenir problemas de ceguera irreversible provocada por la enfermedad de glaucoma.

De la Comisión de Salud, con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, por conducto de la Secretaría de Salud y del Consejo de Salubridad General, a incluir en el ámbito de sus atribuciones la diabetes tipos I y II para su tratamiento a través de una categoría como gasto catastrófico.

De la Comisión de Salud, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud a garantizar la cobertura universal en salud de los mexicanos y supervisar el trabajo del Comisionado Nacional de Protección Social en Salud.

De la Comisión de Salud, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud y a los hospitales civiles de Guadalajara, Jalisco, para que se lleven a cabo los servicios de salud con calidad y garantizar el suministro de medicamentos a los derechohabientes.

De la Comisión de Seguridad Social, con punto de acuerdo por el que se exhorta al ISSSTE, para que implemente el programa “vale de medicina” en otras entidades federativas del país.

De la Comisión de Seguridad Social, con punto de acuerdo por el que se exhorta al IMSS, para que extienda la cobertura del programa “tu receta es tu vale” en las unidades de medicina familiar que se encuentran en otras entidades federativas.

Proposiciones de urgente resolución

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal y a la SHCP, para que eleven los montos del estímulo fiscal en materia del impuesto especial sobre producción y servicios aplicables a los combustibles que se enajenen en la frontera norte, con el objeto de que los precios en México vuelvan a estar homologados con los promedios simples de precios en las ciudades fronterizas de los Estados Unidos de América, suscrito por los diputados Yahleel Abdala Carmona, Edgardo Melhem Salinas, María Esther Camargo Félix y Pedro Luis Coronado Ayarzagoitia, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Sedatu, para que a la brevedad realice las acciones necesarias para poner fin al conflicto entre las comunidades Wixárika y los ganaderos nayaritas en el poblado de Huajimic, municipio de la Yesca, Nayarit, respetando los términos de la sentencia dictada por el Tribunal Unitario Agrario Distrito 56 de Tepic, Nayarit, a cargo del diputado Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Segoby a la Comisión Nacional de Seguridad, a que difundan cuales han sido los resultados de los programas encargados de prevenir y erradicar los delitos de alto impacto, a cargo del diputado Alfredo Valles Mendoza, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.

Proposiciones

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SHCP, para que con fundamento en la fracción I del artículo primero del “acuerdo por el que se dan a conocer las regiones en que se aplicarán precios máximos al público de las gasolinas y el diésel, así como la metodología para su determinación”, publicado en el DOF con fecha del 27 de diciembre del 2016, modifique la regionalización establecida en su anexo I en lo relativo a los municipios de Guerrero, Mier y Valle hermoso, suscrito por los diputados Yahleel Abdala Carmona, Edgardo Melhem Salinas, María Esther Camargo Félix y Pedro Luis Coronado Ayarzagoitia, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, a través de la Segoby SHCP, a promover acciones con el fin de agilizar los procesos de llegadas de pasajeros, particularmente provenientes de Centro y Sudamérica, en los aeropuertos internacionales del país, a cargo del diputado Alfredo Javier Rodríguez Dávila, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Con punto de acuerdo relativo al funcionamiento de la Comisión Metropolitana de Asentamientos Humanos (Cometah), a la firma del Convenio por el que se crea la Comisión Metropolitana de Desarrollo Económico y Competitividad (Comedeco), así como a la inclusión de los estados de Morelos, Puebla y Tlaxcala en la Comisión Ejecutiva de la Coordinación Metropolitana del Valle de México, suscrita por el diputado Rafael Martínez Urincho del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática y diversos diputados integrantes de la Comisión Especial de Seguimiento a la Construcción del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México.

Con punto de acuerdo relativo a la prevención de la violencia en escuelas y detección de conductas de riesgo, a cargo del diputado Enrique Zamora Morlet y diputados integrantes Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno del estado de Zacatecas, a implementar las medidas necesarias para hacer frente al fenómeno prostitución infantil, detectado en escuelas secundarias y preparatorias de la entidad, a cargo de la diputada Mariana Trejo Flores, del Grupo Parlamentario de Morena.

Con punto de acuerdo por el que se crea la Comisión Especial de Resiliencia y Reducción de Riesgos de Desastres, a cargo de la diputada Mirza Flores Gómez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SEP, en coordinación con las autoridades educativas locales, implementen las estrategias y acciones destinadas a promover y fomentar en todos los centros educativos del país, los valores y la cultura que nos ha dado nuestra identidad como mexicanos, a cargo del diputado Jesús Rafael Méndez Salas, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la UNAM, a dar las facilidades que se requieran para continuar con el proyecto de investigación científica de la termografía computarizada, desarrollada en el CFATA de la UNAM, y sentar las bases para que se convierta en un programa de asistencia con presupuesto propio para cubrir los gastos tanto de personal como de infraestructura e investigación tecnológica, a cargo de la diputada Ana Guadalupe Perea Santos, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.

Con punto de acuerdo por el que esta Soberanía expresa su reconocimiento al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia por su XL Aniversario, a cargo de la diputada Claudia Edith Anaya Mota, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Poder Ejecutivo federal, para que en el contexto de las nuevas políticas públicas migratorias de los Estados Unidos de América, se apliquen acciones de asesoría y apoyo integral en favor de los connacionales en peligro de deportación; así como reconocer la valentía de los alcaldes y sus equipos de trabajo de las llamadas “Ciudades Santuario” de los Estados Unidos de América, e invitar respetuosamente al Congreso Norteamericano a realizar acciones de análisis en conjunto para impulsar una Reforma Migratoria Integral, suscrito por la diputada Martha Cristina Jiménez Márquez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional y diputados integrantes del Grupo de Amistad México-Estados Unidos de América.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno del Estado de México, a conducirse con legalidad, y al INE y al IEEM, a investigar y, en su caso, sancionar las presuntas acciones anticipadas de campaña, a cargo del diputado Omar Ortega Álvarez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la ASF, a auditar los procesos de contratación pública del Hospital General de Ticul, del Hospital General de Mérida y del Hospital General de Culiacán, y a la SFP, a comunicar a la opinión pública las consecuencias generadas por la auditoría ya practicada al contrato para la prestación de servicios del Hospital General Dr. Gonzalo Castañeda Escobar, a cargo de la diputada Araceli Damián González, del Grupo Parlamentario de Morena.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SCT, a difundir el informe del avance en la ejecución de los trabajos de la obra CG-234 para modernizar y ampliar la carretera Palenque-San Cristóbal de las Casas (Primera Etapa) y actualizar la información del portal “Sigue La Obra Pública”, a cargo de la diputada Mirza Flores Gómez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Con punto de acuerdo relativo al fortalecimiento y a garantizar las condiciones de logística de almacenamiento, transporte y comercialización del mercado de combustible en México, a cargo de la diputada Mirna Isabel Saldívar Paz, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a las legislaturas de los estados, aceleren la armonización de sus normas locales alrededor de la reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la normatividad federal, por la que se establece el Sistema Nacional Anticorrupción, a cargo del diputado José Hugo Cabrera Ruíz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SHCP, para que modifique el plazo de devolución por acreditamiento del IEPS, aplicables a los combustibles como estímulo fiscal, a fin de apoyar la economía de los pequeños empresarios gasolineros de la frontera norte, a cargo de la diputada María Eloísa Talavera Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, a hacer pública la información sobre los obsequios que haya recibido durante su mandato, y a la SFP, a investigar la legalidad de los mismos, a cargo del diputado Omar Ortega Álvarez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, a fin de que las dependencias y entidades a su cargo, cuenten en portales de internet con versiones traducidas a lenguas indígenas, a cargo del diputado Jorge Álvarez Máynez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Con punto de acuerdo relativo a la construcción de una política pública integral de protección a los mexicanos que se encuentren dentro y fuera de los Estados Unidos de Norteamérica, a cargo de la diputada Mirna Isabel Saldívar Paz, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.

Con punto de acuerdo de relativo al décimo aniversario de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a cargo de la diputada Erika Araceli Rodríguez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno del Estado de México, para que a través de su Contraloría, difunda el estado que guardan los expedientes presentados por la ASF con las irregularidades detectadas durante las revisiones efectuadas al rubro de seguridad pública, a cargo del diputado Omar Ortega Álvarez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (Inali) y a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, a fin de que los organismos descentralizados a su cargo cuenten con portales de internet con versiones traducidas a lenguas indígenas, a cargo del diputado Jorge Álvarez Máynez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Inmujeres, a realizar un estudio a nivel nacional de la violencia política que enfrentan las mujeres, y se condena todo acto de violencia política ejercido contra ellas, a cargo del diputado Omar Ortega Álvarez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal y a la SEP, a fin de que garanticen que alumnos de escuelas ubicadas en pueblos y comunidades indígenas cuenten con docentes capacitados para impartir clases en lenguas indígenas, a cargo del diputado Jorge Álvarez Máynez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Con punto de acuerdo relativo a las medidas cautelares que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos solicitó para los 595 miembros de la comunidad otomí de San Francisco Xochicuautla, Lerma, Estado de México, aen el caso del diagnóstico sobre el impacto ambiental que implicaría la construcción del proyecto de la autopista Toluca-Naucalpan, a cargo del diputado Omar Ortega Álvarez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud, a promover a través de sus diferentes dependencias, la realización oportuna de pruebas y diagnósticos en mujeres embarazadas y con ello detectar a tiempo el Sindrome de Down, a cargo de la diputada María Victoria Mercado Sánchez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Con punto de acuerdo relativo a la evaluación de resultados del Fondo Regional (Fonregion) para el estado de Oaxaca, a cargo de la diputada Natalia Karina Barón Ortiz, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud, a PGR y al Gobierno del estado de Veracruz, a dar seguimiento y solución por los daños causados, derivado de la aplicación de quimioterapias falsas a niños con cáncer, durante el mandato del ex Gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, a cargo de la diputada María Victoria Mercado Sánchez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Con punto de acuerdo por el que se solicita a la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes y al DIF, a resolver la situación de las niñas, niños y adolescentes que sufren de violencia y humillación en el hogar, a cargo de la diputada María Victoria Mercado Sánchez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión Nacional de Seguridad, a capacitar de manera continua a todos los elementos en todos los niveles de seguridad, sobre los protocolos de investigación y cadena de custodia, a cargo del diputado Germán Ernesto Ralis Cumplido, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Segoby a la SRE, a que entreguen el seguimiento del estado en que se encuentran las recomendaciones emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto a la sentencia del Campo Algodonero y que el Estado mexicano está obligado a cumplir, a cargo de la diputada María Candelaria Ochoa Ávalos, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno de la Ciudad de México y al Sistema de Transporte Colectivo Metro, a establecer un plan emergente de mantenimiento mayor en todas sus líneas, a cargo de la diputada Rosa Alba Ramírez Nachis, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, a difundir el informe del Subcomité de Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (SPT) de la ONU, que visitó nuestro país en diciembre de 2016, a cargo de la diputada Claudia Sofía Corichi García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Sagarpa, a emitir un censo oficial de la industria vitivinícola en nuestro país, a cargo de la diputada Claudia Sofía Corichi García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Con punto de acuerdo por el que se solicita la realización de las investigaciones correspondientes en los procesos de licitación y adjudicación directa, en la compra de insulina blonglixan inservible de origen chino, y su suministro a pacientes con diabetes del estado de Guanajuato, a cargo de la diputada María Bárbara Botello Santibáñez, del Grupo Parlamentario del PRI.

Efeméride

Con motivo del 10 de febrero, Día de la Fuerza Aérea Mexicana, a cargo del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.»

ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez:El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la sesión anterior. Pido a la Secretaría consulte a la asamblea si se dispensa su lectura.

El Secretario diputado Andrés Fernández del Valle Laisequilla:Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se dispensa la lectura al acta de la sesión anterior. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señora presidenta, mayoría por la afirmativa. Se dispensa su lectura.

«Acta de la sesión de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, celebrada el martes siete de febrero de dos mil diecisiete, correspondiente al Segundo Periodo de Sesiones Ordinarias del Segundo Año de Ejercicio de la Sexagésima Tercera Legislatura.

Presidencia del diputadoEdmundo Javier Bolaños Aguilar

En el Palacio Legislativo de San Lázaro de la capital de los Estados Unidos Mexicanos, sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con una asistencia de doscientos ochenta diputadas y diputados, a las once horas con cincuenta y seis minutos del martes siete de febrero de dos mil diecisiete, el Presidente declara abierta la sesión.

En votación económica se dispensa la lectura al Orden del Día, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria; del mismo modo se dispensa la lectura del acta de la sesión anterior, y no habiendo oradores registrados, en votación económica se aprueba.

Se da cuenta con Comunicaciones Oficiales:

a) De la Junta de Coordinación Política, en relación a cambios de integrantes y de juntas directivas de comisiones ordinarias y especiales. En votación económica se aprueba. Comuníquese.

b) De las diputadas y diputados:

• María Elena Orantes López, de Movimiento Ciudadano, por la que solicita que se retire de los registros parlamentarios la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo ciento quince de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentada el veintinueve de noviembre de dos mil dieciséis.

• Jonadab Martínez García, de Movimiento Ciudadano, por la que solicita que se retire de los registros parlamentarios la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo cincuenta de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, presentada el trece de septiembre de dos mil dieciséis.

• Alejandro González Murillo, del Partido Encuentro Social, por la que solicita que se retire de los registros parlamentarios la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos sexto, diecinueve, y treinta y seis de la Ley General de Desarrollo Social, presentada el tres de noviembre de dos mil dieciséis.

• Gerardo Federico Salas Díaz, del Partido Acción Nacional, por la que solicita que se retire de los registros parlamentarios la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos: catorce, veintitrés, cuarenta y cuatro, cuarenta y seis, cincuenta y seis, cincuenta y siete, sesenta y uno, sesenta y dos, setenta y cinco, setenta y ocho, ochenta, ochenta y uno, ochenta y tres, ciento cincuenta y dos, ciento cincuenta y cinco, ciento cincuenta y seis, y ciento sesenta y uno de la Ley Agraria, presentada el tres de noviembre de dos mil dieciséis.

• Kathia María Bolio Pinelo, del Partido Acción Nacional, por la que solicita que se retiren de los registros parlamentarios la iniciativas con proyecto de decreto:

– Que adiciona la fracción décima segunda al artículo ciento tres de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, presentada el quince de diciembre de dos mil dieciséis.

– Que adiciona el artículo ciento treinta y dos de la Ley Federal del Trabajo, presentada el quince de diciembre de dos mil dieciséis.

• María Eloisa Talavera Hernández, por la que solicita que se retire de los registros parlamentarios la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a los congresos locales y a la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, a implementar medidas de austeridad y disciplina presupuestaria bajo los principios de transparencia y rendición de cuentas, ante la actual crisis económica que atraviesa el país, presentada el veinticinco de enero de dos mil diecisiete.

Se tienen por retiradas, actualícense los registros parlamentarios.

c) De la Secretaría de Gobernación, por la que remite cinco contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados:

• Por el que se exhorta a la Secretaría de Salud, a implementar acciones, campañas, protocolos y políticas encaminadas a prevenir, disminuir y erradicar la diabetes mellitus en la población en general y particularmente de las niñas y niños. Se remite a la Comisión de Salud, para su conocimiento.

• Por el que se exhorta a la Secretaría de Salud, a fomentar la especialización en pediatría oncológica en los médicos, derivado del déficit de éstos en nuestro país; así como celebrar convenios de colaboración con las instituciones públicas o privadas, a efecto de fomentar la investigación respecto de nuevos tratamientos para el combate al cáncer infantil. Se remite a la Comisión de Salud, para su conocimiento.

• Por el que se exhorta a la Secretaría de Salud, a diseñar e implementar campañas informativas constantes respecto de los síntomas y consecuencias de los principales cánceres en niños, mismas que se impartirán a los padres de familia en las escuelas públicas primarias y secundarías, cuya finalidad sea concientizar a las niñas, niños y adolescentes sobre la importancia de este padecimiento. Se remite a la Comisión de Salud, para su conocimiento.

• Por el que se exhorta al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología a fortalecer y extender en todo el territorio nacional las acciones de vinculación entre investigadores, academia, el empresariado y la industria a facilitar la incorporación de expertos en el sector productivo. Se remite a la Comisión de Ciencia y Tecnología, para su conocimiento.

• Por el que se solicita al Gobierno Mexicano lleve ante la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, la postura de eliminar el bloqueo comercial, económico y financiero de los Estado Unidos de América en contra de la República de Cuba. Se remite a la Comisión de Relaciones Exteriores, para su conocimiento.

d) De la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente del estado de Aguascalientes; de la Secretaría de Medio Ambiente y de Recursos Naturales del estado de Hidalgo y de Medio Ambiente del Estado de México con las que remiten contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, relativo a la protección de las especies en peligro de extinción. Se remiten a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para su conocimiento.

e) De la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México, con la que remite dos contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados. Se remiten a las comisiones correspondientes.

f) De la Secretaría de Desarrollo Social con la que remite el análisis y valoración de la Evaluación de Consistencia y Resultados de los Programas E016- Generación y Articulación de Políticas Públicas Integrales de Juventud y U008- Subsidios a Programas para Jóvenes. Se remite a las Comisiones de Desarrollo Social, y de Juventud, para su conocimiento.

g) Del Instituto Federal de Telecomunicaciones, con la que remite el Plan Anual de Trabajo, correspondiente al Ejercicio de dos mil diecisiete. Se remite a la Comisión de Comunicaciones, para su conocimiento.

h) De la Secretaría de Salud, con la que remite el Informe Anual de Resultados del Sistema de Protección Social en Salud dos mil dieciséis, que incluye el Informe sobre la utilización y aplicación de los recursos del Fondo de Previsión Presupuestal. Se remite a la Comisión de Salud, para su conocimiento.

i) Del Congreso del estado de Quintana Roo, con la que remite las iniciativas con proyecto de decreto:

• Por el que se reforman diversas disposiciones de los artículos segundo, y segundo-A de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios. Se turna a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Presupuesto y Cuenta Pública, para dictamen.

• Por el que se reforman el artículo Primero y Décimo Primero Transitorio, y se deroga el artículo Décimo Segundo Transitorio de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal dos mil diecisiete, y se reforma la fracción primera, y el cuarto párrafo del artículo Décimo Cuarto Transitorio de la Ley de Hidrocarburos, publicada en el Diario Oficial de la Federación del once de agosto de dos mil catorce. Se turna a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Presupuesto y Cuenta Pública, para dictamen; y a la Comisión de Energía, para opinión.

Se recibió iniciativa con proyecto de decreto del diputado Agustín Basave Benítez, del Partido de la Revolución Democrática, que reforma el artículo cuarenta y dos de la Ley de Aviación Civil. Se turna a la Comisión de Transportes, para dictamen.

Se concede el uso de la palabra para presentar iniciativas con proyecto de decreto a las diputadas y a los diputados:

• Rosalinda Muñoz Sánchez, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma el artículo doscientos treinta y siete-A de la Ley del Seguro Social. Se turna a la Comisión de Seguridad Social, para dictamen.

Presidencia de la diputadaMaría Guadalupe Murguía Gutiérrez

• Virgilio Dante Caballero Pedraza, de Morena que reforma y adiciona el artículo ciento dos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

Presidencia del diputadoEdmundo Javier Bolaños Aguilar

El Presidente agradece la presencia en el Salón de Sesiones del excelentísimo señor Muteb Sale Al-Mutote, embajador extraordinario y plenipotenciario del estado de Kuwait en México, quien asistió al acto de instalación del Grupo de Amistad México-Kuwait, que preside la diputada Verónica Delgadillo García, de Movimiento Ciudadano.

Continúa la presentación de iniciativas:

• Karla Karina Osuna Carranco, del Partido Acción Nacional, que reforma los artículos ciento nueve y ciento diez de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Se turna a la Comisión de Derechos de la Niñez, para dictamen.

• Isaura Ivanova Pool Pech, del Partido de la Revolución Democrática, que reforma y adiciona los artículos segundo, y cincuenta y ocho de la Ley General de Turismo. Se turna a la Comisión de Turismo, para dictamen.

• Jorge Álvarez Máynez, de Movimiento Ciudadano, que reforma los artículos treinta y cinco, y treinta y seis de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

• Mirna Isabel Saldívar Paz, de Nueva Alianza, que reforma el artículo veintiocho de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Se turna a la Comisión de Igualdad de Género, para dictamen.

• Norma Edith Martínez Guzmán, del Partido Encuentro Social, que reforma el artículo quinto de la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil. Se turna a la Comisión de Gobernación, para dictamen.

• Manuel Jesús Clouthier Carrillo, diputado independiente, que adiciona el artículo treinta y cinco de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

Se da cuenta con el expediente que contiene el proyecto de decreto, que reforma y adiciona diversas disposiciones de los artículos ciento siete y ciento veintitrés de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de justicia laboral, que contiene diecisiete votos aprobatorios de los congresos de los estados de Aguascalientes, Campeche, Chiapas, Coahuila, Chihuahua, Hidalgo, Jalisco, México, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Tlaxcala, y Zacatecas: Puestos todos de pie el Presidente declara. “El Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en uso de la facultad que le confiere el artículo ciento treinta y cinco de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y previa aprobación de la mayoría de las honorables legislaturas de los estados, declara reformados los artículos ciento siete, y ciento veintitrés de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de justicia laboral”. Pasa al Senado, para sus efectos constitucionales correspondientes. Se concede el uso de palabra para referirse al tema las diputadas y los diputados: Carlos Gutiérrez García, de Nueva Alianza;

A las doce horas con cincuenta y cinco minutos, por instrucciones de la Presidencia, se cierra el sistema electrónico de asistencia con un registro de cuatrocientos treinta y tres diputadas y diputados.

Víctor Manuel Sánchez Orozco, de Movimiento Ciudadano; Abdies Pineda Morín, del Partido Encuentro Social; Mario Ariel Juárez Rodríguez, de Morena; Julio Saldaña Morán, del Partido de la Revolución Democrática; Ulises Ramírez Núñez, del Partido Acción Nacional; y Ana Georgina Zapata Lucero, del Partido Revolucionario Institucional.

La Presidencia expresa una felicitación a la diputada Jaqueline Nava Mouett, por obtener el Campeonato Internacional Supergallo de Consejo Mundial de Boxeo, el pasado cuatro de febrero, y le hace entrega de un reconocimiento en nombre de la Cámara de Diputados.

El siguiente punto del Orden del Día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto de las Comisiones Unidas de Desarrollo Rural, y de Ganadería, por el que se reforman los artículos ciento diez, ciento once, ciento cincuenta y cuatro, y ciento setenta y ocho de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable. Se concede el uso de la palabra al diputado José Erandi Bermúdez Méndez, para fundamentar el dictamen en nombre de las Comisiones. Para fijar postura de sus respectivos grupos parlamentarios intervienen las diputadas y los diputados: Refugio Trinidad Garzón Canchola, del Partido Encuentro Social; Ángel García Yáñez, de Nueva Alianza; Salvador Zamora Zamora, de Movimiento Ciudadano; Jesús Serrano Lora, de Morena;

El Presidente agradece la presencia en el Salón de Sesiones del excelentísimo señor José Crespo Fernández, embajador extraordinario y plenipotenciario del estado de Bolivia en México, y a sus acompañantes quien asistió al acto de instalación del Grupo de Amistad México-Bolivia, que preside la diputada Sandra Luz, Falcón Venegas, de Morena.

Evelyng Soraya Flores Carranza, del Partido Verde Ecologista de México;

Presidencia de la diputadaGloria Himelda Félix Niebla

Elio Bocanegra Ruiz, del Partido de la Revolución Democrática; Gerardo Federico Salas Díaz, del Partido Acción Nacional; y Oswaldo Guillermo Cházaro Montalvo, del Partido Revolucionario Institucional. Se somete a discusión en lo general y en lo particular e intervine en pro el diputado Rogerio Castro Vázquez, de Morena.

Presidencia del diputadoEdmundo Javier Bolaños Aguilar

Sin más oradores registrados en votación económica se considera suficientemente discutido en lo general. No habiendo artículos reservados para su discusión en lo particular. En votación nominal por unanimidad de cuatrocientos trece se aprueba en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se reforman los artículos ciento diez, ciento once, ciento cincuenta y cuatro, y ciento setenta y ocho de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.

El siguiente punto del Orden del Día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto de la Comisión de Justicia, que reforma los artículos ciento cincuenta, y ciento sesenta y cuatro, del Código Penal Federal. Se concede el uso de la palabra al diputado Álvaro Ibarra Hinojosa, para fundamentar el dictamen en nombre de la Comisión. Para fijar postura de sus respectivos grupos parlamentarios intervienen las diputadas y los diputados: Carmen Victoria Campa Almaral, de Nueva Alianza;

Presidencia de la diputadaSharon María Teresa Cuenca Ayala

Víctor Manuel Sánchez Orozco, de Movimiento Ciudadano; Alfredo Basurto Román, de Morena.

Desde su curul, la diputada Norma Rocío Nahle García, de Morena, pide la palabra para referirse y observar el proceso de dictaminación del proyecto de decreto a discusión. La Presidenta solicita que sus expresiones queden registradas en el Diario de los Debates.

Continúa la fijación de posturas: José Alberto Cuottolenc Buentello, del Partido Verde Ecologista de México; Arturo Santana Alfaro, del Partido de la Revolución Democrática; José Hernán Cortés Berumen, del Partido Acción Nacional; y Edna Ileana Dávalos Elizondo, del Partido Revolucionario Institucional. Se somete a discusión en lo general y en lo particular, y no habiendo oradores registrados, en votación económica se considera suficientemente discutido en lo general y en lo particular.

Presidencia del diputadoEdmundo Javier Bolaños Aguilar

En votación nominal por unanimidad de cuatrocientos seis votos, se aprueba en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que reforma los artículos ciento cincuenta, y ciento sesenta y cuatro, del Código Penal Federal. Pasa al Senado, para sus efectos constitucionales.

El siguiente punto del Orden del Día es el capítulo de proposiciones calificadas por el Pleno, de urgente u obvia resolución, y se concede el uso de la palabra a la diputada y diputado:

• Emilio Enrique Salazar Farías, y suscrito por diversos diputados del Partido Verde Ecologista de México, por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, a realizar las gestiones necesarias con el Gobierno Norteamericano para fortalecer la economía de los países centroamericanos; así como al Senado de la Republica para que dentro de sus facultades de política internacional explore y proponga la búsqueda de relaciones comerciales con otros mercados internacionales diferentes al Gobierno Estadounidense. En votación económica se considera de urgente resolución. No habiendo oradores registrados, en votación económica se considera suficientemente discutido, de la misma manera se aprueba el acuerdo. Comuníquese.

• María Antonia Cárdenas Mariscal, de Morena, por el que se exhorta al Ejecutivo Federal y a la Secretaría de Educación Pública del estado de Jalisco, para que, de manera coordinada, fortalezcan los programas y acciones para combatir la violencia de género. En votación económica se considera de urgente resolución No habiendo oradores registrados, en votación económica se considera suficientemente discutido, de la misma manera se aprueba el acuerdo. Comuníquese.

Se concede el uso de la palabra para presentar iniciativas con proyecto de decreto a las diputadas y diputados:

• Evelio Plata Inzunza, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma y adiciona los artículos once bis, ochenta y cinco, trescientos setenta y seis bis, y trescientos setenta y siete del Código Penal Federal. Se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen.

• Arlette Ivette Muñoz Cervantes, y suscrita por los diputados Jorge Ramos Hernández y Federico Döring Casar, del Partido Acción Nacional, que reforma y adiciona el artículo décimo de la Ley de Extradición Internacional. Se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen.

• Agustín Basave Benítez, del Partido de la Revolución Democrática, que reforma y adiciona los artículos diecisiete y diecinueve de la Ley de Nacionalidad. Se turna a la Comisión de Gobernación, para dictamen.

• Araceli Damián González, y suscrito por el diputado Cuitláhuac García Jiménez, de Morena, que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley General de Víctimas. Se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen.

• Mirza Flores Gómez, de Movimiento Ciudadano, que reforma los artículos doscientos seis del Reglamento de la Cámara de Diputados, y cuarenta y nueve de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, para dictamen.

• Angélica Reyes Ávila, de Nueva Alianza, que reforma el artículo doscientos cinco bis del Código Penal Federal. Se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen.

• Hugo Eric Flores Cervantes, del Partido Encuentro Social, que reforma los artículos veintiséis, y doscientos treinta y dos de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Se turna a la Comisión de Gobernación, para dictamen.

Se recibió de la diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, del Partido Acción Nacional, iniciativa con proyecto de decreto por el que se declara el último día de febrero de cada año: “Día Nacional de las Enfermedades Raras”. Se turna a la Comisión de Gobernación, para dictamen.

Se da cuenta con el Acuerdo de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, por el que se establece el Calendario Legislativo correspondiente al Segundo Periodo de Sesiones Ordinarias del Segundo Año de Ejercicio de la Sexagésima Tercera Legislatura. En votación económica se aprueba. Comuníquese.

Se da cuenta con el Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal, para que informe a la opinión pública respecto a las acciones para participar de los fondos que eventualmente le sean decomisados al narcotraficante Joaquín Guzmán Loera, en los diversos procesos que le siguen en los Estados Unidos, y que motivaron su extradición. En votación económica se aprueba. Comuníquese.

La Secretaría informa a la Asamblea que se recibió de las Comisiones:

a) De Seguridad Pública, por el que adiciona el artículo cuarto de la Ley de Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas.

b) Unidas de Protección Civil, y de Comunicaciones por el que se adicionan los artículos diecinueve de la Ley General de Protección Civil, y dieciocho de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.

De conformidad con lo que establece el artículo ochenta y siete del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple con la Declaratoria de Publicidad.

Se recibió oficio del diputado Francisco Martínez Neri, Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, por el que comunica la integración del diputado Diego Valente Valera Fuentes, a esa bancada. De enterado. Comuníquese.

De conformidad con los artículos cien y ciento dos del Reglamento de la Cámara de Diputados, las iniciativas y las proposiciones registradas en el Orden del Día de esta sesión, serán turnadas a las comisiones que correspondan, publicándose el turno en la Gaceta Parlamentaria, las de los siguientes diputados:

a) Iniciativas con proyecto de decreto:

• Agustín Basave Benítez, del Partido de la Revolución Democrática, que reforma el artículo treinta y siete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

• Claudia Edith Anaya Mota, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Aviación Civil. Se turna a la Comisión de Comunicaciones, para dictamen.

• Edgar Romo García, del Partido Revolucionario Institucional:

– Que reforma los artículos ciento nueve, ciento diez, ciento once, y ciento doce del Reglamento de la Cámara de Diputados. Se turna a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, para dictamen.

– Que adiciona el artículo sexto bis a la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales. Se turna a la Comisión de Gobernación, para dictamen.

• Ana Guadalupe Perea Santos, del Partido Encuentro Social, que reforma el artículo treinta y seis de la Ley de Ciencia y Tecnología. Se turna a la Comisión de Ciencia y Tecnología, para dictamen.

• Melissa Torres Sandoval, del Partido Encuentro Social, que reforma, adiciona y deroga los artículos setenta y tres, setenta y seis, ochenta y nueve, y ciento treinta y tres de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

• Alfredo Ferreiro Velazco, del Partido Encuentro Social, que reforma el artículo segundo de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios y deroga el artículo Doce Transitorio de la Ley de Ingresos de la Federación para dos mil diecisiete. Se turna a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Presupuesto y Cuenta Pública, para dictamen.

b) Proposiciones con puntos de acuerdo:

• Sara Latife Ruíz Chávez, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, para que, a través de la Secretaría de Salud y de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, diseñe el mecanismo regulatorio necesario, a fin de transitar paulatinamente y con el menor costo posible, al modelo de venta de medicamentos por unidad. Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.

• Karina Padilla Ávila, del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a que realice modificaciones normativas que permitan que la Cuenta de la Hacienda Pública Federal, dé a conocer la integración detallada de la medida más amplia del balance fiscal. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

• Norma Rocío Nahle García, de Morena, por el que se exhorta al Gobierno del estado de Veracruz, a asignar de inmediato recursos para la reparación y mantenimiento a la carretera número ciento ochenta y cinco que une a las ciudades de Coatzacoalcos y Minatitlán. Se turna a la Comisión de Transportes, para dictamen.

• María Elena Orantes López, de Movimiento Ciudadano, relativo a la difusión y promoción de la impartición del Curso para Ministerios Públicos Involucrados en Procesos de Donación de Órganos y Tejidos con fines de Trasplantes que ofrece el Centro Nacional de Trasplantes (CENATRA), con el fin de agilizar la donación de órganos de donantes cadavéricos. Se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen.

• Sara Latife Ruíz Chávez, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, para que a través de la Secretaría de Turismo, amplíe la difusión y agilice el cumplimiento de la normatividad vigente con relación al Registro Nacional de Turismo o, en su defecto, amplíe el plazo otorgado a los empresarios y prestadores de servicio que aún no se hubieren registrado. Se turna a la Comisión de Turismo, para dictamen.

• Karina Padilla Ávila, del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, a efecto de que instruyan a diversas dependencias de la Administración Pública, a concluir el proceso que señala el artículo sexto de la Ley Sobre la Celebración de Tratados, respecto a la ratificación del Convenio ciento ochenta y nueve de la Organización Internacional del Trabajo sobre trabajadoras y trabajadores domésticos. Se turna a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, para dictamen.

• María Antonia Cárdenas Mariscal, de Morena, por el que se exhorta a la Procuraduría General de la República, a las Procuradurías de las entidades federativas y de la Ciudad de México, a coordinar acciones inmediatas para rastrear, investigar y en su caso sancionar a quienes promuevan actos de violencia entre infantes y adolescentes a través de redes sociales y sitios web. Se turna a la Comisión de Derechos de la Niñez, para dictamen.

• Carlos Lomelí Bolaños, de Movimiento Ciudadano, por el que se exhorta a diversas dependencias, a fin de generar una estrategia transversal de sus programas y acciones de trabajo en el ámbito de su competencia para lograr un programa de reactivación económico. Se turna a la Comisión de Desarrollo Social, para dictamen.

• Rosa Guadalupe Chávez Acosta, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta a las dependencias y entidades de la administración pública centralizada y paraestatal, para que evalúen la posibilidad de construir dentro de sus instalaciones espacios deportivos, así como a las treinta y dos entidades federativas a continuar con la creación de programas de protección de parques y espacios deportivos públicos. Se turna a la Comisión de Deporte, para dictamen

• Jonadab Martínez García, de Movimiento Ciudadano, por el que se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a eliminar de la NOM-012-SCT-2-2014, el numeral 6.1.2.2, que incrementa el peso bruto vehicular máximo autorizado para los tractocamiones doblemente articulados en sus distintas configuraciones vehiculares (T-S-R y T-S-S). Se turna a la Comisión de Transportes, para dictamen.

• Rosa Guadalupe Chávez Acosta, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social, a fin de continuar realizando acciones y programas encaminados a erradicar la violencia doméstica y de pareja contra mujeres y hombres. Se turna a la Comisión de Igualdad de Género, para dictamen.

• Ángel Antonio Hernández de la Piedra, de Morena, relativo a la garantía de los derechos de libertad de expresión y de acceso a la información en el estado de Puebla. Se turna a la Comisión de Derechos Humanos, para dictamen.

• Jonadab Martínez García, de Movimiento Ciudadano, por el que se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a verificar al autotransporte de carga y de manera particular que los tractocamiones doblemente articulados no tengan sobrepeso al momento de salir de las dieciséis administraciones portuarias integrales federales a su cargo. Se turna a la Comisión de Transportes, para dictamen.

• María Antonia Cárdenas Mariscal, de Morena, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, a modificar el Reglamento de Tránsito en Carreteras y Puentes Federales, con el fin de reglamentar el transporte de infantes para su protección y disminución de la mortalidad infantil en accidentes vehiculares. Se turna a la Comisión de Transportes, para dictamen.

• Jonadab Martínez García, de Movimiento Ciudadano, por el que se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a fin de que elabore a la brevedad una NOM, que determine las horas máximas de conducción continua y las horas necesarias de descanso obligatorias de los conductores del autotransporte de carga federal. Se turna a la Comisión de Transportes, para dictamen.

• José Santiago López, del Partido de la Revolución Democrática, relativo al acuerdo 5/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen.

Agotados los asuntos del orden del día, el Presidente cita para la próxima Sesión Ordinaria que tendrá lugar el día jueves nueve de febrero de dos mil diecisiete, a las once horas, y levanta la sesión a las dieciséis horas con veintitrés minutos.»

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez:Proceda la Secretaría a poner a discusión el acta.

El Secretario diputado Andrés Fernández del Valle Laisequilla:Está a discusión el acta. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica, se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Diputada presidenta, mayoría por la afirmativa.

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Aprobada el acta.

Proceda la Secretaría a dar lectura al oficio de la Mesa Directiva por el que comunica la modificación de turno de iniciativas.

COMUNICACIONES OFICIALES

La Secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Poder Legislativo Federal.— Cámara de Diputados.— Mesa Directiva.

Honorable Asamblea:

La Presidencia de la Mesa Directiva de conformidad con lo que establecen los artículos 73 y 74, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, comunica que se realizó modificación de turno a:

• Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, presentada por la diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, el 7 de diciembre de 2016.

“Se turna a las Comisiones Unidas de Gobernación, y de Población, para dictamen.”

• Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General para prevenir, sancionar y erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de Estos Delitos, presentada por la diputada Ana Guadalupe Perea Santos, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, el 17 de enero de 2017.

“Se turna a las Comisiones Unidas de Justicia, y de Derechos Humanos, para dictamen, y a la Comisión Especial contra la trata de personas para opinión.”

Ciudad de México, a 9 de febrero de 2017.— Diputado Edmundo, Javier Bolaños Aguilar (rúbrica), Presidente.»

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Gracias, secretaria. De conformidad con lo que establecen los artículos 73 y 74, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se modifica el turno de las iniciativas mencionadas. Actualícense los registros parlamentarios.

Proceda la Secretaría a dar cuenta de la comunicación de iniciativa ciudadana.

INICIATIVA CIUDADANA

LEY DE IMPUESTOS ESPECIALES SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS

La Secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Poder Legislativo Federal.— Cámara de Diputados.

Honorable Asamblea:

Esta Presidencia informa que se recibió escrito de la ciudadana Ivonne Aracelly Ortega Pacheco, por el que presenta la iniciativa ciudadana de reforma por el que se adicionan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, así como 23 cajas cerradas y selladas que dicen contener las firmas que la respaldan.

Con fundamento en el artículo 132, numeral 1, inciso a) de la Ley del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se remitió al Instituto Nacional Electoral a efecto de que éste verifique el cumplimiento de los requisitos señalados en la ley.

Ciudad de México, a 9 de febrero de 2017.— Diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar, presidente.»

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Gracias, secretaria. Continúe la Secretaría con oficio de la Junta de Coordinación Política.

COMUNICACIONES OFICIALES

La Secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.— Junta de Coordinación Política.

Diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar, Presidente de la Mesa Directiva de la Honorable Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le ruego someter a consideración del pleno, las siguientes modificaciones en la integración de las comisiones que se señalan, solicitadas por el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional:

• Que la diputada Ivonne Aracelly Ortega Pacheco cause baja como presidenta de la Comisión de Comunicaciones.

• Que el diputado Javier Guerrero García cause baja como presidente de la Comisión de Desarrollo Social.

Sin otro particular, le reitero mi consideración distinguida.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, Ciudad de México, DF, a 9 de febrero de 2017.— Diputado Francisco Martínez Neri (rúbrica), Presidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.— Junta de Coordinación Política.

Diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar, Presidente de la Mesa Directiva de la Honorable Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le ruego que se sometan a consideración del pleno las modificaciones en la integración de las comisiones que se señalan, solicitadas por el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México:

• Que la diputada Daniela de los Santos Torres cause baja como integrante de la Comisión de Energía.

• Que la diputada Rosa Alicia Álvarez Piñones cause baja como integrante de la Comisión de Puntos Constitucionales.

• Que la diputada Daniela de los Santos Torres cause alta como integrante en la Comisión de Puntos Constitucionales.

• Que la diputada Rosa Alicia Álvarez Piñones cause alta como integrante en la Comisión de Seguridad Social.

Sin otro particular, le reitero mi consideración distinguida.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, Ciudad de México, DF, a 9 de febrero de 2017.— Diputado Francisco Martínez Neri (rúbrica), Presidente.»

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: De enterado. Comuníquese.

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La Secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.

Diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar, Presidente de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión.— Presente.

Con fundamento en el artículo 77, numeral 2, fracción VII, del Reglamento de la Cámara de Diputados, me permito solicitar muy atentamente a la Mesa Directiva que sea retirada la siguiente iniciativa, presentada el 20 de octubre 2016 y turnada a la Comisión de Reforma Agraria:

• Con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 70 de la Ley Agraria.

Para efecto de que se realicen las acciones conducentes y se actualicen los registros parlamentarios.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de febrero de 2017.— Diputado Juan Manuel Celis Aguirre (rúbrica).»

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La Secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.

Diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar, Presidente de la Mesa Directiva de la Honorable Cámara de Diputados de la LXIII Legislatura.— Presente.

Por medio de la presente me permito solicitar el retiro de la iniciativa denominada “Que reforma los artículos 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 6o. de la Ley de Planeación y 7o. de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos”, publicada en la Gaceta Parlamentaria del jueves 2 de febrero del presente año que fue turnada a la Comisiones de Puntos Constitucionales, Hacienda y Crédito Público, y Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de febrero de 2017.— Diputado Salvador Zamora Zamora (rúbrica).»

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La Secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.

Diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar, Presidente de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión.— Presente.

Con fundamento en el artículo 77, numeral 2, fracción VII, del Reglamento de la Cámara de Diputados, me permito solicitar muy atentamente a esa Mesa Directiva, sea retirada la siguiente iniciativa, presentada el pasado 6 de diciembre 2016 y turnada a la Comisión de Vivienda.

• Con proyecto de decreto que adiciona una fracción VII al artículo 87 de la Ley de Vivienda. Suscrita por los diputados Juan Celis Aguirre e integrantes del Grupo Parlamentario del PVEM.

Para efecto de que, se realicen las acciones conducentes y se actualicen los registros parlamentarios.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de febrero de 2017.— Diputado Jesús Sesma Suárez (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del PVEM.»

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Se tienen por retiradas. Actualícense los registros parlamentarios.

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La Secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Comunico a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha se recibió de la Junta de Coordinación Política acuerdo por el que se establece el calendario de sesiones para el segundo período ordinario del segundo año de ejercicio de la LXIII Legislatura.

Con fundamento en los artículos 66, párrafo 1, inciso a), y 67, párrafo 1, inciso b), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 174 del Reglamento del Senado, se dispuso que dicha documentación, que se anexa, se remitirá a la Cámara de Diputados.

Atentamente

Ciudad de México, a 2 de febrero de 2017.— Senadora Blanca Alcalá Ruiz (rúbrica), vicepresidenta.»

«Secretarios de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión.— Presentes.

A través de su amable conducto y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 82, numeral 1, inciso e), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Junta de Coordinación Política somete a la consideración del pleno los siguientes

Acuerdos

Primero. Se establece el calendario de sesiones para el segundo periodo ordinario de sesiones del segundo año de ejercicio de la LXIII Legislatura:

Segundo. Este órgano de gobierno determinará lo conducente en caso de que la dinámica de los trabajos legislativos haga necesaria la modificación del presente calendario de sesiones.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, a 2 de febrero de 2017.— La Junta de Coordinación Política senador Fernando Herrera Ávila (rúbrica), Presidente y Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; senador Emilio Gamboa Patrón (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; senador Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; senador Carlos Alberto Puente Salas (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; senador Manuel Bartlett Díaz, Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo; senador Miguel Romo Medina (rúbrica), Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; senadora María Lucero Saldaña Pérez (rúbrica), Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; senadora Sonia Mendoza Díaz (rúbrica), Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.»

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Enterada.

Continúe la Secretaría con el informe de la Secretaría de Gobernación.

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El Secretario diputado Raúl Domínguez Rex: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Integrantes de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

Por este medio me permito hacer de su conocimiento que por oficio No. 4.3.- 202/2017 el ingeniero Guillermo Nevárez Elizondo, director general de Desarrollo Ferroviario y Multimodal de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, envía el informe de avance y estado que guarda el proceso de liquidación de Ferrocarriles Nacionales de México, a cargo del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, correspondiente al segundo semestre de 2016 (julio-diciembre), en cumplimiento al artículo 2o., fracción IX, del “decreto por el que se extingue el organismo público descentralizado Ferrocarriles Nacionales de México y se abroga su ley orgánica”.

Por lo anterior y con fundamento en lo dispuesto por la fracción VIII del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, les acompaño para los fines procedentes, copia del oficio al que me he referido, así como de su anexo.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

Ciudad de México, a 7 de febrero de 2017.— Licenciado Felipe Solís Acero (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos.»

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Remítase a la Comisión de Transportes, para su conocimiento.

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El Secretario diputado Raúl Domínguez Rex: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Integrantes de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número D.G.P.L 63-II-4-1630, signado por el senador Aarón Irízar López, entonces vicepresidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número DEP0176/17 suscrito por el Maestro Jorge Alberto Cortés Green, director general de Coordinación Política de la Secretaría de Relaciones Exteriores, así como de su anexo, mediante los cuales responde el punto de acuerdo sobre la protección de los derechos humanos, apoyo y orientación consular a favor de nuestro connacional.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

Ciudad de México, a 2 de febrero de 2017.— Licenciado Felipe Solís Acero (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Relaciones Exteriores.

Licenciado Felipe Solís Acero, subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

Con fundamento en el artículo 16, fracción IV, del Reglamento Interior de la Secretaría de Relaciones Exteriores y en apego a las facultades de la subsecretaría bajo su digno cargo, me permito hacer llegar la respuesta a las proposiciones relativas al punto de acuerdo aprobado por la Comisión Permanente el 17 de enero del año en curso, cuyos resolutivos son los siguientes: “Primero. La Comisión Permanente exhorta respetuosamente a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que continúe con el apoyo y orientación consular a favor de nuestro connacional, así como vigilar que el proceso se realice con total respeto a sus derechos humanos.”

“Segundo. La Comisión Permanente exhorta respetuosamente a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que, por conducto de la Dirección General de Protección de Mexicanos en el Exterior, continúe con la vigilancia, protección, promoción y respeto de los derechos humanos de las y los mexicanos que se encuentran recluidos en el exterior.”

Por lo antes expuesto, mucho agradeceré sus amables gestiones para hacer llegar la información anexa a la Comisión Permanente.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

Atentamente

Ciudad de México, a 2 de febrero de 2017.— Jorge Alberto Cortés Green, director general de Coordinación Política.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Relaciones Exteriores.

Respuesta al punto de acuerdo sobre la protección de los derechos humanos, apoyo y orientación consular a favor de nuestro connacional

Hago de su conocimiento que la Secretaría de Relaciones Exteriores, a través de la Embajada de México en Suecia, el Consulado Honorario de México en Riga, Letonia, y esta unidad administrativa, están dando seguimiento al caso, manteniendo constante comunicación con los familiares del señor Reynoso, la abogada defensora y las autoridades letonas. Se han realizado diversas visitas consulares al connacional y gestiones a su favor, entre las que destacan el envío de notas verbales a los Ministerios de Relaciones Exteriores, Justicia y del Interior de Letonia, así como a autoridades policiales, solicitando respeto al debido proceso, garantizar acceso y comunicación de los funcionarios consulares, extender la vigencia de su visa de estudiante y brindar la atención necesaria a la persona mexicana dentro del centro de detención.

La Dirección General de Protección de Mexicanos en el Exterior señala que el gobierno de México, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, ratifica su compromiso de instrumentar todas las medidas a su alcance para proteger los derechos y la dignidad de sus connacionales en el exterior. La protección consular que brinda el Estado mexicano contempla medidas que promueven el respeto a los derechos humanos de las personas, incluyendo el debido proceso conforme al marco legal del país receptor, evitar daños y perjuicios a las personas y/o sus intereses, vigilar que no se cometan injusticias o arbitrariedades de parte de autoridades extranjeras y combatir actos de discriminación.

Las representaciones diplomáticas y consulares de México en el exterior tienen mandato legal para salvaguardar los intereses y derechos de los mexicanos en el exterior. Entre otras acciones, se realizan visitas programadas y especiales a centros de detención, cárceles y prisiones para atender solicitudes particulares, constatar las condiciones generales de la población penitenciaria mexicana y asesorar con respecto a su relación y trato con autoridades. Para ello las representaciones cuentan con calendarios anuales de visitas programadas, que pueden ser modificados por situaciones imprevistas.

Se tiene conocimiento de la existencia de connacionales detenidos en el exterior cuando, 1) de conformidad con el artículo 36, numeral 1, inciso B, de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, la autoridad informa al connacional detenido sobre su derecho a notificar al consulado respectivo lo concerniente a su detención y a solicitar asistencia, y éste ejerce ese derecho, y 2) cuando la red diplomática y consular de México en el exterior realiza visitas a cárceles y los connacional es solicitan dicha asistencia consular.

La Cancillería cuenta con programas de protección a mexicanos en el exterior. En el documento “Normas para la Ejecución de los Programas de Protección a Mexicanos en el Exterior” se describe el objetivo general, población objetivo, características de los apoyos del programa, requisitos para ser beneficiario y otorgamiento y comprobación de los apoyos. Este documento puede ser consultado en el sitio de internet https://sre.gob.mx/images/stories/docnormateca/ dgpme/normas/norm.pdf.

En particular, el gobierno de México ha instrumentado tres programas de asistencia legal a favor de los mexicanos en el exterior:

1. Programa de Asistencia Jurídica a Mexicanos a través de Asesorías Legales Externas. Este Programa inició en 1998 y fue institucionalizado en el año 2000. Con este programa los Consulados de México en Estados Unidos reciben recursos extraordinarios, para suscribir contratos con abogados y/o firmas legales con el propósito de brindar orientación, asesoría y/o representación legal a los connacionales ubicados en sus respectivas circunscripciones.

2. Programa de Asistencia Jurídica a Casos de Pena Capital. Este Programa fue creado en septiembre del año 2000, con el fin de proporcionar representación legal a los ciudadanos mexicanos que enfrentan la pena de muerte en los Estados Unidos, o cuyos procesos penales pudieran dar lugar a la pena capital.

3. Asesoría de abogados consultores. Se designan previa verificación de los documentos que los acrediten para ejercer en el país de que se trate, con la finalidad de brindar asesoría legal inicial gratuita a los connacionales y, en su caso, a la Red Diplomática y Consular de México en el exterior. En el caso de que un abogado consultor sea contratado por un connacional para que lo represente legalmente, éste cubrirá el monto de sus honorarios, mismos que pueden ser menores a la tarifa habitual. Derivado de la naturaleza del Programa, las representaciones de México no firman convenios ni contratos con abogados.»

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Se remite al promovente.

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El Secretario diputado Raúl Domínguez Rex: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Integrantes de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número DGPL 63-II-l-0407 signado por el senador Fernando Yunes Márquez, entonces vicepresidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número SPPA/ 0105 /2017 suscrito por el doctor Rodolfo Lacy Tamayo, subsecretario de Planeación y Política Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, así como de sus anexos, mediante los cuales responde el punto de acuerdo por el que se exhorta a esa dependencia a realizar las acciones necesarias para garantizar un trato digno y respetuoso a los mapaches que habitan en las escolleras de la Playa Miramar, en Ciudad Madero, Tamaulipas.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

Ciudad de México, a 7 de febrero de 2017.— Maestro Valentín Martínez Garza (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Maestro Valentín Martínez Garza, titular de la Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

Hago referencia a su oficio número SELAP /UEL/311/ 044/16, mediante el cual informó que a través del oficio número DGPL 63-II-l-0407, el senador Fernando Yunes Márquez, vicepresidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, comunicó a esa secretaría el acuerdo aprobado por el pleno de ese órgano legislativo, el cual se cita:

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, para que de acuerdo a sus respectivas competencias, realicen las acciones necesarias para garantizar un trato digno y respetuoso a los mapaches que habitan en las escolleras de la playa Miramar, en Ciudad Madero, Tamaulipas.

Al respecto, hago de su conocimiento que dentro del ámbito de sus atribuciones la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente emitió el oficio número PFPA/ S.3/2C.18/ 02932 y la Subsecretaría de Gestión para la Protección Ambiental el oficio número SGPA/DGVS/ 04248/2016, mediante los cuales se dio respuesta al acuerdo citado.

Se anexa copia simple de los oficios señalados.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Ciudad de México, a 31 de enero de 2017.— Doctor Rodolfo Lacy Tamayo, subsecretario.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Maestro en Ciencias Rodolfo Lacy Tamayo, subsecretario de Planeación y Política Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.— Presente.

Me refiero al oficio número DGPL 63-II -l-0418 de fecha 13 de enero de 2016, dirigido al doctor Guillermo Javier Haro Bélchez, procurador federal de Protección al Ambiente suscrito por el senador Fernando Yunes Márquez, vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, comunica a esta Procuraduría el punto de acuerdo aprobado en sesión celebrada el día 13 del mes y año en curso:

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales ya la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente para que de acuerdo a sus respectivas competencias, realicen las acciones necesarias para garantizar un trato digno y respetuoso a los mapaches que habitan en las escolleras de la playa Miramar, en Ciudad Madero, Tamaulipas.

Sobre el particular y en el cumplimiento al requerimiento solicitado, me permito informarle que la delegación en Tamaulipas de esta Procuraduría manifiesta lo siguiente:

A partir del procedimiento de denuncia popular, admitida el primero de julio de dos mil catorce se instauró un seguimiento de visitas mensuales por parte de inspectores de esa representación en la ciudad de Tampico, derivado de estas diligencias que se efectuaron no se encontró trasgresión a la normatividad ambiental vigente.

Además se mantuvo una constante coordinación con el Patronato de Protección y Preservación Mapache Miramar, AC, proponiendo está última, la instalación de carteles alusivos a la protección y cuidado de los mapaches, mismos que fueron colocados en la zona, donde habitan estos ejemplares.

Derivado de lo anterior, solicito a usted que en su carácter de enlace de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales ante el grupo de trabajo para la conducción de las acciones de la administración pública federal en sus relaciones con los órganos del Poder Legislativo de la Unión, atenta y respetuosamente haga llegar la respuesta al subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdo Políticos de la Secretaría de Gobernación, para los efectos conducentes.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

México, Distrito Federal, a 18 de marzo de 2016.— Licenciada Armida García Coronel (rúbrica), directora general.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Mario Alberto Neri Castilla, Presidente municipal de Madero, Tamaulipas.

Me refiero al oficio número SPPA/ 0417/2016 de fecha 22 de marzo de 2016, emitido por el subsecretario de Planeación y Política Ambiental de esta secretaría, en donde se informa del oficio número SELAP/ UEL/311/ 044/16, signado por el titular de la Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación, mediante el cual informó que el senador Fernando Yunes Márquez, vicepresidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, (se anexa copia simple de dichos oficios), comunicó a esta secretaría el acuerdo aprobado por el pleno de ese órgano Legislativo, el cual se cita:

Único. La comisión permanente del Congreso de lo Unión, exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la Procuraduría Federal de Protección al. Ambiente, para que de acuerdo a sus respectivas competencias, realicen las acciones para garantizar un trato digno y respetuoso a los mapaches que habitan en las escolleras de lo Playa Miramar, en Cuidad Madero, Tamaulipas.

Al respecto, le informo que para dar cumplimiento al acuerdo antes citado, se le solicita se coordine con la Procuraduría Federal de Protección al ambiente, para realizar las acciones conducentes para la captura, cuidado, rehabilitación y liberación de los mapaches, con la finalidad de garantizar un trato digno y respetuoso a los mapaches que habitan en la Ciudad de Madero, Tamaulipas.

Lo anterior con fundamento en los artículos 9, fracción XIX, 29 de la Ley General de Vida Silvestre, y 32, fracción XXI, 45 fracción X h XIII; 61 fracción XX, del Reglamento Interior de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Respetuosamente

Ciudad de México, a 29 de abril de 2016.— Jorge Maksabedián de la Roquette (rúbrica), director general de Vida Silvestre.»

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Se turna al promovente.

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El Secretario diputado Raúl Domínguez Rex: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Integrantes de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número D.G.P.L. 63-II-4-1710, signado por la diputada Cristina Ismene Gaytán Hernández, entonces vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número 009629, suscrito por el general de división D.E.M. Roble Arturo Granados Gallardo, jefe del Estado Mayor de la Secretaría de la Defensa Nacional, mediante el cual responde el punto de acuerdo por el que se solicita al titular de esa dependencia remita un informe detallado de las medidas de seguridad y criterios que se tomaron en cuenta para expedir licencias y permisos de operación, venta y almacenaje de los locatarios que operaban en el mercado de San Pablito en el municipio de Tultepec.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

Ciudad de México, a 7 de febrero de 2017.— Licenciado Felipe Solís Acero (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de la Defensa Nacional.

Ciudadano Licenciado Felipe Solís Acero, subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos de la Segob.

Por acuerdo del ciudadano general secretario de la Defensa Nacional, hago de su conocimiento que, en relación a su oficio número SELAP/300/201/17, de fecha 26 de enero de 2017, respecto al informe que el pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita al titular de esta secretaría de Estado, sobre las medidas de seguridad y criterios que se tomaron en cuenta para expedir licencias y permisos de operación, venta y almacenaje de los locatarios que operaban en el mercado de San Pablito, municipio de Tultepec, México, luego de las explosiones suscitadas el 20 de diciembre de 2016, le manifiesto a usted lo siguiente:

A. Esta secretaría no emite, ni expide licencias de ningún tipo para las actividades relacionadas con la operación, venta y almacenaje de material pirotécnico.

B. Esta secretaría por conducto de la Dirección General del Registro Federal de Armas de Fuego y Control de Explosivos expide Permisos Generales a personas físicas y/o morales en los rubros de compra, fabricación, almacenamiento, transportación y venta de material pirotécnico, siempre y cuando reúnan los requisitos que estable la Ley y su Reglamento y no en base a criterio alguno.

C. La Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos y su Reglamento, no establecen una obligación para esta secretaría, en el sentido de que deba llevar a cabo medidas de seguridad en los mercados y/o locales donde se realizan actividades relacionadas con el material pirotécnico.

D. Las medidas administrativas, técnicas y de seguridad implementadas por esta Secretaría, se encuentran contenidas en todos y cada uno de los permisos generales que previo reunir los requisitos de ley, se expiden para la compra-venta de artificios pirotécnicos (juguetería pirotécnica) de fabricación nacional en vitrina, como a continuación se anotan:

a. De carácter administrativo:

1. Solo podrá vender artificios pirotécnicos en el sitio autorizado, realizando estas actividades únicamente en el horario en que exista luz natural y una vez que termine su actividad comercial, deberá dejar totalmente vacío el local de venta, reabasteciéndolo al día siguiente.

2. No se permite el establecimiento de vehículos automotores a menos de tres metros, del sitio autorizado de venta, excepto cuando se realicen operaciones de carga y descarga de artificios pirotécnicos, debiendo realizar estas actividades con el motor del vehículo apagado.

3. En su módulo de venta, deberá tener como máximo 25 kilogramos de artificios pirotécnicos (producto terminado), para su venta.

4. Se prohíbe comercializar todo tipo de material pirotécnico que reaccione el choque, golpe o fricción, tal como los denominados “brujitas, garbanzos, pop”, entre otros; excluyendo de esta disposición el denominado “cerillo”.

5. Solo podrá vender artificios pirotécnicos a consumidores que acrediten ser mayores de edad.

6. Las personas encargadas en el sitio de venta autorizado para realizar las actividades comerciales, deberán ser mayores de edad y contar con un documento que indique que están designadas o sean empleados del titular del permiso general, así como hacer constar que recibió la capacitación sobre el plan de emergencia y obligatoriamente usarán ropa de algodón.

b. De carácter técnico:

1. Cumplir con las medidas de información, control y seguridad que establezca la Secretaría de la Defensa Nacional, con sujeción a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos y su Reglamento, así como con los ordenamientos de otras autoridades.

2. Dar aviso inmediato a la Secretaría de la Defensa Nacional y a la zona militar correspondiente, de los accidentes que ocurran y que por su peligrosidad, pongan en riesgo la seguridad de la población y sus bienes; del extravío o robo de las sustancias químicas o artificios pirotécnicos que almacenen en sus polvorines o transporte.

3. Contar en todo momento con personal capacitado en el manejo y utilización de sustancias químicas, pólvora y artificios pirotécnicos.

4. El permisionario se obliga a mantener las medidas de seguridad, control y vigilancia para el almacenamiento, transporte y venta de artificios pirotécnicos, con el fin de evitar daños a las personas, bienes, robos y accidentes, así como cumplir con las demás medidas que dicten las autoridades competentes y a rendir los informes que al respecto se le requieran.

5. Esta estrictamente prohibido almacenar y vender artificios pirotécnicos en lugares no autorizados en el permiso.

6. Los artificios pirotécnicos (juguetería pirotécnica) para la venta al público en general, deben contener como máximo 500 miligramos de carga pírica explosiva. .

7. Los artificios pirotécnicos deben estar empacados en su envase de fabricación y se deben colocar en anaqueles o vitrinas ubicadas dentro del local de venta, que no cuenten con instalación eléctrica, en un lugar seco, ventilado, limpio, con barreras de protección transparentes y resistentes que mantengan los artificios pirotécnicos fuera del alcance del público consumidor.

c. De seguridad:

1. El entorno de los sitios autorizados de venta debe mantenerse limpio de elementos combustibles o basura y no deben existir artificios pirotécnicos fuera del sitio autorizado de venta.

2. No se autoriza comercializar artificios pirotécnicos fabricados con componentes metálicos u objetos rígidos que puedan ser proyectados y que en su funcionamiento proyecten o dispersen fragmentos de vidrio, metal o astillas de algún otro material.

3. No se permite vender en el comercio ambulante, así como el uso de vehículos para almacenar artificios pirotécnicos, materiales, papelería o cualquier otro producto en las inmediaciones del sitio de venta.

4. Se prohíbe probar (calar) artificios pirotécnicos en las inmediaciones de los sitios autorizados de venta.

5. Se prohíbe tener en el sitio autorizado de venta productos, dispositivos que puedan producir flama o chispas, tales como cerillos y encendedores, así como aparatos eléctricos capaces de producir el encendido de los artificios pirotécnicos, tales como parrillas, estufas, televisores, etcétera, y no debe existir sistema de alumbrado ni de energía eléctrica para el local o puesto fijo o semifijo.

6. Deberá contar con las medidas de seguridad siguientes en todas las instalaciones:

i. Extintores en buen estado y con carga vigente, como mínimo dos por cada polvorín o área de trabajo.

ii Tambos o piletas para almacenar agua y arena.

iii. Letreros visibles elaborados con pintura de color rojo, con las leyendas “no fumar”, “peligro”, “prohibida la entrada”, “área restringida”, etcétera; así como en color negro el número del permiso general.

iv. No rebasar la capacidad de almacenamiento permitido; asimismo, que contengan únicamente el material autorizado en su permiso general.

v. Material higroscópico, para evitar la humedad dentro de los polvorines o locales de venta.

7. Contar con un plan de emergencia por escrito que contemple al menos lo siguiente:

i. Que hacer en caso de incendio o explosión.

ii. Normas sobre el manejo seguro de los artificios pirotécnicos que comercializa, desde el abastecimiento del sitio autorizado de venta, almacenaje, procedimientos de venta, procedimientos de abastecimiento diario, hasta el procedimiento para vaciar el modulo al final del día.

iii. Plan de evacuación en caso de emergencia, que mencione como auxiliar al público consumidor, para su aplicación en caso necesario.

iv. Instrucciones sobre el manejo del equipo de extinción de incendio.

Como puede observarse, las medidas administrativas, técnicas y de seguridad antes citadas establecen los requisitos y condiciones para evitar accidentes y que los permisionarios deben observar estrictamente; las medidas antes descritas son desde el ámbito de competencia de esta secretaría.

Se solicita que por conducto de esa Subsecretaría, se haga saber dicha información al pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.

Aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Lomas de Sotelo, Ciudad de México, a 4 de febrero de 2017.— General de División DEM Roble Arturo Granados Gallardo (rúbrica), jefe del Estado Mayor.»

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Se remite al promovente.

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El Secretario diputado Raúl Domínguez Rex: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Integrantes de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número DGPL 63-II-7-1598 signado por la diputada Gloria Himelda Félix Niebla, entonces vicepresidenta de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número UCVPS/ 913/2017 suscrito por el doctor Ernesto Héctor Monroy Yurrieta, titular de la Unidad Coordinadora de Vinculación y Participación Social de la Secretaría de Salud, así como de su anexo, mediante los cuales responde el Punto de Acuerdo por el que se exhorta a esa Dependencia para que realice campañas que incentiven y concienticen a los padres de familia sobre la importancia de brindar información a sus hijos relacionada con temas de sexualidad, con el propósito de prevenir embarazos a una edad temprana, así como contagios de enfermedades de transmisión y abuso sexual.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

Ciudad de México, a 7 de febrero de 2017.— Maestro Valentín Martínez Garza (rúbrica), titular de la Unidad.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Salud.

Maestro Valentín Martínez Garza, titular de la Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

Me refiero al oficio SELAP/UEL/ 311/2481/16, de fecha 20 de diciembre de 2016, mediante el cual informó que en la sesión de la Cámara de Diputados, celebrada el jueves 15 de diciembre del 2016, se aprobó el punto de acuerdo, que a continuación se transcribe:

Único. La Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Salud, para que realice campañas que incentiven y concienticen a los padres de familia sobre la importancia de brindar información a sus hijos y de acuerdo a su edad, relacionada con temas de sexualidad, con el propósito de prevenir embarazos a una edad temprana, así como contagios de enfermedades de transmisión y abuso sexual.

Al respecto me permito acompañar oficio SPPS-CAS-0503-2017 y anexo, suscrito por el doctor Miguel Ángel Lutzow Steiner, coordinador de asesores de la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud.

Con base en lo anterior he de agradecer su amable ‘intervención a efecto de remitir esta información al órgano legislativo para su desahogo.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Ciudad de México, a 2 de febrero de 2017.— Doctor Ernesto Héctor Monroy Yurrieta (rúbrica), titular de la Unidad Coordinadora de Vinculación y Participación Social.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Salud.

Doctor Ernesto Héctor Monroy Yurrieta, titular de la Unidad Coordinadora de Vinculación y Participacion Social.— Presente.

Por instrucciones del doctor Pablo Kuri Morales, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, me permito enviarle en documento anexo, los comentarios al punto de acuerdo con número de oficio UCVPS/ 135/2017, que refiere:

Único. Se exhorta a la Secretaría de Salud para, que realice campañas que incentiven y concienticen a los padres de familia sobre la importancia de brindar información a sus hijos y de acuerdo a su edad, relacionada con temas de sexualidad, con propósito de prevenir embarazos a una edad temprana, así como contagios de enfermedades de transmisión sexual y abuso sexual.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente

México, Ciudad de México, a 1o. de febrero de 2017.— Doctor Miguel Ángel Lutzow Steiner (rúbrica), coordinador de Asesores de la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Salud.

Doctor Miguel Angel Lutzow Steiner, coordinador de asesores de la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud.

Lieja 7, planta baja, Colonia Juárez, Delegación Cuauhtémoc, 06600 Ciudad de México.

Hago referencia al oficio SPPS/CAS/ 0-223/2017 del 11 de enero de 2017, mediante el cual se solicita a este centro nacional emitir los comentarios correspondientes al punto de acuerdo aprobado en la Cámara de Diputados que a continuación se transcribe:

Único. Se exhorta a la Secretaría de Salud para que realice campañas que incentiven y concienticen a los padres de familia sobre la importancia de brindar información a sus hijos de acuerdo a su edad, relacionada con temas de sexualidad, con el propósito de prevenir embarazos a una edad temprana, así como contagios de enfermedades de transmisión sexual y abuso sexual.

En atención a dicha solicitud, anexo al presente encontrará en formato libre los comentarios de este Centro Nacional.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

México, Ciudad de México, a 24 de enero de 2017.— Doctor Rufino Luna Gordillo (rúbrica), director general adjunto de Salud Reproductiva.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Salud.

Comentarios al punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión en la sesión celebrada el 15 de diciembre de 2016, el cual se transcribe a continuación:

Único. Se exhorta a la Secretaría de Salud para que realice campañas que incentiven y concienticen a los padres de familia sobre la importancia de brindar información a sus hijos de acuerdo a su edad, relacionada con temas de sexualidad, con el propósito de prevenir embarazos a una edad temprana, así como contagios de enfermedades de transmisión sexual y abuso sexual.

Comentarios

En atención a la exposición de motivos presentada por el Dip, Germán Ernesto Ralis Cumplido del grupo parlamentario del Partido del Movimiento Ciudadano PVM, es importante señalar las Siguientes consideraciones:

- A pesar de que nuestro país no está a la vanguardia en programas de educación sexual integral des e edades tempranas hasta la adolescencia, se han tenido grandes aciertos jurídicos y normativos en esa materia. Tal es el caso de la Ley General de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, expedida por el Sr, Presidente de la República en el año 2014, donde se reconoce en su Capítulo Décimo Primera sobre el Derecho a la Educación, Artículo 58 y fracción VIII cita al calce “Promover la educación sexual integral conforme a su edad, el desarrollo evolutivo, cognoscitivo y madurez, de las niñas, niños y adolescentes que le permitan a niñas, niños y adolescentes ejercer de manera informada y responsable .sus derechos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en las leyes y los Tratados Internacionales de los que el Estado mexicano sea parte”. Legislación de suma importancia debido a la visibilización del derecho a la educación sexual integral por parte del ejecutivo para los niños, niñas y adolescentes.

- Asimismo, respecto, al Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo es importante mencionar que en su guía operacional para la implantación y el seguimiento de éste, dentro de la Medida prioritaria 11 se señala la necesidad de “Asegurar la efectividad implementación de programas de educación integral para la sexualidad, reconociendo la afectividad, desde la primera infancia, respetando la autonomía progresiva del niño y de la niña y las decisiones informadas de adolescentes y jóvenes sobre su sexualidad, con enfoque participativo, intercultural, de género y de derechos humanos”. Medida que fue tomada en México con antelación en la “Declaración Ministerial Prevenir con Educación” donde se estableció como meta para el año 2015, reducir en un 75% la brecha en el número de escuelas bajo la jurisdicción de los Ministerios de Educación que no han institucionalizado la educación integral en sexualidad.

- De tal manera que estos ordenamientos y tratados nacionales e internacionales, han incidido en las políticas públicas de este país en torno a la salud sexual y reproductiva y de forma específica en la Educación Integral en Sexualidad. Dicho eje fue considerado como un área fundamental de la Estrategia Nacional de Prevención de embarazo (ENAPEA) bajo su Objetivo 5.5. “Garantizar el derecho de las niñas, niños y la población adolescente a recibir educación integral de la sexualidad en todos los niveles educativos de gestión pública y privada”; así como el Programa de Acción Específico 2013-2018 de Salud Sexual y Reproductiva para Adolescentes (PAESSRA) particularmente en su Objetivo 1. Favorecer el acceso universal a información, educación, orientación y servicios en salud sexual y reproductiva para adolescente; y en si Línea de acción: 1.1.2 . Promover la educación integral en sexualidad en coordinación con diversas instancias de la Secretaría de Educación Pública.

Con base en lo anteriormente señalado y desde la perspectiva técnica para abordar el tema de prevenir embarazos, ITS y problemas de abuso sexual en la población infantil y adolescente; consideramos que el papel de los padres, madres y tutores es fundamental para fomentar estilos de vida saludables. De tal forma que promover la comunicación y promoción de valores entre padres e hijos es una herramienta indispensable para prevenir embarazos no planeados entre adolescentes y parara favorecer el ejercicio responsable e informado de sus derechos sexuales y reproductivos.

Por lo tanto las campañas por si solas no tendrían el impacto esperado, ya que aunque estas estrategias de comunicación en medios se cuentan entre las prácticas más frecuentes para difundir información, fomentar comportamientos de prevención de conductas de riesgo, crear conciencia entre diversos grupos sociales y promover cambios sociales entre personas de diversas edades, se requiere que estén acompañadas de otras intervenciones de reforzamiento de información de promoción de conductas esperadas para facilitar la toma de decisiones en el público objetivo.

En ese orden de ideas, y tal como cita la Enapea el gran reto es fortalecer la educación integral en sexualidad, para ello se debe asegurar que las currículas escolares y los aprendizajes respectivos aborden la sexualidad y la reproducción de manera integral. Además, tal como se reitera en el punto de acuerdo, se debe incorporar en esta tarea a los padres de familia; y por el otro lado capacitar a los profesores en el mismo tenor.

Con base en lo anterior, y en atención al exhorto que se hace a la Secretaría de Salud se insistirá en el seno del Grupo Interinstitucional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes, el cual es coordinado por el Consejo Nacional de Población y en donde la Secretaría de Salud tiene una activa participación, para que cada una de las instituciones, en el ámbito de sus atribuciones y funciones refuercen las actividades orientadas a padres de familia.

La Secretaría de Salud, por su parte, continuará reforzando las acciones de promoción y difusión, particularmente en centros de salud y Servicios Amigables para sumar a los padres de familia en su reconocimiento de agentes de cambio con los niños y adolescentes. Asimismo, en el marco del Programa de Salud Sexual y Reproductiva para Adolescentes se reforzará las acciones de colaboración con la Secretaría de Educación Pública para impulsar convenios locales con las autoridades educativas estatales y las asociaciones de padres de familia para coadyuvar en las acciones conjuntas que tengan un impacto real en la disminución de embarazos no deseados e infecciones de trasmisión sexual en la población adolescente.

Nota:

1 Willoughby, Jessica Fitts. “Everyone Has Questions Developing a social Marketing Campaign Promoting a Sexual Health Text Message Service. Social Marketing Quarterly 19.4 (2013): 265-278.»

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Se turna a la Comisión de Salud, para su conocimiento.

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El Secretario diputado Raúl Domínguez Rex: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Integrantes de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta del oficio número DGPL 63-II-4-1498, signado por el diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano, entonces vicepresidente de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir para los fines procedentes copia del similar UCVPS/ 915/ 2017, suscrito por el doctor Ernesto Héctor Monroy Yurrieta, titular de la Unidad Coordinadora de Vinculación y Participación Social de la Secretaría de Salud, así como de su anexo, mediante los cuales responde el punto de acuerdo por el que se exhorta a esa dependencia a aumentar los operativos de nebulizaciones y fumigaciones para el control y la eliminación de especies nocivas para la salud que causan enfermedades como el dengue, zika y chikungunya en Coahuila de Zaragoza y Durango.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

Atentamente

Ciudad de México, a 3 de febrero de 2017.— Maestro Valentín Martínez Garza (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo .»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Salud.

Maestro Valentín Martínez Garza, titular de la Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

Me refiero al oficio número SELAP/ UEL/ 311/ 2524/ 16, de fecha 20 de diciembre de 2016, mediante el cual informó que en la sesión de la Cámara de Diputados celebrada el 15 de diciembre dl 2016 se aprobó el punto de acuerdo que a continuación se transcribe

Único. La Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Salud federal y las de Coahuila de Zaragoza y Durango para que en sus posibilidades presupuestarias se aumenten operativos de nebulizaciones y fumigaciones para el control y la eliminación de especies nocivas para la salud, como el dengue, zika y chikungunya.

Al respecto, me permito acompañar el oficio número SPPS- CAS- 0506- 2017 y anexo, suscrito por el doctor Miguel Ángel Lutzow Steiner, coordinador de asesores de la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud.

Con base en lo anterior, he de agradecer su amable intervención a efecto de remitir esta información al órgano legislativo para su desahogo.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Ciudad de México, a 2 de febrero de 2017.— Doctor Ernesto Héctor Monroy Yurrieta (rúbrica), titular de la Unidad Coordinadora de Vinculación y Participación Social.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Salud.

Doctor Ernesto Héctor Monroy Yurrieta, titular de la Unidad Coordinadora de Vinculación y Participación Social.— Presente.

Por instrucciones del doctor Pablo Kuri Morales, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, me permito enviarle en documento anexo los comentarios relativos al punto de acuerdo con número de oficio UCVPS/ 125/ 2017, que refiere:

Único. La Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Salud federal y de Coahuila de Zaragoza y Durango para que en sus posibilidades presupuestarias se aumenten operativos de nebulizaciones y fumigaciones para el control y la eliminación de especies nocivas para la salud, como el dengue, zika y chikungunya.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente

Ciudad de México, a 1o. de febrero de 2017.— Doctor Miguel Ángel Lutzow Steiner (rúbrica), coordinador de asesores.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Salud.

Doctor Miguel Ángel Lutzow Steiner, coordinador de asesores en la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud.— Presente.

En respuesta del oficio número SPPS/ CAS/ 0102/ 2017, donde hace referencia a la solicitud SELAP/ UEL/ 311/ 2524/ 16, suscrito por el maestro Valentín Martínez, Garza, titular de la Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación, mediante el cual informa que en la sesión de la Cámara se aprobó el punto de acuerdo que a continuación se transcribe:

Único. La Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Salud federal y de Coahuila de Zaragoza y Durango para que en sus posibilidades presupuestarias se aumenten operativos de nebulizaciones y fumigaciones para el control y la eliminación de especies nocivas para la salud, como el dengue, zika y chikungunya.

Al respecto adjunto comentarios.

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

Atentamente

Ciudad de México, a 24 de enero de 2017.— Doctor Jesús Felipe González Roldán (rúbrica), director general del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Salud.

En 2016 se asignaron 7 millones 703 mil 306.53 pesos a Coahuila, como parte de recurso que se destina para implantar acciones de vigilancia, prevención y control de dengue, chikungunya y zika.

Estas acciones incluyen estrategias intensivas para el control del mosquito transmisor de las arbovirosis mencionadas; campañas enfocadas a la eliminación de criaderos; además de actividades específicas para intensificar la vigilancia entomovirológica.

De igual manera, en noviembre y diciembre se reforzó el recurso humano con 50 contratos extra, equivalente a 225 mil pesos.

Coahuila recibió recursos del Fondo Nacional de Desastres Naturales (Fonden) por 15 millones 766 mil 805.40 en plaguicidas para el control del vector, como respuesta a inundaciones provocadas por lluvias.

Para 2017, el presupuesto asignado será de 6 millones 309 mil 859.42, con el que se reforzarán las actividades de vigilancia entomológica y entomovirológia; capacitación de personal; aplicación de larvicidas y adulticidas; recurso humano; equipamiento para laboratorio; y mantenimiento de vehículos.

Por lo que se refiere a recurso ramo 33, en 2016 se asignaron 2 millones 35 mil 890.13 para cubrir diversos insumos de papelería, combustible y equipo de protección personal, entre otros. En 2017, el recurso programado será de 1 millón 440 mil 240.00 pesos.

Para Durango, en 2016 se asignaron 3 millones 374 mil 348.32 pesos como parte del recurso que se destina para implantar acciones de vigilancia, prevención y control de dengue, chikungunya y zika.

Estas acciones incluyen estrategias intensivas para el control del mosquito transmisor de las arbovirosis mencionadas; campañas enfocadas a la eliminación de criaderos; además de actividades específicas para intensificar la vigilancia entomovirológia.

De igual manera, de septiembre a diciembre se reforzó el recurso humano con 50 contratos extra, equivalente a 760 mil 500.00 pesos, como respuesta ante el brote de dengue que se presentó en el segundo semestre de ese año.

Durango recibió recursos del Fonden por 12 millones 65 mil 541.44 pesos, como respuesta a inundaciones provocadas por lluvias.

Para 2017 el presupuesto asignado será de 3 millones 292 mil 726.16 pesos, con el que se reforzarán las actividades de vigilancia entomológica y entomovirológica; capacitación de personal, aplicación de larvicidas y adulticidas; recurso humano; equipamiento para laboratorio; y mantenimiento de vehículos.

Por lo que se refiere a recurso ramo 33, en 2016 se asignaron 3 millones 193 mil 425.50 pesos para cubrir diversos insumos de papelería, combustible y equipo de protección personal, entre otros.

En 2017, el recurso programado será de 5 millones 640 mil 758.00 pesos.

Es importante señalar que en general, para 2017 se presentaron recortes presupuestales para los programas de vigilancia, prevención y control de vectores. Sin embargo, y a pesar de esta condición, se ha mantenido el recurso para las acciones sustantivas de vigilancia, prevención y control en estos estados.»

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Se remite a la Comisión de Salud, para su conocimiento.

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El Secretario diputado Raúl Domínguez Rex: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Integrantes de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número DGPL 63-II-5-1782 signado por la diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala, entonces vicepresidenta de la Mesa Directiva de ese Órgano Legislativo, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número UCVPS/916/2017 suscrito por el doctor Ernesto Héctor Monroy Yurrieta, titular de la Unidad Coordinadora de Vinculación y Participación Social de la Secretaría de Salud, así como de su anexo, mediante los cuales responde el punto de acuerdo por el que se exhorta a esa dependencia a fortalecer las campañas para la prevención de embarazos e infecciones de transmisión sexual en adolescentes.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

Ciudad de México, a 3 de febrero de 2017.— Maestro Valentín Martínez Garza (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Salud.

Maestro Valentín Martínez Garza, titular de la Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

Me refiero al oficio SELAP/UEL/ 311/2469/16, de fecha 20 de diciembre de 2016, mediante el cual informó que en la sesión de la Cámara de Diputados, celebrada el jueves 15 de diciembre del 2016, se aprobó el Punto de Acuerdo, que a continuación se transcribe:

Único. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal para que, a través de las Secretarías de Salud, y de Educación Pública de los gobiernos federal y estatales en el ámbito de sus atribuciones, se fortalezcan las campañas para la prevención de embarazos e infecciones de transmisión sexual en adolescentes.

Al respecto me permito acompañar oficio SPPS-CAS- 0505-2017 y anexo, suscrito por el doctor Miguel Ángel Lutzow Steiner, coordinador de asesores de la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud.

Con base en lo anterior he de agradecer su amable intervención a efecto de remitir esta información al órgano legislativo para su desahogo.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Ciudad de México, a 2 de febrero de 2017.— Doctor Ernesto Héctor Monroy Yurrieta (rúbrica), titular de la Unidad Coordinadora de Vinculación y Participación Social.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Salud.

Doctor Ernesto Héctor Monroy Yurrieta, titular de la Unidad Coordinadora de Vinculación y Participación Social.— Presente.

Por instrucciones del doctor Pablo Kuri Morales, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, me permito enviarle en documento anexo, los comentarios al punto de acuerdo con número de oficio UCVPS/ 132/2017, que refiere:

Único. Se exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal para que, a través de las Secretarías de Salud, y de Educación Púbica de los gobiernos federal y estatales en el ámbito de sus atribuciones, se fortalezcan las campañas para la prevención de embarazo e infecciones de transmisión sexual en adolescentes.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente

México, Ciudad de México, a 1o. de febrero de 2017.— Miguel Ángel Lutzow Steiner (rúbrica), coordinador de asesores de la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Salud.

Doctor Miguel Ángel Lutzow Steiner, coordinador de asesores de la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud. Lieja 7, planta baja, Colonia Juárez, Delegación Cuauhtémoc, 06600 Ciudad de México

Hago referencia al oficio SPPS/CAS/ 0225/2017 del 11 de enero de 2017, mediante el cual se solicita a este centro nacional emitir los comentarios correspondientes al punto de acuerdo aprobado en la Cámara de Diputados que a continuación se transcribe:

Único. Se exhorta respetuosamente el Ejecutivo federal para que a través de las Secretarías de Salud, y Educación Pública de los gobiernos federal y estatales en el ámbito de sus atribuciones, se fortalezcan las campañas para la prevención de embarazos e infecciones de transmisión sexual.

En atención a dicha solicitud, anexo al presente encontrará en formato libre los comenarios de este centro nacional.

Sin otro particular reciba un cordial saludo.

México, Ciudad de México, a 24 de enero, 2017.— Doctor Rufino Luna Gordillo (rúbrica), director general adjunto de Salud Reproductiva.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Salud.

Comentarios al Punto de Acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión en la sesión celebrada el 15 de diciembre de 2016, el cual se transcribe continuación:

Único. Se exhorta respetuosamente el Ejecutivo federal para que a través de las Secretarías de Salud, y Educación Pública de los gobiernos federal y estatales en el ámbito de sus atribuciones, se fortalezcan las campañas para la prevención de embarazos e infecciones de transmisión sexual.

Comentarios

Considerando el punto de acuerdo señalado y en un afán de alinearlo con las atribuciones existentes en la Secretaría de Salud referimos que, con base en la Ley General de Salud en su capítulo VI, Sobre los servicios de planificación familiar, así como lo establecido en el Reglamento Interno de la Secretaría de Salud sobre las competencias del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva en su apartado IX., Participar en la definición, instrumentación, supervisión y evaluación de las estrategias y contenidos técnicos de los materiales de comunicación social en el ámbito de su competencia, así como de los materiales didácticos y metodologías que se utilizan para la capacitación, actualización y desarrollo humano del personal que opera los programas a su cargo, en coordinación con las unidades administrativas competentes; contamos con un marco normativo que para realizar campañas y acciones de difusión y promoción del tema.

Atendiendo a esto, se participó junto con las otras instituciones del sector (que son parte de la Estrategia Nacional de Prevención del Embarazo) en el lanzamiento de una campaña denominada “Es tu vida, es tu futuro, hazlo seguro...”, la cual estuvo bajo la dirección de la Secretaría de Gobernación y se puede consultar en https://www.gob.mx/ comolehago. Asimismo, en ese rubro, se han ministrado recursos del Ramo 12 para que las entidades federativas desarrollen campañas locales de prevención de embarazo y promoción de los servicios de atención.

No obstante y debido a que existen múltiples estrategias para informar, sensibilizar y trabajar con la población adolescente los temas de prevención de embarazo y de infecciones de transmisión sexual (ITS); y que a su vez están basadas en el Programa de Acción Específico 2013-2018 de Salud Sexual y Reproductiva para Adolescentes, particularmente en su objetivo 2, Reducir embarazos no planeados e ITS en adolescentes”, podemos enunciar brevemente las acciones que hemos realizado en este tema.

Lo anterior bajo la consideración de que son intervenciones integrales desarrolladas por el personal de salud hacia los adolescentes, padres y maestros, entre otros, ubicando el papel del sector salud en el marco de la Estrategia Nacional de Prevención de Embarazos (Enapea) nuestras acciones se centran en:

- Otorgar información para una mejor y más saludable toma de decisiones entre la población adolescente (por medio de impresos, materiales didácticos, pláticas, talleres, etcétera).

- Proporcionar servicios de atención a la salud sexual y reproductiva; donde la orientación y la oferta de metodología anticonceptiva son una de las intervenciones más demandadas.

- Trabajar con la metodología de educación de pares, a través de la formación y capacitación de promotores juveniles que trabajan de manera voluntaria, en una red que transmite información en el tema de salud sexual y reproductiva con énfasis en la prevención del embarazo.

- Realizar acciones de información, educación y comunicación en materia de salud sexual y reproductiva tanto en los mil 653 Servicios Amigables con los que contamos a nivel nacional como en las unidades de salud de primer nivel.

- De igual manera se produjo un video educativo con el título Informarse es prevenir.

Asimismo, en conjunto con la Secretaría de Educación Pública (SEP) se han desarrollado los siguientes trabajos:

- Elaborar materiales de información, educación y comunicación, como el denominado “Infosexualidad” que derivado de un trabajo de coordinación interinstitucional con la SEP y el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), incluye cinco infografías y diez fichas informativas que orientan sobre la salud sexual y reproductiva, el cual está dirigido a personal de salud, maestros y sociedad civil; con el propósito de informar y dotar de elementos sobre salud sexual y reproductiva a la población adolescente, para la toma de decisiones sobre el ejercicio de su sexualidad de manera informada, responsable, protegida placentera y libre de prejuicios. Dicho material se publicó en la página de la SEP (se puede consultar en el link http://www.sems.gob. mx/#aula).

Fortalecer el trabajo intersectorial con el objetivo de mejorar la calidad de la educación integral en sexualidad así como en temáticas de salud sexual y reproductiva para adolescentes, a través de la vinculación con la Subsecretaría de Educación Media Superior, lo que ha permitido capacitar a personal docente, en temas de prevención de infecciones de transmisión sexual, prevención de embarazos, identificación de casas de violencia sexual en las y los alumnos, entre otros. Durante 2015 y 2016, se han llevado a cabo cerca de 180 cursos, mediante los cuales se han capacitado a más de 5 mil profesores.

- En el marco del Programa Construye T y en coordinación con la Subsecretaría de Educación Media superior se elaboraron fichas técnicas dirigidas a personal docente, personal directivo y alumnos, a efecto de desarrollar habilidades socioemocionales que les permitan tomar mejores decisiones en tomo a su vida sexual y reproductiva.

Con las actividades citadas anteriormente, reiteramos el compromiso y el trabajo que se realiza sistemáticamente desde la Secretaría de Salud en el marco de nuestras atribuciones, planes de acción específicos y convenios nacionales e internacionales; así como la Enapea para incidir en el tema del embarazo no planeado en adolescentes y en la detección oportuna de ITS. Estas acciones que se llevan a cabo en los entornas de atención a la salud también son llevadas a los escenarios académicos donde se articulan diversas acciones para d4r información, sensibilizar y tener un impacto en las conductas de riesgo asociadas a la salud sexual y reproductiva de la población adolescente.

Finalmente, y en el tenor del exhorto que se hace a nuestra Secretaría, es importante resaltar que para tener incidencia en la prevención de embarazos e ITS y por la naturaleza del tema, se deben sumar a los actores sociales involucrados; donde se establece la necesidad de tener convenios locales con las autoridades educativas estatales y las asociaciones de padres de familia para colaborar en las acciones conjuntas entre el ámbito de salud y el de educación para operar exitosamente y de manera integral, las intervenciones antes citadas.»

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Se turna a la Comisión de Salud, para su conocimiento.

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El Secretario diputado Raúl Domínguez Rex: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Integrantes de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número DGPL 63-II-5-1792 signado por la diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala, entonces vicepresidenta de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número Inmujeres/SE/ DGTPG/DMEG/ 036/2017 suscrito por la licenciada Marcela Eternod Arámburu, secretaria ejecutiva del Instituto Nacional de las Mujeres, mediante los cuales responde el punto de acuerdo por el que se exhorta a ese instituto para que lleve a cabo acciones que garanticen que en las empresas e instituciones certificadas por cumplir la norma oficial mexicana en Igualdad Laboral y No Discriminación (NMX-R-025-SCFI-2015) los puestos laborales ocupados por personal femenino que queden vacantes sean dados preferentemente a mujeres.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

Ciudad de México, a 3 de febrero de 2017.— Licenciado Felipe Solís Acero (rúbrica), subsecretario.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Gobierno de la República.

Licenciado Felipe Solís Acero, subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

Por este medio y en respuesta al oficio número SELAP/300/ 3084/16 sobre el acuerdo aprobado por el pleno de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión en sesión celebrada el 15 de diciembre, que a la letra dice:

Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los titulares de la Secretaría del Trabajo y Previsión social, del Instituto Nacional de las Mujeres y del Consejo para Prevenir la Discriminación, para que a través del Consejo Interinstitucional respectivo, lleven a cabo acciones que garanticen que en las empresas e instituciones certificadas por cumplir a la norma oficial mexicana en Igualdad Laboral y No discriminación (NMX-R-025-SCFI-2015) los puestos laborales ocupados por personal femenino que queden vacantes sean dados preferentemente a mujeres; esta preferencia se hará efectiva en caso de que, al igual que la trabajadora, se dé el supuesto de que un trabajador hombre exprese su interés en ocupar dicho puesto.

Le comento que la norma a la que se hace referencia es un mecanismo de adopción voluntaria, ya que es una norma mexicana (NMX) y no una norma oficial mexicana (NOM) que sí tiene carácter de obligatorias. Por lo tanto, la finalidad de la norma mexicana NMX-R-025- SCFI-2015 en la Igualdad Laboral y No discriminación es reconocer a los centros de trabajo que cuentan con prácticas en materia de igualdad laboral y no discriminación, para favorecer el desarrollo integral de sus trabajadoras y trabajadores.

En ese contexto, la norma mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 en la Igualdad Laboral y No discriminación solicita entre sus requisitos que los centros de trabajo que la adopten desarrollen un conjunto de acciones para garantizar la igualdad de trato y de oportunidades para las mujeres y hombres. Específicamente considera que, para impulsar que un mayor número de mujeres se incorporen a las organizaciones e instituciones, se mantengan en ellas y se desarrollen en diferentes niveles jerárquicos, se debe contar con un proceso de reclutamiento y selección de personal sin discriminación; medir el clima laboral; revisar que exista igualdad salarial entre los sexos; contar con un proceso de ascenso y permanecía con igualdad de oportunidades; garantizar el acceso a la capacitación sin barreras discriminatorias; establecer medidas de corresponsabilidad para articular la vida laboral, familiar y personal; así como tener mecanismos para prevenir, atender y sancionar prácticas de discriminación y violencia laboral.

La norma reconoce a quien tiene un compromiso real con la igualdad, por ello, otorga tres niveles de certificación (oro, plata y bronce), de manera adicional, a las organizaciones o instituciones que logran certificarse (con al menos 70 puntos) y, demás implementan mediadas de nivelación, medidas de inclusión o accione afirmativas. Dos de las cinco posibles opciones están orientadas al desarrollo laboral de las mujeres: que la plantilla se integre con al menos un 40 por ciento de un mismo sexo y que exista un 40 por ciento de mujeres en los puestos directivos.

No omito mencionar que el contenido de la Norma está disponible en la siguiente liga electrónica: http://www.gob. mx/cms/uploads/attachment/fijle/25111/MNX-R-025SCFI-2015_2015_DGN.pdf

Por lo anterior, y en conocimiento de su compromiso con la igualdad de género, respetuosamente sugerimos que, por su conducto, como enlace del gobierno federal en la Honorable Cámara de Diputados del congreso de la Unión, transmita la importancia de sumar a dicha Cámara entre los centros de trabajo certificados.

Sin otro particular, le reitero las seguridades de mi consideración distinguida.

Atentamente

Ciudad de México, a 30 de enero de 2017.— Licenciada Marcela Eternod Arámbula (rúbrica), secretaria ejecutiva.»

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Se remite a la Comisión de Igualdad de Género, para su conocimiento.

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El Secretario diputado Raúl Domínguez Rex: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Integrantes de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número DGPL 63-II-7-1574 signado por la diputada Gloria Himelda Félix Niebla, entonces vicepresidenta de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número 112.02.- 136/2016 suscrito por el ingeniero César Rafael Ocaña Romo, director general adjunto de Enlace con el Congreso de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, así como de su anexo, mediante los cuales responde el punto de acuerdo por el que se exhorta a esa dependencia para que en los lineamientos de las Reglas de Operación del Proagro Productivo se considere que las facturas de diésel y refacciones sean aceptadas como gastos de comprobación del apoyo que reciben los productores agrícolas de dicho programa.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles, la seguridad de mi consideración distinguida.

Ciudad de México, a 7 de febrero de 2017.— Maestro Valentín Martínez Garza (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.

Maestro Valentín Martínez Garza, titular de la Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

Por instrucciones del licenciado Julio César Córdova Martínez, coordinador general de la Oficina del ciudadano secretario, referente a su atento oficio número SELAP/UEL/ 311/2476116 de fecha 20 de diciembre de 2016, mediante el cual la diputada Gloria Himelda Félix Niebla, vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, comunica a esta secretaría el acuerdo aprobado en sesión celebrada el 15 de diciembre del 2016, anexo al presente me permito enviarle la respuesta que nos hizo llegar la Dirección General de Operación y Explotación de Padrones de la Subsecretaría de Agricultura, mediante oficio número 313.0/ 000263 de fecha 30 de enero de 2017.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Ciudad de México, a 1o. de febrero de 2017.— Ingeniero César Rafael Ocaña Romo (rúbrica), director general.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.

Ingeniero César Rafael Ocaña Romo, Director General Adjunto de Enlace con el Congreso.— Presente.

Me refiero a su oficio número 112.02.- 023/2017 de fecha 9 de enero de 2017, mediante el cual solicita opinión sobre el punto de acuerdo remitido a la Secretaría de Gobernación por parte de la diputada Gloria Himelda Félix Niebla, Vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, aprobado en sesión celebrada e1 15 de diciembre de 2016, que a la letra dice: “Único. La Cámara de Diputados exhorta a la Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, para que en los lineamientos de las Reglas de Operación del Proagro Productivo se considere que las facturas de diésel y refacciones sean aceptadas como gastos de comprobación del apoyo que reciben los productores agrícolas de dicho programa”.

Al respecto, le informo que lo que se plantea en dicho Punto de Acurdo está considerado en las Reglas de Operación del Programa de Fomento a la Agricultura para 2017, publicadas en el Diario Oficial de La Federación de fecha 31 de diciembre de 2016, específicamente en el artículo 109, numeral IV, correspondiente al Componente Proagro Productivo, en donde se incluyen lo siguiente:

- El cuadro de conceptos de vinculación del incentivo que se desglosa por subconcepto en el Anexo VIII. Catálogo de conceptos para la vinculación del incentivo del componente Proagro Productivo, que contiene los conceptos 6. Yunta, maquinaria, equipo e implementos agrícolas y 9. Pago de servicios y adquisición de combustibles, así como los subconceptos 32. Adquisición de accesorios para tractor (amarre, llantas, rines, birlas), 33. Otros para inducir el uso de maquinaria y equipo y 43. Combustible (gasolina, diésel, combustóleo).

Los documentos con los cuales los productores pueden acrecita el uso de los incentivos recibidos a través del Proagro Productivo cómo es la factura que refiere el punto de acuerdo citado, entre otros.

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Ciudad de México, a 30 de enero de 2017.—Ingeniero Francisco Javier Franco Ávila (rúbrica), director general.»

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Se turna a la Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego, para su conocimiento.

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El Secretario diputado Raúl Domínguez Rex: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Integrantes de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número D.G.P.L. 63-II-3-1505, signado por el diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano, entonces vicepresidente de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número B00.00.01.-032, suscrito por el ingeniero Alfonso Camarena Larriva, coordinador de asesores de la Comisión Nacional del Agua, así como de su anexo, mediante los cuales responde el punto de acuerdo por el que se exhorta a esa comisión a opinar sobre el estado que guardan los acuíferos en torno a la cuenca (de hidrocarburos) de Burgos, referente a la disposición y calidad del agua que reciben los estados de Nuevo León y Tamaulipas.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

Ciudad de México, a 7 de febrero de 2017.— Maestro Valentín Martínez Garza (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Comisión Nacional del Agua.

Maestro Valentín Martínez Garza, titular de la Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

Me refiero a su oficio SELAP/UEL/311/2550/16, dirigido al maestro Rodolfo Lacy Tamayo, subsecretario de Planeación y Política Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), sobre el punto de acuerdo por el cual se exhorta al titular de la Comisión Nacional del Agua, a que opine sobre el estado que guardan los acuíferos en torno a la cuenca (de hidrocarburos) de Burgos, referente a la disposición y calidad del agua que reciben los estados de Nuevo León y Tamaulipas.

Con fundamento en el artículo 16, fracción III, del Reglamento Interior de la Comisión Nacional del Agua, le adjunto la comunicación enviada por la Subdirección General Técnica.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Ciudad de México, a 2 de febrero de 2017.— Ingeniero Alfonso Camarena Larriva (rúbrica), coordinador de asesores.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Comisión Nacional del Agua.

M. en I. Liliana Marrufo Vázquez, coordinadora de Asesores Adjunta.— Presente.

Me refiero a su memorando B00.00.0l.-019 de fecha 16 de enero del año en curso, en el cual solicita se elabore una nota sobre el estado que guardan los acuíferos en torno a la cuenca de hidrocarburos de Burgos, referente a la disposición y calidad del agua que reciben de los estados de Nuevo León y Tamaulipas, derivada del punto de acuerdo en el que la Subsecretaría de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos Unidad de Enlace Legislativo de la Segob exhorta a la Comisión Nacional del Agua a opinar sobre el tema mencionado.

Al respecto, anexo a este memorando, envío usted una nota informativa sobre las condiciones geohidrológicas de los acuíferos ubicados en la cuenca petrolera de Burgos, estados de Nuevo León y Tamaulipas.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

Atentamente

Ciudad de México, a 27 de enero de 2016.— Ingeniero Rubén Chávez Gullén (rúbrica), gerente de Aguas Subterráneas.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Comisión Nacional del Agua.

Nota informativa sobre las condiciones geohidrológicas de los acuíferos ubicados en la cuenca petrolera de Burgos, estados de Nuevo León y Tamaulipas

Descripción de la Cuenca de Burgos

La Cuenca de Burgos es una provincia geológica ubicada en la planicie costera del Golfo de México, comprende principalmente la porción norte del estado de Tamaulipas. En el subsuelo de esa cuenca se encuentran yacimientos de hidrocarburos alojados en rocas preterciarias. En la porción de esa provincia correspondiente al estado de Tamaulipas, se han definido oficialmente los cuatro acuíferos denominados: “Bajo Río Bravo “(clave 2801), “Méndez-San Fernando” (clave 2802), “Jiménez-Abasolo” (clave 2805) y “Aldama-Soto la Marina” (clave 2809). Las porciones noroccidental y occidental de dicha provincia abarcan porciones de acuíferos pertenecientes a los estados de Coahuila, las cuales por su reducida extensión no se consideran en esta nota (figura 1).

Condiciones geohidrológicas de los acuíferos

La mayor parte de la Cuenca de Burgos está ubicada dentro de la Provincia Fisiográfica llamada Planicie Costera del Golfo (Raisz, 1964); únicamente su extremo occidental, en el que se localizan las pequeñas porciones de los acuíferos de Nuevo León hasta donde se extiende la cuenca, pertenece a la provincia fisiográfica de la Sierra Madre Orienta!. El acuífero “Bajo Río Bravo” del estado de Tamaulipas y los ubicados en el estado de Nuevo León: “Sabinas-Parás”, “Lampazos-Anáhuac”, “Agualeguas-Ramones”, “Citrícola Norte”, “China-General Bravo” y “Citrícola Sur”, se localizan en la región hidrológica 24 “Bravo-Conchos”. Los otros 3 acuíferos del estado de Tamaulipas que forman parte de la Cuenca de Burgos, correspondientes a “Méndez-San Fernando”, “Jiménez-Abasolo” y “Aldama-Soto La Marina”, pertenecen a la región hidrológica 25 “San Fernando-Soto La Marina”, ambas de la vertiente del Golfo de México.

El clima que prevalece en la región varía entre cálido y cálido subhúmedo en la porción que corresponde al estado de Tamaulipas, y seco y semiseco cálido, en la que corresponde al estado de Nuevo León. La precipitación media anual oscila entre 450 a 850 mm.

Los acuíferos están conformados por depósitos aluviales y fluviales de granulometría variada, que forman el lecho y la llanura de inundación de ríos y arroyos, y por sedimentos eólicos que sobreyacen a areniscas, lutitas y conglomerados, en las planicies costeras. Bajo los acuíferos que se captan actualmente, es probable la existencia de acuíferos profundos alojados en areniscas, lutitas basaltos y rocas calcáreas que presentan permeabilidad secundaria por disolución y fracturamiento (figura 2).

De los cuatro acuíferos del estado de Tamaulipas que comprenden la mayor parte de la Cuenca de Burgos, se extrae un volumen de aguas subterráneas de 47.9 hectómetros cúbicos anuales (hm3/a): 32.6 hm3 para uso agrícola, 10.0 hm3 para uso púbico-urbano, 1.4 hm3 para uso doméstico y 3.0 hm3 para uso industrial. En conjunto, la recarga media que reciben los acuíferos se ha estimado en 487 hm3 anuales, muy superior a la extracción, por lo que los acuíferos se encuentran en condición de subexplotación (Tabla 1).

De los acuíferos del estado de Nuevo León se extrae un volumen total de aguas subterráneas de 261 hm3/a: 206.0 hm3 son para uso agrícola. 22.0 hm3 para abastecimiento de agua potable de las poblaciones asentadas en la región, 26.0 hm3 para uso doméstico y 7.0 hm3 para uso industrial. La recarga conjunta se ha calculado en 438.8 hm3 anuales, superior a la extracción, por lo que los acuíferos se encuentran en condición de subexplotación (Tabla 2).

De acuerdo con la publicación de la disponibilidad de agua subterránea, publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 20 de abril de 2015, con fecha de corte del REPDA al 30 de junio de 2014, los acuíferos tienen disponibilidad para el otorgamiento de nuevas concesiones, en una magnitud de 257 hm3 anuales, de los cuales 130 hm3 corresponden al acuífero “Bajo Río Bravo”. 18 hm3 al acuífero “Méndez-San Fernando”. 18 más para “Jiménez-Abasolo” y 91 hm3 para “Aldama-Soto la Marina” (Tabla 3).

Para los acuíferos del estado de Nuevo León, la publicación de la disponibilidad del DOF al 20 de abril de 2015, indica que “Lampazos-Anáhuac”, “Agualeguas-Ramones” y “China-General Bravo”, tienen una disponibilidad de 45, 12 y 8 hm3 anuales, respectivamente, en tanto que los otros 3 acuíferos. “Sabinas-Parás”. “Citrícola Norte” y “Citrícola Sur”, tienen una condición deficitaria, en un valor de 29, 119 y 37 hm3 anuales, también respectivamente (Tabla 4).

En lo que se refiere a la calidad química del agua subterránea, en los acuíferos del estado de Nuevo León su salinidad total varía entre 200 y 5,550 mg/l, superando en muchos casos el límite máximo permisible de 1,000 mg/l establecido por la Modificación a la Norma Oficial Mexicana NOM-127-SSAl-1994 de STD, para el agua destinada al consumo humano. Las mayores concentraciones se deben a la presencia de yesos y otros minerales evaporíticos que contienen las rocas y depósitos sedimentarios por las que circula el agua en el subsuelo. El agua de menor salinidad se presenta en las estribaciones de las sierras que delimitan los valles, donde se genera la recarga y afloran rocas calizas cretácicas.

La salinidad del agua de los acuíferos del estado de Tamaulipas varía entre 350 y 11.000 mg/l; los valores más altos se presentan en el acuífero Bajo Río Bravo, particularmente en la zona agrícola del Distrito de Riego 025 “Bajo Río Bravo”. En este acuífero, la información de campo y la proveniente de sondeos geofísicos muestran que el agua de mejor calidad se presenta en la zona cercana al cauce del Río Bravo y sus paleo-cauces y que existe un deterioro conforme se aleja de estas zonas y a mayor profundidad. El incremento de salinidad con la profundidad está asociado a procesos de disolución de minerales que contienen los sedimentos terciarios y a la evaporación de las aguas provenientes de los retornos de riego; en algunas zonas es posible la migración vertical ascendente de salmueras a través de fracturas y fallas.

Las actividades antropogénicas han deteriorado en alguna medida la calidad del agua: en las zonas agrícolas, por la infiltración de los excedentes del riego que acarrean sales producto del lavado de los suelos y diversos compuestos y elementos provenientes de la aplicación de fertilizantes y plaguicidas, y en las zonas urbanas, por la infiltración de las aguas residuales de los centros de población.»

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Se remite a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para su conocimiento.

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El Secretario diputado Raúl Domínguez Rex: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Integrantes de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número DGPL 63-II- 1-1570 signado por la diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez, entonces vicepresidenta de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número UCVPS/ 924/2017 suscrito por el doctor Ernesto Héctor Monroy Yurrieta, titular de la Unidad Coordinadora de Vinculación y Participación Social de la. Secretaría de Salud, así como de sus anexos, mediante los cuales responde el Punto de Acuerdo por el que se exhorta a esa Dependencia a implementar campañas de prevención, detección oportuna y tratamiento de enfermedades cardiovasculares.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

Ciudad de México, a 8 de febrero de 2017.— Maestro Valentín Martínez Garza (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Salud.

Maestro Valentín Martínez Garza, titular de la Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

Me refiero al oficio SELAP/UEL/ 311/2465/16, de fecha 20 de diciembre de 2016, mediante el cual informó que en la sesión de la Cámara de Diputados, celebrada el día 15 de diciembre del 2016, se aprobó el punto de acuerdo, que a continuación se transcribe:

Único. La Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Salud para que en coordinación con las 3 2 entidades federativas se implementen campañas de prevención, detección oportuna y tratamiento de enfermedades cardiovasculares.

Al respecto me permito acompañar oficio SPPS-CAS-0501-2017 y anexo, suscrito por el doctor Miguel Ángel Lutzow Steiner, coordinador de asesores de la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud.

Con base en lo anterior he de agradecer su amable intervención a efecto de remitir esta información al órgano legislativo para su desahogo.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Ciudad de México, a 3 de febrero de 2017.— Doctor Ernesto Héctor Monroy Yurrieta (rúbrica), titular de la Unidad Coordinadora de Vinculación y Participación Social.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Salud.

Doctor Ernesto Héctor Monroy Yurrleta, titular de la Unidad Coordinadora de Vinculación y Participación Social.— Presente.

Por instrucciones del doctor Pablo Kuri Morales, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, me permito enviarle en documento anexo, los comentarios al Punto de Acuerdo con número de oficio UCVPS/ 177/2017, que refiere:

Único. La Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Salud para que en coordinación con las 32 entidades federativas se implementen campañas de prevención, detección oportuna y tratamiento de enfermedades cardiovasculares.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente

México, Ciudad de México, a 1o. de febrero 2017.— Doctor Miguel Ángel Lutzow Steiner (rúbrica), coordinador de asesores de la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Salud.

Doctor Miguel Ángel, Lutzow Steiner, coordinador de asesores de la subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud. Lieja 7, Planta Baja, Colonia Juárez, Delegación Cuauhtémoc, 06600 México, Ciudad de México.

En respuesta al oficio SPPS-CAS-0335-2017 con fecha 18 de enero del 2017, el cual hace referencia al oficio SELAP/UEL/ 311/2465/16, suscrito por el maestro Valentín Martínez Garza, titular de la Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaria de Gobernación, me permito enviarle en documento anexo los comentarios correspondientes al punto de acuerdo.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente

México, Ciudad de México, a 24 de enero de 2017.— Doctor Felipe González Roldán (rúbrica), director general.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Salud.

Opinión punto de acuerdo

Con relación a la exposición de motivos, al Acuerdo Legislativo que se expone en el oficio SPPS-CAS -033S-2017, se desprenden los siguientes comentarios:

Único. La Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Salud para que en coordinación con las 32 entidades federativas se implementen campañas de prevención, detección oportuna y tratamiento de enfermedades cardiovasculares.

Con relación a la exposición de motivos, al Punto de Acuerdo se desprenden los siguientes comentarios:

En el Plan Nacional de Desarrollo, en la meta nacional, México Incluyente, Estrategia 2.3.2: incluye el “Hacer de las acciones de protección, promoción y prevención un eje prioritario para el mejoramiento de la salud”, está contemplado “Reducir la carga de morbilidad y mortalidad de enfermedades crónicas no transmisibles, principalmente diabetes e hipertensión”; así como “Instrumentar acciones para la prevención y control del sobrepeso, obesidad y diabetes”.

En 2013 se implantó la Estrategia Nacional para la Prevención y el Control del Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes, que contempla acciones de promoción de la salud, educación en salud, prevención, detección, diagnóstico, tratamiento, control y seguimiento de las personas con factores de riesgo o que ya padecen de estas enfermedades. Cada una de las 32 entidades federativas cuenta con una adecuación estatal de la Estrategia Nacional.

El Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades tiene a su cargo el Programa de Acción Específico Prevención y Control de Obesidad y Riesgo Cardiovascular 2013-2018, a través del cual se realizan acciones de prevención, detección oportuna, ingreso a tratamiento, control y seguimiento en población de 20 años y más.

“Que el acuerdo puede aprobarse, dado que en nuestros programas en rectoría ya se contempla la sugerencia propuesta”.»

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Se turna a la Comisión de Salud, para su conocimiento.

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El Secretario diputado Raúl Domínguez Rex: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Integrantes de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número DGPL 63-II-1 -1567 signado por la diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez, entonces vicepresidenta de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número UCVPS/ 918/2017 suscrito por el doctor Ernesto Héctor Monroy Yurrieta, Titular de la Unidad Coordinadora de Vinculación y Participación Social de la Secretaría de Salud, así como de sus anexos, mediante los cuales responde el Punto de Acuerdo por el que se exhorta a esa dependencia a seguir empujando “El Plan de Acción Alzheimer y otras Demencias (PAAD)”.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

Ciudad de México, a 8 de febrero de 2017.— Maestro Valentín Martínez Garza (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Salud.

Maestro Valentín Martínez Garza, titular de la Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

Me refiero al oficio SELAP/UEL/ 311/2536/16, de fecha 20 de diciembre de 2016, mediante el cual informó que en la sesión de la Cámara de Diputados, celebrada el jueves 15 de diciembre de 2016, se aprobó el punto de acuerdo, que a continuación se transcribe:

Único. La Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Salud y a los gobiernos de las entidades federativas para que sigan empujando “El Plan de Acción Alzheimer y otras Demencias, fomentada por esta secretaría a través del Instituto Nacional de Geriatría y la Federación Mexicana del Alzheimer.

Al respecto me permito acompañar oficio CCINSHAE -DGCINS- 82-2017 y anexo, suscrito por el doctor Simón Kawa Karasik, director general de Coordinación de Institutos Nacionales de Salud.

Con base en lo anterior he de agradecer su amable intervención a efecto de remitir esta información al órgano legislativo para su desahogo.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Ciudad de México, a 3 de febrero de 2017.— Doctor Ernesto Héctor Monroy Yurrieta (rúbrica), titular de la Unidad Coordinadora de Vinculación y Participación Social.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Salud.

Doctor Ernesto Héctor Monroy Yurrieta, titular de la Unidad Coordinadora de Vinculación y Participación Social. Lieja número 7, colonia Juárez. Delegación Cuauhtémoc, México, Ciudad de México, código postal 06000

Me refiero al oficio número UCVPS/ 130/2017, mediante el cual nos informó que en la sesión de la Cámara de Diputados, celebrada el jueves 15 de diciembre de 2016, fue aprobado el siguiente punto de acuerdo:

Único. La Cámara de Diputados, exhorta a la Secretaría de Salud y a los gobiernos de las entidades federativa para que sigan empujando “El Plan de Acción Alzheimer y otras Demencias”, fomentada por esa secretaría a través del Instituto Nacional de Geriatría y la Federación Mexicana de Alzheimer.

En virtud de lo anterior, y a fin de dar cumplimiento con lo solicitado, adjunto al presente encontrará copia del oficio INGER- DG-011-2017, suscrito por el doctor Luis Miguel Gutiérrez robledo, director General del Instituto Nacional de Geriatría y del oficio DG/ 026/17, suscrito por la doctora. Teresita Corona Vázquez, directora General del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez, en los cuales encontrará diversos comentarios en relación al asunto antes referido.

Sin más por el momento, propicio la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Doctor Simón Kawa Karasik (rúbrica), director general de Coordinación del Instituto Nacionales de Salud.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Salud.

Doctor Simón Kawa Karasik, Director General de Coordinación de los Institutos Nacionales de Salud.— Presente.

En atención a su similar CCINSAHE- DGCINS- 29-2017, adjunto enviamos evidencia y opinión que contribuye a atender el punto planteado en la Cámara de Diputados:

Único. La Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Salud y a los gobiernos de las entidades federativas para que sigan impulsando el Plan de Acción Alzheimer y otras Demencias, fomentada por esta misma secretaría a través del Instituto Nacional de Geriatría (Inger) y la Federación Mexicana de Alzheimer.

Se subraya que el tema de demencia y deterioro cognitivo forma parte de las 10 líneas de investigación más relevantes del Inger. En lo correspondiente al primer semestre de 2016, se enlistan las acciones realizadas por el Inger:

Dirección de Enseñanza y Divulgación

• Diplomado Alzheimer y otras demencias. Se impartió en 2016 y nuevamente será impartirá un diplomado en 2017.

• Curso: Modelos de Atención centrado en la persona con demencia. Se impartió en 2016 y se impartirán 4 cursos en 2017.

Dirección de Investigación

• Publicaciones:

- Bogetti-Salazar M, González-González C, Juárez-Cedillo T, Sánchez-García S, Rosas Carrasco O*. Severe potential drug-drug interactlons in older adults wlth dementia and associated factors. Clinlcs. 2016; 71 (1):17-21.

- Arrieta-Cruz 1*, Gutierrez-Juárez R. The role of insulin resitance and glucose metabolism dysregulation in the development of Alzherimer´s disease. Rev Invest clin. 2016; 68(2): 53-58.

• Proyectos de Investigación:

- Factores asociados a las alteraciones del sueño en adultos mayores con demencia de cinco instituciones de salud en la ciudad de México. Proyecto aceptado y publicado por la revista Clinies Sao Paulo para publicación en enero 2016.

- Mecanismos de disfunción sináptica en etapas de la enfermedad de Alzheimer: nuevas dianas terapéuticas y biomarcadores. Se reporta con 45 por ciento de avance.

- Efecto hipoglucemiante del cacalol en un modelo de ratón transgénico de la enfermedad de Alzheimer: implicaciones terapéuticas para la demencia agravada por diabetes. Aprobado SIRES-DI-00216 (Isabel Arrieta)

• Estancia académica:

La doctora Mariana López Ortega y la maestra en ciencias Sara Torres Castro realizaron una estancia académica en la Universidad de Edimburgo, Escocia. Donde acudieron a la conferencia de la Dementia Awareness Week 2016 en Edimgurgo, y sostuvieron reuniones de trabajo y asesoría como parte del proyecto “Programa para el Cuidado Óptimo de Instituciones de Larga Estancia para Adultos Mayores con Demencia, Procijida-Demencia”, que se está llevando a cabo con dicha universidad.

• Seminario

- Búsqueda de biomarcadores tempranos para la enfermedad de Alzheimer a partir del estudio de mecanismos de disfunción sináptica. Ponente Ricardo Quiroz.

• Convenio de colaboración:

- Realizado con la Universidad de Edinburgh con un financiamiento externo de 66,200. Fecha de programa de inicio 27-03-16, Fecha de programa de término 27-03-18.

• Participación en medios

- Se realizó una conferencia de prensa sobre las acciones educativas en torno a la demencia.

- De las 42 entrevistas otorgadas, destaca que uno de los temas más solicitados fue la demencia.

A partir de lo planteado en el PAAD, consideramos que las siguientes acciones son viables y de alto impacto en el ámbito nacional.

• Crear conciencia en la población para favorecer la movilización en torno a la demencia. (Corresponde a la Estrategia 1 del PAAD).

• Generar programas de información masiva (población en general) sobre el Alzheimer y otras demencias que permitan un mayor conocimiento de las mismas, la identificación de posibles síntomas a nivel familiar y promuevan la eliminación del estigma hacia estos padecimientos. (Corresponde a la Estrategia 1 del PAAD).

• Fortalecer las campañas a nivel poblacional sobre prevención contra la diabetes, obesidad, hipertensión, tabaquismo e inactividad física para reducir factores de riesgo modificables asociados a la demencia. (Corresponde a la Estrategia 1 del PAAD).

• Fortalecer la formación y capacitación de profesionales de la salud, principalmente en el primer nivel de atención, para detectar a personas afectadas en etapas tempranas de la enfermedad (Corresponde a la Estrategia 3 y 4.del PAAD)

• Promover el respeto a la dignidad, de la persona con Alzheimer (Corresponde a la Estrategia 5 del PAAD).

Atentamente

Ciudad de México a 20 de enero de 2017.— Doctor Luis Miguel Gutiérrez (rúbrica).»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Salud.

Doctor Simón Kawa Karasik, Director General de Coordinación de los Institutos Nacionales de Salud.— Presente.

Por medio de la presente, en atención a su oficio CCINSHAE- DGCINS- 29-2017, de forma adjunta envío a usted, la opinión emitida por nuestro médico especialistas la doctora Zoila Trujillo de los Santos, Clínica de Geriatría.

Me despido de usted, enviándole un cordial saludo.

Atentamente

Ciudad de México, a 20 de enero de 2017.— Doctora Teresita Corona Vázquez (rúbrica), directora general.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Salud.

Doctora Teresita Corona Vázquez, directora general del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía MVS.— Presente.

Con referencia al oficio UCVPS/ 130/2017, que fue enviado por la Cámara de Diputados a la Secretaría de Salud y a los gobiernos de las entidades federativas, para darle continuidad al Plan de Acción Alzheimer y otras demencias (PAAD), con la solicitud de emitir una opinión a dicho plan solicitada por la Coordinación de los Institutos Nacionales de Salud, nuestra opinión es la siguiente:

En el instituto se tiene una Clínica de Demencia, donde se realiza el diagnóstico clínico apoyado con evaluación neuropsicológica, estudios de imagen con Resonancia y en los casos que lo ameritan se realiza un estudio con PET. Radiotrazador 18FDG, que tiene una excelente sensibilidad para evaluar el metabolismo cerebral en casos de demencia tipo Alzheimer y diferenciar otro tipo de demencias. Paralelamente la Clínica de Demencia continúa con estudios poblacionales sobre factores de riesgo que favorecen la demencia tipo Alzheimer, vascular o mixta, a través del Grupo10/66, liderado por la doctora Ana Luisa Sosa, con varias publicaciones sobre le: epidemiología de las demencias en nuestro país y América Latina.

En la consulta de Geriatría se da seguimiento a pacientes adultos mayores con demencia Alzheimer y otras en las etapas avanzadas, que progresivamente requerirán de Cuidados Paliativos para seguimiento y tratamiento sintomático y capacitación a sus familiares y/o cuidadores.

Se tienen guías sobre “Demencias: enfoque familiar y médico”, además da guías para cuidadores sobre: familia, redes de apoyo e intervención tanatología, tratamiento médico básico y bioético.

Elaboradas por el grupo multidisciplinario de Cuidados Paliativos: Zoila Trujillo, María Guadalupe Nava, Claudia García P., Claudia Mimiaga H., Patricia Zamora R.

Se publicó el libro La enfermedad de Alzheimer. Perspectiva latinoamericana, editorial Panamericana, México 2011. Acosta, Brisco, Mena, Trujillo, Ventura.

De próxima publicación: Visión Actual de las demencias. Suplemento en Archivos de Neurociencias (en prensa).

Estimulación cognitiva. Manual de instrucciones Nivel I y Nivel II. Grupo de trabajo doctora Ana Luisa Sosa.

Se participa en el grupo de expertos en demencia, cuyo fin es conocer avances sobre tratamientos, investigaciones en demencia y se acude a foros como participante, como el evento anual de Alzheimer (septiembre) promovido por la Federación de Alzheimer México, con el fin de difundir entre la población general los aspectos clínicos de la, enfermedad, prevención de factores de riesgo.

En la actualidad se tienen varios protocolos de investigación sobre la demencia Alzheimer (farmacogenética, estudio de biomarcadores, entre otros).

Se tiene proyectado realizar trabajo comunitario con pacientes y cuidadores de demencias para fortalecer los lazos y redes de apoyo y mejorar la calidad de vida de ambos.

Existen los grupos de apoyo, un espacio psicoeducativo que acerca la información médica y de otra naturaleza a las personas que acuden al instituto.

También se está conformando una Red Temática de Neurociencias multidisciplinaria (investigadores básicos, clínicos y sociomédicos) cuyo propósito entre otros es establecer mecanismos para que la sociedad tenga acceso abierto al conocimiento generado por la investigación científica, tecnológica e innovación, y también que los investigadores y el personal de salud fortalezcan colaboraciones y sistemas de información.

Si bien hemos realizado trabajos de investigación, atención y docencia en el instituto, es necesario ampliar los apoyos para seguir enriqueciendo al PAAD.

Atentamente

Ciudad de México, a 19 de enero de 2017.— Zoila Trujillo de los Santos (rúbrica), coordinadora del Programa de Cuidados Paliativos Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía/MVS.»

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Se remite a la Comisión de Salud, para su conocimiento.

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El Secretario diputado Raúl Domínguez Rex: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Integrantes de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número DGPL 63-II- 3-1480 signado por el diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano, entonces vicepresidente de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número UCVPS/ 919/2017 suscrito por el doctor Ernesto Héctor Monroy Yurrieta, titular de la Unidad Coordinadora de Vinculación y Participación Social de la Secretaría de Salud, así como de su anexo, mediante los cuales responde el punto de acuerdo por el que se exhorta a esa dependencia a establecer mecanismos que permitan la implementación a nivel nacional del denominado “Aviso de Gravedad” en beneficio de los pacientes en estado grave de salud y de la persona responsable del mismo.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

Ciudad de México, a 8 de febrero de 2017.— Maestro Valentín Martínez Garza (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Salud.

Maestro Valentín Martínez Garza, titular de la Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

Me refiero al oficio SELAP/UEL/ 311/2560/16, de fecha 20 de diciembre de 2016, mediante el cual informó que en la sesión de la Cámara de Diputados, celebrada el jueves 15 de diciembre de 2016, se aprobó el punto de acuerdo, que a continuación se transcribe:

Único. La Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Salud federal a que, con base en la Carta de los Derechos Generales de los Pacientes, derivada de la norma oficial mexicana NOM-168-SSAI-1998, del expediente clínico, establezca mecanismos que permitan la implantación a nivel nacional del denominado “Aviso de Gravedad” en beneficio de los pacientes en estado grave de salud y de la persona responsable del mismo.

Al respecto me permito acompañar oficio SIDSS-CAS-962-2017, suscrito por el ingeniero Gustavo Ernesto Ramírez Rodríguez, coordinador de Asesores de la Subsecretaría de Integración y Desarrollo del Sector Salud.

Con base en lo anterior he de agradecer su amable intervención a efecto de remitir esta información al órgano legislativo para su desahogo.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Ciudad de México, a 3 de febrero de 2017.— Doctor Ernesto Héctor Monroy Yurrieta (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Salud.

Doctor Ernesto Héctor Monroy Yurrieta, titular de la Unidad Coordinadora de Vinculación y Participación Social.— Presente.

Me refiero a su oficio número UCVPS/ 185/2017 de fecha 11 de enero de 2017, referente al punto de acuerdo aprobado el 15 de diciembre de 2016 en sesión de la Cámara de Diputados, el cual se detalla a continuación:

Único. La Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Salud federal a que, con base en la Carta de los Derechos Generales de los Pacientes, derivada de la norma oficial mexicana NOM-168- SSAl-1998, del expediente clínico, establezca mecanismos que permitan la implantación a nivel nacional del denominado “Aviso de Gravedad” en beneficio de los pacientes en estado grave de salud y de la persona responsable de éstos.

Al respeto, me permito anexar al presente oficio DGCES- 00186-2017 de la Dirección General de Calidad y Educación en Salud, en el que, en términos del artículo 18 del Reglamento Interior de la Secretaría de Salud, se pronuncia sobre el particular.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Ciudad de México, a 26 de enero de 2017.— Ingeniero Gustavo Ernesto Ramírez Rodríguez (rúbrica), coordinador.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Salud.

Ingeniero Gustavo Ernesto Ramírez Rodríguez, coordinador de asesores de la Subsecretaría de Integración y Desarrollo del Sector Salud.— Presente.

Me refiero a su oficio número SIDSS/CAS/ 934/2017, de fecha 17 de enero de 2017, recibido el jueves 19 del mismo mes y año, mediante el cual remite copia simple y solicita opinión al punto de acuerdo aprobado en sesión de la Cámara de Diputados, celebrada el 15 de diciembre de 2016, que se detalla a continuación:

Único. La Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Salud federal a que, con base en la Carta de los Derechos Generales de los Pacientes, derivada de la norma oficial mexicana “NOM-168-SSA1-1998, del expediente clínico”, establezca mecanismos que permitan la implementación a nivel nacional del denominado “Aviso de Gravedad” en beneficio de los pacientes en estado grave de salud y de la persona responsable del mismo.

Al respecto, de conformidad con las facultades de la Dirección General de Calidad y Educación en Salud, establecidas en el artículo 18 del Reglamento Interior de la Secretaria de salud, me permito hacer de su conocimiento lo siguiente:

La norma oficial mexicana NOM-168-SSA1-1998, Del expediente clínico, fue sustituida por la NOM-004-SSA3-2012, Del expediente clínico publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 15 de octubre de 2012, entro en vigor 60 días después, el 15 de diciembre del mismo año, por lo que su vigencia quinquenal concluye el 15 de diciembre de 2017.

La norma oficial mexicana NOM-004-SSA3-2012, Del expediente clínico, por tener un fundamento jurídico sanitario es un instrumento regulatorio de observancia obligatoria por todos los prestadores de servicios de atención médica de los sectores público, social y privado, el incumplimiento de sus disposiciones ser objeto de sanción conforme lo establece la Ley General de salud.

La Carta de los Derechos Generales de los Pacientes: Es un Decálogo o código de Conducta, emitido en diciembre de 2001, contiene las prerrogativas de cualquier persona cuando en su carácter de paciente, reciba atención médica. En su elaboración participaron la Comisión Nacional de Arbitraje Médico (Conamed), la Subsecretaría de Innovación y Calidad, la Comisión Nacional de Bioética, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Federación Nacional de Colegios de Profesión Médica del IMSS, la subdirección General Médica del ISSSTE, la comisión Interinstitucional de enfermería y la entonces Dirección General de Asuntos jurídicos de la Secretaría de Salud. No obstante, sus 10 postulados no tienen la fuerza jurídica que le brinde el carácter de observancia obligatoria, siendo estos:

1. Recibir atención médica adecuada

El paciente tiene derecho a que la atención médica se le otorgue por personal preparado de acuerdo a las necesidades de su estado de salud y a las circunstancias en que se brinda la atención; así como a ser informado cuando requiera referencia a otro médico.

Ley General de Salud Artículos 51 y 89. Reglamento de la Ley General de Salud en materia de prestación de servicios de atención médica. Artículos 21 y 48.

2. Recibir trato digno y respetuoso

El paciente tiene derecho a que el médico, la enfermera y el personal que le brinden atención médica, se identifiquen y le otorguen un trato digno con respeto a sus convicciones personales y morales, principalmente las relacionadas con sus condiciones socioculturales de género, de pudor y a su intimidad, cualquiera que sea el padecimiento que presente, y se haga extensivo a los familiares o acompañantes.

Ley General de Salud Artículos 51 y 83. Reglamento de la Ley General de Salud en materia de prestación de servicios de atención médica. Artículos 25 y 48.

3. Recibir información suficiente clara, oportuna y veraz

El paciente, o en su caso el responsable, tiene derecho a que el médico tratante les brinde información completa sobre el diagnostico, pronóstico y tratamiento; se exprese siempre en forma clara y comprensible; se brinde con oportunidad con el fin de favorecer el conocimiento pleno del estado de salud del paciente y sea siempre veraz, ajustada a la realidad.

Reglamento de la Ley General de Salud en materia de prestación de servicios de atención médica artículos 29 y 30 NOM-168 SSA1-1998, del Expediente Clínico Numeral 55.

4. Decidir libremente sobre su atención

El paciente, o en su caso el responsable tiene derecho a decidir libertad, de manera personal y sin ninguna forma de presión, aceptar o rechazar cada procedimiento diagnostico o terapéutico ofrecido, así como el uso de medidas extraordinarias de supervivencia en pacientes terminales.

Reglamento de la Ley General de Salud en materia de prestación de servicios de atención médica artículo 80. NOM-168SSA1-1998, del Expediente Clínico Numeral 4.2 y 10.1.1 Anteproyecto del Código-Guía Bioética de Conducta Profesional de la SSA, Artículo 4, fracción 4.3 “Declaración de Lisboa de la Asociación Médica Mundial sobre los Derechos del Paciente” del 9 de enero de 1995, apartado C del punto número 10.

5. Otorgar o no consentimiento válidamente informado

El paciente, o en su caso el responsable, en los supuestos que así lo señale la normativa, tiene derecho a expresar su consentimiento, siempre por escrito, cuando acepte sujetarse con fines de diagnóstico o terapéuticos, a procedimientos que impliquen un riesgo, para lo cual deberá ser informado en forma amplia y completa en qué consisten, de los beneficios que se esperan, así como de las complicaciones o eventos negativos que pudieran presentarse a consecuencia del acto médico.

Lo anterior incluye las situaciones en las cuales el paciente decida participar en estudios de investigación o en el caso de donación de órganos.

Ley General de Salud. Artículos 100 Fracción IV, 320 y 321 Reglamento de la Ley General de Salud en materia de prestación de servicios médicos. Artículos 80 y 81. NOM 168-SSA1-1998, del Expediente Numerales 4.2 y 10.11

6. Ser tratado con confidencialidad

El paciente tiene derecho a que toda la información que exprese a su médico, se maneje con escritura confidencialidad y no se divulgue más que con la autorización expresa de su parte, incluso la que derive de un estudio de investigación al cual se haya sujetado de manera voluntaria; lo cual no limita la obligación del médico de informar a la autoridad en los casos previstos por la Ley.

Nom-168SSA1-1998, Del Expediente Clínico. Numero 5.6 Ley Reglamentaria del artículo 5° Constitucional relativo al ejercicio de las profesionales en el Distrito Federal, artículo 36. Ley General de salud. Artículos 136, 137 y 138. Reglamento de la Ley General de salud en materia de prestación de servicios de atención médica. Artículos 19 y 35.

7. Contar con facilidades para obtener una segunda opinión

El paciente tiene derecho por escrito la información necesaria para obtener una segunda opinión sobre el diagnóstico, pronóstico o tratamiento relacionados con su estado de salud.

Reglamento de la Ley General de Salud en materia de prestación de servicios de atención médica. Artículos 29 y 30 NOM-168-SSA1-1998, del Expediente clínico. Numerales 4.9 y 5.5.

8. Recibir atención médica en caso de urgencia

Cuando está en peligro la vida, un órgano o una función, el paciente tiene derecho a recibir atención de urgencia por un médico, en cualquier establecimiento de salud, sea público o privado, con el propósito de estabilizar sus condiciones.

Ley General de Salud. Artículo 55. Reglamento de la Ley General de Salud en materia de prestación de servicios de atención médica. Artículos 71 y 73.

9. Contar con un expediente clínico

El paciente tiene derecho a que el conjunto de los datos relacionados con la atención médica que reciba sean asentados en forma veraz, clara, precisa, legible y completa en un expediente que deberá cumplir con la normativa aplicable y cuando lo solicite, obtener por escrito un resumen clínico veraz, de acuerdo al fin requerido.

Reglamento de la Ley General de Salud en materia de prestación de servicios de atención médica. Artículo 32. NOM-168-SSA1-1998., del Expediente Clínico.

10. Ser atendido cuando se inconforme por la atención médica recibida

El paciente tiene derecho a ser escuchado y recibir respuesta por la instancia correspondiente cuando se inconforme por la atención médica recibida de servidores públicos o privados. Asimismo, tiene derecho a disponer de vías alternas a las judiciales a tratar de resolver un conflicto con el personal de salud.

Ley General de Salud. Artículo 54. Reglamento de la Ley General de Salud en materia de prestación de servicios de atención médica. Artículos 19, 51 y 52. Decreto de Creación de la Comisión Nacional de arbitraje Médico. Artículos 2, 3, 4 y 13.

Como es de observarse, si bien los derechos de los paciente son inobjetables en tanto que le son otorgados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley General de Salud, en la operación existen diferencias de fondo y forma entre una norma oficial mexicana de observancia obligatoria por su fundamento jurídico y un decálogo o código de conducta que se basa en declaraciones y valores éticos del prestados de servicios, por una adhesión personal voluntaria en favor del paciente.

El denominado “aviso de gravedad” propuesto, no existe de manera explícita en la ley General de Salud, ni en su Reglamento en Metería de Prestación de Servicios de Atención Médica, ni de ninguna otra normatividad vigente que sea aplicable a los sectores público, social o privado; toda vez que por tratarse de un procedimiento de carácter administrativo, cada institución o establecimiento cuenta con protocolos de atención en sus servicios o manuales de procedimientos , en los que se específica el personal responsable, los horarios y forma de emitir sus informes o reportes relativos al estado de salud de los pacientes, sea en los servicios de urgencias, de hospitalización o ambos.

En razón de lo anterior, la NOM no considera ninguno de sus numerales la obligatoriedad de emitir un documento o realizar una acción denominada “aviso de gravedad”; sin embargo, es pertinente mencionar que ello no significa que se trate de una omisión, ni que el personal de salud no cumpla con disposiciones a las que está obligado, como es el caso de lo que señalan los artículos 29 y 30 del Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Prestación de Servicios de Atención Médica, que a la letra dicen:

Artículo 29. Todo profesional de la salud, estará obligado a proporcionar al usuario y, en su caso, a sus familiares, tutor o representante legal, información completa sobre el diagnóstico, pronóstico y tratamiento correspondientes.

Artículo 30. El responsable del establecimiento estará obligado a proporcionar al usuario, familiar, tutor o representante legal, cuando lo soliciten, el resumen clínico sobre el diagnóstico, evolución, tratamiento y pronóstico del padecimiento que amerito el internamiento.

La norma oficial mexicana NOM-004-SSA3-2012, del expediente clínico, toma el sentido fundamental de dichos artículo y para hacerlos operativos, los fusiona y los expresa en el actual numeral 5.6, en los siguientes términos:

5.6.Los profesionales de la salud están obligados a proporcionar información verbal al paciente, a quien ejerza la patria potestad, la tutela, representante legal, familiares o autoridades competentes. Cuando se requiera un resumen clínico u otras constancias del expediente clínicos, deberá ser solicitado por escrito. Son autoridades competentes para solicitar los expedientes clínicos las autoridades judiciales, órganos de procuración de justicia y autoridades administrativas.

Es pertinente mencionar que el punto recibir información suficiente, clara, oportuna y veraz, de la Carta de los Derechos Generales de los Paciente, está integrado por la fusión de los artículos 29 y 30 del Reglamento mencionado y del numeral 5.5 de la antigua NOM-168, que actualmente corresponde al numeral 5.6. de la NOM004 vigente, señalado en el párrafo anterior. Asimismo, el punto 8. Recibir atención médica en caso de urgencia, está integrado por la fusión de los artículos 71 y 73 del Reglamento citado.

Algunas instituciones o establecimientos que cuentan con servicios de urgencias y hospitalización para la atención médica pueden implementar diversos mecanismos, criterios o métodos para clasificar y priorizar la atención de los pacientes; el más conocido en sus múltiples modalidades y ámbitos de aplicación es el “Triage”, que es un término francés utilizado para seleccionar, escoger o priorizar. Sin embargo, ese método es utilizado principalmente en algunos establecimiento que atienden personas accidentadas, traumatizadas, víctimas de siniestros, violencia o que por alguna contingencia con saldo masivo de víctimas, se ven en la necesidad de brindar atención médica urgente, por lo que los médicos deben priorizar las necesidades específicas de atención de cada persona, de acuerdo con su situación específica, para minimizar el riesgo o daños a la salud.

El Triage, que en un momento dado pudiera considerarse también como una modalidad del “Aviso de Gravedad”, no es posible implementarlo de manera obligatoria en todos los establecimientos para la atención médica de los sectores público, social y privado que tengan servicio de urgencias y hospitalización; ya que en la mayoría de ellos no aplicaría, además de no tener sustento jurídico para imponer dicha obligación de manera generalizad, por tal razón, no se expresa en la NOM-004-SSA3-2012, Del expediente clínico.

A mayor abundamiento, el artículo 37 de la Ley General de Salud, establece que:

Artículo 37. Son servicios a derechohabientes de instituciones públicas de seguridad social los prestados por éstas a las personas que cotizan o a las que hubieren cotizado en las mismas conforme a sus leyes y a sus beneficiarios, los que con sus propios recursos o por encargo del Ejecutivo Federal presten tales instituciones a otros grupos de usuarios.

Estos servicios se regirán por lo establecido en las disposiciones legales que regulan la organización y funcionamiento de las instituciones prestadoras y por las contenidas en esta Ley; en lo que no se oponga a aquéllas.

Dichos servicios, en los términos de esta Ley y sin perjuicio de los que prevengan las leyes a las que se refiere el párrafo anterior, comprenderán la atención médica, la atención materno-infantil, la planificación familia, la salud mental, la promoción de la formación de recursos humanos, la salud ocupacional y la prevención y control de enfermedades no transmisibles y accidentes.

De lo anterior se desprende que las instituciones de seguridad social podrán determinar sus propias disposiciones y procedimientos administrativos para la operación y prestación de sus servicios, teniendo la libertad de establecer un triage, un aviso de gravedad o cualquiera otro mecanismo que les permita brindar al paciente, en su caso a sus familiares, tutor o representante legal, información completa sobre el diagnóstico, pronóstico y tratamiento correspondiente, en los términos de los artículo 29 y 30 del Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Prestación de Servicios de Atención Médica o del numeral 5.6 de la Norma Oficial Mexicana NOM-004-SSA3-2012, del expediente clínico o en su caso, del punto 3 de la Carta de los Derechos Generales de los Pacientes, ya que en todos los caos, estos instrumentos coinciden y están orientados a materializar el derecho de los pacientes o familiares a recibir información con las características que correspondan a cada caso en particular, por lo que no se considera necesario implantar a nivel nacional un “aviso de gravedad” genérico e inespecífico.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Ciudad de México, a 25 de enero de 2017.— Doctor Sebastián García Saiso (rúbrica), director general.»

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Se turna a la Comisión de Salud, para su conocimiento.

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El Secretario diputado Raúl Domínguez Rex: «Consejería Jurídica de Oaxaca.

Diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala, vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.

Avenida Congreso de la Unión Número 66, colonia El Parque. Delegación Venustiano Carranza, Ciudad de México. Código Postal 15969

Por instrucciones del consejero jurídico del gobierno del estado y con fundamento en el artículo 98 Bis de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca; en estrecha relación con el numeral 49, primer párrafo y fracción XXVIII, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del estado de Oaxaca, 22, fracciones I y XIV, del Reglamento Interno de la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado, doy respuesta a su oficio DGPL 63-II-5-1802, de fecha 15 de diciembre de 2016, por medio del que hace de conocimiento el siguiente punto de acuerdo: “Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, exhorta, respetuosamente a las entidades federativas, como congresos locales, para que en el ámbito. de sus facultades impulsen la creación de los respectivos Institutos Locales como organismos descentralizados en su administración para el desarrollo e inclusión de las personas con discapacidad”; sobre el particular adjunto copia del ocurso número DIFO/DG/ 0023/2017, de fecha 16 de enero de 2017, signado por la directora general del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del estado de Oaxaca, Mariana Nassar Piñeyro, y anexos, mediante el cual informa sobre lo exhortado; consecuentemente, pido a Usted de manera atenta, se tenga a mi representado, cumpliendo plenamente con lo solicitado.

Sin otro asunto en particular, le envío un cordial saludo, reiterándole mi más alta y distinguida consideración.

Atentamente

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Ciudad de México, a 25 de enero de 2017.— Licenciada Elvira Morales Pérez (rúbrica), directora general.»

«DIF del estado de Oaxaca.

Licenciada Elvira Morales Pérez, directora general de Consulta Normativa y Prospectiva Legislativa de la Consejería Jurídica del gobierno de Oaxaca.— Presente.

En atención a su oficio número CJGEO/DGCNPL/ DRPLB/l7-01/2017, de fecha 3 de enero del año en curso, recibido en oficialía de partes de esta institución el día 5 del presente mes y año, con número de folio interno DIF 00000038, mediante el cual solicita remitir a esa Consejería Jurídica, las documentales en copia certificada que atiendan el oficio número DGPL 63-II-5-1805, expediente 3967, de fecha 15 de diciembre de 2016, suscrito por la diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala, vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, en la cual hace de conocimiento el siguiente punto de acuerdo: “Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a las entidades federativas, como congresos locales, para que en el ámbito de sus facultades impulsen la creación de los respectivos Institutos Locales como organismos descentralizados en su administración para el desarrollo e inclusión de las personas con discapacidad”.

Al respecto, remito a usted copias certificadas de los oficios DIFO/DG/ l535/2016, de fecha 26 de diciembre de 2016, dirigido al ciudadano Édgar Nazario Cruz Luján, director de Atención a Personas con Discapacidad, Sistema DIF Oaxaca y DIFO/DG/ 0014/2017, de fecha 4 de enero de 2017, dirigido a la diputada Sharon María de Teresa Cuenca Ayala, vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, asimismo, la impresión de pantalla que justifica el envío de dicho documento de manera electrónica.

Por lo anterior, solicito se me tenga dando cumplimiento en tiempo y forma a su oficio de referencia.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

Atentamente

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Oaxaca de Juárez, Oaxaca, a 16 de enero de 2017.— Mariana Nassar Piñeyro (rúbrica), directora general.»

«DIF del estado de Oaxaca.

Diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala, vicepresidente de la Mesa Directiva de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados.— Presente.

En atención a su oficio número STPEE/G4/ 2016/131, de fecha 21 de diciembre de 2016, recibido el 23 de diciembre de 2016, en la Oficialía de Partes de este Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del estado de Oaxaca, por el cual comunica el punto de acuerdo signado por la diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala, por el que se exhorta al gobierno del estado, para que en el ámbito de sus facultades impulse la creación de los respectivos institutos locales como organismos descentralizados en su administración para el desarrollo e inclusión de las personas con discapacidad.

Al respecto me permito informarle a usted que esta Dirección General ha tenido a bien designarle dicha coordinación al licenciado Édgar Nazario Cruz Luján, director de Atención a Personas con discapacidad de este Sistema DIF Oaxaca, para que en el ámbito de su competencia se encargue de dar atención integral a todo lo relacionado con la creación de un instituto local.

Sin más por el momento aprovecho el presente para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Oaxaca de Juárez, a 4 de enero de 2017.— Mariana Erandi Nassar Piñeyro (rúbrica), directora general.»

«DIF del estado de Oaxaca.

Édgar Nazario Cruz Luján, director de Atención a Personas con Discapacidad. Sistema DIF Oaxaca.— Presente.

A fin de dar cumplimiento al oficio número STPEE/G4/ 2016/131, de fecha 21 de diciembre de 2016, signado por el licenciado Francisco ángel Maldonado Martínez, secretario técnico del Poder Ejecutivo, con número de folio DIF 00003972, mediante el cual remite el punto de acuerdo signado por la diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala, por el que exhorta al gobierno del estado, para que en el ámbito de sus facultades impulse la creación de los respectivos institutos locales como organismos descentralizados en su administración para el desarrollo e inclusión de las personas con discapacidad.

Al respecto me permitir infórmale a usted, que se le ha comisionado para que en ámbito de su competencia se encargue de coordinarse con las instancias correspondientes para dar atención integral al punto de acuerdo.

Solicito a usted informar en su totalidad a esta Dirección General a mi cargo todo lo relacionado al tema en mención.

Sin más por el momento le envío un cordial saludo.

Atentamente

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Oaxaca de Juárez, a 4 de enero de 2017.— Mariana Nassar Piñeyro (rúbrica), directora general.»

«DIF del estado de Oaxaca.

Diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala, vicepresidenta de la Mesa Directiva de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.— Presente.

En atención a su oficio número DGPL 63-II-5-1805, expediente 3967, de fecha 15 de diciembre de 2016, enviado al maestro Alejandro Ismael Murat Hinojosa, gobernador constitucional del estado de Oaxaca, donde comunica el punto de acuerdo “...por el que se exhorta al gobierno del estado para que en el ámbito de sus facultades impulse la creación de los respectivos institutos locales como organismos descentralizados para el desarrollo e inclusión de las personas con discapacidad”, me permito enviar1e por este medio, el oficio DIFO/DG/ 0014/2017, signado por la ciudadana Mariana Erandi Nassar Piñeyro, directora general del Sistema DIF-Oaxaca, en respuesta a su exhorto.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

Atentamente

Oaxaca de Juáreaz, a 10 de enero de 2017.— Licenciada Alba Martínez Bernabé, secretaria técnica del DIF Estatal, Oaxaca.»

«DIF del estado de Oaxaca.

Licenciada Elvira Morales Pérez, Directora General de Consulta Normativa y Prospectiva Legislativa de la Consejería Jurídica del gobierno del estado de Oaxaca.— Presente.

En atención a su oficio número CJGEO/ DGCNPL/ DRPLB/17-01/ 2017, de fecha 3 de enero del año en curso, recibido en oficialía de partes de esta institución el día 05 del presente mes y año, con número de folio interno DIF 00000038, mediante el cual solicita remitir a esa Consejería Jurídica, las documentales en copia certificada que atiendan el oficio número DGPL 63-II-5-1805, expediente 3967, de fecha 15 de diciembre de 2016, suscrito por la diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala, vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, en la cual hace de conocimiento el siguiente punto de acuerdo: “Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a las entidades federativas, como congresos locales, para que en el ámbito de sus facultades impulsen la creación de los respectivos institutos locales como organismos descentralizados en su administración para el desarrollo e inclusión de las personas con discapacidad”.

Al respecto, remito a usted copias certificadas de los oficios DIFO/DG/ 1535/2016, de fecha 26 de diciembre de 2016, dirigido al ciudadano Édgar Nazario Cruz Luján, director de Atención a Personas con Discapacidad-Sistema DIF Oaxaca y DIFO/DG/ 0014/2017, de fecha 4 de enero de 2017, dirigido a la diputada Sharon María de Teresa Cuenca Ayala, vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Asimismo, la impresión de pantalla que justifica el envío de dicho documento de manera electrónica.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

Atentamente

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Oaxaca de Juáreaz, a 16 de enero de 2017.—Mariana Nassar Piñeyro (rúbrica), directora general.»

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Se remite a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, para su atención.

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El Secretario diputado Raúl Domínguez Rex: «Congreso del Estado de Colima.

Diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala, vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.— Presente.

Por este conducto me permito informar a usted en atención de su oficio número DGPL 63-II-5-1804, de fecha 15 de diciembre de 2016, por el que se exhorta a los congresos estatales para que coadyuven con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para que se implanten medidas y programas para el manejo efectivo y reducción en la generación de los recursos peligrosos; y turnado a esta comisión legislativa, con fecha 23 de enero del presente año, al respecto me permito informarle que esta legislatura, mediante el decreto número 56, aprobado por esta soberanía el 3 de febrero de 2016, fue homologada la Ley Ambiental para el Desarrollo Sustentable del Estado de Colima, en materia del manejo en la generación de residuos peligrosos.

Sin otro particular por el momento, y en espera de que la información proporcionada sea de utilidad, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Colima, Colima, a 31 de enero de 2017.— Diputada Martha Alicia Meza Oregón (rúbrica), Presidenta de la Comisión de Protección y Mejoramiento Ambiental.»

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para su conocimiento.

MINUTAS

LEY GENERAL DE EDUCACIÓN

El Secretario diputado Raúl Domínguez Rex: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Para los efectos constitucionales, me permito remitir a ustedes expediente que contiene proyecto de decreto por el que se reforma la fracción III del artículo 12 de la Ley General de Educación, aprobado por el Senado de la Republica en sesión celebrada en esta fecha.

Atentamente

Ciudad de México, a 2 de febrero de 2017.— Senador César Octavio Pedroza Gaitán (rúbrica), vicepresidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Proyecto de

Decreto por el que se reforma la fracción III del artículo 12 de la Ley General de Educación

Único. Se reforma la fracción III del artículo 12 de la Ley General de Educación, para quedar como sigue:

Artículo 12. Corresponden de manera exclusiva a la autoridad educativa federal las atribuciones siguientes:

I. y II. ...

III. Elaborar, mantener actualizados y editar, en formatos accesibles, los libros de texto gratuitos y demás materiales educativos, mediante procedimientos que permitan la participación de los diversos sectores sociales involucrados en la educación.

Al inicio de cada ciclo lectivo, la Secretaría deberá poner a disposición de la comunidad educativa y de la sociedad en general los libros de texto gratuitos y demás materiales educativos, a través de plataformas digitales de libre acceso;

IV. a XIV. ...

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. La Secretaría de Educación Pública deberá establecer las previsiones necesarias para que todo el material incluido en los libros de texto gratuitos cumpla con las disposiciones en materia de protección de propiedad intelectual, derechos de autor y demás disposiciones que garanticen la seguridad jurídica de las obras.

Tercero. Los procedimientos de la publicación en plataformas digitales de los libros de texto gratuitos los fijará la Secretaría de Educación Pública, observando que su consulta esté disponible al inicio de cada año lectivo escolar en la página oficial de la Secretaría de Educación Pública y en los medios electrónicos o virtuales de comunicación que considere compatibles para la publicación del material educativo.

Salón de sesiones de la Honorable Cámara de Senadores, a 2 de febrero de 2017.— Senador César Octavio Pedroza Gaitán (rúbrica), vicepresidente; senadora Itzel Sarahí Ríos de la Mora (rúbrica), secretaria.»

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Túrnese a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para dictamen.

CÓDIGO PENAL FEDERAL

El Secretario diputado Raúl Domínguez Rex: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Para los efectos constitucionales, me permito remitir a ustedes expediente que contiene proyecto de decreto por el que se deroga la fracción III y se adiciona un último párrafo al artículo 146 del Código Penal Federal, aprobado por el Senado de la República en sesión celebrada en esta fecha.

Atentamente

Ciudad de México, a 2 de febrero de 2017.— Senador César Octavio Pedroza Gaitán (rúbrica), vicepresidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Proyecto de

Decreto por el que se deroga la fracción III y se adiciona un último párrafo al artículo 146 del Código Penal Federal

Único. Se deroga la fracción III y se adiciona un último párrafo al artículo 146 del Código Penal Federal, para quedar como sigue:

Artículo 146. ...

I. ...

II. ...

III. Se deroga

Estas disposiciones deberán igualmente aplicarse en lo conducente a las aeronaves.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial Federación.

Salón de sesiones de la Honorable Cámara de Senadores, a 2 de febrero de 2017.— Senador César Octavio Pedroza Gaitán (rúbrica), vicepresidente; senadora Itzel Sarahí Ríos de la Mora (rúbrica), secretaria.»

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Túrnese a la Comisión de Justicia, para dictamen.

DECLARA EL 15 DE SEPTIEMBRE DE CADA AÑO, COMO “DÍA NACIONAL DE LA LUCHA CONTRA EL LINFOMA NO HODGKING Y LINFOMA HODGKING”

El Secretario diputado Raúl Domínguez Rex: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Para los efectos constitucionales, me permito remitir a ustedes expediente que contiene proyecto de decreto por el que se declara el 15 de septiembre de cada año, como el “Día Nacional de la Lucha contra el Linfoma No Hodgking y Linfoma Hodgking”, aprobado por el Senado de la República en sesión celebrada en esta fecha.

Atentamente

Ciudad de México, a 2 de febrero de 2017.— Senador César Octavio Pedroza Gaitán (rúbrica), vicepresidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Proyecto de

Decreto por el que se declara el 15 de septiembre de cada año, como el “Día Nacional de la Lucha contra el Linfoma No Hodgking y Linfoma Hodgking”

Único. El Congreso de la Unión, declara el 15 de septiembre de cada año, como el “Día Nacional de la lucha contra el Linfoma No Hodgking y Linfoma Hodgking”.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la Honorable Cámara de Senadores, a 2 de febrero de 2017.— Senador César Octavio Pedroza Gaitán (rúbrica), vicepresidente; senadora Itzel Sarahí Ríos de la Mora (rúbrica), secretaria.»

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Túrnese a la Comisión de Gobernación, para dictamen.

DECLARA EL 9 DE AGOSTO DE CADA AÑO, COMO “DÍA NACIONAL DE LA LUCHA CONTRA EL CÁNCER CERVICOUTERINO”

El Secretario diputado Raúl Domínguez Rex: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Para los efectos constitucionales, me permito remitir a ustedes expediente que contiene proyecto de decreto por el que se declara el 9 de agosto de cada año, como el “Día Nacional de la Lucha contra el Cáncer Cervicouterino”, aprobado por el Senado de la República en sesión celebrada en esta fecha.

Atentamente

Ciudad de México, a 2 de febrero de 2017.— Senador César Octavio Pedroza Gaitán (rúbrica), vicepresidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Proyecto de

Decreto por el que se declara el día 9 de agosto de cada año, como el “Día Nacional de la Lucha contra el Cáncer Cervicouterino”

Único. El Honorable Congreso de la Unión declara el 9 de agosto de cada año, como el “Día Nacional de la Lucha contra el Cáncer Cervicouterino”.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la Honorable Cámara de Senadores, a 2 de febrero de 2017.— Senador César Octavio Pedroza Gaitán (rúbrica), vicepresidente; senadora Itzel Sarahí Ríos de la Mora (rúbrica), secretaria.»

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Túrnese a la Comisión de Gobernación, para dictamen.

DECLARA EL 15 DE NOVIEMBRE DE CADA AÑO, COMO “DÍA NACIONAL CONTRA EL USO NOCIVO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS”

El Secretario diputado Raúl Domínguez Rex: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Para los efectos constitucionales, me permito remitir a ustedes expediente que contiene proyecto de decreto por el que se declara el 15 de noviembre de cada año como “Día Nacional contra el uso Nocivo de Bebidas Alcohólicas”, aprobado por el Senado de la República en sesión celebrada en esta fecha.

Atentamente

Ciudad de México, a 2 de febrero de 2017.— Senador César Octavio Pedroza Gaitán (rúbrica), vicepresidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Proyecto de

Decreto por el que se declara el 15 de noviembre de cada año como “Día Nacional contra el uso Nocivo de Bebidas Alcohólicas”

Artículo Único. El Honorable Congreso de la Unión declara el 15 de noviembre de cada año como “Día Nacional contra el Uso Nocivo de Bebidas Alcohólicas”.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la Honorable Cámara de Senadores, a 2 de febrero de 2017.— Senador César Octavio Pedroza Gaitán (rúbrica), vicepresidente; senadora Itzel Sarahí Ríos de la Mora (rúbrica), secretaria.»

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Túrnese a la Comisión de Gobernación, para dictamen.

INICIATIVA DE SENADOR

LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

El Secretario diputado Raúl Domínguez Rex: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Comunico a ustedes que el día 30 de enero se recibió del senador Javier Lozano Alarcón iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 86 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.

Con fundamento en los artículos 66, párrafo 1, inciso a), y 67, párrafo 1, inciso b), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 174, 175, párrafo 1, 176, 177, párrafo 1, y 178 del Reglamento del Senado, se dispuso que dicha Iniciativa, misma que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.

Ciudad de México, a 2 de febrero de 2017.— Senadora Blanca Alcalá Ruiz (rúbrica), vicepresidenta.»

«EI senador Javier Lozano Alarcón, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 8, numeral 1, fracción I; 164, numeral 1; 169 y demás relativos del Reglamento del Senado de la República, somete a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente: iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 86 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, de conformidad con la siguiente

Exposición de Motivos

El marco normativo que rige las relaciones de trabajo en nuestro país sufrió importantes transformaciones en años recientes. Tuvieron que transcurrir poco más de cuatro décadas para que los diversos sectores que conforman y representan al sector laboral nacional acordaran términos más modernos y equilibrados de la relación entre trabajadores y empleadores con la finalidad de otorgar mayor certeza a ambas partes y, con ello, elevar la productividad de las empresas y la posibilidad de poder contar con empleos mejor remunerados.

A unos cuantos años de haberse implementado esta importante reforma a la Ley Federal del Trabajo, podemos afirmar que las modificaciones a dicho ordenamiento han resultado benéficas para la planta laboral mexicana y que ninguno de los riesgos o contingencias que pregonaron quienes se oponían a la modernización de este ordenamiento legal se cumplieron. A pesar de que la economía mexicana ha enfrentado un entorno adverso por factores domésticos e internacionales, se pude afirmar categóricamente que existe estabilidad en el empleo y que éste no ha dejado de crecer.

El anquilosamiento del marco jurídico del trabajo por casi medio siglo se reflejó, igualmente, en otras disposiciones jurídicas, como fue el caso de la Ley del Impuesto sobre la Renta, en la parte que ha regulado el régimen fiscal de los sindicatos obreros.

De conformidad con el Título Tercero de la Ley del Impuesto sobre la Renta, los sindicatos obreros no son considerados como contribuyentes de dicho tributo, quedando obligados a cubrir dicho impuesto cuando enajenan bienes distintos de su activo fijo, cuando prestan servicios a personas distintas de sus agremiados o cuando realizan actividades empresariales.

Siendo dicho régimen el adecuado para los sindicatos obreros, cabe señalar que el actual artículo 86 los libera –injustificadamente– de llevar contabilidad, situación que no permite a las autoridades fiscales verificar el cumplimiento de las obligaciones tributarias de dichas entidades, entre las que se encuentran la de la retención y entero de impuestos de los propios empleados del sindicato.

Es importante señalar que muchos sindicatos sí cumplen con dicho postulado, aun y cuando no estén obligados por la legislación fiscal a llevar contabilidad. Lo hacen por normas internas de transparencia y de rendición de cuentas entre sus propios agremiados y para reflejar debidamente las aportaciones de los trabajadores y el destino que se le dan a dichos recursos.

Sin embargo, existen algunas agrupaciones sindicales que no lo hacen, dejando en desventaja a los trabajadores que las integran, prestándose ello, además -en algunas ocasiones-en mecanismos de evasión fiscal.

Por ello, esta iniciativa propone eliminar esta prerrogativa que ya no tiene razón alguna para subsistir y que, por el contrario, sirve de refugio para la comisión de ilícitos en contra de los trabajadores agrupados en un sindicato y del erario nacional.

Este injustificado privilegio se contiene en el segundo párrafo del artículo 86 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, cuya adecuación se propone en los términos planteados más adelante.

Adicionalmente, se propone a esa Soberanía que la medida entre en vigor el 10de enero de 2018 y que durante el plazo de vacatio legis,las autoridades fiscales federales auxilien y asistan a los sindicatos que aún no llevan contabilidad a contar con los elementos técnicos suficientes para el cumplimiento de esta obligación.

Para una mejor comprensión, se expone el siguiente cuadro comparativo a efecto de sintetizar la propuesta de reforma que persigue esta iniciativa:

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta honorable asamblea, la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto de reformas al artículo 86 de la Ley del Impuesto sobre la Renta

Único.Se reforma el segundo párrafo del artículo 86 de la Ley del Impuesto sobre la Renta para quedar como sigue:

Artículo 86. ...

Quedan relevadas de cumplir con las obligaciones a que se refieren las fracciones III y IV de este artículo las personas señaladas en el artículo 79 de esta Ley que no determinen remanente distribuible.

Transitorios

Primero.El Presente decreto entrará en vigor el 1de enero de 2018.

Segundo.El Servicio de Administración Tributaria prestará asistencia jurídica y contable a los sindicatos para la debida observancia de la obligación de llevar contabilidad en los términos de este decreto.

Ciudad de México, Senado de la República, a 30 días de enero de 2017.— Senador Javier Lozano Alarcón (rúbrica).»

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

INICIATIVAS DE LAS DIPUTADAS Y LOS DIPUTADOS

LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE

El Secretario diputado Raúl Domínguez Rex: «Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, a cargo del diputado Arturo Álvarez Angli e integrantes del Grupo Parlamentario del PVEM

Quienes suscriben, Arturo Álvarez Angli e integrantes del Partido Verde Ecologista de México en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6, numeral 1, fracción I, 77, numeral 1, y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto, por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Se estima que en México, 48 por ciento de la población vive en ciudades con más de 500 mil habitantes. Esta población urbana está expuesta diariamente a los contaminantes del aire ocasionados por diversas fuentes, entre ellas, las fuentes vehiculares. Lo anterior tiene un fuerte impacto en la salud pública y en la economía, derivado del incremento de enfermedades respiratorias e incluso muertes prematuras, y del costo de atención médica de tales enfermedades y de la pérdida de productividad.

La contaminación atmosférica se constituye como uno de los principales problemas ambientales a los que se enfrentan las naciones, debido a los efectos negativos sobre la salud humana y el medio ambiente que esta genera. Según cifras de la Organización Mundial de la Salud, organismo del Sistema de las Naciones Unidas, durante 2012 la contaminación del aire fue la causa de muerte de aproximadamente 7 millones de personas en todo el mundo, lo que convierte éste en un gran problema de salud ambiental global. Las cifras que presenta el Observatorio Mundial de la Salud de aquella organización mundial, indican que en México durante 2008 se registraron alrededor de quince mil muertes, atribuibles directamente a la contaminación del aire.

No obstante el esfuerzo realizado en México en las tres últimas décadas para mejorar la calidad del aire, en las 67 cuencas atmosféricas prioritarias del país viven 72.2 millones de personas expuestas a mala calidad del aire. Según la evaluación del Environmental Performance Index, México ocupó el lugar 79 de los 132 países evaluados por la calidad del aire. Cerca de 80 por ciento de los contaminantes atmosféricos que se generan en el territorio provienen de los vehículos automotores, cuya flota en 2011 se estimó en 31.9 millones de unidades.

En términos económicos, la contaminación atmosférica representa el mayor porcentaje de los costos por degradación ambiental en el país, equivalente a 3.6 por ciento del PIB en 2011. Además de este dato del Sistema de Cuentas Nacionales de México, la organización Instituto Mexicano para la Competitividad, AC, desarrolló una calculadora para identificar los daños en salud provocados por partículas de tamaño igual o mayor de 10 micras (PM10) y cuantificar los impactos económicos que se derivan de ellos, a saber los siguientes:

• Las consultas atribuibles a la contaminación son 818 mil 679. Éste es el número de consultas asociadas a la contaminación por PM10. Para calcularlo se usan estimaciones que reflejan qué tan sensible es la población de cada ciudad a visitar al médico por estar expuesta a niveles de partículas superiores al valor recomendado por la Organización Mundial de la Salud.

• El número de hospitalizaciones asociadas a la contaminación por PM10 son 14 mil 2. Se consideró el total de egresos hospitalarios por causas respiratorias y cardiovasculares a nivel estatal reportadas en el boletín de la Secretaría de Salud para 2010.

• Los gastos en salud ascienden a 708 millones de pesos anuales, se obtuvieron de multiplicar el número de hospitalizaciones y consultas atribuibles a la contaminación por el costo unitario por evento, por el número de días promedio requeridos para la atención médica. En el caso de hospitalizaciones, se distingue entre los costos para personas aseguradas y no aseguradas.

• Las pérdidas de productividad ascienden a 3 mil 396 millones de pesos al año y se obtuvieron de multiplicar los días laborales perdidos a causa de hospitalizaciones y consultas atribuibles a la contaminación por el salario promedio diario por los días de atención médica. A esta cifra se añaden las pérdidas de productividad por muertes prematuras las cuales surgen de multiplicar los años productivos perdidos, separando las muertes atribuibles por grupo de edad, por el salario promedio mensual.

• En México, la flota en circulación es alrededor de 23 millones de vehículos y cada año se añaden más de un millón de nuevos vehículos ligeros (Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, 2008), 1 millón de vehículos ligeros usados (Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, 2008) y 40 mil vehículos pesados (Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones, 2008).

• Se estima que de 2005 a la fecha han ingresado en el territorio nacional cerca de 5.2 millones de vehículos usados; es decir, poco más de 700 mil vehículos anualmente. Ello limita la introducción de tecnologías más limpias y repercute directamente en la calidad del aire en el país.

• En los vehículos de uso intensivo se observó un mayor índice de rechazo en materia de verificación.

En el informe La calidad del aire en América Latina: una visión panorámica, publicado en 2013 por el Clean Air Institute, que preside el doctor Mario Molina, se determinó que de América Latina, México ocupa el segundo lugar con el mayor número de muertes provocadas por la contaminación atmosférica. En ese reporte se señala que de toda la región latinoamericana, Monterrey presenta los más altos niveles de contaminación por partículas PM10; también resulta alarmante que, según los datos contenidos en ese estudio, la Ciudad de México y Guadalajara han presentado niveles de contaminación que se encuentran por encima de la media de ciudades con características similares, como Bogotá, Montevideo o Sao Paulo.

Las poblaciones urbanas son las que más expuestas se encuentran a los efectos nocivos de la contaminación del aire, provocada por el uso intensivo de medios de transporte activados por la combustión interna de combustibles fósiles, razón por la cual los vehículos automotores se constituyen como una de las principales causas de la contaminación del aire en las grandes ciudades del mundo.

En México, el sector transporte es uno de los que más contribuye a la emisión de contaminantes a la atmósfera: aporta 31.1 por ciento de las emisiones de CO2 equivalente, seguido de los sectores de generación eléctrica (23.3 por ciento), manufactura y construcción (11.4), según establece la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático en la Quinta Comunicación Nacional ante la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, publicada en 2012.

La mayor parte de las emisiones vehiculares proviene del tubo de escape como producto de la quema de combustibles como gasolina, diésel, gas licuado o incluso biocombustibles. De conformidad con información de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), los vehículos automotores generan 95 por ciento de las emisiones de monóxido de carbono, 75 de óxidos de nitrógeno, 50 de hidrocarburos, 60 de partículas inhalables y 25 por ciento de bióxido de azufre, todas identificadas como perjudiciales para la salud humana.

A pesar de la importancia que tienen las emisiones vehiculares respecto de la calidad del aire, actualmente la información con la que se cuenta sobre los aspectos generales de la flota vehicular nacional y las características de sus emisiones resulta limitada e insuficiente, y la poca información que se tiene al respecto proviene de aquellas localidades en las que se han implantado programas de verificación vehicular, en las que se han generado datos a partir de los que se han podido producir estadísticas relacionadas con el desempeño de los instrumentos de política pública en la materia, como es el caso de los programas de gestión para mejorar la calidad del aire, también conocidos como “ProAire”, con los que se busca revertir las tendencias de deterioro de la calidad del aire en las principales ciudades del país, incorporando medidas concretas para reducir y controlar las emisiones de contaminantes.

Actualmente, según datos de la Semarnat, hay programas de gestión para mejorar la calidad del aire en Michoacán (2015-2024), Tlaxcala (2014-2024), zona metropolitana de Oaxaca (2014-2023), zona metropolitana de Querétaro-San Juan del Río (2014-2023), zona metropolitana de San Luis Potosí-Soledad de Graciano Sánchez (2013-2021), zona metropolitana de León (2013-2022), Salamanca, Celaya e Irapuato (2013-2022), zona metropolitana del valle de Toluca (2012-2017), zona metropolitana de Tijuana (2012-2020), Puebla (2012-2020), zona metropolitana del valle de México (2011-2020), Mexicali (2011-2020) y Jalisco (2011-2020), mientras que otras tantas regiones del país están en proceso de elaboración de sus correspondientes programas.

Estos programas tienen por objeto orientar las políticas públicas en materia de calidad del aire en las correspondientes regiones, incorporando la participación de los diferentes sectores de la sociedad e integrando aspectos urbanos, de transporte, económicos y sociales y su vinculación con procesos de generación de contaminantes.

En el Programa para Mejorar la Calidad del Aire de la Zona Metropolitana del Valle de México 2011-2020 se establece que “la medición y el registro espacial y temporal de los contaminantes atmosféricos más importantes desde el punto de vista de la salud de la población, así como una buena estimación de las emisiones a la atmósfera son aspectos torales y requisitos imprescindibles para desarrollar y mantener una gestión eficaz de la calidad del aire”, lo que da cuenta de la relevancia que tiene el contar con datos estadísticos precisos para el diseño de estrategias de control de las emisiones y de renovación del parque vehicular, incorporando información técnica en el planteamiento y desarrollo de un eje rector mediante el que se promueva el adecuado manejo regional de las emisiones generadas por fuentes móviles y que permita el fortalecimiento de la gestión de la calidad del aire, proveyendo a su mejora sostenible.

En México contamos con una base de datos integrada por información de sustancias contaminantes emitidas al aire, agua, suelo y subsuelo o que son transferidas en el agua residual o en los residuos peligrosos; este conjunto de información se denomina “Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes”, donde se conjuntan datos como el nombre del establecimiento y su ubicación, así como la cantidad de sustancias emitidas o transferidas.

En el caso de la contaminación del aire, la existencia de información estadística respecto de las emisiones a la atmósfera en general ha permitido en cierta medida que las autoridades locales actúen en el ámbito de sus competencias, instrumentando medidas y programas para mejorar la calidad del aire; sin embargo, actualmente existen deficiencias respecto de los datos e información estadística que se genera en relación con las emisiones de contaminantes a la atmósfera, específicamente sobre aquellas generadas por fuentes móviles; muestra de ello lo tenemos en los registros vehiculares, que actualmente son incompletos, imprecisos, erróneos o desactualizados, a lo que se suma el hecho de que varias entidades en México no cuentan con programas de verificación vehicular y que existe incertidumbre en las estimaciones actuales de las emisiones, lo que representa un importante vacío en términos de información relevante para la definición de políticas públicas en los diferentes órdenes de gobierno; para atender esta importante área de oportunidad es necesario caracterizar y sistematizar de una mejor forma las contribuciones de las fuentes de emisiones móviles, identificando sus principales características, generando bases de datos que se alimenten con información actual y específica.

Recientemente esta necesidad de reorientar el rumbo de las políticas públicas para la prevención y control de la contaminación atmosférica se ha manifestado a partir de las condiciones ambientales adversas en las que se ha encontrado recientemente la Ciudad de México, en la que durante el mes de marzo de 2016, la Comisión Ambiental de la Megalópolis decretó la primera contingencia ambiental por ozono en 14 años, tras alcanzarse los 203 puntos del Índice Metropolitano de la Calidad del Aire.

Ante estas circunstancias, el 4 de abril de 2016 se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el “acuerdo por el que se dan a conocer las medidas temporales para prevenir, controlar y minimizar las contingencias ambientales o emergencias ecológicas, provenientes de fuentes móviles”, con objeto de establecer medidas eventuales y transitorias para prevenir, controlar y minimizar las contingencias ambientales o emergencias ecológicas, con base en el monitoreo de la contaminación ambiental proveniente de fuentes móviles, mediante la limitación de su circulación, lo que se tradujo en la ampliación extraordinaria del programa local de control de emisiones provenientes de fuentes móviles, popularmente conocido como “Hoy no Circula”, estableciéndose que todos los automóviles que forman el parque vehicular particular de la zona metropolitana del valle de México, independientemente de su procedencia, dejarán de circular al menos un día a la semana, con base en la terminación numérica de sus matrículas, sin importar el tipo de certificado de emisiones que les haya sido asignado por un centro de verificación vehicular.

También, como consecuencia de las condiciones desfavorables que se presentaron en la zona metropolitana del Valle de México, el pasado 7 de junio de 2016 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Norma Oficial Mexicana de Emergencia NOM-EM-167-SEMARNAT-2016, que establece los niveles de emisión de contaminantes para los vehículos automotores que circulan en la Ciudad de México, Hidalgo, estado de México, Morelos, Puebla y Tlaxcala; los métodos de prueba para la certificación de dichos niveles y las especificaciones de los equipos que se utilizarán para dicha certificación, así como las especificaciones para los equipos tecnológicos que se utilizarán para la medición de emisiones por vía remota y para la realización de dicha medición. Esta norma emergente deberá ser observada por todos los establecimientos en que se lleva a cabo la verificación de emisiones de fuentes móviles, en cada una de las entidades federativas que integran la megalópolis.

Situaciones como la acontecida en la Ciudad de México y sus consecuencias, ponen de manifiesto la importancia que tiene el contar con datos estadísticos adecuados para la planeación y eficiente implementación de políticas y programas para el control de las emisiones a la atmósfera evitando, en la medida de lo posible, la declaración de contingencias ambientales ante la presencia de contaminantes en el aire que pongan en riesgo la salud de las personas, anticipando y previniendo desde su origen las causas de esa contaminación.

A partir de la generación y disponibilidad de información estadística estructurada respecto de las emisiones del parque vehicular, es posible instrumentar programas específicamente diseñados para atender las problemáticas que se presentan en las diferentes regiones urbanas del país, con lo que se reducirían las posibilidades de llegar a la implementación de medidas como la impuesta en la Ciudad de México que, de acuerdo a investigaciones de órganos especializados de instituciones académicas como la Universidad Nacional Autónoma de México y de organizaciones civiles, no cuentan con la eficacia necesaria para cumplir el objetivo principal de reducir la emisión de contaminantes a la atmósfera, por lo que resulta indispensable contar con información estadística consistente, que provenga de una fuente confiable, vinculada con los vehículos que generan las emisiones.

Es natural promover que esta información estadística provenga de los centros de verificación; con ella será posible hacer estimaciones de las emisiones que genera el parque vehicular en circulación y a partir de ello formular programas e implementar medidas que permitan controlar la contaminación proveniente de esas fuentes, partiendo de datos específicos y relevantes.

Para lograr este objetivo, en la presente iniciativa de reformas a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA) se plantea el establecimiento de un esquema general de verificación vehicular obligatoria que sea aplicado en todos los estados de la república y sus municipios, así como en la Ciudad de México y sus alcaldías.

El establecimiento generalizado en todo el país de esquemas de verificación vehicular obligatoria atiende en principio a los compromisos adquiridos por México a nivel internacional, entre los que destacan aquellos que se desprenden Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, instrumento ratificado por México en 1993 que establece un marco de acción para lograr estabilizar la emisión y concentración de emisiones a la atmósfera a un nivel que impida interferencias antropogénicas peligrosas en el sistema climático.

Derivado de esta convención marco, más adelante fue suscrito el Protocolo de Kioto de 1995, ratificado por México en 2000, en virtud del cual los países industrializados se comprometen a reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero, entre ellos el óxido nitroso y el bióxido de carbono, ambos presentes en las emisiones de los vehículos.

De la referida convención marco también se desprenden las “conferencias de las partes”, que se celebran anualmente a la luz de los compromisos adquiridos por aquél instrumento; de esas conferencias han surgido obligaciones importantes para las naciones, de las cuales sobresalen las comunicaciones nacionales, que a partir de la Conferencia de las Partes número 17, celebrada en Durban, Sudáfrica, en el año 2011, se deben presentar en periodos de 4 años; al respecto cabe hacer mención que México actualmente se encuentra en proceso de integración de la sexta comunicación nacional que contará con información actualizada en materia de emisiones.

Estas comunicaciones nacionales se constituyen como el principal instrumento de informe de la mencionada convención marco y entre sus objetivos están los de informar los esfuerzos de las partes en materia de mitigación y adaptación, así como respecto de la implementación de los acuerdos de la propia convención e informar las limitaciones, problemas y carencias que los países enfrentan al implementar tales acuerdos. Asimismo, tales comunicaciones nacionales se erigen como herramientas estratégicas que permiten a los países ajustar sus intereses y prioridades a los objetivos globales de la convención marco.

Recientemente, la Conferencia de las Partes número 21, llevada a cabo en París, Francia, tuvo como principal resultado la suscripción del Acuerdo de París, instrumento jurídicamente vinculante en el que se establecen metas de largo plazo con compromisos claros, que equilibran las acciones de mitigación y adaptación, incorporando elementos de financiamiento, desarrollo y transferencia de tecnología, desarrollo de capacidades y transparencia, entre otros.

El Acuerdo de París pretende que los esfuerzos que las partes lleven a cabo en lo subsecuente en las materias del convenio marco no resulten menos ambiciosos que los que ya han realizado, incluyendo además las acciones que se lleven a cabo desde la sociedad civil, el sector privado, las instituciones financieras, las ciudades y otras autoridades de los diferentes órdenes de gobierno.

Este compromiso asumido por México en el marco del Acuerdo de París implica la obligación que tenemos no sólo de seguir implementando aquellas acciones que ya se han estado llevando a cabo, sino que además requiere que esos esfuerzos vayan en aumento y a ellos se sumen otros más con los que conjuntamente se atienda la obligación del Estado mexicano de cooperar de la forma más amplia posible con el concierto de naciones en una respuesta internacional para la reducción de las emisiones mundiales.

Mediante el establecimiento de un esquema general de verificación vehicular obligatoria en todo el país, a través de la reforma que se propone a la LGEEPA, el Estado mexicano refuerza su compromiso de robustecer los mecanismos de control de emisiones a la atmósfera, involucrando a su vez la participación social en estos esfuerzos.

El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 reconoce que durante la última década la degradación ambiental y sus consecuencias negativas se han intensificado, lo que se ha manifestado en sequías, inundaciones y ciclones, fenómenos que entre 2000 y 2010 han cobrado la vida de aproximadamente 5 mil mexicanos, provocando afectaciones a 13 millones de personas y pérdidas económicas por 250 mil millones de pesos; sin embargo, como nación hemos demostrado un gran compromiso con la agenda internacional de medio ambiente y desarrollo sustentable.

El establecimiento de un esquema general de verificación vehicular obligatoria concuerda con lo establecido en el referido Plan Nacional de Desarrollo, en el que se reconoce que en nuestro país el crecimiento económico se encuentra aún ligado a la emisión de contaminantes a la atmósfera, al agua y a los suelos, por lo que, entre sus estrategias se establece la necesidad de “Fortalecer la política nacional de cambio climático y cuidado al medio ambiente para transitar hacia una economía competitiva, sustentable, resiliente y de bajo carbono”; para atender esta estrategia se establecieron, entre otras, las líneas de acción correspondientes a “Ampliar la cobertura de infraestructura y programas ambientales que protejan la salud pública y garanticen la conservación de los ecosistemas y recursos naturales” y “Contribuir a mejorar la calidad del aire, y reducir emisiones de compuestos de efecto invernadero mediante combustibles más eficientes, programas de movilidad sustentable y la eliminación de los apoyos ineficientes a los usuarios de los combustibles fósiles”.

A su vez, en el Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales se establece como una de las líneas de acción para su implementación la de “Desarrollar, promover y operar instrumentos de política, de fomento y normativos para la prevención y mitigación de emisiones a la atmósfera”.

Una de las estrategias específicas de este programa sectorial es la de “Fortalecer la normatividad y gestión nacional de la calidad del aire para proteger la salud de la población y ecosistemas” y entre las líneas de acción para su cumplimiento están “Elaborar, revisar y actualizar instrumentos normativos y de fomento en materia de emisiones a la atmósfera de motores y vehículos nuevos”, “Generar los mecanismos e instrumentos normativos y de fomento para contar con información fidedigna sobre la calidad del aire” y de especial relevancia para este proyecto de iniciativa es la línea de acción que consiste en “Promover la implementación de la verificación vehicular obligatoria en todo el país y financiamiento para programas de monitoreo y verificación vehicular”.

En concordancia con los instrumentos referidos, se encuentra la Estrategia Nacional de Cambio Climático, en la que se incorpora un eje estratégico que también se vincula específicamente con la presente iniciativa de reformas; éste se denomina “Reducir la intensidad energética mediante esquemas de eficiencia y consumo responsable”.

Para este eje específico se establece como una de las líneas de acción la de “Crear un sistema nacional de verificación vehicular obligatoria, incluyendo mecanismos de control aplicables, así como revisar y en su caso ajustar las normas de emisiones de la flota vehicular con la participación de los tres órdenes de gobierno para asegurar altos índices de eficiencia en todas las adiciones al parque vehicular nacional”.

Mediante las reformas que se proponen en esta iniciativa, sin duda se estará promoviendo el desarrollo de las líneas de acción referidas en los párrafos que anteceden, al proporcionarse el soporte legal necesario para establecer y poner en marcha este sistema nacional, sentando las bases para que a nivel reglamentario se establezcan las disposiciones a las que habrán de ajustarse los gobiernos de las entidades federativas para ponerlo en práctica en el ámbito de sus correspondientes competencias. Así también, con las reformas que se proponen se promoverá la implementación de mecanismos de control, tal como está planteado en el eje de acción que se señala.

Cada una de las entidades federativas deberá incorporar en su régimen local las disposiciones necesarias para el establecimiento de los sistemas de verificación que se prevé en el régimen general, para lo cual podrán contar con el apoyo técnico de la Semarnat, según se establece en el texto de las reformas que se proponen, en cuyo régimen transitorio se determina el plazo en el que deberán llevar a cabo esa implantación.

Asimismo, en las disposiciones que se propone reformar se establece que los centros de verificación podrán ser operados por las propias autoridades locales, o bien, por terceros que cuenten con la correspondiente concesión o autorización de las autoridades locales; esta disposición tiene por objeto reconocer la facultad que tienen éstas de concesionar o autorizar la prestación de este servicio, lo que permitirá trasladar a terceros el impacto presupuestal que su establecimiento pueda ocasionar, propiciando incluso la generación de ingresos adicionales para las entidades federativas por este concepto.

Ahora bien, además del establecimiento de un esquema general de verificación vehicular obligatoria, mediante esta iniciativa se faculta a la federación para expedir las constancias de verificación, comúnmente conocidas como “engomados”, que habrán de entregarse en los centros de verificación de todo el país a quienes acrediten que sus vehículos cumplen las disposiciones que la propia federación establece en la materia por conducto de las normas oficiales mexicanas.

Para el desarrollo de esta facultad, las constancias de verificación que se produzcan deberán ser entregadas a los gobiernos de los estados y de la Ciudad de México, quienes a su vez las entregarán a los correspondientes centros de verificación de sus circunscripciones territoriales, quienes tendrán la potestad de determinar el momento y forma en que habrán de realizar dicha entrega, como actualmente se hace en las entidades que ya cuentan con programas de verificación vehicular obligatoria. De esta forma, al uniformar y concentrar la elaboración y distribución de estas constancias de verificación se estará contribuyendo a la trazabilidad de las mismas, desde la generación, hasta su entrega a los propietarios o poseedores del vehículo sometido a verificación.

Asimismo, la incorporación de esta disposición proveerá a la generación de ingresos para las entidades federativas, en tanto podrán enajenar estas constancias o “engomados” a los centros de verificación que hayan concesionado o autorizado, previo pago de los correspondientes derechos, lo que permitirá generar un retorno de la inversión respecto de la cantidad que hayan cubierto a la federación por dichas constancias.

El establecimiento de sistemas obligatorios de verificación vehicular y de la concentración en la Federación de la elaboración de las constancias que se entregarán en esos sistemas proveerá a la implementación gradual de un auténtico “sistema nacional de verificación vehicular obligatoria”, en los términos en que se encuentra mandatado en la Estrategia Nacional de Cambio Climático.

La implantación de este esquema general de verificación obligatoria requerirá del ajuste y creación de disposiciones homogéneas que provean las bases suficientes para su adecuado funcionamiento y operación, que permitan el cumplimiento de los objetos planteados; en este sentido, en la iniciativa de reformas que se presenta también se incorpora la facultad que tendrá la federación de establecer disposiciones que proveerán un marco común para la regulación y operación de los centros de verificación de fuentes móviles de competencia local en todo el país, lo que realizará por conducto de la Semarnat.

En concordancia con lo señalado, mediante esta iniciativa también se faculta expresamente a la Semarnat para que tenga a su cargo la evaluación del cumplimiento de las disposiciones comunes para la regulación y operación de los centros de verificación, centrándose principalmente en el acopio de la información que en ellos se recopile. Respecto de esta evaluación del cumplimiento, la federación establecerá en las disposiciones que correspondan la periodicidad con que los centros de verificación de las entidades federativas deberán someterse a ésta, así como los elementos que se evaluarán y el procedimiento conforme al que se llevarán a cabo las evaluaciones.

La presente iniciativa prevé que en las disposiciones comunes para la regulación y operación de los centros de verificación también se incorporen criterios relacionados con la información estadística que en ellos se genere, así como los mecanismos para que éstos entreguen dicha información a la federación, dada la relevancia que ésta representa para la confección de políticas públicas que contribuyan a prevenir y mitigar los efectos adversos de la contaminación atmosférica en la salud humana, como ha quedado establecido.

Uno de los aspectos fundamentales de la presente iniciativa consiste precisamente en la generación de las bases necesarias para el desarrollo, acopio y entrega de información estadística, cuya interpretación y análisis proveerá de herramientas para el desarrollo, creación y ajuste de las políticas públicas y programas centrados en el control de la contaminación del aire y la reducción de impactos asociados con las emisiones contaminantes provenientes de la circulación de vehículos automotores.

En la iniciativa también se prevé que la información que se genere en los centros de verificación en lo referente tanto al parque vehicular, como a las emisiones de éste, se incorpore al existente Sistema Nacional de Información Ambiental y de Recursos Naturales, a cargo de la Semarnat, así como al Sistema de Cuentas Nacionales, a cargo del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, consolidando así estos nuevos datos al vincularlos con otros, enriqueciendo el análisis y estadística que con ellos se genere.

De esta forma, al incorporarse a bases de datos que ya se encuentran en funcionamiento, se podrá dar un sentido estratégico a la información que se genere en los centros de verificación, en concordancia con lo que se ha señalado, proveyendo a su integración con otros datos estadísticos que se generen en otros sectores, fortaleciendo de esta forma los principales sistemas de información a nivel nacional, respecto de un ámbito poco abordado anteriormente a nivel nacional, como el de las fuentes móviles, lo que permitirá a las autoridades de los diferentes órdenes de gobierno establecer disposiciones para la atención y prevención de la contaminación de la atmósfera en esta materia específica, atendiendo sus respectivos ámbitos de competencia.

De lo planteado tenemos que esta iniciativa se desarrolla en torno a tres pilares fundamentales que son el establecimiento de sistemas de verificación vehicular obligatoria en las entidades federativas; el diseño, elaboración y distribución de las constancias que se entregarán en los centros de verificación, y el acopio y entrega de la información estadística que en ellos se produzca, lo que en su conjunto brindará el soporte legal necesario para la transición a un esquema en que los estados de la república y la Ciudad de México continúen teniendo a su cargo la regulación de sus correspondientes sistemas obligatorios de verificación vehicular, en los que se evaluará la conformidad respecto del cumplimiento de las normas oficiales mexicanas, como la recién publicada NOM-EM-167-SEMARNAT-2016, en el marco de las disposiciones comunes que para tal efecto establezca la federación.

Actualmente, las entidades federativas tienen a su cargo la regulación de las emisiones a la atmósfera provenientes de fuentes móviles, situación que seguirá atendiéndose de esa forma; sin embargo, no debe perderse de vista que en la LGEEPA, como ley marco de la materia ambiental en México, en la que se distribuyen competencias a los tres órdenes de gobierno, se establece como una de las facultades de la federación la de regular la contaminación de la atmósfera proveniente de todo tipo de fuentes emisoras.

De esta forma se fundamenta que la federación establezca la obligación de que en todas las entidades federativas se cuente con programas obligatorios de verificación vehicular, al tiempo que instituya un régimen general para su desarrollo, mediante el establecimiento de disposiciones comunes, sin que con ello se menoscabe o se cause un detrimento a la competencia de los estados y la Ciudad de México en la materia.

El régimen coordinado que se propone, fortalecerá a nivel nacional la gestión en materia de prevención y control de la contaminación atmosférica, proveyendo a la transparencia y eficiencia de las verificaciones de emisiones provenientes de fuentes móviles y contribuyendo al establecimiento y orientación de políticas en la materia a partir del acopio y uso de información estandarizada con la que se promueva la generación de estadísticas, proyecciones y toma de decisiones.

Al contar con disposiciones comunes que provean las bases para la instauración de un sistema armonizado de programas de verificación vehicular en todas las entidades federativas se estará consolidando el esfuerzo de la federación y las entidades que forman la megalópolis en el establecimiento de un programa de verificación general para aquellas, que será coherente con aquellos en los demás estados de la república.

Con la implantación de las disposiciones incorporadas en esta iniciativa de reformas a la LGEEPA, se fortalecerán los sistemas de información con que contamos a nivel nacional, principalmente aquellos a cargo del Instituto Nacional de Estadística y Geografía y de la Semarnat, enriqueciéndolos con la información que se genere en virtud del establecimiento de los programas obligatorios de verificación, mediante la obtención de datos relevantes respecto de las características de los vehículos verificados y sus emisiones, con los respectivos beneficios que ello implica para el desarrollo e implementación de políticas públicas y programas en materia de control de emisiones, registro del parque vehicular y otras relacionadas.

Igualmente, con este esquema general se promoverá una adecuada correlación entre los programas de verificación a nivel nacional, así como su diferenciación; para ello cada entidad federativa identificará si las características y condiciones geográficas, de industria y de volumen del parque vehicular de su territorio y centros de población ameritan la eventual o definitiva imposición de restricciones a la circulación vehicular.

Como consecuencia de lo señalado, entre los beneficios que conlleva esta diferenciación, tenemos que los vehículos verificados en una entidad o centro de población en que no se prevea la imposición de restricciones a la circulación, podrán circular libremente en aquellas entidades en las que sí se hayan establecido estas restricciones, como es el caso de la Ciudad de México y próximamente los demás estados de la megalópolis. Para poder acceder a esta prerrogativa, los propietarios o poseedores de los vehículos deberán contar con la constancia de verificación que corresponda.

Otro beneficio que se asociará al establecimiento de un sistema armonizado de programas de verificación vehicular es el impulso del desarrollo nacional a través de la generación de fuentes de empleo, las cuales se concentrarán en los centros de verificación que se establezcan para su implantación.

Para el desarrollo de las facultades que se están asignando a la federación por conducto de la Semarnat, en esta iniciativa de reformas se establece que esa Secretaría encomendará el ejercicio de tales facultades a un organismo de tercera parte, que deberá contar con su previa autorización, lo que permitirá reducir el impacto presupuestal que implica el establecimiento de un sistema nacional de verificación vehicular obligatoria.

El organismo autorizado tendrá a su cargo la función de evaluar si en los centros de verificación vehicular, se cumple y atiende lo establecido en las disposiciones comunes de operación que al efecto emita la Semarnat; asimismo llevará a cabo el acopio y concentración de la información estadística que en ellos se genere, así como la expedición de las constancias de verificación que éstos entreguen, por lo que también estará obligado a elaborar y entregar dichas constancias a cada uno de los estados y a la Ciudad de México, para que éstos a su vez las entreguen a los responsables de los centros de verificación, quienes las otorgarán a sus destinatarios finales, según corresponda, lo que deberá formar parte de la información que se integre en los centros de verificación, como parte de la trazabilidad de las constancias, a la que hemos hecho referencia.

Con la autorización del organismo de referencia se promoverá la generación, integración y control de datos que resulten adecuados y suficientes respecto del parque vehicular y sus emisiones en las diferentes unidades de verificación en el país, lo que permitirá su integración estadística para la identificación de tendencias y el desarrollo de políticas públicas, como se ha establecido.

Aunado a lo señalado, con los datos que acopie este organismo y entregue a la autoridad Federal correspondiente, se podrá determinar no sólo si las autoridades ambientales de los diferentes órdenes de gobierno están ejecutando con eficacia y eficiencia las acciones para dar cumplimiento a la normativa ambiental para la prevención y control de la contaminación atmosférica y la mitigación de emisiones provenientes de fuentes móviles, sino que también será posible determinar si se están cumpliendo los compromisos internacionales asumidos por México.

Otro aspecto importante que debe considerarse ante el establecimiento de un esquema general de verificación vehicular es el de su cumplimiento e incluso su posible inobservancia por los gobernados; en este sentido, el incumplimiento de las obligaciones que se establezcan en la LGEEPA y en las disposiciones comunes para la regulación y operación de los centros de verificación, constituirá una infracción que deberá sancionarse en términos de lo establecido por la propia norma en cuestión.

En términos de este posible incumplimiento, es preciso hacer notar que el organismo que autorizará la Semarnat para llevar a cabo las facultades que se le asignan, en virtud de esta iniciativa de reforma, no tendrá carácter de autoridad y por lo tanto carecerá de facultades para la determinación de infracciones y la imposición de las correspondientes sanciones; su función en cambio consistirá en generar reportes de las evaluaciones que haga, en los que determinará el cumplimiento o no de las obligaciones de los centros de verificación evaluados, establecidas en la ley, los reglamentos y las disposiciones comunes de operación que al efecto expida la federación.

Los reportes a cargo del organismo autorizado deberán ser periódicamente entregados por éste a la Dirección General de Gestión de la Calidad del Aire y Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes de la Semarnat, que será la unidad administrativa de dicha secretaría en la que recaerán las facultades que se conceden por virtud de la presente iniciativa.

Aquella dirección general deberá hacer del conocimiento de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente aquellos casos en que de los reportes generados por el organismo se detecten incumplimientos para que, por conducto de sus delegaciones en las entidades federativas, sustancie los procedimientos administrativos de inspección que resulten necesarios y determine, en consecuencia, las sanciones que correspondan.

Además de la reducción del impacto presupuestal que implica el establecimiento de un esquema de verificación vehicular obligatoria a nivel nacional, en esta iniciativa de reformas se propone la autorización del referido organismo de tercera parte, con el objeto de concentrar el ejercicio de las facultades que se están asignando a la Federación en una única entidad, promoviendo el manejo estandarizado de la evaluación del cumplimiento de las disposiciones comunes del pretendido sistema nacional en los centros de verificación, el manejo unificado de la información que en ellos se genere y la producción homologada de las constancias de verificación, proveyendo al adecuado desarrollo de dicho sistema nacional en condiciones de transparencia, en virtud de que el organismo autorizado deberá cumplir a cabalidad los requisitos que establezca la Semarnat, que en todo momento contará con la facultad de vigilar su desempeño.

Este aspecto resulta de especial relevancia, en virtud de que con la vigilancia al organismo se promueve sin lugar a dudas, su manejo transparente y se evita el desarrollo de prácticas que puedan resultar en perjuicio de cualquier autoridad o persona física o moral que participe directa o indirectamente en el sistema nacional de verificación vehicular obligatoria.

Sobre el impacto presupuestario de la iniciativa y su implantación, se prevé la necesidad de incorporar un puesto de servidor público con categoría de enlace técnico con clave PQ2, así como la plataforma Sistema Obligatorio de Verificación de Emisiones.

Las funciones del elemento que se incorpore consistirán en vincular las actividades del organismo que autorice la Semarnat con la propia secretaría. Ese elemento operativo tendrá una percepción ordinaria mensual de 8 mil 908.53 pesos, a lo que se añadirán 40 días de aguinaldo, lo que arroja un monto anual de 118 mil 780.40.

La plataforma Sistema Obligatorio de Verificación de Emisiones se estima tendrá un costo aproximado de 13 millones de pesos, más los mantenimientos subsecuentes. Este cálculo surge de hacer un parangón con el Sistema Nacional de Gestión Forestal, a cargo de la Semarnat, en términos de creación, mantenimiento y soporte, así como de desarrollo de trámites electrónicos, con base en el presupuesto línea base 2014.

Respecto de este impacto presupuestal estimado para la federación, se prevé un importante retorno de la inversión aplicada para el establecimiento del pretendido sistema nacional, toda vez que la elaboración y distribución de constancias de verificación generará ingresos provenientes de las autoridades de las entidades federativas, a la vez que éstas obtendrán ingresos por entregar dichas constancias a los encargados de los centros de verificación.

En caso de que se detecte el incumplimiento de las funciones asignadas al organismo o el indebido ejercicio de las mismas, por conducto de sus representantes o personal que en él labore, se impondrán las sanciones administrativas que resulten aplicables, entre las que se podrá considerar la suspensión o revocación de su autorización, cuyos supuestos deberán incorporarse en las disposiciones reglamentarias y administrativas que expida el Ejecutivo federal para proveer a la exacta observancia de las reformas de esta iniciativa, sin que ello impida la procedencia de las sanciones administrativas o penales que corresponda aplicar a los representantes, directivos operadores o personal del organismo en general, en cuyo caso la Semarnat o quien corresponda podrá formular ante el Ministerio Público Federal la denuncia de aquellos actos u omisiones que pudieran constituir delitos conforme a lo previsto en la legislación aplicable.

Para su autorización, el referido organismo deberá acreditar que cuenta con la capacidad técnica y económica necesarias para el adecuado desempeño de las funciones que se le encomienden, además de que deberá estar en posibilidades de llevar a cabo las evaluaciones que correspondan en cada una de las entidades federativas, para lo cual deberá establecer representaciones regionales en diferentes puntos de la República Mexicana, según se determine por la propia autoridad federal.

Por último, mediante esta iniciativa se propone reformar la fracción correspondiente al monto de las multas que se impongan como sanción administrativa por las violaciones a los preceptos de la propia ley, sus reglamentos y las disposiciones que de ella emanen, de manera que en lo subsecuente las multas se tasen en función de la “unidad de medida y actualización”, que es la es la referencia económica para determinar la cuantía del pago de las obligaciones y supuestos previstos en los ordenamientos federales, de las entidades federativas y de la Ciudad de México, cuyo cálculo corresponde al Instituto Nacional de Estadística y Geografía, sustituyéndose la actual mención que se hace del “salario mínimo general vigente en el Distrito Federal”.

Para la adecuada implantación de las reformas que se proponen en esta iniciativa, la Semarnat deberá establecer las correspondientes bases mediante reformas al Reglamento de la LGEEPA en materia de Prevención y Control de la Contaminación de la Atmósfera, al que se deberá adicionar un capítulo específico en el que se establezcan los aspectos puntuales sobre la facultad de la Semarnat para fijar disposiciones comunes aplicables a los centros de verificación en México.

En el referido reglamento deberán determinarse con precisión las actividades que tendrá a su cargo la secretaría del ramo en función del establecimiento del propuesto esquema general de verificación vehicular obligatoria, así como los términos en que procederá a autorizar al organismo correspondiente y las obligaciones que éste tendrá respecto de los centros de verificación que evaluará y respecto de la propia Semarnat, que lo autoriza.

Igualmente, en el referido reglamento deberá establecerse la forma en que la Semarnat actuará ante el posible incumplimiento de las obligaciones de los centros de verificación, instando a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente para que actúe en los términos que hemos señalado, por conducto de sus delegaciones en las entidades federativas.

Finalmente, para la implantación de las disposiciones de esta reforma, se determina la necesidad de reformar y adicionar el Reglamento Interior de la Semarnat, estableciendo la facultad genérica de dicha Secretaría de establecer las disposiciones comunes de operación de los centros de verificación de fuentes móviles, así como las facultades a cargo de la Dirección General de Gestión de la Calidad del Aire y Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes, respecto de la evaluación de centros de verificación, el acopio de la información que en ellos se produzca y la emisión de las constancias de verificación, así como para autorizar que un organismo de tercera parte lleve a cabo esas funciones.

En su conjunto, con las reformas que se proponen a la LGEEPA se pretende establecer un enfoque sistémico general respecto de la verificación de emisiones de fuentes móviles, atendiendo así los compromisos establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 y en la Estrategia Nacional de Cambio Climático, articulando de forma ordenada aquellos elementos que no habían sido adecuadamente atendidos por las entidades federativas en esta materia.

Mediante esta reforma se proveerá del marco jurídico general para la atención integral del control de emisiones a la atmósfera provenientes de fuentes móviles de competencia local, el cual será posteriormente fortalecido con las reformas necesarias en el Reglamento de la LGEEPA en la materia, en el que se desarrollen las bases para la adecuada implementación del pretendido sistema nacional de verificación vehicular obligatoria, en condiciones que fortalezcan las facultades de las autoridades locales en la materia, apoyándose por un organismo de tercera parte para su ejecución, brindando certeza jurídica a los concesionarios o responsables de los centros de verificación y promoviendo el derecho que tenemos todos los mexicanos a disfrutar de un medio ambiente sano para nuestro desarrollo y bienestar.

Por lo expuesto y fundado se somete a consideración de esta asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto

Único. Se reforman y adicionan las fracciones XII del artículo 5o., III del artículo 7o., III del artículo 8o., II, V y XII del artículo 111, V del artículo 112 y I del artículo 171; y se adicionan la fracción I del artículo 111 con la fracción Bis, y los artículos 111 Ter, Quáter y Quintus de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, para quedar como sigue:

Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente

Título PrimeroDisposiciones Generales

Capítulo IIDistribución de Competencias y Coordinación

Artículo 5o. ...

I. a XI. ...

XII. La regulación de la contaminación de la atmósfera, proveniente de todo tipo de fuentes emisoras, así como la prevención y el control en zonas o en caso de fuentes fijas y móviles de jurisdicción federal, así como el establecimiento de disposiciones comunes para la regulación y operación de los centros de verificación de fuentes móviles de competencia de los gobiernos de las entidades federativas;

Artículo 7o. ...

I. y II. ...

III. La prevención y control de la contaminación atmosférica generada por fuentes fijas que funcionen como establecimientos industriales, así como por fuentes móviles, que conforme a lo establecido en esta ley no sean de competencia Federal, mediante el establecimiento de programas obligatorios de verificación;

Artículo 8o. ...

I. y II. ...

III. La aplicación de las disposiciones jurídicas en materia de prevención y control de la contaminación atmosférica generada por fuentes fijas que funcionen como establecimientos mercantiles o de servicios, así como de aquellas disposiciones comunes en materia de emisiones de contaminantes a la atmósfera provenientes de fuentes móviles que no sean consideradas de jurisdicción federal, con la participación que de acuerdo con la legislación local corresponda al gobierno de la entidad federativa;

Título CuartoProtección al Ambiente

Capítulo IIPrevención y Control de la Contaminación de la Atmósfera

Artículo 111. ...

I. ...

I Bis. Establecer disposiciones comunes para la operación y regulación de los centros de verificación de emisiones de fuentes móviles competencia de las autoridades locales, la evaluación de su cumplimiento, así como para el acopio y disposición de la información estadística que en ellos se genere;

II. Integrar y mantener actualizado el inventario de las fuentes emisoras de contaminantes a la atmósfera de jurisdicción federal, y coordinar a los gobiernos locales para la integración del inventario nacional y los regionales correspondientes;

V. Promover entre los gobiernos locales la formulación y aplicación de programas de gestión de calidad del aire, que tengan por objeto el cumplimiento de la normatividad aplicable, brindando el apoyo técnico que éstos requieran;

XII. Aprobar los programas de gestión de calidad del aire elaborados por los gobiernos locales para el cumplimiento de las normas oficiales mexicanas respectivas, así como generar y entregar a éstos las constancias que corresponda por la verificación de dicho cumplimiento;

Artículo 111 Bis. ...

Artículo 111 Ter.En materia de fuentes móviles de competencia estatal, los responsables de los centros de verificación de emisiones deberán sujetarlos a la evaluación del cumplimiento de las disposiciones comunes de operación que al efecto establezca la secretaría, atendiendo lo establecido en el reglamento del presente ordenamiento en materia de prevención y control de la contaminación atmosférica, en el que también se regulará la generación y entrega de la información estadística de las emisiones de los vehículos que verifiquen.

Artículo 111 Quáter. La información que se genere en los centros de verificación de fuentes móviles respecto del parque vehicular y sus emisiones deberá ser incorporada al Sistema Nacional de Información Ambiental y de Recursos Naturales, a cargo de la Secretaría y al Sistema de Cuentas Nacionales, a cargo del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, según corresponda; dicha información podrá ser sistematizada para atender necesidades específicas en la materia, así como para proveer a la mejor implementación de los programas de verificación.

Artículo 111 Quintus. Para el ejercicio de sus funciones de evaluación del cumplimiento de las disposiciones comunes de operación de los centros de verificación de emisiones de fuentes móviles competencia de las autoridades locales, de producción, acopio y sistematización de la información estadística que en ellos se genere y de emisión de constancias de verificación de las normas oficiales mexicanas en la materia, la secretaría autorizará a un organismo de tercera parte que se aboque a su cumplimiento.

La autorización del referido organismo de coadyuvancia se llevará a cabo previa convocatoria, de conformidad con los plazos, procedimientos y requisitos que para tal efecto se establezcan en el reglamento en la materia de esta ley, en el que también se establecerán los supuestos en que dicha autorización podrá ser revocada o suspendida.

Artículo 112. ...

I. a IV. ...

V.Establecerán y operarán sistemas obligatorios de verificación de emisiones de automotores en circulación por sí o por conducto de terceros con concesión, en los términos de las disposiciones comunes de operación de los centros de verificación de fuentes móviles que al efecto establezca la federación;

Artículo 171. ...

I.Multa por el equivalente de treinta a cincuenta mil veces la unidad de medida y actualización vigente al momento de imponer la sanción;

Transitorios

Primero. Los gobiernos de las entidades federativas que no cuenten con programas y sistemas obligatorios de verificación de fuentes móviles tendrán un plazo de cinco años, contados a partir de la entrada en vigor del presente decreto de reformas, para formularlos y comenzar su operación, en los términos que se determinen en las disposiciones comunes que al efecto se establezcan.

Segundo. El titular del Poder Ejecutivo federal dispondrá de ciento veinte días, contados a partir de la entrada en vigor del presente decreto, para hacer las correspondientes adecuaciones reglamentarias y administrativas derivadas de la presente reforma, en las que además deberá establecer las bases para la autorización y operación del organismo de tercera parte a que se refiere el artículo 111 Quintus de esta ley, así como los supuestos en que dicha autorización podrá ser suspendida o revocada.

Notas:

1 Semarnat, Dirección General de Evaluación del Impacto Ambiental, con datos de Centro Mario Molina, México, 2013, y Consejo Nacional de Población, México, 2013.

2 Yale University. Environmental Performace Index. Disponible en http://epi.yale.edu/dataexplorer/indicatorprofiles Fecha de consulta: julio de 2013.

3 Secretaría de Comunicaciones y Transportes e Instituto Mexicano del Transporte. Manual Estadístico del Sector Transporte, 2012, México, 2012.

4 Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Sistema de Cuentas Nacionales de México. Cuentas económicas y ecológicas de México 2003-2011, año base 2008, México, 2013.

5 Fuente: Conferencia del viernes 1 de febrero de 2016, Salvador Montero, coordinador del Sector Transporte en el Centro Mario Molina.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de febrero de 2017.— Diputados: Arturo Álvarez Angli,Jesús Sesma Suárez (rúbricas).»

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Túrnese a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen.

CÓDIGO PENAL FEDERAL

El Secretario diputado Raúl Domínguez Rex: «Iniciativa que reforma los artículos 335 y 337 del Código Penal Federal, a cargo del diputado José Refugio Sandoval Rodríguez e integrantes del Grupo Parlamentario del PVEM

Quienes suscriben, diputado José Refugio Sandoval Rodríguez y diputados federales del Partido Verde Ecologista de México, en la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 77, numeral 1, y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a la consideración de esta soberanía, la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 335 y 337 del Código Penal Federal, de conformidad con el siguiente

Planteamiento del problema

En diversos momentos se ha legislado para salvaguardar los derechos humanos de los adultos mayores en nuestro país. Así, el 25 de junio de 2002 se publicó la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, misma que enumera de manera enunciativa más no limitativa los derechos de integridad, dignidad y preferencia, certeza jurídica, salud, alimentación, a la familia, trabajo, asistencia social, participación, denuncia popular y de acceso a los servicios.

La ley mencionada establece que la familia debe velar por cada una de las personas de la tercera edad que forman parte de ella y debe ser responsable de proporcionar las satisfacciones necesarias para su atención y desarrollo integral. Sin embargo, hoy en día muchos adultos mayores sufren agresiones físicas, psíquicas, económicas y patrimoniales, además de maltrato, lo cual muchas veces deriva en el total abandono de los adultos mayores por parte de sus familiares.

El Código Civil Federal estipula en el artículo 304 que los hijos están obligados a dar alimentos a los padres y a falta de hijos o por imposibilidad de los mismos, están obligados los descendientes más próximos en grado. Siguiendo este precedente, cada entidad federativa en su código civil estipula tal obligación.

Por otro lado, desde un enfoque de derecho penal, el Código Penal Federal establece en su artículo 335 que al que abandone a un niño incapaz de cuidarse a sí mismo o a una persona enferma, teniendo obligación de cuidarlos, se le aplicarán de un mes a cuatro años de prisión, sí no resultare daño alguno, privándolo, además, de la patria potestad o de la tutela, si el delincuente fuere ascendiente o tutor del ofendido. Sin embargo; este precepto omite incluir el abandono que muchas personas adultas mayores sufren por parte de sus familiares responsables y que los coloca en estado de vulnerabilidad.

La Encuesta Nacional sobre Discriminación en México 2010 señala que las personas adultas mayores son el cuarto grupo de población vulnerable, por ello resulta de vital importancia reformar el precepto legal citado a fin de que les asista la protección por parte del Estado de sus derechos humanos cuando se actualice la hipótesis jurídica del abandono de su persona.

Argumentación

En nuestro país se considera personas adultas mayores a aquellas que cuentan con sesenta años de edad o más.

La Organización Mundial de la Salud señala que la proporción de personas mayores está aumentando rápidamente en todo el mundo. Se calcula, que entre 2015 y 2050 dicha proporción casi se duplicará, pasando de 12 a 22%. En números absolutos, el aumento previsto es de 900 millones a 2,000 millones de personas mayores de 60 años.

En México, según datos del censo de 2010, hay 10.8 millones de adultos mayores, que corresponden a casi el 10% del total de la población.

El envejecimiento es un proceso complejo que tiene impactos en diversos ámbitos tanto a nivel individual como colectivo: la familia, el mercado laboral, el sistema económico, la seguridad social, el servicio de salud, entre otros son algunos de los sectores que se ven afectados en esta etapa del ser humano.

Los adultos mayores son vulnerables al maltrato, sea físico, sexual, psicológico, emocional, económico o material; al abandono; a la falta de atención y a graves pérdidas de dignidad y respeto. Los datos actuales indican que una de cada 10 personas mayores sufre maltrato.

Rober Chambers señala que “La vulnerabilidad no es lo mismo que la pobreza. No significa que haya carencias o necesidades, sino indefensión, inseguridad y exposición a riesgos, crisis y estrés”.

De conformidad con el Informe sobre desarrollo humano 2014 emitido por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo “se dice que toda persona que carezca de los mínimos necesarios para poder llevar una vida aceptable es realmente vulnerable (...) Una salud frágil, la pérdida del trabajo, el acceso limitado a los recursos materiales, las recesiones económicas y un clima inestable son factores que hay que añadir a la vulnerabilidad de las personas y a la inseguridad económica.”

En la esfera internacional, el artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece el derecho de las personas a contar con un nivel de vida adecuado que le asegure, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios, tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad.

Según datos del Consejo Nacional de Población actualmente, el segmento de personas con 60 años y más alcanza los 9.4 millones, es decir, 8.7 por ciento del total de la población mexicana. Se espera que alrededor de 2020, la población de adultos mayores haya llegado a su máxima tasa de crecimiento (4.2 por ciento), con 14 millones de individuos, lo cual representaría a 12.1 por ciento de la población. A partir de ese año, el ritmo de su crecimiento comenzaría a disminuir hasta experimentar un crecimiento negativo en 2050 de -1.58 por ciento.

En virtud de lo anterior, resulta de gran trascendencia elevar los estándares de protección a las personas adultas mayores ya que es indudable que el envejecimiento de la población es un evento creciente.

Desgraciadamente son innumerables el número de historias en que las familias abandonan a las personas mayores, esto hace que éste sector de la población se vuelva vulnerable ante la falta de responsabilidad de aquellos miembros de su familia que dejan de cumplir con la obligación de asistencia, lo que ocasiona el decrecimiento de estas personas como ser social y problemas que afectan directamente sus emociones, salud, sentimientos, etcétera.

Pese a los datos citados, el abandono de un adulto mayor no figura en el Código Penal Federal, por eso presento esta iniciativa a fin de salvaguardar a las personas adulto mayor y garantizar la observancia de los familiares responsables en cuanto a sus obligaciones alimenticias, económicas, salud y bien estar social.

En razón de lo anterior, se somete a la consideración de esta Cámara de Diputados la presente Iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforman los artículos 335 y 337 del Código Penal Federal

Artículo Único.Se reforman los artículos 335 y 337 del Código Penal Federal para quedar como sigue:

Artículo 335. Al que abandone a un niño incapaz de cuidarse a sí mismo, a una persona enferma, a un adulto mayor en estado de vulnerabilidad, teniendo obligación de cuidarlos, se le aplicarán de un mes a cuatro años de prisión, sí no resultare daño alguno, privándolo, además, de la patria potestad o de la tutela, si el delincuente fuere ascendiente o tutor del ofendido.

En el caso de abandono a un adulto mayor se entenderá que se encuentra en estado de vulnerabilidad cuando se trasgreda alguno de sus derechos estipulados en el artículo 5 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.

Artículo 337. El delito de abandono de cónyuge se perseguirá a petición de la parte agraviada. El delito de abandono de hijos, de un adulto mayor en estado de vulnerabilidad se perseguirá de oficio y, cuando proceda, el Ministerio Público promoverá la designación de un tutor especial que represente a las víctimas del delito, ante el Juez de la causa, quien tendrá facultades para designarlo. Tratándose del delito de abandono de hijos, se declarará extinguida la acción penal, oyendo previamente la autoridad judicial al representante de los menores, cuando el procesado cubra los alimentos vencidos, y otorgue garantía suficiente a juicio del Juez para la subsistencia de los hijos.

Transitorio

Único. Entrará en vigor el presente Decreto al siguiente día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas:

1 http://revoluciontrespuntocero.com/la-tercera-edad-en-mexico-sus-cifras-y-el-ab andono/

2 http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs381/es/

3 http://dnias.dif.gob.mx/informacion-para-todos/adultos-mayores/

4 http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs381/es/

5 http://www.undp.org/content/dam/undp/library/corporate/HDR/ 2014HDR/HDR-2014-Spanish.pdf

6 http://www.undp.org/content/dam/undp/library/corporate/HDR/ 2014HDR/HDR-2014-Spanish.pdf

7 http://www.conapo.gob.mx/es/CONAPO/Mexico_D_F_30_de_agosto_de_2010_

Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 9 días del mes de febrero de 2017.— Diputados: José Refugio Sandoval Rodríguez,Jesús Sesma Suárez (rúbricas).»

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Túrnese a la Comisión de Justicia, para dictamen.

EXPIDE LA LEY GENERAL DE TRANSPORTE SUSTENTABLE URBANO Y SUBURBANO, LEY DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS Y LEY DE COORDINACIÓN FISCAL

El Secretario diputado Raúl Domínguez Rex: «Iniciativa que expide la Ley General de Transporte Sustentable Urbano y Suburbano; y adiciona los artículos 2o.-A de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios y 2o. de la Ley de Coordinación Fiscal, a cargo de la diputada Sofía González Torres e integrantes del Grupo Parlamentario del PVEM

Quienes suscriben, diputada Sofía González Torres y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 55, fracción II, y 56, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General de Transporte Sustentable Urbano y Suburbano; se adiciona una fracción iv al artículo 2o. a de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios; y se adiciona una fracción xi al artículo 2 de la ley de coordinación fiscal, la cual solicitamos sea turnada para dictamen a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Nuestro país experimentó un proceso intenso de urbanización durante el siglo XX y los primeros años del XXI. De acuerdo con el Catálogo del Sistema Urbano Nacional de 2012, México contaba en 1 mil 900 con únicamente 33 ciudades de más de 15 mil habitantes. En ellas residían 1.4 millones de personas, es decir, 10.4 por ciento del total poblacional. En contraste, en 2005 existían 358 ciudades con 65.6 millones de personas, esto es, 70 por ciento. Así nuestra nación ha adquirido un perfil predominantemente urbano.

Dicha dinámica poblacional ha ejercido una presión constante sobre la calidad del aire. Tan sólo entre 2010 y 2013, se estima que la contaminación de éste generó costos aproximados de 14 mil millones de pesos, de los cuales, 11 mil 500 están asociados a pérdidas de productividad en la economía y 2 mil 500 a gastos en salud por muertes prematuras y hospitalizaciones para atender diversos problemas respiratorios y cardiovasculares de los residentes de las zonas urbanas.

Uno de los factores más evidentes de contaminación ha sido el crecimiento excesivo del parque vehicular, así como su uso indiscriminado, que es alentado por la ausencia de políticas integrales de transporte, que favorezcan la movilidad urbana y la salud. Las contingencias ambientales que se vivieron recientemente en la Ciudad de México o el progresivo empeoramiento de la calidad del aire en ciudades como Mexicali, Cuernavaca, Monterrey o Tijuana, entre otras, que registran tasas elevadas de hospitalizaciones y consultas médicas atribuibles a la contaminación, son señales claras de que algo se está haciendo mal.

Hoy, más que nunca, resulta primordial que la población tenga acceso a sistemas de transporte eficientes y a una infraestructura urbana acorde con ellos que, por una parte, haga realidad el derecho de la movilidad para todos y, por otra, contribuya a la descarbonización de la economía y al cumplimiento de los compromisos internacionales suscritos por México en materia de cambio climático.

En este orden de ideas, la presente iniciativa propone expedir la Ley General de Transporte Urbano y Suburbano, a fin de incrementar las inversiones en transporte sustentable con la colaboración de los tres ámbitos de gobierno.

La iniciativa que se somete a consideración tiene las siguientes características:

A) Crea un Fondo Nacional de Inversiones para el Transporte Sustentable Urbano y Suburbano, como fideicomiso que será operado por el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Banobras, SNC, a fin de impulsar inversiones en materia de transporte sustentable.

Dicho Fondo brindará apoyos no recuperables para la ejecución de proyectos amigables con el medio ambiente, que las entidades federativas y los municipios propondrán a una Comisión Nacional de Transporte Sustentable, en los rubros de construcción, ampliación, modificación, mantenimiento mayor y equipamiento de los sistemas de transporte masivo urbano y suburbano, renovación del transporte no masivo, así como la puesta en marcha de ciclo vías y vías compartidas o, en su caso, exclusivas para motocicletas.

Cabe destacar que los proyectos que podrán recibir recursos del Fondo sólo serán apoyados en su fase de ejecución y que todos serán fiscalizados, mediante auditoría externa, anualmente y en el momento de su conclusión. Al respecto, la Secretaría Técnica de la Comisión tendrá la obligación de comunicar los resultados de tales ejercicios a la Auditoría Superior de la Federación.

Debe enfatizarse también, que los apoyos están previstos únicamente para inversión, sin que puedan destinarse a cubrir gastos de operación de los proyectos, adquisición de inmuebles y derechos de vías necesarios para los mismos o adeudos de los gobiernos estatales o municipales.

B) El Fondo Nacional de Inversiones para el Transporte Urbano y Suburbano no generará nuevos impuestos. Al respecto, se propone reorientar una pequeña proporción, 5 centavos por cada litro vendido, de la recaudación que actualmente obtiene el Estado por el cobro del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios a gasolinas (IEPS a gasolinas). De esta manera, el Impuesto Especial que en la actualidad se aplica al consumo de dichos combustibles contribuirá a alcanzar un objetivo impostergable para el país: acelerar la adopción de unidades y tecnologías amigables con el medio ambiente, y, en general, favorecer la modernización de los medios de trasporte, públicos y privados, a favor de una mejor organización de nuestras ciudades y la salud de sus residentes.

Por ello, la iniciativa modifica el Artículo 2 de la Ley de Coordinación Fiscal, a fin de permitir que una parte de la recaudación nacional por IEPS a gasolinas se pueda destinar al Fondo Nacional de Inversiones para el Transporte Sustentable Urbano y Suburbano y que, de esta forma, se puedan beneficiar los proyectos emanados de las entidades federativas y municipios.

C) La iniciativa es respetuosa de las facultades que en materia de transporte de pasajeros tienen los estados y municipios, así como la atribución constitucional del Congreso de la Unión para legislar en materia de vías generales de comunicación. Sin contravención de lo anterior, propone que la Comisión Nacional de Transporte Sustentable quede facultada para emitir Regulaciones en materia de trasporte urbano y suburbano, que puedan ser suscritas libremente por las entidades federativas y los municipios.

En la iniciativa, estas figuras reciben el nombre de Regulaciones por Adhesión. Con ellas, se pretende avanzar en la uniformidad y actualización de las normatividades estatales, para que tomen en cuenta al medio ambiente. Se busca actualizar reglamentaciones obsoletas, que no toman en cuenta a los usuarios vulnerables de las vías públicas, que no propugnan por la movilidad como un derecho de todos, no promueven la eficiencia energética y no ven a la contaminación del aire como un tema de salud pública. En suma, las Regulaciones por Adhesión estimularán las inversiones en transporte sustentable que no pueden esperar más.

D) La iniciativa no genera burocracias. La creación de la Comisión Nacional de Transporte Sustentable no implicará un gasto adicional en sueldos o prestaciones, ya que se tiene contemplado que en ella participen funcionarios en activo de las entidades federativas. Cabe enfatizar que este organismo sesionará únicamente 4 veces por año, principalmente para validar y aprobar los trabajos de su Secretaría Técnica, por lo que tampoco es procedente la adquisición de oficinas o gastos de mantenimiento.

En relación con el presupuesto de la Secretaría Técnica, conformada por un secretario y un pequeño cuerpo a su cargo, la iniciativa señala que se obtendrá empleando 1 por ciento, como máximo, de los recursos de uso general que integren el Fideicomiso en Banobras.

E) El apoyo que la Iniciativa brinda a la motocicleta como medio de transporte alternativo constituye una innovación para México. En el mundo existe una tendencia al uso de la motocicleta como una alternativa de transporte, ya que es una opción más barata, en relación al carro, menos contaminante y con gran potencial para conectar eficientemente zonas conurbadas, centros históricos y polos laborales. Por sus características físicas, la motocicleta permite a los ciudadanos llegar en menor tiempo a sus destinos, impactando favorablemente la productividad y liberando tiempo para su esparcimiento y descanso.

En este sentido, el Fondo Nacional de Inversiones para el Transporte Sustentable Urbano y Suburbano podrá apoyar inversiones que promuevan la adecuación de vialidades para la circulación de motocicletas, así como la adquisición de equipos de conexión y recarga para medios de transporte eléctricos.

F) En aras de fortalecer la rendición de cuentas, la iniciativa señala que en un plazo no mayor a 1 año de la entrada en vigor de la Ley, la Comisión deberá presentar al Congreso un estudio con las características y resultados alcanzables de las regulaciones por adhesión, en todo el país, así como el avance de su formulación y suscripción. Asimismo, se establece que las Regulaciones por Adhesión deberán someterse a revisión cada cinco años, con lo cual no sólo se garantiza un proceso normativo eficaz, sino flexible, abierto a mejoras.

Por lo anterior y con base en el Artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que faculta al Congreso de la Unión para legislar en materia de vías generales de comunicación (Frac. XVII) y para expedir leyes que establezcan las bases de coordinación entre la Federación, las entidades federativas y los municipios (fracción XXIII), se somete a consideración de esta asamblea el siguiente proyecto de

Decreto

Artículo Primero. Se expide la Ley General de Transporte Sustentable Urbano y Suburbano, para quedar como sigue:

Ley General de Transporte Sustentable Urbano y Suburbano

Artículo 1o. La presente Ley es de interés público y de observancia general en todo el territorio nacional.

Artículo 2o. Esta Ley tiene por objeto apoyar la inversión en transporte sustentable urbano y suburbano, amigable con el medio ambiente, así como determinar el mecanismo de coordinación entre Federación, entidades federativas y municipios que permita cumplir con dicho propósito. Asimismo, busca establecer regulaciones modernas en materia de transporte y definir el marco de concertación que permita su aplicación en los tres niveles de gobierno.

Artículo 3o. Las acciones y regulaciones previstas en esta Ley tendrán como objetivos específicos:

A) Lograr el desarrollo y la mejora del transporte urbano y suburbano, masivo y no masivo, para elevar la calidad de vida en las ciudades y proteger la salud de la población;

B) Ampliar y mejorar la infraestructura de vialidades, para propiciar eficiencia en los sistemas de transporte; mejorar la fluidez y garantizar la movilidad como un derecho de todos;

C) Adecuar la infraestructura urbana para la utilización de unidades de transporte menos contaminantes por sus emisiones de gases con efecto invernadero, así como promover una mayor utilización de las bicicletas y motocicletas;

D) Asegurar la integridad de los usuarios vulnerables de la vía pública.

Artículo 4o. Para efectos de esta Ley se entenderá por:

I. Bicicleta: Vehículo no motorizado de propulsión humana a través de pedales.

II. Comisión: Comisión Nacional de Transporte Sustentable Urbano y Suburbano;

III. Fondo Nacional: Fondo Nacional de Inversiones para el Transporte Sustentable Urbano y Suburbano;

IV. Motocicleta: Vehículo automotor que utiliza manubrio para su conducción con dos o más ruedas, utilizado para el transporte de hasta tres personas o cargas de hasta 700 kilogramos (kg) y está equipado con motor a partir de 49 centímetros cúbicos (cm3) de desplazamiento y combustión interna de dos o cuatro tiempos, o motor eléctrico, que cumple con las Normas Oficiales Mexicanas de la Semarnat en materia de contaminación auditiva y emisión de gases;

V. Programa Nacional: Programa Nacional de Transporte Sustentable Urbano y Suburbano;

VI. Regulaciones por Adhesión: las emitidas por las entidades federativas y los municipios, a propuesta de la Comisión y registradas por la Secretaría Técnica;

VII. Secretaría Técnica: el órgano de la Comisión para apoyar sus tareas;

VIII . Usuario vulnerable de la vía pública: los peatones, ciclistas y motociclistas, los cuales carecen de una estructura física que los proteja ante hechos de tránsito, y cuya circulación se encuentra expuesta a sufrir lesiones graves o perder la vida en caso de accidentes de tránsito.

Capítulo SegundoDe la Comisión Nacional de Transporte Sustentable Urbano y Suburbano

Artículo 5o. La Comisión Nacional de Transporte Sustentable Urbano y Suburbano es una instancia de coordinación de acciones entre Federación, entidades federativas y municipios. Para su operación, contará con un órgano de apoyo denominado Secretaría Técnica.

Artículo 6o. La Comisión tendrá las siguientes atribuciones:

I. Aprobar el Programa Nacional de Transporte Sustentable Urbano y Suburbano, así como las revisiones y actualizaciones del mismo en forma bianual;

II. Aprobarlos montos base de recursos anuales del Fondo Nacional que corresponden por entidad federativa, para apoyar proyectos de los gobiernos de las mismas y de los municipios;

III. Aprobar la aplicación de recursos del Fondo Nacional para apoyar los proyectos de inversión de las entidades federativas y los municipios;

IV. Aprobar los términos de referencia de presentación de los diversos géneros de proyectos de inversión a que se refiere esta Ley y los criterios generales de evaluación de los mismos;

V. Verificar y aprobar los criterios y requisitos para obtener el registro en el padrón de auditores externos de los proyectos de inversión a que se refiere esta Ley;

VI. Recibir y aprobar las propuestas de regulación que se sometan a las entidades federativas y a los municipios para ser suscritos por adhesión;

VII. Analizar y determinar la viabilidad del programa anual de trabajo, los estudios sobre transporte urbano y suburbano, y los informes de actividades trimestrales de la Secretaría Técnica;

VIII. Coordinarse con el Secretario Técnico para elaborar, evaluar o modificar el Reglamento Interno de Funcionamiento de la Comisión;

IX. Las demás que establezcan ésta y otras leyes.

Artículo 7o. La Comisión se integrará por once delegados regionales, designados entre los servidores públicos de las administraciones estatales. Dichos funcionarios corresponderán a las siguientes regiones o grupos de entidades federativas:

Región 1: Baja California, Baja California Sur y Sonora;

Región 2: Jalisco, Nayarit y Sinaloa;

Región 3: Chihuahua, Coahuila y Durango;

Región 4: Nuevo León, San Luis Potosí y Tamaulipas;

Región 5: Aguascalientes, Guanajuato y Zacatecas;

Región 6: Hidalgo, Querétaro y Veracruz;

Región 7: Colima, Guerrero y Michoacán;

Región 8: Morelos, Puebla y Tlaxcala;

Región 9: Chiapas, Oaxaca y Tabasco;

Región 10: Campeche, Quintana Roo y Yucatán, y

Región 11: Ciudad de México y Estado de México.

Artículo 8o. Los delegados regionales durarán en su encargo dos años y serán designados en forma rotatoria por los gobiernos de las entidades federativas de cada región. El orden de designación será el determinado por insaculación inicial.

A las sesiones de la Comisión podrán asistir representantes de la Secretaría de Desarrollo Social, de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, así como de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Secretaría de Energía y del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, con voz pero sin voto.

Las sesiones de la Comisión serán presididas y convocadas por un delegado regional. Dicho encargo corresponderá anualmente al delegado de cada una de las regiones, alternadamente y en forma rotatoria. Al igual que en el caso anterior, el orden será determinado por insaculación inicial.

El titular de la Secretaría Técnica fungirá como secretario de actas y de acuerdos de las sesiones de la Comisión.

Artículo 9o. La Comisión sesionará 4 veces al año de manera ordinaria, en los meses de febrero, mayo, agosto y noviembre, además de las sesiones extraordinarias que se requieran en los términos de su reglamento interno.

Artículo 10. La Secretaría Técnica tendrá las funciones siguientes:

I. Elaborar el proyecto de Programa Nacional con base en los objetivos señalados en el artículo 3° de esta Ley y someterlo a la aprobación de la comisión, así como las revisiones y actualizaciones del mismo que la Comisión instruya;

II. Proponer a la Comisión los montos base de recursos anuales del Fondo Nacional que corresponden por entidad federativa, para apoyar proyectos de los gobiernos de las mismas y de los municipios;

III. Evaluar los proyectos de inversión de las entidades federativas y de los municipios y presentarlos a la comisión;

IV. Proponer a la Comisión los términos de referencia de presentación de los diversos géneros de proyectos de inversión a que se refiere esta ley y los criterios generales de evaluación de los mismos;

V. Integrar el registro de proyectos de inversión que reciba e informar a la comisión de los movimientos del mismo;

VI. Solicitar a las entidades federativas y municipios informes sobre el avance financiero y físico de los proyectos de inversión;

VII. Proponer a la comisión los criterios y requisitos para registrar a los auditores externos de los proyectos de inversión a que se refiere esta ley e integrar el registro correspondiente;

VIII. Elaborar las propuestas de regulación por adhesión para proponerlas a la comisión;

IX. Integrar el registro de las regulaciones por adhesión emitidas y la suscripción correspondiente;

X. Realizar directamente estudios sobre el transporte urbano y suburbano o proponer a la comisión que se contrate la elaboración de estudios con cargo al presupuesto de la misma secretaría técnica, y

XI. Las demás que le encomiende la comisión.

Artículo 11. El titular de la secretaría técnica será designado por el Ejecutivo federal con el carácter de servidor público federal. La duración del encargo será de cuatro años y podrá ser designado por una segunda ocasión en forma consecutiva. La designación será sometida a la Cámara de Senadores o, en sus recesos, a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, para su ratificación por mayoría absoluta.

Artículo 12. El titular de la Secretaría Técnica de la Comisión será denominado Secretario Técnico y para su designación deberá cumplir con los siguientes requisitos:

I. Ser ciudadano mexicano en pleno goce de sus derechos civiles y políticos;

II. Contar con título profesional o de posgrado en las áreas de ingeniería civil, arquitectura, economía, administración pública, contaduría o materias afines al servicio de transporte urbano y suburbano o a la evaluación de proyectos de inversión;

III. Haberse desempeñado, durante al menos diez años, en el ámbito profesional, docente o de investigación o en actividades que proporcionen la experiencia necesaria para desarrollar las funciones de Secretario Técnico de la Comisión;

IV. No haber ocupado cargos directivos en partido político alguno, ni de elección popular, en los tres años anteriores al día de su designación, y

V. No ser accionista, consejero, directivo, asesor, comisario o apoderado de empresas privadas del transporte urbano y suburbano, de la industria fabricante de equipo para ese transporte o de la industria de la construcción en cualquiera de sus modalidades, y al menos contar con dos años de inactividad en cualquiera de las actividades anteriores.

Capítulo TerceroDel Fondo Nacional de Inversiones para el Transporte Urbano y Suburbano

Artículo 13. El Fondo Nacional se constituirá como un fideicomiso en el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos y podrá tener aportaciones por los siguientes conceptos:

I. El rendimiento de los impuestos a la gasolina que apruebe el Congreso de la Unión para destino general;

II. Otras asignaciones señaladas por el Presupuesto de Egresos de la Federación para destino general o para destino específico;

III. Otras aportaciones no reintegrables, públicas o privadas, de personas o instituciones nacionales, o de terceros países, para destino general o para destino específico.

Artículo 14. Las aportaciones con destino general podrán distribuirse anualmente entre las entidades federativas y los municipios correspondientes, una vez cubierto el presupuesto de la Secretaría Técnica, cuyo monto no podrá ser mayor al 1 por ciento de estas aportaciones.

Los montos anuales base por Entidad Federativa se calcularán de la siguiente manera:

• 50 por ciento con el mismo porcentaje de participación que haya correspondido el año anterior a cada Entidad Federativa en el Fondo General de Participaciones; y

• 50 por ciento con base en los criterios de impacto ambiental que proponga la Secretaría Técnica y apruebe la Comisión.

Los saldos de recursos no ejercidos del año anterior se podrán distribuir conforme al mecanismo establecido en el párrafo precedente.

Artículo 15. Las aportaciones con destino específico se distribuirán para apoyar proyectos de inversión individuales o de un género determinado dentro de los previstos en esta ley.

Artículo 16. Los proyectos de inversión que la Comisión apruebe podrán recibir apoyos financieros del Fondo Nacional no reintegrables destinados a las entidades federativas y los municipios.

Los apoyos serán fiscalizables en los términos de la legislación federal correspondiente y se entregarán en el curso del año, conforme al calendario aprobado como parte del proyecto.

Los proyectos de ejecución multianual especificarán los apoyos requeridos para cada ejercicio.

Los recursos con destino general que correspondan a las entidades federativas y sus municipios para apoyar proyectos de inversión se destinarán, en primer término, a cubrir los requerimientos de los proyectos multianuales en ejecución. Del saldo resultante, los apoyos se aplicarán de manera preferente a los proyectos de transporte masivo o aquellos que impliquen menores emisiones de gases con efecto invernadero.

Artículo 17. Los proyectos de inversión que podrán recibir apoyos del Fondo Nacional deberán corresponder a los siguientes géneros:

I. Inversiones para construcción, ampliación, modificación y mantenimiento mayor para sistemas de transporte masivo urbano y suburbano, así como su complementación con otras inversiones que fomenten el uso de medios de transporte amigables con el medio ambiente;

II. Inversiones para construcción, ampliación y modificación de vialidades que tengan un impacto significativo en la fluidez o reordenamiento del tráfico urbano y suburbano, incluyendo puentes y pasos deprimidos o elevados , carriles confinados al transporte público y otros medios de transporte amigables con el medio ambiente;

III. Inversiones para construcción, ampliación y modificación de ciclovías, y vías exclusivas para bicicletas, motocicletas y estacionamientos para estos vehículos;

IV. Inversiones para equipo de transporte masivo, que privilegien tecnologías de cero emisiones, así como los aditamentos necesarios para controlar el tráfico vehicular;

V. Inversiones para adquirir o renovar equipo de transporte público no masivo, a fin de reducir emisiones de efecto invernadero;

VI. Inversión para adquirir equipos de conexión para vehículos y motocicletas eléctricos.

Artículo 18. Los proyectos de inversión podrán beneficiarse de recursos provenientes del Fondo Nacional, para destino general:

a) hasta 80 por ciento para las inversiones de las fracciones I, IV y VI;

b) hasta 75 por ciento para las inversiones de la fracciones II y III, y

c) hasta 30 por ciento para las inversiones de la fracción V.

El complemento de la inversión podrá provenir de apoyos del Fondo Nacional para destino específico, de recursos de las entidades federativas o de los municipios, de inversión privada o de créditos, que en ningún caso serán suscritos para comprometer recursos del Fondo Nacional.

En los proyectos con contenido de inversión privada, las cuotas o tarifas de recuperación se fijarán tomando en cuenta a favor del usuario los apoyos del Fondo Nacional a través de las entidades federativas y los municipios. Los criterios de evaluación de dichos proyectos incluirán el análisis y ponderación de las cuotas y tarifas así determinadas.

Artículo 19. Los proyectos de carácter estatal serán los convenidos con los municipios y propuestos a la Comisión directamente por las entidades federativas.

Los proyectos de los municipios se canalizarán a la Comisión a través de las entidades federativas en un plazo no mayor a sesenta días, a partir de su recepción, con su opinión sobre los mismos. Los municipios podrán presentar directamente a la Comisión los proyectos de inversión, si así lo acuerda el gobierno de la entidad federativa, o si éste no lo ha canalizado a la Comisión en el plazo señalado.

Artículo 20. Los proyectos de inversión podrán corresponder a conurbaciones de dos o más municipios, tendrán carácter estatal y serán convenidos con los municipios. En el caso de conurbaciones que involucren a más de una entidad federativa, los proyectos deberán tener una presentación conjunta ante la Comisión, incluyendo la solicitud de apoyo para cada Entidad Federativa dentro del proyecto, así como la legislación aplicable en materia de obras públicas.

Artículo 21. En ningún caso se otorgarán apoyos para sufragar gastos de operación de los proyectos de inversión, o para realizar gastos vinculados a los mismos como estudios de preinversión, elaboración, presentación o promoción de los proyectos, o para cubrir adeudos de proyectos realizados o en proceso de ejecución a cargo de entidades federativas o municipios, o para cubrir indemnizaciones o pagos para adquirir derechos de vía o inmuebles para realizar los proyectos.

Artículo 22. Para la aprobación de apoyos a proyectos de inversión, la Comisión deberá verificar que se cumpla previamente con lo siguiente:

I. Que las entidades federativas y los municipios hayan emitido y registrado ante la secretaría técnica las regulaciones por adhesión aprobadas por la comisión;

II. Que los proyectos de inversión estén previstos en los planes de desarrollo urbano correspondientes, y

III. Que las entidades federativas y los municipios hayan entregado la información sobre la ejecución física y financiera de los proyectos de inversión que hayan recibido apoyo del Fondo Nacional.

Artículo 23. Los apoyos para los proyectos de inversión serán transferidos del Fondo Nacional a las entidades federativas o a los municipios ejecutores de los mismos, para destinarlos exclusivamente a dichos proyectos. En el caso de las conurbaciones, los proyectos harán explícito el ejecutor o ejecutores del proyecto y la proporción correspondiente del ejercicio de recursos y su objeto.

La aplicación de recursos por las entidades federativas y los municipios dará preferencia a la participación de empresas nacionales en el desarrollo de los proyectos.

Artículo 24. Los proyectos deberán presentarse conforme a los términos de referencia aprobados por la comisión.

Los proyectos deberán incluir el costo de auditoría externa anual y de conclusión del mismo. Dicho costo se sufragará con cargo a las transferencias del Fondo Nacional para cada proyecto. La Secretaría Técnica dará cuenta a la Comisión de los informes de auditoría correspondientes y remitirá un ejemplar de dichos informes a la Auditoría Superior de la Federación.

Los auditores externos deberán contratarse entre los inscritos en el padrón correspondiente.

Artículo 25. El comité técnico del Fondo Nacional se integrará con los delegados regionales que formen parte de la Comisión, cuyo presidente de sesiones presidirá también este comité.

A las sesiones del comité técnico podrán asistir representantes de la Secretaría de Desarrollo Social, de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, así como de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la Secretaría de Energía y del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos.

El titular de la Secretaría Técnica será el secretario del comité técnico.

Artículo 26. El comité técnico del fideicomiso autorizará las transferencias de recursos de los apoyos aprobados por la Comisión para los proyectos de inversión, así como la organización, las plazas y el presupuesto de la Secretaría Técnica.

Capítulo CuartoDe las Regulaciones al Transporte Urbano y Suburbano

Artículo 27. Las regulaciones previstas en esta Ley no son excluyentes de las emitidas por el Gobierno Federal, las entidades federativas y los municipios, en el ámbito de sus atribuciones.

Artículo 28. Las Regulaciones por Adhesión se circunscribirán a las atribuciones conferidas a los municipios y a las no reservadas al gobierno federal por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Dichas regulaciones podrán incluir normas generales vinculadas a:

a) El ordenamiento del tráfico urbano y suburbano y el aprovechamiento de las vialidades correspondientes;

b) El ordenamiento del transporte de carga urbano y suburbano.

c) La circulación de vehículos y motocicletas, así como los requisitos que deben cubrir para circular;

d) La operación del transporte público de pasajeros y las características de dicho transporte;

e) Las especificaciones de los vehículos para uso de los gobiernos de las entidades federativas y los municipios;

f) Las medidas que aseguren la integridad de los usuarios vulnerables de la vía pública; y

g) Otras medidas tendientes a agilizar el tráfico, e inducir la utilización de vehículos con mayor eficiencia energética y menos contaminantes, entre ellos las bicicletas y motocicletas.

Las regulaciones por adhesión se revisarán al menos cada cinco años, después de ser aprobadas por la comisión.

Artículo 29. A fin de reducir la contaminación y la emisión de gases con efecto invernadero del transporte, así como elevar su eficiencia energética, el Ejecutivo Federal, a través de sus dependencias, en el ámbito de sus atribuciones y observando lo prescrito en esta Ley, emitirá normas y disposiciones, o revisará al menos cada cinco años las vigentes, en las siguientes materias:

I. Calidad de los energéticos que consume el transporte, de manera prioritaria para disminuir el contenido de azufre de los mismos;

II. Adquisición de vehículos eléctricos y amigables con el medio ambiente, para uso de la administración pública federal;

III. Importación de vehículos usados, para ser sometidos a verificación de emisiones y eficiencia energética; y

IV. Venta en el país de vehículos nuevos, producidos internamente o de importación, para que cumplan con especificaciones de emisiones y eficiencia energética y éstas no sean menores que las de los mismos modelos en otros países.

Cada una de las normas y disposiciones tendrán plazos determinados para el inicio de aplicación de las mismas.

Transitorios

Primero. Esta Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. En un plazo no mayor a treinta días de la entrada en vigor de la presente Ley, La Secretaría de Desarrollo Social convocará a los Gobiernos de las Entidades Federativas para que designen a los delegados regionales, a fin de proceder a la integración de la Comisión.

Tercero. En un plazo no mayor a sesenta días la Secretaría de Hacienda y Crédito Público constituirá en el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos el fideicomiso del Fondo Nacional.

Cuarto. En un plazo no mayor a sesenta días a partir de la entrada en vigor de la presente ley, el Ejecutivo federal designará al titular de la secretaría técnica y remitirá la designación al Senado, o en su caso, a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, para su ratificación.

Quinto. En un plazo no mayor a ciento ochenta días a partir de la entrada en vigor de la presente ley, las dependencias del Ejecutivo federal que correspondan emitirán o revisarán las normas y disposiciones referidas en el artículo 29 de esta ley. El Ejecutivo federal remitirá al Congreso de la Unión un informe sobre las normas y disposiciones emitidas o revisadas incluyendo un análisis de las mismas, de su funcionamiento y de los objetivos que pretenden alcanzar.

Sexto. En un plazo no mayor a un año de la entrada en vigor de la presente ley, la comisión, por conducto de la secretaría técnica, enviará al Congreso de la Unión un estudio de las características y resultados alcanzables de las regulaciones por adhesión, así como el avance de su formulación y suscripción.

Séptimo. La comisión, por conducto de la secretaría técnica, enviará al Congreso de la Unión, en el mes de febrero de cada año, un informe de actividades y aplicación de recursos.

Octavo.El Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Sociedad Nacional de Crédito, revisará los instrumentos jurídicos y financieros con los que cuenta en materia de infraestructura urbana y suburbana, a efecto de modificar o, en su caso, extinguir aquéllos que dupliquen funciones o fines con el Fideicomiso Fondo Nacional de Infraestructura Urbana y Suburbana.

Lo anterior deberá realizarse en un plazo no mayor a sesenta días naturales contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto.

Artículo Segundo. Se adiciona una fracción IV al artículo 2o.-A de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, de acuerdo a lo siguiente:

Artículo 2o.-A. [...]

IV. Del monto total derivado de las gasolinas con una medición menor, mayor o igual a 92 octanos vendidos en la República Mexicana se recaudará la cantidad de 5.00 centavos por cada litro para monetizar al Fondo Nacional de Inversiones para el Transporte Sustentable Urbano y Suburbano, operado por el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Banobras, SNC.

Artículo Tercero. Se adiciona una fracción XI al artículo 2 de la Ley de Coordinación Fiscal, para quedar como sigue:

Artículo 2o. [...]

La recaudación federal participable será la que obtenga la Federación por todos sus impuestos, así como por los derechos de minería, disminuidos con el total de devoluciones por dichas contribuciones y excluyendo los conceptos que a continuación se relacionan:

[...]

XI. La recaudación obtenida en términos de lo previsto por el artículo 2o. A, fracción IV de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Nota:

1 Estimación realizada por el Instituto Mexicano para la Competitividad, AC, 2013.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de febrero de 2017.— Diputada y diputado: Sofía González Torres, Jesús Sesma Suárez (rúbricas).»

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Túrnese a las Comisiones Unidas de Transportes y de Hacienda y Crédito, para su dictamen; y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su opinión.

REGLAMENTO DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS Y LEY DEL SERVICIO EXTERIOR MEXICANO

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez:Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, la diputada Xitlalic Ceja García, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Reglamento de la Cámara de Diputados; y se reforma el artículo 43 de la Ley del Servicio Exterior Mexicano.

La diputada Xitlalic Ceja García: Gracias. Con su venia, señora presidenta, y lo digo con mucho gusto. Compañeras y compañeros, México es un país con iniciativa, construido con esfuerzo, sustentado por valores, compuesto por hermanas y hermanos mexicanos que luchan todos los días. Un país, con historia digna de contarse, con cultura y con tradiciones; orgullo de connacionales y que sorprenden y emocionan a turistas. Un país perfectible con el aporte y apoyo de todos los que soñamos con una nación infranqueable ante cualquier adversidad.

En un mundo globalizado como el nuestro, resulta imposible e inevitable que las naciones se mantengan aisladas en todos los estados, son parte de un sistema internacional que se relacionan entre sí. En este contexto, las relaciones internacionales diplomáticas forman parte de la existencia humana y lo seguirán siendo.

A través de la historia, la diplomacia funciona como una herramienta útil y eficaz para que un Estado exponga ante el mundo su política exterior. En este sentido, la interacción de México con sus iguales tendrá siempre un impacto socioeconómico al interior del país y como consecuencia repercutirá positiva o negativamente en los aspectos más comunes de la vida de los mexicanos.

En la actualidad México se encuentra ante un escenario complejo con el gobierno de Donald Trump. Las constantes ofensas, acciones y aseveraciones equivocadas que el presidente de Estados Unidos ha realizado en contra de México, nos obligan a rediseñar una política exterior en torno al respeto y protección de los intereses nacionales.

En dicha tarea nos hemos unido todos como pueblo mexicano. Nos hemos unido para expresarle al mundo quiénes somos, para demostrar lo inquebrantable de nuestra esencia, para hacer valer el respeto que merece una gran nación como la nuestra para señalarles lo que es amor a la patria, lo que es orgullo de tu país al decir yo soy mexicano.

Me honra decir que el apoyo se ha visto por parte de todos los mexicanos sin importar partidos, si somos de derecha, izquierda, de centro, el partido del gobierno. Este es un asunto que nos compete a todos los mexicanos.

En nuestro turno como legisladores, opinar y hacer notar nuestra voz en las decisiones que incidan en el rumbo que México tendrá en un futuro próximo. La diplomacia parlamentaria forma parte de la gama de funciones con las que ya cuenta el Congreso: Representación, fiscalización presupuestal, legislativa, de control, electoral, jurisdiccional y de orientación política, entre otras.

Se requiere que la Cámara de Diputados, fiel representante de Los Sentimientos de la Nación, cuente con las atribuciones necesarias para coadyuvar en las posturas de lo que consideremos conveniente para el país en el concierto internacional. Con ello estaremos fortaleciendo y reivindicando una de las funciones parlamentarias fundamentales de la Cámara de Diputados.

Por tal razón, la presente iniciativa pretende resolver dichas deficiencias creando la carta instructora. Esta contendrá propuestas a la política exterior que la Cámara de Diputados considere conveniente signar. Dicha carta contara con la contribución y opinión de todos y cada uno de las diputadas y diputados, ya que será redactada en primera instancia por la Comisión de Relaciones Exteriores, aprobada por la Junta de Coordinación Política y turnada al pleno para ser ponderada y votada. De esta manera se verá reflejada la participación de todos y cada uno de los legisladores.

Como ya se expresó, el pueblo mexicano se está manifestando, y nosotros como Cámara de Diputados, en nuestra calidad de representantes del pueblo mexicano, requerimos de esta reforma, la cual construirá un auténtico puente de comunicación entre la opinión de los mexicanos dentro del país y los que velan por el interés de México más allá de sus fronteras.

Como ya ha dicho el presidente Enrique Peña Nieto en reiteradas ocasiones “México no construye muros, construye puentes”. Recordemos que todos somos en cierta parte embajadores de México; desde nuestros paisanos hablando bien del país en tierra ajena, hasta el presidente salvaguardado el interés del pueblo en las relaciones internacionales.

Es nuestro deber como mexicanos demostrarle al mundo que México es un país que propone, un país que respeta y que garantiza relaciones acordes al más alto nivel de dignidad e igualdad.

Hoy se requiere de unidad y México nos necesita a todos. Y lo repito para que se escuche fuerte: México no construye muros, construye puentes. Es cuanto. Muchas gracias.

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Gracias diputada Xitlalic Ceja. Túrnese a las comisiones de Régimen, Reglamentos y Práctica Parlamentarias, y de Relaciones Exteriores, para dictamen.

La diputada Jasmine María Bugarín Rodríguez (desde la curul): Presidenta.

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Sonido en la curul de la diputada Jasmine Bugarín. ¿Con qué objeto, diputada?

La diputada Jasmine María Bugarín Rodríguez (desde la curul): Gracias, presidenta. Solamente felicitar a nuestra diputada que es un orgullo Xitlalic Ceja, por esta importante iniciativa que sin duda fortalece a la diplomacia parlamentaria; y también solicitarle si un grupo de diputadas del Grupo Parlamentario del PRI podemos suscribirnos a esta importante iniciativa, y diputados también.

La diputada Xitlalic Ceja García: Sí, con gusto.

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Ha dado su expresión afirmativa para que pasen a la Secretaría de esta Mesa a firmar la iniciativa. Tiene la palabra hasta por cinco minutos...

El diputado Fernando Quetzalcóatl Moctezuma Pereda (desde la curul): Presidenta.

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Perdón, sonido en la curul del diputado Moctezuma. ¿Con qué objeto, diputado?

El diputado Fernando Quetzalcóatl Moctezuma Pereda (desde la curul): Gracias, presidenta. Con el objeto de felicitar a mi compañera diputada que acaba de hacer uso de la palabra y solicitarle amable y respetuosamente nos permita a las diputadas y diputados hidalguenses sumarnos a esta iniciativa que es un mensaje a la nación tan importante para unir al pueblo de México, y en esta condición ojalá nos sumemos todas y todos los diputados. Muchas gracias por darme el uso de la palabra.

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Gracias. Está a su disposición en la Secretaría de esta mesa. Ella ha manifestado su disposición para que sea suscrita.

LEY GENERAL DE LOS DERECHOS DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Tiene la palabra, por cinco minutos, la diputada Kathia María Bolio Pinelo, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, para presentar dos iniciativas: una con proyecto de decreto que reforma el artículo 103 de la Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes y otra con proyecto de decreto que reforma el artículo 132 de la Ley Federal de Trabajo.

La diputada Kathia María Bolio Pinelo:Muy buenos días compañeras y compañeros diputados, con el permiso de la Presidencia. Hoy les vengo a hablar de un tema complejo, un tema que lastima a nuestra sociedad, el trabajo infantil.

Todos sabemos que el trabajo infantil es un problema que está íntimamente ligado a la pobreza, que son casi de manera exclusiva las familias de escasos recursos quienes ponen a trabajar a sus niños.

Sin embargo, la escasez de recursos no es el único factor que influye sobre este tema. Para nosotros, en Acción Nacional el origen de este fenómeno social es sin duda el rezago en el desarrollo económico e institucional de nuestro país.

Los datos del Inegi nos indican que en 2015 había casi 39 millones de menores de 17 años en México. De ellos, casi 2 millones de niños, niñas y adolescentes no asisten a la escuela.

En un principio humano, el lugar donde deben estar los niños es en la escuela y en el hogar, sitios donde aprenden, juegan, conviven y se preparan para su vida adulta. Pero existen núcleos familiares en donde tan pronto el niño tiene edad para aprender alguna habilidad que llevan a sus niños a trabajar en las esquinas, al campo, fábricas o negocios.

Los niños necesitan de toda nuestra protección. El abuso de cualquier tipo, sexual o laboral, debe ser rechazado de manera inmediata. Herir a un niño o causarle daño emocional, físico o psicológico es algo que no debemos y no podemos tolerar.

La patria potestad de los tutores debe estar perdida en el momento en que se ejerza alguna conducta que implique el daño emocional, físico o inclusive poner en riesgo la vida del niño, niña o adolescente.

Para poner ejemplos, cuando los padres o tutores envían a trabajar a los niños a cruceros de las calles, como payasitos, haciendo malabares, vendiendo algún producto o simplemente pidiendo una limosna, la vida de los pequeños se pone en peligro de diferentes maneras: pueden ser atropellados, raptados o simplemente extraviarse.

Los diputados de esta legislatura tenemos que reforzar los marcos legales que garanticen el respeto a la niñez mexicana. En este caso propongo la prohibición de labores riesgosas que pongan en peligro la vida, salud o integridad física o emocional de los niños.

De manera muy respetuosa desde esta tribuna exhorto también a las autoridades competentes en materia civil y penal, para cumplir con diversas disposiciones relativas a la protección de los menores en nuestro país y a la aplicación firme de la ley para evitar riesgos ya mencionados a nuestra niñez mexicana.

La propuesta central de mi iniciativa busca obligar a los padres y a las personas que ejerzan la custodia o tutela a abstenerse de promover o inducir a que sus niños o hijos trabajen en labores que pongan en riesgo su salud, integridad física o la propia vida. Para ello propongo reformar la fracción XII del artículo 103 de la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.

Espero y confío en que las comisiones a las que vaya turnada esta propuesta tengan la sensibilidad necesaria para aprobarlas lo antes posible.

En una segunda propuesta con proyecto de decreto tiene el carácter de prevenir y evitarle al sistema mexicano de salud costos mayores por enfermedades que pudieran evitarse si se detectan a tiempo; busca obligar y a promover entre empleadores y patrones que otorguen a trabajadores, sean hombres o mujeres, un día de permiso al año sin afectación del salario para someterse a la realización de exámenes médicos de prevención y control de enfermedades no trasmisibles, y de esta manera también buscamos obligar a los trabajadores y trabajadoras a que estén pendientes de su salud de manera general, ya que es conveniente para todas las partes involucradas.

Por ello, en Acción Nacional promovemos y proponemos adicionar el artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo, otorgar a las mujeres mayores de 25 años un día de permiso al año, con goce íntegro de su sueldo, para someterse a exámenes médicos de prevención de cáncer de mama y cervico-uterino.

Para justificar este permiso se deberá presentar el certificado médico correspondiente expedido por una institución pública o privada. Para ello, el examen debe ser clínico o mamario o de papanicolau o simplemente el conocido como check up. Y también otorgar a los varones mayores de 40 años, trabajadores, un día de permiso al año, con goce íntegro de su sueldo, para someterse a la realización de exámenes médicos de prevención del cáncer de próstata y enfermedades coronarias, con su respectivo comprobante o certificado médico, desde luego.

Colaboremos, diputadas y diputados, a tener un país más sano, apoyemos esta iniciativa rosa y azul por el bien de todos los trabajadores y trabajadoras. No carguemos más al erario público y al sistema mexicano de salud los costos de las enfermedades. Es más barato prevenir que curar. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, señora presidenta.

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Gracias, diputada Kathia Bolio. Túrnese a la Comisión de Derechos de la Niñez, para dictamen.

LEY FEDERAL DEL TRABAJO

La diputada Kathia María Bolio Pinelo: «Iniciativa que reforma el artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo, a cargo de la diputada Kathia María Bolio Pinelo, del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, Kathia María Bolio Pinelo, diputada federal de la LXIII legislatura del Honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo contenido en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, numeral 1, fracción I, 77, numerales 1 y 3, y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta Honorable Cámara de Diputados la presente iniciativa con proyecto de decreto que adicionan las fracciones XIX Ter y XIX Quáter al artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

La Cámara de Diputados del Estado de Yucatán aprobó el día 26 de octubre de este año un par de reformas a la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado y Municipios de Yucatán con el propósito de dotar de más beneficios a las trabajadoras para otorgar un mes más para el periodo de lactancia, siendo ahora de hasta seis, y gozar de un día inhábil al año con goce de sueldo para revisión médica en materia de cáncer de mama y cervicouterino.

Dentro de la Ley Federal del Trabajo, ya se contemplan los 6 meses de lactancia durante los cuales la madre trabajadora puede gozar de dos descansos de media hora cada uno, o reducir su jornada a 7 horas en común acuerdo con el patrón, por lo que me concentraré en la idea de otorgar un día de permiso para realizarse estudios de detección oportuna del cáncer.

Por lo anterior, tomando como base lo aprobado por una legislatura estatal, propongo que se modifique la Ley Federal del Trabajo y sea un beneficio general para las mujeres trabajadoras en nuestro país.

Para dimensionar la importancia de esta reforma, es necesario hacer las siguientes consideraciones tomadas, en su mayoría, del dictamen que presentó la comisión de salud del congreso del estado de Yucatán, respecto a la llamada Iniciativa Rosa:

Es evidente que la maternidad representa una condición humana natural que permite la sobrevivencia del ser humano, función que debe ser valorada y apoyada por toda la sociedad. Por lo tanto, las mujeres deben recibir la atención médica necesaria durante el ciclo de gestación, aún más, cuando dicha persona desempeña alguna labor económicamente remunerada.

Resulta evidente la importancia del cuidado de la salud de las mujeres, para garantizar, si así lo desean, vivir un embarazo sano y con los cuidados médicos necesarios; por ello se propone otorgar un permiso de un día al año para que las mujeres trabajadoras mayores de 25 años, acudan ante una institución de salud pública o privada para que se realicen los exámenes médicos que correspondan con la finalidad de para prevenir el cáncer de mama y cervicouterino.

El cáncer es una enfermedad que puede presentarse en personas de cualquier sexo, edad o grupo social, ocasionando dolor, angustia y muerte en muchos casos, razón por la que ha sido y es motivo de preocupación y estudio para todos, en particular para los médicos quienes luchan cada día por encontrar nuevos y mejores métodos que permitan su prevención, diagnóstico y tratamiento.

Esta enfermedad es la tercera causa de muerte en México y, según estimaciones de la Unión Internacional contra el Cáncer, cada año se suman más de 128,000 casos de mexicanos. Desde el 2008 es la principal causa de muerte en el mundo. Existen cien tipos de cáncer, la mayoría son curables si se detectan en etapas tempranas.

El cáncer de mama es actualmente la causa de muerte en mujeres más importante en México. En 2008, el 10.9% de los casos de cáncer en México estaban relacionados con tumores en las mamas. Este tipo de cáncer ocupa el segundo lugar en prevalencia a nivel nacional y es el primero si se toma en cuenta únicamente a la población femenina, según Globocan.

Casi el 70% de los casos de cáncer de mama se presenta en mujeres de entre 30 y 59 años de edad, de acuerdo con datos estadísticos del Inegi. Sin embargo, la tasa de mortalidad más alta se presenta en las mujeres mayores de sesenta años. En el 2009, se registraron 25.5 muertes por cada 100,000 habitantes, mientras que para las mujeres de treinta a cincuenta y nueve años la mortalidad fue de siete por cada 100,000 habitantes.

La mamografía consiste en un examen de rayos X de la mama. Puede mostrar imágenes diferentes al tejido mamario normal y que hagan sospechar de la presencia de un tumor. Cualquier hallazgo anormal, tanto en la palpación como en la mamografía, obligan a realizar estudios complementarios para descartar la presencia de un cáncer de mama. De igual forma, si una mujer al realizarse la auto palpación mamaria encuentra alguna anormalidad, debe consultar.

Por esta razón, los métodos de detección temprana son importantes para disminuir la mortalidad debido a esta enfermedad. El screening de cáncer de mama incluye el examen clínico mamario y la mamografía que debe realizarse de forma anual a partir de los cuarenta años.

Otro tipo de cáncer importante que encontramos con frecuencia en las mujeres es el cáncer del cuello uterino que está relacionado con la transformación de células normales a células tumorales, producto de la infección por el virus del papiloma humano (VPH). Cabe señalar que no todas las mujeres infectadas con VPH desarrollan cáncer. La presencia de tumores malignos en el cuello del útero es el tercer tipo de cáncer con mayor prevalencia en México.

Es evidente que el cáncer de mama y el cáncer cervicouterino ocupan hoy en día un papel muy importante en la salud de las mexicanas debido a la alarmante cantidad de mujeres que fallecen debido a estas enfermedades.

Por ello, se considera importante e indispensable sensibilizar a la población de la necesidad de implementar acciones para detectar el cáncer a través de chequeos médicos, y que permitan al paciente tener un tratamiento oportuno. Todos sabemos que una detección temprana puede ayudar a combatir la enfermedad y ganar la batalla al cáncer.

La maternidad cumple no sólo con la misión esencial de perpetuar la especie humana, sino también con la importante función social de integrar al grupo familiar, de convertirlo en la célula en la cual se fundamenta la sociedad y en donde surgen los primeros lazos de control social.

Por otra parte, es importante destacar que en la actualidad la mujer ha sido reconocida dentro del seno familiar como productora de riqueza, toda vez que ella, al igual que el varón, puede proveer del sustento económico, por lo que se han emitido disposiciones que le permitan congeniar su desempeño laboral con el de la maternidad.

Es así, que jurídicamente se concibió a la maternidad como un hecho jurídico, relacionado con la reproducción del ser humano, del cual surgen derechos y obligaciones. Es por ello que, los que tenemos encomendada la facultad de legislar debemos de proporcionar todas aquellas normas necesarias que permitan fortalecer y proteger este estado de la mujer, como un pilar de la familia, y por ende, base de la sociedad.

El cáncer de mama, o cáncer de seno se origina cuando las células en él comienzan a crecer en forma descontrolada. Estas células normalmente forman un tumor que a menudo se puede observar en una radiografía o se puede palpar como una protuberancia. Se diagnostica como tumor maligno o canceroso, cuando las células pueden crecer invadiendo los tejidos circundantes o propagándose a áreas distantes del cuerpo. El cáncer de seno ocurre casi exclusivamente en las mujeres.

Es una realidad que el cáncer de mama no puede prevenirse, sin embargo, a través de la detección oportuna se puede descubrir a tiempo, lo que significa que, para disminuir las muertes por éste padecimiento, las mujeres deben ser diagnosticadas en etapas tempranas. Es por ello que es necesario intensificar acciones básicas de detección como son la autoexploración, la exploración clínica y la mastografía, esto de acuerdo a la edad de cada mujer.

Asimismo, además de estar conscientes de la detección temprana, es importante conocer los diversos factores de riesgo que favorecen el desarrollo de este tipo de cáncer, como son los biológicos entre los que se encuentran, ser del sexo femenino; el envejecimiento, ya que a mayor edad mayor riesgo; el historial personal o familiar de cáncer de mama en madre, hermanas, o hijas; vida menstrual de más de 40 años, inicio de la menstruación antes de los 12 años y menopausia después de los 52; tejido mamario denso, o ser portador conocido de los genes BRCA1 o BRCA2.

Los factores ambientales como son la exposición a radiaciones ionizantes principalmente en el desarrollo o crecimiento, y el tratamiento con radioterapia en tórax. Los relacionados con la historia reproductiva, ya sea por no haber tenido hijos; el primer embarazo a término después de los 30 años de edad, o por terapia hormonal en la peri o postmenopausia por más de 5 años. Así como los factores de riesgo relacionados con estilos de vida consistentes en la alimentación rica en carbohidratos y baja en fibra; Dieta rica en grasas tanto de origen animal como ácidos grasos trans; la obesidad, principalmente después de la menopausia; el sedentarismo; el consumo de alcohol mayor a 15g por día, o por el tabaquismo.

Como se puede observar, la mayoría de estos factores de riesgos no pueden ser modificados, sin embargo los que se contemplan con los de estilo de vida si pueden ser concientizados, logrando poder disminuir el riesgo de padecer esta enfermedad.

El cáncer de mama, de acuerdo con lo que señala la Secretaría de Salud federal, en el ámbito mundial, es la segunda formación anormal de un tejido nuevo de carácter tumoral más frecuente en la población y la más frecuente entre las mujeres con un estimado de 1.67 millones de nuevos casos diagnosticados anualmente, representando el 25% de los casos de cáncer en mujeres. En México a partir del 2006, el cáncer de mama se ubica como la primera causa de muerte por cáncer en la mujer. Anualmente se estima una ocurrencia de 20,444 casos en mujeres, con una incidencia de 35.4 casos por 100,000 mujeres. En el año 2013, se registraron 5,405 defunciones en mujeres con una tasa de 16.3 defunciones por 100,000 mujeres.

En lo que respecta al cáncer cervicouterino, también conocido como cáncer de cuello de la matriz, es el crecimiento anormal de las células que se encuentran en el cuello de la matriz, presentándose al inicio lesiones tan pequeñas que no se pueden ver a simple vista, durando así varios años. Sin embargo, cuando el cáncer ya se encuentra en una etapa avanzada se puede ver a simple vista en la exploración ginecológica o a través de otras molestias, como es el sangrado anormal después de tener relaciones sexuales, entre los periodos menstruales o después de la menopausia; el aumento del flujo de sangrado vía genital con mal olor, dolor de cadera y pérdida de peso.

Las mujeres más propensas a tener este tipo de cáncer son aquellas que iniciaron sus relaciones sexuales antes de los 18 años; han tenido más de 3 compañeros sexuales; han tenido más de 3 partos; fuman; tienen problemas de desnutrición; tienen infección por el virus del papiloma humano en el cuello de la matriz.

Se argumenta que el 99% de los cánceres del cuello del útero están relacionados con la infección crónica por virus del papiloma humano (VPH). Esta infección viral, frecuente en mujeres menores de 30 años, puede causar una displasia cervical que es una lesión precancerosa, que si no se trata y se deja evolucionar, puede llegar a causar un cáncer en un periodo de 10 años o menos.

Esta infección viral o displasia cervical se puede detectar con el papanicolaou, que se debe realizar una vez al año. Este estudio debe ser realizado por mujeres que ya han iniciado una vida sexual o que tienen más de 25 años.

El cáncer del cuello uterino es la séptima neoplasia más frecuente en la población mundial y la cuarta más frecuente entre las mujeres con un estimado de 528 mil nuevos casos diagnosticados anualmente, 85% de los cuales se registran en países en vías de desarrollo. En México, es la segunda causa de muerte por cáncer en la mujer. Anualmente se estima una ocurrencia de 13,960 casos en mujeres, con una incidencia de 23.3 casos por 100,000 mujeres. En el año 2013, en el grupo específico de mujeres de 25 años y más, se registraron 3,771 defunciones en mujeres con una tasa de 11.3 defunciones por 100,000 mujeres.

Considero que los diputados yucatecos hicieron un gran trabajo al aprobar esta reforma a la ley, pues incentiva a las mujeres trabajadoras a la autorresponsabilidad en el cuidado de la salud, así como la necesidad de implementar acciones para detectar el cáncer a través de chequeos médicos, y que le permitan tener un tratamiento oportuno, al establecer un permiso al año para que las mujeres, con goce íntegro de su sueldo, puedan practicarse exámenes preventivos de salud, respecto de patologías cuya detección temprana impida su evolución irreversible y permita un alto porcentaje de tratamiento exitoso.

Por otro lado, y en aras de una verdadera equidad de género, no sería justo no considerar a los varones para un trato similar, pues también tienes enfermedades de riesgo y que necesitan de un chequeo constante y una detección oportuna en su caso.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) identifica que a nivel mundial en 2015, los tumores malignos de pulmón, próstata, colorrectal, estómago e hígado con los más comunes entre los varones.

Además, de acuerdo con la publicación mujeres y hombre en México 2014 durante el 2012, la principal causa de muerte de la población mexicana corresponde a enfermedades del corazón, la cual representa alrededor de una sexta parte de las defunciones totales de hombres; después le sigue la Diabetes Mellitus equivalente al 12.2%.

La propuesta busca obligar a los empleadores a otorgar a los trabajadores, sean hombres o mujeres, un día de permiso al año, sin afectación al salario para someterse a la realización de exámenes médicos de prevención y control de enfermedades no transmisibles; y de esa manera también se obliga a los trabajadores a estar pendiente de su salud en general, lo que es convenientes para todas las partes involucradas.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración del pleno de la Cámara de Diputados la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto

Artículo Único: Se adicionan las fracciones XIX Ter y XIX Quáter al artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo para quedar como sigue:

Artículo 132. Son obligaciones de los patrones:

I a XIX Bis...

XIX Ter. Otorgar a las mujeres trabajadoras, de un día de permiso al año, con goce íntegro de su sueldo, para someterse a la realización de exámenes médicos de prevención del cáncer de mama y cervicouterino; para justificar este permiso, se deberá presentar el certificado médico correspondiente expedido por una institución pública o privada de salud de haberse realizado al menos un examen clínico mamario, una mamografía y/o un papanicolaou.

XIX Quáter. Otorgar a los varones trabajadores, de un día de permiso al año, con goce íntegro de su sueldo, para someterse a la realización de exámenes médicos de prevención del cáncer de próstata y/o enfermedades del corazón; para justificar este permiso, se deberá presentar el certificado médico correspondiente expedido por una institución pública o privada de salud de haberse realizado al menos un examen clínico relativo a esos padecimientos.

XX AL XVIII

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas:

1American Cáncer Society. Guía detallada Cáncer de Seno (Mama).Disponible en red: http://www.cancer.org/acs/groups/cid/documents/ webcontent/002284-pdf.pdf

2 Secretaría de Salud. Blog, Detecta a tiempo el cáncer de mama. Disponible en red: http://www.gob.mx/salud/articulos/deteccion-oportuna?idiom=es

3 Secretaría de Salud. Información Estadística, Estadísticas de Cáncer de Mama y Cáncer Cérvico Uterino,Disponible en red: http://www. gob. mx/ salud/acciones-y-programas/informacion-estadistica

4 Instituto Mexicano del Seguro Social. Salud en línea, Cáncer Cervicouterino.Disponible en red: http://www.imss.gob.mx/salud-en-linea/cancer-cervico-uterino

5 GeoSalud. Cáncer cervicouterino.Disponible en red: http://www.geosalud.com/Cancerpacientes/Cancercervicouterino.htm

6 Instituto Mexicano del Seguro Social. Op. Cit.

7 Secretaría de Salud. Información Estadística, Op. Cit.

8 Ver: http:/www.who.int/features/factfiles/cáncer/es

9 Ver: http:/www.cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/101239.pdf p. 19

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de febrero de 2017.— Diputadas y diputados: Kathia María Bolio Pinelo,Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, Ariel Enrique Corona Rodríguez, Arlette Ivette Muñoz Cervantes, Brenda Velázquez Valdez, César Flores Sosa, Claudia Sánchez Juárez, Eloísa Chavarrías Barajas, Emma Margarita Alemán Olvera, Enrique Cambranis Torres, Exaltación González Ceceña, Gerardo Gabriel Cuanalo Santos, Herminio corral Estrada, Ingrid Krasopany Schemelensky Castro, Jesús Antonio López Rodríguez, José Antonio Salas Valencia, José Everardo López Córdova, Juan Alberto Blanco Zaldívar, Karla Karina Osuna Carranco, Leticia Amparano Gamez, Lilia Arminda García Escobar, Lorena del Carmen Alfaro García, Luis Agustín Rodríguez Torres, Luis Fernando Antero Valle, Luz Argelia Paniagua Figueroa, Marco Antonio Gama Basarte, María de los Ángeles Rodríguez Aguirre, María del Rosario Rodríguez Rubio, María Guadalupe Murguía Gutiérrez, Mariana Arámbula Meléndez, Martha Cristina Jiménez Márquez, Mayra Angélica Enríquez Vanderkam, Mercedes Aguilar López, Miguel Ángel Salim Alle, Minerva Hernández Ramos, Patricia García García, René Mandujano Tinajero, Teresa de Jesús Lizárraga Figueroa, Víctor Ernesto Ibarra Montoya, Wenceslao Martínez Santos, Ximena Tamariz García (rúbricas).»

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Túrnese a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, para dictamen.

Sonido, por favor, en la curul de la diputada Karina Padilla. ¿Con qué objeto, diputada?

La diputada Karina Padilla Ávila (desde la curul): Gracias, señora presidenta. Para felicitar a mi compañera Kathia Bolio por estos dos grandes temas tan importantes, y solicitarle su anuencia para poder suscribir su iniciativa.

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Gracias. La diputada ha dado su anuencia, está a su disposición. Gracias.

LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES Y LEY GENERAL DE PARTIDOS POLÍTICOS

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Tiene la palabra por cinco minutos, el diputado Ricardo Ángel Barrientos Ríos, del Grupo Parlamentario del Partido del PRD, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y deroga diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley General de Partidos Políticos.

El diputado Ricardo Ángel Barrientos Ríos:Muy buenos días, compañeros, compañeras, diputados. Con la venia, diputada presidente. Vengo hoy a hacer uso de esta tribuna con el objeto de presentar ante ustedes, con proyecto de decreto que pretende actualizar las prerrogativas que gozan hoy por hoy los partidos políticos en nuestro país.

Sé por demás que todos los partidos políticos están aquí representados, en esta honorable Cámara y que será un tema que a muchos como legisladores nos generará opinión y debate.

Hoy la coyuntura, así como las nuevas relaciones político-económicas a nivel internacional, el aumento al precio de los combustibles y su consecuente malestar social, así como la incertidumbre respecto al crecimiento económico, exige que hagamos un análisis minucioso en cuanto a la forma en que los partidos políticos ejercen el presupuesto que se les otorga.

El sistema de partidos políticos es, evidentemente, uno de los más cuestionados: hemos perdido legitimidad y acercamiento con la sociedad; los tiempos demandan austeridad, solidaridad y unidad entre todos los mexicanos.

En estos tiempos difíciles tenemos que hacer un esfuerzo extra para fortalecer las instituciones democráticas de este país. En estos tiempos difíciles tenemos que eficientar, transparentar y generar mejores resultados con nuestros recursos, para con ello llegar a la población con un mayor impacto, visible en el mejoramiento de su calidad de vida.

Por ello es que mediante esta iniciativa propongo que sometamos a análisis y, en caso de aprobarse por este pleno, eliminemos el telégrafo como prerrogativa de los partidos políticos. Por este concepto anualmente se destinan miles de pesos, pero eso no es lo alarmante, lo alarmante es que esta prerrogativa y miles de pesos no son ejercidos, los partidos políticos han declarado año tras año en ceros el gasto por este concepto.

Ante tal cuestión, el Instituto Nacional Electoral regresa dicho presupuesto a la Tesorería de la Federación. Con esto no pretendo que el dinero termine en un vacío o en arcas de la corrupción, pero estoy seguro que a más de uno, en esta Cámara, nos genera duda en el fin que tienen estos recursos.

Aunado a esto diré, sin hacerlo de forma peyorativa, que el telégrafo como medio de comunicación ha quedado rebasado por otros medios. El telégrafo ha quedado obsoleto en nuestros días.

El estudio Disponibilidad del TIC en los Hogares, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, muestra que en el 2001 el uso de la telefonía celular sólo era del 16 por ciento de la población, porcentaje que en el presente año 2015 se elevó a 72 por ciento, esto significa que se ha convertido en la tecnología de mayor auge en los últimos años, marcando así una nueva tendencia.

La constante revolución tecnológica, así como la globalización han generado las condiciones para que estos fenómenos antes expuestos se preponderen sobre la demanda del uso del servicio telegráfico.

La globalización y la constante revolución tecnológica nos permiten comunicarnos a través de dispositivos móviles de manera más instantánea. Se ha logrado mediante estos nuevos medios comunicarnos, acortar tiempos en el envío y recepción de mensajes entre el emisor y el receptor.

La reforma que propongo pretende pues, reactivar el uso de estos recursos y hacer un acto administrativo innecesario, en un ahorro de recursos económicos, materiales, humanos, sin olvidar, claro, el recurso tiempo.

Pretende también, compañeros diputados, pero sobre todo como ciudadanos, que entendamos y atendamos la situación en la que se encuentra nuestro país y que nos urge reestructurar el presupuesto de los partidos políticos.

Con este ahorro del presupuesto iniciaremos una nueva etapa en la visualización y orientación de fondos a rubros de mayor demanda para generar el desarrollo que tanto anhelamos en este país.

Podemos resolver las demandas en donde es urgente resolver el incremento en la pobreza a través de programas estratégicos, de desarrollo, de infraestructura y fortalecimiento a los sectores productivos, que son de suma importancia y de interés nacional.

Compañeros diputados, compañeros legisladores, los invito a que analicemos este tema de manera urgente, que revisemos la Ley General de Partidos Políticos y la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Hoy la sociedad y la coyuntura nos convocan, invito a todos ustedes a que sumemos esfuerzos y hoy en este día que veo suma voluntad en todos ustedes, podamos adherirnos a iniciar una nueva transformación en la orientación de los recursos. Muy buenos días. Muchas gracias.

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Gracias, diputado Barrientos Ríos. Túrnese a la Comisión de Gobernación para dictamen.

Esta Presidencia saluda con mucho gusto la presencia de alumnos y profesores de la escuela secundaria Sor Juana Inés de la Cruz, provenientes de la comunidad caxuxi, del municipio de San Salvador en el estado de Hidalgo, invitados por el diputado José Clemente Castañeda Hoeflich. Bienvenidos.

Igualmente saludamos la presencia, en este salón de sesiones, de vecinos de la colonia López Portillo, de Iztapalapa, en la Ciudad de México, invitados por el diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano. Sean ustedes bienvenidos.

LEY FEDERAL DE SANIDAD ANIMAL

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez:Tiene la palabra, por cinco minutos, la diputada Paola Félix Díaz, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Sanidad Animal, suscrita también por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista.

La diputada Sara Paola Galico Félix Díaz:Con el permiso de la Presidencia. Compañeros y compañeras legisladores. Bueno, antes que nada agradezco a las más de 15 mil firmas de apoyo obtenidas por parte de organizaciones de la sociedad civil y Change Org para esta iniciativa.

La ley del más fuerte, el abuso y la crueldad son una constante en la sociedad mexicana. Fosas clandestinas, feminicidios, trata de personas, violencia de género, abuso a menores de edad y personas de la tercera edad son una realidad al igual que el maltrato animal.

No pretendo equiparar ni colocar en condiciones de igualdad a los animales con los seres humanos, pretendo dar cuenta de las diferentes manifestaciones de criminalidad y violencia que estamos viviendo. Aunque es evidente que podemos cuestionar la supuesta superioridad que el ser humano se ha atribuido frente a otras especies que también son habitantes de este planeta, sobre todo si esta superioridad es usada para maltratar y proporcionar sufrimiento.

Los seres humanos y los animales hemos evolucionado juntos, de ahí que tenemos una deuda histórica con ellos ya que fuimos nosotros, los seres humanos, quienes los domesticamos para nuestro beneficio.

La construcción de un ambiente benévolo, protector, compasivo para la vida es un fin que como mexicanos debemos perseguir si queremos construir un país mejor. Quien maltrata y golpea a un animal indefenso, quien no tiene compasión ante el sufrimiento de un ser vivo es capaz de cualquier felonía, de cualquier atrocidad y de cualquier acto violento.

Estudios de la FAO han concluido que el maltrato animal representa un indicador de riesgo social y de alteración de la salud pública. El maltrato animal es un factor que predispone a la violencia social y, al mismo tiempo, una consecuencia que genera un círculo vicioso.

La violencia hacia los animales da la pauta a otro tipo de violencia. Es un termómetro de la violencia que existe hacia los seres humanos. La crueldad origina violencia y esta, delincuencia.

Es necesario que levantemos la voz para que no exista un solo animal, ni uno más maltratado, enjaulado, desnutrido, para que no existan más peleas de perros y para que ninguna mascota más sea lanzada a la calle. Pero también es necesario levantar la voz y legislar para que las perreras y los rastros no maten con saña y con extrema crueldad a estos animales.

A pesar de que existen leyes y normas en la materia, la realidad de los centros públicos de los tres niveles de gobierno siguen siendo vergonzosos, particularmente la de los rastros y las perreras. Por ello, es urgente implementar medidas de vigilancia en las cuales puedan involucrarse no solo las autoridades, sino también la sociedad en general.

El objeto central de esta iniciativa es establecer una ley que desde los centros de asistencia animal, comúnmente conocidos como las perreras, antirrábicos, así como los rastros, deberán contar con un sistema de video-vigilancia que deberá estar enlazado a una página de Internet a cargo de Sagarpa, la cual será pública y estará disponible las 24 horas los 365 días del año, para su consulta por parte de la ciudadanía.

Dicho mecanismo constituirá un observatorio ciudadano para fines de control de sanidad y bienestar animal. Además, también se va a ampliar el concepto de bienestar animal conjunto de obligaciones de los propietarios de los animales.

Señoras y señores legisladores, Gandhi señaló: “La grandeza de una nación y su progreso moral es juzgado por la forma en que se le da el trato a los animales”. Es cuanto, presidenta. Muchísimas gracias.

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Gracias, diputada Félix Díaz. Túrnese a la Comisión de Ganadería, para dictamen.

LEY GENERAL DE EDUCACIÓN

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Tiene la palabra hasta por cinco minutos, el diputado Guillermo Rafael Santiago Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar dos iniciativas: una iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 14 de la Ley General de Educación; y otra iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 13 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas.

El diputado Guillermo Rafael Santiago Rodríguez: Gracias. Con su venia, presidenta. Buenos días, compañeros y compañeras, legisladores. Esta mañana vengo a presentar una iniciativa para reformar la Ley General de Educación y la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas.

El día de ayer se llevó a cabo en las instalaciones de este recinto, el primer encuentro con legisladores y legisladoras de las Comisiones de Asuntos Indígenas de los Congresos locales de todo el país. Reuniendo a decenas de parlamentarios de diferentes estados, lo cual, entre otras cosas, nos sirvió para volver a hacer patente un hecho que a estas alturas, a pesar de la obsesión con la superioridad cultural que de pronto escuché enarbolar a más de un diputado, debería ser obvio para todos y para todas, los legisladores, que México es un país inmensamente plural, una nación genuinamente multicultural.

La iniciativa que vengo a presentarles tiene que ver justo con ello, especialmente con la rica diversidad lingüística que tiene nuestro país. Sin embargo, lo atroz es que por siglos esta variedad de idiomas fue tratada por los gobiernos y poderes en turno, como un problema que necesitaba de una solución.

Desde esta postura, se llevaron a cabo acciones terribles en contra de los pueblos y comunidades indígenas, con el afán de asimilarlas a la cultura mestiza, bajo el pretexto de que esto era necesario para construir una identidad nacional. Esto obligó a miles de hablantes indígenas a abandonar su lengua, arrebatándoles su palabra y forzándoles a esconder su esencia.

Desde las reducciones coloniales hasta la privatización de los ejidos, en la práctica, el Estado mexicano se ha negado a reconocer el valor de sus culturas y su importancia en la construcción histórica de nuestra patria.

A final de cuentas estas acciones han resultado en que de las 170 lenguas que existían a principios del siglo pasado, 108 hayan desaparecido y otras 20 estén en peligro de extinción.

Más aun. Se sabe que además de los 16 millones de indígenas que reportan los censos, existen varios millones de mexicanos y mexicanas que se adscriben como indígenas pero que ya no hablan su lengua materna. Esto por el temor a la discriminación y por el temor al rechazo de nuestra sociedad.

Por fortuna con el paso de los años y las aportaciones del arte, la ciencia y los movimientos sociales, hemos comprendido los graves errores que se han cometido y reconocido que nuestra mayor fortaleza como nación radica justamente en nuestra diversidad.

A través de la modificación de los artículos 14 de la Ley General de Educación y 13 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, planteo que se obligue a las instituciones del Estado mexicano a que impulsen y coadyuven en la creación, ampliación e implementación de programas de enseñanza de lenguas indígenas en las escuelas públicas de nivel básico, media superior y superior.

Con ello se busca contribuir a la preservación, transmisión y reproducción de las lenguas maternas que se hablen en nuestro país, así como de todo el conjunto de conocimientos, saberes, tradiciones y sistemas normativos que siempre llevan consigo.

La enseñanza de las lenguas ya de la infancia, pero también en la juventud, servirá además para el fortalecimiento de la cohesión social y la formación de una nueva e incluyente identidad nacional.

Compañeros y compañeras legisladores, ¿Son capaces de hacer posible un país en donde las primarias, secundarias, preparatorias y universidades se pueda enseñar a hablar náhuatl, zapoteco, tzeltal, maya u otomí? ¿Un país en donde la discriminación lingüística sea asunto del pasado y en cambio se celebre el bilingüismo y el diálogo intercultural? ¿Un país en donde los padres y madres puedan enseñar a sus hijos el idioma de nuestros ancestros sin temor a la segregación o al rechazo?

Las lenguas indígenas deben dejar de ser relegadas a la oralidad y los espacios informales, y en cambio deben de convertirse en parte central de la educación formal de todas y todos los mexicanos. Basta ya de apostar porque los pueblos y comunidades indígenas sean invisibles. Sus problemas son también nuestros problemas; sus esperanzas son también las nuestras; su rezago es también el rezago de México.

Debemos superar la noción de que México es un pueblo mestizo con raíz indígena, porque no, no señores, México no es un pueblo con raíz indígena, México es la comunión de cientos de pueblos mestizos e indígenas. Es cuanto, señora presidenta.

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Gracias, diputado Santiago Rodríguez. Túrnese a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para dictamen

LEY GENERAL DE DERECHOS LINGÜÍSTICOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS

El diputado Guillermo Rafael Santiago Rodríguez:

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Se turna a la Comisión de Asuntos Indígenas, para dictamen.

La diputada Blanca Margarita Cuata Domínguez (desde la curul): Presidenta.

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Sonido en la curul de la diputada Margarita Cuata.

La diputada Blanca Margarita Cuata Domínguez (desde la curul): Sí, solicitarle al compañero Guillermo si nos permite adherirnos a varios diputados del Grupo de Morena, a su iniciativa.

El diputado Guillermo Rafael Santiago Rodríguez: Si, de acuerdo.

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Gracias, diputada. Da su autorización el diputado; está aquí en la Secretaría la iniciativa.

Esta Presidencia saluda con mucho gusto la presencia de alumnos de la Escuela Secundaria de Atizapán de Zaragoza que están aquí a invitación de la diputada Ingrid Schemelensky Castro. Bienvenidos al Congreso.

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, LEY DE PLANEACIÓN Y LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez:Tiene la palabra por cinco minutos el diputado Salvador Zamora Zamora, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6o. de la Ley de Planeación y 7o. de la Ley Orgánica del Congreso General de los estados Unidos Mexicanos.

El diputado Salvador Zamora Zamora:Muchas gracias. Con la venia de la Presidencia. Hoy en día el Ejecutivo federal tiene la obligación de hacer entrega a esa soberanía del informe de gobierno cada primero de septiembre en la apertura del primer periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión; además de otro informe sobre el estado que guarda la administración pública en el mes de marzo, esto con fundamento en el artículo 6 de la Ley de Planeación.

El informe anual de gobierno contempla el ejercicio de recursos del primero de septiembre del año anterior al 31 de agosto del año siguiente. Sin embargo, en el contenido del mismo se divide la información en dos plazos. El primero de ellos, del primero de septiembre del año anterior al 31 de diciembre de ese mismo año, y en un segundo plazo, del primero de enero del año en que se entrega el informe al 31 de agosto de ese mismo año.

Es por ello que presento esta iniciativa que pretende establecer que el informe anual de gobierno abarca un ejercicio fiscal completo; es decir, del primero de enero al 31 de diciembre del año inmediato anterior, con la finalidad de que esta representación popular pueda analizar a cabalidad los resultados de un ejercicio fiscal y administrativo completo, llevando a cabo un verdadero ejercicio de fiscalización.

La situación actual implica un conflicto que se deriva principalmente del período reportado, toda vez que como el propio informe lo describe, corresponde al estado general que guarda la administración pública federal, las acciones realizadas y los resultados obtenidos del primero de septiembre de un año al 31 de agosto del siguiente año, encontrándonos con dos escenarios.

El primero de ellos correspondiente del primero de septiembre al 31 de diciembre del año anterior, apartado que resulta meramente informativo y no representa datos generales del ejercicio fiscal y administrativo completo, situación que pudiese permitir ocultar los datos reales de los resultados con los avances que se han obtenido de enero a agosto el siguiente año, creando una cortina estadística que no permite dilucidar claramente los resultados entre un año y el año que sigue.

El segundo escenario es el que corresponde a un ejercicio fiscal y administrativo incompleto del primero de enero al 31 de agosto del siguiente año, situación que nuevamente impide a esta soberanía detectar a tiempo las problemáticas y ejecutar acciones tendientes a apoyar a la administración pública federal a ejercer de manera idónea el presupuesto que en esta Cámara aprobamos.

Además, las comparecencias de los servidores públicos que como marca nuestra Constitución se basan en resultados incompletos, toda vez que al cuestionar a la mayoría de los secretarios que comparecen en esta Cámara de Diputados, ellos responden con datos derivados de un ejercicio que aún no concluye presentando expectativas y escenarios futuros que por la temporalidad de las comparecencias, son aseveraciones sobre futuros inciertos.

Un ejemplo claro de éstos son las acciones que se otorgan derivadas del apoyo a la comercialización del campo, puesto que a pesar de que los recursos tienen una temporalidad para ser ejecutados, se han ejecutado curiosamente antes de la comparecencia del servidor público en turno responsable y evidentemente perdiendo una gran parte del efecto para el cual fue presupuestado, ya que la oportunidad de pago obedece a los tiempos que marca la cosecha y no a las comparecencias.

Lo mismo sucede con el tema de los recursos provenientes de subsidios federales, donde no se da una explicación clara del por qué no se cumple con la programación de este ejercicio, ya que a la fecha del informe aún quedan pendientes de ejecutar.

Por lo anterior, resulta indispensable tener las comparecencias de los servidores públicos en tiempos idóneos que nos permitan analizar la ejecución de acciones y apoyar a la administración pública federal en el ejercicio de los programas.

Es por ello que se propone mediante la presente iniciativa modificaciones a la Constitución, a la Ley de Planeación y a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a efecto de que se modifique el periodo del informe de gobierno federal, así como su fecha de presentación para quedar el 1o. de febrero de cada año.

Por lo que hace al informe sobre el estado que guarda la administración pública del país, descrito en el artículo 6 de la Ley de Planeación, se propone que éste sea entregado el 1o. de septiembre del ejercicio fiscal en curso al Congreso de la Unión, temporalidad ideal para analizar el cumplimiento de las metas y por lo tanto programar el presupuesto del ejercicio fiscal del año siguiente; no sólo para mejorar la vigilancia de la administración pública federal, sino para también contribuir a la transparencia del ejercicio de las acciones del gobierno federal.

Además de lo anterior proponemos la posibilidad de que en el primer informe que corresponda a cada presidente éste haga del conocimiento a esta soberanía del resultado real, del estado real de cómo recibió la administración pública federal y, en su defecto, iniciar con las acciones correspondientes legales en contra de quien o quienes resulten responsables por una mala administración, además de acreditar los elementos a la Auditoría Superior de la Federación.

Por su atención muchas gracias, compañeras diputadas y compañeros diputados. Gracias, presidenta.

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Gracias, diputado Zamora Zamora. Túrnese a las Comisiones de Puntos Constitucionales; de Hacienda y Crédito Público; y de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, para dictamen en la parte correspondiente.

Esta Presidencia saluda la presencia de alumnos y docentes del UNITESBA de Celaya, Guanajuato, que asisten hoy al Congreso invitados por la diputada Adriana Elizarraraz Sandoval. Sean ustedes bienvenidos.

Igualmente, saludamos al grupo de adultos mayores de la Colonia 20 de Noviembre, delegación Venustiano Carranza, que están aquí a invitación del diputado José de Jesús Zambrano. Bienvenidos al Congreso.

LEY DE AVIACIÓN CIVIL

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez:Tiene la palabra por cinco minutos el diputado Luis Alfredo Valles Mendoza, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 6 y 84 de la Ley de Aviación Civil.

El diputado Luis Alfredo Valles Mendoza:Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores, quiero hablar de un tema que a todos nos concierne y nos ha afectado en más de una ocasión. Me refiero a la mala calidad en los servicios de transporte aéreo de nuestro país. Para combatir esta situación pongo a su consideración la presente iniciativa, por la que se reforman los artículos 6 y 84 de la Ley de Aviación Civil.

Para ninguno de quienes hemos utilizado un avión en nuestro país es ajeno la deficiente atención que los concesionarios o permisionarios de los servicios de transporte aéreo nacional presentan. La Ley de Aviación Civil señala en su artículo 61, que los concesionarios o permisionarios de los servicios de transporte aéreo nacional serán responsables por los daños causados a los pasajeros, a la carga y al equipaje en el transporte.

De acuerdo con cifras de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en 2013 y 2014 la llegada de pasajeros al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México se incrementó en 807 mil tan sólo en vuelos internacionales.

Es de subrayar que las experiencias de los usuarios de estos servicios no son siempre placenteras, es un hecho que la seguridad interna en los aeropuertos ha dejado en segundo término el resguardo de las pertenencias o el equipaje de los pasajeros. Esta falta de interés se ve reflejada en las cifras de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo, que señala que la pérdida y apertura de equipaje en los aeropuertos del mundo ha afectado a 42 millones de pasajeros, con un costo aproximado de 2 mil 900 millones de dólares al año.

México, por supuesto, es parte de esa estadística. De acuerdo con la ley, las aerolíneas están obligadas a garantizar a los miles de usuarios que diariamente hacemos uso de los servicios aeroportuarios, que su equipaje llegará sano y salvo a su destino.

Lamentablemente presentar las denuncias o reclamaciones correspondientes implica una enorme pérdida de tiempo, además de que en todos los casos se solicita presentar facturas de los artículos sustraídos, lo cual no solo dificulta, sino que prácticamente imposibilita el proceso. De este modo los robos que se dan en los aeropuertos quedan en la completa impunidad.

En Nueva Alianza estamos convencidos de la importancia de fortalecer las políticas de seguridad en los aeropuertos de nuestro país en cuanto al manejo de equipaje. Lo anterior, con el propósito de garantizar la integridad de los usuarios y prevenir actos ilícitos en caso de ser víctimas de sustracción de objetos personales o pérdida de equipaje.

Para ello propongo reformar la citada ley, a fin de que la Secretaría de Comunicaciones tenga la facultad de autorizar vistas de verificación sobre el cumplimiento permanente de la calidad del servicio a los usuarios y sus bienes.

Para Nueva Alianza proteger los intereses de los mexicanos es una prioridad, ello comprende que se termine con la indolencia con que algunas aerolíneas se conducen, en lo que respecta a su responsabilidad de resguardar las pertenencias de los pasajeros. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, señora presidente.

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Gracias, diputado Luis Alfredo Valles. Túrnese a la Comisión de Transportes, para dictamen.

LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez:Tiene la palabra, por cinco minutos, el diputado Abdies Pineda Morín, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y deroga diversas disposiciones de los artículos 39 y 43 de la Ley Orgánica de Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

El diputado Abdies Pineda Morín:Con su venia, diputada presidenta. Honorable asamblea, ocupo la máxima tribuna de la República, para someter a la consideración de ustedes una reforma a nuestra Ley Orgánica, que contribuya al proceso de austeridad en la que nos encontramos.

El desmedido crecimiento de las comisiones ordinarias ha representado un consecuente aumento del presupuesto de la Cámara, de 22 comisiones que había en el 99 pasamos a 56 en la actual legislatura.

Encuentro Social ha propuesto eliminar el financiamiento a los partidos políticos, en este caso que nos ocupa considera que es urgente que los cambios para eficientar los recursos de la Cámara reflejen las condiciones financieras en las que vive el país.

Algunas medidas administrativas, ya aprobadas, para eliminar prerrogativas a los legisladores, contribuyen con la finalidad citada. Sin embargo, los cambios deben de estar en nuestras normas para que no sean temporales ni de coyuntura.

El reporte legislativo 2016 de la Constructora Integralia revela que nuestra Cámara es la tercer Cámara con más comisiones en el mundo, sólo superada por Nigeria con 84 y Filipinas con 58.

Otro dato, en el primer año llama la atención que a la Comisión de Puntos Constitucionales le turnaron 228 iniciativas, de las cuales dictaminó 38 que representan el 16.7 por ciento. A la de Hacienda le turnaron 190 iniciativas, resolvió 17, para un 7.8 por ciento. Le sigue Salud que recibió 134 y resolvió 32, para un porcentaje de 23.9 por ciento. En cuarto sitio se ubica la de Presupuesto y Cuenta Pública que recibió 106 iniciativas y dictaminó 31, para un porcentaje de un 29.2 por ciento.

Por lo que se refiere al gasto aproximado de una comisión, de recursos humanos por la vía de los honorarios representa alrededor de un millón 307 mil pesos anuales, adicionalmente los asesores de los secretarios representan 341 mil pesos anuales.

Por lo que se refiere a los recursos financieros, estos alcanzan hasta 612 mil pesos anuales por comisión. Nuestra propuesta es eliminar 11 comisiones ordinarias que duplican materias de trabajo.

Otro aspecto que se pretende reformar es el número de secretarías por comisión. En la actualidad las comisiones de Hacienda y Crédito Público con 19, y Presupuesto y Cuenta Pública con 18 son las comisiones que más secretarías tienen en sus juntas directivas.

Resulta interesante observar que las Comisiones de Asuntos Frontera Norte, Frontera Sur-sureste, Fomento Cooperativo y Economía Social y Reforma Agraria están integrados con 19 miembros. Con 16 integrantes están las Comisiones de Fortalecimiento al Federalismo, Marina y Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.

Con 15 miembros Población y con 13 la Comisión Jursdiccional. Por lo que se propone que las juntas directivas de las comisiones sean de un integrante por grupo parlamentario, para que las votaciones se realicen por voto ponderado, como ya se hace en la Mesa Directiva y en la Junta de Coordinación Política.

En síntesis, diputadas y diputados, se propone eliminar la Comisión Agraria para que sus funciones se realicen en la Comisión de Desarrollo y Ordenamiento Territorial. Es cuanto, diputada presidenta.

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Gracias, diputado Pineda Morín. Túrnese a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias para dictamen.

LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Iniciamos la segunda ronda de iniciativas. Tiene el uso de la palabra, por cinco minutos, la diputada María del Rocío Rebollo Mendoza, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 60 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

La diputada María del Rocío Rebollo Mendoza:Con el permiso de la Mesa Directiva. Con su venia, señora presidenta. Compañeros y compañeras diputadas, el derecho de toda persona a la seguridad social ha sido reconocido como derecho fundamental en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales desde hace más de 50 años.

El citado pacto fue aprobado por la honorable Cámara de Senadores del Congreso de la Unión en el año de 1980y su decreto fue publicado en el Diario Oficial en 1981.

En ese sentido, la seguridad social alcanza mayor trascendencia cuando se le considera como un sistema de protección estatal instaurado contra las consecuencias de los riesgos personales a que todo trabajador se encuentra expuesto, garantizándole su bienestar material presente y futuro, como lo son: la salud, la asistencia médica, la protección de los medios de subsistencia y los servicios sociales necesarios para el bienestar individual y colectivo.

Pues bien, hoy quiero referirme a un aspecto de la seguridad social de los trabajadores de los Poderes de la Unión, como lo es el seguro de riesgos de trabajo, cuyo contenido son los accidentes y enfermedades a que están expuestos los trabajadores en el ejercicio o por motivo de su trabajo.

El inciso a) de la fracción XI del Apartado B del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos sienta las bases de la organización y regulación de los riesgos de trabajo como parte de la seguridad social prevista para los trabajadores de los Poderes de la Unión.

En México, como todos sabemos, estos trabajadores están bajo la cobertura de la seguridad social del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado, el ISSSTE. En base a lo anterior, el capítulo 5 del título primero de la Ley del ISSSTE organiza lo concerniente a la cobertura de los riesgos de trabajo, el procedimiento y el trámite y sus especificaciones ante Medicina del Trabajo de este Instituto.

De acuerdo al artículo 58 de la Ley del ISSSTE, los riesgos de trabajo serán calificados técnicamente por el instituto, de conformidad con el reglamento respectivo y demás disposiciones aplicables.

Sin embargo, para que el ISSSTE pueda procesar y emitir esa calificación técnica de los accidentes por riesgos de trabajo que hayan ocurrido, las dependencias y entidades deberán avisar por escrito al instituto dentro de los tres días siguientes al de su conocimiento en los términos que señala el reglamento respectivo y demás disposiciones aplicables. Así lo dispone el artículo 60 de la Ley del ISSSTE en su primer párrafo. La ejecución del aviso constituye una obligación para la parte patronal, es decir, de la dependencia o entidad para la cual trabaja el empleado.

Ahora bien, ¿Qué sucede si se omite el cumplimiento de dicha obligación por parte del patrón? En el último párrafo del referido artículo 60 estatuye lo siguiente: “No procederá la solicitud de calificación ni se reconocerá un riesgo del trabajo si este no hubiera sido notificado al instituto en los términos de este artículo”.

De lo anterior se advierte, pues, que si se omite dar el aviso correspondiente al instituto por parte del patrón, el trabajador sufrirá las consecuencias correspondientes, lo cual se traduce en un evidente perjuicio para él mismo y su familia.

En ese sentido, considero que el supuesto contenido en el último párrafo del artículo 60 de la Ley del ISSSTE en comento, contraviene la garantía de seguridad social contenida en la fracción XI del apartado B, del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al impedir que ante el incumplimiento por parte de la dependencia o entidad en la que se labora de dar aviso al ISSSTE, el trabajador tenga el derecho de que ésta responda por los riesgos de trabajo correspondientes, restringiendo o menoscabando el derecho a la seguridad social consagrada en el referido artículo constitucional.

En ese contexto, compañeras y compañeros diputados, no podemos seguir permitiendo que en la legislación que organiza y reglamenta la seguridad social en beneficio de los trabajadores de los Poderes de la Unión, permita la privación del seguro de riesgo de trabajo constituido en beneficio del mismo, por la omisión de una obligación a cargo de la parte patronal.

La iniciativa que hoy se presenta, de alto contenido social, pretende contribuir a la modernización de la regulación exhaustiva de las bondades que deben implicarse en la seguridad social que reglamenta la Ley del ISSSTE.

Por lo anterior, propongo que el último párrafo del artículo 60 de la Ley del ISSSTE, se reforme para quedar redactado de la siguiente manera: no procederá la solicitud de calificación ni se reconocerá un riesgo del trabajo hasta en tanto no sea notificada al instituto en los términos de este artículo. En ningún caso, el trabajador perderá el derecho de que la dependencia o la entidad respondan por los riesgos de trabajo correspondientes.

La anterior propuesta pues, se somete a consideración del pleno de esta Honorable Cámara de Diputados y resulta trascendental, porque el derecho al seguro sobre riesgos de trabajo es un tema básico en la seguridad social.

Compañeras y compañeros legisladores, les invito revisemos pues el tema que hoy se plantea, pues abordarlo fortalece en gran medida los derechos de los trabajadores. Es cuanto, señora presidenta.

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Gracias, diputada Rocío Rebollo Mendoza. Túrnese a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, para dictamen.

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Tiene la palabra por cinco minutos, el diputado Jorge Ramos Hernández, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 16 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por el mismo diputado Jorge Ramos y por el diputado José Hernán Cortés Berumen, del Grupo Parlamentario del PAN.

El diputado Jorge Ramos Hernández:Con su venia, diputada presidenta. Amigas y amigos diputados. En materia de seguridad pública hay una gran coincidencia de que una de las razones fundamentales del fracaso del sistema de seguridad pública en México obedece en el origen de la corrupción.

Cuando me refiero a la corrupción en materia de seguridad, no hay ámbito de gobierno, no hay nivel de gobierno que escape a este fenómeno que está afectando la tranquilidad de los mexicanos.

Esta Cámara de Diputados ha presentado varias reformas en materia del sistema nacional de seguridad pública, también en materia del sistema nacional anticorrupción, pero en ninguno de esos ordenamientos hemos ido a la raíz y hemos ido al fondo del problema de inseguridad en México.

El fondo y la raíz de inseguridad en este país es el involucramiento, la complicidad de las autoridades policiacas prácticamente de todos los niveles de gobierno y –también hay que decirlo– también de autoridades electas prácticamente de todos los niveles de gobierno.

Poco vamos a lograr con un sistema nacional de seguridad pública denominado mando mixto, si no vamos a la raíz de que haya consecuencias a quien traicione la responsabilidad de brindar seguridad a los ciudadanos.

Poco vamos a lograr si solo se aprueba una reforma a la Ley de Seguridad Interior, fundamental para el desarrollo del país y de la política de seguridad en México, pero se queda corta si no vamos a atender lo que el ciudadano común en las comunidades que ustedes representan a lo largo y ancho del país, si no abordamos la realidad de que son los policías los que protegen al delincuente, que son los encargados de la seguridad, en muchos casos los responsables de dar facilidades logísticas para que los criminales se salgan con la suya.

La realidad también de que ministerios públicos en vez de perseguir el delito también están en contubernio con los criminales. Mientras no atendamos esa realidad, la criminalidad, hagamos lo que hagamos, se diseñe los operativos que se diseñen, se reformen las leyes que se reformen, si no atacamos frontalmente la corrupción, estamos perdiendo el tiempo y estamos desenfocados de la raíz del problema en inseguridad en este país.

Por eso estoy planteando una reforma de carácter constitucional para que los órganos de vigilancia de los cuerpos de seguridad en este país, es decir, las contralorías, las visitadurías, en los casos de los ministerios públicos, y también los asuntos internos en los casos de las policías municipales, sean organismos autónomos que no los nombre el titular al cual se va a revisar y al cual eventualmente se va a denunciar ya sea administrativa o penalmente.

La gente allá afuera está esperando a ver cuándo esta Cámara, a ver cuándo este Congreso coincide con su diagnóstico, con el diagnóstico de que ve al frente de su casa policías que en vez de combatir las tienditas y las áreas de distribución de droga, el policía llega a recibir la cuota semanal a cargo de la seguridad, de la salud de nuestras niñas y de nuestros niños.

Estoy proponiendo que en la Procuraduría General de la República exista un funcionario responsable por atender, ya sea por vía de denuncia o de manera oficiosa, el perseguir a los servidores públicos que estén vinculados con el crimen organizado y con los delincuentes que tienen volteada la tranquilidad de nuestro país; y no un MP o una Procuraduría General de la República que diluya, entre tantos delitos que tiene bajo su responsabilidad, y por lo tanto propongo que se cree un área especial de la Procuraduría General de la República para que la averiguación 001 sea justamente de averiguaciones y de investigaciones para investigar a alcaldes, gobernadores, secretarios de Seguridad Pública, comandantes, policías, visitadores, gobernadores y titulares de esa responsabilidad.

Si no enfrentamos esa realidad y la seguimos evadiendo, vamos a seguir tirando el dinero que se ha venido tirando por años en inversiones que van destinadas a sujetos de la seguridad que no están comprometidos con México, que no están comprometidos con la seguridad, que nos están comprometidos con las familias. Están más bien comprometidos con la corrupción y con la complicidad con el crimen organizado.

Este planteamiento que hago aparentemente complejo forma parte de la cotidianidad en nuestras comunidades a lo largo y ancho del país. Que nos quede claro, si hay inseguridad todavía en este país a pesar de que todas las instituciones, todas las instituciones del Estado mexicano salen a combatirlo diariamente, es porque hay traidores dentro del propio gobierno que se venden y se compran a favor del crimen.

Les pido que podamos atender esta iniciativa con un sentido de Estado, no es una propuesta partidista. Es una propuesta que parte de la realidad y del origen de las propias comunidades que venimos a representar. No le demos más vueltas. No evadamos por más tiempo ir a atacar frontalmente y tener instituciones que claramente estén responsabilizadas y que vengan a rendirnos cuentas aquí a esta soberanía sobre los resultados anualmente.

Mientras los alcaldes del país y los gobernadores sepan que pueden ser omisos, que pueden ser cómplices o que se pueden vender y no pasa nada, hagamos lo que hagamos este país no va a cambiar y ya no estamos dispuestos a permitir que eso siga sucediendo. Es cuanto, muchas gracias.

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Gracias diputado Jorge Ramos. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales para dictamen, y a la Comisión de Seguridad Pública, para opinión.

La presidencia saluda la presencia de alumnos de la Universidad Interdisciplinaria de Emprendedores de San Martín Texmelucan, Puebla, invitados por el diputado Rubén Alejandro Garrido Muñoz. Sean ustedes bienvenidos.

LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2017

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Tiene la palabra por cinco minutos el diputado Ángel Alanís Pedraza, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y deroga diversas disposiciones transitorias de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017. Gracias, diputado Alanís.

El diputado Ángel II Alanís Pedraza:Gracias. Con su venia, presidenta. Buenas tardes, amigos y amigas, diputados. Un diputado federal, como yo y como ustedes, es la voz de quienes representamos. Y, en este caso, representamos a todas y a todos los mexicanos, pues somos diputados de la nación. Ésa es una de las principales funciones que tenemos encomendadas.

Entonces, cuando en todo el país es generalizado el sentimiento de rechazo y rebeldía a los incrementos del precio de los combustibles, es que tenemos que hacer lo que nos corresponde para atender esos reclamos ciudadanos.

Las cosas en el país no están tan sencillas como para cerrar los ojos y pensar que no está pasando nada. Al contrario, amigas y amigos diputados, éste es el momento en el que debemos cobrar la confianza de los ciudadanos mexicanos y ciudadanas mexicanas. Es el momento de detener y suspender no de manera provisional, sino en forma definitiva, los aumentos en el precio de las gasolinas y el diésel.

Esa suspensión hasta el momento ha estado en manos del presidente de la República, pero como el Ejecutivo federal no ha mostrado sensibilidad a la realidad que viven los millones y millones de mexicanos y mexicanas, y la realidad que vive el país, es que se hace necesario que esta soberanía provea lo conducente para que, como lo propongo, se reformen los artículos 1o. y 11 y se derogue el artículo decimosegundo transitorio de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2017.

Esto es así porque es en dichos numerales donde se encuentran las bases legales de los incrementos que están castigando a millones de familias mexicanas. Pareciera que no, pero la sociedad está al pendiente, muy al pendiente, de lo que hacen los diputados y las diputadas federales.

A través de las redes sociales se difunden noticias ciertas y falsas, pero lo que es innegable es que no podemos soslayar ni ignorar el sentimiento de preocupación y enojo de millones de mexicanos, que lejos, muy lejos de sentirse respaldados y escuchados por sus diputados, diariamente están viendo afectados sus ingresos y su bienestar con medidas económicas, que si bien estaban previstas para el año 2018, decidieron adelantarlas para este año.

Dicho de otra manera, atendamos lo que la población nos exige, atendemos lo que la población nos dice diariamente y para hacerlo es muy sencillo, legislativamente pongamos un alto al gasolinazo y detengamos la liberalización de los precios de las gasolinas y el diésel, que irreflexivamente se adelantaron para este año.

Por lo tanto, propongo a ustedes reformar los artículos 1o y 11 y derogar el Décimo Segundo Transitorio de la Ley de Ingresos correspondiente al año 2017, porque al suprimirse el mandato y la facultad de la Comisión Reguladora de Energía y de la Secretaría de Hacienda perderían sustento los acuerdos y determinaciones administrativas con las que se sustenta y aplica el gasolinazo.

Espero que en esto coincidamos, porque ya es tiempo de que les demostremos a nuestros representados que estamos con ellos, que estamos de su lado, porque ahora es cuando podemos y debemos estar más unidos que nunca en torno a la nación, en torno a la república, en torno al Estado mexicano para solamente así poder enfrentar los problemas que ya anunció el presidente de los Estados Unidos de Norteamérica. Muchas gracias, amigos y amigas.

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Gracias, diputado Alanís Pedraza. Túrnese a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Presupuesto y Cuenta Pública, para dictamen.

Saludamos la presencia de invitados especiales hoy en el salón de sesiones. Al señor Pablo Larraga, presidente de la Federación de Sillas de Ruedas, al señor Aarón Dávila, entrenador nacional de selecciones de basquetbol en sillas de ruedas, y los señores Erivan Loyola y Héctor Perdomo, jugadores seleccionados. Sean ustedes bienvenidos.

CÓDIGO CIVIL FEDERAL

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Tiene la palabra por cinco minutos el diputado Roberto Alejandro Cañedo Jiménez, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 1834 del Código Civil Federal.

El diputado Roberto Alejandro Cañedo Jiménez:Con su venia, señora presidenta. Compañeras diputadas, diputados y, en especial, un afectuoso saludo al pueblo de México.

Un acontecimiento extraordinario que se manifiesta de manera creciente, no solo en México, sino en el mundo, es la falsificación de documentos en general. Esta actividad se va a definir como el proceso a través del cual una o varias personas alteran y/o transforman la información original que posee un documento de cualquier índole.

La falsificación puede ser material, como también puede ser ideológica. En esta última podemos encontrarnos con un documento cuyo soporte corresponde a la fórmula virgen y, por ende, auténtica. Pero, en cambio, sus datos y/o contenidos son esencialmente fraudulentos.

La falsificación de documentos está considerada en México como un delito y se encuentra previsto dentro del Código Penal Federal, en su artículo 244, mismo que indica los medios empleados para realizar dicha actividad y se puede observar desde la fracción I hasta la fracción X.

En la propuesta que solicito que se reforme y adicione al artículo 1834 del Código Civil Federal, que expresa lo siguiente, y cito: Cuando se exija la forma escrita para un contrato, los documentos relativos deben ser firmados por todas las partes a las cuales se imponga esa obligación. Si alguna de ellas no puede o no sabe firmar, lo hará otra a su ruego y el documento se imprimirá en el mismo la huella digital del interesado que no firmó.

Con ello se busca que los contratos no solo se firmen, sino que además se plasme la huella digital en todos los casos, independientemente de que la persona no pueda o no sepa firmar. Esto con la finalidad de minimizar y combatir a las células delictivas dedicadas a realizar delitos fraudulentos graves mediante la ayuda de la actividad ilícita de la falsificación de documentos, en general, ya que dañan con esta práctica al individuo en su patrimonio y en lo individual.

Ya presenté en la sesión pasada una propuesta que va en este mismo sentido, en la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, pero para armonizar dichas leyes es que ahora propongo esta reforma al artículo 1834 del Código Civil Federal. Por su atención, muchas gracias y que tengan una excelente tarde.

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Gracias, diputado Alejandro Cañedo. Túrnese a la Comisión de Justicia, para dictamen.

El diputado Alfredo Basurto Román (desde la curul): Presidenta.

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Sonido, por favor, en la curul del diputado Alfredo Basurto.

El diputado Alfredo Basurto Román (desde la curul): Gracias, presidenta. Nada más para solicitarle muy atenta y respetuosamente al diputado Cañedo, que si permite al Grupo Parlamentario de Morena suscribir su iniciativa, que es muy interesante y de gran trascendencia para el país.

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Sí, diputado. El diputado Cañedo manifiesta su aceptación.

LEY DE CAMINOS, PUENTES Y AUTOTRANSPORTE FEDERAL

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez:Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado Jonadab Martínez García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 37 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal.

El diputado Jonadab Martínez García:Con su venia, señora presidenta. Muy buenas tardes, compañeros y compañeras. Hace mucho tiempo no hablamos de accidentes viales y hace mucho tiempo no hablamos de los accidentes en vías carreteras, provocados, ocasionados donde está incluido algún transporte de carga federal doble remolque.

Cuando platicamos de este tema, hace aproximadamente tres meses, estaban en diferentes medios de comunicación diversas noticias relativas a fallecimientos, a víctimas y a siniestros donde estaba incluido transporte terrestre de carga.

Sin embargo, hasta el día de hoy siguen falleciendo personas, sigue habiendo víctimas en carreteras federales y parece ser que si no está de moda, lamentablemente decirlo así pero así pareciera, no hablamos de eso, por eso el día de hoy vengo con esta propuesta, que seguramente encontrará eco en varios de ustedes.

Cito textualmente la respuesta que el secretario de Comunicaciones y Transportes me respondió en su comparecencia de noviembre del año pasado, dice: el 80 por ciento de los accidentes son causados por el factor humano. Esto quiere decir que deberíamos de estar más preocupados por el cansancio del conductor que por las habilidades del mismo.

Cito textualmente lo que me respondió, porque el día de hoy vengo con esta propuesta para legislar las cargas laborales, los horarios laborales que tienen los conductores del transporte de carga.

No es secreto que los transportistas, no es secreto que los empresarios fuerzan, obligan a que el conductor lleve una mercancía de un punto A, a un punto B por encima de la carga laboral. Los obligan a transportar mercancía, bienes y servicios aun sin descanso, largas jornadas tras un volante, y por eso es que con relación a la respuesta que me hizo el titular de la SCT vengo con esta propuesta para que en nuestra legislación exista una carga laboral obligatoria, una carga laboral mínima y máxima para evitar este tipo de siniestros, y lamentablemente seguir viendo noticias relativas a los accidentes mortales o de lesiones o personas que tienen una discapacidad.

Por lo que es necesario determinar por ley la duración de horas de conducción y los periodos de descanso de los choferes del autotransporte de carga en general, a fin de que con esto existan condiciones laborales que lamentablemente hoy no existen.

Cito otro dato del Instituto Mexicano del Transporte que dice: la fatiga y el sueño en choferes fue identificada como un factor determinante en los accidentes en vías terrestres nacionales.

El problema es que los conductores de carga tienen un horario por cumplir. Es decir, ya lo dije, que deben entregar una mercancía o transportar un bien y servicio sin condiciones de horario.

Por otro lado, la Dirección General de Autotransporte Federal, dependiente de la Subsecretaría de Transportes de SCT, en el Foro de pesos y dimensiones de las configuraciones vehiculares que transitan en las vías federales de comunicación señaló, en octubre del año pasado en el Senado de la República, que los conductores seguros deben incluirse en la legislación. Y cita textualmente: todos los conductores deberán encontrarse bien capacitados, pasar por los mejores procesos de selección, encontrarse en óptimas condiciones físicas y no conducir fatigados ni bajo los influjos de alguna sustancia química o que altere su sentido común.

Es por eso la importancia y el interés que tiene su servidor en que esta reforma se incluya en la Ley de Caminos y Puentes y Autotransporte Federal.

Asimismo, porque existe una norma técnica oficial, que también se establezcan los horarios mínimos de descanso que debe tener un conductor en transporte de carga terrestre.

Por eso es que también cito como un transitorio que deben incluirse reglamentariamente las horas necesarias para descansar y el máximo de horas continuas que se especifiquen en la norma oficial mexicana correspondiente.

Apelo a la sensibilidad de cada uno de ustedes para que legislemos en esta materia y que no esperemos otra ola de tragedias, otra ola de siniestros, otra ola de víctimas y de muertes para llamar la atención y otra vez poner en la agenda nacional este tema.

Ojalá que no esperemos que suceda eso y desde ahora nos sumemos a esta iniciativa que tiene más que nada el sentido común, el sentido de responsabilidad porque todos nosotros transitamos todas las semanas en este tipo de caminos. Que estén muy bien y muchísimas gracias.

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Gracias, diputado Jonadab Martínez. Túrnese a la Comisión de Transportes, para dictamen.

CÓDIGO PENAL FEDERAL

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Tiene la palabra por cinco minutos la diputada Karina Sánchez Ruiz, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 340 Bis del Código Penal Federal.

La diputada Karina Sánchez Ruiz:“Envejecer es como escalar una gran montaña. Mientras se sube las fuerzas disminuyen, pero la mirada es más libre; la vista más amplia y serena”. (Igmar Bergman)

Con el permiso de Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores, hoy someto a consideración de esta honorable asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 340 Bis del Código Penal Federal, cuya finalidad es sancionar el abandono de las personas adultas mayores.

En la antigüedad, en la mayoría de las civilizaciones los ancianos eran vistos como figuras de autoridad. Se reconocía su experiencia y sabiduría dándoles un lugar de privilegio. Esta percepción se ha modificado de tal forma que hoy nuestros ancianos se ven en una situación por demás vulnerable: abandonados e inclusive denigrados en sus derechos fundamentales y olvidados por una sociedad que solo enaltece lo efímero y lo banal.

Nuestro país es parte de numerosos instrumentos internacionales que obligan a salvaguardar los derechos de los adultos mayores. En este sentido y para proteger a un grupo poblacional cada vez más numeroso fue expedida la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, cuya finalidad es garantizar el ejercicio de los derechos de este sector por parte de los órganos del Estado.

De acuerdo con la reforma constitucional en materia de derechos humanos de 2011, se estableció la primacía de los mismos y por ello se hace indispensable que se adecuen las normas jurídicas para su efectivo cumplimiento. Nuestro país está viviendo una transición demográfica evidente.

De acuerdo con las proyecciones de población que estima el Consejo Nacional de Población, para 2025 y 2050 el número de adultos mayores aumentará a 17.2 y 32.4 millones, respectivamente. Lamentablemente, este grupo poblacional encuentra serias dificultades y una de las más lamentables es el abandono y los malos tratos de los que son víctimas, en muchas ocasiones por parte de sus propios hijos o sus familiares más cercanos.

Queda claro que el Estado mexicano tiene la obligación de implementar políticas públicas que tengan como fin mejorar la calidad de vida de los adultos mayores para que así tengan una vida digna.

La Organización Mundial de la Salud define el maltrato a los ancianos como un acto único o repetido que causa daño o sufrimiento a una persona de edad, o la falta de medidas apropiadas para evitarlo, que se produce en una relación basada en la confianza. Este maltrato puede adoptar diversas formas, físico, psíquico, emocional o sexual, y el abuso de confianza en cuestiones económicas, también puede ser el resultado de la negligencia sea ésta intencional o no.

El problema, según señala la propia OMS, es sumamente complejo y se estima que a nivel mundial cerca de una de cada 10 personas adultas mayores sufre malos tratos cada mes. Esta cifra constituye solo una estimación dado que el problema ha sido poco estudiado y no existen estadísticas fidedignas, lo que quiere decir que el maltrato puede tener una magnitud aún mayor de la que estamos hablando.

Nuestros ancianos sufren en silencio y la ley no los ha protegido. La Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, persigue objetivos loables, pero insuficientes, dado que no establece una pena para el abandono de los adultos mayores.

El Código Penal Federal vigente en su capítulo séptimo, dedicado al abandono de personas, solamente hace referencia al abandono de menores, cónyuges y personas accidentadas, excluyendo a un sector de la población extremadamente vulnerable y que es uno de los más afectados por el abandono. La impunidad para esta acción hace que se siga multiplicando.

Para Nueva Alianza es primordial asegurar que los adultos mayores no sean abandonados. Las y los diputados aliancistas queremos ser la voz de los más necesitados.

Por ello proponemos la creación de un nuevo tipo penal para castigar con pena privativa de la libertad a quien abandone a alguna persona de 60 años o más que por enfermedad, discapacidad, impotencia física o mental, le impida allegarse de los elementos indispensables para sobrevivir tales como alimentos, medicinas, tratamientos o terapias sanitarias, o que no puedan cuidarse por sí mismos.

Compañeras y compañeros legisladores, abandonar a un adulto mayor es un crimen. Hagamos que así se establezca en nuestro Código Penal. Es cuanto, diputada presidenta.

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Gracias, diputada Karina Sánchez Ruiz. Túrnese a la Comisión de Justicia para dictamen.

LEY DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez:Tiene la palabra por cinco minutos la diputada Ana Guadalupe Perea Santos, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 12, 21 y 40 de la Ley de Ciencia y Tecnología.

La diputada Ana Guadalupe Perea Santos:Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros Legisladores; medios que nos acompañan. Conscientes de que la inversión de recursos económicos en investigación científica y desarrollo tecnológico está relacionada con el desarrollo económico y nivel de bienestar de la población de un determinado país, el Poder Ejecutivo y el Legislativo han venido trabajando desde hace años para establecer un marco jurídico y condiciones presupuestales que empujen en esta dirección.

En congruencia con esta idea, el Plan Nacional de Desarrollo y el Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación 2014-218, incluyen como uno de sus objetivos hacer del desarrollo científico, tecnológico y la innovación, pilares para el progreso económico y social sostenible.

Para conseguir este objetivo se plantearon, entre otras estrategias, contribuir a que la inversión nacional en investigación científica y desarrollo tecnológico crezca anualmente y alcance un nivel del 1 por ciento del PIB, así como también contribuir a la formación y fortalecimiento del capital humano de alto nivel que haga frente a los retos científicos, tecnológicos que implica alcanzar dicho objetivo.

Con respecto a este último aspecto, en 2012 la proporción de investigadores en México, por cada mil integrantes de la población económicamente activa fue del 0.9 por ciento, cifra que no sólo está muy por debajo de los países avanzados como Alemania con 7.9 o el Reino Unido con 8.2, sino de muchos otros, incluso algunos países de América Latina, de acuerdo con esta estimación, tendrían que pasar 20 años para alcanzar los valores actuales de países como Argentina o Turquía, que cuentan con alrededor de 2.5 investigadores por cada mil miembros de su población económicamente activa.

Ante este panorama para generar capital humano de alto nivel, se han hecho esfuerzos importantes mediante el programa de becas Conacyt para realizar estudios de postgrado en México y en el extranjero; cerca del 20 por ciento del gasto nacional en ciencia y tecnología que corresponde al 0.15 por ciento del PIB 2013, se dedicó a rubros de educación de postgrado.

Sin embargo como se reconoce en el mismo Programa Especial de Ciencia y Tecnología, debido a la falta de oportunidades de empleo y a otros rezagos existentes, el capital humano no ha podido concluir las necesidades del país para incentivar la contratación de ex becarios de Conacyt. Se ha implementado el Plan de Retención y Repatriación de Investigadores Mexicanos y las cátedras Conacyt que junto con las plazas de centros de investigación públicos y de instituciones de educación superior, tanto públicas como privadas, constituyen una opción de empleo para los investigadores mexicanos.

Sin embargo estas opciones de empleo no son suficientes para el creciente número de científicos jóvenes mexicanos que habrán obtenido el grado de doctor tanto en México como en el extranjero.

Durante mi gestión como diputada de la presente Legislatura, he estado en contacto con investigadores y estudiantes de postgrado quienes me han manifestado su preocupación por la falta de oportunidad de empleos en México.

Es necesario incentivar la generación de fuentes de empleo y mejores salarios en nuestro país para los científicos mexicanos que constituyen, sin duda alguna, parte de la riqueza intelectual de México, son motivo de orgullo dado su alto nivel de preparación académica, así como la relevancia de su labor que trasciende no sólo en el ámbito científico, sino en términos de bienestar para la población, siempre y cuando se les permita hacer su labor y se les proporcionen los medios que requieren. La presente iniciativa tiene la finalidad de establecer el marco jurídico para no demorar más la implementación de dichas medidas ya que así lo requiere el país.

Actualmente el Conacyt atendió a las estrategias establecidas en el Programa Especial de Ciencia y Tecnología e Innovación 2014-2018, tiene programas como el PEI, Programas de Estímulos a la Innovación en lo que las empresas proponen proyectos de investigación y desarrollo tecnológico que de resultar elegidos, puedes recibir fondos por parte del gobierno federal para cofinanciar sus proyectos hasta por 20 millones de pesos.

Los únicos requisitos son: el RFC de la empresa y que éste se encuentre en el Registro Nacional de Instituciones y Empresas Científicas y Tecnológicas, Reniecyt, considerando el gran beneficio que obtienen las empresas tanto en términos económicos como de incremento de su acervo científico-tecnológico, así como también considerando la necesidad de crear puentes de empleo para los científicos en nuestro país.

Resulta completamente viable plasmar en la Ley de Ciencia y Tecnología el principio de que toda empresa privada que reciba un beneficio por parte del gobierno federal a través de los programas de Conacyt, retribuya a la sociedad mexicana dicho beneficio mediante la contratación de científicos mexicanos, además de cumplir con medidas establecidas en la ley referente a la evaluación y el ejercicio correcto de los recursos recibidos.

Mientras no haya expectativas realistas de que los científicos en nuestro país puedan encontrar trabajo con un salario acorde en su formación académica y a la relevancia de su trabajo el número de jóvenes que decidan ser científicos será bajo. Y por lo tanto, el déficit de estos profesionistas en el país continuará con los consecuentes impactos tecnológicos y económicos.

En razón de lo anterior, es pertinente mencionar que los países desarrollados, la inversión de las empresas en investigación y desarrollo es de hasta el 76.5 por ciento, como es el caso de Japón, o el 73.7 por ciento en el caso de Corea, el resto lo aportan los gobiernos y otras entidades.

En contraste, en México la mayor parte lo aporta el gobierno federal, alrededor del 60 por ciento. Si queremos aspirar como país a la independencia tecnológica y al nivel de desarrollo de estos países, es necesario que las empresas en México generen más conocimiento científico y tecnológico, no sólo como producto de vinculación con universidades y centros de investigación, sino también como producto de las actividades de investigación y desarrollo al interior de las empresas. Demos a nuestros científicos mexicanos el apoyo al tamaño de los retos que tienen que enfrentar, que sabrán responder al tamaño de su creatividad y conocimiento.

Por lo anteriormente expuesto someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto.

Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Ciencia y Tecnología

Único. Se reforma el artículo 21, inciso b), de la fracción II; el artículo 40, párrafo tercero; y se adiciona la fracción 21 al artículo 12.

Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, diputada presidenta.

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Gracias, diputada Perea Santos. Túrnese a la Comisión de Ciencia y Tecnología, para dictamen.

DICTÁMENES A DISCUSIÓN DE LEY O DECRETO

LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE DATOS DE PERSONAS EXTRAVIADAS O DESAPARECIDAS

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen de la Comisión de Seguridad Pública, con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 4 de la Ley del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas.

El Secretario diputado Raúl Domínguez Rex: «Dictamen de la Comisión de Seguridad Pública, con proyecto de decreto por el que se adiciona un inciso g) al artículo 4 de la Ley del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas

Honorable Asamblea:

La Comisión de Seguridad Pública de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39 y 45, numerales 6, incisos e) y f), y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 80, 82, numeral 1, 85, 157, numeral 1, fracción I, y 158, numeral 1, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás relativos de dicho ordenamiento presenta el siguiente:

DICTAMEN

Metodología

Esta Comisión, encargada del análisis y dictamen de la incitativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 4 de la Ley del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, presentada por el Diputado J. Jesús Zúñiga Mendoza, perteneciente al Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional efectúa el presente dictamen conforme al siguiente procedimiento:

I. En el apartado denominado Antecedentes , se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo y turno para el dictamen de la Iniciativa.

II. En el apartado C ontenido de la Iniciativa, se exponen los motivos y alcances de la propuesta en estudio, y se hace una síntesis de los temas que la componen, así mismo se presenta un cuadro comparativo, con el texto de la norma vigente y el texto legislativo que se propone.

III. En el apartado Consideraciones, los integrantes de esta Comisión dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos con base en los cuales se sustenta el sentido del dictamen.

I. Antecedentes

a. Con fecha 29 de abril de 2016 el diputado J. Jesús Zúñiga Mendoza integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó ante el Pleno, la iniciativa con proyecto de Decreto por la que se reforma el artículo 4 de la Ley Del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas.

b. Con fecha 23 de mayo de 2016, se recibió mediante oficio No. D.G.P.L. 63-II-1-1002 en la Comisión de Seguridad Pública dicha iniciativa para su estudio y dictamen.

c. Con la finalidad de un mejor análisis y estudio, esta Comisión solicito la prórroga correspondiente para emitir el dictamen a la iniciativa; dicha prórroga fue autorizada mediante oficio No. D.G.P.L 63-II-8-1509 de fecha de 26 julio de 2016.

II Contenido de la iniciativa

a. La iniciativa motivo de estudio propone reformar el inciso g) y adicionar un inciso h) a la fracción IV del artículo 4 de la Ley del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas; el iniciante señala que el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, tiene como propósito organizar y concentrar la información en una base de datos electrónica, sobre personas extraviadas o desaparecidas.

b. Continúa mencionando el Diputado que la antes mencionada Ley del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, establece que la aplicación corresponde al Ejecutivo Federal, a través del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

En ese mismo orden de ideas, continúa el proponente haciendo mención de forma precisa, que en el artículo 4 de la multicitada Ley, en específico en la fracción IV, se indica la manera en que se debe integrar el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, esto es, a partir de una serie de indicadores, entre los que se encuentran los siguientes:

• Sexo

• Edad

• Nacionalidad

• Localidad, municipio, entidad federativa en donde se originó el extravío o desaparición

• Origen étnico

• Si se trata de personas con alguna discapacidad y

• Otras, que por cuya relevancia sea necesario identificar.

c. Destaca el Diputado que es de suma importancia para la integración de este registro, agregar dentro de los indicadores de clasificación antes mencionados el componente de “Violencia de Género”; atendiendo al lamentable fenómeno cada vez más frecuente en niñas y mujeres dentro del territorio nacional.

El iniciante manifiesta que no existen cifras claras del número de niñas y mujeres que desaparecen diariamente y cuantas de ellas tienen una historia de violencia de género anterior a su desaparición. De conocer ese dato las investigaciones contarían con mayor información para su búsqueda y localización, y sobre todo, evidenciaría este componente de violencia hacia ellas por el hecho de ser mujer.

De acuerdo con la información proporcionada por el iniciante mediante un estudio realizado por la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM), señala que de 2012 a 2014 aumentó 255 por ciento el número de adolescentes féminas desaparecidas entre 15 y 17 años.

d. Menciona el Diputado que de modificar la legislación en comento pretende abonar a la identificación de cuáles son las causas adyacentes a la desaparición de niñas y mujeres en todo el territorio nacional, así como visibilizar la violencia de género.

Para una mejor comprensión, se muestra el siguiente cuadro comparativo:

III. Consideraciones

La Comisión de Seguridad pública examinó los méritos de la iniciativa del autor a la luz de una revisión del marco normativo vigente y propuesto, consulta de otros antecedentes legislativos, doctrinales y se enriqueció por la discusión del mismo en su reunión ordinaria.

En cuanto a los argumentos del Autor

1. Ésta Comisión dictaminadora encuentra que la Ley del Registro de Personas Extraviadas o Desaparecidas, tiene por objeto establecer y regular la operación, funcionamiento y administración del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, el cual es un instrumento de información del Sistema Nacional de Seguridad pública, con el fin de concentrar información en una base de datos electrónica, con el objetivo de tener un antecedente que facilite la localización de personas extraviadas o desaparecidas.

2. Se coincide con el espíritu del autor en el sentido que actualmente México vive un fenómeno creciente y alarmante de desaparición de mujeres y niñas, y que en este contexto, mientras más elementos tenga la autoridad encargada de integrar una carpeta de investigación, la búsqueda y localización se hará de manera más pronta y expedita.

3. En cuanto a la propuesta de reformar el artículo 4 de la Ley Nacional de Registro de Personas Extraviadas y Desaparecidas, esta comisión encuentra que la redacción actual de la norma ya contempla un inciso que permite a las autoridades anexar cualquier otro indicador que por cuya relevancia sea necesario identificar.

4. En el mismo orden de ideas, esta Comisión, considera fundamental reforzar la legislación en comento con la intensión de coadyuvar a la identificación de cuáles son las causas adyacentes a la desaparición de niñas y mujeres en todo el territorio nacional de forma apropiada, así como la emisión de protocolos de actuación de autoridades administrativas o judiciales, que deberán comunicar al Registro Nacional, mismo que se encarga de integrar la información de las personas extraviadas o desaparecidas.

5. Por tanto, se concuerda en que el Registro Nacional debe garantizar el apoyo en las investigaciones para su búsqueda, localización o ubicación de su familia y lugar de residencia cuyo contenido debe incluir dentro de la formación, materias específicas en Derechos Humanos, atención a víctimas de! delito y violencia de género, con implementación de programas y políticas públicas en dicha materia, en atención a niñas y mujeres en estado de vulnerabilidad, para lograr su efectividad.

6. La Comisión dictaminadora coincide con la propuesta que se analiza, ya que su contenido estaría vinculado al Registro de personas extraviadas o Desaparecidas como un dato a destacar esto es, si tiene o no antecedentes de género, así mismo reforzaría el seguimiento que se da a la violencia de género y que en relación al tema se encuentra regulado en otras normas, por lo que es admisible agregar el término historia de violencia de género a la Ley del Registro Nacional de Datos de Personas Desaparecidas.

Por lo anteriormente expuesto, esta Comisión dictaminadora somete a consideración de esta asamblea el siguiente proyecto de:

Decreto por el que se adiciona un inciso g) al artículo 4 de la Ley del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas.

Artículo Único. Se adiciona un inciso g), recorriéndose el actual g) para pasar a ser h) a la fracción IV del artículo 4 de la Ley del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, para quedar como sigue:

Artículo 4.La aplicación de la Ley le corresponde al Ejecutivo Federal a través del Secretariado Ejecutivo, el cual tendrá las siguientes facultades:

I. a III. ...

IV. ...

a) a e) ....

f) Si se trata de personas con alguna discapacidad;

g) Historia de violencia de género, y

h) Otras, que por cuya relevancia sea necesario identificar;

V. a IX. ...

...

Transitorio

Único.El presente decreto entrara en vigor al siguiente día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 22 de noviembre de 2016.

La Comisión de Seguridad Pública, diputados:Jorge Ramos Hernández (rúbrica), presidente; Francisco Escobedo Villegas (rúbrica), María Marcela González Salas y Petricioli (rúbrica), Carlos Iriarte Mercado (rúbrica), Liliana Ivette Madrigal Méndez (rúbrica), Mayra Angélica Enríquez Vanderkam (rúbrica), José Everardo López Córdova (rúbrica), María Cristina Teresa García Bravo (rúbrica), Cándido Ochoa Rojas (rúbrica), Manuel de Jesús Espino (rúbrica), Melissa Torres Sandoval (rúbrica), secretarios; Federico Döring Casar, Delfina Gómez Álvarez (rúbrica), Luis Alejandro Guevara Cobos, María Gloria Hernández Madrid (rúbrica), Álvaro Ibarra Hinojosa (rúbrica), Jesús Gerardo Izquierdo Rojas (rúbrica), Angélica Moya Marín (rúbrica), Abel Murrieta Gutiérrez (rúbrica), Jisela Paes Martínez, Adriana Sarur Torre (rúbrica), Alberto Silva Ramos (rúbrica), Jorge Tello López (rúbrica en abstención).»

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez:Tiene la palabra hasta por cinco minutos el diputado José Everardo López Córdova, para fundamentar el dictamen, de conformidad con el artículo 104, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados.

El diputado José Everardo López Córdova:Muchas gracias, presidenta. Compañeras y compañeros diputados, el combate a la inseguridad debe hacerse en todos los frentes, en todas las instancias y en todos los ciudadanos. Por eso cualquier dato que facilite las investigaciones, que dé elementos a las autoridades para generar tranquilidad y seguridad a la población es digno de tomarse en cuenta.

En ese sentido la Comisión de Seguridad Pública, encargada del análisis y dictamen de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 4o. de la Ley del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, la cual consideramos acertada, la propuesta sí se dictaminó en sentido positivo.

En el dictamen que se somete a votación se propone reformar el inciso g) y adicionar un inciso h) en la fracción IV del artículo 4o. de la Ley del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, con el propósito de organizar y concretar la información en una base de datos electrónica sobre personas extraviadas o desaparecidas.

Esta comisión dictaminadora encuentra que la Ley del Registro de Personas Extraviadas o Desaparecidas tiene por objeto establecer y regular la operación, funcionamiento y administración del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, el cual es un instrumento de información del Sistema Nacional de Seguridad Púbica, con el fin de concretar información en una base de datos electrónica con el objeto de tener un antecedente que facilite la localización de personas extraviadas o desaparecidas.

Como sabemos, actualmente México vive un fenómeno creciente y alarmante en la desaparición de familias enteras, pero especialmente de niñas y de mujeres, y que en este contexto mientras más elementos tenga la autoridad encargada de integrar una carpeta de investigación, la búsqueda y localización la hará de manera más pronta y expedita.

Por eso se considera fundamental reforzar la legislación en comento, con la intención de coadyuvar a la identificación de las cuales son las causas adyacentes en la desaparición de niñas y mujeres en todo el territorio nacional, así como la emisión de protocolos de actuación de autoridades administrativas o judiciales que deberán comunicar al Registro Nacional, mismo que se encargará de integrar la información de las personas extraviadas o desaparecidas.

Por tanto, se concuerda que en el Registro Nacional debe garantizar el apoyo a las investigaciones para su búsqueda, localización o ubicación de su familia y lugar de residencia, cuyo contenido debe incluir dentro de la formación materias especificas en derechos humanos, atención a víctimas del delito y violencia de género, con implementación de programas y políticas públicas en dicha materia, en atención a niñas y mujeres en estado de vulnerabilidad, para lograr su efectividad.

En ese sentido, se pide a todos ustedes su voto favorable a este presente dictamen. Estamos seguros que con ello contribuiremos a dar un instrumento más para combatir la inseguridad que vivimos en este país. Es cuanto, señora presidenta. Muchas gracias.

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Gracias, diputado José Everardo López Córdova.

Está a discusión en lo general y en lo particular, y de conformidad con el artículo 104, numeral 1, facción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados, se han registrado para fijar la posición de su grupo parlamentario los siguientes diputados y diputadas, quienes harán uso de la palabra hasta por cinco minutos cada uno. Por el Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, tiene el uso de la palabra la diputada Melissa Torres Sandoval.

La diputada Melissa Torres Sandoval:Con su venia, diputada presidenta. Honorable asamblea, para las y los diputados federales del Grupo Parlamentario de Encuentro Social, la protección y salvaguarda de los derechos de las mujeres es de la mayor importancia. Para nosotros es una responsabilidad el trabajar comprometidamente en el combate y erradicación de cualquier tipo de violencia, especialmente la de género.

En nuestra legislación en materia de personas extraviadas o desaparecidas no se contempla la inclusión de datos que nos permitan identificar las causas adyacentes en la desaparición de niñas y mujeres. De igual manera, no se establecen protocolos de actuación para que las autoridades inscriban dichas particularidades en la integración de la investigación o en el desarrollo del procedimiento judicial.

Lo anterior ha sido aprovechado de manera indebida por las autoridades de los tres órdenes de gobierno, con la finalidad de maquillar cifras y no evidenciar el grave problema de violencia que sufren las niñas y mujeres en nuestro país.

Sobre el particular, resulta necesario que el Registro Nacional de Personas Extraviadas y Desaparecidas cuente con la mayor información para dar con el paradero de las personas. En este sentido, con la ampliación de indicadores se apoya de mejor manera las labores de investigación y localización de las personas extraviadas o desaparecidas.

En tal sentido, con la adición de un inciso g), al artículo 4o. de la Ley del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas y Desaparecidas se adiciona un indicador, con la finalidad de identificar a las personas que se encuentran extraviadas o desaparecidas, con antecedentes de haber sufrido violencia de género.

Ahora bien, para tal fin se establece el término historia de violencia de género, para referirse a posibles antecedentes de violencia de género, particularmente a la que sufren niñas y mujeres.

Con la reforma, el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas y Desaparecidas contará con una nueva información que facilitará a las autoridades ministeriales y judiciales la persecución de delitos relacionados con violencia de género. Asimismo podrán contar con información valiosa que les permita deducir móviles más acertados, lo que se traducirá en mejores investigaciones, mayor éxito en la localización de personas y justicia a las víctimas.

Además, la reforma servirá para evitar la manipulación de cifras relacionadas con la violencia de género y feminicidios, lo cual permitirá apreciar con mayor claridad la gravedad de la incidencia de dichos delitos y su relación directa con el extravío o desapariciones.

En vista de la urgente necesidad de continuar avanzando en la labor de garantizar una vida libre de violencia a todas las niñas y mujeres de nuestro país, las y los legisladores federales de Encuentro Social votaremos a favor del presente dictamen, pues consideramos que la iniciativa traerá grandes avances en la persecución de delitos relacionados con la violencia de género y feminicidio. Asimismo, posibilitará la integración de una base de datos confiable, que permita conocer la gravedad real en la incidencia de dichos delitos. Es cuanto.

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Gracias, diputada Torres Sandoval. Esta Presidencia saluda la presencia del presidente municipal de Chalchihuitán, del estado de Chiapas, el señor Martín Gómez Pérez y sus acompañantes, la señora Agustina Rodríguez Pérez y Janeth Cristina Girón Díaz, invitados por el diputado federal Leonardo Rafael Guirao Aguilar, sean ustedes bienvenidos.

Para fijar la postura del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza tiene el uso de la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado Luis Manuel Hernández León.

El diputado Luis Manuel Hernández León:Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores, en esta ocasión me refiero al dictamen con proyecto de decreto por el cual se adiciona el inciso g) al artículo 4 de la Ley del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, cuya finalidad es incluir dentro de la clasificación, para integrar la información del registro, la historia de violencia de género.

Nuestro país está obligado por una diversidad de instrumentos internacionales a combatir y erradicar la violencia contra las mujeres, entre estos compromisos destacan la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, y la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

La ley que estamos reformando el día de hoy tiene por objeto establecer y regular la operación, funcionamiento y administración del Registro Nacional en comento.

De acuerdo a la propia ley, se trata de un instrumento de información del Sistema Nacional de Seguridad Pública que tiene como propósito organizar y concentrar la información en una base de datos electrónica sobre personas extraviadas o desaparecidas, así come de aquellas que se encuentren en establecimientos de atención, resguardo, detención o internación, y de las que se desconociesen sus datos de filiación, identificación y domicilio, con el objeto de proporcionar apoyo en las investigaciones para su búsqueda, localización o ubicación de su familia y lugar de residencia.

Todos hemos atestiguado el incremento inusitado de la violencia contra las mujeres en todo el territorio nacional. De acuerdo con la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, hasta el mes de noviembre de 2016 había 5 entidades federativas que habían recibido la declaratoria de alerta de violencia de género contra las mujeres y existe una docena que ha solicitado que ésta sea emitida.

Lo anterior es solo una muestra de la violencia que sufren las mujeres en el territorio nacional, y que lamentablemente, en algunos casos ha conducido a la desaparición. En Nueva Alianza consideramos que todas las instituciones del Estado deben trabajar en forma coordinada para combatir estas acciones y eso es precisamente lo que se persigue en esta reforma.

Mediante la inclusión del historial de violencia de género se puede incorporar en los datos de registro si se tienen o no antecedentes de violencia de género, lo que puede coadyuvar a reforzar el seguimiento que se da a este tipo particular de violencia. Es preciso robustecer nuestro marco jurídico para coadyuvar e identificar las causales de desaparición de niñas y mujeres en todo el país.

Se hace urgente también contar con los protocolos de actuación adecuados para que las autoridades administrativas o judiciales comuniquen esta circunstancia en aras de que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública incorpore su información en el registro nacional.

Compañeras y compañeros, en Nueva Alianza estamos decididos a terminar con las desapariciones de mujeres y niños, dotar a nuestras autoridades de las herramientas para conseguir dicho fin, ya que ésta es una responsabilidad ineludible.

Es urgente la localización de las más de 7 mil mujeres y niñas en esta lamentable situación y garantizar que no haya ni un caso más de mujeres desaparecidas o extraviadas. Por su atención, muchas gracias.

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Gracias, diputado Hernández León. Para fijar la postura del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano tiene el uso de la palabra, por cinco minutos, el diputado Manuel de Jesús Espino.

El diputado Manuel de Jesús Espino Barrientos:Con su permiso, diputada presidenta. Compañeras y compañeros legisladores, me parece que es importante destacar en lo que parece una inminente aprobación a esta iniciativa de ley, a la que se suma también la bancada de Movimiento Ciudadano. Destacar el solo hecho de proponer esta iniciativa y de que el pronunciamiento de las bancadas sea en sentido positivo es implícitamente una aceptación de lo que el gobierno federal o diversas dependencias del mismo han ocultado o negado recurrentemente. Me refiero al hecho de que en nuestro país existen y se incrementan las desapariciones de personas de una manera incontrolada.

Celebro que podamos aprobar hoy esta iniciativa, que ciertamente no va a resolver el problema de las desapariciones, pero aportará elementos o ayudará a recopilar elementos de información confiable para que las autoridades competentes puedan dar seguimiento a nivel de investigación y de toma de decisiones a los casos de desapariciones que se presentan todos los días en nuestro país. Pero fundamentalmente, en el caso de las mujeres, de niñas y mujeres que en este país padecen la violencia de género en su acepción de desaparición. Desaparición muchas de las veces forzada.

Es lamentable que el nivel del problema que tenemos en nuestro país en esta materia no haya dado anteriormente a las instituciones la capacidad o la decisión de enfrentar este problema de una manera sistemática, ordenada, eficaz.

Al día de hoy es difícil contar con información clara, precisa, del número de desapariciones que hay en nuestro país, insisto, fundamentalmente de mujeres, que no solamente se carece de información, la que existe disponible para las instituciones encargadas de atender este tema es imprecisa, es muchas veces incorrecta y eso también es causa de mala toma de decisiones o incluso de corrupción en la toma de decisiones para resolver ese tipo de casos.

Por estas razones y otras que pudiéramos aquí esgrimir, celebro que hoy estemos ya dictaminando esta iniciativa proveniente de la bancada del PRI, pero debemos reconocer tiene una perspectiva muy noble, muy loable y muy útil para el desempeño de las instituciones encargadas de resolver el problema de las desapariciones en nuestro país.

Ojalá logremos unanimidad en la votación para aprobar el proyecto de dictamen de esta iniciativa, que dará a nuestras instituciones competentes, elementos para reforzar y ser eficientes en su desempeño en este tema. Muchísimas gracias.

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Gracias, diputado Espino. Recibimos con agrado y saludamos a los regidores del municipio de Zacoalco de Torres, Jalisco, que nos acompañan en este recinto. Invitados por el diputado Jonadab Martínez García. Sean ustedes bienvenidos. De igual manera, saludamos al grupo de mujeres del municipio de Rayón, estado de México, que hoy nos acompañan. Invitadas por la diputada Claudia Sánchez Juárez. Sean ustedes bienvenidas.

Para fijar la postura del Grupo Parlamentario de Morena, tiene el uso de la palabra por cinco minutos, el diputado Jorge Tello López.

El diputado Jorge Tello López:Con su venia, diputada presidenta. Compañeros y compañeras diputadas. La violencia que se ejerce contra las mujeres, representa una grave violación a sus derechos humanos y un grave problema de salud pública, es un fenómeno que no reconoce ni edades ni clases sociales, y que desde luego se relaciona con múltiples casos de desaparición.

Así, el ejercicio de esta violencia que se manifiesta a través de agresiones físicas, sicológicas y/o sexuales, tiende a mermar el desarrollo de las mujeres, vulnera el goce de sus derechos y libertades fundamentales y su calidad de vida.

Sin duda muchas de las mujeres y niñas que desaparecen diariamente cuentan con antecedentes de haber sido víctimas de violencia de género en sus distintos tipos y ámbitos de violencia. En este contexto las mujeres son desaparecidas por sus propios victimarios o bien porque las mujeres huyen y se esconden de ellos.

Por ello la propuesta de modificación al artículo 4 de la Ley del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, se pone a consideración de este pleno y cobra especial relevancia al plantear se considere que dentro de la información de las personas extraviadas o desaparecidas que se integra en el registro nacional, la relativa a la historia de violencia de género.

Esto es, si la persona desaparecida cuenta con antecedentes de haber sido víctima de esta violencia, lo cual, como lo menciona la comisión dictaminadora, coadyuvaría a la identificación de las causas adyacentes de la desaparición de niñas y mujeres, reforzándose el seguimiento que se da a casos de violencia de género permitiendo a las autoridades el contar dentro de sus investigaciones con mayor información para realizar la búsqueda y lograr la localización de estas mujeres y niñas.

Esta es una aportación importante del Legislativo para fortalecer el andamiaje jurídico existente para atender la violencia que sufren miles de mujeres en este país, cuya manifestación más extrema y cruel es la violencia feminicida. Los crímenes de odio contra las mujeres, precedidos en muchos casos de su desaparición, lamentablemente van a la alza en varias regiones del país.

Así, basta señalar lo que está ocurriendo en esta ciudad capital donde durante los últimos meses se han perpetrado decenas de asesinatos de mujeres, lo que evidencia por una parte la desatención del gobierno capitalino hacia sus propias instituciones que se encargan de atender y prevenir la violencia contra las mujeres, y por la otra, la negativa reiterada para aclarar la alerta de violencia de género, como mecanismo que permite mejorar la calidad de vida de las mujeres.

A través de la implementación de un territorio determinado de diversas acciones necesarias para garantizar su derecho a una vida libre de violencia. Se trata de un mecanismo de protección de los derechos humanos de las mujeres, único en el mundo, que fue incorporado en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

Morena hace un respetuoso llamado a las autoridades federales correspondientes, es decir, a la Secretaría de Gobernación y a los gobiernos de las entidades federativas afectadas por el aumento de la comisión de estos crímenes de odio contra mujeres, para que sensibilicen ante el problema y se comprometan a prevenirlo y a atenderlo, y en una medida para lograrlo es declarando e implementando adecuadamente las alertas de violencia de género que en muchos casos tal pareciera que se hacen importantes esfuerzos, pero para que no se declaren hay evidente resistencia a ello.

Sabemos que el procedimiento previsto en la ley para declararlas es muy ambiguo e impreciso, y que las disposiciones reglamentarias correspondientes tal pareciere que están diseñadas para alargar y entorpecer y evitar se declaren las alertas de violencia de género.

Por lo que desde esta tribuna hacemos un respetuoso llamado a la Comisión de Igual de Género de esta Cámara, para que se dictamine la iniciativa que Morena presentó para simplificar y hacer más operativo el procedimiento para declarar la alerta de violencia de género, lo cual junto con medidas como las que se ponen a nuestra consideración en este dictamen, coadyuvarán a hacer efectivo el derecho que tienen todas las mujeres a vivir una vida libre de violencia.

Por ello el Grupo Parlamentario de Morena votará a favor de este dictamen que nos presenta la Comisión de Seguridad Pública. Es cuanto.

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Gracias, diputado Tello. Para fijar la postura del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, tiene el uso de la palabra por cinco minutos, la diputada Adriana Sarur Torre.

La diputada Adriana Sarur Torre:Con el permiso de la Presidencia. Vivir con violencia de género no es vivir. Vulnerar la esfera de derechos de las víctimas por no llevar un seguimiento a cada caso de violencia de género, puede provocar lo que un incidente termine en una desaparición forzada y llevarlo al extremo, un homicidio.

Venimos a tomar medidas contra aquél que hoy cometa violencia de género. Aquél cobarde que bajo el anonimato golpea a las mujeres y sigue libre por la vida porque cree que quedara impune. Impunidad que se termina con esta reforma, impunidad que termina –permítanme– porque quedará huella de cada antecedente de violencia de género en el historial de personas desaparecidas o extraviadas.

Sabemos que en la desaparición de personas el tiempo es vital. Por ello queremos defender esta reforma que dará inmediatamente un antecedente a las autoridades para actuar ante el feminicidio, los golpes y la violencia de género se terminan en una desaparición.

Por ellas, las que han sido desaparecidas, extraviadas, dejaremos huella de cada caso de violencia de género que se manifestará ante un registro ante las autoridades. Por ellas dotaremos a la autoridad de información suficiente para que no quede impune este delito. Por ellas crearemos la obligación de las autoridades para tomar en consideración, en los casos de desaparición forzada, el historial de cada violencia de género.

México vive importantes momentos de transformación, vive retos y desafíos en materia de seguridad, pero en materia de violencia contra la mujer, vive momentos de emergencia, donde es imperante tomar la realidad para transformarla y bajar estas estadísticas dramáticas.

Es momento de legislar y legislar a favor de retomar los estándares internacionales en materia de derechos humanos, de atención a víctimas de este delito. El legislar para transformar esta realidad de la violencia de género que todos hemos visto de cerca y hacer lo necesario para hacer un llamado urgente a las autoridades para detenerla.

Creemos en lo que propone este dictamen, creemos que es importante alertar a la sociedad y a las víctimas sobre este tema tan relevante y de tanta emergencia.

Creemos que este dictamen propone importantes alertas a la sociedad y a las víctimas a través de la generación de información que obren los registros de las personas extraviadas y desparecidas.

Creemos que es inaplazable vincular este Registro de Personas Extraviadas o Desaparecidas al historial de violencia o antecedentes de género, para reforzar el seguimiento que se da a estas violaciones de género.

Creemos que con esta reforma se escuchará el llamado de cientos de mujeres y niñas que han sido víctimas de violencia de género, porque hemos elevado la voz para reducir la vulnerabilidad que las atañen.

Revivir una y otra vez la violencia de género es potencializar los riesgos de un feminicidio o una desaparición, por eso será muy valioso el historial para las investigaciones de desaparición de personas o extravío de personas.

Es importante decir que legislar a favor de la inclusión del historial de la violencia de género es combatir el feminicidio, que es uno de los delitos que más lacera al país; es dar certidumbre a las autoridades para que cuando una persona sea detenida desde el inicio pueda tener un indicio de la peligrosidad de este individuo; es eliminar esta vulnerabilidad por la omisión de las autoridades de la persecución de sus antecedentes de violencia de género.

Nuestro deber es legislar para preservar derechos y libertades, votando a favor de reformas que alerten a la sociedad, que protejan a las víctimas y que ataquen esta debilidad institucional por falta de antecedentes que a estas personas cometen contra la violencia de género.

Los legisladores y las legisladoras del Partido Verde votaremos a favor de este Registro de Personas Extraviadas o Desaparecidas, para precisar en esta ley que deberá incluirse este Registro Nacional contra la violencia de género. Es cuanto, diputada presidenta.

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Gracias, diputada Adriana Sarur. Para fijar la postura del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, tiene el uso de la palabra por cinco minutos la diputada María Cristina Teresa García Bravo.

La diputada María Cristina Teresa García Bravo:Con su permiso, diputada presidenta. Compañeras y compañeros, el problema de la inseguridad por el que está pasando el país durante la última década ha creado un mar de impunidad que delata vacíos en la legislación, como en los procedimientos de la investigación por parte de las autoridades ministeriales para el esclarecimiento del destino de aquellas personas extraviadas o desaparecidas.

Por ello, la violencia contra las niñas y las mujeres ha sido una práctica permanente que ha estado presente a lo largo de la historia de nuestro país. Sabemos que la violencia ejercida contra las niñas y las mujeres representa una violación sistemática a sus derechos humanos, y constituye uno de los principales obstáculos para lograr una sociedad igualitaria y plenamente democrática.

Pese a ser la población mayoritaria en México, las niñas y las mujeres enfrentan cotidianamente la creciente violencia de género, dicha violencia constituye un problema de proporciones pandémicas, pues se sabe que al menos una de cada tres mujeres entre los 15 y los 49 años de edad en el mundo, ha sufrido maltrato y que en el peor de los casos es desaparecida o asesinada.

Históricamente, Ciudad Juárez, Chihuahua, ha sido el ominoso símbolo de tal fenómeno, que lamentablemente se ha extendido en todo el país, por el número de muertes y desapariciones de niñas y de mujeres con graves rasgos de violencia que continúan en total impunidad. De ahí la importancia que para el Partido de la Revolución Democrática y en el presente dictamen, de adicionar un inciso g), a la fracción IV del artículo 4 de la Ley del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, con el propósito de agregar la violencia de género dentro de los indicadores de clasificación que señala el sexo, edad y nacionalidad, a fin de atender el problema de las niñas y las mujeres que desaparecen diariamente en nuestro país.

Sin duda, este indicador surge como una respuesta para contener y eliminar la alarmante realidad que día a día nos sacude y obliga a buscar mayores garantías de seguridad frente al creciente y aterrador número de niñas y mujeres desaparecidas, quienes tienen una historia de violencia de género anterior a su desaparición.

Por ejemplo. El estudio realizado por la Red por los Derechos de la Infancia en México, señala que entre 2012 y 2014 el número de adolescentes desaparecidas de entre los 15 y 17 años de edad, se incrementó en un 255 por ciento, esto es una cifra realmente alarmante. A ello se le suma el número de casos de agresiones contra mujeres, lo que ha provocado el establecimiento de la Alerta de Género en los estados de Nuevo León, Oaxaca, Chiapas, Michoacán, Morelos, Veracruz y el estado de México.

Por eso, en esta coyuntura nacional se ha expresado la preocupación, reclamo y compromiso de establecer y regular la operación, funcionamiento y administración del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, como instrumento de información del sistema nacional de seguridad pública, a fin de organizar y concentrar la información en una base de datos electrónica sobre personas extraviadas o desaparecidas.

Por ello, compañeras y compañeros legisladores, las y los diputados del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática votaremos a favor del presente dictamen, porque estamos conscientes de que el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, al contar con el indicador de violencia de género, permitirá garantizar el apoyo efectivo a las investigaciones ministeriales para la búsqueda, localización y ubicación de niñas y mujeres que se encuentran restringidas en el ejercicio de su derecho a la libertad plena. Es cuanto, diputada presidente.

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Gracias, diputada García Bravo.

Para fijar la postura del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, tiene el uso de la palabra, por cinco minutos, la diputada Angélica Moya Marín.

La diputada Angélica Moya Marín:Con su venia, señora presidente. Diputadas y diputados, la violencia de género parece el pan de cada día para millones de mujeres de todas las edades y de cualquier condición socioeconómica.

Hasta el cansancio se ha hablado que hay que erradicar este mal y parece ser que las voces que desde esta tribuna se dicen y desde muchas otras, en muchos otros sectores, no se escuchan, no se oyen ni se quieren conocer.

Las alertas de género parecen premios a los estados, más que llamadas de atención, como en el caso del Estado de México –mi estado, por cierto– en donde las cifras de homicidio y desaparición de mujeres se ha incrementado en los últimos años y el gobierno se ha encargado sistemáticamente de minimizarlas.

Sabemos que el registro es una herramienta, como muchas otras que nos permiten identificar y obtener datos estadísticos de las personas extraviadas o desaparecidas y cualquier avance que permita seccionar u obtener algún dato adicional que permita su localización es bienvenido.

Sin embargo, consideramos que el planteamiento del dato estadístico a obtener puede generar confusión al secretariado, ya que el funcionario encargado de plasmar los datos se preguntará como hacer el vaciado de este dato estadístico.

En otras palabras, cómo determinar el dato de historia de violencia de género, el dato será, un sí, un no, un no se cuenta con la información o la descripción de la historia no queda clara.

Sin embargo, aunque ponemos el dedo en el renglón en este tema, los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional apoyaremos la iniciativa, porque si bien presenta inconvenientes, será función del secretariado hacer el vaciado de la información que permita obtener datos efectivos para la ulterior localización de la persona. Es cuanto, señor presidenta.

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Gracias, diputada Angélica Moya. Para fijar la postura del Grupo Parlamentario del PRI, tiene el uso de la palabra, por cinco minutos, el diputado Jesús Zúñiga Mendoza.

El diputado J. Jesús Zúñiga Mendoza:Con la venia, compañera presidenta. Compañeras y compañeros diputados, el día de hoy vengo en nombre de mi grupo parlamentario a pedirles su apoyo para la aprobación de este dictamen de gran importancia en la contribución social, jurídica y de género de este país.

Esta reforma al artículo 4 de la Ley del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas pretende clarificar la realidad de miles de mujeres en el país, al incorporar las causas adyacentes a la desaparición de niños, de niñas y mujeres de México.

Esto es, propone incorporar un componente atendiendo a una dolorosa realidad, como lo es la desaparición cada vez más frecuente de niñas y mujeres en el territorio nacional.

Ese componente es la violencia de género. Es importante recordar que la violencia contra las mujeres y niñas constituye un grave problema de salud pública y una violación de los derechos humanos de las mujeres.

En México el Inegi señala que 47 de cada 100 mujeres de 15 años y más, que han tenido al menos una relación de pareja han sido agredidas a lo largo de esa relación.

Un estudio realizado por la red Por los derechos de la infancia en México, señala que de 2012 a 2014 el número de adolescentes mujeres desaparecidas, de entre 15 y 17 años aumentó en 255 por ciento, pasando de 172 a 612.

La discriminación, la violencia, la desigualdad y la misoginia son realidades componentes de la violencia de género que viven miles de mujeres de este país y que desgraciadamente son elementos que fomentan la invisibilización de la desaparición de mujeres.

En muchas ocasiones las mujeres que hoy se encuentran desaparecidas se enfrentaron a distintas formas de violencia de género. Y que al denunciarlo no tuvieron eco en las autoridades o en la sociedad.

De conocerse este tipo, las investigaciones sobre su desaparición contarían con mayor información para su búsqueda y localización.

Por todo lo anterior, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional les pido su apoyo para la aprobación de ese dictamen, que seguramente contribuirá de lo mejor tan importante herramienta en el proceso de investigación. Muchas gracias, señora presidenta.

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Gracias, diputado Zúñiga Mendoza. Dentro de la etapa de discusión tiene el uso de la palabra, hasta por tres minutos, para hablar a favor de la iniciativa el diputado Vidal Llerenas, del Grupo Parlamentario del Morena.

El diputado Vidal Llerenas Morales:Con el permiso de la diputada presidenta. A mí en realidad lo que me preocupa y lo que quiero discutir del dictamen que hoy estamos analizando tiene que ver con que, por un lado, se hace una costumbre ya de esta Cámara que estamos aprobando iniciativas más garantistas, que establecen mayores obligaciones al Estado para poder respetar de mejor manera los derechos humanos para poder tener mayor transparencia. Pero, al mismo tiempo, hoy la Comisión de Seguridad Pública aprobó en positivo la opinión sobre el dictamen de seguridad interior.

En las iniciativas de seguridad interior se establece que la información que se genere con motivo de la aplicación de la presente ley será considerada de seguridad nacional, en los términos de la ley de la materia y clasificada de conformidad con ella, y las disposiciones aplicables en materia de transparencia y acceso a la información.

Es decir, lo que hoy estamos aprobando no tendrá lugar si se aprueba la Ley de Seguridad Interior, en virtud de que una posible violencia de género que sea objeto por parte de las Fuerzas Armadas en el marco de una seguridad interior no será pública la información porque será considerada de seguridad nacional. Es decir, al mismo tiempo en que estamos aprobando una legislación que ofrece más transparencia, estamos discutiendo y aprobando también en comisiones una legislación que quita transparencia.

Las iniciativas de seguridad interior también dicen que al realizar tareas de inteligencia las autoridades facultadas por esta ley podrán hacer uso de cualquier método de recolección de información. Es decir, estamos aprobando o estamos discutiendo una ley que bajo cualquier circunstancia, es decir, posiblemente bajo la tortura y posiblemente bajo la violencia de género, también pueden obtener información.

Me parece que estamos teniendo una discusión incompleta. Nos estamos lavando la cara aprobando iniciativas que supuestamente van a garantizar mayor información y, al mismo tiempo, hoy mismo en una comisión se está dando opinión a favor de una iniciativa de seguridad interior que, por el contrario, va a hacer que esta información, la de las víctimas, las de género, no pueda ser pública en virtud de que se va a clasificar como una iniciativa de seguridad nacional. Es decir, tenemos que actuar con congruencia e impedir que avancen estas iniciativas tan graves para el país, que van a avanzar simplemente en la militarización con menos controles civiles. Muchas gracias.

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Gracias, diputado Llerenas.

Agotada la lista de oradores, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular.

La Secretaria diputada Ernestina Godoy Ramos: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica, se consulta a la asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo, gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Presidenta, mayoría por la afirmativa.

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Suficientemente discutido en lo general y en lo particular.

Se pide a la Secretaría que abra el sistema electrónico por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular.

La Secretaria diputada Ernestina Godoy Ramos:Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular.

(Votación)

Está abierto el sistema. ¿Alguna diputada o diputado falta por emitir su voto? Está abierto el sistema; continúa abierto. ¿Alguna diputada o diputado falta por emitir su voto? Ciérrese el sistema de votación electrónico. Presidenta, se emitieron 403 votos a favor, 0 en contra. Perdón, perdón, presidenta. De viva voz el diputado César Augusto Rendón.

El diputado César Augusto Rendón García (desde la curul): A favor.

La Secretaria diputada Ernestina Godoy Ramos: Son 404 votos, presidenta, a favor.

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Aprobado en lo general y en lo particular por 404 votos el proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 4 de la Ley del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.

MINUTO DE SILENCIO

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez:Se solicita a las señoras y señores diputados un minuto de silencio por el sensible fallecimiento del señor José Luis Guevara Morales, padre de la diputada Yaret Adriana Guevara Jiménez, acecido el pasado viernes 3 de febrero en Huajuapan de León, Oaxaca.

(Minuto de silencio)

Gracias.

DICTÁMENES A DISCUSIÓN DE LEY O DECRETO

LEY FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES Y RADIODIFUSIÓN

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez:El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen de las Comisiones Unidas de Protección Civil y de Comunicaciones, con proyecto de decreto por el que se adicionan los artículos 19 de la Ley General de Protección Civil; y 118 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.

La Secretaria diputada Ernestina Godoy Ramos:«dictamen de las Comisiones Unidas de Protección Civil y de Comunicaciones, con proyecto de decreto por el que se adicionan una fracción XXX al artículo 19 de la Ley General de Protección Civil y una fracción IX al artículo 118 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión

Honorable Asamblea:

Con fundamento en las facultades conferidas por los artículos 39, 45 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 80, 84, 157 numeral 1 fracción I, 158 numeral 1 fracción IV, 171, 173, 174 y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados, estas Comisiones Unidas de Protección Civil y de Comunicaciones someten a consideración de los integrantes de esta Honorable Asamblea, el presente dictamen sobre la Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones a la Ley General de Protección Civil y de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, en materia de operación de redes públicas de telecomunicaciones, al tenor de los siguientes:

I.- ANTECEDENTES

A continuación se hace una relatoría sobre el trámite legislativo respecto del asunto que atañe a este dictamen:

1. En sesión celebrada por la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión en fecha 6 de septiembre de 2016, el diputado Joaquín Jesús Díaz Mena, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan diversas el artículo 118 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión y el artículo 19 de la Ley General de Protección Civil.

2. La Mesa Directiva, con identidad de fecha en sesión y mediante oficios número DGPL 63-II-3-1109 y DGPL 63-II-3-1110, acordó que se turnara para su dictamen a Comisiones Unidas de Protección Civil y de Comunicaciones, para su análisis y dictamen correspondiente, asignándole el expediente número 3495.

3. La Comisión de Protección Civil, con fundamento en el artículo 150, numeral 1, fracción VI del Reglamento de la Cámara de Diputados, dio cuenta a los integrantes de la referida Comisión sobre el asunto legislativo que nos ocupa, para efectos de emitir los comentarios correspondientes, y proceder a su atención y desahogo oportuno.

4. De igual manera, la Comisión de Comunicaciones hizo del conocimiento de los integrantes de esa Comisión el referido proyecto de iniciativa a través del diverso oficio, con fundamento en los artículos 150, numeral 1, fracciones VI y XIV Y 157 numeral 1, fracción I, ambos del Reglamento de la Cámara de Diputados, para que en su caso, se emitiesen los comentarios respectivos.

II.- METÓDO DEL DICTAMEN

Las Comisiones Dictaminadoras, con fundamento en el Artículo 176, numeral 1 del Reglamento de la Cámara de Diputados, determinan que la metodología idónea para el proceso de dictamen de la iniciativa que nos ocupa, será primeramente en exponer su contenido, contrastar la propuesta con el texto vigente que pretende modificar, y posteriormente glosar los argumentos de los iniciantes, proveyendo respuesta en la parte considerativa de este dictamen, para atender las pretensiones de la iniciativa.

De ahí que la estructura del presente dictamen, se desarrolle en un apartado de “Antecedentes” donde se indica la fecha de recepción ante el Pleno de la Cámara de Diputados, su turno y la materia sobre la que versa la proposición. Posteriormente, en el apartado de “Objeto y Contenido de la iniciativa”, se examina el contenido sustancial de la propuesta, los argumentos en que se sustenta y se determina el sentido y su alcance. Y por último, en el apartado de “Consideraciones”, estas Comisiones dictaminadoras realizan las reflexiones necesarias para motivar el sentido de resolución, el análisis y valoración mediante la evaluación de los argumentos planteados en la exposición de motivos, así como lo dispuesto en la legislación vigente aplicable para el caso en concreto.

III.- OBJETO Y CONTENIDO DE LA INICIATIVA

El objeto de la iniciativa es reformar la Ley General de Protección Civil para que la Coordinación Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Civil y el Instituto Federal de Telecomunicaciones Y Radiodifusión tengan mecanismos de coordinación, asimismo se propone adecuar la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión a efecto de que los concesionarios de telecomunicaciones eviten la interrupción del servicio por falta de energía eléctrica.

A continuación se glosan las principales manifestaciones del proponente de acuerdo a su exposición de motivos.

a) El proponente señala la importancia del Sistema Nacional de Protección Civil.

b) El proponente señala, en las últimas décadas en nuestro País los desastres de origen natural han hecho conciencia, tanto en los ciudadanos como en las autoridades, de la importancia de contar con disposiciones legales para atender las contingencias, pero aún más, de generar una cultura de la prevención.

c) El proponente afirma el tema de la protección civil en México es multidisciplinario, ya que contiene aspectos económicos, de participación conjunta entre sociedad y gobierno, de prevención y educación, pero requiere de leyes que respondan a las necesidades actuales, y que por tanto contengan acciones de prevención ante desastres naturales, en el escenario de mundo global y moderno.

d) El proponente menciona los muchos desastres naturales e incluso da testimonio de los acaecidos en las costas.

e) El proponente señala que el concesionario de redes públicas de telecomunicaciones debe contar con equipo tecnológico que garantice, que las redes de transmisión no se interrumpan por falta de suministro eléctrico. Es decir, debe contar con equipos de respaldo que proporcionen autonomía por un plazo no menor a 48 horas.

f) El proponente plantea adicionar una fracción al artículo 118 y adicionar un segundo párrafo al artículo 136, ambos de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, con lo cual los concesionarios tendrían la obligación antes señalada.

IV.- CONSIDERACIONES

A continuación se exponen los argumentos que sostienen la convicción de dictaminar en sentido positivo con modificaciones la iniciativa.

PRIMERA.Estas Comisiones Dictaminadoras resultan legalmente competentes para conocer del presente asunto, de conformidad con lo dispuesto en por los artículos 39 numeral 2, fracción XLI; 45, numeral 6, incisos e) y f), y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como 80, numeral 1 fracción VI; 81, numeral 2, 85, 157, numeral 1 , fracción I, 173, 174, 176 y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados.

La competencia por materia del asunto se surte en razón de que se pretende actualizar una norma de la legislación general en materia de protección civil, cuyo ámbito de competencia le corresponde a la Comisión de Protección Civil de esta Cámara de Diputados, órgano parlamentario que conoce de iniciativas de ley relacionadas con la Ley General de Protección Civil.

En lo que atañe al ámbito de la Comisión de Comunicaciones, se valida su competencia, en lo que se refiere a lo propuesto en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (En lo sucesivo, LFTR ).

SEGUNDA.Estas Comisiones Unidas de Protección Civil y de Comunicaciones, previo estudio y ponderación del asunto, determinan aprobar la iniciativa que nos ocupa, con algunas modificaciones y precisiones que se hacen con el objeto de que haya una mejor redacción y precisar los alcances de la propuesta de iniciativa.

Bajo tal tesitura, éstas dictaminadoras consideran que es deseable evitar la pérdida de telecomunicaciones ante la ocurrencia de un fenómeno perturbador.

TERCERA.Es de notarse que los efectos adversos que causan los fenómenos perturbadores son lamentables y se vislumbra la importancia de las telecomunicaciones en tales eventos.

CUARTA.Particularmente, la Comisión de Protección Civil hace notar que en los términos de la iniciativa de marras, la adición de una fracción que faculte a la Coordinación Ejecutiva del Sistema Nacional para promover los mecanismos que eviten la perdida de telecomunicaciones en la presencia de fenómenos perturbadores es deseable.

QUINTA.En lo que corresponde a la reforma a la fracción IX del Artículo 118 de la LFTR, se considera procedente la adición en los términos de la iniciativa, ya que se debe tomar que “en cuenta en dichos escenarios, las redes de transmisión no se interrumpan por falta de suministro eléctrico”

Por lo anteriormente expuesto y fundado, estas Comisiones Unidas de Protección Civil y de Comunicaciones, someten a la consideración del Pleno el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XXX ALARTÍCULO 19 DE LA LEY GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y UNA FRACCIÓN IX AL ARTÍCULO 118 DE LA LEY FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES Y RADIODIFUSIÓN

Artículo Primero. Se adiciona una fracción XXX, pasando el actual XXX a ser XXXI al artículo 19 de la Ley General de Protección Civil, para quedar como sigue:

Artículo 19. ...

I. a XXVIII. .,.

XXIX. Proponer, en coordinación con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, los modelos de contratación de seguros e instrumentos financieros de gestión de riesgos, que garanticen a la Federación las mejores condiciones en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes;

XXX. Promover en colaboración con el Instituto Federal de Telecomunicaciones, que los concesionarios que operen redes públicas de telecomunicaciones, la inclusión de respaldo de energía eléctrica ante la presencia de fenómenos perturbadores, en los términos de esta Ley, y

XXXI. ...

Artículo Segundo.Se adiciona una fracción IX, pasando el actual IX a ser X al artículo 118 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, para quedar como sigue:

Artículo 118 . ...

I. a VII. ...

VIII. En el caso de que no exista en una localidad determinada otro concesionario que proporcione servicios similares, el concesionario que preste servicio en dicha localidad, de conformidad con las condiciones que establezca su respectiva concesión, no podrá dejar de ofrecer la prestación de los servicios, salvo causa de fuerza mayor o que cuente con autorización expresa del Instituto;

IX. Establecer mecanismos, de acuerdo a las condiciones operativas y económicas, y protocolos para evitar que los servicios se interrumpan por falta de suministro de energía eléctrica ante situaciones de emergencia y desastres, por un plazo no menor de 48 horas, y

X. ...

TRANSITORIO

Único. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

La Comisión de Protección Civil, diputados:María Elena Orantes López (rúbrica), presidenta; Héctor Javier Álvarez Ortiz, Noemí Zoila Guzmán Lagunes (rúbrica), Enrique Rojas Orozco (rúbrica), Héctor Barrera Marmolejo (rúbrica), Gerardo Gabriel Cuanalo Santos (rúbrica), Alberto Martínez Uricho (rúbrica), Araceli Madrigal Sánchez (rúbrica), Edith Villa Trujillo (rúbrica),Édgar Spinoso Carrera, secretarios; Jesús Emiliano Álvarez López (rúbrica), Kathia María Bolio Pinelo (rúbrica), Rubén Alejandro Garrido Muñoz, Flor Ángel Jiménez Jiménez, Luis Gilberto Marrón Agustín, Gianni Raúl Ramírez Ocampo (rúbrica), Gabriela Ramírez Ramos, Carlos Sarabia Camacho (rúbrica), Cristina Sánchez Coronel (rúbrica), Ricardo Taja Ramírez.

La Comisión de Comunicaciones, diputados: Ivonne Aracelly Ortega Pacheco (rúbrica), presidenta; Rosa Guadalupe Chávez Acosta (rúbrica), María de la Paz Quiñones Cornejo (rúbrica), Francisco Saracho Navarro (rúbrica), Wendolin Toledo Aceves (rúbrica en contra), Renato Josafat Molina Arias (rúbrica), Cynthia Gissel García Soberanes (rúbrica), secretarios; Tristán Manuel Canales Najjar, Blanca Margarita Cuata Domínguez (rúbrica), Víctor Manuel Silva Tejeda (rúbrica), Marco Antonio Gama Basarte (rúbrica), Claudia Sánchez Juárez (rúbrica), Lluvia Flores Sonduk (rúbrica), David Gerson García Calderón (rúbrica), Sofía del Sagrario de León Maza, Julieta Fernández Márquez, Noemí Zoila Guzmán Lagunes (rúbrica), Carlos Gerardo Hermosillo Arteaga (rúbrica), Mario Machuca Sánchez (rúbrica), Arlette Ivette Muñoz Cervantes (rúbrica), Francisco Xavier Nava Palacios (rúbrica), Santiago Taboada Cortina (rúbrica), María Eloísa Talavera Hernández (rúbrica), José Luis Toledo Medina, Francisco Alberto Torres Rivas (rúbrica), Brenda Velázquez Valdez (rúbrica), Salvador Zamora Zamora (rúbrica).»

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez:Tiene la palabra hasta por cinco minutos la diputada María Elena Orantes López, para fundamentar el dictamen de conformidad con el artículo 104, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados.

La diputada María Elena Orantes López:Muy buenas tardes y muchas gracias, presidente. En nombre de las Comisiones Unidas antes mencionadas, y en base al artículo 118 y 136, estamos hoy poniendo a consideración de todos ustedes un dictamen que sin duda alguna podrá transformar y prevenir el tema en los riesgos que de distintos fenómenos puedan ser en los municipios o en las entidades federativas para que puedan las telecomunicaciones en sus modalidades poder dar un servicio a la población.

Esto, sin duda alguna, facilitará la coordinación ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Civil para poder promover todo tipo de mecanismos que eviten la pérdida de telecomunicaciones en la presencia de fenómenos perturbadores.

Esto tiene el objetivo de poder visualmente proceder al auxilio de la población ante fenómenos de todo tipo. Suspenden regularmente las autoridades el servicio de energía eléctrica para poder prevenir otro tipo de accidentes.

Sin embargo esto hace que las torres que permiten la difusión de la señal de telecomunicaciones interrumpan sus operaciones dejando incomunicadas a las ciudadanas y a los ciudadanos.

En consecuencia y en caso de aprobar este dictamen, daremos las facultades a las autoridades conjuntamente con las concesionarias para que puedan haber mecanismos y poder generar la infraestructura para poder dar resultados más satisfactorios. Esto es importante la colaboración del sistema con las telefónicas para poder generar un beneficio a la población, lo cual es estratégicamente necesario y urgente.

El objetivo principal de la Comisión de Protección Civil a la que tengo el honor de presidir, es impulsar establecimientos de políticas vinculadas a la gestión de riesgos de desastre. Dentro de los tres órdenes de gobierno para poderlo fortalecer municipal, estatal y federalmente la previsión, resiliencia a través de los trabajos consolidando unas subcomisiones que en el trabajo legislativo hemos dado para poder responder de manera inmediata a todos los temas que en mi calidad de presidenta hemos realizado y revisado con mis compañeras y compañeros de las distintas fuerzas parlamentarias que trabajamos en la prevención y sobre todo, en las vidas humanas que no pueden tener un precio.

Las empresas y el gobierno pueden establecer sinergias, pueden coordinar sus actividades y pueden transparentar sus acciones, con esto los esfuerzos se pueden potencializar y fortalecer el Estado mexicano en una atención integral a la población, lo cual puede tener origen en los siniestros y en los riesgos que de manera permanente suscitan en cualquier comunidad o localidad en nuestro país.

En consecuencia, y de hacer viable esta confluencia y de tener el voto a favor de todos los aquí presentes, esto podría ser vinculado a que se faciliten las acciones en los desastres, que las instancias operativas puedan promover una rápida recuperación de las comunicaciones y sus mecanismos de desarrollo. Es importante manifestar que activa la comunicación, lo cual es fundamental porque eso generará un proceso de prevención, que es el objeto natural de esta comisión a mi cargo eficientarla permanentemente y dar resultados óptimos, pero sobre todo al prevenir es vivir y eso es fundamental en esencia.

Las comunicaciones permiten un enlace de información a las familias y en las zonas de desastre; y es por eso que en Movimiento Ciudadano vemos con buenos ojos este dictamen que votaremos a favor, porque todo lo que pueda hacer para prevenir en el marco de esta Cumbre Mundial, a celebrarse en nuestro país en mayo próximo, será el referente de que estamos listos, a la vanguardia y que sólo nos quedan tareas pendientes, como es poder cumplir con lo signado en los acuerdos internacionales.

Así que, como presidenta de la Comisión de Protección Civil y de Comisiones Unidas, hago propio para poder expresar a todos ustedes su voluntad y su voto a favor de este dictamen tan importante y tan sensible para las familias mexicanas. Muchas gracias, presidenta.

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Muchas gracias, diputada María Elena Orantes. Previa lectura, consulte la Secretaría a la asamblea si se aceptan las modificaciones propuestas por la diputada María Elena Orantes López a nombre de la comisión. Previa lectura, secretario.

La diputada María Elena Orantes López(desde la curul): Presidenta.

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Tiene el uso de la palabra la diputada María Elena Orantes. No tiene sonido en la curul.

La diputada María Elena Orantes López (desde la curul): Gracias, presidenta. Nada más expresar que también han solicitado las Comisiones Unidas presentar en este proyecto una modificación al texto del artículo 118, fracción IX, que únicamente diría: Promover los mecanismos de acuerdo a las condiciones operativas y económicas de todos los concesionarios.

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Gracias, diputada. Estamos solicitando a la Secretaría que dé lectura. Previa lectura, consulte la Secretaría a la asamblea si se aceptan las modificaciones propuestas por la comisión.

El Secretario diputado Andrés Fernández del Valle Laisequilla: Por instrucciones de la Presidencia, se da lectura:

Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Diputada presidenta, mayoría por la afirmativa.

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Gracias, secretario.

En consecuencia está a discusión en lo general, con las modificaciones propuestas por la comisión, que se encuentran ya en los monitores de sus curules y que son aceptadas por la asamblea.

De conformidad con el artículo 104, numeral 1, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados, se han registrado para fijar la posición de su grupo parlamentario, las siguientes diputadas y diputados, quienes harán uso de la palabra por cinco minutos cada uno. Por el Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, tiene el uso de la palabra la diputada Refugio Trinidad Garzón Canchola.

La diputada Refugio Trinidad Garzón Canchola:Con su venia, diputada presidenta. Honorable asamblea, buenas tardes a todos y a todas y a cada uno de los presentes, así como a quienes nos ven por medio de la señal del Canal del Congreso.

En nuestro país se han registrado múltiples fenómenos naturales catastróficos, en los que miles de personas han perdido la vida. Por mencionar algunos, están las inundaciones en el estado de Tabasco; el sismo del 7 de junio de 2014, en el estado de Chiapas, afectando 3 mil viviendas y distintos planteles escolares, así como edificios de gobierno, etcétera; ciclones y tormentas tropicales, que con frecuencia se presentan en nuestras costas mexicanas.

Los procedimientos y protocolos a seguir por parte de Protección Civil muchas veces no tienen una efectiva difusión para que la ciudadanía sepa qué hacer ante un fenómeno de esta naturaleza.

El dictamen que hoy se presenta a discusión abona a resolver una preocupación que resulta alarmante para muchas familias. Nos referimos a la incertidumbre de los procedimientos y protocolos que deberían seguirse en casos de emergencia.

La propuesta que hoy nos ocupa aporta a grandes beneficios en el desarrollo del sistema de protección civil, estableciendo mecanismos de coordinación entre la coordinación ejecutiva del sistema nacional de protección civil y el Instituto Federal de Telecomunicaciones.

Resulta de la más alta relevancia la posibilidad de supervisar que los concesionarios de telecomunicaciones y radiodifusión mantengan el respaldo de energía eléctrica para que en caso de un fenómeno perturbador, la ciudadanía sepa cuáles son los protocolos de actuación. Es un avance de gran trascendencia.

El tema de comunicación y protocolo de actuación en situaciones de fenómenos naturales no son tema menor; por lo tanto, los legisladores debemos respaldar toda iniciativa que pretenda fortalecer la capacidad de respuesta de nuestras instituciones para brindar con ello una mayor seguridad a la ciudadanía.

Conscientes que en los últimos años los desastres naturales aumentan en cantidad e intensidad, por lo tanto, el robustecer las medidas de protección bridará la mayor seguridad a las familias mexicanas, quienes contarán con información oportuna y en todo momento de las instituciones encargadas de salvaguardar la integridad de cada mexicano.

De este modo, los concesionarios tendrán necesariamente que contar con el equipo técnico especializado para no perder la potencia eléctrica y seguir con la transmisión de la información importante a seguir en los casos de emergencia.

Es por ello que en el Grupo Parlamentario de Encuentro Social votaremos en favor del presente dictamen, toda vez que atiende al beneficio de la vida y de las familias mexicanas, temas que nos merecen total atención y respaldo de su seguridad ante los desastres naturales que se presentan en nuestro país. Por su atención, muchas gracias.

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Gracias, diputada Garzón Canchola. Tiene el uso de la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado Jesús Rafael Méndez Salas, para fijar la postura del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.

El diputado Jesús Rafael Méndez Salas:Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados, amigos de los medios de comunicación, los desastres naturales representan un riesgo latente sobre la población.

En las últimas décadas hemos sido testigos de innumerables de ellos, toda vez que han ido en aumento, tanto en frecuencia como en intensidad y, por consiguiente, en las consecuencias y devastación que dejan a su paso por la tierra.

Dicha situación ha generado la creación de esquemas de prevención, protección y salvaguarda de la integridad de las personas y sus bienes, en caso de ocurrir algún desastre.

Se ha avanzado mucho en la materia a partir del sismo de 1985, día a día los mexicanos vamos adquiriendo una mayor cultura de la protección civil, desde el Estado se concibe como un tema multidisciplinario, ya que contiene aspectos económicos, de participación conjunta entre sociedad y gobierno, de prevención y de educación que se ha reforzado desde diferentes ámbitos.

Hoy, el dictamen que nos presentan las Comisiones Unidas de Protección Civil y de Comunicaciones, por el cual se adicionan diversas disposiciones a la Ley General de Protección Civil y de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión va justamente en ese camino.

El objetivo es reformar la ley con el propósito de establecer la obligación para los concesionarios de telecomunicaciones, de contar con respaldo de energía eléctrica que garantice la continuidad de los servicios, al menos por 48 horas, en caso de situaciones de emergencias y desastres.

Recordemos que las telecomunicaciones nos apoyan a estrechar el vínculo social en casos de emergencia, además de la importante labor de generación y transmisión de información, ya que desde los primeros momentos de ocurridos los desastres son, en muchas ocasiones, las única fuente por la cual la población puede enterarse de qué es lo que debe hacer ante el fenómeno y de esta manera salvar vidas.

Por ello, es indispensable que ante la ocurrencia de cualquier desastre se garantice un flujo de información constante que no sea interrumpido por falta de energía eléctrica.

En Nueva Alianza nos hemos pronunciado por la importancia de reforzar la cultura de la prevención y la protección civil, pues si bien no podemos saber a ciencia cierta el momento exacto en el que va a ocurrir un fenómeno natural es necesario que estemos lo mejor preparados posible ante su aparición. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, diputada presidente.

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Gracias, diputado Méndez Salas. Para fijar la postura del Grupo Parlamentario de Morena tiene el uso de la palabra, por cinco minutos, la diputada Blanca Margarita Cuata Domínguez.

La diputada Blanca Margarita Cuata Domínguez:Estoy orgullosa de pertenecer a esta LXIII Legislatura y me gustaría que los 500 diputados dejáramos huella de nuestro trabajo a beneficio de la gente, que quedara en la historia por haber hecho un bien a los mexicanos y dejar una sociedad más justa e igualitaria.

Con su venia, presidenta. En nuestro país existen aún graves deficiencias en materia de protección civil, fundamentalmente en lo relativo a generar una verdadera y auténtica cultura de la prevención de desastres.

Podríamos señalar que las políticas públicas que se han implementado en esta materia no han sido acertadas, a pesar de que la administración de Enrique Peña Nieto, a través de la Secretaría de Gobernación, ha señalado que la política pública de la protección civil se ha reorientado de un enfoque reactivo hacia uno preventivo, para fortalecer la capacidad de respuesta, contando con mayores recursos humanos, financieros y materiales, que permitan atender los retos de reducir la vulnerabilidad ante la presencia de agentes perturbadores.

Menciono esto porque se han tenido experiencias catastróficas recientemente, como la tormenta tropical Ern, que en agosto del año pasado provocó lamentablemente pérdida de vidas y causó importantes estragos que se tradujeron en miles de dólares en pérdidas materiales.

Así, las graves afectaciones y sus secuelas que no pudieron ser prevenidas, pese a que el gobierno federal presume fortalecer el enfoque preventivo del Sistema Nacional de Protección Civil. Por ello es importante fomentar de manera real el enfoque preventivo y las modificaciones a los ordenamientos que se ponen a nuestra consideración, que estimamos contribuirán a lograrlo.

Será importante vigilar que en su momento que tanto el IFT como la Secretaría de Gobernación hagan valer estas disposiciones, mismas que no son vinculatorias para que los concesionarios que operen redes públicas de telecomunicaciones las cumplan y observen.

Porque, de otra manera, no tendrían ningún sentido y las y los usuarios de esas redes que resulten afectados por fenómenos perturbadores no podrán comunicarse con sus familiares o con las propias autoridades en caso de requerir auxilio; lo que desafortunadamente es muy común que suceda y lo que dificulta atender con mayor eficacia los desastres que se presentan, reconociendo que nuestro país se encuentra expuesto a diversos fenómenos, tanto naturales como antropogénicos, que provocan pérdidas humanas y materiales.

De todos es sabido que cuando ocurren estos fenómenos, principalmente de naturaleza climática, una constante es la interrupción del suministro de energía eléctrica que de manera inmediata afecta a las redes públicas de telecomunicaciones, que dicho sea de paso en muchos casos el servicio que prestan los concesionarios de estas redes dejan mucho que desear con deficiencias que afectan a las y los usuarios. Sin embargo, es necesario y urgente dar pasos firmes para velar por la seguridad de la ciudadanía.

Por tanto, el Grupo Parlamentario de Morena, acompañará con su voto a favor el dictamen que se pone a la consideración de este pleno, ya que compartimos la consideración de las comisiones dictaminadoras en cuanto a que es necesario y deseable que se evite la pérdida de telecomunicaciones ante la ocurrencia de fenómenos perturbadores. Es cuanto, señora presidenta.

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Gracias, diputada Margarita Cuata. Para fijar la postura del Grupo Parlamentario del Partido Verde, tiene el uso de la palabra, por cinco minutos, el diputado Mario Machuca Sánchez.

El diputado Mario Machuca Sánchez:Con su venia, presidenta; diputados, diputadas. Con la finalidad de fundamentar los motivos de nuestro voto a favor del presente dictamen, es necesario referir que de acuerdo con las estimaciones del Banco Interamericano de Desarrollo, en los últimos años los desastres asociados a los fenómenos naturales han causado un promedio anual de cinco mil muertes, además de daños económicos que superan los tres mil 200 millones de dólares, tan solo en América Latina y El Caribe, a dicha cifra equivalente a casi la mitad del volumen de los préstamos que concede precisamente el Banco Interamericano de Desarrollo, habría que sumarle además, los innumerables incidentes de menor escala que acumulan y socavan significativamente el desarrollo local de las comunidades.

En el caso particular de nuestro país, entre 1980 y 1999, se registraron 75 desastres naturales de magnitudes considerables con 10 mil muertos y cientos de miles de damnificados, daños económicos por más de nueve mil 600 millones de dólares, sin contar los efectos indirectos de estos como la interrupción de los flujos de producción y de servicios, los cuales se calculan en al menos 200 millones de dólares anuales.

De igual forma, estadísticas del Inegi señalan que durante el periodo comprendido del año 2000 a 2012 los daños causados por las lluvias, las sequías y huracanes, han ido en aumento en nuestro país y acumulan pérdidas económicas por 284 mil 351 millones de pesos, equivalentes al presupuesto anual que en su conjunto se asignan a la Secretaría de Salud, a la Secretaría de Desarrollo Social y a Seguridad Pública.

Terremotos tan devastadores como el de la Ciudad de México en 1985, huracanes como Wilma, Gilberto Stan, Paulina, Odile, Ingrid y Manuel; inundaciones como las sufridas en el estado de Tabasco e innumerables incendios forestales, deben hacernos comprender el grado de exposición de nuestro país ante la potencia de los fenómenos naturales.

Lo anterior genera la necesidad de reconocer que México es altamente vulnerable no solo por la extensión y características de su geografía y diversidad ecosistémica, sino también por la naturaleza y la desigualdad que lamentablemente sigue caracterizando a nuestra sociedad, así como por el proceso rápido de urbanización de muchas de nuestras ciudades.

Dicho reconocimiento debe de implicar necesariamente la planeación, prevención e implementación de políticas públicas encaminadas al fortalecimiento de la resiliencia de nuestra sociedad para todos desde nuestro respectivo ámbito de competencia y que podamos colaborar para resguardar, proteger y salvar al mayor número de vidas cuando se presenten fenómenos naturales que ponen en riesgo la integridad de nuestra población.

Bajo esta lógica, la consolidación de una cultura de prevención que incluya el diseño de protocolos de acción, los cuales nos indiquen con precisión qué hacer una vez que ha ocurrido un fenómeno perturbador, necesita desde luego aprovechar al máximo los recursos ofrecidos por la tecnología para ponerlos al servicio de la protección civil y lograr con ello que la desesperación derivada de la falta de información cueste más vidas u obstaculice las labores para poner a salvo a la población.

Es por ello que el dictamen puesto a nuestra consideración es de gran valía, ya que otorga a la Coordinación Nacional de Protección Civil la facultad de promover la colaboración con el Instituto Federal de Telecomunicaciones para que todas aquellas concesiones que operen con redes públicas de telecomunicación, tengan un protocolo de suministro de energía de acuerdo con sus condiciones económicas de cada concesión y de operatividad que les permita garantizar la continuidad de sus servicios frente a situaciones de emergencia y de desastres.

Por lo anteriormente expuesto quienes formamos parte del Partido Verde Ecologista, votaremos a favor del presente decreto pues este, sin duda, contribuye a elevar nuestra capacidad para superar los eventos perturbadores a los que como país estamos expuestos. Muchas gracias, diputadas; es cuanto, diputada presidenta.

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Gracias, diputado Mario Machuca. Esta Presidencia saluda con gusto la presencia de invitados especiales de Jiutepec, Morelos, invitados por el diputado Edmundo Javier Bolaños. Sean ustedes bienvenidos.

Para fijar la postura del Grupo Parlamentario del PRD, tiene el uso de la palabra por cinco minutos la diputada Lluvia Flores Sonduk.

La diputada Lluvia Flores Sonduk:Gracias, señora presidenta. Compañeras y compañeros, el dictamen que hoy presentados por las Comisiones Unidas de Protección Civil, y de Comunicaciones, representa el reconocimiento del interés público que tienen las telecomunicaciones en México particularmente.

En la iniciativa original presentada a las comisiones unidas, se propone dotar de una coordinación ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Civil, la atribución legal que le permita coordinarse con el Instituto Federal de Telecomunicación, para supervisar a los concesionarios de las redes de telecomunicaciones y radiodifusión, quienes tendrán que incluir en sus sistemas de suministro, el respaldo de energía eléctrica para la operación de redes públicas de telecomunicaciones, así como protocolos para prever su uso continuo ante emergencias y desastres naturales.

Por supuesto que en el artículo 17 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión se establecen las pautas que se seguirán en áreas de dicho interés público en situaciones de contingencia, incluyendo ahí los desastres naturales.

En dicho artículo que prevé incluso la opción de requisar las instalaciones y equipamiento con el fin de asegurar las trasmisiones y su contenido –en caso de dichos desastres.

Asimismo, el proyecto de adición que se propone al artículo 19 de la Ley de Protección Civil es pertinente. El Grupo Parlamentario del PRD ha mantenido desde su origen que el interés público de las transmisiones de telecomunicación y radio, debe responder a las necesidades de la población, no solamente se deben de utilizar como un instrumento meramente de comercio.

El proyecto que se nos presenta se encuentra en la esfera de dicho interés público por el que nos hemos mantenido muy atentos. Si bien es lógico pedirle a los concesionarios de las telecomunicaciones que dentro del equipamiento cuenten con los medios para que en caso de interrupción del suministro público de energía, puedan seguir operando con sus propios equipos, particularmente grandes consorcios. Dicho sea de paso que cuentan con los recursos para así hacerlo.

Quiero concluir señalando nuestra posición con mucha claridad, estamos a favor del dictamen por lo que se asegura el interés público de las telecomunicaciones y su continuidad.

Antes de concluir, compañeros y compañeras, quisiera hacer el reconocimiento a la mesa por incluir nuestras observaciones al artículo 118, fracción IX de la Ley de Telecomunicaciones en donde claramente se ve por los que menos tienen. Muchas gracias. Gracias compañeros y compañeras.

La Presidenta diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Gracias diputada Lluvia Flores Sonduk. La Presidencia saluda la presencia del grupo de alumnos de la Universidad Mexicana del Municipio de Nicolás Romero en el estado de México, invitados por la diputada María Monserrath Sobreyra Santos.

Para fijar la postura del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, tiene el uso de la palabra por cinco minutos, el diputado Joaquín Jesús Díaz Mena.

El diputado Joaquín Jesús Díaz Mena:Con su permiso, señora presidenta. Compañeras y compañeros diputados, como proponente de esta iniciativa me siento muy contento y muy emocionado, pues muchas han sido las vidas que se han perdido debido a desastres naturales, como: huracanes, terremotos e inundaciones. Generalmente de manera lamentable los grandes perdedores ante estos desastres son aquellos que más indefensos se encuentra, los más pobres, los que se encuentran en comunidades alejadas y que están ubicados en terrenos de alto riesgo.

Lamentablemente muchas ocasiones la ayuda no puede llegar tan rápido como fuera deseable. Tan sólo por dar un ejemplo, el año pasado la tormenta tropical Earl dejó a su paso 52 personas fallecidas, cientos de lesionados y cuantiosos daños.

En situaciones como éstas son muchas las tareas necesarias, como por ejemplo: la búsqueda y rescate de personas desaparecidas, brindar asistencia médica a heridos, por lo que la comunicación es un factor de suma importancia para lograr este objetivo.

La población debe contar con servicios indispensables, como es: la telefonía celular y la información. Es necesario que los concesionarios cuenten con equipo tecnológico para que las redes de transmisión no se interrumpan por la falta de suministro eléctrico.

Los diputados y las diputadas del Partido Acción Nacional no olvidamos que don Manuel Gómez Morín decía que debemos usar la política para evitar el dolor evitable, el dolor que puede causar la falta de voluntad o nuestra ineficacia.

El espíritu de esta iniciativa viene de una vivencia personal: en el año 2002, el 22 de septiembre, el huracán Isidoro azotó al estado de Yucatán, en aquel entonces un servidor era presidente municipal de un puerto llamado San Felipe, el cual quedó totalmente inundado e incomunicado.

El sistema RASA de comunicación transmitió, posterior al huracán, por radio y daban los noticieros las noticias que nosotros escuchábamos de que estábamos incomunicados. Ahí teníamos a la población sin alimento, sin rompa, pero no podíamos avisar a las autoridades que urgía la ayuda.

Es por eso, amigas y amigos, que con esto comprobamos que es de mucho beneficio el esfuerzo que hizo sistema RASA para tener la batería suficiente para seguir transmitiendo por radio, pero también hubiera sido de mucha ayuda que contemos con el servicio de teléfonos celulares para comunicarnos.

Por eso celebro hoy este dictamen y por ello les invito a votar a favor, para que los concesionarios que operan redes públicas de comunicaciones incluyan respaldo de energía eléctrica ante fenómenos naturales para evitar que los servicios se interrumpan por falta de suministro de energía eléctrica ante situaciones de emergencia, por un plazo no menor a las 48 horas.

Les agradezco de antemano el apoyo a esta iniciativa con un gran sentido social, para generar dentro de nuestras posibilidades las medidas de apoyo y protección necesarias para evitar que un desastre natural o un accidente se convierta en una tragedia mayor de lo que de por sí ya son.

Con esto que aprobamos hoy podemos hacer la diferencia entre la vida y la muerte de muchas personas en una contingencia. Con lo que hoy aprobamos evitaremos el dolor y la muerte de miles de damnificados en futuros desastres. Muchas gracias por su atención.

Presidencia del diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputado Joaquín Jesús Díaz Mena. Tiene el uso de la tribuna el diputado Fidel Cristóbal Serrato, del Grupo Parlamentario del PRI, hasta por cinco minutos.

El diputado Fidel Cristóbal Serrato:Muchas gracias, señor presidente. Compañeras y compañeros diputadas y diputados, nuestra nación no ha estado exenta de desastres naturales, pero ante el dolor y caos que ha habido siempre en la naturaleza, antes los caos habían sido siempre solidaridad y de experiencia, de esta una cultura de prevención que debe de ser esfuerzo y respeto, pues prevenir significa prepararse, anticiparse y estar listos para lo que pueda suceder, y así cambiar deliberadamente nuestro futuro.

Los priistas queremos un México preparado y con capacidad de respuesta para enfrentar las consecuencias adversas que ocasionan desastres naturales, con base en acciones de prevención. El aprovechamiento de los avances científicos y el uso de la tecnología de punta con la participación conjunta entre gobierno y sociedad.

La protección civil ha sido impulsada por el gobierno de Enrique Peña Nieto y cuya ministración ha fortalecido los fondos de prevención contra el desastre; ha expedido los lineamientos de acciones contra fenómenos atmosféricos, asimismo ha implementado el número único, el 911, para facilitar la atención inmediata y emergencias.

En consecuencia, con dichas acciones los diputados aprobamos la reforma de la Ley General de Protección Civil, para asegurar que las instituciones públicas y privadas incorporen métodos tecnológicos y digitales en la elaboración y difusión de sus programas de protección civil, garantizar que los responsables creen planes intensos de protección, los vinculen con el Atlas de Riesgo estatal, municipal y donde correspondan.

Cerca del 75 por ciento de la población mundial se encuentra en situación de riesgo ante desastres provocados por fenómenos naturales.

Estimaciones mundiales apuntan que el crecimiento urbano, la degradación ambiental y el calentamiento global aumentarán el impacto de los desastres naturales.

Estamos en un proceso de aprendizaje social con respecto a las telecomunicaciones, radiodifusión, las cuales aún sirven para estrechar el vínculo social en casos de emergencia.

Un claro ejemplo es mi estado de Nayarit, que está expuesto a huracanes. Recordemos en el 2015, con el huracán Patricia, donde las telecomunicaciones y radiodifusión se mantuvieron en funciones en el caso del desastre natural, ocasionando que Patricia no hiciera las afectaciones.

En concreto, en grandes desastres naturales el acceso de la información es tan importante como la disponibilidad de agua potable, alimento, albergues, y resulta muy importante si lo que representa es salvar las vidas.

La decisión temprana de los desastres naturales resulta insuficiente si no se informa rápidamente a la población de la situación de alerta. En este sentido, la infraestructura de comunicación resulta prioritaria en la planificación de respuesta ante riesgos de desastres naturales.

Una vez conocida la existencia de una urgencia, las telecomunicaciones se convierten en el medio que muchos ciudadanos sirven para informarse de la gravedad de la situación.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala, en su artículo 73, la facultad del Congreso para expedir leyes que establezcan las bases para coordinar acciones en materia de protección civil.

De igual manera, en su artículo 6o. que mandata el Estado, garantizará el derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación, así como los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones.

La falta de información y comunicación en las horas posteriores provoca incertidumbre en la sociedad y dificulta la labor de las autoridades encargadas de protegerla, siendo los medios de telecomunicaciones y radiodifusión una herramienta esencial para una oportuna reacción de la sociedad. Deberemos de procurar que esto no ocurra más.

Votaremos a favor del presente dictamen, para que la condición ejecutiva del sistema nacional de protección civil, conjuntamente con el Instituto Federal de Telecomunicaciones, promuevan que los concesionarios que operen redes públicas de telecomunicaciones aseguren el suministro de energía eléctrica para el desarrollo de sus actividades.

Asimismo, para obligar a dichos concesionarios a establecer mecanismos tendentes a garantizar su servicio, que no interrumpan las situaciones e incrementen el desastre no por menos de 48 horas.

Dijera Kofi Annan, Premio Nobel de la Paz, que construir una cultura de prevención no es fácil, pero sí bien debe realizarse el presente, sus beneficios se hayan en el futuro. Y ahondaré un poquito más, más vale tenerla y no ocuparla, que ocuparla y no tenerla. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputado Cristóbal Serrato.

Agotada la lista de oradores, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general, con las modificaciones propuestas por la comisión y aceptadas por la asamblea.

El Secretario diputado Andrés Fernández del Valle Laisequilla:Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica, se consulta a la asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Diputado presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Suficientemente discutido en lo general.

En virtud que de conformidad con el artículo 109 del Reglamento de la Cámara de Diputados no se ha reservado artículo alguno para discutirlo en lo particular, se pide a la Secretaría abra el sistema electrónico, por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular en un solo acto.

El Secretario diputado Andrés Fernández del Valle Laisequilla:Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico, por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular de los artículos en un solo acto.

(Votación)

¿Alguna diputada o diputado que falte por emitir su voto? Continúa abierto el sistema. ¿Alguna diputada o diputado que falte por emitir su voto? Ciérrese el sistema electrónico de votación. Se emitieron 374 votos a favor, ninguno en contra, ninguna abstención, señor presidente.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Aprobado en lo general y en lo particular por 374 votos, unanimidad de los presentes, el proyecto de decreto por el que se adicionan los artículos 19 de la Ley General de Protección Civil, y 118 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.

DICTÁMENES A DISCUSIÓN CON PUNTOS DE ACUERDO

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: El siguiente punto del orden del día es la discusión de dictámenes con puntos de acuerdo(*). Consulte la Secretaría a la asamblea en votación económica, si son de aprobarse, exceptuando los enlistados con los números 8, 16, 18 y 59.

La Secretaria diputada Ernestina Godoy Ramos:En votación económica, se consulta a la asamblea si son de aprobarse los puntos de acuerdo que se encuentran en la pantalla de sus curules, exceptuando el número 8, el 16, el 18 y el 59. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Aprobados los puntos de acuerdo. Comuníquense.

Continúe la Secretaría.

DECLARATORIA DE PUBLICIDAD DE DICTÁMENES DE LEY O DECRETO

LEY GENERAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE

La Secretaria diputada Ernestina Godoy Ramos:«Dictamen de la Comisión de Deporte, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 50 y 59 de la Ley General de Cultura Física y Deporte

HONORABLE ASAMBLEA:

La Comisión de Deporte de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numerales 6, incisos e) y f), 7 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y los artículos 80, 82, numeral 1, 85, 157, numeral 1, fracción I, y 158, numeral 1, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás relativos de dicho ordenamiento, presenta el siguiente

DICTAMEN

I. ANTECEDENTES.

1. Con fecha 8 de noviembre de 2016, la diputada Karina Padilla Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó ante el Pleno de esta Cámara de Diputados, la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 50 y 59 de la Ley General de Cultura Física y Deporte.

2. La misma fue turnada por la Mesa Directiva a la Comisión de Deporte para análisis y dictamen, con fecha 9 de noviembre de 2016, a través del oficio No. D.G.P.L. 63-II-61290, de fecha 8 de noviembre del presente año y mediante el número de expediente 4505.

3. Con fecha 13 de diciembre del año en curso, la Comisión de Deporte aprobó el presente dictamen.

II. CONTENIDO DE LA INICIATIVA.

1. La diputada promovente establece en la exposición de motivos de su iniciativa, que la Carta de las Naciones Unidas, la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Convención de las Naciones Unidas sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Mujeres, representan la voluntad de crear el marco normativo adecuado y favorable para seguir avanzando hacia una sociedad más justa y democrática.

2. Asimismo establece que en el ámbito relacionado con el deporte y la cultura física, es importante destacar que también existen lineamientos nacionales e internacionales enfocados a lograr una mayor participación de las mujeres en este ámbito; tal es el caso de la Declaración de Brighton de 1994, en la que destaca como uno de sus objetivos, de la propia declaración a efecto de contribuir con el desarrollo de políticas, estructuras y mecanismos dirigidos, entre otras cosas, a “incrementen la participación femenina en el deporte a todos niveles y en todas funciones y todos papeles.”

Por otro lado cabe destacar que el sexto principio de la propia declaración, establece textualmente:

Las mujeres están subrepresentadas en funciones de dirección y de decisión en todas las organizaciones deportivas y en aquellas relacionadas con el deporte. Las personas responsables de estos campos han de desarrollar políticas y programas y crear estructuras que incrementen el número de mujeres en puestos de entrenador, consejero, juez, y gestor a todos niveles del deporte, prestando atención especial al reclutamiento, desarrollo y mantenimiento del personal ambas encaminadas a mejorar el funcionamiento de las instituciones de tal manera que permitan un mayor acceso a las mujeres en el deporte, en igualdad de oportunidades que los hombres.

3. La diputada Padilla establece que se requiere un futuro con más mujeres que gocen del deporte y de los beneficios que éste conlleva, así como un mayor número de mujeres implicadas en todos los aspectos de la actividad física y el deporte: la dirección y la gestión, el entrenamiento, el arbitraje, el periodismo, la formación, la investigación y la práctica deportiva.

4. Asimismo manifiesta, que hablar de una igualdad sustantiva, implica incluir la perspectiva de género bajo el criterio de paridad horizontal y vertical, en las políticas de gestión de la actividad física y el deporte, con lo que se genera plena igualdad de acceso, de participación y representación de las mujeres, de todas las edades y condición, en todos los ámbitos y a todos los niveles: como practicantes, gestoras, dirigentes, entrenadoras, técnicas, árbitras, juezas, periodistas e investigadoras.

5. La promovente menciona que el Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y no Discriminación contra las Mujeres (Proigualdad) 2013-2018, precisa el apartado de diagnóstico que, dada la realidad y situación de las mujeres y las niñas en México, se requiere de mayores esfuerzos conjuntos de cara a los grandes desafíos generados por la aún persistencia de desigualdades de género entre los diversos grupos poblacionales.

“Se requiere alcanzar el bienestar, incrementar el desarrollo humano, garantizar el empoderamiento económico, incentivar la participación política y social de las mujeres y erradicar la violencia de género en México.”

6. Por otro lado la diputada declara, que en cuanto a la participación de las mujeres en el ámbito deportivo, refiere el mismo documento, Proigualdad, que para el bienestar y desarrollo humano dirigido a la educación, se deberá “promover acciones educativas afirmativas que beneficien a las mujeres para cerrar las brechas de desigualdad; capacitar al personal docente en los derechos de las mujeres; promover la cultura de la igualdad, la creación artística y el deporte...”

7. Asimismo sostiene, que pese a que el Plan Nacional de Desarrollo 2012-2018, así como el Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y No Discriminación contra las Mujeres (Proigualdad) 2013-2018, y la propia Ley General de Cultura Física y Deporte, abordan en alguna parte de su contenido, líneas o programas para garantizar la igualdad de género e incluso el empoderamiento de las mujeres desde esta áreas, la realidad es que esta “igualdad de oportunidades” se refiere al acceso de las mujeres a participar en eventos deportivos, a otorgarles mayores recursos para su preparación física, motivándoles a ser cada vez más participativas en competencias de alto rendimiento, etcétera; es decir, todo lo vinculado a lo preparación físico-deportiva, pero no en cuanto a una verdadera igualdad sustantiva que implica cerrar la brecha de desigualdad para asumir cargos de dirección, operatividad, o designaciones de alto nivel ejecutivo, como los que actualmente son desempeñados por los hombres.

8. La diputada manifiesta, que la propia Ley General de Cultura Física y Deporte, señala en el artículo 9, la obligación en la coordinación entre la Secretaría de Educación Pública y la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), para integrar el Programa Nacional de Equidad de Género en la Cultura Física y Deporte5 , con el objetivo de efectuar conferencias, talleres, reuniones de información y difusión, estadísticas y presupuestos con perspectiva de género, reconocimientos a mujeres destacadas e investigaciones para conocer la situación de las mujeres en el deporte y proponer soluciones a los rezagos sobre equidad de género deportivo, como acciones afirmativas.

En 2005, el Instituto Nacional de las Mujeres en conjunto con la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, editaron el libro llamado “Mujer y Deporte” donde se da cuenta a través de una Encuesta de Percepción sobre la relación mujer y deporte efectuada a deportistas, jueces o árbitros, entrenadores y especialistas de ambos sexos, se concluye que si bien ha habido avances de la mujeres en estas especialidades, siguen vigentes los estereotipos sociales sobre las capacidades físicas de la mujer, el rol social que desempeña la percepción que las mismas tienen frente a los retos deportivos.

Del mismo diagnóstico, se destaca como uno de los grandes problemas la poca presencia de las mujeres en el aspecto técnico (entrenadoras, juezas, árbitras y especialistas en ciencias aplicadas al deporte), así como las dificultades que tienen para acceder a esos puestos.

9. Asimismo declara, que por otro lado, la Ley General de Igualdad entre Mujeres y Hombres, precisa que la igualdad sustantiva “es el acceso al mismo trato y oportunidades para el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y las libertades fundamentales;”6 sin embargo, es una realidad que en materia deportiva, la participación de las mujeres para sumir cargos de decisión o de dirección, aún se encuentra sumamente limitada, contraviniendo con ello, el principio de igualdad sustantiva que debe aplicarse en todos los ámbitos de nuestra vida.

10. La diputada manifiesta que se ha demostrado que el tema de igualdad es una preocupación de todas y todos los ciudadanos, hemos reconocido que se ha avanzado en la materia, pero también estamos convencidos que aún se puede y debe trabajar en el tema.

Con la presente propuesta, la diputada pretende dar oportunidad a que desde la Ley de Cultura Física y Deporte, se abran espacios para generar mayores oportunidades de participación a las mujeres bajo la real perspectiva de igualdad sustantiva.

El proyecto se presenta de la siguiente manera:

Decreto

Artículo Único. Se reforma el segundo párrafo del artículo 50 y el segundo párrafo del artículo 59, y se adiciona un tercer párrafo al artículo 50, todos de la Ley General de Cultura Física y Deporte, para quedar como sigue:

Artículo 50....

Las asociaciones deportivas nacionales regularán su estructura interna y funcionamiento, de conformidad con sus estatutos sociales, la presente ley y su Reglamento, observando en todo momento los principios de democracia, representatividad, equidad, igualdad sustantiva, legalidad, transparencia y rendición de cuentas.

Es obligación para las asociaciones deportivas nacionales, la igualdad de trato y oportunidades y, la paridad entre hombres y mujeres en el acceso a sus órganos de gobierno y representación.

Artículo 59....

El Consejo de Vigilancia Electoral en el Deporte estará adscrito orgánicamente a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte y velará de forma inmediata por el ajuste a derecho de los procesos electorales en los órganos de gobierno y representación de las asociaciones deportivas nacionales, vigilando que se cumplan con los principios de legalidad, transparencia, equidad e igualdad de oportunidades y de trato, y la paridad entre hombres y mujeres para tener acceso a los órganos de gobierno y representación, dentro del marco de los principios democráticos y representativos y con estricto apego de las disposiciones estatutarias y legales aplicables.

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Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

III. ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y VALORACIÓN DE LA INICIATIVA.

En la reunión expresa para tales fines, las y los diputados integrantes analizaron y discutieron las consideraciones que sostienen el presente dictamen, coincidiendo que la iniciativa objeto de estudio presenta congruencia con el marco normativo vigente.

Al respecto han establecido que gracias al acceso a la cultura física y al deporte, es posible promover el mejoramiento de las condiciones de vida de las sociedades en el mundo, ya que promueve el bienestar, impulsa la adopción de estilos de vida saludables, mejora la autoestima, enseña liderazgo, incrementa las habilidades para trabajar en equipo y fomenta valores como la perseverancia.

Gracias a ello, el deporte trasciende barreras de sexo, raza, religión y nacionalidad y también funciona como un impulsor de espacios de crecimiento y desarrollo para toda la población en su conjunto.

Así pues, el deporte no permanece ajeno como un aspecto fundamental en el adelanto de las mujeres, así como en los demás campos de desarrollo, las mujeres amplían las perspectivas de crecimiento, realizan aportaciones fundamentales para el mejoramiento de las condiciones de vida de sus comunidades y el impulso de sus causas cada vez más logran nuevas y diferentes audiencias.

No obstante lo anterior y así como en el resto de los aspectos que rigen la vida cotidiana de las sociedades, es preciso trabajar arduamente desde los diversos ámbitos de decisión, para lograr una igualdad total entre hombres y mujeres en el ámbito de la cultura física y el deporte.

Así como en otros campos, niñas y mujeres en todo el mundo tienen desventaja en oportunidades, se enfrentan a estereotipos y se invierten menos recursos cuando practican un deporte. Por siglos, las mujeres han sido consideradas como objetos estéticos, lo cual ha influido en su marginación de la práctica deportiva, por ello; es fundamental fomentar las mismas oportunidades de desarrollo para las mujeres en el ámbito deportivo.

En nuestro país, la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte y el Comité Olímpico Mexicano, han impulsado la participación de las mujeres principalmente como deportistas y especialmente durante esta administración, se han establecido la perspectiva de género y la equidad de participación como ejes rectores de la política nacional del deporte, así como la equidad de participación en los programas y proyectos del Sistema Nacional de Cultura Física y Deporte.

Sin embargo, es preciso seguir impulsando acciones que dejen atrás los estereotipos que detienen el adelanto de las mujeres en disciplinas deportivas que hasta hace algunos años se consideraban reservadas para los hombres, como lo son los deportes de contacto, la halterofilia, el fútbol soccer, entre otras.

Otro campo del deporte en donde los espacios de participación para las mujeres no son paritarios, es el referente a la toma de decisiones, en nuestro país y de igual forma en el mundo, las mujeres se encuentran subrepresentadas en las funciones directivas, en los espacios dedicados al entrenamiento de atletas, en las funciones de jueces y árbitros, así como en los altos niveles de decisión en las federaciones, espacios que hasta hoy, se encuentran mayoritariamente ocupados por hombres.

En razón de lo anterior, las y los integrantes de la Comisión de Deporte consideran preponderante la necesidad de potenciar la participación femenina en puestos de dirigencia al interior de los órganos de decisión en materia de deporte y asimismo en los puestos decisivos al interior de las federaciones deportivas, pues una mayor presencia de mujeres ocupando puestos de árbitras, juezas, presidentas de federaciones y otros puestos de alto nivel decisorio, aumentaría la probabilidad de incluir los temas de género en las agendas institucionales para beneficio de las mujeres en el campo de la cultura física y el deporte.

En virtud de las consideraciones antes expuestas, las y los diputados integrantes de la Comisión de Deporte sometemos a la consideración de esta Asamblea el siguiente:

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 50 Y 59 DE LA LEY GENERAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE

Artículo Único.Se reforma el segundo párrafo del artículo 50 y el segundo párrafo del artículo 59, y se adiciona un tercer párrafo al artículo 50, todos de la Ley General de Cultura Física y Deporte, para quedar como sigue:

Artículo 50....

Las Asociaciones Deportivas Nacionales regularán su estructura interna y funcionamiento, de conformidad con sus estatutos sociales, la presente ley y su Reglamento, observando en todo momento los principios de democracia, representatividad, equidad, igualdad sustantiva, legalidad, transparencia y rendición de cuentas.

Es obligación para las asociaciones deportivas nacionales, la igualdad de trato y oportunidades y, la paridad entre hombres y mujeres en el acceso a sus órganos de gobierno y representación.

Artículo 59. ...

El COVED estará adscrito orgánicamente a la CONADE y velará de forma inmediata por el ajuste a Derecho de los procesos electorales en los órganos de gobierno y representación de las Asociaciones Deportivas Nacionales, vigilando que se cumplan con los principios de legalidad, transparencia, equidad e igualdad de oportunidades y de trato, y la paridad entre hombres y mujeres para tener acceso a los órganos de gobierno y representación, dentro del marco de los principios democráticos y representativos y con estricto apego de las disposiciones estatutarias y legales aplicables.

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TRANSITORIO

ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a los trece días del mes de diciembre de dos mil dieciséis.

La Comisión de Deporte, diputados:Pablo Gamboa Miner, presidente; Montserrat Alicia Arcos Velázquez (rúbrica), Flor Ángel Jiménez Jiménez (rúbrica), Fidel Kuri Grajales (rúbrica), Leydi Fabiola Leyva García (rúbrica), Adriana Elizarraraz Sandoval (rúbrica), Jacqueline Nava Mouett (rúbrica), Jesús Emiliano Álvarez López (rúbrica), José Alfredo Ferreiro Velazco (rúbrica), Olga Catalán Padilla, Yaret Adriana Guevara Jiménez, secretarios; Fidel Almanza Monroy (rúbrica), Rosa Alicia Álvarez Piñones (rúbrica), María García Pérez, José Adrián González Navarro, Próspero Manuel Ibarra Otero (rúbrica), Miriam Dennis Ibarra Rangel, Alejandro Juraidini Villaseñor (rúbrica), Renato Josafat Molina Arias (rúbrica), Luis Ernesto Munguía González (rúbrica), Cristina Sánchez Coronel (rúbrica), Ximena Tamariz García, Nadia Haydee Vega Olivas, Brenda Velázquez Valdez (rúbrica), Beatriz Vélez Núñez, Timoteo Villa Ramírez (rúbrica), Claudia Villanueva Huerta (rúbrica), Erika Irazema Briones Pérez (rúbrica), José Santiago López (rúbrica), Karen Orney Ramírez Peralta.»

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple con la Declaratoria de Publicidad.

CÓDIGO PENAL FEDERAL

La Secretaria diputada Ernestina Godoy Ramos:«Dictamen de la Comisión de Justcia, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 171 y 172 del Código Penal Federal

HONORABLE ASAMBLEA:

A la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión de la LXIII Legislatura, le fue turnada la iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforma los artículos 171 y 172 del Código Penal Federal, suscrita por el Diputado Juan Manuel Cavazos Balderas, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con fundamento en los dispuesto por los artículos 71 y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 39 y 45, numeral 6, incisos e), f) y g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 80, numeral 1, fracción II, 84, 85, 157, numeral 1, fracción I, 158 numeral 1, fracción IV y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados, los miembros de esta Comisión de Justicia sometemos a consideración del Pleno de esta Honorable Asamblea el presente dictamen al tenor de los siguientes:

I. ANTECEDENTES

1.El 24 de noviembre del 2016, el diputado Juan Manuel Cavazos Balderas, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 171 y 172 del Código Penal Federal.

2.Posteriormente el 28 de noviembre de 2016, esta Comisión de Justicia recibió formalmente la iniciativa en comento.

II. Contenido de la iniciativa

El Diputado suscribiente motiva su iniciativa comentando que los accidentes viales son ocasionados por diversas circunstancias de los conductores, ya sea por falta de pericia y cultura vial, por estado voluntario de intoxicación ya sea por alcohol o por diversas sustancias que producen efectos similares, exceso de velocidad, o simplemente por inobservar o desconocer los reglamentos de vialidad y tránsito vigentes en las municipalidades.

Menciona que los accidentes viales representan la primera causa de muerte entre niños y jóvenes de 5 a 29 años, y la segunda de discapacidad permanente y que asimismo, es el primer motivo de orfandad. Que cada año fallecen en México más de 16 mil personas en percances viales, de los cuales, 90 por ciento pudieron evitarse.

Pero centra su postura en que la distracción en la conducción es un importante factor de riesgo de traumatismo por accidente de tránsito. Fundamenta que existen distintos tipos de distracciones; por lo general éstas se dividen en distracciones que tienen su origen dentro del vehículo, siendo el más importante el utilizar el teléfono celular. Y menciona un dato relevante al mencionar que hablar por teléfono celular, y sobre todo escribir mensajes de texto al conducir, desplazó la ingesta de alcohol como la primera causa de accidentes viales, según datos de la Cruz Roja Mexicana.

De allí se desprende que los conductores que utilizan el teléfono celular durante la conducción corren un riesgo aproximadamente cuatro veces mayor de verse involucrados en un accidente. Que un conductor que acostumbra enviar mensajes de texto mientras conduce tiene 23 veces más probabilidades de verse involucrado en un choque que alguien que no lo hace.

El suscribiente comenta que la conducción segura de un vehículo requiere que el conductor se encuentre totalmente enfocado en esta actividad.

Por lo cual afirma que utilizar un teléfono celular durante la conducción tiene una serie de efectos perjudiciales que afectan al comportamiento del conductor y que ello se debe a que el conductor no solamente se distrae físicamente al usar el teléfono y conducir simultáneamente, sino que además se produce una distracción cognitiva ya que ha de dividir su atención entre la conversación que mantiene ya sea por voz o por mensajes de texto y las tareas propias de conducir.

Bajo ese contexto, el diputado suscribiente considera conveniente aumentar las penas para los delitos derivados de la conducción de vehículos, tales como lesiones que pongan en peligro la vida del ser humano y homicidios, que cometan los ciudadanos por conducir y a la vez utilizar radios, teléfonos celulares o cualquier otro aparato de comunicación, ya sea para hablar o enviar cualquier tipo de mensajes de texto, con la salvedad de que se utilice con tecnología de manos libres u otra tecnología que evite la distracción del conductor, lo antes mencionado con la intención de disminuir las consecuencias jurídicas materiales que originan los accidentes viales, esto en beneficio de la sociedad y en salvaguarda del bien jurídico tutelado por los citados delitos, como lo es la vida de las personas. De igual forma, y en congruencia con lo señalado, estima necesario aumentar las penas para quienes en estado de ebriedad o bajo el influjo de drogas enervantes cometan alguna infracción a los reglamentos de tránsito y circulación al manejar vehículos de motor, independientemente de la sanción que le corresponda si causa daño a las personas o las cosas.

Por lo anteriormente señalado el suscribiente propone tomar acciones legislativas, incluso de prisión, con el objetivo de que los ciudadanos tomen conciencia de los efectos y consecuencias negativas que ocasiona realizar este tipo de conductas, en perjuicio de la sociedad misma, y que estas acciones van a ocasionar una mejor cultura vial en la sociedad, disminuyendo considerablemente los motivos por los cuales se ocasiona un perjuicio a un ciudadano.

En tal virtud, con la presente propuesta, el proponente comenta que se estaría regulando el fenómeno social que está aconteciendo, sancionando en el Código Punitivo a toda persona que incurra en la hipótesis que se plantea en esta iniciativa, todo a fin de garantizar el bien jurídico tutelado señalado con antelación.

En consecuencia de lo anteriormente especificado, el diputado iniciante propone reformar los artículos 171 y 172 del Código Penal Federal, a fin de aumentar la pena para los delitos derivados de la conducción de vehículos de motor cometidos por conductores que utilicen radios, teléfonos celulares o cualquier otro medio de comunicación con la salvedad de que se utilice con tecnología de manos libres u otra tecnología que evite la distracción del conductor, y aumentar la pena de aquellos conductores que cometan un delito y conduzcan en estado de ebriedad o bajo el influjo de drogas enervantes al momento de ocasionar un accidente vial.

Con el objeto de brindar una mayor claridad a la propuesta del diputado iniciante, se anexa el siguiente cuadro comparativo:

III. CONSIDERACIONES

PRIMERA. Los integrantes de esta Comisión dictaminadora al realizar un estudio la iniciativa con proyecto de decreto del Diputado Juan Manuel Cavazos Balderas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, coincidimos con su objetivo, ya que éste consiste en contribuir a que se reduzcan los accidentes automovilísticos derivado de distractores de los conductores como lo es el uso de equipos de radiocomunicación.

SEGUNDA. La prevención es parte fundamental en el Derecho, y más aún en el área del Derecho penal en donde este debe utilizarse como la última ratio, es decir antes de la aplicación de una sanción se deben agotar todos los recursos necesarios para que una persona o individuo no llegue a este supuesto y para esto la prevención es la herramienta por excelencia, para esto mencionaremos que existen cuatro tipos de prevención que enseguida describiremos:

• Prevención especial positiva

• Prevención especial negativa

• Prevención general positiva

• Prevención general negativa

Dado lo anterior, nos permitiremos mencionar que la iniciativa que se propone toma como base la prevención general positiva, con el objetivo de disuadir a los individuos que acostumbran la utilización de teléfonos móviles, radio o cualquier aparato de comunicación cuando se encuentran manejando un vehículo automotor y reducir con esto el riesgo de tener accidentes de tránsito y a su vez evitar la comisión de conductas típicas como las lesiones e incluso el homicidio.

La iniciativa que nos ocupa sigue este hilo conductor y a su vez el de poner nuestra legislación acorde a las obligaciones que soberanamente ha asumido el Estado Mexicano ante el concierto general de las naciones en cuanto a prevención de accidentes de tránsito, situación que más adelante se explicará.

La propuesta del diputado iniciante versa sobre dos artículos que se pretenden reformar.

En orden cronológico, en este dictamen se analizarán las propuestas planteadas por el diputado iniciante utilizando como métodos interpretativos el analítico, deductivo y el funcional, de manera que ello permita determinar sobre la viabilidad o inviabilidad de cada una de las mismas.

TERCERA. En la primer propuesta, consistente en la reforma al artículo 171 del Código Penal Federal, se advierte claramente la preocupación del iniciante ante la falta de responsabilidad de los conductores de vehículos automotores y sugiere incrementar la penalidad hacía los individuos que se encuentren en la hipótesis de cometer una infracción a los reglamentos de tránsito y circulación al manejar vehículos de motor, independientemente de la sanción que le corresponda, si causa daño a las personas o a las cosas se le impondrán de uno a tres años de prisión y hasta trescientos días de multa, cuando el texto vigente marca que se impondrán por este mismo supuesto prisión hasta de seis meses y multa hasta de cien pesos, y en ambos casos la suspensión o pérdida del derecho a usar la licencia de manejador.

La pauta para poder determinar la viabilidad o inviabilidad de la propuesta, la podemos localizar en lo que mencionaba el primer gran garantista de la época moderna, Cesare Bonesana, Marques de Beccaria, el cual en su tratado “De los delitos y de las penas” propone el siguiente principio universal:

“No solo es Interés común que no se cometan delitos, pero aún lo es que sean menos frecuentes, á proporción del daño que causan en la sociedad. Así, pues, más fuertes deben ser los motivos que retraigan los hombres de los delitos, a medida que son contrarios al bien público, y a medida de los estímulos que los inducen a cometerlos. Debe por esto haber una proporción entre los delitos y las penas.”

Este mismo principio, lo encontramos inmerso en el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual a la letra dice:

“Quedan prohibidas las penas de muerte, de mutilación, de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales. Toda pena deberá ser proporcional al delito que sancione y al bien jurídico afectado.”

Como bien se puede apreciar en lo mencionado en nuestra Constitución, la parte crucial en el análisis de este punto, es determinar si el aumento a la penalidad que sugiere el diputado proponente, la cual es de uno a tres años de prisión y hasta trescientos días de multa y suspensión o pérdida del derecho a usar la licencia de manejador, por la conducta típica que deriva el presente dictamen, sea proporcional a la importancia social del hecho que se pretende penalizar.

Para poder determinar el impacto social del que hablamos en el párrafo anterior, necesitamos primeramente verificar las estadísticas que existen referente a los daños ocasionados a las personas o cosas, por individuos que en estado de ebriedad o bajo el influjo de drogas o enervantes comete alguna infracción a los reglamentos de tránsito y circulación, para esto y para tener un primer parámetro nos remitimos a los que nos comenta el Informe sobre la Situación Mundial de la Seguridad Vial 2015, de la Organización Mundial de la salud, el cual nos dice:

“Conducir bajo los efectos del alcohol aumenta la probabilidad de accidente y de que este termine en muerte o traumatismo grave.”

De igual manera ofrece un mapa en el que se muestran los países que cuentan con leyes sobre la conducción bajo los efectos del alcohol.

Como se puede apreciar en el mapa mostrado, nuestro país está marcado con el color naranja, mismo que indica que en él no existen leyes sobre conducción bajo los efectos del alcohol o las que existen no tienen en cuenta la CAS/CAS mayor o igual 0,08g/dl. Situación que sugiere legislar en esta materia con carácter preventorio.

Otro organismo que nos ofrece estadísticas es el Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes (CONAPRA), el cual ofrece la siguiente infografía de alcohol 2015:

“De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), entre 1% y 21% del total de las muertes causadas por el tránsito pueden ser atribuidas a la conducción bajo los efectos del alcohol.

Una medición sobre la prevalencia de este factor de riesgo en las entidades federativas, entre 2010 y 2013, arrojó los siguientes resultados:

• 4.9% de los conductores observados lo hacían bajo los efectos de bebidas alcohólicas.

• En conductores jóvenes o inexpertos se incrementa notablemente el riesgo de sufrir un accidente aún con niveles bajos de alcohol, sin embargo 5.9% de los jóvenes entre 18 y 21 años de edad conducían bajo los efectos del alcohol.

• 5.1% de los hombres y 3.1% de las mujeres conducían bajo los efectos del alcohol.

• La prevalencia en conductores de motocicletas fue más alta que en los conductores de vehículos automotores.

• En 2013, en las zonas urbanas y suburbanas de México, 10.5% del total de las colisiones, 13.6% de aquellas en donde hubo algún lesionado y 19% en donde hubo al menos un fallecido estuvieron relacionadas con el consumo de bebidas alcohólicas.

• En 28 de las 32 entidades del país las leyes de tránsito establecen que conducir bajo los efectos del alcohol es causa de una infracción. Únicamente 16 aluden de forma directa o indirecta a la facultad de la autoridad para implementar puntos de control de alcoholimetría.

Como se puede observar el impacto que tiene el alcohol en los accidentes de tránsito es innegable, tan es así que instituciones de gobierno en conjunto con organismo internacionales y la iniciativa privada se han dado a la tarea de constituir programas como el de “Pilotos por la seguridad vial” la cual es una iniciativa que suma los esfuerzos del Gobierno Federal a través de la Secretaría de Salud, la Federación Internacional de Automovilismo (FIA) México, Escudería TELMEX, Cruz Roja Mexicana, así como de otras instituciones públicas y privadas, para brindar apoyos en diferentes sectores y lograr una seguridad vial.

Como se puede apreciar la trascendencia a nivel nacional de los accidentes de tránsito que provocan lesiones o muertes de personas a causa del manejar un automotor bajo los efectos del alcohol o drogas es de un alto impacto, lo que de igual forma puede apreciarse cotidianamente en los medios de comunicación masiva, noticieros, radio, periódicos, ya sea en medios electrónicos o impresos, notas periodísticas, que hablan sobre el tema.

Sumando a lo mencionado y como referencia a nivel internacional, sobre la experiencia de aplicar la prevención general positiva, mediante el aumento de las penas, como lo pretende realizar el diputado iniciante, se puede observar el ejemplo de Chile, el cual en el año 2014 puso en vigor una ley denominada “La ley Emilia”, misma que establecía sanciones más duras a quienes manejen en estado de ebriedad y provocarán un accidente, esta ley tuvo muy buenos resultados, disminuyendo el número de accidentes de tránsito por esta causa.

Esto último que se menciona con base a notas de periódicos como la de “El Nacional”, que público la siguiente:

Bajan accidentes y muertes por alcohol tras Ley Emilia

Por Valentina Mery-11/02/2015

Tras cuatro meses de haberse promulgado la Ley Emilia, que endurece las sanciones a los conductores que manejan bajo la influencia del alcohol, los resultados han sido positivos. Según información de Carabineros, obtenida por Ley de Transparencia, los accidentes a nivel país causados por alcohol en el conductor disminuyeron en un 9%: entre el 16 de septiembre de 2014 -día que entró en vigencia la legislación- y el 31 de enero de este año, se produjeron 3.245 casos, mientras en el mismo periodo del año anterior hubo 3.568 eventos. (Ver infografía). En esta misma línea el número de fallecidos también tuvo una baja, pasando de 56 casos a 42 en los últimos cuatro meses.

“Desde la promulgación de la Ley Emilia el año pasado a la fecha, un antecedente positivo es que los conductores han tomado conciencia respecto a lo que se exponen al conducir un vehículo bajo los efectos del alcohol. Esto gracias a las campañas y a la difusión sobre las penas que arriesgan al protagonizar un accidente de tránsito en esas condiciones”, explica el mayor Víctor Vielma, de la 57° comisaría motorizada de Carabineros.

A pesar de esto, son tres las regiones que han tenido un aumento en el número de accidentes por causa del alcohol. En la Región Metropolitana pasaron 798 a 811 casos.

Por otro lado, los tipos de accidentes más recurrentes fueron la colisión (1.412) y choque (1.214).

Como bien pudo observarse en los datos presentados en este análisis, se puede determinar que la conducta en comento es de una trascendencia social importante y que el aumento en las penas que propone el diputado es proporcional tanto al hecho como al bien jurídico tutelado que se pretende proteger que es la integridad de las cosas, personas e incluso la vida de estas y que retomando la parte del comparativo y la experiencia de otros países como el de Chile, en el cual se ha aprovechado la prevención general positiva que da cabida en el derecho penal y su experiencia de éxito, consideramos viable la propuesta de la reforma que se propone al presente artículo 171 del Código Penal Federal.

QUINTA. En cuanto a la propuesta del diputado iniciante, consistente en reformar adicionando un párrafo al artículo 172 del Código Penal Federal, esta la encontramos al igual que en el caso anterior orientada a utilizar la prevención especial positiva, de tal manera que propone aumentar la penalidad de uno a tres años de prisión, además de la sanción correspondiente a quien cause lesiones que pongan en peligro la vida de un ser humano u homicidio, cuando estas sean causadas por la distracción del conductor al utilizar ya sea radio, telefonía celular o cualquier aparato de comunicación, ya sea para hablar o enviar cualquier tipo de mensaje de texto, esto con la salvedad de que se utilice con tecnología de manos libres o alguna otra que evite la distracción del conductor.

Como se puede dar cuenta, la manera de poder verificar la viabilidad o inviabilidad de la propuesta del Diputado iniciante es al igual que en el punto número uno de este dictamen, verificar con base en el principio de proporcionalidad de la pena, la trascendencia social del hecho que pretende penalizarse, para determinar si la pena propuesta es congruente con esta trascendencia.

De esta manera para conocer las estadísticas sobre la consecuencia de utilizar cualquier tipo de aparato que disminuye la atención del conductor, pero en especial el del teléfono celular ya sea en una llamada o enviando mensajes de texto, cuando se conduce, nos permitiremos remitirnos a lo que informa el CONAPRA en la infografía de uso de celular y conducción:

“Estudios observacionales se llevaron a cabo en Guadalajara, Zapopan, León y Cuernavaca, en 2011 y 2012.

En promedio 10.7% de los conductores observados utilizaban dispositivos móviles.

La distracción del conductor puede ser de 4 tipos:

• Visual: Mirar a otro lado del camino en actividades no relacionadas con la conducción.

• Cognitiva: Reflexionar sobre un tema de conversación, como resultado de hablar por teléfono, en lugar de estar atento a la situación del entorno y de la vía pública.

• Auditiva: Responder a una llamada telefónica o escuchar música a gran volumen puede enmascarar otros sonidos, tales como sirenas de las ambulancias, etc.

• Física: Operar el volante con una sola mano por usar el celular o inclinarse para sintonizar una estación de radio puede dar lugar a girar el volante.

Leer un mensaje en un dispositivo móvil aparta tus ojos del camino por cerca de 5 segundos. A 75km/h es tiempo suficiente para cruzar un campo de futbol completo.

Los conductores jóvenes son más propensos a usar un dispositivo móvil mientras conducen.”

La infografía es clara; las distracciones que se producen al manejar son muy variadas y aumentan considerablemente el riesgo de tener un accidente de tránsito y con esto causar lesiones o incluso la muerte a personas, y aunque en casi todo el territorio nacional se encuentra prohibido por los reglamentos de tránsito esta acción, en la práctica los conductores siguen realizándola sin tomar en cuenta las consecuencia de esto.

Para seguir con el análisis respectivo, tomaremos en cuenta una nota del periódico Excélsior que menciona:

Uso de celular al conducir, un llamado a la tragedia

Por Francisco Pazos 25/04/2015 05:07

CIUDAD DE MÉXICO, 25 de abril.- Al distraer la vista del camino para contestar una llamada o para observar la pantalla de un teléfono celular se incrementa 400 por ciento la posibilidad de sufrir un accidente durante la conducción.

Manipular un dispositivo móvil mientras se conduce no tarda más de cinco segundos, sin embargo, ese breve espacio de tiempo en el que se dirige la atención para identificar una llamada, seleccionar una canción o abrir un mensaje puede ser suficiente para provocar un accidente mortal.

Los errores humanos por malas prácticas al volante, como las distracciones, son determinantes en 80 por ciento de los accidentes viales, de acuerdo con estadísticas del Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes (Conapra).

Este consejo ha calificado la accidentalidad vial como un problema de seguridad pública a nivel nacional, en el que destaca como foco rojo el DF, donde cada año ocurren en promedio 18 mil accidentes que se saldan con la muerte de por lo menos mil personas. “Nos enfrentamos a un grave problema de salud pública”.

Según Conapra, las principales causas de accidentes en cuanto al error humano son el exceso de velocidad, consumo de alcohol y el uso de dispositivos móviles.

“En los últimos años el uso del celular como un factor ha ido en aumento y ha generado mayores accidentes viales”, apuntó Monserrat Narváez, directora de México Previene.

De acuerdo con autoridades de Salud del DF la conducción segura no es posible si al mismo tiempo se ejecuta otra acción como marcar un número, contestar una llamada, redactar un mensaje de texto o, incluso, beber agua.

En el Hospital General del Xoco, centro de salud especializado en trauma, se llevaron a cabo mediciones que revelaron que al viajar a 100 kilómetros por hora, distraer la atención durante cinco segundos para digitar un celular provocaría 140 metros de camino sin ver con atención.

“Cuando se utiliza un celular se producen graves alteraciones en la conducta de quien conduce principalmente porque se distrae la vista del camino y se amplían los tiempos de reacción. Si viaja a 100 kilómetros por hora y realiza una llamada de dos minutos, pasará dos kilómetros sin ver el camino, lo que significa que habrá personas en riesgo”, apuntó Narváez.

A nivel internacional, cada año mueren 1.5 millones de personas en accidentes de tránsito y 50 millones enfrentarán lesiones de por vida. En México, las estadísticas llegan hasta 18 mil decesos al año y el número de heridos sube hasta 400 mil personas.

En España, quinto en el ranking europeo en accidentalidad vial, el número de percances mortales durante 2013 se cifró en 89 mil 519 en los que murieron mil 680, en 44 por ciento de los casos, intervino algún distractor, de acuerdo con la Dirección General de Tránsito.

En México, esta cifra apenas alcanzaría 10 por ciento según mediciones realizadas por la Conapra en ciudades como Cuernavaca y Zapopan y sería equiparable con lo que ocurre en la capital del país.

Sin embargo, para la asociación civil México Previene, las estadísticas no concuerdan si se considera que en 2013, la Secretaría de Seguridad Pública del DF impuso 16 mil multas por conducir y usar un celular, estadística que subió hasta 18 mil en 2014.

“Es un problema que no está siendo atendido por las autoridades y que la población desconoce sobre los riesgos de esta acción. En específico, accidentes causados por el uso del celular en el Distrito Federal suman alrededor de 650 al año, pero creemos que son cifras que están subregistradas”, señaló Narváez.

Contrario a lo que sostiene el Conapra, la Cruz Roja Mexicana alertó a finales de diciembre del año pasado que el uso del celular mientras maneja había rebasado al consumo de alcohol como primera causa de accidentalidad vial.

Las estadísticas en la nota son claras y precisas demostrando el riesgo que se corre cuando se utiliza un dispositivo móvil y al mismo tiempo se está manipulando un vehículo automotor, las consecuencias llegan a ser fatales, con esto resulta fácilmente demostrable el problema de salud para la sociedad que acarrea esta práctica y como ya lo habíamos mencionado anteriormente no obstante que esté prohibido en casi todas las partes del país, resulta necesario el poder legislar apoyándose del derecho penal con el único objetivo necesario de lograr la disuasión de los individuos manejadores y lograr con esto la prevención en la realización de esta conducta y proteger con esto el bien jurídico tutelado, que es la integridad física, así como la vida de las personas.

Para sumar a este análisis cabe mencionar que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en su resolución 64/255, 1 de marzo de 2010, proclamó el periodo 2011-2020 “Decenio de Acción para la Seguridad Vial”, con el objetivo general de estabilizar y, posteriormente, reducir las cifras previstas de víctimas mortales en accidentes de tránsito en todo el mundo aumentando las actividades en los planos nacional, regional y mundial.

A esta estrategia nuestro país ha adquirido el compromiso y ha tomado acciones concretas entre ellas que los secretarios de Salud y de Comunicaciones y Transportes firmaron, el 12 de mayo de 2011, en presencia de representantes de instituciones públicas, privadas y sociales, la Estrategia Nacional de Seguridad Vial 2011-2020, alineada a los 5 Pilares de Acción del Plan Mundial por la seguridad vial de Naciones Unidas.

Aunado a lo anterior, en materia legislativa en el mes de abril de 2011, por gestiones de la Secretaría de Salud, el Senado de la República aprobó un Punto de Acuerdo promulgando la década 2011-2020 como el Decenio de Acción para la Seguridad Vial en México (Gaceta del Senado Abril de 2011).

De esta manera podemos ver que existe una preocupación a nivel mundial de tomar medidas y así reducir el riesgo de sufrir accidentes de tránsito, cuestión por la cual la iniciativa del Diputado proponente puede surgir como una herramienta más que permita sumarse a todas las estrategias ya tomadas por los diferentes organismos que se encuentran llevando la batuta en esta orquesta de tratamientos que luchan por la prevención de estas conductas, y aportar al decenio de acción para la seguridad vial tanto de las naciones unidas como de México lo pertinente en materia penal.

En consecuencia y como ya se ha comentado para poder reforzar todas estas estrategias para la seguridad vial, se considera conveniente la propuesta del iniciante, toda vez que se ha demostrado la trascendencia social del hecho, así como la pertinencia entre esta trascendencia y la pena propuesta, salvo un ligero cambio en la redacción propuesta, dado que en esta, el diputado iniciante propone; “salvo que se utilice con tecnología de manos libres u otra tecnología que evite la distracción del conductor” y como bien se ha hecho ver en las estadísticas y notas mostradas con antelación que cualquier tipo de distracción aumenta el riesgo de tener un accidente, incluso el tomar agua o el contestar una llamada aunque sea con tecnología de manos libres produce distracción cognitiva de los conductores mientras realizan su actividad primordial que es el manejo del vehículo automotor, de esta manera sugerimos la siguiente redacción “aunque se utilice con tecnología de manos libres” se reduce la redacción y con esto se contempla que el conductor no sea distraído con ningún tipo de tecnología.

Por todos los argumentos antes expuestos, la Comisión de Justicia del Congreso de la Unión, somete a consideración de ésta Soberanía el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 171 Y 172 DEL CODIGO PENAL FEDERAL.

ARTÍCULO ÚNICO.Se reforman los artículos 171 y 172 del Código Penal Federal, para quedar como sigue:

Artículo 171.- Se impondrán prisión hasta por tres años, hasta treinta días multa y suspensión o pérdida del derecho a usar la licencia de manejador, al que en estado de ebriedad o bajo el influjo de drogas enervantes cometa alguna infracción a los reglamentos de tránsito y circulación al manejar vehículos de motor, independientemente de la sanción que le corresponda si causa daño a las personas o las cosas.

Artículo 172.- Cuando se cause algún daño por medio de cualquier vehículo, motor o maquinaria, además de aplicar las sanciones por el delito que resulte, se inhabilitará al conductor para manejar aquellos aparatos por un tiempo que no podrá ser menorde un mes ni exceder un año. En caso de reincidencia, la inhabilitación será definitiva.

A quien cometa el delito a que se refiere el párrafo anterior, mientras utiliza algún equipo de radio comunicación, salvo que se emplee con tecnología de manos libres, se le impondrá, además de la sanción correspondiente al delito cometido, una sanción de uno a tres años de prisión.

TRANSITORIO

ÚNICO. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas:

1 Garcia, G. Guadalupe Leticia, Derecho Ejecutivo Penal, México, Editorial Porrúa, 2005., p.64

2 Beccaria, Cesar de Bonesana marques de, De los Delitos y de las Penas, España, Universidad Carlos III de Madrid, 2015, p25

3 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

4 Informe sobre la Situación Mundial de la Seguridad Vial 2015, de la Organización Mundial de la salud.

5 Ibidem.

6 infografía de alcohol 2015 [fecha de consulta 28 de enero de 2016], documento electrónico, Disponible en <http://conapra.salud.gob.mx/ Interior/Documentos/Infografia_alcohol.pdf>

7 Pilotos por la seguridad vial [fecha de consulta 28 de enero de 2016], documento electrónico, Disponible en < http://pilotosporlaseguridadvial.com/proyecto/que-es/>

8 Bajan accidentes y muertes por alcohol, tras la ley Emilia [fecha de consulta 28 de enero de 2016], documento electrónico, Disponible en <http://www.latercera.com/noticia/nacional/2015/02/680-616397-9-bajan-accide ntes-y-muertes-por-alcohol-tras-ley-emilia.shtml>

9 infografía uso de celular y conducción [fecha de consulta 28 de enero de 2016], documento electrónico, Disponible en < http://conapra.salud.gob.mx/Interior/Documentos/Infografiacelular.pdf >

10 Uso del celular al conducir, un llamado a la tragedia [fecha de consulta 28 de enero de 2016], documento electrónico, Disponible en<http://www.excelsior.com.mx/comunidad/2015/04/25/1020632>

11 Plan Mundial para el decenio de acción para la seguridad víal 2011-2020

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de diciembre de 2016.

La Comisión de Justicia, diputados:Álvaro Ibarra Hinojosa (rúbrica), presidente; María Gloria Hernández Madrid (rúbrica), Ricardo Ramírez Nieto (rúbrica), José Hernán Cortés Berumen (rúbrica), Javier Antonio Neblina Vega (rúbrica), Patricia Sánchez Carrillo (rúbrica), Arturo Santana Alfaro (rúbrica), Lía Limón García (rúbrica), Víctor Manuel Sánchez Orozco, secretarios; Jesús Emiliano Álvarez López (rúbrica en abstención), Alfredo Basurto Román (rúbrica en abstención), Ramón Bañales Arámbula (rúbrica), Tristán Manuel Canales Najjar (rúbrica), Édgar Castillo Martínez, José Alberto Couttolenc Buentello, César Alejandro Domínguez Domínguez (rúbrica), Mayra Angélica Enríquez Vanderkam, Waldo Fernández González (rúbrica), José Adrián González Navarro, Sofía González Torres (rúbrica), Carlos Iriarte Mercado (rúbrica), Armando Luna Canales, Abel Murrieta Gutiérrez (rúbrica), Daniel Ordóñez Hernández (rúbrica), Ulises Ramírez Núñez (rúbrica), Édgar Romo García (rúbrica), Martha Sofía Tamayo Morales.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple con la Declaratoria de Publicidad.

Proceda la Secretaría a dar lectura a los resolutivos del Acuerdo de la Junta de Coordinación Política.

ACUERDO DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO

La Secretaria diputada Ernestina Godoy Ramos:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.— Junta de Coordinación Política.

Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se autoriza el uso del salón de sesiones para que se lleve a cabo el Décimo Parlamento de las Niñas y los Niños de México, los días 13 y 17 de febrero de 2017

La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 33 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 30 y 31, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, y

Considerandos

1. Que el artículo 33 de la Ley Orgánica del Congreso, establece que la Junta de Coordinación Política es el órgano en que se impulsan entendimientos y convergencias políticas a fin de alcanzar acuerdos para que el Pleno esté en condiciones de adoptar las decisiones que constitucional y legalmente le corresponden;

2. Que en el artículo 31, numeral 2, establece que las personas distintas a las mencionadas en el numeral 1, podrán hacer uso de la tribuna, cuando la Cámara celebre una sesión solemne para que reciban algún reconocimiento o mención especial, a título personal o a nombre de alguna institución u organización, y en situaciones especiales, a propuesta de la junta, con el acuerdo del Pleno.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración del Pleno el siguiente.

Acuerdo

Primero.Se autoriza el uso del salón de sesiones para que se lleve a cabo el Décimo Parlamento de las Niñas y los Niños de México, los días 13 y 17 de febrero de 2017.

Segundo. Publíquese en la Gaceta Parlamentaria.

Tercero. Se instruya a la Secretaría General para las gestiones correspondientes.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de febrero de 2017.— Diputado Francisco Martínez Neri (rúbrica), Presidente de la Junta de Coordinación Política y Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; diputado César Octavio Camacho Quiroz (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; diputado Marko Antonio Cortés Mendoza (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; diputado Jesús Sesma Suárez (rúbrica p.a), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; diputada Norma Rocío Nahle García (rúbrica), Coordinadora del Grupo Parlamentario de Movimiento de Regeneración Nacional; diputado Luis Alfredo Valles Mendoza (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza; diputado José Clemente Castañeda Hoeflich (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano; diputado Alejandro González Murillo (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.»

En votación económica, se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Aprobado. Comuníquese.Continúe la Secretaría.

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La Secretaria diputada Ernestina Godoy Ramos:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.— Junta de Coordinación Política.

Diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar, Presidente de la Mesa Directiva de la Honorable Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le ruego someter a consideración del pleno, las siguientes modificaciones en la integración de las comisiones que se señalan, solicitadas por el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional:

• Que el diputado Abel Murrieta Gutiérrez cause baja como integrante de la Comisión de Justicia.

• Que el diputado Abel Murrieta Gutiérrez cause alta como integrante en la Comisión de Gobernación.

Sin otro particular, le reitero mi consideración distinguida.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, Ciudad de México, DF, a 9 de febrero de 2017.— Diputado Francisco Martínez Neri (rúbrica), Presidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.— Junta de Coordinación Política.

Diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar, Presidente de la Mesa Directiva de la Honorable Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le ruego someter a consideración del pleno, las siguientes modificaciones en la integración de las comisiones que se señalan, solicitadas por el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional:

• Que la diputada Zacil Leonor Moguel Manzur cause alta como secretaria en la Comisión de Turismo.

• Que la diputada Zacil Leonor Moguel Manzur cause alta como integrante en la Comisión de Comunicaciones.

• Que la diputada Zacil Leonor Moguel Manzur cause alta como integrante en la Comisión de Seguridad Pública.

Sin otro particular, le reitero mi consideración distinguida.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, Ciudad de México, DF, a 9 de febrero de 2017.— Diputado Francisco Martínez Neri (rúbrica), Presidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.— Junta de Coordinación Política.

Diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar, Presidente de la Mesa Directiva de la Honorable Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le ruego someter a consideración del pleno la modificación en la integración de las comisiones que se señalan, solicitados por el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

• Que el diputado Nicanor Martínez Olguín cause alta como presidente en la Comisión de Asuntos de la Frontera Norte.

• Que el diputado Nicanor Martínez Olguín cause alta como integrante en la Comisión de Energía.

• Que el diputado Nicanor Martínez Olguín cause alta como integrante en la Comisión de Turismo.

Sin otro particular, le reitero mi consideración distinguida.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, Ciudad de México, DF, a 9 de febrero de 2017.— Diputado Francisco Martínez Neri (rúbrica), Presidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.— Junta de Coordinación Política.

Diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar, Presidente de la Mesa Directiva de la Honorable Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le ruego que se someta a consideración del pleno la modificación en la integración de la comisión que se señala, solicitada por el Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social:

• Que el diputado Refugio Trinidad Garzón Canchola cause alta como secretario en la Comisión de Turismo.

Sin otro particular, le reitero mi consideración distinguida.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, Ciudad de México, DF, a 9 de febrero de 2017.— Diputado Francisco Martínez Neri (rúbrica), Presidente.»

En votación económica se pregunta a la asamblea si se aprueban. Los diputados y las diputadas que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Aprobados. Comuníquense.

INICIATIVAS Y PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO

El presidente Edmundo Javier Bolaños Aguilar, remite en términos de lo dispuesto por los artículos 100 y 102 del Reglamento de la Cámara de Diputados, las proposiciones y las iniciativas que no se presentaron en tribuna serán turnadas a las comisiones que correspondan.(*)

( *) Las iniciativas y proposiciones se encuentran en el Apéndice de esta sesión.

EFEMÉRIDE

DÍA DE LA FUERZA AÉREA MEXICANA

«Efeméride con motivo del 10 de febrero, Día de la Fuerza Aérea Mexicana, a cargo del Grupo Parlamentario del PVEM

La Fuerza Aérea Mexicana es una de las dos fuerzas armadas que integran la Secretaría de la Defensa Nacional. Entre sus objetivos fundamentales se encuentra el defender la integridad y la independencia de nuestro país, así como coadyuvar en el mantenimiento de la seguridad interior, por lo cual queremos reconocer en su aniversario a esta institución garante de la soberanía del espacio aéreo nacional.

El término Fuerza Aérea Mexicana hace referencia a la totalidad del equipo aéreo, así como al personal que lo asiste, mismo que es utilizado por el Colegio del Aire, el Ejército, el Estado Mayor Presidencial, las unidades aéreas y las demás dependencias que lo requieran; la historia de la Fuerza Aérea Mexicana se encuentra fuertemente ligada a la historia de la aviación en México, remontándose a 1906; cuenta con la distinción de haberse empleado en observaciones y combates aéreos, desde 1914; asimismo, la Fuerza Aérea Mexicana ha desempeñado un papel fundamental en las batallas sorteadas en el territorio nacional, contribuyendo a sofocar las rebeliones de origen militar, territorial y religioso; igualmente, sirvió con alta distinción durante el desarrollo de la II Guerra Mundial, en Filipinas y Formosa.

El 10 de febrero celebramos un año más de la Fuerza Aérea Mexicana, institución que ha actuado de forma permanente con valor y lealtad al servicio de la patria en el acontecer histórico de la nación, a lo largo de los años ha fungido como un pilar fundamental en el mantenimiento de la integridad, estabilidad y permanencia del Estado mexicano.

La problemática actual del país ha demandado contar con mayor presencia de las Fuerzas Armadas a lo largo del territorio nacional, con el fin de contribuir con diversas operaciones, prestar ayuda a la población civil en caso de desastres naturales y colaborar con las autoridades civiles en la función de seguridad pública; el despliegue operativo que mantiene la Fuerza Aérea Mexicana responde a la necesidad estratégica de mantener presencia permanente en el territorio nacional, con la finalidad de cumplir las misiones de protección y vigilancia del espacio aéreo mexicano, así como apoyar a los tres niveles de gobierno en diversas actividades.

No obstante lo anterior, es menester reconocer que la Fuerza Aérea Mexicana no sólo realiza actividades de protección, vigilancia y salvaguarda, además, en coordinación con las diferentes dependencias y los distintos órdenes de gobierno, lleva a cabo actividades de labor social en beneficio de la población civil, aspecto que se ha fortalecido en la presente administración, con el objetivo fundamental de apoyar a la población que habita en las áreas más vulnerables de la nación.

Desde su creación, la Fuerza Aérea Mexicana ha asumido el compromiso de mantenerse actualizada para estar en condiciones de cumplir las misiones que se le encomiendan, a lo largo de su historia ha formado personal altamente capacitado y comprometido con la defensa, protección y vigilancia del espacio aéreo, para ello cuenta con el Colegio del Aire, conjunto de instituciones académicas encargadas de la formación y capacitación de pilotos, meteorólogos y mecánicos especialistas en aviación, constituyendo el plantel educativo rector en educación militar aérea.

Quienes integramos el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México nos sumamos al reconocimiento y agradecemos la responsabilidad y compromiso que respaldan el actuar de la Fuerza Aérea Mexicana; los mexicanos nos sentimos orgullosos de la historia de valentía, honor, heroísmo y lealtad que la Fuerza Aérea siempre ha profesado a la Constitución, a la república y a las instituciones. En este día dejamos claro que su amor a la patria y su invaluable labor de defensa de la integridad del territorio son y serán siempre fundamentales para el progreso de México.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de febrero de 2017.— (Rúbrica).»

CLAUSURA Y CITA

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar(a las 15:34 horas): Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el día martes 14 de febrero de 2017 a las 11:00 horas.

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