Diario de los Debates

organo oficial de la camara de diputados
del congreso de los estados unidos mexicanos
Poder Legislativo Federal, LXIII Legislatura
Correspondiente al Segundo Periodo de Sesiones Ordinarias del Segundo Año de Ejercicio
Director General de
Crónica Parlamentaria
Gilberto Becerril Olivares
Presidente

Diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar
Director del
Diario de los Debates
Luis Alfredo Mora Villagómez
Año II
México, DF, martes 14 de febrero de 2017
Sesión No. 6

SUMARIO


COMUNICACIONES OFICIALES

De la diputada Tania Victoria Arguijo Herrera, del PRD, por el que solicita el retiro de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley Orgánica del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y la Ley de Ciencia y Tecnología

Del diputado José Clemente Castañeda Hoeflich, de MC, por el que solicita el retiro de la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un Capítulo VIII Ter, De los Principios y Derechos de los Usuarios de Espectáculos Públicos, y un artículo 76 Ter a la Ley Federal de Protección al Consumidor

Del diputado Francisco Martínez Neri, del PRD, por el que solicita el retiro de la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el párrafo séptimo y adiciona un párrafo octavo de la fracción II del artículo 116 de la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos

Se tienen por retiradas, actualícense los registros parlamentarios

De la Secretaría de Gobernación, con la que remite los informes sobre la utilización de los tiempos oficiales de radio, televisión y cinematografía, así como de los programas y campañas de comunicación social del Gobierno federal, correspondientes al sexto bimestre del ejercicio fiscal 2016. Se turna a las comisiones de Radio y Televisión, y de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento

De la Secretaría de Gobernación, con la que remite diez contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados:

– Por el que se exhorta a la Secretaría de Salud a llevar a cabo programas y acciones para la debida atención de las inmunodeficiencias primarias en todo el país; así como incorporar este padecimiento en el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos del Seguro Popular. Se remite a la Comisión de Salud, para su conocimiento

– Por el que se exhorta al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a implementar actividades de protección oportuna y atención del cáncer de pulmón a la par de los estándares internacionales. Se turna a la Comisión de Salud, para su conocimiento

– Por el que se solicita al Gobierno federal llevar a cabo acciones con objeto de impulsar el desarrollo regional del sureste de México y beneficiar a los estados de Yucatán, Tabasco, Campeche y Quintana Roo, en aras de mejorar la calidad de vida de sus habitantes. Se remite a la Comisión de Asuntos Frontera Sur-sureste, para su conocimiento

– Por el que se exhorta a la Secretaría de Salud a dar inicio al proceso de revisión y actualización de la NOM-008-SSA3-2010, y someter dicha Norma a consulta pública a través de los mecanismos dispuestos por la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, debido a que resulta obsoleta a los procesos actuales de atención al proceso y la obesidad; y que durante esta revisión tome en consideración temas fundamentales como la certificación obligatoria para los cirujanos bariátras, las indicaciones de la cirugía bariátrica y la vinculación con guías prácticas. Se remite a la Comisión de Salud, para su conocimiento

– Por el que se exhorta a la Secretaría de Salud, a satisfacer la demanda de recursos para el cuidado de la salud que establece tanto la Organización Mundial de la Salud como los estándares establecidos por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Se turna a la Comisión de Salud, para su conocimiento

– Por el que se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a evitar fumigaciones de herbicidas que contengan glifosato u otro herbicida con material tóxico en la franja de derecho de vía que se encuentran en todas las carreteras y zona de protección o derecho de vía de tren, así como entre el riel, silleta con clavo y traviesa con madera, así como a informar si existen dichas sustancias en los planes de trabajos actuales. Se remite a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para su conocimiento

– Por el que se exhorta a la Procuraduría General de la República y a las dependencias de la administración pública federal a destinar y ejercer de manera oportuna los recursos públicos autorizados en los programas de acciones afirmativas, ajustes razonables y medidas de nivelación dirigidos a fortalecer los derechos de las personas con discapacidad; y a coordinar con la Secretaría de Desarrollo Social los trabajos necesarios para preparar su reporte de los recursos destinados a programas y acciones para la inclusión de personas con discapacidad, en términos del artículo decimocuarto transitorio del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2016. Se turna a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, para su conocimiento

– Por el que se exhorta a la Dirección General de Coordinación, Análisis y Normatividad de Gestión de Riesgos de la Coordinación Nacional de Protección Civil, a evaluar las consecuencias provocadas por los vientos ocurridos en diversos municipios del Istmo de Tehuantepec del estado de Oaxaca, así como emitir la declaratoria de emergencia correspondiente. Se remite al promovente

– Por el que se exhorta a la Comisión Nacional de Seguridad, a reforzar las medidas de seguridad de manera permanente en las carreteras, fronteras, centrales de autobuses y aeropuertos internacionales con motivo de las fiestas de fin de año y periodos vacacionales. Se turna al promovente

– Por el que se exhorta a la Comisión Reguladora de Energía, para que haga de conocimiento público la ubicación de los concesionarios por región. Se remite a la Mesa Directiva

De la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México, con la que remite cinco contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados:

– Por el que se exhorta a las autoridades ambientales de las entidades federativas para que, en el marco de sus atribuciones, se integren y apoyen los trabajos realizados por la federación, tendientes a proteger las especies en peligro de extinción del país. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para su conocimiento

– Por el que se exhorta a las autoridades en materia de protección civil de los tres niveles de Gobierno, a que se diseñen e implementen campañas informativas sobre la importancia de colaborar con los grupos de asistencia humanitaria, con la finalidad de concientizar a la población, sobre la necesidad de estar preparados ante el peligro de sufrir la presencia de algún desastre ya sea de índole ambiental, de salud o social. Se remite a la Comisión de Protección Civil, para su conocimiento

– Por el que se exhorta al Gobierno de la Ciudad de México y al jefe delegacional en Coyoacán, para que en el ámbito de sus facultades, instruyan los procesos de verificación administrativa para cerciorarse que la obra y giro que se realiza en el domicilio ubicado en la avenida Universidad número 2014, colonia Copilco Universidad, se lleve a cabo conforme a la normatividad aplicable en materia de obras, desarrollo urbano y uso de suelo; preservación del medio ambiente y protección ecológica civil, y resuelvan de conformidad. Se turna a la Comisión de Ciudad de México, para su conocimiento

– Por el que se exhorta a los titulares del Poder Ejecutivo de las entidades federativas y al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, a que atendiendo las necesidades de leche que regulan sus respectivos programas sociales, está sea comprada a Liconsa, para que dicha empresa a su vez, pueda adquirir los excedentes de leche que existen en el mercado nacional. Se remite a la Comisión de Ganadería, para su conocimiento

– Por el que se exhorta al Gobierno de la cuidad de México y al jefe delegacional en Cuauhtémoc a fin de que, de manera coordinada se tomen las acciones y se destinen los recursos necesarios para la instalación paulatina de bancas para el descanso de los peatones en las calles del Centro Histórico de esta ciudad capital. Se turna a la Comisión de Ciudad de México, para su conocimiento

Del Congreso del Estado de Puebla, con la que remite dos contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados:

– Por el que se exhorta respetuosamente a los 32 congresos locales a que, en el ámbito de sus atribuciones, y con plena consideración a su soberanía, procuren la revisión, estudio y, en su caso, regulación de la conducta penal de asedio sexual con fines lascivos. Se remite a la Comisión de Justicia, para su conocimiento

– Por el que se exhorta respetuosamente a las legislaturas locales en cuyos códigos penales se contempla la figura de matrimonio como causa de extinción de la acción penal en el delito de estupro, para que en su caso se revise y se modifique su legislación a fin de garantizar el pleno ejercicio del interés superior de la niñez. Se turna a la Comisión de Justicia, para su conocimiento

De la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por la que remite la evolución de la actividad recaudatoria 2016, y programas y presupuesto 2017. Se remite a las comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento

De la Comisión Nacional de Derechos Humanos, con la que remite el Informe Anual de Actividades 2016 (enero-diciembre de 2016) Resumen Ejecutivo. Se turna a la Comisión de Derechos Humanos, para su conocimiento

De la Cámara de Senadores, se recibió los siguientes asuntos:

– Por el que devuelve para los efectos de la fracción D, el expediente que contiene proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 26 de la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro. Se remite a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para dictamen

– Por el que devuelve para los efectos de la fracción D, el expediente que contiene proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Se turna a la Comisión de Economía, para dictamen

MINUTAS

LEY DE NAVEGACIÓN Y COMERCIO MARÍTIMOS

De la Cámara de Senadores se recibió la minuta con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción II del artículo 57 de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos. Se remite a la Comisión de Transportes, para dictamen

LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA

De la Cámara de Senadores se recibió la minuta con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción III del artículo 38 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Se turna a la Comisión de Igualdad de Género, para dictamen

LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA

De la Cámara de Senadores se recibió la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Se remite a la Comisión de Igualdad de Género, para dictamen

LEY GENERAL DE PESCA Y ACUACULTURA SUSTENTABLES

De la Cámara de Senadores se recibió la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 4 y 29 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables. Se turna a la Comisión de Pesca, para dictamen

LEY GENERAL DE PESCA Y ACUACULTURA SUSTENTABLES

De la Cámara de Senadores se recibió la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables. Se remite a la Comisión de Pesca, para dictamen

INICIATIVA DE LOS CONGRESOS ESTATALES

LEY DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES, DE LA LEY GENERAL PARA LA INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, Y DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS

Del Congreso del estado de Colima, se recibió la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, y de la Ley Federal de Derechos. Se turna a las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables y de Hacienda y Crédito Público, para dictamen

INICIATIVA DE SENADORA

LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

De la Cámara de Senadores, se recibió de la senadora María del Rocío Pineda Gochi, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción XXIV del artículo 93 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Se remite a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen

INICIATIVAS DE LAS DIPUTADAS Y LOS DIPUTADOS

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

De los diputados César Camacho Quiroz, Ruth Noemí Tiscareño Agoitia y Jorge Carlos Ramírez Marín, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, se recibió la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 41 y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen

LEY DE COORDINACIÓN FISCAL Y LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

Del diputado Jesús Sesma Suárez, a nombre propio y de los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, se recibió la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal y de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Se remite a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen

CÓDIGO PENAL FEDERAL

De la diputada Ana Guadalupe Perea Santos, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, se recibió la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 335 del Código Penal Federal. Se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen

LEY GENERAL DE SALUD

Del diputado Pedro Luis Noble Monterrubio, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, se recibió la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 6o. de la Ley General de Salud. Se remite a la Comisión de Salud, para dictamen

LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE Y LEY DE COORDINACIÓN FISCAL

Del diputado Jesús Sesma Suárez, a nombre propio y de los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, se recibió la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y de la Ley de Coordinación Fiscal. Se turna a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y de Hacienda y Crédito Público, para dictamen

LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, Y LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL

Del diputado Jesús Sesma Suárez, a nombre propio y de los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, se recibió la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona diversas disposiciones a la Ley del Impuesto sobre la Renta, y de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Se remite a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Gobernación, para dictamen

LEY GENERAL DE DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE

Del diputado Jesús Sesma Suárez, a nombre propio, del senador Carlos Alberto Puente Salas y de los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, se recibió la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 117 y 143 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

De la diputada Lorena Corona Valdés, a nombre propio y de los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, se recibió la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se remite a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen

LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES, LEY GENERAL DE PARTIDOS POLÍTICOS Y LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

El diputado Marko Antonio Cortés Mendoza, a nombre propio y de los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presenta la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de la Ley General de Partidos Políticos y de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a efecto de regular los procedimientos en materia de reelección consecutiva. Se remite a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, para dictamen

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

El diputado Marko Antonio Cortés Mendoza, a nombre propio y de los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presenta la iniciativa con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen

LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE

La diputada Isaura Ivanova Pool Pech, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presenta la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 20 Bis 6, 51, 132 y 161 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. Se remite a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen

LEY FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES Y RADIODIFUSIÓN

La diputada Ma. Victoria Mercado Sánchez, a nombre propio y del diputado José Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, presenta la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 189 y 190 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Se turna a la Comisión de Comunicaciones, dictamen

DÉCIMO PARLAMENTO DE LAS NIÑAS Y DE LOS NIÑOS DE MÉXICO

La diputada infantil Ashley Brigette Gómez Lorenzana, presidenta del Décimo Parlamento de las Niñas y los Niños de México, dirige un mensaje a la asamblea

Desde la curul, para referirse al tema, hace uso de la palabra:

El diputado Manuel Jesús Clouthier Carrillo, Independiente

El diputado Héctor Barrera Marmolejo, del PAN

La diputada María Candelaria Ochoa Avalos, de MC

El diputado Jesús Salvador Valencia Guzmán, del PRD

La diputada Mariana Arámbula Meléndez, del PAN

La diputada Alicia Guadalupe Gamboa Martínez, del PRI

La diputada Rosa Alba Ramírez Nachis, de MC

El diputado Omar Noé Bernardino Vargas, del PVEM

La diputada Mariana Trejo Flores, de Morena

El diputado Pedro Luis Noble Monterrubio, del PRI

INICIATIVAS DE LAS DIPUTADAS Y LOS DIPUTADOS

EXPIDE LA LEY DE SEGURIDAD INTERIOR

La diputada Sofía González Torres, a nombre propio y de los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presenta la iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley de Seguridad Interior. Se remite a la Comisión de Gobernación, para dictamen; y a las Comisiones de Seguridad Pública y de Presupuesto y Cuenta Pública, para opinión

LEY ORGÁNICA DEL SEMINARIO DE CULTURA MEXICANA

El diputado Francisco Javier Pinto Torres, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, presenta la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Seminario de Cultura Mexicana, en materia de transparencia y acceso a la información. Se turna a la Comisión de Cultura y Cinematografía, para dictamen

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

El diputado Hugo Eric Flores Cervantes, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, presenta la iniciativa con proyecto de decreto que deroga el artículo 10 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se remite a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen

LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

El diputado Hugo Eric Flores Cervantes, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, presenta la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 82 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen

CÓDIGO PENAL FEDERAL

La diputada Mariana Trejo Flores, del Grupo Parlamentario de Morena, presenta la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal, en materia de protección a la infancia y la adolescencia contra la prostitución infantil y la explotación sexual de menores. Se remite a la Comisión de Justicia, para dictamen

CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, LEY FEDERAL DE ARMAS DE FUEGO Y EXPLOSIVOS, LEY FEDERAL PARA PREVENIR Y SANCIONAR LOS DELITOS COMETIDOS EN MATERIA DE HIDROCARBUROS, LEY DE MIGRACIÓN, LEY DE AMPARO, REGLAMENTARIA DE LOS ARTÍCULO 103 Y 107 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, LEY GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, CÓDIGO PENAL FEDERAL, LEY FEDERAL PARA LA ADMINISTRACIÓN Y ENAJENACIÓN DE BIENES DEL SECTOR PÚBLICO Y LEY ORGÁNICA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

El diputado César Octavio Camacho Quiroz, a nombre propio y de los diputados Álvaro Ibarra Hinojosa, Edgar Romo García, Martha Sofía Tamayo Morales, Armando Luna Canales, César Alejandro Domínguez Domínguez, Ricardo Ramírez Nieto y Mercedes del Carmen Guillén Vicente, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presenta la iniciativa con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales, de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en materia de hidrocarburos, de la Ley de Migración, de la ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, del Código Penal Federal, de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público y de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República. Se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen

LEY FEDERAL DE DERECHOS

De la diputada Claudia Edith Anaya Mota, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, se recibió la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 271 y 275 de la Ley Federal de Derechos. Se remite a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen

PROPOSICIONES DE URGENTE RESOLUCIÓN

ELEVAR LOS MONTOS DEL ESTÍMULO FISCAL EN MATERIA DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS APLICABLES A LOS COMBUSTIBLES QUE SE ENAJENEN EN LA FRONTERA NORTE

El diputado Edgardo Melhem Salinas, a nombre propio y de los diputados Yahleel Abdala Carmona, María Esther Camargo Félix y Pedro Luis Coronado Ayarzagoitia, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presenta la proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal y a la SHCP, para que eleven los montos del estímulo fiscal en materia del impuesto especial sobre producción y servicios aplicables a los combustibles que se enajenen en la frontera norte, con el objeto de que los precios en México vuelvan a estar homologados con los promedios simples de precios en las ciudades fronterizas de los Estados Unidos de América. Se considera de urgente de resolución

Para referirse a la proposición, interviene:

El diputado José Alfredo Ferreiro Velazco, del PES

La diputada María Eugenia Ocampo Bedolla, de NA

El diputado Jorge Álvarez Maynez, de MC

El diputado Vidal Llerenas Morales, de Morena

La diputada María Ávila Serna, del PVEM

El diputado Julio Saldaña Morán, del PRD

La diputada Leticia Amparano Gamez, del PAN

La diputada Yahleel Abdala Carmona, del PRI

Para referirse al procedimiento, participa:

La diputada Cristina Ismene Gaytán Hernández, del PRD

El diputado Vidal Llerenas Morales, de Morena

El diputado Mario Ariel Juárez Rodríguez, de Morena

El diputado Jorge Triana Tena, del PAN

El diputado Jorge Álvarez Maynez, de MC

El diputado Jorge Carlos Ramírez Marín, del PRI

La diputada Hortensia Aragón Castillo, del PRD

Aprobado, comuníquese

PONER FIN AL CONFLICTO ENTRE LAS COMUNIDADES WIXÁRIKA Y LOS GANADEROS NAYARITAS EN EL POBLADO DE HUAJIMIC, MUNICIPIO DE LA YESCA, NAYARIT

El diputado José Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, presenta la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Sedatu, para que a la brevedad realice las acciones necesarias para poner fin al conflicto entre las comunidades Wixárika y los ganaderos nayaritas en el poblado de Huajimic, municipio de la Yesca, Nayarit, respetando los términos de la sentencia dictada por el Tribunal Unitario Agrario Distrito 56 de Tepic, Nayarit

La Secretaría de la Mesa Directiva, da cuenta de una propuesta de modificación, Aprobado, se incorpora a la proposición

Se considera de urgente u obvia resolución

Para referirse a la proposición, participa:

La diputada Blandina Ramos Ramírez, de Morena

El diputado Leonardo Rafael Guirao Aguilar, del PVEM

La diputada Natalia Karina Barón Ortiz, del PRD

La diputada Jasmine María Bugarín Rodríguez, del PRI

El diputado Hugo Daniel Gaeta Esparza, del PRI

El diputado Víctor Manuel Sánchez Orozco, de MC

Aprobado, comuníquese

DIFUNDAN CUALES HAN SIDO LOS RESULTADOS DE LOS PROGRAMAS ENCARGADOS DE PREVENIR Y ERRADICAR LOS DELITOS DE ALTO IMPACTO

El diputado Luis Alfredo Valles Mendoza, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, presenta la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Segob y a la Comisión Nacional de Seguridad, a que difundan cuales han sido los resultados de los programas encargados de prevenir y erradicar los delitos de alto impacto. Se considera de urgente u obvia resolución

Para referirse a la proposición, interviene:

La diputada Sandra Luz Falcón Venegas, de Morena

Aprobado, comuníquese

DESTINEN RECURSOS DE SUS PRESUPUESTOS PÚBLICOS PARA IMPULSAR LA COMERCIALIZACIÓN Y LA IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS E HIDRÁULICOS AGROPECUARIOS

La diputada Ana Guadalupe Perea Santos, a nombre propio y de los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, presenta la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta, al Ejecutivo Federal, a través de la Sagarpa y de la Conagua, para que realicen las gestiones necesarias a fin de que los gobiernos estatales y en su caso municipales, destinen recursos de sus presupuestos públicos para impulsar la comercialización y la implementación de proyectos productivos e hidráulicos agropecuarios. Se considera de urgente u obvia resolución

Para referirse a la proposición, hace uso de la voz:

El diputado Jesús Serrano Lora, de Morena

El diputado Omar Noé Bernardino Vargas, del PVEM

El diputado Francisco Xavier Nava Palacios, del PRD

Aprobado, comuníquese

BLANQUEO DE CAPITALES

La diputada Gina Andrea Cruz Blackledge, a nombre propio y de los diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presenta la proposición con punto de acuerdo por el que exhorta a la SHCP, para que en el marco de la visita de evaluación del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) a México, sobre el blanqueo de capitales, se realice una reunión de trabajo entre diputados, senadores y miembros de la delegación de evaluación para revisar la agenda de prevención de lavado de dinero desde la perspectiva del Poder Legislativo. Se considera de urgente u obvia resolución

Para referirse a la proposición, hace uso de la palabra:

El diputado Juan Romero Tenorio, de Morena

La diputada Adriana Sarur Torre, del PVEM

El diputado Waldo Fernández González, del PRD

Aprobado, comuníquese

ACUERDO DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO

De la Junta de Coordinación Política, en relación a cambios de integrantes y de juntas directivas de comisiones. Aprobado, comuníquese

LICENCIA

Del diputado Francisco José Gutiérrez de Velasco Urtaza, del PAN, por el que solicita licencia por tiempo indefinido para separarse de su cargo como diputado federal a partir de esta fecha. Aprobada, comuníquese

DECLARATORIA DE PUBLICIDAD DE DICTÁMENES DE LEY O DECRETO

LEY DE TRANSICIÓN ENERGÉTICA

Con fundamento en el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, la Presidencia anuncia la declaratoria de publicidad del dictamen de la Comisión de Energía, con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción I del artículo 3 de la Ley de Transición Energética

LEY FEDERAL SOBRE MONUMENTOS Y ZONAS ARQUEOLÓGICAS, ARTÍSTICOS E HISTÓRICOS

Con fundamento en el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, la Presidencia anuncia la declaratoria de publicidad del dictamen de la Comisión de Cultura y Cinematografía por el que se reforma diversas disposiciones de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticos e Históricos

INICIATIVAS Y PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO

El presidente Edmundo Javier Bolaños Aguilar, remite en términos de lo dispuesto por los artículos 100 y 102 del Reglamento de la Cámara de Diputados, las proposiciones y las iniciativas que no se presentaron en tribuna

EFEMÉRIDE

“DÍA MUNDIAL DE LA ENERGÍA”

De diputados del Grupo Parlamentario del PVEM, se recibió efeméride con motivo del 14 de febrero, “Día Mundial de la Energía”

APÉNDICE

Comunicación de la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, por la que informa el turno que le corresponde a las iniciativas con proyecto de decreto y a las proposiciones con punto de acuerdo registradas en el orden del día del martes 14 de febrero de 2017, de conformidad con los artículos 100, numeral 1, y 102, numeral 3, del Reglamento de la Cámara de Diputados



Presidencia del diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar

ASISTENCIA

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Pido a la Secretaría que haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia de diputadas y de diputados.

La Secretaria diputada Isaura Ivanova Pool Pech:Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 320 diputadas y diputados. Por lo tanto, hay quórum.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar(a las 11:50 horas): Se abre la sesión.

ORDEN DEL DÍA

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Consulte la Secretaría a la asamblea si se dispensa la lectura del orden del día.

La Secretaria diputada Isaura Ivanova Pool Pech:Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se dispensa la lectura al orden del día. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.Se dispensa la lectura.

«Segundo periodo de sesiones ordinarias del segundo año de ejercicio de la LXIII Legislatura.

Orden del día

Martes 14 de febrero de 2017

Lectura del acta de la sesión anterior.

Comunicaciones oficiales

De los diputados Tania Victoria Arguijo Herrera, Clemente Castañeda Hoeflich y Francisco Martínez Neri

Solicita el retiro de iniciativa.

De la Secretaría de Gobernación

Remite los informes sobre la utilización de los tiempos oficiales de radio, televisión y cinematografía, así como de los programas y campañas de comunicación social del Gobierno federal, correspondientes al sexto bimestre del Ejercicio Fiscal 2016.

Remite diez contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados y la Comisión Permanente.

De la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México

Remite cinco contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados.

Del el Congreso del Estado de Puebla

Remite dos contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados.

De la Secretaría de Hacienda y Crédito Público

Remite la Evolución de la actividad recaudatoria 2016, y Programas y Presupuesto 2017.

De la Comisión Nacional de Derechos Humanos

Remite el Informe Anual de Actividades 2016 (enero-diciembre de 2016) Resumen Ejecutivo.

De la Cámara de Senadores

Devuelve para los efectos de la fracción D, el expediente que contiene proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 26 de la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro.

Devuelve para los efectos de la fracción D, el expediente que contiene proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Sociedades Mercantiles.

Minutas

Con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción II del artículo 57 de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos.

Con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción III del artículo 38 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

Con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

Con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 4o. y 29 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables.

Con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables.

Iniciativa del Congreso del Estado de Colima

Con proyecto de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad y de la Ley Federal de Derechos.

Iniciativa de senadora

Con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción XXIV del artículo 93 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, presentada por la senadora María del Rocío Pineda Gochi, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Acuerdo de los órganos de gobierno

De la Junta de Coordinación Política.

Iniciativas

Que reforma los artículos 41 y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por los diputados César Camacho Quiroz, Ruth Noemí Tiscareño Agoitia y Jorge Carlos Ramírez Marín, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal y de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, a cargo del diputado Jesús Sesma Suárez y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Que reforma el artículo 335 del Código Penal Federal, a cargo de la diputada Ana Guadalupe Perea Santos, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.

Que reforma el artículo 6o. de la Ley General de Salud, a cargo del diputado Pedro Luis Noble Monterrubio, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y de la Ley de Coordinación Fiscal, a cargo del diputado Jesús Sesma Suárez y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Que adiciona diversas disposiciones a la Ley del Impuesto Sobre la Renta, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a cargo del diputado Jesús Sesma Suárez y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Que reforma y adiciona los artículos 117 y 143 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, suscrita por el diputado Jesús Sesma Suárez, senador Carlos Alberto Puente Salas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Que reforma el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Lorena Corona Valdés y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Que expide la Ley del Banco Nacional de Becas y Financiamiento a la Educación, a cargo del diputado Alfredo Anaya Orozco, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 9o. de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, a cargo de la diputada Claudia S. Corichi García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma el artículo 5 de la Ley de la Economía Social y Solidaria, Reglamentaria del Párrafo Octavo del Artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo referente al sector social de la economía, a cargo del diputado Alejandro González Murillo, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.

Que reforma y adiciona los artículos 109 y 128 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Alfredo Ferreiro Velazco, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.

Que reforma el artículo 65 Bis 6 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, a cargo de la diputada Flor Estela Rentería Medina, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 2o. de la Ley del Impuesto al Valor Agregado y 3o., 5o. y 8o. de la Ley Federal del Impuesto sobre Automóviles Nuevos, a cargo de la diputada Araceli Damián González, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Seminario de Cultura Mexicana, en materia de transparencia y acceso a la información, a cargo del diputado Francisco Javier Pinto Torres, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.

Que reforma diversas disposiciones de la Ley de Migración, a cargo del diputado Gonzalo Guízar Valladares, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.

Que adiciona los artículos 115 y 117 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Flor Estela Rentería Medina, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 3o. y 10 de la Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo, a cargo de la diputada María Concepción Valdés Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, a cargo del diputado Jorge Álvarez Maynez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma el artículo 52 de la Ley de Aviación Civil, a cargo de la diputada Cynthia Gissel García Soberanes, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.

Que adiciona el artículo 48 de la Ley de Instituciones de Crédito, a cargo del diputado Braulio Mario Guerra Urbiola, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que adiciona el artículo 30 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, a cargo de la diputada Isaura Ivanova Pool Pech, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona los artículos 40 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, 15-C y 540 de la Ley Federal del Trabajo, a cargo de la diputada Isaura Ivanova Pool Pech, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona los artículos 2o., 13 y 68 de la Ley General del Servicio Profesional Docente, a cargo del diputado Francisco Martínez Neri, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que adiciona el artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Alberto Martínez Urincho, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que adiciona los artículos 9o. de la Ley General de Cultura Física y Deporte y 7o. de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Isaura Ivanova Pool Pech, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Educación y de la Ley Reglamentaria del Artículo 5o. Constitucional, Relativo al ejercicio de las Profesiones en el Distrito Federal, a cargo de la diputada Isaura Ivanova Pool Pech, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 304 del Código Civil Federal, a cargo del diputado Germán Ernesto Ralis Cumplido, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma y adiciona los artículos 47 y 103 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a cargo de la diputada Sofía Del Sagrario De León Maza, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que expide la Ley General de Migración de Retorno, a cargo de la diputada Arlette Ivette Muñoz Cervantes, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 50 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, a cargo del diputado Jonadab Martínez García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Que deroga el párrafo octavo del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Rodrigo Abdala Dartigues, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma los artículos 29 y 30 de la Ley General de Desarrollo Social, a cargo de la diputada Silvia Rivera Carbajal, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 177 del Reglamento de la Cámara de Diputados, a cargo del diputado Jonadab Martínez García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma y adiciona los artículos 7o. Ter, 34 y 128 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, a cargo de la diputada Sara Latife Ruíz Chávez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, suscrita por los diputados Araceli Damián González y Vidal Llerenas Morales, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma el artículo 7o. y adiciona los artículos 7o. Bis y 7o. Ter de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Salvador Zamora Zamora, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma el artículo 288 del Código Civil Federal, a cargo de la diputada Sara Latife Ruíz Chávez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, suscrita por el diputado José Luis Orozco Sánchez Aldana y diversos diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, de la Ley de Asistencia Social y de la Ley General de Víctimas, suscrita por diversos diputados del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 169 y 185 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a cargo del diputado Erik Juárez Blanquet, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona los artículos 16, 30, 43 y 113 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 Constituciona, a cargo del diputado Renato Josafat Molina Arias, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma los artículos 189 y 190 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, a cargo del diputado Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Carmen Victoria Campa Almaral, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.

Que reforma el artículo 11 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, suscrita por el diputado José Luis Orozco Sánchez Aldana y diversos diputados del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona los artículos 16 del Código Penal Federal y 405 del Código Nacional de Procedimientos Penales, a cargo del diputado Carlos Alberto de la Fuente Flores, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona los artículos 60 Bis 3 de la Ley General de Vida Silvestre y 420 del Código Penal Federal, a cargo del diputado Juan Fernando Rubio Quiroz, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que deroga la fracción III del artículo 256 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, suscrita por el diputado Clemente Castañeda Hoeflich e integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma los artículos 5o., 31, 34 y 159 Bis de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, suscrita por el diputado José Luis Orozco Sánchez Aldana y diversos diputados del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 40 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, a cargo del diputado Wenceslao Martínez Santos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley General de Vida Silvestre, de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos y del Código Penal Federal, a cargo de la diputada Ma. Victoria Mercado Sánchez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma el artículo 38 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada María Eugenia Ocampo Bedolla, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.

Que reforma el artículo 66 de la Ley de Migración, a cargo del diputado Gonzálo Guizar Valladares, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, suscrita por el diputado José Luis Orozco Sánchez Aldana y diversos diputados del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 32 de la Ley del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, a cargo del diputado José Santiago López, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales y de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, a cargo del diputado Ángel García Yáñez, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.

Que reforma los artículos 32 y 33 de la Ley General de Educación, a cargo del diputado José Santiago López, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones a la Ley Federal del Trabajo, a cargo de la diputada Arlet Mólgora Glover, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona los artículos 25 y 51 de la Ley General de Partidos Políticos, a cargo del diputado José Santiago López, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona los artículos 8o. de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 9o. de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, a cargo de la diputada Arlet Mólgora Glover, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 51 de la Ley General de Desarrollo Social, a cargo de la diputada Lucía Virginia Meza Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma los artículos 87 de la Ley Federal del Trabajo y 58 de la Ley del Seguro Social, a cargo de la diputada Delia Guerrero Coronado, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Lucía Virginia Meza Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma los artículos 24 de la Ley General de Educación y 53 y 55 de la Ley Reglamentaria del Artículo 5o. Constitucional, Relativo al Ejercicio de las Profesiones en el Distrito Federal, a cargo de la diputada Ruth Noemí Tiscareño Agoitia, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 201 y 205 de la Ley del Seguro Social, a cargo de la diputada Maricela Contreras Julián, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 4o. de la Ley Agraria, a cargo del diputado Fernando Quetzalcóatl Moctezuma Pereda, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que adiciona el artículo 4o. de la Ley de Asistencia Social, a cargo del diputado Fernando Quetzalcóatl Moctezuma Pereda, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales, a cargo de la diputada Ana Leticia Carrera Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales, de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos, de la Ley de Migración, de la ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículo 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, del Código Penal Federal, de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público y de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, suscrita por los diputados César Camacho Quiroz y Álvaro Ibarra Hinojosa, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona el artículo 8o. de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, a cargo de la diputada María Elida Castelán Mondragón, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por los diputados Alberto Martínez Urincho y Francisco Xavier Nava Palacios, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática y Manuel Jesús Clouthier Carrillo.

Que reforma y adiciona los artículos 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 539 de la Ley Federal del Trabajo, a cargo del diputado José Hugo Cabrera Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que deroga el artículo 158 y reforma los artículos 264 y 334 del Código Civil Federal, a cargo de la diputada Laura Nereida Plascencia Pacheco, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de la Ley General de Partidos Políticos y de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de reelección consecutiva, a cargo del diputado Marko Antonio Cortés Mendoza y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma los artículos 20 Bis 6, 51, 132 y 161 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, a cargo de la diputada Isaura Ivanova Pool Pech, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que adiciona tres artículos transitorios a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal, en materia de protección a la infancia y la adolescencia contra la prostitución infantil y explotación sexual de menores, a cargo de la diputada Mariana Trejo Flores, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma los artículos 2o. y 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que deroga el artículo 10 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Hugo Eric Flores Cervantes, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.

Que reforma y adiciona los artículos 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, a cargo del diputado José Hugo Cabrera Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Marko Antonio Cortés Mendoza y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma diversas disposiciones de la Ley de Migración, a cargo del diputado Felipe Reyes Álvarez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que adiciona el artículo 6o. de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, suscrita por los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Que reforma y adiciona los artículos 3o., 7o., 8o. y 9o. de la Ley General en materia de delitos electorales, a cargo de la diputada Ariadna Montiel Reyes, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Jorge Álvarez Maynez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma el artículo 82 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, a cargo del diputado Hugo Eric Flores Cervantes, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.

Que reforma y adiciona los artículos 180, 185 y 293 del Código Penal Federal, a cargo del diputado Pablo Gamboa Miner, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública, a cargo de la diputada Alejandra Gutiérrez Campos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 28 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, a cargo de la diputada Lucía Virginia Meza Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 21 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, suscrita por los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Que reforma y adiciona los artículos 73 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Roberto Alejandro Cañedo Jiménez, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada María Candelaria Ochoa Avalos, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Beatriz Vélez Núñez y diversos diputados del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que expide la Ley General de Protección a Periodistas y reforma diversas disposiciones de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República y del Código Nacional de Procedimientos Penales, a cargo de la diputada Brenda Velázquez Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma los artículos 40 y 85 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado José Santiago López, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que expide la Ley de Seguridad Interior, suscrita por los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Que reforma el artículo segundo transitorio del “Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Competencia Económica, de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, de la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de enero de 2017, a cargo del diputado Rogerio Castro Vázquez, del Grupo Parlamentario de Morena.

Que reforma el artículo 1o. de la Ley General de Víctimas, a cargo de la diputada Marbella Toledo Ibarra, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma y adiciona los artículos 115 y 212 de la Ley General de Salud, a cargo del diputado Fernando Quetzalcóatl Moctezuma Pereda, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que abroga la Ley Federal del Impuesto sobre Automóviles Nuevos, a cargo de la diputada Eloisa Chavarrias Barajas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que expide la Ley de Fomento a la Integración de Insumos Nacionales para Obras de Infraestructura Pública No Energética, a cargo del diputado Waldo Fernández González, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma el artículo 191 del Código Penal Federal, a cargo de la diputada Marbella Toledo Ibarra, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que expide la Ley General de Prevención, Atención y Posvención del Suicidio, a cargo de la diputada Adriana Terrazas Porras, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona los artículos 1o., 94 y 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Luis de León Martínez Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma el artículo 61 de la Ley de Instituciones de Crédito, a cargo del diputado Waldo Fernández González, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Que reforma y adiciona el artículo 107 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, a cargo del diputado Germán Ernesto Ralis Cumplido, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Que reforma los artículos 3o , 11 y 14 de la Ley General de Desarrollo Social, a cargo de la diputada Noemí Zoila Guzmán Lagunes, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a cargo de la diputada Arlette Ivette Muñoz Cervantes, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma y adiciona los artículos 271 y 275 de la Ley Federal de Derechos, a cargo de la diputada Claudia Edith Anaya Mota, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma el artículo 7o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Brenda Velázquez Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Que reforma los artículos 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales y 2o. de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, a cargo de la diputada Erika Araceli Rodríguez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Que reforma los artículos 420 del Código Penal Federal y 3o. y 56 de la Ley General de Vida Silvestre, a cargo de la diputada Erika Araceli Rodríguez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Proposiciones de urgente resolución

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal y a la SHCP, para que eleven los montos del estímulo fiscal en materia del impuesto especial sobre producción y servicios aplicables a los combustibles que se enajenen en la frontera norte, con el objeto de que los precios en México vuelvan a estar homologados con los promedios simples de precios en las ciudades fronterizas de los Estados Unidos de América, suscrito por los diputados Yahleel Abdala Carmona, Edgardo Melhem Salinas, María Esther Camargo Félix y Pedro Luis Coronado Ayarzagoitia, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Sedatu, para que a la brevedad realice las acciones necesarias para poner fin al conflicto entre las comunidades Wixárika y los ganaderos nayaritas en el poblado de Huajimic, municipio de la Yesca, Nayarit, respetando los términos de la sentencia dictada por el Tribunal Unitario Agrario Distrito 56 de Tepic, Nayarit, a cargo del diputado Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Segob y a la Comisión Nacional de Seguridad, a que difundan cuales han sido los resultados de los programas encargados de prevenir y erradicar los delitos de alto impacto, a cargo del diputado Alfredo Valles Mendoza, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta, al Ejecutivo federal, a través de la Sagarpa y de la Conagua, para que realicen las gestiones necesarias a fin de que los gobiernos estatales y en su caso municipales, destinen recursos de sus presupuestos públicos para impulsar la comercialización y la implementación de proyectos productivos e hidráulicos agropecuarios, suscrito por el Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.

Con punto de acuerdo por el que exhorta a la SHCP, para que en el marco de la visita de evaluación del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) a México, sobre el blanqueo de capitales, se realice una reunión de trabajo entre diputados, senadores y miembros de la delegación de evaluación para revisar la Agenda de Prevención de Lavado de Dinero desde la perspectiva del Poder Legislativo, suscrito por diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Declaratoria de publicidad

Dictámenes a discusión de leyes o decretos

De la Comisión de Deporte, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 50 y 59 de la Ley General de Cultura Física y Deporte.

De la Comisión de Trabajo y Previsión Social, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 513 y 515, y se adiciona un artículo 515 bis a la Ley Federal del Trabajo.

De la Comisión de Justicia, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 171 y 172 del Código Penal Federal.

De la Comisión de Economía, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Protección al Consumidor.

Proposiciones

Con punto de acuerdo por el que se solicita la creación de una Comisión Especial para el Apoyo, Fomento e Impulso de la Artesanía Mexicana, a cargo de la diputada Laura Nereida Plascencia Pacheco, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la CFE, para que se emprendan las acciones correspondientes a fin de garantizar a los usuarios del estado de Durango, el cobro por el suministro de energía eléctrica conforme al consumo realizado, a cargo del diputado Ricardo del Rivero Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Congreso del estado de Guerrero, para que inicie el juicio de procedencia para desaforar al diputado Saúl Beltrán Orozco, por los hechos delictivos que le imputa el Ministerio Público, a cargo del diputado Rafael Hernández Soriano, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a Pemex y al Sindicato Nacional de Trabajadores de Pemex, Sección 22 de Agua Dulce, Veracruz, para que respeten lo establecido en las cláusulas 4 y 6 del Contrato Colectivo de Trabajo, de manera que se garantice el respeto de igualdad y no discriminación en el otorgamiento de contratos de trabajo, a cargo de la diputada Norma Rocío Nahle García, del Grupo Parlamentario de Morena.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno de Veracruz, a que dé solución a la problemática de los contratos y claves de descuento vigentes o canceladas de empresas que otorgan créditos vía nómina a empleados de entidades y dependencias de esa administración estatal, a cargo de la diputada Rosa Alba Ramírez Nachis, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Con punto de acuerdo por el que se solicita a la Junta de Coordinación Política, a emitir un acuerdo para dejar sin efecto el acuerdo por el que se constituyen las Comisiones Especiales de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, a cargo del diputado Abdies Pineda Morín, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno Municipal de Guadalajara, para que, a través de las áreas correspondientes, adopte medidas concretas, adecuadas y efectivas para investigar y, en su caso, sancionar los ataques y otras formas de abuso perpetrados contra la periodista Martha Hernández Fuentes, del Diario NTR Guadalajara, así como para garantizar la reparación integral del daño ocasionado, la no repetición del acto y que este caso no quede impune, suscrito por la diputada Laura Nereida Plascencia Pacheco y diversos integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno de la República, para que a través de diversas dependencias, rindan informes pormenorizados ante la opinión pública, sobre las acciones emprendidas relativas al conflicto laboral de los ex trabajadores de Luz y Fuerza del Centro (LyFC), a cargo del diputado Santiago Torreblanca Engell, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a distintas instancias, a actuar por la defensa de la vaquita marina y a hacer pública la información con respecto a las partidas presupuestarias sobre el tema, a cargo del diputado Omar Ortega Álvarez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la PGR, para que atraiga el caso de las inhumaciones clandestinas realizadas por la Fiscalía General del Estado de Morelos, en un predio utilizado como cementerio clandestino en el poblado de Tetelcingo, municipio de Cuautla, Morelos, a cargo de la diputada Blanca Margarita Cuata Domínguez, del Grupo Parlamentario de Morena.

Con punto de acuerdo relativo a las mejoras de operación de los hospitales pediátricos en la CDMX, a cargo de la diputada Rosa Alba Ramírez Nachis, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a los gobiernos municipales, para que se promueva la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, mediante la incorporación de la perspectiva de género en el diseño, elaboración, aplicación, seguimiento y evaluación de los programas de la administración pública municipal, específicamente en sus presupuestos de egresos e ingresos, suscrito por la diputada Laura Nereida Plascencia Pacheco y diversos integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con Punto de Acuerdo, por el que se exhorta a la SCT, a que verifique los trabajos de construcción del tramo Atizapán-Atlacomulco, como parte de la carretera México-Guadalajara, a fin de que se concluyan a la brevedad, a cargo de la diputada Ingrid Krasopani Schemelensky Castro, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno del estado de Zacatecas, a establecer las medidas necesarias para garantizar el abasto de medicamentos en todas las unidades dependientes de la Secretaría de Salud del Estado, a cargo de la diputada Mariana Trejo Flores, del Grupo Parlamentario de Morena.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Semarnat, para efectuar las funciones de protección y conservación del jaguar, especie en peligro de extinción, a cargo de la diputada Ma. Victoria Mercado Sánchez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SRE, a implementar todas las medidas a su alcance para la protección de los derechos humanos de las mujeres y niñas migrantes mexicanas en los Estados Unidos de América, suscrito por la diputada Laura Nereida Plascencia Pacheco y diversos integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SEP y a la Secretaría de Educación del estado de Yucatán, para que en el ámbito de sus atribuciones, expliquen el porqué del atraso en el pago del concepto de compensación en la nómina de los trabajadores administrativos federales y estatales y lo restituyan en breve tiempo a fin de respetar sus derechos adquiridos y para que se transparenten los recursos destinados a la nómina educativa del estado, a cargo del diputado Rogerio Castro Vázquez, del Grupo Parlamentario de Morena.

Con punto de acuerdo relativo a la conformación de nuevas rutas de mercado en otros países, en apoyo a la promoción del libre comercio y del fortalecimiento de las principales áreas competitivas y productivas del país, a cargo de la diputada Ma. Victoria Mercado Sánchez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la STPS, para que convoque a mesas de diálogo para la nueva justicia laboral, en el que participen legisladores, sindicatos, empresarios, académicos, gobierno y demás sectores involucrados, con el fin de que se emitan opiniones respecto a una propuesta de reforma procesal laboral integral, suscrito por los diputados Rafael Yerena Zambrano y Pedro Alberto Salazar Muciño, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la ASF, a iniciar un procedimiento de auditoria al Gobierno del estado de Chiapas, por el incumplimiento en hospitales, clínicas y centros de salud en dicha entidad, así como por las denuncias de malversación de los fondos de jubilación, vivienda y demás prestaciones laborales de trabajadores del Sector Salud en la entidad, a cargo del diputado Guillermo Rafael Santiago Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Morena.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, a través de la SRE, se garantice la ampliación de protección a migrantes y sus familias en Estados Unidos de América, a cargo de la diputada Claudia S. Corichi García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, para que a través de la SHCP y de la Conago, se evalúe la posibilidad de crear un fondo especial que sirva de apoyo a favor del estado de Tabasco y los estados denominados petroleros que se encuentran en grave crisis económica, con la aportación de 10 centavos provenientes del IEPS estatal por cada litro de combustibles vendidos, a cargo de la diputada Liliana Ivette Madrigal Méndez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con punto de acuerdo por el que se condena la firma del Presidente de los Estados Unidos de América, Donald J. Trump, de la orden ejecutiva sobre “Seguridad fronteriza e inmigración, y la aplicación de mejoras”, por la violación masiva de los derechos humanos a inmigrantes indocumentados, y solicita a la SRE, acuda ante la Asamblea General de la ONU y ante el Consejo General de la OEA y haga entrega de notas diplomáticas, suscrita por los diputados Modesta Fuentes Alonso, Sandra Luz Falcón Venegas, Alicia Barrientos Pantoja, Magdalena Moreno Vega y Miguel Alva y Alva, del Grupo Parlamentario de Morena.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a diversas autoridades a realizar acciones tendientes a la conservación y preservación de la vaquita marina, a cargo de la diputada Mirza Flores Gómez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, para frenar y eliminar los aumentos en el precio de los combustibles fósiles programados para el Ejercicio Fiscal 2017, a cargo de la diputada Marbella Toledo Ibarra, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Con punto de acuerdo relativo a los recursos que se generen por la aplicación del acuerdo para el fortalecimiento económico y la protección de la economía familiar, a cargo de la diputada Marbella Toledo Ibarra, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al estado de Guerrero, para que a través de la SHCP, en su carácter de fideicomitente único de la administración pública centralizada estatal, formalice el contrato del fideicomiso irrevocable que se denominará “fondo de atención a niños hijos víctimas de la lucha contra el crimen”, a cargo de la diputada Marbella Toledo Ibarra, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Efeméride

Con motivo del 14 de febrero, Día Mundial de la Energía, a cargo del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.»

ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la sesión anterior. Pido a la Secretaría que consulte a la asamblea si se dispensa su lectura.

La Secretaria diputada Isaura Ivanova Pool Pech:Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se dispensa la lectura del acta de la sesión anterior. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa. Se dispensa su lectura.

«Acta de la sesión de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, celebrada el jueves nueve de febrero de dos mil diecisiete, correspondiente al Segundo Periodo de Sesiones Ordinarias del Segundo Año de Ejercicio de la Sexagésima Tercera Legislatura.

Presidencia de la diputadaMaría Guadalupe Murguía Gutiérrez

En el Palacio Legislativo de San Lázaro de la capital de los Estados Unidos Mexicanos, sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con una asistencia de doscientos setenta y cuatro diputadas y diputados, a las once horas con cuarenta y cinco minutos del jueves nueve de febrero de dos mil diecisiete, la Presidenta declara abierta la sesión.

En votación económica se dispensa la lectura al Orden del Día, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria; del mismo modo se dispensa la lectura del acta de la sesión anterior, y no habiendo oradores registrados, en votación económica se aprueba.

Se da cuenta con Comunicaciones Oficiales:

a) De la Mesa Directiva, con la que comunica la modificación de turno de las iniciativas con proyecto de decreto:

• Por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, presentada por la diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala, del Partido Verde Ecologista de México, el siete de diciembre de dos mil dieciséis. Se turna a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Población, para dictamen.

• Por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General para prevenir, sancionar y erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, presentada por la diputada Ana Guadalupe Perea Santos, del Partido Encuentro Social, el diecisiete de enero de dos mil diecisiete. Se turna a las Comisiones Unidas de Justicia, y de Derechos Humanos, para dictamen; y a la Comisión Especial Contra la Trata de Personas, para opinión.

De conformidad con lo que establecen los artículos setenta y tres, y setenta y cuatro, numeral dos del Reglamento de la Cámara de Diputados, se modifican los turnos, actualícense los registros parlamentarios.

Se informa a la Asamblea que se recibió escrito de la ciudadana Ivonne Aracelly Ortega Pacheco, por el que presenta la iniciativa ciudadana por la que se adicionan diversas disposiciones de la Ley de Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, así como veintitrés cajas cerradas y selladas que dicen contener las firmas que la respaldan. Al respecto, se informa que con fundamento en el artículo ciento treinta y dos, numeral uno, inciso a) de la Ley del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se remitió al Instituto Nacional Electoral a efecto de que éste verifique el cumplimiento de los requisitos señalados en la ley.

b) De la Junta de Coordinación Política, por la que comunica cambio de integrantes en comisiones ordinarias. De enterado. Comuníquese.

c) De los diputados:

• Juan Manuel Celis Aguirre, del Partido Verde Ecologista de México, por la que solicita que se retire de los registros parlamentarios la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo setenta de la Ley Agraria, presentada el veinte de octubre de dos mil dieciséis.

• Salvador Zamora Zamora, de Movimiento Ciudadano, por la que solicita que se retire de los registros parlamentarios la iniciativa con proyecto de decreto reforma los artículos sesenta y nueve de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sexto de la Ley de Planeación y séptimo de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentada el dos de febrero de dos mil diecisiete.

• Jesús Sesma Suárez, Coordinador del Partido Verde Ecologista de México, por la que solicita que se retire de los registros parlamentarios la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona una fracción séptima al artículo ochenta y siete de la Ley de Vivienda, presentada por el diputado Juan Celis Aguirre e integrantes del Grupo Parlamentario, el seis de diciembre de dos mil dieciséis.

Se tienen por retiradas, actualícense los registros parlamentarios.

d) De la Cámara de Senadores, con la que remite el Calendario de Sesiones para el Segundo Período Ordinario del Segundo Año de Ejercicio de la Sexagésima Tercera Legislatura. De enterado.

e) De la Secretaría de Gobernación, por la que remite:

• El Informe del Avance y estado que guarda el proceso de liquidación de Ferrocarriles Nacionales de México, a cargo del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, correspondiente al segundo semestre de dos mil dieciséis. Se remite a la Comisión de Transportes, para su conocimiento.

• Doce contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados y la Comisión Permanente en su Primer Receso del Segundo Año:

– Por el que se exhorta a la Coordinación Política de la Secretaría de Relaciones Exteriores, para que continúe con la protección, promoción y respeto a sus derechos humanos, así como el apoyo y orientación consular a favor de nuestro connacional. Se remite al Promovente.

– Por el que se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a realizar las acciones necesarias para garantizar un trato digno y respetuoso a los mapaches que habitan en las escolleras de la Playa Miramar, en Ciudad Madero, Tamaulipas. Se remite al Promovente.

– Por el que se exhorta al Titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, para que remita un informe detallado de las medidas de seguridad y criterios que se tomaron en cuenta para expedir licencias y permisos de operación, venta y almacenaje de los locatarios que operaban en el Mercado de San Pablito, en el municipio de Tultepec. Se remite al Promovente.

– Por el que se exhorta a la Secretaría de Salud, para que realice campañas que incentiven y concienticen a los padres de familia sobre la importancia de brindar información a sus hijos, relacionada con temas de sexualidad, con el propósito de prevenir embarazos a una edad temprana, así como contagios de enfermedades de transmisión y abuso sexual. Se remite a la Comisión de Salud, para su conocimiento.

– Por el que se exhorta a la Secretaría de Salud, para que se aumenten los operativos de nebulizaciones y fumigaciones para el control y eliminación de especies nocivas para la salud, que están causando enfermedades como el dengue, zika y chikungunya, en los estados de Coahuila de Zaragoza y Durango. Se remite a la Comisión de Salud, para su conocimiento.

– Por el que se exhorta a la Secretaría de Salud, a fortalecer las campañas para la prevención de embarazos e infecciones de transmisión sexual en adolescentes. Se remite a la Comisión de Salud, para su conocimiento.

– Por el que se exhorta al Instituto Nacional de Mujeres, para que lleve a cabo acciones que garanticen que en las empresas e instituciones certificadas por cumplir la Norma Oficial Mexicana en Igualdad Laboral y No Discriminación (NMX-R-025-SCFI-2015), los puestos laborales ocupados por personal femenino que queden vacantes, sean dados preferentemente a mujeres. Se remite a la Comisión de Igualdad de Género, para su conocimiento.

– Por el que se exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, para que en los lineamientos de las Reglas de Operación del PROAGRO productivo, se considere que las facturas de diésel y refacciones sean aceptadas como gastos de comprobación del apoyo que reciben los productores agrícolas de dicho programa. Se remite a la Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego, para su conocimiento.

– Por el que se exhorta a la Comisión Nacional del Agua a opinar sobre el estado que guarda los acuíferos en torno de la Cuenca (de hidrocarburos) de Burgos, referente a la disposición y calidad del agua que reciben los estados de Nuevo León y Tamaulipas. Se remite a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para su conocimiento.

– Por el que se exhorta a la Secretaría de Salud, a implementar campañas de prevención, detección oportuna y tratamiento de enfermedades cardiovasculares. Se remite a la Comisión de Salud, para su conocimiento.

– Por el que se exhorta a la Secretaría de Salud, a seguir empujando El Plan de Acción Alzheimer y otras Demencias (PAAD). Se remite a la Comisión de Salud, para su conocimiento.

– Por el que se exhorta a la Secretaría de Salud, a establecer mecanismos que permitan la implementación a nivel nacional del denominado “Aviso de Gravedad”, en beneficio de los pacientes en estado grave de salud y de la persona responsable del mismo. Se remite a la Comisión de Salud, para su conocimiento.

f) De la Consejería Jurídica del estado de Oaxaca, con la que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, para crear institutos locales especializados en el desarrollo e inclusión de las personas con discapacidad. Se remite a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, para su atención.

g) Del Honorable Congreso del estado de Colima, con la que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, para que los congresos estatales creen confinamientos para residuos peligrosos. Se remite a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para su conocimiento.

h) De la Cámara de Senadores:

• Con la que remite minutas con proyecto de decreto:

– Por el que se reforma la fracción tercera del artículo doce de la Ley General de Educación. Se turna a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para dictamen.

– Por el que se deroga la fracción tercera, y se adiciona un último párrafo al artículo ciento cuarenta y seis del Código Penal Federal. Se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen.

– Por el que se declara el quince de septiembre de cada año, como el “Día Nacional de la Lucha contra el Linfoma no Hodgking y Linfoma Hodgking”. Se turna a la Comisión de Gobernación, para dictamen.

– Por el que se declara el nueve de agosto de cada año, como el “Día Nacional de la lucha contra el Cáncer Cervicouterino”. Se turna a la Comisión de Gobernación, para dictamen.

– Por el que se declara el quince de noviembre de cada año, como el “Día Nacional Contra el Uso Nocivo de Bebidas Alcohólicas”. Se turna a la Comisión de Gobernación, para dictamen.

• Con la que remite iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo ochenta y seis de la Ley del Impuesto sobre la Renta, presentada por el senador Javier Lozano Alarcón, del Partido Acción Nacional, ante la Cámara de Senadores, el treinta de enero del año en curso. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

Se recibió iniciativas con proyecto de decreto de las diputadas y los diputados:

• Arturo Álvarez Angli y diputados integrantes del Partido Verde Ecologista de México, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen.

• José Refugio Sandoval Rodríguez y diputados integrantes del Partido Verde Ecologista de México, que reforma los artículos trescientos treinta y cinco, y trescientos treinta y siete del Código Penal Federal. Se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen.

• Sofía González Torres y diputados integrantes del Partido Verde Ecologista de México, que expide la Ley General de Transporte Sustentable Urbano y Suburbano; adiciona los artículos segundo-A de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, y segundo de la Ley de Coordinación Fiscal. Se turna a las Comisiones Unidas de Transportes, y de Hacienda y Crédito Público, para dictamen; y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para opinión.

Se concede el uso de la palabra para presentar iniciativas con proyecto de decreto a las diputadas y a los diputados:

• Xitlalic Ceja García, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma y adiciona diversas disposiciones del Reglamento de la Cámara de Diputados, y se reforma el artículo cuarenta y tres de la Ley del Servicio Exterior Mexicano. Se turna a las Comisiones Unidas de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de Relaciones Exteriores, para dictamen.

• Kathia María Bolio Pinelo, del Partido Acción Nacional:

– Que reforma el artículo ciento tres de la Ley General de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. Se turna a la Comisión de Derechos de la Niñez, para dictamen.

– Que reforma el artículo ciento treinta y dos de la Ley Federal del Trabajo. Se turna a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, para dictamen.

• Ricardo Ángel Barrientos Ríos, del Partido de la Revolución Democrática, que reforma y deroga diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y de la Ley General de Partidos Políticos. Se turna a la Comisión de Gobernación, para dictamen.

• Sara Paola Galico Félix Díaz y diputados integrantes del Partido Verde Ecologista de México, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Sanidad Animal. Se turna a la Comisión de Ganadería, para dictamen.

• Guillermo Rafael Santiago Rodríguez, de Morena:

– Que adiciona el artículo catorce de la Ley General de Educación. Se turna a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para dictamen.

– Que adiciona el artículo trece de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas. Se turna a la Comisión de Asuntos Indígenas, para dictamen.

• Salvador Zamora Zamora, de Movimiento Ciudadano, que reforma los artículos sesenta y nueve de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sexto de la Ley de Planeación y séptimo de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales la parte que le corresponde, a la de Hacienda y Crédito Público la parte que le corresponde y a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias la parte que le corresponde, para dictamen.

• Luis Alfredo Valles Mendoza, de Nueva Alianza, que reforma los artículos sexto, y ochenta y cuatro de la Ley de Aviación Civil. Se turna a la Comisión de Transportes, para dictamen.

• Abdies Pineda Morín, del Partido Encuentro Social, que reforma y deroga diversas disposiciones de los artículos treinta y nueve, y cuarenta y tres de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, para dictamen.

A las doce horas con cuarenta y nueve minutos, por instrucciones de la Presidencia, se cierra el sistema electrónico de asistencia con un registro de cuatrocientos veintinueve diputadas y diputados.

• María del Rocío Rebollo Mendoza, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma el artículo sesenta de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Se turna a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, para dictamen.

• Jorge Ramos Hernández, y suscrito por el diputado José Hernán Cortés Berumen, del Partido Acción Nacional, que reforma los artículos dieciséis, y veintiuno de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen; y a la Comisión de Seguridad Pública, para opinión.

• Ángel II Alanís Pedraza, del Partido de la Revolución Democrática, que reforma diversas disposiciones transitorias de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de dos mil diecisiete. Se turna a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Presupuesto y Cuenta Pública, para dictamen.

• Roberto Alejandro Cañedo Jiménez, de Morena, que reforma y adiciona el artículo mil ochocientos treinta y cuatro del Código Civil Federal. Se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen.

• Jonadab Martínez García, de Movimiento Ciudadano, que reforma el artículo treinta y siete de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal. Se turna a la Comisión de Transportes, para dictamen.

• Karina Sánchez Ruiz, de Nueva Alianza, que adiciona el artículo trescientos cuarenta bis del Código Penal Federal. Se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen.

• Ana Guadalupe Perea Santos, del Partido Encuentro Social, que reforma y adiciona los artículos doce, veintiuno, y cuarenta de la Ley de Ciencia y Tecnología. Se turna a la Comisión de Ciencia y Tecnología, para dictamen.

El siguiente punto del Orden del Día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto de la Comisión de Seguridad Pública, por el que se adiciona el artículo cuarto de la Ley del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas. Se concede el uso de la palabra al diputado José Everardo López Córdova, para fundamentar el dictamen en nombre de la Comisión. Para fijar postura de sus respectivos grupos parlamentarios, intervienen las diputadas y los diputados: Melissa Torres Sandoval, del Partido Encuentro Social; Luis Manuel Hernández León, de Nueva Alianza; Manuel de Jesús Espino, de Movimiento Ciudadano; Jorge Tello López, de Morena; Adriana Sarur Torre, del Partido Verde Ecologista de México; María Cristina Teresa García Bravo, del Partido de la Revolución Democrática; Angélica Moya Marín, del Partido Acción Nacional; y J. Jesús Zúñiga Mendoza, del Partido Revolucionario Institucional. Se somete a discusión en lo general y en lo particular e interviene en pro el diputado Vidal Llerenas Morales, de Morena. Sin más oradores registrados en votación económica se considera suficientemente discutido en lo general y en lo particular. En votación nominal por unanimidad de cuatrocientos cuatro votos, se aprueba en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo cuarto de la Ley del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas. Pasa al Senado, para sus efectos constitucionales.

La Presidenta invita a la Asamblea ponerse de pie y guardar un minuto de silencio por el sensible fallecimiento del señor José Luis Guevara Morales, señor padre de la diputada Yaret Adriana Guevara Jiménez, del Partido Verde Ecologista de México, acaecido el pasado viernes tres de febrero en Huajuapan de León, Oaxaca.

El siguiente punto del Orden del Día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto de las Comisiones Unidas de Protección Civil y de Comunicaciones, por el que se adicionan los artículos diecinueve de la Ley General de Protección Civil, y ciento dieciocho de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Se concede el uso de la palabra a la diputada María Elena Orantes López, para fundamentar el dictamen y quien presenta propuestas de modificación en nombre de las comisiones, que por instrucciones de la Presidencia la Secretaría da lectura, y en votación económica se aceptan. Para fijar postura de sus respectivos grupos parlamentarios intervienen las diputadas y los diputados: Refugio Trinidad Garzón Canchola, del Partido Encuentro Social; Jesús Rafael Méndez Salas, de Nueva Alianza; Blanca Margarita Cuata Domínguez, de Morena; Mario Machuca Sánchez, del Partido Verde Ecologista de México; Lluvia Flores Sonduk, del Partido de la Revolución Democrática; Joaquín Jesús Díaz Mena, del Partido Acción Nacional;

Presidencia del diputadoEdmundo Javier Bolaños Aguilar

y Fidel Cristóbal Serrato, del Partido Revolucionario Institucional. Se somete a discusión en lo general y en lo particular, y no habiendo oradores registrados, en votación económica se considera suficientemente discutido en lo general y en lo particular. En votación nominal por unanimidad de trescientos setenta y cuatro votos, se aprueba en lo general y en lo particular con las modificaciones aceptadas por la Asamblea, el proyecto de decreto por el que se adicionan los artículos diecinueve de la Ley General de Protección Civil, y ciento dieciocho de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Pasa al Senado, para sus efectos constitucionales.

El siguiente punto del Orden del Día es la discusión y aprobación en conjunto de los siguientes dictámenes con puntos de acuerdo de las Comisiones:

a) De Cambio Climático, por los que se exhorta a los poderes Ejecutivo y Legislativo de las entidades federativas, para que establezcan en su presupuesto una partida específica en materia de cambio climático.

b) De Agricultura y Sistemas de Riego:

• Por el que se solicita a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, realicen una campaña a nivel nacional de reconocimiento al bambú como un recurso natural estratégico e incluyen a su cadena productiva como beneficiaria de programas de apoyo, financiamiento y fomento a su cultivo.

• Relativo al cumplimiento inmediato del programa especial emergente de apoyo a productores veracruzanos.

• Por el que se exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, a ejecutar los programas de toma de conciencia sobre la importancia de las abejas en la agricultura y garantizar la subsistencia de éstas.

• Por el que se exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, a la Secretaría de Economía, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Secretaría de Salud; para que en el ámbito de sus atribuciones y en coordinación, implementen acciones y medidas de emergencia para atender la problemática de la producción y comercialización de la manzana en el país.

c) De Medio Ambiente y Recursos Naturales, por el que se exhorta a la Secretaría de Energía a fortalecer la coordinación interinstitucional con la Comisión Federal de Electricidad, la Comisión Reguladora de Energía, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Comisión Nacional Forestal y la Comisión Nacional de Áreas Protegidas, para desarrollar con participación ciudadana un plan de mitigación de riesgos ambientales, a fin de garantizar la protección del medio, en los proyectos de energías renovables impulsados por el Gobierno Federal.

d) De Agricultura y Sistemas de Riego:

• Por el que se exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, publique en la página electrónica de esta dependencia, los informes de labores anuales e información detallada sobre sus programas en operación, a fin de transparentar las acciones y el ejercicio del gasto de los programas por región, estado, municipio, monto y padrón de beneficiarios.

• Por el que se exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, a implementar en forma coordinada junto con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, el Programa Integral de Rescate de Suelos Agrícolas, donde se considere conveniente fomentar la producción y utilización de biofertilizantes y bioplaguicidas, como medio de mejoramiento y biorremediación de los suelos agrícolas del país.

e) De Medio Ambiente y Recursos Naturales:

• Por el que se exhorta a las autoridades ambientales de los tres niveles de Gobierno, a efecto de ejecutar diversas acciones en el marco de la celebración del Día Mundial de la Ecología.

• Por los que se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a revocar permisos de explotación a las empresas que incumplan las NOM, en materia de manejo de contaminación ambiental y daño ecológico, así como la puesta en marcha de un programa de revisión, para reajuste del estatus de los estudios de impacto ambiental de las mineras en fase de operaciones, que trabajan en el esquema de minería a cielo abierto.

• Por el que se exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal, considere el estudio y posible actualización del Reglamento para el uso y aprovechamiento del mar territorial, vías navegables, playas, zona federal marítimo terrestre y terrenos ganados al mar, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiuno de agosto de mil novecientos ochenta y uno.

• Relativos a la integración de los habitantes del Área de Protección de Flora y Fauna de Nevado de Toluca, México, en los respectivos proyectos de conservación para mejorar su situación económica y social, y promover el aprovechamiento sostenible y diversificado de los recursos naturales.

• Por los que se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a efecto de que implemente diversas acciones relacionadas con la construcción de un desarrollo inmobiliario en Baja California Sur.

• Por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal, abrogue el decreto del primero de octubre de dos mil trece, que reforma, deroga y adiciona diversas disposiciones del diverso, publicado el veinticinco de enero de mil novecientos treinta y seis, por el que se declaró Parque Nacional la montaña denominada Nevado de Toluca, y recategorizar al mismo como reserva de la biósfera.

f) De Relaciones Exteriores:

• Relativo a la procedencia de los recursos confiscados en Estados Unidos, al ex Tesorero de Coahuila.

• Relativo a los memorándums de entendimiento suscritos por el Gobierno de México y Singapur en junio de dos mil dieciséis.

• Por el que felicita al Gobierno de Colombia y a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia.

g) De Derechos de la Niñez:

• Por los que se exhorta a la Secretaría de Educación Pública, la Procuraduría General de la República, las Procuradurías de Justicia Estatales, los Sistemas para el Desarrollo Integral de la Familia Nacional, estatales y municipales, realicen acciones para atender la violencia contra niñas, niños y adolescentes en sus hogares.

• Por el que se exhorta a diversas autoridades, a incluir en su legislación la alienación parental como forma de violencia familiar y tomar medidas adecuadas para su detección y tratamiento, procurando el interés superior del menor.

• Relativo a armonizar las leyes locales conforme a la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil.

• Relativo a la prevención y erradicación del “GROOMING”.

• Por el que se exhorta a los congresos locales, para que aprueben los recursos económicos necesarios, a efecto de dar cumplimiento pleno a los derechos de las niñas, niños y adolescentes, previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los Tratados Internacionales.

• Relativo a impulsar campañas informativas sobre el programa Alerta Amber.

h) De Comunicaciones:

• Por el que se exhorta al Instituto Federal de Telecomunicaciones, a realizar las acciones conducentes para que los concesionarios de telefonía móvil ofrezcan a sus usuarios las mejores condiciones de servicio posibles, particularmente en la cantidad de datos destinados a la navegación por internet y uso de redes sociales.

• Por el que se exhorta respetuosamente al Instituto Federal de Telecomunicaciones, y a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, para que, en el ámbito de sus respectivas competencias, estudien y analicen la viabilidad de instalar infraestructura de telefonía móvil en la localidad de Ruiz Cortines, Municipio de Papantla de Olarte, en el estado de Veracruz.

• Por el que se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y al Instituto Federal de Telecomunicaciones, para que pongan a disposición de la sociedad las versiones públicas de información, que contengan los avances de los proyectos de red troncal y de red compartida mayorista de telecomunicaciones, y otorguen a las mismas la mayor difusión posible a efecto de mantener a la ciudadanía puntualmente informada.

• Por el que se exhorta respetuosamente al Instituto Federal de Telecomunicaciones, para que coordine las acciones necesarias con los concesionarios de telefonía móvil, a fin de que los mapas de cobertura garantizada de cada servicio ofrecido a sus usuarios, se encuentren disponibles al público en general de manera clara, concisa y desglosada por cada municipio y entidad federativa del país.

i) De Deporte:

• Por el que se exhorta a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, para que instrumente las medidas necesarias a efecto de hacer una amonestación pública a quien resulte responsable, de las irregularidades que impidieron la participación de deportistas paralímpicos en los pasados juegos paralímpicos de Río dos mil dieciséis.

• Por el que se exhorta a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, para que en coordinación con las autoridades responsables del deporte y la activación física de las entidades federativas, implementen acciones diseñadas por la política del deporte.

j) De Pesca:

• Por el que se exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y la Secretaría de Turismo, a vigilar el cumplimiento de la LGPAS y la NOM-017-PESC-1994, respecto a la pesca recreativa deportiva.

• Relativos a la integración y actualización de los registros nacional y estatal de pesca y acuacultura.

k) De Gobernación:

• Por los que se exhorta a los poderes ejecutivos de las diferentes entidades federativas, a implementar campañas de concientización para erradicar las llamadas falsas a los servicios de emergencia.

• Por el que se exhorta al Instituto Nacional Electoral, y sus homólogos locales, a analizar conforme a las leyes aplicables la viabilidad de que Talleres Gráficos de México, elabore los materiales para los comicios de dos mil diecisiete en Coahuila, Estado de México, Nayarit y Veracruz.

l) De Salud:

• Relativos al fortalecimiento y la ampliación de acciones para prevenir y disminuir el índice de mortalidad materna en indígenas durante el embarazo, parto y posparto en Oaxaca.

• Por el que se exhorta al Consejo Nacional de Salud, a promover y garantizar la aplicación de la NOM-046-SSA2-2005, Violencia Familiar, Sexual y Contra las Mujeres, Criterios para la Prevención y Atención, y dé a conocer a la opinión pública los avances, retos y obstáculos en la implementación y aplicación práctica.

• Por el que se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud Federal, para que en coordinación con las secretarias de salud de las treinta y dos entidades federativas, implemente campañas de difusión en materia de prevención, control y atención del cáncer testicular.

• Por el que se exhorta a la Secretaría de Salud, a verificar el buen funcionamiento de las casas de cuidado para adultos y adultos mayores.

• Sobre la reactivación de acciones que permitan concluir el Hospital de Reyes Etla, Oaxaca.

• Por los que se exhorta al Ejecutivo Federal, a determinar por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, las causas de que en Tierra Blanca, Veracruz, se haya disparado el índice de enfermedades de carácter renal y aplicar las medidas preventivas y correctivas.

• Por el que se exhorta a la Secretaría de Salud, a realizar una campaña nacional sobre los riesgos de la salud por adquirir medicamentos en la vía pública o a través de internet.

• Por los que se exhorta al Gobierno del estado de Guanajuato, para que comuniquen sobre las medidas que han tomado frente a las denuncias de la asociación “Mayoye Angelitos Guerreros” y las acciones emprendidas para evitar los riesgos a la salud que enfrentan los habitantes de la comunidad de la Calera.

• Por los que se exhorta al Instituto Mexicano del Seguro Social, a realizar acciones para mejorar los servicios del Hospital General de Zona número once, y la Unidad de Medicina Familiar setenta y ocho, así como para resolver la problemática suscitada por la clausura de la Unidad Médica Familiar setenta y seis, en Nuevo Laredo, Tamaulipas.

• Por el que se exhorta al Gobernador del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, a incluir en su plan de trabajo, programas en materia ambiental y de salud, mediante las cuales se prevenga y se atienda la insuficiencia renal crónica.

• Por los que se exhorta a los integrantes del Sistema Nacional de Salud, a diseñar, implementar y reforzar los programas para prevenir y atender los trastornos de la conducta alimentaria.

• Por el que se exhorta a la Secretaría de Salud, a fomentar campañas de difusión para la prevención de accidentes isquémicos transitorios (AIT).

• Relativos al establecimiento de una estrategia preventiva y de detección oportuna, con base en la autoexploración y mastografía, a través de unidades médicas móviles que proporcionen servicios de prevención, diagnóstico y tratamiento de cáncer de mama.

• Por el que se exhorta a la Secretaría de Salud, a emitir una opinión sobre la técnica de “los tres padres” y la necesidad de legislar respecto a ese tipo de prácticas médico- científicas.

• Por el que se exhorta al municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, a implementar las acciones necesarias para el control del virus zika, de acuerdo con los vectores establecidos por la Organización Mundial de la Salud.

• Por el que se exhorta a la Secretaría de Salud, a buscar un acercamiento con la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, para agilizar los procesos del Ministerio Público respecto a la donación de órganos de donantes cadavéricos.

• Por los que se exhorta al Ejecutivo Federal, a modificar el segundo párrafo del artículo noventa y cinco del Reglamento de la Ley General de Salud, en materia de protección social en salud.

• Por los que se exhorta a la Secretaría de Salud y de Educación Pública, a efecto de implementar campañas mediáticas para prevenir los efectos adversos en la salud, provocados por el trastorno del sueño en la niñez, a causa del uso excesivo de dispositivos electrónicos.

• Por el que se exhorta a la Secretaría de Educación Pública, y Secretaría de Salud, a diseñar estrategias para inhibir la venta y promoción de alimentos de alto contenido calórico, bebidas azucaradas, alimentos procesados, dulces y golosinas en las afueras de planteles educativos de nivel básico.

• Por los que se exhorta a la Secretaría de Salud, a redoblar esfuerzos orientados a fomentar la capacitación del personal del Sistema Nacional de Salud, en materia de detección de casos de niños con trastorno del espectro autista.

• Por el que se exhorta a la Secretaría de Salud, a implantar campañas de información para prevenir problemas de ceguera irreversible provocada por la enfermedad de glaucoma.

• Por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Salud y del Consejo de Salubridad General, a incluir en el ámbito de sus atribuciones, la diabetes tipos uno y dos para su tratamiento a través de una categoría como gasto catastrófico.

• Por el que se exhorta a la Secretaría de Salud y a los hospitales civiles de Guadalajara, Jalisco, para que se lleven a cabo los servicios de salud con calidad y garantizar el suministro de medicamentos a los derechohabientes.

m) De Seguridad Social:

• Por el que se exhorta al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, para que implemente el programa “vale de medicina” en otras entidades federativas del país.

• Por el que se exhorta al Instituto Mexicano del Seguro Social, para que extienda la cobertura del programa “tu receta es tu vale” en las unidades de medicina familiar que se encuentran en otras entidades federativas.

n) De Educación Pública y Servicios Educativos:

• Por el que se exhorta a la Secretaría de Educación Pública, a efecto de que intensifique los esfuerzos en la implementación de jornadas escolares ampliadas en más planteles escolares, con el objeto de incentivar y ejecutar la enseñanza del idioma inglés y computación, como herramientas indispensables en la formación educativa de nuestras niñas y niños.

• Por el que se exhorta a las autoridades educativas federales y locales, a efecto de que sus respectivos ámbitos de competenciales, incluyan en los planteles de estudio de diversos tipos educativos, la materia de educación ambiental como un elemento esencial para la interacción armónica e integral del individuo y la sociedad con el medio ambiente.

• Por el que se exhorta a la Secretaría de Educación Pública, a realizar una restructuración en el Programa Nacional de Becas, con objetivo de orientar un porcentaje de las mismas, para apoyar a los estudiantes de comunidades con más alto grado de marginación.

En votación económica se aprueban los puntos de acuerdo. Comuníquense.

La Secretaría informa a la Asamblea que se recibió dictámenes con proyecto de decreto de las Comisiones:

a) De Deporte por el que se reforman los artículos cincuenta, y cincuenta y nueve, de la Ley General de Cultura Física y Deporte.

b) De Justicia, por el que se reforman y adicionan los artículos ciento setenta y uno, y ciento setenta y dos del Código Penal Federal.

De conformidad con lo que establece el artículo ochenta y siete del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple con la Declaratoria de Publicidad.

Se da cuenta con Acuerdos de la Junta de Coordinación Política:

• Por el que se autoriza el uso del salón de sesiones para que se lleve a cabo el Décimo Parlamento de las Niñas y los Niños de México, los días trece y diecisiete de febrero de dos mil diecisiete. En votación económica se aprueba. Comuníquese.

• En relación a cambios de integrantes en diversas comisiones ordinarias. En votación económica se aprueban. Comuníquense.

De conformidad con los artículos cien y ciento dos del Reglamento de la Cámara de Diputados, las iniciativas y las proposiciones registradas en el Orden del Día de esta sesión, serán turnadas a las comisiones que correspondan, publicándose el turno en la Gaceta Parlamentaria, las de los siguientes diputados:

a) Iniciativas con proyecto de decreto:

• José Máximo García López, del Partido Acción Nacional, que adicionan los artículos cuatrocientos tres y cuatrocientos seis del Código Nacional de Procedimientos Penales. Se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen.

• José Máximo García López, del Partido Acción Nacional, que reforma y adiciona catorce ordenamientos legales, en materia de prevención, investigación, procuración de justicia y sanción de delitos cometidos por usurpación, robo, fraude y suplantación de datos e identidad personales. Se turna a las Comisiones Unidas de Gobernación, y de Justicia, para dictamen.

• Francisco Ricardo Sheffield Padilla, del Partido Acción Nacional, que adiciona el artículo ciento setenta y nueve de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Se turna a la Comisión de Economía, para dictamen.

• Cynthia Gissel García Soberanes, del Partido Encuentro Social, que reforma los artículos segundo, segundo-A de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios. Se turna a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Presupuesto y Cuenta Pública, para dictamen.

• Cynthia Gissel García Soberanes, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, que reforma y adiciona el artículo veinticinco de la Ley de Aeropuertos. Se turna a la Comisión de Transportes, para dictamen

b) Proposiciones con puntos de acuerdo:

• Yahleel Abdala Carmona, Edgardo Melhem Salinas, María Esther Camargo Félix y Pedro Luis Coronado Ayarzagoitia, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que con fundamento en la fracción primera del artículo primero del “acuerdo por el que se dan a conocer las regiones en que se aplicarán precios máximos al público de las gasolinas y el diésel, así como la metodología para su determinación”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de diciembre del dieciséis, modifique la regionalización establecida en su anexo I en lo relativo a los municipios de Guerrero, Mier y Valle hermoso. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

• Alfredo Javier Rodríguez Dávila, del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Gobernación, y Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a promover acciones con el fin de agilizar los procesos de llegadas de pasajeros, particularmente provenientes de Centro y Sudamérica, en los aeropuertos internacionales del país. Se turna a la Comisión de Asuntos Migratorios, para dictamen.

• Rafael Martínez Urincho, del Partido de la Revolución Democrática y diputados integrantes de la Comisión Especial de Seguimiento a la Construcción del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México, relativo al funcionamiento de la Comisión Metropolitana de Asentamientos Humanos (Cometah), a la firma del convenio por el que se crea la Comisión Metropolitana de Desarrollo Económico y Competitividad (Comedeco), así como a la inclusión de los estados de Morelos, Puebla y Tlaxcala en la Comisión Ejecutiva de la Coordinación Metropolitana del Valle de México. Se turna a la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, para dictamen.

• Enrique Zamora Morlet y diputados integrantes del Partido Verde Ecologista de México, relativo a la prevención de la violencia en escuelas y detección de conductas de riesgo. Se turna a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para dictamen.

• Mariana Trejo Flores, del Grupo Parlamentario de Morena, por el que se exhorta al gobierno del estado de Zacatecas, a implementar las medidas necesarias para hacer frente al fenómeno prostitución infantil, detectada en escuelas secundarias y preparatorias de la entidad. Se turna a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para dictamen.

• Mirza Flores Gómez, de Movimiento Ciudadano, por el que se crea la Comisión Especial de resiliencia y reducción de riesgos de desastres. Se turna a la Junta de Coordinación Política, para su atención.

• Jesús Rafael Méndez Salas, de Nueva Alianza, por el que se exhorta a la Secretaría de Educación Pública, en coordinación con las autoridades educativas locales, implementen las estrategias y acciones destinadas a promover y fomentar en todos los centros educativos del país, los valores y la cultura que nos ha dado nuestra identidad como mexicanos. Se turna a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para dictamen.

• Ana Guadalupe Perea Santos, del Partido Encuentro Social, por el que se exhorta a la Universidad Nacional Autónoma de México, a dar las facilidades que se requieran para continuar con el proyecto de investigación científica de la termografía computarizada, desarrollada en el Centro de Física Aplicada y Tecnología Avanzada, de la Universidad Nacional Autónoma de México, y sentar las bases para que se convierta en un programa de asistencia con presupuesto propio para cubrir los gastos tanto de personal como de infraestructura e investigación tecnológica. Se turna a la Comisión de Ciencia y Tecnología, para dictamen.

• Claudia Edith Anaya Mota, del Partido Revolucionario Institucional, por el que esta soberanía expresa su reconocimiento al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia por su Cuadragésimo Aniversario. Se turna a la Comisión de Derechos de la Niñez, para dictamen

• Martha Cristina Jiménez Márquez, del Partido Acción Nacional, y diputados integrantes del Grupo de Amistad México-Estados Unidos de América, por el que se exhorta al Poder Ejecutivo Federal, para que en el contexto de las nuevas políticas públicas migratorias de los Estados Unidos de América, se apliquen acciones de asesoría y apoyo integral en favor de los connacionales en peligro de deportación; así como reconocer la valentía de los alcaldes y sus equipos de trabajo de las llamadas “ciudades santuario” de los Estados Unidos de América, e invitar respetuosamente al Congreso Norteamericano a realizar acciones de análisis en conjunto para impulsar una reforma migratoria integral. Se turna a la Comisión de Relaciones Exteriores, para dictamen.

• Omar Ortega Álvarez, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se exhorta al gobierno del estado de México, a conducirse con legalidad, y al Instituto Nacional Electoral, y al Instituto electoral del Estado de México, a investigar y, en su caso, sancionar las presuntas acciones anticipadas de campaña. Se turna a la Comisión de Gobernación, para dictamen.

• Araceli Damián González, de Morena, por el que se exhorta a la Auditoría Superior de la Federación, a auditar los procesos de contratación pública del hospital general de Ticul, del hospital general de Mérida y del hospital general de Culiacán, y a la Secretaría de la Función Pública, a comunicar a la opinión pública las consecuencias generadas por la auditoría ya practicada al contrato para la prestación de servicios del hospital general Doctor Gonzalo Castañeda Escobar. Se turna a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, para dictamen.

• Mirza Flores Gómez, de Movimiento Ciudadano, por el que se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a difundir el informe del avance en la ejecución de los trabajos de la obra CG-234 para modernizar y ampliar la carretera Palenque-San Cristóbal de las Casas (Primera Etapa) y actualizar la información del portal “Sigue La Obra Pública”. Se turna a la Comisión de Transportes, para dictamen.

• Mirna Isabel Saldívar Paz, de Nueva Alianza, relativo al fortalecimiento y a garantizar las condiciones de logística de almacenamiento, transporte y comercialización del mercado de combustible en México. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

• José Hugo Cabrera Ruíz, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se exhorta a las legislaturas de los estados, aceleren la armonización de sus normas locales alrededor de la reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la normatividad federal, por la que se establece el Sistema Nacional Anticorrupción. Se turna a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, para dictamen.

• María Eloísa Talavera Hernández, del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que modifique el plazo de devolución por acreditamiento del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, aplicables a los combustibles como estímulo fiscal, a fin de apoyar la economía de los pequeños empresarios gasolineros de la frontera norte. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

• Omar Ortega Álvarez, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, a hacer pública la información sobre los obsequios que haya recibido durante su mandato, y a la Secretaría de la Función Pública, a investigar la legalidad de los mismos. Se turna a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, para dictamen.

• Jorge Álvarez Máynez, de Movimiento Ciudadano, por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, a fin de que las dependencias y entidades a su cargo, cuenten en portales de internet con versiones traducidas a lenguas indígenas. Se turna a la Comisión de Asuntos Indígenas, para dictamen.

• Mirna Isabel Saldívar Paz, de Nueva Alianza, relativo a la construcción de una política pública integral de protección a los mexicanos que se encuentren dentro y fuera de los Estados Unidos de Norteamérica. Se turna a la Comisión de Relaciones Exteriores, para dictamen.

• Erika Araceli Rodríguez Hernández, del Partido Revolucionario Institucional, de relativo al Décimo Aniversario de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Se turna a la Comisión de Igualdad de Género, para dictamen.

• Omar Ortega Álvarez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, por el que se exhorta al gobierno del estado de México, para que a través de su Contraloría, difunda el estado que guardan los expedientes presentados por la Auditoría Superior de la Federación, con las irregularidades detectadas durante las revisiones efectuadas al rubro de seguridad pública. Se turna a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, para dictamen.

• Jorge Álvarez Máynez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, por el que se exhorta al Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (INALI) y a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, a fin de que los organismos descentralizados a su cargo cuenten con portales de internet con versiones traducidas a lenguas indígenas. Se turna a la Comisión de Asuntos Indígenas, para dictamen.

• Omar Ortega Álvarez, del Partido de la Revolución Democrática, por el que se exhorta al Instituto Nacional de las Mujeres, a realizar un estudio a nivel nacional de la violencia política que enfrentan las mujeres, y se condena todo acto de violencia política ejercido contra ellas. Se turna a la Comisión de Igualdad de Género, para dictamen.

• Jorge Álvarez Máynez, de Movimiento Ciudadano, por el que se exhorta al Ejecutivo federal y a la Secretaría de Educación Pública, a fin de que garanticen que alumnos de escuelas ubicadas en pueblos y comunidades indígenas cuenten con docentes capacitados para impartir clases en lenguas indígenas. Se turna a la Comisión de Asuntos Indígenas, para dictamen.

• Omar Ortega Álvarez, del Partido de la Revolución Democrática, relativo a las medidas cautelares que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos solicitó para los quinientos noventa y cinco miembros de la comunidad otomí de San Francisco Xochicuautla, Lerma, estado de México, en el caso del diagnóstico sobre el impacto ambiental que implicaría la construcción del proyecto de la autopista Toluca-Naucalpan. Se turna a la Comisión de Derechos Humanos, para dictamen.

• María Victoria Mercado Sánchez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud, a promover a través de sus diferentes dependencias, la realización oportuna de pruebas y diagnósticos en mujeres embarazadas y con ello detectar a tiempo el síndrome de Down. Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.

• Natalia Karina Barón Ortiz, del Partido de la Revolución Democrática, relativo a la evaluación de resultados del Fondo Regional (Fonregion) para el estado de Oaxaca. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

• María Victoria Mercado Sánchez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud, a Procuraduría General de la República, y al Gobierno del estado de Veracruz, a dar seguimiento y solución por los daños causados, derivado de la aplicación de quimioterapias falsas a niños con cáncer, durante el mandato del ex Gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa. Se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen.

• María Victoria Mercado Sánchez, de Movimiento Ciudadano, por el que se solicita a la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes y al Desarrollo integral de la familia, a resolver la situación de las niñas, niños y adolescentes que sufren de violencia y humillación en el hogar. Se turna a la Comisión de Derechos de la Niñez, para dictamen.

• Germán Ernesto Ralis Cumplido, de Movimiento Ciudadano, por el que se exhorta a la Comisión Nacional de Seguridad, a capacitar de manera continua a todos los elementos en todos los niveles de seguridad, sobre los protocolos de investigación y cadena de custodia. Se turna a la Comisión de Seguridad Pública, para dictamen.

• María Candelaria Ochoa Ávalos, de Movimiento Ciudadano, por el que se exhorta a la Secretaría de Gobernación, y a la Secretaría de Relaciones Exteriores, a que entreguen el seguimiento del estado en que se encuentran las recomendaciones emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto a la sentencia del Campo Algodonero y que el Estado mexicano está obligado a cumplir. Se turna a la Comisión de Derechos Humanos, para dictamen.

• Rosa Alba Ramírez Nachis, de Movimiento Ciudadano, por el que se exhorta al gobierno de la Ciudad de México y al Sistema de Transporte Colectivo Metro, a establecer un plan emergente de mantenimiento mayor en todas sus líneas. Se turna a la Comisión de la Ciudad de México, para dictamen.

• Claudia Sofía Corichi García, de Movimiento Ciudadano, por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, a difundir el informe del Subcomité de Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (SPT) de la Organización de las Naciones Unidas, que visitó nuestro país en diciembre de dos mil dieciséis. Se turna a la Comisión de Derechos Humanos, para dictamen.

• Claudia Sofía Corichi García, de Movimiento Ciudadano, por el que se exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, a emitir un censo oficial de la industria vitivinícola en nuestro país. Se turna a la Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego, para dictamen.

• María Bárbara Botello Santibáñez, del Partido Revolucionario Institucional, por el que se solicita la realización de las investigaciones correspondientes en los procesos de licitación y adjudicación directa, en la compra de insulina blonglixan inservible de origen chino, y su suministro a pacientes con diabetes del estado de Guanajuato. Se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen.

Agotados los asuntos del orden del día, el Presidente cita para la próxima Sesión Ordinaria que tendrá lugar el día martes catorce de febrero de dos mil diecisiete, a las once horas, y levanta la sesión a las quince horas con treinta y cuatro minutos.»

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Proceda la Secretaría a poner a discusión el acta.

La Secretaria diputada Isaura Ivanova Pool Pech:Está a discusión el acta. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Aprobada el acta.

Continúe la Secretaría.



COMUNICACIONES OFICIALES

La Secretaria diputada Verónica Delgadillo García:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.

Diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

Me permito solicitar a usted sea retirada la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley Orgánica del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y la Ley de Ciencia y Tecnología, enviada por una servidora el pasado 11 de octubre de 2016.

Sin otro particular, agradecida de su atención, me reitero a sus apreciables órdenes.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, 9 de febrero de 2017.— Diputada Tania Victoria Arguijo Herrera (rúbrica).»

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La Secretaria diputada Verónica Delgadillo García:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.

Diputado Javier Bolaños Aguilar, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

Por medio de la presente y con fundamento en el artículo 77, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, solicito el retiro de las siguientes iniciativas:

Con proyecto de decreto que adiciona un Capítulo VIII Ter, De los Principios y Derechos de los Usuarios de Espectáculos Públicos, y un artículo 76 Ter a la Ley Federal de Protección al Consumidor, presentada el 27 de octubre de 2016.

Sin más por el momento, agradezco sus atenciones.

Atentamente

Palacio Legislativo, a 10 de febrero de 2017.— Diputado Clemente Castañeda Hoeflich (rúbrica).»

———————— o ————————

La Secretaria diputada Verónica Delgadillo García:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.

Diputado Javier Bolaños Aguilar, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

El que suscribe, diputado federal Francisco Martínez Neri, respetuosamente solicito a usted se sirva retirar las iniciativas que a continuación enlisto, mismas que fueron signadas por su servidor:

1. Proyecto de decreto que reforma el párrafo séptimo y adiciona un párrafo octavo de la fracción II del artículo 116 de la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos.

Presentada el 25 de mayo de 2016.

Sin más por el momento, agradeciendo sus atenciones.

Palacio Legislativo a 9 de febrero de 2017.— Diputado Francisco Martínez Neri (rúbrica).»

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Se tienen por retiradas. Actualícense los registros parlamentarios.

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La Secretaria diputada Verónica Delgadillo García:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Integrantes de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

Por este medio me permito hacer de su conocimiento que mediante oficio número SNM/008/2017 el licenciado Andrés Chao Ebergenyi, subsecretario de Normatividad de Medios, envía los informes sobre la utilización de los tiempos oficiales de radio, televisión y cinematografía, así como de los programas y campañas de comunicación social del gobierno federal, correspondientes al sexto bimestre del ejercicio fiscal 2016, en cumplimiento a lo establecido por el artículo 17 del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2016.

Por lo anterior y con fundamento en lo dispuesto por la fracción VIII del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, les acompaño para los fines procedentes, copia del oficio al que me he referido, así como los anexos que en el mismo se citan, en forma impresa y disco compacto.(1)

(1) El documento solo será consultable en la versión electrónica del Diario de los Debates de esta fecha en el Anexo “A”.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

Ciudad de México, a 8 de febrero de 2017.— Licenciado Felipe Solís Acero (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos.»

«Licenciado Felipe Solís Acero, subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

Me refiero a los informes sobre la utilización de los tiempos oficiales que corresponde administrar a la Dirección General de RTC, así como a los programas y campañas de comunicación social del gobierno federal que esta Subsecretaría de Normatividad de Medios remite de manera bimestral.

Sobre el particular, me permito enviarle el informe de utilización de tiempos oficiales así como el informe de los programas y campañas de comunicación social del gobierno federal, ejercidos al sexto bimestre del ejercicio fiscal 2016, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 17 del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2016.

Lo anterior con la súplica de que por su amable conducto sea remitido a la Comisión de Radio y Televisión de la Cámara de Diputados, de conformidad con lo previsto por la fracción IX del artículo 17 del Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación.

Hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Ciudad de México, a 2 de febrero de 2017.— Licenciado Andrés Chao Ebergenyi (rúbrica), subsecretario de Normatividad de Medios.»

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Remítanse a las Comisiones de Radio, Televisión y de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento.

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La Secretaria diputada Verónica Delgadillo García: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Integrantes de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número DGPL 63-II-3-1487 signado por el diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano, vicepresidente de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número UCVPS/ 925/2017 suscrito por el doctor Ernesto Héctor Monroy Yurrieta, titular de la Unidad Coordinadora de Vinculación y Participación Social de la Secretaría de Salud, así como de sus anexos, mediante los cuales responde el punto de acuerdo por el que se exhorta a esa dependencia a llevar a cabo programas y acciones para la debida atención de las inmunodeficiencias primarias en todo el país; así como incorporar este padecimiento en el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos del Seguro Popular.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

Ciudad de México, a 8 de febrero de 2017.— Maestro Valentín Martínez Garza (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Salud.

Maestro Valentín Martínez Garza, titular de la Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

Me refiero al oficio SELAP/UEL/ 311/2558/16, de fecha 20 de diciembre de 2016, mediante el cual informó que en la sesión de la Cámara de Diputados, celebrada el jueves 15 de diciembre de 2016, se aprobó el punto de acuerdo, que a continuación se transcribe:

Primero. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud para que lleve a cabo programas y acciones para la debida atención de las inmunodeficiencias primarias en todo el país. Segundo.La Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Salud, al Consejo de Salubridad General y a la Comisión Nacional de Protección Social en Salud para que, en el ámbito de sus facultades, incorporen las inmunodeficiencias primarias en el Fondo de protección contra Gastos Catastróficos del Seguro Popular.

Al respecto me permito acompañar oficio CNPSS- DGAF- DGAN-140- 2017, suscrito por el licenciado Andrés Jesús Sotelo Velázquez. director general adjunto de Normatividad de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud y oficio CSG-0372- 2017, suscrito por el doctor Jesús Ancer Rodríguez, secretario del Consejo de Salubridad General.

Con base en lo anterior he de agradecer su amable intervención a efecto de remitir esta información al órgano legislativo para su desahogo.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Ciudad de México, a 3 de febrero de 2017.— Doctor Ernesto Héctor Monroy Yurrieta (rúbrica), titular de la Unidad Coordinadora de Vinculación y Participación Social.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Salud.

Doctor Ernesto Héctor Monroy Yurrieta, titular de la Unidad Coordinadora de Vinculación y Participación Social de la Secretaría de Salud.— Presente.

En atención a su oficio UCVPS/ 197/2017, recibido por este Consejo el lunes 16 de enero de 2017, relacionado con el oficio SELAP/ UEL/ 311/ 2558116 de fecha 20 de diciembre de 2016, donde el Mtro. Valentín Martínez Garza, Titular de la Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaria de Gobernación, comunica el punto de acuerdo aprobado en sesión de la Cámara de Diputados, celebrada el15 de diciembre de 2016, que a la letra indica:

Primero. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud para que lleve a cabo programas y acciones para la debida atención de las inmunodeficiencias primarias en todo el país. Segundo. La Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Salud, al Consejo de Salubridad General y a la Comisión Nacional de la Protección Social en Salud, para que, en el ámbito de sus facultades, incorporen las inmunodeficiencias primarias en el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos del Seguro Popular.

Le informo que esta autoridad sanitaria se rige bajo un estricto orden legal y actuando dentro del ámbito de su competencia con fundamento en el artículo 73, fracción XVI, base l, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4, fracción II, 15 y 17, fracción VIII, de la Ley General de Salud; l y 9, fracción VIII, del Reglamento Interior del Consejo de Salubridad General, es un órgano colegiado y autoridad sanitaria que manifiesta lo siguiente:

Referente al segundo punto donde se exhorta a este Consejo de Salubridad General “en el ámbito de sus facultades, incorporen las inmunodeficiencias primarias en el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos del Seguro Popular” este órgano colegiado tomará en consideración el exhorto, de tal forma que turnará de forma prioritaria la solicitud que sea ingresada a la comisión para definir tratamientos y medicamentos asociados a enfermedades que ocasionan gastos catastróficos.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Ciudad de México, a 27 de enero de 2017.— Doctor Jesús Ancer Rodríguez (rúbrica), secretario.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Salud.

Doctor Ernesto Héctor Monroy Yurrieta, titular de la Unidad Coordinadora de Vinculación y Participación Social.— Presente.

Me refiero a su oficio número UCVPS/ 198/ 2017, el cual es relativo a la solicitud de opinión por parte de esta Comisión Nacional, respecto del punto de acuerdo aprobado por la Honorable Cámara de Diputados, en sesión celebrada el 15 de diciembre de 2016, y que refiere:

Primero. La Cámara de Diputadas exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud para que lleve a cabo programas y acciones pertinentes para la debida atención de las inmunodeficiencias primarias en todo el país.

Segundo. La Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Salud, al Consejo de Salubridad General y a la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, para que, en el ámbito de sus facultades, incorporen las inmunodeficiencias primarias en el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos del Seguro Popular.

Al respecto, y dentro del ámbito de competencia de esta Comisión Nacional de Protección Social en Salud, por lo que concierne, al numeral segundo del punto de acuerdo que nos ocupa, es importante en primera instancia, considerar lo establecido en el artículo 77 Bis 1 de la Ley General de Salud:

Artículo 77 Bis 1. Todos los mexicanos tienen derecho a ser incorporados al Sistema de Protección Social en Salud de conformidad con el artículo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sin importar su condición social.

La protección social en salud es un mecanismo por el cual el Estado garantizará el acceso efectivo, oportuno, de calidad, sin desembolso al momento de utilización y sin discriminación a los servicios médicos-quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios que satisfagan de manera integral las necesidades de salud, mediante la combinación de intervenciones de promoción de la salud, prevención, diagnóstico, tratamiento y de rehabilitación, seleccionadas en forma prioritaria según, criterios de seguridad, eficacia, costo, efectividad, adherencia a normas éticas profesionales y aceptabilidad social. Como mínimo se deberán contemplar los servicios de consulta externa en el primer nivel de atención, así como de consulta externa y hospitalización para las especialidades básicas de: medicina interna, cirugía general, ginecobstetricia, pediatría y geriatría, en el segundo nivel de atención.

Ahora bien, en la actualidad las inmunodeficiencias primarias no se encuentran consideradas como gastos catastróficos, por lo que conforme a lo dispuesto en los artículos 77 Bis 29 de la Ley General de Salud, y 9 fracción XVI del Reglamento Interior del Consejo General de Salubridad, es esta autoridad quien cuenta con la facultad para definir el tratamiento y medicamentos asociados a esos padecimientos como gasto catastrófico.

De esta forma, si el citado consejo considera determinar a las inmunodeficiencias primarias como gasto catastrófico, esta comisión nacional estimará su incorporación en la cobertura del Sistema de Protección Social en Salud de conformidad con lo establecido en el artículo 100 del Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Protección Social en Salud:

Artículo 100. Los gastos catastróficos definidos por el Consejo de Salubridad General serán incluidos por la secretaría a través de la comisión, en la cobertura del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos en forma gradual. La secuencia y alcance de estos servicios responderá a criterios de disponibilidad de los recursos del citado fondo y aquellos que determine al efecto la secretaría de acuerdo a la ley.

No obstante lo anterior, se considera importante señalar que el Sistema de Protección Social en Salud a través del Programa Seguro Médico Siglo XXI, cuenta con cobertura para menores de 5 años de las siguientes enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos y ciertos trastornos que afectan el mecanismo de la inmunidad:

En conclusión, para que sea posible materializar la incorporación dentro del catálogo de intervenciones del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos, del diagnóstico y tratamiento de las inmunodeficiencias primarias, es necesario que en primera instancia el Consejo General de Salubridad ¡as catalogue como tal, lo anterior el efecto de que esta Comisión Nacional se encuentre en posibilidad de llevar a cabo los análisis necesarios que permitan determinar si conforme a la disponibilidad de recursos del citado Fondo, es factible la inclusión del citado padecimiento dentro de la cobertura del Sistema de Protección Social en Salud.

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

Ciudad de México, a 19 de enero de 2017.— Licenciado Andrés Jesús Sotelo Velázquez (rúbrica), director general Adjunto.»

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Se remite a la Comisión de Salud, para su conocimiento.

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La Secretaria diputada Verónica Delgadillo García:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Integrantes de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta del oficio número DGPL 63-II-8-2684, signado por la diputada Gloria Himelda Félix Niebla, entonces vicepresidenta de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir para los fines procedentes copia del similar PJD/ 13/ 2017, suscrito por la licenciada María Guadalupe Chacón Monárrez, prosecretaria de la Junta Directiva y enlace responsable con legisladores federales del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, así como de su anexo, mediante los cuales responde el punto de acuerdo por el que se exhorta a ese instituto a implantar actividades de prevención, detección oportuna y atención del cáncer de pulmón a la par de los estándares internacionales.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

Atentamente

Ciudad de México, a 9 de febrero de 2017.— Maestro Valentín Martínez Garza (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos.»

«Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

Maestro Valentín Martínez Garza, titular de la Unidad de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

En atención de su oficio número SELAP/ UEL/ 311/ 2386/ 16, de fecha 9 de diciembre del año en curso, me permito enviar a usted la nota que al respecto elaboró la Dirección Médica de este instituto.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para hacerle llegar un cordial saludo.

Atentamente

Ciudad de México, a 7 de febrero de 2017.— Licenciada María Guadalupe Chacón Monárrez (rúbrica), prosecretaria de la Junta Directiva y Enlace Responsable con Legisladores Federales.»

«Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta a la Secretaría de Salud del gobierno federal a instaurar una política pública integral de prevención, detección oportuna y atención del cáncer de pulmón, así como a coordinar los esfuerzos interinstitucionales necesarios para difundir los factores de riesgo, como el tabaquismo y la exposición de humo de leña.

Segundo. Se exhorta al IMSS, el ISSSTE, Pemex, la Sedena y la Semar para que a través de sus establecimientos de salud implanten actividades de prevención, detección oportuna del cáncer de pulmón a la par de los estándares internacionales.

Tercero. Se exhorta a la Secretaría de Salud y a las instituciones mencionadas para que las acciones que se emprendan en cumplimiento de estos puntos de acuerdo se realicen en español y en las lenguas indígenas de los pueblos existentes en el territorio nacional.

Nota del ISSSTE

El ISSSTE desarrolla permanentemente campañas para la prevención de cáncer de pulmón. Además, se llevan a cabo actividades para disminuir los factores de riesgo, tales como

• Clínicas para dejar de fumar;

• Campañas de la Semana Nacional en la Prevención del Día Mundial sin Tabaco; y

• Certificación de edificios libres de humo de tabaco.

Las estadísticas con que se cuenta son las siguientes:

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Se turna a la Comisión de Salud, para su conocimiento.

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La Secretaria diputada Verónica Delgadillo García:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Integrantes de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número D.G.P.L. 63-II-5-1781, signado por la diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala, entonces vicepresidenta de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir, para los fines procedentes, copia del similar número DGV/FMD/1.3.-065/2017, suscrito por el maestro Fausto Muciño Durán, director general de Vinculación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, así como de su anexo, mediante los cuales responde el punto de acuerdo por el que se solicita al gobierno federal llevar a cabo acciones con el objeto de impulsar el desarrollo regional del Sureste de México y beneficiar a los Estados de Yucatán, Tabasco, Campeche y Quintana Roo, en aras de mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

Ciudad de México, a 8 de febrero de 2017.— Maestro Valentín Martínez Garza (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

Maestro Valentín Martínez Garza, titular de la Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

Me refiero al oficio SELAP/UEL/311/2598/16, a través del cual remitió para su atención, el punto de acuerdo aprobado por el pleno de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión en sesión celebrada el 15 de diciembre del 2016, cuyo resolutivo exhorta al gobierno federal llevar a cabo acciones con el objeto de impulsar el desarrollo regional del sureste de México y beneficiar a los estados de Yucatán, Tabasco, Campeche y Quintana Roo, en aras de mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

Al respecto, la Dirección General de Desarrollo Carretero ha remitido mediante oficio 3.4.1.-012, mismo que se adjunta, el listado de las obras que han sido concluidas, las que se encuentran en proceso de ejecución así como aquellas contempladas para su análisis e inclusión en futuras planeaciones en beneficio de la región sur sureste del país.

Sin más por el momento, me reitero a sus apreciables órdenes.

Atentamente

Ciudad de México, a 30 de enero de 2017.— Maestro Fausto Muciño Durán (rúbrica), director general de Vinculación.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

Licenciado Fausto Muciño Durán, Director General de Vinculación.— Presente.

Me refiero a su oficio DGV/FMD/1.3-0 15/2017, de fecha 5 de enero de 2017, mediante el cual comunica al maestro Óscar Raúl Callejo Silva, subsecretario de Infraestructura de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, el punto de acuerdo del pleno del Honorable Congreso de la Unión, de fecha 15 de diciembre de 2016, en el cual solicita respetuosamente al gobierno federal llevar a cabo acciones con el objeto de impulsar el desarrollo regional del sureste de México y beneficiar a los estados de Yucatán, Tabasco, Campeche y Quintana Roo, en aras de mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

Al respecto, le informo que la Subsecretaría de Infraestructura realiza diversas obras de infraestructura carretera que contribuyen al desarrollo económico y social de la región del sureste, entre las que se pueden mencionar las siguientes:

Obras terminadas

• Ampliación del distribuidor vial Progreso, Yucatán.

• Ampliación de Villahermosa-Escárcega, tramo Macuspana-límite de los estados de Tabasco y Chiapas.

• Ampliación del boulevard y distribuidor la Pigua, Tabasco.

• Ampliación del libramiento de Campeche, Campeche.

• Ampliación de la carretera Campeche-Mérida, Campeche y Yucatán.

• Ampliación de la carretera Nuevo X-can-Playa del Carmen, Quintana Roo.

• Construcción del libramiento de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo.

Obras en proceso

• Modernización del periférico de Mérida, Yucatán.

• Ampliación a 4 carriles de la carretera Mérida-Chetumal, primera etapa, Yucatán.

• Modernización de la carretera Villahermosa-Cárdenas, Tabasco.

• Construcción de 6 distribuidores viales en el boulevard Adolfo Ruiz Cortines, en Villahermosa, Tabasco.

• Construcción del libramiento de Ciudad del Carmen, Campeche.

• Modernización de Mérida-Cancún, tramo acceso a Cancún, Quintana Roo.

Proyectos en análisis

• Ampliación de la carretera Villahermosa- Ciudad del Carmen, Tabasco.

• Ampliación de la carretera Villahermosa -Pichucalco, Tabasco.

• Ampliación de la carretera Macuspana-Catazajá, Tabasco.

• Construcción del arco sur de Villahermosa, Tabasco.

• Construcción del libramiento suroriente de Cárdenas, Tabasco.

• Ampliación de la carretera Huimanguillo-estación Chontalpa. Tabasco.

• Construcción del libramiento de Champotón, Campeche.

• Construcción del libramiento de Escárcega, Campeche.

• Construcción del libramiento de Atasta, Campeche

• Construcción del libramiento de Tulum, Quintana Roo.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Ciudad de México, a 13 de enero de 2017.— Licenciado Eduardo R. Ampudia (rúbrica), director general adjunto.»

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Se remite a la Comisión de Asuntos Frontera Sur-sureste, para su conocimiento.

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La Secretaria diputada Verónica Delgadillo García:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Integrantes de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta del oficio número DGPL 63-II-1-1569, signado por la diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez, entonces vicepresidenta de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir para los fines procedentes copia del similar UCVPS/ 922/ 2017, suscrito por el doctor Ernesto Héctor Monroy Yurrieta, titular de la Unidad Coordinadora de Vinculación y Participación Social de la Secretaría de Salud, así como de su anexo, mediante los cuales responde el punto de acuerdo por el que se exhorta a esa dependencia a dar inicio al proceso de revisión y actualización de la NOM-008-SSA3-2010, y someter ésta a consulta pública a través de los mecanismos dispuestos por la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, pues resulta obsoleta respecto a los procesos actuales de atención al proceso y la obesidad; y que durante esta revisión considere temas fundamentales como la certificación obligatoria para los cirujanos bariatras, las indicaciones de la cirugía bariátrica y la vinculación con guías prácticas.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

Atentamente

Ciudad de México, a 8 de febrero de 2017.— Maestro Valentín Martínez Garza (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Salud.

Maestro Valentín Martínez Garza, titular de la Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

Me refiero al oficio número SELAP/ UEL/ 311/ 2464/ 16, de fecha 20 de diciembre de 2016, mediante el cual informó que en la sesión de la Cámara de Diputados celebrada el 15 de diciembre de 2016 se aprobaron los puntos de acuerdo que a continuación se transcriben:

Primero. La Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Salud a dar inicio al proceso de revisión y actualización de la NOM-008-SSA3-2010. Asimismo, se considera que es importante someter dicha norma a consulta pública a través de los mecanismos dispuestos por la Comisión Federal de Mejora Regulatoria. Lo anterior, debido a que la norma resulta obsoleta a los procesos actuales de atención al sobrepeso y la obesidad; de igual forma, de no encontrarse vigente a dichos procesos, podría traer consigo su cancelación y eventual generación de una nueva norma.

Segundo. La Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Salud a que durante el proceso de revisión de la NOM-008-SSA3-20 10 tome en consideración tres temas fundamentales: certificación obligatoria para los cirujanos bariatras, las indicaciones de la cirugía bariátrica y la vinculación con guías prácticas, a efecto de garantizar las mejores condiciones de seguridad y eficacia para los pacientes que se someten a dicho proceso.

Al respecto me permito acompañar el oficio número SIDSS-CAS-959-2017, suscrito por el ingeniero Gustavo Ernesto Ramírez Rodríguez, coordinador de asesores de la Subsecretaría de Integración y Desarrollo del Sector Salud.

Con base en lo anterior he de agradecer su amable intervención a efecto de remitir esta información al órgano legislativo para su desahogo.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Ciudad de México, a 3 de febrero de 2017.— Doctor Ernesto Héctor Monroy Yurrieta (rúbrica), titular de la Unidad Coordinadora de Vinculación y Participación Social.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Salud.

Doctor Ernesto Héctor Monroy Yurrieta, titular de la Unidad Coordinadora de Vinculación y Participación Social.— Presente.

Me refiero a su oficio número UCVPS/ 179/ 2017, de fecha 11 de enero de 2017, referente a los puntos de acuerdo, aprobados el 15 de diciembre de 2016 en sesión de la Cámara de Diputados, los cuales se detallan a continuación:

Primero. La Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Salud a dar inicio al proceso de revisión y actualización de la NOM-008-SSA3- 2010. Asimismo, se considera que es importante someter dicha norma a consulta pública a través de los mecanismos dispuestos por la Comisión Federal de Mejora Regulatoria. Lo anterior, debido a que la norma resulta obsoleta a los procesos actuales de atención al sobrepeso y la obesidad; de igual forma, de no encontrarse vigente a dichos procesos, podría traer consigo su cancelación y eventual generación de una nueva norma.

Segundo. La Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Salud a que durante el proceso de revisión de la NOM-008-SSA3-2010 tome en consideración tres temas fundamentales: Certificación obligatoria para los cirujanos bariatras, las indicaciones de la cirugía bariátrica y la vinculación con guías prácticas, a efecto de garantizar las mejores condiciones de seguridad y eficacia para los pacientes que se someten a dicho proceso.

Al respecto, por instrucciones del doctor José Meljem Moctezuma, subsecretario de Integración y Desarrollo del Sector Salud, y en el ámbito de competencia de la Dirección General de Calidad y Educación en Salud, se informa lo siguiente:

• En lo referente al punto primero, la Norma Oficial Mexicana NOM-008-SSA3-2010, “para el tratamiento integral del sobrepeso y la obesidad”, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 4 de agosto de 2010 y entró en vigor el 3 de octubre de 2010. Su vigencia concluyó el 3 de octubre de 2015, por lo que con fundamento en el artículo 51 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, mediante el oficio número SIDSS-442-2015, de fecha 3 de noviembre de 2015, se notificó a la Comisión Nacional de Normalización la ratificación de su vigencia por otros 5 años, en tanto se lleva a cabo el proceso de revisión y actualización quinquenal.

Las reuniones del grupo técnico interinstitucional de expertos para la revisión y actualización de la norma iniciaron el 18 de junio de 2015 y concluyeron el 30 de julio del mismo año; es decir, una reunión semanal durante siete semanas para la conclusión del anteproyecto. Posteriormente se envió a opinión jurídica, para lo cual la Coordinación General de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Salud emitió los dictámenes correspondientes hasta su aprobación.

En la primera sesión extraordinaria del Comité Consultivo Nacional de Normalización de Innovación, Desarrollo, Tecnologías e Información en Salud, celebrada el 28 de noviembre de 2016, se aprobó su publicación como proyecto. El 3 de enero de 2017 se solicitó a la Coordinación General de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Salud que se realizaran las gestiones para su publicación en el Diario Oficial de la Federación como proyecto, para que inicie el periodo de consulta pública durante 60 días.

Es pertinente mencionar que la revisión y actualización de la norma fue inscrita en el Programa Nacional de Normalización 2016 y 2017, para garantizar la continuidad del proceso de formalización, toda vez que la NOM-008-SSA3-2010, “para el tratamiento integral del sobrepeso y la obesidad”, que se encuentra vigente, y el proyecto de modificación han cumplido las formalidades procedimentales y metodológicas legales que le dan certidumbre y validez jurídico-sanitaria y técnico-médica como instrumento regulatorio de observancia obligatoria.

Dichas características permiten a la nueva versión (proyecto) de la NOM-008-SSA3-2016, “para el tratamiento integral del sobrepeso y la obesidad”, fortalecer la certidumbre jurídica de los médicos especialistas que practican cirugía o endoscopia bariátrica, así como a otros profesionales de la salud involucrados, a los establecimientos de atención médica donde se llevan a cabo procedimientos quirúrgicos o endoscópicos para el tratamiento del sobrepeso y la obesidad, así como a la autoridad sanitaria en el ejercicio de sus funciones de vigilancia de su cumplimiento, pero principalmente brinda certidumbre jurídica, protección física y privilegia la continuidad del proceso de atención médica integral con calidad y seguridad a los pacientes de los distintos grupos etarios que por indicación médica requieren someterse a este tipo de tratamiento para la atención de sus problemas de sobrepeso y obesidad.

• Respecto al punto segundo, el proyecto de NOM-008-SSA3-2016, “para el tratamiento integral del sobrepeso y la obesidad”, incluye, entre otros, los tres temas fundamentales a que se refiere el punto de acuerdo, en los siguientes términos:

Disposiciones que establecen la certificación obligatoria para los cirujanos bariatras:

6. Disposiciones específicas

6.1. Del perfil del personal de salud.

6.1.1. Del médico especialista.

6.1.1.1. Debe contar, en los términos previstos en las disposiciones jurídicas aplicables, con título, cédula de médico especialista en cirugía general, cirugía pediátrica o endoscopia, según sea el caso, legalmente expedidos por la autoridad educativa competente y certificado de especialización vigente expedido por el consejo correspondiente;

6.1.1.2. Debe haber recibido adiestramiento en cirugía bariátrica y conocer el tratamiento integral del paciente con obesidad; y

6.1.1.3. En el caso de tener estudios realizados en el extranjero, deben ser revalidados ante la autoridad educativa competente.

Disposiciones diversas que establecen indicaciones de la cirugía bariátrica:

5. Disposiciones generales

5.1. Del tratamiento integral de obesidad,

5.1.1. Todo paciente con sobrepeso u obesidad requerirá un tratamiento integral, en los términos previstos en esta norma.

5.2. El tratamiento integral debe realizarse bajo lo siguiente:

5.2.1. Se ajustará a los principios científicos y éticos que orientan la práctica médica;

5.2.2. Debe estar respaldado científicamente en investigación clínica, especialmente de carácter individualizado en la dietoterapia, psicoterapia, farmacoterapia y el tratamiento médico-quirúrgico;

5.2.3. El médico será el responsable del tratamiento integral del paciente con sobrepeso u obesidad, los profesionales en rehabilitación, nutrición y psicología serán responsables del tratamiento en sus respectivas áreas de formación profesional, con la finalidad de brindar calidad en la atención médica;

5.2.4. Para el tratamiento integral del sobrepeso y la obesidad, los profesionales de la salud deben considerar las características de cada grupo etario de acuerdo con lo señalado en los puntos 4.1.12, 4.1.13, 4.1.14, 4.1.15, 4.1.19, 4.1.20, 4.1.21 y 4.1.22 del capítulo de definiciones de esta norma.

5.2.5. El tratamiento indicado por el profesional de la salud debe considerar el menor riesgo a la salud con relación al beneficio esperado para el paciente;

5.2.6. Deben evaluarse las distintas alternativas de tratamiento disponibles, conforme a las necesidades específicas del paciente, ponderando especialmente las enfermedades concomitantes y comorbilidades que afecten su salud;

5.2.7. Todo tratamiento debe prescribirse previa evaluación del estado de nutrición y con base en los indicadores clínicos, dietéticos, bioquímicos y antropométricos de cada paciente;

7. Del tratamiento médico

7.5. Del tratamiento quirúrgico o endoscópico.

7.5.1. Para ambos tratamientos el médico tratante debe cumplir lo siguiente:

7.5.1.1. Todo candidato a cirugía o procedimiento endoscópico debe ser estudiado en forma completa previamente con historia clínica, análisis de laboratorio y estudios de gabinete, valoración nutriológica, cardiovascular, anestesiológica, psicológica, en su caso psiquiátrico y cualquier otra que resulte necesaria para complementar el estudio del paciente;

7.5.1.2. El tratamiento o procedimiento deberá estar basado y justificado en la evaluación de un equipo multidisciplinario; que podrá estar integrado por un cirujano, anestesiólogo, internista, psiquiatra, licenciado en nutrición y psicólogo clínico;

7.5.1.3. Se debe asentar en la nota médica del expediente clínico del paciente;

Disposición que establece la vinculación con guías de práctica clínica:

7.5.1.4. Podrán consultar en el catálogo maestro de guías de práctica clínica, las guías de tratamiento quirúrgico del paciente adulto con obesidad mórbida y la de tratamiento quirúrgico del adolescente con obesidad mórbida, así como otras que se encuentran disponibles en la página electrónica de la Secretaría de Salud.

Finalmente, cabe mencionar que en la actualidad, el proyecto de NOM-008-SSA3-2016, “para el tratamiento integral del sobrepeso y la obesidad”, se encuentra en proceso de publicación en el Diario Oficial de la Federación como proyecto, para que inicie el periodo de consulta pública durante 60 días, de conformidad con el artículo 47, fracción I, de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Ciudad de México, a 26 de enero de 2017.— Ingeniero Gustavo Ernesto Ramírez Rodríguez (rúbrica), coordinador de asesores.»

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Se remite a la Comisión de Salud, para su conocimiento.

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La Secretaria diputada Verónica Delgadillo García:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Integrantes de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número D.G.P.L. 63-II-6-1468, signado por la diputada Gloria Himelda Félix Niebla, entonces vicepresidenta de la Mesa Directiva de ese Órgano Legislativo, me permito remitir, para los fines procedentes, copia del similar número UCVPS/920/2017, suscrito por el doctor Ernesto Héctor Monroy Yurrieta, titular de la Unidad Coordinadora de Vinculación y Participación Social de la Secretaría de Salud, así como de su anexo, mediante los cuales responde el punto de acuerdo por el que se exhorta a esa dependencia a satisfacer la demanda de recursos para el cuidado de la salud que establece tanto la Organización Mundial de la Salud como los estándares establecidos por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

Ciudad de México, a 8 de febrero de 2017.— Maestro Valentín Martínez Garza (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Salud.

Maestro Valentín Martínez Garza, titular de la Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

Me refiero al oficio SELAP/UEL/311/2519/16, de fecha 20 de diciembre de 2016, mediante el cual informa que en la sesión de la Cámara de Diputados celebrada el día 15 de diciembre del 2016, se aprobó el punto de acuerdo que a continuación se transcribe:

“Único. La Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Salud Federal, para que satisfaga la demanda de recursos para el cuidado de la salud que establece tanto la Organización Mundial de la Salud como los estándares establecidos por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos.”

Al respecto me permito acompañar oficio UAE-019-2017, suscrito por el maestro Gustavo Nicolás Kubli Albertini, titular de la Unidad de Análisis Económico.

Con base en lo anterior, he de agradecer su amable intervención a efecto de remitir esta información al órgano legislativo para su desahogo.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Ciudad de México, a 3 de febrero de 2017.— Doctor Ernesto Héctor Monroy Yurrieta (rúbrica), titular de la Unidad Coordinadora de Vinculación y Participación Social.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Salud.

Doctor Ernesto Héctor Monroy Yurrieta, titular de la Unidad Coordinadora de Vinculación y Participación Social.

Me refiero al oficio número UCVPS/207/2017, turnado a esta unidad a mi cargo, mediante la cual solicitan la opinión técnica sobre el punto de acuerdo de la Cámara de Diputados en el que exhorta a la Secretaría de Salud a satisfacer la demanda de recursos para el cuidado de la salud que establece tanto la Organización Mundial de la Salud (OMS) como los estándares establecidos por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Sobre el particular, si bien es cierto, como menciona la Comisión de Salud de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, que México comenzó el siglo XXI sin un mecanismo de protección social en salud para la totalidad de su población, también lo es que la situación ha mejorado gracias al Seguro Popular de Salud que permitió extender la cobertura y el financiamiento públicos de los servicios de salud a más de 50 millones de mexicanos que antes estaban desprotegidos. Como evidencia de tal mejora cabe destacar que los tres indicadores del objetivo 6. “Avanzar en la construcción de un Sistema Nacional de Salud Universal bajo la rectoría de la Secretaría de Salud”, del Programa Sectorial de Salud 2013-2018, presentan avances importantes en materia de protección social en salud respecto al año 2000 referido.

Asimismo, el punto de acuerdo menciona que la proporción de recursos humanos en salud en México no alcanza los estándares internacionales recomendados por la OMS (23 por cada 10 mil habitantes), lo cual desde el punto de vista de esta Unidad, es incorrecto. Lo anterior debido a que el estándar se refiere a la suma de personal médico, de enfermería y parteras a nivel nacional, mientras que en México se tienen 22 personas del área médica y 26 personas de enfermería por cada la mil habitantes, es decir 48 recursos humanos en salud por 10 mil habitantes sin contabilizar otro personal de salud que también atiende a la población (fuente: Dirección General de Información en Salud 2013 y OECD Health Statistics 2015, disponible en http://dx.doi.org/10.1787/health-data.en). Las cifras ascienden a 24 y 28, respectivamente si se toman en cuenta las estimaciones más recientes, publicadas en el Anexo Estadístico del cuarto Informe de Gobierno, donde se puede observar la evolución favorable desde 2000, cuando el personal ascendía a 17 personas del área médica y 17 personas de enfermería por cada la mil habitantes.

Por otro lado, en el más reciente estudio sobre el sector realizado por la OCDE al Sistema Nacional de Salud mexicano, se menciona que aunque el número de personal de salud es menor al de la mayoría de los países pertenecientes a la OCDE, el reto es mejorar la eficiencia y la distribución de los mismos. Por ello, es importante y necesario el apoyo a los esfuerzos sustantivos que realizan las Direcciones Generales de Información en Salud y de Calidad y Educación en Salud adscritas a la Subsecretaría de Integración y Desarrollo del Sector Salud, así como a la Comisión Nacional de Protección en Salud, para conocer el estado del Sistema Nacional de Salud en términos tanto de producción como de calidad de los servidos y proponer al titular del ramo, una mejor distribución de los recursos con base en las necesidades de la población. Asimismo, se debe tener en cuenta los esfuerzos de toda la administración pública federal para tener un uso más eficiente de los recursos disponibles, en un marco de austeridad en el gasto. En particular, esta Secretaría ha llevado a cabo esfuerzos importantes en materia de transparencia y mejor uso de los recursos que se envían a las entidades federativas, además de ajustar el gasto ejercido por la propia dependencia.

Como establece el artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Cámara de Diputados tiene la facultad exclusiva de aprobar el Presupuesto de Egresos de la Federación, previo examen, discusión y, en su caso, modificación del proyecto enviado por el Ejecutivo Federal, por lo que esta secretaría puede trabajar con la Comisión de Salud con el fin de encontrar caminos para mejorar la salud de los mexicanos.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

México, Ciudad de México, a 27 de enero de 2017.— Maestro Gustavo Nicolás Kubli Albertini (rúbrica), titular de la Unidad de Análisis Económico.»

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Se turna a la Comisión de Salud, para su conocimiento.

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La Secretaria diputada Verónica Delgadillo García:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Integrantes de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número D.G.P.L. 63-II-7-1588 signado por la diputada Gloria Himelda Félix Niebla, entonces vicepresidenta de la Mesa Directiva de ese Órgano Legislativo, me permito remitir, para los fines procedentes, copia del similar número DGV/FMD/1.3.-068/2017, suscrito por el maestro Fausto Muciño Durán, director general de Vinculación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, así como de sus anexos, mediante los cuales responde el punto de acuerdo por el que se exhorta a esa dependencia a evitar fumigaciones de herbicidas que contengan glifosato u otro herbicida con material tóxico en la franja de derecho de vía que se encuentran en todas las carreteras y zona de protección o derecho de vía de tren, así como entre el riel, silleta con clavo y traviesa de madera, así como a informar si existen dichas sustancias en los planes de trabajos actuales.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

Ciudad de México, a 8 de febrero de 2017.— Maestro Valentín Martínez Garza (rúbrica), titular de la Unidad de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

Maestro Valentín Martínez Garza, titular de la Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

Por medio de la presente le envío un cordial saludo y al mismo tiempo me permito hacer referencia a su oficio SELAP/UEL/311/2479/16, a través del cual remitió para su atención, el punto de acuerdo aprobado por el Pleno de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, cuyos resolutivos exhortan a esta Secretaría y al organismo Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (Capufe) a evitar fumigaciones de herbicidas que contengan glifosato u otro herbicida con material tóxico en la franja de derecho de vía que se encuentra en todas las carreteras y zona de protección o derecho de vía de tren así como en el riel, silleta con clavo y traviesa de madera, así como a informar si existen dichas sustancias en los planes de trabajos actuales.

Al respecto, me permito remitir las respuestas emitidas por la Dirección General Adjunta de Supervisión Física de Autopsitas de esta Secretaría y la Dirección Jurídica Consultiva de Capufe, mediante oficios 3.4.3.-0102 y 09/JOU/DJ/SJC/0103/2017, mismos que se adjuntan, por los que informan las acciones implementadas para evitar el uso de material tóxico, a fin de que las pongan en práctica a los representantes de los concesionarios de autopistas y puentes federales de cuota así corno a las delegaciones regionales y gerencias de tramo correspondientes.

Sin más por el momento, me reitero a sus apreciables órdenes.

Atentamente

Ciudad de México, a 1o. de febrero de 2017.— Maestro Fausto Muciño Durán (rúbrica), director general de Vinculación.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

Maestro Fausto Muciño Durán, Director General de Vinculación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.— Presente.

En atención y respuesta a su atento oficio con número de referencia DGV/FMD/1.3.-014/2017, mediante el cual dirige al ciudadano subsecretario de Infraestructura el punto de acuerdo aprobado por el pleno de la Cámara de diputados del Honorable Congreso de la Unión en sesión celebrada el 15 de diciembre de 2016, a través de la Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación, cuyos resolutivos primero y segundo exponen:

“Primero. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y al organismo público descentralizado denominado Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, con la finalidad de evitar fumigaciones de herbicidas que tengan glifosato u otro herbicida con material tóxico en la franja de derecho de vía que se encuentra en todas las carreteras y zona de protección o derecho de vía de tren así como en el riel, silleta con clavo y traviesa de madera.

”Segundo. La Cámara de diputados exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y al organismo público descentralizado denominado Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, se sirva compartir con esta soberanía, si en sus prácticas de fumigación, existe el glifosato o cualquier otro producto tóxico, incluyendo cuales fueron las autorizaciones, productos utilizados, dosis, plan de trabajo (de acuerdo a lo establecido por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales).”

De lo anterior, me permito hacer del conocimiento que mediante oficio circular número 001, mismo que adjunto para su conocimiento, han sido giradas las instrucciones correspondientes a los representantes de las concesionarías de autopistas y puentes federales de cuota.

Asimismo, se informa que la Dirección General de Desarrollo Carretero no ha dado autorizaciones para 1a utilización de herbicidas y/o sustancias para el control de maleza en la franja del derecho de vía. No obstante lo anterior, se implementará lo necesario para que dentro del programa de conservación, las empresas concesionarias de autopistas y puentes de cuota, se apeguen al resolutivo de impacto ambiental.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Ciudad de México, a 16 de enero de 2017.— Ingeniero Roberto Magallanes González (rúbrica), director general adjunto de Supervisión Física.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

Representantes Legales de Concesionarios de Autopista y Puentes Federales de Cuota.

Por conducto de la Dirección General de Vinculación de la Oficina del ciudadano secretario del ramo, se ha remitido al ciudadano subsecretario de Infraestructura para la atención correspondiente, el punto de acuerdo aprobado por el pleno de la Cámara de diputados del Honorable Congreso de la Unión en sesión celebrada el 15 de diciembre de 2016, a través de la Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación, cuyos resolutivos primero y segundo exponen:

“Primero. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y al organismo público descentralizado denominado Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, con la finalidad de evitar fumigaciones de herbicidas que tengan glifosato u otro herbicida con material tóxico en la franja de derecho de vía que se encuentra en todas las carreteras y zona de protección o derecho de vía de tren así como en el riel, silleta con clavo y traviesa de madera.

”Segundo. La Cámara de diputados exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y al organismo público descentralizado denominado Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, se sirva compartir con esta soberanía, si en sus prácticas de fumigación, existe el glifosato o cualquier otro producto tóxico, incluyendo cuales fueron las autorizaciones, productos utilizados, dosis, plan de trabajo (de acuerdo a lo establecido por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales).”

Por lo antes expuesto, en términos de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal.- última reforma, titulo séptimo, inspección, verificación y vigilancia, artículo 70, primer párrafo, a partir de la fecha queda estrictamente prohibido la utilización de herbicidas que contengan glifosato u otro con material tóxico en la franja de derecho de vía; por lo cual en caso de contravenir dicha instrucción, será únicamente responsabilidad de quien lo use.

Asimismo, atentamente se les solicita se nos indique si en sus prácticas de fumigación, existe el glifosato o cualquier otro producto tóxico, incluyendo cuales fueron los productos utilizados, dosis y plan de trabajo.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Ciudad de México, a 16 de enero de 2017.— Ingeniero Roberto Magallanes González (rúbrica), director general adjunto de Supervisión Física.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

Maestro Fausto Muciño Durán, Director General de Vinculación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

Por instrucciones del licenciado Jorge Martín Jiménez Zárate, director Jurídico de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, me refiero al oficio D.G.P.L.63-II-7-1588, del 15 de diciembre del año en curso, a través del cual la diputada Gloria Himelda Félix Niebla, vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, dirige al licenciado Benito Neme Sastré, director general de este organismo, para su atención el acuerdo parlamentario aprobado por el pleno de ese órgano legislativo, en sesión ordinaria celebrada el 15 de diciembre de 2016, el cual se transcribe a continuación:

“Primero. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y al organismo público descentralizado denominado Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, con la finalidad de evitar fumigaciones de herbicidas que tengan glifosato u otro herbicida con material tóxico en la franja de derecho de vía que se encuentra en todas las carreteras y zona de protección o derecho de vía de tren así como en el riel, silleta con clavo y traviesa de madera.

”Segundo. La Cámara de diputados exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y al organismo público descentralizado denominado Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, se sirva compartir con esta soberanía, si en sus prácticas de fumigación, existe el glifosato o cualquier otro producto tóxico, incluyendo cuales fueron las autorizaciones, productos utilizados, dosis, plan de trabajo (de acuerdo a lo establecido por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales).

”Tercero. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al titular de la Comisión Nacional del Agua a llevar a cabo los análisis de agua, para determinar si se ha o no producido o contaminación por glifosato u otro material tóxico causado por herbicidas y, en caso afirmativo, adoptar las medidas preventivas que se estimen convenientes.

Sobre el particular, me permito informar que la solicitud fue turnada para su atención al ingeniero Mauricio Sánchez Woodworth Álvarez Morphy, director de Infraestructura Carretera de este Organismo, quien en el ámbito de su competencia se sirvió enviar respuesta informando lo siguiente:

“Se informa que se les instruyó a las delegaciones regionales y gerencias de tramo de éste organismo, a no utilizar en sus prácticas de fumigación, el glifosato u otro herbicida con material tóxico.” (Se anexan oficios para pronta referencia)

Lo anterior se le informa para que por su conducto se haga del conocimiento de la legisladora.

Sin otro particular, reitero a usted las seguridades de mi consideración distinguida.

Atentamente

Cuernavaca, Morelos, a 26 de febrero de 2017.— Doctor Rodolfo Ocampo Rivera (rúbrica), subdirector Jurídico Consultivo.»

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Se remite a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para su conocimiento.

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La Secretaria diputada Verónica Delgadillo García:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Integrantes de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número DGPL 63-II-7-1575 signado por la diputada Gloria Himelda Félix Niebla, entonces vicepresidenta de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número DGPPVCl/ DV/ 0071/ 2017 suscrito por el doctor Eduardo Martínez Altamirano, director general de Políticas Públicas, Vinculación y Coordinación Interinstitucional de la Procuraduría General de la República, mediante el cual responde el punto de acuerdo por el que se exhorta a destinar y ejercer de manera oportuna los recursos públicos autorizados en los programas de acciones afirmativas, ajustes razonables y medidas de nivelación dirigidos a fortalecer los derechos de las personas con discapacidad; y a coordinar con la Secretaría de Desarrollo Social los trabajos necesarios para preparar su reporte de los recursos destinados a programas y acciones para la inclusión de personas con discapacidad, en términos del artículo decimocuarto transitorio del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2016.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

Ciudad de México, a 9 de febrero de 2017.— Licenciado Felipe Solís Acero (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Procuraduría General de la República.

Maestro Valentín Martínez Garza, titular de la Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

Estimado maestro Martínez Garza:

En atención al contenido del oficio SELAP/ 300/ 3149/ 16, por el que se comunica a esta procuraduría el punto de acuerdo, aprobado por el Honorable Congreso de la Unión, en sesión celebrada el jueves 15 de diciembre de 2016, que en su parte resolutiva señala:

Primero. La Cámara de Diputados exhorta a las dependencias de la administración pública federal a que destinen y ejerzan de manera oportuna los recursos públicos autorizados en los programas de acciones afirmativas, ajustes razonables y medidas nivelación dirigidos a fortalecer los derechos de las personas con discapacidad. Segundo. La Cámara de Diputados exhorta a las dependencias y entidades a coordinar con la Secretaría de Desarrollo Social los trabajos necesarios para preparar su respectivo reporte de los recursos destinados a programas y acciones para la inclusión de las personas con discapacidad, en términos del artículo decimocuarto transitorio del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2016.

En virtud de lo anterior, con fundamento en el artículo 89, fracciones X y XI, del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, hago de su conocimiento, que la Oficialía Mayor, a través de la Dirección General de Programación y Presupuesto, comunicó a esta área a mi cargo que:

Considerando lo establecido en el decimocuarto transitorio del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2016 que a la letra menciona:

Las dependencias y entidades competentes deberán destinar de manera oportuna, transparente y equitativa los recursos públicos que tengan autorizados o los que sean reasignados en los programas que incluyan acciones afirmativas, ajustes razonables y medidas de nivelación, a fortalecer los derechos de las personas con discapacidad, a la inclusión y el desarrollo de éstas.

Las dependencias y entidades, en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Social, revisarán sus respectivos programas, con el objeto de incluir en aquellos que corresponda, acciones que promuevan la inclusión de las personas con discapacidad.

Las dependencias y entidades entregarán un reporte a la Secretaría de Desarrollo Social, la cual integrará un informe que enviará a las Comisiones de Desarrollo Social, y de Atención a Grupos Vulnerables de la Cámara de Diputados, a más tardar el último día hábil de octubre para su seguimiento.

Asimismo, el artículo 29 del citado decreto, menciona que en el anexo 25 del mismo, se establecen los programas sujetos a reglas de operación:

Los programas que deberán sujetarse a reglas de operación son aquéllos señalados en el Anexo 25 de este decreto, el Ejecutivo federal por conducto de la secretaría, podrá incluir otros programas que, por razones de su impacto social, deban sujetarse a regias de operación, Para, tal efecto, se deberá observar lo siguiente:

I. Las reglas de operación de los programas federales deberán sujetarse a los siguientes criterios generales:...

h) Se promoverán los principios de igualdad, no discriminación, interés superior de la niñez inclusión de las personas con discapacidad, integridad, integración familiar) Igualdad de género, libre determinación de las comunidades indígenas, protección al medio ambiente, protección a la vida, salud e integridad de las personas, según corresponda, así como transparencia y acceso a la información, y eficiencia y eficacia de los recursos púbicos...

En este sentido, se comunica que en términos de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, esta Institución tiene a su cargo el despacho de los asuntos que le confieren la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las demás disposiciones legales aplicables, respondiendo a la satisfacción de interés social y del bien común; por lo que su actuación se rige por los principios de certeza, legalidad, objetividad, imparcialidad, eficiencia, profesionalismo, honradez, lealtad, disciplina y respeto a los derechos humanos.

Es por ello que en el ámbito y atribuciones de esta Institución, se encuentran las inherentes a garantizar el estado democrático de derecho, mediante una procuración de justicia federal eficaz y eficiente, por lo que su actuar institucional se orienta, entre otros aspectos, consolidar una cultura de protección y promoción de las garantías individuales y el pleno res pero a los derechos humanos de todas las personas sin distinción; en consecuencia, el procurar que ¿as personas con discapacidades tengan acceso a la justicia en la igualdad de condiciones, queda inmerso en las finalidades de la Procuraduría General de la República,

Con fundamento en el artículo 65, fracción V, del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, 8, fracción IV de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos; le comento que de conformidad con le dispuesto en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento, los programas presupuestarios que están establecidos en la Procuraduría General de la República, no se encuentran contemplados en el Anexo 25 del Decreto de Presupuesto Egresos de la Federación 201 6, por lo que no entregan y/o canalizan subsidios o apoyos con cargo al presupuesto de la Institución; no cuentan con padrón de beneficiarios; y no cuentan con reglas de operación para su funcionamiento dentro de la Institución.

Asimismo, se informa que los ramos presupuestarios a los cuales se identifican programas y acciones, o ambas, dirigidas a fortalecer los derechos de las personas con discapacidad, a la inclusión y el desarrollo de éstas, se encuentran considerados en el Anexo 14 del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2016 “Atención de Grupos Vulnerables”; siendo estos: “12 Salud”, “20 Desarrollo Social”; “23 Provisiones Salariales y Económicas”; “35 Comisión Nacional de los Derechos Humanos” y “GYN Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado”.

No obstante lo anterior, es innegable que se encuentran inmersas acciones para la atención de personas con discapacidad en las actividades y programas presupuestarios que conforman el presupuesto asignado a esta institución, en estricto apego a las garantías de igualdad, respeto y protección a los derechos humanos consagradas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 1; tal es el caso, que para facilitar el acceso de las personas con discapacidad a los inmuebles de la Procuraduría General de la República, se han desarrollado algunas adecuaciones necesarias en la infraestructura y su instalaciones”.

Sin otro particular, le reitero mi distinguida consideración.

Atentamente

Ciudad de México, a 7 de febrero de 2017.— Doctor Eduardo Martínez Altamirano (rúbrica), director general.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Doctor Raúl Cervantes Andrade, Procurador General de la República.— Presente.

Por este medio me permito hacer de su conocimiento que por oficio número DGPL 63-II -7-1575 la diputada Gloria Himelda Félix Niebla, vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, comunica a esta secretaría el acuerdo aprobado por el pleno de ese órgano legislativo, en sesión celebrada el 15 del actual, que a continuación transcribo:

Primero. La Cámara de Diputados exhorta a las dependencias de la administración pública federal a que destinen y ejerzan de manera oportuna los recursos públicos autorizados en los programas de acciones afirmativas, ajustes razonables y medidas de nivelación dirigidos a fortalecer los derechos de las personas con discapacidad.

Segundo. La Cámara de Diputados exhorta a las dependencias y entidades a coordinar con la Secretaría de Desarrollo Social los trabajos necesarios para preparar su respectivo reporte de los recursos destinados a programas y acciones para la inclusión de las personas con discapacidad en términos del artículo decimocuarto transitorio del Presupuesto de Egresos de /a Federación para el Ejercicio Fiscal de 2016.

Asimismo, le acompaño para los fines procedentes, copia del documento al que me he referido y del dictamen del citado acuerdo.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarle la seguridad de mi consideración distinguida.

Ciudad de México, a 22 de diciembre de 2016.— Licenciado Felipe Solís Acero (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos.»

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Se turna a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, para su conocimiento.

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La Secretaria diputada Verónica Delgadillo García:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Integrantes de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número DGPL 63-II-5-1956 signado por la diputada Cristina Ismene Gaytán Hernández, entonces vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número DGGR/DGAC/161/2017 suscrito por el maestro Jonnathan Josué Serrano Venancio, director general adjunto de Coordinación, Análisis y Normatividad de Gestión de Riesgos de la Coordinación Nacional de Protección Civil, mediante el cual responde el punto de acuerdo por el que se exhorta a evaluar las consecuencias provocadas por los vientos ocurridos en diversos municipios del Istmo de Tehuantepec del estado de Oaxaca, así como emitir la declaratoria de emergencia correspondiente.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

Atentamente

Ciudad de México, a 8 de febrero de 2017.— Licenciado Felipe Solís Acero (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Licenciado Felipe Solís Acero, subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos de la Secretaría de Gobernación.— Presente.

Me refiero al oficio número SELAP/300/205/17, mediante el cual comunica el acuerdo aprobado por el pleno de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, en sesión celebrada el 25 de enero de 2017, mismo que se transcribe a continuación:

Único. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la Coordinación Nacional de Protección Civil del Sistema Nacional de Protección Civil, para que evalúe las consecuencias provocadas por los vientos ocurridos en diversos municipios del Istmo de Tehuantepec del estado de Oaxaca y, en su caso, emita la declaratoria de emergencia correspondiente”.

Sobre el particular, con fundamento en los artículos 9, fracción VII, y 61 del Reglamento Interior de la Secretaria de Gobernación (Risegob), y toda vez que la solicitud que nos ocupa fue turnada a la Dirección General para la Gestión de Riesgos (DGGR) de la Secretaría de Gobernación (Segob), se emiten las siguientes consideraciones:

Las dependencias que forman parte de la administración pública federal, actualmente llevan a cabo acciones coordinadas y suman esfuerzos para salvaguardar la vida, la salud y el patrimonio de la población ante la ocurrencia de los fenómenos naturales perturbadores, de tal suerte que a la Secretaría de Gobernación (Segob), por conducto de esta DGGR sólo le corresponde coordinar el acceso a los recursos del Fondo de Desastres Naturales (Fonden).

I. En el marco del Fonden y por virtud de su instrumento denominado Fondo para la Atención de Emergencias Fonden, la Segob por conducto de la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) emite declaratorias de emergencia que tienen como finalidad la adquisición de suministros de auxilio para responder de manera inmediata y oportuna a las necesidades urgentes para la protección de la vida y la salud de la población, generadas ante la inminencia, la alta probabilidad u ocurrencia de un fenómeno natural perturbador.

Para la autorización de suministros de auxilio el Acuerdo que establece los Lineamientos del Fondo para la Atención de Emergencias FONDEN –DOF.-03-V1I-2012- (Lineamientos), establece de manera genérica la necesidad de contar con una solicitud de declaratoria de emergencia, dirigida a la CNPC de la Segob y suscrita por el titular del Poder Ejecutivo de la entidad federativa correspondiente, en la que se describa, entre otros aspectos, el fenómeno natural perturbador origen de la situación de emergencia, los municipios u órganos político-administrativos en situación de emergencia, la población estimada que fue o pueda ser afectada con motivo de la emergencia, y señalar expresamente que ha sido rebasada la capacidad de respuesta de la entidad federativa y de los municipios o demarcaciones territoriales en la Ciudad de México, respecto de los que se solicita la declaratoria.

II. Con cargo al Fonden también se autorizan recursos económicos destinados a la restitución parcial o total de los daños ocasionados por la ocurrencia de un fenómeno natural perturbador en la infraestructura pública de los sectores de competencia federal, o de las entidades federativas, municipios u órganos político-administrativos en la Ciudad de México , así como también a la mitigación de los daños a las viviendas de la población de bajos ingresos afectadas por los fenómenos naturales perturbadores.

Por virtud de este instrumento la Segob a través de la CNPC, emite declaratorias de desastre natural, entendidas como el documento mediante el cual esta dependencia declara formalmente en zona de desastre natural a los municipios de las entidades federativas, u órganos político-administrativos en la Ciudad de México, en los que se hayan corroborado afectaciones por la ocurrencia de un fenómeno natural perturbador, y con ello que se pueda tener acceso a los recursos del Fonden.

Para la emisión de una declaratoria de desastre natural la normativa vigente y aplicable –a saber el Acuerdo por el que le establecen las Reglas Generales del Fondo de Desastre Naturales (Reglas Generales) publicado en el Diario Oficial de la Federación el 3 de diciembre de 2010–, establece que el gobierno de la entidad federativa afectada debe presentar una solicitud de declaratoria de desastre natural, siguiendo para ello lo dispuesto en las referidas reglas generales.

III. En términos del Anexo XVII “Procedimiento para el ejercicio de recursos del Fideicomiso Fonden, por obras y acciones tendientes a la reconstrucción de la infraestructura que se derivan de la atención de los daños ocasionados por la ocurrencia de desastres naturales en la República Mexicana” de los Lineamientos de Operación específicos del Fondo de Desastres Naturales –publicados en el Diario Oficial de la Federación el 31 de enero de 2011–, el ejercicio de los recursos autorizados a través del Fonden lo realizarán directamente las instancias ejecutoras de las obras y acciones de reconstrucción, ante el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC, en su carácter de Fiduciario del Fideicomiso 2003.-Fonden.

Asimismo, se señala que la sustentación de obra pública, prestación de servicios relacionados con la misma, adquisiciones y otros conceptos, así como su cabal administración, las llevarán a cabo las instancias ejecutoras y las contrataciones que formalicen deberán observar lo establecido en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, así como en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, sus respectivos reglamentos y demás normativa aplicable, siendo responsables de que los contratos que celebren se apeguen al programa de obras y acciones autorizado y no rebasen los importes asignados, en su caso, el excedente no podrá ser cubierto con recursos del Fonden.

Cabe señalar que el gobierno del estado de Oaxaca no ha solicitado la emisión de declaratoria de emergencia ni de desastre alguna por la ocurrencia del fenómeno natural perturbador referido, motivo por el cual no se inició el procedimiento de acceso a los recursos con cargo al Fonden para su atención.

No obstante, esta DGGR informa que se encuentra atenta a brindar el apoyo inmediato a través del Fonden respecto de aquellos fenómenos naturales perturbadores que se pudieran registrar en el estado de Oaxaca, previo cumplimiento de los requisitos y formalidades que para ello dispone la normativa aplicable.

Sin otro particular, reitero a usted mi más atenta y distinguida consideración.

Notas:

1 Productos consumibles (despensas alimenticias, agua para beber, medicamentos, etc.) , productos duraderos (artículos de abrigo y protección como colchonetas, cobertores, láminas, bolsas para cadáveres, costales, hule y/o plásticos para evitar que traspase el agua proveniente de lluvias o fenómenos naturales similares en las viviendas de los damnificados, herramientas, artículos de limpieza, artículos de aseo personal, mochilas aspersores para la atención de incendios forestales), servicios ( fletes o transpones, combustible, etc.).

2 Una vez recibida la solicitud, la CNPC la remite inmediatamente a la Instancia Técnica Facultada (ITF) que corresponda -la CONAGUA por tratarse de fenómenos meteorológicos e hidrometeorológicos, la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) en caso de incendios forestales, o el Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED) para el caso de los fenómenos geológicos, a efecto de que corrobore la inminencia, alta probabilidad o existencia del Fenómeno natural perturbador de que se trate:

La ITF enviará su dictamen técnico a la CNPC en un término máximo de 2 días hábiles, y en caso de que se corrobore la presencia del fenómeno natural perturbador, la CNPC a más tarda al siguiente de recibido el mismo, emitirá la Declaratoria de Emergencia, que se difundirá a través de un Boletín de Prensa y por cualquier medio de comunicación disponible, e informara a la entidad federativa solicitante del contenido del mismo. La CNPC contará con seis días hábiles siguientes a la emisión del Boletín de Prensa, para publicar en el Diario Oficial de la Federación la Declaratoria de Emergencia respectiva.

Una vez difundida la emisión de una Declaratoria de Emergencia mediante boletín de prensa, la entidad federativa podrá ser objeto de los apoyos del Fondo para la Atención de Emergencias Fonden, para lo cual deberá presentar a la DGGR una solicitud de insumos para la atención de las necesidades urgentes de la población afectada o susceptible de ser afectada que se encuentra en los municipios o delegaciones políticas declaradas en Emergencia.

3 De conformidad con el artículo 7 de las Reglas Generales, cuando una entidad federativa se encuentre en Desastre Natural deberá solicitar, dentro de los tres días hábiles siguientes a la ocurrencia de éste, a la Instancia Técnica Facultada que corresponda -pudiendo ser la Comisión Nacional del Agua (Conagua) por tratarse de fenómenos meteorológicos e hidrometeorológicos; la Comisión Nacional Forestal (Conafor) en caso de incendios forestales, o el Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred) para el :aso de los fenómenos geológicos-, que corrobore la ocurrencia del fenómeno natural perturbador.

Tal solicitud deberá estar suscrita por el titular del ejecutivo de la entidad federativa o, en su defecto, por el servidor público facultado para ello, y deberá contener la descripción del fenómeno natural perturbador y la fecha de su ocurrencia; las denominaciones de los municipios u órganos político-administrativos que se considera sufrieron o pudieron haber sufrido afectaciones a causa del fenómeno natural perturbador de que se trate y que se encuentren ubicados dentro, del área de influencia del fenómeno en cuestión.

La Instancia Técnica Facilitada tendrá hasta tres días hábiles para notificar su dictamen de corroboración a la entidad federativa y en caso de resultar alternativa la respuesta, el titular del Ejecutivo de la entidad federativa o el servidor público competente para tal efecto, deberá convocar a más tardar al día hábil siguiente a todas las instancias competentes tanto federales como locales, a la instalación de un Comité de Evaluación de Daños (CED), que tendrá por objeto evaluar y cuantificar los daños producidos por un fenómeno natural perturbador en particular, integrándose por servidores públicos estatales y federales de los sectores afectados, funcionando en Subcomités que se agruparán por materia a sector.

En la instalación del CED la entidad federativa deberá entregar al representante de la SEGOB la solicitud de la Declaratoria de Desastre Natural, cuyos municipios solicitados deben coincidir con aquellos corroborados por la Instancia Técnica Facultada. Dentro de los cuatro días hábiles siguientes a la recepción de la solicitud de la Declaratoria de Desastre Natural, y siempre que esta cumpla con los requisitos señalados, la Segob por conducto de la CNPC, deberá publicada en el Diario Oficial de la Federación.

Atentamente

“Sufragio Efectivo. No Reelección.”

Ciudad de México, a 8 de febrero de 2017.— Jonathan Josué Serrano Venancio (rúbrica), director general adjunto.»

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Se remite al promovente.

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La Secretaria diputada Verónica Delgadillo García:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Integrantes de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número D.G.P.L. 63-II-4-1627, signado por el senador Aarón Irízar López, entonces vicepresidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número SEGOB/CNS/l0l/2017, suscrito por el licenciado Renato Sales Heredia, Comisionado Nacional de Seguridad, mediante el cual responde el punto de acuerdo por el que se exhorta a reforzar las medidas de seguridad de manera permanente en las carreteras, fronteras, centrales de autobuses y aeropuertos internacionales con motivo de las fiestas de fin de año y periodos vacacionales.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

Ciudad de México, a 9 de febrero de 2017.— Licenciado Felipe Solís Acero (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Licenciado Felipe Solís Acero, subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos.— Presente.

Distinguido subsecretario Solís:

En atención a su oficio SELAP/300/105/17, en la cual hace de conocimiento que mediante similar el senador Aarón Irízar López, vicepresidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, comunica el punto de acuerdo aprobado por el pleno de dicho órgano legislativo en sesión celebrada el 17 de enero del año en curso, mismo que a continuación se transcribe:

“Primero. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, en el ámbito de colaboración entre poderes, exhorta respetuosamente a la Secretaría de Gobernación para que a través del Instituto Nacional de Migración refuerce los mecanismos y medidas de seguridad permanentes enfocados a prevenir y proteger los derechos humanos de los migrantes mexicanos y extranjeros que transitan en nuestro territorio, sobre todo con motivo de las fiestas de fin de año y periodos vacacionales.

”Segundo. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Gobernación para que a través de la Comisión Nacional de Seguridad, refuerce las medidas de seguridad de manera permanente en las carreteras, fronteras, centrales de autobuses y aeropuertos internacionales con motivo de las fiestas de fin de año y periodos vacacionales.

”Tercero. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Procuraduría General de la República a agilizar los trámites y campañas de difusión para la presentación de denuncia.”

Por lo anterior, cuanto corresponde al segundo párrafo informo a usted lo siguiente:

La Oficina del Comisionado Nacional de Seguridad a través del órgano administrativo desconcentrado Policía Federal, en el marco de las atribuciones conferidas en la Ley de la Policía Federal, lleva a cabo acciones orientadas a salvaguardar la integridad de las personas, garantizar, mantener y restablecer el orden y la paz pública en las zonas de jurisdicción federal, así como prevenir la comisión de delitos en todo el territorio nacional, en el ámbito de su competencia.

Para ello, la Policía Federal mantiene comunicación permanente y una efectiva coordinación con autoridades de los tres órdenes de gobierno, a fin de fortalecer las acciones de seguridad pública y prevención del delito, implementado actividades de inspección, vigilancia y patrullaje permanente, supervisando el empleo de las medidas idóneas para garantizar a los turistas y ciudadanos certeza de seguridad al transitar por el país.

Siendo así que, dicha Institución realiza los siguientes operativos, con el propósito de generar un clima de tranquilidad para las personas nacionales y extranjeras que visitan México.

Programa Cuadrantes Carreteros, cuyos objetivos es procurar la seguridad e integridad física, así como el patrimonio de las personas que transitan por la red carretera, reducir los índices de siniestralidad e inhibir la comisión de delitos, a través de esquemas de vigilancia móvil, estacionaria y mixta.

Centrales camioneras (permanente), en coordinación con autoridades de los tres órdenes de gobierno, con los gerentes de las centrales de autobuses del servicio público federal y de las cámaras de transporte, se efectúan operativos de inspección y vigilancia de las centrales, andenes y autobuses para garantizar la seguridad de los viajeros.

Paraderos seguros (periodos vacacionales), sobre las carreteras de jurisdicción federal, se instalan paraderos seguros en lugares con disponibilidad de espacios y servicios para los turistas, como ambulancias, alimentos, combustible, teléfonos, mecánicos, grúas y vulcanizadoras) entre otros; en los que’ se mantiene presencia policial y vigilancia en coordinación con autoridades de los tres órdenes de gobierno y la iniciativa privada.

Operativo Semana Santa u otros periodos vocacionales, se realiza un despliegue especial de personal de la Policía Federal en los principales centros turísticos y zonas arqueológicas, realizando funciones de proximidad social y prevención del delito.

Operativo Paisano, en cuanto al reforzamiento de vigilancia y seguridad para los viajantes en general, y paisanos que año con año ingresan a nuestro país provenientes de Estados Unidos, la Policía Federal participa en el Operativo Paisano en colaboración interinstitucional con el Instituto Nacional de Migración (lNM), que lo ha encauzado con la finalidad de establecer políticas, estrategias y acciones preventivas y de orientación que garanticen que el ingreso, tránsito y salida de territorio mexicano de los connacionales, sea con absoluta garantía de sus derechos y el conocimiento de sus obligaciones.

Derivado de ello, la Policía Federal ha reforzado la seguridad a las caravanas de migrantes, a fin de brindar protección y seguridad en su trayecto, a los connacionales que regresan a visitar a su familia, y prevenir que los ciudadanos mexicanos sean víctimas de robo, extorsión, o cualquier otro tipo de ilícito.

Operativo Telurio y Antiasaltos, con el objetivo de garantizar la seguridad de las personas que viajan a bordo de autobuses y del traslado de cargas por los caminos nacionales de jurisdicción federal, con base en el mapa delincuencial de cada región, se implementan puntos de revisión del autotransporte de carga y de pasajeros en lugares y horarios estratégicos, lo que ha contribuido a inhibir la comisión de delitos en carreteras.

Operativo Bases de Operación Mixtas, La Policía Federal participa conjuntamente con personal de la Sedena, la Semar, así como con las fuerzas de Seguridad Pública estatal y municipal, realizando patrullaje en las comunidades de mayor incidencia delictiva e instalando puntos de revisión de personas y vehículos, con apoyo de equipos de inspección no intrusiva, actividades que se efectúan con estricto apego a la ley y pleno respeto a los derechos humanos.

Es importante mencionar que los operativos interinstitucionales de inspección, seguridad, vigilancia y combate al delito son de carácter permanente, como parte de las funciones principales de la División de Seguridad Regional de conformidad con el artículo 42, fracciones XXXIV, XXXV, XLIV, del Reglamento de la Ley de la Policía Federal, en relación con el acuerdo 01/2010 del titular de la División de Seguridad Regional de la Policía Federal, por el que se expiden Lineamientos de operación para la imposición de sanciones por violación a las disposiciones legales en materia de tránsito, autotransporte federal, servicios auxiliares y transporte privado.

Siendo así, que el pasado 8 de enero se concluyó el operativo con motivo del periodo vacacional de invierno, en el cual la Comisión Nacional de Seguridad, a través de la Policía Federal realizó 206 mil 484 acciones de ayuda a la ciudadanía, entre las que destacan abanderamientos de vehículos, primeros auxilios, atenciones médicas, orientación vial y canalización de servicios mecánicos y de emergencia.

Para cumplir con la misión de priorizar la vigilancia y seguridad en aeropuertos, centrales camioneras, puertos, centros turísticos y puntos fronterizos, la corporación desplegó ocho mil 178 elementos, apoyados con cuatro mil 14 unidades, quienes patrullaron 8 millones 686 mil kilómetros durante los 22 días del operativo.

Del 18 de diciembre al 8 de enero, gracias a la coordinación con las dependencias participantes y las 32 entidades se obtuvieron los siguientes resultados:

• 6% menos accidentes en comparación con el invierno anterior;

• 23% menos lesionados respecto al mismo periodo del año pasado;

• 33 mil 18 infracciones otorgadas

Como parte de los reforzamientos a la seguridad y atención a las personas que viajan hacia en el interior de México, la Comisión Nacional de Seguridad pone a disposición el número b88 del Centro Nacional de Atención Ciudadana, para brindar atención las 24 horas, los 365 días del año, con la finalidad de dar información personalizada y en tiempo real a los usuarios de las carreteras federales o aeropuertos, acerca de la ocurrencia de incidentes, condiciones climatológicas u otros eventos que pudieran afectar el tránsito de su viaje, así coma de las medidas de prevención que se deben adoptar en los mismos.

Adicionalmente, la Policía Federal ha implementado mecanismos a través de medios de comunicación electrónicos, en Facebook como la cuenta de Twitter @PoliciaFedMx y la aplicación PF Móvil, otorgando una atención pronta y oportuna, reiterando así el compromiso de esta Oficina, para fortalecer los trabajos de coordinación con autoridades de los tres órganos de gobierno para impulsar acciones orientadas a prevenir y salvaguardar la seguridad de la ciudadanía y del turismo que viaja a nuestro país.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Ciudad de México, a 24 de enero de 2017.— Licenciado Renato Sales Heredia (rúbrica), Comisionado Nacional de Seguridad.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Maestro Renato Sales Heredia, Comisionado Nacional de Seguridad.— Presente.

Por este medio me permito hacer de su conocimiento que por oficio número D.G;P.L. 63-II-4-1627 el senador Aarón Irízar López, vicepresidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, comunica a esta secretaría el acuerdo aprobado por el pleno de ese órgano legislativo, en sesión celebrada el día de hoy, mismo que a continuación transcribo:

“Primero. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, en el ámbito de colaboración entre poderes, exhorta respetuosamente a la Secretaría de Gobernación para que a través del Instituto Nacional de Migración refuerce los mecanismos y medidas de seguridad permanentes enfocados a prevenir y proteger los derechos humanos de los migrantes mexicanos y extranjeros que transitan en nuestro territorio, sobre todo con motivo de las fiestas de fin de año y periodos vacacionales.

”Segundo. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Gobernación para que a través de la Comisión Nacional de Seguridad, refuerce las medidas de seguridad de manera permanente en las carreteras, fronteras, centrales de autobuses y aeropuertos internacionales con motivo de las fiestas de fin de año y periodos vacacionales.

”Tercero. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Procuraduría General de la República a agilizar los trámites y campañas de difusión para la presentación de denuncia.”

Asimismo, le acompaño, para los fines procedentes, copia del documento al que me he referido y del dictamen del citado acuerdo.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarle la seguridad de mi consideración distinguida.

Ciudad de México, a 17 de enero de 2017.— Licenciado Felipe Solís Acero (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos.»

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Se turna al promovente.

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La Secretaria diputada Verónica Delgadillo García:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Integrantes de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

En respuesta al oficio número D.G.P.L. 63-II-8-2816, signado por el senador Aarón Irízar López, entonces vicepresidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, me permito remitir, para los fines procedentes, copia del similar número SE/CGPP/17765/2017, suscrito por la licenciada Ingrid Gallo Montero, secretaria ejecutiva de la Comisión Reguladora de Energía, mediante el cual responde el resolutivo séptimo del punto de acuerdo por el que se exhorta a esa comisión para que haga de conocimiento público la ubicación de los concesionarios por región.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

Ciudad de México, a 10 de febrero de 2017.— Licenciado Felipe Solís Acero (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos.»

«Comisión Reguladora de Energía.

Licenciado Felipe Solís Acero, subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos de la Secretaría de Gobernación.

Hago referencia a su oficio número SELAP/300/028/17, recibido en la Oficialía de Partes de la Comisión Reguladora de Energía (la comisión), el 9 de enero de 2017, a través del cual hace del conocimiento de la comisión el acuerdo aprobado por el pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, mediante el cual en su acuerdo séptimo menciona que “la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, exhorta a la Comisión Reguladora de Energía para que haga de conocimiento público la ubicación de los concesionarios por región”.

Sobre el particular, hago de su conocimiento que la comisión, en el ámbito de sus atribuciones, ha hecho pública la ubicación de las estaciones de expendio al público de petrolíferos, que cuentan con un permiso otorgado por la comisión.

El listado anterior, se encuentra disponible en la siguiente liga electrónica de la página web de la Comisión:

htpp://www.gob.mx/cre/artículos/permiso-definitivos-otorgados- en-materia-de-petrolifero

Lo anterior, con fundamento en los artículos 2, fracción III, y 43 Ter de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 1, 2, fracción II, 3, 5, 22, fracciones I, II, III, XXIV y XXVII y 25, fracciones V, VII y XI de la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética; 1, 2, fracción IV, 5, párrafo segundo, 48, fracción II, 81, fracciones I, inciso e), y VI, 95 y 131 de la Ley de Hidrocarburos; 1, 3, 5, fracción V, 7, 41 y 42, del Reglamento de las actividades a las que se refiere el Título Tercero de la Ley de Hidrocarburos; 1, 2, 3, 6, fracción III, y 24, fracciones II, III, XVII y XXXII del Reglamento Interno de la Comisión Reguladora de Energía.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente

Ciudad de México, a 7 febrero de 2017.— Ingrid Gallo Montero (rúbrica), secretaria ejecutiva de la Comisión Reguladora de Energía.»

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Se remite a la Mesa Directiva.

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La Secretaria diputada Verónica Delgadillo García:«Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México.

Diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar, Presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión.— Presente.

En ejercicio a la facultad conferida a la licenciada Patricia Mercado Castro, secretaria de Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción III artículo 23 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, relativa a la conducción de las relaciones del jefe de Gobierno con órganos de gobierno local, Poderes de la Unión, con los gobiernos de los estados y con las autoridades municipales; y a lo dispuesto en los artículos 1o., 7 y 18, del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal, y al manual administrativo correspondiente; por este medio adjunto el oficio de número SEDEMA/DEJ/021/2017, de fecha 11 de enero de 2017, signado por el licenciado Roberto Sanciprián Plata, director ejecutivo jurídico en la Secretaría de Medio Ambiente del Gobierno de la Ciudad de México, mediante el cual remite la respuesta correspondiente al punto de acuerdo emitido por la entonces Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, y comunicado mediante el similar D.G.P.L.63-II-2-1387, por el cual en el numeral segundo, se exhorta a las autoridades ambientales de las entidades federativas para que, en el marco de sus atribuciones, se integren y apoyen los trabajos realizados por la federación tendentes a proteger las especies en peligro de extinción del país.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Ciudad de México, a 26 de enero de 2017.— Maestra Nancy Beatriz Mejía Herrera (rúbrica), coordinadora de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México.»

«Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México.

Maestra Nancy Beatriz Mejía Herrera, coordinadora general de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobierno.— Presente.

En atención a la atenta nota emitida por el secretario particular del jefe de Gobierno de la Ciudad de México, recibida en la Oficialía de Partes de esta Secretaría del Medio Ambiente el día 26 de diciembre de 2016, por medio de la cual solicita que esta autoridad realice las acciones necesarias para atender lo requerido mediante oficio número D.G.P.L. 63-11-2-1387, de fecha 15 de diciembre de 2016, suscrito por la diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez, vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Honorable Cámara de Diputados LXIII Legislatura, en el que hace del conocimiento el punto de acuerdo aprobado por ese órgano legislativo, a través del cual se pide a esta secretaría informe lo siguiente:

Punto de Acuerdo

“...Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión hace un reconocimiento al esfuerzo del gobierno federal por la implantación del Sistema Nacional de Monitoreo de la Biodiversidad, que mediante un esfuerzo coordinado entre diversas dependencias ambientales federales –Conabio, Conanp y Conafor, entre otras– busca obtener información cuantitativa y cualitativa de los ecosistemas de México, permitiendo el mejoramiento de los mecanismos de protección del entorno.

”Segundo. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a las autoridades ambientales de las entidades federativas para que, en el marco de sus atribuciones, se integren y apoyen los trabajos realizados por la federación, tendientes a proteger las especies en peligro de extinción en el país...”

Al respecto, en el ámbito de competencia de la Dirección General de Zoológicos y Vida Silvestre (DGZVS) adscrita a esta Secretaría del Medio Ambiente, me permito indicar lo siguiente:

1. Por cuanto hace al punto de acuerdo que nos ocupa, referente a integrarse y apoyar los trabajos realizados por la Federación, tendientes a proteger las especies en peligro de extinción del país, hago de su conocimiento que esta Secretaría del Medio Ambiente, a través de la Dirección General de Zoológicos y Vida Silvestre, consciente de las grandes amenazas al medio ambiente que existen actualmente, así como de la importancia de conservar la biodiversidad, ha participado directamente con la Comisión Nacional para el Uso y Conocimiento de la Biodiversidad para dar cumplimiento a lo dispuesto por el Convenio sobre la Diversidad Biológica, tratado internacional jurídicamente vinculante, cuyos objetivos principales son:

a) La conservación de la diversidad biológica;

b) La utilización sostenible de sus componentes; y

e) La participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de la utilización de los recursos genéticos.

Lo anterior, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 26 fracciones I, III, IX, XII, XIII, XVII, XVIII Y XX de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal; los artículos 9o., fracciones I, XIV Bis 1, XVII, XVIII, 13, 19, fracción I, 20, 22, fracción I, 23 y 85 de la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal, así como el artículo 7o., fracción IV, y artículo 56 Bis del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal.

2. En este sentido, me permito informar que el Gobierno de la Ciudad de México, a través de la Secretaría del Medio Ambiente, a finales del año 2009 firmó un convenio marco de colaboración con la Comisión Nacional para el Uso y Conocimiento de la Biodiversidad (Conabio), el cual fue ratificado en el año 2014, con el objetivo de desarrollar políticas públicas orientadas al conocimiento, conservación y uso sustentable de la biodiversidad de la Ciudad de México.

Derivado de este convenio, se llevó a cabo el proyecto denominado “Diagnóstico y diseño de la estrategia del Distrito Federal para la conservación y uso sustentable de la biodiversidad”, el cual consta de 3 Etapas:

1) Estudio de estado, que permitirá establecer un diagnóstico del estado en el que se encuentra la biodiversidad del Distrito Federal, y sus principales amenazas.

2) Estrategia de biodiversidad para determinar las metas y prioridades estatales.

3) Plan de acción para mejorar la gestión de la biodiversidad y asegurar su uso sustentable y conservación.

3. En consecuencia, a partir de febrero del 2010, la Dirección General de Zoológicos y Vida Silvestre, junto con la Conabio, comenzó con la elaboración del estudio de estado, documento similar a la publicación “La diversidad biológica de México: estudio de país”, que describe de forma general la biodiversidad de la Ciudad de México, abordando aspectos físicos, biológicos, ambientales, sociales y políticos que están directamente relacionados con la conservación de la riqueza natural en la escala de esta entidad, y resaltando el valor ambiental, cultural, económico y social de la diversidad biológica.

Durante el proceso de elaboración se realizaron 7 grandes talleres y más de 30 reuniones de trabajo, con diversas instituciones del gobierno federal, de la Ciudad de México y el sector académico. Este documento reúne la contribución de cerca de 300 investigadores, lo que constituye un trabajo arduo por el volumen de información recabada por los autores.

Así, la Ciudad de México se convirtió en una de las primeras megaciudades en contar con un estudio completo y actualizado sobre el estado actual en el que se encuentra su biodiversidad.

4. Por otro lado, en relación a la segunda y tercer etapa del proyecto, a finales del año 2015 y durante el año 2016, la Dirección General de Zoológicos y Vida Silvestres, en colaboración con la Conabio, coordinó los trabajos para la elaboración de la “Estrategia y plan de acción para la conservación y uso sustentable de la biodiversidad de la Ciudad de México”, instrumento que cuenta con 8 ejes y 30 líneas de acción, 78 accione5 y 357 especificaciones, el cual tiene como objetivo desarrollar políticas públicas orientadas a promover el conocimiento, conservación y uso sustentable de la biodiversidad entre los diferentes sectores de la sociedad en congruencia con la Estrategia Nacional de Biodiversidad.

5. De igual forma, es oportuno resaltar que esta Secretaría del Medio Ambiente, a través de la dirección general en comento, participó en la quinta Cumbre Global de Biodiversidad de Ciudades y Gobiernos Subnacionales, en el marco de la decimotercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre Biodiversidad (COP-13) del Convenio de Diversidad Biológica (CDB), resaltando las acciones que ha llevado a cabo el Gobierno de la Ciudad de México en materia de conservación de la diversidad biológica, para el cumplimiento del CDB y de las Metas de Aichi para la Biodiversidad.

6. Asimismo, le comento que, durante el 2014 y 2015, la Dirección General de Zoológicos y Vida Silvestre participó en los talleres de revisión y de enriquecimiento para desarrollar la Estrategia y Plan de Acción Nacional sobre Biodiversidad de México, mediante mesas de trabajo en las cuales se revisaron distintos elementos de dicha Estrategia y se identificaron colaboraciones concretas para su implementación.

Cabe destacar que dichos talleres fueron convocados por la Conabio a nivel nacional, con la finalidad de llevar a cabo la publicación de la Estrategia Nacional Sobre Biodiversidad de México (ENBioMex) en el año 2016, en el marco del Plan Estratégico para la Diversidad Biológica 2011-2020 y las Metas de Aichi.

7. Por otra parte, me permito señalar que esta Secretaría del Medio Ambiente, a través de la Dirección General de Zoológicos y Vida Silvestre, cuenta con el Convenio Específico de Coordinación con la Conabio, en materia de educación y difusión para la conservación de la biodiversidad.

Así, en cumplimiento a dicho convenio, durante el año 2016, dicha dirección general realizó las gestiones necesarias para llevar a cabo el montaje de seis exposiciones temporales en los tres Zoológicos de la Ciudad de México:

• “Rapaces: Águilas, aguilillas, halcones, búhos, lechuzas y zopilotes”;

• “Guacamayas-loros-cotorros y pericos de México”;

• “Colibríes de México y Norteamérica”;

• “Biodiversidad de la Ciudad de México, ecosistemas”;

• “Biodiversidad de la Ciudad de México, gente”;

• “Biodiversidad de la Ciudad de México, especies”.

8. Finalmente, no omito manifestar que esta Secretaría del Medio Ambiente se encuentra comprometida para continuar colaborando estrecha y permanentemente con el gobierno federal, en materia de conservación de la biodiversidad.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo.

Atentamente

Ciudad de México, a 11 de enero de 2017.— Licenciado Roberto Sanciprián Plata (rúbrica), Director Ejecutivo Jurídico en la Secretaría de Medio Ambiente.»

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para su conocimiento.

———————— o ————————

La Secretaria diputada Verónica Delgadillo García:«Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México.

Diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar, Presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.— Presente.

En ejercicio de la facultad conferida a la licenciada Patricia Mercado Castro, secretaria de Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción III del artículo 23 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, relativa a la conducción de las relaciones del jefe del gobierno con órganos de gobierno local, Poderes de la Unión, gobiernos de los estados y autoridades municipales; y de lo dispuesto en los artículos 1o., 7o. y 18 del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal, y del manual administrativo correspondiente, por instrucciones de la coordinadora de Enlace Legislativo, por este medio adjunto el oficio número SPC/ 014/ 2017, de fecha 23 de enero de 2017, signado por el ingeniero Fausto Lugo García, secretario de Protección Civil de la Ciudad de México, mediante el cual remite la respuesta correspondiente al punto de acuerdo emitido por la entonces Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, y comunicado mediante el similar DGPL 62-II-3-2041, por el que se exhorta a las autoridades en materia de protección civil de los tres niveles de gobierno a diseñar e implantar campañas informativas sobre la importancia de colaborar con los grupos de asistencia humanitaria, a fin de crear conciencia entre la población sobre la necesidad de estar preparados ante el peligro de sufrir la presencia de algún desastre ya sea de índole ambiental, de salud o social.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Ciudad de México, a 30 de enero de 2017.— Maestro Emery Troncoso Cordourier (rúbrica), subdirector de Información y Análisis Legislativo en la Coordinación de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobierno.»

«Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México.

Maestra Nancy Beatriz Mejía Herrera, Coordinadora General de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobierno.— Presente.

En atención del oficio número SG/ CEL/ PA/ 1939/ 2014, a través del cual se adjunta el similar DGPL 62-II-3-2041, suscrito por el vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, mediante el cual hace del conocimiento el punto de acuerdo que fue aprobado por el pleno de ese órgano legislativo y que a la letra dice:

Punto de Acuerdo

Único. Exhorta respetuosamente a las autoridades en materia de protección civil de los tres niveles de gobierno a diseñar e implantar campañas informativas sobre la importancia de colaborar con los grupos de asistencia humanitaria, a fin de crear conciencia entre la población sobre la necesidad de estar preparados ante el peligro de sufrir la presencia de algún desastre ya sea de índole ambiental, de salud o social.

Esta secretaría ejecuta permanentemente diversas campañas informativas, en su mayoría estacionales, dirigidas a la población en general, con objeto de incentivar y fortalecer la cultura del autocuidado. Las acciones abarcan numeroso temas, desde cómo evitar intoxicaciones por monóxido de carbono, recomendaciones ante la temporada de frío, seguridad en encuentros masivos, cuidados y uso del gas LP, acciones por tomar durante la época de calor, cómo evitar los incendios forestales, medidas de prevención ante la temporada de lluvias, autoprotección en zonas de riesgo por deslaves, acciones preventivas ante caída de ceniza volcánica y recomendaciones para evitar riesgos eléctricos, entre otros. Esto, como parte de las medidas preventivas que permiten preparar mejor a la población ante cualquier eventualidad.

Respecto a grupos de asistencia humanitaria, primero tenemos que considerar que hay numerosos grupos de ayuda que pueden provenir de

• Asociaciones (laicas, incluso ideológicas) y las organizaciones de la sociedad civil humanitarias. Ambas suelen financiarse por donativos particulares o de empresas.

• Los estados u otras colectividades públicas.

• Los organismos internacionales públicos, normalmente los que dependen de la ONU, la Unión Europea, etcétera.

• Empresas.

En México, aquéllos se consideran en un censo en la Junta de Asistencia Privada para el caso de las instituciones de asistencia privada que brinda ayuda de diversas formas y no necesariamente en situación de urgencia o desastre, como ocurre con la Cruz Roja Mexicana, que forma parte del Consejo de Protección Civil de la Ciudad de México y del Comité de Protección para Grupos Vulnerables de la Ciudad de México.

También hay asociaciones civiles que no brindan informe de su existencia y únicamente declaran los impuestos de conformidad con la normativa aplicable. Y para el caso de los grupos de apoyo internacional, la Secretaría de Relaciones Exteriores regula estos apoyos.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

Atentamente

Ciudad de México, a 23 de enero 2017.— Ingeniero Fausto Lugo García (rúbrica), Secretario de Protección Civil.»

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Se remite a la Comisión de Protección Civil, para su conocimiento.

———————— o ————————

La Secretaria diputada Verónica Delgadillo García:«Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México.

Diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar, Presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.— Presente.

En ejercicio de la facultad conferida a la licenciada Patricia Mercado Castro, secretaria de Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción III del artículo 23 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, relativa a la conducción de las relaciones del jefe del gobierno con órganos de gobierno local, Poderes de la Unión, gobiernos de los estados y autoridades municipales; y de lo dispuesto en los artículos 1o., 7o. y 18 del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal, y del manual administrativo correspondiente, por instrucciones de la coordinadora de Enlace Legislativo, por este medio adjunto el oficio número SEDEMA/ DEJ/ 066/ 2017, de fecha 19 de enero de 2017, signado por el licenciado Roberto Sanciprián Plata, director ejecutivo jurídico en la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México, mediante el cual remite la respuesta correspondiente al punto de acuerdo emitido por la entonces Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, y comunicado mediante el similar DGPL 63-II-4-1493, por el que se exhorta al gobierno de la Ciudad de México y al jefe delegacional en Coyoacán para que, en el ámbito de sus facultades, instruyan los procesos de verificación administrativa para cerciorarse que la obra y el giro que se realizan en el domicilio de avenida Universidad número 2014, colonia Copilco Universidad, se lleven a cabo conforme a la normatividad aplicable en materia de obras, desarrollo urbano y uso de suelo, preservación del ambiente y protección ecológica, y protección civil, y resuelvan de conformidad.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Ciudad de México, a 25 de enero de 2017.— Maestro Emery Troncoso Cordourier (rúbrica), subdirector de Información y Análisis Legislativo en la Coordinación de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobierno.»

«Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México.

Maestra Nancy Beatriz Mejía Herrera, coordinadora general de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobierno.— Presente.

En atención del oficio número SG/ CEL/ PA/ 029.1/ 2017, de fecha 5 de enero de 2017, suscrito por el maestro Emery Troncoso Cordourier, subdirector de Información y Análisis Legislativo en esa coordinación, por el cual solicita que esta autoridad haga llegar a la Secretaría de Gobierno la información necesaria para estar en condiciones de atender lo requerido mediante el oficio número DGPL 63-II-4-1493, de fecha 15 de diciembre de 2016, suscrito por el entonces vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, en el que hace del conocimiento el punto de acuerdo aprobado por ese órgano legislativo, a través del cual se pide a esta secretaría que informe sobre lo siguiente:

Primero. La Cámara de Diputados exhorta de manera respetuosa al gobierno de la Ciudad de México y al jefe delegacional en Coyoacán para que, en el ámbito de sus facultades, instruyan los procesos de verificación administrativa para cerciorarse que la obra y el giro que se realizan en el domicilio de avenida Universidad número 2014, colonia Copilco Universidad, se lleven a cabo conforme a la normatividad aplicable en materia de obras; desarrollo urbano y uso de suelo; preservación del ambiente y protección ecológica, y protección civil, y resuelvan de conformidad.

Segundo. La Cámara de Diputados solicita al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a hacer públicos los permisos para construir, administrar, explotar y, en su caso, operar un helipuerto en el predio de avenida Universidad número 2014, colonia Copilco Universidad, así como verificar que éste se ajuste a lo establecido en las normas internacionales básicas de seguridad, en particular el anexo 14, volumen II, “Helipuertos”, del Convenio sobre Aviación Civil Internacional...

Al respecto, en el ámbito de competencia de la Dirección General de Vigilancia Ambiental, adscrita a la Secretaría del Medio Ambiente, me permito indicar lo siguiente:

1. Por lo que hace al punto de acuerdo que nos ocupa, referente a realizar una visita domiciliaria al predio de avenida Universidad número 2014, colonia Copilco Universidad, delegación Coyoacán, hago de su conocimiento que la Dirección General de Vigilancia Ambiental de esta secretaría abrió el expediente administrativo número FF-576/2016, en el cual el 7 de septiembre de 2016, inspectores ambientales comisionados por dicha autoridad practicaron un reconocimiento de hechos en el domicilio referido, a efecto de constatar las actividades que en ese lugar se estuviesen realizando, diligencia que se circunstanció en el acta de misma fecha, asentando lo siguiente:

En la Ciudad de México, a las 12:00 horas del 7 de septiembre de 2016, los inspectores ambientales (...) adscritos a la Dirección General de Vigilancia Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente del gobierno de la Ciudad de México (...) nos constituimos en el domicilio de avenida Universidad número 2014, colonia Romero de Terrenos, delegación Coyoacán, Ciudad de México, cerciorándonos de que se trata del domicilio señalado por medio de nomenclatura oficial de calle. Acto seguido, el personal comisionado procedió a la circunstanciación de los siguientes hechos: En atención del oficio (...) mediante el cual el (...) director general de Regulación Ambiental solicita que se lleve a cabo una inspección en el predio de avenida Universidad 2014, colonia Romero de Terrenos, delegación Coyoacán, derivado de la construcción o modificación que se lleva a cabo en el sitio (...) De acuerdo con la información proporcionada, del análisis de los antecedentes del caso, y de un recorrido exterior al domicilio, se desprende que en el sitio se llevaron a cabo trabajos de instalación de estructuras correspondientes a una antena de radiocomunicación y de un helipuerto, del recorrido por avenida Universidad se constató que en el domicilio se encuentran instalaciones no habitacionales, en la parte superior del inmueble y colindante con avenida Universidad se observa una instalación con apariencia de helipuerto y al norponiente del inmueble se aprecia una antena de comunicaciones. No se observan trabajos de construcción, únicamente que se pinta la barda perimetral exterior... (sic)

2. El 20 de septiembre de 2016 se recibió en la Oficialía de Partes de la Dirección General de Regulación Ambiental de esta secretaría una consulta de aplicación en materia de impacto ambiental signada por el representante legal de la empresa responsable del proyecto, respecto a la instalación de un helipuerto, una antena de transmisión y el almacenamiento de diésel en el predio que nos ocupa.

En respuesta de la consulta referida, la Dirección General de Regulación Ambiental emitió el oficio número SEDEMA/ DGRA/ DEIA/ 010490/ 2016, de fecha 28 de septiembre de 2016, por medio del cual se informó al promovente del proyecto que las actividades de referencia no requieren someterse al procedimiento de evaluación de impacto ambiental.

Lo anterior, con fundamento en los artículos 1, 26, fracciones IX, XV y XVII, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal; 1, 4, 30, 33 y 44 de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal; 45 de la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal; 1 y 86 del Reglamento de Impacto Ambiental y Riesgo; y 1 y 7, fracción IV, numeral 2, del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal.

El proyecto que nos ocupa no se encuentra entre los supuestos establecidos en los artículos 46 y 58 Bis de la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal y 6 del Reglamento de Impacto Ambiental y Riesgo, los cuales indican las actividades constructivas que debido a su magnitud o circunstancias específicas requieren la presentación de una declaratoria de cumplimiento ambiental o estudio de impacto ambiental en cualquiera de sus modalidades, a fin de obtener una autorización para su realización.

3. En consecuencia de lo señalado, la Dirección General de Vigilancia Ambiental el 10 de enero de 2017 emitió un acuerdo administrativo por el que se ordena que no es procedente emplazar a persona alguna, toda vez que de la diligencia realizada no se desprendieron hechos que puedan constituir infracciones de la legislación ambiental que le compete verificar y, en su caso, sancionara dicha autoridad.

4. No obstante lo anterior, es oportuno señalar que las actuaciones referidas no eximen al promovente de tramitar y, en su caso, obtener otras autorizaciones, concesiones, licencias y permisos necesarios para la construcción, la operación y el mantenimiento del proyecto referido, cuando así lo consideren otras leyes y reglamentos aplicables en la Ciudad de México, o en su caso, las leyes y autoridades federales correspondientes.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo.

Atentamente

Ciudad de México, a 19 de enero de 2017.— Licenciado Roberto Sanciprián Plata (rúbrica), director ejecutivo jurídico en la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México.»

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Se turna a la Comisión de Ciudad de México, para su conocimiento.

———————— o ————————

La Secretaria diputada Verónica Delgadillo García:«Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México.

Diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar, Presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión.— Presente.

En ejercicio a la facultad conferida a la licenciada Patricia Mercado Castro, secretaria de Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción III artículo 23 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, relativa a la conducción de las relaciones del jefe de Gobierno con órganos de gobierno local, Poderes de la Unión, con los gobiernos de los estados y con las autoridades municipales; y a lo dispuesto en los artículos 1o., 7 y 18, del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal, y al manual administrativo correspondiente; por este medio adjunto el oficio de número DGDS/1472/2016, de fecha 11 de noviembre de 2016, signado por el licenciado Antonio Ferrari Muñoz Ledo, director general de Desarrollo Social en la delegación de Benito Juárez, mediante el cual remite la respuesta correspondiente al punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión y, comunicado mediante el similar D.G.P.L.63-II-8-0770, por el que se exhorta a los titulares del Poder Ejecutivo de las entidades federativas y al jefe de Gobierno de la Ciudad de México a que, atendiendo las necesidades de leche que requieran sus respectivos programas sociales, ésta sea comprada directamente a Liconsa, para que dicha empresa a su vez, pueda adquirir los excedentes de leche que existen en el mercado nacional.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Ciudad de México, a 20 de enero de 2017.— Maestra Nancy Beatriz Mejía Herrera (rúbrica), coordinadora de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México.»

«Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México.

José Francisco Acevedo García, subsecretario de Programas Delegacionales y Reordenamiento de la Vía Pública.

En atención al oficio número SG/SSPDYRVP/108.2/2016, de fecha 24 de febrero del año en curso, mediante el cual adjunta oficio D.G.P.L 63-II-8-0770 suscrito por el diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano, vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, donde hace del conocimiento que el 11 de febrero del presente año fue aprobado el punto de acuerdo siguiente:

“Primero. La Cámara de Diputados solicita la intervención de los titulares de la Secretaría de Desarrollo Social, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, a efecto de que dichas dependencias del Poder Ejecutivo federal, establezca mecanismos que otorguen certidumbre a los productores de leche del país, con el objeto de fortalecer la comercialización de su producto t que dicha acción intersecretarial garantice su acceso a los mercados, y para ello, específicamente se le restituya la suficiencia económica a la empresa paraestatal de Liconsa.

”Segundo. La Cámara de Diputados realiza un atento exhorto a los titulares del Poder Ejecutivo de la entidades federativas y al jefe de Gobierno de la Ciudad de México a que, atendiendo las necesidades de la leche que requieran sus respectivos programas sociales, ésta sea comprada directamente a Liconsa, para que dicha empresa a su vez, pueda adquirir los excedentes de leche que existen en el mercado nacional.”

Por lo anterior, me permito informarle que los programas sociales que opera este órgano político-administrativo, son los que fueron autorizados en la primera sesión ordinaria 2016 del Comité de Planeación del Desarrollo del Distrito Federal, registrados en el acuerdo número COPLADE/ SO/124/2016; dentro de los cuales no figura, el de “atender las necesidades de leche”, y/o el de proporcionar despensas.

En Virtud de lo anterior, le comunico que se toma de conocimiento el punto de acuerdo citado.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Ciudad de México, a 11 de noviembre de 2016.— Antonio Ferrari Muñoz Ledo (rúbrica), Director General de Desarrollo Social.»

«Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México.

Ciudadana María Antonieta Hidalgo Torres, jefa Delegacional en Álvaro Obregón.— Presente.

Por instrucciones de la licenciada Patricia Mercado Castro, secretaria de Gobierno del Distrito Federal, con fundamento en el artículo 122, Apartado C, Base Tercera, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de conformidad con lo establecido en el artículo 87 del Estatuto de Gobierno, así como de los numerales 2,15 fracción 1,16, 17 Y 23 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal en relación con los artículos 7, fracción I, y 32 Ter del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal y por las facultades conferidas a la Subsecretaría de Programas Delegacionales y Reordenamiento de la Vía Pública del Distrito Federal en el Manual Administrativo de la Secretaria de Gobierno en el apartado de funciones publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal de fecha 26 de noviembre de 2013, me permito referir lo siguiente:

Mediante punto de acuerdo suscrito por el vicepresidente en funciones de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, me permito informar que para aplicación de los órganos político-administrativos se realiza un exhorto a fin de que en atención a las necesidades de leche que requieran sus respectivos programas sociales, esta sea comprada directamente a Liconsa, para que dicha empresa a su vez, pueda adquirir los excedentes de leche que existen en el mercado nacional, lo anterior derivado de la determinación tomada en la Cuarta Reunión Ordinaria de la Comisión de Ganadería de la Cámara de Diputados, mediante la cual diversas Uniones Ganaderas Regionales expusieron sus problemáticas respecto al estado actual que guarda la comercialización de leche fluida en el país, información que se detalla en las documentales que se anexan.

En virtud de lo anterior, es menester que el órgano desconcentrado que representa a través de las áreas competentes, implementen las medidas necesarias en el ámbito de sus respectivas atribuciones con el propósito de atender el punto de acuerdo en comento.

En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 39 fracción VIII de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, así como de los numerales 120, 121 y 122, párrafo segundo y sexto, del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal, me permito solicitarle que en un término breve sea enviada la información sobre las acciones conducentes para dar cumplimiento al referido punto de acuerdo, con el propósito de dar una respuesta al órgano legislativo citado y contar con el puntual seguimiento del asunto que nos ocupa.

Sin más por el momento me permito enviar un cordial saludo.

Atentamente

Ciudad de México, a 24 de febrero de 2016.— José Francisco Acevedo García (rúbrica), subsecretario de Programas Delegacionales y Reordenamiento de la Vía Pública.»

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Se remite a la Comisión de Ganadería, para su conocimiento.

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La Secretaria diputada Verónica Delgadillo García:«Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México.

Diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar, Presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.— Presente.

En ejercicio a la facultad conferida a la licenciada Patricia Mercado Castro, secretaria de Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción III del artículo 23 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, relativa a la conducción de las relaciones del jefe del gobierno con órganos de gobierno local, Poderes de la Unión, los gobiernos de los estados y las autoridades municipales; y de lo dispuesto en los artículos 1o., 7o. y 18 del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal, y del manual administrativo correspondiente, por instrucciones de la coordinadora de Enlace Legislativo, por este medio adjunto el oficio número AEP/ CG/ 0102/ 2017, de fecha 17 de enero de 2017, signado por el licenciado Roberto Jesús Remes Tello de Meneses, coordinador general de la Autoridad del Espacio Público de la Ciudad de México, mediante el cual remite la respuesta correspondiente al punto de acuerdo emitido por la entonces Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, y comunicado mediante el similar DGPL 63-II-6-1457, por el que se exhorta al gobierno de la Ciudad de México y al jefe delegacional en Cuauhtémoc a fin de que, de manera coordinada, se tomen las acciones y se destinen los recursos necesarios para la instalación paulatina de bancas para el descanso de los peatones en las calles del centro histórico de la ciudad capital.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Ciudad de México, a 25 de enero de 2017.— Maestro Emery Troncoso Cordourier (rúbrica), subdirector de Información y Análisis Legislativo en la Coordinación de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobierno.»

«Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México.

Maestro Emery Troncoso Cordourier, subdirector de Información y Análisis Legislativo en la Coordinación de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México.— Presente.

En atención de su oficio número SG/ CEL/ PA/ 028.1/ 2017, mediante el cual hace del conocimiento el punto de acuerdo aprobado por el pleno de ese órgano legislativo federal por el cual exhorta al gobierno de la Ciudad de México y al jefe delegacional en Cuauhtémoc a fin de que manera coordinada se tomen las acciones y se destinen los recursos necesarios para la instalación paulatina de bancas para el descanso de los peatones en la calles del centro histórico de la capital.

Al respecto, le informo que con fundamento en los artículos 122, Apartado A, fracciones III y IV, párrafo segundo, y 124 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1o. y 87, primer párrafo, del Estatuto del Gobierno del Distrito Federal, y 198 A, B y C del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal, esta autoridad se encuentra en la mejor disposición de coadyuvar con las autoridades correspondientes para la instalación de mobiliario de estancia, por lo que solicitamos de la manera más atenta que dicte sus amables instrucciones para remitir a esta autoridad la ubicación exacta donde será colocado el mobiliario en mención, ya que el centro histórico se divide en siete cuadros, a fin de realizar los estudios correspondientes y poder emitir una opinión positiva.

Sin otro particular por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Ciudad de México, a 17 de enero de 2017.— Roberto Jesús Remes Tello de Meneses (rúbrica), coordinador general de la Autoridad del Espacio Público de la Ciudad de México.»

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Se turna a la Comisión de Ciudad de México, para su conocimiento

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La Secretaria diputada Verónica Delgadillo García:«Congreso del Estado de Puebla.

Diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala, vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.— Presente.

En atención de su oficio número DGPL 63-II-2-1389, relativo al expediente número 3660, de fecha 15 de diciembre de 2016, recibido en el Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla con fecha 2 de enero del presente año; y turnado para su estudio y resolución el 4 del mismo mes y año a la Comisión de Procuración y Administración de Justicia para estudio y resolución procedente, a través del cual se comunica a esta soberanía el siguiente acuerdo: “Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los 32 congresos locales a que, en el ámbito de sus atribuciones, y con plena consideración de su soberanía, procuren la revisión, el estudio y, en su caso, la regulación de la conducta penal de asedio sexual con fines lascivos”, hacemos de su conocimiento lo siguiente:

El Código Penal del Estado Libre y Soberano de Puebla, en el capítulo undécimo, “Delitos sexuales”, prevé en la sección sexta los tipos penales de “hostigamiento” y “acoso sexuales”. En este contexto, la legislación en la entidad prevé el tipo penal de acoso sexual distinguiéndolo del delito de hostigamiento. Por tanto, el ordenamiento citado se encuentra acorde con lo requerido, pues del contenido del citado acuerdo se desprende: “exhortar a las que aún no cuenten con un tipo penal de asedio sexual con fines lascivos, que es el principal elemento del acoso sexual, diferenciándolo del hostigamiento sexual... que... es un asedio hacia un subordinado”.

Con fundamento en los artículos 116, fracción VII, y 123, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; y 45 y 48, fracción II, del Reglamento Interior del Congreso del estado, y por acuerdo de esta comisión general, esta soberanía se impone del contenido del acuerdo citado y acusa de recibido el asunto de mérito.

Hacemos propicio el conducto para reiterarle la seguridad de nuestra distinguida consideración.

Atentamente

Cuatro Veces Heroica Puebla de Zaragoza, a 20 de enero de 2017.— Diputado José Gaudencio Víctor León Castañeda (rúbrica), Presidente de la Comisión de Procuración y Administración de Justicia.»

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Se remite a la Comisión de Justicia, para su conocimiento.

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La Secretaria diputada Verónica Delgadillo García:«Congreso del Estado de Puebla.

Diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala, vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.— Presente.

En atención de su oficio número DGPL 63-II-5-1803, relativo al expediente número 3447, de fecha 15 de diciembre de 2016, recibido en el Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla con fecha 2 de enero del presente año, y turnado para estudio y resolución el 4 del mismo mes y año a la Comisión de Procuración y Administración de Justicia para estudio y resolución procedente, a través del cual se comunica a esta soberanía el siguiente acuerdo: “Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a las legislaturas locales en cuyos códigos penales se considera la figura de matrimonio como causa de extinción de la acción penal en el delito de estupro, para que en su caso se revise y modifique su legislación a fin de garantizar el pleno ejercicio del interés superior de la niñez”, al respecto hacemos de su conocimiento lo siguiente:

En el Código Penal del Estado Libre y Soberano de Puebla no hay la figura de matrimonio como causa de extinción de la acción penal en el delito de estupro, ni en ningún otro tipo penal relacionado con la protección del libre desarrollo de la personalidad ni de la libertad sexual.

Con fundamento en los artículos 116, fracción VII, y 123, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; y 45 y 48, fracción II, del Reglamento Interior del Congreso del estado, y por acuerdo de esta comisión general esta soberanía se impone del contenido del acuerdo citado y acusa de recibido el asunto de mérito.

Hago propicio el conducto para reiterarle la seguridad de mi distinguida consideración.

Atentamente

Cuatro Veces Heroica Puebla de Zaragoza, a 20 de enero de 2017.— Diputado José Gaudencio Víctor León Castañeda (rúbrica), Presidente de la Comisión de Procuración y Administración de Justicia.»

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Se turna a la Comisión de Justicia, para su conocimiento.

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La Secretaria diputada Verónica Delgadillo García:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.— Presente.

Con el propósito de dar cumplimiento a lo que establece el último párrafo del artículo 14 de la Ley del Servicio de Administración Tributaria, me permito enviar el documento denominado “Evolución de la actividad recaudatoria 2016 y Programas y Presupuesto 2017” que contiene la información siguiente:

• Informe sobre la evolución de los ingresos tributarios del gobierno federal durante 2016.

• Los principales programas que ejecutará este órgano desconcentrado y la información relacionada con el Presupuesto correspondiente al ejercicio 2017.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

Atentamente

Ciudad de México, a 10 de febrero de 2017.— Osvaldo Antonio Santín Quiroz (rúbrica), jefe del servicio de Administración Tributaria.»

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Remítanse a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento.

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La Secretaria diputada Verónica Delgadillo García:«Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados de la LXIII Legislatura.

Me permito remitir a usted, en nombre del presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, licenciado Luis Raúl González Pérez, en memoria USB, el “Informe de actividades del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016 de la CNDH”, así como su versión impresa en resumen ejecutivo, editados por este organismo nacional autónomo.(2)

(2) El documento solo será consultable en la versión electrónica del Diario de los Debates de esta fecha en el Anexo “B”.

Hago propicia la ocasión para reiterarle la seguridad de mi más atenta y distinguida consideración.

Atentamente

Ciudad de México, a 30 de enero de 2017.— Joaquín Narro Lobo (rúbrica), secretario técnico.»

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Remítase a la Comisión de Derechos Humanos, para su conocimiento.

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La Secretaria diputada Verónica Delgadillo García:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, se aprobó dictamen de las Comisiones Unidas de Cultura, y de Estudios Legislativos por el que se desecha el proyecto de decreto para reformar el artículo 26 de la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro, aprobado por el Senado de la República en sesión celebrada en esta fecha.

En consecuencia, para los efectos de lo dispuesto por la fracción d) del artículo 72 constitucional, me permito devolver a ustedes el expediente respectivo.

Ciudad de México, a 8 de febrero de 2017.— Senadora Blanca Alcalá Ruiz (rúbrica).»

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Túrnese a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para dictamen.

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La Secretaria diputada Verónica Delgadillo García:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, se aprobó dictamen de las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos, por el que se desecha el proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Sociedades Mercantiles, aprobado por el Senado de la República en sesión celebrada en esta fecha.

En consecuencia, para los efectos de lo dispuesto por la fracción d) del artículo 72 constitucional, me permito devolver a Ustedes el expediente respectivo.

Atentamente

Ciudad de México, a 8 de febrero de 2017.— Senadora Blanca Alcalá Ruiz (rúbrica).»

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Túrnese a la Comisión de Economía, para dictamen.

MINUTAS



LEY DE NAVEGACIÓN Y COMERCIO MARÍTIMOS

La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Para los efectos constitucionales, me permito remitir a ustedes expediente que contiene proyecto de decreto por el que se reforma la fracción II del artículo 57 de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos, aprobado por el Senado de la República en sesión celebrada en esta fecha

Atentamente

Ciudad de México, a 8 de febrero de 2017.— Senadora Blanca Alcalá Ruiz (rúbrica), vicepresidenta.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

PROYECTO DE DECRETO

POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 57 DE LA LEY DE NAVEGACIÓN Y COMERCIO MARÍTIMOS

ÚNICO: Se reforma la fracción II del artículo 57 de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos para quedar de la manera siguiente:

Artículo 57....

I....

II.Contar con título profesional de Capitán de Altura de una escuela náutica acreditada anta la Secretaría;

III....

IV....

...

...

TRANSITORIO

Artículo Único.El presente decreto, entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la Honorable Cámara de Senadores. Ciudad de México, a 8 de febrero de 2017.— Senadora Blanca Alcalá Ruiz (rúbrica), vicepresidenta; senadora María E. Barrera Tapia (rúbrica), secretaria.»

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Túrnese a la Comisión de Transportes, para dictamen.



LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA

La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Para los efectos constitucionales, me permito remitir a ustedes expediente que contiene proyecto de decreto por el que se reforma la fracción III del artículo 38 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, aprobado por el Senado de la República en sesión celebrada en esta fecha.

Atentamente

Ciudad de México, a 8 de febrero de 2017.— Senadora Blanca Alcalá Ruiz (rúbrica), vicepresidenta.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

PROYECTO DE DECRETO

POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 38 DE LA LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA.

ARTÍCULO ÚNICO. Se reforma la fracción III del artículo 38 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para quedar como sigue:

ARTÍCULO 38....

I.a II. ...

III.Educar y capacitar en materia de derechos humanos y violencia de género al personal encargado de la procuración de justicia, policías y demás funcionarios encargados de las políticas de prevención, atención, sanción y eliminación de la violencia contra las mujeres;

IV.a XIII.

TRANSITORIO

ÚNICO.El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la Honorable Cámara de Senadores. Ciudad de México, a 8 de febrero de 2017.— Senadora Blanca Alcalá Ruiz (rúbrica), vicepresidenta; senadora Lorena Cuéllar Cisneros (rúbrica), secretaria.»

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Túrnese a la Comisión de Igualdad de Género, para dictamen.



LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA

La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Para los efectos constitucionales, me permito remitir a ustedes expediente que contiene proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, aprobado por el Senado de la República en sesión celebrada en esta fecha

Atentamente

Ciudad de México, a 8 de febrero de 2017.— Senadora Blanca Alcalá Ruiz (rúbrica), vicepresidenta.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

PROYECTO DE DECRETO

POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOCISIONES DE LA LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA

ÚNICO. Se reforma la fracción X del artículo 49 y la fracción VII del artículo 50 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida libre de Violencia, para quedar como sigue:

ARTÍCULO 49. ...

I. a IX. ...

X. Impulsar y apoyar la creación, operación o fortalecimiento de los refugios para las víctimas conforme al modelo de atención diseñado por el Sistema;

XI. a XXV. ...

...

ARTÍCULO 50....

I.a VI....

VII. Apoyar la creación, operación o el fortalecimiento de refugios para las víctimas, sus hijas e hijos de acuerdo con las condiciones establecidas en el Capítulo V de la presente Ley;

VIII. a XI....

TRANSITORIO

ÚNICO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la Honorable Cámara de Senadores. Ciudad de México, a 8 de febrero de 2017.— Senadora Blanca Alcalá Ruiz (rúbrica), vicepresidenta; senadora María E. Barrera Tapia (rúbrica), secretaria.»

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Túrnese a la Comisión de Igualdad de Género, para dictamen.



LEY GENERAL DE PESCA Y ACUACULTURA SUSTENTABLES

La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Para los efectos constitucionales, me permito remitir a ustedes expediente que contiene proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 4 y 29 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, aprobado por el Senado de la República en sesión celebrada en esta fecha

Atentamente

Ciudad de México, a 9 de febrero de 2017.— Senadora Blanca Alcalá Ruiz (rúbrica), vicepresidenta.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

PROYECTO DE DECRETO

POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 4 Y 29 DE LA LEY GENERAL DE PESCA Y ACUACULTURA SUSTENTABLES.

Artículo Único. Se reforman los artículos 4°, fracción XXI, y 29, párrafo primero, de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, para quedar como sigue:

ARTÍCULO 4o. ...

I. a XX. ...

XXI. INAPESCA: Instituto Nacional de Pesca,organismo público descentralizado sectorizado con la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.

XXII. a LI. ...

ARTÍCULO 29. El INAPESCA será el organismo público descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, encargado de dirigir, coordinar y orientar la investigación científica y tecnológica en materia de pesca y acuacultura, así como el desarrollo, innovación y transferencia tecnológica que requiera el sector pesquero y acuícola.

TRANSITORIO

Artículo Único.El presente decreto, entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la Honorable Cámara de Senadores. Ciudad de México, a 9 de febrero de 2017.— Senadora Blanca Alcalá Ruiz (rúbrica), vicepresidenta; senadora Itzel S. Ríos de la Mora (rúbrica), secretaria.»

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Túrnese a la Comisión de Pesca, para dictamen.



LEY GENERAL DE PESCA Y ACUACULTURA SUSTENTABLES

La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Para los efectos constitucionales, me permito remitir a ustedes expediente que contiene proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, aprobado por el Senado de la República en sesión celebrada en esta fecha.

Atentamente

Ciudad de México, a 9 de febrero de 2017.— Senadora Blanca Alcalá Ruiz (rúbrica), vicepresidenta.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

PROYECTO DE DECRETO

POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE PESCA Y ACUACULTURA SUSTENTABLES.

ARTÍCULO ÚNICO. Se reforman la fracción XXX del artículo 132; las fracciones II y IV del artículo 138; los artículos 140 y 142; y se adicionan un tercer párrafo al artículo 66; las fracciones XXXI y XXXII al artículo 132, recorriéndose la actual XXXI para quedar como XXXIII, todos de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, para quedar como sigue:

ARTÍCULO 66....

...

Queda prohibida en puertos mexicanos el arribo y descarga de aletas de tiburón cualquiera que sea la especie cuyos cuerpos no se encuentren a bordo.

ARTÍCULO 132. ...

I. a XIX.

XXX. Falsificar o alterar los títulos que amparan los derechos de los permisos o concesiones;

XXXI. Aprovechar exclusivamente aletas de cualquier tipo de especies de tiburón, en las aguas del mar territorial;

XXXII. Arribar y/o descargar en puertos mexicanos aletas de tiburón cualquiera que sea la especie cuyos cuerpos no se encuentren a bordo, y

XXXIII. Cualquier otra contravención a lo dispuesto en la presente Ley.

ARTÍCULO 138. ...

I....

II.Con el equivalente de 101 a 1,000 días de salario mínimo vigente a quien cometa las infracciones señaladas en las fracciones: I, II, V, VII, IX, XV, XVII, XVIII, XXI, XXII, XXIII, XXVI, XXVIII, XXXIII del artículo 132;

III....

IV.Con el equivalente de 10,001 a 30,000 días de salario mínimo vigente a quien cometa las infracciones señaladas en las fracciones: III, IV, X, XIII, XVI, XIX, XXIX, XXXI y XXXII del artículo 132

...

...

ARTÍCULO 140. El decomiso de las embarcaciones se realizará cuando se actualice el supuesto de las fracciones I, III, X, XIII, XVI, XIX, XXXI y XXXII del artículo 132 de la presente Ley, así como cuando se incurra en reincidencia de la infracción establecida en los numerales XVII y XVIII del mismo artículo, independientemente de la multa correspondiente.

ARTÍCULO 142. El decomiso de artes de pesca y productos obtenidos de la pesca, se realizará cuando se actualice el supuesto de las fracciones I, V, VII, X, XIII, XVII, XIX, XX, XXI, XXIII, XXVII, XXX, XXXI y XXXII del artículo 132, independientemente de la multa correspondiente.

TRANSITORIO

Artículo Único.El presente decreto, entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la Honorable Cámara de Senadores. Ciudad de México, a 9 de febrero de 2017.— Senadora Blanca Alcalá Ruiz (rúbrica), vicepresidenta; senadora Itzel S. Ríos de la Mora (rúbrica), secretaria.»

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Túrnese a la Comisión de Pesca, para dictamen.

INICIATIVA DE LOS CONGRESOS ESTATALES



LEY DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES, DE LA LEY GENERAL PARA LA INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, Y DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS

La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla:«Congreso del Estado de Colima.

Secretarios de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

Por este conducto informamos a ustedes que, en sesión pública ordinaria número veintitrés, celebrada con esta misma fecha, los diputados integrantes de la Quincuagésima Octava Legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Colima, con fundamento en el artículo 37, fracción I, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Calima, y en relación con el artículo 71, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, aprobaron por mayoría un acuerdo, para remitir a la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, una iniciativa con proyecto de decreto, que en la parte conducente dice:

“Primero. Esta Quincuagésima Octava Legislatura del Honorable Congreso del estado, en ejercicio del derecho de iniciativa previsto por el artículo 71, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el correlativo artículo 37, fracción I, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, acuerda remitir al Congreso de la Unión, por conducto de la Cámara de Diputados, la iniciativa con proyecto de decreto, consistente en:

Artículo Primero. Se aprueba adicionar el inciso h. a la fracción I del artículo 5o.; y reformar la fracción I del artículo 6o., ambos a la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, para quedar como siguen:

Artículo 5o. ...

I. ...

a. a la g. ...

h. A tener de condiciones preferentes en el pago de los derechos federales por el uso o aprovechamiento de los bienes del dominio público de la Nación, así como por recibir servicios que presta el Estado en sus funciones de derecho público, en la forma y términos que determinen las leyes respectivas.

II. a la IX. ...

Artículo 6o. ...

I. Atención preferencial: Toda institución pública o privada que brinde servicios a las personas adultas mayores deberá contar con la infraestructura, mobiliario y equipo adecuado, así como con los recursos humanos necesarios para que se realicen procedimientos alternativos en los trámites administrativos, cuando tengan alguna discapacidad. El Estado promoverá la existencia de condiciones adecuadas para las personas adultas mayores tanto en el transporte público como en los espacios arquitectónicos. Asimismo, el Estado promoverá la existencia de condiciones preferentes en el pago de los derechos federales por el uso o aprovechamiento de los bienes del dominio público de la Nación, así como por recibir servicios que presta el Estado en sus funciones de derecho público, en la forma y términos que determinen las leyes respectivas.

II. a la III. ...

Artículo Segundo. Se aprueba adicionar una nueva fracción XIII, haciéndose el corrimiento de la subsecuente, al artículo 6, de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, para quedar como sigue:

Artículo 6. ...

I. a la XII. ...

XIII. Promover la existencia de condiciones preferentes para las personas con discapacidad en el pago de los derechos federales por el uso o aprovechamiento de los bienes del dominio público de la Nación, así como por recibir servicios que presta el Estado en sus funciones de derecho público, en la forma y términos que determinen las leyes respectivas, y

XIV. Las demás que otros ordenamientos le confieran.

Artículo Tercero. Se aprueba adicionar un párrafo vigésimo segundo al artículo 3o. de la Ley Federal de Derechos, para quedar como sigue:

Artículo 3o. ...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

Por los derechos que se establecen en esta Ley, las personas que acrediten ser jubilados o pensionados por una institución pública, discapacitados acreditados por una institución de salud pública, adultos en plenitud y estar en situación de pobreza tendrán derecho a un descuento del 50 por ciento de la cuota establecida.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación

El titular del Poder Ejecutivo de la Federación, dispondrá se publique, circule y observe.

Lo que se le comunica para los efectos legales de que se le siga el trámite legislativo correspondiente, anexándose al presente copia del citado acuerdo. Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente.

Colima, Colima, a 7 de febrero de 2017.— Secretarios de la Mesa Directiva del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Colima, diputada Juana Andrés Rivera (rúbrica), diputado José Guadalupe Benavides Florián (rúbrica).»

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Túrnese a las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables y de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

INICIATIVA DE SENADORA



LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Comunico a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, la senadora María del Rocío Pineda Gochi, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con proyecto, de decreto que reforma la fracción XXIV del artículo 93 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Con fundamento en los artículos 66, párrafo 1, inciso a) y 67, párrafo 1, inciso b) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 174, 175 párrafo 1, 176, 177, párrafo 1 y 178 del Reglamento del Senado, se dispuso que dicha Iniciativa, misma que se anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.

Atentamente

Ciudad de México, a 9 de febrero de 2017.— Senadora Blanca Alcalá Ruiz (rúbrica), vicepresidenta.»

« Iniciativa con proyecto de ley por la que se reforma la fracción XXIV de la Ley del Impuesto sobre la Renta

La que suscribe, senadora María del Rocío Pineda Gochi, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 73, fracción XVII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y por los artículos 8, fracción 1, 164, 169, 172 del Reglamento del Senado de la República, somete a la consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de ley por la que se reforma la fracción XXIV de la Ley del Impuesto sobre la Renta, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Desde la primera edición de los Juegos Olímpicos de la era moderna, Atenas 1896 hasta Rio de Janeiro 2016. El deporte se ha ido consolidando como un elemento socializador y democratizador, que impacta de manera directa en muchos ámbitos de las actividades humanas, Y hoy en día, genera economías de escala que aportan sumas considerables al producto interno bruto de muchos países.

Desde el ámbito gubernamental, el deporte forma parte preponderante de los planes y programas nacionales de desarrollo, principalmente en los países de elite, pero también en algunos que están vías de desarrollo como Cuba, Jamaica y México.

La realidad del deporte moderno tiene muchas aristas y es materia de estudio desde enfoques multidisciplinarios. Las definiciones clásicas de los modelos de deporte en las sociedades occidentales, europeo y americano, han experimentado importantes cambios en sus acepciones que contemplan elementos de salud, interacción social, competición, psíquica, educativa, innovación tecnológica y científica, cultural, lúdica, entre otros.

Esta evolución ha llevado a inimaginables transformaciones en las distintas disciplinas en aspectos de nuevas técnicas de entrenamiento, alimentación, equipamiento, espacios más funcionales para una práctica deportiva óptima, y a su vez, ha creado súperhumanos que han impuesto marcas para la historia, como en las olimpiadas pasadas se establecieron 27 nuevos récords mundiales.

En las Olimpiadas de Atenas de 1986 se practicaban 8 disciplinas y en Río de Janeiro 2016 se disputaron 42 deportes olímpicos. Con una participación de 208 países, 11 mil 544 atletas en 308 pruebas.

Sin embargo, muchos de los países están lejos de apropiarse de estas innovaciones y sumarse a esta sinergia de cambios, y se mantiene una constancia en los que siempre han estado en el top 5, con excepción de China, que ha crecido de manera impresionante. Del total de los países que concursaron, sólo 87 ganaron medallas, de los cuales 21, sólo ganaron una presea.

De los países latinoamericanos sólo Brasil, Jamaica, Cuba, Colombia, Argentina, Bahamas, Puerto Rico, México, Venezuela, República Dominicana y Trinidad y Tobago ganaron medallas, 12 de los 40 que conforman la región latinoamericana y el Caribe.

Esto se puede explicar de alguna manera, por la proporción de sus poblaciones y tamaño de economía, lo cual se traduce en el gasto que invierten en este sector. De acuerdo con índice de Poder Político Deportivo 2013-2015, realizado por Comité Olímpico y la Confederación Deportiva de Dinamarca, México de los países que más invierten en deporte y tiene influencia en la región (lugar número 20 con cerca de 233 millones de dólares en el deporte), seguido de Brasil 21 y Argentina en el 32). Nuevamente, Estados Unidos, Francia, Reino Unido, Alemania, Canadá, Rusia, España, China y Australia, los punteros en el medallero, invierten mucho más en el deporte.

Durante el presente sexenio, el presupuesto asignado al deporte ha tenido importantes reducciones, que ascienden a más de 70 por ciento, tanto en el gasto de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte como en los subsidios para estados y federaciones deportivas. A pesar de que han sido muy controvertidas estas reducciones, la realidad es que los resultados siguen siendo los mismos e incluso han mejorado. En las Olimpiadas de Sídney en 2000 se obtuvieron 6 medallas (1 oro; 2 platas; y 3 bronce), Atenas 2004, 4 preseas (3 platas; y 1 bronce), Pekín 2008, 3 medallas (2 oro; y 1 bronce), Londres 2012, 7 preseas (1 oro; 3 platas; y 3 bronce) y Río de Janeiro 2016 (3 platas; y 2 bronce). La mejoría se encuentra en que durante las pasadas olimpiadas, 45 atletas mexicanos se rankearon entre los primeros 16 del mundo, de los cuales 86 por ciento tiene entre 20 y 24 años con un enorme potencial.

De acuerdo al Programa Nacional de Cultura Física y Deporte 2014-2018 y con base en el artículo 4 de la Constitución Política los mexicanos tienen derecho a la cultura física y deporte, y determina que corresponde al Estado su promoción, fomento y estímulo conforme a las leyes que rigen la materia. “Para el gobierno de la República la práctica de la actividad física y el deporte es una prioridad fundamental para construir una nación de ciudadanos íntegros. Incorporar el hábito de la activación física sistemática, mejorar la capacidad funcional y la calidad de vida, promover el sentido de pertenencia y el orgullo por los logros de nuestros representantes deportivos, definen la ruta por la que habrá de transitar la política pública en la materia.

De acuerdo al diagnóstico de dicho programa, se reconoce que aunque han mejorado en las últimas décadas, los .resultados deportivos que obtiene México con sus deportistas, equipos y selecciones en el contexto internacional, no son proporcionales a la densidad demográfica y la dimensión del país. Si se toma como referencia el índice de desarrollo humano, publicado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, es un dato que apunta que el país debería y podría estar mejor situado en el listado de potencias deportivas mundiales.

En este sentido, es importante que exista mayor inversión y mayores estímulos para los deportistas mexicanos. Una medida que coadyuvaría a fomentar atletas competitivos en el ámbito internacional y ganar más preseas, aunado a los apoyos institucionales, es la exención de impuestos sobre la renta por ganar medallas olímpicas.

De acuerdo con el artículo número 1 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, todas las personas físicas y morales están obligadas al pago del impuesto sobre todos sus bienes e ingresos, sin importar cuál sea la ubicación de la fuente de donde procedan.

El artículo 107 establece que “Quienes en el ejercicio obtengan en forma esporádica ingresos derivados de la prestación de servicios profesionales y no obtengan otros ingresos gravados...”, como es el caso de un premio deportivo, deberán pagar el20 por ciento sobre los ingresos percibidos, sin deducción alguna.

Lo que estarían recibiendo, por estímulo económico y medalla, no se considera un salario, ni una prestación de servicios, tampoco pago de honorarios, pero se está recibiendo un ingreso, el cual de acuerdo a ley en comento debe pagar impuestos. En este sentido, a este estímulo se le consideraría como ingresos por adquisición de bien o donativo, por lo cual, en la presente iniciativa se busca exentar de este impuesto a los medallistas olímpicos y paralímpicos.

En razón de lo anterior y con la finalidad de fomentar y promover el espíritu deportivo en la población mexicana, es fundamental ampliar los apoyos y estímulos, para que los deportistas nacionales representen con orgullo a nuestro país, y con sus triunfos contribuyan al fortalecimiento de la unidad e identidad nacional.

En mérito de lo anteriormente fundado y motivado, someto a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente iniciativa con proyecto de

Ley por la que se reforma la fracción XXIV de la Ley del Impuesto sobre la Renta

Único. Se reforma la fracción XXIV de la Ley del Impuesto sobre la Renta, para quedar como sigue:

Artículo 93. ...

I. a XXIII. ...

XXIV. Los premios obtenidos con motivo de un concurso científico, artístico o literario, abierto al público en general o a determinado gremio o grupo de profesionales, así como los premios otorgados por la federación a los medallistas olímpicos y paralímpicos, y los que promueven los valores cívicos.

Artículo Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas:

1 Agencia de Noticias EFE. México vigésimo país más influyente en deporte y primer latinoamericano. Polideportivo Estudio. Madrid. 26 de Enero de 2016. [En línea] [fecha de consulta: 06 -Febrero- 2017] Disponible en:

http://www.efe.com/efe/america/mexico/mexico-vigesimo-pais-mas- influyente-en-deporte-y-primer-latinoamericano/50000545-2821676

2 Diario Oficial de la Federación. Programa Nacional de Cultura Física V Deporte 2014-2018. DOF: 30/04/2014. En línea. Fecha de consulta: 6 de febrero de 2017. Disponible en:

http://www.dof.gob.mx/nota_deta He.php?codigo=5342830&fecha=30/04/20 14

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, a los 8 días del mes de febrero de 2016.— Senadoras María del Rocío Pineda Gochi y Lisbeth Hernández Lecona (rúbricas).»

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público para dictamen.

INICIATIVAS DE LAS DIPUTADAS Y LOS DIPUTADOS



CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla:«Iniciativa que reforma los artículos 41 y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por los diputados César Camacho Quiroz, Ruth Noemí Tiscareño Agoitia y Jorge Carlos Ramírez Marín, del Grupo Parlamentario del PRI

Los proponentes, Ruth Noemí Tiscareño Agoitia, César Camacho Quiroz y Jorge Carlos Ramírez Marín, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que confieren los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6, numeral 1, inciso I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta asamblea iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 41 y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

La paridad es uno de los propulsores determinantes de la democracia, cuyo fin es alcanzar la igualdad en el ejercicio del poder, en la toma de decisiones, en los mecanismos de participación, representación social y política, y en las relaciones familiares al interior de los diversos tipos de familias, las relaciones sociales, económicas, políticas y culturales, que constituyen una meta para erradicar la exclusión estructural de la mujer.

En la actualidad es posible observar en los países del mundo, la cambiante actitud hacia la paridad, cada vez más se torna favorable y crece a pasos agigantados el interés de nuestras sociedades por buscar el fortalecimiento, la consolidación y sobre todo impulsar el empoderamiento de las mujeres.

En el caso de México, lograr estos importantes avance normativos en la materia, han llevado un proceso histórico de lucha femenina, donde han librado múltiples obstáculos y dificultades por lograr el reconocimiento de la plena ciudadanía que en el constituyente de 1917 les había negado, fue hasta 1953 cuando una reforma constitucional garantizó el derecho al voto femenino, en 1974 lograron la igualdad jurídica con el hombre y más reciente en 2014, con la incorporación de la paridad entre los géneros, se impulsa una mayor participación de la mujer en elecciones de legisladores federales y locales.

En septiembre de 2015, el marco del aniversario de los 20 años de la aprobación por parte de 189 países de la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, en la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, ONU Mujeres a través de la publicación “La hora de la igualdad sustantiva: participación política de las mujeres en América Latina y el Caribe Hispano” reconoció los esfuerzos del Ejecutivo, partidos políticos, legisladoras y legisladores, así como a las organizaciones sociales para lograr la plena participación política de las mujeres mexicanas y eliminar su discriminación, mismos que hoy colocan a México entre los once países a nivel mundial y siete de América Latina en legislar la paridad.

Hoy, Latinoamérica cuenta con 27.7 por ciento en los Congresos nacionales, que la colocan como la primera región donde la ley de paridad se hace realidad, destacando 5 países con más de 40 por ciento de representación (Cuba, Educador, México y Nicaragua) y Bolivia con 50 por ciento de mujeres en sus respectivos congresos. El país, particularmente a escala federal, con 42 por ciento (211 diputadas) y estatal con más de 50 por ciento en Colima, Guanajuato y Querétaro, como resultado de las elecciones del 7 de julio de 2015 y con rango de 40-50 por ciento en gran número de las entidades federativas.

Pese a estos importantes logros conquistados en nuestro sistema normativo principalmente de la reforma constitucional en materia de paridad de febrero 2014, así como la creación de nuevas legislaciones en materia político electoral, es claro que debemos seguir uniendo esfuerzos para lograr la inclusión e igualdad sustantiva que nuestras mujeres siguen demandando especialmente para garantizar su verdadera participación en la toma de decisiones dentro de nuestra sociedad mexicana. Lo anterior en el marco de los diversos compromisos Internacionales asumidos por el Estado mexicano plasmados en la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y el Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos principalmente.

En la actualidad uno de los espacios de gobierno donde resulta necesario e inaplazable impulsar el empoderamiento de las mujeres es sin duda en los procesos de elección de las candidaturas a presidencias municipales, incluyendo a regidores y síndicos municipales.

En 2014, de los 2 mil 457 municipios existentes en el territorio nacional, sólo 192 estaban representados por presidentas municipales, en 2015 esta cifra se redujo a 178, de las cuales 90 ubicadas en la región sur del país (Campeche, Chiapas, Guerrero, Morelos, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz y Yucatán), 58 en la zona centro (Aguascalientes, Colima, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, México, Michoacán, Nayarit, Querétaro, San Luis y Zacatecas) y finalmente 30 en la región norte (Baja California, Baja California Sur, Coahuila, Chihuahua, Durango, Nuevo León, Sinaloa, Sonora y Tamaulipas).

Luego del proceso electoral en 11 estados de la república, el número de alcaldesas aumento al contar con 271 mujeres al frente de ayuntamientos significando un avance e incremento de 23.3 por ciento respecto a 2015.

Actualmente, por interpretación de algunas deposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, Ley General de Partidos Políticos, así como de algunas leyes locales y acuerdos electorales, se reconoce parcialmente la paridad de género, no obstante a ello, la falta de claridad normativa sigue generando la intervención de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de tribunales de justicia electoral para proteger los derechos político-electorales, especialmente para respetar la paridad horizontal y vertical en la postulación de candidatas y candidatos en elección de ayuntamientos de diversas entidades del país, que se supone ya tienen garantizados las mexicanas.

En septiembre de 2015, el magistrado Flavio Galván, del Tribunal Electoral de Poder Judicial de la Federación, consideró necesario incluir en la Constitución la obligatoriedad de paridad de género, vertical y horizontal, en la integración de Ayuntamientos, durante la presentación del Informe final de justicia electoral 2015, una evaluación de la reforma político-electoral, de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos, señaló que la paridad de género se debe cumplir a cabalidad por los partidos políticos.

Asociaciones y organizaciones de todo el país han manifestado la necesidad urgente de impulsar acciones para lograr en México una democracia paritaria, que impulse la participación política de las mujeres, principalmente en los puestos de representación política y de toma decisiones Como ejemplo encontramos la Red Chiapas por la Paridad Efectiva (Repare), Red para el Avance Político de las Mujeres Guerrerenses, Red para el Avance Político de la Mujeres en Veracruz, Observatorio de la Participación Política de las Mujeres de Veracruz, Observatorio Electoral de la Paridad de Género Morelos, Red Plural de Mujeres del estado de Tabasco, Frente Político Estatal de Mujeres de Querétaro, Red Plural de Mujeres del estado de Zacatecas, Red por la Promoción y Defensa de los Derechos Políticos de las Mujeres en el estado de Zacatecas, Pacto Político por la Paridad de Oaxaca, así como la Red Plural de Mujeres de Tlaxcala, que es su conjunto exigen se garantice y materialice la inclusión de las mujeres en la postulación de candidaturas y además, se realice la reforma constitucional para garantizar desde la Constitución federal la paridad horizontal y vertical en el ámbito municipal.

Sin duda, al llevar la paridad de género también a nuestros municipios del país, además de complementar la reforma constitucional en materia de paridad de febrero de 2014, constituye una herramienta fundamental para combatir las desventajas, violencia, invisibilidad y estereotipos que hoy en día además de menoscabar la autonomía de nuestras mujeres, están generando una inmensa brecha de desigualdad que impacta en el desarrollo y progreso del Estado mexicano.

Compañeras y compañeros legisladores: como representantes de la población mexicana, tenemos el compromiso de unir esfuerzos legislativos para fortalecer el empoderamiento de las mujeres, para que ellas también puedan desarrollarse integralmente, ejerciendo sus derechos humanos, en igualdad de oportunidades, en este sentido, es inaplazable fortalecer y garantizar desde el texto constitucional la paridad de género en los procesos de elección de las candidaturas a presidencias municipales, incluyendo a regidores y síndicos municipales.

Por lo expuesto y fundado presentamos a consideración de la Cámara de Diputados la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforman los artículos 41 y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Único. Se reforman los artículos 41 y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 41. ...

La renovación de los Poderes Legislativo y Ejecutivo se realizará mediante elecciones libres, auténticas y periódicas, conforme a las siguientes bases:

I. ...

Los partidos políticos tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de los órganos de representación política y como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo, así como las reglas para garantizar la paridad entre los géneros, en candidaturas a legisladores federales y locales , así como de ayuntamientos. Sólo los ciudadanos podrán formar partidos políticos y afiliarse libre e individualmente a ellos; por tanto, quedan prohibidas la intervención de organizaciones gremiales o con objeto social diferente en la creación de partidos y cualquier forma de afiliación corporativa.

II. a VI. ...

Artículo 115. Los estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, democrático, laico y popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización política y administrativa, el municipio libre, conforme a las bases siguientes:

I. Cada municipio será gobernado por un ayuntamiento de elección popular directa, integrado por un presidente municipal y el número de regidores y síndicos que la ley determine garantizando la paridad de género. La competencia que esta Constitución otorga al gobierno municipal se ejercerá por el ayuntamiento de manera exclusiva y no habrá autoridad intermedia alguna entre éste y el gobierno del estado.

II. a X. ...

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas:

1 http://www.diputados.gob.mx/documentos/Comite_CEAMEG/Libro_Part_Pol.pdf Página 27.

2 http://mexico.unwomen.org/es/noticias-y-eventos/articulos/2015/09/ presentacion-hora-igualdad-sustantiva

3 http://eleconomista.com.mx/sociedad/2015/09/09/solo-72-las-alcaldias-estan-ocup adas-mujeres

4 http://www.jornada.unam.mx/2015/09/28/politica/019n2pol

Palacio Legislativo de San Lázaro, salón de sesiones de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a 14 de febrero de 2017.— Diputadas y diputados: Ruth Noemí Tiscareño Agoitia, César Camacho Quiroz, Jorge Carlos Ramírez Marín (rúbricas).»

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales para dictamen.



LEY DE COORDINACIÓN FISCAL Y LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla:«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de las Leyes de Coordinación Fiscal y General de Contabilidad Gubernamental, a cargo del diputado Jesús Sesma Suárez e integrantes del Grupo Parlamentario del PVEM

Quienes suscriben, diputado Jesús Sesma Suárez y diputados del Partido Verde Ecologista de México, en la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 77, numeral 1, y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 10-F y se reforman los artículos 6 y 9 de la Ley de Coordinación Fiscal, al tenor de lo siguiente:

Planteamiento del problema

Los problemas ambientales como las contingencias ambientales en la Megalópolis; la escasez de los recursos no renovables; la falta de energía limpia-renovable; el manejo de residuos sólidos, entre otros, son de total preocupación tanto para la sociedad civil como de las autoridades. Lamentablemente, esos inconvenientes se han ido acrecentando conforme la población y el proceso de industrialización han aumentado.

Con base en la problemática anterior, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) presentó las denominadas Cuentas económicas y ecológicas de México, 2014 preliminar. Año Base 2008, en valores corrientes. Con la difusión de estos resultados es posible identificar el impacto ambiental del quehacer económico que deriva del agotamiento de los recursos naturales y la degradación del medio ambiente, así como el gasto que la sociedad efectúa para resarcir los daños ambientales consecuencia del proceso productivo de bienes y servicios, como se puede apreciar en la siguiente tabla:

Tabla 1

Como se puede observar los gastos en protección ambiental realizados en 2014 por el sector público en su conjunto y los hogares alcanzó un monto de 147 666 millones de pesos, lo cual representó 0.9 por ciento del producto interno bruto (PIB) a precios de mercado. Este gasto se destinó principalmente al sector de la construcción con 31.1 por ciento; seguido de las actividades de gobierno 24.6 por ciento; la minería 21.2 por ciento; los servicios profesionales, científicos y técnicos 8.6 por ciento; y la generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, agua y suministro de gas por ductos al consumidor final, 8 por ciento. En conjunto, a estos sectores se destinó 93.5 por ciento del total de gasto en protección ambiental. Mientras que los costos totales por agotamiento y degradación ambiental en el año de 2014 ascendieron a 910 906 millones de pesos, lo cual representa 5.3 por ciento del PIB a precios de mercado.

Es decir de 5.3 por ciento de PIB que representan los costos totales por agotamiento y degradación ambiental, sólo se compensa con 0.9 por ciento del PIB en gastos para la protección ambiental, lo que conlleva un diferencial de 4.4 por ciento del PIB o en términos monetarios tiene una implicación de 763, 240 millones de pesos, los cuales no tiene una compensación de gastos para la protección ambiental para resarcir los costos ambientales.

Argumentación

Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar, siendo el Estado el encargado de garantizar este derecho, plasmado en el artículo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Esto se conoce como un derecho difuso por ser inmanente a todas sin distinción, todos tenemos derecho al acceso alícuota a un medio ambiente digno.

Dentro de la legislación mexicana en materia ambiental hasta el momento no hay alguna ley que estipule la obligatoriedad para las entidades federativas de destinar recursos específicos a actividades y programas directamente relacionados con la protección y el cuidado del medio ambiente, ni mucho menos en poder hacer frente a los costos de la degradación ambiental y el agotamiento de los recursos naturales de manera directa. En este tenor, el artículo 7 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, menciona la corresponsabilidad de las entidades federativas en materia ambiental, dentro de la cual está la formulación, la conducción y la evaluación de la política ambiental estatal, la aplicación de los instrumentos de política ambiental previstos en las leyes locales en la materia, así como la preservación y la restauración del equilibrio ecológico y la protección al ambiente que se realice en los bienes y las zonas de jurisdicción estatal, además de la prevención y el control de la contaminación atmosférica generada por fuentes fijas que funcionen como establecimientos industriales, así como por las fuentes móviles.

En este contexto, el gasto destinado a la protección ambiental, en comparación con los costos ambientales y con los costos de agotamiento de los recursos naturales generados por la actividad diaria de la sociedad mexicana, es mínimo, tal como se puede apreciar en la siguiente gráfica:

Se observa que no existe relación entre los costos totales por agotamiento y degradación ambiental en comparación con el gasto en protección ambiental que destinan el sector público en su conjunto y los hogares. En otras palabras, el gasto en protección ambiental está desvinculado de los costos ambientales que provoca la actividad económica.

Impacto presupuestal

Como se verá en el decreto de esta iniciativa, se pretenderá que las entidades federativas destinen por lo menos 6 por ciento de sus ingresos propios a las actividades y programas relacionados con la protección y la conservación del medio ambiente.

Expuesto lo anterior, a continuación se da a conocer el impacto presupuestal, que conllevaría la presente propuesta.

De acuerdo con los datos que anteceden, se aprecia que las entidades federativas con una mayor actividad económica serían aquellas que estarían aportando más recursos para el gasto en protección y conservación ambiental, como es el caso de la Ciudad de México, que aportaría 2 mil 971.3 millones de pesos, seguida de Jalisco con mil 220.6 millones de pesos y Nuevo León con mil 25.9 millones de pesos; es decir, los integrantes del pacto federal con un mayor dinamismo económico y una mayor población estarían aportando más recursos para mitigar los costos por degradación ambiental y agotamiento de los recursos naturales, sin duda algo justo.

El importe total de que las 32 entidades federativas destinen por lo menos 6 por ciento de sus ingresos propios, a gasto en protección y conservación al medio ambiente asciende a 13 mil 52.2 millones de pesos. Esto, sumado a los 147 mil 666 millones de pesos que se gastaron en el año 2014, y al aumento promedio anual de 5 mil 373 millones de pesos de este gasto, 1 resulta en un monto de 166 mil 91.2 millones de pesos, es decir, se tendría un aumento estimado de 12.5 por ciento en los gastos en protección y conservación al ambiente.

En este sentido, es necesario plantear una “política ambiental donde emerja la posibilidad de prevenir, encauzar o corregir el impacto humano sobre el medio ambiente natural; con una acción deliberada mediante la cual se proyecte un orden social, se proponga un camino y se modele una propuesta de futuro”.

En los últimos años en México se ha avanzado desde el punto de vista institucional, se han creado condiciones para acometer el daño al medio ambiente; sin embargo, es necesaria la corresponsabilidad de las entidades federativas con carácter de obligatoriedad para que destinen, de sus ingresos propios, los recursos económicos para la realización de acciones concretas y eficientes para la protección y conservación al medio ambiente. De lo contrario, el impacto del medio ambiente que generan los costos de degradación y agotamiento de los recursos naturales costará demasiado a todas las generaciones futuras.

Por lo expuesto, las y los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en esta cámara sometemos a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente proyecto de:

Decreto

Primero. Se adiciona el artículo 10-F y se reforman los artículos 6 y 9 de la Ley de Coordinación Fiscal, para quedar como a continuación se indica:

Artículo 6o. ...

...

...

Las participaciones serán cubiertas en efectivo, no en obra, sin condicionamiento alguno y no podrán ser objeto de deducciones, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 9 y 10-F de esta ley. Los gobiernos de las entidades, a más tardar el 15 de febrero, deberán publicar en su periódico oficial, así como en su página oficial de internet, el calendario de entrega, porcentaje, fórmulas y variables utilizadas, así como los montos estimados, de las participaciones que las entidades reciban y de las que tengan obligación de participar a sus municipios o demarcaciones territoriales. También deberán publicar trimestralmente en el periódico oficial, así como en la página oficial de internet del gobierno de la entidad, el importe de las participaciones entregadas y, en su caso, el ajuste realizado al término de cada ejercicio fiscal. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público publicará en el Diario Oficial de la Federación la lista de las entidades que incumplan con esta disposición. Las publicaciones anteriores se deberán realizar conforme a los lineamientos que al efecto emita la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

...

Artículo 9o. Las participaciones que correspondan a las entidades y los municipios son inembargables; no pueden afectarse a fines específicos, ni estar sujetas a retención, salvo aquéllas correspondientes al Fondo General de Participaciones, al Fondo de Fomento Municipal y a los recursos a los que se refiere el artículo 4-A, fracción I, de la presente ley, que podrán ser afectadas en garantía, como fuente de pago de obligaciones contraídas por las entidades o los municipios, o afectadas en ambas modalidades, con autorización de las legislaturas locales e inscritas en el Registro Público Único, de conformidad con el capítulo VI del título tercero de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, a favor de la federación, de las instituciones de crédito que operen en territorio nacional, lo establecido en el artículo 10-F, así como de las personas físicas o morales de nacionalidad mexicana.

..

...

Capítulo IIDel Sistema Nacional de Coordinación Fiscal

Artículo 10-F. Para garantizar la protección del derecho difuso al medio ambiente sano, los gobiernos de las entidades federativas adheridas al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal destinarán, en su proyecto de Presupuesto de Egresos Anual, por lo menos, 6 por ciento del total de sus ingresos propios a actividades y programas relacionados directamente con la protección y conservación del medio ambiente que la entidad federativa requiera.

En caso de que la entidad federativa correspondiente destine un porcentaje menor al estipulado en el párrafo anterior del presente artículo, se le descontará, del total sus participaciones federales, el monto equivalente al seis por ciento de sus ingresos propios; asignándose éstos a programas federales relacionados directamente con la protección y conservación del medio ambiente de la entidad federativa sancionada.

Los ingresos por participaciones y aportaciones federales, convenios de descentralización, convenios de reasignación u otros ingresos, cuyo destino de gasto sean actividades y programas relacionados directamente con la protección y la conservación del medio ambiente, serán adicionales al 6 por ciento, y, por lo tanto, independientes a los que se refiera el primer párrafo de este artículo.

Segundo. Se adiciona la fracción VI al artículo 53 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, como a continuación se indica:

Artículo 53. La Cuenta Pública del gobierno federal, que será formulada por la Secretaría de Hacienda, y la de las entidades federativas deberá atender en su cobertura a lo establecido en su marco legal vigente y contendrá como mínimo:

I. a V. ...

VI. La información que deba rendirse en atención al artículo 10-F de la Ley de Coordinación Fiscal, que establece la erogación de por lo menos 6 por ciento de los ingresos propios de las entidades federativas, en programas y actividades relacionadas directamente con la protección y la conservación del medio ambiente.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Para efectos de lo dispuesto en el artículo 10-F del presente decreto, el descuento y la transferencia de 6 por ciento de las participaciones federales a las cuales tenga derecho la entidad federativa que incumpla con lo establecido en el citado artículo durante el año fiscal 2017, aplicará a partir del año fiscal 2018.

Para efecto de destinar por parte de los gobiernos de las entidades federativas, por lo menos, 6 por ciento del total de sus ingresos propios a actividades y programas relacionados directamente con la protección y la conservación del medio ambiente, la aplicación ocurrirá a partir del ejercicio fiscal 2017; y para el efecto del descuento de 6 por ciento de las participaciones federales y, a su vez, la transferencia de los recursos a programas federales, aplicará a partir del año fiscal 2018.

Tercero. Se derogarán las disposiciones opuestas al presente decreto.

Notas:

1 De 2010 a 2014, los gastos en protección ambiental (GPA) aumentaron 21,490 millones de pesos, es decir, un promedio de 5,373 millones de pesos por año. No se tiene el dato disponible correspondiente a 2015.

2 http://2010.colmex.mx/16tomos/IV.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de febrero de 2017.— Diputado Jesús Sesma Suárez (rúbrica).»

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público para dictamen.



CÓDIGO PENAL FEDERAL

La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla:«Iniciativa que reforma el artículo 335 del Código Penal Federal, a cargo de la diputada Ana Guadalupe Perea Santos, del Grupo Parlamentario del PES

Ana Guadalupe Perea Santos, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración la presente iniciativa con proyecto de decreto, que reforma el artículo 335 del Código Penal Federal, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

Un fenómeno de suma importancia que está sucediendo alrededor del mundo es el incremento de la población adulta mayor, como consecuencia del descenso de la mortalidad y el crecimiento demográfico y nuestro país no es la excepción.

Los adultos mayores en México son asociados con enfermedades, baja productividad laboral e incapacidad debido a los prejuicios, generando discriminación y limitando el goce de sus principales derechos humanos.

El maltrato y la violencia contra las personas adultas mayores son un problema grave. Se presentan no sólo por el daño físico sino, también, por agresiones psicológicas, financieras e incluso patrimoniales que traen como consecuencia daños irreversibles, lo que genera miedo para pedir ayuda o en su caso para denunciar a quienes los someten a este tipo de tratos.

Según las proyecciones del Consejo Nacional de Población (Conapo), para 2050 habrá 150.8 millones de mexicanos y la esperanza de vida promedio será de 79.4 años, la más alta de la historia. Sin embargo, los adultos mayores tienen el índice de desarrollo social más bajo en el país, lo que se traduce en pocas posibilidades de vivir la vejez de forma digna.

Datos de la encuesta intercensal realizada en 2015 por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía indican que en México hay 119 millones 530 mil 753 habitantes. De ellos, 7.2 por ciento corresponde a personas que tienen 65 años o más.

En este orden de ideas y entendiendo que la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores tiene por objeto garantizar el pleno respeto a los derechos de este sector de población y que el Código Penal Federal, en su artículo 335 se tipifica como delito el abandono de personas incapaces de cuidarse a sí mismos, solo cuando se trata de menores o personas enfermas, sin tomar en cuenta a las personas adultas mayores incapaces de cuidarse a sí mismas, por lo que es necesario reformar el artículo ya mencionado, con el objeto de respetar y garantizar la protección de sus derechos humanos.

El Estado es el encargado de prevenir y atender cualquier tipo de violencia sobre las personas adultas mayores y generar un marco jurídico más sólido que permita castigar este tipo actos.

En razón de lo anterior, hablo en nombre de todas las personas adultas mayores que se encuentran en situación de abandono, que no cuentan con ningún tipo de asistencia, cuyos familiares han sido indolentes y abusan de sus condiciones provocándoles deterioro físico, mental, psicológico e incluso la muerte, y cuyas conductas quedan impunes.

Por lo expuesto someto a consideración de esta asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforma el artículo 335 del Código Penal Federal

Único. Se reforma el artículo 335 del Código Penal Federal, para quedar de la siguiente manera:

Artículo 335. Al que abandone a un niño o un adulto mayorincapaz de cuidarse a sí mismo, a una persona enferma, teniendo obligación de cuidarlos, se le aplicarán de un mes a cuatro años de prisión, sí no resultare daño alguno, privándolo, además, de la patria potestad o de la tutela, si el delincuente fuere ascendiente o tutor del ofendido.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas:

1 http://www.conapo.gob.mx/es/CONAPO/Proyecciones

2 http://internet.contenidos.inegi.org.mx/contenidos/productos/prod_ serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/nueva_estruc/70282507 8966.pdf

Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo deSan Lázaro, a 14 de febrero de 2017.— Diputada Ana Guadalupe Perea Santos (rúbrica).»

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Se turna a la Comisión de Justicia para dictamen.



LEY GENERAL DE SALUD

La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla:«Iniciativa que reforma el artículo 6o. de la Ley General de Salud, a cargo del diputado Pedro Luis Noble Monterrubio, del Grupo Parlamentario del PRI

El que suscribe, diputado federal Pedro Luis Noble Monterrubio, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 3, numeral 1, fracción VIII; 6, numeral 1, fracción I; 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta Soberanía la Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 6, fracción VII, de la Ley General de Salud, para que en los objetivos del Sistema Nacional de Salud se contemple el fomentar un enfoque intercultural en las políticas públicas y acciones en salud, que permitan una mejor relación y entendimiento entre la población y los servicios de salud.

Exposición de Motivos

Se puede decir, que todas las actividades que realizamos los seres humanos en nuestra vida cotidiana, están condicionadas por la salud y culturalmente; de ahí que estos dos temas que no pueden estar enfrentados, sino por el contrario, están entrelazados, ya que el concepto de cultura aplicado al campo de la salud constituye el eje neurálgico en el análisis de los factores sociales involucrados en cualquier proceso de salud y enfermedad.

Desde la antropología, la cultura se define como un complejo y dinámico conjunto de creencias, conocimientos, valores y conductas aprendidas y transmitidas entre las personas a través del lenguaje y su vida en sociedad, es decir, la cultura se entiende como una entidad dinámica que se adquiere, transforma y reproduce a través de un continuo proceso de aprendizaje y socialización.

Para la investigadora María Claudia Duque-Páramo, la cultura es un elemento constitutivo del fenómeno salud-enfermedad que ha sido entendida de diferentes maneras en el campo de la salud pública; y propone explorar la relación salud-cultural, articulando dos propósitos centrales: a) Revisar críticamente diversos conceptos de cultura, para llegar a considerar el poder como un elemento que estructura y determina la diversidad cultural de los sujetos sociales, y b) Analizar las condiciones de cultura presentes en tres de los modelos que actualmente se integran en la práctica de la salud pública en países de América Latina: 1. Historia Natural de la Enfermedad (HNE), 2. Atención Primaria de la Salud (APS) y 3. Promoción de la Salud (PS). En este contexto se propone utilizar la cultura como una herramienta para comprender no sólo la diversidad de los sistemas de salud, sino también las relaciones de poder que determinan diferencias e inequidades en el perfil epidemiológico.

Ahora bien, la enfermedad y la motivación por conservar y/o recuperar la salud, son considerados hechos biológicos y sociales universales. Todos los grupos humanos han desarrollado estrategias para enfrentar y prevenir las enfermedades a través de un sistema médico que proporciona las acciones necesarias para recuperar la salud, procurar el bienestar y al mismo tiempo otorgar una explicación consistente al fenómeno de la enfermedad. Desde la antropología sociocultural, un sistema médico se concibe como un conjunto más o menos organizado, coherente y estratificado de agentes terapéuticos, modelos explicativos de salud-enfermedad, prácticas y tecnologías al servicio de la salud individual y colectiva. La forma en que estos elementos se organizan internamente, otorgando coherencia al sistema depende del modelo sociocultural en que se desarrolla la medicina.

Es así como en las últimas décadas, interculturalidad en salud o salud intercultural, han sido conceptos indistintamente utilizados para designar al conjunto de acciones y políticas que tienden a conocer e incorporar la cultura del usuario o paciente en el proceso de atención de salud.

Por otro lado, el tema de la pertinencia cultural del proceso de atención es un fenómeno que trasciende de lo exclusivamente étnico, pues implica valorar la diversidad biológica, cultural y social del ser humano como un factor importante en todo proceso de salud y enfermedad. La necesidad de desarrollar procesos interculturales en salud se ha generado en países latinoamericanos por sus diversas razones históricas, sociopolíticas y epidemiológicas, las cuales han motivado iniciativas tendientes a evitar que la identidad étnica y cultural del usuario constituya una barrera en el acceso y oportunidad a una mejor atención de salud.

Sin embargo, la experiencia de proyectos en salud internacional, muchos de ellos patrocinados por organismos como la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y Organización Mundial de la Salud (OMS), y dirigidos hacia los sectores más pobres de la humanidad, dan cuenta de importantes dificultades que se enfrentan al no considerar la cultura de los usuarios en el proceso de atención de salud. Situaciones como rechazo y falta de adhesión a las prácticas médicas occidentales, conflictos de poder entre agentes tradicionales y médicos, desarticulación de la estructura social de la comunidad, son elementos frecuentemente descritos en la literatura de salud internacional, especialmente en países con altos índices de población indígena.

Se puede ver que el gran desafío para el sector salud en las próximas décadas será crear modelos de salud que respondan a las expectativas materiales y culturales del usuario, en un proceso de diálogo e intercambio cultural entre medicinas. En consecuencia, la búsqueda de estrategias que articulen e integren distintos enfoques de salud, es parte del escenario que hoy se presenta en el sector salud, proceso que próximamente debutará con la generación de una política de salud intercultural.

En esta materia México tiene mucho que hacer y aportar, ya que su población indígena conforma el grupo de los pueblos originarios que dada su cultura, historia y lengua dan sentido de pertenencia e identidad al país.

De acuerdo a los datos del Inegi arrojados por la Encuesta Intercensal 2015, en nuestra nación hay 7 millones 382 mil 785 personas de 3 años y más de edad que hablan alguna lengua indígena, cifra que representa 6.5 por ciento del total nacional. Además, de la población que habla lengua indígena, 13 de cada 100 solo puede expresarse en su lengua materna. Esta situación es más evidente entre las mujeres que entre los varones; ya que 15 de cada 100 mujeres indígenas son monolingües, contra 9 de cada 100 hombres.

Por su parte, la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de México considera como municipios indígenas aquellos que además de sus usos y costumbres, el 40 por ciento o más de su población habla alguna lengua indígena. En el año 2015, del total de municipios del país, 494 superan ese porcentaje y se concentran principalmente en Oaxaca (245), Yucatán (63), Puebla (46), Chiapas (41) y Veracruz (35).

Así también, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social menciona que en el año 2015, 7 de cada 10 personas hablantes de lengua indígena se encuentran en situación de pobreza. Esta vulnerabilidad se ve reflejada en la dificultad para acceder a la salud. Según la Encuesta Intercensal 2015, en el país 15 de cada 100 personas hablantes de lengua indígenas no están afiliadas a servicios de salud; los más desprotegidos en términos de no afiliación son los varones: 57.7 por ciento no cuentan con ella, contra 45.3 por ciento en las mujeres. Del total de afiliados a una institución que presta servicios de salud casi la totalidad (98.8 por ciento) están afiliados a una institución del sector público, principalmente al Seguro Popular: 72.6 por ciento de la población hablante de lengua indígena está afiliada a esa institución y menos de uno por ciento (0.5 por ciento) a alguna institución privada.

Los datos antes mencionados, describen a México como país multicultural y pluriétnico, lo cual hace que las circunstancias generen diferentes expectativas y percepciones del proceso salud-enfermedad entre proveedor-usuario, además de provocar dificultades y desavenencias en la relación médico-paciente. Estas discrepancias se deben primordialmente a que solemos ver solamente a través del “cristal” de nuestra cultura; ésta se convierte así en un dispositivo para percibir el mundo, la lente a través de la cual miramos la realidad. Para garantizar un mejor entendimiento en la composición multicultural y pluriétnica de la sociedad mexicana, el artículo 2o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que:

Artículo 2o. La Nación Mexicana es única e indivisible.

La nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas que son aquellos que descienden de poblaciones que habitaban en el territorio actual del país al iniciarse la colonización y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas.

...

Son comunidades integrantes de un pueblo indígena, aquellas que formen una unidad social, económica y cultural, asentadas en un territorio y que reconocen autoridades propias de acuerdo con sus usos y costumbres.

A.Esta Constitución reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y las comunidades indígenas a la libre determinación y, en consecuencia, a la autonomía para:

I.Decidir sus formas internas de convivencia y organización social, económica, política y cultural.

II. y III. ...

IV.Preservar y enriquecer sus lenguas, conocimientos y todos los elementos que constituyan su cultura e identidad.

V. a VIII. ...

B.La federación, los estados y los municipios, para promover la igualdad de oportunidades de los indígenas y eliminar cualquier práctica discriminatoria, establecerán las instituciones y determinarán las políticas necesarias para garantizar la vigencia de los derechos de los indígenas y el desarrollo integral de sus pueblos y comunidades, las cuales deberán ser diseñadas y operadas conjuntamente con ellos.

Para abatir las carencias y rezagos que afectan a los pueblos y comunidades indígenas, dichas autoridades, tienen la obligación de:

I. a II. ...

III.Asegurar el acceso efectivo a los servicios de salud mediante la ampliación de la cobertura del sistema nacional, aprovechando debidamente la medicina tradicional, así como apoyar la nutrición de los indígenas mediante programas de alimentación, en especial para la población infantil.

IV. a IX. ...

...

...”.

Del artículo segundo constitucional se desprende la valoración a la riqueza de la diversidad en prácticas y saberes culturales en el campo de la salud y organización, lo cual se compagina y refuerza con el derecho a la salud consagrado en el Párrafo Tercero del artículo 4 de nuestra Carta Magna:

“Toda persona tiene derecho a la protección de la salud y establecerá la concurrencia de la federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución”.

Este derecho a la protección de la salud es social y universal, independiente de la situación de vulnerabilidad de sus destinatarios, ya que además, es un elemento esencial para que el Estado pueda sentar las bases para eliminar la desigualdad existente entre los miembros de una sociedad, además de que es una responsabilidad compartida entre los diversos órdenes de gobierno, el individuo y la población en su conjunto.

Por lo que respecta al Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, en específico el Programa Sectorial de Salud, establece como uno de los objetivos asociados a las metas nacionales, el asegurar el acceso efectivo a servicios de salud con calidad, el cerrar las brechas existentes en salud entre diferentes grupos sociales y regiones del país, así como el asegurar la generación y el uso efectivo de los recursos en salud, tal y como se desprende de las siguientes estrategias y líneas de acción, en las que se contemplan fortalecer perspectivas y enfoques interculturales, además de adecuar los servicios de salud a las necesidades culturales de la población.

“Estrategia 2.1. Avanzar en el acceso efectivo a servicios de salud de la población mexicana, independientemente de su condición social o laboral.

Líneas de acción:

2.1.5. Adecuar los servicios de salud a las necesidades demográficas, epidemiológicas y culturales de la población.

Estrategia 2.3. Crear redes integradas de servicios de salud interinstitucionales.

Líneas de acción:

2.3.5. Fomentar una perspectiva intercultural, intersectorialidad y de género en el diseño y operación de programas y acciones de salud.

Estrategia 4.2. Asegurar un enfoque integral y la participación de todos los involucrados para reducir la mortalidad materna, especialmente en comunidades marginadas.

Líneas de acción:

4.2.3. Fortalecer la atención perinatal con enfoque de interculturalidad.

Estrategia 4.3. Fortalecer los servicios de promoción y atención brindados a la población indígena y otros grupos en situación de vulnerabilidad.

Líneas de acción:

4.3.1. Incorporar el enfoque intercultural y de género en el diseño y operación de programas y acciones para la población.

4.3.4. Adecuar los servicios a las necesidades demográficas, epidemiológicas y culturales de los grupos en situación de vulnerabilidad.

Estrategia 5.1. Fortalecer la formación y gestión de recursos humanos en salud.

Líneas de acción:

5.1.2. Impulsar la formación de los recursos humanos alineada con las necesidades demográficas, epidemiológicas, de desarrollo económico y culturales.

Estrategia 5.3. Establecer una planeación y gestión interinstitucional de recursos (infraestructura y equipamiento) para la salud.

Líneas de acción:

5.3.2. Desarrollar la infraestructura física y equipamiento en salud alineada con las necesidades demográficas, epidemiológicas, de desarrollo económico y culturales”.

De lo estipulado en el Plan Nacional de Desarrollo, ya se observa una visión intercultural en el cuidado y atención a la salud, sin embargo, lo contemplado en la fracción VII del artículo 6 de la Ley General de Salud, se interpreta que los patrones culturales como los hábitos, costumbres y actitudes propias de las comunidades, son un factor de riesgo para la salud y que se deben modificar o erradicar. Esta postura es excluyente y discriminatoria. Debemos voltear hacia una perspectiva incluyente, y dejar de ver a la cultura como un factor de riesgo o un subterfugio ideológico. Ahora bien, la validación cultural no significa que el profesional de la salud comparta el mundo simbólico del paciente, sino que comprenda, respete e incluso integre algunos elementos culturales que considere relevantes para el proceso de recuperación del enfermo.

La propuesta de modificación a la fracción VII del artículo 6 de la Ley General de Salud, no tiene impacto a las finanzas públicas con mayores cargas presupuestarias, ya que con el actual presupuesto asignado se reorientarían las políticas públicas hacia un enfoque intercultural, tal y como lo propone el texto de la reforma; por lo tanto no es necesario cumplir con lo estipulado por el artículo 18 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, el cual señala en su párrafo primero que: “A toda propuesta de aumento o creación de gasto del proyecto de Presupuesto de Egresos, deberá agregarse la correspondiente iniciativa de ingreso distinta al financiamiento o compensarse con reducciones en otras previsiones de gasto”.

Por las razones anteriormente fundadas y motivadas, se presenta el siguiente cuadro comparativo entre el texto vigente y el de la iniciativa:

Como se puede ver, la interculturalidad tiene un papel importante en un proceso de comunicación entre personas y grupos humanos, donde se concibe que ningún grupo cultural esté por encima de otro, favoreciendo en todo momento la integración y convivencia entre culturas. También el enfoque intercultural es el mejor espacio de negociación para combatir las desigualdades sociales, políticas y económicas en que vive actualmente la sociedad, poniendo especial atención en las minorías, las cuales no deben ser tratadas como un mero móvil social o numérico, sino como actores participantes en la toma de decisiones y como verdaderos sujetos de derechos humanos, entre los que se encuentra el derecho a la protección de la salud, así como el derecho a decidir libre e informadamente en el marco de la cultura propia de cada individuo o comunidad.

De lo que antecede, se estima justificada y motivada jurídicamente la emisión del siguiente:

Decreto por el que se reforma el artículo 6 fracción VII de la Ley General de Salud

Artículo 6. ...

I. a VI. ...

VII. Fomentar un enfoque intercultural en las políticas públicas y acciones en salud que permitan una mejor relación y entendimiento entre la población y los servicios de salud, junto con sus procesos de atención;

VIII. a XII. ...

Transitorio

Único. El presente decreto entra en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas:

1 Park A. (2000), Introducing Anthropology. An Integrated Approach. Mayfield Publishing Company. California. 2000.

2 Sachman Torres, Ignacio (2016). “¿Es culpable la cultura de los quebrantos de salud?”, en Revista El Federalista, No. 33, Abril 2016, páginas 64-65.

3 Alarcon M., Ana, Aldo Vidal H., Jaime Neira Rozas (2003). “Salud intercultural: elementos para la construcción de sus bases conceptuales”, en Revista Médica de Chile, versión impresa ISSN 0034-9887, Vol. 131, No. 9, septiembre 2003, páginas 1061-1065.

4 Ibídem.

5 Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, Gobierno de la República, Programa Sectorial de Salud.

6 López Pérez, Sócrates (2012), “Políticas sociales y nueva relación Estado pueblos indígenas”, Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, México.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de febrero de 2017.— Diputado Pedro Luis Noble Monterrubio (rúbrica).»

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Túrnese a la Comisión de Salud para dictamen.



LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE Y LEY DE COORDINACIÓN FISCAL

La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla:«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de las Leyes General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, y de Coordinación Fiscal, a cargo del diputado Jesús Sesma Suárez e integrantes del Grupo Parlamentario del PVEM

Quienes suscriben, diputado Jesús Sesma Suárez y diputados federales del Partido Verde Ecologista de México, en la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 77, numeral 1, y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a la consideración de esta soberanía, la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y de la Ley de Coordinación Fiscal, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El agua es un compuesto fundamental para la vida, satisface necesidades primigenias del hombre y le es de gran utilidad en la mayoría de las actividades que realiza. Sin embargo, muchas de ellas tienen efectos negativos imposibilitando su consumo, lo cual le otorga la calidad de residual, considerándose ésta como una molestia que debe eliminarse de la forma menos costosa y ofensiva posible.

A través del tiempo se han desarrollado una serie de técnicas que, gracias al interés en lo sustentable y a la eficiencia económica, consideran al agua residual como una materia prima que se debe conservar, y al agua limpia como un bien escaso que es preciso tratar, debiendo conservarlo y reutilizarlo.

Tomando en consideración lo anterior, la comunidad internacional celebró, en septiembre del año 2000, la Cumbre del Milenio de Naciones Unidas, en la cual se congregó un número importante de líderes mundiales para aprobar la Declaración del Milenio, documento que contiene una serie de valores, principios y objetivos para la agenda internacional del siglo XXI, y establece plazos para la realización de varios planes de acción colectivos.

De aquella Declaración surgieron los Objetivos de Desarrollo del Milenio; un compendio de objetivos alcanzables y sujetos a plazo orientados a extender los beneficios de la globalización a todo el mundo. Dentro de estos, se estableció como Objetivo 7, el de garantizar la sostenibilidad del medio ambiente, en cuyas metas encontramos la de perseguir la reducción a la mitad el porcentaje de la población mundial sin acceso seguro al agua potable, así como la de garantizar el acceso a un saneamiento básico para la consecución del resto de los Objetivos de Desarrollo del Milenio.

Posteriormente, en diciembre de 2003, la Asamblea General de las Naciones Unidas, preocupada por la problemática mundial en torno al vital líquido, declaró el período 2005-2015 como el Decenio Internacional para la Acción “El agua, fuente de vida”, a través de su resolución A/RES/58/217, la cual “tenga como objetivos ocuparse más a fondo de las cuestiones relativas al agua en todos los niveles y de la ejecución de los programas y proyectos relativos a ésta, y que al mismo tiempo se trate de asegurar la participación e intervención de la mujer en las medidas de desarrollo relacionadas con el agua, y promover la cooperación en todos los niveles, para ayudar a alcanzar los objetivos relativos al agua convenidos internacionalmente”.

Según datos de la ONU sobre calidad del agua a nivel mundial, una de cada nueve personas en todo el mundo no tiene acceso a fuentes mejoradas de agua potable y uno de cada tres carece de saneamiento mejorado; las principales fuentes de contaminación del agua provienen de asentamientos humanos, actividades industriales y agrícolas; 80% de las aguas residuales de países en vías de desarrollo se descarga sin ser tratadas directamente en los cuerpos receptores; los vertederos de la industria emiten un estimado de entre 300 y 400 millones de toneladas de residuos contaminados en aguas cada año; aproximadamente 3.5 millones de personas mueren cada año debido al inadecuado suministro, saneamiento e higiene del agua; respecto de la biodiversidad, los ecosistemas de agua dulce se han degradado más que cualquier otro ecosistema.

Por lo que hace a nuestro país, el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 establece en su diagnóstico sobre desarrollo sustentable que entre los diversos factores que impiden el crecimiento económico de México, encontramos la existencia de considerables cantidades de aguas residuales no tratadas. El reto en la materia es el de incrementar el tratamiento del agua residual colectada en México más allá del 47.5% actual.

Dentro de las Metas Nacionales planteadas en el propio Plan, la cuarta de ellas denominada México Próspero, establece una serie de estrategias para cumplir el objetivo de Impulsar y orientar un crecimiento verde incluyente y facilitador que preserve nuestro patrimonio natural al mismo tiempo que genere riqueza, competitividad y empleo. La Estrategia 4.4.2 encaminada a lograr un manejo sustentable del agua, así como hacer posible su acceso a todas las personas, delimita como líneas de acción las siguientes:

• Asegurar agua suficiente y de calidad adecuada para garantizar el consumo humano y la seguridad alimentaria.

• Ordenar el uso y aprovechamiento del agua en cuencas y acuíferos afectados por déficit y sobreexplotación, propiciando la sustentabilidad sin limitar el desarrollo.

• Incrementar la cobertura y mejorar la calidad de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento.

• Sanear las aguas residuales con un enfoque integral de cuenca que incorpore a los ecosistemas costeros y marinos.

• Fortalecer el desarrollo y la capacidad técnica y financiera de los organismos operadores para la prestación de mejores servicios.

• Fortalecer el marco jurídico para el sector de agua potable, alcantarillado y saneamiento.

• Reducir los riesgos de fenómenos meteorológicos e hidrometereológicos por inundaciones y atender sus efectos.

• Rehabilitar y ampliar la infraestructura hidroagrícola.

Por su parte, el Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2013-2018, publicado el 12 de diciembre de 2012, reconoce que las emisiones de bióxido de carbono (CO2), la generación de residuos sólidos y la descarga de aguas residuales, así como la disminución en la extensión de bosques y selvas de nuestro país, hacen de nuestra economía una economía ambientalmente no sustentable.

Cabe destacar que las descargas de aguas residuales se clasifican en municipales e industriales. Las municipales corresponden a las que son manejadas en los sistemas de alcantarillado, urbanos y rurales, en tanto que las segundas son aquellas descargadas a los cuerpos receptores de propiedad nacional, como es el caso de la industria autoabastecida.

Con respecto a la infraestructura para tratamiento de agua, se cuenta con 779 plantas potabilizadoras en operación, con capacidad de 96.3 m3/s potabilizados. Asimismo, se cuenta con 4 mil 976 plantas de tratamiento de aguas residuales en operación, de las cuales 2 mil 337 son municipales con capacidad de 111.3 m3/s mil tratados y 2,639 son industriales con capacidad de 65.6 m3/s tratados.

La Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) estima que al 2014 se reusaban directamente (antes de su descarga) 21.8 m3/s de aguas residuales tratadas y que se reusaban indirectamente (después de su descarga) 69.4 m3/s de aguas residuales tratadas. El intercambio de aguas residuales tratadas, en el que sustituyen agua de primer uso, se estima en 8.9 m3/s.

Además, con la infraestructura existente actualmente, el reúso aporta el 7% del abastecimiento para todos los usos del agua en la Cuenca del Valle de México, calculado en 88 m3/s.

Por ello, el reúso del agua genera diversos beneficios, principalmente en materia de costos, ya que reduce las presiones sobre los cuerpos de agua de primer uso y satisface demandas de agua que no exigen calidad potable.

En contraparte, la descarga de aguas residuales sin tratamiento afecta la calidad de los cuerpos de agua, lo cual pone en riesgo la salud de las personas, la integridad de los ecosistemas y la escasez de fuentes de abasto para la población. Según el mencionado Programa “los costos económicos de la contaminación del agua por descargas de aguas residuales no tratadas alcanzaron en 2011, de acuerdo el Inegi, el 0.4 por ciento del PIB de ese año.” Igualmente reconoce que, “aunque el aumento en el volumen de agua residual tratada ha sido importante en los últimos años, resulta todavía insuficiente”.

La Ley de Aguas Nacionales define como “reúso”, la explotación, uso o aprovechamiento de aguas residuales con o sin tratamiento previo. El Programa Nacional Hídrico 2014-2018 reporta que del volumen total de agua tratada, que asciende a 3,146 millones de metros cúbicos, sólo se reúsa el 33%, de los cuales el 7.8% se intercambia por aguas de primer uso, recuperando caudales para usos prioritarios como el público urbano.

Por este motivo, el Programa antes referido establece la siguiente línea de acción:

Objetivo 1. Fortalecer la gestión integrada y sustentable del agua

• Estrategia 1.2. Ordenar la explotación y el aprovechamiento del agua en cuencas y acuíferos

• Línea de acción 1.2.1 Reutilizar todas las aguas residuales tratadas.

Para atender las diversas problemáticas en materia de agua, la CONAGUA cuenta con varios programas en el rubro de agua potable, alcantarillado y saneamiento:

– Programa de Devolución de Derechos. Busca coadyuvar a la realización de acciones de mejoramiento de eficiencia y de infraestructura de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales en municipios, mediante la asignación a los prestadores de los servicios de agua potable y saneamiento de los ingresos federales que se obtengan por la recaudación de los derechos por la explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales.

– Modernización de Organismos Operadores de Agua. Apoya a los prestadores de servicios en la atención a la población, en materia de cobertura y calidad de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento.

– Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas. Cobertura a nivel nacional y está dirigido a localidades con población mayor a 2,500 habitantes, consistiendo su objetivo primordial en apoyar el incremento de la cobertura de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento, mediante la rehabilitación y construcción de infraestructura hidráulica, promover el tratamiento de aguas residuales y apoyar acciones para el desarrollo institucional de los ejecutores.

– Sostenibilidad de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales. Dirigido a comunidades rurales con población menor o igual a 2,500 habitantes, consistiendo su objetivo primordial en apoyar el incremento de la cobertura de los servicios de agua potable y saneamiento, mediante la construcción de infraestructura con la participación de la población beneficiada, a fin de inducir la sostenibilidad de esos servicios.

– Programa Federal de Saneamiento de Aguas Residuales. Otorgar estímulos para el tratamiento de aguas residuales, a favor de todos los contribuyentes, proyectando con esto avanzar en el saneamiento de las aguas nacionales, la reducción de la contaminación, prevenir la incidencia de enfermedades de origen hídrico y contribuir al equilibrio ecológico.

– Agua Limpia (PAL). Incrementar y mantener, mediante la cloración, los niveles de desinfección del agua que se suministra a la población, de modo que reúna condiciones aptas para uso y consumo humano.

– Programa Fondo concursable para el tratamiento de aguas residuales. Incrementar el acceso y calidad del servicio de saneamiento para la población, impulsando el fortalecimiento de los organismos responsables del manejo del servicio.

– Programa para el Desarrollo Integral de Organismos Operadores de Agua Potable y Saneamiento. Apoyar a los organismos operadores en un proceso de transformación a fin de promover la sostenibilidad operativa y financiera mediante acciones de fortalecimiento y el financiamiento de proyectos integrales a corto y mediano plazo que permitan incrementar sus ingresos, reducir sus egresos y hacer un uso eficiente del agua.

Dentro de los programas sujetos a Reglas de Operación, el Programa de Tratamiento de Aguas Residuales (Prosan) tiene como objetivo apoyar financiera y técnicamente a los organismos operadores de los municipios y de las entidades federativas, para el incremento y rehabilitación de su capacidad instalada y para que trate sus aguas residuales cumpliendo con los parámetros establecidos en su permiso de descarga, en la norma oficial mexicana correspondiente.

La población objetivo del Prosan son los Organismos operadores de los municipios y de las entidades federativas del país que requieren incrementar o fortalecer el servicio de saneamiento de aguas residuales de origen municipal.

Los tipos de apoyo que otorga el Prosan son para construcción, ampliación, rehabilitación, puesta en marcha, operación transitoria, así como para estudios y proyectos en plantas de tratamiento de aguas residuales municipales, y otros proyectos complementarios.

También incluye incentivos al tratamiento de aguas residuales, a fin de apoyar a los organismos operadores de los municipios y de las entidades federativas en el tratamiento de las aguas residuales.

Asimismo, de acuerdo con la fracción III del artículo 115 constitucional, los Municipios tienen a su cargo las funciones y servicios de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales.

Para dar cumplimiento a estas obligaciones, la Ley de Coordinación Fiscal establece un Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México, cuyos recursos se determinan anualmente en el Presupuesto de Egresos de la Federación.

En ese sentido, el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en esta Cámara de Diputados, consciente de los retos que como país enfrentamos para garantizar a toda la población el goce efectivo del derecho humano, consagrado en nuestra Constitución Política al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible, propone modificaciones a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y a la Ley de Coordinación Fiscal, con el objeto de obligar a los municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México a establecer mecanismos de índole económico, fiscal o financiero para garantizar el tratamiento y reúso del 100% de sus aguas residuales.

Por lo anteriormente expuesto, las y los Diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente proyecto de

Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y de la Ley de Coordinación Fiscal

Primero.Se adicionan una fracción XI Bis al artículo 3o. y una fracción XVII al artículo 8o., de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente recorriéndose las subsecuentes en su orden, para quedar como sigue:

Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente

Artículo 3o. Para los efectos de esta Ley se entiende por:

I. a XI. ...

XI Bis. Descarga Cero: La acción de verter, infiltrar, depositar o inyectar aguas residuales, libres de sustancias nocivas que permitan su reinserción adecuada en el entorno, a un cuerpo receptor;

XII. a XXXIX. ...

Artículo 8o.Corresponden a los Municipios, de conformidad con lo dispuesto en esta Ley y las leyes locales en la materia, las siguientes facultades:

I. a VI. ...

XVII. Promover la utilización de instrumentos económicos, fiscales y financieros, a fin de lograr la descarga cero de las aguas que se liberen en los sistemas de drenaje y alcantarillado de los centros de población, así como de las aguas nacionales que tengan asignadas;

XVIII. La atención de los demás asuntos que en materia de preservación del equilibrio ecológico y protección al ambiente les conceda esta Ley u otros ordenamientos en concordancia con ella y que no estén otorgados expresamente a la Federación o a los Estados.

Segundo.Se reforma el artículo 37 y se adiciona el artículo 53 de la Ley de Coordinación Fiscal, para quedar como sigue:

Ley de Coordinación Fiscal

Artículo 37. Las aportaciones federales que, con cargo al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, reciban los municipios a través de las entidades y las demarcaciones territoriales por conducto del Distrito Federal, se destinarán a la satisfacción de sus requerimientos, dando prioridad al cumplimiento de sus obligaciones financieras, al pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua, tratamiento y reúso total de las descargas de aguas residuales,la modernización de los sistemas de recaudación locales, mantenimiento de infraestructura, y a la atención de las necesidades directamente vinculadas con la seguridad pública de sus habitantes. Respecto de las aportaciones que reciban con cargo al Fondo a que se refiere este artículo, los municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal tendrán las mismas obligaciones a que se refiere el artículo 33, apartado B, fracción II, incisos a) y c), de esta Ley.

Artículo 53. Las aportaciones que con cargo al Fondo a que se refiere la fracción IV del artículo 25 de esta Ley, en materia de tratamiento y reúso total de descargas de aguas residuales, serán asignadas a aquellos municipios o demarcaciones territoriales, que teniendo infraestructura de tratamiento de aguas residuales, la mantengan en funcionamiento, y se compruebe el gasto correspondiente en dichos objetivos.

Se retendrán dichas aportaciones a aquellos municipios o demarcaciones territoriales que, teniendo la infraestructura para el tratamiento y reúso total de descargas de aguas residuales, no demuestren cumplir con el gasto en la misma y un plan financiero para su operación permanente.

Transitorios

Artículo Primero.El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo Segundo.Para efecto de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 53, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales emitirá un plan técnico con los lineamientos para cada municipio, los cuales deberán cumplirlo, para ser sujetos a los beneficios del fondo de aportaciones para el fortalecimiento de los municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal.

Artículo Tercero.Los ajustes para el cumplimiento de las reglas de operación del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal estarán a cargo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Notas:

1 La resolución 58/217 de la Asamblea General Decenio Internacional para la Acción, “El agua, fuente de vida”, 2005-2015” A/RES/58/217 (9 de febrero de 2004), disponible en:

undocs.org/A/RES/58/217.

2 DOF: 08/04/2014. Programa Nacional Hídrico 2014-2018. http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5339732 &fecha=08/04/2014

3 CONAGUA. Agua Potable, Alcantarillado y saneamiento http://www.conagua.gob.mx/Contenido.aspx?n1=4&n2=24&n3=24

4 DOF: 29/12/2015 REGLAS de Operación para los Programas de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento y Tratamiento de Aguas Residuales a cargo de la Comisión Nacional del Agua, aplicables a partir de 2016. http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5421649&fecha=29/12/2015

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 14 días del mes febrero de 2017.— Diputado Jesús Sesma Suárez(rúbrica).»

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Se turna a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Hacienda y Crédito Público para dictamen.



LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL

La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla:«Iniciativa que adiciona diversas disposiciones a las Leyes del Impuesto Sobre la Renta, y Orgánica de la Administración Pública Federal, a cargo del diputado Jesús Sesma Suárez e integrantes del Grupo Parlamentario del PVEM

Quienes suscriben, diputado Jesús Sesma Suárez y diputados federales del Partido Verde Ecologista de México, en la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 77, numeral 1, y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a la consideración de esta soberanía, la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones a la Ley del Impuesto sobre la Renta, en materia de estímulos fiscales para los contribuyentes que tomen medidas de protección al medio ambiente, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La oferta de recursos naturales es limitada y, en algunos casos, incluso finita. En el caso de México, de acuerdo con el Global Footprint Network la oferta de recursos naturales (biocapacidad) del territorio mexicano ha disminuido en las últimas décadas, al pasar de 3.5 hectáreas globales aproximadamente (GHA) en 1961, a 1.3 hectáreas globales en 2012; mientras que la demanda de recursos naturales de la población, ha mostrado un incremento de poco menos de 2 GHA en 1961, a 2.9 GHA en 2012. Ello implica un déficit ecológico de (-)1.6 GHA.

Gráfica 1. Oferta (biodiversidad) y demanda de recursos naturales en México, 2016 (datos de 2012).

En la actualidad, la creciente actividad económica y la aplicación de procesos productivos complejos afectan directamente al ambiente, y han hecho que México se encuentre en el noveno lugar a nivel mundial en consumo de recursos naturales, al demandar 350 millones de hectáreas globales.

A pesar de que México es uno de los países con mayor biocapacidad, es decir, con mayores recursos naturales; presenta un déficit ecológico exorbitante del 233 por ciento, ello implica que se consumen 200 millones de hectáreas globales más de su capacidad (México cuenta con 150 millones de hectáreas globales). En otras palabras, la demanda sobrepasa la biocapacidad del país.

Es necesario incentivar comportamientos favorables para beneficio del país; así como, para una economía sustentable y para el beneficio del medio ambiente en general. El déficit ecológico que enfrenta el país, es la razón por la cual se propone, la creación de un incentivo fiscal que incida en el comportamiento de las personas, tanto físicas como morales, a fin de que inviertan en la modernización y mejora de sus procesos productivos y de uso común, para disminuir así, su consumo de material biológico o emisión de dióxido de carbono.

En este sentido, fomentar la inversión en el tratamiento y el manejo de los residuos sólidos urbanos, reducir las emisiones de los gases y los compuestos de efecto invernadero, y tratar y sanear las aguas residuales debe ser una prioridad de esta administración.

En este contexto, abordaremos cada uno de estos apartados; así como el impacto que causan en el medio ambiente y el por qué la importancia de implementar mecanismos que promuevan un modo de vida sustentable.

Residuos Sólidos Urbanos

Los residuos sólidos urbanos son los restos de algún producto y a los cuales comúnmente se les conoce como basura. En general, son las porciones que resultan de la descomposición o destrucción de artículos generados en las actividades de extracción, beneficio, transformación, producción, consumo, utilización o tratamiento y cuya condición no permite incluirlo nuevamente en su proceso original de manera directa.

En las últimas cuatro décadas, la generación por habitante de residuos sólidos urbanos se incrementó en 200.

Con lo anterior, se demuestra que los modelos de producción y los patrones de consumo actuales, han abonado en gran parte, a aumentar la crisis ambiental que el planeta sufre hoy.

Tan solo en nuestro país generamos anualmente 41 millones de toneladas de residuos sólidos urbanos, de las cuales, aproximadamente se recolecta el 86 por ciento, y el 14 por ciento restante queda disperso, ya sea depositado en tiraderos clandestinos, en lotes baldíos o áreas verdes, ocasionando problemas de contaminación del agua, aire y suelo, así como, riesgos en materia de salud pública, provocados por la fauna nociva y la emisión de gases tóxicos que la mezcla de residuos genera.

Por otra parte, la mayor generación de los residuos de manejo especial corresponde a los de la construcción y demolición (77 por ciento), seguido de los lodos provenientes de plantas de tratamiento de aguas residuales municipales (18 por ciento), los residuos generados por servicios de transporte (3 por ciento), los residuos que se generan en las unidades médicas (2 por ciento) y, finalmente, los residuos electrónicos que se estima entre 150 mil y 180 mil toneladas al año.

Asimismo, México genera anualmente 8 millones de toneladas de residuos peligrosos, siendo ésta una cifra obsoleta y subvaluada pues data de 1994, enfrentando con ello un rezago de información con respecto a la generación actual de este tipo de desechos que repercute indirectamente en el deterioro ambiental de país; México procesa al año únicamente el 7 por ciento de los residuos peligrosos que genera, pues no cuenta con la tecnología adecuada para tratar o eliminar adecuadamente la totalidad de los mismos.

Paralelamente, en nuestro país existen 465 sitios contaminados por residuos sólidos que no son considerados peligrosos y que son generados en diversos sectores como la industria petrolera, energética, textil, y en el sector agropecuario.

Por si esto fuera poco, el nivel de reciclaje de residuos en nuestro país es mínimo (3.6 por ciento anual), con un promedio de 724 mil toneladas; en comparación con países como Estados Unidos que recicla cerca de 47 millones de toneladas anuales y Alemania con 15 millones.

Emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI)

Los gases de efecto invernadero, son cualquier tipo de material sólido o líquido que se encuentra en suspensión en el aire, que generalmente, provienen de la evaporación de combustibles, la quema incompleta de sustancias orgánicas o del uso de solventes y pinturas.

Existen diversas formas en las que el sector privado puede contribuir para reducir los gases de efecto invernadero en la Ciudad de México.

Una de aquellas consiste en la inversión de nuevos equipos, cuya eficiencia sea mayor; así como el ahorro de energía y su aprovechamiento.

En el Inventario Nacional de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero 1990-2010, se estimaron las emisiones de GEI en 2010 en unidades de bióxido de carbono equivalente (CO2 eq.), las cuales, totalizaron 748 millones de toneladas, lo cual indicó un incremento de 33.4 por ciento con respecto al año base 1990, con una tasa de crecimiento media anual (TCMA) de 1.5 por ciento.

Por su parte, el Inventario mostró los siguientes resultados de las emisiones en 2010:

• Las emisiones per cápita en México fueron de 7.1 tCO2 eq. del total de emisiones nacionales de GEI. En 2009 las emisiones de CO2 per cápita, considerando únicamente las emisiones por consumo de combustibles fósiles, fueron de 3.75 toneladas por habitante, mientras que el promedio mundial fue de 4.1 toneladas de CO2 per cápita (AIE, 2011).

• Las emisiones de CO2 fueron 493,450.6 Gg, que representan una contribución de 65.9 por ciento al total del inventario e indican un incremento de 23.6 por ciento con respecto a 1990. Las emisiones de CO2 en el país provienen principalmente por la quema de combustibles fósiles, y procesos industriales. De las emisiones de CO2 estimadas, cinco de las fuentes pertenecen al consumo de combustibles fósiles de la categoría Energía; éstas aportan 82.1 por ciento del total de CO2 del inventario.

• Las emisiones de CH4 fueron 7,938.9 Gg, lo que representa un incremento de 59.8 por ciento con respecto a 1990. Las principales fuentes de emisión corresponden a las categorías de Desechos, Energía y Agricultura.

• Las emisiones de N2O fueron 223.0 Gg, cifra 23.1 por ciento mayor que la correspondiente a 1990. La principal contribución proviene de los suelos agrícolas con 67.2 por ciento; transporte, 18.2 por ciento; manejo de estiércol, 9.3 por ciento, y tratamiento y eliminación de aguas residuales, 2.8 por ciento. En conjunto representan 97.5 por ciento de las emisiones de N2O en 2010. Las emisiones de suelos agrícolas provienen primordialmente del manejo de excretas y el uso de fertilizantes nitrogenados.

• Las emisiones de HFC provienen principalmente de los equipos de refrigeración y aire acondicionado que contienen esta familia de gases como agente refrigerante y en los paneles aislantes. En 2010, las emisiones de HFC totalizaron 18,692.3 Gg de CO2 eq., lo que representa un incremento de 2,307 por ciento con respecto a 1990. Dicho incremento es reflejo de un mayor uso de HFC en refrigeradores y aires acondicionados de industrias, viviendas y automóviles, en sustitución de los CFC controlados por el Protocolo de Montreal y cuyo uso está restringido en el mundo.

Los sectores con mayor contribución porcentual de emisiones de CO2 en 2010, de conformidad con la gráfica a continuación mostrada son: transporte (31.1 por ciento), generación eléctrica (23.3 por ciento), manufactura y construcción (11.4 por ciento), consumo propio de la industria energética (9.6 por ciento), conversión de bosques y pastizales (9.2 por ciento) y; otros (comercial, residencial y agropecuario) con (6.7 por ciento).

Cabe destacar que el consumo propio es el cuarto lugar de generación de bióxido de carbono.

De ahí la importancia de incentivar la modernización e inversión en infraestructura, la cual proteja al medio ambiente, no sólo para empresas e industria, sino también para personas físicas.

Aguas Residuales

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) considera como aguas residuales, aquellas aguas, de composición variada, provenientes de las descargas de usos público urbano, doméstico, industrial, comercial, de servicios, agrícola, pecuario, de las plantas de tratamiento y en general de cualquier otro uso, así como la mezcla de ellas.

La Agencia de Cooperación Internacional de Japón (JICA, por sus siglas en inglés) en coordinación con la Comisión Nacional del Agua (Conagua), dieron a conocer, a través de un “Manual de sistemas de tratamiento de aguas residuales utilizados en Japón”, dos alternativas o procesos de tratamiento de aguas residuales municipales que pueden contribuir al saneamiento de comunidades menores a 2 mil 500 habitantes; ya que, de acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2010 del Inegi, la cobertura promedio a nivel nacional del servicio de agua potable fue del 90.9 por ciento; sin embargo, en cuanto al alcantarillado, la cobertura nacional promedio fue del 89.6 por ciento, que corresponde al 96.27 por ciento en las zonas urbanas y 67.7 por ciento en las zonas rurales; lo que significa que 17.499 millones de habitantes en zonas rurales tienen este servicio: 10.43millones de habitantes descargan a fosas sépticas (40.4 por ciento de la población rural), y 7.06 millones de habitantes (27.3 por ciento) descargan a redes de alcantarillado. De la población rural 8.34 millones (32.3 por ciento de la población) no cuenta con servicio alguno de saneamiento.

Sin embargo, el saneamiento que se emplea en la población rural, considera la construcción de fosas sépticas secas o húmedas unifamiliares y/o comunales, las cuales, en el caso de las fosas húmedas, con frecuencia no tienen tratamiento posterior y el efluente escurre hacia pequeñas parcelas o zonas de infiltración natural y, en muchos casos, termina por descargarse en arroyos u otros cuerpos receptores naturales donde origina diversos problemas y malos olores: situación que requiere ser solventada dentro de los planes de saneamiento para lograr la recolección, transporte del agua residual y el tratamiento tanto de ésta como de los subproductos generados, de forma que su evacuación produzca el mínimo impacto en el medio ambiente.

La población rural que cuenta con red de alcantarillado, usualmente, descarga las aguas residuales, a hondonadas o accidentes topográficos naturales, donde el agua se infiltra, evapora y/o escurre, causando malos olores y la presencia de vectores dañinos; así como también, en diversos cuerpos de agua naturales, donde se produce contaminación y limita los usos del agua, convirtiendo los cuerpos de agua en una fuente de enfermedades gastrointestinales.

No obstante, la población rural no es la única que sufre por la falta de tratamiento de aguas residuales; ya que, de acuerdo al estudio “Situación del Subsector Agua Potable, Drenaje y Saneamiento (2014)”, realizado por Conagua, estima que para el año 2025, el 80 por ciento de la población mundial vivirá bajo condiciones de alta y muy alta escasez de recursos hídricos. En México, el incremento en la población hará que la disponibilidad natural media anual per cápita de agua, disminuya de 4 mil 090 metros cúbicos en el año 2010 a 3 mil 815 en el 2030; es decir, se reducirá en 6.7 por ciento.

Actualmente, la desigual distribución natural del territorio y contaminación del agua, ya genera conflictos sociales en todos los niveles: entre comunidades, municipios y entidades federativas.

La Conagua cuenta con programas para el tratamiento de aguas residuales; así como, para la inversión en alcantarillado y saneamiento. Sin embargo, podemos ver, que la cobertura de tratamiento no es suficiente y que el monto de inversión en saneamiento ha disminuido de 15 mil 900 millones de pesos a 7 mil 400 millones de pesos; es decir alrededor de la mitad.

Por lo anterior, es necesario contar con más alternativas de procesos de tratamiento de bajo costo de inversión, operación y mantenimiento, lo que permitirá ampliar la cobertura del servicio de tratamiento de aguas residuales y con ello, el acceso al agua.

Consideraciones

Ante la exposición de la problemática del país en términos ambientales, el Partido Verde Ecologista de México, propone un estímulo fiscal para promover e impulsar la infraestructura que favorezca y proteja al medio ambiente. Dicho estímulo, tiene sustento en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 (PND).

El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 (PND), se concibió bajo cuatro estrategias, para fortalecer la política nacional sobre cambio climático y cuidado del medio ambiente; para implementar un manejo sustentable del agua; para implementar una política integral de desarrollo que vincule la sustentabilidad ambiental con costos y beneficios para la sociedad; y para proteger el patrimonio natural.

En este sentido, el PND estipula (página 86):

“(...) se necesita hacer del cuidado del medio ambiente una fuente de beneficios palpable. Es decir, los incentivos económicos de las empresas y la sociedad deben contribuir a alcanzar un equilibrio entre la conservación de la biodiversidad, el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales y el desarrollo de actividades productivas (...)”

La Meta Nacional VI, México Próspero, del PND es alcanzar el Objetivo Nacional 4, el cual es impulsar y orientar un crecimiento verde incluyente y facilitador para preservar nuestro patrimonio natural y al mismo tiempo genere riqueza, competitividad y empleo, mediante la implementación de una política integral de desarrollo que vincule la sustentabilidad ambiental con costos y beneficios para la sociedad (Estrategia 4.1), que se basa, entre otras, en las siguientes líneas de acción:

• Promover el uso y consumo de productos amigables con el medio ambiente y de tecnologías limpias, eficientes y de bajo carbono; y,

• Establecer una política fiscal que fomente la rentabilidad y competitividad ambiental de nuestros productos y servicios.

La iniciativa también es acorde a lo establecido en el Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2014-2018. El Objetivo Sectorial 1, estipula promover y facilitar el crecimiento sostenido y sustentable de bajo carbono con equidad y socialmente incluyente; prevé para su cumplimiento llevar a cabo la Estrategia 1.6, la cual se basa en promover instrumentos innovadores de financiamiento económico, tanto nacionales como internacionales, para apoyar el quehacer del sector ambiental, que incluye la Línea de Acción 1.6.1

La Línea de Acción 1.6.1, estipula la elaboración de propuestas de instrumentos económicos que otorguen incentivos fiscales a acciones de conservación, restauración y aprovechamiento de recursos naturales y medio ambiente.

Debido a la importancia de llevar a cabo el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, el Programa Nacional de Auditoría Ambiental (PNAA) contribuye para mejorar el desempeño ambiental de las instalaciones empresariales, por lo que, expide tres tipos de certificados: Industria Limpia; Calidad Ambiental y; calidad Ambiental Turística. El PNAA tiene como finalidad, no solo de ayudarse a garantizar el cumplimiento efectivo de la legislación, sino mejorar la eficiencia de los procesos de producción, desempeño ambiental y competitividad.

Gráfica 7. Programa Nacional de Auditoría Ambiental.

Sin embargo, dicho programa no es suficiente; ya que, no estimula fiscalmente, la modernización e inversión en infraestructura que proteja al medio ambiente. Por lo que es necesario, un mecanismo que permita atraer tecnología renovable y sustentable.

Propuesta

La propuesta es a su vez armónica con otras disposiciones, como la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, en la cual, se fundamenta la posibilidad de utilizar instrumentos económicos que incentiven el cumplimiento de los objetivos de la política ambiental, específicamente, la fracción III del artículo 21, misma que establece:

“Otorgar incentivos a quien realice acciones para la protección, preservación o restauración del equilibrio ecológico. Asimismo, deberán procurar que quienes dañen el ambiente, hagan un uso indebido de recursos naturales o alteren los ecosistemas, asuman los costos respectivos;”

Por su parte, el artículo 22 de la misma Ley, define como instrumentos económicos de carácter fiscal, a los estímulos fiscales que, incentiven el cumplimiento de los objetivos de la política ambiental. En este sentido, el incentivo propuesto por la Iniciativa cabe dentro del marco legal establecido.

Estimación del Impacto Presupuestario

El sistema tributario es el principal instrumento con que cuenta el Estado para obtener recursos para financiar el gasto público y así, proveer a la sociedad los bienes y servicios que valora y demanda. Sin embargo, este sistema no sólo se utiliza como un instrumento de recaudación, sino que a través de la estructura impositiva también se persiguen otros objetivos, como disminuir la desigualdad en la distribución del ingreso, mejorar el bienestar de los individuos de ciertos grupos, fomentar la inversión y la generación de empleos, así como, en este caso, incentivar la inversión para proteger el medio ambiente y los recursos naturales del país.

El concepto de gastos fiscales, se refiere a los apoyos indirectos, generalmente autoaplicativos, otorgados a sectores de la economía o de contribuyentes, mediante el sistema tributario. Así, los gastos fiscales no implican una erogación de recursos o ingresos previamente obtenidos, sino que permiten a los contribuyentes beneficiarios disminuir, evitar o diferir el pago de impuestos. Conforme a ello, los gastos fiscales se originan por la existencia de tratamientos que se desvían de la estructura “normal” de cada uno de los impuestos, por lo que la determinación de los gastos fiscales implica, primero, identificar dichos tratamientos.

En este sentido, para estimar los gastos fiscales que podrían derivar de la implementación de la Iniciativa, se requiere información que no está disponible, como el monto del ISR pagado, por las empresas/personas susceptibles de ser beneficiarias. Adicionalmente, los gastos fiscales dependerán de la demanda por el beneficio ofrecido, que no puede conocerse a priori por su naturaleza voluntaria. Será necesario contar con el apoyo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para estimar los efectos específicos de la implementación de la Iniciativa.

Derivado de las limitaciones de información expuestas anteriormente, se propone establecer un límite máximo sobre estos gastos fiscales, el cual asciende a un precio máximo de deducción del 30 por ciento, el cual dependerá del monto de inversión y proyecto o medida de protección al medio ambiente.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), con fundamento en los artículos 24, 59 y 78 de la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, y como parte de los productos del Sistema de Cuentas Nacionales de México (SCNM), presenta los resultados más recientes de las Cuentas Económicas y Ecológicas de México (comúnmente conocidas como SCEEM).

En los últimos resultados presentados por el Inegi de las Cuentas Nacionales, encontramos que el Gasto en Protección Ambiental es de 147 mil 666 millones de pesos, es decir, el 0.9 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) 2014. En contraste, el Costo Total por Agotamiento y Degradación Ambiental, fue de 910 mil 906 millones de pesos, el equivalente al 5.3 por ciento del PIB 2014.

Proteger al medio ambiente, contribuye, directamente, en la disminución de los costos nacionales por la degradación y agotamiento de los recursos naturales, que, a su vez, favorece las cuentas nacionales.

En este sentido, para el funcionamiento de los cambios que se pretenden realizar, los promoventes señalan que la Secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), será la encargada de realizar las funciones y trámites correspondientes para el otorgamiento de los estímulos fiscales, esto mediante la creación de una nueva dirección general.

La nueva Dirección General deberá contar con los recursos presupuestales suficientes para la realización de dichas funciones. Ante la escasa información para calcular el monto de estos recursos, se hizo un estimado con base en información recabada del Presupuesto de Egresos de la Federación sobre lo que se destina actualmente a una dirección general dentro de la misma Semarnat.

Se optó por hacer el análisis de la Dirección General de Fomento Ambiental, Urbano y Turístico (DGFAUT), así como de la Dirección General de Sector Primario y Recursos Naturales Renovables (DGSPRNR), debido a que ambas están encargadas de fomentar acciones en pro del medio ambiente.

Durante los últimos seis años, el presupuesto asignado a estas Direcciones Generales para llevar a cabo su operación ha sido el que muestra la siguiente gráfica.

Gráfica 9. Gasto destinado a la Dirección General de Fomento Ambiental, Urbano y Turístico y a la Dirección General de Sector Primario y Recursos Naturales Renovables de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales 2011-2016

(Cifras en millones de pesos de 2016)

Fuente: Elaboración propia con datos del Presupuesto modificado 2011-2016 de la Dirección General de Programación y Presupuesto de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Durante los últimos seis años, el promedio de presupuesto asignado a la referida Dirección General de Fomento Ambiental, Urbano y Turístico asciende a 14.3 millones de pesos, mientras que el asignado a la Dirección

General de Sector Primario y Recursos Naturales Renovables a 15.8 millones de pesos. Independientemente de los cálculos desarrollados para el otorgamiento de los estímulos fiscales, se estima un impacto presupuestario anual de implementar la creación de una nueva Dirección General por un monto de alrededor de entre 14 y 16 millones de pesos anuales; sin embargo, dicho gasto originará beneficios al medio ambiente.

Es importante señalar, que a esta estimación de impacto presupuestario anual deberán sumarse los costos administrativos derivados de las inspecciones y auditorías que se deberán realizar por parte del personal de la nueva Dirección General que, por la poca información con que se cuenta, de momento no se pueden estimar.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a consideración del Pleno el presente proyecto con carácter de

Decreto por el que se adicionan diversas disposiciones a la Ley del Impuesto sobre la Renta y de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en materia de estímulos fiscales para los contribuyentes que tomen medidas de protección al medio ambiente

Primero. Se adicionan diversas fracciones a los artículos 25, 27, 34 y 36 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, para quedar como a continuación se indica:

Capítulo IIDe las deducciones

Sección IDe las deducciones en general

Artículo 25. Los contribuyentes podrán efectuar las deducciones siguientes:

I a IV ...

V. Infraestructura que beneficie al medio ambiente, en los términos del Capítulo VIII del Título VII de la presente ley.

...

Artículo 27. Las deducciones autorizadas en este Título deberán reunir los siguientes requisitos:

I. Ser estrictamente indispensables para los fines de la actividad del contribuyente, salvo que se trate de donativos no onerosos ni remunerativos, que satisfagan los requisitos previstos en esta Ley y en las reglas generales que para el efecto establezca el Servicio de Administración Tributaria y que se otorguen en los siguientes casos:

a) a f) ...

g) A los contribuyentes a los cuales alude el Capítulo VIII del Título VII de la presente Ley.

II. Que cuando esta Ley permita la deducción de inversiones , se procederá con base en los términos de la Sección II de este Capítulo y/o en los del Capítulo VIII del Título VII.

...

Artículo 34. Los por cientos máximos autorizados, tratándose de activos fijos por tipo de bien son los siguientes:

I. Tratándose de construcciones:

a)...

b) 30 por ciento para aquellas medidas cuya finalidad sea la protección al medio ambiente, en los términos del Capítulo VIII, del Título VII, de esta Ley.

(Se recorren los demás incisos en su mismo orden)

II...

Artículo 36. La deducción de las inversiones se sujetará a las reglas siguientes:

Las adaptaciones a las instalaciones se considerarán inversiones siempre que impliquen adiciones o mejoras al activo fijo.

En ningún caso se considerarán inversiones los gastos por concepto de conservación, mantenimiento y reparación, que se eroguen con el objeto de mantener el bien de que se trate en condiciones de operación, salvo aquellas a las cuales hace referencia las medidas de protección al medio ambiente, en los términos del Capítulo VIII del Título VII de la presente Ley.

Segundo. Se adiciona, dentro del Título VII, de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, un Capítulo VIII, denominado, “Medidas de Protección al Medio Ambiente”, para quedar como a continuación se aprecia:

Título VIIDe los estímulos fiscales

..

Capítulo VIIIMedidas de protección al medio ambiente

Artículo 196. Se otorgará una deducción al impuesto sobre la renta los contribuyentes que así lo soliciten y desarrollen infraestructura cuya finalidad sea la protección al medio ambiente que superen las disposiciones establecidas por la norma ambiental y las normas oficiales mexicanas, consistentes en:

I. Tratamiento de residuos sólidos y su manejo, valorización y disposición final;

II. Reducción de emisiones de de gases y compuestos de efecto invernadero;

III. Descargas, tratamiento y saneamiento de aguas residuales y;

IV. Infraestructura diversa cuya finalidad primordial sea la reducción de la huella de carbono que la industria en cuestión produzca.

Artículo 197. Para la aplicación del estímulo fiscal a que se refiere el presente capítulo, deberá atenderse a lo siguiente:

I. La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, publicará a más tardar el último día de febrero de cada ejercicio fiscal, los contribuyentes beneficiarios del estímulo distribuido durante el ejercicio anterior, así como las medidas de protección por las cuales fueron merecedores de este beneficio.

II. Los contribuyentes podrán ser personas físicas o morales.

III. Los contribuyentes, quienes deseen ser acreedores del beneficio fiscal, deberán someter las medidas de protección al medio ambiente, ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

IV. La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, emitirá la valoración y aprobación cuya finalidad será tener la calidad de beneficiario de la deducción del impuesto sobre la renta. Para ello, la Secretaría atenderá cada caso en lo particular, que demuestre una inversión en la infraestructura, sea en construcción y/o mejora, que efectivamente asegure una medida de protección al medio ambiente de las descritas en el anterior artículo 196.

V. La Secretaria de Hacienda y Crédito Público, una vez demostrado el cumplimiento de protección al medio ambiente de la construcción o mejora, procederá, sino hubiese imposición de derecho contraria, a otorgar la deducción.

VI. La deducción, no excederá del 30 por ciento del monto de lo invertido, ni será acumulable con ninguna otra.

Tercero.Se modifica el artículo 32 Bis, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, para quedar como sigue:

Artículo 32 Bis.A la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, corresponde el despacho de los siguientes asuntos:

I a X ...

XI. Evaluar y dictaminar las manifestaciones de impacto ambiental de proyectos de desarrollo que le presenten los sectores público, social y privado; resolver sobre los estudios de riesgo ambiental, así como sobre los programas para la prevención de accidentes con incidencia ecológica. Además, valorará y determinará, en el contexto medioambiental, cuál es la infraestructura o mejora que será merecedora a las deducciones al impuesto sobre la renta, por medidas de protección al medio ambiente, bajo lo estipulado en la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Transitorios

Primero.- El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.- En el Paquete Económico para el Ejercicio Fiscal 2017 y en los subsecuentes, se incluirán las previsiones necesarias para garantizar el cumplimiento del presente decreto.

Tercero.- El Congreso de la Unión y las autoridades ejecutivas competentes, para efectos de sistematizar el presente Decreto y hacer efectivos los estímulos fiscales, deberán adecuar y publicar las normas y reglamentos correspondientes, a más tardar en un lapso de doce meses, a partir de la publicación del presente Decreto.

Notas:

1 http://www.footprintnetwork.org/ecological_footprint_nations/

2 http://www.footprintnetwork.org/ecological_footprint_nations/ecological.html

3 Guía técnica 19.Administración de los residuos sólidos en el municipio. Instituto Nacional de Administración Pública IIJ

4 http://www.aire.cdmx.gob.mx/default.php?opc= por ciento27Y6 BhnmKkYw== por ciento27

5 http://www.inecc.gob.mx/descargas/cclimatico/inf_inegei_public_ 2010.pdf

6 http://www.inecc.gob.mx/descargas/cclimatico/inf_inegei_public_ 2010.pdf

7 http://www.conagua.gob.mx/CONAGUA07/Noticias/SGAPDS-3-13.pdf

8 http://www.conagua.gob.mx/CONAGUA07/Publicaciones/Publicaciones/SGAPDS-6-14.pdf

9 http://pnd.gob.mx/

10 http://www.profepa.gob.mx/innovaportal/file/26/1/brochure.pdf

11 http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/cn/ee/

12 PIB 2014 =17 billones 209 mil 663 millones de pesos.

13 Cifras preliminares

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de febrero de 2017.— Diputado Jesús Sesma Suárez (rúbrica).»

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Se turna a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Gobernación para dictamen.



LEY GENERAL DE DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE

La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla:«Iniciativa que reforma y adiciona los artículos 117 y 143 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, suscrita por el diputado Jesús Sesma Suárez, el senador Carlos Alberto Puente Salas e integrantes del Grupo Parlamentario del PVEM

Quien suscribe, diputado Jesús Sesma Suárez, en nombre de los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, y 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto, por el que se adiciona el artículo 117 y se reforma el 143 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

México cuenta con 138 millones de hectáreas (ha) con vegetación forestal, equivalentes a 70 por ciento del territorio nacional. Los principales ecosistemas que componen esta superficie son: los matorrales xerófilos (41.2 por ciento), los bosques templados (24.24 por ciento), las selvas (21.7 por ciento), manglares y otros tipos de asociaciones de vegetación forestal (1.06 por ciento) y otras áreas forestales (11.8 por ciento).

A fin de propiciar el desarrollo forestal sustentable, regular y fomentar la conservación, protección, restauración, producción, ordenación, manejo y aprovechamiento de los ecosistemas forestales del país y sus recursos, se expidió la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable.

Dicho ordenamiento establece valiosos instrumentos de política forestal, como I. La Planeación del Desarrollo Forestal; II. El Sistema Nacional de Información Forestal; III. El Inventario Nacional Forestal y de Suelos; IV. La Zonificación Forestal; V. El Registro Forestal Nacional; VI. Las Normas Oficiales Mexicanas en materia Forestal; VII. El Sistema Nacional de Gestión Forestal; y VIII. Estudio Satelital anual del Índice de Cobertura Forestal.

Lamentablemente, pese a estas herramientas y las acciones en materia de medios de control, vigilancia y sanción forestales, diariamente la riqueza forestal se ve reducida de forma alarmante en razón de las siguientes amenazas: a nivel de ecosistema, destrucción del hábitat, deforestación, agricultura, ganadería, erosión, incendios forestales y cambio de uso de suelo en terreno forestal; y a nivel de especies, sobreexplotación y comercio ilegal e irracional de especies. Esta situación atenta contra el equilibrio ecológico y el derecho que tiene toda persona a un medio ambiente sano.

Los bosques de todo el mundo se encuentran amenazados por la sobreexplotación y la tala ilegal, así como por el cambio de uso de suelo que se da para realizar actividades agropecuarias, industriales y mineras; como resultado de la expansión urbana, el desarrollo de infraestructura de comunicaciones y turística; el aprovechamiento de hidrocarburos y la generación energética, entre otros.

Aunado a la pérdida de biodiversidad, se estima que 15 por ciento de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero son resultado de la pérdida de masa forestal.

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) refiere que entre los años 1990 a 2015 el área forestal ha disminuido 3.999 millones de hectáreas (ha), lo que representa un cambio de 31.6 por ciento de la superficie mundial de las tierras en 1990 al 30.6 por ciento en 2015.

Los bosques producen la mayor parte de los productos forestales mundiales y diversos servicios ecológicos y ambientales tales como la purificación del agua y el control de la erosión. Los bosques también funcionan como sumideros y fuentes de carbono y los cambios en su superficie pueden reflejar alteraciones que afectan su capacidad de proporcionar bienes y servicios que son importantes a escala mundial, incluyendo el empleo, los productos de la madera, los productos forestales no maderables y los servicios no ligados a la madera.

De acuerdo con la Evaluación de los recursos forestales mundiales de 2015, de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), en los últimos 25 años, el área de bosques se ha contraído 3.1 por ciento, pasando de 4 mil 100 millones a un poco menos de 4 mil millones de hectáreas. Entre los periodos 1990-2000 y 2010-2015, la tasa de pérdida neta del área total de bosque se ha ido reduciendo en más de 50 por ciento. Esto es el producto combinado de la reducción de la pérdida neta forestal en algunos países y del aumento de los incrementos en otros.

Al parecer, el cambio neto en el área de bosques ha registrado una estabilización en los últimos diez años. Los diez principales países que albergan bosques representan alrededor del 67 por ciento del área de bosque mundial. La mayor proporción de los bosques del mundo se encuentra en los países de altos ingresos, seguidos por los de ingresos medianos-altos, medianos-bajos y bajos. Esto también es aplicable al área de bosque natural y bosque plantado.

Nos permitimos mencionar algunos efectos negativos que genera el cambio de uso de suelo en terrenos forestales:

1. La disminución de la productividad del suelo por erosión;

2. La salinización y compactación;

3. La pérdida de materia orgánica;

4. La retención hídrica y de actividad biológica;

5. Alteraciones en el ciclo del agua;

6. Pérdida de biodiversidad, incluyendo especies polinizadoras; y

7. Destrucción de cadenas alimentarias.

En materia de pérdida de masa forestal por cambio de uso de suelo por concepto de agricultura, la FAO indicó que, según algunas estimaciones, la expansión agrícola es la causa inmediata de aproximadamente 80 por ciento de la deforestación a nivel mundial. Añade que un análisis de datos nacionales de 46 países tropicales y subtropicales que representan aproximadamente 78 por ciento de la superficie forestal de estas regiones, reveló que la agricultura comercial a gran escala es el factor de la deforestación con mayor prevalencia, ya que causa 40 por ciento de ella.

La agricultura de subsistencia local provoca un estimado de 33 por ciento de la deforestación; la expansión urbana, 10 por ciento; la infraestructura, otro 10 por ciento; y la minería, 7 por ciento. Igualmente, se menciona que, en algunos casos, al cambio del uso de la tierra le precedió una degradación forestal causada, por ejemplo, por una extracción de madera insostenible o ilegal.

Asimismo, menciona que sobre América Latina la agricultura comercial generó casi 70 por ciento de la deforestación en el periodo 2000-2010.

Respecto a la deforestación por cambio de uso de suelo en materia de ganaderia, la FAO indica que constituye una preocupación particular en los bosques tropicales, que albergan gran parte de la biodiversidad mundial. Por ejemplo, en el Amazonas cerca del 17 por ciento del bosque tropical se ha perdido en los últimos 50 años, principalmente debido a la conversión forestal para uso ganadero.

Por otro lado, la FAO ha destacado que tratándose únicamente de uso gandero, en los últimos 25 años se ha deforestado una superficie boscosa equivalente al territorio de India. Destaca además que esta práctica causa impactos ambientales que incluyen la pérdida y degradación de la biodiversidad, y la liberación de miles de millones de toneladas de bióxido de carbono a la atmósfera, entre otros.

La misma FAO exhorta a los países del mundo a contruir politicas eficaces para desalentar la expansión de la ganadería en las zonas boscosas y promover sistemas sustentables de pastoreo que frenen el ciclo de degradación y abandono de los bosques afectados.

El panorama en el país respecto a la pérdida de cobertura forestal no es muy diferente a la problemática internacional descrita. A pesar de que la FAO reporta en 2015 que México está en el grupo de 23 países que han mantenido o incrementado la superficie forestal y han mejorado la seguridad alimentaria durante el periodo 1990-2015, también se ha reportado que entre 1990 y 2010 México perdió un promedio de 274 mil 450 hectáreas anuales, o 0.39 por ciento de cobertura vegetal. En todo el periodo se perdieron 5 millones 489 mil hectáreas (7.8 por ciento).

Como resultado de lo anterior se estableció en el Inventario Nacional Forestal y de Suelos 2004-2012 que México cuenta con 138 millones de hectáreas (ha) con vegetación forestal, equivalente a 70 por ciento del territorio nacional. Asimismo, se señaló que 49.48 por ciento del territorio del país conserva su vegetación primaria.

Los bosques mesófilos de montaña abarcan más de 1.7 millones de ha, los manglares ocupan una superficie de 887 mil ha y la vegetación comprendida en la categoría de otras asociaciones (palmares, sabana, selva de galería, entre otros) es de 575 mil ha de la superficie forestal del país.

La extensión de estas formaciones vegetales, constituyen ecosistemas sumamente importantes desde el punto de vista de su biodiversidad, las altas tasas de captura de carbono y su capacidad de amortiguamiento ante eventos hidrometeorológicos, entre otros aspectos relevantes.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) publicó en su edición más reciente de las Cuentas Económicas y Ecológicas de México que en 2014 los costos totales por agotamiento y degradación ambiental en nuestro país sumaron 910 mil 906 millones de pesos, que representaron 5.3 por ciento del producto interno bruto (PIB). De dicha cantidad, el agotamiento de recursos forestales sumó 14 mil 777 millones de pesos, es decir, 0.1 por ciento del PIB.

El costo por agotamiento de los activos forestales es resultado de las actividades silvícolas no sustentables, la tala clandestina, los incendios y el avance de la frontera agropecuaria. Para el periodo 2003-2014 dicho costo registró una disminución promedio anual de 2 por ciento nominal, como consecuencia tanto del crecimiento natural de los bosques como de la reforestación.

Así, de acuerdo con el Inventario Nacional de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero 1990-2010, la categoría de uso del suelo, cambio de uso del suelo y silvicultura contribuye con 6.3 por ciento de las emisiones del país. Sin embargo, en esta estimación no se incluyen los aprovechamientos no autorizados (tala ilegal) por falta de información oficial.

Por su parte, el Anuario estadístico de la producción forestal de 2013 establece que, en cuanto al periodo 2009-2013, la superficie más afectada se localiza en 2012, sobre todo en el sector minero. Para 2013, la superficie afectada se incrementó en 34.1 por ciento respecto a 2009, como se constata en la siguiente gráfica:

Fuente: Dirección General de Gestión Forestal y de Suelos de la Semarnat.

Los ecosistemas más afectados por los cambios de uso de suelo autorizados en 2013, fueron las zonas áridas (65.0 por ciento), donde abundan los matorrales principalmente y que se localizan en la zona centro y norte del país, seguido por selvas (22.0 por ciento) y bosques (13.0 por ciento).

En el país, el marco legal que regula el cambio de uso de suelo en terrenos forestales es la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable (LGDFS) y éste se define como la remoción total o parcial de la vegetación de los terrenos forestales para destinarlos a actividades no forestales, tales como carreteras, líneas de distribución y subestaciones eléctricas, desarrollos turísticos y habitacionales, proyectos mineros, caminos de acceso, actividades agrícolas, silvícolas, entre otros.

A fin de lograr una auténtica conservación, protección, restauración, manejo y aprovechamiento de los ecosistemas forestales del país es que la presente iniciativa busca prohibir expresamente las autorizaciones por concepto de cambio de uso de suelo de terrenos forestales para realizar cualquier actividad ajena a su vocación natural.

En ese orden de ideas, a efecto de privilegiar los derechos humanos a un medio ambiente sano y la protección a la salud consagrados con el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, asimismo, con el ánimo contribuir a las medidas necesarias para asegurar la adecuada provisión de los recursos forestales, a efecto de preservar y restaurar el equilibrio ecológico de conformidad con el artículo 27 del mismo ordenamiento, resulta necesario establecer los criterios de excepción del cambio de uso de suelo de los terrenos forestales a que se refiere la LGDFS.

Así, la presente iniciativa busca prohibir expresamente las autorizaciones por concepto de cambio de uso de suelo de terrenos forestales para realizar cualquier actividad ajena a su vocación natural. El objeto de la presente iniciativa es establecer los criterios de excepción para otorgar el cambio de uso de suelo de los terrenos forestales para realizar acciones diferentes a su vocación original, a fin de proteger la masa forestal del país, conservar los servicios ambientales que brindan los recursos forestales y garantizar el derecho de todo ser humano a contar con un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar.

Lo anterior, en congruencia con los compromisos de Mitigación y Adaptación ante el Cambio Climático para el Periodo 2020-2030, asumidos por el Gobierno Federal ante las Naciones Unidas. Entre ellos destaca como medida de adaptación el alcanzar en el año 2030 una tasa cero de deforestación, así como restaurar bosques y ecosistemas con alto potencial de captura de carbono como manglares y pastos marinos.

Para ello se debe reconocer que esta prohibición no podría ser absoluta, pues siempre existirán casos en que los cambios de uso de suelo resultan inevitables, por la necesidad de llevar a cabo obras y actividades indispensables que suponen mayores beneficios para la colectividad que los impactos ambientales derivados de “la remoción total o parcial de la vegetación de los terrenos forestales para destinarlos a actividades no forestales”, en los términos de la definición de cambio de uso de suelo en terreno forestal que establece la fracción V del artículo 7 de la LGDFS.

Mediante la presente iniciativa se propone fortalecer el régimen excepcional para la autorización de cambios de uso de suelo vigente, haciéndolo aún más rígido.

Se propone transitar de un régimen de excepcionalidad que parte de la verificación de que el otorgamiento de una autorización de cambio de uso de suelo en terrenos forestales no comprometerá el equilibrio ecológico de los ecosistemas forestales y los servicios ambientales inherentes.

Por lo expuesto se somete a consideración de este órgano legislativo la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se adiciona el artículo 117 y se reforma el 143 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable

Único.Se adiciona el artículo 117 y se reforma el 143 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, para quedar como sigue:

Ley General de Desarrollo Forestal

Artículo 117.La Secretaría sólo podrá autorizar el cambio de uso del suelo en terrenos forestales, por excepción, previa opinión técnica de los miembros del consejo estatal forestal de que se trate y con base en los estudios técnicos justificativos que demuestren que no se compromete la biodiversidad, ni se provocará la erosión de los suelos, el deterioro de la calidad del agua o la disminución en su captación; y que los usos alternativos del suelo que se propongan sean más productivos a largo plazo. Estos estudios se deberán considerar en conjunto y no de manera aislada.

El carácter excepcional del cambio de uso de suelo forestal atenderá a los siguientes criterios:

I. Contribuir al desarrollo social, económico, ecológico y ambiental del país;

II. Impulsar la silvicultura y el aprovechamiento sustentable de los recursos forestales;

III. Respetar el derecho al uso y disfrute preferente de los recursos forestales de los lugares que ocupan y habitan las comunidades indígenas;

IV. Contribuir al desarrollo económico y aprovechamiento sustentable de los sujetos de derecho agrario, así como al sector agrícola;

Impulsar actividades agropecuarias que cuenten con acciones de manejo sustentable de tierras;

V. Contribuir a un servicio u obra pública indispensables para el Estado.

...

...

...

...

...

...

Artículo 143.El Fondo Forestal Mexicano se podrá integrar con

I. a IX. ...

Los recursos que el Fondo Forestal Mexicano obtenga por el cobro de bienes y servicios ambientales se entregarán directamente a los proveedores de dichos servicios y una parte se destinará a cubrir los costos de esta operación. Los recursos obtenidos por concepto de compensación ambiental para actividades de reforestación o restauración y su mantenimiento podrán también ser utilizados para el cumplimiento de los objetivos generales y específicos de la presente ley.

...

Transitorios

Primero.El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Los permisos o las autorizaciones otorgados con anterioridad a la fecha de entrada a vigor del presente instrumento subsistirán hasta el término de su vigencia.

Tercero. Las solicitudes de permiso o autorizaciones de cambio de uso de suelo que fueron iniciadas con anterioridad a su entrada en vigor, se tramitarán y resolverán conforme a las disposiciones vigentes en el momento en que se hayan iniciado.

Cuarto.El Ejecutivo publicará en un término de noventa días posteriores a la entrada en vigor del presente decreto las modificaciones necesarias al Reglamento de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, a fin de actualizar lo conceptuado en el artículo 121 referente a los estudios técnicos justificativos a que hace referencia el artículo 117 del presente decreto, con objeto de que las justificaciones técnicas, económicas y sociales demuestren la autorización excepcional del cambio de uso del suelo, así como un análisis de costo-beneficio a 20 años de las acciones que se pretendan ejecutar.

Notas:

1 Programa Nacional Forestal 2014-2018. Véase: http://www. dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5342498&fecha=28/04/2014

2 http://www.fao.org/3/a-i4793s.pdf

3 http://www.fao.org/3/a-i5588s.pdf

4 http://www.fao.org/3/a-a0262s.pdf

5 http://www.fao.org/3/a-i5588s.pdf

Mongabay (con cifras de FAO, 2010) Mexico Forest Information and Data http://rainforests.mongabay.com/deforestation/2000/Mexico.htm

6 Inegi. Cuentas económicas y ecológicas de México 2014. http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/boletines/2015/especiales/especiales2015_1 1_13.pdf

7 Anuario Estadístico de la Producción Forestal 2013. file:///C:/Users/erica.parra/Downloads/anuario_2013.pdf

8 Anuario Estadístico de la Producción Forestal 2013. file:///C:/Users/erica.parra/Downloads/anuario_2013.pdf

9 Semarnat 2015, México asume compromiso de deforestación cero al 2030 https://www.gob.mx/gobmx/articulos/mexico-asume-compromiso-de-deforestacion-cer o-al-2030?idiom=es

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de febrero de 2017.— Diputado Jesús Sesma Suárez(rúbrica).»

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen.



CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla:«Iniciativa que reforma el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Lorena Corona Valdés e integrantes del Grupo Parlamentario del PVEM

Quienes suscriben, diputada Lorena Corona Valdés y diputados federales de la LXIII Legislatura integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta honorable asamblea, la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman la fracción V del apartado A y el inciso c) de la fracción XI del apartado B, ambos del artículo 123 constitucional, con base en lo siguiente:

Problemática

La parte in fine de la fracción V del Apartado A del artículo 123 constitucional dispone que las mujeres en el período de lactancia tendrán dos descansos extraordinarios por día, de media hora cada uno para alimentar a sus hijos.

Desde 1917, año de publicación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esta fracción V no ha sido reformada. Por lo que 100 años después de su entrada en vigor, la evidencia científica sobre los beneficios de la lactancia materna ha evolucionado y hoy contamos con mayores elementos que nos permiten poner en evidencia que los dos descansos extraordinarios por día para la lactancia materna, de media hora cada uno, no son suficientes para dar cumplimiento al interés superior del niño, al derecho pleno a la salud y a la nutrición de los lactantes.

De acuerdo con la UNICEF, los bebés que se alimentan con leche materna tienen seis veces más probabilidades de sobrevivir; gozarán de mejor salud porque previene infecciones gastrointestinales y respiratorias, obesidad, diabetes, leucemia, alergias, cáncer infantil, presión arterial elevada, colesterol alto y enfermedades digestivas.

Dar pecho fortalece el vínculo afectivo entre la madre y el bebé, quien desarrolla mayor seguridad, autoestima y altos niveles de inteligencia. También permite y refuerza el apego y lazos entre las madres y sus hijos, porque están involucradas respuestas hormonales que se activan con el contacto piel a piel e incluso por los aromas de ambos; el apego tiene efectos positivos para la vida al impactar en ámbitos como la estimulación, la conducta, el habla, la sensación de bienestar y seguridad, que se traduce a futuro en una mejor interrelación con otras personas.

La importancia de la lactancia para la nutrición infantil y para la prevención de la morbilidad y mortalidad infantil, así como la prevención de enfermedades crónicas, es bien reconocida.

Es importante reconocer que las madres tienen derecho a seguir amamantando y cuidando a sus hijos al retomar su empleo remunerado, para tal efecto a través de esta iniciativa se busca adoptar medidas legislativas que promuevan la lactancia materna, mediante dos descansos extraordinarios de una hora cada uno o un descanso extraordinario de dos horas.

Cabe precisar que desde agosto de 1990, diversos países se reunieron en la Cumbre “La lactancia materna en el decenio de 1990, una iniciativa global”, celebrada en Florencia, Italia. Como resultado de esta, el 1° de agosto de 1990 se firmó la Declaración de Innocenti, sobre la Protección, Promoción y Apoyo de la Lactancia Materna,en la cual se le reconoce como un proceso único que contribuye a la nutrición y sano desarrollo en la infancia y que además impacta positivamente en la salud de las mujeres; asimismo, se reconoció la evidencia científica que recomienda su consumo de forma exclusiva durante los primeros seis meses de vida, y se insta a los países firmantes a alcanzar la meta global de la práctica de la lactancia, creando consciencia y generando apoyo para las mujeres a través de la “cultura de la lactancia materna”.

Argumentación

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS) la lactancia materna es una de las formas más eficaces de asegurar la salud y la supervivencia de los niños. Si se empezase a amamantar a cada niño en la primera hora tras su nacimiento, dándole solo leche materna durante los primeros seis meses de vida y siguiendo dándole el pecho hasta los dos años, cada año se salvarían unas 800 mil vidas infantiles.

La lactancia materna es la forma más natural y accesible de contribuir a la salud y supervivencia de las niñas y los niños porque la leche materna tiene anticuerpos que protegen de infecciones y alergias; es de fácil digestión, lo que disminuye los cólicos del bebé; tiene los líquidos y electrolitos suficientes para su hidratación; es rica en vitamina A y factor de crecimiento que reduce la severidad de algunas infecciones como sarampión y diarreas; tiene la mejor biodisponibilidad de hierro, calcio, magnesio y zinc; reduce 1.5 a 5 veces el riesgo de muerte súbita, favorece el desarrollo emocional e intelectual y previene problemas de salud mental a futuro.

La leche materna disminuye el riesgo de enfermedades prevalentes en la infancia como: Otitis media aguda, dermatitis atópica, infecciones gastrointestinales, asma y alergias e infecciones de vías respiratorias.

A su vez tiene beneficios inmediatos y futuros en la salud de la madre y el hijo y en forma paralela tiene efectos positivos en la economía de las empresas ya que mejora sustancialmente la salud de la madre y de su hijo, reduciendo hasta en 35% la ocurrencia de enfermedades en el primer año; reduce el ausentismo lo que se traduce 30-70% de menos faltas; reduce el costo de atención a la salud; reduce el número de permisos para asistir a consulta médica para la trabajadora o para su hijo, así como las licencias para cuidarlo por enfermedad.

La OMS y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) recomiendan lactancia materna exclusiva durante un periodo de seis meses y la lactancia materna complementaria hasta los dos años o más.

En México el promedio de lactancia materna exclusiva durante los primeros 6 meses de vida de los bebés se duplicó en los últimos tres años, según datos de la Encuesta Nacional de Niños, Niñas y Mujeres (ENIM) 2015, ya que pasó de 14.4% en 2012 a 30.8% en 2015. Estas cifras continúan por debajo de lo esperado y hacen necesario analizar con mayor detalle los patrones de lactancia materna en el país.

Existen condiciones sociales y culturales que determinan la práctica de la lactancia materna, una de ellas, es la incorporación de las mujeres al mercado de trabajo, formado en su mayoría por mujeres en edad reproductiva. Para 2014, 42.2% de las mujeres mayores de 12 años de edad estaban en la fuerza de trabajo.

La presente iniciativa tiene por objeto establecer que las mujeres trabajadoras cuenten con dos periodos de lactancia de una hora cada uno, a efecto de que estén en posibilidad de amamantar a sus hijos conforme a los estándares internacionales. De esa manera contribuiremos a fortalecer la salud física, emocional e intelectual de nuestros niños y niñas.

Los beneficios de amamantar para las mujeres también son muchos: se recuperan más rápido del parto, tienen menos riesgos de hemorragias y de depresión post parto, regresan al peso original en menor tiempo, reducen las probabilidades de enfermedades como diabetes tipo II, osteoporosis, cáncer, hipertensión y problemas cardiacos. A pesar de todos estos beneficios, sólo 1 de cada 10 mujeres que trabajan amamantan a sus bebes, el resto les dan formulas artificiales.

En México, en los últimos años, la participación de las mujeres en el mercado laboral ha crecido notablemente, lo que se refleja en que a nivel nacional, casi dos quintas partes de los hogares cuentan con al menos una mujer que percibe ingresos por trabajo. La participación económica de las mujeres en 40 años pasó de 17.6% a 43.6% en 2012.

De las más de 29 millones de personas ocupadas que se tienen reportadas por los Censos Económicos 2014, las mujeres alcanzaron el 43.8 por ciento, según cifras del Inegi. Entre 2008 y 2013 el personal ocupado del género femenino creció a una tasa promedio anual de 2.0 por ciento.

Según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo durante el primer trimestre de 2016, la población de 15 años y más disponible para producir bienes y servicios en el país fue de 52.9 millones (59.2% del total). 43 de cada 100 mujeres en estas edades fueron económicamente activas.

En la última década la tasa de participación económica de las mujeres subió de 40.6 a 43.1%, con un incremento de 2.5% de la PEA femenina.

Esta mayor incorporación de la mujer en el mercado laboral se refleja en población ocupada, que fue de 50.3 millones en 2015, de la cual 37.8% estaba constituida por mujeres, cuando en 2005 representaban 36.7%.

Ante la mayor participación de las mujeres en el mercado laboral, es necesario fortalecer las medidas para que sigan amamantando a sus bebés, mediante la facilitación de condiciones mínimas, como lo es la licencia de maternidad remunerada, arreglos de trabajo a tiempo parcial, guarderías en el lugar de trabajo, instalaciones para extraer y almacenar la leche materna y descansos para el amamantamiento.

De acuerdo con el Inegi, de los infantes con lactancia materna, solo a 11% se les da de forma exclusiva (sin ningún otro líquido o alimento) por un periodo de seis meses.

Marco jurídico internacional

Estrategia Mundial para la Alimentación del Lactante y el Niño Pequeño

La OMS y la UNICEF han preparado conjuntamente la estrategia mundial para la alimentación del lactante y el niño pequeño, la cual se basa en pruebas científicas de la importancia de la nutrición en los primeros meses y años de vida y del papel fundamental que juegan las prácticas de alimentación correctas para lograr un estado de salud óptimo, poniendo énfasis en la importancia de practicar lactancia natural y especialmente la lactancia natural exclusiva durante el primer medio año de vida, como un elemento de disminución de riesgos de morbilidad y mortalidad del lactante y de la niña y niño pequeño, que se agrava aún más por la alimentación complementaria inadecuada.

De acuerdo con la Estrategia, “la malnutrición ha sido la causa, directa o indirectamente, del 60% de los 10,9 millones de defunciones registradas cada año entre los niños menores de cinco años. Más de dos tercios de esas muertes, a menudo relacionadas con unas prácticas inadecuadas de alimentación, ocurren durante el primer año de vida. Tan sólo un 35% de los lactantes de todo el mundo son alimentados exclusivamente con leche materna durante los primeros cuatro meses de vida; la alimentación complementaria suele comenzar demasiado pronto o demasiado tarde.”

Convención Sobre los Derechos del Niño

En términos del artículo 24, numerales 1 y 2 de la Convención, los Estados Partes reconocen el derecho del niño al disfrute del más alto nivel posible de salud, para tal efecto asegurarán la plena aplicación de este derecho y, en particular, adoptarán las medidas apropiadas para: a) Reducir la mortalidad infantil y en la niñez”

Convenio sobre la protección de la maternidad, 2000 (número 183) de la Organización Internacional del Trabajo

Este convenio, en su artículo 10, establece que:

“1. La mujer tiene derecho a una o varias interrupciones por día o a una reducción diaria del tiempo de trabajo para la lactancia de su hijo.

2. El período en que se autorizan las interrupciones para la lactancia o la reducción diaria del tiempo de trabajo, el número y la duración de esas interrupciones y las modalidades relativas a la reducción diaria del tiempo de trabajo serán fijados por la legislación y la práctica nacionales. Estas interrupciones o la reducción diaria del tiempo de trabajo deben contabilizarse como tiempo de trabajo y remunerarse en consecuencia.”

Recomendación sobre la protección de la maternidad, 2000, No 191 de la Organización Internacional del Trabajo

La Recomendación con relación a las madres lactantes dispone en sus artículos 7, 8 y 9, lo siguiente:

“7. Sobre la base de la presentación de un certificado médico o de algún otro certificado apropiado, según lo determinen la legislación y la práctica nacionales, el número y la duración de las interrupciones diarias para la lactancia deberían adaptarse a las necesidades particulares.

8. Cuando sea posible, y con el acuerdo del empleador y de la mujer interesada, las interrupciones diarias para la lactancia deberían poder ser agrupadas en un solo lapso de tiempo para permitir una reducción de las horas de trabajo, al comienzo o al final de la jornada.

9. Cuando sea posible, deberían adoptarse disposiciones para establecer instalaciones que permitan la lactancia en condiciones de higiene adecuadas en el lugar de trabajo o cerca del mismo.”

Marco jurídico nacional

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo 4o.

Este precepto prevé en sus párrafos tercero y cuarto el derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad y el derecho a la protección de la salud.

Dado que la salud depende de una alimentación adecuada, el reconocimiento constitucional del derecho a la salud implica y exige la protección del derecho a una alimentación adecuada para los menores.

Además, es importante conducirnos conforme al principio del interés superior de la niñez y tener presente que los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación y salud.

Más aún la leche materna favorece el ahorro familiar al no tener que gastar en sucedáneos de leche materna y en utensilios para prepararla.

“Artículo 4º. ...

...

Toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. El Estado lo garantizará.

Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución.

...

...

...

...

En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez.

...

...

...

...

...”

Artículo 123

La parte in fine de la fracción V del Apartado A del artículo 123 dispone que las mujeres en el período de lactancia tendrán dos descansos extraordinarios por día, de media hora cada uno para alimentar a sus hijos.

Es importante destacar que desde 1917 año de publicación de la Constitución, esta fracción no ha sido reformada.

El 5 de diciembre de 1960 se publica en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mediante este Decreto se adiciona el Apartado B, y en particular la fracción XI, inciso c) que establece que las mujeres “en el período de lactancia tendrán dos descansos extraordinarios por día, de media hora cada uno, para alimentar a sus hijos.”

Desde 1960, este inciso c) de la fracción XI del Apartado B del artículo 123 constitucional no ha sido reformado.

Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes

Conforme al artículo 13, fracción IX es un derecho de niñas, niños y adolescentes, el derecho a la protección de la salud y a la seguridad social.

Asimismo, en términos del artículo 50, fracción III, las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a disfrutar del más alto nivel posible de salud.

Las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, en relación con los derechos de niñas, niños y adolescentes, se coordinarán a fin de promover en todos los grupos de la sociedad y, en particular, en quienes ejerzan la patria potestad, tutela o guarda y custodia, de niños, niñas y adolescentes, los principios básicos de la salud y la nutrición y las ventajas de la lactancia materna.

Ley General de Salud

El artículo 64, fracción II dispone que en la organización y operación de los servicios de salud destinados a la atención materno-infantil, las autoridades sanitarias competentesestablecerán: acciones de orientación y vigilancia institucional, capacitación y fomento para la lactancia materna y amamantamiento, incentivando a que la leche materna sea alimento exclusivo durante seis meses y complementario hasta avanzado el segundo año de vida y, en su caso, la ayuda alimentaria directa tendiente a mejorar el estado nutricional del grupo materno infantil, además de impulsar, la instalación de lactarios en los centros de trabajo de los sectores público y privado;

Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 Constitucional

El artículo 28 dispone que las mujeres disfrutarán de un mes de descanso antes de la fecha que aproximadamente se fije para el parto, y de otros dos después del mismo. Durante la lactanciatendrán derecho a decidir entre contar con dos reposos extraordinarios por día, de media hora cada uno, o bien, un descanso extraordinario por día, de una hora para amamantar a sus hijos o para realizar la extracción manual de leche, en lugar adecuado e higiénico que designe la institución o dependencia y tendrán acceso a la capacitación y fomento para la lactancia materna y amamantamiento, incentivando a que la leche materna sea alimento exclusivo durante seis meses y complementario hasta avanzado el segundo año de edad.

Ley del Seguro Social

En su artículo 94, fracción III, señala que en caso de maternidad, el Instituto otorgará a la asegurada durante el embarazo, el alumbramiento y el puerperio, entre otras, las prestaciones siguientes: durante el período de lactancia tendrán derecho a decidir entre contar con dos reposos extraordinarios por día, de media hora cada uno, o bien, un descanso extraordinario por día, de una hora para amamantar a sus hijos o para efectuar la extracción manual de leche, en lugar adecuado e higiénico que designe la institución o dependencia.

Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia

Este ordenamiento legal prevé en su artículo 11 que constituye violencia laboral: el impedimento a las mujeres de llevar a cabo el período de lactancia previsto en la ley.

Conforme al marco jurídico nacional e internacional, en particular la Convención sobre los Derechos del Niño, los niños tienen derecho a que prevalezca su interés superior, así como al disfrute del más alto nivel posible de salud, para tal efecto, las autoridades adoptarán las medidas apropiadas para reducir la mortalidad infantil.

En términos de la Estrategia Mundial para la Alimentación del Lactante y el Niño Pequeño, la cual se basa en pruebas científicas de la importancia de la nutrición en los primeros meses y años de vida, pone énfasis en la importancia de practicar lactancia natural y especialmente la lactancia natural exclusiva durante el primer medio año de vida, como un elemento de disminución de riesgos de morbilidad y mortalidad del lactante.

El lactante tiene derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación nutritiva, suficiente y de calidad y de salud, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, la Ley General de Salud, Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 Constitucional y la Ley del Seguro Social, coinciden en que la leche materna sea alimento exclusivo durante seis meses y complementario hasta avanzado el segundo año de vida.

La Organización Internacional del Trabajo ha establecido que la mujer tiene derecho a una o varias interrupciones por día o a una reducción diaria del tiempo de trabajo para la lactancia de su hijo, derecho que es reconocido en nuestra Carta Magna y en la legislación secundaria, pero limitándolo a dos descansos extraordinarios de media hora cada uno. Esa hora que la Constitución otorga a las mujeres, resulta insuficiente para amamantar a los lactantes o para extraerse la leche, debido a los grandes beneficios que reporta la leche materna para al menor, además de ser la forma más natural y accesible de contribuir a la salud y supervivencia del niño.

De acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud el inicio temprano y la “exclusividad” de la lactancia materna, son dos componentes importantes y relacionados entre sí, que permiten establecer el efecto protector de la lactancia materna contra la morbi-mortalidad neonatal.

El mantener la lactancia exclusiva durante los primeros seis meses de vida seguida con una lactancia prolongada hasta que el niño tenga dos años de edad o más, como lo recomienda la OMS, brinda beneficios evidentes para la salud y nutrición del niño, gracias a que ofrece una prevención continua contra enfermedades y provee una provisión adecuada de nutrientes. El antecedente de haber sido amamantado está asociado con la disminución del riesgo de otitis media aguda, gastroenteritis inespecífica, hospitalización por infección respiratoria baja severa, dermatitis atópica, obesidad, diabetes tipo 1 y 2, leucemia infantil, síndrome de muerte infantil y enterocolitis necrosante.

Más aún el momento en que la madre amamanta a su hijo es fundamental pues se ha demostrado que el contacto piel con piel proporciona los siguientes beneficios:

• Calma y relaja tanto a la madre como al bebé.

• Regula la frecuencia cardíaca y la respiración del bebé.

• Estimula la digestión del bebé.

• Regula la temperatura del bebé.

• Permite la colonización de la piel del bebé con las bacterias beneficiosas de la madre, lo que proporciona protección contra infecciones.

• Estimula una alimentación temprana.

• Estimula la liberación de hormonas que ayudan la lactancia materna y la maternidad (prolactina y oxitocina).

Está comprobado que la cercanía con la madre favorece el desarrollo del bebé, disminuyendo los niveles de cortisol, hormona relacionada con el estrés y estimulando la capacidad de calmarse por sí mismo. La estimulación auditiva es más adecuada (el bebé siente la voz de su madre), así como mayor estimulación visual, olfativa y táctil, a lo que hay que añadir la sensación de seguridad trasmitida por el contacto directo con su madre, lo que redunda en menos episodios de llanto y un mejor descanso y sueño. El contacto piel a piel entre madre-hijo también contribuye a incrementar el sueño profundo, disminuir la actividad motora y muscular, reducir el llanto del bebé, disminuir el estrés del bebé y la angustia de la madre.

Con el propósito de que contribuir a la disminución de la morbilidad y mortalidad infantil y de respetar el derecho de los niños a disfrutar del más alto nivel posible de salud y a disfrutar del derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, se propone reformar la fracción V, del Apartado A del artículo 123 constitucional, para establecer que las mujeres durante la lactancia tendrán derecho a decidir entre contar con dos reposos extraordinarios por día, de una hora cada uno, o bien, un descanso extraordinario por día, de dos horas para amamantar a sus hijos o para realizar la extracción manual de leche, en lugar adecuado e higiénico que designe la institución o dependencia y tendrán acceso a la capacitación y fomento para la lactancia materna y amamantamiento, incentivando a que la leche materna sea alimento exclusivo durante seis meses y complementario hasta avanzado el segundo año de edad.

Fundamentación

Artículos 1, 4, 71, fracción II, 73, fracción XXX y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3o., numeral 1, fracción VIII; 6, numeral 1, fracción I; 77, numeral 1, y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

Denominación del proyecto

Decreto por el que se reforman la fracción V del Apartado A y el inciso c) de la fracción XI del Apartado B, del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo Único. Se reforman la fracción V del Apartado A y el inciso c) de la fracción XI del Apartado B, del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

“Artículo 123. ...

...

A....

I.a IV. ...

V.Las mujeres durante el embarazo no realizarán trabajos que exijan un esfuerzo considerable y signifiquen un peligro para su salud en relación con la gestación; gozarán forzosamente de un descanso de seis semanas anteriores a la fecha fijada aproximadamente para el parto y seis semanas posteriores al mismo, debiendo percibir su salario íntegro y conservar su empleo y los derechos que hubieren adquirido por la relación de trabajo. En el período de lactancia tendrán derecho a decidir entre contar con dos descansos extraordinarios por día, de una hora cada uno, o bien, un descanso extraordinario por día, de dos horas para amamantar a sus hijos o para realizar la extracción manual de leche, en lugar adecuado e higiénico que designen las empresas.

VI. a XXXI. ...

B....

I. a X. ...

XI....

a)a b)...

c)Las mujeres durante el embarazo no realizarán trabajos que exijan un esfuerzo considerable y signifiquen un peligro para su salud en relación con la gestación; gozarán forzosamente de un mes de descanso antes de la fecha fijada aproximadamente para el parto y de otros dos después del mismo, debiendo percibir su salario íntegro y conservar su empleo y los derechos que hubieren adquirido por la relación de trabajo. En el período de lactancia tendrán derecho a decidir entre contar con dos descansos extraordinarios por día, de una hora cada uno, o bien, un descanso extraordinario por día, de dos horas para amamantar a sus hijos o para realizar la extracción manual de leche, en lugar adecuado e higiénico que designen las dependencias.

Además, disfrutarán de asistencia médica y obstétrica, de medicinas, de ayudas para la lactancia y del servicio de guarderías infantiles.

d)... a f)...

...

XII.a XIV....

Transitorios

Primero.El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.Dentro del año siguiente a la entrada en vigor del presente decreto, el Congreso de la Unión deberá realizar las adecuaciones normativas correspondientes de conformidad con lo previsto en este decreto.

Notas:

1 http://www.who.int/features/factfiles/breastfeeding/es/

2 V. Guía Práctica Lactancia materna en el lugar de trabajo para empresas e instituciones medianas y grandes. IMSS-UNICEF, [en línea], disponible en página web https://www.unicef.org/mexico/spanish/ guialactancialess.pdf

3 V. Guía Práctica Lactancia materna en el lugar de trabajo para empresas e instituciones medianas y grandes. IMSS-UNICEF, [en línea], disponible en página web https://www.unicef.org/mexico/spanish/ guialactancialess.pdf

4 V. Estrategia Nacional de Lactancia Materna 2014-2018

5 https://www.unicef.org/mexico/spanish/noticias_29440.htm

6 Programa Sectorial de Trabajo y Previsión Social 2014, [en línea], disponible en página web: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/40778/Programa_Sectorial_de_Trab ajo_y_Prevision_Social_2013-2018.pdf

7 Estadísticas a propósito del Día Internacional de la Mujer (8 de marzo), Boletín del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, [en línea], disponible en http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2016/mujer2016_0.pdf

8 Resultados de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo Cifras Durante El Primer Trimestre de 2016, Boletín De Prensa Núm. 209/16 13 DE MAYO DE 2016, http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/boletines/2016/enoe_ie/enoe_ie2016_05.pdf

9 Mujeres y Hombres en México 2015, Inegi-INMUJERES, 2015, [en línea] disponible en página web: http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/101256.pdf7

10 La estrategia mundial fue adoptada por consenso el 18 de mayo de 2002 por la 55ª Asamblea Mundial de la Salud y el 16 de septiembre de 2002 por la Junta Ejecutiva de UNICEF.

11 [en línea], disponible en página web: http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/42695/1/9243562215.pdf

12 Adoptada el 20 de noviembre de 1989, ratificada por México el 21 de septiembre de 1990 y publicada en el DOF el 25 de enero de 1991.

13 [en línea], disponible en página web: http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f? p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C183

14 Adopción: Ginebra, 88ª reunión CIT (15 junio 2000)

15 Constitución publicada en el Diario Oficial de la Federación el 5 de febrero de 1917.

16 Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 4 de diciembre de 2014.

17 Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de febrero de 1984.

18 Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 de diciembre de 1963.

19 Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 21 de diciembre de 1995.

20 Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1 de febrero de 2007.

21 Chaparro CM, Lutter C. Más allá de la supervivencia: Prácticas integrales durante la atención del parto, beneficiosas para la nutrición y la salud de madres y niños. Organización Panamericana de la Salud: Washington D.C., December 2007, [en línea], disponible en página web: http://www1.paho.org/Spanish/AD/FCH/CA/CA_mas_alla_de_ la_supervivencia.pdf

22 http://www.materna.com.ar/articulos/18834-contacto-piel-a-piel

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a 14 de febrero de 2017.— Diputada y diputado: Lorena Corona Valdés,Jesús Sesma Suárez (rúbrica).»

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

El diputado Guillermo Rafael Santiago Rodríguez(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: A ver, sonido en la curul del diputado Guillermo Rafael Santiago, por favor.

El diputado Guillermo Rafael Santiago Rodríguez (desde la curul): Gracias, señor presidente. Para comenzar le pediría a todo el pleno que por favor pusiera atención para lo que voy a mencionar, y en especial a los diputados y diputadas de Chiapas que están en esta Cámara representando a nuestro estado. El día de hoy he ingresado una solicitud de punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por la crisis que he venido denunciando que vive nuestro estado. Le pido a los partidos políticos, al PRI, al PAN, pero sobre todo al Verde Ecologista, partido que gobierna mi estado, a que pongan atención y dejen la simulación y la hipocresía con la que han actuado...

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Diputado, le pido, por favor, si es un punto de acuerdo que ha inscrito, debe estar ya en la Junta de Coordinación Política y seguramente será programado para la siguiente sesión.

El diputado Guillermo Rafael Santiago Rodríguez (desde la curul): Sí, permítame continuar, por favor, presidente. Porque el gobernador Manuel Velasco Coello...

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: No, diputado, discúlpeme...

El diputado Guillermo Rafael Santiago Rodríguez (desde la curul): No, permítame por favor, presidente, terminar.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: El punto de acuerdo se debe procesar en su momento para la discusión...

El diputado Guillermo Rafael Santiago Rodríguez (desde la curul): Tengo el derecho de participar y de expresar; permítame terminar. Es para denunciar lo que hemos venido diciendo desde hace tiempo, en Chiapas hay una gran carencia de salud muy grande; vengo a hablar en nombre de miles de chiapanecos y chiapanecas que están sufriendo las carencias en el sector salud...

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar:Le reitero, diputado, acaba usted de anunciar que está presentando un punto de acuerdo...

El diputado Guillermo Rafael Santiago Rodríguez (desde la curul): Permítame terminar, por favor, presidente...

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: No está...

El diputado Guillermo Rafael Santiago Rodríguez (desde la curul): Y les pido a los diputados y diputadas...

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Le pido que me apoye, para observar el Reglamento, diputado...

El diputado Guillermo Rafael Santiago Rodríguez (desde la curul): ...de Chiapas que puedan ayudar y que le exijan al gobernador a que cumpla...

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Insisto, diputado...

El diputado Guillermo Rafael Santiago Rodríguez (desde la curul): ...con su labor. Permítame, presidente, terminar...

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Ayúdeme a respetar nuestro Reglamento.

El diputado Guillermo Rafael Santiago Rodríguez (desde la curul): Permítame terminar, permítame terminar; tengo el derecho, presidente.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Tiene usted el derecho como todos los demás, en el momento procesal oportuno, diputado.

El diputado Guillermo Rafael Santiago Rodríguez (desde la curul): Permítame terminar, por favor. Por la situación que estamos viviendo. Les pido que dejen la complicidad...

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Reitero, diputado, lo que está usted haciendo...

El diputado Guillermo Rafael Santiago Rodríguez (desde la curul): ...y no lo vamos a seguir permitiendo...

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: ... es argumentar el punto de acuerdo que ya anunció...

El diputado Guillermo Rafael Santiago Rodríguez (desde la curul): Y asimismo solicito al gobernador del estado, al secretario de Salud, que vea la sesión...

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Le reitero diputado, le reitero que me permita...

El diputado Guillermo Rafael Santiago Rodríguez (desde la curul): ... solicitamos que no haya represión ni intimidación a los trabajadores de Chiapas...

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Permítame aplicar el Reglamento de la Cámara...

El diputado Guillermo Rafael Santiago Rodríguez (desde la curul): Es cuanto, señor presidente. Dejen, por favor la hipocresía.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Ya anunció usted que va a presentar un punto de acuerdo y la Junta de Coordinación Política hará lo propio en su momento.

La diputada Araceli Damián González(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Sonido en la curul de la diputada Araceli Damián. Adelante diputada.

La diputada Araceli Damián González (desde la curul): Gracias, señor presidente. Mire, es en el relación a la próxima designación del director del Instituto Nacional de Salud Pública. Diversas organizaciones de defensa de los derechos de los consumidores y de la población en general, han hecho un llamado al secretario Narro para que explique por qué se ha incluido dentro de los nombres de los candidatos al subsecretario Pablo Kuri, dado que este funcionario ha hecho actividades, ha realizado actividades que son contraproducentes para la salud de nuestra sociedad.

Contrariamente a lo que ha dicho la Organización Mundial de la Salud, él ha hecho una campaña en favor de los productos con azúcares y grasas, y como sabemos, el Instituto está encargado de estudiar el problema de la diabetes y la obesidad, y además el funcionario fue directivo de Sanofi, una farmacéutica que ha favorecido desde su posición como subsecretario.

Pedimos que reconsidere esto y que incluya dentro de la designación a quienes han estado trabajando tantos años en esa institución tan importante para la salud en México. Gracias.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputada. La Cámara no participa en ese proceso, pero su expresión ha quedado registrada.

El diputado Mario Ariel Juárez Rodríguez(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Sonido en la curul del diputado Mario Ariel Juárez.

El diputado Mario Ariel Juárez Rodríguez (desde la curul): Sí, presidente. Para pedirte de favor, porque cuando algún legislador vanagloria y le echa flores, ya sea a tu persona o a cualquier otro diputado, no lo interrumpes. Y cuando no te gusta lo que aquí se expresa, hoy se quiere aplicar una ley mordaza fabricada por no sé quién, pero tú las estás aplicando. La denuncia para aquellos que están chiflando, ahí no los mocionas, y es una falta de respeto. No aplicas el Reglamento.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Continúa, diputado, por favor.

El diputado Mario Ariel Juárez Rodríguez (desde la curul): La aplicas a conveniencia. El secretario de Salud, Francisco Ortega Farrera, ha emprendido de Chiapas, ha emprendido un hostigamiento y una persecución en contra de trabajadores, doctores, enfermeras y todo aquel empleado que trabaja en el sistema de salud.

Tuvo el cinismo y el descaro, después de que el diputado Guillermo Santiago denunció las precarias condiciones de los hospitales en el estado de Chiapas, de sacar él vía Facebook un montaje de esos que están acostumbrados en Televisa para favorecer a algunos políticos, como en este caso al gobernador Velasco, donde presentó una farmacia llena y abastecida.

Al poco tiempo, dicho por los mismos trabajadores, al poco tiempo que él se retiró –después de que hicieron ese montaje– vino la amenaza directa de él. Lo mismo en Chiapas, que es lo mismo que están haciendo en el Instituto Mexicano del Seguro Social.

Ya presentaremos las reservas y el sustento de lo que te estamos diciendo. No queremos que sigan persiguiendo a los trabajadores de este país para privatizar el sistema de salud de México. Gracias.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputado. Reiterar que mi obligación es aplicar el Reglamento. El diputado ya anunció que presentará un punto de acuerdo y en el momento en que se presente ante el pleno será atendido en función de lo que defina la Junta de Coordinación Política. ¿Nadie más?



LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES, LEY GENERAL DE PARTIDOS POLÍTICOS Y LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Tiene el uso de la palabra hasta por cinco minutos, para presentar dos iniciativas en una sola intervención, el diputado Marko Antonio Cortés Mendoza. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de la Ley General de Partidos Políticos y de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de reelección consecutiva, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

El diputado Marko Antonio Cortés Mendoza: Muchas gracias, diputado presidente. Le ruego que me otorgue más tiempo para la presentación de este paquete de iniciativas que hoy haré al pleno de la Cámara de Diputados.

Legisladoras y legisladores, hoy a nombre del Partido Acción Nacional presentamos esta reforma política-electoral integral, en donde buscamos consolidar la democracia en nuestro país, que ésta sea más eficaz y que además cueste menos.

Los diputados federales del PAN lo que queremos es un modelo moderno, que mejore la capacidad del Poder Ejecutivo y la eficiencia del Poder Legislativo, que sea menos costoso y más eficiente la democracia.

Hoy proponemos una amplia reforma que no es consecuencia ni de coyunturas ni de conflictos postelectorales, una amplia reforma que tenga en el centro la voz de los ciudadanos.

Durante las últimas cuatro décadas nuestra democracia ha venido avanzando, desde los padrones confiables, la credencial de elector con fotografía, autoridades electorales autónomas, sin embargo hay mucho por hacer. La misma democracia y la sociedad hoy nos exigen que sea menos costoso y más eficaz. Para ello el Grupo Parlamentario del PAN ha preparado una serie de reformas, tanto constitucionales como de leyes secundarias que tienen por objeto concluir la pasada reforma electoral de 2013, para perfeccionar nuestro sistema político.

Entonces, mis amigos, lo que estamos proponiendo son siete propuestas específicas.

Primera. Proponemos los diputados federales del PAN la reducción del Congreso mexicano, 100 diputados federales menos; 60 menos de mayoría y 40 menos de representación proporcional, y 32 senadores de la República menos, los de representación proporcional para que se conserve el Pacto Federal y para que represente tres senadores cada entidad federativa.

El Congreso de la Unión podría ser más eficaz si se reduce el número de legisladores, facilitaría los acuerdos, y todos lo sabemos, y lo que es un hecho, el Congreso mexicano costaría menos presupuesto público.

En segundo lugar. Estamos proponiendo que se reglamente, porque es necesario y porque ya es un derecho constitucional, la reelección legislativa. Los legisladores de la siguiente legislatura, la LXIV, ya tienen el derecho constitucional de ser reelectos y no hemos reglamentado al respecto.

Es necesario dejar muy claro cómo será el proceso, si deben o no pedir licencia y cómo se va a garantizar el que no se usen recursos públicos en beneficio de su reelección. Es necesario dejar claro conflictos de derechos, como el de la paridad de género y el propio derecho de la reelección.

En tercer lugar. Nosotros estamos pidiendo que se legisle en la segunda vuelta electoral.

Es necesario, mis amigos y hoy más que nunca, que el próximo presidente de la República sea electo por la mayoría de los mexicanos. Se requiere gobernar con fuerza y respaldo social y aprovechar la figura que ya tenemos aprobada de los gobiernos de coalición.

La segunda vuelta electoral sin duda va a fortalecer la legitimidad que hoy tanto carecemos y va a dar márgenes de gobernabilidad para tomar decisiones en beneficio de México.

En cuarto lugar, el Grupo Parlamentario del PAN propone que aumentemos el umbral de votación para obtener o mantener el registro como partido político, que pase del 3 por ciento que es actualmente a un 5 por ciento.

La sociedad nos pide que la política y lo político cueste menos y, por ello, estamos pidiendo que para tener recursos públicos y ser partido político se represente a una mayor fracción de la sociedad, que nunca aspira ser la totalidad, pero sí una parte importante que merezca ese destino de recursos públicos en beneficio de la democracia del país.

En quinto lugar, reiteramos la primera iniciativa que hizo el Partido Acción Nacional en esta legislatura, la de reducir el financiamiento público de los partidos políticos en una propuesta mixta. Lo que proponemos es que el 50 por ciento del presupuesto que reciben los partidos políticos sigua siendo en base al listado nominal y que el otro 50 por ciento sea con base en la participación efectiva de los ciudadanos. Con eso habría un ahorro muy significativo del dinero público que se destina a los partidos políticos.

Además, proponemos para que la democracia tenga fortaleza y capacidad, que se incremente del 10 por ciento actual de financiamiento privado, a un 30 por ciento para que los partidos garanticen su operación, pero que no les cueste a los mexicanos ni a las arcas públicas.

En sexto lugar, mis amigas y mis amigos, lo que proponemos es reducir la sobrerrepresentación en el Congreso. No queremos partidos que tengan más legisladores de lo que representa su voto en las urnas. Lo que buscamos es que se reduzca el umbral del 8 por ciento de sobrerrepresentación a un 5 por ciento de lo conocido como cláusula de gobernabilidad.

Queremos, y más en el marco de la reelección legislativa que es un derecho constitucional, que este Congreso represente verdaderamente la voluntad de los mexicanos y no tengamos partidos que tengan más diputados que votos obtenidos en las calles.

Séptima propuesta y última. El Partido Acción Nacional desde hace muchos años y muchas legislaturas ha dicho: fuera el fuero. Y por eso hoy proponemos que desaparezca el fuero constitucional, desde el presidente de la república, jefes de Estado, el Poder Judicial, el Poder Legislativo, que si le queremos entrar le entremos a todos y nadie tenga fuero en este país.

Amigas y amigos, estamos ante una oportunidad histórica de hacer cambios sustantivos en nuestro país, la convocatoria de Acción Nacional es a que escuchemos a los mexicanos que exigen una democracia que dé resultados, que sea menos costosa, que sea más eficiente. La petición es a construir un acuerdo que permita cambiar el modelo político.

Yo les digo con toda claridad, la propuesta que hoy hace Acción Nacional, lo que buscamos es que se apruebe en su conjunto, no que cada quien haga cálculos políticos y veamos qué parte sí nos conviene y qué parte no, que le entremos a todo.

Las propuestas que yo he hecho aquí han sido hechas también por otros partidos políticos y, por supuesto, han sido propuestas históricas del PAN. La petición, mis amigas y mis amigos, es pues, a que no tengamos nuevamente un presidente de México que no sea electo por la mayoría de los mexicanos.

La propuesta es que antes de que entremos a la reelección legislativa, le entremos a la reducción del Congreso. La propuesta es a que la democracia cueste menos y se incentive la participación y se castigue a los partidos que no tengan ese voto. La propuesta es a que la democracia premie y reconozca a quienes sí trabajen, y que el ciudadano tenga la última palabra.

Yo confío, amigas y amigos, que en esta coyuntura nacional, que en esta exigencia de que México cambie para bien, haya oídos que escuchen y que la propuesta de Acción Nacional sea bien recibida y sea votada en beneficio de México. Enhorabuena y contamos con el respaldo de las demás fuerzas políticas. Contamos con su sensibilidad, porque el Partido Acción Nacional está listo para un nuevo modelo democrático-político de México, que cueste menos y que sea más eficiente. Muchas gracias.

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de las Leyes General de Instituciones y Procedimientos Electorales, General de Partidos Políticos y Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de reelección consecutiva, a cargo del diputado Marko Antonio Cortés Mendoza e integrantes del Grupo Parlamentario del PAN

Los suscritos, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 72, inciso h), y 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6o., numeral 1, fracción I, y 77, numeral 1, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta soberanía iniciativa con proyecto de decreto en virtud del cual se reforman y adicionan diversas disposiciones de las Leyes General de Instituciones y Procedimientos Electorales, General de Partidos Políticos, y Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a efecto de regular los procedimientos en materia de reelección consecutiva, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El 10 de febrero de 2014 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación una de las reformas de mayor trascendencia para el sistema político mexicano, la que permite la reelección consecutiva de ciertos puestos de elección popular, como son diputados federales y locales, senadores y presidentes municipales. Dicha enmienda fue largamente buscada por diversos sectores, líderes de partidos políticos y académicos, ya que se atribuye a dicha figura la posibilidad de profesionalizar la labor del congreso y fortalecer su desempeño.

Las contiendas en que se puede dar la reelección consecutiva de legisladores es una institución que se practica en casi la totalidad de los países con cultura democrática.

Los estudios que han analizado los efectos de la reelección concluyen que los legisladores que llegan a reelegirse en efecto se convierten en representantes que tienden a realizar función con un mayor grado de eficacia y que bajo esta tesitura, los congresos tienden a adquirir un perfil propicio para la realización las funciones del poder legislativo como son el ser contrapeso del Ejecutivo, la exigencia de cuentas, la fiscalización y la participación en el proceso legislativo.

En virtud de que será a partir de la elección federal que tendrá verificativo en el año 2018 que la posibilidad de la elección continua tenga lugar a nivel federal, es que consideramos necesario y oportuno presentar esta iniciativa. A continuación se expone el contenido que se pretende elevar a categoría de ley y su pertinencia.

En primer lugar es necesario indicar que en toda contienda electoral en la que exista quien pretenda reelegirse, este cuenta con una especie de ventaja natural derivada de varios factores: su posición en la toma de decisiones que afectan a la comunidad, la exposición mediática derivada de su posición, la notoriedad que se tiene en el desempeño del cargo, el contacto intenso y prolongado con sectores de la sociedad y líderes de dichos sectores, la posibilidad de tener una interlocución con los votantes, entre otras.

Esta ventaja se conoce en la bibliografía de idioma inglés como incumbency advantge. En países con tradición congresional y parlamentaria robusta, dicha ventaja forma parte de las condiciones de todo proceso y no existe, en términos generales una línea de pensamiento articulada a efecto de eliminar o erradicarla. Como derivación de dicha condición, las tasas de reelección en muchos países son efectivamente elevadas, aunque en otros, especialmente latinoamericanos, es más bien moderada o en algunos casos baja.

Ante tal contexto, esta iniciativa plantea propuestas que tienen como finalidad el eliminar cualquier posibilidad de ventaja indebida o extralimitada que se pueda tener en el ejercicio del encargo y que distorsione, de manera indebida los procesos electorales y sus resultados.

La reelección consecutiva es una institución que, teniendo defectos y desventajas, es universalmente reconocida por sus efectos positivos en el desempeño del Poder Legislativo e incluso en el Ejecutivo de los niveles municipales. Por tal razón se requiere una reforma a la legislación secundaria que no deforme o genere intrusiones no justificadas en los procesos electorales.

La reforma que se presenta para su consideración excluye, en primer lugar, de la consideración de actos anticipados de campaña, a las actividades que desarrollen los servidores públicos que pretendan la reelección, lo mismo que dichos actos no son reputados como actos anticipados de precampaña. En ambos casos se exige que las acciones y expresiones no contengan alusiones de orden proselitista.

En el glosario se incluye la nueva figura de titular, proponiéndose que sea el servidor público en cargo de elección popular que pretenda y contienda para ser reelecto de manera consecutiva al mismo cargo que desempeña.

A lo largo del texto de la reforma que se propone, tanto en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales como en la Ley General de Partidos, se establece el derecho a contender por la reelección, tanto en procesos internos de los partidos políticos como en las contiendas de orden constitucional.

Esta moción incluye lo conducente al respecto de la posibilidad de buscar la reelección de los legisladores electos bajo el principio de representación proporcional y propone que tengan derecho a participar en los procesos de sus partidos y que sea en estos que se defina el orden en la prelación de estos contendientes en cada proceso.

A efecto de aclarar alcances y términos del texto constitucional se propone que son sujetos de reelección consecutiva sólo los candidatos propietarios. No obstante, el límite del ejercicio consecutivo de la función legislativa, ya sea como propietario o suplente en funciones, comprendiendo procesos de reelección será el señalado en la Constitución. No podrá ser candidato a la reelección consecutiva quien en un ulterior proceso de reelección pueda exceder dicho límite.

Quien hubiese sido reelecto de manera consecutiva por el límite establecido por la Constitución Política no podrá contender para ser electo para el subsecuente periodo en calidad de suplente del mismo cargo de elección popular.

Lo anterior tendrá como resultado el evitar fraude a la ley o manipulación de candidaturas de suplencia.

Uno de los aspectos más importantes de las contiendas electorales es que consisten en la oportunidad que tienen los ciudadanos de conocer, comparar, criticar y tomas decisiones con base en la información, propuestas y argumentos que en estas se ofrecen. Por tal razón, y a efecto de favorecer la información y la contienda de ideas, se propone que en todos los casos de contiendas se organice por la autoridad electoral correspondiente, por lo menos un debate entre candidatos de carácter obligatorio. En el caso de candidatos por el principio de representación proporcional, se propone que el debate obligatorio sea entre quienes encabecen las listas de cada uno de los partidos.

Respecto de la rendición de cuentas que es obligatoria respecto de todos los servidores públicos, esta iniciativa salvaguarda dicha obligación significada en las disposiciones relativas a la realización de informes de actividades. A efecto de que dichos informes no se conviertan en un espacio indebido de proselitismo, se propone incluir una restricción para que se salvaguarde el contenido de los informes y que no se aprovechen para hacer campaña o precampaña de manera indebida.

A efecto de cuidar que los recursos del erario que son aplicados como salario a colaboradores de los servidores públicos de elección popular, se prohíbe la realización de actividades proselitistas de dicho personal en horarios laborales, tanto en precampaña como en campaña.

La misma restricción se propone para los efectos de no aplicar recursos económicos, instalaciones o materiales de cualquier índole que sean para el ejercicio de la función pública en actividades de precampaña o campaña.

Esta iniciativa considera que los titulares que pretendan la reelección no deberán estar obligados a presentar licencia a su cargo. Consideran los proponentes que dicha obligación atentaría en contra de la naturaleza de la reelección y supondría inconvenientes operativos importantes en el funcionamiento de los órganos públicos. A efecto de lograr un equilibrio en relación con la oportunidad que tienen dichos titulares de volver a ser electos previa campaña política, se propone que la solicitud de licencia sea voluntaria o bien que puedan realizar actos, tanto de precampaña como de campaña, fuera del horario laboral. Al respecto, se propone un régimen de aplicación descuento por las faltas a la realización de las actividades inherentes al cargo, tanto en etapa de precampaña como de campaña.

Considerando la necesidad de garantizar que los Legisladores Federales no cuenten con condiciones que les den ventajas indebidas de orden económico por parte del Congreso. A efecto de que lo anterior tenga rango de ley se propone adicionar la Ley del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos a efecto de que en ningún caso los diputados o senadores gocen de bonificación o compensación extraordinaria alguna por parte de la Cámara correspondiente, directa o indirectamente.

Decreto en virtud del cual se reforman y adicionan diversas disposiciones de las Leyes General de Instituciones y Procedimientos Electorales, General de Partidos Políticos, y Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a efecto de regular los procedimientos en materia de reelección consecutiva

Artículo Primero. Se adicionan un segundo párrafo al inciso a) del numeral 1 del artículo 3, un segundo párrafo al inciso b del numeral 1 del artículo 3, un inciso j) al numeral 1 del artículo 3, el numeral 4 al artículo 11, los numerales 6 a 10 al artículo 14, un numeral 6 al artículo 226, los numerales 6, 7 y 8 al artículo 227, y un numeral 6 al artículo 242; y se reforman el numeral 3 del artículo 7, y los numerales 1, 4 y 5 del artículo 218 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, para quedar como sigue:

Artículo 3.

1....

a)...

No se considerarán actos anticipados de campaña las actividades que desarrollen los titulares de cualquier puesto de elección popular que opten por contender por la reelección o cualquiera de sus colaboradores remunerados con recursos públicos siempre y cuando en dichos actos no se pronuncien expresiones proselitistas, propuestas de precampaña o cualquier expresión en el sentido del párrafo anterior.

b)...;

No se considerarán actos anticipados de precampaña las actividades que desarrollen los titulares de cualquier puesto de elección popular que pretendan optar por contender en los procesos internos partidistas para buscar la reelección o cualquiera de sus colaboradores remunerados con recursos públicos siempre y cuando en dichos actos no se pronuncien expresiones proselitistas, propuestas de precampaña o cualquier expresión en el sentido del párrafo anterior.

j) Titular: El servidor público en cargo de elección popular que pretenda y contienda para ser reelecto de manera consecutiva al mismo cargo que desempeña.

Artículo 7.

1. y 2. ...

3. Es derecho de los ciudadanos ser votado para todos los puestos de elección popular así como contender para ser reelectos en los casos que señala la Constitución, teniendo las calidades que establece la ley de la materia y solicitar su registro de manera independiente, cuando cumplan los requisitos, condiciones y términos que determine esta ley.

4. ...

Artículo 11.

1. a 3. ...

4. Los partidos políticos deberán registrar por separado la relación de titulares que ejercerán su derecho a contender por la reelección.

Artículo 14.

1. a 5. ...

6. Los partidos políticos podrán registrar las fórmulas de candidatos a diputados o senadores titulares que se postularán para contender para ser reelectos por el mismo principio para el que fueron elegidos.

7. En el caso de las candidaturas de representación proporcional la definición del orden de la lista corresponde a los partidos de acuerdo a sus procesos internos.

8. La suplencia podrá ser sustituida para el nuevo periodo.

9. Son sujetos de reelección consecutiva los candidatos propietarios o los suplentes si asumen el cargo y se encuentran en funciones al momento de inicio de las precampañas. No obstante, el límite del ejercicio consecutivo de la función legislativa, ya sea como propietario o suplente en funciones, comprendiendo procesos de reelección será el señalado por la Constitución. No podrá ser candidato a la reelección consecutiva quien en un ulterior proceso de reelección pueda exceder dicho límite. La suplencia de diputado o senador no se contabilizará para efectos de los límites que establece la Constitución.

10. Quien hubiese sido reelegido de manera consecutiva por el límite establecido en la Constitución Política no podrá contender para ser electo para el subsecuente periodo en calidad de suplente del mismo cargo de elección popular.

Artículo 218.

1. El Consejo General organizará dos debates obligatorios entre todos los candidatos a la Presidencia de la República, así como uno entre candidatos a senadores y diputados federales por cada entidad o distrito en casos de campaña por el principio de mayoría relativa y uno entre cada uno de los candidatos que encabecen las listas de los partidos en campañas por el principio de representación proporcional.

2. y 3. ...

4. En los términos que dispongan las leyes de las entidades federativas, los consejos generales de los Organismos Públicos Locales, organizarán debates entre todos los candidatos a Gobernador, Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, diputados locales, presidentes municipales, alcaldías demarcacionales en la Ciudad de México y promoverán la realización de debates entre candidatos aotros cargos de elección popular, para lo cual las señales radiodifundidas que los organismos públicos locales generen para este fin podrán ser utilizadas, en vivo y en forma gratuita, por los demás concesionarios de radio y televisión, así como por otros concesionarios de telecomunicaciones.

5. En el supuesto del numeral anterior, los debates obligatorios de los candidatos deberán ser transmitidos por las estaciones de radio y televisión de las concesionarias locales de uso público, en la entidad federativa de que se trate. El Instituto promoverá la transmisión de los debates por parte de otros concesionarios de radiodifusión con cobertura en la entidad federativa que corresponda y de telecomunicaciones.

6. y 7. ...

Artículo 226.

1. a 5. ...

6. El servidor público que pretenda contender para ser reelecto, deberá cumplir con su obligación de rendir sus respectivos informes de labores en los términos previstos en el artículo 245 de esta ley, absteniéndose de manifestar su intención de reelegirse.

Artículo 227.

1. a 5. ...

6. Las personas que bajo cualquier concepto colaboren con servidores públicos titulares que opten por contender a la reelección, obteniendo una remuneración directa o indirecta proveniente de recursos públicos, no podrán participar activamente en las precampañas salvo en horario no laboral. La restricción anterior no comprenderá la emisión del sufragio en la elección interna que corresponda en su caso.

Los titulares que opten por contender para la nominación a la reelección no podrán disponer de los recursos materiales, económicos, vehículos o de las instalaciones propias del servicio público para utilizarlas en las precampañas.

7. En el caso de los titulares de puestos de elección popular de naturaleza ejecutiva en el nivel municipal o demarcacional estos podrán optar por solicitar licencia al puesto correspondiente o bien podrán realizar actos de precampaña fuera de horario laboral. En caso de que no soliciten licencia y pretendan realizar campaña dentro de horario laboral deberán dar aviso previo a efecto de que se les realicen los descuentos a sus salarios conforme a las disposiciones aplicables.

8. En caso de los senadores, diputados federales, diputados locales o regidores titulares que pretendan contender por la nominación a la reelección, sus ausencias a las sesiones de la Cámara o cabildo, según sea el caso, con motivo de la participación en actos de precampaña serán descontadas conforme a las disposiciones aplicables.

En todo caso, la participación en actos de precampaña por parte de estos últimos deberá realizarse fuera de horario laboral, de lo contrario las faltas a la realización de actividades inherentes a su función serán descontadas conforme a las disposiciones aplicables.

Artículo 242.

1. a 4. ...

5. Para los efectos de lo dispuesto por el párrafo octavo del artículo 134 de la Constitución, el informe anual de labores o gestión de los servidores públicos, así como los mensajes que para darlos a conocer se difundan en los medios de comunicación social, no serán considerados como propaganda, siempre que la difusión se limite a una vez al año en estaciones y canales con cobertura regional correspondiente al ámbito geográfico de responsabilidad del servidor público y no exceda de los siete días anteriores y cinco posteriores a la fecha en que se rinda el informe. En ningún caso la difusión de tales informes podrá tener fines electorales, ni realizarse dentro del periodo de campaña electoral. En el caso de que en los informes aparezcan niñas, niños o adolescentes o se haga mención a su nombre, datos personales o referencias que permitan su identificación, deberá contarse con su libre consentimiento junto con el de quienes ejercen la patria potestad o de sus tutores, evitando que con su exposición se le ponga en situación de vulnerabilidad, discriminación, estigmatización o criminalidad, además de observar todas las obligaciones que se derivan de los diversos ordenamientos tendientes a tutelar el interés superior del menor. De igual manera, el mensaje auditivo deberá coincidir con los subtítulos que puedan leerse en los informes.

6. Los informes de labores a que se refiere el numeral anterior se deberán rendir hasta antes del inicio de los procesos electorales.

En ningún caso los elementos gráficos que distingan a las instalaciones del servicio público, equipamiento urbano, vehículos, papelería, uniformes o piezas de comunicación tendrán colores ni símbolos alusivos a partidos políticos o a los que fueron utilizados en campaña si quien obtuvo la mayoría de votos fue candidato independiente.

Artículo 242 Bis.

1. Las personas que bajo cualquier concepto colaboren con servidores públicos titulares que opten por contender a la reelección, obteniendo una remuneración directa o indirecta proveniente de recursos públicos, no podrán participar activamente en las campañas salvo en horario no laboral.

2. Los titulares que opten por contender por la reelección no podrán disponer de los recursos materiales, económicos, vehículos o de las instalaciones propias del servicio público para utilizarlas en las campañas.

3. Los titulares de puestos de elección popular de naturaleza ejecutiva en el nivel municipal o demarcacional podrán optar por solicitar licencia al puesto correspondiente o bien podrán realizar actos de campaña fuera de horario laboral. En caso de que no soliciten licencia y pretendan realizar actos de campaña dentro de horario laboral deberán dar aviso previo a efecto de que se les realicen los descuentos a sus salarios conforme a las disposiciones aplicables.

4. En caso de los senadores, diputados federales, diputados locales o regidores titulares que pretendan optar por la reelección, sus ausencias a las sesiones de la Cámara o cabildo en cuestión con motivo de la participación en actos de campaña serán descontadas conforme a las disposiciones aplicables.

5. En todo caso la participación en actos de campaña por parte de estos últimos deberá realizarse fuera de horario laboral, de lo contrario las faltas a la realización de actividades inherentes a su función serán descontadas conforme a las disposiciones aplicables.

Segundo. Se adiciona un nuevo inciso s) en el numeral 1 del artículo 25, recorriéndose los subsecuentes; y se reforman el inciso c) del numeral 1 del artículo primero y el inciso c) del numeral 1) del artículo 2 de la Ley General de Partidos Políticos, para quedar como sigue:

Artículo 1.

1. ...

a) y b) ...

c) Los lineamientos básicos para la integración de sus órganos directivos, la postulación de sus candidatos, incluidos los que pretendan la reelección en los casos en que la Constitución lo permita,la conducción de sus actividades de forma democrática, sus prerrogativas y la transparencia en el uso de recursos;

d) a j) ...

Artículo 2.

1. ...:

a) y b) ...

c) Votar y ser votado para todos los cargos de elección popular dentro de los procesos internos de selección de candidatos aún y cuando se trate de reelección en los casos que la Constitución señaley elección de dirigentes, teniendo las calidades que establezca la ley y los estatutos de cada partido político.

Artículo 25.

1. ...

a) a r) ...;

s) Garantizar la participación en los procesos internos para la selección de candidatos a los titulares que pretendan contender por la reelección en los casos en que la Constitución señale;

t) Elaborar y entregar los informes de origen y uso de recursos a que se refiere la presente ley;

u) Cumplir las obligaciones que la legislación en materia de transparencia y acceso a su información les impone; y

v) Las demás que establezcan las leyes federales o locales aplicables.

Tercero. Se adiciona un numeral 4 al artículo 11 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 11.

1. a 3. ...

4. Los diputados y senadores percibirán la dieta correspondiente y las prestaciones laborales de ley.

En ningún caso los diputados o senadores gozarán de bonificación o compensación extraordinaria alguna por la Cámara correspondiente, directa o indirectamente.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Las disposiciones relativas al régimen, mecanismos y procedimientos relativos a la realización de descuentos por participación en actos proselitistas en horario laboral se tendrán que expedir en un plazo de seis meses a partir de la entrada en vigor de la presente reforma.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de febrero de 2017.— Diputados y diputadas: Marko Antonio Cortés Mendoza,Adriana Elizarraraz Sandoval, Alejandra Gutiérrez Campos, Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, Alfredo Javier Rodríguez Dávila, Angélica Moya Marín, Arlette Ivette Muñoz Cervantes, Armando Alejandro Rivera Castillejos, Baltazar Martínez Montemayor, Brenda Velázquez Valdez, Carlos Alberto De La Fuente Flores, Carlos Alberto Palomeque Archila, Carlos Bello Otero, Cesar Augusto Rendón García, Cesar Flores Sosa, Claudia Sánchez Juárez, Edmundo Javier Bolaños Aguilar, Elías Octavio Iñiguez Mejía, Eloisa Chavarrias Barajas, Elva Lidia Valles Olvera, Emma Margarita Alemán Olvera, Enrique Cambranis Torres, Exaltación González Ceceña, Federico Döring Casar, Francisco José Gutiérrez De Velasco Urtanza, Francisco Ricardo Sheffield Padilla, Gabriela Ramírez Ramos, Gerardo Federico Salas Díaz, Gerardo Gabriel Cuanalo Santos, Gina Andrea Cruz Blackledge, Gretel Culin Jaime, Guadalupe González Suástegui, Héctor Barrera Marmolejo, Herminio Corral Estrada, Hugo Alejo Domínguez, Ingrid Krasopani Schemelensky Castro, J. Apolinar Casillas Gutiérrez, Jacqueline Nava Mouett, Javier Antonio Neblina Vega, Jesús Antonio López Rodríguez, Jisela Paes Martínez, Joaquín Jesús Díaz Mena, Jorge López Martín, Jorge Ramos Hernández, Jorge Triana Tena, José Antonio Salas Valencia, José Erandi Bermúdez Méndez, José Everardo López Córdova, José Hernán Cortés Berumen, José Máximo García López, José Teodoro Barraza López, Juan Alberto Blanco Zaldívar, Juan Carlos Ruíz García, Juan Corral Mier, Juan Pablo Piña Kurczyn, Karina Padilla Avila, Karla Karina Osuna Carranco, Kathia María Bolio Pinelo, Leonel Gerardo Cordero Lerma, Leticia Amparano Gamez, Lilia Arminda García Escobar, Lorena del Carmen Alfaro García, Luis Agustín Rodríguez Torres, Luis Fernando Maesta Soule, Luz Argelia Paniagua Figueroa, Marco Antonio Gama Basarte, María de los Ángeles Rodríguez Aguirre, María del Rosario Rodríguez Rubio, María Eloísa Talavera Hernández, María García Pérez, María Guadalupe Cecilia Romero Castillo, María Guadalupe Murguía Gutiérrez, María Luisa Sánchez Meza, María Mercedes Aguilar López, María Verónica Agundis Estrada, Mariana Arámbula Meléndez, Marisol Vargas Bárcena, Martha Cristina Jiménez Márquez, Mayra Angélica Enríquez Vanderkam, Miguel Ángel Huepa Pérez, Miguel Ángel Salim Alle, Minerva Hernández Ramos, Nadia Haydee Vega Olivas, Nelly del Carmen Márquez Zapata, Patricia García García, Patricia Sánchez Carrillo, Pedro Garza Treviño, Rafael Valenzuela Armas, Rene Mandujano Tinajero, Ricardo Del Rivero Martínez, Rocío Matesanz Santamaría, Rubén Alejandro Garrido Muñoz, Santiago Taboada Cortina, Santiago Torreblanca Engell, Sergio Emilio Gómez Olivier, Sergio Emilio Gómez Olivier, Teresa de Jesús Lizárraga Figueroa, Ulises Ramírez Núñez, Víctor Ernesto Ibarra Montoya, Wenceslao Martínez Santos, Ximena Tamariz García (rúbricas).»

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputado Marko Antonio Cortés Mendoza. Túrnese a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias para dictamen.



CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

El diputado Marko Antonio Cortés Mendoza:

«Iniciativa que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Marko Antonio Cortés Mendoza e integrantes del Grupo Parlamentario del PAN

Los suscritos, diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional a la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 6, numeral 1, fracción I del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a consideración de esta Cámara de Diputados, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para reducir el número de legisladores, el costo del financiamiento público a partidos políticos, instaurar la segunda vuelta electoral para el Poder Ejecutivo, eliminar el fuero de servidores públicos, incrementar el porcentaje de votación necesario para el registro de los partidos políticos y limitar el umbral de sobrerrepresentación en el Congreso Federal, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El desarrollo democrático de México ha sido un proceso gradual de reconocimiento de derechos, de construcción de instituciones, procedimientos y prácticas políticas y electorales, que nos han permitido transitar de un régimen de partido casi único al pluralismo; de elecciones organizadas por el Estado a comicios bajo responsabilidad de los ciudadanos; del modelo de la mayoría relativa a la representación mixta y proporcional; de la autocalificación a la justicia electoral; del votante desconocido al ciudadano plenamente identificado con retrato, firma y huella en la casilla electoral. Podemos decir que México es un país donde cada vez es más cierto el viejo anhelo democrático de que el voto cuente y se cuente; el axioma revolucionario del sufragio efectivo.

No obstante lo anterior, nuestra democracia tiene aún muchos aspectos qué perfeccionar y consolidar; tiene aún muchas dudas que superar, no sólo de los ciudadanos hacia las instituciones políticas, sino también la desconfianza que prevalece entre los partidos y sus militantes en ocasión de los procesos electorales.

Uno de los grandes retos de la consolidación de nuestra democracia es que su legitimidad derive de un grado suficiente de confianza de los ciudadanos hacia la actividad política y la competencia electoral; lo cual requiere, a su vez, de mecanismos institucionales que promuevan la certidumbre en los esquemas de competencia democrática entre los partidos, que conduzcan a resultados reconocidos por todos, a la aceptación de las derrotas, a la legitimación de las victorias y a la gobernabilidad traducida en gobiernos donde puedan coaligarse los partidos, y que tengan incentivos para cooperar y coordinarse con otros órdenes de gobierno, que puedan mantener una relación de equilibrio entre Ejecutivo y Congreso, que amplíen sus márgenes de gestión para tender y resolver las exigencias de los ciudadanos y las organizaciones sociales.

Sin embargo, cuando privan la desconfianza y el conflicto poselectoral, la insatisfacción y el malestar de los ciudadanos erosiona no sólo las bases de legitimidad de nuestro sistema político, sino que genera un clima de enojo que pone en riesgo la seguridad y la estabilidad necesarias para la prosperidad de la Nación. Es por eso que los legisladores tenemos que poner el día en forma oportuna las normas que regulan nuestra democracia, para contribuir a su consolidación y coadyuvar a elevar la confianza ciudadana en ella y en sus instituciones.

La reforma constitucional aprobada en el año 2013 por el Congreso de la Unión y por el Constituyente Permanente y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 2014, restableció en México la reelección consecutiva de los legisladores federales, locales y de los alcaldes. No es necesario ahora remontarnos a las consideraciones que llevaron a su supresión en el año de 1933, pero sí resulta de la mayor urgencia asumirla como un hecho que vuelve imperativo que el Congreso de la Unión dicte hoy las normas que regulen los procesos de reelección, tanto en los procesos internos de los partidos como en la propia elección federal a partir del año 2021. Pero normar adecuadamente la reelección consecutiva de diputados federales y senadores precisa de un conjunto de reformas constitucionales que deben acompañarla para que sea eficaz, evitando caer en el supuesto de que en el año 2018 se elijan representantes que con posterioridad no tengan posibilidad de ser reelectos conforme lo dispone el artículo 57 constitucional.

Por lo anterior, es necesario discutir en esta ocasión la reducción del Congreso de la Unión, para evitar el supuesto de elegir en el año 2018 a 500 diputados y 128 senadores y que, con posterioridad, una parte de ellos no tenga derecho a buscar su reelección; es necesario discutir si vamos a elegir 300 distritos de mayoría o de una vez resolvemos que sean menos. Con esta iniciativa, los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional consideramos que sí debe reducirse el número de integrantes del Congreso de la Unión y por ello proponemos la reforma de los artículos 52 y 56 constitucionales.

Para el caso de la Cámara de Diputados, el artículo 52 se reformaría en el sentido de reducir en 100 en número de sus integrantes, pero manteniendo el equilibrio actual entre el origen de los diputados de mayoría relativa y de representación proporcional, vigente desde 1988, procediendo a la elección de 240 diputados de mayoría relativa y 160 de representación proporcional, la cual seguirá permitiendo que todos los partidos accedan a la representación nacional, sin exclusiones y alcanzando un número de curules que reflejen en la medida que establece la propia Constitución su fuerza política y electoral.

Mantener el equilibrio actual entre los principios de mayoría relativa y de representación proporcional evitaría restablecer fórmulas que en el pasado permitieron una exagerada sobrerrepresentación de un partido y la sub representación del resto, debido al predominio de los espacios de mayoría sobre los de representación. Igualmente evitaría tener que establecer de nuevo la regla vigente entre 1979 y 1985, cuando el partido que obtenía la mayor cantidad de diputados de mayoría en los 300 distritos automáticamente quedaba excluido del reparto de los 100 diputados de representación proporcional de aquel entonces. Es este sentido nos parecen inadecuadas las posiciones de muchos ciudadanos y de algunos partidos que plantean simplemente eliminar 100 diputados de representación proporcional como si ello no afectara la representatividad real de nuestro sistema mixto de elección de la Cámara de Diputados.

Asimismo, consideramos oportuno en esta ocasión, que mantener este equilibrio entre la mayoría relativa y la representación proporcional, abre también la oportunidad de reducir el porcentaje de sobrerrepresentación para un partido en la Cámara de Diputados que la Constitución establece actualmente en el ocho por ciento se reduzca al cinco por ciento. Es por esa razón que proponemos en esta iniciativa reformar el Artículo 54, Fracción V de la Constitución para que, en ningún caso, un partido político pueda contar con un número de diputados que exceda el cinco por ciento de su porcentaje de votación por ambos principios de mayoría y representación proporcional, con la propia excepción que la Constitución ya señala respecto a los triunfos obtenidos por vía de la mayoría relativa.

En el caso de la Cámara de Senadores, la propuesta de reforma al artículo 56 constitucional plantea regresar al principio originario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el sentido de tener una representación paritaria de las entidades federativas en dicha Cámara, lo cual sería posible eliminando la lista de representación proporcional que se elige para esa cámara desde el año 2000 y que rompió con dicho espíritu de la representación paritaria e introdujo una representación partidaria que indebidamente asemeja a ambas Cámaras y no mantiene la naturaleza del Congreso bicameral original de nuestra Constitución.

Nos parece que el mecanismo de elección del Senado de la República que considera por cada entidad dos senadores de mayoría relativa y uno de primera minoría para tener 64 senadores de mayoría y 32 de primera minoría, establecería un esquema de equilibrio con gran semejanza al que existe en la Cámara de Diputados y que garantiza la representatividad de las fuerzas políticas en la propia Cámara de Senadores conforme a su naturaleza como representación paritaria de las entidades federativas.

La reducción del Congreso no sólo se justifica como un cambio necesario con miras a la vigencia de la reelección consecutiva de los legisladores, en los tiempos actuales de la vida nacional es necesario también reducir el costo de nuestra democracia. La profesionalización de la representación que se logrará por la vía de la reelección nos marca el momento preciso para tener un Congreso con dimensiones más reducidas, lo cual supone un menor gasto operativo para el funcionamiento de las cámaras, menos candidatos y por tanto menos gasto electoral, lo anterior permitiría aplicar una reducción efectiva del financiamiento público a los partidos, siendo entonces necesario avanzar paralelamente en la legislación secundaria sobre el tema, revisando los montos y proporciones entre el financiamiento público y privado, sin modificar el principio de que el financiamiento público prevalezca sobre el privado, cuya proporción máxima se definiría en treinta por ciento.

De manera específica, la presente iniciativa propone reformar el Inciso a) de la Fracción II del Artículo 41 constitucional, para reducir el financiamiento para actividades ordinarias de los partidos políticos, manteniendo el criterio actual de multiplicar el 65 por ciento del valor del salario mínimo por el número total de ciudadanos inscritos en el Padrón Electoral, pero estableciendo que un cincuenta por ciento de esa cantidad se ajuste conforme a la votación válida efectiva de la elección inmediata de diputados federales, con lo cual será el nivel de participación de los ciudadanos y su voto por los partidos el que determine el porcentaje final de financiamiento que reciban los partidos, descontando la abstención, los votos en blanco y los votos nulos. La cantidad que resulte continuará distribuyéndose como hasta ahora, un treinta por ciento en forma igualitaria y un setenta por ciento conforme a su porcentaje de votación.

Adicionalmente, la presente iniciativa considera la reforma de la Fracción I del Artículo 41 constitucional para elevar el umbral de votación requerido a los partidos políticos nacionales para conservar su registro, incrementándose del tres al cinco por ciento de la votación válida emitida. Esta propuesta tiene por objeto reducir el número de partidos políticos para que subsistan solamente aquellos que tengan un respaldo efectivo de los ciudadanos a nivel nacional y depurar el sistema de partidos de agrupaciones que sobreviven artificialmente a través de convenios de coalición, de alianzas interesadas, o que permiten la formación de partidos gremiales o incluso familiares como los que han existido en nuestra historia.

Las propuestas de reducción del Congreso, la reducción del financiamiento público a los partidos, y la posible reducción de la cantidad de partidos políticos con registro, responden al clamor de múltiples voces y exigencias de los más diversos sectores del país, que demandan, en hechos concretos, adoptar esquemas de austeridad que deben generalizarse en el sector público de México. Aprobar propuestas como estas nos permitirán avanzar en el camino de bajar el costo de nuestra democracia.

Por otra parte, en todas las democracias del orbe la gran mayoría de los representantes propietarios o titulares buscan reelegirse en el cargo y México no será la excepción. Sobre este tema, la legislación secundaria deberá contener las normas que reglamenten adecuadamente la competencia entre esos titulares y sus contendedores en las condiciones más democráticas posibles, es decir, considerando tanto las ventajas de quienes ostentan el cargo como las desventajas de quienes aspiren al cargo para generar una contienda real y no una simulación. Al respecto, resulta necesario ajustar la duración de los periodos de sesión de las Cámaras del Congreso de la Unión a efecto de que no coincidan los periodos de campaña electoral con el segundo periodo ordinario de sesiones del tercer año de ejercicio de cada Legislatura. Dicho ajuste además tiene el objetivo de no generar dificultades operativas para el correcto funcionamiento de las sesiones de pleno en sendas cámaras.

Otro de los temas sustantivos que siguen faltando en nuestras normas e instituciones políticas y electorales es una propuesta que los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional proponemos nuevamente en esta iniciativa, reiterando lo que han propuesto compañeros nuestros en legislaturas previas. El establecimiento de una segunda vuelta para la elección de Presidente de la República en el caso de que aquel quien obtenga la mayoría no alcance el cincuenta por ciento más uno de los votos emitidos, la cual se aplicaría por igual para el caso de los ejecutivos estatales y para el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México. Se propone que la Constitución establezca en el Artículo 81 que si ningún candidato a la Presidencia de la República obtiene la mayoría absoluta de los votos, se realice una segunda vuelta entre los dos candidatos que obtuvieran el mayor número de votos en la primera vuelta, resultando ganador quien obtenga la mayoría en la segunda vuelta.

Si bien la Constitución ya contempla la posibilidad de formar gobiernos de coalición que eventualmente pueden constituirse para incrementar los márgenes de gobernabilidad del Ejecutivo Federal, en las últimas cuatro elecciones presidenciales ninguno de los candidatos ha obtenido la mayoría absoluta de los votos, lo cual ha provocado desde el cuestionamiento de la legitimidad de quien resultó electo en algún caso, hasta el recrudecimiento de los aspectos negativos, poco cooperativos y de enfrentamiento en la relación Ejecutivo-Congreso en el denominado gobierno dividido –Ejecutivo sin mayoría en el Congreso-. La segunda vuelta electoral es un mecanismo institucional y democrático que permite asegurar que el Titular del Poder Ejecutivo asuma el cargo respaldado por la mayoría absoluta de los votos, generando incentivos para la construcción de acuerdos políticos y gobiernos de coalición, así como relaciones intergubernamentales de consenso y cooperación entre el Ejecutivo y el Congreso, factores que fortalecen las capacidades de gestión del Presidente de la República y la gobernabilidad del país.

Finalmente, esta iniciativa contempla reformas al artículo 108, a efecto de actualizar los delitos por los cuales puede ser enjuiciado el presidente de la República. En tal sentido se elimina el concepto de delitos graves del orden común, por obsoleto. Se incluyen en este género de delitos, aquellos que ameriten prisión preventiva oficiosa, por ser los que el propio constituyente identifica como de mayor impacto y se adicionan los delitos de corrupción, por ser esta materia una de las que mayor urgencia de atención requiere, respecto de todos los servidores públicos, empezando por el presidente del país.

Además se reforman los delitos del Artículo 111 constitucional y la supresión del 112, para eliminar de manera definitiva la noción del fuero a los legisladores, ministros, magistrados, secretarios de Estado y demás funcionarios, para que se pueda proceder penalmente contra ellos en el caso de haber cometido algún delito, sin necesidad de agotar algún procedimiento previo como la declaración de procedencia o del desafuero. Esta medida tiene como principal objetivo el coadyuvar en la lucha contra la impunidad, tarea urgente en nuestro país.

Con la presente iniciativa, los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, decidimos impulsar un proceso de reforma para consolidar nuestra democracia y reducir su costo, para hacer que la misma sea más austera y funcional, para considerar todos y cada uno de los aspectos necesarios para regular con amplitud y oportunidad la reelección consecutiva de los legisladores, proceso fundamental para la modernización y fortalecimiento del Congreso de la Unión que ocurrirá en los próximos años.

Por las razones expuestas, se propone la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para reducir el número de legisladores, el costo del financiamiento público a partidos políticos, instaurar la segunda vuelta electoral para el Poder Ejecutivo, eliminar el fuero de servidores públicos, incrementar el porcentaje de votación necesario para el registro de los partidos políticos y limitar el umbral de sobrerrepresentación en el Congreso Federal

Artículo Único.- Se reforman los artículos 41, fracciones I, párrafo cuarto; 41, fracción II, inciso a), 52, 53, 54, fracciones II, IV y V; 56, primer párrafo; 65, primer párrafo; 74, fracción V; 111, párrafos primero, quinto y séptimo. Se adicionanun segundo párrafo al artículo 66, recorriéndose el segundo; un tercer párrafo a la fracción IV del artñicuño 74; los párrafos segundo y tercero del artículo 81; la fracción I, segundo párrafo del artículo 115, recorriéndose los subsecuentes; la fracción I, párrafo tercero, del artículo 116, recorriéndose los subsecuentes; y, el párrafo segundo, del artículo 122 Base A, fracción III, recorriéndose el subsecuente. Se derogan:el segundo párrafo del artículo 56, el segundo párrafo del artículo 111, párrafos segundo, tercero y sexto, el artículo 112 todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los siguientes términos:

Artículo 41. .....

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I. ....

....

....

Los partidos políticos nacionales tendrán derecho a participar en las elecciones de las entidades federativas y municipales. El partido político nacional que no obtenga, al menos, el cinco por ciento del total de la votación válida emitida en cualquiera de las elecciones que se celebren para la renovación del Poder Ejecutivo o de las Cámaras del Congreso de la Unión, le será cancelado el registro.

II. La ley garantizará que los partidos políticos nacionales cuenten de manera equitativa con elementos para llevar a cabo sus actividades y señalará las reglas a que se sujetará el financiamiento de los propios partidos y sus campañas electorales, debiendo garantizar que los recursos públicos prevalezcan sobre los de origen privado. Para el financiamiento de sus actividades ordinarias, la proporción de recursos privados no podrá ser mayor del treinta por ciento del total.

...

a) [...] El financiamiento público para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes se fijará anualmente, multiplicando el número total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral por el sesenta y cinco por ciento del valor diario del Salario Mínimo. El 50 por ciento de la cantidad que resulte se distribuirá íntegramente a los partidos y el otro 50 por ciento se ajustará conforme a la votación válida emitida para la elección de diputados inmediata anterior, distribuyendo a los partidos sólo un porcentaje equivalente al de la votación valida emitida. La cantidad total que resulte de sumar ambos factores se distribuirá de la siguiente forma: El treinta por ciento se distribuirá entre los partidos políticos en forma igualitaria y el setenta por ciento restante de acuerdo con el porcentaje de votos que hubieren obtenido en la elección de diputados inmediata anterior.

b) ....

c) ....

....

....

III. ....

Apartado A. ....

a) a g) ....

...

...

...

Apartado B. ....

a)...

b)...

c)...

...

Apartado C. ...

...

Apartado D. ....

IV. ....

...

...

V. ...

Apartado A. ....

...

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...

a) a e) ....

...

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...

...

...

Apartado B. ....

a)....

1. a 7....

b)...

1. a 7. ...

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...

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Apartado C. ....

1. a 11. ...

...

a) ....

b) ....

c) ....

....

Apartado D. ....

VI. ....

....

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a) ....

b) ....

c) ....

....

....

Artículo 52.La Cámara de Diputados estará integrada por 240 diputados electos según el principio de votación mayoritaria relativa, mediante el sistema de distritos electorales uninominales, y 160 diputados que serán electos según el principio de representación proporcional, mediante el Sistema de Listas Regionales, votadas en circunscripcionales (sic DOF 15-12-1986)plurinominales.

Artículo 53. La demarcación territorial de los 240 distritos electorales uninominales será la que resulte de dividir la población total del país entre los distritos señalados. La distribución de los distritos electorales uninominales entre las entidades federativas se hará teniendo en cuenta el último censo general de población, sin que en ningún caso la representación de una entidad federativa pueda ser menor de dos diputados de mayoría.

Para la elección de los 160 diputados según el principio de representación proporcional y el Sistema de Listas Regionales, se constituirán cinco circunscripciones electorales plurinominales en el país. La Ley determinará la forma de establecer la demarcación territorial de estas circunscripciones.

Artículo 54. La elección de los 160 diputados según el principio de representación proporcional y el sistema de asignación por listas regionales, se sujetará a las siguientes bases y a lo que disponga la ley:

I....;

II.Todo partido político que alcance por lo menos el cinco por ciento del total de la votación válida emitida para las listas regionales de las circunscripciones plurinominales, tendrá derecho a que le sean atribuidos diputados según el principio de representación proporcional;

III....

IV. Ningún partido político podrá contar con más de 240 diputados por ambos principios.

V.En ningún caso, un partido político podrá contar con un número de diputados por ambos principios que representen un porcentaje del total de la Cámara que exceda en cinco puntos a su porcentaje de votación nacional emitida. Esta base no se aplicará al partido político que, por sus triunfos en distritos uninominales, obtenga un porcentaje de curules del total de la Cámara, superior a la suma del porcentaje de su votación nacional emitida más el cinco por ciento; y

VI.....

Artículo 56. La Cámara de Senadores se integrará por noventa y seis senadores, de los cuales, en cada Estado y en la Ciudad de México, dos serán elegidos según el principio de votación mayoritaria relativa y uno será asignado a la primera minoría. Para estos efectos, los partidos políticos deberán registrar una lista con dos fórmulas de candidatos. La senaduría de primera minoría le será asignada a la fórmula de candidatos que encabece la lista del partido político que, por sí mismo, haya ocupado el segundo lugar en número de votos en la entidad de que se trate.

La Cámara de Senadores se renovará en su totalidad cada seis años.

Artículo 65.El Congreso se reunirá a partir del 1o. de septiembre de cada año para celebrar un primer periodo de sesiones ordinarias, excepto cuando el Presidente de la República inicie su encargo en la fecha prevista en el artículo 83 de esta Constitución, en cuyo caso se reunirá a partir del 1o. de agosto; y a partir del 15 de enero para celebrar un segundo periodo de sesiones ordinarias.

Artículo 66....

En el año en que se celebren elecciones presidenciales, el segundo periodo de sesiones del Congreso no podrá extenderse más allá del último día de febrero.

En el año en que solamente se elijan diputados federales, el segundo periodo dicho no podrá extenderse más allá del 31 de marzo.

...

...

...

Artículo 74. ...

I. ...

II. ...

III. ...

IV. ...

...

La ley regulará el mecanismo y los límites para que los diputados federales puedan asignar recursos públicos para el desarrollo de proyectos de inversión para el desarrollo regional en sus respectivos distritos o entidades federativas.

...

...

...

V. Declarar si ha o no lugar a proceder penalmente contra el Presidente de la República conforme lo dispuesto en los términos del artículo 111 de esta Constitución.

...

VI. ...

...

...

...

...

VII. ...

VIII. ...

IX. ...

Artículo 81. ....

Será electo Presidente aquel candidato que obtenga la mayoría absoluta de los sufragios emitidos.

En caso de que ningún candidato obtenga dicha mayoría, se realizará una segunda vuelta en la que únicamente participarán los dos candidatos que hayan obtenido el mayor número de votos en la primera vuelta y será electo aquel que obtenga la mayoría de votos emitidos.

La fecha para dicha elección será el primer domingo de agosto siguiente a la primera ronda.

De las Responsabilidades de los Servidores Públicos, Particulares Vinculados con Faltas Administrativas Graves o Hechos de Corrupción, y Patrimonial del Estado.

Artículo 108. Para los efectos de las responsabilidades a que alude este Título se reputarán como servidores públicos a los representantes de elección popular, a los miembros del Poder Judicial Federal y del Poder Judicial del Distrito Federal, los funcionarios y empleados y, en general, a toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en el Congreso de la Unión, en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal o en la Administración Pública Federal o en el Distrito Federal, así como a los servidores públicos de los organismos a los que esta Constitución otorgue autonomía, quienes serán responsables por los actos u omisiones en que incurran en el desempeño de sus respectivas funciones.

El presidente de la República, durante el tiempo de su encargo, sólo podrá ser acusado por traición a la patria, delitos que ameriten prisión preventiva oficiosa o por delitos en materia de corrupción.

...

...

...

Artículo 111 . A excepción del presidente de la República, se podrá proceder penalmente contra cualquier servidor público de la federación sin que se requiera agotar procedimiento previo alguno, en términos del procedimiento penal ordinario.

Se deroga.

Se deroga.

....

En los mismos términos, se podráproceder penalmente por delitos federales contra los ejecutivos de las entidades federativas, diputados locales, magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia de las entidades federativas, en su caso los miembros de los Consejos de las Judicaturas Locales, y los miembros de los organismos a los que las Constituciones Locales les otorgue autonomía.

Se deroga.

Al servidor público que sea vinculado a proceso y se le imponga prisión preventiva, se le suspenderá de su cargo hasta que se resuelva en definitiva su situación jurídica. A aquél que se le imponga otra medida cautelar, durante todo el desarrollo del proceso penal se le podrá suspender del cargo como medida cautelar adicional a aquella. En caso de que un servidor público sea condenado por sentencia firme será separado de su cargo. Si dicha sentencia es por un delito cometidodurante el ejercicio de su encargo, no se concederá al reo la gracia del indulto.

...

...

...

Artículo 112. Se deroga.

Se deroga

Artículo 115. ...

I. ...

Será electo presidente municipal aquel que obtenga la mayoría absoluta de los votos emitidos. En caso de que ningún candidato obtenga dicha mayoría, se realizará una segunda vuelta que será determinada por la Constitución y la ley de cada entidad.

...

...

....

....

II. a X. ....

Artículo 116.- ....

...

I. ....

....

Será electo gobernador aquel que obtenga la mayoría absoluta de los votos emitidos. En caso de que ningún candidato obtenga dicha mayoría, se realizará una segunda vuelta que será determinada por la Constitución y la ley de cada entidad.

...

...

a)...

b)....

...

II. a IX...

Artículo 122. ....

A. ....

I. ....

II. y III. ....

Será electo jefe de gobierno de la Ciudad de México aquel candidato que obtenga la mayoría absoluta de los sufragios emitidos. En caso de que ningún candidato obtenga dicha mayoría, se realizará una segunda vuelta en los términos que establezca la ley.

...

III. a V. ....

VI. ....

....

a) ....

Será electo como Alcalde aquel candidato que obtenga la mayoría absoluta de los sufragios emitidos. En caso de que ningún candidato obtenga dicha mayoría, se realizará una segunda vuelta en los términos que establezca la ley.

b) a f) ....

VII. a IX. ....

B. a D. ....

Transitorios

Artículo Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

La regulación relativa a los periodos de sesiones señalada en los artículos 65 y 66 entrará en vigor a partir del primero de septiembre de 2018.

Artículo Segundo. A efecto de realizar los ajustes correspondientes para la posibilidad de la recepción de financiamiento privado, se reformará la ley secundaria correspondiente dentro del plazo de tres meses posteriores a la entrada en vigor del presente decreto.

Artículo Tercero. La Legislación reglamentaria de orden federal y de las entidades federativas deberá ser aprobada antes del inicio formal de los procesos electorales del año 2018.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de febrero de 2017.—Diputados y diputadas: Marko Antonio Cortés Mendoza,Adriana Elizarraraz Sandoval, Alejandra Gutiérrez Campos, Alfredo Javier Rodríguez Dávila, Angélica Moya Marín, Ariel Enrique Corona Rodríguez, Arlette Ivette Muñoz Cervantes, Armando Alejandro Rivera Castillejos, Baltazar Martínez Montemayor, Brenda Velázquez Valdez, Carlos Alberto De La Fuente Flores, Carlos Alberto Palomeque Archila, Carlos Bello Otero, Cesar Augusto Rendón García, Cesar Flores Sosa, Claudia Sánchez Juárez, Edmundo Javier Bolaños Aguilar, Elías Octavio Iñiguez Mejía, Eloisa Chavarrias Barajas, Elva Lidia Valles Olvera, Emma Margarita Alemán Olvera, Enrique Cambranis Torres, Exaltación González Ceceña, Federico Döring Casar, Francisco José Gutiérrez De Velasco Urtanza, Francisco Ricardo Sheffield Padilla, Gabriela Ramírez Ramos, Gerardo Federico Salas Díaz, Gerardo Gabriel Cuanalo Santos, Gina Andrea Cruz Blackledge, Gretel Culin Jaime, Guadalupe González Suástegui, Héctor Barrera Marmolejo, Herminio Corral Estrada, Hugo Alejo Domínguez, Ingrid Krasopani Schemelensky Castro, J. Apolinar Casillas Gutiérrez, Jacqueline Nava Mouett, Javier Antonio Neblina Vega, Jesús Antonio López Rodríguez, Jisela Paes Martínez, Joaquín Jesús Díaz Mena, Jorge López Martín, Jorge Ramos Hernández, Jorge Triana Tena, José Adrián González Navarro, José Antonio Salas Valencia, José Erandi Bermúdez Méndez, José Everardo López Córdova, José Hernán Cortés Berumen, José Máximo García López, José Teodoro Barraza López, Juan Alberto Blanco Zaldívar, Juan Carlos Ruíz García, Juan Corral Mier, Juan Pablo Piña Kurczyn, Karina Padilla Avila, Karla Karina Osuna Carranco, Kathia María Bolio Pinelo, Leonel Gerardo Cordero Lerma, Leticia Amparano Gamez, Lilia Arminda García Escobar, Lorena del Carmen Alfaro García, Luis Agustín Rodríguez Torres, Luis Fernando Antero Valle, Luis Fernando Maesta Soule, Luz Argelia Paniagua Figueroa, Marco Antonio Gama Basarte, María de los Ángeles Rodríguez Aguirre, María del Rosario Rodríguez Rubio, María Eloísa Talavera Hernández, María García Pérez, María Guadalupe Cecilia Romero Castillo, María Guadalupe Murguía Gutiérrez, María Luisa Sánchez Meza, María Mercedes Aguilar López, María Verónica Agundis Estrada, Mariana Arámbula Meléndez, Marisol Vargas Bárcena, Martha Cristina Jiménez Márquez, Mayra Angélica Enríquez Vanderkam, Miguel Ángel Huepa Pérez, Miguel Ángel Salim Alle, Minerva Hernández Ramos, Nadia Haydee Vega Olivas, Nelly del Carmen Márquez Zapata, Patricia García García, Patricia Sánchez Carrillo, Pedro Garza Treviño, Rafael Valenzuela Armas, Rene Mandujano Tinajero, Ricardo Del Rivero Martínez, Rocío Matesanz Santamaría, Rubén Alejandro Garrido Muñoz, Santiago Taboada Cortina, Santiago Torreblanca Engell, Sergio Emilio Gómez Olivier, Teresa de Jesús Lizárraga Figueroa, Ulises Ramírez Núñez, Víctor Ernesto Ibarra Montoya, Wenceslao Martínez Santos, Ximena Tamariz García (rúbricas).»

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

La diputada Norma Rocío Nahle García(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Sonido en la curul de la diputada Rocío Nahle García. Adelante, diputada. ¿Con qué objeto?

La diputada Norma Rocío Nahle García (desde la curul): Sí, presidente. Es para señalar que nos da gusto que la fracción del PAN se sume a la iniciativa de austeridad, de democracia, de transparencia que Morena hizo desde el primero de septiembre del 2015.

Vamos a caminar en transparencia. Vamos a caminar en austeridad y vamos a caminar en democracia. Esperemos que se analicen todas las iniciativas. Unas que están en la congeladora y ésta que presentó el coordinador Marko Cortés.

Vamos en serio. Morena desde el 1 de septiembre de 2015 los estamos esperando. Es cuanto.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputada Rocío Nahle.



LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, la diputada Isaura Ivanova Pool Pech, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 20 Bis, 6, 51, 132 y 161 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

La diputada Isaura Ivanova Pool Pech:Gracias. Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados, hoy vengo a esta tribuna para exponer y pedirles que aprobemos esta iniciativa de ley para reformar artículos de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Medio Ambiente.

Para los ecosistemas marinos la figura de la conservación más importante es la de áreas marinas protegidas, siendo estas las superficies especialmente consagradas a la protección, mantenimiento, así como de los recursos naturales y de la diversidad biológica.

La importancia que reviste la protección de la biodiversidad marina también está relacionada con el establecimiento y la regulación normativa que permite evitar la sobreexplotación de recursos, incluidos los que tienen que ver con la industria pesquera, tanto de estas áreas como de aquellas que no forman parte de dicha categoría.

Por lo tanto, la protección del medio ambiente, sus recursos naturales y el desarrollo sustentable requieren de su administración eficiente y racional que permita mejorar el bienestar de la población actual, sin comprometer la calidad de vida de las generaciones futuras.

México enfrenta uno de sus más grandes retos. Requerimos la actualización de conocimientos, experiencias y prácticas con el objetivo de incluir al medio ambiente como uno de los elementos fundamentales que representan mayor competitividad, mayor desarrollo económico y social, y un mecanismo útil para el combate a la pobreza.

En ese orden de ideas, la presente iniciativa prevé el equilibrio entre el medio ambiente y el desarrollo sustentable a través de la coordinación interinstitucional e intersectorial que permite la implementación de políticas públicas de mediano y largo plazo, las cuales deben logar el perfeccionamiento de las actividades productivas, la incorporación de consideraciones de impacto y riesgo que garanticen el uso eficiente y racional de los recursos naturales.

Para conseguir este objetivo se propone la coordinación entre dependencias para formular, expedir, ejecutar y realizar la verificación anual y la publicación de resultados de los programas de ordenamiento ecológico marino, como de los programas de manejo ambiental de estas áreas naturales protegidas marinas.

Asimismo, para la vigilancia de estas zonas, deberá existir dicha coordinación mediante el auxilio de una guardia marina que garantice la protección de la biodiversidad y evite la sobreexplotación de recursos pesqueros, así como la pesca ilegal. De lo que se trata es de establecer un adecuado manejo que incluya objetivos compartidos, tanto ambientales, pesqueros, como socios económicos, para asegurar el uso sostenible de recursos de las áreas naturales protegidas y no protegidas, integrando apropiadamente los intereses locales de las comunidades costeras.

En realidad, no solo se trata de alcanzar por decreto las metas de cobertura de áreas naturales protegidas sino de la protección adecuada del medio ambiente. Se requiere por tanto construir mejores capacidades para ligar la planeación a las acciones de investigación, monitoreo, evaluación y vigilancia, ya que todos estos factores son indispensables para la protección del ambiente y el manejo sustentable de los recursos naturales marinos.

A pesar de que se está establecido un mayor número de áreas marinas protegidas, no se cuenta con una evaluación sobre la efectividad de los programas de manejo y de los programas de ordenamiento ecológico, de tal suerte que se ha incrementado paulatinamente la sobreexplotación de recursos y la pesca ilegal.

Finalmente, es importante señalar que al menos el 40 por ciento de la pesca en nuestro país es ilegal y que la sobreexplotación representa un grave problema para las pesquerías así como la degradación de los ecosistemas y la extinción de especies, por lo que es urgente proteger la biodiversidad.

Es imprescindible impulsar al sector pesquero y al mismo tiempo proteger nuestra biodiversidad y recursos naturales. Para ello, se requieren instrumentos legales que nos permitan alcanzar la sustentabilidad que propicie efectos indirectos y multiplicadores relacionados con la generación de empleos, servicios y desarrollo social. Es cuanto, diputado presidente.

«Iniciativa que reforma los artículos 20 Bis 6, 51, 132 y 161 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, a cargo de la diputada Isaura Ivanova Pool Pech, del Grupo Parlamentario del PRD

Problemática

Para los ecosistemas marinos la figura de conservación más importante es la de áreas marinas protegidas (AMP), siendo estas las superficies especialmente consagradas a la protección y mantenimiento de la diversidad biológica, así como de los recursos naturales, los recursos culturales asociados y manejados a través de medios jurídicos, así como cualquier otro método eficaz para su protección.

La importancia que reviste la protección de la biodiversidad marina, también está relacionada con el establecimiento y regulación normativa que permita evitar la sobre explotación de recursos incluidos los que tienen que ver con la industria pesquera, tanto de estas áreas, como de aquellas que no forman parte de dicha categoría.

La protección del medio ambiente, sus recursos naturales y el desarrollo sustentable, requieren la administración eficiente y racional que permita mejorar el bienestar de la población actual sin comprometer la calidad de vida de las generaciones futuras.

Sin embargo México enfrenta uno de sus más grandes retos; la actualización de sus conocimientos experiencias y prácticas, para incluir al medio ambiente como uno de los elementos que represente mayor competitividad, desarrollo económico y social, y un mecanismo útil para el combate a la pobreza.

El equilibrio entre el medio ambiente y el desarrollo sustentable requieren la coordinación interinstitucional e intersectorial en la implementación de políticas públicas de mediano y largo plazo, las que deben conllevar al perfeccionamiento de las actividades productivas, y la incorporación de consideraciones de impacto y riesgo que garanticen el uso eficiente y racional de los recursos naturales.

La protección del medio ambiente y el desarrollo sustentable es un tema que obliga a la revisión de nuestros modelos de desarrollo, pasados y actuales, y al cumplimiento de los compromisos internacionales que hemos suscrito, entre los que se encuentran el CDB; la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y su Protocolo de Kyoto; o bien los Objetivos del Milenio de la Organización de las Naciones Unidas.

El propio Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo enfoca su trabajo en el fomento a la protección del medio ambiente y el desarrollo sustentable, en construir y desarrollar capacidades que promuevan una mejor gobernabilidad ambiental, innovación y difusión tecnológica, la conservación y el uso sustentable de recursos, así como la protección de la biodiversidad.

Por tal razón, la vinculación de los aspectos ambientales más importantes a tomar en cuenta en el diseño e instrumentación, tanto de programas de manejo de las áreas naturales protegidas marinas, como de los programas de ordenamiento ecológico, y el uso responsable de recursos, repercutirá indudablemente de manera positiva en beneficio de nuestra sociedad.

Consideraciones

La presente iniciativa plantea que se requiere la planeación y aplicación adecuada de programas de manejo de áreas naturales protegidas marinas y programas de ordenamiento ecológico, los cuales requieren someterse a un proceso permanentemente de evaluación de resultados de carácter público, así como la vigilancia estricta del cumplimiento de la ley mediante una guardia costera que garantice la protección de la biodiversidad marina y los recursos pesqueros.

De lo que se trata es de establecer un adecuado manejo que incluya objetivos compartidos tanto ambientales, pesqueros, como socioeconómicos, con el propósito fundamental de asegurar el uso sostenible de recursos de las áreas naturales protegidas y no protegidas, integrando apropiadamente los intereses locales de las comunidades costeras titulares de derechos.

Es importante señalar que no existe el diseño de un modelo universal de reglamentación jurídica sobre la materia, dadas las diferencias legales, políticas, sociales, económicas, culturales y ecológicas existentes entre los diferentes países, pero debemos tomar como ejemplo referencial las buenas prácticas de otras latitudes, eso ayudará a establecer y perfeccionar año con año, nuestros Programas de Manejo de Áreas Naturales Protegidas Marinas y Programas de Ordenamiento Ecológico de acuerdo a las propias necesidades y características de zona geográfica que ocupamos.

El artículo 51 de Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, señala que se podrán establecer áreas naturales protegidas de los tipos establecidos en el artículo 46 (Reservas de la Biosfera, Parques Nacionales, Monumentos Naturales, Áreas de Protección de flora y fauna y Santuarios), en las zonas marinas mexicanas, que también podrán incluir la zona federal marítimo-terrestre contigua.

Esta referencia nos permite identificar las áreas marinas protegidas con el objetivo de proteger y preservar los ecosistemas marinos, y regular el aprovechamiento sustentable de su flora y fauna acuática.

Aunque es pertinente decir que hace falta mucho por hacer y actualizar, si observamos que en relación con las áreas naturales protegidas originalmente estas fueron diseñadas para aplicarse al medio terrestre y persisten problemas en la aplicación de la realidad sobre los recursos marinos.

Por otra parte y en relación a los Programas de Ordenamiento Ecológico dirigidos por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), se busca impulsar un esquema de planeación ambiental encaminado hacia el desarrollo sustentable.

Dentro de este esquema se promueve la vinculación y la integralidad de la toma de decisiones en los tres órdenes de gobierno sobre los temas que afectan el patrón de ocupación del territorio, así como la participación de la sociedad y la transparencia en la gestión ambiental.

Debemos ubicar estas deficiencias e ir construyendo a través de la elaboración y actualización permanente de los programas de manejo de áreas naturales protegidas marinas y programas de ordenamiento ecológico, las directrices legales que correspondan.

La evaluación de programas de manejo de áreas naturales protegidas marinas y de los programas de ordenamiento ecológico, su actualización y verificación de resultados, así como la vigilancia del cumplimiento de la ley son un instrumento que permitirá evitar la sobre explotación de reservas de nuestra biodiversidad o bien las dedicadas a incrementar el comercio pesquero, cuya relevancia económica es trascendental.

Así es como la ley de pesca y acuacultura sustentable bajo la denominación de zona de refugio, delimita áreas con la finalidad primordial de conservar y contribuir, natural o artificialmente, al desarrollo de los recursos pesqueros con motivo de su reproducción, crecimiento preservación y protección del ambiente que los rodea.

En zonas costeras u oceánicas, se debe priorizar la viabilidad de los ecosistemas beneficiando a la sociedad, a través del uso sostenible de sus recursos, incluyendo criterios claros sobre las actividades permitidas o prohibidas.

En realidad, no sólo se trata de alcanzar por decreto las metas de cobertura de áreas naturales protegidas relativas a 10 por ciento, sino de protección adecuada del medio ambiente, en este caso de zonas marinas, ya que la evaluación de los programas de manejo de áreas naturales protegidas marinas y programas de ordenamiento ecológico revela un manejo ineficiente o nulo.

La cobertura de superficie total de áreas protegidas puede ser un indicador relativamente fácil de medir, sin embargo sólo se trata de un sistema representativo, en el que no se está midiendo el aprovechamiento sostenible y el nivel de vida de las comunidades ubicadas en estas áreas y su zona de influencia.

En el caso de México, el esfuerzo por cumplir con las metas establecidas por el CDB es notable y las áreas marinas protegidas cuentan con su instrumento rector de planeación y regulación, es decir el programa de manejo PM, pero esto no implica que exista la planeación eficiente que requiere el área, y lo mismo sucede con las zonas marinas en general.

Por citar un ejemplo sobre el tiempo que tardaron en implantarse este tipo de PM, basta referirse a casos como las áreas protegidas de Cabo San Lucas cuyo decreto de creación data del 29 de noviembre de1973 y la administración del programa se estableció después de 30 años en (2003).

El tiempo de retraso entre la declaración de un AMP y la publicación de su PM oscilaba en un promedio de siete años, aunque se puede decir que ya cuentan con dicho instrumento, es evidente que se debe buscar mayor capacidad administrativa para cumplir la reglamentación y actualizar las prácticas que se llevan a cabo, evaluando constantemente los resultados que se obtienen en la implementación de este tipo de programas.

En teoría, los programas de manejo de áreas naturales protegidas marinas y programas de ordenamiento ecológico pasan por un proceso previo en el que se realiza la descripción de las características físicas, biológicas y socioeconómicas del área que debe incluir una propuesta de manejo y ordenamiento bien estructurada, pero la realidad demuestra que hay un gran desfasamiento de planeación y ejecución.

Otro ejemplo aunque este en un sentido alentador es la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables que establece en el artículo 9o. que la Sermarnat se deberá coordinar con la Sagarpa para emitir recomendaciones sustentadas, fundadas y motivadas, sobre permisos y concesiones de pesca y acuacultura que se pretendan otorgar, así como los volúmenes de pesca incidental dentro de las áreas marinas protegidas, de acuerdo a programa de manejo del área en cuestión; si bien es cierto este artículo representa un gran avance para la administración pesquera dentro de las AMP, la coordinación entre dependencias aún dista de ser una realidad.

Los océanos cubren más de 70 por ciento de nuestro planeta y en la zona costera reside cerca del 50 por ciento de la población, por ello la importancia de implementar acciones vinculadas entre dependencias, pues se tiene el involucramiento del transporte marítimo, turismo, vivienda, aprovechamiento de fuentes alimenticias a través de la pesca, entre otros.

Se requiere por lo tanto, construir mejores capacidades para ligar la planeación, a las acciones de investigación, monitoreo, evaluación y vigilancia ya que todos estos factores son indispensables para la protección del ambiente y el manejo sustentable de los recursos naturales marinos.

En México, a pesar de que se ha establecido un mayor número de áreas marinas protegidas y se han ubicado zonas prioritarias de conservación para implementar aún más áreas, no se cuenta con una evaluación de la efectividad de los programas de manejo, y mucho menos de los programas de ordenamiento ecológico por lo que existe una sobre explotación de recursos.

En virtud de lo anterior, resulta imprescindible tener un sistema de evaluación de dichos programas, ya que través de la evaluación constante se pueden identificar las áreas que requieren fortalecimiento.

La evaluación es un componente indispensable para mejorar los resultados del manejo y ordenamiento ecológico, la implementación de soluciones, el cumplimiento de las acciones programadas y su eficiencia. No podemos hablar solo estadísticamente de acciones, porque no se trata de medir en número, sino la eficiencia y calidad de estos programas, eso es lo que se debe evaluar, tampoco podemos tomar en cuenta evaluaciones internas, o informes a la Semarnat o al Consejo Nacional de Áreas Naturales Protegidas. Los resultados deben hacerse del conocimiento de la sociedad y tienen que ser usados para la futura planeación, ya que esto no sucede actualmente.

El reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente en materia de áreas naturales protegidas, en el artículo 77, menciona que “el programa de manejo será revisado por lo menos cada cinco años con el objeto de evaluar su efectividad y proponer posibles modificaciones”.

Es decir, la planificación tradicionalmente se ha basado en el sentido común y a menudo las áreas a proteger se definen más por cuestiones políticas que científicas.

La propia Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad ha señalado que uno de los problemas fundamentales de los ambientes oceánicos y costeros son la carencia de información suficiente y un ordenamiento que permita la conservación.

La conservación debe ir más allá de la preservación de especies, se involucra el mantenimiento de sistemas marinos íntegros, con el objeto de que conserven su estructura original y funcional, así como el equilibrio entre el uso de los recursos y la protección de éstos.

La interdisciplinaridad y coordinación en la ordenación del ambiente marino resulta, en muchos aspectos, más importante y necesaria que en el medio terrestre.

Ello se fundamenta en el alto grado de conexión entre los mares que facilita el transporte de sustancias y organismos a través de la columna de agua. Además, hay que añadir el tradicional concepto de propiedad común de los mares, que puede generar conflictos entre los usuarios y donde confluyen diferentes administraciones.

De acuerdo con la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente se tenían 176 áreas naturales protegidas, con el acuerdo firmado el lunes 5 de diciembre de 2016 por el Ejecutivo, relativo a la COP 13, y se tienen ya 181 áreas naturales protegidas, que abarcan 70 millones de hectáreas en zonas marítimas y 21 millones de hectáreas en zonas terrestres.

Entonces además de la evaluación sobre la efectividad de los Programas en los más de 11 mil kilómetros de costas y un territorio marino 1.5 veces más grande que nuestro territorio terrestre, necesitamos de un cuerpo especializado con facultades plenas de vigilancia y aplicación integral de la legislación; es decir de una guardia costera.

Si tomamos en cuenta que más de 40 por ciento de la pesca es ilegal, y que la sobreexplotación representa un grave problema de las pesquerías, así como la degradación de los ecosistemas y la extinción de especies, es necesario tener claro que en mares y costas se debe dar prioridad a la protección de la biodiversidad.

Es pertinente que se asignen atribuciones concretas, que se establezca la especialización para proteger nuestra biodiversidad y los recursos naturales costeros y marinos, combatiendo la pesca ilegal.

La pesca de captura es la única actividad productiva del sector primario que todavía depende, en gran medida, de la capacidad del ecosistema de producir el recurso sin mayor manipulación del hombre.

Es decir, depende del ambiente que no controlamos, pero sobre el que sí tenemos gran impacto, por ello cada vez es más evidente la huella de la actividad humana y la variabilidad que se tiene.

Esta es la principal característica que distingue a la pesca de la agricultura, de la producción forestal, o incluso de la acuacultura, pues estas actividades se llevan a cabo en ambientes generalmente controlados y predecibles.

La pesca ilegal se realiza en contravención de las disposiciones legales y administrativas aplicables, como son la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, el Reglamento de la Ley de Pesca y las normas oficiales mexicanas pesqueras y acuícolas.

Impacta de múltiples maneras el sector pesquero con incrementos en la tasa de mortalidad de las especies; impactos ecológicos a ecosistemas sensibles, cuando se trata de pesca en zonas restringidas, con artes de pesca prohibidas; captura de especies en etapas de vida vulnerables.

Esto dificulta para las autoridades estimar el nivel óptimo de aprovechamiento pues existe un número muy alto de capturas no contabilizadas; conflicto entre pescadores regulares e irregulares derivados de la pérdida de ingresos; deterioro de la cultura de la legalidad e impacto sobre los precios.

En las comunidades donde la actividad irregular sobrepasa la regular, se genera con el tiempo la costumbre de evadir la ley y hacerlo se vuelve natural, a veces incluso con apoyo y el consecuente provecho político.

Los principales impactos de la pesca irregular en México son, el aumento de la sobrepesca, la reducción no sostenible del stock y el incremento en los costos para la pesca regular. Las formas más comunes de la pesca irregular en México son la pesca sin permiso o concesión, el uso de artes de pesca no permitidos, y la pesca en época de veda.

La pesca comercial se lleva a cabo en dos sectores: el industrial (o pesca de altura) y el artesanal (o ribereño). El sector industrial está compuesto por más de 2 mil 200 barcos, dedicados principalmente a la pesca de sardina, camarón y atún y se estima que este sector emplea a más de 47 mil personas de forma directa y genera otros 125 mil empleos indirectos.

Ahora bien, mientras dicho sector representa apenas 20 por ciento de los pescadores, captura dos terceras partes del volumen total (68 por ciento) y representa cerca de la mitad del valor de la producción nacional.

De acuerdo a cifras de Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, la flota ribereña representa cerca de 96 por ciento de las embarcaciones totales del país (78 mil barcos con capacidad menor a 3 toneladas) y emplea entre 110 mil y 190 mil pescadores.

El contraste entre ambos es importante sectores es importante, porque el número de pescadores ribereños es uno de los factores que vuelve la regulación del sector más complicada y por tanto al sector más vulnerable a la pesca irregular.

Si bien es cierto la vigilancia de tan alto número de embarcaciones menores eleva el costo del monitoreo, esto no quiere decir que no se tenga que establecer una estrategia eficiente para lograr la vigilancia.

De acuerdo a lo anterior y para mejorar la situación de crisis que vive el sector es necesario entender el tamaño, los mercados, la logística y las causas de la pesca ilegal, así como establecer los componentes que se plantean en la presente iniciativa.

Por un lado una estricta evaluación de los programas de manejo de áreas naturales protegidas marinas y programas de ordenamiento ecológico y por otro una estricta vigilancia del cumplimiento de sus objetivos y principalmente de la ley, para evitar prácticas irregulares.

El país atraviesa un momento de cambio en el que debemos adaptarnos a lo que sucede en distintos mercados, donde se comercializan los productos de la pesca nacional (principalmente los de exportación) y que promueven controles que impactarán la forma cómo se pesca en nuestro país.

Es urgente impulsar el sector pesquero a partir de una adecuada regulación y proteger nuestra biodiversidad y recursos naturales; somos uno de los litorales más grandes del mundo con más de 11 mil kilómetros de costas, por ello la importancia de regular el aprovechamiento sustentable y lograr un mayor potencial pesquero.

México es el país con mayor extensión litoral, 40 por ciento más grande que el litoral chileno y cuatro veces más que el peruano, pero se encuentra por debajo de su potencial productivo pesquero al producir la cuarta parte del volumen que Chile produce por kilómetro de playa y la décima parte del volumen que produce Perú.

En este ejercicio comparativo mientras Perú y Chile son el tercer y quinto exportador de productos pesqueros a nivel mundial, contribuyendo con 7 por ciento y 4 por ciento de las exportaciones totales (en toneladas), respectivamente, México ocupa el lugar 28 con 1 por ciento de las exportaciones a nivel mundial, pero la pesquería ilegal detectada representa al menos el cuarenta por ciento de lo que se obtiene.

A diferencia de otros sectores, la productividad de la pesca requiere sustentabilidad de sus pesquerías en el tiempo, además de que es importante tomar cuenta y cuidar sus efectos indirectos multiplicadores en materia de empleos y ventas en otros sectores, incluyendo todo lo que genera en restaurantes, empacadoras, servicios de logística, pues se triplican a nivel turismo y los servicios alimentarios, entre otros.

Por lo tanto, la baja competitividad en los mercados internacionales y el deterioro frente a otros sectores económicos debe provocar que se realicen cambios que prevengan el acrecentamiento de la crisis que hoy se tiene, transformando profundamente este sector y modernizando nuestras Programas, para lograr competitividad productiva, aprovechando de manera sustentable lo recursos naturales y cuidando la salud de los ecosistemas que los proveen.

En el contexto internacional existe la oportunidad para beneficiarse de los ajustes que se proponen ya que la demanda mundial por los productos de la pesca aumenta.

La acuacultura ha absorbido una buena parte de este incremento en la demanda, pero existe oportunidad para que la pesca de captura mejore sus procesos principalmente a través de esquemas modernos que agreguen valor a los productos.

Estados Unidos, hasta ahora ha sido el principal destino de las exportaciones pesqueras mexicanas y probablemente eso deba modificarse porque el cambio respecto a nuestra relación con los mercados internacionales representa una oportunidad y un reto mayor para el país.

Al cambiar nuestro enfoque tenemos que buscar no solo maximizar la captura, sino mantener nuestra pesca en el tiempo y maximizar su valor y para ello hoy más que nunca en este sector se requiere la coordinación estrecha de la Secretaria de Marina a través de una guardia costera, la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales y la Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.

Por lo expuesto, la suscrita diputada Isaura Ivanova Pool Pech, integrante de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo establecido por los artículos 71, fracción II, 72 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados someto a la consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforman los artículos 20 Bis 6, 51, 132 y 161 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente

Artículo Único. Se reforman los artículos 20 Bis 6, 51, 132 y 161 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente para quedar como sigue:

Artículo 20 Bis 6. La secretaría en coordinación con las dependencias competentes deberá formular, expedir, ejecutar, y realizar una verificación anual, así como la publicación de resultados, tanto de los programas de ordenamiento ecológico marino, como de los programas de manejo ambiental de áreas naturales protegidas marinas. Estos programas tendrán por objeto el establecer los lineamientos y previsiones a que deberá sujetarse la preservación, restauración, protección y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales existentes en áreas o superficies específicas ubicadas en zonas marinas mexicanas, incluyendo las zonas federales adyacentes.

Para la vigilancia de estas zonas deberá existir la coordinación necesaria atendiendo a sus respectivas competencias, de la Secretaría y la Secretaría de Marina, mediante el auxilio de una guardia marina, la cual depende de esta última, siendo el área especializada para la protección de la biodiversidad, evitar la sobre explotación de recursos pesqueros y la pesca ilegal.

Artículo 51. ...

...

...

Para el establecimiento, administración y vigilancia de las áreas naturales protegidas establecidas en las zonas marinas mexicanas, así como para la elaboración de su programa de manejo, se deberán coordinar, atendiendo a sus respectivas competencias, la Secretaría y la Secretaría de Marina, mediante la guardia marina, cuya actividad de especialización es la protección de la biodiversidad, evitar la sobre explotación de recursos pesqueros y la pesca ilegal. En todos los casos queda prohibida la introducción de especies exóticas invasoras.

Artículo 132. La secretaría se coordinará con las Secretarías de Marina, de Energía, de Salud, de Turismo, y de Comunicaciones y Transportes, a efecto de que dentro de sus respectivas atribuciones intervengan en la prevención y control de la contaminación del medio marino, así como en la preservación y restauración del equilibrio de sus ecosistemas, con arreglo a lo establecido en la presente ley, en la Ley de Aguas Nacionales, la Ley Federal del Mar, la Ley General de Turismo, las convenciones internacionales de las que México forma parte y las demás disposiciones aplicables, tratándose de la protección de la biodiversidad, evitar la sobre explotación de recursos pesqueros y la pesca ilegal, se llevará acabo la vigilancia del cumplimiento de la ley a través de la guardia marina, por ser esta su actividad de especialización.

Artículo 161. La secretaría realizará los actos de inspección y vigilancia del cumplimiento de las disposiciones contenidas en el presente ordenamiento, así como de las que del mismo se deriven.

En las zonas marinas mexicanas la Secretaría, por sí o por conducto de la Secretaría de Marina, realizará los actos de inspección, vigilancia y, en su caso, de imposición de sanciones por violaciones a las disposiciones de esta ley.

Para la protección de la biodiversidad, así como evitar la sobreexplotación de recursos pesqueros y la pesca ilegal, se llevará a cabo dicha vigilancia mediante el auxilio de la guardia marina, por ser esta su actividad de especialización.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y la Secretaría de Marina realizaran los ajustes reglamentarios correspondientes para coordinar trabajos y establecer las funciones de la guardia costera a cargo de esta última, en un plazo no mayor de 90 días hábiles, a partir de la entrada en vigor del presente decreto.

Notas:

1 Definición de áreas protegidas de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).

2 La pesca ilegal e irregular en México, una barrera para la competitividad, Instituto Mexicano para la Competitividad, AC. Proyecto elaborado en colaboración con: Centro de Colaboración Cívica, AC, Comunidad y Biodiversidad, AC, Environmental Defense Fund de México, AC, Fundación Idea, AC, Sociedad de Historia Natural Niparajá, AC.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de febrero de 2017.— Diputada Isaura Ivanova Pool Pech (rúbrica).»

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputada Isaura Ivanova Pool Pech. Túrnese a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen.

Antes de ceder la palabra, a la siguiente oradora, queremos informarle al pleno que en un momento más van a ingresar a este recinto, las legisladoras infantiles que se instalaron el día de ayer aquí en la Cámara de Diputados.

Queremos pedirles a las y los diputados que nos ayuden a recibirlas aquí en este pleno de San Lázaro, para proceder también a someter a su consideración el concederle la palabra a la diputada presidenta del Parlamento Infantil que fue electa el día de ayer.

Informarles que son 300 niñas y niños que fueron electos en cada uno de los distritos electorales donde participaron más de nueve mil niños en este proceso, resultando que el 72 por ciento de los integrantes del Parlamento Infantil son niñas y el 100 por ciento de la Mesa Directiva infantil también son niñas.

Así es que después de esta intervención procederemos a invitar a pasar al pleno a las legisladoras y a los legisladores infantiles.



LEY FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES Y RADIODIFUSIÓN

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Tiene el uso de la tribuna hasta por cinco minutos la diputada María Victoria Mercado Sánchez, a nombre del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 189 y 190 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.

La diputada Ma. Victoria Mercado Sánchez:Con su venia, señor presidente. El 14 de julio de 2014 en el Diario Oficial de la Federación se publicó la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, en cuyos artículos 189 y 190 se estableció la obligación de los concesionarios para informar la localización, conservar y proporcionar a las autoridades las comunicaciones realizadas por las personas hasta por dos años.

La redacción establecida permitía el acceso a las comunicaciones privadas de las personas sin la previa autorización de un juez en contravención a nuestra Constitución, dejando al arbitrio de las autoridades el acceso a información constitutiva de datos personales.

Dichas disposiciones fueron motivo de debate y controversia. Ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil las consideraban invasivas y de la privacidad excesivas y presumiblemente inconstitucionales.

Ante ello, en su momento interpusieron demandas de amparo en contra de los artículos 189 y 190 y estos juicios permitieron que dichos artículos fueran revisados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La Corte en su resolución aprobada por unanimidad de los ministros integrantes de la segunda sala, el 7 de mayo del 2016, estableció los controles y condiciones a las que las autoridades y los concesionarios se deben sujetar en torno al manejo de las comunicaciones privadas de los ciudadanos.

En primer lugar la Suprema Corte acotó que las geolocalizaciones a través de los aparatos móviles, sólo pueden realizarse ante un riesgo o peligro de la vida e integridad de las personas, ello para evitar su generalización y evitar que la localización de las personas se realice con fines distintos al de la investigación de los delitos, para indebidamente dirigirse hacia el espionaje e invasión de la privacidad.

Y en segundo lugar, la Corte también determinó que toda vez que el acceso al registro de las comunicaciones privadas sí implica una restricción del derecho humano a la inviolabilidad de la comunicación, condicionó su acceso a que exista previa autorización judicial estableciendo en su sentencia que las autoridades no podrán solicitar a los concesionarios la información conservada ni estos entregarla sin antes contar con la autorización y orden de un juez federal competente.

En ese tenor y en aras del fortalecimiento del Estado de derecho de la debida investigación de los delitos penales y de la seguridad jurídica de las personas, el día de hoy presentamos a nombre del coordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda, esta iniciativa para adecuar la redacción de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión en sus artículos 189 y 190 para que en correspondencia con la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación la redacción de los mismos se ciña claramente a los límites constitucionales definidos por la propia Corte, pues justamente la defensa de la privacidad es una de las grandes batallas que debemos dar en contexto a los avances tecnológicos.

Adicionalmente proponemos reducir de dos a un año el plazo de conservación de los registros de comunicaciones privadas en posesión de los concesionarios, por considerar que los fines de seguridad y procuración de justicia o se vean alterados por dichas medidas, y en cambio dos años constituye un periodo excesivo de resguardo de información, que vulnera el derecho humano a la privacidad.

En ese sentido la presente reforma busca fortalecer nuestro Estado de derecho y avanzar en la construcción de un modelo de derechos digitales y protección a los datos personales. Es cuanto, señor presidente.

«Iniciativa que reforma los artículos 189 y 190 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, a cargo del diputado Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

El suscrito, Clemente Castañeda Hoeflich, diputado integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo señalado en el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, somete a consideración la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 189 y 190 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

I. El 14 de julio de 2014 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, en cuyos artículos 189 y 190 se estableció la obligación de los concesionarios de proporcionar a las autoridades información de geolocalización de los equipos de comunicación móvil, así como conservar y proporcionar a las autoridades la información de las comunicaciones realizadas por las personas hasta por dos años.

Estos artículos posibilitan a las autoridades de seguridad y procuración de justicia el acceso a las comunicaciones privadas de las personas sin previa autorización de la autoridad judicial federal. Es decir, sin el control del Poder Judicial de la Federación, dejando al arbitrio de las autoridades de seguridad e investigación el acceso a información constitutiva de datos personales.

Dichas disposiciones fueron motivo de debate y controversia, dado que distintas organizaciones de la sociedad civil, legisladores e integrantes de organismos constitucionales autónomos las consideraron invasivas de la privacidad, excesivas y presumiblemente inconstitucionales al vulnerar el derecho humano a la privacidad y a la seguridad jurídica de las personas, derechos tutelados en los artículos 1o., 6o., 14 y 16 constitucionales.

El 14 de julio de 2014, 219 organizaciones de la sociedad civil de solicitaron al entonces Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IFAI), como organismo garante de acceso a la información pública y protección de datos personales, ejerciera su facultad de presentar acción de inconstitucionalidad, establecida en el artículo 105, fracción II, contra leyes que pudiesen vulnerar los datos personales, al aducir lo siguiente:

“El IFAI debe presentar acción de inconstitucionalidad en contra de la Ley de Telecomunicación y Radiodifusión para garantizar derecho a la privacidad y a la protección de datos personales.

Las 219 organizaciones firmantes de esta carta compartimos nuestra profunda preocupación por la violación y a la protección de datos personales que permiten varias disposiciones de la nueva Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión aprobada por la Cámara de Diputados el miércoles de julio de 2014.

El título octavo de dicha ley, titulado De la Colaboración con la Justicia, constituido por los artículos 189 y 190, vulnera el contenido esencial de los derechos fundamentales al respeto de la vida privada y a la protección de datos de carácter personal. Los concesionarios de telecomunicaciones, los autorizados y proveedores de servicios, de aplicaciones y contenidos, están obligados a colaborar con las instancias de seguridad, (artículo 189) procuración y administración de justicia, en la localización geográfica, en tiempo real, de las personas a través de sus equipos de comunicación móvil (artículo 190, fracción 1) y también permitir el acceso a dichas instancias gubernamentales a una base de datos que contiene los detalles de todas las comunicaciones realizadas (metadatos) por los usuarios en el transcurso de los últimos dos años (artículo 190 fracción 2).

Tanto la geolocalización como la retención de datos personales por parte de los concesionarios de telecomunicaciones y, el acceso directo de las autoridades gubernamentales a esta información, en las condiciones definidas en esta nueva ley, vulneran derechos fundamentales de la ciudadanía. Los artículos 189 y 190 facultan a las autoridades para llevar a cabo acciones violatorias al derecho a la protección de la vida privada y los datos personales garantizados por los artículos 6 y 16 constitucional. Si bien reconocemos que las autoridades necesitan utilizar estas herramientas en contra de la delincuencia, es necesario que el Estado garantice que no serán utilizadas de manera arbitraria, discriminatoria y sin ningún control. En ningún caso se establecen salvaguardas como el control judicial, ni otras medidas como la transparencia estadística o el derecho de notificación al usuario, aun cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que este tipo de datos se encuentra protegido por la inviolabilidad de las comunicaciones privadas.

El 13 de agosto de 2014, los comisionados integrantes del pleno del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, por mayoría de cuatro votos contra tres, resolvieron no presentar acción de inconstitucionalidad en contra de la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión.

Por lo anterior, como recurso alternativo, ciudadanos en lo individual e integrantes de organizaciones de la sociedad civil interpusieron demandas de amparo en contra de los artículos 189 y 190 de la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión.

Diversos de estos amparos, tras impugnar la resolución del Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, y luego de la remisión del Primer Tribunal Colegiado en Materia Especializada en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, lograron que los artículos 189 y 190 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión fueran revisados en su constitucionalidad por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

El amparo en revisión presentado por integrantes de las organizaciones civiles se radicó en la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el expediente 964/2015, entre los agravios manifestados se refirieron los siguientes:

“...la juez federal tampoco tomó en cuenta lo establecido por la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana sobre Derechos Humanos, en cuanto a que “las decisiones de realizar tareas de vigilancia que invadan la privacidad de las personas deben ser autorizadas por autoridades judiciales independientes”, así como los casos Ekimdzhiev vs. Bulgaria, y Weber y Sarabia vs. Alemania, en los que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos sostuvo, toralmente, que “la existencia de salvaguardas adecuadas y efectivas resulta determinante para el análisis de la necesidad y proporcionalidad de legislaciones que facultan invasiones a la privacidad.”

El estudio de la resolución, respecto del artículo 189, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció:

La conformidad del artículo 189 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, con el derecho fundamental a la inviolabilidad de las comunicaciones.

“En principio, debe reiterarse que el artículo 189 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión se limita a señalar que “[los concesionarios de telecomunicaciones y, en su caso, los autorizados y proveedores de servicios de aplicaciones y contenidos están obligados a atender todo mandamiento por escrito, fundado y motivado de la autoridad competente en los términos que establezcan las leyes”.

“Es decir, el referido precepto normativo no contiene permisión alguna para que las autoridades o los particulares puedan interferir en las comunicaciones privadas de las personas o en los datos de tráfico de comunicaciones, sino que únicamente contiene la obligación para los concesionarios de telecomunicaciones y, en su caso, los autorizados y proveedores de atender los requerimientos que le formule la autoridad, en los términos que establezcan las leyes.

En ese contexto, se concluye que el artículo 189 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, no transgrede el derecho humano a la inviolabilidad de las comunicaciones.”

En el estudio de su resolución, respecto del artículo 190 fracciones I, II y III, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció lo que a continuación se transcribe:

“La conformidad del artículo 190, fracción I, de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, con el derecho fundamental a la inviolabilidad de las comunicaciones [“geolocalización”].

“El artículo 190, fracción I, del mismo ordenamiento legal, establece que los concesionarios de telecomunicaciones y, en su caso, los autorizados deberán “[colaborar con las instancias de seguridad, procuración y administración de justicia,en la localización geográfica, en tiempo real, de los equipos de comunicación móvil, en los términos que establezcan las leyes”.

...

“En principio, se estima que la medida de la localización geográfica en tiempo real de los equipos de comunicación móvil, persigue un fin legítimo, en tanto que tiende a facilitar la investigación y persecución de ciertas actividades ilícitas, mediante el uso de tecnologías de vanguardia en materia de telecomunicaciones, todo lo cual justifica se confiera su acceso a las instancias de procuración de justicia, para que puedan tener una respuesta inmediata a su solicitud, en aras de proteger la vida e integridad de las personas, como valor supremo a cargo del Estado mexicano.

Debiéndose precisar que si bien la fracción I del artículo 190 reclamado, hace referencia expresa a las “ instancias de seguridad, procuración y administración de justicia” , lo cierto es que, a fin de lograr un óptimo grado de certidumbre jurídica a los gobernados, así como enmarcar de manera adecuada la actuación de las autoridades en esta materia, esta Segunda Sala considera que las autoridades a que se refiere tal porción normativa son:

(I) El Procurador General de la República, así como los procuradores de las entidades federativas y, en su caso los servidores públicos en quienes deleguen esta facultad.

(II) La Policía Federal, conforme lo prevé el artículo 8, fracción XXVIII, de la Ley de Policía Federal.

(III)Finalmente, la autoridad encargada de aplicar y coordinar directamente la instrumentación de la Ley de Seguridad Nacional.

“Con tal apego, esta Segunda Sala considera que las referidas autoridades, sólo podrán solicitar la referida localización geográfica cuando se presuma que existe un peligro para la vida o integridad de las personas.

...

“En esa inteligencia, se concluye que el artículo 190, fracción I, de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, así entendido, no transgrede los derechos humanos a la inviolabilidad de las comunicaciones y a la vida privada.

La conformidad del artículo 190, fracciones II y III, de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, con el derecho fundamental a la inviolabilidad de las comunicaciones [entrega de datos].

“Como se ha precisado, la fracción II del artículo 190, prevé que el concesionario deberá conservar la referida información durante los primeros doce meses en “ sistemas que permitan su consulta y entrega en tiempo real a las autoridades competentes, a través de medios electrónicos” y que concluido tal plazo, el concesionario deberá conservar dichos datos por doce meses adicionales “ en sistemas de almacenamiento electrónico, en cuyo caso, la entrega de la información a las autoridades competentes se realizará dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, contadas a partir de la notificación de la solicitud”.

“Por su parte, la fracción III del artículo 190, establece la obligación de las concesionarias o autorizadas, de entregar los datos conservados a las autoridades a que se refiere el artículo 189 de esta ley, que así lo requieran, conforme a sus atribuciones, de conformidad con las leyes aplicables”.

“Al respecto, esta Segunda Sala considera que tales porciones normativas, al implicar una restricción al derecho humano a la inviolabilidad de las comunicaciones, no pueden deslindarse de las salvaguardas establecidas por el artículo 16 de la Constitución federal, lo que implica que, para que surta efectos la referida obligación de la entrega de datos, resulta indispensable la existencia de la autorización judicial respectiva, con entera independencia de las modalidades de transmisión informativa en comento.

“En ese sentido, debe señalarse que si bien la fracción II del artículo 190, se refiere a la conservación de medios electrónicos que permitan la consulta y entrega en tiempo real de los datos conservados durante los primeros doce meses, lo cierto es que ello debe entenderse en el sentido de que el acceso a tales medios virtuales de consulta y entrega de la información, se da una vez que se cuente con la autorización judicial en términos del artículo 16 de la Constitución federal, la cual actualiza la obligación de las concesionarias y permisionarias de permitir que la autoridad respectiva pueda entrar a consultar dichos sistemas electrónicos.

“En suma, la entrega real o inmediatez a la que se refiere la referida fracción normativa , no implica que las autoridades puedan soslayar los requisitos constitucionales establecidos para la intervención de las comunicaciones privadas, sino que una vez que se hayan acatado las exigencias previstas en el artículo 16 constitucional, las autoridades competentes deben tener acceso a los medios electrónicos que permitan, precisamente, la consulta y entrega real de tales comunicaciones.

“Ahora, respecto de la diversa modalidad de entrega de datos, consistente en que concluido el plazo de los primeros doce meses el concesionario deberá conservar dichos datos por doce meses adicionales en sistemas de almacenamiento electrónico, en cuyo caso, la entrega de la información a las autoridades competentes se realizará dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, contadas a partir de la notificación de la solicitud”.

“Debe entenderse que la actualización de la referida obligación, también se encuentra sujeta al cumplimiento previo por parte de las autoridades de las exigencias establecidas en el artículo 16 de la Constitución General de la República, esto es, los concesionarios o permisionarios deberán entregar los datos respectivos a las autoridades competentes, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a que se haya notificado la solicitud de entrega de la información respectiva, con base en la autorización judicial respectiva.

“Conforme a lo expuesto, se colige que la fracción II del artículo 190, en cuanto a la entrega de información se refiere, no resulta contraria al derecho humano a la inviolabilidad de las comunicaciones privadas.

“Finalmente, por lo que hace a la fracción III del artículo 190, esta Segunda Sala considera que tampoco constituye una violación al derecho humano a la inviolabilidad de las comunicaciones, en virtud de que, como se ha precisado, tal porción normativa se limita a establecer una remisión a las leyes aplicables que regulen la facultad de la “ autoridad competentepara solicitar y recibir la referida información, así como el proceso que debe observarse para ese efecto con base en la normativa respectiva, en conjunción con los lineamientos emitidos por el Instituto Federal de Telecomunicaciones.

“De ahí que la violación a las exigencias que la Constitución establece para limitar el derecho a la inviolabilidad de las comunicaciones –a saber, que únicamente la autoridad judicial federal, a petición de la autoridad federal que faculte la ley o del titular del Ministerio Público de la entidad federativa correspondiente, podrá autorizar la intervención de cualquier comunicación privada; que dicha petición deberá ser por escrito, en la que se funden y motiven las causas legales de la solicitud, expresando el tipo de intervención, los sujetos de la misma y su duración– podrán derivar, en todo caso, de los vicios que contengan tales normas, lo cual deberá de ser materia de un análisis de regularidad constitucional propio.

“Sin perjuicio de lo anterior, esta Segunda Sala considera menester reiterar que, con independencia de lo establecido en las normas que regulen la facultad de la autoridad competente para solicitar y recibir la información conservada por los concesionarios o permisionarios en materia de telecomunicaciones, lo cierto es que, como se ha precisado, la referida medida debe de realizarse en términos del artículo 16 constitucional; en consecuencia, exclusivamente la autoridad judicial federal, a petición de la autoridad federal facultada o el titular del ministerio público de la entidad federativa correspondiente, podrá autorizar la entrega de la información resguardada por los concesionarios.

“Para ello, la autoridad competente deberá de fundar y motivar las causas legales de la solicitud, además de expresar las personas cuyos datos serán solicitados, así como el periodo por el cual se requiera la información. La autoridad judicial no podrá autorizar la entrega de la información resguardada cuando se trate de materias de carácter electoral, fiscal, mercantil, civil, laboral o administrativo, ni en el caso de las comunicaciones del detenido con su defensor.

“Asimismo, carecerán de valor probatorio aquellas pruebas derivadas del uso de los datos de telefonía retenidos si la entrega de la información no se realizó previa autorización judicial en los términos que se dio cuenta”.

“En ese tenor, se colige que el artículo 190, fracciones II y III, de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, en cuanto a la entrega de datos, no violan el derecho humano a la inviolabilidad de las comunicaciones, siempre y cuando se realice según las consideraciones expuestas en esta sentencia.”

II. No obstante lo anterior, debe destacarse que la sentencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció un nuevo parámetro y las condiciones necesarias para ceñir la constitucionalidad del artículo 190 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, al precisar lo siguiente:

Respecto de la fracción I que la colaboración con las instancias de seguridad, procuración y administración de justicia, en la localización geográfica, en tiempo real, de los equipos de comunicación móvil, sólo podrá ser solicitada cuando se presuma que existe un peligro para la vida o integridad de las personas.

Respecto de la fracciones II y IIIque establecen la conservación, registro y entrega de comunicaciones a las autoridades, la Corte determinó que tales porciones normativas, al implicar una restricción al derecho humano a la inviolabilidad de las comunicaciones, no pueden deslindarse de las salvaguardas establecidas por el artículo 16 de la Constitución Federal, lo que implica que, para que surta efectos la referida obligación de la entrega de datos, resulta indispensable la existencia de la autorización judicial respectiva...

De lo anterior se desprende lo siguiente:

1) Respecto de la geolocalización. Que en el escrito que la autoridad competente debe dirigir a los concesionarios o, en su caso, autorizados para que colaboren en la localización geográfica en tiempo real de los equipos de comunicación móvil, además de la fundamentación, deberá encontrarse motivado por la presunción de peligro para la vida e integridad de las personas.

2) Respecto de la entrega de datos. Que las autoridades competentes para solicitar las comunicaciones de las personas conservadas y registradas por los concesionarios, previa y obligatoriamente deberán solicitar y, en su caso, obtener la autorización de la autoridad judicial federal para que les sea entregada dicha información.

Así, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, si bien determinó que los artículos 189 y 190 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión son constitucionales, también, a partir de la resolución aprobada estableció determinados controles y condiciones a los que las autoridades se deben sujetar para ceñir la constitucionalidad de estos artículos, acotando que la información de geolocalización de los aparatos móviles de las personas se encuentre motivada por riesgo de peligro a la vida e integridad de personas, para con ello evitar que la facultad de la autoridad se desvíe hacia fines distintos al de la investigación y persecución de los delitos penales.

También, respecto del artículo 190, fracciones II y III, la Corte determinó que toda vez que implican una restricción del derecho humano a la inviolabilidad de las comunicaciones, condicionó el acceso de las autoridades a la información conservada a la previa autorización de la autoridad judicial en los términos del artículo 16 constitucional.

En referencia a lo anterior, el primero de julio de 2016, se publicó en el Semanario Judicial de la Federación la siguiente tesis:

Comunicaciones privadas. La solicitud de acceso a los datos de tráfico retenidos por los concesionarios, que refiere el artículo 190, fracción II, de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, debe realizarse en términos del artículo 16 constitucional y sólo la autoridad judicial podrá autorizar la entrega de la información resguardada.

El derecho a la inviolabilidad de las comunicaciones privadas previsto en el artículo 16, párrafos decimosegundo y decimotercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tiene como objeto garantizar la reserva de todo proceso comunicativo, por lo que su ámbito de protección comprende tanto su contenido, como los datos de identificación, pues éstos ofrecen información sobre las circunstancias en que se produce, como son la identidad de los interlocutores, el origen y el destino de las llamadas telefónicas, su duración y fecha. En ese sentido, la solicitud de acceso a los datos de tráfico retenidos por los concesionarios para su entrega tanto en tiempo real como dentro de las 48 horas siguientes contadas a partir de la notificación de la solicitud, que refiere el artículo 190, fracción II, de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, debe realizarse en términos del citado precepto constitucional, por lo que exclusivamente la autoridad judicial federal, a petición de la autoridad federal que faculte la ley o el titular del Ministerio Público de la entidad federativa correspondiente, podrá autorizar la entrega de la información resguardada, para lo cual se deberán fundar y motivar las causas legales de ésta, así como expresar las personas cuyos datos serán solicitados y el periodo por el cual se requiera la información.

Segunda Sala

Amparo en revisión 937/2015. María del Rosario Arce Escalante y otra. 13 de abril de 2016. Unanimidad de cuatro votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez Potisek, José Fernando Franco González Salas y Margarita Beatriz Luna Ramos; votó con salvedades Margarita Beatriz Luna Ramos. Ausente: Alberto Pérez Dayán. Ponente: José Fernando Franco González Salas. Secretario: Salvador Alvarado López.

Nota. Los requisitos enunciados en el presente criterio serán obligatorios respecto de actuaciones o procedimientos surgidos a partir de su publicación, sin que éste pueda afectar la validez de investigaciones iniciadas con anterioridad.

III. Respecto del tiempo de conservación de datos, si bien la resolución de la corte establece que la conservación de datos no constituye por sí misma una violación, dicha instancia reconoció que las comunicaciones conservadas por los concesionarios sí constituyen información personal y privada, cuyo acceso a las autoridades, como ya se refirió, debe contar con la previa autorización de la autoridad judicial, pues dichos datos se encuentran protegidos por el derecho a la inviolabilidad de las comunicaciones privadas establecido en el artículo 16 constitucional.

Resulta entonces, en aras de fortalecer el derecho humano a la privacidad, sin menoscabo de los fines de seguridad y procuración de justicia, reducir el periodo de conservación de las comunicaciones registradas de las personas, dado que el periodo de dos años resulta excesivo.

Por lo anteriormente expuesto, me permito presentar ante esta soberanía, la siguiente iniciativa con proyecto de:

Decreto que reforma los artículos 189 y 190, fracciones I, II y III de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión

Artículo Único.Se adiciona un tercer párrafo del artículo 189 y se reforman la fracción I, el segundo párrafo de la fracción II y primer párrafo de la fracción III del artículo 190 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, para quedar como sigue:

Artículo 189. Los concesionarios de telecomunicaciones y, en su caso, los autorizados y proveedores de servicios de aplicaciones y contenidos están obligados a atender todo mandamiento por escrito, fundado y motivado de la autoridad competente en los términos que establezcan las leyes.

Los titulares de las instancias de seguridad y procuración de justicia designarán a los servidores públicos encargados de gestionar los requerimientos que se realicen a los concesionarios y recibir la información correspondiente, mediante acuerdos publicados en el Diario Oficial de la Federación.

Tratándose de comunicaciones conservadas o registradas, las autoridades competentes, previo a requerirla a los concesionarios y, en su caso, autorizados, deberán contar, en términos del artículo 16 constitucional, con la autorización respectiva de la autoridad judicial federal.

Artículo 190.Los concesionarios de telecomunicaciones y, en su caso, los autorizados deberán:

I.Colaborar con las instancias de seguridad, procuración y administración de justicia, en la localización geográfica, en tiempo real, de los equipos de comunicación móvil, en los términos que establezcan las leyes. Las autoridades competentes sólo podrán solicitar la referida localización geográfica cuando se presuma que existe un peligro para la vida o integridad de las personas.

[...]

[...]

II.Conservar un registro y control de comunicaciones que se realicen desde cualquier tipo de línea que utilice numeración propia o arrendada, bajo cualquier modalidad, que permitan identificar con precisión los siguientes datos:

a) a h) [...]

Para tales efectos, el concesionario deberá conservar los datos referidos en el párrafo anterior durante los primeros seismeses en sistemas que permitan su consulta y entrega en tiempo real a las autoridades competentes, a través de medios electrónicos. Concluido el plazo referido, el concesionario deberá conservar dichos datos por seis meses adicionales en sistemas de almacenamiento electrónico, en cuyo caso, la entrega de la información a las autoridades competentes se realizará dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, contadas a partir de la notificación de la solicitud. Sin perjuicio de lo anterior, las autoridades competentes deberán contar con la respectiva autorización de la autoridad judicial federal.

[...]

[...]

III.Entregar los datos conservados a las autoridades a que se refiere el artículo 189 de esta ley, que así lo requieran y cuenten con la respectiva autorización de la autoridad judicial federal, conforme a sus atribuciones, de conformidad con las leyes aplicables.

[...]

[...]

IV. a XII. [...]

[...]

Transitorio

Único.El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas:

1 “Piden OSC acción de inconstitucionalidad contra Ley Telecom: “Viola derecho a privacidad””, Animal Político, 14 de julio de 2014. http://www.animalpolitico.com/2014/07/piden-al-ifai-presentar-accion-de-inconst itucionalidad-contra-ley-telecom-porque-viola-derecho-la-privacidad/

https://es.scribd.com/doc/233800091/14072014CartaIfai

2 Comunicado IFAI-OA/053/14 “Resuelve pleno del IFAI no presentar acción de inconstitucionalidad en contra de Ley Telecom” http://inicio.ifai.org.mx/Comunicados/Comunicado%20IFAI-053-14.pdf

3 ONG interponen amparo contra ley de telecomunicaciones, Noticias MVS, 23 de septiembre de 2014, http://www.noticiasmvs.com/#!/noticias/ongs-interponen-amparo-contra-ley-de-tel ecomunicaciones-218

4 Suprema Corte de Justicia de la Nación. Resolución de la Segunda Sala, Amparo en Revisión 964/2015.

Se respetan los resaltados y subrayados tal como se contienen en la resolución de referida. http://www2.scjn.gob.mx/ConsultaTematica/ PaginasPub/Detallepub.aspx?AsuntoID=185299

5 Suprema Corte de Justicia de la Nación. Resolución de la Segunda Sala, Amparo en Revisión 964/2015. Se respetan los resaltados y subrayados tal como se contienen en la resolución referida. http://www2. scjn.gob.mx/ConsultaTematica/PaginasPub/Detallepub.aspx?AsuntoID=185299

6 Suprema Corte de Justicia de la Nación. Resolución de la Segunda Sala, Amparo en Revisión 964/2015. Se respetan los resaltados y subrayados tal como se contienen en la resolución de mérito. http://www2.scjn.gob.mx/ConsultaTematica/PaginasPub/Detallepub.aspx? AsuntoID=185299

7 Suprema Corte de Justicia de la Nación. Resolución de la Segunda Sala, Amparo en Revisión 964/2015. Las cursivas y resaltados en color negro son propios con la finalidad de hacer énfasis en el argumento de la resolución como fundamento de la presente exposición de motivos. http://www2.scjn.gob.mx/ConsultaTematica/PaginasPub/ Detallepub.aspx?AsuntoID=185299

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de febrero de 2017.— Diputada y diputado: Ma. Victoria Mercado Sánchez,Clemente Castañeda Hoeflich (rúbricas).»

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputada Mercado Sánchez. Túrnese a la Comisión de Comunicaciones, para dictamen.



DÉCIMO PARLAMENTO DE LAS NIÑAS Y DE LOS NIÑOS DE MÉXICO

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Le pido al personal de Cámara que nos ayude para el acceso de las legisladores y legisladores infantiles que estuvieron el día de ayer aquí en San Lázaro, por favor.

(Ingreso al salón de sesiones de las y los legisladores infantiles)

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Está con nosotros la presidenta del X Parlamento de las Niñas y los Niños de México, la diputada Ashley Brigette Gómez Lorenzana, del distrito 24, de la Ciudad de México. Las vicepresidentas Alejandra Guadalupe Castañón Álvarez, del distrito seis, de Chiapas; la diputada Azul Melina Cartagena Morales, del distrito uno, de Oaxaca. La diputada Ilián Jacqueline Guzmán Castillón, distrito cinco, de Jalisco; la diputada Sofía Montserrat Estévez Ramírez, distrito seis, de Puebla; la diputada Gloria Mariel Román Barboza, distrito dos, de Durango; y la diputada Kerima Mahité Perales Fernández, distrito dos, de Tamaulipas.

Le pido a la Secretaría que consulte a la asamblea si autoriza que la diputada infantil Ashley Brigette Gómez Lorenzana, presidenta de la Mesa Directiva del X Parlamento de las Niñas y de los Niños de México 2017, haga uso de la tribuna para dirigir un mensaje a la asamblea.

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica, se consulta a la asamblea si se autoriza que la diputada presidenta infantil haga uso de la tribuna. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Autorizado por unanimidad. En consecuencia tiene el uso de la tribuna la diputada infantil Ashley Brigette Gómez Lorenzana.

La Presidenta diputada infantil Ashley Brigette Gómez Lorenzana: Buenas tardes, diputados y diputadas. Compañeros y compañeras. Hoy les quiero hablar sobre un tema que está afectando mucho a México, que es que no somos un país independiente, vemos lo que hacen los demás o lo que opinan y no vemos lo que nosotros estamos haciendo.

Lo que deberíamos hacer es tratar de mejorar lo que nosotros hacemos en vez de ver lo que hacen los demás. No juzgarlos por sus características físicas o psicológicas.

Yo quiero que México sea un país independiente y para lograrlo necesitamos que las personas se fijen en lo que hacen ellas mismas en vez de ver lo que hacen las demás. Un ejemplo es el caso que está pasando en Estados Unidos con el presidente. Nosotros nos fijamos en lo que ese presidente dice en vez de ver cómo podemos mejorar para ser un país que pueda independizarse. En vez de gastar los recursos que nosotros tenemos esas personas capacitadas, en vez de aprovecharlas allá, aprovecharlas en nuestro país para mejorar este país.

Para mí un tema muy principal es la discriminación, porque si logramos quitar la discriminación vamos a fomentar muchos más derechos que tenemos, como la libertad de expresión. Vamos a ser un país más libre, vamos a tener más oportunidades, menos violencia, menos robos, menos personas malas, porque ya no va a haber discriminación de quien les diga.

Nosotros hacemos esas características, vemos por las características físicas que son, si es una mujer rubia tiene mucho dinero, si es un hombre todo tatuado es un prisionero, cuando la mujer rubia puede ser una criminal o el hombre que tiene muchos tatuajes puede ser un médico. No hay que fijarnos por las apariencias de cómo son las personas, sino hay que ver en realidad qué hay dentro de ellas.

Yo he tenido varias experiencias con compañeros, tienen síndrome de Down, son sordos y los trataban diferente, como si no fueran normales, cuando lo son. No porque tengan alguna discapacidad van a ser diferentes a nosotros, simplemente tienen alguna discapacidad.

Yo les agradezco mucho por estar aquí y quiero decirle a todos los niños y niñas que sigan participando aquí, porque lo que México hace, para lo que hace en estos concursos es ver qué queremos nosotros, qué queremos lograr en México o qué sentimos.

A los diputados y diputadas, que lo que digamos aquí se haga cumplir y eso es todo y les agradezco mucho su atención.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Muchas gracias, diputada Ashley Brigette Gómez Lorenzana.

El diputado Manuel Jesús Clouthier Carrillo(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: A ver, sonido en la curul del diputado Manuel Clouthier, por favor. ¿Con qué objeto, diputado?

El diputado Manuel Jesús Clouthier Carrillo (desde la curul): Gracias, presidente. Dar la bienvenida a los niños y niñas que nos acompañan el día de hoy del Parlamento Infantil, al tiempo de sugerir, presidente, que se queden los niños. Que se queden los niños y quizá así logremos que se ponga el interés de México por encima del interés partidario. Es cuanto, presidente, que se queden los niños.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputado. Por supuesto que acompaño la petición. Sin embargo, entiendo que tienen una agenda ya construida para el día de hoy, pero podrán permanecer el tiempo que lo consideren necesario.

El diputado Héctor Barrera Marmolejo(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: A ver, sonido en la curul del diputado Héctor Barrera. ¿Con qué objeto, diputado?

El diputado Héctor Barrera Marmolejo (desde la curul): Diputado presidente, nada más para felicitar a todos los niños y las niñas que participaron en este Parlamento Infantil y muy en específico a Ashley Brigette Gómez Lorenzana, que sirva sea de paso comentarlo, es la diputada infantil del distrito 24, que se ubica en Coyoacán. Muchas gracias y felicidades a todos los niños y las niñas, mí diputada presidenta. Gracias.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputado Héctor Barrera.

La diputada María Candelaria Ochoa Avalos(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Sonido en la curul de la diputada Candelaria Ochoa.

La diputada María Candelaria Ochoa Avalos (desde la curul): Gracias, presidente. Compañeras, compañeros diputados, la bienvenida a los niños y a las niñas en este salón de sesiones, que es histórico para todos los que estamos aquí. Pero, además, decirles que aquí me acompañan Itzel y Xóchitl. –A ver, si me acompañan.

Están aquí y creo que el discurso de la presidenta infantil es una muestra de que somos conscientes de la discriminación y la desigualdad que existe en este país y que qué bueno que hoy sembramos esa semilla, para que cosechemos en un futuro no muy lejano para ellos y para ellas. Muchas gracias.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputada Candelaria Ochoa.

El diputado Jesús Salvador Valencia Guzmán(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Sonido en la curul del diputado Jesús Salvador Valencia, por favor.

El diputado Jesús Salvador Valencia Guzmán (desde la curul): Gracias, diputado presidente. A nombre de la Comisión de Derechos de la Niñez, a nombre de mi fracción parlamentaria, quiero agradecer a los niños y a las niñas que han participado y que están participando en este parlamento infantil, su entusiasmo, su dedicación y todas las ganas que le están poniendo por dejar en esta Cámara de Diputados acciones e iniciativas vinculantes, que la próxima semana el seno de la Comisión de Derechos de la Niñez estará subiendo a esta Cámara de Diputados, como acciones vinculantes mandatadas por el Parlamento infantil, que eso hace histórico este Parlamento, así como es la primera vez que la Mesa Directiva de un Parlamento está compuesta únicamente por mujeres, además de que es la primera vez que una presidenta de este Parlamento infantil se dirige al pleno de esta Cámara de Diputados. Muchas felicidades. Y muchas gracias también, señor presidente.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, compañero diputado.

La diputada Mariana Arámbula Meléndez(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Sonido en la curul de la diputada Mariana Arámbula, adelante, diputada.

La diputada Mariana Arámbula Meléndez (desde la curul): Gracias. A nombre de todo el grupo Acción Nacional, les damos la bienvenida a los niños hoy aquí en este espacio que es tan importante.

Nosotros hoy queremos reiterarles nuestro compromiso por todos ustedes, el seguir apostando porque tenga un sano desarrollo, porque tengan más oportunidades, porque no sean maltratados, porque creemos que ustedes son el presente y un eterno presente que dará mucho en un futuro para México. Cuenten con nosotros. Los felicito.

Todos nosotros estamos muy contentos, Acción Nacional y los demás diputados, que estén aquí presentes y que puedan expresar todas sus inquietudes, que no se quedarán ahí, sino seguiremos apostando y peleando por todos ustedes. Enhorabuena.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputada Mariana Arámbula.

La diputada Alicia Guadalupe Gamboa Martínez(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Sonido en la curul de la diputada Alicia Guadalupe Gamboa Martínez, adelante, diputada. Sonido en la curul de la diputada Gamboa, por favor.

La diputada Alicia Guadalupe Gamboa Martínez (desde la curul): Buenas tardes. A nombre del Grupo Parlamentario del Revolucionario Institucional, les damos la bienvenida a todos nuestros niños parlamentarios, sobre todo, el reconocer el trabajo que han venido realizando en las mesas, felicitarlos y decirles que trabajaremos en sus propuestas, para llevar una agenda legislativa a favor de ustedes. Son el presente y el futuro de México, nosotros los legisladores lo tenemos claro. Les pido un fuerte aplauso para todos nuestros niños que han traído una agenda muy intensa y que han hecho un trabajo extraordinario. Muchas felicidades.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Muchas gracias, diputada Gamboa.

La diputada Rosa Alba Ramírez Nachis(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Sonido en la curul de la diputada Rosa Alba Ramírez Nachis, por favor. Adelante, diputada.

La diputada Rosa Alba Ramírez Nachis (desde la curul): Muchísimas gracias, presidente. Sin duda, este Parlamento de Niños y Niñas nos deja ese grato sabor de la inocencia y del compromiso con México.

Invito a todos estos niños y niñas a que empaten con su diputado que les permitió la curul en un pacto de servir al pueblo de México, de hacer las cosas bien, no nada más de membrete y de simulación. Que aquí nos comprometamos ante estas criaturas inocentes y optimistas que vamos a luchar por este país que todos queremos y que todos merecemos. Ya basta de simular y de fingir que estamos haciendo las cosas bien por el pueblo de México.

Tomemos el ejemplo de los infantes que con toda autoridad vienen ante este recinto y se manifiestan en pro de la dignidad humana, de la equidad y del trabajo en conjunto para sacar adelante este hermoso país. Es cuanto, presidente.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputada Ramírez Nachis.

El diputado Omar Noé Bernardino Vargas(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Sonido en la curul del diputado Omar Noé Bernardino Vargas, por favor. Adelante, diputado.

El diputado Omar Noé Bernardino Vargas (desde la curul): Gracias, presidente. Para felicitar a las niñas y a los niños de este Parlamento. En especial a mi diputado del distrito de Apatzingán, Antonio Íñiguez Pichardo, que cabe resaltar que el día de ayer dio un mensaje referente a los Sentimientos de la Nación de la Constitución de 1814, de allá de Apatzingán.

Yo propongo que todos los trabajos que se terminen realizando por este Parlamento infantil, nosotros en su momento los analicemos para que no sea una letra muerta y que nosotros nos pongamos de acuerdo para trabajar y sacar algunas iniciativas o reformas que han venido trabajando en este Parlamento infantil.

Es importante, si ellos se están esforzando, también nosotros esforzarnos para darle celeridad a esto. Y también, por qué no ayudarlos económicamente con un mes del salario de dietas, sería importante que cada uno de los diputados de los distritos donde fuimos electos apadrinemos a nuestro diputado infantil. Es cuanto, presidente.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputado Bernardino Vargas. Tengo inscritos a dos compañeros legisladores más, les vamos a dar el uso de la palabra y si ustedes están de acuerdo cerramos. Nuestras compañeras y compañeros legisladores ya tienen media hora de retraso en su siguiente actividad.

Entonces, le damos el uso de la palabra a la diputada Mariana Trejo Flores, del Grupo Parlamentario de Morena.

La diputada Mariana Trejo Flores(desde la curul): Gracias, presidente. Primero que nada, doy la bienvenida a todas las niñas y niños del futuro de este país. Aquí estamos 36 guerreros que estamos labrando mejor su futuro. Créanlo, que de verdad lo estamos haciendo y estamos dando la lucha por un México.

Sean ustedes bienvenidos y aquí es la casa de ustedes, pero más que nada es su casa donde se labran y se elaboran las leyes a justicia para ustedes, los niños, el presente y el futuro de México. Bienvenidos, niños y niñas.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias. Finalmente, sonido a la curul del diputado Pedro Luis Noble Monterrubio.

El diputado Pedro Luis Noble Monterrubio(desde la curul): Gracias, presidente. Con este saludo a todos los niños que hoy se integran al Parlamento Infantil. Saludo en especial a mis amigos hidalguenses que aquí nos acompañan.

El diputado Pedro Luis Noble Monterrubio (desde la curul): Le he impuesto el botón a Isaac Uribe, de Acajuba, Hidalgo, para que me acompañe en mí recorrido de diversos trabajos y aquí de vez en cuando, si la Directiva me lo permite, como ya tiene botón, si le permite unas palabras.

El diputado infantil Isaac Uribe Castro (desde la curul): Mi nombre es Isaac Uribe Castro, de Acajuba, Hidalgo, del distrito III. Gracias por darnos esta oportunidad, legislador presidente.

El diputado Pedro Luis Noble Monterrubio (desde la curul): Muchas gracias. Gracias, presidente.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: A ver, consulto a mí diputado presidente de la Comisión de la Niñez. Están levantándome las manos algunos otros compañeros legisladores infantiles, pero el reporte que traigo es que ya es más de media hora de retraso de sus siguientes actividades.

Te consulto, ¿cedemos el uso de la voz a un legislador más y cerramos con un legislador infantil? Dos legisladores infantiles. Vamos a dar la palabra a dos. A ver, sonido en la curul de la diputada infantil que está acompañada de la diputada Mirza Flores. Posteriormente damos la palabra por acá, damos la palabra. Vamos a ir dando la palabra poco a poco y sí quiero ser muy preciso, les pido a los organizadores de este parlamento, que sean ustedes quienes me indiquen en qué momento terminamos estas intervenciones para dar paso a la agenda que tienen construida para las niñas y para los niños. Adelante, por favor.

La diputada infantil Nahani Azarel Galicia Ramón (desde la curul): Soy del distrito 11 de Veracruz, representando al distrito de Coatzacoalcos. Y solo quería decir que me siento muy honrada de estar aquí en la Cámara de Diputados y que haré lo mejor posible para representar a mi distrito y ayudaré a construir un país mejor. Muchas gracias.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Muchas gracias. Sonido a la diputada infantil que está en la curul de la diputada Brenda Velázquez.

La diputada Brenda Velázquez Valdez(desde la curul): Muchas gracias, presidente. Primeramente quiero agradecer y felicitar a todos los niños y las niñas de este Parlamento Infantil y aquí quiero cederle el uso de la voz a Alizon Abril, del estado de Nuevo León.

La diputada infantil Alizon Abril Valdés López (desde la curul): Diputados, muchas gracias. Estoy muy feliz de estar aquí, y quiero que bajen la gasolina.

La diputada Brenda Velázquez Valdez (desde la curul): Gracias.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Muchas gracias. Voy a dar sonido en la curul 118. Posteriormente acá donde está la diputada Bárbara Botello y cerramos aquí en donde está la diputada, es la indicación que tengo.

La diputada infantil Paulina Valeria Rábago Gómez (desde la curul): Hola. Muy buenas tardes. Señor presidente de la Mesa Directiva. Soy Paulina Valeria Rábago Gómez y vengo representando al distrito 01 de Hidalgo de la localidad Huejutla de Reyes.

Y quiero decirles que nosotros como diputados infantiles o legisladores, o también legisladores infantiles, estamos muy orgullosos de la oportunidad que tenemos y que también nos tomamos muy en serio nuestra labor, ya que nosotros estamos construyendo de un México mejor para los futuros diputados infantiles. Muchas gracias.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Muchas gracias, diputada. Sonido en la curul de la diputada infantil, que está a lado de la diputada Bárbara Botello.

La diputada infantil María Fernanda Hernández (desde la curul): Le doy muchísimas gracias a todos los diputados por la oportunidad que me brindaron para estar en este 10o. Parlamento de México. Les doy.

Les doy gracias porque esta oportunidad me va a servir para mi formación personal. Muchísimas gracias. Nosotros nos tomamos en serio nuestro papel como legisladores y queremos hacer de México un mejor país. Gracias.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Muchas gracias. Sonido en la curul del compañero legislador que está en la curul de la diputada Cristina Ismene Gaytán; curul 79.

El diputado infantil Héctor Castro Ríos (desde la curul): Les quiero agradecer a todos por darme el micrófono. También les quiero agradecer a todos los que me apoyaron, porque si no, no pudiera estar en esta curul.

Ayer nos dijo el presidente que más de ocho mil niños concursaron y solo 300 pudieron llegar aquí. Mis papás dijeron que quisieran tener esta oportunidad. El derecho que se me hace mejor para mí es el derecho de educación. Gracias.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Voy a dar dos más. Permítanme; orden. Voy a dar el sonido a un diputado que está aquí enfrente y al diputado que está hasta el fondo, allá atrás donde está el diputado. ¿Me da el número de su curul? Sonido en la curul. Listo, adelante.

El diputado infantil Axel Gael Romo Torres (desde la curul): Querido Congreso de la Unión, les doy las gracias a nombre de todos los niños que hoy tienen la oportunidad de estar aquí. No saben lo importante que significa para nosotros el poder representar a nuestro estado, a nuestro distrito.

México ya está cansado de la corrupción, del gasolinazo, de Donald Trump. Ya estamos cansados y queremos un México mejor porque sí se puede, porque sí lo podemos lograr.

Por eso hoy, si me lo permiten, quiero invitar a México a que no se dé por vencido, a que no se den por vencidos y sí podemos, México, sí podemos, sí podemos. Gracias. Esto es todo.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Muchas gracias. A ver, voy a dar el uso de la tribuna a dos legisladores más, al que se encuentra hasta el final de mi lado izquierdo, donde está el diputado levantando la mano. ¿Qué número de curul es? Cuatrocientos veinte, y después hasta el extremo derecho y terminamos, con esas dos intervenciones terminamos; me están pidiendo los organizadores que ya cerremos esta participación. Adelante, por favor.

El diputado infantil Daniel Briones Ramírez (desde la curul): Muy buenos días a todos diputados y diputadas. Yo me llamo Daniel Briones Ramírez, y vengo del estado de Tlaxcala, representando a mi estado, distrito uno. Me siento muy orgulloso por esto que me ha sucedido; quién iba a pensar que yo llegaría acá con estos diputados, pero doy gracias a Dios, a mi mamá y a todos, principalmente al gobierno porque solventó mis gastos; pero Donald Trump ha querido poner trabas en cuanto al muro, en cuanto a varias cosas.

En varias ocasiones nos ha sacado a los mexicanos de Estados Unidos. ¿Qué le da derecho? ¿Piensa que con hacer eso nos va a detener? No, somos, digámoslo así, una nación muy pequeña pero la más fuerte; somos mexicanos. Los mexicanos nunca se rinden. Vamos a seguir así y siempre, porque eso somos, mexicanos valientes, duros y fuertes; jamás nos cansaremos. Gracias.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Sonido a la diputada que se encuentra en la curul número 3, por favor.

La diputada infantil Dana Shireth Díaz Hernández (desde la curul): Hola, muy buenos días. Mi nombre es Dana Shireth Díaz Hernández, del estado de Campeche, y aquí también estoy con mi diputada Ana Lilia Much Caberea, y les voy a decir una cosa: yo vine a este concurso y estaba muy nerviosa, pero ya cuando me di la oportunidad de pasar, me di cuenta de que si la hacía, podríamos hacer que México sea un lugar mejor, que México va a prosperar y va ser el mejor lugar del mundo, porque si nosotros lo hacemos va a ser el mejor lugar.

También doy muchas gracias a todos los niños que están acá, por todo el esfuerzo que hicieron están acá. Todos sus frutos están acá. Muchas gracias, y adiós.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: A ver, amigas y amigos, con esto vamos a cerrar, la primera legisladora que me pidió el uso de la palabra y que arrancó todo este proceso, me parece muy injusto no darle la palabra. Y vamos a cerrar con un compañerito que está en la curul número 6, y con eso cerramos. A ver, sonido en la curul número 13, por favor.

La diputada infantil Jimena Sillas Chú (desde curul): Quería decir que pido muchas gracias por habernos dado la oportunidad a nosotros, los 300 niños de aquí de México, para poder expresarnos y dar nuestras palabras. Tal vez nunca nos tomen en cuenta, y ésta es una oportunidad muy importante.

Tal vez no nos hagan caso a muchos, pero yo sé que no se van a arrepentir si hacen caso a todas nuestras propuestas. Muchas gracias.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, compañerita. Y cerramos, les pido por favor escuchemos a nuestro siguiente orador en la curul número 6. Adelante, con el que aquí cerramos.

El diputado infantil David Emmanuel Ruiz Morales (desde la curul): Yo elegí hablar de la discriminación porque ¿quién no ha vivido en un momento de discriminación por su vida? Porque todos estamos expuestos, no hay ningún lugar libre de discriminación, todos estamos expuestos, ya sea por su color de piel, por sus características, por sus costumbres, y eso, pero elegí hablar de este tema porque tal vez si esto hablamos en todo el país, México va a cambiar.

Si todos concursamos y hablamos de todos los derechos que tienen los niños y las personas, México va a cambiar, y ya no va a haber más discriminación y va a haber más sitios libres, y ya todo México va a cambiar. Gracias.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Muchas gracias, compañero. Con esto cerramos ya las intervenciones. Agradezco a la asamblea el apoyo al acuerdo que emanó de la Mesa Directiva.

Saludamos nuevamente a las legisladoras y a los legisladores infantiles, a la presidenta, a las vicepresidentas y a las secretarias de la Mesa Directiva del Parlamento Infantil. Y les pido a las diputadas y a los diputados que despidamos a los legisladores del Parlamento Infantil con un fuerte, fuerte aplauso. Felicidades a todas y a todos.

(Las legisladoras y los legisladores infantiles salen del recinto)

Mientras se retiran nuestras compañeras y compañeros legisladores infantiles, esta Presidencia saluda a los estudiantes de la Universidad Mundial, Campus La Paz, invitados por el diputado Herminio Corral Estrada, así como a los maestros responsables. Muchas gracias por su visita de tan lejos. Bienvenidos a la Cámara de Diputados.

INICIATIVAS DE LAS DIPUTADAS Y LOS DIPUTADOS



EXPIDE LA LEY DE SEGURIDAD INTERIOR

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Continuamos en el desahogo de nuestra orden del día. Tiene el uso de la tribuna, hasta por cinco minutos, la diputada Sofía González Torres, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley de Seguridad Interior, suscrita por los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

La diputada Sofía González Torres:Con su permiso, presidente. Compañeras y compañeros diputados, el tema de seguridad en México constituye un asunto sumamente complejo. Este es el elemento esencial para que el Estado mexicano garantice el orden social y la gobernabilidad, así como el Estado de derecho.

Desde hace 10 años, en este país se emprendió una estrategia integral para combatir al crimen organizado, esto por su alarmante crecimiento y alta peligrosidad que tienen dentro de la seguridad de los mexicanos.

Es por eso que el gobierno tuvo la difícil decisión de utilizar todo el aparato del Estado para contrarrestar y frenar a estos criminales, que dañan seriamente nuestro tejido social.

Como todos lo sabemos, la lucha contra el crimen organizado es una tarea constante. En esta tarea tenemos que destacar el desempeño eficaz de nuestras Fuerzas Armadas, que siempre han sido leales con la nación y responsables en su misión de proteger y salvaguardar la seguridad interior de las zonas en donde se ha pedido su ayuda, para así poder preservar el orden interno.

Por medio de la seguridad interior, el Estado mexicano salvaguarda la continuidad de sus instituciones, el desarrollo nacional y así salvaguarda el Estado de derecho y la gobernabilidad en absolutamente todo el territorio nacional.

La iniciativa que presenta hoy mi grupo parlamentario busca que la seguridad interior esté regulada con normas claras y situaciones específicas que pongan en orden el actuar de cada una de las diversas instituciones de seguridad con las que cuenta nuestro país, tomando en cuenta los distintos tipos de amenazas que afronta México.

Uno de estos ejemplos sería la tecnología, como parte integral del sistema de seguridad de nuestro país. De ahí que es necesario tomar en cuenta la protección de nuestras redes en contra de cualquier tipo de ataque cibernético por parte del crimen organizado. Es por esto que esta iniciativa incluye la seguridad cibernética como parte esencial de nuestra seguridad interior.

También debemos dejar claro que las amenazas a las que hace frente la seguridad interior son completamente distintas a las que enfrenta la seguridad pública. Si bien es cierto que ambas están ligadas y dirigidas a un mismo fin, su ámbito de acción es completamente distinto. La seguridad interior intenta proteger el Estado de derecho y la estabilidad de sus instituciones; y la seguridad pública vela por el orden público.

Nuestra iniciativa propone la intervención de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad, se realice previo a un estudio y a un análisis de situación específica, con ello se va a poder determinar el tiempo, el grado y, sobre todo, el territorio específico en donde intervengan las Fuerzas Armadas o las Fuerzas de Seguridad Pública, con situaciones de extrema emergencia.

Debemos dejar claro que en ningún momento se pretende sustituir la obligación de los estados y municipios en materia de seguridad pública.

Contar con una legislación innovadora en materia de seguridad interior nos permite estar en condiciones para encarar las amenazas que enfrenta nuestro país y que vulneran la calidad de vida de nuestros ciudadanos.

Les pido su apoyo en esta iniciativa, para que esta sea una aportación más al proceso de dictaminación que sigue la Comisión de Gobernación respecto a las iniciativas del doctor César Camacho, la diputada Martha Tamayo y el diputado Jorge Ramos, a quienes expreso mi más alta admiración y mi más alto respeto.

Hagamos de estas propuestas una base sólida para garantizar a los mexicanos la paz y la tranquilidad que todos merecemos. Muchas gracias, presidente.

«Iniciativa que expide la Ley de Seguridad Interior, suscrita por los integrantes del Grupo Parlamentario del PVEM

Quienes suscriben, diputados federales de la LXIII Legislatura integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a consideración de esta honorable asamblea, la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Seguridad Interior, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

No podemos ser ajenos ante la compleja realidad que vive nuestro país en materia de seguridad, la debilidad que enfrentan las instituciones estatales y municipales encargadas de velar y garantizar la estabilidad, gobernabilidad y seguridad de la ciudadanía es evidente; nuestro entramado organizacional se encuentra inmerso en una crisis de credibilidad, corrupción y falta de capacitación de los elementos que la integran. Frente a tal inestabilidad en algunas regiones del país ha sido necesaria la presencia e intervención de las Fuerzas Armadas para trabajar conjuntamente con los diferentes órdenes de gobierno y dependencias del Estado con la finalidad de enfrentar las amenazas que afectan la seguridad interior del país.

Ante los crecientes índices de violencia de tipo criminal que se han desatado en los últimos años, en el sexenio pasado se realizó un diagnóstico de la problemática e implementó una estrategia diseñada con el objetivo de reconstruir el tejido social, mismo que se vio seriamente afectado por grupos de la delincuencia organizada; lograr la transformación institucional del Estado; frenar el crecimiento de grupos criminales y reducir los índices delictivos, buscando con ello garantizar el Estado de Derecho.

Lo anterior se realizó a través de diversas líneas de acción, entre las que destacan, la presencia permanente de las Fuerzas Armadas en regiones específicas con alto grado de conflicto, en dónde era necesario el uso de la fuerza pública para contener a los criminales y con ello garantizar la tranquilidad y seguridad de los mexicanos.

En este orden de ideas, es imperante la necesidad de crear una normativa que regule el accionar de las Fuerzas Armadas, llegó el momento de fortalecer a las instituciones encargadas de la seguridad del Estado mexicano, dotándolas de un marco normativo democrático, de rendición de cuentas y transparencia.

Para ello, es necesario diferenciar algunos conceptos a fin de entender el alcance y margen de acción de la nueva legislación en materia de Seguridad Interior; en primer lugar, se busca identificar que el Estado tiene la obligación de proteger la vida de los ciudadanos ante cualquier amenaza, ya sea externa o interna, o bien, que vulnere la estabilidad de las instituciones. En este contexto, es el Estado el aparato coercitivo que cuenta con el poder de imponer su autoridad ante cualquier grupo que transgreda la estabilidad, bienestar general y seguridad integral de la ciudadanía, aún mediante el uso legítimo de la fuerza.

El Estado, a través de su entramado institucional, debe implementar un conjunto de acciones e interacciones con el fin de alcanzar objetivos de interés nacional, mismos que se materializan en fines específicos de desarrollo económico, bienestar social y seguridad integral. Ahora bien, las políticas públicas dirigidas a alcanzar el bienestar social deben centrarse en las satisfacción de las necesidades básicas de la ciudadanía, el grado de satisfacción de las mismas determinará los niveles de vida para los integrantes de una nación, dentro de ellas se encuentran las políticas de desarrollo económico, que serán aquellas acciones encaminadas a la explotación racional de los recursos para convertirlos en bienes y servicios y con ello detonar en la población un crecimiento y alcanzar así mejores condiciones de vida.

Sin embargo lo antes expuesto no puede ser materializado sin una adecuada política de seguridad integral que garantice y proteja las condiciones para el ejercicio de las actividades derivadas de dichos objetivos, la cual consta de dos elementos: seguridad nacional y seguridad pública.

En términos generales, el concepto de seguridad se encuentra estrechamente relacionado a las nociones de garantía, protección, defensa, libertad, salvedad y tranquilidad frente a las amenazas; la seguridad implica una exigencia natural y fundamental del hombre, la cual tiene por objeto controlar su destino y desarrollarse en un ambiente que garantice el pleno goce de sus libertades fundamentales, en este sentido, la seguridad es una necesidad de las personas y de los grupos humanos, así como un derecho inalienable del hombre y las naciones.

En cuanto al concepto de seguridad nacional, es un término que no tiene un significado preciso y generalmente se refiere a aquellos programas, medidas e instrumentos que un Estado adopta con el fin de defender a sus órganos supremos de un posible derrocamiento violento, ya sea por una agresión externa o por un movimiento subversivo interno.

De acuerdo a lo señalado por el Departamento de las Naciones Unidas para Asuntos de Desarme, la seguridad nacional es una condición en que los Estados consideran que no existe peligro de ataque militar, presión política o coerción económica, de tal manera que pueden seguir libremente su propio desarrollo y progreso.

La seguridad nacional no se concreta a la capacidad militar para evitar el derrocamiento, sino también implica la habilidad del gobierno para funcionar eficientemente, conservar el orden institucional y satisfacer los intereses públicos, para con ello conseguir el bien común.

En este orden de ideas, el concepto de seguridad nacional tiene que ser visto como un todo, en el que se integran las concepciones de seguridad individual y colectiva para proporcionar en determinada región un clima de tranquilidad y orden necesarios para el desarrollo cotidiano de las actividades en beneficio de la nación.

En nuestro país el primer referente oficial al termino de seguridad nacional se presentó en el Plan Global de Desarrollo de 1980-1982; años más tarde, dentro del Plan Nacional de Desarrollo 1983-1988, se definió el concepto como una herramienta para mantener las condiciones de libertad, paz y justicia social dentro del marco constitucional; en el año 1989 se creó el Gabinete de Seguridad Nacional integrado por las Secretarías de Gobernación, Relaciones Exteriores, Defensa Nacional, Marina y la Procuraduría General de la República.

Durante la gestión del ex presidente Ernesto Zedillo, dentro del Plan Nacional de Desarrollo correspondiente a su sexenio no se define concretamente el concepto de seguridad nacional, sin embargo, se hace referencia a ella al abordar el tema de la soberanía nacional, asociando ideas como integridad territorial, política exterior, autodeterminación, democracia, desarrollo social, crecimiento económico y Estado de derecho, haciendo alusión al hecho de que fortalecer la soberanía nacional sería el eje rector de la política de seguridad nacional y de política exterior.

Derivado del crecimiento en los índices de violencia en México y de una mayor presencia de cárteles del crimen organizado, durante el mandato del ex presidente Vicente Fox se puso en marcha el operativo México Seguro, con el que se buscaba combatir al crimen organizado y garantizar la seguridad de las poblaciones que hubieran sido víctimas de hechos violentos, resultado de las disputas entre las bandas de delincuentes. Fue durante dicho sexenio que se establecieron líneas de acción más concretas en materia de seguridad nacional, y se concibió a la misma desde una visión más amplia que involucraba situaciones que amenazaban la paz, el orden jurídico, el bienestar y la integridad física de la población, así como factores que pusieran en riesgo la permanencia de las instituciones o vulneraran el territorio nacional.

En este tenor, y ante el elevado índice de violencia que se ha generado en nuestro país en los últimos años debemos comprender que las acciones de seguridad nacional tienen que ver con todo lo que pone en peligro la gobernabilidad y estabilidad del Estado y lo que pudiera atentar contra la paz entre las naciones, derivado de ello, es necesario concebir que el concepto de seguridad nacional está compuesto por dos elementos: seguridad exterior y seguridad interior.

El concepto de seguridad exterior es entendido como aquellas amenazas a los intereses nacionales que provienen de acciones políticas de otros estados que buscan imponer sus propios intereses; por su parte la seguridad interior es todo aquello que pone en peligro al Estado nacional, no sólo militarmente, sino también lo que pudiera atentar contra la paz y estabilidad social como lo es el terrorismo, el narcotráfico, las catástrofes naturales o incluso la contaminación ambiental.

Por su parte, en un sentido más amplio la seguridad interior es la condición que proporciona el Estado mexicano que permite salvaguardar la continuidad de sus instituciones, así como el desarrollo nacional mediante el mantenimiento del Estado de derecho y la gobernabilidad democrática en todo el territorio nacional en beneficio de la población. Las líneas de acción que se implementen deberán estar dirigidas específicamente a salvaguardar a las instituciones, mantener el Estado de derecho, y en caso de identificar alguna amenaza ejercer la facultad de hacer uso legítimo de la fuerza.

En este sentido, es necesario puntualizar cuál es su ámbito de competencia, así como sus alcances, con el fin de delimitar su margen de acción; la seguridad interior se acota a la actividad del Estado que le asegura a la nación una garantía contra las amenazas, presiones y antagonismos que se manifiesten dentro del territorio nacional.

Para estar en condiciones de legislar en una nueva normativa de seguridad interior, es menester definirla, así como entender que es parte de la seguridad nacional, tal y como lo establece nuestra Ley Fundamental. Al mismo tiempo es necesario diferenciarla del concepto y alcances de la seguridad pública; en este contexto, la seguridad interior se define como “la garantía, en grado variable, proporcionada principalmente por el Estado a la nación a través de acciones políticas, económicas, psicosociales y militares para que, una vez superados los antagonismos y presiones en el ambiente interno del país, se pueda conquistar y mantener los considerados objetivos nacionales permanentes”.

La seguridad interior, tendrá como objetivo fundamental neutralizar, superar y reducir las presiones que se producen al interior del país, es por ello que sus acciones deben ser dirigidas para contrarrestar todas las formas que puedan perturbar el orden interno y reestablecer la paz y tranquilidad de esas regiones.

Ahora bien ¿cuáles son esas subversiones que ponen en riesgo el orden interno y afectan el desarrollo de la nación, mismas que el Estado debe eliminar con la finalidad de regresar la paz y el bienestar a la ciudadanía? Factores como el narcotráfico, asaltos, secuestros, terrorismo, fenómenos naturales, son acciones que se manifiestan en el ámbito interno del país y que quebrantan o destruyen los objetivos nacionales, ya sea atacando al entramado institucional o controlando y violentando a la ciudadanía; es aquí donde la función del Estado debe centrarse en neutralizar y eliminar las amenazas.

Ahora bien, habiendo definido ampliamente tanto el concepto como los alcances de la seguridad interior, es necesario señalar el ámbito de acción de la seguridad pública, con el objetivo fundamental de no confundir ambos conceptos así como sus ámbitos de responsabilidad. En estricto sentido la seguridad pública es aquella que se encarga de proteger la integridad y los derechos de las personas, así como el orden público.

Las acciones para proteger la integridad y los derechos de los ciudadanos se refieren a la capacidad de las autoridades encargadas de la seguridad pública para preservar y resguardar la vida de las personas, el pleno ejercicio de sus derechos, así como las estrategias para combatir las acciones delictivas emanadas de la delincuencia.

De acuerdo a un informe especial realizado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos en materia de seguridad, se define a la seguridad pública como el servicio que se le brinda a la ciudadanía, a través de las medidas preventivas o de seguridad, que deben ser oportuna y eficazmente aplicadas por diversas corporaciones policiacas, a fin de salvaguardar la integridad física, los bienes y derechos de las personas, así como preservar la libertad, el orden y la paz públicos; y que cuando por alguna circunstancia se rompa ese principio, esto es, que se atente contra alguno de esos derechos, sean los órganos encargados de procurar y administrar la justicia los responsables de lograr pronta y expeditamente que se le resarza a dichas personas el pleno goce de los derechos que les fueron afectados, en plena armonía y aplicación de la ley.

Así, la seguridad pública se encuentra ligada con la seguridad individual en la que cada persona cuenta con las garantías de libertad, propiedad y protección contra actos delictivos, y con la seguridad comunitaria, la cual genera las condiciones adecuadas para que los grupos sociales puedan relacionarse política, económica y socialmente en una marco de estabilidad del interés social.

La seguridad pública se orienta a “disciplinar el comportamiento de la sociedad mediante acciones normativas del orden público, por lo que podemos definir a la seguridad púbica como la garantía que el Estado proporciona a la nación con el propósito de asegurar el orden público”.

En este sentido, y definiendo a detalle el concepto de seguridad pública debemos percibirla como un factor determinante de la gobernabilidad de un país, cuyo objetivo es garantizar que la ciudadanía esté en condiciones de alcanzar su bienestar respetando el orden jurídico establecido, su implementación estará a cargo de las instituciones de administración y procuración de justicia, así como de las estructuras de las policías preventivas que la conforman.

Para dichos efectos, la seguridad pública se concibe como el conjunto de normas, acciones y políticas articuladas que tienen como finalidad garantizar la paz pública a través de la prevención y represión de los delitos, así como de aquellas faltas contra el orden público, a través de un sistema de control penal y policial.

Derivado de lo antes expuesto, y habiendo definido ampliamente cada uno de los conceptos que integran la seguridad de la nación, así como sus ámbitos de competencia, reafirmamos la necesidad de trabajar conjuntamente para emitir una nueva normativa en materia de seguridad interior, la cual debe vigilar, definir y proteger la intervención de las fuerzas armadas en coordinación con las diferentes dependencias locales y federales en tareas de seguridad interior, con irrestricto apego a la protección de los derechos humanos de los ciudadanos y los elementos policiales y militares que intervienen en dichas tareas.

Asimismo, se debe recalcar que las amenazas a las que hace frente la seguridad interior no son las mismas que enfrenta la seguridad pública, que aunque se encuentren estrechamente ligadas y dirigidas a un mismo fin, que es el bienestar de la población, su ámbito de acción es completamente diferente, ya que una protege el Estado de derecho y la estabilidad de las instituciones y la otra se encarga de velar por el orden público.

Contar con una legislación en materia de seguridad interior es necesario para poder estar en condiciones de encarar las amenazas que enfrenta el país y vulneran la calidad de vida de los ciudadanos; ahora bien, al definir claramente los conceptos y alcances de la seguridad pública y seguridad nacional reafirmamos que es facultad y obligación tanto del Congreso de la Unión como del Ejecutivo Federal realizar todas las acciones necesarias para salvaguardar la integridad y seguridad del país, de acuerdo a lo señalado en el artículo 89 constitucional, fracción VI, que a la letra dice:

Articulo 89

I...

VI. Preservar la seguridad nacional, en los términos de la ley respectiva, y disponer de la totalidad de la Fuerza Armada permanente o sea del Ejército, de la Armada y de la Fuerza Aérea para la seguridad interior y defensa exterior de la Federación.

Asimismo, de acuerdo a lo establecido en el artículo 73 constitucional, fracción XXIX-M, es facultad del Congreso de la Unión expedir leyes en materia de seguridad nacional, estableciendo los requisitos y límites de las investigaciones correspondientes.

La iniciativa que se plantea se basa en una enfoque de función social, es decir, en el que se tiene claramente identificado que en ningún momento se pretende sustituir la obligación de los estados y municipios en materia de seguridad pública, sino trabajar conjuntamente en casos en que los conflictos internos hayan rebasado a las autoridades municipales o locales, se plantea un trabajo de coordinación en el que no existe sustitución de funciones.

La Ley de Seguridad Interior no solucionará el problema que se tiene actualmente, lo que debe realizarse es una reforma profunda a las policías civiles, integrando un sistema de seguridad pública policial, mediante un mecanismo de instrucción y formación militar, basándose en la disciplina y la obediencia.

Por otra parte, es importante señalar que la intervención de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad se dará previó estudio y análisis de la situación para con ello, estar en condiciones de determinar el tiempo, grado y territorio en el que intervendrán las Fuerzas Armadas, los casos en los que se determine la intervención de las mismas serán situaciones de extrema emergencia en los que la población y las instituciones se encuentren superadas, vulneradas y violentadas.

Por lo anteriormente expuesto, quienes integramos el Grupo Parlamentario del Partido Verde sometemos a consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente propuesta, a través de la cual se pretende establecer una ley en la que se establezcan los protocolos para la coordinación entre las diversas fuerzas de seguridad que garanticen el Estado de Derecho, pero sobretodo, la paz y tranquilidad de todas y todos los mexicanos.

Una realidad que no podemos ignorar es que nuestras Fuerzas Armadas se encuentran en las calles realizando tareas de seguridad interior con el más alto grado de compromiso y lealtad al estado mexicano, tarea que en el Partido Verde reconocemos con cabal respeto y admiración. Resultará necesario trabajar el Estado Mexicano en su conjunto, con el fin de dotarlas de un marco normativo que las proteja, determine el grado y temporalidad de su actuación, al tiempo que establezca los lineamientos para trabajar conjuntamente con los distintos órdenes de gobierno con objeto de fortalecer y profesionalizar a sus policías para que cuando existan las condiciones requeridas, los elementos de las Fuerzas Armadas puedan regresar a sus cuarteles.

Proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Seguridad Interior

Artículo Único.Se expide la Ley de Seguridad Interior, para quedar como a continuación se presenta:

Ley de Seguridad Interior

Capítulo Primero
Disposiciones Generales

Artículo 1. La presente ley es de interés general y de observancia en todo el territorio nacional, tiene como objetivo sentar las bases jurídicas, orgánicas, funcionales, de responsabilidades y de coordinación existentes entre las instituciones y autoridades encargadas de preservar la seguridad y las Fuerzas Armadas, para la planificación, intervención y preservación de la Seguridad Interior.

Artículo 2. Las acciones que se realicen para preservar el orden interno y la seguridad interior deberán regirse bajo los principios de legalidad, responsabilidad, respeto a los derechos humanos y garantías individuales, transparencia, coordinación y cooperación.

Artículo 3. Para la aplicación de las medidas preventivas y correctivas previstas en la Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior, se deberá establecer lo siguiente:

I. Temporalidad;

II. Ámbito geográfico de actuación;

III. Gradualidad;

IV. Autoridades responsables.

Artículo 4. La Seguridad Interior será concebida como parte de la seguridad nacional y serán todas aquellas acciones destinadas a salvaguardar las instituciones, mantener el Estado de derecho, garantizar la estabilidad y pleno de desarrollo de la población; y en caso de ser necesario utilizar la fuerza legítima del Estado.

Tendrá como objetivo fundamental superar, neutralizar y reducir presiones y antagonismos que tengan origen al interior del país.

Artículo 5. Para efectos de la presente ley se entenderá por:

I. Fuerzas Federales: El entramado institucional encargado de la seguridad pública federal;

II. Fuerzas Armadas: El Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea;

Orden Interno: Situación de paz en el territorio nacional y de equilibrio en las estructuras políticas, jurídicas y sociales del Estado, regulado por el poder político orientado a mantener el Estado de derecho;

IV. Seguridad Interior: La actividad del Estado que le asegura a la nación una garantía contra las amenazas y presiones que se manifiestan dentro del territorio nacional;

V. Seguridad Nacional: Acciones destinadas de manera inmediata y directa a mantener la integridad, estabilidad y permanencia del Estado Mexicano.

Artículo 6. La aplicación y conducción de la presente ley será responsabilidad del Ejecutivo Federal, de acuerdo a lo señalado en el artículo 89 constitucional, fracción VI. La Secretaría de Gobernación fungirá como enlace e institución coordinadora entre las dependencias de la Administración Pública Federal, autoridades locales y municipales, Fuerzas Armadas y Fuerzas Federales.

Artículo 7. A falta de disposición expresa de la presente ley, se aplicarán supletoriamente la Ley de Seguridad Nacional, el Código Nacional de Procedimiento Penales y la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Artículo 8. Serán consideradas amenazas de Seguridad Interior aquellas acciones que superen las capacidades de las autoridades competentes de forma continua:

I. Actos emanados de grupos delincuenciales que rebasan la capacidad de control o manejo del Estado que ponen en riesgo la vida y bienestar de la población en general;

II. Acciones que ponen en peligro la estabilidad y continuidad de las instituciones, menoscabando el Estado de derecho y la gobernabilidad democrática;

III. Fenómenos de origen natural, biológico o antropogénico que afecten y pongan en peligro la integridad y desarrollo de la sociedad;

IV. Todas aquellas acciones que pretendan vulnerar la paz social, el patrimonio nacional, la seguridad nacional y el orden interno.

Artículo 9. Las autoridades locales, municipales y federales, en el ámbito de sus competencias, desarrollarán e implementarán acciones y estrategias para identificar y en su caso atender las amenazas desestabilizadoras de la seguridad interior y el orden interno.

Artículo 10. La información obtenida por las áreas de inteligencia de las Fuerzas Federales y Fuerzas Armadas será considerada de Seguridad Nacional y se apegará a lo establecido a las disposiciones aplicables en materia de transparencia y acceso a la información pública.

Capítulo SegundoDel procedimiento de Declaratoria de Afectación a la Seguridad Interior

Artículo 11. El Ejecutivo Federal en el ejercicio de sus facultades será la autoridad encargada de emitir una Declaratoria de Afectación a la Seguridad Interior cuando se presente alguna de las situaciones previstas en el artículo 8 de la presente ley.

Artículo 12. El procedimiento para la emisión de una Declaratoria de Afectación a la Seguridad Interior podrá iniciarse a petición de:

I. El Presidente de la República;

II. Los gobernadores de los Estados y del Jefe de Gobierno de la Ciudad de México;

III. La mayoría de los miembros integrantes del Senado de la República.

Artículo 13. Las peticiones realizadas por los gobiernos de los Estados o el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, deberán especificar los siguientes aspectos:

I. Análisis y evaluación de la situación que se trate;

II. Definir el alcance geográfico en donde se presenta la amenaza;

III. Áreas y autoridades que presentan insuficiencia operativa y técnica para hacer frente a la situación;

IV. Información que aporte elementos para la identificación de los grupos y personas generadores de la amenaza;

V. La demás información que solicite el Ejecutivo Federal por conducto del Secretario de Gobernación que permitan aportar elementos que justifiquen la emisión de la Declaratoria.

Artículo 14. La Declaratoria de Afectación a la Seguridad deberá contener los siguientes elementos:

I. La amenaza a la que se tiene que hacer frente;

II. El ámbito geográfico de actuación;

III. El tiempo en el que las Fuerzas Armadas brindarán acciones de apoyo;

IV. La autoridad encargada de la coordinación e implementación de las acciones;

V. Las acciones y estrategias que se implementarán durante el tiempo que dure la Declaratoria;

VI. El grado de participación de las Fuerzas Armadas.

Artículo 15. En los momentos en que la situación lo amerite con previo análisis, la Declaratoria podrá estar sujeta a modificaciones y prórrogas las veces que sean necesarias, siempre y cuando no se hayan abatido las amenazas que le dieron origen.

Artículo 16. Al momento de la expedición de la Declaratoria, ésta deberá ser publicada en el Diario Oficial de la Federación y por lo menos en tres medios impresos locales del área geográfica afectada.

Capítulo Tercero
De las acciones coordinadas entre autoridades civiles y de las Fuerzas Armadas

Artículo 17. Las atribuciones y obligaciones para la federación, estados, Ciudad de México y municipios, referentes a salvaguardar el Orden Interno y aquellas contenidas en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública no serán sustituidas por las establecidas en la presente Ley.

Las autoridades federales únicamente podrán intervenir cuando medie una declaratoria de afectación a la seguridad interior, procedimiento que dará inicio a solicitud de los gobernadores de los Estados, del Jefe de Gobierno de la Ciudad de México o de la mayoría de los miembros integrantes del Senado de la República.

Artículo 18. Las acciones tendientes a restaurar la Seguridad Interior serán sancionadas por el titular de la Secretaría de Gobernación, previa verificación del trámite aprobatorio correspondiente de la Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior.

Artículo 19. La participación de efectivos pertenecientes a las Fuerzas Armadas únicamente tendrá lugar cuando las capacidades de las instituciones de seguridad pública federales y locales sean rebasadas, y se sustente ampliamente la necesidad de su participación bajo los siguientes señalamientos:

I. Que la participación de las Fuerzas Armadas se derive de la petición de los funcionarios señalados en el artículo 17 de esta Ley;

II. Se describan los fundamentos y motivaciones que sustenten la afectación a la seguridad interior;

III. Se establezca claramente la delimitación geográfica y temporalidad de la participación de los elementos castrenses;

IV. Se describan los sujetos, grupos o agentes que influyen en la declaratoria de afectación a la seguridad interior;

V. La designación de un Comandante de las Fuerzas Armadas, encargado de dirigir y coordinar las acciones que se describan en un protocolo de actuación, mismo que deberá establecer las responsabilidades y los canales de actuación que permitan la colaboración entre autoridades militares y civiles, y que deberá ser presentado ante el Secretario de Gobernación;

VI. El protocolo deberá considerar siempre la salvaguarda de los derechos humanos tanto de civiles como de los efectivos de las Fuerzas Armadas.

Artículo 20. Las acciones de Seguridad Interior no serán responsabilidad exclusiva de las Fuerzas Armadas, sino que en el protocolo elaborado por el Comandante asignado se buscará establecer canales de cooperación institucional, al mismo tiempo que las autoridades locales deberán elaborar una propuesta para continuar con estas labores una vez que los efectivos de las Fuerzas Armadas concluyan el tiempo establecido para su participación.

Dicha propuesta deberá entregarse al menos quince días antes del retiro de las Fuerzas Armadas del área geográfica descrita en la Declaratoria de Afectación a la Seguridad Interior.

Artículo 21. La declaratoria de afectación terminará su vigencia cuando se presente alguno de los siguientes supuestos:

I. Por haberse cumplido el plazo previsto en el protocolo elaborado por autoridades civiles y militares;

II. Por haber cumplido los objetivos fijados en el protocolo;

III. Mediante la proyección y ejecución de acciones efectivas tendientes al restablecimiento de la seguridad interior por parte de las autoridades civiles locales.

Artículo 22. La Secretaría de Gobernación será la instancia encargada de definir los indicadores que darán pauta a una probable declaratoria de afectación a la seguridad interior.

Para la elaboración de dichos indicadores, la Secretaría de Gobernación podrá apoyarse en las dependencias federales y locales que considere pertinentes, así como de especialistas y representantes de la sociedad civil.

Artículo 23. Para el caso de fenómenos naturales, esta ley no reemplazará lo previsto en la Ley General de Protección Civil en materia de participación de autoridades federales y locales.

Artículo 24. La actuación de efectivos de las Fuerzas Armadas en el ámbito de la Seguridad interior estará sujeta a la jurisdicción ordinaria cuando se cometan delitos del orden común o federal por parte del personal implicado, siempre cuidando el respeto al debido proceso y a la salvaguarda de los derechos humanos.

Artículo 25. Los efectivos de las Fuerzas Armadas deberán dar a conocer al Ministerio Público las acciones que se hayan realizado en función de la seguridad interior, al tiempo que será responsabilidad de las Fuerzas Armadas el preservar el lugar de los hechos.

Las Fuerzas Armadas podrán auxiliar al Ministerio Público en las tareas que éste les asigne, en tareas de investigación y persecución de los delitos, detención de personas o el aseguramiento de bienes relacionados con las diligencias de investigación, siguiendo los lineamientos previstos en el marco jurídico federal aplicable.

Las policías estatales y locales podrán solicitar el apoyo de efectivos de las Fuerzas Armadas por medio de los canales de comunicación previamente establecidos cundo se trate de situaciones de extrema urgencia, sin que la participación de las Fuerzas Armadas fuera de los límites geográficos establecidos en el protocolo resulte en una violación a las atribuciones que esta ley les confiere.

Artículo 26. Los efectivos de las Fuerzas Armadas que participen en acciones de Seguridad Interior tienen derecho a contar con la capacitación necesaria para participar en actividades inusuales para los correspondientes cuerpos a los que pertenezcan, sin que ello signifique la distracción de las actividades propias del servicio armado.

Capítulo Cuarto
De la Inteligencia para la Seguridad Interior

Artículo 27. El Sistema de Seguridad Nacional podrá proveer de la información necesaria para que las Fuerzas Armadas, en coordinación con autoridades civiles, puedan cumplir los objetivos establecidos en el correspondiente protocolo diseñado para un caso específico de Afectación a la Seguridad Interior.

Artículo 28. Las Fuerzas Federales y las Fuerzas Armadas podrán disponer de la información que generen sus propias áreas de inteligencia en materia de Seguridad Interior, sin transgredir las disposiciones aplicables en la materia, considerando siempre la salvaguarda del derecho a la protección de datos personales y demás elementos que pudieran señalarse como acciones de invasión a la intimidad.

Artículo 29. Las autoridades federales, estatales y municipales otorgarán la información necesaria para complementar el diseño de los protocolos en materia de colaboración con las Fuerzas Armadas en caso de una Declaratoria de Afectación a la Seguridad Interior.

Dicha colaboración se llevará a cabo en términos de los esquemas de colaboración y coordinación establecidos o que al efecto de establezcan.

Capítulo Quinto
De las acciones y coordinación en materia de Seguridad Interior

Artículo 30. El Comandante designado para coordinar las acciones de Seguridad Interior con autoridades federales y locales, deberá informar al titular del Ejecutivo Federal de los avances y problemáticas que se presenten en la aplicación de protocolo de intervención en la ubicación geográfica correspondiente, por medio del Secretario de Gobernación, a quien deberá entregar un informe al menos cada quince días a partir del inicio de las actividades derivadas de una Declaratoria de Afectación a la Seguridad Interior.

Artículo 31. El titular de la Secretaría de Gobernación remitirá un informe respecto a los resultados de la participación de las Fuerzas Armadas en las regiones en donde se haya emitido la Declaratoria de Afectación a la Seguridad Interior a la Comisión Bicamaral a que se refiere la Ley de Seguridad Nacional.

Capítulo Sexto
De los recursos para atender una afectación de Seguridad Interior

Artículo 32. Los recursos necesarios para atender contingencias derivadas de afectaciones a la seguridad interior, deberán ser resueltas con los recursos asignados en el Presupuesto de Egresos anuales tanto para entidades federativas y municipios, como para las dependencias federales que participen en actividades de seguridad interior.

Transitorios

Artículo Primero. La Presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo Segundo. La Secretaría de Gobernación deberá emitir un protocolo general en donde se indiquen las condiciones en las cuales se podrá emitir una declaratoria de afectación a la seguridad interior en un plazo no mayor a 180 días naturales a partir de la promulgación de la presente ley.

Artículo Tercero. En las ubicaciones geográficas en donde se encuentren desplegados efectivos de las Fuerzas Armadas hasta el momento de la entrada en vigor de la presente ley, se mantendrá el despliegue por un periodo no mayor a seis meses, lapso en el cual las autoridades respectivas deberán elaborar un protocolo de Declaratoria de Afectación de Seguridad Interior en caso de que sea necesaria la presencia de las Fuerzas Armadas en actividades de colaboración en dicha materia.

Notas:

1 Seguridad Nacional, Poder Nacional y Desarrollo, Thiago Cintra José.

2 Seguridad Nacional, Poder Nacional y Desarrollo, Thiago Cintra José.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de febrero de 2017.— Diputadas y diputados: Sofía González Torres,Felipe Cervera Hernández, Jesús Sesma Suárez (rúbricas).»

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Muchas gracias, diputada González Torres. Túrnese a la Comisión de Gobernación, para dictamen, y a las Comisiones de Seguridad Pública, de Presupuesto y Cuenta Pública, para opinión.

VOLUMEN II



LEY ORGÁNICA DEL SEMINARIO DE CULTURA MEXICANA

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Tiene el uso de la tribuna, hasta por cinco minutos, el diputado Francisco Javier Pinto Torres, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Seminario de Cultura Mexicana, en materia de transparencia y acceso a la información.

El diputado Francisco Javier Pinto Torres:Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados, no sin antes desearles un feliz día de San Valentín, y que se la estén pasando o se la pasen al ratito muy bien. Con la venia de la Presidencia.

No es desconocido que actualmente nos encontramos en medio de una crisis de credibilidad social generada por la falta de transparencia y rendición de cuenta. Y que la ciudadanía, y escuchábamos hace rato a los niños, está cansada de la opacidad con la que se manejan los recursos públicos.

En Nueva Alianza hemos sido enfáticos en propiciar acciones afirmativas que permitan lograr una verdadera transparencia y una rendición de cuentas y rendición de resultados en las áreas para recuperar la confianza de la ciudadanía.

Hoy Nueva Alianza, de nueva cuenta hacemos énfasis en ello a través de esta iniciativa que busca reformar diversos artículos de la Ley Orgánica del Seminario de Cultura Mexicana.

El Seminario de Cultura Mexicana fue creado en 1942 por acuerdo presidencia, con el objeto de difundir, de propagar el material de cultura desarrollado en el país, en disciplinas como las artes, las letras, las ciencias sociales y las humanidades.

Desde su creación recibe un subsidio anual a través de la Secretaría de Educación. Sin embargo, tal recurso no es debidamente transparentado, lo que da lugar a una opacidad, ya que no es fácil identificar o rastrear dicha partida.

En Nueva Alianza entendemos que todo uso de recurso público exige un cuidadoso escrutinio, control y supervisión, a fin de que detonen la responsabilidad de ejercer cabalmente ese recurso público, ese recurso ciudadano.

En este sentido, nuestra propuesta tiene por objeto establecer las medidas que permitan transparentar los recursos públicos monetarios, pero también en especie que recibe y ejerce dicho Consejo, en términos de lo dispuesto por las Leyes General y Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Compañeras y compañeros, asimismo, dado que el año pasado fue creada la Secretaría de Cultura, encargada de elaborar y conducir la política nacional en esa materia, consideramos pertinente que ese subsidio anual que se recibe, el mencionado seminario deje de ser responsabilidad de la Secretaría de Educación y lo sea de esta nueva dependencia.

Y con ello, también establecer que mantiene facultad y obligación de servir de órgano de consulta, pero ahora de ambas secretarías; es decir, de la Secretaría de Educación Pública y de la Secretaría de Cultura. Lo que se pretende consiste en transitar hacia instituciones con mayor transparencia, no solo de los recursos que recibe, insistimos, sino también de las acciones que realiza.

Recordemos que el nuevo Sistema Nacional Anticorrupción incluye el principio de máxima publicidad, la transparencia, la rendición de cuentas y el derecho de acceso a la información, los cuales se han vuelto un pilar fundamental de la estructurar de todas las acciones y políticas públicas.

Compañeras y compañeros, quienes nos ven en estos momentos por el Congreso de la Unión, quienes nos están escuchando por diferentes medios, al igual que nosotros, debemos dar esos pasos firmes. Esperan que demos esos pasos firmes para lograr consolidar una verdadera cultura de la transparencia, que permita reconstruir la confianza de la sociedad y la credibilidad de las instituciones. Por su atención, muchísimas gracias. Es cuanto, presidente.

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Seminario de Cultura Mexicana, en materia de transparencia y acceso a la información, a cargo del diputado Francisco Javier Pinto Torres, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza

Quien suscribe, Francisco Javier Pinto Torres, diputado de la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 6, numeral 1, fracción I; 76, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley Orgánica del Seminario de Cultura Mexicana, al tenor del siguiente

Planteamiento del problema

El Seminario de Cultura Mexicana (SCM), fue creado en 1942 por acuerdo presidencial con el objeto de difundir y propagar el material cultural desarrollado en el país, en disciplinas como las artes, letras, ciencias, humanidades y ciencias sociales.

Para cumplir dicho objetivo, desde su creación recibe un subsidio anual a través de la Secretaría de Educación Pública (SEP); dicho subsidio, de acuerdo con la normativa que regula el funcionamiento del SCM, no puede sufrir recortes ni disminuciones respecto a lo obtenido en el año inmediato anterior y es complementado con el local, mobiliario, empleados administrativos, franquicia postal y telegráfica, que también se asignan a la institución con cargo al erario público.

Hasta el día de hoy, tal y como se desprende de su propia ley orgánica, el Seminario de Cultura Mexicana recibe y ejerce recursos públicos para apoyarse en el cumplimiento de sus funciones, así como fomentar el desenvolvimiento de la cultura en sus diversas formas; sin embargo, tales recursos no son debidamente transparentados, lo que da como consecuencia una aplicación opaca de alrededor de 16 millones de pesos; sin contar el valor correspondiente al local, mobiliario, empleados administrativos, franquicias y uso de las vías generales de comunicación.

Al respecto, los medios de comunicación dan a conocer el aumento en el presupuesto del seminario; por ejemplo, en 2016, el periódico El Economista informaba que “El Seminario de Cultura Mexicana se creó hace más de 70 años y recibe de la Secretaría de Educación Pública alrededor de 16 millones de pesos de presupuesto y cuenta con la asociación civil Amigos del Seminario para todos sus proyectos;”en el mismo sentido el rotativo Excélsior, en su publicación Los trabajos de remodelación,amplía la información al señalar por medio de Roberto Vázquez ,coordinador de la remodelación del teatro albergado dentro de las instalaciones de esa institución, que tales trabajos“comenzaron en diciembre pasado con una inversión de tres millones y medio de pesos, gracias a una solicitud especial que gestionamos ante la Secretaría de Educación Pública”. Por su parte, en el año 2015 el periódico La Jornada comunicaba que “El Seminario de Cultura Mexicana, dependiente de la Secretaría de Educación Pública, cuenta actualmente con un presupuesto de once millones de pesos”.

A pesar de la diversidad de datos dados a conocer por los medios de comunicación, en un análisis a los analíticos presupuestarios del Presupuesto de Egresos para los Ejercicios Fiscales de 2015 y 2016, no fue posible localizar la asignación de recursos al SCM; ello, no obstante de tratarse de apoyos entregados a través de la Secretaría de Educación Pública mediante partidas de gasto que no son fácilmente identificables o rastreables, confusión que se acrecienta debido a las diversas modificaciones realizadas a la estructura programática de dicha secretaría.

Sea cual fuere el monto del subsidio, es importante recalcar que todo uso de recursos públicos exige un cuidadoso escrutinio, control y supervisión, a fin de que denoten la responsabilidad de ejercer cabalmente los recursos ciudadanos.

La falta de claridad sobre el monto y aplicación de los recursos asignados al SCM, así como la multiplicidad de información esgrimida por los medios de comunicación, hacen evidente la importancia de modificar el marco normativo que rige el actuar del SCM, con el propósito de brindar certeza sobre la aplicación de los recursos y el logro de las metas y objetivos que tiene a su cargo, eliminando así el margen de discrecionalidad y opacidad que hasta el momento existe en esta institución.

Exposición de Motivos

Desde hace algunos años, la transparencia y la democracia han perfeccionado una correlación cada vez más armónica e importante, al grado de representar una dupla representativa de la modernidad y la globalización.

En nuestro país, la democracia y la transparencia surgieron a raíz de la reforma política de 1977; sin embargo, la consolidación de los procesos democráticos fue mucho más rápida y dieron origen a importantes cambios en el régimen interno, dejando atrás el desarrollo de la transparencia, área sustantiva que no tuvo un progreso exponencial hasta el año 2002, cuando entró en vigor la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

Esta legislación fue sustituida por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que deriva de la reforma constitucional en materia de transparencia, por medio de la cual se creó un organismo autónomo, especializado, imparcial, colegiado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con plena autonomía técnica, de gestión y capacidad para el cumplimiento de sus decisiones.

Estas dos modificaciones legales representan un cambio de paradigma en la concepción del ejercicio del derecho de acceso a la información y la transparencia del Estado mexicano, pues a partir de ellas se incluye el principio de máxima publicidad como eje rector en la interpretación de este derecho y se establece que toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo en alguno de los tres poderes, así como de cualquier persona física o moral que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en cualquiera de los tres niveles de gobierno, tendrá carácter público. Además, se obliga a que todos los sujetos antes mencionados, documenten los actos que lleven a cabo en el ejercicio de sus facultades, competencias o funciones.

Sin duda alguna, el tema de la transparencia está en boga. Un gran número de actores políticos y sociales emiten pronunciamientos y propuestas al respecto, y el trinomio, transparencia-rendición de cuentas y derecho de acceso a la información, se ha vuelto un pilar fundamental en la estructura de todas las acciones y políticas públicas.

Es cierto que en nuestro país se han dado grandes avances en la materia y ahora contamos con un instituto nacional con autonomía constitucional, encargado de fomentar que la transparencia sea una política de estado, con un marco jurídico general y federal que establece claramente facultades, competencias y obligaciones, así como las bases para la articulación de un sistema integral que conjunte los esfuerzos y capacidades institucionales de varias dependencias en torno al combate a la opacidad y el fomento de la apertura; empero, los avances mencionados no son suficientes para eliminar las prácticas opacas que durante años han prevalecido por distintas razones en diversas instituciones, organismos y entidades de la administración pública.

La realidad nos muestra que en el amplio aparato administrativo con que contamos en los tres niveles de gobierno, es posible encontrar órganos, organismos y entidades que, con sus respectivas cualidades y especificidades, desarrollan acciones en favor de la población y reciben por ello subsidios, donaciones o transferencias de recursos públicos, sin que por dicha recepción se encuentren sujetos específicamente a cumplir con las obligaciones legalmente establecidas en materia de transparencia.

Tal es el caso del Seminario de Cultura Mexicana (SCM), creado el 28 de febrero de 1942 por acuerdo del presidente Manuel Ávila Camacho como una institución dotada de personalidad jurídica, en la que se encuentran representadas diversas ramas y tendencias de las ciencias, las letras y las artes, teniendo como objeto apoyar a intelectuales y artistas mexicanos en la difusión de sus trabajos y obras en el territorio nacional y en el extranjero, como el medio idóneo para generar un diálogo e intercambio cultural.

Para tal proyecto fueron convocadas por la Secretaría de Educación Pública veinte reconocidas personalidades en diferentes materias como Frida Kahlo, Mariano Azuela, Julián Carrillo, Enrique González Martínez, Manuel M. Ponce, Ángel Zárraga, Luis Ortiz Monasterio, Fanny Anitúa, Luis Castillo Ledón, Alfredo Gómez de la Vega, José Luis Cuevas y Manuel Sandoval Vallarta, entre otros.

Tal y como lo anunciaron los periódicos de ese tiempo: “Veinte intelectuales se reunieron en la Secretaría de Educación Pública, organizados en ‘un grupo que pugnará por el desarrollo de la cultura nacional’. Habrá patrocinio: ‘Tendrán ustedes –ofreció el ministro– toda la ayuda moral y material de que podamos disponer’”. Sin lugar a dudas, el trabajo realizado por los seminaristas en todos estos años de existencia del SCM resulta invaluable y ha cumplido con su objetivo de evitar la centralización de la cultura, llevando su oferta cultural a través de talleres, cursos, conferencias, exposiciones, conciertos, entre otras actividades, a lugares lejanos, fortaleciendo con ello la cohesión social y el sano esparcimiento nacional e internacional.

Aun cuando el SCM es una institución con gran relevancia histórica, caracterizada por realizar un trabajo multidisciplinario, los resultados de sus actividades son poco difundidos y conocidos; de ahí la necesidad de establecer los mecanismos que garanticen el ejercicio del derecho de acceso a la información como una herramienta que no sólo posibilita a los ciudadanos conocer el quehacer de la dependencia mediante la obtención de información pública oportuna, confiable y accesible, sino también el otorgar las herramientas suficientes para vigilar las acciones y decisiones emprendidas.

Sin dejar de lado la importantísima labor que el seminario realiza, resulta imperativo fortalecer el estado democrático de derecho en nuestro país en todas y cada una de las instituciones, organismos, dependencias y personas que reciban o ejerzan recursos públicos, a fin de que éstas transparenten y rindan cuentas sobre su aplicación y los resultados que con ellos han alcanzado.

Un efectivo ejercicio de la transparencia no sólo obliga a que exista la información, sino a que ésta sea difunda en los formatos más adecuados y accesibles para todo el público, atendiendo en todo momento las condiciones sociales, económicas y culturales de cada región, tal y como lo establece la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en donde la accesibilidad significa que “los datos están disponibles para la gama más amplia de usuarios, para cualquier propósito”.

En este sentido, el derecho de acceso a la información no puede estar garantizado mientras que las dependencias u organismos del Estado mexicano no cumplan con criterios de calidad, oportunidad, confiabilidad y accesibilidad de su información, actividad que no se circunscribe exclusivamente a la posibilidad de obtener documentación, sino que obliga a los sujetos a la generación, sistematización y manejo de la información en su posesión a la luz de la inspección pública, a fin de generar y consolidar la certeza y confianza entre la sociedad y su gobierno.

Por los motivos antes expuestos, es que se propone realizar diversas modificaciones a la Ley Orgánica del Seminario de Cultura Mexicana, a fin de establecer las medidas que permitan transparentar los recursos públicos, monetarios y en especie que éste recibe y ejerce, en términos de lo dispuesto por las Leyes General y Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Asimismo, considerando que el año pasado fue creada en la administración pública federal la Secretaría de Cultura, que tiene por objeto “elaborar y conducir la política nacional en materia de cultura con la participación que corresponda a otras dependencias y entidades de la administración pública federal”, es que se propone que el subsidio anual que recibe el SCM deje de ser entregado por medio de la Secretaría de Educación Pública y ahora sea entregado a través de la dependencia coordinadora de este sector; ello, sin eliminar la facultad y obligación del seminario de servir de órgano de consulta, ahora de ambas secretarías.

En el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza continuaremos trabajando en la construcción de un país más democrático y transparente, que genere las condiciones necesarias para el ejercicio efectivo del derecho de acceso a la información y la rendición de cuentas. Estamos convencidos de la necesidad de ceñir a las dependencias gubernamentales, así como a las organizaciones privadas que manejen recursos públicos, a generar información oportuna, veraz, completa, accesible, clara, comparable y comprensible que evidencie y sustente las decisiones y acciones que emprenden, así como los resultados que, a partir de su actuar, logren alcanzar.

Fundamento legal

Por las consideraciones expuestas y fundadas, en mi calidad de diputado integrante del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión; con fundamento en el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 6, numeral 1, fracción I; 76, 77, numeral 1 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta ante esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley Orgánica del Seminario de Cultura Mexicana en materia de transparencia y acceso a la información

Artículo Único. Se reforman las fracciones III, V y VI del artículo 2o.; el artículo 10 y el artículo 11; se adiciona un párrafo segundo al artículo 13 y los artículos 17 y 18, todos ellos de la Ley Orgánica del Seminario de Cultura Mexicana, para quedar como sigue:

Artículo 2o.Las finalidades del seminario son:

I.y II....

III.Mantener activo intercambio cultural con las entidades federativas y con instituciones e individuos del extranjero interesados en la cultura mexicana;

IV....

V.Servir de órgano de consulta de las Secretarías de Educación Pública y de Cultura;

VI.Colaborar con las Secretarías de Educación Pública y de Cultura, con otras dependencias oficiales, con instituciones descentralizadas y privadas, en actividades culturales.

Artículo 10.En el mes de enero de cada año, el Consejo del Seminario aprobará y publicará en su página de internetun programa mínimo de actividades anuales que comprenda misiones foráneas, conferencias, cursos breves, conciertos, exposiciones, publicaciones e investigaciones, señalándose la cooperación que corresponda a cada miembro titular.

Artículo 11.El gobierno federal concederá al Seminario de Cultura Mexicana, por conducto de la Secretaría de Cultura, un subsidio anual cuya cuantía en ningún caso será inferior al que disfruta actualmente. Por el mismo conducto y a su cargo, le proporcionará local, mobiliario y empleados administrativos.

Artículo 13.Los bienes, aportaciones y liberalidades que el seminario adquiera o perciba de instituciones y personas particulares estarán exentos de toda clase de contribuciones, impuestos o derechos.

Será obligación del Consejo del Seminario publicar la información sobre el tipo y monto de bienes, aportaciones y liberalidades que reciba.

Artículo 17. El Seminario de Cultura Mexicana está obligado a transparentar, permitir el acceso a su información y proteger los datos personales que obren en su poder, en términos de las Leyes General y Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Artículo 18. Será obligación del Consejo del Seminario dar cumplimiento a las obligaciones de transparencia y acceso a la información pública, respecto a los recursos públicos monetarios y en especie que reciba y ejerza.

Artículos Transitorios

Artículo Primero. Esta ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Articulo Segundo. El seminario tendrá un plazo de hasta 180 días naturales, a partir de la entrada en vigor del presente decreto, para cumplir con las obligaciones de transparencia y acceso a la información y publicar en su página de internet la información correspondiente.

Notas:

1 Ley Orgánica del Seminario de Cultura Mexicana. Artículos 1, 11 y 12. DOF. 31/12/1949.

2 Información respecto a la asignación presupuestal del Seminario de Cultura Mexicana obtenida de notas periodísticas.

3 El Economista. Gutiérrez, Vicente. El Seminario de Cultura Mexicana abre nuevo teatro. (10/10/2016) Obtenido de: http://eleconomista. com.mx/entretenimiento/2016/10/10/seminario-cultura-mexicana-abre-nuevo-teatro

4 Excélsior. Bautista, Virginia. Seminario de Cultura Mexicana; un nuevo espacio íntimo. (08/10/2016). Obtenido de: http://www.excelsior.com.mx/expresiones/2016/10/08/1121231

5 La Jornada. Paul, Carlos. Seminario de Cultura Mexicana renueva su imagen. (08/09/2015). Obtenido de: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/09/08/seminario-de-cultura-mexicana-ren ueva-su-imagen-1237.html

6 Publicada en el DOF el 04/05/2015.

7 Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de transparencia. Artículo 6° apartado A, fracción I. DOF: 07/02/2014.

8 Intervención en la ceremonia correspondiente al sexagésimo aniversario de la fundación del Seminario de Cultura Mexicana. Seminario de Cultura Mexicana. Palacio de Minería, México DF. 28/02/2002.

9 Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Artículo 3, fracción VI. DOF. 04/05/2015.

10 Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Artículo 41 Bis, fracción I. DOF. 17/12/2015.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de febrero de 2017.— Diputado Francisco Javier Pinto Torres(rúbrica).»

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Túrnese a la Comisión de Cultura y Cinematografía, para dictamen.



CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Tiene la palabra hasta por cinco minutos para presentar dos iniciativas en una sola intervención el diputado Hugo Eric Flores Cervantes, del Grupo Parlamentario del Partido de Encuentro Social, para presentar una iniciativa con proyecto de decreto que deroga el artículo 10 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. E iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 82 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

El diputado Hugo Eric Flores Cervantes: Honorable asamblea, nuevamente acudimos a esta máxima tribuna del país a solicitar el apoyo de esta soberanía para dos iniciativas que a nombre del Partido Encuentro Social vengo a presentar y que revisten la mayor importancia por los tiempos que vivimos.

Para empezar, estamos solicitando la eliminación del derecho de posesión de armas en la Constitución. Mientras algunos están hablando de que se regule el tema de la posesión y portación de armas, nosotros estamos porque en el texto constitucional se elimine esa posibilidad.

Los tiempos que vivimos son tiempos violentos, y hay que decirlo y hay que decirlo muy claro, si nos interesa un muro en la frontera para que no sigan pasando, las armas que de manera continua y permanente están matando a miles y miles de mexicanos, porque el tráfico de armas se ha convertido en un negocio muy oneroso de los grupos criminales alimentados por la industria militar y de armas de Estados Unidos.

A nivel nacional este derecho de poseer armas se incluyó por primera vez en la Constitución de 1857 en el artículo 10. En él se establecía lo siguiente: “Todo hombre tiene derecho de poseer y portar armas para su seguridad y legítima defensa”. Las razones para incluir el derecho a la libertad de poseer armas de fuego en las Constituciones del 57, primero, y después de 1917, están fundadas en una situación de crisis y conflictos derivados de las propias luchas armadas que dieron lugar a esa Constitución o a esas Constituciones.

El actual artículo 10 de la Constitución General, se encuentra en el Capítulo I de la misma, el reservado a los derechos y a las garantías individuales, y al mismo nivel del derecho a la educación, a la salud o a formar una familia, se encuentra el derecho a la posesión de armas.

Hay datos muy interesantes que demuestran como las armas y tanta proliferación de las armas en nuestro país ha incrementado la violencia en nuestro país. Por ejemplo: el número de hogares que compraron armas por miedo a la inseguridad pasó de 146 mil en 2010 a 232 mil en el 2015. Curiosamente en este mismo periodo se registra un promedio, un aumento en el promedio de homicidios al día de 43.

¿Qué venimos nosotros a sugerir? Quitemos de una vez del texto constitucional, la posibilidad de poseer armas y que sea la legislación secundaria quien otorgue esas facultades, en específico a la Secretaría de la Defensa Nacional para entregar solamente concesiones y licencias al uso de armas. Pero de una vez, estamos solicitando que se quite como derecho en la Constitución General de la República.

Muchos mexicanos nos lo habrán de agradecer y miles y miles de muertes nos habremos de ahorrar si restringimos de manera estricta la posibilidad de poseer armas.

La siguiente iniciativa que queremos presentar tiene que ver con una reforma al artículo 82 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta. Hoy, el 29 por ciento del promedio total, de acuerdo a datos del propio Inegi, de organismos que se dedican a la asistencia social son organizaciones religiosas. Son asociaciones religiosas que con sus propios recursos están combatiendo adicciones, están poniendo casas hogar, están poniendo asilos. Hay una vocación natural de muchas asociaciones religiosas al trabajo social y a la asistencia social.

Por eso es que de manera muy concreta lo que nosotros estamos solicitando es que las asociaciones religiosas puedan tener el mismo trato fiscal que las asociaciones civiles y puedan expedir recibos deducibles de impuestos, cuando su trabajo sea mera y puramente asistencial.

Hoy hay infinidad, me atrevería a decir miles de organizaciones religiosas que se dedican al trabajo social sin ninguna posibilidad de exención o de algunos estímulos fiscales.

¿Qué estamos buscando? Se estimula fiscalmente a muchísimas organizaciones de carácter civil, de carácter empresarial, pero no a las asociaciones religiosas. Estamos pidiendo que en este catálogo que describe el artículo 82 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, se ponga a las asociaciones religiosas como sujetos de la posibilidad de deducir impuestos a empresas que les otorguen donativos por estarse dedicando a esta función asistencial.

Sabemos que estas dos iniciativas de ley van a procurar un mejor México, un México más pacífico y un México mejor atendido, por ejemplo, en el combate a las adicciones. Queremos solicitar que estas iniciativas sean apoyadas por todos los grupos parlamentarios representados en esta Cámara de Diputados. Por su atención, muchas gracias.

«Iniciativa que deroga el artículo 10 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Hugo Éric Flores Cervantes, del Grupo Parlamentario del PES

El suscrito, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72, inciso h), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, numeral 1, fracción I, 77, numerales 1 y 3, 78 y 102, numeral 1, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía iniciativa con proyecto de decreto por el que se deroga el artículo 10 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Hugo Éric Flores Cervantes, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.

Exposición de Motivos

Es posible rastrear el origen del derecho a la posesión y portación de armas, en la Segunda Enmienda de la Constitución de Estados Unidos de América de 1787, en la que se estableció que: “Siendo necesaria para la seguridad de un Estado libre una milicia bien organizada, no se coartará el derecho del pueblo a tener y portar armas” (“A well regulated militia, being necessary to the security of a free State, the right of the people to keep and bear arms, shall not be infringed”. Disponible en <http://www.america.gov/ esp/media/pdf/books/constitution_sp.pdf#popup>).

A escala nacional, este derecho se incluyó por primera vez en la Constitución de 1857 en el artículo 10, en el que se establecía lo siguiente: “Todo hombre tiene derecho de poseer y portar armas para su seguridad y legítima defensa. La ley señalará cuáles son las prohibidas y la pena en que incurren los que las portaren”.

Posteriormente fue retomado en la Constitución de 1917 en el texto del artículo 10, quedando redactado de la siguiente manera:

Los habitantes de los Estados Unidos Mexicanos tienen libertad de poseer armas de cualquier clase para su seguridad y legítima defensa, hecha excepción de las prohibidas expresamente por la ley y de las que la nación reserve para el uso exclusivo del Ejército, Armada y Guardia Nacional; pero no podrán portarlas en las poblaciones sin sujetarse a los reglamentos de policía.

En este precepto se aprecia que la facultad de poseer y portar armas, empezó a limitarse con dos prohibiciones, una legislativa sobre el tipo de armas permitidas y otra sobre las formas de portación a través de los reglamentos de policía.

De manera más reciente, este artículo se reformó mediante publicación en el Diario Oficial de la Federación, el 22 de octubre de 1971. Respecto de las disposiciones anteriores, el actual artículo 10 constitucional difiere sustancialmente en que el derecho a portar armas se regula a través de una ley federal y respecto de la Constitución de 1857, en que se hace referencia a la categoría de armas reservadas para el uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

El texto vigente establece:

Artículo 10. Los habitantes de los Estados Unidos Mexicanos tienen derecho a poseer armas en su domicilio, para su seguridad y legítima defensa, con excepción de las prohibidas por la Ley Federal y de las reservadas para el uso exclusivo del Ejército, Armada, Fuerza Aérea y Guardia Nacional. La ley federal determinará los casos, condiciones, requisitos y lugares en que se podrá autorizar a los habitantes la portación de armas.

No obstante las reformas que ha tenido el citado artículo, es importante situar el contexto histórico por el que atravesaba el país, cuando se estableció por vez primera en la constitución de 1857 y también al ser retomado por los constituyentes de 1917.

A mediados del siglo XIX, México se encontraba en una etapa de construcción como nación independiente, pero al mismo tiempo atravesaba por un nuevo intento de invasión por parte de los Estados Unidos, que derivó en la pérdida de más de la mitad del territorio nacional y la sucesiva dictadura de Antonio López de Santa Anna.

Es decir, se sufría un periodo de guerras y luchas armadas que venían sucediéndose desde la guerra de independencia e incluso antes.

Al encontrarse en construcción la nación mexicana, las instituciones que soportaban al Estado carecían de fortaleza en sus estructuras, por tal razón, contar con los recursos para tener un ejército bien organizado y suficiente para enfrentar potenciales enemigos extranjeros o levantamientos insurgentes internos, resultaba difícil en extremo.

Por ello, ante esta carencia de elementos militares de oficio, cualquier persona podía ser llamada a tomar las armas en defensa del país, ya sea por petición oficial o por voluntad propia. En consecuencia, es entendible que se estableciera a nivel constitucional el derecho de los hombres de poseer y portar armas para su seguridad y legítima defensa.

En los albores del siglo XX, la nación mexicana se enfrentaba de nueva cuenta con un movimiento armado, la revolución mexicana, que peleó por derrocar al dictador Porfirio Díaz y porque se respetasen los derechos y garantías del lastimado pueblo de México. El resultado de esta lucha, que costó muchas vidas, fue la Constitución de 1917, en la que como hemos visto, se incluyó para los habitantes la libertad de poseer armas de cualquier clase para su seguridad y legítima defensa.

Como vemos, esta libertad para poseer armas deriva nuevamente de una situación de crisis en el país, misma que no concluyó con la promulgación de la Constitución, ya que durante varios años posteriores estuvo latente la posibilidad de un nuevo conflicto encabezado por los opositores a la revolución. Por ello de nueva cuenta había una necesidad o precaución de estar preparados ante tal situación.

En consecuencia, es posible afirmar que las razones para incluir el derecho o la libertad de poseer armas de fuego en las constituciones de 1857 y1917, está fundado en una situación de crisis y conflictos derivada de las transfiguraciones y reformas que se vivían en el país, lo cual resultaba en gobiernos divididos, poco estructurados y con poca capacidad de garantizar los elementos mínimos de bienestar y seguridad a sus gobernados.

En la década de 1930, el país empezó a participar de la industrialización y la modernidad, generando nuevas condiciones socioeconómicas que propiciaron el surgimiento y funcionamiento de cuerpos policiacos en todas las poblaciones de la república, así como una elevación del nivel económico y cultural de los habitantes, lo que derivó en una mayor seguridad y un mejor respeto a la vida y los derechos de los demás.

Contexto actual

El artículo 10 de la Constitución General se encuentra en el capítulo primero de la misma, es decir, en el reservado a los derechos y sus garantías, al mismo nivel que el acceso a la educación, la salud o a formar una familia, por tanto es posible interpretar este precepto como un derecho humano. Sin embargo, el derecho a la posesión de las armas no ha sido reconocido de esta manera en el derecho internacional en la materia.

Un derecho humano es, de acuerdo con la definición de Antonio Pérez Luño, un “conjunto de facultades e instituciones que, en cada momento histórico, concreta las exigencias de la dignidad, la libertad y la igualdad humanas, las cuales deben ser reconocidas positivamente por los ordenamientos jurídicos a nivel nacional e internacional” (...)

Esta definición fundamenta los derechos humanos en términos de necesidades humanas y evolución histórica, y permite entenderlos como un conjunto de instituciones que tienen como propósito salvaguardar la dignidad humana, pero que de igual forma reconoce la historicidad del ser humano, este concepto da la posibilidad de reconocer otros derechos y dotar al ordenamiento jurídico del dinamismo que se requiere para esta tarea.

Ahora bien, desde esta concepción se podría considerar que el derecho a poseer armas está incluido en la citada definición de derechos humanos, sin embargo, no lo está, debido a que las exigencias de la dignidad y libertad que se aspira proteger son la seguridad y la legítima defensa, bienes protegidos por el derecho humano a la seguridad, que ha sido establecido en el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo 3 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y 7 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Como todos los derechos humanos, la obligación de la protección y el derecho a la seguridad de las personas corresponden a los Estados, en este sentido, las autoridades mexicanas tienen el deber de llevar a cabo las acciones correspondientes para su realización efectiva. En tal virtud, el derecho de poseer armas, establecido en la normativa mexicana, se presenta como una medida excepcional poco válida y obsoleta.

Este derecho se estableció especulando o previendo la posibilidad de enfrentarse a conflictos bélicos de cualquier tipo y como una forma de suplir o compensar las carencias y limitantes que tenía el gobierno mexicano para brindar seguridad y resguardo, a los ciudadanos y a sus bienes.

De manera tal, este precepto ha quedado ampliamente superado, en primer lugar a raíz de la evolución del contexto nacional e internacional, que dejo atrás los conflictos bélicos y adoptó un sistema global de cooperación y relaciones diplomáticas, haciendo cada vez menos posible una guerra o una invasión, al menos en el país.

En segundo lugar, hay que destacar que desde hace varios años las políticas que el Estado mexicano ha adoptado en materias como la procuración de justicia, administración pública y otras de igual trascendencia, han estado estrechamente vinculadas al respeto de los derechos humanos.

Y permitir que el artículo 10 permanezca en la constitución, representa una contradicción con lo contenido y adoptado en el artículo primero a raíz de la reforma de 2011 en materia de derechos humanos. Ya que en este se establece, que todas las autoridades en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.

En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos. Hay que resaltar la obligación de prevenir la violación de estos derechos, y el más importante de todos consagrado en los distintos tratados y declaraciones sobre derechos humanos es la vida, ya que sin esta ninguno de los demás derechos tienen razón de ser.

Por tanto, permitir la posesión de armas de fuego, aunque sólo sea en el domicilio, supone en primer lugar la posibilidad de su uso y en consecuencia la probable pérdida de una vida, de manera tal que no se cumple la obligación de las autoridades de prevención, en cuanto a la violación de un derecho humano tan importante como es el de la vida.

Una de las más graves y notorias faltas de la administración pública ha sido y continúa siendo la deficiente prestación del servicio de seguridad pública, derivado de las crisis económicas, políticas y sociales, que han generado una incontrolable corrupción policiaca, una aumento de la criminalidad y una enorme inseguridad en la población, particularmente en las grandes concentraciones urbanas.

Las armas de fuego están diseñadas para herir o terminar con la vida de una persona. La falacia de la “autoprotección” ha llevado a que muchos países “democraticen” la posesión de armas generando más accidentes fatales y homicidios. La evidencia internacional demuestra que existe una fuerte correlación entre la posesión per cápita de armas de fuego y la tasa de homicidio por este medio.

Asimismo, estudios han mostrado que un mayor número de armas se asocia con más muertes y lesiones accidentales por arma de fuego.

La posesión de armas se debería estar combatiendo, no alentando. Es preocupante que la posesión, legal e ilegal, de armas de fuego en México haya ido creciendo. De acuerdo con la Encuesta de las Pequeñas Armas, programa a cargo del Instituto de Estudios Internacionales y de Desarrollo de Ginebra, en 2011 México ocupó el lugar 42 del mundo de mayor número de armas por cada 100 mil habitantes. En números totales, se estimó que 15.5 millones de armas de fuego estaban en manos de la población civil.

Y la situación se ha agravado. El número de hogares que compraron armas por miedo a la inseguridad pasó de 146 mil en 2010 a 232 mil en 2015 (un aumento de casi 60 por ciento en 5 años), de acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública, levantada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

Finalmente, las averiguaciones previas de homicidios y lesiones dolosas con arma de fuego han tenido una tendencia al alza desde el 2002 y durante 2015 se registró un promedio de 43 homicidios al día, según los registros del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

También hay que considerar el peligro que representa tener un arma de fuego en los hogares, derivado del mal uso e influencias negativas que proliferan en el internet y las redes sociales, cada vez podrían ser más frecuentes los sucesos como el ocurrido en un colegio de Monterrey, en el que lamentablemente varias personas perdieron la vida con un arma que estaba debidamente acreditada y registrada.

En conclusión, al quitar del texto constitucional el derecho de las personas para poseer armas de fuego, se estaría restringiendo de manera importante la posibilidad de adquirir un arma, dejando para la legislación secundaria los supuestos y casos excepcionales en los que es permitido poseerlas.

Para Encuentro Social, debe fomentarse la protección de los hogares y la familia por medio de valores sólidos, de una buena educación, de un salario digno y sobre todo de un Estado Mexicano que ejerza las funciones de seguridad que le corresponden de manera eficiente y oportuna, jamás se debe combatir la inseguridad con violencia y fuera de la civilidad y el respeto por la vida.

Por lo expuesto y debidamente fundado, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social me permito someter a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto que deroga el artículo 10 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Único. Se deroga el artículo 10 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar de la siguiente manera:

Artículo 10. Se deroga.

Transitorios

Primero.El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.Se derogan todas las disposiciones que contravengan el presente decreto.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de febrero de 2017.— Diputado y diputada Hugo Éric Flores Cervantes,Norma Edith Martínez Guzmán(rúbricas).»

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputado Hugo Eric Flores Cervantes. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales para dictamen.



LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

El diputado Hugo Eric Flores Cervantes:

«Iniciativa que reforma el artículo 82 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, a cargo del diputado Hugo Éric Flores Cervantes, del Grupo Parlamentario del PES

El suscrito, diputado perteneciente a la LXIII Legislatura de la Honorable Cámara de Diputados e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II y 72, inciso H) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, 6, numeral 1, fracción I, 77, numerales 1 y 3, 78 y 102, numeral 1, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta soberanía, la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 82 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, a cargo del diputado Hugo Éric Flores Cervantes, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.

Exposición de Motivos

Si se hace una revisión meticulosa de la historia del país, es posible encontrar los que parecen ser los primeros antecedentes de la beneficencia en México. Se tiene que al término de la conquista de Tenochtitlán en 1521, los indígenas fueron tratados de manera brutal por los conquistadores, ante lo cual surgieron personas e instituciones dispuestas a protegerlos. Este apoyo solidario en los inicios de la Nueva España (Llamado entonces “ejercicio de la caridad cristiana”), tiene como ejemplos los hospitales, que no sólo servían para atender a los enfermos, sino también como hospedaje y centros de enseñanza.

Las instituciones hospitalarias constaban de un conjunto de edificios, en los cuales se tenía colegio, enfermería, casa de cuna, residencia para los habitantes del poblado e iglesia. Estas instituciones eran administradas por las órdenes religiosas, principalmente por parte de los franciscanos, agustinos y dominicos.

Por las tareas de evangelización e instrucción de los indígenas, se considera que los hospitales y los conventos fueron los primeros centros en los que se ejercía la acción solidaria.

Fue así como las principales instituciones del sistema de apoyo solidario de la época colonial (Sobre todo durante los siglos XVI y XVII), fueron los hospitales, las escuelas y las cofradías.

Durante las primeras décadas de la vida independiente de nuestro país, la Iglesia católica fue la institución encargada de desempeñar las funciones asistenciales. Posteriormente a las Leyes de Reforma, el gobierno liberal tomó una parte de las instituciones de beneficencia en sus manos y creó la Dirección de Fondos de la Beneficencia Pública, pero su acción se vio muy limitada.

Algunas de las instituciones de beneficencia permanecieron bajo el dominio de la Iglesia y así surgió la división entre la beneficencia pública y la privada. Como consecuencia de las Leyes de Reforma y de la lucha ideológica entre la Iglesia y el Estado, el sector de ayuda social durante las primeras décadas de la vida independiente de México sufrió un importante colapso, ya que el gobierno no contaba con la capacidad para atender a este sector, y la Iglesia por la desamortización de sus bienes, junto con la orden de que tenía prohibido participar en dicho sector, tampoco contaba con los recursos y facilidades para hacerlo.

A partir de entonces, el Estado mexicano se hizo cargo de la beneficencia y asistencia social en el país, no obstante las agrupaciones religiosas de las distintas confesiones no han dejado de desempeñar labores asistenciales, educativas y culturales entre otras.

De acuerdo al Censo de Alojamientos de Asistencia Social 2015, elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el cual tiene como principal finalidad generar información estadística respecto de las condiciones de vida de la población que reside en alojamientos de asistencia social.

En particular sobre los servicios que reciben los beneficiarios y sobre las características sociodemográficas de éstos y los trabajadores. Se puede constatar que 29 por ciento de los alojamientos de asistencia social son sostenidos por agrupaciones religiosas.

A pesar de que es evidente que múltiples agrupaciones y asociaciones religiosas realizan actividades asistenciales de todo tipo, no son consideradas para recibir donativos deducibles, como si sucede con las asociaciones civiles, situación que las pone en desventaja para realizar este tipo de actividades.

Para recibir donativos deducibles, una organización o asociación civil, debe verificar que su objeto social se ubique en alguna de las actividades que pueden ser autorizadas, así como cumplir con los requisitos que disponen las leyes en la materia. Para tal efecto, se considera como objeto social el fin o actividad preponderante que va a llevar a cabo, el cual debe señalarse en el acta constitutiva y estatutos sociales.

Las actividades que conforme a la ley pueden ser autorizadas para recibir donativos deducibles son: Asistenciales, educativas, de investigación científica o tecnológica, culturales, ecológicas, de preservación de especies en peligro de extinción, becantes, de obras o servicios públicos, de desarrollo social, de apoyo económico, museos y bibliotecas privadas y escuelas-empresas.

Como se ha mencionado anteriormente, las agrupaciones y Asociaciones Religiosas realizan varias de estas actividades, principalmente asistenciales, educativas y culturales.

Ahora bien, las asociaciones civiles que realizan cualquiera de las actividades antes mencionadas y son sujetas a donativos, tienen diversas ventajas fiscales como son:

Tributar para efectos fiscales como persona moral con fines no lucrativos. (Título III de la Ley del Impuesto sobre la Renta.)

Puede recibir donativos sin límite, ya sea en efectivo o en especie, de residentes en el país o en el extranjero, debiendo expedir los comprobantes respectivos. (Publicación en el Anexo 14 de la Resolución Miscelánea Fiscal (DOF) y en la página de Internet del Servicio de Administración Tributaria,SAT).

De manera general no es contribuyente del ISR.

Con previa autorización del SAT puede aplicar los donativos deducibles que reciba a otras actividades adicionales contenidas en su acta constitutiva o estatutos o contrato de fideicomiso respectivo, siempre que se ubiquen en los supuestos de los artículos 79, fracciones VI, X, XI, XII, XVII, XIX, XX y XXV, 82, 83 y 84, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, así como 36, segundo párrafo y 134 de su Reglamento.

Con previa autorización, no paga impuestos al comercio exterior por la entrada al país de mercancías que sean donadas para ser destinadas a fines culturales, de enseñanza, de investigación, de salud pública o de servicio social, y que pasen a formar parte de su patrimonio, siempre que el donante sea residente en el extranjero.

Asimismo, las personas físicas pueden deducir los donativos no onerosos ni remunerativos que den a las personas morales autorizadas para recibir donativos deducibles, siempre y cuando el monto total de dichos donativos no exceda del 7 por ciento de los ingresos acumulables que sirvan de base para calcular el impuesto sobre la renta a cargo del contribuyente, persona física, en el ejercicio anterior a aquel en el que se efectúe la deducción.

En el caso de donativos en especie, pueden deducir el importe que corresponda de conformidad con las disposiciones fiscales.

En consecuencia, si se considera como lo establece la Ley del Impuesto sobre la Renta, solamente las actividades que realice una agrupación social para poder ser sujeta a recibir donativos deducibles, no existe ningún impedimento para que las asociaciones religiosas entren en este supuesto.

Para el Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, es de suma importancia que las personas, organizaciones, agrupaciones o asociaciones, que tengan como objeto o fin principal el fomento de la asistencia social en cualquiera de sus vertientes, puedan ser retribuidas, auxiliadas o compensadas de igual forma por el gobierno de México, sin ningún tipo de sesgo discriminatorio, particularmente por pertenecer o adscribirse a una religión o confesión determinada.

Por tanto, se busca que las asociaciones religiosas tengan la posibilidad de brindar certeza jurídica a sus potenciales donantes, lo que propiciaría una mayor percepción de donativos para sus obras de asistencia social, con la posibilidad de aplicar los donativos deducibles que reciba a otras actividades adicionales contenidas en su acta constitutiva o estatutos, siempre que se ubiquen en los supuestos que establece para el efecto la Ley del Impuesto sobre la Renta y también para poder recibir donativos sin límite, ya sea en efectivo o en especie, de residentes en el país o en el extranjero.

Por tal razón, se propone modificar el artículo 82 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, para incluir a las asociaciones religiosas dentro de las personas morales con fines no lucrativos autorizadas para recibir donativos deducibles.

Por lo expuesto y debidamente fundado, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social me permito someter a la consideración de esta soberanía, la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto que reforma el artículo 82 de la Ley del Impuesto sobre la Renta

Único. Se reforma el artículo 82 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta para quedar de la siguiente manera:

Artículo 82. Las personas morales con fines no lucrativos a que se refieren las fracciones VI, X, XI, XII, XVI, XIX, XX y XXV del artículo 79 de esta Ley, deberán cumplir con lo siguiente para ser consideradas como instituciones autorizadas para recibir donativos deducibles en los términos de esta ley.

I. a IX. ...

...

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Se derogan todas aquellas disposiciones que contravengan el presente decreto.

Notas:

1 Verduzco Igartúa, Gustavo. Organizaciones no lucrativas: visión de su trayectoria en México. El Colegio de México, Centro Mexicano para la Filantropía, México, 2003, página 45.

2 Verduzco Igartúa, Gustavo. Obra citada, páginas 64-65.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de febrero de 2017.— Diputado Hugo Éric Flores Cervantes(rúbrica).»

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

Sonido en la curul del diputado Jorge Ramos, por favor. Señor diputado ¿con qué objeto?

El diputado Jorge Ramos Hernández (desde la curul): Gracias, presidente. Únicamente para solicitarle al diputado Hugo Eric Flores, si acepta y permite que su servidor suscriba la parte relativa a la asistencia social, sujeta a deducir el impuesto por estas asociaciones, porque me consta y conozco la problemática y la entrega que tienen estas agrupaciones en favor de los que menos tienen.

El diputado Hugo Eric Flores Cervantes: Estoy de acuerdo, presidente.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: El diputado Hugo Eric Flores Cervantes está de acuerdo, por tanto está a su disposición, diputado, Jorge Ramos, aquí en la Secretaría de la Mesa Directiva.



CÓDIGO PENAL FEDERAL

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Tiene el uso de la tribuna hasta por cinco minutos la diputada Mariana Trejo Flores, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal en materia de protección a la infancia y la adolescencia contra la prostitución infantil y explotación sexual de menores. Adelante, diputada.

La diputada Mariana Trejo Flores:Gracias, diputado. Buenas tardes, diputadas y diputados. Comienzo con el motivo principal. Aquí mis compañeros diputados a lo que hacen alusión, es de que las autoridades no pueden pasar por desapercibido de las necesidades que tiene el sector salud, principalmente en el estado de Chiapas.

Con la venia de todos los presentes. El día de hoy presento ante esta tribuna de la Cámara de Diputados, una iniciativa de proyecto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal en materia de combate y acción legal contra prostitución, pornografía y explotación sexual infantil.

Compañeras y compañeros legisladores, en México cada año 38 mil niñas y niños caen en las garras de grupos criminales que se dedican a la trata de menores con fines de explotación sexual, niñas y niños que viven en la esclavitud y los horrores de la ambición de personas que siguen viendo a los humanos como mercancías.

La pobreza generalizada y el fracaso de políticas públicas sociales y económicas del Estado mexicano, han generado un clima aterrador y poco alentador donde las niñas y niños de primaria y secundaria tienen que vender sus cuerpos a cambio de alimentos y a cambio de poco dinero para llevar algo sustentable a sus hogares.

Niñas de 10, de 11, de 12 años en escuelas principalmente del estado de Zacatecas, se están prostituyendo ante el cobijo de autoridades. Desde esta tribuna hago un llamado al gobernador constitucional del estado de Zacatecas, Alejandro Tello, para que intervenga y pare esta lamentable situación y establezca un marco normativo que paren el clima de violencia de la entidad que ha penetrado a la sociedad al grado de prostituir sexualmente y corromper a los niños zacatecanos.

¿Cuál será el futuro de México? ¿Cuál será el futuro de Zacatecas si seguimos tratando desde este desdén a nuestra infancia? Zacatecas y sus niñas y sus niños merecen atención prioritaria. Así lo establece el artículo 4o. constitucional, en su párrafo noveno. El interés superior del estado es la niñez y las políticas públicas se han olvidado de dar protección a nuestra infancia dejando a merced a pederastas a delincuentes y a secuestradores de todo el futuro de México.

Señores legisladores, esta iniciativa pretende endurecer las penas a todos aquellos hombres y mujeres que abusen sexualmente, exploten con fines de pornografía y prostitución a niñas y niños en territorio nacional.

Los violadores de niñas y niños, los pederastas tendrán que enfrentar severas penas que pasen un par de años a una multa de cadenas de privatización a la libertad, sin derecho a fianza, a quien promueve el turismo sexual infantil grave o produzca videos de pornografía infantil. A quien explote sexualmente a menores de edad y a quien abuse sexualmente de niñas y niños.

México no puede seguir siendo un paraíso para la explotación sexual infantil, ocupamos el deshonroso segundo lugar a nivel mundial, según los datos de la UNICEF en este rubro.

Ese necesario que este país se castigue a quien atente contra la integridad de las niñas y niños mexicanos, a quien atente por el futuro de México. Es cuanto, diputado presidente.

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal, en materia de protección de la infancia y la adolescencia contra la prostitución infantil y explotación sexual de menores, a cargo de la diputada Mariana Trejo Flores, del Grupo Parlamentario de Morena

La que suscribe, diputada federal Mariana Trejo Flores, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, con fundamento en lo establecido por los artículos 71, fracción II, 72 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 55, fracción II, y 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los artículos 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Penal Federal en materia de protección a la infancia y la adolescencia contra la prostitución infantil y explotación sexual de menores.

Exposición de Motivos

El artículo 4o. Constitucional en su párrafo noveno establece lo siguiente:

“En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez”.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece como uno de los ejes rectores de las políticas de Estado, la consideración del interés superior, el cuidado y preservación de la infancia. Los niños y las niñas tienen derecho recibir alimentación, educación, a estar en condiciones de desarrollo sanas y óptimas para su crecimiento como ciudadanos. Todo lo anterior está plasmado en la Constitución y se considera como un interés superior, partiendo de ello tenemos en claro que las políticas públicas del estado deben de estar orientadas a privilegiar este interés superior.

La convención de la ONU sobre los derechos de las niñas y los niños, firmada como tratado internacional de derechos humanos el 20 de noviembre de 1989 por más de 180 naciones establece a lo largo de sus 54 artículos componentes, una serie paradigmas legales para que las naciones brinden protección a la infancia y privilegiando ese interés superior del que se hace referencia en el artículo 4° Constitucional.

El artículo primero de dicha convención, establece la edad de 18 años como la barrera límite legal para establecer la diferencia entre adulto y niño. Algunas naciones, como es el caso de México, en sus sistemas legales, han implementado edades alternas de referencia, para identificar de manera precisa niño o adolescente, fijando la edad en 12 años para ser llamado niño o superior para ser considerado adolescente desde los 12 hasta los 18 años, como se plasma en el artículo 5o. de la Ley General de los Derechos de las Niños, Niños y Adolescentes:

“Son niñas y niños los menores de doce años, y adolescentes las personas de entre doce años cumplidos y menos de dieciocho años de edad.

Cuando exista la duda de si se trata de una persona mayor de dieciocho años de edad, se presumirá que es adolescente.

Cuando exista la duda de si se trata de una persona mayor o menor de doce años, se presumirá que es niña o niño”.

Esta iniciativa está dirigida específicamente para favorecer y dar protección legal, con fundamento en el párrafo noveno del artículo 4° Constitucional y con el fundamento del artículo 5, 6 y 7 de la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, para privilegiar la prioridad que tiene el Estado de brindar protección a los menores en la medida de aplicación de leyes y políticas públicas.

La prostitución infantil y la explotación sexual de menores con o sin fines de lucro ha sido una práctica recurrente, según estudios de la UNICEF, en economías en vías de desarrollo donde la pobreza extrema, la falta de oportunidades, así como el desapego de protección por parte de los gobiernos a la población es una constante, lamentablemente, en éste espectro de consideraciones, la nación mexicana ha caído durante las últimas décadas en una vorágine de políticas públicas que han desacelerado el crecimiento económico, fomentado el desempleo, la precarización laboral y el incremento desmedido de la pobreza en las zonas de exclusión, es decir, zonas de miseria y zonas periféricas a los polos de desarrollo de cualquier sector económico.

Los sectores desplazados, que en la actualidad comprenden a mayorías y no a minorías, quedan a merced de decisiones de políticas públicas que maximizan la delincuencia y minimizan la el desarrollo económico y social gradual con tendencia de crecimiento.

Las políticas públicas sociales y económicas no han establecido una línea de cercanía entre el desarrollo y crecimiento del tejido social intra-sociedad y tampoco han servido de medida de contención ante el crecimiento de la inestabilidad y la latente delincuencia organizada.

El artículo 14 de la Convención Internacional de la ONU de las Niñas y los Niños, establece que todas las niñas y niños tienen derecho a que se les preserve la vida y a la protección de la misma.

En el caso mexicano es un caso crítico en materia de prostitución infantil y explotación sexual de menores, en 2008 se ocupaba el segundo lugar a nivel mundial en prostitución de niños y niñas, sólo por detrás de Tailandia, según datos de la UNICEF, convirtiendo a nuestro país en un destino turístico sexual para pederastas, que encontraban en las ciudades turísticas de México, destinos propios para la prostitución infantil, la pornografía infantil y la explotación sexual de menores en las condiciones con menos regulación legal a nivel mundial, como se relata en varios trabajos periodísticos que hablan de redes de tratantes de menores en materia de explotación sexual de menores.

Según datos del Sistema de Desarrollo Integral de la Familia (DIF) en México, en la actualidad se llevan por año la queja de 35 mil menores explotados sexualmente con fines de lucro y comercio sexual, siendo esto un problema que impacta directamente a la estabilidad de las futuras generaciones, pues se calcula, según cifras y datos de UNICEF que en el mundo se explotan 1 millón 800 mil niños y niñas con fines sexuales y, en México, la cifra, según la UNICEF, se incrementa a 48 mil casos anuales lo que da el dato devastador de medio millón de niños y niñas explotadas sexualmente en una década.

Entre el DIF y el UNICEF existe una diferencia de 12 mil niños, las cifras no han empatado entre estas dos instituciones, sin embargo, lo único claro es que el problema existe en México y es necesaria la intervención del Estado en materia legal para brindar protección a los menores de edad, pues la ONU considera como el trabajo más denigrante al que son sometidos los niños y niñas explotados sexualmente y con secuelas irremediables en su vida de adultos, golpeando el autoestima, la seguridad y el valor propio.

La prostitución forzada en México ha tomado tintes macabros y descomunales, donde el crimen organizado ha rebasado a nuestras instituciones y niñas son raptadas para ser explotadas sexualmente.

El silencio ha sido el cómplice perfecto de estas redes de prostitución infantil, las penas bajas para los tratantes, abusadores, pederastas, traficantes de personas, permiten que en México en materia de protección a la infancia reine la impunidad y el desasosiego para las víctimas y sus familias. Los niños y niñas necesitan protección y el Estado tiene que hacer algo en la materia, es por ello que con esta breve introducción a un caso tan complejo como lo es la prostitución infantil, se realicen las modificaciones pertinentes al Código Penal Federal en la materia, para establecer un marco normativa en favor de la infancia mexicana.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de

Decreto

En los siguientes términos:

Artículo 202.(...)...

...

...

A quien fije, imprima, video grabe, fotografíe, filme o describa actos de exhibicionismo corporal o lascivos o sexuales, reales o simulados, en que participen una o varias personas menores de dieciocho años de edad o una o varias personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o una o varias personas que no tienen capacidad para resistirlo, se le impondrá la pena de doce a dieciocho años de prisión, así como el decomiso de los objetos, instrumentos y productos del delito.

(...)...

...

Artículo 202 Bis.Quien almacene, compre, arriende, el material a que se refieren los párrafos anteriores, sin fines de comercialización o distribución se le impondrán de tres a siete años de prisión y de quinientos a mil trecientos días multa. Asimismo, estará sujeto a tratamiento psiquiátrico especializado y con vigilancia judicial.

Artículo 203. Comete el delito de turismo sexual infantil quien promueva, publicite, invite, facilite o gestione por cualquier medio a que una o más personas viajen al interior o exterior del territorio nacional con la finalidad de que realice cualquier tipo de actos sexuales reales o simulados con una o varias personas menores de dieciocho años de edad, o con una o varias personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o con una o varias personas que no tienen capacidad para resistirlo. Al autor de este delito se le impondrá una pena de doce años dieciocho años de prisión sin derecho a fianza.

Artículo 203 Bis. A quien realice cualquier tipo de actos sexuales reales o simulados con una o varias personas menores de dieciocho años de edad, o con una o varias personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o con una o varias personas que no tienen capacidad para resistirlo, en virtud del turismo sexual, se le impondrá una pena de doce a dieciocho años de prisión sin derecho a fianza, asimismo, estará sujeto al tratamiento psiquiátrico especializado.

Artículo 204. Comete el delito de lenocinio de personas menores de dieciocho años de edad o de personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no tienen capacidad para resistirlo:

I. Toda persona que explote el cuerpo de las personas antes mencionadas, por medio del comercio carnal u obtenga de él un lucro cualquiera;

II. Al que induzca o solicite a cualquiera de las personas antes mencionadas, para que comercie sexualmente con su cuerpo o le facilite los medios para que se entregue a la prostitución, y

III. Al que regentee, administre o sostenga directa o indirectamente, prostíbulos, casas de cita o lugares de concurrencia dedicados a explotar la prostitución de personas menores de dieciocho años de edad o de personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no tienen capacidad para resistirlo, u obtenga cualquier beneficio con sus productos. Al responsable de este delito se le impondrá prisión de catorce a veinte años sin derecho a fianza, así como clausura definitiva de los establecimientos descritos en la fracción III.

Artículo 209 Bis. Se aplicará de catorce a veinte años de prisión a quien se aproveche de la confianza, subordinación o superioridad que tiene sobre un menor de dieciocho años, derivada de su parentesco en cualquier grado, tutela, curatela, guarda o custodia, relación docente, religiosa, laboral, médica, cultural, doméstica o de cualquier índole y ejecute, obligue, induzca o convenza a ejecutar cualquier acto sexual, con o sin su consentimiento.

La misma pena se aplicará a quien cometa la conducta descrita del párrafo anterior, en contra de la persona que no tenga la capacidad de comprender el significado del hecho o para resistirlo. Si el agente hace uso de violencia física, las penas se aumentarán en una mitad más.

El autor del delito podrá ser sujeto a tratamiento médico integral el tiempo que se requiera, mismo que no podrá exceder el tiempo que dure la pena de prisión impuesta. Además de las anteriores penas, el autor del delito perderá, en su caso, la patria potestad, la tutela, la curatela, la adopción, el derecho de alimentos y el derecho que pudiera tener respecto de los bienes de la víctima, en términos de la legislación civil.

Cuando el delito fuere cometido por un servidor público o un profesionista en ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas, además de la pena de prisión antes señalada, será inhabilitado, destituido o suspendido, de su empleo público o profesión por un término igual a la pena impuesta.

En caso de que el delito sea cometido por un servidor público con protección y amparo de fuero constitucional, al comprobarse el delito, el servidor público perderá su carácter de protección legal y será sujeto a las penas mencionadas en éste código penal.

Artículo 209 Ter. Para efecto de determinar el daño ocasionado al libre desarrollo de la personalidad de la víctima, se deberán solicitar los dictámenes necesarios para conocer su afectación. En caso de incumplimiento a la presente disposición por parte del Ministerio Público, éste será sancionado en los términos del presente Código y de la legislación aplicable. En los casos en que el sentenciado se niegue o no pueda garantizar la atención médica, psicológica o de la especialidad que requiera, el Estado deberá proporcionar esos servicios a la víctima.

Transitorio

Único.El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas:

1 Párrafo adicionado DOF 18-03-1980. Reformado DOF 07-04-2000, 12-10-2011 al artículo 4° Constitucional.

2 http://www.un.org/es/events/childrenday/pdf/derechos.pdf

3 Transcripción fiel del artículo 5° de la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.

4 Maestro en ciencias Miguel Vargas y doctor Miguel Esparza, Universidad Autónoma de Zacatecas, Precarización Laboral y Pobreza extrema al margen del desarrollo económico.

5 https://www.unicef.org/mexico/spanish/17045_17519.html

6 http://www.contralinea.com.mx/archivo-revista/index.php/2016/06/ 12/desaparicion-masiva-de-ninas-y-adolescentes-relacionadas-con-prostitucion-fo rzada-en-mexico

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de febrero de 2017.— Diputadas y diputados: Mariana Trejo Flores,Blanca Margarita Cuata Domínguez, Magdalena Moreno Vega, Norma Edith Martínez Guzmán, Roberto Alejandro Cañedo Jiménez (rúbricas).»

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias diputada Mariana Trejo Flores. Túrnese a la Comisión de Justicia, para dictamen.

El diputado Luis Ignacio Avendaño Bermúdez(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: A ver, sonido en la curul del diputado Ignacio Avendaño. Adelante, diputado.

El diputado Luis Ignacio Avendaño Bermúdez (desde la curul): Gracias, presidente. Nada más en alusión a rectificación de hechos por la que acaban de pasar los compañeros diputados de Morena, el tema en Chiapas, el problema de salud, efectivamente, como todo el país, hay un problema que hay que atacar y estamos trabajando. Este año se van a abrir en Chiapas 38 nuevos hospitales. Hay una campaña permanente de abastecimiento, hay un problema con el sindicato enserio, pero estamos trabajando y en ningún momento estamos haciendo caso omiso a esta problemática.

Invitaba a mis compañeros de Morena que no sólo hay que señalar, también ayúdenos porque es un tema de recurso público y desde la Cámara tenemos que mandar. Muchas gracias.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputado. Muy bien.

El diputado Guillermo Rafael Santiago Rodríguez(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: A ver, sonido en la curul el diputado Guillermo Santiago. Adelante, diputado.

El diputado Guillermo Rafael Santiago Rodríguez (desde la curul): Gracias, presidente. Pues es respecto al comentario del diputado Luis, que hace referencia a Morena, para decirle que el problema de salud en Chiapas no es un problema sindical, es un problema de corrupción y de desvío de fondos que el gobernador Manuel Velasco Coello, junto con el secretario de Salud, Francisco Ortega Farrera, han provocado.

Ah, y por supuesto, menciona que igual no hay recursos, pues les recuerdo, diputados, que ustedes votaron a favor de un recorte presupuestal para Chiapas de más de 5 mil millones de pesos. Así también les recuerdo que votaron a favor de un recorte presupuestal para salud por 10 mil millones de pesos.

Así que no vengan con hipocresías y con mentiras a querer curarse en salud cuando ustedes mismos han provocado esta situación que vive hoy el estado. No es un problema de sindicatos ni un problema partidista, es un problema que vive la gente y que es a causa de la corrupción que ustedes han solapado. Gracias, presidente.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputado.

La diputada Norma Edith Martínez Guzmán (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Sonido en la curul de la diputada Norma Edith Martínez Guzmán.

La diputada Norma Edith Martínez Guzmán (desde la curul): Bien, primero para agradecer y felicitar la sensibilidad de la diputada Mariana Trejo por esta iniciativa que pone en la mesa un tema doloroso y un tema que podríamos calificar de lesa humanidad. En la medida en la que afectamos el bien de nuestros niños en esa medida estamos condicionando una sociedad enferma.

Quisiera que no se desviara el tema de lo realmente importante: proteger a nuestros niños, ser la voz de los que no tienen voz. Y les solicito a la diputada Mariana me permita suscribirme a esta iniciativa importante.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: La diputada Mariana da su consentimiento. Está a su disposición aquí en la mesa de la Secretaría para la firma correspondiente.

El diputado Roberto Guzmán Jacobo (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: A ver, sonido en la curul del diputado Roberto Guzmán.

El diputado Roberto Guzmán Jacobo (desde la curul): Sí. Buenas tardes. Igual, solicitarle a la compañera diputada Mariana Trejo la inclusión de todos los compañeros a esta iniciativa, porque sabemos que realmente estamos en una situación en el cual la salud y principalmente lo que marca ella en este tema es muy importante y afecta a todo el país. Muchísimas gracias.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputado. La diputada ya dio su anuencia para que pueda ser signada por los diputaos que así lo deseen. Está aquí a su disposición en la mesa de la Secretaría.

La diputada Magdalena Moreno Vega (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Sonio en la curul de la diputada Magdalena Moreno. Adelante, diputada.

La diputada Magdalena Moreno Vega (desde la curul): Gracias. También en ese mismo sentido. Yo quiero pedirme adherirme a esa iniciativa, pedirle a la compañera Mariana Trejo que me permita participar. Es un tema muy doloroso, pero sí es importante para los niños y las niñas de México que nos preocupemos y legislemos en ese sentido. Gracias.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputada. La compañera diputada también ya dio su anuencia y está a su disposición aquí en la mesa de la Secretaría.



CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, LEY FEDERAL DE ARMAS DE FUEGO Y EXPLOSIVOS, LEY FEDERAL PARA PREVENIR Y SANCIONAR LOS DELITOS COMETIDOS EN MATERIA DE HIDROCARBUROS, LEY DE MIGRACIÓN, LEY DE AMPARO, REGLAMENTARIA DE LOS ARTÍCULO 103 Y 107 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, LEY GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, CÓDIGO PENAL FEDERAL, LEY FEDERAL PARA LA ADMINISTRACIÓN Y ENAJENACIÓN DE BIENES DEL SECTOR PÚBLICO Y LEY ORGÁNICA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Tiene el uso de la tribuna el diputado César Camacho, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales; de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos; de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos cometidos en Materia de Hidrocarburos; de la Ley de Migración; de la Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unido Mexicanos; de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública; del Código Penal Federal; de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del sector público, y de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, suscrita también por los diputados Álvaro Ibarra Hinojosa, Edgar Romo García, Martha Sofía Tamayo Morales, Armando Luna Canales, César Alejandro Domínguez Domínguez, Ricardo Ramírez Nieto, y Mercedes del Carmen Guillén Vicente, todos ellos integrantes del Grupo Parlamentario del PRI. Adelante, diputado.

El diputado César Octavio Camacho Quiroz:Gracias, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados, Hamilton, uno de los creadores de Estado constitucional, importante para el mundo occidental, escribió que el primer deber de la sociedad es la justicia.

Efectivamente, en este país por más de un siglo, es decir a partir de la vigencia de la Constitución de 17, padecimos un sistema penal de corte inquisitorial. Si pudiera abreviarse en un breve juego de palabras diríamos que durante decenas de años se detuvo para investigar. Esta es la primera expresión de un sistema típicamente inquisitorial.

Los procesos eran, y en algunos casos siguen siendo, largos, costosos, excesivamente formales y la confesión a veces obtenida por medio de tortura, se consideraba prueba plena. El juez solía ratificar la conclusión de la pesquisa realizada por el Ministerio Público y la prisión preventiva era una regla.

En 2008, después de un par de años de intensos debates, impulsando iniciativas provenientes del Ejecutivo federal de entonces y varios diputados y diputadas de todas las fracciones legislativas logramos un gran acuerdo en lo fundamental, trayendo a cuento a Mariano Otero, cuyo bicentenario del natalicio estamos prácticamente celebrando.

Se cambió en 2008 un sistema, este sistema penal por otro de corte acusatorio, adversarial y oral, en donde para echar mano del mismo juego de palabras, ahora se tiene que investigar para detener y la presunción de inocencia es un asunto que se tiene que aplicar en forma categórica, salvo breves excepciones de las que haré mención enseguida: Los procesos deben ser orales, lo que da transparencia, agilidad, confiabilidad; las investigaciones deben ser científicas y las pruebas debidamente corroboradas; es un juez el rector del proceso penal y no el Ministerio Público, como antaño.

Entre muchas ventajas, se hace indispensable para un Estado social y democrático de derecho el que todas las personas nos sometamos al imperio de la Ley Penal.

En este ínterin hubo noticias muy importantes entre 2008 y 2016, el 18 de junio, en el que entró en vigor cabalmente en todo el país, el fuero común y el fuero federal, la reforma en comento.

Decía que hubo buenas noticias, porque en 2011 ocurrió la reforma en derechos humanos más trascendente de la historia constitucional mexicana: se incorporó el principio pro persona, se expandieron los derechos, no solo se cambió el nombre, esto es mucho más trascendente; las llamadas garantías individuales, porque la garantía es el mecanismo para hacer valer un derecho, entonces se establecieron los derechos ensanchados y las garantías para su correcta observancia; se introdujo el concepto de verificar la convencionalidad de la actuación de las autoridades.

Es decir, no solo el apego a la Constitución, sino a los tratados internacionales de los que México es Estado parte o Estado miembro.

Este sistema penal, no obstante su evidente bondad –y vale la pena decirlo– que fue impulsado por prácticamente todas las expresiones partidarias en el Congreso; es decir, políticamente es reivindicable por todos, este sistema, el acusatorio, constitucionalmente consagrado, ha evidenciado necesidades, la urgente obligación de colmar lagunas legales o llevar a cabo ajustes que sólo emergen cuando el sistema es puesto en operación, y debo decirlo, porque es mi convicción, que nos llevaría todavía un rato largo su cabal y completa implementación.

Por eso la iniciativa que colma insuficiencias formativas, entre otras cosas, mantiene el compromiso con garantizar la integridad de las personas y la convivencia pacífica, dota a las autoridades de herramientas de investigación para hacerlas todavía mucho más ágiles. Para no abrumarlos, les debo decir que son 73 los artículos que se proponen modificar de 9 ordenamientos legales, ya dicho por el presidente de la Mesa.

Entre otros beneficios, ¿qué es lo que la iniciativa permitiría? Dotar de mayores herramientas a la investigación en aras de combatir el crimen.

Considerar delitos graves en contra de la seguridad de la nación, los de portación y acopio de armas de uso exclusivo del Ejército.

Dictar prisión preventiva oficiosa por el delito de sustracción de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, que no sólo ha generado una auténtica organización criminal de altísima peligrosidad que atenta contra la economía del país y, por supuesto, pone en aprietos a los propios delincuentes.

Lo mismo, hacer que haya prisión preventiva oficiosa por el delito de tráfico de personas, que junto con la venta ilegal de armas y el narcotráfico constituyen los delitos transnacionales que dejan mayores ganancias a los delincuentes.

Crear una Conferencia Nacional de Autoridades Administrativas Especializadas en Adolescentes, que a partir de esos años, al cambiar el artículo 18 constitucional, se les considera en un régimen de excepción, no el adolescente, porque algo le falta, sino el adolescente que crece y por estar en situación de crecimiento debe ser tratado conforme a la ley pero con un sistema legal hecho exactamente a su medida.

Otro. Asegurar que no se comentan delitos desde la prisión, bloqueando o anulando las señales de telefonía celular, radiocomunicación o transmisión de datos o imagen desde los centros de internamiento.

Sancionar el financiamiento al terrorismo, que parecía un delito distante, hoy la situación de la seguridad hemisférica nos obliga a hacer buenos vecinos, porque esa es la responsabilidad con esta y las futuras generaciones.

Algo más, donar bienes que se hayan usado en la comisión de delitos en materia de propiedad industrial o derechos de autor. Esas y muchas ventajas que habrá que discutir, seguramente, en la Comisión de Justicia y en las que la Mesa Directiva determine.

Para terminar, parece haber un dilema y yo creo que es falso. Hay sectores de la sociedad que le exigen al Estado mexicano eficacia, es decir, buenos resultados en materia de seguridad sin tener contemplación respecto de los derechos humanos. Y hay quien sugiere que nunca se podrá impulsar ninguna acción pública si ésta vulnera los derechos humanos.

El dilema es falso porque lo que la sociedad está exigiendo, y tiene razón, es eficacia en la acción pública, especialmente de las policías, y respeto cabal a los derechos humanos.

La idea es que este paquete fortalezca los esquemas de seguridad y seguirle haciendo frente a un reto que no ha dejado atrás este problema. No perdamos la estrella polar para navegar y llegar en su tiempo a buen puerto. Hay que hacer compatible, y con esto termino, señor presidente, la eficacia en el trabajo de las fuerzas de seguridad y el respeto cabal a los derechos humanos.

Éste es el Estado democrático de derecho que nos merecemos los mexicanos. Justicia, sí, con libertades, eficacia, desde luego, con respeto cabal a los derechos humanos. Porque si en algo nos ponemos de acuerdo es que todos queremos vivir en libertad, en justicia y en paz. Gracias.

«Iniciativa que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales, de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos cometidos en materia de Hidrocarburos, de la Ley de Migración, de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, del Código Penal Federal, de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público y de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, a cargo del diputado César Camacho Quiroz y Álvaro Ibarra Hinojosa, del Grupo Parlamentario del PRI

César Camacho, diputado federal a la LXIII Legislatura y Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 3, numeral 1, fracción VIII, 6, numeral 1, fracciones I y IV, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta honorable asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

Con el fin de fortalecer el proceso de implementación del sistema de justicia penal derivado de la reforma constitucional de 2008, y responder a nuevas necesidades resulta necesario someter a consideración de esta Soberanía un proyecto de reformas al Sistema de Justicia Penal Acusatorio, pues a pesar de los avances aún se enfrentan retos en la aplicación del Código Nacional de Procedimientos Penales a nivel nacional.

Ante una realidad social cambiante, se estima necesario adecuar la legislación al reclamo de la sociedad respecto de la obligación del Estado de garantizar la integridad de las personas y la convivencia pacífica, así como el respeto a los derechos humanos, subrayándose el principio de presunción de inocencia.

En ese sentido, se propone unificar la legislación y hacerla concordante con el sistema de procuración y administración de justicia, y se exponen propuestas de homologación de criterios, de modo que se eviten contradicciones o antinomias normativas.

El objetivo final es llevar ante la justicia, con transparencia y con claridad, a los imputados; que se respete el principio de presunción de inocencia y que en esa medida se desahogue el resto del sistema, para la solución de otras controversias de una manera mucho más eficiente y transparente.

Debido a estas consideraciones generales, se propone modificar los siguientes ordenamientos:

I. CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES

Principio de inmediación en la etapa preliminar al juicio

Actualmente, la norma que regula el principio de inmediación establece que toda audiencia debe desarrollarse en presencia del órgano jurisdiccional, el cual en ningún caso podrá delegar en persona alguna la admisión, desahogo o valoración de las pruebas, ni la emisión y explicación de la sentencia que corresponda. Dicho principio, tiene como fin que el órgano jurisdiccional pueda apreciar personalmente la información que las partes aportaron en cada acto procesal, es decir, permite al juzgador conocer de manera directa respecto de lo controvertido e introducido en el procedimiento por las partes.

En la práctica esta disposición ha generado confusión en los órganos jurisdiccionales, pues de acuerdo con el criterio e interpretación de algunos de éstos, el principio de inmediación implica que durante las etapas procesales de investigación inicial y complementaria, así como durante la intermedia, sólo debe conocer un Juez de Control, de lo contrario se estaría violando el referido principio.

Para superar dicha interpretación, la reforma que se propone establece que no se considerará vulnerado el principio de inmediación cuando uno o más jueces de control intervengan en las etapas preliminares al juicio. Es decir, se plantea la posibilidad de que durante las etapas previas a la de juicio oral, más de un juez pueda presidir las audiencias que deban de realizarse, siempre que cada uno de ellos desarrolle íntegramente la audiencia que le corresponda.

Lo anterior, permitirá reafirmar uno de los objetivos del sistema acusatorio, que es garantizar la celeridad de los procesos penales, pues es inoperante que un solo Juez de Control deba de conocer de todas las audiencias de la etapa de investigación.

Acumulación de investigaciones

El artículo 30 del Código Nacional de Procedimientos Penales prevé de manera expresa la posibilidad de decretar la acumulación de procesos; sin embargo a pesar de que a lo largo del Código Nacional el término “proceso” es utilizado en repetidas ocasiones para hacer referencia al procedimiento penal en su conjunto, lo cierto es que el proceso penal no inicia sino hasta el momento en que el Juez de Control vincula al imputado a proceso.

En ese contexto, actualmente el Código Nacional de Procedimientos Penales no permite, de manera expresa, que en la etapa de investigación inicial el Ministerio Público pueda acumular otras investigaciones de las que tenga conocimiento, ya sea que se sigan por ministerios públicos distintos o incluso por él mismo, y que guarden una relación directa con el delito investigado, como en el caso de delitos conexos; aquellos que formen parte de un concurso de delitos o que se hayan cometido en contra de diversas personas, pues el Ministerio Público debe esperar a la vinculación de ambos procedimientos de investigación para que proceda su acumulación.

Lo anterior, vulnera uno de los fines del procedimiento penal acusatorio: garantizar el esclarecimiento de los hechos de manera pronta y expedita, pues con la disposición vigente se causan dilaciones injustificadas que se traducen en graves retardos en la administración de justicia penal, violentando a su vez el principio de concentración.

Por dichas razones, se propone reformar el artículo 30 del Código Nacional de Procedimientos Penales a fin de permitir la acumulación de investigaciones en los mismos supuestos que procede la acumulación de procesos. Asimismo, se prevé que la acumulación de los procesos e investigaciones podrá concretarse hasta antes de que se ejerza acción penal o se dicte el auto de apertura a juicio; lo anterior, con la finalidad de que también el Ministerio Público tenga la posibilidad de proceder a realizar la acumulación procesal.

De igual manera, se plantea que el Ministerio Público pueda realizar la acumulación de carpetas de investigación y llevar a cabo dicha acción procesal; y tratándose de investigaciones que se sigan por diversos Ministerios Públicos, se establecen las reglas para determinar su competencia.

Es importante destacar que la etapa de investigación tiene como finalidad acumular elementos de prueba que permitan el esclarecimiento de las conductas consideradas como delitos, previo a la audiencia inicial. En ese sentido, la acumulación de investigaciones permitirá que la agencia del Ministerio Público que conozca de la carpeta de investigación acumulada, obtenga mejores datos y elementos de convicción para integrar la carpeta de investigación, otorgándole una apreciación más certera y veraz en la investigación de las conductas relacionadas con un hecho ilícito.

Conforme a los principios que deben de regir toda investigación en materia penal, la acumulación de investigaciones que se propone garantiza que dicho acto no se traduzca en un daño o perjuicio para el probable responsable, en razón de que los actos de investigación que trascienden a su esfera jurídica no son de imposible reparación, pues son susceptibles de anularse o confirmarse cuando el fiscal formule la imputación al Juez de Control.

Derivado de las modificaciones anteriores, en el artículo 34 del Código Nacional de Procedimientos Penales se especifica que uno de los efectos de la acumulación de procesos, es que el juez solicite la remisión de los registros y, en su caso, se ponga a su disposición inmediatamente al imputado.

Separación de las investigaciones y procesos

Para dar congruencia al tema anterior, se considera pertinente permitir la separación de las investigaciones; en virtud de lo anterior, se propone reformar el artículo 35 del Código Nacional de Procedimientos Penales para que además de permitir la separación de procesos, se permita la separación de investigaciones en el caso de que en una investigación seguida en contra de varios probables responsables, se pueda determinar la situación jurídica de una persona en específico.

Lo anterior, permitirá que se vincule a proceso al probable responsable sobre el que se tengan mayores elementos de prueba en su contra, y a su vez que, el Ministerio Público tenga la posibilidad de continuar con las investigaciones necesarias a fin de solicitar posteriormente el auto de vinculación a proceso por lo que hace a los demás responsables; lo que garantizará que la aplicación de la justicia se realice de manera expedita.

Esta reforma superará la dificultad que tiene el Ministerio Público para determinar la situación jurídica de algún imputado en una investigación abierta contra diversos sujetos por la posible comisión de un delito, pues actualmente se encuentra imposibilitado a formular la imputación del probable responsable cuya parte correspondiente de la carpeta de investigación esté plenamente integrada para vinculación, si no cuenta con los elementos necesarios para solicitar la vinculación de los demás probables responsables.

Identificación del imputado

El artículo 54 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece que previo a cualquier audiencia, toda persona que vaya a declarar deberá proporcionar su nombre, apellidos, edad y domicilio. Esta disposición no distingue entre el imputado y los demás sujetos procesales que declaran en audiencia.

Es decir, la identificación de personas dentro del proceso penal no se determina claramente como una obligación para las partes, ni se especifican los medios que pueden proporcionarse para su identificación; únicamente el artículo 309 del Código Nacional de Procedimientos Penales determina que los detenidos no pueden negarse a proporcionar su completa identidad.

Se han registrado casos en que los imputados proporcionan datos falsos sobre su identidad, ostentándose como un tercero a fin de no generar antecedentes penales o, en su caso, evitar la localización de dichos antecedentes. Esta situación se genera porque actualmente la autoridad no está facultada para corroborar los datos de identidad que proporcionan los declarantes.

En consecuencia, la reforma que se propone establece la obligación del imputado de suministrar los datos que permitan su identificación personal, así como mostrar una identificación oficial para que el órgano jurisdiccional pueda conocer fehacientemente su identidad, a fin de salvaguardar la seguridad pública e inhibir otras conductas delictivas como el robo de identidad.

Emisión de la resolución judicial

El principal objetivo del sistema acusatorio es brindar celeridad a los procesos penales, desde el momento en que se realiza la imputación hasta el dictado de la sentencia definitiva. En ese sentido, el Código Nacional de Procedimientos Penales determina que la resolución escrita que emita el órgano jurisdiccional deberá dictarse en un plazo que no exceda de veinticuatro horas.

La reforma que se propone pretende reducir dicho plazo a doce horas, a fin de hacer más expedito el procedimiento, y así privilegiar los principios generales de certeza jurídica, economía procesal y concentración jurisdiccional.

La disminución del plazo de la autoridad para emitir resoluciones escritas es un beneficio a favor del imputado, de la víctima y ofendidos ya que permite obtener la resolución dictada previamente de manera oral, en un medio físico y en un plazo menor al establecido actualmente, lo que les otorga la posibilidad de actuar en defensa de sus intereses de manera más rápida.

Lo anterior, tiene sustento en el artículo 17 constitucional, que señala que en la administración de la justicia, los tribunales emitirán sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial; por ello la emisión de las resoluciones judiciales pronunciadas en la audiencia debe darse a la brevedad, situación que debe reflejarse en la constancia por escrito de dicha resolución, a fin de respetar el principio de concentración y celeridad del sistema penal acusatorio.

Deber de lealtad de las partes

Actualmente el deber de lealtad previsto en el Código Nacional de Procedimientos Penales, implica la obligación de las autoridades investigadoras y del Ministerio Público, de actuar con buena fe procesal y ajustar sus conductas a la justicia y la legalidad para evitar cualquier conducta fraudulenta o dilatoria del proceso.

Sin embargo, el referido Código no establece disposición que obligue a las partes a regir su comportamiento de acuerdo a este principio, lo que ha conllevado en la práctica que algunas de ellas oculten elementos en su declaración u omitan información relevante. Es por ello, que la reforma pretende hacer extensivo el deber de lealtad a todas las partes que intervengan en el proceso.

Lo anterior, a fin de que las partes se conduzcan con verdad en cada una de las diligencias procesales, salvaguardar la equidad procesal y lograr que el proceso penal se desarrolle sin dilaciones injustificadas.

Secretaría de Hacienda y Crédito Público como ofendido del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita

De acuerdo con el artículo 25 constitucional, corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable; velando por la estabilidad de las finanzas públicas y del sistema financiero para coadyuvar a generar condiciones favorables para el crecimiento económico y el empleo, así como planear, conducir, coordinar y orientar la actividad económica nacional.

En este sentido, la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita tiene por objeto proteger el sistema financiero y la economía nacional, a través medidas y procedimientos para prevenir y detectar actos u operaciones que involucren recursos de procedencia ilícita, mediante una coordinación interinstitucional. Por su parte, el artículo 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, dispone que corresponde al Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público planear, coordinar, evaluar y vigilar el sistema bancario del país y establecer los egresos e ingresos de la Federación.

Ahora bien, el artículo 92 del Código Fiscal de la Federación establece que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público tendrá el carácter de víctima u ofendido en los procedimientos penales y juicios relacionados con delitos previstos en ese Código; es decir, la Secretaría sólo tendrá el carácter de víctima u ofendido de los delitos previstos en el Código Fiscal de la Federación y no respecto de delitos contemplados en otros cuerpos normativos.

Sin embargo, el artículo 15 del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, dispone que corresponde a la Unidad de Inteligencia Financiera denunciar ante el Ministerio Público Federal las conductas que pudieran favorecer, prestar ayuda, auxilio o cooperación de cualquier especie para la comisión de los delitos de terrorismo y su financiamiento o de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Por lo anterior, resulta necesario establecer en el Código Nacional de Procedimientos Penales que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público tendrá calidad de ofendido en los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, y cuando en ejercicio de sus facultades de fiscalización, encuentre elementos que permitan presumir la comisión de alguno de los delitos antes referidos y pueda denunciarlos. Ello es así ya que el Código Nacional de Procedimientos Penales es la norma que establece las bases que deben observarse en la investigación, el procesamiento y la sanción de los delitos.

Derechos de la víctima u ofendido

Si bien el Código Nacional de Procedimientos Penales establece que tratándose de delitos que impliquen violencia contra las mujeres deberán observarse todos los derechos que en su favor establece la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, se considera necesario ampliar la disposición para prever elementos suficientes que aseguren la perspectiva de género durante los procesos de justicia a los que se enfrentan las mujeres víctimas e imputadas. Además, con ello se reitera la obligación de los servidores públicos para que al impartir justicia, lo hagan protegiendo y garantizando los derechos humanos de las mujeres bajo el principio de la igualdad sustantiva.

Lo anterior, de conformidad con los principios enunciados en la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) y la Convención Belém Do Pará, en las cuales se prevé la implementación de políticas públicas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Asimismo, atendiendo la recomendación del Comité de la CEDAW al Estado mexicano, que consiste en que los Estados Partes velen por que las leyes contra la violencia y lo malos tratos en la familia, la violación, los ataques sexuales y otro tipo de violencia contra la mujer, protejan de manera adecuada a todas las mujeres y respeten su integridad y su dignidad, se plantea que se proporcione protección y apoyo apropiado a las víctimas, eliminando la posibilidad de incurrir en una interpretación abierta que pueda difuminar sus derechos en disposiciones que carecen de este tipo de perspectiva.

Obligaciones y atribuciones del Ministerio Público

La presente reforma busca consolidar las atribuciones del Ministerio Público para dotarlo de mayores herramientas de investigación que le permitan perfeccionar las indagatorias que se instruyan contra imputados por la probable comisión de delitos. En este sentido, se propone adicionar tres atribuciones del Ministerio Público.

En primer lugar, la facultad del Ministerio Público para emitir órdenes de búsqueda, localización y presentación de personas, sin restricción de la libertad, por constituir actuaciones imprescindibles y necesarias para agilizar las investigaciones y con ello contar con herramientas que garanticen una rápida y efectiva localización de personas cuando su paradero sea desconocido.

Cabe destacar que la reforma no implica restricción de la libertad, pues si bien la orden que se emita tendrá la calidad de mandamiento ministerial, se imponen límites a la actuación de la autoridad encargada de ejecutarlos por lo que ningún agente podrá practicar una detención bajo este tipo de orden, a fin de proteger los derechos fundamentales de las personas.

Ello es así, ya que la información que pudieran proporcionar las personas involucradas en un hecho que la ley señale como delito, debe ser tomada en cuenta en la investigación ministerial, con independencia de que en su caso, puedan rendir su declaración ante el órgano jurisdiccional.

En segundo lugar, se propone que el Ministerio Público tenga la facultad de solicitar a la defensoría pública la designación del defensor en cuanto el detenido sea puesto a su disposición o comparezca el imputado, salvo en aquellos casos en que designe un defensor particular. Ello debido a que actualmente no existe disposición expresa sobre el momento específico en el procedimiento penal en que el Ministerio Público debe solicitar la designación de un defensor.

Con esta modificación se busca garantizar y fortalecer el derecho del imputado de contar con una defensa técnica adecuada e inmediata, para hacer cumplir los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los Tratados en los que el Estado mexicano es parte.

En tercer lugar, en aras de fortalecer la actuación de la víctima dentro del procedimiento penal, se propone incluir la obligación del Ministerio Público de facilitar la atención de las víctimas por el asesor jurídico, a fin de que éste pueda ejercer su encomienda de manera ágil y pronta, garantizando que las víctimas que se vean afectadas por los delitos investigados puedan ejercer de manera efectiva y oportuna sus derechos.

Atribuciones del policía

Se propone modificar el epígrafe del artículo 132 del Código Nacional de Procedimientos Penales, a fin de dejar claro que las fracciones contemplan tanto obligaciones y atribuciones relacionadas con la actividad procesal, por lo que por técnica legislativa resulta importante extender la concepción de atribución en el encabezado de dicho artículo.

Asimismo, se adiciona como atribución de la policía realizar consultas a las bases de datos previstas en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, lo que hace armónica esta reforma a la sugerida en el artículo 54 del Código Nacional de Procedimientos Penales que tiene por objeto corroborar la identidad que proporcionen los declarantes.

Garantía económica del imputado para evitar providencias precautorias o providencias precautorias para restitución de derechos de la víctima

Actualmente, se prevé que el imputado podrá exhibir una garantía económica, a fin de garantizar la reparación del daño, hasta que el juez le fije alguna de las providencias precautorias que determina el propio Código Nacional de Procedimientos Penales. Sin embargo, se considera que a fin de afectar de manera menos gravosa posible el patrimonio del imputado, debe permitirse que una vez que sea solicitado al juez la reparación del daño por la víctima, el ofendido o el Ministerio Público, el imputado pueda exhibir garantía económica sin necesidad de que se le impongan las providencias precautorias.

Esto es, la reforma busca otorgar al imputado la posibilidad de ofrecer una garantía menos onerosa que las actuales providencias precautorias para garantizar la reparación del daño, lo cual tendrá un beneficio directo para las víctimas u ofendidos; y en caso de que éste no presente la garantía, el juez procederá al embargo de bienes o a la inmovilización de cuentas y demás valores dentro del sistema financiero.

Duración de las medidas de protección y providencias precautorias.

Actualmente el Código Nacional de Procedimientos Penales establece como vigencia máxima de las medidas de protección y de providencias precautorias, sesenta días naturales, los cuales pueden prorrogarse por treinta días más. Esta disposición ha generado que, una vez concluido el término y su respectiva prórroga, la autoridad no cuente con elementos que aseguren la protección de la víctima u ofendido ni la reparación del daño a favor de ésta.

Por ello, se propone modificarla duración de la imposición de medidas de protección y de las providencias precautorias persistirán durante el proceso y hasta que se exista sentencia firme o hasta que las mismas sean canceladas por la misma autoridad que las impuso.

Esto es así, pues el órgano jurisdiccional es el único que puede conocer las particularidades de los procedimientos penales que se le presenten, y se considera adecuado que sea éste quien determine la duración de las mismas atendiendo a las circunstancias de cada caso.

Asimismo, se considera que el límite actual podría afectar el derecho de las víctimas y ofendidos para se les repare el daño.

Libertad durante el plazo de retención

El texto vigente del artículo 140 del Código Nacional de Procedimientos Penales permite diversas interpretaciones de la libertad durante la investigación, lo cual ha generado la terminación de procedimientos penales por causas formales, así como la falta de control y supervisión de imputados a los que se concede la libertad durante el tiempo que dure el procedimiento penal.

Por ello, se propone que en los delitos que no tenga señalada pena privativa de la libertad o contemplen una pena alternativa, el Ministerio Público podrá establecer alguna medida de protección que asegure la presencia del imputado durante la investigación en aquellos casos en los que deba disponer la libertad del imputado.

Verificación de flagrancia del Ministerio Público

Actualmente, los ordenamientos vinculados con el Sistema Procesal Penal Acusatorio no otorgan a los agentes que llevan a cabo una aprehensión, la facultad de realizar la puesta a disposición del detenido en un lugar distinto a aquél donde se efectuó la detención en flagrancia, esto es, donde se produjeron los hechos delictuosos, circunstancia que ha conllevado a que autoridades jurisdiccionales, ante la ausencia de una norma legal que regule dicho actuar, estimen que la puesta a disposición realizada en un lugar diverso constituye una violación al debido proceso.

En este sentido, se propone realizar un ajuste al marco normativo vigente para establecer un fundamento legal expreso que permita a la autoridad aprehensora realizar la puesta a disposición del detenido, ante el Ministerio Público especializado, exclusivamente tratándose de hechos que la ley señale como delincuencia organizada.

Lo anterior es relevante si se toma en cuenta que dentro de la institución del Ministerio Público existen unidades especializadas para la atención de determinados delitos conformadas por agentes capacitados en la debida integración de las carpetas de investigación, en tal virtud, se estima necesario que el marco legislativo establezca que, tratándose de la comisión de delito flagrante en hechos materia de delincuencia organizada, la puesta a disposición deberá realizarse ante dicho órgano especializado, para el perfeccionamiento de la investigación. Ello debido a que los delitos en materia de delincuencia organizada requieren para su investigación y persecución de un alto nivel de capacitación, adiestramiento y especialización y secrecía.

Lo anterior tiene una implicación práctica, evitar que un Ministerio Público no especializado conozca de este tipo de delitos e inicie la carpeta correspondiente y que, con posterioridad durante el plazo de retención, decline competencia en favor del especializado, lo que implicaría pérdida de tiempo para que el Ministerio Público reúna los medios de prueba necesarios para formular su imputación y para solicitar la imposición de medidas cautelares ante el Juez de Control.

Por otra parte, debido a que los delitos en materia de delincuencia organizada se consideran de alto impacto, es necesario que la legislación contemple medidas que garanticen la seguridad e integridad personal de los miembros de las instituciones de seguridad pública y de procuración de justicia que realizan detenciones de objetivos prioritarios.

Por ejemplo, el riesgo que implica para los agentes que realizan una detención, de efectuar una puesta a disposición de personas imputadas relacionadas con la delincuencia organizada en lugares donde no se cuenta con una unidad especializada del Ministerio Público, o donde habiéndolo, realizar la puesta supondría poner en riesgo o menoscabar la integridad de los agentes, así como de la persona detenida.

Al respecto, la autoridad que realiza una detención está constreñida por la norma constitucional a observar la inmediatez en la puesta a disposición. Sin embargo, de la interpretación literal del dispositivo constitucional en estudio y del análisis de criterios jurisprudenciales y tesis aisladasemitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación no se colige que la puesta a disposición de un detenido debe realizarse ante el Ministerio Público más cercano al lugar donde acontecieron los hechos, sino que dicha puesta se debe realizar sin demora, esto es, sin retrasos o dilación injustificadas. Ello en la inteligencia de que, contrario sensu, dicho mandato admite, en vía de excepción, la prolongación en la puesta a disposición, siempre que se justifique fácticamente que la autoridad estuvo impedida a cumplir con la mayor prontitud la puesta respectiva.

Además, debe señalarse que el mandato constitucional relativo a la puesta a disposición sin demora, tiene por objeto garantizar y tutelar entre otros, el derecho humano a la integridad personal, a la libertad, así como a la dignidad humana. Esta última como presupuesto para el goce y ejercicio de aquéllos; situación que también acontece cuando la policía o un agente aprehensor realiza un registro inmediato de la detención, como lo mandata el propio Código, de conformidad con el artículo 16, párrafo quinto, constitucional. Por ello, la propuesta que se plantea deja a salvo la obligación de la inmediatez en la puesta y únicamente faculta de manera implícita a los agentes aprehensores a realizar una puesta a disposición de manera inmediata y sin demora, ante el Ministerio Público especializado competente. Esto en el entendido de que, en todo caso, se debe observar el mandato que establece que debe existir un registro inmediato de su detención, así como de las demás normas relativas al debido proceso que rigen la materia.

En suma, con la finalidad de dotar a la autoridad ministerial de herramientas eficaces para la investigación y persecución del delito, se debe regular a nivel de ley, que la puesta a disposición, exclusivamente por hechos materia de delincuencia organizada, debe realizarse ante el Ministerio Público especializado.

Detención en caso urgente

Actualmente el Código Nacional de Procedimientos Penales establece que los oficiales de policía que ejecuten una orden de detención por caso urgente deberán presentar inmediatamente al imputado ante el Ministerio Público que haya emitido la orden, el cual a su vez procurará que el imputado sea presentado sin demora ante el Juez de Control.

La redacción actual genera incertidumbre al determinar que el Ministerio Público solamente procurará que el imputado sea presentado sin demora ante el Juez de Control y no definir qué se entenderá por los términos “procurará” y “sin demora”.

Si bien, la obligación de ordenar la libertad del imputado o ponerlo a disposición del Juez de Control, dentro del plazo de retención constitucional ya se encuentra previsto la Constitución, resulta necesario replicarlo en el Código Nacional de Procedimientos Penales, a fin de eliminar la incertidumbre que impera con la redacción actual y, en consecuencia, reducir al máximo la discrecionalidad de la autoridad y lograr la máxima protección del imputado.

Evaluación y supervisión de medidas cautelares

El artículo 164 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece que la autoridad de supervisión de medidas cautelares debe proporcionar información que se recabe con motivo de la evaluación de riesgo a las partes; en tanto que al mismo tiempo impide que la información le sea proporcionada al Ministerio Público.

Se considera necesario reformar la norma con el objeto de eliminar una antinomia, atendiendo a que el Ministerio Público es parte del proceso, y resulta contradictorio que la norma establezca una prohibición para que la autoridad de supervisión de medidas cautelares y de la suspensión condicional del proceso proporcione información al Ministerio Público, y que, por otra, le faculte a dar información a todas las partes, incluido el Ministerio Público.

Más aún, la prohibición dirigida específicamente al Ministerio Público para acceder a la información recabada con motivo de la evaluación de riesgo, vulnera el principio general de igualdad procesal que rige en el actual sistema de justicia penal acusatorio establecido en el artículo 20 constitucional.

Cabe destacar que la pretensión que se busca no es que el Ministerio Público emplee la información como un elemento probatorio para sustentar y construir su teoría de acusación, sino sólo subsanar la contradicción, dejando a salvo la prohibición de que tal información sea empleada como un elemento de convicción en perjuicio de la persona imputada.

Aplicación de la prisión preventiva

El Código Nacional de Procedimientos Penales establece que la prisión preventiva no podrá exceder el tiempo máximo que fije la ley al delito que motivare el proceso, el cual en ningún caso será superior a dos años, salvo que su prolongación se deba al ejercicio del derecho de defensa del imputado.

Se considera que, a efecto de brindar objetividad al plazo previsto en el artículo 20 constitucional, respecto al cómputo de la prisión preventiva, éste se suspenda por las siguientes causas: (i) con motivo de la interposición de un juicio de amparo ante el Tribunal competente hasta que resuelva en definitiva; (ii) cuando el imputado o su defensor realicen gestiones o actos dilatorios para prolongar el proceso y transcurra el tiempo para resolver en definitiva, y (iii) con motivo de la suspensión de la audiencia de juicio. Lo anterior, toda vez que éstos constituyen actos que se realizan fuera del procedimiento penal, o aparejados a este, que impactan la continuidad del mismo.

Con la reforma propuesta se pretende, entre otras cosas, evitar que el imputado realice acciones dilatorias que retrasen el procedimiento penal y contribuir a una justicia pronta y expedita.

Causas de procedencia de la prisión preventiva oficiosa

La presunción de inocencia como derecho humano establece que todas las personas son inocentes hasta que se demuestre lo contrario. En consecuencia, la persona sujeta a un procedimiento de naturaleza penal no se considera responsable de una conducta sancionada por las leyes penales hasta que la autoridad competente dicte sentencia firme que declare su culpabilidad.

La prisión preventiva establecida en el artículo 19 constitucional permite referir a aquélla privación de la libertad de carácter provisional, que, para resultar compatible con el principio de presunción de inocencia, se regula como excepción, respetando la proporcionalidad y limitación temporal establecida por el juez en resolución fundada y motivada.

Cabe destacar que la prisión preventiva, no es una sanción sino medida cautelar, cuya existencia deriva de la correcta interpretación del texto constitucional y deviene de ello su aplicación excepcional.

Al respecto, el artículo 19 constitucional determina que la autoridad judicial ordenará de forma oficiosa la prisión preventiva, únicamente en tratándose de, entre otros, delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud.

En virtud de lo anterior, se advierte que la Constitución sólo establece aquellas hipótesis de carácter excepcional por las que se determina la prisión preventiva, es decir, el Constituyente concedió al legislador la facultad de precisar las conductas ilícitas por virtud de las cuales merecen el calificativo de grave.

A este respecto, se considera procedente y necesario modificar el Código Nacional de Procedimientos Penales para establecer que, además de los casos excepcionales existentes en el referido ordenamiento, procederá prisión preventiva oficiosa por los delitos que señalen las Leyes Federal de Armas de Fuego y Explosivos, Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos y de Migración, así como en el Código Penal Federal, por atentar contra de la seguridad de la nación o el libre desarrollo de la personalidad.

Se estima que tal restricción es acorde con la Constitución en virtud de lo siguiente:

a) Porque la norma legislativa que se propone deviene de un fundamento constitucional expreso (artículo 19, párrafo segundo).

b) La regulación prevista en la ley secundaria se ajusta al estándar de proporcionalidad definido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Aunado a lo anterior, se considera que las adiciones al artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales permiten a las autoridades del Estado mexicano acatar las obligaciones que señalan los siguientes instrumentos internacionales:

a) Artículo 9.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de la Organización de las Naciones Unidas, adoptada en Nueva York, Estados Unidos de Norteamérica, el 16 de diciembre de 1966:

“... La prisión preventiva de las personas que hayan de ser juzgadas no debe ser la regla general, pero su libertad podrá estar subordinada a garantías que aseguren la comparecencia del acusado en el acto del juicio, o en cualquier otro momento de las diligencias procesales y, en su caso, para la ejecución del fallo.”

b) Artículo 7.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José), suscrita en San José de Costa Rica el 22 de noviembre de 1969.

“Nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en las condiciones fijadas de antemano por las Constituciones Políticas de los Estados Partes o por las leyes dictadas conforme a ellas.”

Específicamente, la propuesta consiste en incorporar como medida cautelar la prisión preventiva oficiosa para los delitos de portación y acopio de armas de uso exclusivo del Ejército, Fuerza Aérea y Armada; tráfico de personas, así como para el delito de sustracción de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, y de financiamiento al terrorismo, debido a su alto nivel de peligrosidad, incidencia y repercusión social como meritorios de la máxima medida cautelar.

En cuanto al delito de sustracción de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, la Ley de Seguridad Nacional establece que los actos tendentes a destruir o inhabilitar la infraestructura de carácter estratégico o indispensable para la provisión de bienes o servicios públicos son amenazas a la seguridad nacional, mientras que la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos cometidos en Materia de Hidrocarburos considera instalaciones estratégicas a los espacios, inmuebles, construcciones, muebles, equipo y demás bienes destinados al funcionamiento, mantenimiento y operación de las actividades consideradas estratégicas por la Constitución, así? como de aquellas que tiendan a mantener la integridad, estabilidad y permanencia del Estado mexicano.

Bajo esta premisa, se justifica que la afectación por un hecho delictuoso a las instalaciones estratégicas, puede considerarse relevante para la seguridad nacional en los términos de las leyes que regulan, tanto la materia de seguridad nacional como la especializada en los delitos cometidos en materia de hidrocarburos, pudiendo regularse delitos graves en esta ley que atenten contra la seguridad nacional bajo el marco constitucional que permite la prisión preventiva oficiosa en ese tipo de delitos cuando expresamente esté regulado.

Por lo que respecta al delito de financiamiento al terrorismo, se propone adicionar en el Código Nacional de Procedimientos Penales para que éste amerite la medida de prisión preventiva oficiosa, tomando como fundamento para ello, los alcances que actualmente reviste el artículo 19 de la Constitución, al considerar que se encuentra dentro de los delitos graves que determine la Ley en Contra de la Seguridad de la Nación.

Cabe señalar que este delito del financiamiento al terrorismo se encuentra precisamente dispuesto en el Código Penal Federal en el Título Primero del Libro Segundo sobre los delitos contra la Seguridad de la Nación.

Existen criterios del jurisdiccional en los que se desprende que el bien jurídico tutelado es la seguridad pública y de la Nación.

Cabe señalar también que el Estado mexicano ha adquirido compromisos internacionales con organismos como el Grupo de Acción Financiera contra el Blanqueo de Capitales (GAFI), cuyo objeto pretende que la comunidad internacional adopte las medidas y lleve a cabo las acciones necesarias para contar con un marco legal, institucional y operativo adecuado.

Lo anterior, muestra la importancia de emprender acciones que fortalezcan las actuaciones del Estado mexicano a través de las herramientas procesales de las cuales se pueda hacer uso.

Se incluyen como delitos que merecen prisión preventiva oficiosa, los de portación y acopio de armas de fuego, ya que estos delitos atentan contra la seguridad de la nación, pues son conductas ilícitas relacionadas, preponderantemente, con delincuencia organizada. La Ley de Seguridad Nacional establece como amenaza a la seguridad aquellos actos que impidan actuar contra la delincuencia organizada, tal como ocurriría si quienes cometen los ilícitos aquí señalados continúan perpetuando conductas que impidan el ejercicio del poder del Estado.

En otro aspecto, debe considerarse que conforme al inciso c) de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución, el Congreso de la Unión está facultado para expedir la legislación única en materia procedimental penal que regirá en la República en el orden federal y en el fuero común, por lo que se propone adicionar las hipótesis de prisión preventiva oficiosa para las entidades federativas, en armonía del artículo 19 de la Constitución.

Se propone que el Código Nacional de Procedimientos Penales establezca que la medida cautelar referida será procedente de manera oficiosa en los casos de homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, así como delitos graves que determine la ley en contra del libre desarrollo de la personalidad y de la salud, en estricta armonía con los preceptos constitucionales aludidos.

La necesidad de estas adiciones obedece a la constante exigencia de la sociedad para que se garantice su integridad, la convivencia pacífica y el respeto de sus derechos fundamentales.

Es pertinente señalar que los delitos referidos, son característicos de grupos delictivos, por lo que su inclusión a las hipótesis excepcionales de procedencia de la prisión preventiva es congruente a la gravedad de la conducta delictiva, siendo armónicas con los artículos 18 y 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Incumplimiento del imputado de las medidas cautelares o inasistencia del imputado a la audiencia

Actualmente, el Código Nacional de Procedimientos Penales establece que cuando el Ministerio Público reciba el reporte de incumplimiento de una medida cautelar, debe solicitar audiencia al juez, así como la comparecencia o la orden de aprehensión del imputado, y en caso de que no asista, la ley le otorga la posibilidad de solicitar nuevamente la comparecencia o la orden de aprehensión, lo que genera una doble carga procesal para el Ministerio Público, puesto que divide en dos momentos la solicitud que por economía procesal, podría realizarse en un solo acto.

En consecuencia, se propone derogar la disposición normativa que señala que el Ministerio Público deberá solicitar orden de aprehensión o comparecencia cuando el imputado no comparezca a la audiencia a la que fue citado, a fin de eliminar la incertidumbre jurídica que provocaba establecer esta doble obligación.

Es importante señalar, que el propio Código Nacional de Procedimientos Penales indica que cuando una persona se resista o evada la orden de comparecencia judicial y el delito que se le impute merezca pena privativa de la libertad, podrá ordenarse su aprehensión y con ello contribuir con los objetivos del sistema.

Suspensión condicional del proceso

Se estima que la figura de la suspensión condicional del proceso debe contemplar, para su procedencia, no sólo que la media aritmética del delito por el que se haya dictado el auto de vinculación a proceso no exceda de cinco años, como actualmente prevé la norma, sino además, que para efectos de establecer los límites mínimos y máximos de punibilidad con base en el cual se realizará el cálculo de dicho término medio aritmético, se incluyan las calificativas atenuantes o agravantes del delito de que se trate.

Ello en razón de que las calificativas si están contempladas para efectos de este cálculo en la hipótesis de procedencia del procedimiento abreviado, de conformidad con lo dispuesto por el propio Código Nacional de Procedimientos Penales, con lo que se persigue la finalidad de unificar la legislación, a fin de evitar antinomias o contradicciones.

Procedimiento abreviado

Es necesario realizar ajustes a las disposiciones que rigen el procedimiento abreviado a fin de garantizar y tutelar de manera adecuada los derechos de la persona imputada, así como delimitar las hipótesis normativas para la procedencia de esta forma de terminación anticipada y, en consecuencia, circunscribir la materia sobre la cual debe pronunciarse el juzgador.

Por ello, se propone concretar los requisitos de procedencia del procedimiento abreviado, esto es, establecer que el imputado no sólo debe reconocer estar debidamente informado de sus derechos, sino también reconocer las consecuencias jurídicas que se derivan de procedimiento y consentir la pena solicitada, además de la aplicación del procedimiento.

Lo anterior en virtud de que la apertura de este procedimiento detona una serie de consecuencias en la esfera jurídica del imputado, como la renuncia voluntaria a un juicio y al ejercicio de su derecho de contradicción, así como al desahogo de probanzas que le pudiesen ser favorables.

Por otra parte, se plantea adicionar como condicionante de la apertura del procedimiento abreviado, la existencia de datos de prueba suficientes para corroborar la imputación formulada por el órgano persecutor del delito, a efecto de evitar que el dicho de la persona imputada, en el cual admita su responsabilidad en los hechos que se le atribuyen sea suficiente para aperturar el procedimiento, sin que el juzgador haya verificado la existencia de medios de convicción diversos a su dicho, que corroboren la acusación del Ministerio Público.

Con esta propuesta se pretende tutelar el derecho de presunción de inocencia de la persona imputada que presupone que el juzgador debe de emitir un fallo condenatorio, sólo en el supuesto de que existan medios de convicción que sustenten la acusación que formula el Ministerio Público, elemento diferenciador que no se encuentra actualmente previsto en la legislación; pues de acuerdo con el artículo 20 constitucional, para que se decrete la terminación anticipada del proceso es necesario, entre otros requisitos, que existan “medios de convicción suficientes para corroborar la imputación”.

En este sentido, el invocado precepto constitucional tutela los derechos del imputado al establecer que no basta su dicho, sino que es necesario que éste se encuentre acompañado por elementos de prueba que sustenten o corroboren la acusación formulada por el Ministerio Público, y por ello se estima adecuado que la legislación norme el criterio de suficiencia a que alude el referido dispositivo constitucional.

Asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado que la corroboración de los elementos de convicción debe entenderse “como la obligación del juzgador de revisar la congruencia, idoneidad, pertinencia y suficiencia de los medios de convicción reseñados por el Ministerio Público, y uno de los requisitos previos para la admisión de la forma de terminación anticipada del proceso penal acusatorio”.

Por último, es conveniente señalar que el Juez de Control no realiza un pronunciamiento de valoración de los medios de convicción que obran en la carpeta de investigación del Ministerio Público, ya que ello implicaría sustanciar un juicio oral, sino que su actuación se debe limitar a verificar el cumplimiento de los requisitos de forma, es decir, de procedencia.

Por lo que hace al artículo 203 del Código Nacional de Procedimientos Penales que regula la admisibilidad, se propone vincular a la autoridad jurisdiccional a verificar que la pena solicitada por el Ministerio Público se ubique dentro de los parámetros legales para admitir a trámite el procedimiento abreviado. Lo anterior, asegura la observancia del principio de legalidad que rige a la materia penal, previsto en el artículo 16 constitucional, en favor del derecho del imputado a la seguridad y certeza jurídicas, y a que no se imponga, en su perjuicio, una pena trascendental en contravención a lo prescrito por el diverso artículo 21 constitucional.

Por cuanto hace al artículo 206 del Código Nacional de Procedimientos Penales que regula la sentencia, se propone que en lugar de referir a la emisión de un fallo de manera genérica, se establezca expresamente que el fallo será de tipo condenatorio, en virtud de que la consecuencia jurídica natural, después de que se actualicen los supuestos de procedencia y que no exista controversia en contrario, es la condena al imputado que se acogió a esta forma de terminación anticipada. Ello en virtud de que el procedimiento abreviado es un acuerdo de voluntades, en el cual el juez debe asegurarse de que las partes entienden el alcance y consecuencias del mismo, que actúan de manera volitiva y sin estar sujetos a coacción, y que se observan las formalidades que la ley prevé.

Deber de iniciar investigación y realización de actos de investigación de delitos que se persiguen por querella

El inicio del procedimiento penal marca la pauta para que el Ministerio Público realice todos aquellos actos de investigación tendientes al esclarecimiento de los hechos que la ley señala como delito, tomando en consideración los alcances y términos del artículo 21 constitucional, el cual dispone que: “La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las Policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta función”. En consecuencia, se considera importante hacer una distinción del momento en que la autoridad deberá dar comienzo a la investigación de una conducta posiblemente constitutiva de delito y los requisitos de procedibilidad que deberán cumplirse a efecto de formalizar el inicio de la investigación.

En este sentido, se propone modificar el artículo 221 del Código Nacional de Procedimientos Penales, para establecer que el inicio de investigación no es una potestad, sino que constituye una obligación de la autoridad que deviene del mandato constitucional previsto en el artículo 21 constitucional. En virtud de ello, se plantea, por una parte, modificar el verbo rector “podrá” por “deberá” para efectos del inicio de la investigación; por otra, ampliar las hipótesis para su inicio.

La redacción actual del referido artículo contempla tres hipótesis normativas para el inicio de una investigación: i) denuncia; ii) querella, y iii) por requisito equivalente. Sin embargo, se estima necesario ampliar las hipótesis descritas para prever que la investigación debe iniciar, cuando se tiene conocimiento de un hecho delictuoso, así como por la comisión de un delito en flagrancia, es decir, que baste con la información o comunicación que obtenga la autoridad, sin mayores requisitos o formalidades, para que ésta proceda a la investigación de hechos que pudiesen ser constitutivos de delito. De esta manera se dota a los miembros de instituciones de seguridad pública y de procuración de justicia, del sustento legal que regule su actuación y que sirva como fundamento de validez, respecto de los actos y técnicas de investigación que se realicen con motivo de la flagrancia.

Lo anterior a fin de que la autoridad jurisdiccional reconozca la validez de dichos actos y de los medios probatorios obtenidos a partir de los mismos, sin la necesidad de que preceda una denuncia o querella. Pues ante la comisión de delito flagrante, resultaría inadmisible condicionar la validez de actuaciones de la policía que practica una detención, a un requisito de formalidad, como podría ser una denuncia.

En concordancia con lo anterior, se propone modificar el artículo 225 del Código Nacional de Procedimientos Penales a efecto de permitir que, en aquellos casos donde exista una detención en flagrancia, se pueda continuar con los actos de investigación, aún en aquellos en los que no se presente querella o requisito equivalente. Lo cual permitirá continuar y fortalecer con el principio constitucional antes mencionado y sin menoscabo de la garantía de libertad del detenido en caso de la falta de presentación de querella, en correlación con el artículo 148 del mismo Código.

Preservación de indicios, huellas y vestigios del delito

El Código Nacional de Procedimientos Penales vigente no contempla una previsión que faculte a los miembros de las instituciones de seguridad pública, sus coadyuvantes, ni a las Fuerzas Armadas a disponer de indicios, huellas o vestigios del delito con la finalidad de garantizar su preservación, ante situaciones extraordinarias. Es decir, si dichas autoridades tomarán acciones para lograr la preservación de indicios que puedan ser útiles para el Ministerio Público y acreditar la existencia de un hecho que la ley señale como delito o demostrar la responsabilidad de una persona en los hechos que se le imputan, se configuraría una violación del debido proceso, así como una causa de responsabilidad penal o administrativa.

Por lo anterior, resulta importante facultar a las instituciones con funciones de seguridad pública o sus coadyuvantes a que, en casos extraordinarios, puedan disponer de indicios con la finalidad de preservarlos a fin de cumplir con dos fines constitucionalmente legítimos: el primero, que las instituciones del Estado mexicano cumplan con el mandato de garantizar la función de seguridad pública a que se refiere el artículo 21 constitucional; el segundo, garantizar, en lo conducente, el cumplimiento del objeto del proceso penal establecido en el diverso artículo 20 del propio ordenamiento: esclarecer los hechos y procurar que el culpable no quede impune.

Notificación por edictos de aseguramiento de bienes

Actualmente, cuando se desconozca la identidad o domicilio de interesado, la notificación debe realizarse por dos edictos, tanto en el Diario Oficial de la Federación o su equivalente, como en un periódico de circulación nacional o estatal, según corresponda. Esto implica que se realicen cuatro publicaciones, es decir, dos publicaciones en el periódico oficial respectivo, y dos publicaciones en un diario de circulación nacional o estatal, según corresponda, lo que dilata el procedimiento e implica la erogación de elevados costos.

La reforma propone que la notificación se realice a través de una publicación en el periódico oficial respectivo, como en un diario de circulación nacional o estatal, según corresponda; lo que permitirá incentivar la economía procesal y hacer más expedito el procedimiento penal correspondiente y a la vez disminuir el gasto público.

Es importante precisar, que la disposición propuesta en ningún caso violentará los derechos de los propietarios de bienes asegurados, pues para que proceda la notificación por edictos, deberá demostrarse que se realizaron las acciones necesarias a fin de conocer al propietario o poseedor del bien y de no cumplir con esta salvedad, el particular podrá, de ser el caso, inconformarse de esta notificación por los medios que considere pertinentes.

Aseguramiento de narcóticos y productos relacionados con delitos de Propiedad Intelectual y Derechos de Autor

El artículo 181 del Código Federal de Procedimientos Penales contemplaba el procedimiento que se debía realizar para la destrucción de plantíos ilícitos, el cual generó muy buenos resultados; sin embargo, quedó abrogado con la entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos Penales. En esa tesitura se propone, reformar el artículo 235 del último ordenamiento, para disponer que tratándose de plantíos ilícitos de mariguana, Papaver somniferum o adormidera u otros estupefacientes, el Ministerio Público, la policía o cualquier otra autoridad, procederá a su oportuna destrucción, lo que brindará sustento normativo para la destrucción de dichos plantíos.

Asimismo, se propone establecer que, de ser posible, atendiendo a las circunstancias geográficas o de riesgo imperante en el lugar de los plantíos, las autoridades procedan a fotografiar o videograbar los plantíos ilícitos previamente, con la obligación de levantar un acta en la que consten los elementos necesarios para iniciar la investigación correspondiente.

De la misma manera, se propone establecer en el artículo 235 del Código Nacional de Procedimientos Penales que tratándose de bienes relacionados con la comisión de delitos en materia de propiedad industrial o derechos de autor determinados como susceptibles de donación, la Procuraduría General de la República podrá disponer de ellos para causas de asistencia social, previa inutilización de la marca registrada o cualquier distintivo, siempre que se cuente con la autorización que otorgue el titular del derecho patrimonial correspondiente.

Actuaciones de investigación que no requieren autorización del Juez de Control.

El Código Nacional de Procedimientos Penales regula técnicas de investigación que no requieren autorización previa del Juez de Control, estableciendo como una de ellas la entrevista a los testigos, aspecto que resulta insuficiente para la investigación del delito, ya que las entrevistas no se practican únicamente a quienes tienen la calidad de testigos durante el proceso, sino a quienes en el momento del hecho probablemente delictivo se encuentran en el lugar de la intervención, salvaguardando que si estas personas se nieguen a ser entrevistadas las mismas sean requeridas por el Ministerio Público o en su caso por el Juez de Control, a efectos de que aporten datos que permitan continuar con el proceso de investigación y no así como testigos dentro del proceso.

Derivado de lo anterior, se propone suplir el concepto “testigo” por “personas”, para dar claridad en la actuación procedimental y con ello dotar a la autoridad investigadora de la atribución necesaria para poder entrevistar a cualquier persona sin importar el carácter que ostente respecto de la investigación correspondiente.

En ese sentido, se plantea facultar a las instancias encargadas de la investigación a consultar las bases de datos previstas en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, con el propósito de que las instituciones de seguridad pública cuenten con un fundamento legal expreso que las habilite para que, estén en la posibilidad de confirmar la identidad del imputado, de testigos o personas vinculadas con la investigación de un delito y verificar si cuentan o no con algún mandamiento judicial o ministerial en su contra. Esto robustecerá el marco normativo en materia de investigación del delito y dará certeza jurídica, respecto de la actuación de los miembros de las instituciones policiales, para obtener datos que permitan el desarrollo adecuado de la investigación y constatar en su caso, que la información que aporten las personas durante la etapa de la investigación sea verídica.

Declaración por referencia de terceros

Derivado de la actividad de investigación de los hechos delictivos, se ha observado que los agentes de policía se allegan de información proveniente de terceras personas; sin embargo, en razón de que la fuente de información es indirecta, no puede ser desahogada como medio de prueba, lo que conlleva a la pérdida de información relevante y muchas veces determinante para el curso que sigue la investigación.

Por lo anterior, se propone adicionar al Título IV titulado “Datos de prueba, medios de prueba y pruebas”, un artículo 262 Bis al Código Nacional de Procedimientos Penales relativo a la declaración por referencia de terceros, que compete exclusivamente a la policía, en razón de que ésta, bajo la dirección del Ministerio Público, es la encargada de realizar la investigación de los hechos que la ley señala como delito en términos de lo previsto en el artículo 21 constitucional, y cuyo desahogo se realizará conforme a lo dispuesto por el propio Código Nacional.

Es decir, el desahogo se hará en la audiencia del juicio oral mediante la testimonial del policía que haya recabado la prueba, para que el juez pueda realizar el ejercicio de valoración a partir de los indicios que le aporten para fundar su fallo.

Al respecto, destaca que la prueba de referencia ha sido utilizada como un elemento de prueba cuya valoración requiere de otros indicios que fortalezcan su contenido. En ese sentido, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha referido a través de la jurisprudencia, que la prueba de referencia o mejor conocida como el “testimonio de oídas” adquiere el valor de indicios cuando de actuaciones se desprenden otros elementos que le otorgan validez, por tal motivo, independientemente de su origen, no dejan de constituir elementos de prueba que pueden generar convicción al juzgador.

Procedimiento para reconocer personas e identificación por fotografía

Se propone reformar el artículo 277 del Código Nacional de Procedimientos Penales con el objeto de establecer que el Ministerio Público deberá contar con la asistencia del representante de las víctimas de los delitos de secuestro, trata de personas y violación, que deban participar en el reconocimiento de personas.

Por otro lado y en virtud de la importancia que tiene la víctima en su carácter de parte dentro del procedimiento penal, se propone adicionar un tercer párrafo al artículo 279 del Código Nacional de Procedimientos Penales, para garantizar una adecuada protección a la víctima u ofendido durante el procedimiento de identificación fotográfica y con ello evitar que se actualice un hecho revictimizante en su perjuicio dentro de la audiencia de juicio oral.

En este sentido, la reforma plantea que se reconozca como prueba válida el reconocimiento que la víctima realice, evitando con ello la necesidad de que ésta sea confrontada personalmente en juicio oral.

Intervención de comunicaciones privadas

La actuación del Ministerio Público en la etapa de investigación resulta fundamental en el sistema penal acusatorio, ya que será a través de sus actos y de aquellos de quienes actúen bajo su mando y conducción que se obtendrán los elementos probatorios que permitan demostrar la existencia del hecho delictivo y la probable participación o intervención del imputado en su comisión.

Entre estos actos de investigación, se encuentran las intervenciones de comunicaciones privadas, las cuales han sido una herramienta que ha demostrado su efectividad en la obtención de dichos elementos, y cuya implementación debe protegerse y reforzarse en la ley adjetiva.

En ese contexto, se propone realizar un ajuste al artículo 291 del Código Nacional de Procedimientos Penales, para eliminar la disposición que refiere que la intervención de comunicaciones abarca el registro de datos que identifiquen dicha comunicación.

Lo anterior, debido a que el artículo 303 del propio Código Nacional de Procedimientos Penales, en relación con el diverso 190, en sus fracciones I y II, de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión ya contempla la disposición sobre los registros que identifiquen una comunicación. Asimismo, en razón de que tales artículos norman, por una parte, la facultad de ciertas autoridades –Ministerio Público– de requerir a los sujetos obligados información sobre la geolocalización o datos conservados; y por otra, la obligación de éstos de conservar en sus sistemas informáticos dicha información.

En otro aspecto, se considera que el contenido del artículo 291 del Código Nacional de Procedimientos Penales debe limitarse a la intervención de comunicaciones, y no equiparar su regulación con elementos propios de técnicas distintas, como la geolocalización o la solicitud de datos conservados, pues como se mencionó anteriormente éstas se rigen por una regulación diversa del propio Código.

De igual forma, se estima necesario suprimir la porción normativa para evitar una contradicción o antinomia, debido a que el ejercicio de una u otra técnica de investigación –geolocalización o intervención de comunicaciones– precisa de requisitos de procedencia diversos, y detona consecuencias jurídicas distintas. Por lo que operativa y jurídicamente se debe distinguir la técnica consistente en la “conservación de datos” y no equipararla con la regulación vigente sobre la intervención de comunicaciones.

Además, la regulación vigente del artículo 291 del Código Nacional de Procedimientos Penales origina un problema operativo, ya que al equiparar la “solicitud de conservación de datos” con la diversa regulación sobre intervención de comunicaciones, implica reducir el universo de sujetos que se encuentran legitimados para solicitar a concesionarios o autorizados la información sobre equipos de telefonía, lo cual conlleva a disminuir la eficacia y celeridad en las investigaciones, particularmente en delitos de alto impacto donde la integridad física y la vida de la víctima están en riesgo perenne, como en los hechos de secuestro o trata de personas.

Por otra parte, se propone adicionar que en caso de que el Juez de Control niegue la orden de intervención, el Ministerio Público tendrá la responsabilidad de subsanar las deficiencias que tenga su solicitud o apelar la decisión de la autoridad judicial y así requerir nuevamente la orden, ya que dicho acto procesal en ningún momento caduca, permitiendo así al Ministerio Público cumplimentar con las obligaciones inherentes a su encargo en un plazo no mayor de doce horas, en el caso de apelación, u obtener nuevos elementos probatorios, los cuales contribuyan en los actos de investigación y sobre todo a la obtención de elementos probatorios.

En este sentido, no debe impedirse la oportunidad de presentar nuevamente esta solicitud, siempre que se hayan subsanado las deficiencias, y que en caso de que esta se niegue pueda ser apelable dicha determinación del Juez de Control.

Localización geográfica en tiempo real y entrega de datos conservados

El artículo 303 del Código Nacional de Procedimientos Penales regula los actos de investigación consistentes en la localización geográfica en tiempo real y la entrega de datos conservados que obran en poder de los concesionarios, autorizados, y proveedores de aplicaciones y contenidos.

Es importante destacar que en marzo de 2014, fecha en la que fue publicado el Código Nacional de Procedimientos Penales, se regularon estas figuras como técnicas de investigación que no se encontraban sujetas a control judicial. Sin embargo, en la Miscelánea Penal, publicada en el Diario Oficial de la Federación el pasado 17 de junio de 2016, se reformó el artículo en estudio con el fin de establecer un control judicial respecto de las técnicas de investigación aludidas.

Se considera oportuno replantear el contenido normativo previsto en el artículo 303 del referido Código, con la finalidad de garantizar la celeridad en la solicitud y entrega de información en el marco de la investigación del delito, máxime cuando se trata de delitos considerados de alto impacto, en los cuales existe riesgo sobre la vida o la integridad física de las víctimas, tal como en los delitos de secuestro, extorsión, trata de personas, contra la salud y delincuencia organizada.

En este sentido, se plantea retomar el establecimiento de un catálogo de delitos, respecto de los cuales los requerimientos de geolocalización y de entrega de datos conservados, no estaban sujetos a un control judicial, en términos análogos a los que se encontraban previstos en el artículo 40 Bis de la abrogada Ley Federal de Telecomunicaciones, en relación con el diverso artículo 133 Quáter del Código Federal de Procedimientos Penales también abrogado.

En ese sentido, cabe recordar que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró la constitucionalidad de los artículos abrogados y referidos en el párrafo que antecede, pues tal técnica de investigación no resultaba violatoria de los derechos humanos a la privacidad, vida privada o inviolabilidad de comunicaciones, y no estaba orientada a localizar personas, sino un equipo de comunicación vinculado a la comisión de un delito contenido en el catálogo de las normas legales.

Cabe destacar, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación al realizar el test de proporcionalidad, señaló que suponiendo que la técnica de geolocalización constituyera una restricción a los derechos humanos, tal restricción sería constitucional, toda vez que se persigue un fin y resulta proporcional al no existir una medida menos lesiva para lograr su finalidad.

De igual forma, se considera que no debe equipararse la regulación de las técnicas de investigación consistentes en la geolocalización y solicitud de datos conservados, con la diversa técnica de intervención de comunicaciones y que, so pretexto de una aparente equiparación entre ambas, se argumente porque aquéllas deben estar sujetas a control judicial en los términos a que se encuentra ésta. Lo anterior en virtud de que la intervención de comunicaciones constituye una restricción constitucional al derecho a la inviolabilidad de comunicaciones, de ahí que no sólo su ejercicio está condicionado a una autorización judicial, sino que la facultad para realizar la solicitud ante la autoridad jurisdiccional recae en un universo muy limitado de sujetos legitimados, en términos del artículo 16 constitucional: sólo los titulares del Ministerio Público en las entidades federativas, así el Procurador General de la República, y los sujetos que determina la ley, tratándose de autoridades del orden federal.

Ello en razón de que tal técnica de investigación constituye un acto de molestia que restringe el goce y ejercicio de los derechos de una persona, por lo que el ejercicio de tal facultad está sujeto a un estricto escrutinio judicial, aún más que el requerido para realizar un cateo, por ejemplo. De ahí que no deben equipararse las normas sobre la geolocalización y la entrega de datos conservados, con la intervención de comunicaciones, pues la materia de la tutela constitucional y los bienes jurídicos protegidos son distintos en uno y otro caso.

Asimismo, se propone reformar el referido artículo 303 del Código Nacional de Procedimientos Penales, a efecto de que su contenido normativo contemple un escrutinio judicial diferenciado, esto es, que el control judicial continúe vigente para la mayoría de los delitos, pero que se establezca un catálogo de excepción que no esté sujeto a control judicial, a fin de garantizar la solicitud y entrega de la información de manera expedita. Máxime cuando se encuentra en peligro la vida e integridad de personas víctimas de delitos de alto impacto, en los términos apuntados.

Procedimiento para prueba anticipada

Actualmente no existe certeza jurídica de qué plazo o término tiene el juez para el desahogo de una prueba de forma anticipada, por lo que resulta necesario reformar el artículo 305 del Código Nacional de Procedimientos Penales para establecer que el órgano jurisdiccional citará a audiencia dentro de los tres días o, en un plazo mayor según la naturaleza de la prueba ofrecida, con el fin de evitar dilaciones que pongan en riesgo la obtención de una prueba crucial para el correcto y legal fallo del juicio.

Incorporación de datos de prueba y pruebas en el plazo constitucional o su ampliación. Valor de las actuaciones. Continuación de la audiencia inicial.

Respecto los artículos 314, 315 y 320 del Código Nacional de Procedimientos Penales se propone la armonización de los conceptos relativos a dato de prueba, medio de prueba y prueba a la luz del artículo 261 del referido Código, en aras de establecer una metodología a la audiencia inicial.

En tal razón, se plantea ajustar la acción que realiza el Juez de Control en esta etapa, especificando que podrá admitir el desahogo de pruebas por el imputado o su defensor, previa justificación de su pertinencia, y siempre y cuando sean diferentes a los medios de prueba que se encuentran contenidos en la carpeta de investigación. Esto pretende proteger la información probatoria que hasta ese momento tiene el fiscal, derivada de la investigación que realiza, en aras de mantener el equilibrio procesal entre las partes.

Por otro lado, prevé la posibilidad de que las pruebas aportadas y desahogadas que sirvan para el dictado de vinculación a proceso, no pierdan su valor probatorio para fundar la sentencia cuando sean incorporadas a juicio, toda vez la información emanada de dicho acto procesal puede ser sustancial y determinante para el juzgador al dictar sentencia.

Duda razonable e In dubio pro reo

De acuerdo con el principio procesal penal in dubio pro reo, el juez natural que conoce de la etapa procesal de juicio oral está vinculado por mandato constitucional a dictar una sentencia absolutoria en casos en que exista duda razonable sobre la culpabilidad de una persona. Este principio implica que el juez sólo debe condenar al acusado cuando exista convicción sobre su culpabilidad, corroborado con elementos de prueba desahogados en juicio.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación, al interpretar el principio in dubio pro reo ha establecido en diversas resoluciones que su contenido normativo se desprende del derecho fundamental a la presunción de inocencia, en su vertiente de estándar de prueba, consagrado como un derecho público subjetivo de la persona imputada en el artículo 20, Apartado B, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Si bien es cierto que la norma legal citada tiene como finalidad garantizar el derecho humano a la presunción de inocencia, en el sentido de que, ante la ausencia de una duda no se puede condenar al acusado, se considera necesario retomar los criterios judiciales pronunciados en la 10ª Época por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a efecto de establecer con precisión las condiciones que actualizan la existencia de la duda razonable en el marco del principio in dubio pro reo.

Por ello, se considera que el Código Nacional de Procedimientos Penales debe definir con claridad los límites y el alcance de la figura procesal en estudio; por ello se plantea reformar el artículo 359 del referido Código con el objeto de establecer que no podrá evocarse la duda razonable ante la ausencia de elementos que justifiquen la existencia de una duda, a la luz del caudal probatorio desahogado en juicio.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que el concepto de “duda”, implícito en el principio en estudio, debe entenderse como la “existencia de incertidumbre racional sobre la verdad de la hipótesis de la acusación”. Esta incertidumbre racional, sin embargo, no se actualiza con la simple manifestación voluntaria de una de las partes –sea imputado o defensa– ante el juzgador, sino que, para configurar su existencia, necesariamente debe estar apoyada con elementos de convicción. Esto es, el escrutinio que sobre la existencia de una duda razonable realice el tribunal de enjuiciamiento, debe partir del caudal probatorio desahogado en juicio.

Por ello, como lo ha venido desarrollando la Corte, particularmente en la ejecutoria dictada en el amparo directo en revisión 3457/2015, la duda razonable sólo puede surgir del análisis de las pruebas disponibles. Por lo que, para satisfacer el estándar de prueba de la acusación y emitir un fallo condenatorio, el tribunal de enjuiciamiento debe considerar la ausencia de elementos de convicción desahogados que justifiquen la existencia de una duda razonable, mas no en una creencia subjetiva o pensamiento del juzgador. Dicho de otro modo, en términos prácticos, el juez debe absolver al acusado, al amparo del principio in dubio pro reo, cuando a la luz del caudal probatorio desahogado en juicio se genere una incertidumbre racional sobre la teoría de acusación del Ministerio Público, o bien cuando la teoría de defensa se sustente con medios de prueba que desestimen la teoría de aquél.

En este sentido, el aplicativo del principio in dubio pro reo, que deviene del dispositivo constitucional que consagra el derecho humano a la presunción de inocencia, impone al juzgador un doble deber: por una parte, examinar el caudal probatorio desahogado en juicio, y de determinar si con base en ello existe una incertidumbre racional, o duda razonable, en la teoría de acusación que formula el ente persecutor del delito; por otra, absolver al acusado cuando no se surte el estándar de prueba, siempre que se actualice la duda razonable con base en las probanzas desahogadas.

Emisión de fallo

Actualmente el Código Nacional de Procedimientos Penales no establece si debe entregarse la sentencia en el momento en que tiene verificativo la audiencia de individualización de sanciones; lo que ha provocado que las autoridades judiciales utilicen diversos actos para notificar a las partes la sentencia por escrito, en algunas ocasiones se realiza en el momento en que se hace saber el fallo, o bien dentro del plazo de veinticuatro horas desde que se dictó el fallo según el artículo 84 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Esto provoca una falta de uniformidad en el criterio utilizado del poder judicial que puede crear incertidumbre.

En vista de lo anterior, se plantea reformar el artículo 401 del Código Nacional de Procedimientos Penales para que la entrega por escrito de la copia de la sentencia se realice al momento de individualizar la sanción. Esta aclaración abona a la seguridad jurídica de las partes al tiempo que tendrán conocimiento instantáneo para revisar los términos del fallo que les ha sido notificado.

Resoluciones dictadas por el Juez de Control susceptibles de impugnarse a través del recurso de apelación

Los principios generales que rigen el sistema de justicia penal reconocen diversos derechos, entre ellos, el derecho a la igualdad, a la justicia y al debido proceso, permitiendo las mismas posibilidades para presentar recursos en su favor para hacer valer un derecho vulnerado o que consideren afectado.

Al respecto, el artículo 467 del Código Nacional de Procedimientos Penales especifica las resoluciones del Juez de Control que se pueden recurrir a través del recurso de apelación. Con la finalidad de garantizar el derecho de acceso a la justicia, así como al recurso efectivo, se propone adicionar una fracción más al artículo 459 del Código Nacional de Procedimientos Penales para posibilitar a la víctima u ofendido del delito a presentar los recursos legales contra las resoluciones del Juez de Control que resuelvan la impugnación contra determinaciones del Ministerio Público respecto a la abstención de investigar, el archivo temporal de la misma, la aplicación del criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal. Asimismo, se considera necesario que en este último precepto se incluyan entre las resoluciones apelables, aquéllas que decreten ilegal la detención; así como adicionar la negativa de orden de cateo y de intervención de comunicaciones privadas, con el fin de respetar los derechos de igualdad, justicia y debido proceso, de la víctima, ofendido e imputado, y permitirles impugnar las resoluciones judiciales que consideren ilegales en los supuestos indicados.

Con la adición respecto a la resolución del Juez de Control que niegue intervenir comunicaciones privadas, se fortalecería aún más la investigación del delito, porque brindaría efectividad a la función del Estado mexicano de proporcionar y hacer efectiva la seguridad pública, mediante actividades que permitan hacer frente a las formas sofisticadas que se emplean para cometer conductas penalmente sancionables.

Anulación de la sentencia

El artículo 487 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece los casos en que se puede anular la sentencia ejecutoria; en lo conducente, su fracción II señala que dicha anulación es procedente cuando se derogue una ley, se modifique un tipo penal, o la pena por la cual se dictó la sentencia impuesta. No obstante, se considera que la previsión establecida en dicha fracción no debe ser materia de un ordenamiento que regula el procedimiento penal, pues se refiere a aspectos que pueden o no actualizarse durante la fase de ejecución, pero no durante la sustanciación del procedimiento.

En virtud de que el procedimiento penal concluye con el dictado de una sentencia, se considera necesario que las situaciones jurídicas que acaezcan en etapa procesal posterior al dictado de la sentencia –como la ejecución de la pena– deben regirse por otro ordenamiento. Es decir, se considera que el Código Nacional de Procedimientos Penales es el ordenamiento idóneo para regular la figura en comento, pues esta legislación debe regular situaciones jurídicas que se verifiquen y concreten durante la sustanciación del procedimiento, esto es, hasta el dictado de la sentencia definitiva o de las impugnaciones contra consideraciones de fondo vertidas en la misma.

Es importante destacar que la propia Ley Nacional de Ejecución Penal, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 16 de junio de 2016, contempla la hipótesis señalada en el diverso artículo 118 denominado “Controversia sobre la duración, modificación y extinción de la pena”, en cuya fracción V establece la procedencia de la controversia judicial por la “adecuación de la pena por su aplicación retroactiva en beneficio de la persona sentenciada”. Conforme a lo dispuesto por este precepto, la persona sentenciada, su defensor o el Ministerio Público, tienen derecho o están facultados a acudir ante el Juez de Ejecución para obtener una resolución judicial, al existir controversia respecto a la adecuación de la pena por su aplicación retroactiva en beneficio de la persona sentenciada.

Por su parte, el artículo 116, fracción IV, de la Ley Nacional de Ejecución Penal prevé que los Jueces de Ejecución conocerán controversias relacionadas con la duración, modificación, extinción de la pena y sus efectos; mientras que el precepto 25 en sus fracciones I y VI de dicho ordenamiento, establece que el Juez de Ejecución deberá observar el goce de los derechos fundamentales, reconocidos en nuestro sistema jurídico y en los Tratados Internacionales y la aplicación de la ley más favorable a las personas privadas de la libertad.

Es posible concluir que la Ley Nacional de Ejecución Penal observa el principio de irretroactividad de la ley, en atención al artículo 14 constitucional, en el sentido de que mandata a los jueces a aplicar la pena más benéfica o favorable al sentenciado en los casos de extinción de la pena, cuando una ley se deroga, o cuando se modifica el tipo penal o la pena por la que se dictó sentencia.

Además, constituye un imperativo constitucional que la legislación, al amparo del principio de legalidad y de la observancia de los principios de certeza y seguridad jurídica que se reconocen en favor del gobernado, establezca con claridad las consecuencias jurídicas que se detonan a partir de que se verifica una determinada hipótesis normativa, evitando que el orden jurídico permita diversas consecuencias de derecho a partir de la actualización de un solo supuesto normativo. En este sentido, se estima necesario prever una sola consecuencia jurídica para el supuesto regulado, ya que el propio Código permite la procedencia de la anulación de sentencia ante la modificación o derogación de un tipo penal, y mandata que su resolución es una atribución del Tribunal de Alzada; en tanto que la Ley Nacional de Ejecución Penal establece que dicho supuesto sea examinado a través de la controversia judicial sobre la duración, modificación y extinción de la pena, cuya resolución recae en el ámbito competencial del Juez de Ejecución.

En virtud de lo expuesto, resulta necesario derogar la fracción II del artículo 487 del Código Nacional de Procedimientos Penales con la finalidad de evitar una antinomia o contradicción normativa.

II. LEY FEDERAL DE ARMAS DE FUEGO Y EXPLOSIVOS

Prisión preventiva oficiosa. Aumento de penas de delitos.

En atención a que el artículo 19 constitucional otorga al legislador facultad para determinar los delitos graves que ameritan prisión preventiva oficiosa, se considera pertinente incluir en este supuesto a los delitos de portación y acopio de armas exclusivas del Ejército, Armada y Fuerza Aérea ya que se consideran como graves en contra de la seguridad de la Nación. Esto en concordancia con el artículo 5, fracción III, de la Ley de Seguridad Nacional que establece como amenaza a la seguridad aquellos actos que impidan actuar contra la delincuencia organizada, tal como ocurriría si quienes cometen los ilícitos aquí señalados continúan perpetuando conductas que impidan el ejercicio del poder del Estado.

Aunado a lo anterior, por la constante comisión de delitos vinculados con la portación armas de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, resulta indispensable actualizar la norma en cuanto a su penalidad. En este sentido, podemos afirmar que la política criminal mediante la cual se define el tipo de delitos y su penalidad, los cuales son observables en un momento determinado, puede y requiere cambiar conforme a las necesidades que demuestra la incidencia y fenómeno delictivo por el cual atraviesa el país.

En consecuencia, se propone adicionar un artículo 82 Bis a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos para que los delitos de portación y acopio de armas de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, previstos en los artículos 83, fracciones II y III, y 83 Bis sean sancionados con penas más altas.

Asimismo, se propone homologar en ambos casos la pena mínima de prisión de los delitos por portación de arma de fuego de uso exclusivo de las fuerzas armadas dispuestos en las fracciones II y III del artículo 83 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, pasando de tres y cuatro años como señala actualmente la Ley, a cinco años de pena de prisión.

Finalmente, esta modificación se realiza a fin de mantener la coherencia del sistema jurídico, toda vez que con la reforma al artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, existe una obligación de regular en esta Ley el delito de mérito.

III. LEY FEDERAL PARA PREVENIR Y SANCIONAR LOS DELITOS COMETIDOS EN MATERIA DE HIDROCARBUROS

Incluir en el catálogo de delitos que merecen prisión preventiva oficiosa el delito de sustracción de hidrocarburos

Según cifras de Petróleos Mexicanos, la comisión de delitos por sustracción de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, repercute en un equivalente de 27 mil millones de pesos al año por la cantidad que se pierde en barriles al día, delito que ha alcanzado el segundo lugar en incidencia delictiva en el fuero federal y que afectan una de las actividades estratégicas del Estado mexicano.

Dicho fenómeno delictivo ha presentado sus mayores índices en los estados de Tamaulipas, Guanajuato, Sinaloa, Jalisco y Puebla. Del 1 de septiembre de 2015 al 30 de junio de 2016, la Unidad Especializada en Investigación de Asalto y Robo de Vehículos de la SEIDO, en coordinación con la Agencia de Investigación Criminal (AIC), la Policía Federal, el Centro de Investigación y Seguridad Nacional, la Secretaría de Marina, la Secretaría de la Defensa Nacional y Petróleos Mexicanos, ejerció acción penal en 39 averiguaciones previas, detuvo y consignó a 96 personas por los delitos de robo, sustracción y aprovechamiento de hidrocarburos procesados, refinados o sus derivados, y además ejerció acción penal sin detenido contra 65 personas por los mismos delitos.

Por su parte, la Procuraduría General de la República promovió 24 órdenes de cateo en 62 domicilios, asegurando 1 millón 89 mil 293 litros de hidrocarburos, equivalente a 1 millón 557 mil 758 pesos mexicanos, 3 mil 322 dólares estadounidenses, así como 437 vehículos terrestres, dos embarcaciones, 25 inmuebles, 13 armas de fuego largas, 18 armas de fuego cortas, 2 mil 437 cartuchos y 25 semovientes.

El robo de hidrocarburos es un delito mediante el cual la delincuencia organizada ha encontrado un mecanismo para la capitalización de otros ilícitos, es por ello que su comisión ha ido en aumento, además de que pone en riesgo la integridad de las personas y la propiedad del Estado. Esta clase de delito no sólo afecta de manera indirecta a la sociedad, si no que pone en peligro la salud y la integridad de las personas que viven en las cercanías de los lugares donde se actualiza el ilícito, toda vez que para su consumación o tentativa se ven afectadas las instalaciones estratégicas y las medidas de seguridad de la infraestructura que evitan la propagación de los materiales altamente peligrosos, lo que genera un riesgo de catástrofe por explosión o inflamación.

Por otra parte, debe considerarse la afectación que sufre el medio ambiente como consecuencia del derramamiento de hidrocarburos y productos petrolíferos o petroquímicos que se pierden en el suelo, subsuelo, aguas interiores y marítimas o que se dispersan en el aire cuando concluye el hecho ilícito.

Dado que los bienes jurídicos tutelados que se ven violentados diariamente por la comisión de este delito son trascendentales para el desarrollo económico de la nación, la seguridad pública, la salud pública, el medio ambiente y la integridad de las personas, resulta necesario para su eficaz combate, contar con el mecanismo máximo de defensa cautelar para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos y de la comunidad.

Por lo anterior, se considera impostergable reforzar el combate a estos actos delictivos que afectan a la economía y a la sociedad, e incluir en el artículo 4º de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos cometidos en materia de Hidrocarburos, que la sustracción de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, ameritará por parte del Juez de Control la aplicación de la medida de prisión preventiva oficiosa de conformidad con el segundo párrafo del artículo 19 constitucional y en concordancia con el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

IV. LEY DE MIGRACIÓN

Incluir en el catálogo de delitos que merecen prisión preventiva oficiosa al delito de tráfico de personas

Se considera que el delito de tráfico de personas puede ser incluido entre aquellos cuyo bien jurídicamente tutelado es el “libre desarrollo de la personalidad”, ya que éste persigue la protección de aquellos grupos especialmente vulnerables ante los delitos vinculados por la explotación humana. En ese sentido, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado que el bien jurídico tutelado en el delito de tráfico de indocumentados no se constriñe únicamente al control de los flujos migratorios a cargo de las autoridades administrativas, sino también a la salud pública, a los derechos humanos de los inmigrantes (la vida, la dignidad, la integridad física, entre otros) y al respeto al orden jurídico y la seguridad nacional.

Por ello, establecer este delito como parte del catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva tiene como fin la protección de los derechos fundamentales de los inmigrantes ilegales, por ser frecuentes las violaciones de sus derechos humanos a manos de traficantes que incluyen torturas, maltrato, lesiones o abandono antes de alcanzar su destino.

Por otra parte, los migrantes indocumentados son un grupo vulnerable que los coloca en un estado de desventaja en cuanto al pleno ejercicio de sus derechos fundamentales ya que su condición los limita para exigir la defensa de sus derechos ante las instituciones mexicanas por el temor de que se descubra su irregularidad migratoria.

Aunado a lo anterior, se incentiva una dependencia de los migrantes indocumentados a aquellas personas que cometen el delito de tráfico de personas, pues a cambio de una contraprestación económica, les corresponden con un servicio ilegal de transporte, hospedaje e introducción al territorio nacional o a un país extranjero. Esta dependencia vulnera directamente su derecho a elegir de forma libre y autónoma su proyecto de vida, pues carecen de opciones y sufren una degradación de sus condiciones. Así se ve afectado su derecho al libre desarrollo de la personalidad y a la salud, entendida esta última, de conformidad con el artículo 1 bis de la Ley General de Salud, como aquel derecho que comprende el bienestar físico, mental y social de toda persona.

Es decir, el sujeto activo del delito se vale de esta necesidad, convirtiéndose en una causa de explotación en perjuicio de las personas que son objeto de tráfico. Indudablemente para la comisión de tal delito se presentan condiciones que alteran el libre desarrollo de su personalidad e incluso en ciertas ocasiones de su salud, sin soslayar que alienta la provocación de un flujo irregular de índole migratorio que facilita sin distinción el acceso al territorio nacional de potenciales perturbadores de la paz y la seguridad nacional.

Cabe señalar que en datos publicados en el informe de labores de la Procuraduría General de la República 2015-2016, en el periodo comprendido del 1 de septiembre de 2015 al 30 de junio de 2016, contra el delito de tráfico de personas se iniciaron 203 Averiguaciones Previas, de las cuales se determinaron 158, se detuvo a 88 personas, de las cuales 77 se consignaron y 11 se arraigaron; en tanto otras 151 personas fueron consignadas con pedimento de orden de aprehensión, de las cuales se libraron 78. Asimismo, del 29 de febrero al 30 de junio de 2016, bajo el esquema del nuevo Sistema de Justicia Penal, se iniciaron 6 carpetas de investigación, de las cuales, 4 fueron con detenido y 2 sin detenido, siendo detenidas bajo este esquema a 8 personas.

La propuesta de adición del artículo 163 a la Ley de Migración, pretende guardar congruencia con lo propuesto en el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, para que este delito pueda ser considerado entre aquellos casos excepcionales en los cuales podrá operar la prisión preventiva oficiosa.

V. LEY DE AMPARO, REGLAMENTARIA DE LOS ARTÍCULOS 103 Y 107 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Suspensión en amparo indirecto de mandamientos judiciales que impliquen privación de la libertad

El artículo 166 de la ley vigente establece que cuando se trate de orden de aprehensión o reaprehensión o de medida cautelar que implique privación de la libertad, dictadas por autoridad competente, tratándose de delitos de prisión preventiva oficiosa, la suspensión sólo producirá el efecto de que el quejoso quede a disposición del órgano jurisdiccional de amparo en el lugar que éste señale únicamente en lo que se refiera a su libertad. Esta norma permite al juez determinar el lugar en que el quejoso debe quedar a su disposición, situación discrecional, excesiva e innecesaria, que incluso ha dado lugar a que lo haga fuera del centro de reclusión.

Por lo anterior y con la finalidad de eliminar la incertidumbre jurídica, se propone sustituir el término “el lugar que éste señale únicamente” por el “Centro Penitenciario correspondiente”.

Ello es así, ya que el efecto que debe tener la solicitud de un quejoso sobre la suspensión de un mandamiento judicial que implique privación de su libertad por delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, es quedar a disposición del juez en el centro penitenciario correspondiente, sin que la suspensión pueda ser concedida para que conserve su libertad.

Suspensión en amparo directo de mandamientos judiciales que impliquen privación de la libertad

La Ley de Amparo vigente permite interpretar que la consecuencia de la sola presentación de la demanda es la suspensión de la resolución reclamada y, por tanto, poner al quejoso a disposición del órgano jurisdiccional de amparo, pudiendo éste dictar que no se ejecuten los mandamientos judiciales que impliquen privación de la libertad, lo que genera incertidumbre jurídica.

Por ende, es pertinente establecer expresamente que cuando el quejoso está en libertad, la suspensión no impide la ejecución de mandamiento judicial, siempre que se trate de delitos previstos en el artículo 19 de la Constitución.

Esta propuesta permite eliminar discrecionalidad del órgano jurisdiccional, ya que establece la imposibilidad de que la suspensión tenga como efecto la conservación de la libertad, ello con el fin de garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad.

El permitir que el quejoso esté en libertad vulneraría la seguridad nacional, puesto que dicho sujeto quedaría en aptitud de continuar cometiendo dichos ilícitos, perpetuando así conductas que impiden el ejercicio del poder del Estado.

VI. LEY GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

Creación de una Conferencia Nacional de Autoridades Especializadas en Adolescentes

La Convención sobre los Derechos del Niño concibe a los niños, hasta la edad de 18 años, como sujetos plenos de derechos y, por tanto, de deberes y responsabilidades. Asimismo, el Estado mexicano se comprometió a establecer un sistema especializado para la procuración e impartición de justicia para personas menores de edad. En este sentido, la Constitución fijó los 12 años como edad de inicio de la adolescencia, por lo que quienes sean menores de dicha edad están exentos de responsabilidad penal, y sólo serán sujetos de asistencia social, a medidas de protección, a procesos correctores, administrados por órganos de atención o protección social.

La Regla 30 de las Reglas Mínimas de Las Naciones Unidas para la Administración de la Justicia de Menores “Reglas de Beijing” establecen criterios para integrar la investigación en el proceso de formulación y aplicación de políticas en la administración de justicia de personas menores de edad.

El compromiso de las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas Sobre las Medidas No Privativas de Libertad “Reglas de Tokio”, vinculan al Estado mexicano a formular una política y elaborar programas de medidas no privativas de la libertad como parte integral del sistema de justicia penal.

En consecuencia, se propone crear una Conferencia Nacional que atienda el Sistema Integral de Justicia Penal para adolescentes que favorezca la socialización e integración eficaz de los adolescentes, que permitirá contar con un espacio privilegiado de diálogo entre la Federación y las entidades federativas, en aras de lograr la efectiva coordinación y funcionamiento en la atención y seguimiento del referido Sistema.

Lo anterior, derivado del Decreto por el que se reforman los párrafos cuarto y sexto del artículo 18 y el inciso c), de la fracción XXI, del artículo 73, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de julio de 2015, que otorgó al Congreso de la Unión la facultad para legislar en materia de justicia penal para adolescentes, y con ello, la posibilidad para crear una legislación única que permita brindar certeza y seguridad jurídica a los adolescentes; unificar y sistematizar los criterios entre la Federación y las entidades federativas, evitar inconsistencias y vacíos legales entre las legislaciones locales y las federales, para lograr una mayor coordinación entre los operadores del Sistema Integral de Justicia Penal, destacando la importancia de distinguir el Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, del Sistema de Justicia para Personas Adultas.

Por su parte, el 16 de junio de 2016, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se expide la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, cuyo artículo Décimo Cuarto Transitorio establece que el Congreso de la Unión contará con un plazo de 180 días naturales a partir de la publicación del mismo, que termina el 12 de diciembre de 2016, para reformar la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, a efecto de incluir en la organización del Sistema Nacional de Seguridad Pública, a la Conferencia Nacional de Autoridades Especializadas en Adolescentes, que estará integrada por los titulares en la materia de cada Entidad Federativa y del Poder Ejecutivo Federal y presidida por el Comisionado Nacional de Seguridad.

Esta conferencia se constituye como la instancia de análisis, difusión e instrumentación de la política pública en materia de justicia penal para adolescentes, y será la encargada de homologar las normas administrativas en la materia en las entidades federativas.

VII. CÓDIGO PENAL FEDERAL, LEY FEDERAL PARA LA ADMINISTRACIÓN Y ENAJENACIÓN DE BIENES DEL SECTOR PÚBLICO Y LEY ORGÁNICA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Decomiso. Bienes de propiedad industrial o derechos de autor. Bienes de propiedad industrial o derechos de autor.

A efecto de establecer los mecanismos de operación de la Procuraduría General de la República para el otorgamiento de bienes a los sectores de la población que se encuentran en estado de vulnerabilidad se propone modificar los artículos 235 del Código Nacional de Procedimientos Penales; el artículo 40 Código Penal Federal; los artículos 34 y 70 de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público y el artículo 4 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República a fin de que tenga facultad para realizar la destrucción de aquellos bienes decomisados o abandonados relacionados con la comisión de delitos de propiedad industrial o derechos de autor o, en su caso, proceder a su donación.

En ese sentido, se propone reformar el artículo 4, fracción I, apartado A, inciso j) de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República para establecer que corresponde al Ministerio Público de la Federación determinar dentro de la investigación, si los bienes relacionados con la comisión de delitos en materia de propiedad industrial y derechos de autor son susceptibles de donación en términos de las disposiciones aplicables.

Esto permitirá que aquellos bienes vinculados, tanto con delitos de propiedad industrial como de derechos de autor, que aún se encuentren en buenas condiciones puedan ser aprovechados y servir a quienes más lo requieran.

Se considera que esta donación será un esquema de utilidad social, tomando en consideración que los bienes que se encuentran sujetos a ser destinados a la ayuda por situación de vulnerabilidad a organizaciones de la sociedad civil, son aquellos susceptibles de destrucción, por tratarse de bienes apócrifos o que procedan del comercio exterior y la autoridad hacendaria no formule declaratoria de perjuicio.

En consecuencia, los agentes del Ministerio Público de la Federación que integren indagatorias con motivo de las cuales se aseguren bienes apócrifos o que constituyan mercancías de comercio exterior, podrán considerar por causa de utilidad social su entrega directa a personas de grupos vulnerables o, en su caso, aquellas afectadas a causa de fenómenos naturales que deriven en declaratorias de desastre natural, previa inutilización de los siglas o elementos que impliquen violación a derechos de propiedad industrial o del derecho de autor.

En ese sentido, se propone reformar el artículo 34 de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público, para establecer que tratándose de bienes asegurados que estén relacionados con la comisión de delitos en materia de propiedad industrial o derechos de autor, el Servicio de Administración de Bienes podrá donar bienes, previa inutilización de la marca registrada o cualquier otro distintivo siempre que se cuente con la autorización que otorgue el titular del derecho patrimonial correspondiente para causas de asistencia social de conformidad con las disposiciones aplicables, y en el mismo sentido se propone adicionar esta posibilidad al artículo 40 del Código Penal Federal.

Financiamiento al terrorismo

Se propone agregar el financiamiento al terrorismo en el artículo 11 Bis, del Código Penal Federal, a fin de cumplir con las disposiciones del Convenio Internacional para la Represión de la Financiación del Terrorismo, suscrito por México.

El artículo 5 del referido Convenio determina que cada Estado adoptará las medidas necesarias para establecer la responsabilidad de una persona jurídica ubicada en su territorio o constituida con arreglo a su legislación, así como la responsabilidad de la persona encargada de la dirección o control de la persona jurídica, que provea o recolecte fondos con la intención de que se utilicen, o a sabiendas de que serán utilizados para cometer alguno un acto de terrorismo en cualquiera de sus formas y manifestaciones o cualquier otro acto destinado a causarle la muerte o lesiones corporales de gravedad a un civil o a cualquier otra persona que no participe directamente en las hostilidades en una situación de conflicto armado, cuando, el propósito de dicho acto, por su naturaleza o contexto, sea intimidar a una población u obligar a un gobierno o a una organización internacional a realizar un acto o a abstenerse de hacerlo.

En el mismo sentido, la Recomendación 5 del Grupo de Acción Financiera señala que se deberán de aplicar responsabilidades y sanciones penales, o en su caso, responsabilidades y sanciones civiles o administrativas, a las personas jurídicas, lo cual no deberá de impedir que se lleven a cabo acciones paralelas de índole penal, civil o administrativo contra las personas físicas.

Conforme a lo anterior, resulta necesario que el Estado mexicano establezca dentro del artículo 11 Bis del Código Penal Federal las responsabilidades y sanciones penales a las que una persona jurídica se haría acreedora en el supuesto de realizar alguna de las conductas relacionadas con el financiamiento al terrorismo establecidas en el Código Penal Federal en sus artículos 139 Quáter y 139 Quinquies.

Obtención de los beneficios de la substitución y conmutación de sanciones

Por otro lado, conforme al último párrafo del artículo 70, así como al inciso b) de la fracción I del artículo 90, ambos del Código Penal Federal, quienes sean sentenciados por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, no tendrá la posibilidad de obtener los beneficios de la substitución y conmutación de sanciones, ni beneficios como la condena condicional.

Al no contar con dichos beneficios, se limita la posibilidad de que los imputados por este delito puedan tener acceso a éstos en caso de tener información que pudiera ser de ayuda para la autoridad, de igual manera, se limita la posibilidad de que las autoridades se alleguen de bienes o activos relacionados con operaciones ilícitas, a través de las figuras jurídicas correspondientes.

En ese sentido, se propone derogar el inciso j, de la fracción I del artículo 85 del Código Penal Federal.

Terrorismo

Se propone adicionar el artículo 139 Quáter del Código Penal Federal, para establecer que las penas previstas para el delito de financiamiento al Terrorismo, se aplicarán a quien, por cualquier medio que fuere, directa o indirectamente, aporte o recaude fondos económicos o recursos de cualquier naturaleza con conocimiento de que sean destinados para financiar o apoyar viajes o traslados de organizaciones terroristas, con el propósito de planear, preparar, perpetrar o participar en la comisión de algún acto de terrorismo, o con el propósito de proporcionar o recibir entrenamiento o adiestramiento para la comisión de actos de esa naturaleza.

Lo anterior de conformidad a las Resoluciones emitidas por Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que, según con el artículo 25 de la Carta de las Naciones Unidas, obligan a los Estados miembros a aplicar las medidas para restablecer la paz y seguridad internacional.

Específicamente, la Resolución 2178 (2014) que exhorta a todos los Estados miembros a enfrentar la amenaza que plantean los combatientes terroristas extranjeros, lo cual incluye, entre otras medidas, obstaculizar y prevenir la prestación de apoyo financiero; así como velar por el enjuiciamiento de toda persona que participe en la financiación, planificación, preparación o comisión de actos de terrorismo o preste apoyo a esos actos, verificando que sus leyes tipifiquen, entre otros, la organización u otro tipo de facilitación deliberada de los viajes de personas a un Estado distinto de sus Estados de residencia o nacionalidad con el propósito de cometer, planificar o preparar actos terroristas o participar en ellos, o proporcionar o recibir adiestramiento con fines de terrorismo.

Por otro lado, cabe señalar que el Grupo de Acción Financiera, estableció en el pasado mes de junio que los delitos de financiamiento al terrorismo deberán incluir la actividad de financiar viajes de individuos sobre dichas conductas.

Por lo dicho, resulta necesario robustecer el sistema de prevención y combate al terrorismo y su financiamiento, tomando en consideración las medidas internacionales.

Los cambios pueden apreciarse en el siguiente cuadro comparativo:

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta honorable asamblea, el siguiente:

Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales, de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos, de la Ley de Migración, de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, del Código Penal Federal, de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público y de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República

ARTÍCULO PRIMERO.Se reformanlos artículos 30, párrafo primero, y su fracción IV; 31, párrafo primero; 32, párrafo primero; 33, en su epígrafe; 34, párrafo primero; 35, en su epígrafe; 54, en su epígrafe; 67, párrafo tercero; 107 en su epígrafe, 109, párrafo tercero; 131, en su epígrafe; 132, en su epígrafe; 138; en sus párrafos primero, segundo; 139, párrafo primero; 140, en su epígrafe y párrafo primero; 150, párrafo tercero; 164, párrafo segundo; 165, párrafo segundo; 168, fracción I; 174 párrafo segundo; 192, fracción I; 201, fracción III, incisos a) y c); 203, párrafo primero; 206, párrafo primero; 221, párrafo primero; 225, párrafo primero; 231, párrafo segundo; 235, párrafo primero; 251, párrafo tercero y su fracción X; 264, en su epígrafe y párrafo primero; 277, párrafo cuarto; 291, párrafo segundo; 303, párrafo primero; 305, párrafo segundo; 314, en su epígrafe y párrafo segundo; 315, párrafo primero; 320, párrafo primero; 359, párrafo primero; 401, párrafo sexto; y 467, la actual fracción IV; se adicionan un párrafo segundo al artículo 9º; un párrafo segundo al artículo 33; los párrafos quinto y sexto al artículo 35; un párrafo segundo al artículo 54; un párrafo segundo al artículo 107, recorriéndose el actual; un último párrafo al artículo 108; las fracciones XXIV, XXV y XXVI al artículo 131, recorriéndose la subsecuente; una fracción XV al artículo 132, recorriéndose la subsecuente; un párrafo al artículo 138; un párrafo segundo al artículo 149, recorriéndose el actual; tres fracciones al artículo 165; la fracción XII y XIII, y los párrafos sexto y octavo al artículo 167; un párrafo segundo al artículo 201; los párrafos cuarto y quinto al artículo 222, recorriéndose el actual; un párrafo segundo al artículo 225, con recorriéndose el actual; los párrafos segundo y tercero al artículo 235, recorriéndose el actual; una fracción XII al artículo 251, recorriéndose la actual numeración; un artículo 262 bis; un párrafo tercero al artículo 264; un párrafo tercero al artículo 279; un párrafo séptimo al artículo 291; un segundo párrafo al artículo 303; un párrafo tercero al artículo 314; una fracción IV al artículo 459; y las fracciones IV y XIII al artículo 467; y se derogan el párrafo tercero del artículo 174; el párrafo segundo del artículo 258; los párrafos quinto, sexto y séptimo del artículo 303; el párrafo segundo del artículo 484; y la fracción II del artículo 487, todos del Código Nacional de Procedimientos Penales, para quedar como sigue:

Artículo 9o. Principio de inmediación

...

No se considera vulnerado el principio de inmediación, cuando uno o más jueces de control intervengan en etapas preliminares al juicio en la misma causa penal.

Artículo 30. Causas de acumulación y conexidad

Para los efectos de este Código, habrá acumulación de investigaciones yprocesos cuando:

I. a III. ...

IV. Se investigue un mismo delito cometido en contra de diversas personas o se investigue un mismo delito contra diversas personas.

...

...

Artículo 31. Competencia en la acumulación

Cuando dos o más investigaciones oprocesos sean susceptibles de acumulación, y se sigan por diverso Ministerio Público u Órgano jurisdiccional, será competente el que corresponda, de conformidad con las reglas generales previstas en este Código, ponderando en todo momento la competencia en razón de seguridad; en caso de que persista la duda, será competente el que conozca del delito cuya punibilidad sea mayor. Si los delitos establecen la misma punibilidad, la competencia será del que conozca de los actos procesales más antiguos, y si éstos comenzaron en la misma fecha, el que previno primero. Para efectos de este artículo, se entenderá que previno quien inició o dictó la primera resolución del procedimiento.

Artículo 32. Término para decretar la acumulación

La acumulación podrá decretarse hasta antes de que se ejerza acción penal o se dicte el auto de apertura a juicio.

Artículo 33. Sustanciación de la acumulación de los procesos

...

En el caso de las investigaciones, el Ministerio Público, sin mayor trámite, procederá a realizar la acumulación de las carpetas de investigación.

Artículo 34. Efectos de la acumulación

Si se resuelve la acumulación de procesos, el Juez de control solicitará la remisión de los registros, y en su caso, que se ponga a su disposición inmediatamente al imputado o imputados.

...

Artículo 35. Separación de las investigaciones y los procesos

...

I. a II. ...

...

...

...

La separación de las carpetas de investigación, será procedente cuando sea posible determinar la situación jurídica de alguna persona, que estuviera relacionada en la investigación abierta contra diversos sujetos por la posible comisión de un delito.

Artículo 54. Identificación de declarantes y del imputado

...

El imputado deberá suministrar los datos que permitan su identificación personal y, en su caso, mostrar un documento oficial que acredite fehacientemente su identidad.

Artículo 67. Resoluciones judiciales

...

...

I. a IX. ...

En ningún caso, la resolución escrita deberá exceder el alcance de la emitida oralmente, surtirá sus efectos inmediatamente y deberá dictarse de forma inmediata a su emisión en forma oral, sin exceder de doce horas, salvo disposición que establezca otro plazo.

...

Artículo 107. Probidad y lealtad

...

Las partes se sujetarán al deber de lealtad, salvo disposición en contrario o cuando sea incompatible con el ejercicio a una defensa adecuada.

...

Artículo 108. Víctima u ofendido

...

...

...

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con independencia de las facultades que le otorgan los ordenamientos jurídicos aplicables, tendrá la calidad de ofendido en relación con los delitos previstos en el Capítulo II del Título Vigésimo Tercero del Libro Segundo del Código Penal Federal.

Artículo 109. Derechos de la víctima u ofendido

...

I. a XXIX. ...

...

Para los delitos que impliquen violencia contra las mujeres, se deberán observar todos los derechos que en su favor establece la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y demás disposiciones aplicables con perspectiva de género.

Artículo 131. Obligaciones y atribucionesdel Ministerio Público

...

I. a XXII. ...

XXIII. Actuar en estricto apego a los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en la Constitución ;

XXIV. Emitir las órdenes de búsqueda, localización y presentación de personas, sin restricción de la libertad;

XXV. Solicitar a la defensoría pública la designación del defensor en cuanto sea puesto a su disposición el detenido o comparezca el imputado, salvo que designe defensor particular, y hacerlo comparecer cuando se realice una diligencia con el imputado y ante su inasistencia requerirá un nuevo defensor;

XXVI. Facilitar la atención de las víctimas por el asesor jurídico de las mismas, y

XXVII.Las demás que señale este Código y otras disposiciones aplicables.

Artículo 132. Obligaciones y atribucionesdel Policía.

...

...

I. a XIII. ...

XIV. Emitir el informe policial y demás documentos, de conformidad con las disposiciones aplicables. Para tal efecto se podrá apoyar en los conocimientos que resulten necesarios, sin que ello tenga el carácter de informes periciales ;

XV. Realizar consultas en las bases de datos previstas en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de conformidad con lo establecido en el último párrafo del artículo 109 de dicha Ley, y

XVI. Las demás que le confieran este Código y otras disposiciones aplicables.

Artículo 138. Providencias precautorias para la restitución de derechos de la víctima

Para garantizar la reparación del daño, la víctima, el ofendido o el Ministerio Público podrán solicitar al juez que este requiera que el imputado exhiba, dentro de los tres días siguientes, una garantía económica.

Si el imputado no presenta la garantía dentro del término previsto en el párrafo que antecede, el juez podrá dictarlas siguientes providencias precautorias:

I. a II. ...

El juez solicitará la garantía económica y, en su caso,decretará las providencias precautorias, siempre y cuando, de los datos de prueba expuestos por el Ministerio Público y la víctima u ofendido, se desprenda la posible reparación del daño y la probabilidad de que el imputado será responsable de repararlo.

...

...

...

Artículo 139. Duración de las medidas de protección y providencias precautorias

La imposición de las medidas de protección y de las providencias precautorias persistirán durante el proceso en tanto no exista sentencia firme, o hasta que las mismas sean canceladas por la autoridad que las haya impuesto.

...

Artículo 140. Libertad durante el plazo de retención

En los casos de detención por flagrancia, cuando se trate de delitos que no tengan señalada pena privativa de libertad o contemplen una pena alternativa,el Ministerio Público dispondrála libertad del imputado bajo lasmedidas de protecciónque, en su caso, establezca.

...

Artículo 149. Verificación de flagrancia del Ministerio Público

...

En los hechos que la ley señale como delincuencia organizada, el Ministerio Público de la Federación especializado ante quien se ponga a disposición al detenido, examinará la constitucionalidad y legalidad de la detención tomando en cuenta las circunstancias de la detención, el tiempo razonable en el que se le puso a disposición, el detenido.

...

Artículo 150. Supuesto de caso urgente

...

I. a III. ...

...

Los oficiales de la Policía que ejecuten una orden de detención por caso urgente, deberán hacer el registro de la detención y presentar inmediatamente al imputado ante el Ministerio Público que haya emitido dicha orden, quien deberá ordenar su libertad o ponerle a disposición de la autoridad judicial dentro del plazo de cuarenta y ocho horas o noventa y seis horas tratándose de delincuencia organizada.

...

...

Artículo 164. Evaluación y supervisión de medidas cautelares

...

La información que se recabe con motivo de la evaluación de riesgo no puede ser usada para la investigación del delito. Lo anterior, salvo que se trate de un delito que está en curso o sea inminente su comisión, y peligre la integridad personal o la vida de una persona, el entrevistador quedará relevado del deber de confidencialidad y podrá darlo a conocer a los agentes encargados de la persecución penal.

...

...

...

...

Artículo 165. Aplicación de la prisión preventiva

...

La prisión preventiva no podrá exceder dedos años y su cómputo se suspenderá en los casos siguientes:

I. Con motivo de la interposición del juicio de amparo ante el tribunal competente hasta que se resuelva en definitiva;

II. Cuando el imputado o su defensor realicen gestiones o actos evidentemente dilatorios con el fin de prolongar el proceso y transcurra el tiempo para resolver en definitiva, y

III. Con motivo de la suspensión de la audiencia de juicio.

Artículo 167. Causas de procedencia

...

...

...

...

...

El Código Penal Federal, las leyes en materia de armas de fuego y explosivos, migración, así como hidrocarburos, establecerán los delitos graves que ameriten prisión preventiva oficiosa por atentar en contra de la seguridad de la nación o del libre desarrollo de la personalidad.

...

I. a X. ...

XI. Contra la salud, previsto en los artículos 194, 195, 196 Bis, 196 Ter, 197, párrafo primero y 198, parte primera del párrafo tercero ;

XII. Operaciones con Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, previsto en el artículo 400 bis, y

XIII. Financiamiento al Terrorismo, previsto en el artículo 139 Quáter.

Para las entidades federativas se considerarán delitos que ameriten prisión preventiva oficiosa, los casos de homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, así como delitos graves que determine la ley en contra del libre desarrollo de la personalidad y de la salud, en estricta armonía con el artículo 19 Constitucional.

...

Artículo 168. Peligro de sustracción del imputado

...

I. El arraigo que tenga en el lugar donde deba ser juzgado determinado por el domicilio, residencia habitual, asiento de la familia y las facilidades para abandonar el lugar o permanecer oculto. La falsedad sobre la identidad oel domicilio del imputado constituye presunción de riesgo de fuga;

II. a V. ...

Artículo 174. Incumplimiento del imputado de las medidas cautelares

...

El Ministerio Público que reciba el reporte de la autoridad de supervisión de medidas cautelares y de la suspensión condicional del proceso, deberá solicitar audiencia para revisión de la medida cautelar impuesta en el plazo más breve posible y solicitarla comparecencia del imputado o una orden de aprehensión.

Se deroga.

...

...

...

Artículo 192. Procedencia

...

I. Que el auto de vinculación a proceso respectodel imputado se haya dictado por un delito cuya media aritmética de la pena de prisión no exceda de cinco años incluidas sus calificativas atenuantes o agravantes.

II. y III. ...

...

Artículo 201. Requisitos de procedencia y verificación del Juez

...

I. y II. ...

III. ...

a) Reconozca estar debidamente informado de su derecho a un juicio oral , de los alcances y consecuencias del procedimiento abreviado;

b)...

c) Consienta la aplicación del procedimiento abreviado y la pena solicitada;

d)...

e)...

Una vez cumplidos los requisitos que se establecen en este artículo, el Juez sólo autorizará la apertura del procedimiento abreviado, cuando tenga la convicción de que existen datos de prueba suficientes para corroborar la imputación y la culpabilidad del procesado.

Artículo 203. Admisibilidad

En la misma audiencia, el Juez de control admitirá la solicitud del Ministerio Público cuando verifique que la pena solicitada está dentro de los parámetros legales, se satisfacen los requisitos de procedencia yconcurran los medios de convicción que corroboren la imputación, en términos de la fracción VII, del apartado A del artículo 20 de la Constitución. Serán medios de convicción los datos de prueba que se desprendan de los registros contenidos en la carpeta de investigación.

...

...

Artículo 206. Sentencia

Concluido el debate, el Juez de control emitirá fallo de condena en la misma audiencia, para lo cual deberá dar lectura y explicación pública a la sentencia, dentro del plazo de cuarenta y ocho horas, explicando de forma concisa los fundamentos y motivos que tomó en consideración.

...

...

Artículo 221. Formas de inicio

La investigación de los hechos que revistan características de un delito deberá iniciarse cuando se tenga conocimiento de un hecho posiblemente constitutivo de delito, por delito en flagrancia,denuncia oquerella o requisito equivalente cuando la ley lo exija. El Ministerio Público y la Policía están obligados a proceder sin mayores requisitos a la investigación de los hechos de los que tengan noticia.

...

...

...

...

Artículo 222. Deber de denunciar

...

...

...

Por razones de caso fortuito o de fuerza mayor, las autoridades responsables de la seguridad pública, así como los coadyuvantes a que se refiere el párrafo anterior, podrán disponer de los indicios, huellas o vestigios del hecho delictivo, así como de los instrumentos, objetos o productos del delito que se encuentren en el lugar de los hechos, con la finalidad de garantizar la preservación de los mismos, hasta en tanto arriben las autoridades facultadas para procesar el lugar de los hechos.

Para efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, se entiende por caso fortuito o fuerza mayor el acontecimiento de sucesos de la naturaleza o hechos de una persona distinta a la autoridad que puedan provocar la imposibilidad física de preservar los indicios, huellas u objetos del hecho delictivo o de los instrumentos, objetos o productos del delito que se encuentren en el lugar de los hechos.

...

Artículo 225. Querella u otro requisito equivalente

La querella es la expresión de la voluntad de la víctima u ofendido o de quien legalmente se encuentre facultado para ello, mediante la cual manifiesta expresamente ante el Ministerio Público su pretensión de que se inicie la investigación, en casos distintos a la flagrancia, de uno o varios hechos que la ley señale como delitos y que requieran de este requisito de procedibilidad para que se ejerza la acción penal correspondiente.

Cuando exista una detención en flagrancia solo se requerirá la querella o requisito equivalente para el ejercicio de la acción penal, sin que la falta de su presentación sea un impedimento para la realización de los actos de investigación. Si transcurridos los plazos a que refiere el artículo 148 de este Código sin que se haya presentado la querella, el detenido será puesto en libertad de inmediato.

...

Artículo 231. Notificación del aseguramiento y abandono

...

Cuando se desconozca la identidad o domicilio del interesado, la notificación se hará por edicto que se publicará en el Diario Oficial de la Federación o en elmedio de difusión oficial equivalenteen la Entidad Federativa , así comoen un periódico de circulación nacional o estatal, según corresponda. En la notificación realizada por cualquiera de los medios previstos en este código, se apercibirá al interesado o a su representante legal para que se abstenga de ejercer actos de dominio sobre los bienes asegurados y que de no manifestar lo que a su derecho convenga los bienes causarán abandono a favor de la Procuraduría o de las Entidades Federativas, según corresponda , en un término de noventa días naturales siguientes al de la notificación.

...

...

I. a III. ...

...

...

Artículo 235. Aseguramiento de narcóticos y productos relacionados con delitos de propiedad intelectual, derechos de autor e hidrocarburos.

Cuando se aseguren narcóticos previstos en cualquier disposición, el Ministerio Público ordenará su destrucción , en su caso, previa autorización o intervención de las autoridades correspondientes.

Tratándose de plantíos ilícitos de mariguana papaver somniferum o adormidera u otros estupefacientes, el Ministerio Público, la Policía o cualquier otra autoridad, procederá a su oportuna destrucción y solo si es posible, fotografiarlos o videograbarlos previamente, atento a las circunstancias geográficas o de riesgo imperantes en el lugar, pero en todo caso levantará acta en que conste su naturaleza, el área del cultivo, cantidad, peso o volumen del estupefacientey demás características, debiéndose recabar muestras del mismo para efectos de la investigación correspondiente.

Tratándose de bienesrelacionados con la comisión dedelitos en materiade propiedad industrial o derechos de autor determinados como susceptibles de donación, la Procuraduría podrá proceder a ello para causas de asistencia social, previa inutilización de la marca registrada o cualquier distintivo, siempre que se cuente con la autorización que otorgue el titular del derecho patrimonial correspondiente.

...

Artículo 251. Actuaciones en la investigación que no requieren autorización previa del Juez de control

...

I. a IX. ...

X.La entrevista de personas;

XI. Recompensas, en términos de los acuerdos que para tal efecto emite el Procurador ;

XII. La consulta en bases de datos previstas en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública con la finalidad de confirmar la identidad del imputado, de testigos o personas vinculadas con la investigación de un delito y verificar si cuentan o no con algún mandamiento judicial o ministerial en su contra, y

XIII. ...

...

Para los efectos de la fracción Xde este artículo, cuando una persona se niegue a ser entrevistada será citad a por el Ministerio Público o, en su caso, por el Juez de control, en los términos que prevé el presente Código.

Artículo 258. Notificaciones y control judicial

...

Se deroga.

Artículo 262 Bis. Declaración por referencia de terceros

La declaración por referencia de terceros es aquel testimonio de la Policía en la que aporta información recabada de un tercero identificado previamente bajo las formalidades de este Código, durante la investigación.

Artículo 264. Nulidad del dato o medio deprueba

Se considera ilícito cualquier dato o medio de prueba obtenido con violación de los derechos fundamentales, lo que será motivo de exclusión o nulidad.

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Tratándose de elementos de prueba obtenidos indirectamente de medios probatorios ilícitos, el Ministerio Público podrá solicitar su admisión atendiendo a su grado de vinculación con el dato o medio de prueba obtenida ilícitamente, a la posibilidad de que hubiera sido descubierta de manera inevitable por otros medios, o que derive de fuentes independientes.

Artículo 277. Procedimiento para reconocer personas

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Tratándose de personas menores de edad o tratándose de víctimas u ofendidos por los delitos de secuestro, trata de personas o violación que deban participar en el reconocimiento de personas, el Ministerio Público dispondrá medidas especiales para su participación, con el propósito de salvaguardar su identidad e integridad emocional. En las prácticas de reconocimiento a que se refiere este artículo, el Ministerio Público deberá contar con la asistencia del representante de la víctima o persona menor de edad y, en su caso, con el auxilio de peritos.

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Artículo 279. Identificación por fotografía

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Para efectos de garantizar la protección de la víctima u ofendido, la identificación de una persona a través de este medio, podrá ser reconocida como medio de prueba válido y el juez procederá a su valoración como prueba libre y lógica sin necesidad de que deba ser confrontada personalmente.

Artículo 291. Intervención de las comunicaciones privadas

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La intervención de comunicaciones privadas, abarca todo sistema de comunicación o programas que sean resultado de la evolución tecnológica, que permitan el intercambio de datos, informaciones, audio, video, mensajes, así como archivos electrónicos que graben o conserven el contenido de las conversaciones en tiempo real.

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En caso de que el Juez de control niegue la orden, el Ministerio Público podrá subsanar las deficiencias y solicitar nuevamente la orden o podrá apelar la decisión. En este caso la apelación debe ser resuelta en un plazo no mayor de doce horas a partir de que se interponga.

Artículo 303. Localización geográfica en tiempo real y solicitud de entrega de datos conservados

El Procurador, o el servidor público en quien este delegue la facultad, podrá requerira los concesionarios y, en su caso, a los autorizados o proveedores de servicios de aplicaciones y contenidos, información sobre la localización geográfica en tiempo real, así como de datos conservados, respecto de equipos de comunicación móvil asociados a una línea que se encuentra relacionada con hechos materia de una investigación en delitos de delincuencia organizada, contra la salud, secuestro, extorsión o trata de personas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.

Tratándose de investigaciones por delitos distintos a los previstos en el párrafo anterior, las autoridades facultadas podrán solicitar al Juez de control del fuero correspondiente en su caso, por cualquier medio, requiera a los concesionarios de telecomunicaciones, los autorizados o proveedores de servicios de aplicaciones y contenidos, para que proporcionen con la oportunidad y suficiencia necesaria a la autoridad investigadora, la información solicitada para el inmediato desahogo de dichos actos de investigación. Los datos conservados a que refiere este párrafo se destruirán en caso de que no constituyan medio de prueba idóneo o pertinente.

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...

...

...

Artículo 305. Procedimiento para prueba anticipada

...

Cuando se solicite el desahogo de una prueba en forma anticipada, el Órgano jurisdiccional citará a audiencia dentro de los tres días siguientes a la petición, o un plazo mayor considerando la naturaleza de la prueba ofrecida,a todos aquellos que tuvieren derecho a asistir a la audiencia de juicio oral y luego de escucharlos valorará la posibilidad de que la prueba por anticipar no pueda ser desahogada en la audiencia de juicio oral, sin grave riesgo de pérdida por la demora y, en su caso, admitirá y desahogará la prueba en el mismo acto otorgando a las partes todas las facultades previstas para su participación en la audiencia de juicio oral.

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Artículo 314. Incorporación de datos de prueba y pruebasen el plazo constitucional o su ampliación

...

Exclusivamente en el caso de delitos que ameriten la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa u otra personal, de conformidad con lo previsto en este Código, el Juez de control podrá admitir el desahogo de pruebas ofrecidas por el imputado o su Defensor, cuando, al inicio de la audiencia o su continuación, justifiquen que ello resulta pertinente.

Dichas pruebas serán admisibles siempre que sean diversas a los -datos de prueba contenidos en la carpeta de investigación.

Artículo 315. Continuación de la audiencia inicial

La continuación de la audiencia inicial comenzará con la presentación de los datos de prueba aportados por las partes o, en su caso, con el desahogo de las pruebas que hubiese ofrecido y justificado el imputado o su defensor en términos del artículo 314 de este Código. Para tal efecto, se seguirán en lo conducente las reglas previstas para el desahogo de pruebas en la audiencia de juicio. Desahogada la prueba, si la hubo, se le concederá la palabra en primer término al Ministerio Público, al asesor jurídico de la víctima y luego al imputado. Agotado el debate, el Juez resolverá sobre la vinculación o no del imputado a proceso.

...

Artículo 320. Valor de las actuaciones

Los antecedentes de la investigación y pruebas aportadas y desahogadas, en su caso, en la audiencia de vinculación a proceso, que sirvan como base para el dictado del auto de vinculación a proceso y de las medidas cautelares, carecen de valor probatorio para fundar la sentencia, salvo aquellos que sean incorporados a juicio y las excepciones expresas previstas por este Código.

Artículo 359. Valoración de la prueba

El Tribunal de enjuiciamiento valorará la prueba de manera libre y lógica, deberá hacer referencia en la motivación que realice, de todas las pruebas desahogadas, incluso de aquellas que se hayan desestimado, indicando las razones que se tuvieron para hacerlo. La motivación permitirá la expresión del razonamiento utilizado para alcanzar las conclusiones contenidas en la resolución jurisdiccional. Sólo se podrá condenar al acusado si se llega a la convicción de su culpabilidad más allá de toda duda razonable. En caso de duda razonable, el Tribunal de enjuiciamiento absolverá al imputado ; no podrá evocarse la duda razonable ante la ausencia, dentro del conjunto de material probatorio, de elementos que justifiquen la existencia de una duda.

Artículo 401. Emisión de fallo

...

...

I. a III. ...

...

...

...

El Tribunal de enjuiciamiento explicará en audiencia pública el contenido de la sentencia y entregará por escrito copia de la misma. En caso de que en la fecha y hora fijadas para la celebración de dicha audiencia no asistiere persona alguna, se dispensará de la lectura y la explicación y se tendrá por notificadas a todas las partes.

Artículo 459. Recurso de la víctima u ofendido

...

I. ...

II. Las que pongan fin al proceso ;

III. Las que se produzcan en la audiencia de juicio, sólo si en este último caso hubiere participado en ella , y

IV. Las resoluciones dictadas por el Juez de Control que recaigan a la impugnación interpuesta contra determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, archivo temporal de la investigación, aplicación de un criterio de oportunidad y no ejercicio de la acción penal.

...

Artículo 467. Resoluciones del Juez de control apelables

...

I. a III. ...

IV. Las que decreten de ilegal la detención;

V. La negativa de orden de cateo y de intervención de comunicaciones privadas, de técnicas de investigación en materia de localización geográfica en tiempo real y de entrega de datos conservados;

VI. a X. ...

XI.La sentencia definitiva dictada en el procedimiento abreviado, cuando la materia de impugnación se refiera exclusivamente a cuestiones relacionadas con la verificación de requisitos de procedencia para la apertura de aquél ;

XII.Las que excluyan algún medio de prueba , o

XIII. Las resoluciones dictadas por el Juez de Control que recaigan a la impugnación interpuesta contra determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, archivo temporal de la investigación, aplicación de un criterio de oportunidad y no ejercicio de la acción penal.

Artículo 484. Prueba

...

Se deroga.

...

Artículo 487. Anulación de la sentencia

..

I. ...

II. Se deroga.

...

ARTÍCULO SEGUNDO.Se reformaelartículo 83, en sus fracciones II y III; y se adiciona el artículo 82 Bis; de Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, para quedar como sigue:

Artículo 82 Bis.- Para efectos de lo dispuesto por el artículo 19, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se consideran como graves en contra de la seguridad de la nación, los delitos de portación y acopio de armas de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, previstos y sancionados en los artículos 83, fracciones II y III, y 83 Bis de esta Ley.

Artículo 83.-...

I. ...

II. Con prisión de cinco a diez años y de cincuenta a doscientos días multa, cuando se trate de armas comprendidas en los incisos a) y b) del artículo 11 de esta Ley, y

III. Con prisión de cinco a quince años y de cien a quinientos días multa, cuando se trate de cualquiera de las otras armas comprendidas en el artículo 11 de esta Ley.

ARTÍCULO TERCERO.Se reforma el artículo 4 en su párrafo segundo de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en materia de Hidrocarburos, para quedar como sigue:

Artículo 4. ...

Durante el procedimiento penal el Ministerio Público de la Federación solicitará la prisión preventiva como medida cautelar, sin perjuicio de solicitarla conjuntamente con alguna otra. En el delito de sustracción de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, el juez debe dictar la prisión preventiva oficiosa de conformidad con el artículo 19 Constitucional y el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

ARTÍCULO CUARTO.Se adiciona el artículo 163 a la Ley de Migración, para quedar como sigue:

Artículo 163. En el delito de tráfico previsto en el artículo 159, el juez debe dictar la prisión preventiva oficiosa de conformidad con el artículo 19 Constitucional y el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

ARTÍCULO QUINTO. Se reforma el artículo 166, en su fracción primera y se adiciona un segundo párrafo al artículo 191 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 166. ...

I. Si se trata de delitos de prisión preventiva oficiosa a que se refiere el artículo 19 constitucional, la suspensión sólo producirá el efecto de que el quejoso quede a disposición del órgano jurisdiccional de amparo en el Centro Penitenciario correspondiente en lo que se refiera a su libertad, quedando a disposición de la autoridad a la que corresponda conocer el procedimiento penal para los efectos de su continuación;

II. ...

...

...

...

Artículo 191. ....

Si el quejoso se encuentra en libertad, la suspensión a que se refiere este artículo no impedirá la ejecución de mandamiento judicial, siempre que se trate de delitos que, conforme al artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ameriten prisión preventiva oficiosa.

ARTÍCULO SEXTO.Se reforman los artículos 7, fracción XII; 31, fracción VIII; 114, fracción VII; y se adicionan una fracción VI al artículo 10, recorriéndose la actual numeración; el Capítulo VII Bis al Título Segundo con los artículos 33 Bis al 33 Quáter; las fracciones VI y VII al artículo 113; y un párrafo segundo al artículo 127 Bis, de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, para quedar como sigue:

Artículo 7.- Conforme a las bases que establece el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las Instituciones de Seguridad Pública de la Federación, las Entidades Federativas y los Municipios, en el ámbito de su competencia y en los términos de esta Ley, deberán coordinarse para:

I. a XI. ...

XII. Garantizar que todos los centros de readaptación social, establecimientos penitenciarios o centrosde internamiento especializados para adolescentes,federales o de las entidades federativas, cualquiera que sea su denominación, cuenten con equipos que permitan bloquear o anular de manera permanente las señales de telefonía celular, de radiocomunicación, o de transmisión de datos o imagen dentro del perímetro de los mismos;

XIII. a XVI. ...

Artículo 10. ...

I. a V....

VI. La Conferencia Nacional de Autoridades Administrativas Especializadas en Adolescentes;

VII. y VIII. ...

...

Artículo 31. ...

I. a VII. ...

VIII. Formular los lineamientos para que la federación y las entidades federativas cumplan, en el ámbito de sus competencias, con la obligación de adquirir, instalar y mantener en operación equipos que permitan bloquear o anular de manera permanente las señales de telefonía celular, de radiocomunicación, o de transmisión de voz, datos o imagen en el perímetro de centros de readaptación social, establecimientos penitenciarios, federales o de las entidades federativas, cualquiera que sea su denominación.

...

...

IX....

Capítulo VII BisDe la Conferencia Nacional de Autoridades Administrativas Especializadas en Adolescentes

Artículo 33 Bis. La Conferencia Nacional de Autoridades Administrativas Especializadas en Adolescentes estará integrada por los titulares de las autoridades administrativas especializadas en adolescentes o sus equivalentes de la Federación, los Estados y la Ciudad de México, y será presidida por el Comisionado Nacional de Seguridad, quien designará un Secretario Técnico encargado de apoyarlo en sus funciones.

Artículo 33 Ter. El Presidente de la Conferencia Nacional de Autoridades Administrativas Especializadas en la Adolescentes, podrá invitar a personas e instituciones por razón de los asuntos a tratar.

Artículo 33 Quáter. Son funciones de la Conferencia Nacional de Autoridades Administrativas Especializadas en Adolescentes:

I. Impulsar la coordinación del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes;

II. Promover la homologación de los mecanismos, sistemas y procedimientos en materia de justicia penal para adolescentes;

III. Proponer al Consejo Nacional, políticas y programas de atención a quienes se atribuya la realización de una conducta tipificada como delito por las leyes penales y tengan entre doce años cumplidos y menos de dieciocho años de edad, atendiendo a la protección integral y el interés superior del adolescente;

IV. Dar seguimiento a la ejecución de las políticas y programas en la materia;

V. Promover la coordinación y colaboración entre las autoridades administrativas especializadas en adolescentes y los integrantes del sistema integral de justicia penal en la materia;

VI. Formular, de conformidad con los criterios del Consejo Nacional, el Programa Rector de Profesionalización de las Instituciones especializadas para adolescentes en materia de ejecución de las medidas;

VII. Elaborar propuestas de reformas legislativas y ordenamientos administrativos en materia de justicia penal para adolescentes;

VIII. Integrar los Comités que sean necesarios para el desempeño de sus funciones;

IX. Fijar criterios uniformes para la regulación de la selección, ingreso, formación, permanencia, capacitación, profesionalización, evaluación, reconocimiento, certificación y registro de los operadores en el sistema integral de justicia penal para adolescentes, de conformidad con lo dispuesto en esta Ley y demás disposiciones aplicables;

X. Promover la capacitación, actualización y especialización conjunta de los operadores en materia de justicia penal para adolescentes, conforme al Programa Rector de Profesionalización;

XI. Promover mecanismos de coordinación, que coadyuven a una reinserción y reintegración social y familiar efectiva de los adolescentes con las otras instancias que integran el sistema integral de justicia penal para adolescentes;

XII. Promover la cultura de la paz, la legalidad, el respeto a los derechos humanos, la participación ciudadana y una vida libre de violencia;

XIII. Promover la homologación de criterios para la regulación e instrumentación de los Planes Individualizados de Actividades y de Ejecución, garantizando una atención integral al adolescente;

XIV. Proponer programas de cooperación internacional en materia de ejecución del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes;

XV. Promover la homologación de los mecanismos, sistemas y procedimientos de seguridad en los centros especializados para adolescentes;

XVI. Proponer criterios para eficientar los convenios que se celebren entre la Federación, los Estados y la Ciudad de México, a efecto de que los adolescentes que cumplan una medida indistintamente de la conducta cometida o por su ámbito de competencia, cumplan sus medidas en centros especializados dependientes de una jurisdicción diversa, con estricto apego a las disposiciones legales aplicables;

XVII. Promover la homologación entre la Federación, los Estados y la Ciudad de México para la creación de un sistema único de información, que permita la interconexión e interoperabilidad de los integrantes del sistema de justicia penal para adolescentes, quienes deberán alimentar dicho sistema con las actuaciones correspondientes;

XVIII. Promover la participación ciudadana para el fortalecimiento del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes en los términos de esta Ley;

XIX. Organizar seminarios, conferencias y ponencias relacionadas con la materia que le ocupa;

XX. Expedir sus reglas de organización y funcionamiento, con base en los elementos señalados en esta Ley;

XXI. Promover la uniformidad de criterios jurídicos, en materia de Justicia Penal para Adolescentes, y

XXII. Las demás que le otorga esta Ley y otras disposiciones aplicables y el Consejo Nacional.

Artículo 113. ...

I. a III....

IV. Nombre de quien o quienes hayan intervenido en la detención. En su caso, rango y área de adscripción ;

V. Lugar a donde será trasladado el detenido ;

VI. Fotografía a color del detenido de frente y perfil, y

VII. Fotografía panorámica del lugar de la detención, en su caso.

Artículo 114....

I. a VI. ...

VII. Otros medios o datos biométricosque permitan la identificación del individuo.

...

...

Artículo 127 Bis. ...

I. a IV. ...

Las autoridades competentes de la Federación y de las Entidades Federativas, en materia de Medidas Cautelares, Soluciones Alternas y Formas de Terminación Anticipada, deberán contar con la base de datos correspondiente que suministre el Registro Nacional en estas materias, para ello, deberán compartir la información con el Centro Nacional de Información en términos del artículo 110 de esta Ley.

ARTÍCULO SÉPTIMO.Se reforma la fracción I del apartado A del artículo 11 Bis; adiciona un párrafo cuarto al artículo 40; un último párrafo con los incisos a) y b) del artículo 139 Quáter; se deroga el inciso j) de la fracción I del artículo 85, todos del Código Penal Federal, para quedar como sigue:

Artículo 11 Bis. ...

A. ...

I.Terrorismo, previsto en los artículos 139 al 139 Ter , financiamiento al terrorismo previsto en los artículos 139 Quáter y 139 Quinquies y terrorismo internacional previsto en los artículos 148 Bis al 148 Quáter;

II. a XVI. ...

B. ...

I. a XXII. ...

...

a) a e) ...

...

...

Artículo 40. ...

...

...

Tratándose de bienes relacionados con la comisión de delitos en materia de propiedad industrial o derechos de autor determinados como susceptibles de donación, la Procuraduría General de la República, podrá proceder a ello para causas de asistencia social, previa inutilización de la marca registrada o cualquier distintivo, siempre que se cuente con la autorización que otorgue el titular del derecho patrimonial correspondiente.

Artículo 85....

I. ...

a) a i) ...

j) Se deroga.

k) y l) ...

II. a IV. ...

...

Artículo 139 Quáter. ...

I. ...

1) a 5) ...

II. ...

Las mismas penas previstas en el párrafo primero de este artículo, se aplicarán al que por cualquier medio que fuere, ya sea directa o indirectamente, aporte o recaude fondos económicos o recursos de cualquier naturaleza, con conocimiento de que serán destinados para financiar o apoyar viajes o traslados, en territorio nacional o al extranjero, de individuos u organizaciones terroristas, con cualquiera de los siguientes propósitos:

a) Planear, preparar, perpetrar o participar en la comisión, en territorio nacional o en el extranjero, de cualquiera de los delitos señalados en las fracciones I y II de este artículo, o

b) Proporcionar o recibir entrenamiento o adiestramiento para la comisión, en territorio nacional o en el extranjero, de cualquiera de los delitos señalados en las fracciones I y II de este artículo.

ARTÍCULO OCTAVO.Se adicionanun párrafo segundo al artículo 34, recorriéndose el actual y un párrafo segundo al artículo 70, de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público, para quedar como sigue:

Artículo 34. ...

Tratándose de bienes asegurados relacionados con la comisión de delitos en materia de propiedad industrial o derechos de autor, el SAE podrá donar bienes, previa inutilización de la marca registrada o cualquier otro distintivo, siempre que cuente con la autorización que otorgue el titular del derecho patrimonial correspondiente, para causas de asistencia social, de conformidad con las disposiciones aplicables.

...

Artículo 70. ...

I. a V....

Se exceptúan de lo dispuesto en la fracción I del presente artículo aquellos bienes que hayan sido determinados como susceptibles de donación para causas de asistencia social, en términos de las disposiciones aplicables.

ARTÍCULO NOVENO.Se reformael artículo 4, fracción I, apartado A), en su inciso j) de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, para quedar como sigue:

Artículo 4. ...

I. ...

A) ...

a) a i) ...

j) Realizar el aseguramiento de bienes de conformidad con las disposiciones aplicables, así como determinar dentro de la investigación si los bienes relacionados con la comisión de delitos en materia de propiedad industrial y derechos de autor son susceptibles de donación en términos de las disposiciones aplicables;

k) a w) ...

...

...

B. a D. ...

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas:

1 Al respecto, véase “Derecho fundamental del detenido a ser puesto a disposición inmediata ante el Ministerio Público. Elementos que deben ser tomados en cuenta por el juzgador a fin de determinar una dilación indebida en la puesta a disposición”. Localización: [TA]; 10a. Época; 1a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; Libro XX, Mayo de 2013; Tomo 1; Pág. 535. 1a. CLXXV/2013 (10a.). La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 92/2015, de la cual emanó una tesis jurisprudencial, señaló que: “la violación al derecho fundamental del detenido a ser puesto a disposición del Ministerio Público sin demora, genera la anulación de la declaración del detenido, así como la invalidez de todos los elementos de prueba que tengan como fuente directa la demora injustificada, y aquellas recabadas por iniciativa de la autoridad aprehensora, sin la conducción y mando del Ministerio Público (...)”. Al respecto, véase: Demora en la puesta a disposición del detenido en flagrancia ante el Ministerio Público. La valoración del parte informativo u oficio de puesta a disposición de los agentes aprehensores, deberá atender a la independencia fáctica y sustancial de la detención y la puesta a disposición. Localización: [J]; 10a. Época; 1a. Sala; Gaceta S.J.F.; Libro 33, agosto de 2016; Tomo II; Pág. 723. 1a./J. 8/2016 (10a.).

2 Miguel Ángel Aguilar López, Presunción de inocencia derecho humano en el sistema penal acusatorio (Apéndice de jurisprudencia relacionada - serie monografías), Instituto de la Judicatura Federal, en colaboración con la Suprema Corte de Justicia de la Nación, México, 2015, recuperado en: http://www.ijf.cjf.gob.mx/publicrecientes/2015/ Presuncion%20web.pdf.

3 En la exposición de motivos del Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, el Poder Revisor de la Ley fundamental expresó: “... Hasta el día de hoy, en nuestro país opera un esquema constitucional que presupone que un legislador puede tener más sensibilidad que un juez para tomar decisiones al respecto. Si el delito es legislativamente catalogado como “grave”, la persona habrá de permanecer en prisión preventiva”, consultada en Secretaría de servicios parlamentarios, Centro de documentación, información y análisis, Dirección de bibliotecas y de los sistemas de información, Reforma constitucional en materia de justicia penal y seguridad pública (Proceso Legislativo) (18 de junio de 2008), Cuaderno de apoyo, México, junio, 2008, p. 50, http://www.diputados.gob.mx/sedia/biblio/archivo/SAD-07-08.pdf.

4 Los derechos no son absolutos, sino que se pueden limitar o restringir en función de que:

• Se justifique que la restricción persigue un fin constitucionalmente legítimo, como lo es garantizar la seguridad pública, prevista en el artículo 21 de la Norma Fundamental.

• Se precise la razonabilidad e idoneidad de la medida.

• Sea proporcional en sentido estricto, esto es, que no sea posible alcanzar el fin propuesto, mediante una medida menos lesiva.

5 Procedimiento abreviado. La aceptación total del imputado de la acusación, en los términos en que la formula la Fiscalía o el Ministerio Público, tiene una consecuencia jurídica trascendental (legislación del estado de Durango). Localización: [TA]; 10a. Época; 1a. Sala; Gaceta S.J.F.; Libro 33, agosto de 2016; Tomo II; Pág. 785. 1a. CCXI/2016 (10a.).

6 Procedimiento abreviado. connotación y alcances del presupuesto de procedencia consistente en que “existen medios de convicción suficientes para corroborar la imputación”, previsto en el artículo 20, Apartado A, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Localización: [TA]; 10a. Época; 1a. Sala; Gaceta S.J.F.; Libro 33, agosto de 2016; Tomo II; Pág. 783. 1a. CCXII/2016 (10a.).

7 La Corte, al resolver diversos amparos que integraron jurisprudencia por reiteración (1a./J. 28/2016; 1a./J. 24/2014 (10a.); Tesis: 1a./J. 25/2014 (10a.), sostuvo que la presunción de inocencia se compone de tres vertientes, a saber: i) regla de trato procesal, ii) estándar de prueba o regla de juicio, y iii) regla probatoria. Al resolver el amparo directo en revisión 3457/2013, de cuya ejecutoria derivó una tesis aislada, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que el principio in dubio pro reo forma parte del derecho fundamental a la presunción de inocencia, en su vertiente de estándar prueba.

8 In dubio pro reo. El concepto de “duda” asociado a este principio no debe entenderse como la falta de convicción o la indeterminación del ánimo o pensamiento del juzgador. Localización: [TA]; 10a. Época; 1a. Sala; Gaceta S.J.F.; Libro 19, junio de 2015; Tomo I; Pág. 589. 1a. CCXVIII/2015 (10a.).

Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 9 días del mes de febrero del año 2017.— Diputados y diputadas: César Camacho Quiroz, Adriana del Pilar Ortiz Lanz, Adriana Sarur Torre, Adriana Terrazas Porras, Alberto Silva Ramos, Alejandro Juraidini Villaseñor, Alfredo Anaya Orozco, Alfredo Bejos Nicolás, Alma Carolina Viggiano Austria, Alma Lilia Luna Munguía, Álvaro Ibarra Hinojosa, Ana Georgina Zapata Lucero, Andrés Aguirre Romero, Arlet Mólgora Glover, Armando Luna Canales, Braulio Mario Guerra Urbiola, Cándida Ochoa Rojas, Carlos Barragán Amador, Carlos Federico Quinto Guillén, Carlos Iriarte Mercado, César Alejandro Domínguez Domínguez, Cesáreo Jorge Márquez Alvarado, David Mercado Ruiz, Dora Elena Real Salinas, Edgar Romo García, Edgardo Melhem Salinas, Edna Ileana Dávalos Elizondo, Emilio Enrique Salazar Farías, Enrique Rojas Orozco, Erika Lorena Arroyo Bello, Evelyng Soraya Flores Carranza, Fabiola Guerrero Aguilar, Felipe Cervera Hernández, Felipe Cervera Hernández, Fernando Navarrete Pérez, Fernando Quetzalcóatl Moctezuma Perada, Fernando Uriarte Zazueta, Fidel Almanza Monroy, Fidel Kuri Grajales, Flor Ángel Jiménez Jiménez, Flor Estela Rentería Medina, Gabriel Casillas Zanatta, Héctor Ulises Cristópulos Ríos, Heidi Salazar Espinosa, Hernán de Jesús Orantes López, Hugo Daniel Gaeta Esparza, Iveth Bernal Casique, J. Jesús Zúñiga Mendoza, Jorge Enrique Dávila Flores, José Hugo Cabrera Ruiz, José Luis Orozco Sánchez Aldana, José Refugio Sandoval Rodríguez, Juan Antonio Meléndez Ortega, Juan Manuel Cavazos Balderas, Juana Aurora Cavazos Cavazos, Laura Mitzi Barrientos Cano, Laura Nereida Plascencia Pacheco, Laura Valeria Guzmán Vázquez, Lía Limón García, Liliana Ivette Madrigal Méndez, Luis Felipe Vázquez Guerrero, Marco Polo Aguirre Chávez, María Angélica Mondragón Orozco, María Bárbara Botello Santibañez, María de la Paz Quiñones Cornejo, María Esther Guadalupe Camargo Félix, María Gloria Hernández Madrid, María Guadalupe Alcántara Rojas, María Marcela González Salas y Petricioli, María Soledad Sandoval Martínez, Mariana Benítez Tiburcio, Mario Machuca Sánchez, Martha Lorena Covarrubias Anaya, Martha Sofía Tamayo Morales, Matías Nazario Morales, Mercedes del Carmen Guillén Vicente, Miguel Ángel Ramírez Ponce, Nancy Guadalupe Sánchez Arredondo, Noemí Zoila Guzmán Lagunes, Nora Liliana Oropeza Olguin, Oswaldo Guillermo Cházaro Montalvo, Paloma Canales Suárez, Pedro Alberto Salazar Muciño, Próspero Manuel Ibarra Otero, Ramón Bañales Arambula, Ramón Villagómez Guerrero, Raúl Domínguez Rex, Ricardo David García Portilla, Ricardo Ramírez Nieto, Rocío Díaz Montoya, Rosa Alicia Álvarez Piñones, Rosa Guadalupe Chávez Acosta, Salomón Fernando Rosales Reyes, Samuel Alexis Chacón Morales, Santos Garza Herrera, Sara Latife Ruiz Chávez, Sofía del Sagrario De León Maza, Susana Osorno Belmont, Timoteo Villa Ramírez, Tristán Manuel Canales Najjar, Víctor Manuel Silva Tejeda, Vitalico Cándido Coheto Martínez, Yerico Abramo Masso, Yulma Rocha Aguilar (rúbricas).»

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias diputado César Camacho. Túrnese a la Comisión de Justicia para dictamen.

Aprovechamos para felicitar al doctor César Camacho con motivo de su cumpleaños. Muchas felicidades, diputado.

La diputada Ana Georgina Zapata Lucero (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: A ver, sonido en la curul de la diputada Zapata, Georgina Zapata. Adelante, diputada, ¿Con qué objeto?

La diputada Ana Georgina Zapata Lucero (desde la curul): Muchas gracias, señor presidente. Para pedirle de favor si le puede preguntar al diputado proponente, el doctor César Camacho, si nos podemos adherir a su iniciativa.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: El doctor Camacho está siendo objeto de muchas felicitaciones. ¿Doctor Camacho?

El diputado César Camacho (al pie de la tribuna): Sí.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Adelante, da su anuencia. Está a su disposición en la Mesa Directiva.



LEY FEDERAL DE DERECHOS

La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla:«Iniciativa que reforma y adiciona los artículos 271 y 275 de la Ley Federal de Derechos, a cargo de la diputada Claudia Edith Anaya Mota, del Grupo Parlamentario del PRI

La suscrita, diputada federal Claudia Edith Anaya Mota, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIII Legislatura correspondiente a la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 3, numeral 1, fracción VIII; 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, tiene a bien someter a consideración de esta Soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto, al tenor del siguiente

Planteamiento del problema

Actualmente, el Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de Estados y Municipios Mineros, por ley sólo atiende a:

• La construcción, remodelación y equipamiento de centros escolares, así como de espacios públicos urbanos;

• Obras de pavimentación y mantenimiento de calles y caminos locales, de instalación y mantenimiento de alumbrado público, respetuosas con el ambiente, así como de servicios públicos basados en la eficiencia energética y las energías renovables;

• Obras de infraestructura para la protección ambiental, como rellenos sanitarios, plantas de tratamiento de agua, instalación y mantenimiento de obras de drenaje público, manejo integral de residuos sólidos urbanos, mejora y monitoreo de calidad del aire, agua y suelo, así como para el suministro de agua potable;

• Obras que preserven áreas naturales, como por ejemplo protección, restauración, rescate o rehabilitación de ecosistemas acuáticos y terrestres, y para la conservación y aprovechamiento sustentable de la vida silvestre, y

• Obras que afecten de manera positiva la movilidad urbana, incluyendo sistemas de trenes suburbanos, metrocable de transporte o equivalentes, o cualquier otro sistema de transporte público respetuoso con el ambiente y de bajas emisiones de carbono.

A pesar de dos elementos: la rentabilidad de la actividad y los efectos sobre la salud de los habitantes.

Es loable que se realicen obras a favor de las comunidades; sin embargo, hace falta adicionar el componente de apoyo para la inversión en infraestructura para la atención de las enfermedades de las personas que viven en las proximidades de los centros mineros.

Es importante el desarrollo social, pero sin individuos sanos para que le disfruten, es innecesario que se invierta en obras, en ello radica la inversión en salud.

La presente iniciativa pretende adicionar el componente de infraestructura para la atención de la salud a los fines del Fondo.

Argumentos que la sustentan

La minería juega un papel fundamental en el desarrollo económico del país con la generación de empleos y derrama económica que se genera en las comunidades, municipio y entidades federativas donde se llevan a cabo estas actividades; sin embargo de igual manera existe una relación directa con la salud de población en las áreas donde están establecidas y para lo cual existen estudios y documentos que así lo establecen como lo señala la organización denominada hesperain health guides en su “guía comunitaria para la salud ambiental _2011” cap. 21, que cita:

La minería ocasiona accidentes serios, tales como incendios, explosiones, derrumbes de túneles y otros que afectan a los mineros y la gente que vive en las comunidades cercanas a las minas. Aun en lugares donde la minería se desarrolló en el pasado, la gente todavía está expuesta a riesgos contra la salud, por los desechos mineros y las sustancias químicas que quedan en la tierra y el agua. La minería daña la salud de varias formas:

Polvo, derrames químicos, humos dañinos, metales pesados y radiaciónpueden dañar a los trabajadores y causarles problemas de salud crónicos y también reacciones alérgicas y otros problemas de inmediato.

Levantar cosas pesadas y trabajar con el cuerpo en malas posturas puede producir daños en los brazos, piernas y espalda.

Uso de martillos neumáticos (martillos rompe-pavimento) u otra maquinaria vibratoriapuede ocasionar daño al sistema nervioso y la circulación de la sangre y provocar la pérdida de sensaciones, infecciones peligrosas como la gangrena y aun la muerte.

Ruido constante muy altode la maquinaria puede causar problemas de audición, incluyendo sordera.

Horas largas de trabajodebajo la tierra con poca luz puede dañar la visión.

Trabajar en condiciones de mucho calor sin tomar suficiente agua puede causar agotamiento por calor. Las señas incluyen: mareos, debilidad, latidos acelerados del corazón, extrema sed y desmayos.

La contaminación del agua y el excesivo usode los recursos de agua da lugar a muchos problemas de salud.

La destrucción de la tierrada lugar a la escasez de alimentos y al hambre.

La contaminación del aireproviene de las centrales eléctricas y las fundiciones construidas cerca de las minas ocasiona enfermedades graves.

Las estrategias de reclutamiento laboralque utiliza la industria minera para conseguir apoyo de una parte la población dan lugar a muchos problemas entre los miembros de la comunidad. Se crean desacuerdos entre amigos, dentro de las familias y entre familias que duran mucho tiempo y contribuyen a la desintegración social, al estrés personal y causan problemas de la salud mental a nivel comunitario.

Informe del Instituto Fraser, observa que el 74 por ciento de las concesiones para exploración minera en México son canadienses. Y, de acuerdo con el Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina, de norte a sur del país, al menos 17 mineras canadienses han dañado a comunidades mexicanas.

En este sentido, el Observatorio de Conflictos Mineros ha detectado 37 disputas en territorio nacional, de las cuales, 17 empresas de Canadá destacan en 19 de ellos. A continuación los casos:

1 El cerro San Pedro ubicado en San Luis Potosí, es una zona que no dispone de grandes cantidades de agua lo que hace más riesgosa la actividad minera. Desde la década de los 90 la empresa San Xavier opera comiéndose” al cerro para la extracción de oro.

2 Campesinos del ejido Huizopa, en Chihuahua, protestaron ante la Mina de Oro Dolores de la empresa Minefinders. El proyecto de extracción a cielo abierto, la Secretaría de Medio Ambiente solo dio el permiso de uso de suelo para 500 hectáreas, pero la firma ocupa 3 mil 458 hectáreas para sus labores.

3 La actividad de la empresa minera canadiense Great Panther contamina el agua de las presas La Soledad y La Esperanza en Guanajuato al arrojar fierro, manganeso, arsénico y selenio.

4 Desde el año 2008 BlackFire intentó explotar en el municipio de Chicomuselo, Chiapas, la mayor mina de barita del mundo, que prometía alcanzar un ritmo de producción de 360 mil toneladas anuales de esa piedra utilizada para la perforación petrolífera. Los campesinos de los ejidos Grecia y Nueva Morelia se opusieron. En noviembre de 2009 fue asesinado Mariano Abarca Roblero, miembro de la organización de derechos humanos “Dos Valles Valientes”. La mina fue cerrada.

La firma no puede operar hasta que cumpla las regulaciones ambientales exigidas. El yacimiento se encuentra clausurado.

5 Un estudio de la Secretaría de Salud y de la Comisión de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero (Capaeg) determinó en 2007 que existe contaminación grave en cuerpos de agua de Cocula, Guerrero, debido a derrames de arsénico de la empresa Media Luna, subsidiaria de Tex Gold.

6 La Mina de Oro Nacional,en la sierra alta de Sonora, está acabando con el pueblo de Mulatos. Su actividad de extracción ha dañado la salud de sus habitantes y compra las casas a precios muy baratos.

7 La Sierra de la Laguna, cadena montañosa en Baja California Sur, es una reserva ecológica protegida por su enorme variedad de especies endémicas. Sin embargo, desde el año 2010 Vista Gold intenta explotarla. Semarnat ha negado el permiso a la trasnacional para implementar el proyecto Paredones Amarillos también llamado Minera Concordia y posteriormente Los Cardones. La Secretaría realizó una consulta a los habitantes del estado sobre el proyecto y la mayoría lo rechazó.

8 Mediante engaños a la población campesina del ejido Carrizal, en Chiapas, funcionarios de la canadiense Linear Gold Corp obtuvieron un permiso de exploración que intentaron convertirlo en luz verde para la explotación.

Ha habido un detenido (ya liberado), hostigamiento policial y amenazas de muerte ante la resistencia de la población local y del Frente Regional Contra las Privatizaciones (FRCP-FNLS).

9 Las comunidades de San José del Progreso, Magdalena y otras localidades del municipio de Ocotlán, Oaxaca, acusaron que ilegalmente se entregaron concesiones a la empresa Natividad, de la canadiense Continnum Resosurces.

Tan solo en las actividades de exploración secaron manantiales y acuíferos de la zona de manera irreversible.

Los comuneros han tomado campamentos de la minera y cortado rutas de acceso, pero han sido reprimidos violentamente por la policía. Exigen la indemnización por los daños ecológicos.

10 El proyecto Caballo Blanco de la empresa canadiense Gold Groupse encuentra en Alto Lucero, Veracruz, a tres kilómetros de la central nuclear Laguna Verde, con la autorización ambiental de Semarnat y Profepa. Ha despertado fuerte oposición porque amenaza el medio ambiente y aumenta el riesgo de un accidente nuclear con consecuencias mortales. Además el área de actividad minera abarca manglares y vegetación.

De acuerdo con las imágenes publicadas por la propia empresa, se colocarán miles de toneladas de material removido en la cabeza de cuenca, las cuales serán objeto de deslaves severos cuyos sedimentos afectarán ríos, lagunas costeras y la ribera del mar de donde se extrae agua para el enfriamiento de los reactores de la nucleoeléctrica.

11 La empresa Almaden Minerals de Canadá efectúa dos trabajos tendientes a explotar yacimientos de oro, plata y cobre en la región de Ixtacamaxtitlán y uno más cerca de Tetela en Puebla. Las poblaciones se oponen, pero en 2010 se inició la instalación de barrenos para la exploración del subsuelo.

12 La oposición a la mina La Trinidad en Oaxaca de la canadiense Fortuna Silver tiene registros desde 2009. El activista Bernardo Méndez fue asesinado en 2012 durante un enfrentamiento con la policía municipal. Otro activista fue herido a balazos.

Meses después el activista Bernardo Vásquez también fue asesinado a tiros. Su hermano y amiga resultaron heridos en el ataque. Nadie fue detenido.

13 La empresa canadiense Araganout Gold planea instalar la mina San Antonio en la zona turística entre La Paz y Cabo San Lucas en el Golfo de California, pero su proyecto representa un riesgo para los acuíferos, riesgos a la salud por la contaminación del arsénico.

Los ejidatarios de la zona de Los Planes, San Antonio y San Luis han vendido o rentando sus terrenos y viven con la promesa de la generación de 350 empleos directos. Sin embargo, ciudadanos, investigadores, médicos y diversas organizaciones civiles, entre ellas el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, Niparajá, Medio Ambiente y Sociedad, y Agua vale más que oro, han emprendido una campaña contra las compañías mineras por el daño a los mantos acuíferos.

14 Habitantes del pueblo zapoteco Magdalena Teitipac “lugar sobre las piedras”, al centro de Oaxaca, decidieron en Asamblea General expulsar a la compañía minera Plata Real, filial de la canadiense Linear Gold Corporation, por la contaminación generada en sus mantos durante los trabajos de exploración en su territorio.

De acuerdo con la Secretaría de Economía, la concesión otorgada para explotar oro y plata era para mil 653 hectáreas a cambio de entregar a los comuneros una contraprestación de 15 mil dólares durante los dos primeros años y luego 20 mil hasta 2057. Pero los habitantes no desean que siga operando por los graves daños a sus ríos y mantos.

15 El conflicto entre la empresa canadiense Excellon Resources y el ejido La Sierrita en Durango se originó por una serie de violaciones al derecho a la tierra, territorio y bienes naturales de los ejidatarios, luego de una violación al contrato por parte de la minera.

En 2008 los comuneros aceptaron rentarles mil 100 hectáreas, pero desde 2011 comenzó a operar fuera del territorio acordado. Ejidatarios realizaron protestas frente a la minera, pero el 29 de agosto del 2012 el Gobierno Federal de Durango y del municipio de Mapimí llevaron a cabo un operativo con más de 100 elementos del Ejército, Policía Federal, estatal y municipal, apuntando con armas y exigiendo terminar con la protesta.

Las protestas continuaron, y se interpuso una demanda para anular el contrato ante el Tribunal Agrario para recuperar las tierras. El proceso judicial continúa.

16 La minera La Encantada, de la canadiense First Majestic Silver Corp, opera en el ejido Tenochtitlán en Ocampo, Coahuila, a pesar de que las tierras pertenecen a la comunidad desde 1973.

La Secretaría de la Reforma Agraria giró una orden para que se les entregaran los terrenos. Aun así no se ha ejecutado la acción de desalojo contra la empresa que sigue explotando el predio del que se saca plata y allí mismo la procesan, contaminando los terrenos ejidales con metales pesados.

La Encantada es la principal explotación de First Majestic en México, que en 2012 reportó una utilidad bruta de mil 464 millones 679 mil pesos, pero sólo pagó 0.004% (68 mil 160 pesos) por derechos mineros.

Cansados de tanto abuso y de no tener respuesta ni ayuda de las autoridades, los ejidatarios irrumpieron cortando el camino de la mina durante el mes de junio del año 2013, a los pocos días fueron criminalizados y hubo un saldo de 16 detenidos.

17 La empresa con capital canadiense Gabfer planea emprender un proyecto minero en la comunidad nahua de Zacualpan, Colima, pero sus habitantes se han resistido. Consignas como “Zacualpan libre de Minería” se han gritado en las calles de esta comunidad. Han exigido a las autoridades municipales la cancelación de las concesiones.

Durante febrero y marzo de 2014 realizaron cacerolazos y plantones fuera de la empresa.

18 El proyecto minero Del Toro, de la empresa multinacional First Majestic Gold Corp, ha contaminado el río San Rafael del municipio Chalchihuites, Zacatecas, lo cual ha provocado en sus habitantes alergias, infecciones en los ojos, malestares estomacales e incluso plomo en la sangre. Asimismo, el ganado que ha tomado agua de ese río ha muerto. Dentro de la minera solo el 10 por ciento del personal es originario del lugar.

19 La empresa de capitales mexicanos y canadienses, Samalayuca Cobre, desde el 2012 busca desarrollar un proyecto en la Sierra de Samalayuca, Chihuahua, ofreciendo una inversión por 4 mil millones de dólares.

Sin embargo, las comunidades están preocupadas debido a que el proyecto se encuentra en el polígono de los Médanos, un área natural donde se encuentra la fuente de abastecimiento de agua más importante de la ciudad.

Académicos y habitantes han exigido una investigación sobre el riesgo de contaminación y las estrategias ante la posible escasez de agua.

De acurdo con diversos estudios, los metales pesados se encuentran en los alimentos que comemos, el aire que respiramos, agua del grifo, entre muchas otras situaciones cotidianas. Algunos metales son necesarios ya que son minerales que nuestro cuerpo necesita, pero la mayoría de los metales pesados son tóxicos y causan cáncer, problemas de tiroides, deficiencias en el aprendizaje, problemas neurológicos, desequilibrios hormonales y muchos otros problemas de salud.

Estos metales son:

• Aluminio: Altos niveles de aluminio afecta al sistema nervioso, el hígado y los riñones. Los estudios sugieren que una acumulación de aluminio puede causar hiperactividad en los niños y la enfermedad de Alzheimer y la demencia senil en personas mayores.

• Mercurio: La toxicidad del mercurio se debe entre otras cosas pescados y mariscos de aguas contaminadas, el mercurio puede dañar al corazón, cerebro, pulmones, riñones, las glándulas suprarrenales, la hipófisis y las glándulas tiroides.

• Plomo: Altos niveles de plomo almacenado en los tejidos del cuerpo puede ser letal. Los síntomas de envenenamiento por plomo incluyen problemas de comportamiento, enfermedades del corazón, presión arterial alta, anemia y daño al corazón y al cerebro. El plomo también desplaza al calcio en el cuerpo.

Asimismo se tiene “la acumulación de polvo en los pulmones y las reacciones del tejido en presencia de este polvo”, estas se producen por contaminación del medio ambiente y del sitio de trabajo (Maldonado & Méndez, 1999).

En la actualidad es un problema importante de salud entre los trabajadores y en la comunidad. Es bien conocido que la relación entre la exposición a los polvos minerales y los efectos sobre la salud que produce dependen de la dosis acumulada, es decir, de la concentración del polvo en el aire y de la duración de la exposición y también del tiempo de permanencia de este polvo en los pulmones. Así mismo se sabe que existe un periodo de latencia entre el inicio de la exposición y el comienzo de las manifestaciones clínicas que puede ser más o menos largo dependiendo del tipo de neumoconiosis.

La silicosis es la neumoconiosis producida por sílice, o sea por la acumulación de sílice y silicatos (excepto el asbesto, silicato fibroso).

Los contaminantes del medio ambiente y del sitio de trabajo que producen silicosis se presentan en forma de polvo fundamentalmente los de origen mineral.

Si se considera el promedio de la composición química de la corteza de la tierra, resulta que el 98,6% está constituido por sílice y silicatos y solo el 1.4% restante, por otros elementos.

De acuerdo al DS 109, las enfermedades asociadas a la minería son las siguientes:

Lesiones del sistema nervioso central y periférico; encefalitis, mielitis, neuritis y polineuritis.

Lesiones de los órganos del movimiento: huesos, articulaciones y músculos; artrosis secundaria de rodilla, artritis, sinovitis, tendinitis, miositis celulitis y trastornos de la circulación y sensibilidad.

Lesiones de los órganos de los sentidos.

Enfermedades infecto-contagiosas y parasitarias: anquilostomiasis, carbunco cutáneo, brucelosis, tuberculosis bovina y aviaria, rabia, tétano, leptospirosis, infección por virus de la inmunodeficiencia adquirida, hepatitis B, hepatitis C, infección por hantavirus, fiebre Q.

Enfermedades generalizadas por acción de agentes biológicos: mordedura o picadura de arácnidos o insectos (abejas, arañas, escorpiones).

La tuberculosis es una de las enfermedades más mortales en el mundo, provocando la muerte de tres personas cada minuto. Anualmente, 9 millones de habitantes contraen el mal, y 1,5 millones fallecen a causa de él. La tuberculosis es un problema sobre todo en el sector de la minería en África meridional, un motor clave para el crecimiento económico. Los factores que contribuyen a esta elevada incidencia de tuberculosis entre los mineros incluyen la prolongada exposición al polvo de sílice, las malas condiciones de vida, la alta prevalencia del VIH, la pobreza y el desplazamiento circular de los mineros.

En particular en el estado de zacatecas y debido a las características geográficas, la presencia de pasivos ambientales y por lo observado a través de los resultados de los muestreos en agua, realizados por la Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios, se han identificado regiones con presencia importante de metales pesados en agua que rebasan los límites permisibles plasmados en la normatividad vigente en materia de salud y agua (modificación a la NOM-127-SSA1-1994).

Derivado de lo anteriormente expuesto y buscando dar cumplimiento al objetivo del Fondo Minero es elevar la calidad de vida de los habitantes de las zonas de extracción minera, a través de inversiones físicas con impacto social, ambiental y de desarrollo urbano, en 25 estados y 199 municipios, Es por ello que se considera fundamental que dentro de este se incluyan recursos para realizar acciones de infraestructura en salud, para cumplir con dicho objetivo y que permita entre otras cosas:

Contar con unidades de salud con los equipos e insumos necesarios para brindar una atención oportuna y de calidad, que esta sea integral a largo plazo para mineros, sus familias y las comunidades afectadas.

Habilitar plantas potabilizadoras ya que las existentes que no eliminan metales pesados y construcción de nuevas plantas potabilizadoras equipadas para la remoción de metales pesados así como garantizar los procesos de capacitación, operación, supervisión y mantenimiento de dichas plantas potabilizadoras.

Fortalecer y ampliar la infraestructura y la capacidad analítica de metales pesados y otros analíticos que puedan poner en riesgo la salud de la población expuesta, a fin de contribuir con la prevención contra posibles riesgos sanitarios que se derivan de estos contaminantes.

De igual manera es necesario y en coadyuvancia con otras dependencias con injerencia en problemáticas ambientales y de salud actividades de mitigación al cambio climático como el fortalecimiento e implementación de medidas en hospitales con energía limpia, huertos familiares orgánicos, azoteas verdes, y reforestación con especies que facilitan la remediación de suelos y aire.

De acuerdo con el Eco Portal, a lo largo de la actividad minera se genera el desprendimiento de sustancias tóxicas, estas son difundidas al medio ambiente ocasionando en diversos grados, el envenenamiento o intoxicación de las personas. Con la explotación del mineral, se depositan en el lugar a ser explotado miles de toneladas de dinamita, la dinamita emana altas concentraciones de nitratos y monóxido de carbono provocando a los trabajadores y pobladores que están en su alrededor graves impactos en la salud, como vómito, asfixia, decaimiento, irritación del tejido pulmonar, pérdida de la conciencia y muerte.

Las detonaciones, excavación, carga, transporte, trituración, almacenamiento, como actividades propias de la minería, generan polvo por el desprendimiento de partículas sólidas, estas contienen diversos minerales tóxicos-radiactivos que pueden ser arrastradas por el viento hasta 1000 kilómetros de distancia.

Eco Portal, señala que la presencia de sílice en el aire al ser respirado, conlleva a la pérdida de elasticidad y permeabilidad de la pared alveolar de los pulmones, obstruyendo el normal intercambio de oxígeno y salida de dióxido de carbono. La sílice que entra en los pulmones no sale de ellos y se mueve de célula en célula destruyendo todo a su camino. Las alteraciones que se presentan debido al sílice son irreversibles provocando la silicosis, la cual es una enfermedad progresiva y degenerativa. Quien la contrae no tiene la posibilidad de sanar, sólo se puede detener su avance. La silicosis tiene un largo período de incubación y puede tardar de 10 a veinte años en desarrollarse; en su etapa inicial presenta tos y secreción permanente, daños en los pulmones, falta de aire, coloración violácea de la piel, labios y mucosas; luego, se complica con problemas cardíacos, se acentúa la dificultad respiratoria, tos persistente con taquicardia; y en su etapa final, el tórax aparece aplastado, hay insuficiencia cardiaca, pérdida total de la capacidad de trabajo. La muerte sobreviene por agravamiento de estos síntomas, o, por contraer una enfermedad muy asociada a la silicosis como neumonía o tuberculosis.

El plomo ingresa al organismo por vía respiratoria, por ingestión, por la piel, provocando la enfermedad conocida como saturnismo, la misma tiene un desarrollo lento y tarda más de diez años en declararse abiertamente. Provoca un anormal intercambio de oxígeno y dióxido de carbono.

En las familias mineras los niños son afectados ocasionándoles pérdida de la capacidad de aprendizaje, retraso en el crecimiento, entre otras alteraciones.

Además, el doctor Fernando Urbano, en su artículo de Eco Portal, advierte que el polvo de plomo afecta al sistema nervioso, produciendo alteraciones de carácter, irritabilidad, insomnio, dificultad en la concentración y hasta disminución de la libido, en los nervios periféricos ocasiona dificultad en el movimiento de los miembros, puede ser causal de malformaciones congénitas, abortos, partos prematuros y otras alteraciones en el embarazo y el parto. También puede ocasionar insuficiencia renal.

La investigadora Leticia Bárcenas de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo señala que muchas y muy variadas eran las afecciones y enfermedades de los mineros, pero lamentablemente no se cuentan con registros que nos permitan conocer los grados de incidencias o las tasas de mortandad que supone muy altas dados repetidas observaciones de historiadores. Podemos, sin embargo, apunta la investigadora, definir algunas de las más comunes:

• Silicosis: Enfermedad pulmonar intersticial de origen ambiental producida por la inhalación de partículas de sílice libre o cuarzo cristalizado. La fibrosis pulmonar progresiva que se produce suele depender de la dosis que se inhala o inspire y puede ocurrir años después de su exposición.

• Blefaraconiosis: Incrustación en los párpados humanos de partículas de polvos minerales

• Anquilostomiasis: Enfermedad parasitaria producida por helmintos anquilostómidas. En el hombre es debida fundamentalmente al Ancylostomo duodenale,los que en su etapa adulta se localizan en las primeras porciones del intestino delgado (duodeno y yeyuno) donde producen multitud de pequeñas lesiones hemorrágicas en la mucosa, Considerando el hábito hematófago de estos parásitos la enfermedad produce una anemia que puede ser importante en función de la densidad parasitaria (pérdida de más de 200 ml de sangre al día por infestaciones y trastornos digestivos). El parásito se adquiere por penetración a través de la piel y en menor grado por ingestión. En el primer caso se produce la fase cutánea o síndrome de la larva migratoria cutánea. Antes de lograr su localización definitiva en el intestino las larvas que son transportadas por la sangre realizan un proceso de migración en los pulmones, en donde atraviesan la pared vascular y los alvéolos y trascienden a la traquea donde son deglutidos y alcanzan el intestino.

• Leptospirosis: Enfermedad infecciosa producida por diversas serovares de la especie patógena Leptospira interrogans. Se adquiere por el contacto con el agua contaminada por orina de animales infectados. La enfermedad puede cursar un cuadro benigno o maligno, como un cuadro de tipo gripal acompañado de fiebres cefáleas, dolores musculares y en casos benignos evoluciona a su curación y en los malignos aparecen complicaciones más o menos graves como disfunción hepática, (ictericia), disfunciones renales ( Oliguria), disfunciones neurológicas (meningitis) disfunciones respiratorias (hemoptisis, edema pulmonar)

A pesar de que el objetivo del Fondo Minero es elevar la calidad de vida de los habitantes en las zonas de extracción minera sólo atiende a la construcción, remodelación y equipamiento de centros escolares, así como de espacios públicos urbanos; obras de pavimentación y mantenimiento de calles y caminos locales, de instalación y mantenimiento de alumbrado público, respetuosas con el ambiente, así como de servicios públicos basados en la eficiencia energética y las energías renovables; obras de infraestructura para la protección ambiental, como rellenos sanitarios, plantas de tratamiento de agua, instalación y mantenimiento de obras de drenaje público, manejo integral de residuos sólidos urbanos, mejora y monitoreo de calidad del aire, agua y suelo, así como para el suministro de agua potable; obras que preserven áreas naturales, como por ejemplo protección, restauración, rescate o rehabilitación de ecosistemas acuáticos y terrestres, y para la conservación y aprovechamiento sustentable de la vida silvestre, y obras que afecten de manera positiva la movilidad urbana, incluyendo sistemas de trenes suburbanos, metrocable de transporte o equivalentes, o cualquier otro sistema de transporte público respetuoso con el ambiente y de bajas emisiones de carbono.

El Cuarto Informe de Gobierno de la Secretaria de Economía señala que el sector minero también es destacable, pues genera empleos bien remunerados, así como importantes montos de inversión que contribuyen a la derrama económica. México se situó en el quinto mejor destino para invertir en minería conforme al reporte de la empresa Behre Dolbear. El empleo en el sector minero-metalúrgico registró a 353,635 trabajadores asegurados en el Instituto Mexicano del Seguro Social, a junio de 2016.

La Inversión Extranjera Directa en México en el periodo de enero de 2013 al primer trimestre de 2016, ascendió a 109 mil 711 millones de dólares, lo que representó el cumplimiento de 69.6 por ciento de la meta planteada en el Programa de Desarrollo Innovador por un monto acumulado de 157 mil 595 millones de dólares, entre 2013 y 2018. La inversión extranjera directa fueron en Minería fue de mil 16.8 millones de dólares (4.5 por ciento).

Por otro lado, en materia de trámites de concesión minera para el aprovechamiento de los recursos mineros del territorio nacional, al cierre del mes de mayo de 2016 el Registro Público de Minería contó con un total acumulado de 25 mil 467 títulos de concesión minera vigentes en el país, los cuales ampararon una superficie de 22.58 millones de hectáreas, lo que equivale a cubrir el 11.5 por ciento del territorio nacional.

De septiembre de 2015 a mayo de 2016 se expidieron 446 títulos de concesión, con una superficie amparada de 1.01 millones de hectáreas. Las concesiones se concentraron principalmente en los estados de Sonora (17%), Durango (14%), Chihuahua (13%) y Zacatecas (9%). Por lo que respecta a Sociedades Mineras inscritas en el Registro Público de Minería, de septiembre de 2015 a junio de 2016 se registraron 79 nuevas sociedades mineras, de las cuales 61 cuentan con capital 100% nacional y 18 con participación extranjera.

En 2015 se inauguraron 11 nuevos proyectos, entre ampliaciones o reactivaciones de minas, destacando el proyecto el Boleo, de la empresa Minera y Metalúrgica del Boleo SAPI (Korean Resources), en el Municipio de Mulegé, Baja California Sur, con una inversión de 2 mil millones de dólares, misma que genera 1,282 empleos directos y 3,600 indirectos; el proyecto San Julián, de oro, plata, cobre, plomo y zinc, de Cía. Minera Fresnillo, con una inversión de 520 millones de dólares y 500 empleos directos y 2,500 indirectos en el estado de Chihuahua.

El desarrollo de nuevos proyectos estimuló el crecimiento del empleo. Al cierre de 2015 el empleo alcanzó una cifra de 344,912 trabajadores en el sector minero-metalúrgico, 1.25 arriba del empleo reportado al cierre de 2014. Sin embargo, al mes de junio de 2016 los empleos suman 353,635 trabajadores, lo cual representa un aumento de 0.5% con relación al mismo periodo de 2015

Por lo que respecta a Sociedades Mineras inscritas en el Registro Público de Minería, de septiembre de 2015 a junio de 2016 se registraron 79 nuevas sociedades mineras, de las cuales 61 cuentan con capital 100% nacional y 18 con participación extranjera.

Como se observa, la industria minera es una actividad en franco desarrollo que requiere ser responsable con el medio ambiente y con la salud de las personas que viven alrededor de los centros mineros.

La realidad nos obliga a que seamos coparticipes del bienestar de las personas, no sólo generando empleos sino resarciendo los efectos de la actividad que ha sido concesionada por el Estado, y que reclama reciprocidad.

Para ello, se propone la siguiente reforma legal:

Proyecto de reforma a la Ley Federal de Derechos para Adicionar el Componente Salud al Fondo Minero

Fundamento Legal.

Es por lo anteriormente motivado y fundado; y con base en lo que disponen los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 3, numeral 1, fracción VIII; 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, quien suscribe somete a consideración de esta Soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto.

Denominación del proyecto de decreto

Proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 271 y 275; y se adiciona la fracción VI al artículo 271 de la Ley Federal de Derechos.

Texto normativo propuesto

Artículo Único.Se reforman los artículos 271 y 275; y se adiciona la fracción VI al artículo 271 de la Ley Federal de Derechos, para quedar como sigue:

Artículo 271. ...

I. a III. ...

IV. Obras que preserven áreas naturales, como por ejemplo protección, restauración, rescate o rehabilitación de ecosistemas acuáticos y terrestres, y para la conservación y aprovechamiento sustentable de la vida silvestre;

V. Obras que afecten de manera positiva la movilidad urbana, incluyendo sistemas de trenes suburbanos, metrocable de transporte o equivalentes, o cualquier otro sistema de transporte público respetuoso con el ambiente y de bajas emisiones de carbono ; y

VI. Para infraestructura de atención a la salud.

Artículo 275. ...

...

...

...

Los ingresos que obtenga el Gobierno Federal derivado de la aplicación de los derechos a que se refieren los artículos 268, 269 y 270 de esta Ley, se destinaran a programas de infraestructura aprobados en el Presupuesto de Egresos de la Federación del ejercicio que corresponda; considerando los proyectos de infraestructura para atención de la salud de las personas de esas Entidades federativas.

...

Artículos Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. El Ejecutivo federal, contará con noventa días hábiles, a partir de la publicación del presente Decreto en el Diario Oficial de la Federación para actualizar el Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos para la aplicación de los recursos del Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de Estados y Municipios Mineros, publicado el 25 de septiembre de 2014

Notas:

1 http://www.vanguardia.com.mx/articulo/canada-ni-tan-amigo-del-mundo-ni-ambienta lista-en-mexico-ha-causado-severos-danos

2 http://www.ecoportal.net/Eco-Noticias/Mineria_a_cielo_abierto_impacto_en_la_sal ud_humana

3 Leticia Bárcena Díaz, La actividad minera en Pachuca y sus efectos en la salud en el siglo XVIII

4 http://www.gob.mx/sedatu/acciones-y-programas/fondo-minero-para-el-desarrollo-r egional-sustentable

5 http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/133498/Informe_ de_Labores_SE_2015-2016_VF.pdf

Dado en la sede de la Cámara de Diputados, a 14 de febrero de 2017.— Diputada Claudia Edith Anaya Mota(rúbrica).»

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Túrnese a la Comisión Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

PROPOSICIONES DE URGENTE RESOLUCIÓN



ELEVAR LOS MONTOS DEL ESTÍMULO FISCAL EN MATERIA DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS APLICABLES A LOS COMBUSTIBLES QUE SE ENAJENEN EN LA FRONTERA NORTE

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: De conformidad con el artículo 76, fracción IV del Reglamento de la Cámara de Diputados, tiene la palabra hasta por cinco minutos el diputado Edgardo Melhem Salinas, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que exhorta al Ejecutivo federal y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que eleven los montos del estímulo fiscal en materia del impuesto especial sobre producción y servicios aplicables a los combustibles que se enajenen en la frontera norte; suscrita también por los diputados Yahleel Abdala Carmona, María Esther Camargo Félix y Pedro Luis Coronado Ayarzagoitia, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

El diputado Edgardo Melhem Salinas:Con su permiso, señor presidente. Compañeras y compañeros, los diputados federales de la zona fronteriza de Tamaulipas venimos a exponer un punto de acuerdo de urgente resolución para solucionar una problemática que se ha vivido en la zona fronteriza de Tamaulipas y en muchos otros estados del país.

Básicamente, es respecto al subsidio que en el decreto del 23 de diciembre de 2016 se estipula como apoyo a la zona fronteriza. Hay diferentes zonas, está la zona de Tijuana y Ensenada, donde la gasolina más cara está en California y donde el subsidio es de manera mínimo; no representa más que 40 centavos.

Pero tenemos la gasolina más barata en el estado de Texas, en el estado de Tamaulipas, Coahuila y Chihuahua, donde el subsidio son casi tres pesos por litro de combustible. El decreto estipula que el subsidio lo aporten los gasolineros y que este sea acreditado contra el impuesto sobre la renta al final del mes.

Esto ha generado una gran inquietud que ya en los medios de comunicación se vieron los cierres de gasolineras en la frontera la semana pasada y también ha inducido a hacer un monopolio que solamente empresas como Petro-7, Oxxo gas o Hidrosina han podido aguantar esta carga fiscal y poder acreditarla al final del mes, lo que ha llevado a que los pequeños y medianos gasolineros de las zonas fronterizas se vean obligados algunos hasta cerrar y despedir personal, cayendo en una competencia desleal.

Como ejemplo les ponemos: les vende Petróleos Mexicanos a 14.80 en la frontera y quieren que la den con el subsidio a 12.89. Ha habido algunos avances en la ampliación del crédito por parte de la Secretaría de Hacienda y por parte de Petróleos Mexicanos y el compromiso de la devolución en 13 días, mismos que no han sido suficientes para darle una solución a la problemática, así nos lo han externado los empresarios de la zona norte de Tamaulipas.

Y yo aquí les pongo, porque el decreto es muy claro, dice que la gasolina en la frontera no puede estar 15 por ciento más cara que la gasolina en el sur de Texas. Y yo aquí les pongo el día de hoy con el dólar a 20.35, el precio del galón a dos dólares en promedio, el litro en el sur de Texas, está a 10.76 el día de hoy; y el litro de la gasolina Magna estaría con todo y subsidio a 12.89, lo que implica más del 15 por ciento que marca el decreto. Y si como muchas estaciones de gasolina continúan con el precio sin el subsidio, porque lo marca como opcional el decreto, estaría a 15.80, lo que quiere decir 50 por ciento más cara en la frontera norte del país, que en la zona sur de Texas; por eso, y esto también ha impactado.

La Cámara de Comercio en Matamoros ha señalado que las ventas en las gasolineras se han caído un 40 por ciento y éstas han aumentado en el sur de Texas, lo que nos indica que sí está impactando en la economía de las ciudades fronterizas. Por lo anteriormente, los diputados federales fronterizos de Tamaulipas, exponemos y proponemos a esta honorable asamblea, tres puntos:

1. Buscar los mecanismos, sentarnos nuevamente con la Secretaría de Hacienda y Petróleos Mexicanos para que el subsidio sea como siempre se ha hecho, que se aplique directamente en el precio que Petróleos Mexicanos les da a las gasolineras en la zona fronteriza; o, en su caso, poder darles una nota de crédito al gasolinero por el monto que implique el subsidio.

2. Tenemos que insistir en la homologación. Si queremos ser competitivos y dejarnos de tantos trámites.

Tenemos que buscar la homologación para poder, no en ni siquiera el 15 por ciento que marca el decreto de diciembre, lo que nos permitirá ser competitivos; queremos ver los mecanismos para que podamos hacer una revisión del IEPS y a la mejor buscar un IEPS fronterizo y poder darle lo que siempre ha tenido la zona fronteriza. Cada semana se revisa para poder estar en condiciones igualitarias con los precios del sur de Estados Unidos.

Finalmente, hacer una revisión de la zonificación. En el decreto del 23 de diciembre hay una zonificación de siete zonas en el país y en el acuerdo donde se dan a conocer finalmente cuáles son los precios por zonas, sacan a varios municipios; por lo menos en Tamaulipas, donde en una distancia de un kilómetro está un peso más cara la gasolina en un municipio de otro.

Por eso, compañeras y compañeros, en nombre de mis compañeros diputados federales tamaulipecos, ponemos a consideración de esta honorable asamblea este punto de acuerdo en beneficio de todas las familias de la frontera tamaulipeca y de la frontera del país. Muchas gracias.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal y la SHCP a elevar los montos del estímulo fiscal en materia del impuesto especial sobre producción y servicios aplicables a los combustibles enajenados en la frontera norte, con objeto de que los precios en México vuelvan a estar homologados con los promedios simples de precios en las ciudades fronterizas de Estados Unidos de América, suscrita por los diputados Yahleel Abdala Carmona, Edgardo Melhem Salinas, María Esther Camargo Félix y Pedro Luis Coronado Ayarzagoitia, del Grupo Parlamentario del PRI

Los suscritos, diputados por el estado de Tamaulipas, Yahleel Abdala Carmona, Edgardo Melhem Salinas, María Esther Camargo Félix y Pedro Luis Coronado Ayarzagoitia, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6, numeral 1, fracción I, 79, numeral 1, fracción II y numeral 2, fracción I del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

I. Con fecha 27 de diciembre de 2016, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se establecen estímulos fiscales en materia del impuesto especial sobre producción y servicios aplicables a diversos tipos de combustibles, en el cual dentro de sus considerandos, el titular del Poder Ejecutivo federal expresa de manera textual lo siguiente:

“Para 2017 es necesario mantener el estímulo fiscal actualizado a efecto de reflejar los movimientos de tipo de cambio monetario y de los precios del petróleo, así como establecer una relación más adecuada entre los precios relativos de los tipos de gasolinas.

Que para limitar la posibilidad de una afectación económica, en el consumo de los combustibles en la región colindante con los Estados Unidos de América, dada la diferencia de precios entre los dos mercados, resulta conveniente establecer un estímulo fiscal durante el ejercicio fiscal de 2017;

Que la aplicación de la política de precios homologados y escalonados en la frontera norte se realizaba atendiendo a los diferenciales de precios de dichos combustibles aplicables en el territorio nacional frente a los promedios simples de precios en las ciudades fronterizas de los Estados Unidos de América;”

II. En el mismo sentido, el artículo segundo del instrumento en mención establece en que consiste dicho estímulo y la forma en la que será aplicado, de acuerdo a lo siguiente:

“El monto del estímulo fiscal correspondiente a la totalidad de litros de gasolina enajenados en un mes de calendario se podrá acreditar contra el impuesto sobre la renta a cargo del contribuyente que deba enterarse en las declaraciones de pagos provisionales propios correspondientes al mes en que se llevó a cabo la enajenación de las gasolinas o en la declaración del ejercicio. Cuando se opte por aplicar el acreditamiento contra los pagos provisionales propios, el acreditamiento aplicado se considerará como impuesto efectivamente pagado.”

III. Si bien el otorgamiento del estímulo en mención es una buena medida para ayudar a la economía familiar de quienes habitamos en la frontera norte, el problema se encuentra en el mecanismo vigente para su aplicación, ya que además de ser optativa la misma, únicamente las grandes empresas o corporativos que muchas veces no tienen su domicilio fiscal en la frontera son los únicos que cuentan con la capacidad económica para absorber la aplicación del mismo, lo anterior a diferencia de los permisionarios locales, los cuales representan la gran mayoría de los existentes en la frontera y los cuales se están viendo afectados ante el riesgo de una inminente quiebra, ya que aun cuando el monto del estímulo les es acreditado en contra de otros impuestos a su cargo, estos no cuentan con los recursos económicos para absorber durante un mes o incluso más tiempo la diferencia entre el precio por litro pagado a Petróleos Mexicanos (Pemex) y el precio máximo que se tiene que dar al público en los términos de acuerdos tales como el 06/2017, ya que dicha diferencia representa un monto cercano a los 3.00 pesos por litro de combustible.

IV. Es necesario recalcar que resulta urgente la modificación del mecanismo antes mencionado a efecto de que el estímulo pueda ser aplicado de manera general por todas las estaciones de servicio, ya que para contextualizar la situación actual, sirva el caso de Nuevo Laredo, en donde existen 60 gasolineras de las cuales únicamente 10 se encuentran aplicando el estímulo, situación que se agrava en Miguel Alemán, en donde ninguna lo aplica.

Es importante mencionar que de acuerdo a la Federación de Cámaras de Comercio de Tamaulipas y de la Cámara de Comercio de Matamoros, las ventas de gasolina en la frontera sur de Estados Unidos subieron entre 45 y 50 por ciento tras el aumento de los combustibles automotores en México, lo anterior como consecuencia de que cuando no es aplicado el estímulo, los precios en México resultan mayores en un rango que oscila entre 30 por ciento y 31 por ciento y cuando sí es aplicado, la diferencia es cercana a 15-16 por ciento, situación que pudiera llegar a atentar contra lo establecido en el octavo párrafo de los considerandos del multicitado decreto, el cual a la letra señala que “en el periodo en que la región fronteriza esté sujeta a precios máximos de las gasolinas, el estímulo fiscal aplicable tiene el objetivo de limitar las diferencias entre los precios de dichos combustibles con la región colindante con los Estados Unidos de América a un máximo del 15 por ciento”, con el objeto de ilustrar lo anterior se pone como ejemplo la siguiente tabla:

V. Como es reconocido por el Ejecutivo federal por lo mencionado en el considerando I, la afectación económica en el consumo de combustibles en la frontera norte no sólo es una posibilidad, es una realidad, hecho indubitable de eso es que desde hace ya varios años, dicha zona contaba con precios homologados, los cuales se designaban atendiendo a los diferenciales de precios de dichos combustibles aplicables en el territorio nacional frente a los promedios simples de precios en las ciudades fronterizas de los Estados Unidos de América, por lo que en virtud de lo antes expuesto y con la intención de que la frontera norte del país pueda tener condiciones de mayor competitividad y preservar las fuentes de empleo existentes, es necesario que el mecanismo antes mencionado cambie y el estímulo sea aplicado de forma directa sobre las cuotas que correspondan, a efecto de disminuir éstas últimas, esquema que era aplicado anteriormente, permitiendo así que todos los distribuidores se encuentren en posibilidad de aplicarlo en beneficio de las familias de la frontera.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a consideración de esta soberanía, la aprobación de la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal, para que a efecto de proteger y buscar beneficiar la economía de las familias que habitan en la frontera norte del país, reforme el artículo segundo del decreto publicado con fecha del 27 de diciembre de 2016 mediante el cual “se establecen estímulos fiscales en materia del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios aplicables a los combustibles que se indican.”

Lo anterior a efecto de que el estímulo fiscal contenido en dicho decreto sea aplicado de forma directa al precio en el que se le vende la gasolina a los expendedores al público de combustibles, generando así las condiciones para que todos los ciudadanos de frontera puedan acceder a tener la gasolina más barata, ya que bajo el esquema actual resulta imposible que los expendedores locales absorban el monto correspondiente al estímulo de forma mensual en tanto se les realiza la acreditación o, en su caso, la devolución correspondiente por parte del Sistema de Administración Tributaria.

Segundo. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que en el ámbito de sus respectivas competencias, eleven los montos del estímulo fiscal en materia del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios aplicables a los combustibles que se enajenen en la frontera norte, lo anterior con el objeto de que los precios en México vuelvan a estar homologados con los promedios simples de precios en las ciudades fronterizas de los Estados Unidos de América.

Notas:

1 http://www.hoytamaulipas.net/notas/277619/Residentes-de-Matamoros-cruzan-a-Texa s-para-cargar-gasolina.html

2 Tipo de cambio de $21.20 al 26/01/17

3 Costo del galón de $1.99 USD al 26/01/17

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de febrero de 2017.— Diputados y diputadas: Edgardo Melhem Salinas,Pedro Luis Coronado Ayarzagoitia, María Esther Guadalupe Camargo Félix, Yahleel Abdala Carmona (rúbricas).»

Presidencia de la diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala

La Presidenta diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala: Para los efectos del artículo 100 del Reglamento de la Cámara de Diputados, consulte la Secretaría a la asamblea en votación económica si se considera de urgente resolución.

La Secretaria diputada Verónica Delgadillo García: Para los efectos del artículo 100 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se pregunta a la asamblea si se considera de urgente resolución. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señora presidenta, mayoría por la afirmativa.

La Presidenta diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala: Se considera de urgente resolución. En consecuencia, de conformidad con el artículo 113, numeral 1, fracción I del Reglamento de la Cámara de Diputados, se han registrado para hablar sobre el tema diversas diputadas y diputados. Tiene el uso de la palabra el diputado José Alfredo Ferreiro Velazco, del Grupo Parlamentario de Encuentro Social, hasta por tres minutos.

El diputado José Alfredo Ferreiro Velazco:Con la venia de la Presidencia. En Encuentro Social estamos de acuerdo en que tiene que haber un tratamiento distinto a la frontera norte.

La frontera norte durante muchos años fue un gran promotor del desarrollo del país. Muchos connacionales, muchos paisanos se fueron a vivir a la frontera norte; su crecimiento poblacional y económico fue de gran estímulo para el país; mucha industria se sentó en toda la franja fronteriza. Hemos hecho esfuerzos todos los de la zona fronteriza y en especial los que residimos en Baja California porque el desarrollo de las zonas fuera amplio y que ayudara a todas las familias que se fueran a vivir para allá de todo el país. Más del 50 por ciento de los residentes de Baja California son del resto del país. Y es por eso que en Baja California nos sentimos agraviados por lo que ha estado pasando estos últimos meses y años.

En Baja California como en todo el país sufrimos ataques para el tema del desarrollo de nuestra familia. Primero nos restringieron el uso de los vehículos de importación; nos incrementaron los impuestos a la importación; nos restringieron el uso de la moneda americana para poder hacer nuestras transacciones y este movimiento económico que tiene la frontera; después nos restringieron el uso de las cuentas en dólares tanto del lado americano como del lado mexicano; dieron un incremento importante al tipo de cambio que nos trae un incremento en precios en toda la franja fronteriza.

En los últimos seis, siete años es donde la inflación ha estado más elevada; cuando aquí en el centro del país anda en el 2 por ciento, 1 por ciento, en la franja fronteriza y sobre todo en Baja California, anda arriba del 5 por ciento la inflación.

Hoy con el incremento de la gasolina Baja California lo dice y lo ha dicho en sus manifestaciones, no soporta más incrementos a impuestos, gasolinas todos sus derivados, porque en Baja California como estado fronterizo, vemos la realidad que viven los ciudadanos, vemos una realidad los que vivimos en frontera cuando cruzamos al estado de California o al estado de Arizona, cómo de aquel lado los impuestos trabajan y de este lado vemos cómo batallamos para poder sobrevivir.

Es por eso que le pedimos al Poder Ejecutivo, le pedimos a este Congreso de la Unión que hay que revisar el desarrollo de la franja norte; necesitamos revisar y sentarnos para ver cómo vamos a impulsar ese gran desarrollo. Estamos enfrentándonos a un presidente estadounidense que trae medidas proteccionistas.

Ya es tiempo, no es el tema nada más de la gasolina, es un tema de desarrollo regional; por eso voy a pedirle a esta Cámara que esas comisiones que se han creado en forma especial, que nos sentemos a revisar.

Cuando estuvo el secretario Videgaray aquí en tribuna hace algunos meses hablamos de ese tema, y era importante, era importante que retomemos el tema de la frontera norte porque Proceso lo dice en su penúltima edición dice “La rebelión viene del norte”. Pero esa rebelión va a venir con ideas, con trabajo y con esfuerzo. Pedirles a todos que voleemos a ver la frontera norte para que haya un desarrollo equilibrado de todo el país. Muchas gracias.

La Presidenta diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala: Gracias, diputado. Tiene el uso de la palabra la diputada María Eugenia Ocampo Bedolla, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, por tres minutos, diputada.

La diputada María Eugenia Ocampo Bedolla:Gracias. Buenas tardes compañeras, compañeros. Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores, queremos un México en igual circunstancias y en iguales condiciones económicas para su crecimiento y mejora de vida de todas las mexicanas y mexicanos.

Me refiero a la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal, a que reforme el artículo segundo del decreto publicado en diciembre de 2016, para homologar los precios de los combustibles con los promedios simples de precios en las ciudades fronterizas con los Estados Unidos. El precio final de la gasolina lo determina el gobierno federal a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Por su parte, en el Congreso mexicano tenemos la facultad de establecer año con año y en la discusión del paquete fiscal los impuestos, en que el caso de la gasolina y el diésel son los IEPS, Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios, e IVA, el Impuesto al Valor Agregado.

La caída del costo internacional del petróleo propicio asimismo una caída importante en los ingresos derivados de la renta petrolera. Lo anterior, llevo a compensar a este sistema de recursos por un incremento de los IEPS. Derivado de lo anterior y para proteger las zonas específicas del país, el Ejecutivo Federal publicó en el decreto de diciembre de 2016, mediante el cual se establecen estímulos fiscales en materia de impuesto especial sobre la producción y servicios aplicables a diversos tipos de combustibles.

Lo anterior, en el caso del decreto, para limitar la posibilidad de una afectación económica en el consumo de los combustibles en la región colindante con los Estados Unidos de América. Dada la diferencia de precios entre los mercados, resulta conveniente establecer un estímulo fiscal durante el ejercicio fiscal 2017.

De este modo el decreto referido en su artículo segundo, otorga un estímulo fiscal durante el ejercicio fiscal del 2017 a las personas que cuentan con permisos expedidos por la Comisión Reguladora de Energía, para el expendio al público de petrolíferos en estaciones de servicio que estén ubicados en la franja fronteriza, 20 kilómetros paralela a la línea divisoria internacional con los Estados Unidos, consistente en una cantidad por litro de gasolina enajenada, aplicable en cada una de las zonas geográficas que el propósito del decreto refiere.

A pesar de lo anterior, el párrafo cuarto de dicho precepto, establece el monto del estímulo fiscal correspondiente a la totalidad de litros de gasolina enajenados en un mes de calendario. Se podrá acreditar contra el impuesto sobre la renta a cargo del contribuyente que debe enterarse en las declaraciones de pagos provisionales propios, correspondientes al mes en el que se llevó a cabo la enajenación de las gasolinas o en la declaración del ejercicio.

La redacción actual, como refiere el punto de acuerdo, hace un mecanismo establecido, no sea funcional para los permisionarios locales, mismos que se ven afectados al no contar con los recursos económicos suficientes para absorber durante un mes la diferencia entre el precio por litro pagado a Pemex y el precio máximo que tiene que dar al público, aunque estos recursos le vayan a ser acreditados eventualmente.

En Nueva Alianza coincidimos en que, para salvaguardar la viabilidad de la economía de la frontera norte del país, es preciso que sea reformado el multicitado acuerdo y que el estímulo fiscal contenido en dicho decreto sea aplicado de forma directa al precio en el que se vende la gasolina a los expendedores de los combustibles.

De este modo las y los diputados aliancistas demostramos nuestro compromiso con el bienestar de todos los mexicanos y sobre todo las condiciones de igualdad para la mejora de la economía de las familias mexicanas. Es cuanto, presidenta. Gracias por su atención.

La Presidenta diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala: Gracias, diputada. Tiene el uso de la palabra el diputado Jorge Álvarez Maynez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. Por tres minutos, diputado.

El diputado Jorge Álvarez Maynez:Con su permiso, diputadas, diputados. Cuando el jueves pasado nos informaron que el PRI había enlistado este punto de acuerdo no dábamos crédito, porque lo que confirma el punto de acuerdo que estamos discutiendo es que los dos argumentos que pusimos sobre la mesa el pasado 20 de octubre en la discusión de la Ley de Ingresos, y que todas las fuerzas políticas votaron a favor, incluyendo al PAN, salvo el PRI, que el PRI votó en contra, tenían una base de certidumbre, de razón que hoy el PRI viene a reconocer.

Primero que si era posible darle reversa al gasolinazo, a ese incremento brutal del 20 por ciento que tuvieron los mexicanos en enero en el precio de la gasolina, con el instrumento que nosotros planteamos en octubre y que volvimos a plantear en la Comisión Permanente, que era el IEPS, que era bajar el impuesto especial a la producción y servicios.

Y después que ese asunto de la liberalización era una falacia, era un engaño más del PRI; que eso de decir que ahora el mercado iba a fijar el precio de las gasolinas era una mentira, porque el PRI viene a querer hoy intervenir en el precio de las gasolinas para una región en específico del país, que eso es el tercer absurdo.

Cómo van a justificar los diputados del PRI aquí, de Zacatecas, de Jalisco, de Nuevo León, de Campeche, de Michoacán, de los estados que vengan, que sí, que los diputados del PRI de Tamaulipas sí se pusieron las pilas para trabajar un exhorto a reducir los precios de los combustibles en un estado, pero que ustedes se quedaron de brazos para el resto del país, de brazos cruzados frente a este absurdo incremento.

Cómo se va a votar un punto que dice que el IEPS sí se puede disminuir en un estado o en una región del país, y en las demás no. esto nos parece un absurdo de todo el cinismo que tenemos que condenar. No podemos admitir nosotros que este siga siendo el país en el que los ciudadanos gasten más en promedio de sus ingresos en la gasolina.

México es junto con Sudáfrica, el país en el que sus habitantes gastan más, destinan más porcentaje de sus ingresos al pago de combustibles, por dos razones; por una política equivocada con la reforma energética, por una política fiscal también equivocada que no solamente es el asunto del IEPS, también se aprobó aquí el incremento al IVA, el incremento al IVA en la frontera en varias ocasiones, que también impacta en el precio de los combustibles, y por el abandono del transporte público por parte de los gobiernos del PRI y del PAN, no solamente en la zona fronteriza, sino en todo el país.

Nosotros venimos a ratificar lo que dijimos aquí el 20 de octubre, lo que dijimos en diciembre, lo que dijimos en enero, es posible darle reversa al gasolinazo. Lo que la gente está exigiendo en las calles tiene una ruta y el punto que hoy viene a presentar el PRI aquí lo confirma.

No quisiera terminar esta intervención sin hacerle un llamado, por cierto y hablando de la zona fronteriza, al gobernador Francisco Vega, a que no se confunda, a que los ciudadanos que están en las calles de Baja California están exigiendo lo que tienen derecho de exigir, y que si están protestando por temas como este del gasolinazo, están haciendo uso de toda su libertad, de su derecho a la manifestación y de su derecho a la libre expresión. Que el gobernador Francisco Vega deje de reprimir manifestaciones ciudadanas que pelean por lo que los ciudadanos tienen derecho a pelear. Gracias, presidenta.

La Presidenta diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala: Gracias, diputado. Tiene el uso de la palabra el diputado Vidal Llerenas Morales, del Grupo Parlamentario de Morena.

El diputado Vidal Llerenas Morales:Con el permiso de la diputada presidenta. Interesante el punto de acuerdo que hoy se presenta, porque primero es el reconocimiento de que las gasolinas en México subieron, básicamente porque subió el IEPS a las gasolinas, que aprobó esta Cámara de Diputados con un amplio consenso.

Esto es el reconocimiento de que sí fue un tema tributario básicamente el que explicó un incremento en las gasolinas, que causó tanto descontento y tanta molestia en la ciudadanía. Eso, claro, sumado a la liberalización acelerada de los precios y a una reforma energética que no va a beneficiar a los consumidores.

Nosotros apoyaríamos este punto de acuerdo, pero vamos a hacer una propuesta de modificación y vamos a pedir que el voto de los diputados sea nominal a esta propuesta.

Nosotros queremos que efectivamente se puedan homologar los precios de Estados Unidos a la frontera norte, pero también al resto del país. Que en todo el país, cuando menos, los precios no sean más caros que en los Estados Unidos. Eso sí sería un acto de justicia para todos los mexicanos y cuando menos podemos enfrentar menores precios de las gasolinas.

Si fueran coherentes las fracciones parlamentarias de esta Cámara, pues votaríamos por la misma. Este es el momento de votar y rectificar lo que hicieron del incremento de los precios de las gasolinas.

Por cierto, a petición de Morena pedimos que la Comisión de Hacienda se reuniera ya para poder votar las leyes del IEPS y las leyes de Ingreso, pero eso no ha sucedido. En esta Cámara de Diputados existe una fracción parlamentaria, la del Partido Acción Nacional, que miente a los mexicanos, porque aunque preside la Comisión de Hacienda, esta no se ha convocado ni en diciembre ni en enero, violando el Reglamento de esta Cámara para discutir algo tan importante, como es la Ley de Ingresos y los IEPS a las gasolinas. Esta Cámara le debe a los mexicanos esa discusión.

Muchos de los que están aquí se comprometieron a revisar la liberalización de los precios y el IEPS y, ¿saben qué? No lo hemos hecho. No lo hemos hecho en el periodo extraordinario y tampoco en el ordinario, ¿cuándo se va a reunir la Comisión de Hacienda para discutir todas las propuestas que se han presentado para modificar la Ley del IEPS y la Ley de Ingresos de la Federación? Eso no ha sucedido, seguimos fallando.

Por lo tanto, nuestra propuesta es, que en el párrafo segundo se adicione la frase “en la frontera norte y en el resto del país”, para que sean todos los mexicanos los que reciban este beneficio.

Gracias al Partido Acción Nacional por seguir mintiendo a los mexicanos y no convocar a la Comisión de Hacienda. Gracias al PRI que nos da hoy la oportunidad de poderles decir que ustedes fueron los responsables del incremento en las gasolinas que estamos viviendo los mexicanos, y que ya es hora que lo discutamos con seriedad, no desaprovechemos este momento.

Si nos preocupa la frontera, por qué no nos preocupa también el resto de los mexicanos, y en este momento quede claro quién está a favor y quién está en contra de que las gasolinas sigan subiendo en México. Gracias.

La Presidenta diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala: Tiene el uso de la palabra la diputada María Ávila Serna, del Grupo Parlamentario del Partido Verde.

La diputada María Ávila Serna:Con su permiso, diputada presidenta. Compañeras y compañeros legisladores, la interdependencia constituye el estado natural de las cosas a lo largo y ancho de nuestra frontera norte, lo que acontece a un lado de la misma tiene definitivamente un impacto en el otro.

Dicha afirmación resulta aún más evidente en el área económica y comercial, pues la demanda de los distintos productos que se ofertan en los estados fronterizos de nuestro país es mucho más sensible a los precios que se fijan del otro lado de la frontera y el combustible no escapa a este racionamiento, por lo tanto, derivado de que a principios del mes pasado se dio un aumento de entre el 14 y 20 por ciento al costo de las gasolinas y el diésel, lógicamente hemos observado como dicha acción ha colocado a las ciudades fronterizas mexicanas en clara desventaja frente a las ciudades vecinas estadounidenses.

Para hacer frente a esta situación, el gobierno de la república emitió un decreto por el que se establecen estímulos fiscales en materia del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios aplicables a diversos tipos de combustible.

No obstante, las buenas intenciones planteadas por el decreto, creemos que este podría mejorarse para beneficiar a un mayor número de contribuyentes, pues además de que el acceso al estímulo es optativo, únicamente las grandes empresas que muchas veces no tienen su domicilio fiscal en la frontera, cuentan con la capacidad económica para absorber la aplicación inmediata del mismo.

Por su parte, los permisionarios locales, los cuales representan la gran mayoría en la frontera, y quienes se están viendo más afectados ante el riesgo de una inminente quiebra no cuentan con la solvencia suficiente para absorber durante un mes, o incluso más tiempo, la diferencia entre el precio por litro pagado a Pemex, aun cuando el monto del estímulo les es acreditado en contra de otros impuestos a su cargo.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, el Partido Verde Ecologista apoya la aprobación del presente punto de acuerdo por el cual se exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal para que a efecto de proteger y buscar proteger la economía de las familias que habitan en la frontera norte del país, reforme el artículo 2 del decreto publicado el 27 de diciembre de 2016 en el Diario Oficial de la Federación mediante el cual se establecen estímulos fiscales en materia de IEPS, aplicables a los combustibles que se indican.

Lo anterior a efecto de que el estímulo fiscal contenido en dicho decreto sea aplicado de forma directa al precio en el que se le vende la gasolina a los expendedores al público de combustibles, generando así las condiciones para que todos los ciudadanos de la frontera puedan acceder a precios más baratos de la gasolina, ya que bajo el esquema actual resulta imposible que los expendedores locales absorban el monto correspondiente al estímulo de forma mensual, en tanto se les realiza la acreditación, o en caso, la devolución correspondiente por parte del Sistema de Administración Tributaria.

Compañeras y compañeros legisladores, recordemos que la región fronteriza en el norte de nuestro territorio vive una dinámica diferente, especial y diferenciada a la del resto del país. Por lo tanto, debemos hacer todo lo posible por aminorar el impacto que ha tenido la liberación de los precios del combustible, pues a pesar de que ésta es una medida necesaria para no comprometer las finanzas públicas nacionales, se debe reconocer que las diferencias existentes entre un lado y el otro de la frontera pueden deteriorar significativamente las condiciones de vida de familias mexicanas. Es cuanto, señora presidenta, y por su atención, muchas gracias.

La Presidenta diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala: Gracias, diputada. Tiene el uso de la palabra el diputado Julio Saldaña Morán, del Grupo Parlamentario del PRD.

El diputado Julio Saldaña Morán:Con su permiso, diputada presidenta en turno. Pido la atención de los diputados y diputadas del pleno. Hoy es un tema que en lo personal, como integrante de la Comisión de Energía, como parte del Grupo Parlamentario del PRD, claro que vengo a esta tribuna y con mucho gusto.

Debo resaltar que hoy este exhorto que hace al Ejecutivo o el PRI no solo debe ser para dos estados. Esto habla y da muestra de que, si se puede en la frontera norte, se puede en todo el país. En esto quiero reconocer que se suman, se allanan a esta lucha social que el PRD ha mantenido, que la gasolina regrese a su precio que tenía en diciembre de 2016. Si se puede en el norte, si se puede en dos estados, ¿quién dice que no se puede para el resto del país?

Sí nos vamos a sumar, claro que sí nos sumamos, porque sentimos el dolor de cómo han lastimado la economía de todos los mexicanos. El combustible mueve toda la cadena productiva, por eso me pregunto muchas veces en el Grupo Parlamentario del PRD ¿qué parte de la economía lastimada no entiende el presidente de México, la Secretaría de Hacienda y el gobierno federal en sí?

No aguantamos más, vamos a sumar y vamos a votar a favor; pero no sin antes de comprometernos todos en que sí se puede bajar el precio de la gasolina. Desde luego que sí se puede. Hoy estamos abriendo una puerta, hoy estamos abriendo la puerta para darle entrada a la discusión para los siguientes estados, para el resto del país.

Voy a hacer mención de lo que realmente es el problema. En la anterior norma fiscal estábamos de manera competitiva, hoy, en la actualidad, la gasolina que se vende en el sur de Estados Unidos ha incrementado su venta del 45 al 50 por ciento, donde nosotros, de este lado, vecinos, frontera norte, la gasolina está al 30, al 31 por ciento más cara y aún con el estímulo engañoso, tóxico, vienen quedando el 15 por ciento más cara. En este sentido, vamos a acabar con empleos, con bienestar social y vamos a acabar con el desarrollo que se venía teniendo, pero no solo frontera norte, todo el país de México.

Por esa razón hacemos votos y nos da gusto, que hoy en este Congreso nos allanamos mucho y que estamos conscientes que esta medida de incrementar la gasolina, que solo es para darle gusto a particulares, y grandotes por cierto, y nos olvidamos de la población mexicana que va al día muchas veces. No olvidemos que la mayoría no tienen cómo moverse, tienen que usar diferentes transportes.

El Grupo Parlamentario del PRD, atento y consciente de que esta situación está perjudicando el bienestar de las familias que habitan, vuelvo a decirlo, frontera norte y todo el país mexicano, votaremos a favor de este exhorto al Ejecutivo federal para que eleven, desde luego, las consideraciones que hay que bajar el combustible para que esta economía siga caminando.

Voy a concluir, diputada presidenta, no sin antes reconocer que si hoy lo logramos estamos en vísperas de lograrlo para todo México. Mi voto es en ese sentido, que debemos de estar favoreciendo a las mayorías y no a particulares que son los que vienen a hacer el negocio.

En días pasados hicimos una pregunta y la vuelvo a hacer. He preguntado muchas veces...

La Presidenta diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala: Concluya, diputado, por favor.

El diputado Julio Saldaña Morán: ...el tiempo es de los mexicanos y voy a concluir. Que debemos de ser flexibles y que hoy estoy a gusto porque sí se puede y vamos a seguir trabajando para que los combustibles regresen a los precios de diciembre de 2016. Es cuanto, y muchas gracias por su atención.

La Presidenta diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala: Tiene el uso de la palabra, la diputada Leticia Amparano Gamez, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional.

La diputada Leticia Amparano Gamez:Buenas tardes, compañeros y compañeras diputadas, diputados. Iniciamos comentándoles que estamos felices. Estamos contentos de que por fin el Partido Revolucionario Institucional se esté sumando a la propuesta de Acción Nacional. A la propuesta que se hizo en la Permanente.

Hace mes y medio prácticamente estuvimos haciendo y liderando el diputado Everardo López y su servidora, haciendo la propuesta que es prácticamente lo mismo y celebramos la sensibilidad y la aceptación de que debemos actuar tal cual lo proponen en su punto de acuerdo.

Acción Nacional ha insistido y seguirá insistiendo en que el gobierno de la República debe corregir o rectificar la política fiscal que ha instrumentado desde hace cuatro años y que a todas luces ha resultado tóxica para nuestro país, y que agudiza sus efectos en determinadas regiones de la nación como es en la frontera norte, donde se ha perdido competitividad y se ha devastado la economía local.

A partir de enero de 2014, fecha en la que entró en vigor la reforma hacendaria en el incremento del impuesto al valor agregado del 11 al 16 por ciento, se registró un impacto negativo a la economía de los estados de la frontera norte.

Es de celebrarse este punto de acuerdo porque es un reconocimiento explícito de lo que ha sostenido Acción Nacional sobre el impuesto a las gasolinas y la afectación que ello origina en la economía familiar y regional no solo en la frontera norte, sino en todo el país, en todas nuestras fronteras; la del sur por supuesto se incluye.

Además, hay que señalar que el fondo fronterizo que se autorizó para esta región actualmente está resquebrajado y habría que hacer también una revisión que nos permita, que le permita al ciudadano de las fronteras, a las Pymes, a las pequeñas y medianas empresas que podamos accesar de una manera fácil y posible, porque generalmente no puede, no sabe cómo accesar el pequeño y mediano empresario.

Por otra parte, es un hecho que con los aumentos desproporcionados a las gasolinas, la frontera ha perdido competitividad económica frente a nuestra contraparte estadounidense y más lo empresarios gasolineros que están en una situación crítica.

Aunado a lo anterior, la canasta básica en los estados fronterizos de nuestro país, se ha encarecido y ello ya impacta a las familias más necesitadas. Sin embargo el hecho de hacer este exhorto, es un avance pero necesitamos ir más allá para resolver esta problemática; que no sea de palabritas, que sea de realidades.

Como lo hemos expresado, es necesario y más benéfico reducir la tasa del IEPS en la venta de gasolinas hasta en un 50 por ciento, como ya lo establecimos en una iniciativa de ley que presentamos en el pasado periodo del receso ante la Comisión Permanente y que fue votada por unanimidad, debo de comentárselos también.

Debemos tomar decisiones de fondo que contribuyan realmente a resolver los problemas económicos de los ciudadanos, y no sólo taparle el ojo al macho, compañeros y compañeras con medidas oportunistas que a la larga resultan insuficientes por ser electoreras.

La frontera norte cuya economía ha tenido luces y sombras por el comercio entre los estados fronterizos y los Estados Unidos, han permitido en su momento tener un crecimiento económico sostenido para la región que hoy se ve amenazada por el nuevo contexto internacional y por un gobierno de los Estados Unidos de América que es hostil hacia México.

Es por ello que votaremos a favor de este punto de acuerdo y exhortamos al gobierno de la república y a su partido a dar soluciones de fondo. Es cierto que llega mes y medio después, eso se ha encargado para darle respuesta a los mexicanos, los de a pie, los que están en las manifestaciones, los que están en la lucha, los que están diciendo lo que necesitan y desean de este gobierno, de este Ejecutivo; pero bienvenido, señores, bienvenida la propuesta del PRI,...

La Presidenta diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala: Concluya, diputada, por favor.

La diputada Leticia Amparano Gámez: ...porque se suman exactamente a la propuesta que tiene meses señalando Acción Nacional. Es todo. Gracias.

La Presidenta diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala: Gracias, diputada. Tiene el uso de la palabra la diputada Yahleel Abdala Carmona, del Grupo Parlamentario del PRI.

La diputada Yahleel Abdala Carmona:Muy buenas tardes a todos; con su permiso, señora presidenta; compañeras y compañeros diputados. A nombre del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, les pido que apoyen este punto de acuerdo que hemos presentado; les pido que apoyen a la frontera norte de nuestro país que en estos últimos tiempos estamos viviendo momentos difíciles de incertidumbre, golpeados por muchísimos temas, la inseguridad, el dólar que genera una gran inflación, la importación de vehículos.

En el mismo sentido, no podemos dejar de mencionar el tema migratorio, ante el cual, desde hace años todos los días recibimos a nuestros hermanos connacionales, enfrentando esta situación con unos recursos y con una infraestructura muy limitada. Aunado a ello, hoy se presenta otra problemática, el precio de las gasolinas en la frontera.

Gracias al esfuerzo que realizaron compañeros diputados del PRI en legislaturas pasadas, durante años los precios de la gasolina en las fronteras estaban homologados, permitiendo así una competencia leal de mercado. Que los ciudadanos mexicanos se quedarán en la frontera a comprar la gasolina y no fueran al país del norte, pero por desgracia esta situación ya llego a su fin.

El 27 de diciembre del 2016, salió publicado un decreto mediante el cual se otorgan estímulos fiscales a los combustibles en la frontera norte, que consisten en un subsidio de los 3 pesos por litro sobre el precio máximo de la gasolina en el interior del país. Y estipula también que la diferencia entre los combustibles de Estados Unidos y de la frontera de México, no debe ser mayor al 15 por ciento, cuando antes la diferencia era del cero por ciento.

El problema que existe es el siguiente. Primero, no es obligatorio que los gasolineros apliquen el subsidio, y eso afecta enormemente la economía de los ciudadanos de frontera. Porque en lugar de comprar la gasolina más barata, la están comprando más cara. Además, en el caso de que se aplique el estímulo, los gasolineros son los que tienen que absorber el subsidio, es ilógico. Cuando se ha visto que un beneficio que el gobierno va a otorgar a los ciudadano lo tengan que absorber los particulares.

Si bien, reconocemos y agradecemos que la intención de este decreto es beneficiar a los ciudadanos de frontera, tenemos que señalar que en la práctica no esta sucediendo. Y pongo el ejemplo claro de Tamaulipas, de casi 400 gasolineras únicamente 100 están aplicando el subsidio.

El diputado Vidal Llerenas Morales (desde la curul): Presidenta.

La Presidenta diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala: Diputada, permítame un segundo, por favor. Sonido en la curul del diputado Vidal Llerenas. ¿Con qué objeto, diputado?

El diputado Vidal Llerenas Morales (desde la curul): Con el objeto, uno, de a ver si la diputada me acepta una pregunta y, segundo, de hacerle de su conocimiento la proposición que tengo y que muchos diputados también tienen de que al final del segundo párrafo del punto de acuerdo, de que entiendo ella es proponente, se diga: en las ciudades fronterizas y en todo el país. Y si me acepta una pregunta.

La Presidenta diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala: Diputada, ¿Acepta la pregunta?

La diputada Yahleel Abdala Carmona: Si me permite terminar, diputado, con muchísimo gusto. Quiero terminar mi exposición.

El diputado Vidal Llerenas Morales (desde la curul): Claro.

La diputada Yahleel Abdala Carmona: La situación que antes les mencionaba ha generado que los ciudadanos que viven en la frontera de México prefieran adquirir la gasolina en Estados Unidos, porque al no estarse aplicando el subsidio la gasolina resulta 35 por ciento o hasta 40 por ciento más cara, generando así pérdidas económicas importantes en la economía local, pérdidas de empleo y esto no sucedía con la homologación.

En el mismo sentido no podemos dejar de señalar inconsistencias entre el decreto y el acuerdo, prueba del desconocimiento de la frontera, dejan fuera municipios fronterizos de mi distrito que tienen libre tránsito, libre cruce con Estados Unidos, y que la gasolinera en el extranjero está a tres kilómetros, generando pérdidas muy grandes.

Y un ejemplo, en Texas la gasolina está en 10.55 y en la frontera sin subsidio en 16.03. ¿Qué quiere decir? Que no se respeta el estímulo y que en lugar de ser un 15 por ciento la diferencia resulta hasta de 60 por ciento y si se aplicara el estímulo de 21 por ciento.

Reconocemos que todo el país tuvo incrementos en los precios de la gasolina, pero en la frontera norte fue aún más. A diferencia del interior del país que el incremento fue más-menos 2 pesos para nosotros fueron 5 pesos. Dejando claro que los diputados no establecemos los precios en los litros de la gasolina.

Compañeros, les pido por favor que apoyen este exhorto, este punto de acuerdo de urgente y obvia resolución. Apoyemos la frontera norte de nuestro país. Con el tema y la relación de Estados Unidos nos estamos viendo muy, muy mermados. Tenemos que reforzar la economía de nuestras fronteras. Nuestro principal interés...

La Presidenta diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala: Concluya, diputada, por favor.

La diputada Yahleel Abdala Carmona: Es con los ciudadanos. Nuestro principal compromiso es con la gente que representamos. Muchísimas gracias.

La Presidenta diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala: Diputada, ¿Acepta las preguntas?

La diputada Yahleel Abdala Carmona: No, no las acepto. Gracias.

La Presidenta diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala: Sonido en la curul de la diputada Cristina Gaytán. ¿Con qué objeto, diputada?

La diputada Cristina Ismene Gaytán Hernández(desde la curul): Obviamente no se nos permitió hacer preguntas. Entiendo que la diputada sus motivos tendrá y nosotros también tenemos motivos para decir que obviamente nos preocupan los mexicanos del norte del país, pero también nos preocupan los mexicanos del centro del país, del sur del país.

Mi pregunta para la diputada era cómo había votado ella en el tema del gasolinazo, porque eso sería importante para que esto no sea solamente una medida demagógica, sino que represente congruencia.

A mí me gustaría que el Grupo Parlamentario del PRI se comprometiera aquí a derogar los artículos que permitieron el gasolinazo. Así como nos piden apoyar esta iniciativa, que obviamente nos interesa y obviamente respaldaremos a los estados del norte, nosotros necesitamos el apoyo del Grupo Parlamentario del PRI para que con la mayoría que integra, con toda esta Cámara de Diputados, sean responsables y echen para atrás ese gasolinazo que está impactando la economía de todas y todos los mexicanos.

Queremos congruencia, no demagogia. Queremos apoyar y respaldar a todas y cada una de las mexicanas y los mexicanos, pero no vengan aquí a señalar que solamente sus propuestas son importantes, que solamente sus preocupaciones son importantes. Necesitamos echar atrás el gasolinazo y le pedimos al PRI congruencia. No al gasolinazo y echemos para atrás la reforma que permitió que este se diera.

La Presidenta diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala: Gracias, diputada. Su grupo parlamentario ya se pronunció y queda registrado en el Diario de los Debates.

Sonido en la curul del diputado Vidal Llerenas. ¿Con qué objeto, diputado?

El diputado Vidal Llerenas Morales(desde la curul): Con el... de acuerdo con el artículo 113 de nuestro Reglamento, la diputada me tiene que responder si acepta o no la propuesta que nosotros hicimos...

La Presidenta diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala: Ya contestó. La diputada respondió que no acepta preguntas, diputado.

El diputado Vidal Llerenas Morales (desde la curul): No, no, ella respondió que no aceptaba mi pregunta. Quiero saber si acepta nuestra propuesta de que este incentivo se dé a todo el país, no solo a la frontera norte. No hemos recibido una respuesta de los proponentes del punto de acuerdo sobre la misma y el 113 indica que los proponentes tienen que responder si lo hacen o no, a una petición.

La Presidenta diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala: Diputado, esa petición se dirige al grupo parlamentario promovente, no a la diputada que acaba de tomar el uso de la palabra. Por lo que le sugiero que haga su consulta con el Grupo Parlamentario del PRI, si acepta esa modificación.

Consulto al Grupo Parlamentario del PRI, si acepta o no la propuesta de modificación hecha por el diputado Vidal Llerenas. Diputado Edgardo. Sonido en la curul del diputado Edgardo Melhem.

El diputado Edgardo Melhem Salinas (desde la curul): La propuesta está realizada por diputados fronterizos para la zona fronteriza, así se queda.

La Presidenta diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala: Gracias. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se encuentra suficientemente discutido.

El diputado Mario Ariel Juárez Rodríguez(desde la curul): Presidenta.

La Presidenta diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala: Permítame, secretaria. Sonido en la curul del diputado Ariel Juárez, por favor.

El diputado Mario Ariel Juárez Rodríguez (desde la curul): Presidenta, nada más para decirle a los compañeros diputados Baltazar Hinojosa y los que están, no lo hagan como una cuestión de lavar sus culpas, porque ustedes votaron por la reforma energética como partido y ustedes como legisladores aprobaron el gasolinazo. Ustedes son diputados federales de todo el país y no nada más de su estado.

Baltazar Hinojosa, como ex candidato a gobernador te pido que tengas congruencia y que no traiciones y quieras lavarte las manos únicamente con los tamaulipecos. Eres representante federal de todo el país. No se vale que se parta el país nada más con la frontera.

La Presidenta diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala: Gracias, diputado. Su grupo parlamentario ya hizo el pronunciamiento en el debido momento.

El diputado Mario Ariel Juárez Rodríguez (desde la curul): Permítame, todavía no termino, déjeme terminar nada más.

La Presidenta diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala: Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se aprueba el acuerdo.

El diputado Mario Ariel Juárez Rodríguez (desde la curul): Que me deje terminar nada más, es lo único que le pido. En congruencia, lo que les planteo es...

La Presidenta diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala: Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se aprueba el acuerdo.

El diputado Mario Ariel Juárez Rodríguez (desde la curul): Hay que pedir que sea para todo el país, no nada más para Tamaulipas. Nosotros votamos a favor de su punto de acuerdo, a mano alzada. Pero lo que no se vale es que lo quieran sectorizar nada más para lavarse la cara, porque ustedes traicionaron al pueblo de México, los 193 diputados del PRI.

La Secretaria diputada Verónica Delgadillo García: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta si se aprueba el acuerdo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa...

La Presidenta diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala: Continúe, Secretaría.

La Secretaria diputada Verónica Delgadillo García: Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señora presidente, mayoría por la afirmativa.

La Presidenta diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala: Aprobado. Comuníquese.

De conformidad con el Reglamento de esta Cámara, cada grupo parlamentario tuvo el uso de la palabra, tuvo su pronunciamiento respecto al punto de acuerdo que se acaba de aprobar.

La diputada Norma Rocío Nahle García(desde la curul): Presidenta.

La Presidenta diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala: Sonido en la curul de la diputada Rocío Nahle, por favor.

La diputada Norma Rocío Nahle García (desde la curul): Presidenta, con el debido respeto, usted que dirige esta Mesa tiene que darle el uso de la palabra a quien lo solicita, es una arbitrariedad lo que está haciendo.

Y aquí voy a pedirle, de la manera más atenta, al presidente Bolaños, que tengan una capacitación. Estábamos varios diputados pidiendo la palabra y no sabía usted para qué, era su obligación darnos el uso de la palabra. Es una violación y es una arbitrariedad, vamos a poner un extrañamiento a la Mesa Directiva.

La Presidenta diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala: Pido a la Secretaría le dé lectura al artículo 113, numeral 1, fracción I.

La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla: Artículo 113, número 1. Las proposiciones consideradas de urgente u obvia resolución por el pleno se discutirán en un solo acto de la siguiente forma.

Número 1. A través de la lista de oradores, uno por cada grupo, así como un diputado o diputada independientes, propuesto entre ellos, quienes podrán hablar hasta por tres minutos. Es cuanto.

La Presidenta diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala: Gracias, secretaria. Esta Mesa Directiva ha sido estrictamente apegada al Reglamento, se ha dado el uso de la palabra a las personas que lo han pedido. Continuamos con el orden del día...

El diputado José Clemente Castañeda Hoeflich(desde la curul): Presidenta.

La Presidenta diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala: Sonido en la curul del diputado Clemente Castañeda, por favor.

El diputado José Clemente Castañeda Hoeflich (desde la curul): Gracias, presidenta. Antes de subir a la tribuna, yo le pediría que agotáramos la discusión del punto en el que estamos, me parece que es lo conducente de acuerdo a la normatividad que usted acaba de citar. Le agradecería mucho lo hiciera oportunamente.

La Presidenta diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala: Diputado, el asunto ya ha sido agotado, fue votado y estamos dándole seguimiento al orden del día. El asunto ya fue votado y fue aprobado.

A ver...

Yo consulté a la asamblea si estaba suficientemente discutido, fue suficientemente discutido, así lo aprobó el pleno y después se consultó la aprobación del punto. Así consta en la versión estenográfica, diputado.

La secretaria del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, quien está conduciendo la Secretaría fue quien hizo la consulta de la votación y fue aprobado. Así consta la versión estenográfica y voy a dar la instrucción de que se les envíe la versión estenográfica donde queda establecido lo que acabo de referir. Tiene el uso de la palabra el diputado Clemente Castañeda, por favor.

El diputado Jorge Triana Tena(desde la curul): Presidenta.

La Presidenta diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala: Sonido en la curul donde se encuentra el diputado Jorge Triana, por favor.

El diputado Jorge Triana Tena (desde la curul): Gracias, diputada presidenta. A ver, aquí hay una confusión sobre el orden en el que se hizo la votación, sobre la consulta que se hizo para ver si el proyecto estaba suficientemente discutido y sobre la votación del fondo.

Creo que no nos cuesta nada que en este momento se vuelva a preguntar a la asamblea si el asunto se encuentra suficientemente discutido. Esta es una votación económica, lo votamos y volvemos a votar el fondo para terminar con cualquier tipo de controversia que haya al respecto. Gracias.

La Presidenta diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala: Sonido en la curul del diputado Maynez, por favor.

El diputado Jorge Álvarez Maynez(desde la curul): En primera, quiero que se registre en el Diario de los Debates que sin ninguna razón usted hizo un uso partidista de la Presidencia de esta Mesa Directiva, al no cederme el uso de la voz en el momento en el que se lo solicité y cedérselo al Grupo Parlamentario del PAN. Sin ninguna justificación legal para ello.

En segunda, reiterarle que el punto en discusión no se ha votado y usted llamó, sin votar y sin agotar un punto, a un diputado para el siguiente punto en el orden del día. Eso es violatorio del reglamento. Está poniendo en peligro con su conducción la legalidad de esta sesión.

En tercero, yo también quiero preguntarles, con base en el 113, a los diputados del PRI. Porque usted dijo: “Se le consulta al Grupo Parlamentario del PRI”. Quiero preguntarles a los diputados del PRI que no son de la frontera norte, a todas y a todos los diputados del PRI que no son de estos estados fronterizos, si no están de acuerdo en que este esfuerzo que le pedimos al gobierno federal para disminuir los precios de las gasolinas en la frontera norte lo hagamos en el resto del país.

A las diputadas y a los diputados fronterizos del PRI los felicito por rectificar, pero a las diputadas y a los diputados del PRI que no son de la frontera norte les pregunto si están o no están de acuerdo con que se sustituya “habitan en la frontera norte del país” por “habitan en territorio nacional”, en el primer resolutivo. Y sustituir “que se enajenen en la frontera norte” por “que se enajenen en el país” en el segundo resolutivo, que aún no se ha votado. Gracias, presidenta.

La Presidenta diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala: Gracias, diputado. Le voy a comentar que la conducción de esta Mesa Directiva en ningún momento ha sido partidista ni ha sido subjetiva. Me he conducido conforme al reglamento y he dado el uso de la voz a las personas que lo han pedido. Y lo he hecho cumpliendo con el reglamento y la ley. No he sido partidista.

Sonido en la curul del diputado Jorge Carlos Ramírez, por favor.

El diputado Jorge Carlos Ramírez Marín(desde la curul): Gracias, presidenta. Ratifico lo que usted acaba de decir, estábamos siguiendo este debate. Cada grupo parlamentario tuvo la oportunidad de expresar sus opiniones tal y como estaba programado en esta Cámara y como lo hemos hecho cientos de veces, que algunos grupos parlamentarios a falta de argumentos y a falta de riqueza territorial, porque solo representan a unos cuantos, pretendan cambiar el sentido de la votación, eso no lo vamos a permitir.

Estamos votando porque se reestablezca a la frontera lo que tenía, nada más. No estamos votando el precio de las gasolinas. No estamos votando el IEPS, no lo estamos votando. Proceda usted, a repetir la votación, y que quede claro, quienes quieren ayudar a la frontera y quienes, no.

La diputada Hortensia Aragón Castillo(desde la curul): Presidenta.

La Presidenta diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala: Sonido en la curul de la diputada Hortensia Aragón, por favor.

La diputada Hortensia Aragón Castillo (desde la curul): Presidenta, primero hacer una recomendación a la Junta de Coordinación Política de esta Cámara, para que en lo subsecuente dejen de tomar acuerdos al margen de lo que establece la Ley Orgánica, que implica la votación en los tableros de los acuerdos de urgente u obvia resolución, como lo dice el artículo 139.

Primero, porque varios de los temas que han entrado en conflicto aquí en el pleno ha sido por los acuerdos que se dan en la Junta de Coordinación, que lo comparten, todos o la mayoría, no estoy ahí, pero debieran de ser lo más apegados a lo que establece la Ley Orgánica; primero.

Y segundo, yo me sumo a los que han estado planteando que se repita el procedimiento, porque en lo personal yo debo dejar clara mi votación como persona que habita, vive y sabe lo que son las condiciones de la frontera hoy en día.

Me gustaría mucho que repitiera la votación, porque no fue clara y quiero que eso quede bien claro para quienes nos escuchan y nos ven en el Canal del Congreso.

La Presidenta diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala: Gracias, diputada. No obstante de que esta Mesa se ha conducido con apego al Reglamento, atendiendo la solicitud desde los grupos parlamentarios, instruyo a la Secretaría que consulte, nuevamente, en votación económica, si se aprueba el acuerdo.

La Secretaria diputada Verónica Delgadillo García: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica, se pregunta si se aprueba el acuerdo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señora presidenta, mayoría por la afirmativa.

La Presidenta diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala: Esta votación ratifica lo que se había aprobado. Comuníquese.

Continuamos con la sesión.



PONER FIN AL CONFLICTO ENTRE LAS COMUNIDADES WIXÁRIKA Y LOS GANADEROS NAYARITAS EN EL POBLADO DE HUAJIMIC, MUNICIPIO DE LA YESCA, NAYARIT

La Presidenta diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala: De conformidad con el artículo 76, fracción IV del Reglamento de la Cámara de Diputados, tiene la palabra, por cinco minutos, el diputado Clemente Castañeda, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, para que a la brevedad realice las acciones necesarias para poner fin al conflicto entre las comunidades de Wixárika y los ganaderos nayaritas en el poblado de Huajimic, municipio de la Yesca, Nayarit.

El diputado José Clemente Castañeda Hoeflich:Compañeras y compañeros diputados. Cuando se tiene que acudir a la máxima tribuna de este país para pedir que se respete la ley, para pedir que se respeten los derechos, para pedir que se ejecute una sentencia judicial, es que algo está muy mal en nuestras instituciones y en el orden público.

Desde hace varios años las comunidades huirráricas del norte de Jalisco, que colindan con Nayarit, viven una situación de vulnerabilidad, de indefensión y de incertidumbre por la posesión de sus tierras. En particular en la comunidad de Huajimic en la Yesca, Nayarit, desde hace años se presenta la problemática de la ocupación de tierras por parte de ganaderos nayaritas.

Desde al año 2007 las comunidades huirráricas han iniciado una batalla jurídica que lleva ya algo así como 45 juicios para recuperar sus tierras. El Tribunal Agrario del distrito 56 de Tepic, resolvió el 22 de septiembre que la posesión de estas tierras les corresponde a las comunidades huirraritari de San Sebastián Teponahuaztlán y de Tuxpan de Bolaños.

Sin embargo, hasta este momento los ganaderos nayaritas continúan ocupando ilegalmente estas tierras, ante lo cual muchas de las autoridades involucradas han hecho caso omiso.

La invasión de tierras de las comunidades indígenas desde luego ha generado una gran tensión en la región y una grave confrontación entre las comunidades y los ganaderos, orillando incluso a un posible escenario de creación de autodefensas, lo que sin duda pondría en riesgo la seguridad y la integridad de toda la población.

No puedo dejar de mencionar que el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano a través del diputado Víctor Sánchez, de la diputada Victoria Mercado, han insistido en los últimos meses sobre este tema y se han presentado distintos puntos de acuerdo, mismos que no han sido, desafortunadamente, dictaminados.

Por ello y porque la situación resulta inaceptable, es que el día de hoy hacemos esta proposición de punto de acuerdo, sin ambigüedades, para que se realicen dos cosas elementales con base en la ley:

Primero, que la propia Sedatu haga todo lo necesario para cumplir la sentencia que le restituye las tierras a las comunidades Wixárikarias, esto ya no sólo se trata de una demanda histórica o de restituir a los pueblos indígenas su territorio, se trata simple y sencillamente de respetar y garantizar el Estado de derecho.

Y segundo, pedirles respetuosamente a los gobernadores de Jalisco y de Nayarit que en el ámbito de sus atribuciones y de su competencia, garanticen la seguridad de las comunidades en conflicto, evitando que esta situación se agrave y se convierta en algo que podamos lamentar todavía más.

Desde Movimiento Ciudadano no podemos dejar de señalar que cuando pedimos desde esta Cámara de Diputados simple y llanamente se respete la ley; lo que estamos haciendo es un llamado a la responsabilidad, a la cordura, para que no suceda lo que podía devenir en un conflicto de grandes dimensiones entre Jalisco y Nayarit.

Y lo quiero dejar muy claro porque no se trata solamente de hacer valer lo que todos nos hemos comprometido en distintas ocasiones para hacer respetar los derechos de las comunidades indígenas, ni siquiera es esto lo que estamos discutiendo, lo que estamos discutiendo es que se respete la ley, que se ejecute una sentencia judicial y que se garantice, sobre todo, la integridad física de quienes viven en estas comunidades. Muchas gracias.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sedatu a realizar con la mayor brevedad acciones para finalizar el conflicto entre las comunidades wixárika y los ganaderos en Huajimic, de La Yesca, Nayarit, conforme a los términos de la sentencia dictada por el Tribunal Unitario Agrario Distrito 56 de Tepic, a cargo del diputado Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

El suscrito, Clemente Castañeda Hoeflich, diputado integrante del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo señalado en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, somete a consideración la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se exhorta a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano para que a la brevedad realice las acciones necesarias para poner fin al conflicto entre las comunidades wixárika y los ganaderos nayaritas en el poblado de Huajimic, municipio de La Yesca, Nayarit, respetando los términos de la sentencia dictada por el Tribunal Unitario Agrario Distrito 56 de Tepic, Nayarit, que favorece a las primeras; al tiempo que se exhorta a los Gobernadores de los estados de Jalisco y Nayarit para que garanticen la seguridad e integridad de las mencionadas comunidades, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

I. El pueblo wixárika, conformado por comunidades indígenas asentadas principalmente en Jalisco, Nayarit, Durango y Zacatecas, ha experimentado múltiples invasiones en sus territorios. Estas comunidades son poseedores de gran cantidad de territorios enclavados en la Sierra Madre Occidental, reconocidos por Títulos Virreinales otorgados por la Corona Española.

En la actualidad, las comunidades wixáritari de Sebastián Teponahuaxtlán y Tuxpan de Bolaños, ubicadas en el municipio de Mezquitic, Jalisco, enfrentan alrededor de 47 juicios agrarios de restitución de tierras, de los cuales, por sentencia ejecutoriada el 22 de septiembre del año pasado, lograron recuperar 184 hectáreas de las 10 mil que están en proceso.

Los predios recuperados (Bola Negra y Piedra Bola), se ubican en Huajimic, municipio de La Yesca, Nayarit, y se consideran una de las zonas ganaderas más importantes de la entidad. Desde hace varios años, estas tierras han sido ocupadas por ganaderos nayaritas, que hoy, a pesar de las resoluciones judiciales se niegan a desalojarlas. Esta resistencia ha generado un ambiente de tensión entre indígenas y ganaderos, al punto en que llegaron a bloquear caminos y retener por algunas horas a varias personas; ante esto, ambas partes desbloquear los caminos y permitir el abastecimiento de productos alimenticios, esto con la finalidad de promover la apertura del expediente de atención a Conflictos Sociales en el Medio Rural (COSOMER), un programa de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, cuya función es intervenir en estos conflictos, mediando entre las partes y en su caso aportando una compensación económica a los afectados.

A la fecha, cuatro meses después de iniciado el conflicto, los afectados no han recibido atención por parte de autoridad alguna, situación que ha generado que los comuneros de San Sebastián Teponahuaxtlán, decidieran crear un grupo de auto defensa, con la finalidad de resguardar las tierras que ganaron en juicio y garantizar su integridad física.

II.La ausencia de atención gubernamental, aunada a la presencia de autodefensas puede derivar en actos violentos. Quedan 15 juicios por ejecutarse, que favorecen a las comunidades wixárika, de persistir la omisión de las autoridades, la violación a derechos humanos será inminente.

Las autoridades deben intervenir conjuntamente y buscar una solución a tan grave conflicto, las autoridades no pueden dejar a la deriva la resolución de un conflicto que está poniendo en riesgo a las mencionadas comunidades. Por ello es necesario solicitar a los gobernadores de los estados de Jalisco y Nayarit, así como a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, para que se encuentre una solución al conflicto.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración, con carácter de urgente y obvia resolución, el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorta a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano para que a la brevedad ponga en operación el Programa de Atención de Conflictos en el Medio Rural, a efecto de buscar la suscripción de un Convenio de Finiquito, que ponga fin al conflicto entre las comunidades wixárika y los ganaderos nayaritas en el poblado de Huajimic, municipio de La Yesca, Nayarit, respetando los términos de la sentencia dictada por el Tribunal Unitario Agrario Distrito 56 de Tepic, Nayarit, que favorece a las primeras.

Segundo. Se exhorta a los gobernadores de los estados de Jalisco y Nayarit, para que dentro del ámbito de sus atribuciones, lleven a cabo las acciones necesarias para garantizar la seguridad de los integrantes de las comunidades wixárika y los ganaderos nayaritas, que se encuentran en disputa por los predios Bola Negra y Piedra Bola, ubicados en Huajimic, municipio de La Yesca, Nayarit.

Nota:

1 “Huicholes crean autodefensas para restituciones en Huajimic”, Milenio Jalisco, 30 de enero de 2017.

http://www.milenio.com/region/huicholes-huajimicu-autodefensa_ wixarika-restituciones-san_sebastian-milenio-noticias_0_893910638.html

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de febrero de 2017.— Diputado Clemente Castañeda Hoeflich (rúbrica).»

La Presidenta diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala: Gracias, diputado. Para los efectos del artículo 100 del Reglamento de la Cámara de Diputados, consulte la Secretaría a la asamblea en votación económica si se... Adelante, diputado.

El diputado José Clemente Castañeda Hoeflich: Simplemente para hacer mención que de acuerdo con las posiciones de los distintos grupos parlamentarios hemos presentado a la Mesa una propuesta de modificación con la finalidad de alcanzar el consenso correspondiente; si fuera tan amable de darle lectura.

La Presidenta diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala: Adelante, secretaria, por favor.

La Secretaria diputada Verónica Delgadillo García: «Primero, la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, exhorta a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, para que a la brevedad ponga en operación el programa de atención de conflictos en el medio rural, a efecto de buscar la suscripción de un convenio de finiquito, que contemple los recursos necesarios para la indemnización correspondiente de acuerdo a la sentencia dictada por el Tribunal Unitario Agrario, distrito 56, de Tepic, Nayarit, asimismo se generen mesas de diálogo entre las diversas autoridades y las comunidades Wixárika y los ganaderos nayaritas para poner fin al conflicto de manera integral.

Segundo. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, exhorta a los gobernadores de los estados de Jalisco y Nayarit, para que dentro del ámbito de sus atribuciones otorguen seguridad a las partes que se encuentran en disputa por los predios de Bola Negra y Piedra Bola, ubicados en Huajimic, municipio de La Yesca, Nayarit.»

La Presidenta diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala: Solicito a la secretaria que consulte a la Asamblea si se acepta la modificación.

La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla: En votación económica, se consulta a la Asamblea, si se acepta la modificación presentada...

La Presidenta diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala: Continúe secretaria.

La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla: Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse a manifestarlo. Mayoría por la afirmativa, señora presidenta.

La Presidenta diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala: Gracias, secretaria. Lo que acabamos de aprobar fue la propuesta de modificación hecha por el promovente. A continuación, para los efectos de artículo 100 del Reglamento de la Cámara de Diputados, consulte la secretaria a la Asamblea, en votación económica, si se considera de urgen u obvia resolución.

La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla: Para los efectos del artículo 100 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se pregunta a la Asamblea si se considera de urgente resolución. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse a manifestarlo. Señora presidenta, Mayoría por la afirmativa.

La Presidenta diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala: Se considera de urgente resolución. En consecuencia, de conformidad con el artículo 113, numeral 1, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, se han registrado para hablar sobre el tema las siguientes diputadas y los siguientes diputados, diversos diputados y diversas diputadas.

Le daré el uso de la palabra a la diputada Blandina Ramos Ramírez, del Grupo Parlamentario de Morena, hasta por tres minutos, para fijar la postura de su grupo parlamentario respecto del punto de acuerdo modificado y aprobado en esos términos.

La diputada Blandina Ramos Ramírez:Gracias, presidenta. Diputadas y diputados, la semana pasada se inauguró aquí en el Palacio Legislativo de San Lázaro el Encuentro Nacional de Legisladores Indígenas. Y, al pasar enfrente ahí al lugar donde se llevaba a cabo el evento inicial y al leer una de las notas en la prensa nacional, no puede entender fácilmente cómo es que se vuelve urgente atender a la población indígena, pero sobre todo cómo es más que indispensable cambiar la manera de pensar y de actuar con quienes integran a los pueblos originarios.

Me permito citar las palabras de Raúl Flores, indígena náhuatl, publicadas en El Universal: nos reciben en patio a plena luz del sol, no son nada sensibles, como somos indígenas estamos acostumbrados al sol, han de pensar que estamos acostumbrados a sufrir, esa es la visión que ellos tienen, no existe atención.

De igual manera es común escuchar que en las instancias públicas la población indígena es olvidada en las atenciones, en sus comunidades carecen de servicios básicos ni siquiera es capaz el Estado la mayor parte de las veces de acercarse a ellas en sus lenguas maternas.

Finalmente, aquí se nos presenta un caso donde las comunidades wixárikas, habitantes de las localidades de Sebastián Teponahuaxtlan y Tuxpan de Bolaños, ubicadas en el municipio de Mexquitic, Jalisco, han logrado recuperar como se señala en la proposición, 184 hectáreas de las 10 mil que están en diversos juicios, al igual que en otros casos, la contraparte ganaderos asentados en las zonas de nuestros hermanos wixárikas se niegan de manera soberbia a acatar la resolución emitida por las autoridades agrarias.

Esa soberbia, esa mala forma de ver a nuestros hermanos se ve crecida al no existir una autoridad que haga respetar la ley, cuando se trata de atención a población indígena por la anterior, el Grupo Parlamentario de Morena votará a favor del punto de acuerdo, porque es importante que la ley sea para todas y todos, porque las comunidades indígenas merecemos el mayor de los respetos, porque es indispensable cambiar la idea del pasado, donde se veía a los indígenas como gente de segunda, porque como decía ayer la niña Guadalupe Flores en el marco del foro que al inicio mencionaba, algún día se dará cuenta de las injusticias que cometen cuando tengan una visión más allá de la ceja de su frente, y conocen comprenderán que los grupos indígenas y étnicos son parte de la riqueza cultural de nuestro país. Hermanos wixárikas, estamos con ustedes. Es todo, presidenta.

Presidencia del diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputada Ramos Ramírez. Tiene el uso de la tribuna el diputado Leonardo Rafael Guirao Aguilar, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

El diputado Leonardo Rafael Guirao Aguilar:Con la venia de la Presidencia. Es un hecho que tenemos una deuda histórica con esos 16 millones de mexicanos, oriundos, nativos y dueños originales de estas tierras.

Si bien no los hemos retirado ni hemos usurpado sus derechos, es latente el hecho de estar rezagados y sin estar en reservaciones hay sin duda alguna conflictos de leyes, de posesión, que están latentes en los diferentes estados de nuestra hermosa República Mexicana.

Ellos reclaman una inserción integral dentro de la sociedad. Se dice que el que es primero en tiempo, es primero en derecho, lamentablemente la usurpación y la fuerza ha hecho que sean rezagados o relegados hacia territorios que son mínimos, en comparación con su grandeza cultural.

Originalmente son los duelos de estas tierras, en los que a través de los usos y costumbres, pero sobre todo por ser primeros, les han sido arrebatados.

Sé que en la medida de sus posibilidades, sin tener los recursos suficientes, con los escritos pertinentes ante las instancias competentes tratan de rescatar lo que les pertenece. Sabemos que existen etnias diferentes, que son orgullo de la nación, como son los otomíes, los purépechas, los mixtecos, los choles, los zapotecos, los zoques y algunas otras razas que luchan y pugnan por rescatar lo que es de ellos originalmente.

En el plano de la retórica, se dice siempre que la riqueza de la cultura nacional reside en nuestras raíces indígenas, al tiempo que se afirma que tanto la sociedad como el Estado tienen con los pueblos originarios un compromiso y una responsabilidad histórica en la tarea de preservar sus valores, sus tradiciones, sus costumbres, su lengua y su visión del mundo.

Los pueblos indígenas reclaman una inserción integral en la sociedad, que les permita ejercer plenamente y de modo efectivo los derechos que la Constitución establece para todos los mexicanos. Pero con reglas del juego que garanticen que la estructura política del Estado reconozca sus especificaciones y derechos como pueblos autónomos y autodeterminados. En este sentido, consideramos que la administración de justicia debe asegurar el respeto a sus derechos y formas de vida.

En el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista nos pronunciamos a favor de la lucha de los pueblos originarios por conservar vigente su tradición ancestral, de vivir en armonía con la naturaleza, como bien lo hace el pueblo Wixárika, que habita actualmente en territorios de la sierra madre occidental en los estados de Jalisco y Nayarit, principalmente. Los cerros, manantiales, lagos, ríos, cuevas, playas y otros sitios sagrados en donde se depositan ofrendas, así como las rutas de peregrinación hacia los centros ceremoniales.

En el grupo se sabe, por lo que la participación de los que me antecedieron, que son 184 hectáreas con los tribunales adecuados en materia de justicia agraria que han sido adjudicados mediante sentencia agraria para este pueblo, pero que son 10 mil en pugna, pero que lamentablemente los ganaderos, y no estoy en contra porque tienen todo su derecho de que les asista la ley y combatir algunas cosas que los lesione, se rehúsan a reintegrarlas. Que no es posible que haya una sentencia en firme ante un tribunal competente y que no tengan el uso y el disfrute de estas tierras que originalmente son de ellos.

(Habla en lengua originaria) “Originalmente los dueños de las tierras mexicanas son los indígenas, pero hemos sido desplazados, pero que no se preocupen, es necesario elaborar documentos ante las instancias correspondientes para recuperar lo que les pertenece. Dios los bendiga”.

Presidencia de la diputada Gloria Himelda Félix Niebla

La Presidenta diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Gracias, diputado Guirao Aguilar. Tiene el uso de la palabra, hasta por cinco minutos, para fijar el posicionamiento de su grupo parlamentario, la diputada Natalia Karina Barón Ortiz.

La diputada Natalia Karina Barón Ortiz:Con su venia, presidenta. Compañeras y compañeros diputados, el conflicto agrario entre ganaderos del poblado de Huajimic, municipio de la Yesca, en el estado de Nayarit, y los comuneros del pueblo Wixárika por la titularidad de más de 10 mil hectáreas agrícolas y ganaderas, es uno de los múltiples conflictos por la propiedad de la tierra que aún perviven en el medio rural mexicano.

Aunque a lo largo de la historia agraria del país, en este tipo de disputas quienes han puesto los muertos y heridos muchas veces son los ejidatarios y los comuneros. Y los verdaderos responsables también, muchas veces, son las mismas autoridades agrarias, que en su momento titularon superficies a particulares cuando eran terrenos de propiedad ejidal o comunal.

Todos conocemos aquí la incertidumbre y la larga historia de hechos violentos en la campiña mexicana generados por este tipo de litigios. En el caso que nos ocupa, desde el interés jurídico, el problema está ciertamente resuelto, puesto que en un tribunal unitario agrario se ha emitido una sentencia para restituir las tierras a los comuneros huicholes. Sin embargo, el conflicto social permanece activo al nivel que se han presentado diversos connatos de violencia entre ganaderos y comuneros, puesto que los pequeños propietarios al no ser favorecidos por la sentencia del tribunal se consideran despojados de su patrimonio y reclaman una justa indemnización por lo que consideran un atropello a sus derechos de propiedad.

Es una obligación del Estado brindar seguridad a los ciudadanos, aplicando el Estado de derecho y conciliando interés para evitar que los conflictos en el seno de la sociedad deriven en confrontaciones violentas o que el ciudadano se haga justicia por propia mano.

Con la representación institucional del Estado, la Sedatu cuenta con los instrumentos legales y las políticas públicas para coadyuvar en la solución satisfactoria y definitiva en esta controversia. Cuenta con un programa específico, el Cosomer, y además, también se puede juntar con el interés que pueda aportar el gobierno local allá en Nayarit.

Ambos deben de encontrar una salida al conflicto mediante una solución concertada y en amigable composición. Por todo ello, el Grupo Parlamentario del PRD votará a favor este punto de acuerdo. Muchísimas gracias.

Presidencia del diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputada Barón Ortiz. Tiene el uso de la tribuna la diputada Jasmine Bugarín Rodríguez, del Grupo Parlamentario del PRI.

La diputada Jasmine María Bugarín Rodríguez:Con su venia, presidente. Los estados de Nayarit y Jalisco no solo somos vecinos, somos hermanos porque hemos compartido a lo largo de los años cultura, tradiciones e historia. Hemos sabido llegar a acuerdos priorizando siempre el bienestar común, más que el personal o cualquier interés político o diferencias ideológicas.

Conozco este tema a la perfección, porque soy orgullosamente de la sierra de La Yesca, Nayarit, y he acompañado a nuestra gente de Huajimic en todo momento. He estado presente en las mesas de trabajo y de negociación entre las partes y autoridades competentes.

Debo mencionar que sí ha habido avances en la resolución del conflicto. Si ha habido ha sido gracias a la intervención del gobierno de la república y de los gobiernos de los estados de Jalisco y Nayarit, este último encabezado por el gobernador Roberto Sandoval Castañeda, quien siempre ha actuado con responsabilidad y con un gran interés por resolver de manera pacífica este conflicto, ya que está de por medio el patrimonio, la seguridad y la estabilidad de las familias. Familias con las que yo crecí y de las cuales me consta que lo único que han hecho es trabajar sus tierras sin hacer mal a nadie.

Es por ellos que hoy alzo la voz, por los que están a punto de perderlo todo. No solo su patrimonio, que es el resultado del trabajo de muchas generaciones, sino sus recuerdos, sus esperanzas, su porvenir, su vida entera está en esas tierras.

Por ello, les solicito su voto de conciencia para que exhortemos, sí, a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, pero para que de manera consciente, viable y equilibraba busque los mecanismos reales de solución e indemnice a algunas de las partes a través del Programa de Atención a Conflictos Sociales en el Medio Rural.

Hoy lo menos que necesitamos las y los mexicanos es enfrentarnos entre nosotros. Hoy más que nunca necesitamos estar unidos para poder salir adelante. Es cuanto, presidente. Es cuanto, presidente. Muchas gracias.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputada Jasmine Bugarín Rodríguez. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica...

El diputado Hugo Daniel Gaeta Esparza(desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: A ver, antes, sonido en la curul del diputado que me está pidiendo la palabra. Hugo Gaeta. Adelante, diputado. ¿Con qué objeto? A ver, sonido en la curul del diputado Gaeta, por favor. A ver, diputado, ¿con qué objeto?

El diputado Hugo Daniel Gaeta Esparza (desde la curul): Para abundar en pro del tema, diputado presidente.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Diputado, estuvo ya representado su grupo parlamentario con la exposición de la diputada. Yo le pediría nos permitiera continuar con la votación del dictamen tal cual fue presentado.

El diputado Hugo Daniel Gaeta Esparza (desde la curul): Si me permite.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Nuevamente, sonido en la curul del diputado, por favor.

El diputado Hugo Daniel Gaeta Esparza (desde la curul): Sí, diputado presidente, es un tema de mucho interés para mí, por ser zona que represento, el primer distrito electoral de Jalisco, por lo cual le solicito de manera muy atenta me permita hacer uso de la voz.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Mire, en términos del Reglamento, voy a consultar a la asamblea si el tema se considera suficientemente discutido, si consideran que no es así, con mucho gusto le otorgaremos el uso de la tribuna.

Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si el punto de acuerdo con la modificación aceptada por la asamblea, se encuentra suficientemente discutido.

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica, se consulta a la asamblea, si el tema se encuentra suficientemente discutido. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Repitamos la votación, diputada, por favor.

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: Las diputadas y los diputados...

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: He solicitado que se repita la votación, por favor, la Presidencia tiene dudas en el resultado final. Adelante, diputada.

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Presidente, mayoría por la negativa.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Exactamente, a juicio de la Presidencia también es mayoría por la negativa, no se encuentra suficientemente discutido. Solo tengo registrado al diputado Hugo Gaeta. Le vamos a dar el uso de la tribuna hasta por tres minutos. Si alguna otra diputada o diputado desea inscribirse durante la intervención del diputado, estaremos recibiendo aquí la petición. Adelante, compañero diputado.

El diputado Hugo Daniel Gaeta Esparza: Muchas gracias. Es de suma importancia atender de manera permanente las necesidades, rezagos y problemas de los pueblos indígenas del país. En el caso que nos ocupa, estamos obligados a ubicarlo en su contexto integral desde sus antecedentes, el estatus actual y las alternativas para reforzar para su solución.

De ahí que sobre el exhorto presentado, es de remarcar que el Poder Ejecutivo de Jalisco ya atiende lo relativo a la seguridad de los comuneros huirraricas involucrados al instalar una base de seguridad pública permanente en la localidad de Mesa del Tirador, con lo que se procura atender lo relativo a este importante tema.

Además, debo mencionar que se mantiene acercamiento institucional con las autoridades nayaritas buscando acelerar, sin violentar el tejido social, la ejecución de lo dispuesto por los tribunales correspondientes. Sin embargo estamos como siempre, en la mayor disposición y compromiso de sumar y trabajar de manera directa a favor y con la población de la zona norte de Jalisco.

Por ello, los diputados del Grupo Parlamentario del PRI de Jalisco, votamos a favor del exhorto y de manera adicional propongo se contemple que un grupo de diputados de Jalisco y de Nayarit, por ser las dos entidades federativas origen del conflicto, lleven a cabo mesas de trabajo con autoridades de cada estado y dentro del marco legal aplicable se busque solución a lo presentado, proceso en el cual los diputados harán sus gestiones, trámites y procedimientos atendiendo sus propias atribuciones para tal objetivo. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputado Gaeta Esparza. Tiene el uso de la tribuna hasta por tres minutos el diputado Víctor Manuel Sánchez Orozco, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

El diputado Víctor Manuel Sánchez Orozco:Con su venia, presidente; compañeras y compañeros diputados, lo que queremos dejar con toda claridad esta tarde aquí, son las graves injusticias que han sufrido nuestros hermanos indígenas que viven en la sierra de Jalisco.

Si fuera cierto que se ha acompañado por las autoridades federales y los gobernadores tanto de Jalisco como de Nayarit, hoy no tendría ningún objeto estar aquí. La realidad es que un día sí y otro también los indígenas han sido dejados solos.

No hace muchos meses que incluso los mismos medios de comunicación fueron testigos de cómo las autoridades fueron omisas en brindar la seguridad mínima a la autoridad del Tribunal Unitario Agrario para que hiciera su trabajo. Es decir, para darles posesión a los indígenas después de años y décadas de luchas jurídicas. La justicia no ha estado del lado de nuestros hermanos wixárikas, esa es la verdad, esa es la realidad. E incluso hubo ahí delitos que se cometieron por las omisiones de las autoridades.

Falso que el gobernador de Jalisco y el gobernador de Nayarit y el presidente de la República hayan dado las garantías mínimas para que la autoridad hiciera su trabajo. Es completamente falso, y lo digo porque las pruebas ahí están.

Es un solo caso de cientos que tienen nuestros hermanos wixáricas en la lucha que han dado por lo que legal y jurídicamente les corresponde: sus tierras. Es verdad que los gobiernos de esas entidades han estado del lado de los poderosos: de los ganaderos.

Y este asunto que hoy se discute aquí, es un asunto ganado completamente pero que no se ha podido cumplimentar porque no ha habido las garantías necesarias.

Ahí los medios de comunicación, ahí la autoridad del Tribunal Unitario Agrario, fueron prácticamente privados de la libertad por horas y no hubo ninguna autoridad que se hiciera presente para hacer valer el Estado de derecho.

Entonces decirlo con toda claridad, que desde esta Cámara se escuche el clamor de justicia para que las autoridades locales y federales, hagan su trabajo, se les haga justicia a quienes legalmente les corresponde. Es cuanto.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputado Sánchez Orozco. No habiendo más oradores inscritos, le pido a la secretaría consulte a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el acuerdo con las modificaciones aceptadas por el pleno.

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: Por instrucciones de la presidencia, en votación económica, se consulta a la Asamblea si se aprueba el acuerdo con las modificaciones propuestas. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. Presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Aprobado, comuníquese.



DIFUNDAN CUALES HAN SIDO LOS RESULTADOS DE LOS PROGRAMAS ENCARGADOS DE PREVENIR Y ERRADICAR LOS DELITOS DE ALTO IMPACTO

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: De conformidad con el artículo 76, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados, tiene la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado Luis Alfredo Valles Mendoza, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, para presentar proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Gobernación y a la Comisión Nacional de Seguridad, a que difundan cuales han sido los resultados de los programas encargados de prevenir y erradicar los delitos de alto impacto.

El diputado Luis Alfredo Valles Mendoza:Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados. De acuerdo con lo que establece el artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, compete a la Secretaría de Gobernación formular y ejecutar las políticas, programas y acciones tendientes a garantizar la seguridad pública de la nación y, desde luego, de sus habitantes. Proponer la política criminal, coadyuvar a la prevención del delito y ejercer el mando sobre la fuerza política para proteger a la población ante todo tipo de amenazas y riesgos.

Todos hemos sido testigos de que la violencia ha hecho mella en gran parte del territorio nacional, dejando poblaciones enteras como pueblos fantasmas ante la amenaza del crimen organizado.

Datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, así como el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, dan cuenta de lo anteriormente expuesto. De acuerdo con el Observatorio Nacional Ciudadano, en su reporte sobre delitos de alto impacto, durante el último cuatrimestre de 2016, se presentó un incremento en 6 de los 10 delitos de alto impacto, principalmente, en homicidio doloso, secuestro, robo con violencia, robo de vehículo, robo a negocio y robo a transeúnte.

La ciudadanía ve así limitado su desarrollo y amenazada su vida cotidiana por el asedio de la delincuencia. Es necesario, desde nuestra óptica, pensar en nuevas formas y paradigmas para erradicar la violencia y la comisión de delitos.

Es por ello que el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza hace ese exhorto para que la Secretaría de Gobernación haga público los resultados de los programas encargados de prevenir y erradicar los delitos de alto impacto.

Enfocarnos en la prevención y en la educación es la mejor manera de erradicar la violencia y la criminalidad, por ello desde nuestro espacio queremos fortalecer las estrategias encaminadas a disminuir dichos delitos. Urge garantizar que la paz y la tranquilidad lleguen a todos los rincones de nuestro país. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, señor presidente.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Segob y la Comisión Nacional de Seguridad a difundir los resultados de los programas dirigidos a prevenir y erradicar los delitos de alto impacto, a cargo del diputado Luis Alfredo Valles Mendoza, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza

El que suscribe, Luis Alfredo Valles Mendoza, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza de la LXIII Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración de esta honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Actualmente los mexicanos vivimos un entorno de inseguridad, violencia y alta incidencia delictiva, misma que proviene del desacierto en las estrategias encauzadas a combatir eficaz y eficientemente los delitos de alto impacto, como son: el homicidio doloso, el homicidio culposo, el secuestro, la extorsión, el robo con violencia, el robo de vehículo, el robo a casa habitación, el robo a negocio, el robo a transeúnte y la violación.

Cabe destacar que estos delitos se han acrecentado de forma desmedida durante el último decenio. Al respecto, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), así como el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED), han señalado que las cifras de muertos y de personas desaparecidas para el periodo 2005-2015 se encuentra en 186,297 y 28,937 personas, respectivamente; con dichos datos encontramos que la comisión de los delitos ha crecido de forma indiscriminada.

Con esos datos nace gran preocupación por parte de la sociedad en torno a la creciente ola de violencia, la cual es recogida por el Observatorio Nacional Ciudadano, organismo que ha indicado en su Reporte sobre Delitos de Alto Impacto que durante el último cuatrimestre de 2016 hubo un aumento en seis de los diez delitos antes mencionados.

Este aumento recayó específicamente en el número de carpetas de investigación instruidas por instituciones de procuración de justicia sobre los delitos de homicidio doloso, secuestro, robo con violencia, robo de vehículo, robo a negocio y robo a transeúnte.

Ahora bien, es pertinente tomar en cuenta las cifras que emanan de cada delito, con el único propósito de clarificar el estatus de peligrosidad e incidencia de cada uno de ellos.

Los homicidios dolosos reportaron 1,974 casos durante el mes de septiembre de 2016; en octubre disminuyeron -5.87%, alrededor de 116 casos. Empero, durante el periodo de octubre 2015 a septiembre 2016 se registraron alrededor de 1,631.42 incidentes mensualmente, mientras que tan solo en octubre de 2016 la cifra se situó en 1,860; es decir, se incrementó un 14.01%.

Respecto al delito de secuestro se iniciaron 145 carpetas de investigación, de las cuales, 108 pertenecen al fuero común y 37 al fuero federal. Cabe aclarar que el 58.62% de las carpetas de investigación se iniciaron tan solo en los Estados de México, Tamaulipas y Veracruz. Un dato que no podemos pasar desapercibido es que a nivel nacional hubo un aumento de 22.38%, al pasar de un promedio de 151.17 en los 12 meses anteriores a 185 en octubre de 2016.

Los robos con violenciaaumentaron 3.19% entre septiembre y octubre de 2016, al pasar de 15,258 carpetas de investigación a 15,744. Es de destacar que el Estado de México volvió a ocupar el primer lugar en carpetas de investigación durante el mes, superando a la media nacional en 607.32%, lo que abonó el 22.10% del total nacional.

Durante el periodo de septiembre a octubre de 2016 el robo de vehículo registró un aumento de 0.16% en las carpetas de investigación, pasando de 14,094 a 14,117 casos. El mismo periodo, pero de 2015, registró un aumento de 1.96%, al pasar de 13,500 en septiembre a 13,764 en octubre. Las entidades que aportan más de la mitad del robo total a nivel nacional son: Estado de México, Baja California, Ciudad de México, Veracruz y Jalisco, con 50.85%.

El robo a negocio aumentó el número de carpetas de investigación a 463 casos, lo que representa un 7.11% más entre septiembre y octubre de 2016. Cabe resaltar que 2 de cada 10 robos a negocio se cometieron en la Ciudad de México, al contarse 1,518 casos en octubre de 2016.

En torno al robo a transeúnte, las autoridades reportaron 6,006 carpetas de investigación durante el mes de octubre de 2016, en las que el 26.37% (1,584) fueron sin violencia y el 73.63% (4,422) con violencia. Es de mencionar que la Ciudad de México fue la entidad con más carpetas de investigación por este delito, al acumular el 32.78% del total nacional y, junto con el Estado de México, Tabasco y Baja California, acumularon el 68.50% de la media nacional.

Con los datos antes mencionados se pone al descubierto la falta de efectividad de las estrategias y programas por parte de las autoridades, encaminadas a disminuir los niveles en la incidencia delictiva.

Es de mencionar que la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal faculta a la Secretaría de Gobernación para encargarse de la formulación de programas tendientes a garantizar la seguridad pública de la Nación y de sus habitantes. Así como coadyuvar a la prevención del delito, protegiendo a la población de todo tipo de riesgo, salvaguardando siempre la integridad y los derechos humanos de las personas. Es de subrayar que esas facultades las consigna a la Comisión Nacional de Seguridad.

Bajo esa tesitura, la Comisión ha implementado diversos programas encaminados a prevenir y erradicar la inseguridad en todo el territorio nacional. No obstante, resulta razonable cuestionarse si los resultados han sido los esperados, porque las cifras arriba citadas demuestran un incremento gradual en los delitos de alto impacto, lo que denota que algo no está bien.

Es lamentable que en México la autoridad invierta más tiempo justificando la falta de resultados que trabajando en generar instituciones eficaces y confiables para garantizar la seguridad de la ciudadanía.

A pesar de que el Gobierno Federal ha implementado medidas como indicadores de su progreso en materia de seguridad para lidiar con la delincuencia, el resultado ha advertido un retroceso en la materia, lo cual pone en entredicho las políticas implementadas.

En ese sentido, consideramos urgente hacer un exhorto a la Secretaria de Gobernación y a la Comisión Nacional de Seguridad para que informen cuales han sido los resultados de los programas encargados de prevenir y erradicar la comisión de estos delitos.

Por otra parte, resulta conveniente que el Comisionado Nacional de Seguridad someta a consideración del Secretario de Gobernación propuestas de políticas, acciones y, en su caso, instrumentos de planeación, así como estrategias en materia de seguridad pública enfocadas a abatir los altos índices delincuenciales propagados a lo largo y ancho del territorio nacional, en aras de volver a vivir en paz.

Estas estrategias deben estar orientadas a prevenir el delito y reconstituir el tejido social de las comunidades afectadas por los fenómenos de la delincuencia. Estas estrategias deben aplicarse bajo una visión integral, con la participación de los tres órdenes de gobierno y de la ciudadanía.

Las acciones y estrategias implementadas deben ir acorde con el discurso pronunciado por la autoridad, basadas en el reforzamiento de las acciones de prevención social, el fortalecimiento institucional y el combate a la violencia.

Por ello, también exhortamos a la Comisión Nacional de Seguridad para que implante nuevas estrategias con esta visión integral, encaminadas a abatir efectivamente el incremento en los delitos de alto impacto.

En Nueva Alianza estamos comprometidos con la rendición de cuentas y la mejora de estrategias que combatan los altos índices delictivos, ya que consideramos que vislumbramos un país en paz, donde la gente se sienta segura de salir a sus trabajos, a la escuela o, simplemente, a algún centro de esparcimiento, con total tranquilidad.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto respetuosamente a la consideración de esta honorable asamblea, con carácter de urgente y obvia resolución, la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, en el ámbito de colaboración entre los Poderes, exhorta respetuosamente a la Secretaría de Gobernación a que haga públicos los resultados de los programas encargados de prevenir y erradicar los delitos de alto impacto.

Segundo. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, en el ámbito de colaboración entre los Poderes, exhorta respetuosamente a la Secretaría de Gobernación para que fortalezca las estrategias encaminadas a disminuir los delitos de alto impacto.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de febrero de 2017.— Diputado Luis Alfredo Valles Mendoza (rúbrica).»

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, señor diputado Valles Mendoza. Para los efectos del artículo 100 del Reglamento de la Cámara de Diputados, consulte la Secretaría a la asamblea si esta proposición con punto de acuerdo se considera de urgente u obvia resolución.

La Secretaria diputada Verónica Delgadillo García: Para los efectos del artículo 100 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se pregunta a la asamblea si se considera de urgente resolución. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Se considera de urgente u obvia resolución. De conformidad con el artículo 113, numeral 1, fracción I, de nuestro Reglamento se ha registrado para hablar sobre el tema hasta por tres minutos la diputada Sandra Luz Falcón Venegas, del Grupo Parlamentario de Morena. Adelante, diputada.

La diputada Sandra Luz Falcón Venegas:Gracias, señor presidente. A través del punto de acuerdo que se somete a consideración en este pleno se busca por una parte exhortar a la Secretaría de Gobernación y a la Comisión Nacional de Seguridad, para que divulguen cuáles han sido los resultados de los programas encargados de prevenir y erradicar los delitos de alto impacto; y, por otra, exhortar a estas mismas dependencias, para que se implementen nuevas estrategias con visión integral, encaminadas a abatir el incremento de los delitos de alto impacto.

Respecto al primer exhorto, basta observar lo que día a día acontece en amplias regiones del país, y ahí podremos observar los resultados de los programas implementados para prevenir y erradicar los delitos de alto impacto sin que la Segob tenga que divulgarlos. Así, es evidente que la inseguridad es un problema que ha rebasado a las autoridades, los delitos de impacto como son los homicidios dolosos, extorsión, secuestro y desaparición forzada, ya que van a la alza.

Ante este desalentador panorama vemos una respuesta gubernamental basada en una estrategia fallida, que además ha dado lugar a que se cometan graves violaciones a derechos humanos. Nos referimos a las políticas militares que se han venido impulsando para combatir la criminalidad, y en el mismo sentido la aplicación del Mando Único Policial.

Todos sabemos que ha regiones enteras en nuestro país en donde el Estado de derecho es prácticamente inexistente, amplias zonas del país han sido azotadas por una ola de violencia criminal desbordada.

Respecto al segundo exhorto y ante las estrategias fallidas para combatir la criminalidad, en efecto resultaría muy pertinente que la Segob implemente nuevas estrategias con visión integral, encaminadas a debatir el incremento en los delitos de alto impacto, pero sostenemos que esas estrategias no pueden basarse bajo ninguna circunstancia en una ley de seguridad interior, que la mayoría de esta Cámara está urgida por aprobar.

Sin analizar a fondo las consecuencias negativas que traería consigo, esa ley tendría problemas de inconstitucionalidad y con ella se incrementarían violaciones a derechos humanos. Así, en 10 años de despliegue de Ejército y Marina en tareas ajenas a sus funciones, se ha generado incremento considerable en violación a derechos humanos, según cifras de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

De 2000 a 2006 esta Comisión recibió mil 135 quejas contra fuerzas armadas, emitiendo 11 recomendaciones, mientras que en los últimos 10 años la misma Comisión recibió 10 mil 751 quejas contra fuerzas armadas y emitió 146 recomendaciones. Son sin duda datos preocupantes.

Morena siempre va a reconocer ampliamente la labor y la importante función que tienen las Fuerzas Armadas, que consideramos deben concentrar su función en esquemas de seguridad nacional, que es para lo que están. El Ejército Mexicano y la Armada de México deben regresar a los cuarteles y no a estar en las calles. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputada Sandra Luz Falcón Venegas. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si la proposición con punto de acuerdo se encuentra suficientemente discutida.

La Secretaria diputada Verónica Delgadillo García: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se encuentra suficientemente discutido. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Suficientemente discutido. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se aprueba.

La Secretaria diputada Verónica Delgadillo García: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta si se aprueba el acuerdo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Aprobado. Comuníquese.



DESTINEN RECURSOS DE SUS PRESUPUESTOS PÚBLICOS PARA IMPULSAR LA COMERCIALIZACIÓN Y LA IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS E HIDRÁULICOS AGROPECUARIOS

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: De conformidad con el artículo 76, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados, tiene la palabra hasta por cinco minutos, la diputada Ana Guadalupe Perea Santos, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, a través de la Sagarpa y de la Conagua, para que los gobiernos estatales y, en su caso, municipales, destinen recursos de sus presupuestos públicos para impulsar la comercialización y la implementación de proyectos productivos e hidráulicos agropecuarios, suscrito también por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.

La diputada Ana Guadalupe Perea Santos:Con el permiso de la Presidencia. A nombre del Grupo Parlamentario de Encuentro Social, presento el siguiente punto de acuerdo de urgente u obvia resolución.

Honorable asamblea, derivado del permanente contacto que las y los legisladores de Encuentro Social sostenemos con la sociedad, personas vinculadas con el sector primario de la economía del estado de Hidalgo y que han encontrado un eco en las autoridades municipales y estatales para conjuntar esfuerzos, llamaron nuestra atención con una problemática de alta dificultad, que a continuación compartimos con la urgencia u obvia resolución que el asunto como representantes populares nos merece.

No sólo el petróleo y las remesas nos dan de comer y están en el vilo, el campo necesita urgentemente nuestra intervención. Nuestro entorno agropecuario inició desde el 2017 con tres graves contratiempos, que combinados amenazas con afectar gravemente la estabilidad y crecimiento del sector, así como incrementar la pobreza de la población rural del país.

Primero, la depreciación del peso frente al dólar. Segundo, el incremento en los precios de los combustibles. Y tercero, la disminución de recursos que se abran de destinar este año para los programas de apoyo al campo, como los de carácter hidráulico para enfrentar la sequía.

Con base en reportes del Banco de México, en enero de 2016, la paridad peso-dólar alcanzaba los 17.34 pesos por dólar americano, para enero del presente año la cotización alcanzó los 21.90 pesos por dólar, dicha coyuntura ha provocado el encarecimiento de las importaciones agroquímicas, fertilizantes y maquinaria.

A su vez, el alza en los precios de los combustibles elevó el costo de producción de todo el sector agropecuario, sólo para ilustrar el precio máximo de la gasolina en enero del 2016 era de 8.87 por litro para la gasolina magna y de 7.90 para el diésel. Para enero de 2017, el precio de la gasolina alcanzó los 12.30 y del diésel los 12.90.

A la par, para el Presupuesto de Egresos de la Federación 2017 se etiquetaron poco más de 70 mil 429 millones de pesos para los programas presupuestarios, sujetos a reglas de operación de la Sagarpa, ello representa una reducción real del 19.6 por ciento respecto al PEF 2016.

Como resultado, las unidades económicas rurales tendrán menores apoyos para incrementar y desarrollar el capital físico, humano y tecnológico, ello sin mencionar el alza que la sequía impacta sobre nuestro campo.

Por lo anteriormente expuesto someto a consideración de esta soberanía, para ser aceptada como de urgente u obvia resolución, la presente proposición con punto de acuerdo al tenor del siguiente resolutivo.

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a las entidades federativas para que se coordinen con los municipios y con el Ejecutivo federal a través de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y de la Comisión Nacional de Agua para destinar recursos de sus presupuestos públicos con la finalidad de hacer sinergia con los apoyos federales y coadyuvar así con el desarrollo capital físico, humano y tecnológico, impulsar la comercialización y para la implementación de proyectos productivos e hidráulicos agropecuarios. Por su atención, muchas gracias, es cuanto, diputado presidente.

«Proposición con punto de acuerdo, por el cual se exhorta al Ejecutivo federal a realizar gestiones por la Sagarpa y la Conagua para que los gobiernos estatales y, en su caso, los ayuntamientos destinen recursos de sus presupuestos a impulsar la comercialización y la implantación de proyectos productivos e hidráulicos agropecuarios, suscrita por el Grupo Parlamentario del PES

Los suscritos, diputados del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social a la LXIII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por la fracción I del artículo 6; las fracciones I, III,IV y VI del Apartado 2 del artículo 79 y el artículo 113, todos del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a la consideración de esta soberanía, la presente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución por la que se exhorta, respetuosamente, al Ejecutivo de la Unión, a través de los titulares de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y de la Comisión Nacional del Agua para que realicen las gestiones necesarias a fin que los gobiernos estatales y, en su caso, municipales, destinen recursos de sus presupuestos públicos para hacer sinergia con los apoyos federales y coadyuvar, así, con el desarrollo del capital físico, humano y tecnológico, impulsar la comercialización y para la implementación de proyectos productivos e hidráulicos agropecuarios, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

El arranque de 2017, que trajo consigo un cambio de gran calado en la relación económica de Estado respecto del esquema de los precios de los combustibles, para dejar atrás el sistema de subsidios, que políticamente llegó a ser tan conveniente pero a la vez profundamente nocivo para las finanzas públicas y la distribución del gasto hacia los sectores más vulnerables, representó también un momento de especial tensión política y social en que algunos actores apostaron por la desmemoria y por la simple pero enconada protesta.

En Encuentro Social, por nuestra parte, preferimos ir más allá de la protesta para trabajar en el ámbito de la propuesta. En esta ocasión, convocamos a un punto de acuerdo que convoca a la corresponsabilidad y coordinación entre niveles de gobierno para detonar el crecimiento económico desde el campo.

El sector agropecuario en nuestro país, durante la presente administración, ha tenido logros importantes en materia de producción, comercialización y modernización. México ocupa el sexto lugar mundial en superficie de riego tecnificado, el séptimo en agricultura protegida y el mismo sitio en producción de proteína animal (Martínez, 2016).

De 2013 a 2015 la agricultura ha registrado una tasa media de crecimiento anual de 5.8% y el Producto Interno Bruto agroalimentario representa el 8.1 por ciento de la riqueza nacional, alcanzando un valor de 93,000 millones de pesos (Martínez, 2016).

Actualmente, se producen 13% más toneladas de alimentos en los sectores agropecuarios y pesquero que hace seis años y el valor de la producción es, en términos reales, 26% mayor que en el 2009 y 52% más que en el 2003; asimismo, la rentabilidad por hectárea es de 1,717 dólares por hectárea, monto superior al obtenido por Estados Unidos, Brasil, Argentina o Canadá (Martínez, 2016).

En el primer semestre de 2016, la exportación agroalimentaria alcanzó 15,015 millones de dólares, superando la cantidad de remesas originadas por la venta de petróleo, por lo que la balanza comercial agroalimentaria de México registró un superávit de 2,423 millones de dólares, siendo los principales productos de exportación: cerveza de malta, tomate fresco o refrigerado, chiles y pimientos, berries, aguacate, carne y despojos comestibles, tequila, productos de panadería, azúcar, bovinos vivos, pepino, pepinillo y fresas frescas, cebolla, jugo de naranja congelado, frutas en conserva, coles frescas o refrigeradas, cítricos frescos o secos, carne de porcino, guayaba, mango y mangostanes, y café (Notimex, 2016).

Sin embargo, aun cuando México es uno de los principales países productores de bienes agropecuarios, no tiene autosuficiencia alimentaria. Según el Banco de México, en el primer trimestre de 2016 el valor de las importaciones de productos agropecuarios fue de 5,757 millones de dólares, cifra superior en 1.83% respecto al 2015.

En el mismo tenor, el 48 por ciento de las importaciones agropecuarias se concentran en el maíz, soya y trigo; asimismo, nuestro país es el segundo mercado más grande para la importación de leche y sus derivados. También, se adquieren del exterior grandes volúmenes de semilla de nabo (canola) (El Financiero Redacción, 2016).

La dependencia de nuestro país del exterior para cubrir la demanda interna es tal, que se estima que, por ejemplo, para 2019, el 100 por ciento de nuestro consumo de arroz tendrá que satisfacerse mediante la importación del grano; en la actualidad, hay cerca de tres mil productores en 32 mil hectáreas. Ello representa apenas el 12 por ciento de los productores y el 42 por ciento de la superficie que en 2009 había. Hace 16 años, la producción arrocera se llevaba a cabo en 16 estados y actualmente se realiza en tres y más nada (Nayarit y Campeche y escasamente en Veracruz) (Torreblanca, 2017).

Si bien es cierto que, con el Tratado de Libre Comercio, se ha logrado modernizar el sector, también lo es que empresas Trasnacionales Agroalimentarias se posicionaron en actividades estratégicas como el almacenamiento, distribución, importación de granos, insumos y alimentos básicos; por ello, se vuelve una necesidad imperiosa reimpulsar la capacidad productiva de México en materia de semillas, insumos y alimentos, bajo una perspectiva de seguridad y soberanía alimentaria (Cruz, 2017).

En el campo mexicano labora 13 por ciento de la población ocupada, caracterizada por sus bajos niveles de ingreso. En este sentido, de acuerdo a la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), al tercer trimestre de 2016 el sector primario (agricultura, ganadería, aprovechamiento forestal, pesca y caza) de la economía nacional trabajan 6 millones 877 mil 619 hombres y mujeres.

En cuanto a sus niveles de ingresos, el 80.8% (5 millones 557 mil 41 personas) no tiene remuneración alguna por su trabajo o recibe hasta 2 salarios mínimos 2 mil 400 pesos con base a 80.04 peso al día).

Así las cosas, la depreciación del peso frente al dólar, el incremento en los precios de la gasolina y diésel y el ajuste presupuestal a los programas presupuestarios de apoyo al campo pueden afectar la producción, rentabilidad y calidad de vida en el sector.

En el último año, la moneda nacional ha estado bajo presión, lo que ha llevado a una depreciación del orden de 26 por ciento. Con base en reportes del Banco de México, el tipo de cambio peso-dólar de Estados Unidos de América, para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera, en enero de 2016 fue de 17.34 y para enero de 2017 esta alcanzó los 21.90, es decir una variación de 26.3 por ciento. (Banco de México, 2017).

De este modo, la paridad del peso, según señalan comerciantes, ha encarecido las importaciones de agroquímicos (como ejemplo el herbicida afalón), semillas -maíz amarillo y pasta de soya) así como alimentos gourmet (aceite de oliva, jamones, conservas y accesorios para vino- (Villamil, 2016).

Por su parte, la estructura del costo de producción también se ha visto afectada por el alza en los precios de la gasolina y diésel, en un 38.7 por ciento y 63.3 por ciento, respectivamente. El precio máximo para gasolina en enero de 2016 fue de 8.87 pesos por litro para la gasolina Magna y de 7.90 para diésel, mientras que, para enero de 2017, estos fueron de 12.30 para la gasolina y 12.90 para diésel(Secretaria de Hacienda y Crédito Público, 2015) y (Secretaria de Hacienda y Crédito Público, 2016).

Por último, para el presente ejercicio fiscal 2017, se destinarán 70 mil 429 millones 314 mil 191 pesos para los programas presupuestarios sujetos a reglas de operación de la Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; esto implica una reducción real del 19.6 por ciento respecto al 2016, aun cuando la Cámara de Diputados determinó una ampliación por 8,350 millones de pesos. Con estos programas, las unidades económicas rurales obtienen diversos apoyos para incrementar y desarrollar el capital físico, humano y tecnológico, apoyos a la comercialización, así como e implementación de proyectos productivos.

Lo anterior resulta hoy día más relevante, toda vez que el agro nacional enfrenta grandes desafíos en materia de tecnificación y financiamiento. De acuerdo con la Encuesta Nacional Agropecuaria 2014, solo el 17 por ciento de las unidades de producción cuentan con superficie agrícola de riego; el 33.4 por ciento utilizan sembradoras, cosechadoras 18.6%, control biológico de plagas 16.7 por ciento y asistencia técnica el 12.1 por ciento. En lo que respecta a producción pecuaria, se tiene que el 26.7 por ciento utilizan alimento balanceado, asistencia técnica 13.3 por ciento y programa de mejoramiento genético 4.3 por ciento (Instituto Nacional de Estadística y Geografía y Sagarpa, 2014).

Por lo que respecta al financiamiento, tan solo el 10.4 por ciento de las unidades de producción obtuvieron crédito y 3.6 por ciento obtuvieron algún seguro (Encuesta Nacional Agropecuaria 2014); (Instituto Nacional de Estadística y Geografía y Sagarpa, 2014).

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración del pleno la presente proposición con

Punto de Acuerdo

De urgente u obvia resolución, al tenor del siguiente resolutivo:

Único: La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, al Ejecutivo de la Unión, a través del titular de la Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y de la Comisión Nacional del Agua, para que realicen las gestiones necesarias a fin que los gobiernos estatales y, en su caso, municipales, destinen recursos de sus presupuestos públicos para hacer sinergia con los apoyos federales y coadyuvar, así, con el desarrollo del capital físico, humano y tecnológico, impulsar la comercialización y para la implementación de proyectos productivos e hidráulicos agropecuarios

Notas:

1 En 2016 la importación de maíz se incrementó en alrededor de 21% (totalizaron 1,448 millones de dólares) y representa una cuarta parte de las importaciones agropecuarias totales y proviene principalmente de Estados Unidos.

2 Con la importación de soya se abastece el 86% del consumo nacional (802 millones de dólares).

3 La importación de trigo representó el 55.6% de la demanda interna total (500 millones de dólares)

4 La importación de leche y lácteos cubre el 16% de la demanda interna total (en el primer semestre de 2016 se importó 989 millones de dólares)

5 La importación, tan solo de Canadá, de semillas de nabo alcanzó un valor de 279 millones de dólares, esta semilla se utiliza para la fabricación de aderezos, margarinas, aceites de cocina y para aditivos para lubricantes industriales.

6 De acuerdo con la ENOE, la población ocupada que recibe ingresos en el sector primario de la economía, al tercer trimestre fue de 1,986,872, los ocupados cuyo ingreso es hasta un salario mínimo 1,829,023, mientras que los que obtienen más de 1 y hasta 2 salarios mínimos es de 1,741,146 de personas.

En el país hay 25 millones 105 mil 960 personas en esta situación, de este modo 22 de cada 100 se encuentran en el sector primario.

7 Con base al Acuerdo 29/2015 por el cual se establecieron estímulos fiscales a la gasolina y el diésel en los sectores pesquero y agropecuario, se otorgó un estímulo de 3.697 por litro de gasolina menor a 92 octanos y de 5.060 para diésel. Con lo que el precio máximo fue de 8.87 y 7.90, respectivamente.

8 Con base al Acuerdo 100/2016 por el cual se dan a conocer los estímulos fiscales a la gasolina y al diésel en los sectores pequero y agropecuario para el mes de enero de 2017, siendo estos de 3.18 para gasolina menor a 92 octanos y de 3.580 para diésel; con lo que los precios máximos son 12.30 peso litro y 12.90, respectivamente.

9 Con el Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas para establecer proyectos productivos o estratégicos de impacto regional, local o estatal, agrícolas, pecuarios de pesca y acuícolas para el desarrollo de las actividades primarias.

Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria, con lo que las unidades económicas rurales cuentan con inversión en el desarrollo de capital físico, humano y tecnológico.

Programa de Fomento a la Agricultura, con lo que las unidades productivas agrícolas aumentan el valor de su producción con el incremento del nivel tecnológico de los cultivos.

Programa de Fomento Ganadero, con lo que las unidades productivas ganaderas incrementan su productividad.

Programa de Fomento a la Productividad Pesquera y Acuícola con lo que las unidades económicas pesqueras y acuícolas incentivadas incrementan la producción pesquera y acuícola.

Programa de Apoyos a la Comercialización con lo que los productores agropecuarios, acuícolas y pesqueros acceden a esquemas de comercialización, administración de riesgos de mercado, promoción comercial y/o enlaces comerciales.

Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria con el que se realizan inspecciones Fito zoosanitarias acuícolas y pesqueras de embarques que se movilizan dentro del territorio nacional.

Programa de Apoyos a Pequeños Productores Las unidades económicas rurales formadas por pequeños productores rurales incrementan su productividad.

10 El tamaño de la muestra fue de 75,148, de las cuales se obtuvo información de 66,398

11 Existe la percepción en el sentido que, muy probablemente, el campo haya traído más divisas que el petróleo y las remesas de nuestros connacionales que radican en los Estados Unidos y que tal situación no suele generar un gran compromiso con el país; sin embargo, es indispensable un mayor apoyo por parte de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) a través de más subsidios para modernizar nuestro campo y poder hacerlo más productivo

Referencias

Banco de México, 2017. Banco de México. [En línea]

Available at: http://www.banxico.org.mx/SieInternet/consultarDirectorioInternetAction.do?sect or=6&accion=consultarCuadro&idCuadro=CF102&locale=es

[Último acceso: 19 Enero 2017].

Cruz, Isabel., 2017. Trum: TLCAN o la reactivación del campo. El Financiero 2017, 10 de enero.

El Financiero Redacción, 2016. México independiente... pero no en sus alimentos. El Financiero,6 de septiembre.

Instituto Nacional de Estadística y Geografía y Sagarpa, 2014. Instituto Nacional de Estadística y Geografía. [En línea]

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http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/encuestas/agropecuarias/ ena/ena2014/doc/presentacion/ena2014_pres.pdf

[Último acceso: 2017. Enero 18].

Martínez, P., 2016. Sector agropecuario y pesquero tiene mayor valor que hace seis años. El Economista, 12 de octubre.

Notimex, 2016. Agro generó más divisas que las remesas y el. El Economista, 14 de agosto.

Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 2015. Diario Oficial de la Federación. [En línea]

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Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 2016. Diario Oficial de la Federación. [En línea]

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http://www.dof.gob.mx/index.php?year=2017&month=01&day=19

[Último acceso: 19 de enero de 2017].

Torreblanca, E., 2017. México, Sin producción arrocera para 2019. El Financiero, 16 de enero.

Villamil, V., 2016. Pega dólar caro a importación agroalimentaria. El Financiero, 16 de junio.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de febrero de 2017.— Diputadas y diputados: Ana Guadalupe Perea Santos,José Alfredo Ferreiro Velazco, Hugo Éric Flores Cervantes, Cynthia Gissel García Soberanes, Refugio Trinidad Garzón Canchola, Alejandro González Murillo, Gonzalo Guízar Valladares (rúbricas).»

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputada Ana Guadalupe Perea Santos. Para los efectos del artículo 100 del Reglamento de la Cámara de Diputados, consulte la Secretaría a la asamblea si la proposición con punto de acuerdo se considera de urgente u obvia resolución.

La Secretaria diputada Isaura Ivanova Pool Pech: Para los efectos del artículo 100 del Reglamento de la Cámara de Diputados se pregunta a la asamblea si se considera de urgente resolución. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Diputado presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Se considera de urgente u obvia resolución. De conformidad con el artículo 113, numeral 1, fracción I del Reglamento de la Cámara de Diputados tiene el uso de la tribuna el diputado Jesús Serrano Lora, del Grupo Parlamentario de Morena, hasta por tres minutos, para hablar sobre el punto de acuerdo presentado.

El diputado Jesús Serrano Lora:Gracias, presidente. Buenas tardes, diputadas y diputados, que quede claro, a pesar de la ausencia, que es increíble que mejor los niños nos pongan el ejemplo de lo que es responsabilidad.

Que quede claro que por México que firmaron el pacto el PRI, el PAN y el PRD, no puso en el centro de este pacto un tema de verdadera emergencia nacional, que es el de seguridad alimentaria.

La verdadera unidad nacional se convoca a partir de la emergencia, es decir, del peligro que estamos padeciendo, al que se puede enfrentar nuestra nación, y en este momento en México nos encontramos en una verdadera emergencia nacional por estar expuestos a la catástrofe que sufre el campo mexicano, que no solo se manifiesta en nuestra profunda dependencia a las aportaciones de alimentos sino la disminución del empleo rural, que pasó del 19 al 13 por ciento anual, provocando la migración de más de 6 millones de campesinos que se fueron a Estados Unidos a sufrir humillaciones. Sobre todo ahora con este marihuano de Trump.

Asimismo, es de emergencia nacional que 30 grandes corporaciones transnacionales controlan actualmente el mercado agroalimentario de México.

El Grupo Parlamentario de Morena los convoca a la verdadera unidad nacional en torno al tema de seguridad alimentaria, para que de manera decidida se obligue a las dependencias del gobierno federal y hagan un uso eficiente de los recursos presupuestados.

La unidad nacional que proponemos es que se ejecute el presupuesto sin distingos ideológicos y se atienda con responsabilidad a todos y a todas las mexicanas por encima de los compromisos cupulares. Lo que impide la unidad nacional es la voluntad política que no se encuentra en el gobierno federal a través de sus políticas públicas excluyentes. ¿Y por qué estas no son capaces de contemplar el aprovechamiento de los recursos naturales y humanos con los que cuenta México?

Por ejemplo, permite que se paguen salarios de miseria. ¿Así podemos hablar de unidad nacional con salarios de hambre? Ya nada más vean la comparación con lo que ganan los ministros: 600 mil millones de pesos. Esa es una ofensa a la dignidad de los mexicanos.

Desde el 2 de diciembre de 2012 Enrique Peña Nieto ha contado con el brazo levantado de sus aliados en este Congreso para impulsar reformas que, lejos de preocuparse por cuestiones tan indispensables como la producción de alimentos, garantizan que sea prioridad por sobre esta noble actividad la entrega de recursos naturales con preferencia a tareas extractivas, tan nefastas como la minería; no importando que sea a cielo abierto o el fracking, destinando a recursos tan valiosos como la tierra, el agua, en superficies y subsuelos, altos contaminantes prácticamente sin comparación.

Y vuelvo a citar al asesino que es Germán Larrea, el ecocida que nadie, ninguna autoridad lo ha llamado a cuentas, y aventó 100 millones de pesos. Con eso se podrían lavar el río Bacanuchi y el río Sonora. Esto va para los diputados de Sonora.

Por otra parte, podemos ver que la actividad agrícola y pecuaria, la producción de alimentos, especialmente los de consumo primordial en la canasta alimentaria nacional, cuenta cada vez con menos recursos etiquetados en el Presupuesto de Egresos de la Federación.

Así podemos ver que el Programa Especial Concurrente para el Campo sufre reducciones de prácticamente el 16 por ciento para el ejercicio 2017, es decir, cerca de 14 mil millones de pesos menos con respecto a este año de hecho.

De esto, la propuesta del Ejecutivo compactó en operación y en presupuesto, programas como los de modernización de maquinaria y equipos, del Programa de Tecnificación del Riego, en el Programa de Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola.

Fue en esta soberanía donde se rescató el Programa de Concurrencias en las entidades federativas, es decir, el gobierno ni siquiera está interesado en generar una mayor responsabilidad con otros niveles de gobierno, así quedó de manifiesto en su propuesta presupuestaria de la que Morena, obvio, votó en contra justamente por privilegiar gastos suntuosos e innecesarios, en lugar de priorizar la producción de alimentos para el consumo nacional.

Sin olvidar, por supuesto, que el Ejecutivo federal violando la Ley de Presupuesto y Responsabilidades Hacendarias, propinó dos tremendos recortes durante el 2016 que golpearon primero a programas de Sagarpa, dedicados a impulsar la producción de alimentos, pero que dejó intactas una serie de privilegios y prebendas para altos funcionarios de su administración.

Es importante también recordar, que la Sagarpa tardó más de 10 meses en presentar los lineamientos para la entrega de apoyos para la adquisición de diésel del agropecuario. Aunque la Hacienda junto con Comisión Federal han hecho que las tarifas para productores sean inexistentes en la realidad de productores del campo.

Por supuesto que en Morena estamos a favor de una mayor participación de los estados y municipios, para alcanzar el desarrollo nacional máxime cuando se trata de los sectores más abandonados, como es el campo y su población. Los niños no les enseñaron eso de que estén chiflando.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Concluya, diputado, por favor.

El diputado Jesús Serrano Lora: Por eso termino, presidente. En vista de las contradicciones en las consideraciones y proposición, y su acuerdo con las observaciones hechas en esa exposición, yo quiero comentar esto: basta de simulación por parte del Ejecutivo federal, su partido y sus aliados. En este Congreso basta ya de solapar la ineficiencia en dependencias como Sagarpa y Conagua. Es tiempo ya de alimentar al pueblo de México con alimentos producidos en nuestras propias tierras.

Con esto termino. No vengamos cuando llega la siguiente propuesta presupuestaria a rasgarnos las vestiduras como lo han hecho aquí muchos diputados con el grito de que el campo mexicano ha estado en el abandono, cuando ustedes mismos han apretado la soga al cuello del campesinado. El campo es de vital importancia para el desarrollo nacional...

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Diputado, concluya.

El diputado Jesús Serrano Lora: ...el campo es de todas. Es hora ya que la producción de alimentos sea del plato y puente para las discusiones en las mesas de desarrollo. Gracias, diputados.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputado Serrano Lora. Tiene el uso de la tribuna el diputado Omar Noé Bernardino Vargas, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, hasta por tres minutos.

El diputado Omar Noé Bernardino Vargas:Con su venia, presidente. La proposición con punto de acuerdo que estamos analizando y debatiendo en este momento tiene un noble objetivo, que es apoyar al sector primario de nuestra economía, que sin duda se vio afectado por los recortes presupuestarios en este PEF 2017 por factores externos como la depreciación del peso frente al dólar o la caída de los precios del petróleo, entre otros.

En un contexto de unidad nacional, de solidaridad, de austeridad y de un declarado interés común, yo sí quisiera exhortar a todos los gobernadores del país y a todos los presidentes municipales para que le metan dinero al campo. Ya basta de paternalismos.

Los gobiernos estatales mediante participaciones federales manejan participaciones que no están etiquetadas, de libre programación. De ahí pueden ayudarle al campo en sus estados. También los ayuntamientos manejan libremente su hacienda. También pueden aportar recursos para fortalecer el campo en sus municipios.

Otra fuente de ingresos que se puede aprovechar son los convenios de colaboración administrativa que pueden hacer los gobiernos de los estados con el gobierno federal. Nosotros aprobamos aquí en esta Cámara un incremento a este capítulo de convenios de colaboración administrativa que se incrementó para este PEF 2016 en un 14.9 por ciento.

Compañeras y compañeros diputados, tenemos que legislar sin duda con creatividad para hacer más con lo mismo, para que los recursos que nosotros etiquetamos se eficienticen. Es por ello que también pido respetuosamente a esta Cámara y a las comisiones que se designaron en su momento, algunas reformas que presentamos a la Ley de Coordinación Fiscal, por ejemplo al artículo 33 para que los municipios pudieran disponer de hasta un 5 por ciento del Fondo de Aportaciones de Infraestructura Social Municipal, que vaya destinada directamente a los productores agrícolas y pecuarios.

También presentamos una reforma al artículo 40 de la Ley de Coordinación Fiscal para que los productores agroalimentarios pudieran ser proveedores preferentes en los programas de desayunos escolares.

Por todo lo manifestado los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde nos pronunciamos a favor del presente punto de acuerdo por el que se solicita se realicen las gestiones necesarias a fin de que los gobiernos estatales y en su caso municipales, destinen recursos de sus presupuestos públicos para hacer sinergia con los apoyos federales, coadyuvando con ello al desarrollo del capital físico, humano y tecnológico en el impulso de la comercialización y en la implementación de proyectos productivos, hidráulicos agropecuarios.

Lo anterior convencido de que la participación corresponsable de los diferentes niveles de gobierno en el diseño y ejecución de acciones en beneficio de los sectores productivos, hidráulicos y agropecuarios abonarán en beneficio del crecimiento y fortalecimiento de nuestra economía nacional.

Apoyamos estos exhortos pero también les pedimos que no queden congeladas las iniciativas que reforman la Ley de Coordinación Fiscal para que estos puntos de acuerdo sean una realidad y no se conviertan en su momento en una llamada a misa. Es cuanto, presidente.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputado Bernardino Vargas. Tiene el uso de la tribuna el diputado Francisco Xavier Nava Palacios, del Grupo Parlamentario del PRD, hasta por tres minutos.

El diputado Francisco Xavier Nava Palacios:Gracias, presidente. El Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática con toda responsabilidad fija su posición en este tema, y lo que nosotros estamos presentando en esta tribuna es que vamos en contra de esta proposición de urgente y obvia resolución, no porque estemos, por supuesto, en contra del campo mexicano; lo que creemos es que esta proposición finalmente es una más de las cortinas de humo que se están tendiendo sobre una pésima determinación que tomó la mayoría de esta Cámara de Diputados y el Ejecutivo Federal, para incrementar los precios de los combustibles a partir del primero de enero de 2017.

Pedir que, como lo dice el resolutivo del PES: “los gobiernos estatales, y en su caso, municipales, destinen recursos de sus presupuestos públicos para hacer sinergia con los apoyos federales, para la implementación de proyectos hidráulicos agropecuarios”. No va a poder ser, compañero del Partido Verde, no hay dinero, si nosotros vemos los recortes que se dieron a los distintos presupuestos de los rubros que estamos tratando ahora, de donde van a sacar los gobernadores las contrapartes para meterle dinero a proyectos que van para apalear el nefasto efecto que tiene el incremento de los combustibles en el sector hidroagrícola.

No es nada nuevo tampoco, estos proyectos que estos programas, como es el caso del Programa de Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola, tuvo una disminución en este presupuesto que aprobaron de más de mil 999 millones de pesos, este programa de donde dicen que ahora los estados, y en su caso los municipios, tendrán que aportar. ¿Cómo le van a hacer? Es simplemente una cortina de humo para tratar de palear un efecto negativo del incremento a los precios de los combustibles, particularmente, el diésel.

Entonces, no hay de donde echar mano de estos recursos. Como es posible que vengamos ahora cuando ni siquiera reservaron el anexo 31 del Presupuesto de Egresos de la Federación, a decir ahora, hay que meterle lana pero sin paternalismos, que sean los gobernadores de los estados, que sean las entidades federativas. No nos tomemos el pelo, esto va a tener consecuencias muy negativas, porque el incremento del 20 por ciento en promedio a los precios de los combustibles le dio en la torre a la economía de los mexicanos.

Vamos a ver cuál es el nuevo anuncio que nos trae Hacienda en los próximos días, lo echaron para atrás viendo que había la posibilidad de posponerlo, insisto, unos días más, unas horas, pero vamos a ver qué es lo que sucede. Mejor tomemos en cuenta y hagamos propuestas que de verdad vayan al fondo del asunto.

Las reasignaciones que pueden existir o las economías que está haciendo la Secretaría de Hacienda, las entidades federativas, a distintos presupuestos y rubros, entonces sí, con ese dinero vayamos a ver qué podemos hacer.

No es posible, ya estando en el tema hidroagrícola, que haya habido un recorte, y que esta Cámara no haya puesto el grito en el cielo de un recorte de 9 mil 300 millones de pesos en el tema de agua potable. ¿En qué cabeza cabe? ¿Dónde están las prioridades de este país? Y no lo hicimos. Algunos sí nos opusimos, pero la mayoría irreflexiva no lo hizo. Y ahora venimos a decir: pongámonos todos a trabajar para apalear el efecto negativo del precio, del incremento al precio del diésel. Eso no va a suceder.

Entonces, de verdad, seamos conscientes de lo que estamos planteando. Insisto, estos programas, el programa de Apoyo Hidroagrícola ya existe, nada más que le redujimos 2 mil millones de pesos.

Por eso nos oponemos, porque –como dijo el diputado que me antecedió– seguramente esto va a ser una llamada más a misa. No levantemos cortinas de humo o pongámonos a que sigan incrementándose los precios de los combustibles, y todos nosotros somos responsables de ello. Muchas gracias.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputado Nava Palacios. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si la proposición con punto de acuerdo se encuentra suficientemente discutido.

La Secretaria diputada Isaura Ivanova Pool Pech: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica, se consulta a la asamblea si se encuentra suficientemente discutido. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Diputado presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Suficientemente discutido. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se aprueba el acuerdo.

La Secretaria diputada Isaura Ivanova Pool Pech:Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica, se pregunta si se aprueba el acuerdo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Diputado presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Aprobado. Comuníquese.



BLANQUEO DE CAPITALES

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: De conformidad con el artículo 76, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados tiene la palabra hasta por 5 minutos la diputad Gina Andrea Cruz Blackledge, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que, en el marco de la visita de evaluación del Grupo de Acción Financiera Internacional, GAFI, a México, sobre el blanqueo de capitales, se realice una reunión de trabajo entre diputados, senadores y miembros de la delegación de evaluación para revisar la agenda de prevención del lavado de dinero desde la perspectiva del Poder Legislativo, suscrita también por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Adelante, diputada.

La diputada Gina Andrea Cruz Blackledge:Con su venia, presidente. Diputadas y diputados, el delito de blanqueo de capitales o lavado de dinero permite que grupos delincuenciales legitimen las ganancias que provienen de sus actividades ilícitas, lo que representa una de las principales problemáticas en torno a la procuración del Estado de derecho a consecuencia de la pérdida de control, la distorsión y la inestabilidad de la política económica, generando costos sociales devastadores para cualquier nación.

Bajo este orden de idas, la comunidad internacional se ha concretado a robustecer los esfuerzos para hacer frente a esta alarmante situación por medio de la cooperación internacional. El Grupo de Acción Financiera Internacional sobre el Bloqueo de Capitales es un organismo intergubernamental cuyo principal objetivo consiste en establecer normas, así como promover la aplicación efectiva de las medidas legales, reglamentarias y operativas para combatir el lavado de dinero.

En su ejercicio ha emitido más de 40 recomendaciones que constituyen los estándares internacionales utilizados por más de 180 países, incluido México, para combatir eficazmente y de manera global este hecho delictivo.

El año pasado se realizó un reporte que coordinó la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, en el que se estableció que la corrupción, la delincuencia organizada, el nivel de recursos ilícitos generales y la falta de certeza jurídica que alimenta la impunidad son factores que potencializan el riesgo de lavado de dinero en México.

Diputadas y diputados, nuestro país, al formar parte de los principales organismos especializados en combatir el blanqueo de capitales, ha realizado importantes avances para hacer frente a esta problemática, sin embargo aún se presentan retos considerables que demandan el reforzamiento del sistema de prevención y combate al lavado de dinero, delitos precedentes y conexos, así como a la agenda de mecanismos institucionales para la recuperación de activos, como es la extinción de dominio, en donde la actuación del Poder Legislativo es fundamental.

Por lo anteriormente expuesto, el Grupo Parlamentario de Acción Nacional somete a consideración de esta soberanía el siguiente punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por el que la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que en el marco de la visita de evaluación del Grupo de Acción Financiera Internacional sobre el Blanqueo de Capitales, se realice una reunión de trabajo entre diputados, diputadas y senadores de las Comisiones de Hacienda y Crédito Público, de las Comisiones de Justicia y de la Comisión de Seguridad Pública y miembros de la Delegación de Evaluación para Revisar la Agenda de Prevención de Lavado de Dinero y Recuperación de Activos.

Consideramos urgente el consolidar las instituciones en materia de combate al lavado de dinero, que hoy por hoy es un problema que no ha encontrado la eficiencia necesaria para su combate por parte del Estado mexicano. Esperamos, diputadas y diputados, compañeros, contar con su apoyo. Es cuanto, diputado presidente.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SHCP a realizar en el marco de la visita de evaluación del Grupo de Acción Financiera Internacional a México, sobre el blanqueo de capitales, un encuentro entre diputados, senadores y miembros de aquél para revisar la agenda de prevención del lavado desde la perspectiva del Poder Legislativo, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PAN

Los suscritos, diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 79, numeral 2, fracciones II y III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración del pleno de la Cámara de Diputados la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución:

Consideraciones

El Grupo de Acción Financiera Internacional sobre el Blanqueo de Capitales (GAFI-FATF) es un organismo intergubernamental cuyo principal objetivo consiste en establecer normas así como promover la aplicación efectiva de las medidas legales, reglamentarias y operativas para combatir el lavado de dinero. En abril de 1990 dio a conocer “Cuarenta Recomendaciones” las cuales tenían por objeto proporcionar un plan de acción necesario para la lucha contra el lavado de dinero.

Estas recomendaciones fueron revisadas en 1996 y reformuladas sustancialmente en 2003, para reflejar los cambios ocurridos mundialmente en el tema de lavado de dinero y así evitar futuras amenazas. Fue en el año 2001 cuando emitió las 8 Recomendaciones Especiales sobre el Financiamiento del Terrorismo las cuales fueron complementadas en octubre de 2004 con la emisión de la novena recomendación especial referida al movimiento transfronterizo de efectivo.

Asimismo, el 16 de febrero de 2012, publicó una nueva versión de sus Recomendaciones, en las que se integran las medidas esenciales contenidas en las anteriores Cuarenta Recomendaciones, con las 9 Recomendaciones Especiales, que constituyen los estándares internacionales utilizados por más de 180 países (incluido México) para combatir eficazmente y de manera global los mencionados delitos, así como para evitar el uso de los sistemas financieros con fines ilícitos.

La evaluación de la implementación de las nuevas recomendaciones por parte de los países inició a finales de 2013 y terminará antes del 2020. Debido a ello la normativa aplicable en todos los países en la materia deberá tener importantes adecuaciones, con el propósito de ajustarla a los requerimientos que derivan de dichas Recomendaciones y con ellos lograr un mayor grado de apego a las mismas por parte de nuestro país.

El GAFI posee dos mecanismos básicos de evaluación de la aplicación de sus Recomendaciones

1. Los ejercicios de autoevaluación (consisten en la respuesta de cada país respecto de la situación que guarda la aplicación de los criterios contenidos en las Recomendaciones del Grupo. Tienen por objeto monitorear la evolución de los países respecto de sus sistemas anti-lavado de dinero, y armonizar la legislación en la materia, siempre siguiendo como criterio las propias Recomendaciones.

2. Las evaluaciones mutuas (consiste en el proceso mediante el cual el GAFI examina el nivel de cumplimiento de los criterios y recomendaciones que formula en materia de prevención y combate del lavado de dinero y del financiamiento al terrorismo.

En las evaluaciones mutuas los países integrantes son sometidos a dicho proceso de evaluación, el cual culmina en un documento (reporte) que da informe de la situación general de cada país evaluado. En el proceso de evaluación participan especialistas de diferentes países (áreas financiera, legal y operativa), quienes integran un equipo evaluador que visita el país objeto de evaluación, con la finalidad de entrevistarse con las autoridades de los diferentes organismos que, directa o indirectamente, tratan la problemática del lavado de activos y del financiamiento de actos terroristas.

El año pasado se realizó un reporte que coordinó la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en la cual se estableció que la corrupción, la delincuencia organizada, el nivel de recursos ilícitos generados y falta de certeza jurídica que alimenta la impunidad son factores que potencializan el riesgo de lavado de dinero en México.

Nuestro país al formar parte de los principales organismos especializados en combatir dicho delito ha realizado importantes avances para fortalecer y combatir los problemas de los delitos antes mencionados, entre los cambios más trascendentes han sido los de penalizar estas violaciones conforme a los más altos estándares internacionales así como la creación y fortalecimiento de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (UIF), la emisión de diversas disposiciones en materia de prevención al lavado de dinero aplicables a las entidades financieras y actividades vulnerables no financieras, el fortalecimiento de las autoridades reguladoras y supervisoras, entre otros.

Sin embargo, ante las insuficiencias y retos que tiene nuestro país en la materia, es necesario y urgente un reforzamiento de nuestro sistema de prevención y combate al lavado de dinero, delitos precedentes y conexos, así como a la agenda de mecanismos institucionales para la recuperación de activos, como lo es la extinción de dominio.

Ante la implementación de un sistema nacional anticorrupción en las postrimerías de este sexenio y el combate al crimen organizado se hace urgente el consolidar las instituciones en materia de combate al lavado de dinero que hoy por hoy, se encuentran en una situación precaria. De lo anterior da cuenta el IV informe de gobierno del Presidente de la República.

La evaluación del GAFI es una importante oportunidad para que todo el Estado mexicano afine y depure los mecanismos correspondientes y defina activarlos en toda su capacidad. Por tal razón es que se hace pertinente el solicitar una reunión de trabajo con aquellas personas que estarán visitando en los meses de febrero y marzo en representación del GAFI a nuestro país.

En virtud de lo anterior proponemos el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que en el marco de la visita de evaluación del Grupo de Acción Financiera Internacional sobre el Blanqueo de Capitales se realice una reunión de trabajo entre diputados y senadores de las comisiones de Hacienda y Crédito Público, Justicia y Seguridad Pública y miembros de la delegación de evaluación para revisar la agenda de prevención de lavado de dinero y recuperación de activos.

Nota:

1 Grupo de Acción Financiera Internacional sobre el Blanqueo de Capitales. Disponible en línea: http://www.cnbv.gob.mx/PrevencionDeLavadoDeDinero/Documents/VSPP_GAFI%20%20%201 30701.pdf 16 de enero 2017.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de febrero de 2017.— Diputada Gina Andrea Cruz Blackledge(rúbrica).»

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputada Gina Andrea Cruz Blackledge. Para los efectos del artículo 100 del Reglamento de la Cámara de Diputados, consulte la Secretaría a la asamblea si esta proposición con punto de acuerdo se considera de urgente u obvia resolución.

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: Para los efectos del artículo 100 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se pregunta a la asamblea si se considera de urgente resolución. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Se considera de urgente resolución. Para fijar la postura de sus grupos parlamentarios y de conformidad con el artículo 113, numeral 1, fracción I, de nuestro Reglamento, se han registrado para hacer el uso de la tribuna el diputado Juan Romero Tenorio, del Grupo Parlamentario de Morena; la diputada Adriana Sarur Torre, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; el diputado Waldo Fernández González, del Grupo Parlamentario del PRD.

Tiene el uso de la tribuna, hasta por tres minutos, el diputado Juan Romero Tenorio.

El diputado Juan Romero Tenorio:Con venia de la Mesa Directiva. En ese ánimo que nos infundieron los legisladores infantiles de que es posible cambiar a México, de que es posible creer en México para mejorar, no ya la situación actual, sino las condiciones que en el futuro inmediato ellos mismos van a afrontar en una recesión económica que golpea a todo el pueblo mexicano.

Suscribimos la proposición con punto de acuerdo que presenta el Partido Acción Nacional y agregamos una modificación. Señalamos que deben revisarse los resultados de la aplicación del marco legislativo, las políticas públicas y la agenda en la prevención del lavado de dinero y recuperación de activos.

La Secretaría de Hacienda ha emitido diversa normatividad sobre el tema, hay una Evaluación Nacional de Riesgo de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo en México 2016, que integraron la Secretaría de Gobernación, Secretaría de Hacienda, la Procuraduría General de la República, el Banco de México y el Poder Judicial de la Federación.

Sobre el tema necesitamos evaluar el marco legislativo, puesto que contamos con una Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, que aplican las dependencias señaladas, políticas públicas que no dan cuenta clara de la cantidad de recurso que se lava en nuestro país, dinero de la delincuencia que involucra a instituciones financieras, a empresas, tanto del sector público como del privado.

El Centro de Estudios Sociales y de la Opinión Pública ha señalado que hay una ganancia en el lavado de dinero aproximada de 25 mil millones de dólares, cantidad no menor si consideramos los recursos económicos que necesita nuestro país para el desarrollo.

México no se ha caracterizado por sancionar el lavado de dinero. México no se ha caracterizado por tener una fiscalía dura, una Unidad de Investigación Financiera que dé resultados.

No ha habido resultados en la persecución del crimen organizado, se da cuenta de eventos donde se ataca con fuerza letal al crimen organizado o se detiene algún capo, pero no se da cuenta de la Unidad de Inteligencia Financiera respecto a la recuperación de activos de la delincuencia que siguen medrando con la seguridad de todos los ciudadanos.

Suscribimos este punto de acuerdo, pero señalamos que el resultado debe ser objetivo, debe ser completo para informar a la ciudadanía de la inteligencia que se aplica para prevenir a esta delincuencia.

Exhortamos que esta Cámara se aplique y, efectivamente, en cumplimiento con las atribuciones de supervisión y vigilancia pida cuentas sobre el quehacer público de las entidades involucradas en el lavado de dinero y no sean comparsa y encubran este gran delito que afecta a miles de familias en nuestro país. No al lavado de dinero encubierto con las entidades de la federación, los estados y los municipios. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputado Juan Romero Tenorio. Pregunto a la promovente del Grupo si aceptan la modificación propuesta por el diputado Romero Tenorio. Sonido en la curul de la diputada Gina Cruz, por favor.

La diputada Gina Andrea Cruz Blackledge(desde la curul): Gracias, presidente. Agradezco mucho esta propuesta que hace el diputado Romero Tenorio. Sin embargo, consideramos que la propuesta que estamos haciendo abre la posibilidad a un número amplio de preguntas o de propuestas que podamos hacer en este grupo de trabajo. Por lo cual no quisiera que se acotara únicamente a los puntos que se están proponiendo.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Entendemos que se rechaza la modificación, ¿Verdad?

La diputada Gina Andrea Cruz Blackledge (desde la curul): Así es.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Muy bien. No es aceptada la propuesta de modificación planteada por el diputado Romero Tenorio. En consecuencia, tiene el uso de la palabra la diputada Adriana Sarur Torre, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

La diputada Adriana Sarur Torre:Con la venia de la Presidencia. El lavado de dinero es el proceso mediante el cual es encubierto el origen de los fondos generados mediante el ejercicio de algunas actividades ilegales, siendo las más comunes el tráfico de drogas, el tráfico de armas, la corrupción, el fraude, la trata de personas, la prostitución, extorsión, piratería y terrorismo.

En suma, el objetivo del lavado de dinero es hacer que los fondos o activos obtenidos a través de actividades ilícitas aparezcan como el fruto de actividades legítimas y se muevan sin problemas en el sistema financiero.

La peligrosidad del lavado de dinero es tal que las oficinas de las Naciones Unidas contra la droga y el delito lucha de manera conjunta con estados para acabar con esta amenaza que lacera tanto al país y a nuestra seguridad.

El valor estimado del lavado del dinero al año en todo el mundo está entre el 2 y el 5 del producto interno bruto. Los recursos provenientes del lavado de dinero fomentan la creación de una cultura del dinero fácil y cada año estos recursos monetarios aseguran el crecimiento de grupos criminales, la expulsión de sus competidores del mercado, el encarecimiento de bienes y servicios y la intimidación de la población.

En lo que respecta a nuestro país el fenómeno del lavado de dinero genera ganancias superiores a los 25 mil millones de dólares al año y representa una décima parte del dinero obtenido por el crimen organizado.

Ante este fenómeno nuestras autoridades hacendarias tienen que aprovechar todas las herramientas a su disposición para atacar y combatir las artimañas empleadas por el crimen organizado para lavar dinero.

Una de estas herramientas es el Grupo de Acción Financiera Internacional sobre el Blanqueo de Capitales, el cual es un organismo intergubernamental cuyo principal objetivo consiste en establecer normas; así como prever la aplicación efectiva de las medidas legales reglamentarias y objetivas para combatir el lavado de dinero.

No negamos que nuestro país ha realizado importantes avances y esfuerzos para fortalecer y combatir los problemas de los delitos antes mencionados, sin embargo, ante las complejidades inherentes y los enormes retos que tenemos en la materia, es necesario e impostergable implementar medidas para fortalecer nuestro sistema de prevención y combate a este delito.

Por lo anterior expuesto, el Partido Verde apoyará el presente punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que, en el marco de la visita de la evaluación del Grupo de Acción Financiera Internacional sobre el Blanqueo de Capitales, se realice una reunión de trabajo entre diputados y senadores de las Comisiones de Hacienda, Justicia y Seguridad Pública, y miembros de la delegación de evaluación para revisar la agenda de prevención del lavado de dinero y recuperación de activos.

Compañeras y compañeros legisladores, la evaluación del GAFI constituye una gran oportunidad para que todo el Estado mexicano modernice y actualice los mecanismos correspondientes y defina activarlos en toda su capacidad.

El crimen organizado es un cáncer que está acabando con nuestra sociedad y es nuestro deber utilizar todos los medios a nuestra disposición para erradicarlo y combatirlo de nuestro territorio. Es cuanto, diputado presidente.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputada Sarur Torre. Tiene el uso de la tribuna el diputado Waldo Fernández González, del Grupo Parlamentario del PRD, hasta por tres minutos.

El diputado Waldo Fernández González:Con su venia, señor presidente. El exhorto que se nos propone es pertinente en la medida de que el grupo de acción financiera sobre blanqueo de capitales, ha establecido un equipo evaluador sobre las acciones emprendidas en México sobre este importante tema, y es pertinente pues el avance legislativo en materia de regulación, prevención y combate al blanqueo de capitales ha sido progresivo, pero debemos reconocer que aún no estamos en condiciones de decir que hemos logrado erradicarlo; que mejor que analizarlo, discutirlo y reflexionarlo, en el marco de una evaluación mutua, con mecanismos con los que cuenta el grupo de acción para generar ideas y posicionamientos que incidan en una mejora en esta materia.

Por supuesto esperamos, seguros de que la Secretaría de Hacienda verá de buen agrado una participación substancial de parte de los legisladores, para poder realizar dicho encuentro en este recinto. Podremos así compartir nuestra experiencia y los instrumentos que se han generado, tanto en los sistemas financieros, como en las regulaciones de inversión, pero será importante escuchar la opinión de expertos y las políticas que tendrá que exponer la propia secretaría.

Contrario al discurso de quien se siente con la autoridad para calificar a México, reconocemos de forma autocrítica y de manera reflexiva, que tenemos un largo camino que recorrer, pero que existen acciones, personas y fuerzas progresistas que en materia legislativa han insistido de forma propositiva con iniciativas, propuestas y posiciones que aportan ideas y proyectos legislativos a la discusión sobre el lavado de dinero en México.

En el Grupo Parlamentario del PRD, vemos este exhorto como una oportunidad, no solo para señalar diagnósticos, sino para establecer compromisos serios y sobre todo para mejorar la imagen de México. Pero no pretendemos mejorar la imagen de nuestro país con llamados vacíos a congregaciones discursivas, sino a través de instrumentos legales, con diseños legislativos innovadores y estableciendo sistemas de coordinación más eficientes.

Podemos generar mejores logros de los que se han tenido, pero el objetivo no es administrar este problema como hasta ahora, sino establecer una clara ruta de combate a la corrupción, al lavado de dinero y a todo este flagelo que lastima al Estado mexicano.

A 10 años del inicio de una batalla contra la delincuencia organizada, sigue siendo la ruta del dinero la principal asignatura pendiente. Por eso estamos a favor de este punto de acuerdo. Gracias, señor presidente.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputado. Consulte la Secretaría a la asamblea en votación económica si el dictamen con punto de acuerdo se considera suficientemente discutido.

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se encuentra suficientemente discutido. Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Suficientemente discutido. Consulte la Secretaría a la asamblea en votación económica si se aprueba el acuerdo.

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se aprueba el acuerdo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Aprobado. Comuníquese.Sonido en la curul de la diputada Rocío Nahle.

La diputada Norma Rocío Nahle García(desde la curul): Presidente, antes de que concluya la sesión. El día de ayer en la Junta de Coordinación Política se acordó de dar trámite para publicación a cuatro dictámenes. Ahorita el secretario técnico nos está comentando que nada más va a ser la publicación de un solo dictamen.

El acuerdo de la Jucopo fue de cuatro dictámenes que ya están, ya nada más es para la publicación. Solicito por favor que se dé publicación a los dos, tres dictámenes, porque hay uno con observación. Estoy de acuerdo con el de observación, pero hay que darle publicación. Eso quedó ayer en la Jucopo; por favor.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputada. El comunicado que recibió la Mesa Directiva de Jucopo es que, efectivamente, se estaban procesando cuatro dictámenes para publicidad uno de cada grupo parlamentario.

Por eso la petición que le hacemos es que podamos darle publicidad a un dictamen de su grupo y todavía vamos a desahogar algunos temas más. Antes de cerrar la sesión checar con Jucopo para poder dar publicidad a los restantes. Nuevamente sonido a la curul de la diputada Nahle.

La diputada Norma Rocío Nahle García (desde la curul): El acuerdo fue los cuatro que solicitó Morena. Si los demás grupos parlamentarios tenían más, hay que darle publicidad. Si son 5, 10, 20, 30, los que sean, hay que darles publicidad, porque si no, el último día, el 30 de abril, último día de sesiones, van a querer meter en paquete 90 dictámenes; el acuerdo es que vayamos desahogando los que ya están, y ese fue el acuerdo. Yo se lo notifico directamente porque quedó así en el acta de la Jucopo. Entonces si hay más de los otros grupos parlamentarios, pues excelente, nosotros no decimos que no, nada más que hay que respetar los del Grupo Parlamentario de Morena, que ayer los presentamos, por favor.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Gracias, diputada. Yo coincido con usted en que hay que ir desahogando todos los dictámenes, efectivamente, y le reitero la comunicación que hemos recibido; permítame unos minutos antes de cerrar la sesión para poder dar trámite a su petición.

Continúe la Secretaría.



ACUERDO DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.— Junta de Coordinación Política.

Diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar, Presidente de la Mesa Directiva de la Honorable Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 34, inciso c) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le ruego someter a consideración del Pleno, la modificación en la integración de las comisiones que se señalan, solicitadas por el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

• Que el diputado Luis de León Martínez Sánchez, cause baja como integrante de la Comisión de Asuntos de la Frontera Sur-Sureste.

• Que el diputado Luis de León Martínez Sánchez, cause alta como integrante en la Comisión de Turismo.

• Que la diputada Kathia María Bolio Pinelo, cause baja como secretaria de la Comisión Especial Sobre la No Discriminación.

• Que la diputada Kahia María Bolio Pinelo, cause alta com o presidenta en la Comisión Especial Sobre la No Discriminación.

Sin otro particular, le reitero mi consideración distinguida.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, ciudad de México, a 13 de febrero de 2017.— Diputado: Francisco Martínez Neri (rúbrica) presidente.»

En votación económica se pregunta si se aprueban. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Aprobadas, comuníquese.



LICENCIA

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LXIII Legislatura.

Diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar, Presidente de la Comisión Permanente de la Honorable Cámara de Diputados.— Presente.

El que suscribe, en mi carácter de diputado federal integrante de la LXIII Legislatura por el Partido Acción Nacional y con fundamento en lo establecido en los artículos 62 y 63 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en lo dispuesto en el artículo 10, fracción V y en el artículo 12, fracción III del Reglamento de la Cámara de Diputados, solicito respetuosamente se someta a consideración del Pleno, mi solicitud de licencia para separarme de mi cargo como diputado federal por tiempo indefinido a partir del 14 de febrero del presente año.

Sin otro particular y reiterándole mis más distinguidas consideraciones, quedo de usted.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de enero de 2017.— Francisco José Gutiérrez de Velasco Urtaza (rúbrica), diputado federal.»

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Pido a la Secretaría dar cuenta con los puntos de acuerdo.

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:Primero. Se concede licencia por tiempo indefinido al diputado Francisco José Gutiérrez de Velasco Urtaza, para separarse de sus funciones como diputado federal electo por el Cuarto Distrito Electoral del Estado de Veracruz, a partir de esta fecha.

Segundo. Llámese al suplente. Es cuanto.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Consulte la Secretaría a en votación económica a la asamblea si son de aprobarse los puntos de acuerdo.

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:Por instrucciones de la Presidencia en votación económica se consulta a la asamblea si se aprueba el acuerdo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. Presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: Aprobada la licencia, comuníquese.

Continúe la Secretaría con declaraciones de publicidad.

DECLARATORIA DE PUBLICIDAD DE DICTÁMENES DE LEY O DECRETO



LEY DE TRANSICIÓN ENERGÉTICA

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:«Dictamen de la Comisión de Energía, con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción I del artículo 3 de la Ley de Transición Energética

Honorable Asamblea:

La Comisión de Energía de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 80, 82, numeral 1, 85, 157, numeral 1, fracción I, y 158, numeral 1, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás relativos de dicho ordenamiento, y habiendo analizado el contenido de la iniciativa de referencia, somete a la consideración de esta Honorable Asamblea el presente dictamen, al tenor de los siguientes:

I. Antecedentes

1. En sesión de la Comisión Permanente del Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio Constitucional de la LXIII Legislatura de fecha 19 de julio de 2016, la diputada Guadalupe Hernández Correa, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Regeneración Nacional (MORENA), presentó iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 3, fracción I, de la Ley de Transición Energética.

2. En esa misma fecha, la Mesa Directiva de la Comisión Permanente turnó a la Cámara de Diputados el proyecto en comento y ésta a su vez lo remitió a la Comisión de Energía, para su estudio y dictamen.

II. Contenido de la iniciativa

La diputada Hernández Correa refiere que la reforma que plantea a la Ley de Transición Energética -LTE- tiene como finalidad ampliar el concepto de Aprovechamientos Sustentables de la energía, introduciendo en dicho concepto el que se garantice en todo momento la salud de la población de conformidad con el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. A partir de lo anterior, la legisladora plantea la necesidad de disminuir los impactos negativos derivados de la generación, distribución y consumo de energía, con la finalidad de proteger el medio ambiente y mantener el equilibrio en los ecosistemas, para el adecuado desarrollo, bienestar y salud de las persona.

Por otra parte, la legisladora advierte que el cambio climático es la mayor amenaza ambiental de este siglo, con consecuencias económicas, sociales y ambientales de gran magnitud y el desempeño gubernamental, así como la participación del Poder Legislativo son trascendentales para minimizar las consecuencias del cambio climático.

En palabras de la diputada, la mayor parte de la energía que consumimos en nuestro país tiene como origen el carbón y el petróleo y esto representa un riesgo a la salud de los mexicanos, demostrado en las contingencias ambientales que han afectado recientemente a los habitantes de la Ciudad de México y del área metropolitana. Asimismo, la diputada reconoce que la ley en estudio tiene una orientación al cuidado del ambiente, pero concluye que lo hace de manera ambigua y no contempla el uso de la energía en términos de la salud de la población.

Adicionalmente, la legisladora también hace referencia al contenido de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Medio Ambiente como vehículo para materializar el espíritu constitucional referente a la presentación y restauración del equilibrio ecológico, así como a la protección al ambiente. En relación a dicho ordenamiento jurídico, la diputada también considera que la ley debería fortalecerse, respecto a la protección de la salud y el cuidado del medio ambiente.

Por lo expuesto anteriormente la diputada Hernández Correa propone la siguiente reforma:

Decreto

Único. Se reforma el artículo 3, fracción I, de la Ley de Transición Energética, para quedar como sigue:

Artículo 3. Para efectos de esta ley se considerarán las siguientes definiciones:

I. Aprovechamiento sustentable de la energía: El uso óptimo de la energía en todos los procesos y actividades para su explotación, producción, transformación, distribución y consumo, incluyendo la eficiencia energética, con la finalidad de proteger el medio ambiente y mantener el equilibrio en los ecosistemas, para el adecuado desarrollo, bienestar y salud de las personas.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Una vez establecidos los antecedentes y el objetivo de la iniciativa, se elabora el dictamen correspondiente con base en las siguientes:

III. Consideraciones

A. La Comisión de Energía de la Cámara de Diputados, alude a la fracción X del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a través del cual se encuentra plenamente justificada su competencia y su facultad para conocer y resolver la materia del asunto que se analiza.

B.El artículo. 1° de la LTE establece como objetivo central regular el aprovechamiento sustentable de la energía así como las obligaciones en materia de energías limpias y de reducción de emisiones contaminantes de la industria eléctrica, manteniendo la competitividad de los sectores productivos. Este nuevo marco jurídico pretende incentivar y promover las inversiones para la reconfiguración de la matriz energética y hacer un uso más intensivo de las energías renovables. La consecución de estos propósitos plantea beneficios al medio ambiente, la economía familiar y la salud de todos los mexicanos.

C. Por otra parte, es importante señalar que la LTE establece un vínculo directo con la Ley General de Cambio Climático (LGCC), en cuanto a las metas de reducción de emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero y de generación de electricidad provenientes de fuentes de energía limpia.

Es decir, el objeto de la LGCC enmarca su trascendencia en materia energética al garantizar el derecho a un medio ambiente sano y reducir la vulnerabilidad de la población y los ecosistemas del país frente a los efectos adversos del cambio climático.

D. La que dictamina concluye que el diseño de ambos instrumentos jurídicos, es decir, la LTE y LGCC son complementarios en la procuración de un ambiente sano, el desarrollo sustentable, la preservación y restauración del equilibrio ecológico, por lo que la propuesta de la diputada Hernández Correa, se considera un eslabón más en el perfeccionamiento de nuestro marco jurídico tomando en cuenta que es congruente con los objetivos enmarcados en el artículo cuarto constitucional respecto a la garantía del derecho a un medio ambiente sano.

En este orden de ideas, la propuesta de la legisladora robustece la definición del aprovechamiento sustentable de la energía y con ello se enfatiza uno de los fines más distinguidos de nuestros ordenamientos jurídicos: la protección del medio ambiente y el cuidado de la salud de la sociedad.

A partir de lo anterior, se considera que la reforma propuesta a la LTE permitirá ampliar el espectro y la visión de estado en la formulación de la política nacional, para que en las actividades de explotación, producción, transformación, distribución y consumo de energía, se haga un uso óptimo de la energía, tomando en cuenta la sustentabilidad, pero además, privilegiando el bienestar y salud de las personas, así como la protección del medio ambiente.

Bajo esta óptica, la reforma planteada busca incrementar la responsabilidad ambiental y contribuir a una reflexión y análisis mucho más profundo respecto a las obras o actividades que puedan afectar o dañar al medio ambiente.

La que dictamina considera que la reforma a la LTE favorecerá que la transición energética se realice con una visión mucho más integral y conlleve a una mejor salud de la sociedad y al respeto irrestricto del medio ambiente.

E.A partir de las consideraciones anteriores, los diputados integrantes de la Comisión de Energía, someten a la consideración del Pleno de esta Honorable Asamblea el siguiente:

Decreto

Único. Se reforma el artículo 3, fracción I, de la Ley de Transición Energética, para quedar como sigue:

Artículo 3.Para efectos de esta ley se considerarán las siguientes definiciones:

I. Aprovechamiento sustentadle de la energía: El uso óptimo de la energía en todos los procesos y actividades para su explotación, producción, transformación, distribución y consumo, incluyendo la eficiencia energética, con la finalidad de proteger el medio ambiente y mantener el equilibrio en los ecosistemas, para el adecuado desarrollo, bienestar y salud de las personas;

II. a XL...

Transitorios

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, Ciudad de México, a 5 de octubre de 2016.

La Comisión de Energía, diputados:Georgina Trujillo Zentella (rúbrica), presidenta; Jerico Abramo Masso (rúbrica), Alfredo Anaya Orozco (rúbrica), Fernando Navarrete Pérez (rúbrica), Ricardo Taja Ramírez, Nelly del Carmen Márquez Zapata, César Augusto Rendón García (rúbrica), Juan Carlos Ruiz García, Elio Bocanegra Ruiz, Julio Saldaña Morán, Sofía González Torres (rúbrica), Norma Rocío Nahle García (rúbrica), Macedonio Salomón Tamez Guajardo (rúbrica), secretarios; Leonardo Amador Rodríguez (rúbrica), José Antonio Arévalo González (rúbrica), Carlos Bello Otero (rúbrica), Juan Alberto Blanco Zaldívar (rúbrica), Juan Manuel Cavazos Balderas, Susana Corella Platt (rúbrica), José del Pilar Córdova Hernández (rúbrica), Daniela de los Santos Torres, Guadalupe Hernández Correa (rúbrica), Luis Manuel Hernández de León, David Jiménez Rumbo, Érick Alejandro Lagos Hernández, Rocío Matesanz Santamaría (rúbrica), Fernando Quetzalcóatl Moctezuma Pereda (rúbrica), María de los Ángeles Rodríguez Aguirre, Esdras Romero Vega (rúbrica), Nancy Guadalupe Sánchez Arredondo.

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: De conformidad con lo que establece el artículo 87, del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple con la declaratoria de publicidad. Continúe la Secretaría.



LEY FEDERAL SOBRE MONUMENTOS Y ZONAS ARQUEOLÓGICAS, ARTÍSTICOS E HISTÓRICOS

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:«Dictamen de la Comisión de Cultura y Cinematografía, con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos

Honorable Asamblea:

La Comisión de Cultura y Cinematografía, de esta Cámara de Diputados de la LX1II Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 39, fracción XII; 45, numeral 6, incisos e), f) y g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 80, numeral 1, fracción II; 157, numeral 1, fracción I y 158 numeral 1, fracción IV, y 167, numeral 4, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de este Pleno el presente dictamen al tenor de los siguientes:

Antecedentes

Primero.En sesión celebrada el 16 de marzo de 2016 en la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, el diputado Ángel Antonio Hernández de la Piedra, presentó la Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal sobre monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos y suscrita por los diputados Laura Beatriz Esquivel Valdés y Mario Ariel Juárez Rodríguez del Grupo Parlamentario de Morena.

Segundo.Con fecha 16 de marzo de dos mil dieciséis, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados mediante oficio D.G.P.L. 63-II-7-688, turnó a la Comisión de Cultura y Cinematografía la iniciativa de mérito, para su respectivo dictamen.

Tercero.Mediante oficio No. CCC/LXIII/0519 de fecha 18 de marzo de 2016 la Comisión de Cultura y Cinematografía, envió copia de la iniciativa turnada, a los diputados integrantes de la Comisión, con el fin de que emitieran sus observaciones y comentarios a la misma.

Cuarto.A efecto de cumplir con lo dispuesto por el artículo 84 del Reglamento de la Cámara de Diputados, los integrantes de la Comisión, se reunieron el 11 de octubre de dos mil dieciséis, para dictaminar la iniciativa señalada con anterioridad, con el fin de someterla a la consideración del Pleno de esta Cámara de Diputados, al tenor de los siguientes:

Consideraciones

Primero. Que esta Comisión es competente para conocer y resolver respecto de la Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos.

Segundo. Que la Iniciativa, ante la creación de la Secretaría de Cultura, busca reformar el ordenamiento jurídico que regula la protección, conservación, difusión e identificación de los monumentos y zonas arqueológicos, artísticos e históricos de la nación, dotando de certeza jurídica los efectos que produce ante su ejecución, mediante la actualización de la designación de las entidades de la Administración Pública Federal que se encuentran facultadas para llevar a cabo acciones orientadas a preservar el patrimonio material cultural mexicano en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

Tercero. Como antecedentes, el diputado autor de la iniciativa que se dictamina, expone la publicación del publicado en el Diario Oficial de la Federación con fecha 17 de diciembre del dos mil quince.

Cuarto.Señala el autor que ante la reforma, adición y derogación de otras leyes para crear la Secretaría de Cultura, se omitió la reforma de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, a las disposiciones que facultan a la Secretaría de Educación Pública para conocer, intervenir y fungir como la entidad de la Administración Pública Federal competente ante la conservación, protección, y mantenimiento de los monumentos arqueológicos, históricos y artísticos que conforman el patrimonio cultural de la Nación, solicitando realizar en la redacción de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, la sustitución de toda mención referida a la Secretaría de Educación Pública por la Secretaría de Educación Pública.

Lo anterior, propone el autor de la iniciativa, con el único objetivo de “...no crear vacíos legales e inconsistencias entre la Ley Orgánica del INAH, la Ley que crea al INBA, la Ley General de Bienes Nacionales, la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público y, por supuesto, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal vigente, en la que las atribuciones relacionadas con monumentos arqueológicos, históricos y artísticos se eliminaron del artículo 38, que corresponde a las atribuciones y facultades de la Secretaría de Educación Pública, y se trasladaron al artículo 41 bis y que corresponden a la actual Secretaría de Cultura”.

Quinto. Atendiendo a la naturaleza que origina la Iniciativa objeto de dictaminación, la Comisión de Cultura y Cinematografía considera de suma importancia la aplicabilidad y ejecución del marco jurídico que regula la protección, preservación, conservación y difusión de los bienes muebles e inmuebles que constituyen el patrimonio cultural de México.

Por ello, derivado del estudio realizado al Decreto que da lugar a la creación de la Secretaría de Cultura, se encontró que en los artículos transitorios se atiende a la problemática planteada en la multicitada iniciativa, estableciendo lo siguiente:

...

Transitorios

El presente Decreta entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

El Consejo Nacional paro la Cultura y las Artes se transforma en la Secretaría de Cultura, por lo que todos sus bienes y recursos materiales, financieros y humanos se transferirán a la mencionada Secretaria, junto con los expedientes, archivos, acervos y demás documentación, en cualquier formato, que se encuentre bajo su resguardo. A partir de la entrada en vigor del presente Decreto, las menciones contenidas en leyes, reglamentos y disposiciones de cualquier naturaleza, respecto del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, se entenderán referidas a la Secretaria de Cultura.

...

El Instituto Nacional de Antropología e Historia y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, continuarán rigiéndose por sus respectivas leyes y demás disposiciones aplicables y dependerán de la Secretaria de Cultura, misma que ejercerá las atribuciones que en dichos ordenamientos se otorgaban a lo Secretaría de Educación Pública...

...

. Las atribuciones y referencias que se hagan a la Secretaría de Educación Pública o al Secretario de Educación Pública que en virtud del presente Decreto no fueron modificadas, y cuyas disposiciones prevén atribuciones y competencias en las materias de cultura y arte que son reguladas en este Decreto se entenderán referidas a la Secretaría de Cultura o Secretario de Cultura.

...

Se derogan todas las disposiciones que se opongan a lo dispuesto en el presente Decreto.”

Lo anterior deja claro que en virtud de la transformación del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes a Secretaría de Cultura, transfiere todas las facultades del primero a la segunda y señala en el octavo transitorio que las atribuciones y referencias que se hagan a la Secretaria de Educación Pública o al Secretario de Educación Pública que derivado del Decreto no hayan sido modificadas, y cuyas disposiciones prevean atribuciones y competencias en las materias de cultura y arte que son reguladas en el mismo Decreto se entenderán referidas a la Secretaría de Cultura o Secretario de Cultura, como es el caso de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos.

Sexto. La Comisión de Cultura y Cinematografía estima que la controversia señalada en la iniciativa se encuentra solucionada ante la correcta consideración y aplicabilidad del marco jurídico correspondiente a la regulación del patrimonio cultural nacional, pero es de gran relevancia prevenir confusiones ante la consulta de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, salvaguardando la convicción de tener un sistema normativo congruente.

Séptimo. No obstante, se considera que el artículo quinto transitorio excede a lo planteado por los promoventes, ya que en el contenido de sus considerandos, así como en el texto de su proyecto de decreto no se contempla la modificación de trámite alguno respecto a la Secretaría o sus Institutos.

Derivado de las consideraciones anteriormente expuestas, la Comisión de Cultura y Cinematografía, estima dictaminar la Iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley Federal sobre monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, suscrita por los diputados Ángel Antonio Hernández de la Piedra, Laura Beatriz Esquivel Valdés y Mario Ariel Juárez Rodríguez del Grupo Parlamentario de Morena, en sentido positivo, para quedar como sigue:

Proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos.

Artículo Único. Se reforman los artículos 2o segundo párrafo; 3o fracción II; 5o segundo párrafo; 5o Ter fracciones I, IV, V y VII; 14, 20, 34 bis y 46 primer párrafo, de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, para quedar como sigue:

Artículo 2. ...

La Secretaría de Cultura, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, el Instituto Nacional de Bellas Artes y los demás institutos culturales del país, en coordinación con las autoridades estatales, municipales y los particulares, realizarán campañas permanentes para fomentar el conocimiento y respeto a los monumentos arqueológicos, históricos y artísticos.

...

Artículo 3. ...

I. ...

II. El Secretario de Cultura;

III. a VI.. ....

Artículo 5. ...

El Presidente de la República, o en su caso el Secretario de Cultura, previo procedimiento establecido en los artículos 5o. Bis y 5o. Ter de la presente Ley, expedirá o revocará la declaratoria correspondiente, que será publicada en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo 5 Ter. ..

I. Se iniciará de oficio o a petición de parte, de conformidad con el acuerdo que al respecto emita el Presidente de la República o el Secretario de Cultura, por conducto del titular del Instituto competente, según corresponda, y será tramitado ante este último.

II. y III. ...

IV. Manifestado por los interesados lo que a su derecho convenga y presentadas las pruebas y alegatos o transcurrido el término para ello, el titular del Instituto competente enviará al Secretario de Cultura el expediente respectivo, junto con su opinión sobre la procedencia de la declaratoria, dentro de en un plazo de treinta días hábiles.

V. Recibido el expediente por el Secretario de Cultura, si se tratara de una declaratoria que le corresponda expedir, tendrá un plazo de ciento veinte días hábiles para hacerlo o para emitir resolución en contrario, por conducto del titular del Instituto competente, la cual será notificada a los interesados dentro de un plazo de diez días hábiles contados a partir de la fecha de su emisión.

Si se tratara de una declaratoria que corresponda expedir al Presidente de la República, el Secretario de Cultura enviará a aquél el expediente dentro de un plazo de noventa días hábiles. El Presidente de la República expedirá la declaratoria o emitirá resolución en contrario por conducto del titular del Instituto competente, dentro de un plazo de ciento veinte días hábiles. Dicha resolución será notificada a los interesados dentro de un plazo de diez días hábiles contados a partir de la fecha de su emisión.

VI. ...

VII. Durante la tramitación del procedimiento, el Presidente de la República o el Secretario de Cultura, según corresponda, por conducto del titular del Instituto competente, podrá dictar las medidas precautorias para preservar y conservar el bien de que se trate, en términos de esta Ley, la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y el Código Federal de Procedimientos Civiles.

...

...

Artículo 14. El destino o cambio de destino de inmuebles de propiedad federal declarados monumentos arqueológicos, históricos o artísticos, deberá hacerse por decreto que expedirá el Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Cultura.

Artículo 20. Para vigilar el cumplimiento de esta Ley, la Secretaría de Cultura y los Institutos competentes, podrán efectuar visitas de inspección, en los términos del Reglamento respectivo.

Artículo 34 Bis. Cuando exista el riesgo de que se realicen actos de efectos irreparables sobre bienes muebles o inmuebles con valor estético relevante, conforme al artículo 33 de esta Ley, la Secretaría de Cultura, por conducto del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, sin necesidad de la opinión a que se refiere el artículo 34 podrá dictar una declaratoria provisional de monumento artístico o de zona de monumentos artísticos, debidamente fundada y motivada de acuerdo con la misma Ley, que tendrá efectos por un plazo de 90 días naturales a partir de la notificación de que esa declaratoria se haga a quien corresponda, en la que se mandará suspender el acto y ejecutar las medidas de preservación que resulten del caso.

Los interesados podrán presentar ante el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura objeciones fundadas, dentro del término de 15 días contados a partir de la notificación de la declaratoria, que se harán del conocimiento de la Comisión de Zonas y Monumentos Artísticos y de la Secretaría de Culturapara que ésta resuelva.

...

Artículo 46. En caso de duda sobre la competencia de los Institutos para conocer un asunto determinado, el Secretario de Culturaresolverá a cual corresponde el despacho del mismo.

...

Transitorios

Primero.El presente Decreto entrará en vigor a los treinta días de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Los procedimientos y trámites en los que intervenga la Secretaría de Educación Pública relacionados con el presente ordenamiento, deberán enviarse a la Secretaría de Cultura para su seguimiento.

Tercero. Las declaratorias de monumentos que hayan sido expedidas al amparo de la presente ley antes de la reforma, así como sus inscripciones, subsisten en sus términos y se aplicará lo señalado en el artículo Transitorio Segundo.

Cuarto. El Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Cultura deberá proceder a actualizar el reglamento de la presente Ley y publicarlo en el Diario Oficial de la Federación dentro de los treinta días siguientes a la publicación del presente Decreto.

Quinto.Cada uno de los Institutos deberá realizar la actualización de los trámites relacionados con la presente reforma ante la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, dentro de los cinco días siguientes a la publicación del presente decreto.

Palacio Legislativo de San Lázaro, Ciudad de México, a 11 de octubre de 2016.

La Comisión de Cultura y Cinematografía, diputados: Santiago Taboada Cortina (rúbrica), presidente; Marco Polo Aguirre Chávez (rúbrica), Hersilia Onfalia Adamina Córdova Morán (rúbrica), Araceli Guerrero Esquivel, María Angélica Mondragón Orozco (rúbrica), Genoveva Huerta Villegas (rúbrica), Brenda Velázquez Valdez (rúbrica), Cristina Ismene Gaytán Hernández (rúbrica), José Refugio Sandoval Rodríguez (rúbrica), Diana Marcela Márquez Canales (rúbrica), Jorge Álvarez Maynez (rúbrica), Luis Manuel Hernández León (rúbrica), secretarios; María Verónica Agundis Estrada (rúbrica), Mariana Arámbula Meléndez (rúbrica), Lorena Corona Valdés (rúbrica), Ángel Antonio Hernández de la Piedra (rúbrica), Miriam Dennis Ibarra Rangel, José Everardo López Córdova (rúbrica), Alma Lilia Luna Munguía (rúbrica), Juan Antonio Meléndez Ortega (rúbrica), Adolfo Mota Hernández (rúbrica), Rosalinda Muñoz Sánchez (rúbrica), Flor Estela Rentería Medina (rúbrica), María del Rosario Rodríguez Rubio (rúbrica), José Luis Sáenz Soto (rúbrica), Luis Felipe Vázquez Guerrero (rúbrica), Liborio Vidal Aguilar (rúbrica), Lluvia Flores Sonduk (rúbrica), Karen Hurtado Arana (rubrica), José Santiago López (rúbrica).»

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar: De conformidad con lo que establece el artículo 87, del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple con la declaratoria de publicidad. Continúe la Secretaría.



INICIATIVAS Y PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO

El presidente Edmundo Javier Bolaños Aguilar, remite en términos de lo dispuesto por los artículos 100 y 102 del Reglamento de la Cámara de Diputados, las proposiciones y las iniciativas que no se presentaron en tribuna serán turnadas a las comisiones que correspondan.(*)

( *) Las iniciativas y proposiciones se encuentran en el Apéndice de esta sesión.

EFEMÉRIDE



“DÍA MUNDIAL DE LA ENERGÍA”

«Efeméride con motivo del 14 de febrero, “Día Mundial de la Energía”, a cargo del Grupo Parlamentario del PVEM

Hace poco más de un siglo las principales fuentes de energía eran las fuerzas de los animales y del hombre, y nos calentábamos quemando madera. El ingenio humano trajo algunas máquinas con las que se aprovechaba la energía hidráulica y eólica como los molinos de agua o viento para triturar los cereales. Pero la Revolución Industrial llegó con la máquina de vapor, y desde entonces el gran desarrollo industrial y tecnológico ha cambiado drásticamente las fuentes de obtención de energía. Ahora, el desarrollo de un país está ligado a un creciente consumo de energía de combustibles fósiles como el petróleo, el carbón y el gas natural.

La generación de energía por combustibles fósiles, como el petróleo, carbón y gas, son la principal causa de grandes impactos negativos al medio ambiente. Si bien no es ésta la única gran fuente de contaminación, lo cierto es que está directamente relacionada con la provocación de emisiones de gases de efecto invernadero vinculados al Cambio Climático.

El propósito de conmemorar el Día Mundial de la Energía, es reflexionar y crear conciencia en los habitantes de todo el mundo sobre la importancia que tiene la energía en nuestra vida diaria; y con ello, incentivar el uso de fuentes renovables, como son la eólica, solar, biomasa, etcétera.

La importancia de la energía radica en lo elemental que es para el funcionamiento de casi todo en nuestro planeta, como motor que hace crecer las plantas, da vida a los animales, determina las estaciones del año, e incluso, propicia toda clase de fenómenos naturales, de ella depende la luz que ilumina nuestros hogares, la refrigeración de nuestras casas, el transporte de personas y mercancías, la obtención de alimento y su preparación. Aunado a ello, en nuestro país el modelo económico exige una demanda creciente de energía.

Las principales fuentes de energía provienen de combustibles fósiles como el carbón o el petróleo; siendo éstos, recursos que además de no tener la capacidad de renovarse, pues existen datos sobre la gran reducción de los mismos, son altamente nocivos para el medio ambiente y consecuentemente para la salud humana.

Al respecto, datos emitidos por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, señalan que los principales gases de efecto invernadero emitidos son consecuencia de las actividades humanas, en particular por la quema de combustibles fósiles, como el dióxido de carbono, el metano y óxido nitroso, por lo que el 33% de estos gases se relacionan con la producción de energéticos y el 34% con su consumo.

Tal es la magnitud de la demanda y consumo de combustibles fósiles, que desde hace décadas, los seres humanos nos enfrentamos a una realidad innegable. Nos referimos al cambio climático, como un fenómeno que al incrementar paulatinamente la temperatura de todo el planeta, desencadena graves fenómenos ambientales y meteorológicos.

No podemos ser omisos a las manifestaciones constantes de las graves afectaciones que estamos provocando a nuestros recursos naturales, tenemos que generar consciencia y responsabilidad para hacer un uso sustentable de la energía.

En virtud de ello, debemos conmemorar el día mundial de la energía, como una herramienta para crear conciencia y solidarizarnos con un problema que nos afecta a todos; no es necesario sacrificar nuestras necesidades con el objeto de reducir el consumo energético, sino adaptar muchos de nuestros hábitos para controlar nuestro impacto al medio ambiente.

Al respecto, nuestro país ha fijado bases sólidas para ello a través de la expedición de la Ley de Transición Energética, cuyo objeto consiste en regular el aprovechamiento sustentable de la energía, así como las obligaciones en materia de Energías Limpias y de reducción de emisiones contaminantes de la Industria Eléctrica, manteniendo la competitividad de los sectores productivos.

En el Partido Verde Ecologista de México, manifestamos nuestra preocupación por el uso irracional de energías no amigables con el medio ambiente y refrendamos nuestro compromiso para seguir trabajando en la construcción de políticas que garanticen cambiar la dependencia de los recursos energéticos por energías renovables, dándole mayor auge y apoyo a las políticas públicas, para que se impulsen de manera eficaz cambios en la sociedad y en la manera de producir energía, y con ello mejorar la calidad de vida de los mexicanos, atendiendo siempre el cuidado de nuestro entorno.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 14 días del mes de febrero de 2017.— (Rúbrica).»

La Secretaria diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez:Es cuanto. Se han agotados los asuntos, presidente.



CLAUSURA Y CITA

El Presidente diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar(a las 16:40 horas): Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el jueves 16 de febrero del 2017 a las 11 horas. Que terminen un buen día del amor y la amistad. Felicidades.

————— O —————

RESUMEN DE TRABAJOS

• Tiempo de duración de la sesión: 4 horas 50 minutos

• Quórum a la apertura de la sesión: 320 diputadas y diputados

• Comunicaciones oficiales: 25

• Minutas: 5

• Iniciativas de los congresos estatales: 1

• Iniciativas de los senadores: 1

• Iniciativas de las diputadas y los diputados: 19

• Proposiciones con punto de acuerdo: 5

• Acuerdo de los órganos de gobierno: 1 de la Junta de Coordinación Política

• Licencia: 1

• Declaratoria de publicidad de dictámenes: 2

• Diputadas y diputados que participaron durante la sesión: 44

1 Independiente

3 PES

2 NA

5 MC

7 Morena

5 PVEM

7 PRD

6 PAN

8 PRI

DIPUTADOS QUE PARTICIPARON DURANTE LA SESION
(en orden alfabético)

Abdala Carmona, Yahleel (PRI)
Para referirse a la proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal y a la SHCP, para que eleven los montos del estímulo fiscal en materia del impuesto especial sobre producción y servicios aplicables a los combustibles que se enajenen en la frontera norte, con el objeto de que los precios en México vuelvan a estar homologados con los promedios simples de precios en las ciudades fronterizas de los Estados Unidos de América: 265
Álvarez Maynez, Jorge (MC)
Para referirse a la proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal y a la SHCP, para que eleven los montos del estímulo fiscal en materia del impuesto especial sobre producción y servicios aplicables a los combustibles que se enajenen en la frontera norte, con el objeto de que los precios en México vuelvan a estar homologados con los promedios simples de precios en las ciudades fronterizas de los Estados Unidos de América: 261
Álvarez Maynez, Jorge (MC)
Para referirse al procedimiento en la discusión de la proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal y a la SHCP, para que eleven los montos del estímulo fiscal en materia del impuesto especial sobre producción y servicios aplicables a los combustibles que se enajenen en la frontera norte, con el objeto de que los precios en México vuelvan a estar homologados con los promedios simples de precios en las ciudades fronterizas de los Estados Unidos de América, desde la curul: 269
Amparano Gamez, Leticia (PAN)
Para referirse a la proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal y a la SHCP, para que eleven los montos del estímulo fiscal en materia del impuesto especial sobre producción y servicios aplicables a los combustibles que se enajenen en la frontera norte, con el objeto de que los precios en México vuelvan a estar homologados con los promedios simples de precios en las ciudades fronterizas de los Estados Unidos de América: 264
Aragón Castillo, Hortensia (PRD)
Para referirse al procedimiento en la discusión de la proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal y a la SHCP, para que eleven los montos del estímulo fiscal en materia del impuesto especial sobre producción y servicios aplicables a los combustibles que se enajenen en la frontera norte, con el objeto de que los precios en México vuelvan a estar homologados con los promedios simples de precios en las ciudades fronterizas de los Estados Unidos de América, desde la curul: 270
Arámbula Meléndez, Mariana (PAN)
Para referirse al Décimo Parlamento de las Niñas y los Niños de México, desde la curul: 162
Ávila Serna, María (PVEM)
Para referirse a la proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal y a la SHCP, para que eleven los montos del estímulo fiscal en materia del impuesto especial sobre producción y servicios aplicables a los combustibles que se enajenen en la frontera norte, con el objeto de que los precios en México vuelvan a estar homologados con los promedios simples de precios en las ciudades fronterizas de los Estados Unidos de América: 263
Barón Ortiz, Natalia Karina (PRD)
Para referirse a la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Sedatu, para que a la brevedad realice las acciones necesarias para poner fin al conflicto entre las comunidades Wixárika y los ganaderos nayaritas en el poblado de Huajimic, municipio de la Yesca, Nayarit, respetando los términos de la sentencia dictada por el Tribunal Unitario Agrario Distrito 56 de Tepic, Nayarit: 275
Barrera Marmolejo, Héctor (PAN)
Para referirse al Décimo Parlamento de las Niñas y los Niños de México, desde la curul: 162
Bernardino Vargas, Omar Noé (PVEM)
Para referirse a la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta, al Ejecutivo federal, a través de la Sagarpa y de la Conagua, para que realicen las gestiones necesarias a fin de que los gobiernos estatales y en su caso municipales, destinen recursos de sus presupuestos públicos para impulsar la comercialización y la implementación de proyectos productivos e hidráulicos agropecuarios: 288
Bernardino Vargas, Omar Noé (PVEM)
Para referirse al Décimo Parlamento de las Niñas y los Niños de México, desde la curul: 163
Bugarín Rodríguez, Jasmine María (PRI)
Para referirse a la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Sedatu, para que a la brevedad realice las acciones necesarias para poner fin al conflicto entre las comunidades Wixárika y los ganaderos nayaritas en el poblado de Huajimic, municipio de la Yesca, Nayarit, respetando los términos de la sentencia dictada por el Tribunal Unitario Agrario Distrito 56 de Tepic, Nayarit: 275
Camacho Quiroz, César Octavio (PRI)
Para presentar la iniciativa con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales, de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en materia de hidrocarburos, de la Ley de Migración, de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, del Código Penal Federal, de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público y de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República: 195
Castañeda Hoeflich, José Clemente (MC)
Para presentar la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Sedatu, para que a la brevedad realice las acciones necesarias para poner fin al conflicto entre las comunidades Wixárika y los ganaderos nayaritas en el poblado de Huajimic, municipio de la Yesca, Nayarit, respetando los términos de la sentencia dictada por el Tribunal Unitario Agrario Distrito 56 de Tepic, Nayarit: 270
Clouthier Carrillo, Manuel Jesús (Independiente)
Para referirse al Décimo Parlamento de las Niñas y los Niños de México, desde la curul: 162
Cortés Mendoza, Marko Antonio (PAN)
Para presentar dos iniciativas con proyecto de decreto; la primera que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de la Ley General de Partidos Políticos y de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de reelección consecutiva; la segunda que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: 128, 136
Cruz Blackledge, Gina Andrea (PAN)
Para presentar la proposición con punto de acuerdo por el que exhorta a la SHCP, para que en el marco de la visita de evaluación del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) a México, sobre el blanqueo de capitales, se realice una reunión de trabajo entre diputados, senadores y miembros de la delegación de evaluación para revisar la Agenda de Prevención de Lavado de Dinero desde la perspectiva del Poder Legislativo: 290
Falcón Venegas, Sandra Luz (Morena)
Para referirse a la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Segob y a la Comisión Nacional de Seguridad, a que difundan cuales han sido los resultados de los programas encargados de prevenir y erradicar los delitos de alto impacto: 280
Fernández González, Waldo (PRD)
Para referirse a la proposición con punto de acuerdo por el que exhorta a la SHCP, para que en el marco de la visita de evaluación del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) a México, sobre el blanqueo de capitales, se realice una reunión de trabajo entre diputados, senadores y miembros de la delegación de evaluación para revisar la Agenda de Prevención de Lavado de Dinero desde la perspectiva del Poder Legislativo: 294
Ferreiro Velazco, José Alfredo (PES)
Para referirse a la proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal y a la SHCP, para que eleven los montos del estímulo fiscal en materia del impuesto especial sobre producción y servicios aplicables a los combustibles que se enajenen en la frontera norte, con el objeto de que los precios en México vuelvan a estar homologados con los promedios simples de precios en las ciudades fronterizas de los Estados Unidos de América: 260
Flores Cervantes, Hugo Eric (PES)
Para presentar dos iniciativas con proyecto de decreto; la primera que deroga el artículo 10 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y la segunda que reforma el artículo 82 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta: 182, 186
Gaeta Esparza, Hugo Daniel (PRI)
Para referirse a la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Sedatu, para que a la brevedad realice las acciones necesarias para poner fin al conflicto entre las comunidades Wixárika y los ganaderos nayaritas en el poblado de Huajimic, municipio de la Yesca, Nayarit, respetando los términos de la sentencia dictada por el Tribunal Unitario Agrario Distrito 56 de Tepic, Nayarit: 276
Gamboa Martínez, Alicia Guadalupe (PRI)
Para referirse al Décimo Parlamento de las Niñas y los Niños de México, desde la curul: 163
Gaytán Hernández, Cristina Ismene (PRD)
Para referirse al procedimiento en la discusión de la proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal y a la SHCP, para que eleven los montos del estímulo fiscal en materia del impuesto especial sobre producción y servicios aplicables a los combustibles que se enajenen en la frontera norte, con el objeto de que los precios en México vuelvan a estar homologados con los promedios simples de precios en las ciudades fronterizas de los Estados Unidos de América, desde la curul: 267
González Torres, Sofía (PVEM)
La diputada Sofía González Torres, a nombre propio y de los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presenta la iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley de Seguridad Interior: 166
Guirao Aguilar, Leonardo Rafael (PVEM)
Para referirse a la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Sedatu, para que a la brevedad realice las acciones necesarias para poner fin al conflicto entre las comunidades Wixárika y los ganaderos nayaritas en el poblado de Huajimic, municipio de la Yesca, Nayarit, respetando los términos de la sentencia dictada por el Tribunal Unitario Agrario Distrito 56 de Tepic, Nayarit: 274
Juárez Rodríguez, Mario Ariel (Morena)
Para referirse al procedimiento en la discusión de la proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal y a la SHCP, para que eleven los montos del estímulo fiscal en materia del impuesto especial sobre producción y servicios aplicables a los combustibles que se enajenen en la frontera norte, con el objeto de que los precios en México vuelvan a estar homologados con los promedios simples de precios en las ciudades fronterizas de los Estados Unidos de América, desde la curul: 267
Llerenas Morales, Vidal (Morena)
Para referirse a la proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal y a la SHCP, para que eleven los montos del estímulo fiscal en materia del impuesto especial sobre producción y servicios aplicables a los combustibles que se enajenen en la frontera norte, con el objeto de que los precios en México vuelvan a estar homologados con los promedios simples de precios en las ciudades fronterizas de los Estados Unidos de América: 262
Llerenas Morales, Vidal (Morena)
Para referirse al procedimiento en la discusión de la proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal y a la SHCP, para que eleven los montos del estímulo fiscal en materia del impuesto especial sobre producción y servicios aplicables a los combustibles que se enajenen en la frontera norte, con el objeto de que los precios en México vuelvan a estar homologados con los promedios simples de precios en las ciudades fronterizas de los Estados Unidos de América, desde la curul: 267
Melhem Salinas, Edgardo (PRI)
Para presentar la proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal y a la SHCP, para que eleven los montos del estímulo fiscal en materia del impuesto especial sobre producción y servicios aplicables a los combustibles que se enajenen en la frontera norte, con el objeto de que los precios en México vuelvan a estar homologados con los promedios simples de precios en las ciudades fronterizas de los Estados Unidos de América: 256
Mercado Sánchez, Ma. Victoria (MC)
Para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 189 y 190 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión:153
Nava Palacios, Francisco Xavier (PRD)
Para referirse a la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta, al Ejecutivo federal, a través de la Sagarpa y de la Conagua, para que realicen las gestiones necesarias a fin de que los gobiernos estatales y en su caso municipales, destinen recursos de sus presupuestos públicos para impulsar la comercialización y la implementación de proyectos productivos e hidráulicos agropecuarios: 288
Noble Monterrubio, Pedro Luis (PRI)
Para referirse al Décimo Parlamento de las Niñas y los Niños de México, desde la curul: 164
Ocampo Bedolla, María Eugenia (NA)
Para referirse a la proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal y a la SHCP, para que eleven los montos del estímulo fiscal en materia del impuesto especial sobre producción y servicios aplicables a los combustibles que se enajenen en la frontera norte, con el objeto de que los precios en México vuelvan a estar homologados con los promedios simples de precios en las ciudades fronterizas de los Estados Unidos de América: 260
Ochoa Avalos, María Candelaria (MC)
Para referirse al Décimo Parlamento de las Niñas y los Niños de México, desde la curul: 162
Perea Santos, Ana Guadalupe (PES)
Para presentar la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta, al Ejecutivo federal, a través de la Sagarpa y de la Conagua, para que realicen las gestiones necesarias a fin de que los gobiernos estatales y en su caso municipales, destinen recursos de sus presupuestos públicos para impulsar la comercialización y la implementación de proyectos productivos e hidráulicos agropecuarios: 281
Pinto Torres, Francisco Javier (NA)
Para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Seminario de Cultura Mexicana, en materia de transparencia y acceso a la información:177
Pool Pech, Isaura Ivanova (PRD)
Para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 20 Bis 6, 51, 132 y 161 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente:145
Ramírez Marín, Jorge Carlos (PRI)
Para referirse al procedimiento en la discusión de la proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal y a la SHCP, para que eleven los montos del estímulo fiscal en materia del impuesto especial sobre producción y servicios aplicables a los combustibles que se enajenen en la frontera norte, con el objeto de que los precios en México vuelvan a estar homologados con los promedios simples de precios en las ciudades fronterizas de los Estados Unidos de América, desde la curul: 269
Ramírez Nachis, Rosa Alba (MC)
Para referirse al Décimo Parlamento de las Niñas y los Niños de México, desde la curul: 163
Ramos Ramírez, Blandina (Morena)
Para referirse a la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Sedatu, para que a la brevedad realice las acciones necesarias para poner fin al conflicto entre las comunidades Wixárika y los ganaderos nayaritas en el poblado de Huajimic, municipio de la Yesca, Nayarit, respetando los términos de la sentencia dictada por el Tribunal Unitario Agrario Distrito 56 de Tepic, Nayarit: 273
Romero Tenorio, Juan (Morena)
Para referirse a la proposición con punto de acuerdo por el que exhorta a la SHCP, para que en el marco de la visita de evaluación del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) a México, sobre el blanqueo de capitales, se realice una reunión de trabajo entre diputados, senadores y miembros de la delegación de evaluación para revisar la Agenda de Prevención de Lavado de Dinero desde la perspectiva del Poder Legislativo: 292
Saldaña Morán, Julio (PRD)
Para referirse a la proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal y a la SHCP, para que eleven los montos del estímulo fiscal en materia del impuesto especial sobre producción y servicios aplicables a los combustibles que se enajenen en la frontera norte, con el objeto de que los precios en México vuelvan a estar homologados con los promedios simples de precios en las ciudades fronterizas de los Estados Unidos de América: 263
Sánchez Orozco, Víctor Manuel (MC)
Para referirse a la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Sedatu, para que a la brevedad realice las acciones necesarias para poner fin al conflicto entre las comunidades Wixárika y los ganaderos nayaritas en el poblado de Huajimic, municipio de la Yesca, Nayarit, respetando los términos de la sentencia dictada por el Tribunal Unitario Agrario Distrito 56 de Tepic, Nayarit: 277
Sarur Torre, Adriana (PVEM)
Para referirse a la proposición con punto de acuerdo por el que exhorta a la SHCP, para que en el marco de la visita de evaluación del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) a México, sobre el blanqueo de capitales, se realice una reunión de trabajo entre diputados, senadores y miembros de la delegación de evaluación para revisar la Agenda de Prevención de Lavado de Dinero desde la perspectiva del Poder Legislativo: 293
Serrano Lora, Jesús (Morena)
Para referirse a la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta, al Ejecutivo federal, a través de la Sagarpa y de la Conagua, para que realicen las gestiones necesarias a fin de que los gobiernos estatales y en su caso municipales, destinen recursos de sus presupuestos públicos para impulsar la comercialización y la implementación de proyectos productivos e hidráulicos agropecuarios: 286
Trejo Flores, Mariana (Morena)
Para presentar la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal, en materia de protección a la infancia y la adolescencia contra la prostitución infantil y explotación sexual de menores: 189
Trejo Flores, Mariana (Morena)
Para referirse al Décimo Parlamento de las Niñas y los Niños de México, desde la curul: 164
Triana Tena, Jorge (PAN)
Para referirse al procedimiento en la discusión de la proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal y a la SHCP, para que eleven los montos del estímulo fiscal en materia del impuesto especial sobre producción y servicios aplicables a los combustibles que se enajenen en la frontera norte, con el objeto de que los precios en México vuelvan a estar homologados con los promedios simples de precios en las ciudades fronterizas de los Estados Unidos de América, desde la curul: 269
Valencia Guzmán, Jesús Salvador (PRD)
Para referirse al Décimo Parlamento de las Niñas y los Niños de México, desde la curul: 162
Valles Mendoza, Luis Alfredo (NA)
Para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Segob y a la Comisión Nacional de Seguridad, a que difundan cuales han sido los resultados de los programas encargados de prevenir y erradicar los delitos de alto impacto: 278